Detrás de un decreto para proteger la agricultura iba semidesapercibida una defensa de la industria bélica. Porque el concepto de “seguridad nacional” que ha implantado el presidente de EEUU, Donald Trump, ha hecho que un decreto contra la “amenaza inminente a la preparación militar” que achaca a la escasez de producción de fósforo lleve de la mano un salvavidas para la fabricante del polémico herbicida glifosato, el más vendido del mundo.

La orden ha unido los destinos de la munición de fósforo blanco y un herbicida con probados impactos ambientales y al que la ONU consideró en 2015 “posible cancerígeno para los humanos” –una clasificación disputada por la Agencia Europea de Productos Químicos y la de Protección del Medio Ambiente estadounidense–. El objetivo declarado es “promover la defensa nacional”.

“El fósforo elemental es un material escaso que resulta crítico para la defensa y la seguridad nacionales”, dice la orden. “La producción insuficiente de fósforo elemental de nuestro país debe sostener tanto la fabricación para la defensa como nuestras importantes necesidades agrícolas”.

El fósforo blanco –una forma de fósforo elemental–, además de servir de materia prima para fertilizantes, detergentes o pesticidas, “se usa para fines militares en granadas y municiones de artillería para alumbrar, generar cortinas de humo o como material incendiario”, explica la Organización Mundial de la Salud.

La sustancia “arde de manera instantánea al contacto con el oxígeno y, una vez encendido, es muy difícil de extinguir. Se adhiere a la piel y la ropa”, añade la organización que advierte: “Puede causar quemaduras profundas y graves penetrando incluso a través de los huesos”.

Esta medida es un reflejo de las políticas que atentan contra la vida en todas sus formas. Da un impulso a una sustancia que preocupa a muchas organizaciones por su potencial cancerígeno y otra que se está utilizando para hacer daño a las personas

Javier Raboso — Responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace

“Esta medida es un reflejo de las políticas que atentan contra la vida en todas sus formas”, cuenta el responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace, Javier Raboso. “Da un impulso –insiste–a una sustancia que preocupa a muchas organizaciones por su potencial cancerígeno y otra que se está utilizando para hacer daño a las personas”.

El decreto supone, en definitiva, un cable de ayuda para la empresa Bayer, ya que especifica que, al aplicarse, el secretario de Agricultura “deberá asegurar que su implementación no perjudique la viabilidad económica de ningún productor nacional de fósforo elemental o de herbicidas basados en glifosato”.

Se da la circunstancia de que el único fabricante de fósforo blanco en EEUU es, al mismo tiempo, el productor del herbicida a base de glifosato llamado Roundup: la alemana Bayer. La empresa se hizo con ese producto al adquirir en 2018 la compañía Monsanto por 63.000 millones de dólares. Bayer soporta casi una década de pérdida de valor y dinero desde que, precisamente, compró Monsanto.

Ayuda para salir del embrollo legal

La coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, entiende que la orden ejecutiva “supone un enorme retroceso en la lucha por prohibir este polémico herbicida. Así se apuntala un sistema de producción de alimentos tóxico para las personas y el planeta y que solo beneficia a un puñado de empresas”. Y además, insiste Ruibal, “es una salvaguarda para Bayer”.

Precisamente la corporación alemana está metida en múltiples batallas legales por los efectos del glifosato en las personas. Más concretamente por no advertir de que puede ser perjudicial. Desde que compró Monsanto, la capitalización de la empresa ha caído de los 90.000 a los 30.000 millones de dólares. Una acción de Bayer ha pasado de valer casi 120 dólares a los actuales 30-40 dólares. El año pasado la compañía perdió más de 3.000 millones de dólares, desangrada por las disputas legales.

La batería de litigios asciende a unas 170.000 demandas centradas en el desarrollo del cáncer linfoma-no Hodgkin. 61.000 están todavía pendientes. La empresa lleva pagados unos 11.000 millones de dólares en indemnizaciones, según el cálculo del sitio especializado en demandas colectivas Open class actions. Los acuerdos tipo van de 100.000 a 160.000 dólares por demandante.

Supone un enorme retroceso en la lucha por prohibir este polémico herbicida. Así se apuntala un sistema de producción de alimentos tóxico para las personas y el planeta y que solo beneficia a un puñado de empresas

Blanca Ruibal — Coordinadora de Amigas de la Tierra

Actualmente, el fabricante de fósforo blanco está intentando que el Tribunal Supremo de EEUU falle a su favor y le proporcione una sentencia que le sirva de barrera contra estas demandas multimillonarias por su herbicida. Y para ello está contando con el apoyo de Donald Trump.

Mientras se dirimía la admisión o no a trámite de este caso, a finales de 2025, la revista científica que publicó un artículo “ampliamente considerado como clave en el discurso sobre la carcinogenicidad del glifosato y el Roundup” retiró el trabajo. La razón esgrimida por el editor fue que “la falta de claridad acerca de qué partes del artículo habían sido autoría de empleados de Monsanto crea falta de certeza sobre la integridad de las conclusiones que sacaba”. ¿Cuáles conclusiones?: “Bajo las presentes y esperables condiciones de uso, Roundup no supone un riesgo para la salud humana”, sentenció aquel paper fechado en el año 2000.

Los autores del análisis que, finalmente, derivó en la retractación oficial, Naomi Oreskes y Alexander Kaurov, han remitido recientemente otro estudio a la revista Critical Review para que retire otro artículo favorable al glifosato por los mismos motivos, según la revista Science.

Sin embargo, la administración Trump intervino oficialmente ante el Supremo en diciembre de 2025 para pedir que aceptara a trámite la apelación de Bayer en uno de los casos de reclamación por su herbicida. Remitió un amicus brief en favor de la compañía alemana: “Debería concedérsele amparo”, era la conclusión del texto legal.

El 16 de enero pasado, el Tribunal Supremo estadounidense aceptó finalmente tramitar la apelación. El 2 de marzo, la administración Trump remitió a los jueces su petición para que dieran la razón a Bayer: “La sentencia [contra la compañía] debería ser revertida”, afirma su escrito. Se espera un veredicto para junio.

Las 'superhierbas' resistentes

La controversia alrededor del glifosato se ha centrado en sus posibles daños sobre la salud de los humanos, sin embargo, los científicos han certificado los impactos del producto sobre el medio ambiente, eclipsados por la polémica.

Entre los daños observados, el compuesto perjudica a la calidad del suelo porque puede reducir los microorganismos beneficiosos al tiempo que beneficia los perjudiciales. Esto redunda negativamente en el ciclo de los nutrientes.

También se ha estudiado cómo contamina las aguas al llegar a los cursos por la escorrentía y se filtra y afecta a las masas de agua subterránea. El producto se degrada en su principal metabolito que es mucho más persistente en la naturaleza que el herbicida en sí mismo. Además, continúa la incertidumbre sobre cómo terminará afectando la presencia constante, aunque sea a bajas concentraciones, del compuesto en los ecosistemas.

A todo esto se le ha unido que el uso masivo e indiscriminado del producto ha causado la evolución de especies de hierbas que soportan el herbicida. Unas 40 variedades en más de 30 países y otros tantos tipos de cultivo. En EEUU se han certificado en más de 24 millones de hectáreas agrícolas. La industria de pesticidas ofrece ahora una nueva generación de herbicidas a la venta contra esas variedades. Bayer, por ejemplo, espera lanzar una gama de productos contra hierbas resistentes en 2028 “con un potencial de ventas de 750 millones de dólares”.

El uso intensivo de pesticidas en general deja concentraciones inesperadamente altas en los suelos donde se aplican. Los estudios sobre el terreno han demostrado que la cantidad de residuos químicos que permanecen supera los niveles previstos para que se autorizaran esos pesticidas.

Blanca Ruibal recuerda que, en Europa, “la Comisión está inmersa en una carrera a la baja que va a desmantelar leyes fundamentales sobre los productos fitosanitarios, como el glifosato”. Y reclama que “la Unión Europea debería prohibir de forma definitiva este producto y apostar por una producción de alimentos sostenible y saludable, enfocada además a alimentar a la población europea y no a los mercados”.

De hecho, este patrón de uso de los compuestos es una de las causas de pérdida de biodiversidad y daños ambientales, como reconocía la propia UE hasta hace poco tiempo. Luego, la ola antiecológica impulsada por el sector primario y las formaciones políticas de ultraderecha y derecha, ha hecho que, por ejemplo, se eliminara el proyecto de ley europea para reducir el uso de pesticidas en un 50% y, más tarde, se proyecte la autorización de pesticidas sin las revisiones de efectos obligatorias que hasta ahora han funcionado.

Javier Raboso advierte de que “esta política de tierra quemada del glifosato y el fósforo como la impulsada por EEUU genera al final una manera diferente de mirar las cosas y tienen eco en las políticas europeas”. Y no hay que dejar de vista, añade, que “las presiones de las empresas para que las regulaciones les favorezcan se reproducen. Bayer, igual que hace lobby en Washington, hace lobby en Bruselas. Y decisiones como estas les dan alas”.

Una terrible ola de incendios arrasa bosques por toda España, ha matado ya a tres hombres, a rebaños y caballadas, destruido parajes patrimonio de la humanidad como Las Médulas, carbonizado 115.000 hectáreas y puesto el foco sobre la bajada de inversión en prevención y la precariedad de los bomberos.

Consejeros del PP justifican no pasar a la acción de inmediato diciendo que tienen “la mala costumbre de comer” y el ministro Puentes destaca que “ninguna emergencia les pilla trabajando”. Todo en plena ola de calor europea por la acelerada destrucción del clima que los neofascistas de Vox y populares como Esperanza Aguirre o Isabel Díaz Ayuso siguen negando, igual que en su día Aznar y Rajoy, pese a la estruendosa acumulación de evidencias.

Los testimonios doloridos de vecinos y alcaldes, las indicaciones a gritos de los luchadores antiincendios –profesionales y voluntarios– entre las altas llamas, el crepitar del fuego entre las bocanadas de aire que lo avivan son un clamor que se impone en la prensa, radios, televisiones y conversaciones en casas, bares y también en los coches donde familias se trasladan por vacaciones. En este contexto, al parar a repostar, en una gasolinera de la árida meseta, mi pareja me pregunta ante nuestros hijos: “¿Recuerdas cómo se llenaban los parabrisas de bichos muertos cuando viajábamos de chicos?”.

De pronto veo en flashback, no solo el cristal, sino el capó, los faros, ese enrejado de plástico en el morro de los coches cuyo término mecánico ignoro, lleno de los cadáveres de bichos diversos, como puntas de alfiler o más gruesos. ¿Por qué ya no están? ¿En qué momento han desaparecido desde que los niños de los 80 que volvíamos al pueblo familiar atravesábamos la península en Seat Pandas y Fords Fiestas por carreteras nacionales de doble sentido, con tantos camiones como baches, y en cuyos arcenes parábamos a menudo porque salía humo del radiador?

