Cataluña, el centro de gravedad autonómico

“Que quede claro que a mí me interesa que a Cataluña le vaya bien por vínculos sociales y económicos. Si Cataluña va bien, Andalucía vende más y al revés. Nos interesa que todos avancemos”. Son declaraciones del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, al medio digital “Agenda Pública”.

Recojo ese hilo para recordar que Cataluña es el principal mercado de los productos aragoneses, le vendemos anualmente más del doble que a Francia y Alemania, que hay decenas de miles de nacidos en Aragón que enraizaron y aportaron esfuerzo y creatividad en la comunidad autónoma vecina desde principios del siglo XX, que se sintieron y se sienten tan aragoneses como catalanes, y también decenas de miles que tienen segundas residencias en las costas catalanas.

A bote pronto, me viene a la memoria también que en Épila está en marcha una inversión de 400 millones de euros (más de la mitad ya se han realizado) de un grupo agroalimentario catalán, Bonárea, a la que el actual Ejecutivo está dando menos visibilidad que al aluvión multimillonario por tramitar y desarrollar de centros de datos, grandes consumidores de energía y de agua.

En España, el método de reparto de la financiación autonómica está caducado desde hace 12 años por la falta de acuerdo. Todas las comunidades autónomas coinciden en que necesita una reforma que lo actualice para garantizar unos servicios públicos de calidad (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, transporte).

Pues bien, antes de conocer la nueva propuesta para negociar del Gobierno, los presidentes autonómicos del PP, cuyas comunidades recibirían el 70 por ciento de los fondos, se lanzaron en tromba a descalificarla, unos con más énfasis que otros. Ya sucedió antes con el plante por la quita de aproximadamente 83.000 millones de euros de la deuda que tienen las comunidades autónomas con la Administración General del Estado. La dirección nacional del partido no quiere darle ni agua a Pedro Sánchez. Es verdad que la escenificación bilateral del acuerdo por parte del presidente Sánchez y del presidente de ERC, Oriol Junqueras, fue un mal comienzo para la negociación.

Entre los aragoneses, y en particular entre la burguesía local, está muy arraigada la animosidad con el vecino poderoso. Animosidad que rebrotó con fuerza en los finales del franquismo con el anteproyecto de trasvase del Ebro, derogado definitivamente en 2004 por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que se ha acentuado en los últimos tiempos con la justa reclamación para que se devuelvan las pinturas murales del monasterio de Sijena.

El presidente Jorge Azcón, con un estilo tan meritorio como tremendista, está siendo portavoz destacado del mensaje principal de la dirección nacional del PP: se rompe la igualdad entre españoles. ¿Existe entre las 11 comunidades autónomas que gobierna el PP? ¿Defiende Azcón los mismos argumentos sobre financiación autonómica que el presidente de Andalucía, de Murcia o de la Comunitat Valenciana?

Igualdad que no se rompió cuando en 1996 José María Aznar pactó con el nacionalismo catalán para ser investido presidente de Gobierno. Igualdad que tampoco se rompió en 2001 cuando el entonces presidente Aznar cedió la gestión del 30 por ciento de IRPF a Cataluña, del 33 por ciento del IVA y los impuestos especiales.

¿Saben que dijo el entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero? Que era un modelo impuesto y poco solidario, poco transparente y pactado en un despacho para mantener al líder del PP en La Moncloa. Los barones socialistas fueron más lejos. El presidente de Andalucía, Manuel Chaves, lo calificó de atentado a la solidaridad y el de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, habló de españoles de primera y de segunda. ¿Les suena? Al final, la mayoría de los barones socialistas decidieron abstenerse, incluido José Bono, excepto Chaves que votó en contra y Frances Antich, el entonces presidente de Baleares, que votó a favor.

Reforma de 2009, la última aprobada, con Rodríguez Zapatero de presidente. ¿Saben que dijo Rajoy, líder de la oposición? Que aquel acuerdo con el tripartito catalán (PSC, ERC y ICV) era una moneda de cambio para mantenerse en el poder. La inyección entonces al sistema de reparto común fue de 11.000 millones de euros en un contexto de profunda crisis económica. Rajoy, que era un ejemplo de moderación si se le compara con los actuales líderes del PP, ordenó a sus barones que se abstuvieran porque sus comunidades necesitaban esa financiación y solo la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, lo consideró un error.

Ha sido una constante en la historia democrática: Cataluña, gobierne el PSOE o gobierne el PP, en medio de la controversia siempre ha sido el motor de los avances en autonomía financiera que se han extendido a todas las comunidades autónomas de régimen común.

