Vuelven a retrasar el desahucio de cuatro familias en el barrio Oliver de Zaragoza pero advierten: “Es un respiro temporal”

El Sindicato de Inquilinas ha informado este viernes de que esta semana se ha conseguido suspender de forma provisional el desahucio de cuatro familias del barrio Oliver, en Zaragoza, que estaba programado por el juzgado para el próximo 27 de junio. Las viviendas pertenecen a Sareb, la sociedad pública creada para gestionar activos inmobiliarios procedentes de la crisis financiera que, según denuncia el sindicato, “a pesar de ser propiedad pública, dependiente del gobierno, actúa a menudo igual que cualquier empresa privada a la hora de gestionar sus pisos”.

El conflicto se remonta al año pasado, cuando los vecinos del Oliver, organizados con el Sindicato de Inquilinas, lograron paralizar el desahucio de 15 familias de estos mismos bloques. Aquella movilización terminó con la firma de nuevos contratos de alquiler para once de esas familias, según explican desde la organización, “gracias a la presión y la lucha colectiva”. Sin embargo, las cuatro familias restantes seguían en negociaciones con Sareb, que en principio les había ofrecido un contrato, cuando este mes la empresa volvió a intentar desahuciarlos.

La suspensión conseguida ahora es, según el sindicato, “solo un respiro temporal”. “Esto nos permite ganar tiempo, pero tenemos que luchar hasta conseguir contratos para todos los vecinos”, señalan. Ahora, la idea es negociar estos cuatro contratos que quedan.

Desde el Sindicato denuncian que el caso pone de manifiesto cómo se hace negocio incluso con la vivienda pública. Sareb es una entidad participada mayoritariamente por el Estado, que debería primar el uso social de la vivienda. En su lugar, sin embargo, “la empresa prioriza la rentabilidad de sus activos, ya sea mediante la venta de los pisos o el encarecimiento de los alquileres, por encima de mantener a las familias que ya residen en ellos. Además, ya hemos visto en varios bloques cómo la estrategia de la Sareb es dividir a los vecinos, ofreciendo contratos solo a algunos de ellos”.

Responsabilidad

La organización dirige sus críticas directamente al Gobierno central: “El Gobierno del PSOE y Sumar es directamente responsable de la situación. Se llena la boca hablando de construir vivienda pública, pero después expulsa a familias de viviendas que ya lo son”, afirman desde el Sindicato, que considera que “el caso del Oliver desmonta el discurso del Gobierno sobre el derecho a la vivienda”. No obstante, denuncian también los intentos de apropiación de otros partidos políticos: “El PSOE y Sumar son culpables de lo que están pasando estas familias, pero es absurdo que salgan de repente concejales del PP a denunciar la situación, cuando el Gobierno de Azcón y el Ayuntamiento de Chueca son los primeros en poner una alfombra roja a la especulación inmobiliaria”.

El Sindicato ha anunciado que continuará la presión hasta que todas las familias del bloque firmen sus contratos. Desde el sindicato, animan a otros afectados por la Sareb o por problemas de vivienda en general a sumarse al sindicato: “Frente al negocio de la vivienda y a la complicidad de los políticos profesionales, la única solución es organizarnos para defender nuestros derechos y lograr que la vivienda deje de ser una mercancía”.