La estampa de esos asfixiantes viajes, con las ventanillas bajadas a manivela, a falta de aire acondicionado, es la de un país que ha progresado mucho con la democracia y la integración en la Comunidad Económica, luego Unión Europea. Pero la abrumadora falta de insectos no es signo de adelanto, sino, al contrario, un desastre contra el que científicos y ecologistas claman pues es síntoma del mortífero uso de pesticidas que están envenenando nuestra naturaleza y a nosotros mismos.

Tragando venenoso glifosato

La cantidad de insectos voladores en el mundo ha caído un 75% en 25 años por el aumento en un 80% de los pesticidas, entre los más vendidos y peligrosos de los cuales destaca el glifosato. Es un peligro porque, de un lado, entre esos insectos están las polinizadoras abejas, sin cuya labor cae la producción agrícola natural y la biodiversidad. Pero es que, además, la Agencia Española Alimentaria, en un estudio de hace menos de un año, encontró más de 100 plaguicidas distintos en los alimentos y eso que en España no se buscan restos de glifosato, a diferencia de en 25 de los 30 países que evalúan rastros.

Mientras Bayer es obligada a pagar indemnizaciones millonarias en EEUU por los efectos cancerígenos de su herbicida con glisofato Roundup, la UE y España no prohíben este producto, también vinculado al Parkinson y a malformaciones fetales

¿Cómo es posible que una autonomía vitivinícola de excelencia como La Rioja acabe de levantar este agosto el veto al glifosato? ¿Cómo que la España de gobierno progresista PSOE-Sumar no lo prohíba pese a la propuesta del grupo de Yolanda Díaz? ¿Cómo que la Unión Europea ampliara en 2023 su uso hasta el 2033 cuando la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (OMS-ONU) lo considera “probable carcinógeno”? ¿Por qué España sigue entre los perpetuadores del uso de este veneno en nuestros campos frente a países que aplican restricciones como Alemania, Francia, Austria, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo?

Es una posición intolerable cuando los efectos nocivos para la salud ya han quedado establecidos por sentencias como la de este mismo marzo por la que un jurado popular de Georgia (EEUU) ya ha condenado al grupo alemán Bayer, productor del herbicida con glisofato Roundup, a indemnizar con 2.065 millones de dólares (1.900 millones de euros) a un afectado por cáncer y han quedado evidenciados también por las indemnizaciones millonarias que Bayer-Monsanto paga desde 2020, pese a no reconocer sus efectos cancerígenos.

Protegernos del imperialismo agrícola

Después de que 150 organizaciones pidieran al presidente Pedro Sánchez que votara contra la ampliación de uso por una década del glisofato en la UE, lo que la parte socialista del Gobierno español desoyó, a finales de 2024 Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología y otras entidades se reunieron con el Ministerio de Agricultura y le pidieron que, al menos, España cumpla el Reglamento 2023/2660, que insta a los estados a “reducir al máximo o prohibir los usos no agrícolas del glifosato en zonas sensibles”, algo que podría rebajar en un 70% la presencia de este veneno.

Cuatro macroempresas, Bayer-Monsanto, BASF, Syngenta-Chem China y Corteva, controlan hoy el 70% de los pesticidas y casi el 60% de las semillas cuando hace 25 años sólo manejaban el 30%-20%. Una amenaza silenciada de la que no nos protege ningún ejército ni gasto militar

Empezar por quitar este contaminante, no solo relacionado con el cáncer, sino también con el Parkinson y las malformaciones fetales, de esas “zonas sensibles” que la normativa específica como parques y jardines públicos, campos de deporte y áreas de recreo, espacios escolares y de juego infantil, así como de las inmediaciones de centros de salud y hospitales es un objetivo más que razonable, necesario y urgente para proteger a la gente.

Claro que el poder político, los representantes de los intereses ciudadanos, topan con una fuerza enorme y bien camuflada de la que solo algunos hablan: el imperio agrícola mundial, esas empresas Bayer-Monsanto, BASF, Syngenta-Chem China, Corteva, cuatro manos, que controlan ¡el 70% de los agroquímicos/pesticidas del planeta y el 57% de las semillas (solo Bayer tiene el 23%)! Hace 25 años poseían el 29% y 21%, respectivamente. Amenazas invisibles de las que no nos defiende hinchar los presupuestos bélicos; amenazas silenciadas por quienes no quieren que veamos la señal de alerta de la desaparición de los insectos.

El Parlamento de La Rioja, con los votos a favor del Grupo Parlamentario del PP, ha aprobado, en sesión plenaria, la modificación de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja, que incluye la eliminación de la protección autonómica del lobo y de la prohibición del glifosato. PSOE y Podemos-IU han votado en contra, y los dos diputados de Vox se han abstenido.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha defendido que esta nueva ley “está adaptada a la realidad territorial y que promueva el equilibrio entre la conservación y protección de nuestros recursos naturales y el desarrollo económico”. Ha justificado el cambio aludiendo a “tres modificaciones sobre un texto inicial que se presentó incompleto y con serias discrepancias durante la pasada legislatura” y ha criticado que el texto actual “incluyera restricciones absurdas que afectaban gravemente al interés general y que invadían competencias de otras administraciones”.

“Desarrollo rural, patrimonio, urbanismo, estadística o salud podrán volver a liderar las políticas vinculadas a sus ámbitos competencias desde el respeto al medio ambiente”, ha resaltado. Con la modificación de la Ley se subsana una cuestión “vital” para el sector ganadero riojano, ha dicho en referencia a la eliminación de la protección del lobo. “A partir de ahora, los ganaderos riojanos dispondrán de una herramienta más para defender sus rebaños frente al lobo, y podrán seguir recibiendo indemnizaciones por daños sufridos como consecuencia de ataques, aún sin pertenecer a la Reserva regional de Caza”, ha destacado la consejera.

También se retira la “injustificada prohibición”, tal y como lo ha considerado, a empresas de mantenimiento de carreteras y a ayuntamientos del uso de glifosato, que se regulaba sin haber tenido en cuenta que es un producto autorizado por la Unión Europea.

La consejera ha afirmado, al cierre de su intervención, que “a partir de hoy, esta ley dejará de ser confusa y comenzará a ser útil para todos los riojanos: los ganaderos, los agentes forestales, los agricultores, los cazadores, los ecologistas, los ambientólogos, los ayuntamientos y las empresas, los vecinos de pueblos y de ciudades; para los ciudadanos de ahora y para las generaciones futuras”.

Desde el Gobierno de La Rioja “se trabaja para legislar desde la realidad de nuestro territorio, lejos de extremismos innecesarios, y buscando un equilibrio entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente. Esta tercera modificación de la ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja es un claro ejemplo de que es posible hacerlo”, ha asegurado la consejera Noemí Manzanos.

Una vez aprobada en el Parlamento de La Rioja la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, la Dirección General de Medio Natural y Paisaje va a desarrollar una nueva orden de vedas para incluir al lobo como especie cinegética y “controlarlo de manera eficaz para conseguir la coexistencia con la ganadería”.

La oposición dice que la ley “es un ataque directo a la protección del medio ambiente”

El diputado del Grupo Parlamentario de Podemos-IU, Carlos Ollero, en el debate, ha criticado el “poco respeto al trabajo parlamentario del Gobierno riojano, al anunciar, en el Consejo de Gobierno, antes, incluso de la convocatoria de este pleno, que se iba a aprobar la modificación de Ley”.

Ha dicho que su formación estaba “radicalmente en contra” de dicha modificación porque “significa una derogación, de facto, del conjunto de la Ley, así como supone un ataque directo a la protección del medio ambiente, de nuestro paisaje, y de nuestra biodiversidad”. “Los objetivos reales de la propuesta son desactivar la protección que otorga lo que era una de las leyes más avanzadas y defender los intereses de la agroindustria y no los de nuestros ganaderos”, ha añadido, no sin asegurar que “se abre la veda para la desprotección de la biodiversidad en La Rioja”.

A continuación, el diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Héctor Alacid, ha lamentado “el cambio de tramitación” de la modificación de la Ley al “imponer el PP su rodillo totalitario y abuso de su mayoría absoluta”. No obstante, ha afirmado que “lo primero que tenían que haber hecho es derogar todas las leyes ideológicas y sectarias que fueron aprobadas por el Gobierno anterior”. El parlamentario de Vox ha recordado que la Ley que se va a modificar contaba con aspectos que “nunca debieran haber contenido” como el uso del glisofato y la protección del lobo.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús María García, la propuesta “es derogatoria, desprotectora y va en contra de su título”, al tiempo que ha asegurado que “hubiera sido más honesta la derogación completa, porque deja sin contenido una ley calificada por los experto como pionera y como excepcional para la conservación de la biodiversidad y el paisaje”.

Ha destacado que el Ejecutivo está siendo “el más lesivo contra la naturaleza en La Rioja”, al tiempo que ha lamentado que no se hayan incluido en la modificación “ninguna enmienda” del resto de grupos parlamentarios.

Por el Partido Popular, su parlamentario Diego Bengoa ha manifestado que “se trata de una ley equilibrada, que huye de los extremos y que pone en el centro algo que muchos olvidan, la gente que vive, trabaja y cuida el medio rural riojano. Y con su aprobación -ha enfatizado- el Gobierno asume su responsabilidad patrimonial, porque habrá prevención, compensación y gestión. Ninguna especie queda desprotegida ni ningún hábitat queda en el olvido. Sustituimos un listado inmóvil, rígido y obsoleto por otro dinámico, actualizable y técnico”.

Ha apuntado que ha recordado que “cuando en 2023 se aprobó la Ley de Biodiversidad, se hizo desde una visión excesivamente ideológica. Se invadieron competencias, se duplicaron normas y, lo peor de todo, se olvidaron de quienes viven en nuestros pueblos”. “Pero hoy corregimos eso y lo hacemos sin renunciar a la protección de nuestro medio ambiente”, ha concluido.

El Gobierno de La Rioja ha presentado un anteproyecto que modifica la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja, que recoge como principales novedades la eliminación de la prohibición del uso del glifosato y de la “sobreprotección” autonómica del lobo, aspectos ambos que recogía la ley impulsada por el Gobierno del PSOE y aprobada hace dos años.

Sobre la autorización del glifosato, el actual Gobierno de La Rioja ha considerado como “deficiencias notables” la prohibición de su uso que se recoge en la ley actual. La Rioja fue pionera en la prohibición de este herbicida, que es legal en España, aunque algunos países como  Austria, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Alemania cuentan con regulaciones parciales tras los estudios que advertían de que era cancerígeno para seres humanos y las peticiones de organizaciones ecologistas.

No obstante, tal y como ha recordado el Gobierno de La Rioja, la Comisión Europea ha renovado la autorización para el uso de esta materia activa hasta el 15 de diciembre de 2033“ y por ello, defienden que ”la administración riojana no puede prohibir su uso a otras administraciones públicas o empresas“, según ha incidido la consejera. 

La modificación de la ley sustituirá el ‘Listado Riojano de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial’ se sustituye por la de ‘Registro Riojano’ para “una mejor comprensión”, ya que “se trata de una relación de especies que entendemos se verá sometida a evolución a lo largo del tiempo, con la inclusión o exclusión de las mismas, en función de su grado de protección”. En este sentido, Manzanos ha expuesto que es “más correcto este término, porque un registro es algo vivo que puede adaptarse según las necesidades”.

