Qué más puede hacer la alcaldesa por nosotros

“Tras un balance de gestión histórico, poco más se puede hacer”. “Me lo dicen cada vez que salgo a hacer un recado”. Con motivo de sus tres años como alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca se agasajó este miércoles con un acto rodeada de sus consejeros y consejeras –salvo Tatiana Gaudes, que en ese momento atendía a la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad y a la que la regidora contraprogramó– en el que, seamos sinceros, rozó ya los límites entre la autopromoción y el ridículo.

Chueca salpicó su intervención con un puñado de anuncios menores, dedicó la mayor parte del tiempo a sacar pecho por sus logros –los reales y los supuestos– y no se olvidó de meter en la ecuación a Pedro Sánchez, que es un recurso que siempre queda pintón: en el colmo del absurdo, se vanaglorió de los fondos europeos obtenidos, gracias a los cuales ha impulsado algunas de sus principales inversiones, y obvió que provienen del mismo Gobierno central del que abomina. 

Como era previsible, Chueca soslayó cualquier atisbo de crítica por su labor en estos tres años. Por eso, voy a hacerte un recuento de las informaciones publicadas en este periódico –hay más en otros diarios, claro– solo en los últimos días. No hace falta irse muy lejos. Vas a ver.

El informe de la Cámara de Cuentas sobre el sector público local aragonés en el ejercicio de 2023, sin ir más lejos: el propio órgano de control concluyó que los gastos municipales sin fiscalizar ese año –el primero de gestión de la alcaldesa– fueron cinco veces superiores a lo comunicado por el Ayuntamiento, hasta los 90 millones de euros.

O Giesa, ahora Distrito 7, la 'ciudad del cine' que se le ha metido entre ceja y ceja a la alcaldesa: cómo el Gobierno municipal mutó su lapidaria lentitud administrativa en un auténtico frenesí tramitador para la concesión directa en apenas cinco días hábiles a un grupo educativo privado, San Valero, de la formación en el complejo. Una concesión demanial para 30 años muy lucrativa para esta entidad y que además financiará el Gobierno de Jorge Azcón –es decir, que financiaremos todos– al concertar los cursos de FP.

O el convenio Viogén, que a Natalia Chueca le costó tiempo aceptar –hay que reconocer, eso sí, que ha sido ella la que ha dado el impulso definitivo, y no sus predecesores (incluido ZEC)– y que sigue sin estar operativo. Y así puede continuar durante tiempo, ya que las negociaciones con los sindicatos para ver cómo compensa a los agentes que entren en el convenio no han arrancado bien: las centrales denuncian que la 'oferta' actual es de 1,79 euros por jornada a cambio de estar disponibles 328 días al año.

O la desastrosa gestión respecto de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, vinculada a Etopia y que el Gobierno municipal se ha empeñado en reventar. Aun a costa, para más inri, de arriesgarse a tener que devolver más de 700.000 euros en fondos europeos concedidos. Y, no hay que olvidarlo, con cinco trabajadores que siguen sin cobrar desde febrero y que tampoco pueden abandonar el empleo debido al concurso voluntario aplicado por el Ayuntamiento para finiquitar la Fundación.

O el mayor pelotazo urbanístico que ha vivido la capital aragonesa en los últimos años, con una recalificación a la carta a un grupo inversor para levantar 220 viviendas de lujo junto a La Romareda: a ver cómo justifican llegado el momento el supuesto interés social de la medida. 

O el estado del Parque del Agua, olvidado cuando se cumplen 18 años de la Expo de Zaragoza. O la sucesión de incendios en el Parque Tecnológico del Reciclaje, que generan una gran indignación en el barrio de La Cartuja: aquí la responsabilidad no se puede atribuir solo al Ayuntamiento, aunque también es cierto que el Gobierno municipal se ha puesto siempre de perfil en vez de afrontar el problema.

Nolasco y los menores migrantes

Te hemos contado ya cómo la extrema derecha está monopolizando las primeras semanas de coalición PP-Vox con un discurso –espero que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque hacen ni más ni menos que lo anunciado antes de las elecciones– de tintes xenófobos y que además pone el foco en los menores de edad que llegan del extranjero sin sus padres, casi nada.

Una circunstancia, esta última, que quizás debería hacer despertar de su letargo a la Fiscalía de Menores, ya que Vox señala y coloca en la diana a estos chicos, de los que revela en qué centro de acogida se ubican e incluso cuál es su localidad natal. Así lo hemos visto con la publicación en el portal oficial del Ejecutivo autonómico –destinado en teoría a dar a conocer la acción del Gobierno, esa es su concepción– de una nueva información con tintes de gacetilla de sucesos que destila fines ideológicos por los cuatro costados. 

La Asociación de Periodistas de Aragón denunció días atrás estos hechos, aunque la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo –las cosas de palacio van despacio– aún no ha resuelto. Está bien, pero resultaría reconfortante que los medios aragoneses se sumaran a las críticas por una deriva que no tiene fin: al no hacerlo, contribuyen a normalizar actitudes xenófobas reprobables.

Entre tanto, el presidente, Jorge Azcón, sigue desdibujado, con una presencia pública menor de lo que acostumbraba. No solo la digestión del acuerdo con la extrema derecha está siendo dura: también tropezones como el del Bachillerato concertado, tumbado por los tribunales –juez Javier Albar mediante– y que deberá retrasarse un año.