La propuesta del Gobierno incluye una inyección de más de 21.000 millones de euros al sistema común de reparto en un momento de bonanza recaudatoria por el tirón de la economía española. La mayoría de ellos, 16.000, procederían de ampliar la cesión del IRPF del 50 al 55 por ciento y del IVA del 50 al 56,5 por ciento.

A la cesta de tributos cedidos se incorporarían el 100 por ciento de los impuestos de patrimonio, depósitos bancarios, actividades del juego y residuos. Más dinero a repartir y más corresponsabilidad fiscal. La propuesta seguramente morirá antes de nacer porque Junts quiere un pacto fiscal exclusivo y porque la crispación actual bloquea cualquier acuerdo. Hay que subrayar que con la propuesta Cataluña continúa en el régimen común.

Según los cálculos de elDiario.es, Aragón recibiría 629 millones de euros más. Sería la séptima autonomía que mejor saldría en el reparto. Las cuatro primeras serían Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Madrid. Todas con presidentes del PP. Si se tiene en cuenta la población sin ajustarla a las singularidades de cada autonomía, Aragón recibiría 457 euros por habitante. Sería la sexta autonomía más beneficiada. Las dos primeras serían Murcia y la Comunitat Valenciana y la tercera Castilla-La Mancha.

La variable de población ajustada permite que las asignaciones previstas suban o bajen en función de los porcentajes de envejecimiento, de menores, de estudiantes universitarios de otras autonomías, de dispersión demográfica y de insularidad. No se recoge específicamente la despoblación pero sí se están ejecutando fondos especiales de compensación como el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) desde 1992 al que el pasado año se dotó con 73 millones de euros.

Los cálculos de Hacienda dicen que la diferencia de financiación por habitante entre las comunidades autónomas pasaría de 1.500 a 750 euros. Coinciden con el estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que dirige Ángel de la Fuente, uno de los grandes expertos en financiación autonómica, que concluye que en los últimos años se ha reducido en más de 8 puntos la brecha entre la comunidad mejor financiada y la peor.

Por contra, Fedea revela que Aragón pierde 4 puntos en financiación relativa ajustada por habitante. Sus estimaciones nos dejan en la cola de la clasificación. De la Fuente calcula también que el 55 por ciento de los nuevos fondos que se crean, el del cambio climático (1.000 millones de euros) y el de la recaudación de un porcentaje del IVA de las pymes (2.000), van a parar a Cataluña. Sugiere, finalmente, que las comunidades autónomas deberían ajustar sus tipos impositivos para equilibrar las inyecciones extraordinarias de dinero público de la Administración General del Estado destinadas a apuntalar el estado de bienestar.

Al mensaje de que se rompe la igualdad entre españoles del presidente Azcón, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, añadió que con la propuesta del Gobierno de España el que más tiene más se lleva. Un mensaje de precampaña electoral, simple, emocional y sin matices, que no tiene en cuenta que Cataluña junto con la Comunidad de Madrid son las que más ingresos aportan a la caja común. Que no pondera que Cataluña tiene más de 8 millones de habitantes y que en la última década ha tenido que absorber casi tantos inmigrantes como habitantes tiene Aragón. El 25 por ciento de su población total ha nacido fuera de España.

Bermúdez de Castro era secretario de Estado de Administraciones Territoriales cuando se llevó a cabo la consulta independentista en Cataluña el 1 de octubre de 2017 tras el choque frontal de Rajoy y el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, por el pacto fiscal.

¡Cuántas energías que podríamos destinar a construir lo propio estamos malgastando en alimentar el enfrentamiento con Cataluña! Enfrentamiento que se suele verbalizar con los catalanes en genérico. No específicamente con los partidos independentistas que son los que pretenden blindar que Cataluña nunca reciba menos de lo que aporta a la caja común (el principio de ordinalidad).

Vuelvo al principio. Además de ser nuestro principal mercado, con Cataluña compartimos siglos de historia, intercambios universitarios y profesionales, lengua, cultura, liderazgos y diversidad de ofertas políticas. Barcelona fue cuna del aragonesismo.

“Dicen que hay tierras al Este” fue el título de una magnífica y oportuna exposición en 2017 en el Palacio de Sástago que se complementó con el libro “Tejidos de vecindad” en el que, coordinados por el profesor Alberto Sabio, colaboraron 27 historiadores aragoneses y catalanes. En la inauguración de “Dicen que hay tierras al Este”, Joan Manuel Serrat cantó “Canço de bressol” (Canción de cuna) que comienza con una jota tradicional aragonesa. Su madre y sus abuelos maternos eran originarios de Belchite. No hay mejor sonido de vecindad para finalizar.