Y, además, se ha excluido de este registro al lobo ibérico, para que “deje de estar sobreprotegido” con el objetivo de que “los ganaderos puedan gestionar” su presencia. El lobo sigue estando protegido por su inclusión en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE), pero el Gobierno de La Rioja ha dicho buscar con esta parte de la nueva ley que “en el caso de que el Ministerio para la Transición Ecológica decida retirar la protección especial, esto no sea impedimento”, así como ha dicho “confiar en que finalemente ocurra”.

La consejera Noemí Manzanos ha defendido la necesidad de modificar esta ley para, ha dicho, “sea una noma útil y sirva realmente para lograr una verdadera conservación y protección de nuestros recursos naturales, impulsando la sostenibilidad ambiental, sin invadir competencias de otras administraciones (Gobierno de España e instituciones comunitarias) ni colisionar con normativas de carácter sectorial”. 

La propuesta legislativa “corrige defectos, errores y carencias de la norma en vigor introduciendo varias modificaciones imprescindibles,” según ha explicado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, en la rueda de prensa. Tras revisar en profundidad un texto inicial sobre el que se han realizado dos modificaciones necesarias para “evitar cualquier atisbo de inconstitucionalidad o conflicto de competencias entre administraciones, órganos y unidades administrativas”, este aún resultaba “incompleto y lleno de incoherencias”. 

Tras completar estas dos modificaciones, la de marzo de 2023 y la posterior de diciembre de 2024, el Título I de la Ley, que recoge la integración de los principios de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad en diferentes actuaciones sectoriales (estadística, ordenación del territorio, actividades agropecuarias o forestales, cinegéticas y piscícolas…), “queda carente de sentido, y el contenido de sus artículos entra en colisión con normativa sectorial propia, tanto a nivel nacional como regional”. Por esta razón “se ha eliminado íntegramente en este anteproyecto que hoy se ha aprobado en Consejo de Gobierno”.

Aunque en España se analiza poco la presencia de insecticidas, herbicidas o fungicidas en lo que comemos, la Agencia Española Alimentaria (AESAN) halló hasta 106 tipos diferentes de plaguicidas en los alimentos que llegan a los consumidores, según la recopilación de datos hecha por Ecologistas en Acción.

Con datos de 2022, de los 106 plaguicidas que se han detectado, hay 59 considerados disruptores endocrinos y otros 32 productos que no están permitidos (porque son muy tóxicos) que llegan muchas veces por autorizaciones de uso excepcional.

Los resultados del análisis de los datos oficiales que ha presentado este miércoles Ecologistas revelan que los alimentos más contaminados son las frutas y verduras, en las que un 43% de los productos analizados presentó plaguicidas, muy por delante de los cereales, con un 9%.

En el grupo de los tomates se han hallado 31 plaguicidas (19 posibles disruptores), en las manzanas 22 fitosanitarios, en las naranjas otros 22, igual que en las mandarinas. En las lechugas seleccionadas se encontraron 21 productos químicos.

“En el top de alimentos con más plaguicidas siempre están los más utilizados, los que se pueden comprar todo el año porque están disponibles en las estanterías”, apostilla el responsable del trabajo, Koldo Hernández.

Lógicamente, a los cultivos no se les aplica una única sustancia así que, una misma pieza puede presentar un cóctel químico: se han analizado alguna perascon nueve tipos de plaguicidas, una mandarina con ocho y algún tomate también con ocho productos.

Este control de plaguicidas, obligatorio por la legislación europea, es, a juicio de esta organización, muy poco exhaustivo. Desde luego si se compara el nivel de análisis en España con el resto de la Unión Europea, parece que es así.

España está a la cola en muestras analizadas por 100.000 habitantes con 3,61. Muy lejos del máximo de la UE, Bulgaria, que analizó más de 200. Tampoco se está cerca de las otras potencias agrícolas de la Unión: Alemania controla 22 alimentos por cada 100.000 habitantes, Francia unas 19 muestras e incluso Portugal analiza más de nueve.

En este sentido, en España no se ha buscado, por ejemplo, Glifosato, el herbicida más extendido, vendido y utilizado tanto por privados como las administraciones públicas. “De 30 países que participan en estos análisis, 25 sí buscaron glifosato, un producto que está en un tercio de los ríos y acuíferos españoles”, remata Hernández para ilustrar el bajo nivel de análisis en España.

España es una potencia agrícola en Europa. Y está a la cabeza en la venta y uso de plaguicidas. De hecho, ha encabezado la lista de la UE en 2020 y 2021. En 2022 ha pasado a ser segunda, por detrás de Francia. Ese año hubo un descenso generalizado en el uso de pesticidas y España, en particular, vio caer mucho el volumen: se pasó de 76 a 56 millones de kilos en un año. “Se debió en gran parte al incremento de los precios”, dicen los ecologistas.

España está a la cabeza de ventas de plaguicidas en Europa. Ha encabezado la lista en 2020 y 2021 y fue la segunda en 2022. En 2022 hubo un descenso generalizado, según reflejan las tablas de Eurostat, en el uso de estos productos “debido en gran parte al aumento de precios”, explican los ecologistas: se pasó de 76 a 56 millones de kilos.

El uso intensivo de pesticidas en la UE durante mucho tiempo ha hecho que los suelos en los que se aplican presenten ahora niveles de tóxicos mucho más elevados de lo que se había previsto y calculado a la hora de autorizar el uso de esos productos. Los resultados del estudio muestran que casi todos los suelos europeos contienen mezclas de residuos de pesticidas y que la manera de calcular su presencia puede no ser fiable“, concluyó el estudio de la Universidad de Wageningen que reveló esas concentraciones inesperadamente elevadas.

De todos esos pesticidas detectados en alimentos en España, en muy pocas ocasiones las cantidades del compuesto incumplían los máximos permitidos por la normativa. Apenas un 0,6%. “Pero el límite máximo es el mismo para los adultos hombres y mujeres, que para los niños y los ancianos”, contrapone Koldo Hernández. Además, una cosa es la regulación y otra la ciencia: no hay dictamen sobre la acumulación en el tiempo de estos productos ni sobre el efecto combinado de estar expuesto a varios tóxicos a la vez. “Nadie está expuesto a uno solo”, dice Hernández. “¿Cómo se evalúa el efecto combinado de 50 sustancias? Vivimos en una ficción que nos da seguridad”, remata.

La farmacéutica y química alemana Bayer ha subido casi un 10% en las primeras horas de cotización en la Bolsa de Frankfurt este viernes, tras una sentencia favorable en un caso sobre el herbicida Roundup en Estados Unidos. Las acciones de la empresa se han revalorizado en un 9,88 % pasadas las 9:00 locales de este viernes, hasta los 28,87 euros por título, según datos del mercado recogidos por la agencia EFE.

La farmacéutica, que cotiza en el DAX 40, ha experimentado esta subida después de que un tribunal federal de apelaciones del Estado de Filadelfia (EEUU) rechazara ayer, jueves, una reclamación que alegaba que Monsanto, propiedad de Bayer, había vulnerado la legislación de ese estado.

Según recogen varios medios alemanes, el demandante, David Schaffner, alegaba que Monsanto se había saltado la ley al no añadir una advertencia sobre el riesgo de cáncer en la etiqueta del producto. Schaffner y su esposa presentaron cargos contra Monsanto en 2019, después de que a Schaffner le diagnosticaran en 2006 un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer del tejido linfático.

Sin embargo, en su sentencia, el juez ha asegurado que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas estadounidense requiere uniformidad a nivel nacional en las etiquetas de pesticidas y prohíbe a los estados imponer requisitos adicionales, por lo que ha desestimado la acusación particular.

Tras la adquisición de Monsanto por 63.000 millones de dólares, la farmacéutica alemana ha hecho frente a múltiples reclamaciones legales después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelase que el glifosato, el ingrediente principal en Roundup, podría ser cancerígeno.

Bayer ha reservado hasta 16.000 millones de dólares —14.553 millones de euros— para hacer frente a más de 100.000 casos relacionados con Roundup, que adquirió cuando compró Monsanto por 63.000 millones de dólares —57.304 millones de euros—.

En 2023, Bayer perdió 2.941 millones de euros y redujo su facturación un 6,1 % respecto al año anterior, en parte por los litigios y sus altos niveles de endeudamiento, según sus resultados publicados el pasado mayo.

Ante estas cifras, la compañía ha anunciado que durante los próximos tres años se centrará en construir una sólida cartera de productos, abordar litigios, reducir la deuda y realizar despidos sustanciales para ahorrar 2.000 millones de euros anuales a partir de 2026.

Un rastro tóxico infiltrado mucho más de lo previsto. La agricultura “convencional” deja en los suelos concentraciones inesperadamente altas de los pesticidas que utiliza para su producción. Muy por encima de lo estimado para autorizar esos compuestos, según ha medido in situ un equipo de investigadores de la Universidad de Wageningen en Países Bajos.

Poco tiempo después de que la Comisión Europea decidiera retirar el proyecto de ley para reducir a la mitad la aplicación de pesticidas en 2030, esta investigación muestra cómo las evaluaciones para permitir la aplicación de fitosanitarios “no son lo precisas que deberían” además de “infravalorar” la persistencia en el medio ambiente de estos productos, describen en el trabajo publicado en Environmental Science and Technology.

“Los resultados del estudio muestran que casi todos los suelos europeos contienen mezclas de residuos de pesticidas y que la manera de calcular su presencia puede no ser fiable”, describe este equipo.

El trabajo ha estudiado el suelo de diferentes ubicaciones europeas –en España fue en el Campo de Cartagena–. De los 207 casos que analizaron, el 41% presentó concentraciones del pesticida más allá de lo esperable, en otro 16% ese umbral se rebasó entre dos y siete veces, en otro 7,5% la superación varió entre siete y diez y en un 4,5% se fue por encima de las diez veces.

“La comparación [entre la previsión y los valores reales] indica que la presencia esperable de pesticidas en un suelo, que se calcula de acuerdo a los dossieres de autorización de la sustancia, arroja estimaciones imprecisas sobre la concentraciones de estas sustancias en el medio ambiente”, subrayan los científicos. Es decir, que las mediciones en el campo son bastante mayores que lo que deberían ser si los cálculos aplicados a los permisos de uso de pesticidas fueran realmente precisos.

El estudio –que fue financiado por el proyecto Sprint de evaluación de los pesticidas en el medio ambiente y la Unión Europea– también muestra que las concentraciones detectadas en fincas de agricultura orgánica (frente a las convencionales) son unas cinco veces inferiores: 5,4 mg/kg frente a 28 mg/kg.

De hecho, los investigadores hallaron mezclas de pesticidas actualmente legales en un 89% de las fincas de agricultura convencional y en un 38% de las explotadas en régimen ecológico. “Una diferencia sorprendente”.

El trabajo ha encontrado “diferencias significativas” en las concentraciones de residuos según el sistema de explotación de las fincas en España, Francia, Hungría, Países Bajos y Portugal. “En todos estos países las muestras de explotaciones convencionales mostraron concentraciones significativamente más altas”.

