El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza: “Hay una minoría que obtiene beneficios a costa de que la mayoría viva peor”

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad, también para miles de zaragozanos. El encarecimiento del alquiler, las dificultades para emanciparse, el aumento de los desahucios o la irrupción de fondos de inversión y empresas de desocupación han situado el debate en el centro de la actualidad. Mientras las administraciones defienden medidas como la ampliación del parque público o los programas de vivienda asequible, el Sindicato de Inquilinas sostiene que esas políticas siguen sin atajar el problema de fondo. Dos portavoces del colectivo en Zaragoza, Paula Ríos y Teresa Lajusticia, analizan en esta entrevista la situación de la vivienda en la ciudad, cuestionan el modelo impulsado por las distintas administraciones, critican la actuación de la Sareb y defienden que el foco del debate no debería estar en la ocupación, sino en las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda digna.

Se habla mucho de la crisis de la vivienda, pero ¿qué tiene Zaragoza de diferente respecto a Madrid o Barcelona?

Paula Ríos: Zaragoza, por sus características, al no estar en el litoral y no ser una gran ciudad como Madrid o Barcelona, había estado algo menos tensionada hasta ahora. Sin embargo, estamos viendo que esa situación está cambiando: crece el turismo y también los precios de la vivienda, tanto de compra como, sobre todo, de alquiler. Esto afecta especialmente a la clase trabajadora, que cada vez tiene que destinar una mayor parte de su salario a poder acceder a una vivienda. Mientras tanto, los beneficios de los rentistas y de las empresas vinculadas al sector inmobiliario no dejan de aumentar. La vivienda no le está yendo mal a todo el mundo; hay una minoría que obtiene grandes beneficios a costa de que la mayoría viva peor.

¿Cuál dirían que es hoy el principal problema para acceder a una vivienda en la ciudad?

Teresa Lajusticia: Claramente, el precio. Vemos que, pese a que se sigue construyendo, los precios no dejan de subir, en los últimos diez años han aumentado un 80% y muchas personas destinan ya más del 50% de su salario al alquiler. Las administraciones justifican muchas de sus políticas en un supuesto aumento de la demanda, pero lo que vemos es que esas medidas acaban beneficiando siempre a los mismos. Un ejemplo es el acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para ceder suelo público a dos grandes empresas privadas que gestionarán esas viviendas durante 75 años. Se presentan como alquileres asequibles, pero hablamos de viviendas muy pequeñas con rentas de entre 450 y 500 euros, que siguen siendo difíciles de asumir para muchas familias. Al final son promociones que benefician a promotores y rentistas mientras los precios continúan subiendo.

Paula Ríos: Además, el problema no es solo que aumenten los precios. También está creciendo la infravivienda. Cada vez más personas se ven obligadas a aceptar viviendas de peor calidad, alquilar únicamente una habitación en lugar de un piso entero o compartir vivienda en condiciones de hacinamiento. Esa también es una consecuencia directa del encarecimiento de la vivienda.

¿Qué perfiles llegan al Sindicato? ¿Han cambiado en los últimos años? ¿Sigue siendo un problema sobre todo de jóvenes o cada vez afecta más a familias y trabajadores con empleo?

Paula Ríos: El eje central de nuestro análisis es la cuestión de clase. Evidentemente, también hay personas de clases medias que tienen dificultades para asumir las subidas del alquiler, pero quienes más sufren esta situación son quienes dependen exclusivamente de su trabajo para vivir. Dentro de ese grupo, la población migrante trabajadora encuentra todavía más obstáculos. No solo porque suele ocupar los empleos peor remunerados, sino también porque existe un racismo muy extendido que actúa como barrera para acceder al mercado del alquiler. También son especialmente vulnerables la juventud trabajadora, las mujeres y los hogares monomarentales.

¿Qué barrios de Zaragoza están sufriendo más tensión en estos momentos?

