El tejido social aragonés también alega al decreto de centros de datos: “España podría convertirse en una colonia digital”

Entidades vecinales, colectivos ecologistas y asociaciones en defensa del territorio, al igual que distintos investigadores del ámbito académico, advierte desde Aragón en sus alegaciones al proyecto de real decreto sobre centros de datos de que, si no se refuerza el control sobre lo que ocurre dentro de estas infraestructuras, “España podría convertirse en una suerte de colonia digital que ceda sus competencias legales, financieras y económicas, así como sus recursos energéticos, hídricos y de suelos, a proyectos determinados por corporaciones privadas”.

A esa advertencia se suma un frente amplio. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a otras decenas de plataformas ciudadanas –como 'No es sequía, es saqueo'–, han presentado alegaciones conjuntas al mismo trámite. Consideran el proyecto “insuficiente para prevenir y reducir de forma adecuada sus impactos ambientales y sociales, en particular sobre dos recursos fundamentales: el agua y la energía”. “Mejorar la eficiencia de los centros de datos no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites”, advierten, y reclaman tres cambios: límites ambientales máximos evaluados de forma acumulada por territorio, una planificación que exija cobertura 100% renovable, y garantías democráticas de transparencia y rendición de cuentas.

Las alegaciones censuran el propio proceso de consulta. La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) denuncia que “no es de recibo ni el momento en el que se abrió la consulta, durante el mes de agosto, ni la duración de la misma” –que finalmente fue ampliada–, mientras el documento colectivo recuerda que el artículo 6.3 del Convenio de Aarhus exige plazos razonables para una participación efectiva.

En materia hídrica, las alegaciones coinciden en que el decreto delega la sostenibilidad del agua en una etiqueta europea (WUE) autodeclarada por las propias empresas, sin inspección independiente. Para la FNCA, ese enfoque es “un error mayúsculo”: es, advierte, un indicador de eficiencia relativa que no informa sobre el consumo total ni sobre su compatibilidad con los recursos de cada cuenca.

El documento colectivo propone limitar el uso a 5.000 metros cúbicos anuales por centro en demarcaciones con estrés hídrico alto o severo, un umbral que en Aragón dejaría fuera solo a los proyectos de Amazon Web Services. Como referencia, los ecologistas citan el centro proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo), de 248 megavatios, que contempla consumir hasta 504 millones de litros de agua al año.

Una moratoria

En energía, las entidades reclaman suficiencia y una moratoria frente al crecimiento del sector, después de que Red Eléctrica haya concedido ya más de 12 gigavatios de acceso, muy por encima de los 4 gigavatios previstos para 2030. La Agencia Internacional de la Energía, citada por los ecologistas, calcula que un centro de datos de IA de 100 MW consume al año tanta electricidad como 100.000 hogares.

El documento colectivo pide además elevar del 80% al 100% la cobertura renovable exigida y del 80% al 90% la correlación horaria, y obligar a instalar baterías de respaldo –cuatro horas de autonomía– en centros de más de 5 MW. Denuncia también un “agujero legal” en el régimen sancionador: una empresa podría incumplir cuatro años seguidos, corregirlo puntualmente en el quinto y reiniciar el ciclo, por lo que propone reducir a dos años el margen tolerado y elevar el recargo hasta 20 veces el precio de mercado por cada MWh excedido.

Las alegaciones colectivas alertan asimismo de que la legislación aragonesa permite conexiones 'off-grid' –sin pasar por la red eléctrica general– a parques renovables que eludirían los límites del propio decreto.

Las alegaciones también ponen el foco en el suelo: piden limitar al 20% la ocupación no urbanizable por proyecto y fijar una distancia mínima de 1.500 metros entre centros de más de 50 megavatios y los núcleos de población, ante los efectos acumulativos –isla de calor, ruido o pérdida de hábitat– ya detectados en el área metropolitana de Zaragoza.

El documento señala por otro lado que el decreto carece de mecanismos de auditoría externa: no especifica qué administración debe verificar que los datos reportados por las empresas son ciertos, ni prevé sanción alguna si no lo son. Solo contempla, critican las entidades, la retirada del acceso a la red por no presentar documentación, no porque esta sea falsa.

Falta de información

Pedro Arrojo, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua, pide en su informe de 2025 que los Estados promuevan “una moratoria de la puesta en marcha de centros de datos” mientras no haya información clara sobre su consumo de agua y energía. Otro informe citado en las alegaciones, el de la investigadora Aurora Gómez sobre Aragón, sostiene que la opacidad es una estrategia deliberada del sector, hasta el punto de que son “las propias resistencias quienes tengan que buscar la información”, en lugar de que las instituciones la publiquen de forma agregada.

Las entidades sociales, ambientales y vecinales aragonesas coinciden en que el proyecto de real decreto delega en las propias empresas promotoras el control sobre sus requisitos, sin techos absolutos de consumo ni evaluación de los efectos acumulativos de instalar varios centros de datos en un mismo territorio.

Por su parte, 'No es sequía, es saqueo' ha difundido además un comunicado propio que rebate directamente las críticas del Gobierno de Aragón al decreto, al que acusa de perjudicar la economía autonómica. “Lo imposible no es cumplir el real decreto. Lo imposible es convivir con 30 centros de datos depredadores de recursos”, señala el texto, que cita un estudio de la Universidad de Zaragoza según el cual 8.000 megavatios de centros de datos multiplicarían entre cinco y quince veces la demanda eléctrica de la comunidad.

El propio documento colectivo maneja otra proyección distinta y más alta: si se instalasen los 11.237 MW proyectados en Aragón, el consumo –73.827 GWh al año– equivaldría al 87% del consumo eléctrico regional actual y al 22% del nacional.