Estos análisis subrayan la importancia de afrontar el tema de los residuos de pesticidas tanto para la salud de los humanos como del medio ambiente, más si cabe si se tiene en cuenta que las evaluaciones de cada producto se hacen por separado sin atender al efecto cóctel que detectan las investigaciones: los efectos combinados de varios pesticidas que quedan en los suelos pueden suponer un riesgo mucho mayor.

“Es difícil la transición lejos de los pesticidas sintéticos en el actual sistema de alimentación que está estructurado en torno al uso de estos productos y genera una gran presión en los agricultores para que sigan confiando en ellos”, analiza la coordinadora del proyecto Spring e investigadora sobre Física del Suelo y Gestión del Territorio, Violette Geissen.

La primera ley verde que saltó por los aires

Efectivamente, la producción mundial de alimentos se ha disparado al amparo del uso de pesticidas (llamados productos de protección de las plantas: PPP). El mercado global de estos fitosanitarios ha pasado de un valor global de 20.000 millones de dólares en 1990 a 40.000 millones.

El sector aplica ahora un 80% más de plaguicidas que en 1990. Actualmente se usan alrededor de cuatro millones de toneladas. La mitad de ellas son herbicidas, un tercio insecticidas y un 17% se utilizan contra hongos. En América del Sur superan los 1,2 millones de toneladas, en Asia rebasan el millón y en Europa más de 400.000, según los últimos datos de la FAO.

En los países de la Unión Europea se han utilizado entre 325.000 y 400.000 toneladas de pesticidas cada año desde –al menos– 1990. España, junto a Francia, Alemania e Italia, registra los mayores volúmenes (el cuarteto supone más de la mitad de la producción agrícola de la UE).

Así que el crecimiento de la producción ha ido de la mano del uso intensivo de pesticidas, lo que ha supuesto preocupaciones sobre la contaminación de los suelos por la acumulación de estos residuos y sus efectos adversos en los ecosistemas “incluso en las dosis recomendadas” –como recuerdan los autores del estudio–.

Sin embargo, la primera ley verde que ha saltado por los aires por las protestas en la calle del sector agrícola antes de las elecciones europeas y la consiguiente presión de la derecha y ultraderecha políticas fue el proyecto de directiva europea sobre Uso Sostenible de Pesticidas (la denominada SUR).

La propuesta de norma iba a obligar a reducir el uso de pesticidas en un 50% para el año 2030 respecto al promedio 2015-2017. Esa media ronda las 360.000 toneladas, lo que implica que el máximo para el final de la década se situaría en unas 180.000 toneladas al año. Muy lejos de lo que han declarado los estados miembro para 2022: un consumo de 322.000 toneladas de pesticidas.

La organización Corporate Europe calculó que las principales organizaciones empresariales de pesticidas se habían gastado más de 40 millones de euros para influir durante las negociaciones de la directiva.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (que repetirá en el cargo) explicó al anunciar la retirada de su proyecto: “La regulación tenía el digno objetivo de reducir los riesgos de los productos químicos fitosanitarios. Pero la propuesta SUR se ha convertido en un símbolo de polarización”. Y la ley se fue al cajón.

“Es llamativa la falta de objetivos legalmente vinculantes para la reducción de los residuos de pesticidas”, comenta la investigadora sobre políticas agrícolas y del uso del suelo del Ecologic Institute, Antonia RIedel. “La retirada del proyecto de directiva”, añade, “ enfatiza la necesidad de conseguir enfoques integrados para rebajar la dependencia que hay de los pesticidas”.

También en el agua, aunque esté protegida

Esta semana, una investigación llevada a cabo por distintos centros del CSIC ha revelado la presencia generalizada de pesticidas en los parques nacionales de Doñana y las Tablas de Daimiel. Los análisis en ambos humedales encontraron residuos tanto en el agua como en los sedimentos de los espacios protegidos. “Varios de ellos prohibidos desde 2009 en la UE”, aclaran. Si bien la presencia en el terreno puede deberse a su larga persistencia, hallarlos en el agua “nos estaría indicando un uso reciente”, advierten los investigadores.

Precisamente un análisis del Ciemat español sobre pesticidas y ecosistemas acuáticos situados en zonas de agricultura y ganadería intensivas en Europa acaba de explicar que la “contaminación está ampliamente extendida”. El producto más detectado en cursos, charcas o canales fluviales fue el glifosato, junto a la terbutilazina.

En todas las masas de agua dulce en las que miraron encontraron pesticidas, de los que un tercio son considerados altamente peligrosos, ya sea por su peligro para la salud humana o su potencial tóxico para el medio ambiente. A la luz de los resultados, estos científicos afirman: “Se hace urgente la necesidad de más control y regulación para minimizar los efectos nocivos en los cursos de agua y la salud”.

La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo junto al Área de Tóxicos de Ecologistas en Acción y la Universidad de Budapest ha realizado un estudio a nivel europeo para determinar niveles tóxicos del glifosato en el entorno del Mar Menor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya calificó este herbicida como cancerígeno para los seres humanos.

El límite de glifosato permitido es de 0,1 ug/L para aguas superficiales (Norma de calidad ambiental acorde con el Anexo 5 de la propuesta europea). Por su parte, aunque el AMPA (el ácido aminometilfosfónico es el principal metabolito del herbicida glifosato y otros fosfonatos) no cuenta con regulación a nivel europeo, también ha sido identificado como contaminante específico de cuenca en los Planes Hidrológicos en los que se ha establecido una Norma de Calidad Ambiental, de 1,6 µg/L para las aguas superficiales.

En el entorno del Mar Menor analizado -aseguran desde la Asociación- se ha encontrado una concentración de glifosato y de AMPA que supera el doble del límite permitido, en el canal perimetral de San Pedro del Pinatar que vierte al Mojón, en las zonas de protección del Mar Menor y en un canal que tiene filtraciones a la playa de Villananitos en el Mar Menor. En el caso del glifosato, se han detectado niveles de 0,4 ug/L (cuadriplica el nivel permitido) y de 3,4 ug/L de AMPA en la rambla del Albujón, duplicando los máximos legales.

El uso del glifosato tiene “graves” impactos en el medio ambiente, ya que contamina los suelos y el agua e impacta gravemente en el ecosistema agrario y marino al recibir los aportes de éste con las lluvias. Los niveles encontrados en las muestras recogidas en octubre de 2022 en la rambla del Albujón y en el Canal Perimetral de San pedro del Pinatar, superan con creces los límites legales permitidos.

La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo como parte de un grupo de 150 asociaciones ha remitido una petición al presidente del Gobierno de España solicitando que apoye de manera decisiva y sin fisuras la transición hacia una agricultura libre de agrotóxicos.

Guardianes del Mar Menor

Por otra parte, una guardiana del Mar Menor, miembro de la Asociación, denunció ese nivel de presencia del glifosato en la comandancia de la Guardia Civil el pasado miércoles 8 de noviembre. Hay que resaltar que la Unión Europea lleva más de un año sin llegar a un acuerdo sobre la renovación del permiso de utilización del glifosato, con Alemania y Francia en contra de su autorización. “Exigimos a las autoridades del país que rechacen el uso de dicho herbicida y a las autoridades de la Región que tomen medidas por las repercusiones que tiene el uso de este producto en áreas de la agricultura y de las propias áreas urbanas”, señalan en su comunicado.

En Bruselas, el pasado 16 de noviembre, la Comisión Europea renovó por 10 años la autorización del polémico herbicida. No hay acuerdo entre los estados miembros para prohibir o permitir su uso, y tampoco hay productos alternativos eficaces contra las malas hierbas. Por eso el Ejecutivo comunitario ha optado por una prórroga. Aun así, cada país podrá limitar su uso en el sector agrario.

Todo apunta a que Bruselas tendrá la última palabra. La Comisión Europea ha planteado una extensión de diez años para el uso del glifosato –el herbicida más utilizado en el mundo, fundamentalmente para acabar con las malas hierbas, y que acumula indemnizaciones multimillonarias por sus efectos perjudiciales–, pero no logra el respaldo suficiente de los 27 (un 55% de los estados miembros que representen el 65% de la población comunitaria). A mediados de este mes habrá una nueva oportunidad y, si no se alcanza ese quorum, el gobierno que preside Ursula von der Leyen tomará una decisión antes del 14 de diciembre, fecha en la que vence el actual periodo para la comercialización del fitosanitario inventado por Monsanto (ahora propiedad de Bayer).

La Comisión Europea planteó en julio una prolongación de una década del uso del glifosato después de que la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria (EFSA) descartara “áreas críticas de preocupación” en un informe en el que, no obstante, admite haber “identificado algunas lagunas de datos”.

La propuesta contiene limitaciones para el empleo de esa sustancia –por ejemplo, un máximo de 1,44 kilogramos por hectárea al año para el uso agrícola– así como medidas de mitigación de riesgos en las zonas en que se aplique, como el establecimiento de bandas de protección de entre cinco a diez metros y el uso de equipos que eviten la deriva del producto por el viento.

España, a través del Ministerio de Agricultura, se ha mostrado a favor de la ampliación, pero la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sí abrió la puerta a la prohibición

España, a través del Ministerio de Agricultura, se ha mostrado a favor de esa ampliación bajo la premisa de que no hay contraindicación por parte de la EFSA. No obstante, hay distintas sensibilidades dentro del Gobierno. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sí abrió la puerta a la prohibición, y Unidas Podemos se ha posicionado claramente en contra del uso de esa sustancia, que cuenta con un importante rechazo de las organizaciones medioambientales.

A favor y en contra

La campaña Stop glifosato tuvo un importante impacto en países como Francia o Alemania. Ambos se abstuvieron en la votación de mediados de octubre, lo que en la práctica computa como un voto en contra. Por eso ni el apoyo a la propuesta ni su rechazo contaron con el respaldo suficiente y ahora hay una segunda ronda en el Comité de Apelación.

El argumento del Gobierno de Emmanuel Macron es que su apuesta es restringir el uso del glifosato y utilizar alternativas cuando sea posible. Así, no consideran que la propuesta de Bruselas vaya en esa dirección. En el caso de Alemania, Los Verdes (que están al frente del Ministerio de Agricultura) quieren prohibir el glifosato en contra del criterio de los liberales (también en el Gobierno), por lo que optaron por la abstención. 

La tendencia a nivel mundial camina hacia la eliminación del glifosato, como en México y Colombia. Madrid y Barcelona dejaron de usarlo en sus jardines hace unos años

La división también fue palpable en la Eurocámara, que rechazó por 40 votos (PPE, liberales y extrema derecha) frente a 38 (socialdemócratas, verde e izquierda) y seis abstenciones, una propuesta para prohibir esa sustancia objetando a la propuesta de la Comisión. Una propuesta que, por otra parte, organizaciones agrícolas ven insuficiente porque aspira a una ampliación de una década y no de 15 años, que es el periodo habitual. 

La tendencia a nivel mundial camina hacia la eliminación del glifosato. México, por ejemplo, legisló en esa dirección y Colombia anuló las fumigaciones aéreas con esa sustancia para acabar con las plantaciones ilegales de coca. A otro nivel, varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona, dejaron de usar ese herbicida en sus jardines hace unos años.  