Paula Ríos: En el casco histórico se aprecia de forma muy clara, especialmente en zonas como la Magdalena o el Gancho, pero también lo estamos viendo en Las Fuentes y en otros barrios tradicionalmente obreros. En Delicias, por ejemplo, vemos una apuesta por transformar la imagen del barrio, incluso renombrando parte de la zona como “barrio del AVE”. Creemos que el Ayuntamiento está impulsando una estrategia para convertir Zaragoza en un reclamo turístico y eso pasa por expulsar poco a poco a la población trabajadora de sus barrios tradicionales para atraer a otro tipo de residentes.

El Ayuntamiento defiende que está aumentando el parque público de vivienda y programas como ALZA. ¿Es suficiente o creen que va en la dirección equivocada?

Teresa Lajusticia: Creemos que estos modelos siguen reproduciendo la misma lógica del mercado. Hace poco veíamos cómo Zaragoza Vivienda ejecutaba desahucios y también seguimos encontrando numerosos problemas en bloques gestionados por la Sareb. En el caso de la vivienda pública y protegida, o de programas como ALZA, muchas personas quedan excluidas porque se exige cumplir unos requisitos mínimos de ingresos o de empadronamiento que no todo el mundo puede acreditar. Hay familias con rentas muy bajas que ni siquiera pueden acceder porque se exige garantizar el pago del alquiler. Nuestra impresión es que el parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema. Un ejemplo es Casa 47, donde para acceder a las viviendas se exigen unos ingresos mínimos de 16.800 euros al año y, además, la gestión volverá a recaer en empresas privadas. Ese modelo deja fuera precisamente a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda.

El parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema

¿Funcionan realmente las ayudas al alquiler o solo sirven para sostener precios altos?

Paula Ríos: Cuando recibes una ayuda al alquiler parece que el dinero pasa por ti porque lo ingresas en tu cuenta, pero en realidad acaba en el bolsillo del rentista. A corto plazo puede suponer un alivio para quien la recibe, pero, a medio plazo, lo único que consigue es sostener unos precios que ya son inasumibles. Si el propietario sabe que vas a percibir una ayuda, tiene margen para seguir subiendo el alquiler. Que esto se presente como un gran avance es difícil de sostener. Puede haber diferencias entre las políticas de la izquierda y la derecha, pero el núcleo del problema sigue siendo el mismo.

Teresa Lajusticia: Además, muchas de esas ayudas no son universales. Para acceder a ellas hay que cumplir unos requisitos mínimos de ingresos que dejan fuera a parte de la población. Al final generan una brecha entre quienes pueden acceder a esas ayudas y quienes ni siquiera cumplen las condiciones para solicitarlas.

En los últimos meses han denunciado operaciones de fondos de inversión en algunos edificios de Zaragoza. ¿Qué consecuencias están teniendo para los vecinos?

Teresa Lajusticia: El caso más representativo es el de Aloy Sala, un fondo de inversión local que ha comprado 327 viviendas en el barrio de Tenerías, una zona que está inmersa en un claro proceso de transformación. A eso se suma la recalificación de los terrenos del antiguo complejo de Instalaza para construir 155 viviendas de mercado libre y otras actuaciones municipales, como el refuerzo del control policial en el Parque Bruil. Todo ello está teniendo consecuencias directas para el vecindario. Lo positivo es que muchas de esas personas comparten propietario y problemas similares, lo que está facilitando que se organicen junto al sindicato para defender sus derechos.

Paula Ríos: Hemos llamado puerta por puerta en ese barrio y hemos comprobado que alrededor de un tercio de las viviendas permanecen vacías. Mientras se insiste en que falta vivienda, vemos cómo se retienen pisos para rehabilitarlos y ponerlos más adelante en el mercado a un precio mayor. Es cierto que la propiedad inmobiliaria se está concentrando cada vez más en manos de grandes fondos, pero tampoco hay que olvidar el papel que siguen desempeñando los pequeños y medianos rentistas. De hecho, muchos de los conflictos que llegan al sindicato no tienen como propietario a un gran fondo de inversión.

