La coalición PP-Vox en Aragón recorta en 500.000 euros las ayudas a conciliación familiar al negar la violencia machista

El Gobierno de Aragón ha eliminado de la convocatoria de subvenciones para familias, infancia y adolescencia que se publica este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la línea 4, dotada con 500.000 euros procedentes íntegramente del Pacto de Estado en materia de violencia de género y aportados por el Gobierno de España. La supresión de esta partida –destinada a “fomentar la parentalidad positiva y el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes, para la prevención de la violencia familiar y de género”– reduce el presupuesto total de la convocatoria hasta los 948.500 euros, frente a los cerca de 1,5 millones del año anterior. La oposición y la Delegación denuncian que la comunidad ha perdido ese medio millón de euros por “motivos ideológicos”.

La medida se enmarca en el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en Aragón en abril, que incorpora el criterio de “prioridad nacional” como pauta a aplicar durante toda la legislatura en el reparto de ayudas públicas. El Ejecutivo autonómico, liderado por Jorge Azcón (PP) con Alejandro Nolasco (Vox) como vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, aplicó por primera vez ese criterio en junio a las ayudas para familias en partos y adopciones múltiples, y volvió a hacerlo en julio con las mismas ayudas.

El vicepresidente aragonés compareció este martes junto al director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz, para presentar la nueva convocatoria de subvenciones a entidades sociales (un centenar largo en Aragón) en materia de conciliación familiar. “Estas subvenciones traen una novedad con respecto a años anteriores, la introducción de la prioridad nacional. En los criterios de valoración de esta orden se premian en mayor medida aquellos proyectos que prioricen a los nuestros, a los de casa”, afirmó Nolasco.

El criterio otorga 5 puntos adicionales a las entidades que acrediten “un mayor número de familias y personas beneficiarias con residencia legal, efectiva y continuada en Aragón durante un periodo mínimo de cinco años”. Fuentes de la propia Consejería precisaron que se trata de “un criterio de puntuación, que no excluyente”. Nolasco defendió la medida apelando a que “los recursos de cualquier administración pública son finitos”, por lo que existe “la obligación” de repartirlos de la manera “más justa para todos los aragoneses y españoles”.

El reparto de la convocatoria

La convocatoria, dotada con 948.500 euros, se distribuye en tres líneas. La primera, para servicios de apoyo a la conciliación de familias con hijos menores de 16 años (o hasta 21 en caso de discapacidad o dependencia), cuenta con 498.500 euros: 350.000 de fondos propios del Gobierno de Aragón y 148.500 del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. La segunda, para familias a cargo de personas mayores de 21 años en situación de discapacidad o dependencia, suma 150.000 euros, íntegramente autonómicos. La tercera, para actividades de prevención de la “violencia intrafamiliar”, se dota con 300.000 euros.

Según cifras facilitadas por la propia consejería, el año pasado la línea 1 contó con 600.000 euros (450.000 propios más 150.000 del Plan Corresponsables), 101.500 euros más que este año. A esa reducción se suma la desaparición íntegra de la línea 4, de 500.000 euros. La consejería cifra la merma total de la convocatoria en 600.000 euros respecto al ejercicio anterior.

La Delegación del Gobierno en Aragón, dependiente del Ejecutivo central, ha respondido acusando al Ejecutivo autonómico de “abrazar el negacionismo de la violencia machista” y “renunciar” a los 500.000 euros del Pacto de Estado. Según su versión, no se trata de una decisión del Ministerio, “sino de una renuncia consciente y por cuestiones ideológicas del Ejecutivo autonómico”, que habría perdido esos fondos al sustituir en la convocatoria el término “violencia de género” por el de “violencia intrafamiliar”.

Críticas del PSOE

Tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, la vicepresidenta Mar Vaquero ha salido al paso para matizar el alcance del criterio: la prioridad nacional, ha afirmado, “se tiene en cuenta para tener una mayor puntuación”, explicó, y ha precisado que el criterio “se viene incorporando” ya en “alguna de estas convocatorias”. Sobre la reducción presupuestaria, Vaquero ha hablado de “una minoración” y ha trasladado la responsabilidad al Gobierno central, “que recortó fondos”, subrayando que el Ejecutivo aragonés “ha mantenido la aportación a la que se comprometió”. No se ha pronunciado sobre el cambio de terminología señalado por la Delegación del Gobierno.

Desde el PSOE, la diputada Mónica Iglesias ha cargado contra el Ejecutivo de Jorge Azcón por renunciar al medio millón de euros, en línea con lo expresado por la Delegación del Gobierno. La parlamentaria socialista ha recordado que en 2025 existía una línea específica destinada a fomentar la parentalidad positiva, proteger a niños, niñas y adolescentes y prevenir expresamente la violencia familiar y de género. “Estamos ante una renuncia consciente. El dinero estaba disponible. Era dinero para Aragón, para proyectos desarrollados en Aragón y para beneficiar a menores y familias aragonesas”, ha señalado Iglesias, quien considera que el Ejecutivo autonómico “ha decidido prescindir” de ese dinero “por una cuestión estrictamente ideológica”.

“Lo más grave es que ese negacionismo ya no se queda en declaraciones: empieza a tener consecuencias presupuestarias y a costarle dinero a Aragón y a los aragoneses”, ha afirmado la diputada. Iglesias ha indicado que 46 entidades sociales aragonesas se van a ver afectadas por la exclusión de determinados proyectos. Entre ellas ha citado a Fundación Adunare, Fundación DFA, Kairos, Fundación Piquer, Asapme Aragón, entre otras.