Causas por cáncer o malformaciones

“El uso del glifosato conlleva graves problemas de contaminación, por su toxicidad para el medio ambiente y para la salud humana”, señalan Koldo Hernández y Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, en un artículo en elDiario.es. “En 2015, un informe de la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC) concluyó que existían suficientes datos en estudios para establecer una relación entre la exposición al glifosato y el cáncer en animales. Desde entonces, las evidencias científicas de los perjuicios del uso de esta sustancia no han dejado de crecer. Por ejemplo, el pasado mes de marzo Pesticide Action Network Europe publicó un informe que concluye que el glifosato es tóxico para las abejas y otros insectos”, agregan.

Bayer llegó en 2020 a un acuerdo con el despacho de abogados que representaba a miles de personas que se consideraban víctimas de su producto por un valor de 11.000 millones de euros, a pesar de que niega que tenga efectos cancerígenos

“Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos: está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos”, advierten en Greenpeace. 

La Organización Mundial de la Salud declaró en 2015 el glifosato como “probablemente cancerígeno” para los seres humanos en base a la evidencia científica de la aparición de tumores en animales expuestos. Sin embargo, la UE rebajó la advertencia, a través de la EFSA, que aseguró que “es improbable que suponga un riesgo carcinogénico en humanos”.

A pesar de que no existen informes concluyentes, se acumulan decenas de miles de demandas judiciales por los efectos adversos de esa sustancia, fundamentalmente como causante de cáncer. Bayer llegó en 2020 a un acuerdo con el despacho de abogados que representaba a miles de personas que se consideraban víctimas de su producto Roundup por un valor de 11.000 millones de euros, a pesar de que niega los efectos cancerígenos del producto.

Uno de los últimos casos se ha hecho público en Francia, que ha reconocido un “posible vínculo de causalidad” entre las malformaciones de nacimiento de un bebé y el uso profesional de glifosato por su madre antes de saber que estaba embarazada

En Estados Unidos la compañía ha perdido alguna batalla judicial, si bien ha ganado otras. Una de las derrotas más sonadas fue el rechazo de la apelación por la sentencia que le condenaba a pagar 25 millones de dólares a Edwin Hardeman, que atribuía el cáncer que padecía al uso que hizo del herbicida Roundup durante 26 años sin aviso de que era cancerígeno. También fue multada por publicidad engañosa al anunciar su producto como seguro “sin aportar pruebas suficientes”, según recogió la Fiscalía General de Nueva York. 

Uno de los últimos casos se ha hecho público en Francia, que ha reconocido un “posible vínculo de causalidad” entre las malformaciones de nacimiento de un bebé y el uso profesional de glifosato por su madre antes de saber que estaba embarazada. El Fondo de Indemnización de Víctimas de los Pesticidas (FIVP), un organismo oficial galo, ha otorgado una indemnización de alrededor de 1.000 euros al mes a Théo Grataloup, que a lo largo de sus 16 años de vida ha tenido que someterse hasta a 54 cirugías por las graves malformaciones de la laringe, el esófago y varios órganos, que obligaron a reconstruir sus sistemas digestivo y respiratorio. 

Con esos precedentes, y sin una conclusión científica clara, la UE tiene que tomar una decisión sobre la prolongación del uso de ese pesticida. La división no es nueva y se remonta al menos al año 2015, cuando ya se puso cuesta arriba aprobar la primera ampliación. Tras dos años de negociaciones y prórrogas, los 27 aprobaron una extensión hasta 2022 gracias, entonces, al viraje desde la abstención al “sí” de Alemania. Ese periodo concluyó el pasado mes de diciembre y se acordó una ampliación que caduca ya. Si no hay mayoría, la decisión corresponde a la Comisión Europea, que tiene bastante presión, aunque sostiene que es una “buena propuesta” con suficientes “restricciones y condiciones”.

Los disruptores endocrinos no son hormonas, y en algunos caso ni siquiera se les parecen en estructura química, pero son compuestos que por sus características, una vez dentro de nuestro organismo, pueden mostrar afinidad especial por los receptores hormonales del cuerpo y así suplantar a las citadas hormonas, alterando sus funciones normales, especialmente a largo plazo.

Se cita como ejemplo la precocidad menstrual en las adolescentes estadounidenses por culpa del consumo de leche industrial, que contiene una elevada carga hormonal. Se cree que las hormonas de la leche han adelantado la regla a las niñas. Pero existen muchos otros casos no tan evidentes, si bien posiblemente más graves a largo plazo, como la incidencia de determinados disruptores en el cáncer de mama y de próstata, en la pérdida de fertilidad, en determinados daños cerebrales -se estudia su relación con el mal de Alzheimer-, en la obesidad o incluso en la diabetes, puesto que estas sustancias tóxicas podrían estresar al páncreas dándole señales falsas para fabricar insulina.

Pero lo más preocupante de estas sustancias capaces de alterar el equilibrio hormonal de nuestro cuerpo es su procedencia y la vía por la que nos llegan. La mayoría de ellas, aunque no todas, tienen su origen en actividades industriales así como en procesos altamente contaminantes, como la combustión de hidrocarburos.

De ahí pueden pasar a los seres vivos por la ingestión de alimentos que los contengan, acumulándose en la grasa y órganos blandos. El modo en el que los disruptores llegan a los alimentos es discutido, pero una de las mayores certezas se tiene respecto a las migraciones desde el plástico de un táper o una botella de bisfenol A, un compuesto muy controvertido, y también se puede citar la presencia de estos compuestos en distintos cosméticos.

Principales tipos de disruptores en alimentos

Los principales tipos de disruptores endocrinos que pueden estar presentes en nuestros alimentos son los siguientes:

¿Hay algún modo de evitarlos?

Se antoja complicado esquivar en nuestra dieta totalmente los disruptores endocrinos, pero sí podemos reducir significativamente su ingesta si tomamos una serie de medidas.

Nuevo macro estudio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre la presencia de pesticidas en productos alimentarios de origen animal, así como en frutas, verduras y hortalizas comercializadas en la Unión Europea, Islandia y Noruega. Los resultados se basan en controles oficiales realizados a lo largo de 2021 por cada estado miembro.

Para llevarlo a cabo, se realizaron durante todo el año controles aleatorios en muestras de los siguientes doce productos: berenjenas, plátanos, brócoli, setas cultivadas, pomelos, melones, pimientos dulces, uvas de mesa, aceite de oliva virgen, trigo, grasa de bovino y huevos de gallina.

Las conclusiones revelan que solo el 3,9% de los productos analizados mostraban cantidades de pesticidas superiores al límite máximo o permitido por la legislación.

Un 5,5% de los productos analizados no mostraron rastros de pesticidas, mientras que el 90,6% mostraron presencia de estos, pero por debajo del límite máximo permitido.

En cuanto al pesticida más detectado fue el óxido de etileno, en el 6,6% de las muestras por encima del límite, así como los diotiocarbamatos y los compuestos de cobre, que se usan como fungicidas.

Los productos analizados con mayor incidencia de pesticidas

Los productos con mayor detección de pesticidas fueron los pomelos (un 9,1% de ellos los presentaban), seguidos de los pimientos dulces, los plátanos, los champiñones, las uvas de mesa, las berenjenas, el brócoli, el trigo, los melones, el aceite de oliva virgen, la grasa de bovino y finalmente los huevos, que no contuvieron pesticidas en ninguno de los casos.

La EFSA concluye que la tasa de incumplimientos va en aumento en berenjenas, plátanos, pimiento dulce y hongos cultivados con pesticidas, según los datos registrados en los controles respecto a 2018 y 2015, años anteriores en los que se realizó el control.

En el caso del pomelo, se produce una subida espectacular de 8,18 puntos porcentuales respecto a 2018 y de 9,1 puntos respecto a 2015, año en que no se detectaron. La EFSA achaca esta subida a la falta de controles en un producto que se importa de fuera de la UE.

Por el lado contrario, brócoli, huevos de gallina, melones, uva de mesa y aceite de oliva han mejorado sus niveles en la serie histórica 2015, 2018 y 2021. Estos datos hacen que los indicadores generales sean de mejora y por tanto la EFSA declare el riesgo de exposición a pesticidas en la UE como bajo. 

Una legislación más dura, un temor más amplio

Esta situación de bajo riesgo no siempre ha sido la misma y en buena parte se debe al endurecimiento de los requisitos para exportar alimentos a la UE, que fijó el Parlamento Europeo.

Pero ya sea por la presión mediática en contra del uso de herbicidas, por un mayor conocimiento de las técnicas agrícolas por parte de los consumidores o por la desconfianza en el origen de los productos que nos genera la globalización, los pesticidas se han vuelto una de nuestras obsesiones.

Estamos en nuestro derecho al exigir unos productos agrícolas que nos lleguen en las mejores condiciones deseables, ya sea en materia de bacterias, virus o pesticidas, pero la realidad es que aunque se les apliquen lavados industriales o preventivos, la mayor parte de los productos de huerta o frutal no pueden garantizarnos un 100% de higiene, por lo que siempre es preceptivo aplicarles una serie de tratamientos que asegurarán la limpieza del alimento en mayor medida. 

El objetivo es eliminar posibles contaminaciones de pesticidas, pero también por bacterias como Eschericia coli, Salmonela, Listeria o Shigella —las más comunes y causantes de intoxicaciones gastrointestinales severas—, así como posibles contaminaciones por Novovirus, en las hortalizas de ensalada.

 La Universidad Estatal de Oregón y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos han elaborado un protocolo de limpieza que se resume en los apartados que vienen a continuación.

La selección, un primer paso

Para empezar a ser precavidos deberemos seleccionar en el lineal del supermercado, en la frutería o la verdulería los productos frescos que no tengan hoyos ni cortes en su superficie, ya que los mismos suponen una ruptura en la la barrera que es la piel del vegetal, en caso se ser un fruto o una hortaliza.

El motivo es que por la herida pueden haber penetrado los pesticidas; no debemos confundir esta precaución con el descarte de la comida fea, que es perfectamente comestible.

Seremos especialmente cuidadosos en la selección de los tomates, las lechugas, las coles, pepinillos, etc., ya que están entre los más susceptibles de tener contaminación química debido a los tratamientos que se les aplican. Aún así no debemos rechazarlos, porque los restos de herbicidas pueden ser perfectamente eliminados. 

Lo siguiente que haremos al llegar a casa es sacarlos de las bolsas y guardar primero los vegetales. Luego nos lavaremos las manos y después sacaremos y guardaremos donde deseemos la carne y el pescado. El objetivo de esta maniobra es evitar contaminaciones cruzadas tanto de gérmenes como de pesticidas desde los vegetales a otros alimentos.

Lavar antes de consumir

Los vegetales, ya los hayamos guardado en la nevera o fuera de ella, solo se lavarán justo antes de su consumo. La razón de este proceder es que si los lavamos justo al llegar a casa de la compra, es muy posible que eliminemos los pesticidas, pero dejaremos la pieza húmeda.

