“Una catástrofe anunciada”: meses de protestas advirtieron de la obra donde surgió el peor incendio vivido en Aragón

El incendio que desde el 10 de agosto ha afectado a más de 18.500 hectáreas en un perímetro aproximado de 6 100 kilómetros en el entorno de Las Peñas de Riglos, el peor que ha vivido Aragón desde que hay registros, ha colocado bajo el foco una carretera que llevaba casi dos años generando malestar entre los habitantes de la zona: la A-132. La pregunta que ahora se plantea entre los afectados no es únicamente qué provocó el incendio. También es otra: ¿qué se sabía sobre los riesgos asociados a las obras y a los cortes de la carretera antes de que comenzara el fuego?

Noticias, comunicados y documentos publicados durante los últimos meses evidencian que las advertencias existieron. Vecinos, empresarios turísticos y los alcaldes de Ayerbe, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Bailo, Agüero, Biscarrués y Santa Eulalia de Gállego, principalmente, habían reclamado reiteradamente a la empresa que lleva a cabo las obras una planificación diferente de los trabajos, habían cuestionado los cortes totales y señalado expresamente que la A-132 era una vía esencial para atender una eventual emergencia.

“Llevamos meses advirtiendo de que cerrar esta carretera en verano era un riesgo innecesario en una zona con alto peligro de incendios”, apunta Juan Torralba, alcalde de Las Peñas de Riglos. En la misma línea, el primer edil de Ayerbe, Antonio Biescas, subraya que “la coordinación con las obras no ha sido suficiente para garantizar la seguridad del territorio”. Teniendo en cuenta todo lo que ha venido después, con el incendio que ha puesto en jaque a la zona de Riglos, San Juan de la Peña y la Canal de Berdún, los vecinos de las zonas afectadas coinciden de pleno en que ha sido “una catástrofe anunciada”.

La investigación de la Guardia Civil y el procedimiento judicial deberán determinar la causa del incendio, pero esta denuncia de los alcaldes de la zona, vecinos y empresarios permite reconstruir una cadena de advertencias que comenzó mucho antes de que las llamas obligaran a desalojar 19 poblaciones y dos campings, sacando de sus residencias temporales y de sus viviendas a 1.046 personas que todavía se encuentran desalojadas.

Una carretera que se ha convertido en un problema vecinal

Las obras de rehabilitación integral de la A-132 forman parte del Plan Extraordinario de Carreteras del Gobierno de Aragón y tienen una previsión de ejecución de 30 meses. La actuación pretende mejorar la vía para conectar Ayerbe con Puente la Reina y Jaca, y para acceder al territorio en torno a los Mallos de Riglos, un espacio natural protegido de Aragón por sus formaciones geológicas singulares, pero también por su vegetación y fauna.

En el territorio, “nadie discutía la necesidad de mejorar la vía”. Desde 'Reino de los Mallos', asociación integrada por los municipios de Ayerbe, Agüero, Biscarrués, Las Peñas de Riglos, La Sotonera, Loarre, Lupiñén, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego, además de empresarios, puesta en marcha en 2017 para la promoción y desarrollo socioeconómico del territorio en torno a los Mallos de Riglos han puesto sobre la mesa que el problema era cómo llevar a cabo dichas mejoras sin dejar en una situación de vulnerabilidad a los pueblos y empresas que dependen de la A-132.

Ya en abril de 2025 los alcaldes y vecinos de la zona reclamaron al Gobierno de Aragón una reunión urgente para conocer la planificación de los trabajos. En aquel momento se llegó a plantear la construcción de un nuevo puente sobre el embalse de La Peña y se advirtió al ejecutivo autonómico de que “los cortes podían afectar a servicios públicos, empresas y retenes forestales” debido a que algunos de los desvíos podían obligar a realizar hasta 40 kilómetros adicionales en algunos desplazamientos.

Dos meses después, en junio de 2025, fue el sector de turismo activo el que volvió a pedir mayor comunicación a la empresa encargada de las obras. Los empresarios reclamaban conocer con antelación los cortes y desvíos para poder organizar su actividad. Así lo corrobora, entre otros, Gurtavo Ortas, socio de una de las empresas de turismo de la zona, y vecinos de Murillo de Gállego.

