El 23-F y el despliegue militar contra ETA

Cuarenta y cinco años después, recuerdo la noche del 23-F en el cuartel del Batallón de cazadores de montaña Estella XXI. Aquella noche se me quedaron grabados para siempre el miedo de algunos compañeros vascos que temían una ocupación militar de su territorio y el nerviosismo de los oficiales y suboficiales. También la indiferencia generalizada. Solo unos pocos soldados estuvimos pendientes del transistor a lo largo de la noche.

El ánimo alterado de los mandos se atemperó al día siguiente cuando vieron las imágenes de TVE en las que guardias civiles zarandeaban e intentaban abatir al teniente general y vicepresidente primero del Gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, en la sesión de investidura del presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En aquel cuartel navarro, que se cerró en 1993, hubo un antes y un después del discurso del Rey, ya bien entrada la noche, y sobre todo de la agresión a Gutiérrez Mellado. Para los mandos, la disciplina era sagrada.

Solo un mes más tarde del intento de golpe de Estado, la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem) desplegaba unidades militares a lo largo de los 143 kilómetros de frontera hispano francesa “para impedir los movimientos y el paso de armamento de los terroristas de ETA”. En Navarra, desde Vera de Bidasoa, valles del Baztán y del Roncal, hasta Valcarlos. Con su aprobación, el presidente Calvo Sotelo y el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, cedían a las presiones militares para intentar bajar la temperatura en los cuarteles. 

Fueron dos fases de operaciones militares sin precedentes, Alazán e Iruña, con la misión de vigilar la frontera fuera de los pasos autorizados, reforzar los controles con la Guardia Civil y sustituir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los servicios de vigilancia de instalaciones.

Veníamos del intento de golpe de Estado del 23-F y de un año, 1980, con el récord de asesinatos de ETA, entre 92 y 95 guardias civiles, militares, policías y civiles. Eran los años de plomo y había mucho ruido en la Casa Real, en los cuarteles y entre los nostálgicos de la dictadura. Tras la dimisión de Adolfo Suárez en enero de 1981, la Unión de Centro Democrático (UCD) se desmoronaba.

En los sectores nacionalistas abertzales, la utilización del Ejército en la lucha antiterrorista, el ir y venir de las unidades militares por los municipios fronterizos, se interpretó como una declaración de guerra. Veían un paralelismo con lo que estaba sucediendo en Irlanda del Norte con el IRA.

Nuestra compañía acampó, si no recuerdo mal, en dos tandas de mes y medio cada una primero en la colegiata de Roncesvalles, después en Burguete y, finalmente, en el alto de Ibañeta. En ella conviví con paisanos turolenses de Bello, de La Puebla de Valverde, de Berge y de Royuela.

El paisaje te atrapaba entre restos prehistóricos, historias de contrabandistas, el Camino de Santiago, el mito de Roland, los búnqueres de la posguerra, las ovejas lanudas “latxas”, el pico Ortzanzurieta desde el que divisábamos la Mesa de los Tres Reyes fronteriza con el Pirineo aragonés y con Francia, los escalofriantes desniveles y la generosa naturaleza de prados y hayas. 

De vez en cuando nos desplegábamos en el paso fronterizo de Valcarlos, con casco metálico y subfusil en bandolera. Para los franceses que entraban en España por Valcarlos teníamos que estar dando la viva imagen de un país militarizado.

Eran frecuentes también las marchas nocturnas para teóricamente impedir los movimientos de los terroristas. En una de ellas, en una noche de perros en la que no paraba de jarrear, en la denominada senda de Napoléon, que une Saint Jean Pied de Port con Roncesvalles, uno de los pelotones, que siempre iban acompañados de guardias civiles para los controles y reconocimientos, divisó una romería de luces en una noche más oscura que la boca de un lobo.

En medio de una enorme tensión y acojono se oyó un enérgico grito, “Alto, la Guardia Civil”, e inmediatamente atemorizados respondieron los portadores de las luces: “somos peregrinos, somos peregrinos”. Eran 9 peregrinos haciendo el Camino de Santiago a los que se les identificó y se les trasladó al cuartel de la Guardia Civil de Burguete. El incidente terminó con una multa del gobernador civil de 200 pesetas para cada uno de ellos por cruce ilegal de frontera.

Esta situación berlanguiana tuvo el contraste trágico poco meses después, el domingo 4 de julio de 1982 (los de mi compañía ya nos habíamos licenciado 6 meses antes), cuando ETA asesinó en Burguete a un joven guardia civil, Juan García González, y dejó malherido a otro, Francisco López García. Los dos con 21 años, hijos de guardias civiles, solo llevaban dos meses en el Grupo especial de intervención de montaña.

Mientras estaban en la discoteca “Biltoki-70”, los terroristas les habían colocado dos bombas lapa, con tres kilos de goma dos cada uno de ellas, debajo del Ford Fiesta en el que se desplazaban. Solo estalló la de las ruedas traseras. Fue la respuesta cobarde y criminal de ETA por aquel despliegue militar en la frontera navarra que pagaron a un precio tan elevado como injusto dos familias, una de Marchamalo (Guadalajara) y otra de Granada.

Al funeral, que se ofició en la iglesia de San Miguel de Pamplona, asistió el director de Seguridad del Estado, Francisco Laína, que había sido gobernador civil de Zaragoza y presidente en funciones durante las horas en las que los diputados, el presidente y los ministros del Gobierno, permanecieron secuestrados el 23-F en el Congreso de los Diputados .