Con ello permitiremos el crecimiento de diversos gérmenes que aprovechen el agua que dejamos entre las hojas o en la superficie del fruto u hortaliza. En cambio, si lavamos justo antes de consumir, no damos tiempo a que haya crecimiento bacteriano. 

Debemos recordar que el pesticida no está en el interior del vegetal, por lo que el lavado superficial será suficiente. No obstante, cada pieza y producto, por sus características, requerirá de su lavado específico.

Por ejemplo, en el caso de lechugas, coles y hortalizas de estructura similar, deberemos descartar las hojas exteriores y tirarlas, pues pueden estar muy contaminadas.

El resto del producto lo deshojaremos y lavaremos con agua corriente asegurando que no queden restos de tierra o productos químicos; el tronco podemos comerlo pero lavado. 

En el caso de espinacas, acelgas, borrajas y similares, cortaremos los tallos y pondremos las hojas en un colador ancho donde dejaremos pasar el agua corriente mientras las frotamos para remover posibles elementos. Es preferible no dejarlas un rato en agua estancada porque se puede producir una cesión de elementos hidrosolubles —vitaminas C, B, folatos, etc.— al medio, con lo que se perderían para su consumo.

La importancia de un buen cepillo

En cuanto a las infructescencias como fresas, frambuesas, moras, etc., deberemos lavarlas en agua corriente pero sin frotarlas con violencia, ya que posibles heridas en su pulpa pueden ser fuente de contaminaciones. En el caso de hortalizas y frutas de piel dura que queramos eliminar, también es mejor lavar la pieza y luego lavarnos las manos antes de pelarla.

Así evitamos que las contaminaciones pasen a nuestras manos y luego a la pulpa. Este consejo vale para peras, melocotones, ciruelas o manzanas, pero también puede ser útil para ajos o cebollas; aunque por su condición de bulbos estarán menos sometidas a contaminaciones por pesticidas.

Finalmente, en el caso de hortalizas y frutos de piel dura que queramos consumir crudos o cocinados pero no pelar, podemos usar un cepillo de dientes de cerdas suaves para eliminar los restos de pesticidas o bacterias adheridas a sus pieles. 

Tal es el caso de las zanahorias, los rábanos —al ser raíces tampoco suelen ser fuente de grandes contaminaciones por pesticidas— o el apio. Pero también de las patatas que queramos hervir con piel o especialmente de las judías que vamos a cocinar con vaina. Si pensamos comer melón o sandía y sujetarla con nuestras manos, también es importante raspar su superficie con un cepillo, en este caso de cerdas firmes. 

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El Valle de Lecrín tiene un problema con el glifosato. Su presencia está muy extendida en esta zona de la provincia de Granada como método para quitar las malas hierbas que pueden crecer en algunos puntos. El problema es que, según diversos estudios no exentos de polémica, se trata de un herbicida perjudicial para la salud por ser cancerígeno y tener relación causa-efecto con el autismo, la diabetes o el asma. Sin embargo, pese a su potencial peligrosidad, como es el plaguicida más barato y vendido del mundo, muchas corporaciones y propietarios privados los siguen utilizando. En este caso, Ecologistas en Acción alerta de su uso en uno de los valles más importantes de Granada.

Según ha podido comprobar este medio, ayuntamientos de la zona utilizan el glifosato para evitar que crezcan las malas hierbas en las cunetas de las carreteras que con el paso del tiempo acaban dañándolas. Un método rápido y barato que evita que tengan que contratar mano de obra para que las retire de forma tradicional. Barato en lo monetario, pero caro en el coste social que tiene un producto cuyo daño a la salud está descrito por organismos como la Agencia Internacional del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con un estudio publicado en 2015, la IARC sostiene que “hay pruebas suficientes para decir que el glifosato causa cáncer”. Sin embargo, añaden en ese documento, “las autoridades regulatorias que revisan estos datos parecen haberse basado en los análisis realizados por el solicitante del registro”. Es decir, toman como buenos los informes que remiten las propias empresas que comercializan estos herbicidas. “Si las autoridades regulatorias hubiesen realizado un análisis completo sería difícil que no clasificasen al glifosato como carcinogénico”. Por esa razón, el uso de este plaguicida ha provocado tal polémica a nivel internacional que la Unión Europea, de momento, no permitirá su uso desde 2023 y países como Austria ya lo prohíben.

El plaguicida más utilizado

A pesar de ello, el panorama en España es diferente. Su utilización continúa siendo mayoritaria dentro de nuestras fronteras lo que, según los ecologistas, pone en peligro la salud de la población. José Terrón, miembro de Ecologistas en Acción Granada, asegura que “supuestamente se usa solo en el talud de la carretera, pero algunas de estas zonas están muy próximas a las acequias por lo que el agua se acaba contaminando”. “Está afectando incluso a los ecosistemas marinos”. Además, advierte de que hay agricultores que utilizan este herbicida para limpiar sus tierras de malas hierbas con lo que las frutas, verduras y hortalizas que crecen posteriormente pueden llegar a contaminarse.

La incidencia negativa de este herbicida en la salud de las personas se ha demostrado en diferentes estudios que apuntan a que el glifosato disminuye la calidad de los espermatozoides, lo que acaba afectando a la natalidad. Un problema que afecta de lleno a la población masculina de España al ser el plaguicida más utilizado de nuestro país. Según José Terrón, el uso del glifosato se ha permitido basándose en “mentiras”. Monsanto, la empresa que lo comercializó de forma exclusiva hasta perder la patente en 1991, llegó a decir que este producto era biodegradable, “pero es completamente falso”. De hecho, la entidad fue condenada en 2007 en Francia por “publicidad engañosa”. Por ello, desde las asociaciones ecologistas presionan a las instituciones para que se persiga su uso.

Frenar su uso

Terrón afirma que “se han presentado escritos ante muchos ayuntamientos pidiendo que no se utilice más”. En el caso concreto del Valle de Lecrín en Granada, el Consistorio que está bajo la lupa de esta organización es el que le da nombre al propio valle. “Como son conscientes de que los extranjeros no toleran la utilización de este plaguicida, y en esa zona hay una población extranjera muy amplia, colocan letreros en los que advierten de que la zona está tratada con un herbicida, aunque sin especificar cuál. Es un eufemismo que usan para no decir que lo están utilizando”. El problema es que su uso no está prohibido, aunque la Unión Europea pretende retirarlo a partir del 2023. Por ese motivo, los ayuntamientos siguen usándolo a pesar de los problemas de salud descritos.

Los ecologistas lamentan que se apueste por este herbicida en lugar de usar otros métodos que no sean dañinos para el medio ambiente ni para la salud de las personas. Por eso, reclaman que las instituciones públicas responsables del cuidado de estos entornos tengan más presencia en los lugares críticos y puedan vigilar que no se haga uso de un producto que es perjudicial a varios niveles. “La Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir saben lo que pasa y no hacen nada”, sostiene José Terrón de Ecologistas en Acción.

Paguicida “reglamentario”

“Hemos mirado todas las denuncias y no se ha producido ninguna por vertido de glifosatos”, explican fuentes de Medio Ambiente. “Su utilización cada vez es menor, pero aún no está prohibida su utilización como herbicida. Por tanto, no podemos dar ninguna información al respecto”. Un argumento al que se adhieren desde la Confederación alegando que el organismo responsable de velar por las competencias de agricultura y medio ambiente corresponde al Gobierno regional. No obstante, dicen desconocer que alguno de los arroyos pueda estar contaminados por este herbicida. Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Lecrín recuerdan que utilizan un plaguicida “reglamentario”. Confirman que utilizándolo “tardan menos” que contratando mano de obra para que retire las malas hierbas y que, de paso, “es un ahorro”.

Ecologistas en Acción y el Grupo Local de WWF en Guadalajara han denunciado que con la nueva campaña de fumigaciones con herbicidas en pueblos y ciudades de esta provincia “incumplen la normativa y vulneran el principio de precaución”. Recuerdan que Guadalajara y Cabanillas del Campo, entre otros municipios, están utilizando glifosato en calles, parques y polígonos industriales. 

“Los ayuntamientos comienzan a impregnar nuestros pueblos y nuestras ciudades de herbicidas, vertiendo decenas de miles de litros pese a la existencia de otras alternativas y el principio de precaución”, señalan estas organizaciones ecologistas que advierten del “incumplimiento reiterado” del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre sobre el uso sostenible de los fitosanitarios, establece que se debe comunicar, señalizar y delimitar las zonas donde se apliquen los fitosanitarios.

Entre otras medidas el Real Decreto obliga a avisar con una antelación mínima de ocho días el lugar y fecha exacta de la realización del tratamiento para que los viandantes y las mascotas no inhalen o digieran esos productos considerados probablemente cancerígenos y disruptores endocrinos.

En el caso de residencias de mayores o centros educativos, los directores de los centros deben tener conocimiento de su aplicación para tomar medidas excepcionales. En la mayoría de los casos, señalan, “se incumple este plazo mínimo y no se señaliza adecuadamente y en contadas ocasiones, se procede al cierre perimetral de las zonas”. 

“Pese a los efectos negativos sobre la salud y los animales domésticos, las administraciones siguen rociándonos con estos productos año tras año, sin buscar otras opciones, ni aplicar alternativas”, lamentan, para recordar que el principio de precaución exige que, en caso de amenaza para el medio ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño.

Infiltración en masas de agua subterráneas

A eso añaden el hecho de la infiltración de los fitosanitarios a las masas de agua subterránea. En el año 2017, en la cuenca del Tajo, el glifosato fue el plaguicida detectado con mayor frecuencia, al encontrarse en 263 de las 421 muestras analizadas, en concentraciones de 0,05 a 7,4 microgramos por litro.

El 90% de los herbicidas utilizados en nuestro país, bajo 125 marcas aprobadas, contienen como principio activo el glifosato. En marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha clasificado como materia activa “probablemente cancerígena o carcinógena” tras la publicación por parte de la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) de un amplio estudio que demuestra que esta sustancia favorece la aparición de linfoma No-Hodgkin en humanos y causa daños en el DNA además de provocar cáncer en animales de laboratorio.

En concreto, los estudios publicados por 17 expertos señalan la relación de esta sustancia con cuatro tipos de cáncer: hepático, riñón, páncreas y linfoma, adviertes los grupos ecologistas.

Alternativas al uso de fitosanitarios

Las alternativas más conocidas para el control de la vegetación indeseada sin el uso de herbicidas son los métodos mecánicos, manuales y térmicos que se utilizan ya ampliamente en otros países europeos por ser respetuosos con la salud de las personas y con el medio ambiente. “Estos métodos no químicos además tienen un mayor potencial en la generación de empleo”, explican. 

Existen además herbicidas 'no sintéticos' basados en distintos vinagres ya homologados (ácido acético o de madera) o en hidroxifosfatos naturales, que se utilizan en agricultura ecológica por ser rápidamente biodegradables y no tienen efectos significativos sobre la salud y el medio ambiente. 

