La Fiscalía europea ordena investigar por presunto fraude y malversación unas ayudas del Gobierno del PP en Zaragoza

La Fiscalía europea acaba de abrir una investigación al Gobierno del PP en Zaragoza por unas subvenciones de los Fondos Next Generation para rehabilitar viviendas en el complejo Aloy Sala de la capital aragonesa, cerca del parque Bruil. Los hechos incluidos en la instrucción, que nace de la denuncia de un particular el pasado mes de marzo, podrían suponer la comisión de dos delitos: fraude de subvenciones de la Unión Europea y malversación. La gestión de estas ayudas arrancó con el actual presidente autonómico, Jorge Azcón, como alcalde y ha continuado con su sucesora, Natalia Chueca.

Por el momento, los pasos dados por la Fiscalía europea, tal y como consta en un decreto emitido el pasado 1 de octubre, incluyen la declaración del denunciante –que tuvo lugar el 12 de mayo– la recepción de una “ingente documentación” proveniente de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Y hay pendientes otra diligencia: la elaboración de un informe por parte del grupo asignado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El denunciante, que pertenece a la Asociación de Vecinos Colectivo Vecinal Parque Bruil, hizo referencia en su escrito –fechado el 12 de marzo de este año– a una iniciativa impulsada por el entonces Gobierno municipal de Jorge Azcón para rehabilitar cinco conjuntos urbanos de interés (CUI) de la ciudad, para lo que aspiraba a recibir casi 100 millones de euros. En concreto, la actuación debía consistir en el aislamiento térmico de los edificios, obras de accesibilidad y la instalación de aerotermia. Uno de los destinos elegidos iba a ser el complejo Aloy Sala, integrado por 722 viviendas de 15 edificaciones.

Para ser incluidos en este proyecto y poder beneficiarse de los fondos europeos, tal y como consta en la denuncia, se indicó a los vecinos que debían cumplir las condiciones fijadas en la convocatoria de los fondos: abrir un libro de edificio, aprobar la participación en una asamblea vecinal y encargar a un arquitecto una memoria. “Todo ello se cumplió”, indica. En verano de 2023, sin embargo, se cerró la oficina del barrio “sin aviso ni explicación”, y en mayo del año pasado se trasladó a los vecinos que “no había fondos para el proyecto”, salvo ocho millones de euros “para un 25% de las viviendas del complejo”. “Nunca se nos dijo que había pasado con el dinero concedido, ni en las reuniones, ni en la peticiones escritas y registradas que se han hecho”, insiste el denunciante.

En esta situación, advierte de un posible “desvío de fondos a otros proyectos”, por lo que pide a la Fiscalía europea que investigue sin han sido “utilizados para conseguir fondos Next Generation” sin beneficiarse de ellos.

Según ha publicado tanto el Gobierno de Aragón –que intermedia con estas subvenciones a través de Suelo y Vivienda de Aragón– como el Ayuntamiento de Zaragoza, el Consistorio recibió fondos para rehabilitar 44 viviendas de Aloy Sala en una primera fase (el presupuesto conjunto para un total de 86 pisos alcanzaba los 3,8 millones de euros) y para otras 144 en una segunda fase, esta dotada con 4 millones de euros, mientras que los propietarios aportan casi 2,6 millones.

Ahora, tras examinar la documentación y a falta de practicar las diligencias pendientes, la Fiscalía europea califica provisionalmente los hechos como posibles delitos de fraude de subvenciones de la Unión Europea o de malversación, ambos competencia de este órgano jurídico. A su vez, incoa el correspondiente procedimiento de investigación y pone en conocimiento esta circunstancia a la Fiscalía General del Estado.

Se envió “todo lo solicitado”

Consultado por este periódico, fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza niegan tener conocimiento de la apertura de esta investigación, más allá del hecho de que la Fiscalía europea requirió documentación a Zaragoza Vivienda y la sociedad municipal envió “todo lo solicitado”. Las mismas fuentes aseguran desconocer “contra quién se dirige” esta investigación e indican que se puede dar la circunstancia de que el propio Consistorio “se persone como perjudicado”. A su vez, recuerdan que cada iniciativa impulsada desde Zaragoza Vivienda sobre rehabilitaciones en el Aloy Sala ha sido aprobada en los consejos de administración “por unanimidad”.

Con anterioridad, la propia Asociación de Vecinos Colectivo Vecinal Parque Bruil ya trasladó escritos a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana y a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que expone lo vivido. A la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, le traslada “la compleja y crítica situación” del barrio y pide “la intervención del Gobierno de España en la revisión y reactivación de los fondos europeos Next Generation”.

“La exclusión de estas ayudas ha desencadenado graves consecuencias en nuestro barrio”, expone. Por un lado, al frustrarse “las expectativas de mejorar la accesibilidad en las viviendas, esencial para la permanencia de personas mayores en sus hogares”. Eso, en un contexto de “deterioro urbano”, con calles en “mal estado de asfaltado y limpieza”, con “una urbanización desatendida” y con “problemas de ocupación ilegal, incivismo y de inseguridad”.

Por su parte, el Secretario General del Parlamento Europeo acaba de acuse de recibo e indica que ha transmitido la petición a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.