La concesión del PP a Vox en Aragón con rango de vicepresidencia: un asedio total a 238 niños y adolescentes bajo tutela

Es una Vicepresidencia de nombre enrevesado –Desregulación, Bienestar Social y Familia–, con cinco direcciones generales y dos organismos autónomos, pero con casi un único cometido: sostener una guerra total contra 238 niños, niñas y adolescentes sin acompañar en Aragón. Todo ello, con la connivencia del PP de Jorge Azcón. Ese es el balance de tres meses que se puede hacer hasta el momento de la segunda etapa de Alejandro Nolasco, cabeza visible de Vox en la comunidad, como número dos del Ejecutivo autonómico. Un relato que incluye pruebas forenses a pequeñas de nueve años para determinar su edad o la retirada de una paga semanal de 17 euros a todos los menores migrantes, sea cual sea su comportamiento.

Esta película de miedo, con entregas semanales salvo en el lapso en que Aragón ha estado asediado por los incendios, ha dado lugar ya al menos a dos denuncias ante la Fiscalía: una del Ministerio de Juventud que dirige Sira Rego y otra de Chunta Aragonesista.

El comienzo del 'asedio' se puede situar en el propio acuerdo de gobierno suscrito por Azcón y Nolasco el 22 de abril: 'No más MENAS', arrancaba el segundo epígrafe, dedicado a inmigración. “El Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, precisaba el documento. Pese a que el plazo marcado era “desde el primer día”, lo cierto es que Vox se ha visto obligado a seguir recibiendo menores migrantes bajo tutela ante el riesgo de violar la ley si se oponía.

El pacto incluía en realidad un rosario de medidas con este mismo fin: el despliegue de un 'plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal', con “acuerdos con los países de origen que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos” –una competencia que en todo caso corresponde al Ejecutivo central–; 100.000 euros para el Instituto de Medicina Legal de Aragón dentro de una “partida específica” con el objetivo de incrementar las pruebas de determinación de edad entre los menores migrantes no acompañados; “ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible” en este ámbito, y el “endurecimiento del régimen interno de los centros de menores”, con más “protocolos de intervención y disciplina”.

Primera intervención en las Cortes

Ya investido como vicepresidente, la primera intervención de Nolasco en las Cortes de Aragón fue para mantener la intensidad de la guerra contra este conjunto de niños, niñas y adolescentes: “Cuantas menos plazas de menas haya, más plazas para ancianos tendremos”, tituló el Departamento la nota de su comparecencia.

El 26 de mayo, primer conato de crisis de gobierno. El vicepresidente Nolasco manifestó públicamente que se iba a reforzar “la seguridad” en los centros con menores migrantes ante la “alarmante acumulación de altercados”, que no sustentó en datos. La también vicepresidenta Mar Vaquero (PP) le recordó que no era “posible” meter a policías nacionales solo a vigilar estos centros, ya que son de acogida y por lo tanto solo pueden acceder ante situaciones de violencia. Dos días más tarde, Nolasco cerró la polémica reculando en parte: la seguridad se reforzaría “de una manera u otra”.

Esa semana, el portal oficial del Ejecutivo autonómico –donde hasta ahora se había vendido solo la acción de Gobierno– publicó una nota de la Vicepresidencia sobre una supuesta agresión de un menor a una trabajadora social, con datos como la edad y la nacionalidad del joven. Esta práctica se ha ido sucedido en el tiempo: hasta nueve notas de prensa oficiales más en apenas dos meses similares. Hasta la Asociación y el Colegio de Periodistas de Aragón han tenido que salir al paso para afear a Vox las publicaciones y la terminología empleada. La respuesta del vicepresidente de esta formación fue acusar a los periodistas de “estar a la orden de partidos políticos”.

Otra marcha atrás

A principios de junio se vivió una de las mayores controversias, cuando el vicepresidente Nolasco anunció que su Departamento iba a llevar a cabo pruebas forenses a todos los menores migrantes en Aragón para determinar su edad. Y puso el ejemplo de una niña de nueve años que, según la estimación que le habían trasladado, tenía “trece”. El dirigente de la extrema derecha tuvo que dar marcha atrás en parte –una constante en estas semanas–, ya que el Gobierno de Aragón solo puede trasladar su interés en llevar a cabo análisis concretos a la Fiscalía de Menores, que es el órgano que debe dar el visto bueno.

Por entonces, la oposición en las Cortes de Aragón al completo se unió para criticar la “grave irresponsabilidad” del Ejecutivo de Jorge Azcón por “contribuir a la criminalización de los menores extranjeros no acompañados mediante mensajes institucionales que señalan y estigmatizan a un colectivo especialmente vulnerable”.

También salieron al paso los propios educadores sociales, los encargados precisamente de tratar con los menores migrantes en los centros de acogida. Este colectivo lanzó un duro comunicado en el que censuraba la “narrativa” de Vox, que solo consigue fomentar “la estigmatización de quienes más protección necesitan”. Cuando una institución generaliza sobre un colectivo vulnerable y proyecta sobre él “una imagen de amenaza”, analizaban, se alimentan “el miedo, el rechazo social y los discursos de odio”, lo que dificulta los procesos de inclusión de estos chicos y chicas.

La última polémica ha llegado con la paga semanal para los niños, niñas y adolescentes en centros de acogida. Son 17 euros semanales que reciben en función de su comportamiento y que ahora dará lugar a una discriminación: la Vicepresidencia de Vox ha anunciado que solo lo recibirán los nacionales, no los extranjeros, una acción que terminará en la Fiscalía entre acusaciones de “discriminación”.

¿Cuál ha sido el papel del PP en todo ello? Entre tibio y connivente. El presidente Azcón se ha manifestado dos veces últimamente, y en ambas ha intentado templar gaitas con el mismo argumento: si lo afirmado por Nolasco era “verdad” y estaba dentro de la “legalidad”, algo que no cuestionaba, lo aceptaba. En la misma línea de argumentario, la vicepresidenta Vaquero ha evitado el choque este mismo martes, al aceptar los pasos dados por la extrema derecha por formar parte del acuerdo de gobierno. El límite, ha dicho, es cumplir la ley: “Las dos partes sabemos que es así”.