Aunque los métodos anteriores son los más utilizados, dicen los sindicatos, “no debemos perder de vista que, el control de las hierbas en el medio urbano no debe basarse sólo en la eliminación y siega de esas hierbas sino que, además, existen otras formas de gestión, como el diseño de cubiertas vegetales, la falsa siembra o la utilización de mulching, gravas o mallas antihierbas”. 

Desde Ecologistas en Acción y el Grupo Local de WWF en Guadalajara piden que, hasta que se prohíba totalmente su uso, se extremen las medidas de seguridad y control, especialmente en lo relativo al plazo y señalización correcta de la zona a tratar, por parte de las administraciones competentes que “deben de velar por la protección de nuestra salud, la de nuestras mascotas y de nuestro entorno, aplicando el principio de precaución”.

Correos electrónicos internos del Gobierno estadounidense revelan que Bayer AG, propietaria de Monsanto y CropLife América, el lobby del sector, han trabajado estrechamente junto a las autoridades estadounidenses para presionar a México con el objetivo de que abandonara sus planes para prohibir el pesticida glifosato, componente principal del herbicida Roundup de Monsanto y vinculado al cáncer, según algunos estudios.

Las maniobras para proteger los envíos de glifosato a México han transcurrido durante los últimos 18 meses, mientras Bayer negociaba un acuerdo por valor de 11.000 millones de dólares en relación a demandas legales de personas que viven en Estados Unidos y dicen que han desarrollado linfoma no Hodgkin debido a la exposición a los productos elaborados con glifosato que fabrica la empresa. 

La presión sobre México es similar a las acciones de Bayer y los grupos de presión de la industria química para acabar con una prohibición del glifosato que Tailandia planeaba poner en marcha en 2019. Las autoridades tailandesas también mencionaron su preocupación por la salud pública como argumento para tratar de prohibir el herbicida. Dieron marcha atrás tras las amenazas de Estados Unidos sobre una posible interrupción del comercio.

Los planes de México

Hasta ahora, esa campaña conjunta para conseguir que el Gobierno mexicano dé marcha atrás en su decisión no parece estar funcionando.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha marcado un plazo hasta 2024 para que el campo mexicano abandone el glifosato. El 31 de diciembre, México publicó un decreto que no solo exige el fin del uso del glifosato, sino también la eliminación gradual de la siembra y el consumo de maíz transgénico, un producto que, en muchas ocasiones, los agricultores rocían con glifosato. Es habitual que esa práctica deje residuos del pesticida en el producto alimentario final. 

El Gobierno mexicano argumenta que su decisión “busca contribuir a la seguridad y soberanía alimentarias” así como a la “salud de los hombres y las mujeres de México”. Pero la preocupación que México muestra por la salud de sus ciudadanos ha desatado temores en Estados Unidos por las exportaciones agrícolas, sobre todo de los productos con glifosato que produce Bayer. 

Los correos electrónicos a los que ha tenido accesoThe Guardian proceden de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) y otras agencias estadounidenses. En ellos se detalla la preocupación y frustración por la posición del Gobierno mexicano. Uno de los correos se refiere al personal de la administración de López Obrador como “activistas manifiestamente contrarios a la biotecnología” y otro de los correos afirma que la autoridad sanitaria mexicana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se está convirtiendo en un “problema serio”. 

Las comunicaciones internas del USTR muestran cómo la industria agroquímica está “presionando” para que se “incluya esta cuestión” en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), que entró en vigor el 1 de julio. Los archivos muestran que ya en aquel momento Estados Unidos hizo exactamente eso. Comunicó a México que sus medidas relacionadas con el glifosato y los cultivos modificados genéticamente preocupan “en lo referente al cumplimiento” del USMCA.  

Citando sus conversaciones con CropLife, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) se unió al intento, comentando en un correo electrónico entre agencias “cómo podemos utilizar el USMCA para tratar estos temas”.  

Los documentos sobre el caso de México a los que The Guardian ha tenido acceso fueron obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información pública por el Centro para la Diversidad Biológica (CBD por sus siglas en inglés). 

“Vemos cada vez más cómo el sector de los pesticidas se sirve del Gobierno de Estados Unidos para imponer de manera agresiva su estrategia en la escena internacional y anular todo intento por parte de la población de otros países para hacerse con el control de su cadena alimentaria”, dice Nathan Doley, biólogo de la organización conservacionista CBD. 

Alarma creciente

Los archivos muestran que la alarma comenzó a crecer a finales de 2019, cuando México dijo que rechazaba importar glifosato desde China. Al denegar el permiso de importación de un cargamento, las autoridades mexicanas se basaron en el “principio de precaución” que habitualmente hace referencia a una política destinada a evitar daños ante el uso de sustancias sobre las cuales existe alguna preocupación entre la comunidad científica o disputa sobre su seguridad. 

Un correo electrónico de Stephanie Murphy, responsable de relaciones con los gobiernos de Bayer dirigido a Leslie Yang, directora de comercio internacional y política medioambiental del USTR, mencionó el rechazo del envío de glifosato y dijo que México “alegaba que el glifosato representa un riesgo medioambiental alto dada una presunción creíble de que su uso puede provocar graves daños medioambientales y daños irreversibles a la salud…”. 

Murphy preguntó si podía “hablar más a fondo de la situación” con el USTR para ver si existía “una oportunidad de involucrarse a en el marco del USMCA”. Dijo que CropLife América, el grupo de presión de la industria, se estaba poniendo en contacto con el Servicio de Agricultura en el Extranjero del Departamento de Agricultura (FAS por sus siglas en inglés) y que los responsables de Bayer estaban “trabajando estrechamente con el FAS” en la embajada de Estados Unidos en México.

“A día de hoy, Bayer no ha sufrido ningún impacto en sus importaciones”, pero la empresa esperaba problemas en el futuro, dice Murphy en un correo electrónico el día 5 de diciembre de 2019.

En enero de 2020 hubo una reunión entre autoridades mexicanas y estadounidenses. El USTR preparó un “documento informativo” que incluía la cuestión del glifosato como una preocupación clave que tenía que tratarse con Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio exterior del Gobierno mexicano. El documento especificaba que uno de los temas a tratar era la preocupación por parte de Estados Unidos por que las importaciones de glifosato se estaban rechazando “sin ninguna justificación científica clara”.  

En febrero de 2020, Murphy contactó de nuevo con Yang, responsable del USTR, en nombre de Bayer. Le reenvió información que, según ella, se había recabado en una reunión en la que el Ministerio mexicano de Medio ambiente y Recursos naturales “asegura disponer de evidencia científica sobre los peligros del glifosato y también planea efectuar un estudio para el caso mexicano con ayuda de organizaciones internacionales”.

En marzo, las medidas mexicanas sobre el glifosato y los cultivos transgénicos necesitaban “atención urgente”, según una carta enviada por Chris Novak, presidente de CropLife, a Robert Lighthizer, embajador del USTR. La carta, enviada con copia a los responsables de USDA y la EPA, decía que las medidas de México eran “incompatibles con las obligaciones mexicanas bajo el USMCA”. 

CropLife está financiado por Bayer y otras empresas agroquímicas.

Murphy, de Bayer, continuó la correspondencia con más correos electrónicos a Yang, del USTR. En ellos hacía referencia a la necesidad de “compromiso político al más alto nivel”. 

Más tarde, en mayo, Lighthizer escribió a Graciela Márquez Colín, ministra de Economía de México diciendo que los temas relacionados con los cultivos modificados genéticamente y el glifosato amenazaban con socavar “la fortaleza de nuestra relación bilateral”.  

Novak, de CropLife, envió una carta en agosto de 2020 en la que agradecía “todo su apoyo” a los cargos del Gobierno, pero decía que se necesitaba más, porque México “prácticamente ha dejado de procesar los registros de nuevos productos pesticidas”.

No peligra solo el glifosato 

A lo largo de meses de correspondencia, los directivos del sector comunicaron al Gobierno de EEUU que temían que una restricción al glifosato llevara a la imposición de límites a otros pesticidas y pudiera sentar un precedente para que otros países hagan lo mismo. Según algunos responsables de la industria, México podría, además, reducir los niveles de residuos de pesticidas permitidos en los alimentos. 

“Si México amplía el principio de precaución” a los niveles de residuos de pesticida en los alimentos “se pondrán en peligro 20.000 millones de dólares en exportaciones agrícolas anuales de Estados Unidos a México”. Eso se lee en una de las cartas que Novak escribió a las autoridades estadounidenses.  

La exportaciones de maíz y soja a México correrían un riesgo más concreto si el país dejara de permitir los residuos de glifosato en los alimentos, según recogen las comunicaciones internas entre el sector y el USTR.  

La industria agroquímica y los organismos reguladores de Estados Unidos sostienen que los niveles actuales de pesticidas en los alimentos no son perjudiciales, pero muchos científicos no están de acuerdo y dicen que incluso las trazas más pequeñas pueden ser peligrosas. 

México es un socio comercial fundamental para Estados Unidos, que representa 614.500 millones de dólares en bienes totales exportados e importados en 2019. Las exportaciones más importantes a México incluyen unos 3.000 millones de dólares en exportaciones de maíz. Teniendo en cuenta que casi el 90% de la producción estadounidense de maíz es transgénico, una prohibición a esos productos sería un fuerte revés para los agricultores de EEUU.

No está claro si la administración Biden continúa ejerciendo presión sobre México para que modifique su política. El USTR no ha respondido a las preguntas de The Guardian. 

Bayer tampoco ha respondido a las preguntas sobre las acciones de la empresa respecto a México, pero dice que el glifosato y los cultivos modificados genéticamente son seguros y que una restricción de México “causaría una gran perturbación” para los agricultores mexicanos e impactaría en la seguridad alimentaria en México. 

Un portavoz de EPA dice que la agencia mantiene contactos periódicos con las autoridades mexicanas y “no ha tomado ninguna medida regulatoria contra las decisiones de México sobre el glifosato o el maíz transgénico”. Según el portavoz, la agencia se ha ofrecido a compartir con el Gobierno de México sus hallazgos científicos. 

El responsable de CropLife, Novak, ha dicho a The Guardian que las medidas de México para prohibir el glifosato sientan “un precedente peligroso” que pasa por alto las necesidades de los agricultores y “debilita la integridad de los estándares científicos como pilar del comercio internacional”.

Traducido por Alberto Arce

Al hablar del glifosato, la polémica -incluso entre científicos- está servida. Y es que, este herbicida, que se utiliza para eliminar plantas que alteran los ecosistemas o para impedir el crecimiento de malas hierbas, fue clasificado en marzo de 2015, por la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer (IARC) como “probablemente cancerígeno” y un estudio más reciente, que data de febrero de 2019, realizado por la revista Mutation Research relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).

Según denuncia Greenpeace, el problema de este producto es que se rocía a “millones de hectáreas de tierras de cultivo, parques y hasta aceras cada año en todo el mundo. Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos: está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos”.

“En cuanto a su peligrosidad, el glifosato a nivel de la toxicología oficial, en este caso de la Unión Europea, no tiene un perfíl toxicológico muy grave, de hecho esa es otra de las razones de su gran éxito, que supuestamente se vende sin ningún tipo de precaución adicional ni para trabajadores ni para los ciudadanos que estamos expuestos al glifosato”, señala a este diario Koldo Hernández, de Ecologistas en Acción. 

