Llaman a paralizar un desahucio que impulsa la entidad pública Zaragoza Vivienda: “Exigimos una negociación real”

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha convocado una movilización para el próximo jueves 17 de septiembre con el objetivo de frenar el desahucio de Yolanda y su familia, previsto por Zaragoza Vivienda. El sindicato denuncia que la institución ha rechazado sus peticiones de negociación y exige la paralización del proceso judicial. Sin embargo, la entidad de vivienda pública gestionada por el Ayuntamiento sostiene que sí ha existido negociación y defiende su decisión alegando que “no actuar” en estos casos supondría “un agravio comparativo” frente a las más de 2.600 familias que cumplen las normas del parque público municipal.

Es la segunda vez que la familia de Yolanda afronta una amenaza de desahucio por parte de Zaragoza Vivienda. En 2019 la entidad ya interpuso una demanda con el mismo fin, proceso que quedó paralizado gracias a la moratoria antidesahucios aprobada durante la pandemia. Esa medida decayó el pasado mes de febrero, después de que PP, Vox y Junts votaran en contra de prorrogarla, lo que –según el sindicato– dejó sin protección a más de 60.000 personas.

El caso de Yolanda no es el único: el sindicato recuerda que el 30 de junio se movilizó también en la sede de Zaragoza Vivienda para reclamar la negociación de un nuevo contrato para Rocío, otra inquilina. En ese caso, según el sindicato, se logró paralizar de forma provisional el lanzamiento, aunque la institución no ha respondido a las peticiones de negociación.

Desde el sindicato afirman que “en junio” les prometieron una reunión “que nunca llegó, pese a múltiples intentos de concertarla”, y reclaman “la paralización del proceso judicial y una negociación real que garantice nuevos contratos para Yolanda y para Rocío”. El colectivo pide a Zaragoza Vivienda tres cosas: una negociación real que ponga fin a ambos desahucios, la paralización de los procesos judiciales en curso y nuevos contratos de alquiler que no dependan de la renovación discrecional de la entidad.

El sindicato enmarca ambos casos en una crítica más amplia a la política de vivienda pública, a la que acusa de operar como “herramienta de control sobre los sectores más precarizados de la población” y de dejar a inquilinos sin reparaciones básicas ni alternativa habitacional compatible con su vida. La convocatoria de protesta, bajo el lema 'La clase trabajadora por el derecho de la vivienda', está fijada para el jueves 17 de septiembre a las 12:00 horas en la calle de Alejandro Casona, 38.

“Se ha llegado a un límite”

La entidad municipal, en su respuesta a las reclamaciones del sindicato, sostiene que sí ha mantenido negociación con las familias, aunque considera que “se ha llegado a un límite”. Según explica, ambos casos responden a situaciones judicializadas y prolongadas en el tiempo: uno por una deuda acumulada por impago de las cuotas de alquiler, y el otro por la decisión de no renovar el contrato debido a “graves problemas de convivencia”. Zaragoza Vivienda precisa que, por respeto a la protección social de las personas afectadas, no puede ofrecer más datos en detalle.

La entidad afirma que las decisiones se adoptan de forma colegiada entre distintas áreas profesionales –jurídica, trabajo social, entre otras– tras el estudio de cada situación, valorando el cumplimiento de los pagos sociales de alquiler, el mantenimiento de las viviendas y el respeto a la convivencia con otros inquilinos. Según Zaragoza Vivienda, ambos casos fueron comunicados en su momento al propio sindicato, tras varias reuniones y propuestas con las familias afectadas.

La entidad recuerda asimismo que estos casos son “residuales” dentro del conjunto de programas municipales y que no intervenir supondría “un agravio” frente a las más de 2.600 unidades familiares atendidas en el parque público que sí cumplen las condiciones de estos programas. Añade que las cuotas se ajustan de forma personalizada, sin superar nunca el 20% de la renta en las familias más vulnerables, y que el 60% de los inquilinos recibe algún tipo de ayuda o subvención para el pago del alquiler.