Conviviendo mal con las obras: “Desde hace más de un año”

En julio de 2026, el malestar se convirtió ya en una protesta organizada. Tanto vecinos, como empresas y visitantes, tras más de un año conviviendo con las obras, los cortes y las restricciones derivadas de los trabajos en la A-132, reclamaron públicamente información “clara y urgente” sobre el calendario de los trabajos.

La preocupación en aquel momento tenía una dimensión económica evidente, ya que es en los meses de julio y agosto cuando se concentra una parte sustancial de la facturación de las empresas turísticas de la zona. Para minimizar este impacto, los ayuntamientos y empresarios pidieron que no se produjeran cortes totales durante el verano. Pero había una segunda preocupación: la advertencia sobre los incendios: “No entendíamos cómo se prohibía a los agricultores salir al campo, pero sí se permitía seguir adelante con los trabajos en la A-132”, denuncian los afectados.

El 27 de julio estaba previsto un corte total de la A-132 entre el embalse de La Peña y Bailo. Los vecinos habían rechazado frontalmente con anterioridad la vía alternativa propuesta por el ejecutivo a este y otros cortes: la A-1205, una carretera que quienes conocen y transitan la zona habitualmente definen como estrecha, sin arcenes y con curvas, limitada a 27 toneladas y que podía tener dificultades para absorber todo el tráfico desviado. Así, el asunto llegó a los tribunales y los afectados presentaron al TSJ medidas cautelarísimas para intentar paralizar el cierre.

Ese día, “de manera cívica, unas ocho personas nos presentamos a las siete de la mañana en la zona de las obras, con la ley en la mano”, explica Gustavo Ortas. El argumento ya no era solamente económico. Los alcaldes de Las Peñas de Riglos y Murillo de Gállego advirtieron entonces de que el cierre se producía en plena temporada turística, pero también “en un periodo de elevado riesgo de incendios”. Además de poner el foco en el hecho de que la carretera era fundamental para las emergencias y que el cierre podría dificultar el acceso a los pueblos.

Finalmente, el Gobierno de Aragón aceptó paralizar las obras y reabrir —en día y medio— la carretera después de la movilización vecinal. Sin embargo, el ejecutivo no desiste y plantean nuevas fechas de cierre “a su carta, sin tener en cuenta las necesidades de las poblaciones que atraviesa”, lamenta Raúl García, vecino afectado de la localidad de Murillo de Gállego.

“Llevamos meses pidiendo documentación. No ha habido supervisión en la obra”

Las primeras investigaciones situaron el origen del fuego cerca de Santa María de la Peña, en una zona en la que se estaban ejecutando trabajos relacionados con la A-132. La investigación judicial determinará qué ocurrió exactamente.

Tras el incendio, los ayuntamientos que integran la entidad denominada 'Reino de los Mallos' han reclamado al Gobierno de Aragón documentación sobre las obras: autorizaciones, informes de seguridad, evaluaciones de riesgo, protocolos de obra y documentación medioambiental. Insisten en que esta petición no es nueva ni se ha precipitado por el incendio, sino que llevan meses solicitando esa información y que el Ejecutivo autonómico no ha acreditado, según ellos, disponer de toda la documentación reclamada. “Queremos saber si todo estaba correctamente planificado y si se evaluó el riesgo real en una zona como esta”, apunta el alcalde de Bailo.

La reivindicación ha adquirido una dimensión política y judicial. Seis de los municipios afectados por las obras de la A-132 han interpuesto conjuntamente una demanda contencioso-administrativa contra las autorizaciones de cierre total de la vía de Dirección General de Carreteras. Una demanda que contiene, además, “una solicitud expresa de medidas cautelarísimas porque la actuación de DGC supone una vía de hecho (art.135 LJCA), es decir, actuar absolutamente fuera del procedimiento legal establecido”, explica Raúl García en nombre de las poblaciones afectadas. A este respecto el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado obligando a la Administración a actuar conforme a la ley, es decir, conforme venían exigiendo desde el territorio.