¿Ha aumentado el número de personas que acuden al sindicato por riesgo de desahucio?

Paula Ríos: Sí. Tras el fin de la moratoria se han ido reactivando muchos procedimientos que habían quedado paralizados y la tendencia es claramente al alza. Además, cada vez quedan menos herramientas jurídicas a las que acogerse. En cuanto a los propietarios, nos encontramos de todo: desde personas que tienen una o dos viviendas hasta propietarios con cinco o diez inmuebles o grandes fondos. En realidad, los grandes caseros son menos frecuentes de lo que suele pensarse. Uno de los mayores propietarios es el propio Estado, que en muchos casos actúa con una lógica muy similar a la de una empresa privada.

En los últimos meses han sido muy críticos con la forma de actuar de la Sareb en Zaragoza. ¿Cuál dirían que es el principal problema que detectan?

Teresa Lajusticia: El principal problema es que la gestión de estas viviendas responde a la misma lógica de mercado que cualquier otro gran propietario. Además, está muy fragmentada: intervienen distintas empresas gestoras que no están coordinadas entre sí, de modo que muchas veces se inician procedimientos sin conocer la situación económica de las familias ni existe una negociación real. Todo es muy opaco y muchas personas ni siquiera saben a quién dirigirse. Nos hemos encontrado con familias que desconocían que su casero era la Sareb. Seguían pagando al antiguo propietario, cuando este llevaba años sin serlo tras entrar en bancarrota y ser absorbido. En la práctica, las lógicas son las mismas que las de cualquier gran tenedor.

Paula Ríos: La Sareb nació tras el rescate millonario a la banca después de la crisis de 2008 y se financió con dinero público. Sin embargo, ese dinero no está revirtiendo en garantizar el derecho a la vivienda, sino que muchas familias acaban siendo expulsadas de sus casas. En teoría existe un protocolo para atender a las personas vulnerables, pero los criterios nunca se han hecho públicos y son completamente opacos. Además, vemos que ni siquiera cumplen sus propios protocolos. Dividen a los vecinos entre quienes consideran merecedores de un contrato y quienes no, cuando la realidad es que ninguna de esas familias puede acceder hoy a una vivienda con los precios actuales. Nosotras siempre defendemos una negociación colectiva, pero la Sareb intenta negociar caso por caso porque así debilita la posición de las familias.

Teresa Lajusticia: Ahora mismo tenemos presentes al menos tres bloques completos de la Sareb en Zaragoza que han afrontado procedimientos de desahucio.

En el debate público se habla mucho de la ocupación ilegal. ¿Qué porcentaje de los casos que llegan al sindicato tienen que ver con ocupaciones y cuántos con problemas derivados del alquiler o los desahucios?

Paula Ríos: Los casos de ocupación son muchos menos de lo que se ha hecho creer. No tengo ahora mismo las cifras exactas, pero incluso se han reducido respecto al año pasado. Se ha construido un discurso basado en el miedo, impulsado por la extrema derecha, la patronal inmobiliaria y las empresas de seguridad, que también hacen negocio con esa preocupación. Se ha instalado el mito de que alguien puede ir a comprar el pan y encontrarse su casa ocupada, cuando eso no tiene ningún fundamento. Hay que distinguir entre el allanamiento de morada, que afecta a una vivienda habitada y se resuelve de forma inmediata, y la usurpación de una vivienda vacía, son situaciones completamente distintas. Al final, el debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda. La ocupación es una consecuencia de que haya personas que no pueden acceder a una casa. La mayoría de las ocupaciones se producen en viviendas de grandes propietarios. En cualquier caso, la mayoría de los conflictos que llegan al sindicato tienen que ver con alquileres, subidas de renta o desahucios, no con ocupaciones.

Teresa Lajusticia: Han conseguido que muchas personas de clase trabajadora empaticen más con la posibilidad de que ocupen la vivienda de un propietario que con el hecho de que una familia no pueda pagar el alquiler.

Paula Ríos: Si eres de clase trabajadora, tienes muchas más posibilidades de que te echen de tu casa que de que te la ocupen.

El debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda"

En las últimas semanas se ha conocido la denuncia de una familia de Zaragoza con contrato en vigor que asegura haber sufrido coacciones por parte de una empresa de desocupación. ¿Han tenido contacto con ese caso? ¿Es un episodio aislado o están viendo más situaciones similares?

Teresa Lajusticia: En los últimos meses estamos conociendo cada vez más casos de este tipo. Son empresas que, en nuestra opinión, operan al margen de la legalidad y que muchos pequeños propietarios contratan porque creen que así pueden acelerar los procedimientos y actuar con impunidad. En el caso del Arrabal vimos una clara connivencia con la actuación policial y las familias encontraron numerosas dificultades para tramitar sus denuncias.

Paula Ríos: Lo que buscan estas empresas es que la gente tenga miedo y termine marchándose. Creemos que la única manera de frenarlas es organizarse y plantar cara.

Teresa Lajusticia: En este caso concreto, conseguimos paralizar la actuación permaneciendo en la puerta de la vivienda y contactando con la propietaria. La intervención del sindicato permitió frenar el proceso, al menos de momento.

¿Qué medidas del Gobierno central consideran acertadas y cuáles creen que han fracasado?

Paula Ríos: La gran apuesta del Gobierno fue la Ley de Vivienda. Desde nuestro punto de vista, normaliza que los alquileres sigan subiendo, porque únicamente limita las subidas durante la vigencia del contrato, pero no cuando este finaliza. Se presentó como una gran victoria, pero creemos que los datos hablan por sí solos: durante el mandato del Gobierno de PSOE y Sumar se han alcanzado máximos históricos en el precio de los alquileres. Eso demuestra la ineficacia de sus políticas. Es cierto que han impulsado medidas dirigidas a determinados sectores, como algunos programas para facilitar la emancipación de jóvenes con cierta estabilidad económica, pero dejan fuera a una parte muy importante de la población.

Teresa Lajusticia: Las sucesivas prórrogas siguieron la misma lógica: son medidas temporales que van parcheando la situación sin afrontar el problema de fondo. Ha habido iniciativas que podrían haberse aprobado y no se hizo. Da la sensación de que se intenta contener el conflicto sin cambiar realmente el modelo.

Paula Ríos: Además, tanto gobiernos de izquierdas como de derechas han respondido con represión al movimiento por la vivienda. Lo vemos cuando se criminalizan las protestas o cuando se despliegan numerosos efectivos policiales para ejecutar un desahucio o desalojar una protesta. Un ejemplo es el caso de los 19 de CaixaBank en Zaragoza o la reforma del Código Penal que endureció las consecuencias de determinadas acciones del movimiento por la vivienda. Creemos que eso también retrata cuál ha sido la respuesta institucional.

Cuando una persona llega al sindicato porque no puede pagar el alquiler o afronta un desahucio, ¿qué ocurre?

Teresa Lajusticia: Hay personas que llegan de manera individual y, en menos ocasiones, grupos de vecinos que ya se han organizado previamente. Lo primero es compartir el caso en las asesorías colectivas y estudiar cómo convertir un problema individual en un conflicto colectivo. Cuando varias familias tienen el mismo propietario intentamos constituir un bloque en lucha, porque compartir intereses también aumenta la capacidad de presión. A partir de ahí combinamos herramientas jurídicas con la organización sindical.

Paula Ríos: La mayoría de la gente llega pensando que no puede pagar el alquiler por culpa suya y con un fuerte sentimiento de vergüenza. Lo primero que intentamos explicar es que no es un fracaso individual, sino el resultado de un sistema que expulsa a una parte de la población del acceso a la vivienda. Cuando entienden que ese problema también lo sufren otras personas, se genera una conciencia colectiva que permite organizar el conflicto. Más allá de resolver casos concretos, nuestro objetivo es conquistar derechos y avanzar hacia un modelo en el que la vivienda deje de ser una mercancía para convertirse en un derecho efectivo.