El Hotel París de Zaragoza dejará de alojar inmigrantes ante la eliminación de plazas financiadas por el Ministerio

Los sindicatos CGT y OSTA han denunciado el cierre del centro AH-AIC PARIS de Atención Humanitaria en Zaragoza, comunicado recientemente por la dirección de la Fundación APIP-ACAM, tras la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de eliminar las 195 plazas asignadas a este recurso para el periodo comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027.

APIP-ACAM es una entidad colaboradora del Ministerio de Inclusión autorizada para la atención a personas solicitantes de protección internacional. La desaparición del recurso aasistencial en la ciudad de Zaragoza deja sin atención a personas en situación de vulnerabilidad y ha provocado, por el momento, la extinción de casi todos los empleos destinados a este fin, sin descartar nuevas afectaciones laborales.

OSTA ha denunciado la “absoluta premura con la que APIP-ACAM ha procedido a la amortización de puestos de trabajo por 'causas objetivas de naturaleza organizativa y productiva', afectando directamente a 10 trabajadoras que han sido despedidas y solamente ha garantizado la recolocación de 2 personas que forman parte del comité de empresa, así como a la coordinadora del centro, lejos de garantizar el mantenimiento de todo el empleo”.

Desde CGT consideran “inaceptable” que una decisión de esta magnitud se adopte sin una planificación adecuada que garantice tanto la continuidad de la atención a las personas usuarias como la estabilidad laboral de la plantilla. Añaden desde el sindicato que “resulta especialmente preocupante que el comité de empresa tuviera conocimiento de esta situación apenas una hora después del anuncio de los primeros despidos, evidenciando una preocupante falta de información, transparencia y participación de la representación legal de las personas trabajadoras”.

Además, esta situación se produce en un contexto de creciente preocupación por determinadas prácticas organizativas y laborales que han generado malestar entre la plantilla y que han sido objeto de actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección efectiva de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

CGT exige “la máxima transparencia” por parte de la Fundación APIP-ACAM y de las administraciones implicadas y sostiene que “no podemos permitir que desaparezcan recursos esenciales sin ofrecer alternativas ni que las consecuencias recaigan exclusivamente sobre quienes más necesitan estos servicios y sobre las personas trabajadoras que los hacen posibles cada día”.

Reubicación de los migrantes

El Hotel París llegó a albergar hasta 280 migrantes el pasado año, aunque esa cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta las 195 plazas actuales. El recurso finalizará ahora su actividad tras la decisión del Ministerio de Inclusión de no renovar las plazas, con el argumento de que los usuarios actuales van superando distintas fases del programa de acogida.

Alrededor de una veintena de jóvenes malienses con protección internacional han pasado de la fase de emergencia a la fase 1 del itinerario de acogida y están siendo reubicados en distintas ciudades españolas, entre ellas Huesca, Cáceres, Murcia y Santiago de Compostela.

Otro grupo, integrado por personas que no disponen de protección internacional y se encuentran en proceso de regularización administrativa, será trasladado al centro de Épila.

Por último, aquellas personas que han encontrado empleo y superan unos ingresos mensuales de 600 euros —aunque sea de forma ocasional— deberán abandonar los pisos que ocupan actualmente antes del próximo 30 de junio. Su futuro es incierto y, según diversas fuentes, ya han sido instadas a buscar alojamiento por sus propios medios.

Una entidad cuestionada por usuarios y trabajadores

La fundación APIP-ACAM es una entidad privada dedicada a la atención residencial y de día de colectivos de funcionalidad diversa y a la asistencia, orientación, formación e inclusión sociolaboral de colectivos en situación de riesgo de exclusión. La plantilla está adscrita al sector de la Acción e Intervención Social, y su convenio de aplicación es de ámbito estatal.

No obstante, distintos sindicatos, entre ellos CGT, han trasladado en varias ocasiones denuncias a la Inspección de Trabajo relacionadas con cuestiones laborales, como presuntas irregularidades en materia de nóminas o dificultades para el ejercicio de la actividad sindical. También se han señalado problemas de carácter sociosanitario, como la aparición de una plaga de chinches que se extendió desde uno de los pisos donde estaban acogidos los migrantes y para cuya fumigación utilizaron a sus propios empleados en lugar de una empresa especializada.

Si en los últimos meses algunas personas migrantes protagonizaron protestas por las condiciones de alojamiento, también parte de la plantilla ha expresado críticas hacia la coordinación territorial de Aragón por la gestión del recurso asistencial. Varias trabajadoras han criticado la actuación de la coordinadora de Aragón, Patricia Urzola, por la “falta de transparencia y de respeto a usuarios y trabajadores”. A su juicio, la última decisión de despedir a la mayor parte de la plantilla ha sido “fría y maquiavélica” por no informar con tiempo suficiente a las afectadas. Algunas de ellas recibieron el finiquito antes de comunicarles formalmente el despido.