Los vecinos también cuestionan que el Gobierno de Aragón vaya a personarse en la causa penal como perjudicado mientras, según ellos, todavía no se han aclarado las circunstancias administrativas relacionadas con las obras. El Gobierno autonómico, por su parte, defiende su actuación y sostiene que se debe esclarecer la responsabilidad de quien provocó el incendio.

El próximo día 24 de agosto, lunes, en la subdelegación en Huesca, están convocados representantes del Gobierno de Aragón, ayuntamientos de Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Bailo, Santa Eulalia y Ayerbe —personados en el contencioso-administrativo y las medidas cautelarísimas— y empresas de la zona afectada para mantener una reunión sobre las obras de la A-132.

Los afectados, tal y como asegura Raúl García, vecino afectado que está llevando a cabo el registro de documentación e información en este caso, recordarán al ejecutivo que “llevamos desde noviembre de 2024 avisando de los problemas en materia de seguridad en esta obra”. Unas advertencias a las que aseguran que “la administración ha hecho caso omiso durante todo este tiempo”. “No ha habido supervisión por parte del Gobierno de Aragón en esta obra”, concluye García.

Hacer 300 kilómetros para ir al médico

El devastador incendio forestal de Las Peñas de Riglos, es, sin duda, una de las emergencias ambientales más graves y duras que ha vivido Aragón en las últimas décadas. Los vecinos de los municipios afectados no pueden evitar mirar a la carretera A-132 y a la zona donde se almacenan materiales de la obra y en la que presuntamente se originó el fuego.

Para ellos, los problemas han continuado con el fuego, pero venían de muchos meses atrás. “Hay escolares que se han quedado sin ir a centros educativos, sanitarios que han podido llegar hasta los pueblos y vecinos, como los de Salinas de Jaca que para ir a una visita médica han tenido que hacer 300 kilómetros en un día”, denuncia Raúl García.

El corte de la carretera A-132 por las obras se ve en la zona afectada como “una medida desproporcionada”. Los vecinos están de acuerdo en la necesidad de “mejora de algunos tramos de la vía”, pero rechazan frontalmente cortes totales al entender que “existen medidas alternativas suficientes que no generarían un impacto tan negativo en el día a día de los pueblos de la zona que se ven afectados”.

El colectivo formado por Ayuntamientos, empresas y vecinos, recuerda que su demanda es “que haya planificación y comunicación” por parte de la empresa que lleva a cabo los trabajos, y que el plan de ejecución de la obra “no sea desproporcionado”, para que vecinos y pueblos no se queden aislados durante días o semanas debido a “una falta de planificación”.

Al impacto ya creado por las obras que muchos llevan arrastrando más de un año, se suma el incendio forestal, lo que dibuja un escenario que crea incertidumbre “no sabemos cuántas empresas aguantan el tirón después de este episodio”, lamentan los alcaldes, conscientes de su ya escasa población y del impacto negativo que el incendio y los problemas de movilidad tendrán sobre dos de sus principales motores económicos, el turismo activo y los servicios.

La pregunta que queda pendiente

El incendio de Riglos deja varias preguntas en el aire. Una de ellas es: si el origen del fuego estuvo relacionado con la zona de obras, ¿se habían adoptado todas las medidas de prevención y seguridad exigibles?. La segunda, cuando vecinos y alcaldes advirtieron de que cerrar la A-132 durante un periodo de alto riesgo de incendios podía dificultar una emergencia, ¿qué informes técnicos respaldaban la decisión de hacerlo?.

La justicia tendrá que determinar quién provocó el fuego y cómo se produjo, mientras que la Administración tendrá que explicar cómo se planificaron las obras, qué controles existían, qué materiales había almacenados en la zona, qué protocolos de seguridad se aplicaban y qué documentación técnica sustentaba las decisiones adoptadas.

Por su parte, los vecinos afectados por estas obras, que llevan desde noviembre de 2024 conviviendo con las afecciones derivadas de las obras, tendrán que esperar a que esas respuestas permitan determinar si sus advertencias fueron simplemente una disputa sobre movilidad y turismo o si, como sostienen ahora, estaban señalando un problema de seguridad que no se escuchó y atendió a tiempo.