Que termine este verano

Vuelvo tras dos semanas de ausencia y con la sensación de que ojalá termine pronto este verano. Porque se acumulan los desastres y las malas noticias. Llevamos incendios devastadores, un accidente que ha segado la vida de cuatro chavales o un bombero de la DPZ y un operario fallecidos en Calatorao al intentar sofocar las llamas en un taller mecánico, entre otros sucesos.

El incendio de Riglos, el peor vivido en Aragón desde que hay registros –más que por la cantidad de masa forestal reducida a cenizas, por la importancia de la superficie a la que ha afectado–, parece que por fin va camino de su extinción. Gracias a ello se está desmantelando un operativo también histórico, inédito, que ha llegado a sumar más de 1.000 efectivos, en el que han colaborado decenas de administraciones, con nueve comunidades autónomas aportando medios y en el que hasta nuestros vecinos franceses han contribuido. Más de 18.000 hectáreas han ardido y, lo peor de todo, el fuego se ha cobrado una vida: la un integrante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuyo vehículo volcó cuando luchaba por reducir las llamas.

Ahora, una vez recuperada la calma, es momento de preguntarse por qué ha sucedido.

Lo que sabemos es que hay un detenido para quien el juez ha decretado prisión sin fianza: ante una medida cautelar de esta naturaleza, cabe sospechar que hay sólidos indicios de que su acción fue determinante para el inicio del incendio.

Pero hay que ir más allá. Hoy jueves te contamos que las protestas por las obras en la carretera autonómica A-132, donde se sitúa el origen de las llamas, habían sido constantes en los últimos meses. Por parte tanto de alcaldes como de vecinos y de empresarios de la zona, del Reino de los Mallos. La presión ejercida por el territorio consiguió detener el inicio de las obras a principio de julio, pero no fue suficiente. Tanto el órgano competente, el Gobierno de Aragón, como la adjudicataria de los trabajos deberán ofrecer explicaciones ante esta “catástrofe anunciada”.

Hace ya pocos días, los propios ayuntamientos reclamaron investigar el papel del Ejecutivo autonómico en el incendio y cuestionaron que se personase en la causa: según ellos, suponía “desviar la atención” ante su posible responsabilidad en los hechos.

En este ejercicio de introspección, también va a ser necesario que analicemos si el operativo forestal con que cuenta Aragón está bien dimensionado, tanto a nivel técnico como humano. Nadie duda de que la dirección operativa ante los incendios –y ante cualquier emergencia en materia de protección civil– en la comunidad está más que preparada, pero con eso no basta para apagar las llamas. Y hay dudas cuando los propios trabajadores denuncian que el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, el Infoar, tiene carencias “estructurales”, ante lo que han convocado una huelga esta semana. Reclaman más plantilla para garantizar los descansos, un plus salarial de peligrosidad y mejores medios.

En un contexto de grandes anuncios inversores y de gastos millonarios en infraestructuras de dudosa utilidad pública, parece lícito evaluar si el reparto de cargas es justo y equilibrado. Algo así entienden también los convocantes este fin de semana de una protesta en Jaca para reclamar responsabilidades por el incendio en Riglos, que consideran “un desastre anunciado, prevenible y previsible”.

La cuna de Aragón, en riesgo

No ha habido una imagen más potente estos días que la de los militares de la UME, junto a responsables de Patrimonio del Gobierno de Aragón, sacando a toda velocidad cuadros, restos óseos y los elementos patrimoniales de mayor valor en los monasterios de San Juan de la Peña, la cuna histórica de Aragón. Un símbolo que, como reconoció el Ejecutivo, ha llegado a estar en “grave peligro de desaparición”.

Los vídeos son estremecedores, con las llamas asediando los dos recintos, el nuevo y el antiguo, excavado en la roca. Como contaba José María Sadia, se trataba de salvar “la memoria de Aragón”, la “Covadonga aragonesa”, pero también una de las grandes joyas del románico español.

Sin olvidar el riesgo sobre los cascos urbanos próximos, como el de Santa Cruz de la Serós –cuya iglesia de Santa María, por cierto, es también una joya que ha estado amenazada–. Hubo un momento dramático, en el que la alcaldesa, Marifé Binacua, pidió a los vecinos y voluntarios que quedaban en el municipio que lo abandonaran porque el núcleo se había convertido en “una ratonera”.

Para terminar, no quería dejar este apartado sin hacer mención a la inefable directora general del Gobierno de Azcón, ex de Ciudadanos y reciclada para el PP, que con las llamas aún devorando el monte optó por lanzar un mensaje negacionista y xenófobo con el mero objetivo de atacar a Pedro Sánchez. Que a 20 de agosto continúe en su cargo solo puede sustentarse en los difíciles tiempos que vivimos.