Para Hernández, el boom del glifosato se sitúa hace poco más de una década. Entre sus 'ventajas', se encuentra su bajo precio y su fácil aplicación. Sin embargo, más allá de los problemas toxicológicos de este producto, el glifosato genera otro problema según este experto: al 'facilitar' el trabajo, se elimina mano de obra. “Se utiliza en la agricultura porque otros medios pueden ser menos efectivos y más costosos. De esta forma el trabajador no tiene que agacharse tanto, es menos esfuerzo físico y por tanto se necesita menos personal. Abarata los costos laborales, es decir, al utilizarlo, se expulsa a trabajadores”, señala Hernández. 

En Euskadi, localidades como Hernani o Servicios de Txingudi, están libres de glifosato. Los últimos en querer sumarse a esa lista son el grupo municipal Abotsanitz, que presentarán una moción que se debatirá en el pleno ordinario de junio del Ayuntamiento de Hondarribi en la que pedirá prohibir el uso de este herbicida. 

“El glifosato es un herbicida de amplio espectro que se utiliza en primavera para frenar el crecimiento de la vegetación. Actúa sobre la síntesis de los aminoácidos y, por ello, es frecuente utilizarlo tanto en agricultura como en jardinería. Pero es muy perjudicial para la salud y para la naturaleza. La contaminación causada permanece durante mucho tiempo en la tierra o en el agua, disminuyendo la biodiversidad y llegando hasta la cadena alimentaria”, señalan desde el partido independiente.

Para ello, exigirán al Ayuntamiento que no se utilicen productos que contengan glifosato en sus campas, parques y jardines, que la empresa de jardinería subcontratada no utilice productos que contengan glifosato, que los agricultores locales dejen de utilizarlo, que se elabore una normativa para que cualquier persona que tenga que utilizar productos que contengan glifosato lo haga ajustándose a la ley, y de manera que la población no sufra contaminación alguna y que se realice una campaña informativa para que “las y los hondarribitarras conozcan que los medios ecológicos son siempre más beneficiosos para el entorno, la salud y la biodiversidad”.

Un conflicto abierto 

Y es que el conflicto por el uso del herbicida glifosato continúa abierto con posturas a favor y en contra tras las ultimas sentencias judiciales en EEUU sobre sus efectos cancerígenos para la salud. A principios de este 2020, Bayer -que compró la empresa Monsanto, productora del herbicida glifosato, por 63.000 millones de dólares- negoció con abogados un multimillonario acuerdo para cerrar las miles de demandas que afronta la empresa por el herbicida Roundup. Al realizar la compra de Monsanto, Bayer ha heredado las acusaciones que se le hacían a la multinacional estadounidense por no haber avisado de los posibles efectos cancerígenos del glifosato, principio activo del Roundup comercializado por Monsanto. Según publicó la agencia Bloomberg a principios de enero, la empresa alemana está negociando pagos que podrían rondar los 10.000 millones de dólares (9.000 milones de euros).

“Fue clasificado como cancerígeno inicialmente en Estados Unidos. Al poquísimo tiempo variaron la clasificación a prácticamente inocuo. Desde un inicio de la comercialización del glifosato como herbicida ha existido controversia. Por una parte, las autoridades regulatorias estadounidenses, canadienses, japonesas y europeas, apoyan a la industria y dicen que es un producto prácticamente inocuo y por otra parte, desde ese mismo inicio, cada vez hay más controversia con que los ensayos de evaluación no estaban bien hechos y se ha ido creando una cantidad ingente de estudios independientes, de universidades, en los que hablan de la peligrosidad de este producto. Al final, el que se siga comercializando y empleándose es más un asunto político que de salud”, argumenta Hernández. 

En Europa, a pesar de la oposición de organizaciones ecologistas y ciudadanas y de países como Francia -contraria al uso del glifosato-, la Unión Europea decidió a finales de 2017 renovar la licencia a este producto hasta 2022. 

La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere recibió el pasado agosto en su buzón del Congreso de los Diputados una carta certificada que le sorprendió. Un despacho internacional de abogados, Sidley Austin LLP, le informaba, primero en inglés y después en castellano, de que su nombre aparecía en las conocidas como “listas negras” de Monsanto. En ellas, la multinacional de transgénicos y pesticidas recopiló secretamente información en 2016 y 2017 sobre casi 1.500 personas de diez países (144 en España) que podrían influir en una eventual prohibición o autorización del glifosato, un herbicida de uso masivo en agricultura y jardinería que según algunos estudios y varias sentencias en EEUU puede ser cancerígeno.

“Le escribimos en calidad de representantes legales de Bayer, que adquirió Monsanto en junio de 2018 (...) Nos ha contratado para realizar una investigación tras la aparición de ciertas informaciones en la prensa sobre la existencia de las denominadas listas de partes interesadas, que fueron preparadas por la agencia de relaciones públicas FleishmanHillard como parte de la campaña de Monsanto de 2016–17 para la renovación del glifosato (...) El objeto de esta carta es informarle de que su nombre aparece en una o más de las listas que hemos identificado en el curso de nuestra investigación”, reza el escrito.

“Me sorprendió leerlo a pesar de que siempre he mantenido una postura firme contra el glifosato, tanto en iniciativas parlamentarias como en cartas dirigidas al Parlamento Europeo”, explica García Sempere a eldiario.es. Otros dos españoles habían desvelado antes su caso, Juantxo López Uralde (diputado de Unidas Podemos y exlíder de Equo) y María Merello, exconcejala por Equo en Puerto Real. 141 más deberían haber recibido también un mensaje del bufete contratado por los nuevos propietarios de Monsanto. Los listados incluyen a políticos, activistas, periodistas e incluso a Neil Young.

La centenaria farmacéutica alemana ha tratado de contrarrestar el escándalo que supuso el conocimiento de esas listas a través de informaciones periodísticas en Francia, uno de los países contrarios a su uso en la UE. Las campañas ecologistas y políticas contra el glifosato y la campaña de intoxicación coincidieron precisamente con el proceso en el que a los socios comunitarios les tocaba decidir si renovaban la autorización del uso del herbicida, masivo en la agricultura y la jardinería.

Tras dos años de negociaciones y prórrogas en noviembre de 2017 el cambio de postura de Alemania inclinó la balanza para renovar el uso del fitosanitario hasta 2022. El frente de países contrario al glifosato tuvo a Francia e Italia a la cabeza. El bando que siempre se ha mostrado favorable al herbicida estuvo liderado por España, Gran Bretaña y Países Bajos. En España aún gobernaba el PP.

Hay estudios e interpretaciones diversas sobre el efecto del glifosato, pero las organizaciones ecologistas hacen hincapié en las que vinculan dicho producto con el cáncer. Este año la revista Mutation Research ha publicado los resultados de una investigación que relaciona la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH). La OMS incluye el glifosato en el grupo 2A (probablemente cancerígeno para humanos).

El lobby español “para la protección de las plantas”

Sidley Austin LLP, que ha sido contactado sin éxito por este periódico, ofrecía en su primera carta a García Sempere una copia de la información sobre ella, a pesar de que aseguraba que no se habían encontrado datos personales “sensibles”. Con el aviso de que se trataba de documentación “privada y confidencial”, García Sempere ha recibido este mes de octubre un listado de cinco páginas de información ordenada en cuadros de colores en el que se desgranan sus cargos (“miembro del Parlamento dedicada a asuntos de agricultura y medio ambiente”) o su presunto nivel de influencia (“moderado”), y sobre quien podría ejercerlo (el Ministerio de Agricultura). Es clasificada como una “influencer” (persona con capacidad de influencia) en la materia, que se posiciona “fuertemente en contra” del glifosato, lo que explicaría su inclusión en la lista.

También hay apartados sobre los mensajes que deben dirigírsele con el objetivo de “excluir el glifosato de la agenda política”; cómo hacerlo (“en talleres”) y por parte de quién. En este punto se menciona a la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), el lobby español que representa al sector de fabricantes de productos fitosanitarios en España.

“No tenemos nada que ver con estas listas, pero tanto Bayer como Monsanto (cuando existía) pertenecen a AEPLA. Supongo que si aparecemos es como fuente de información sobre productos fitosanitarios. Una de nuestras misiones es ser interlocutor con las administraciones a nivel europeo, regional o local”, aseguran fuentes de esta organización, clasificada como grupo de presión en el registro de lobbies de la UE, donde también despliega su labor como “embajadora del sector fitosanitario español”. En un informe que la asociación encargó a la consultora PWC en 2017, antes de que Bruselas decidiera renovar el glifosato, se asegura que “no renovar la autorización provocaría una disminución de la producción nacional en España de aproximadamente 2.124 millones de euros. En términos de empleo, la caída conjunta seria de 4.969 ocupados (un 0,03% del empleo nacional)”. Su defensa de la inocuidad del glifosato en medios especializados agrícolas y ganaderos es frecuente.

Una portavoz de AEPLA explica que también se reúnen con diputados, partidos políticos y con funcionarios y cargos del Ministerio de Agricultura. Respecto a las relaciones de AEPLA con el departamento que dirige Luis Planas, fuentes del mismo aseguran que se enmarcan en la normalidad de las conversaciones con las organizaciones y asociaciones de los distintos sectores relacionados con la agricultura.

En lo que concierne a sus conversaciones con diputados, no quedan registradas en ningún sitio, ya que por el momento no hay obligación de dejar constancia de los encuentros de miembros de las Cámaras con ningún lobby. La regulación de estos grupos de presión sigue pendiente en España a pesar de los requerimientos internacionales al respecto.

Cartas de agricultores con un texto casi calcado

Tanto Eva García Sempere como Juantxo López Uralde, los dos diputados españoles que han desvelado su presencia en la lista (ambos en el grupo parlamentario de Unidas Podemos), empezaron a recibir hace dos años decenas de cartas supuestamente escritas por agricultores españoles con un texto casi calcado en las que les pedían cambiar su postura contraria al glifosato.

“Parecía una suerte de campaña orquestada”, explica Sempere. Uralde, que fue el primero que desveló que su nombre estaba en la lista de Monsanto el pasado agosto, dice que le pudieron llegar 200 de estas misivas al Congreso de los Diputados.

Sobre la información que recibió del bufete de abogados de Bayer sobre sí mismo, el político ecologista explica que incluyen su oposición al glifosato, que es diputado y las acciones a realizar sobre él como objetivo sobre el que el tratar de influir. “Me parece inaceptable, unas prácticas repugnantes. Buscan quien en cada lugar trabaja contra el glifosato para tratar de influirle”, lamenta.

Ni él ni Sempere se fían de que la información que les ha proporcionado el bufete sea toda la que atesoran. En Francia se ha denunciado “la recolección de datos personales por medio fraudulento, desleal e ilícito”. Según las investigaciones de la prensa en ese país, en los archivos de Monsanto, además de la posición de las personas vinculadas al glifosato, se recogerían datos personales sobre sus pasatiempos, además de direcciones y teléfonos personales. “No deja de sorprender cómo trabajan con impunidad este tipo de multinacionales en función de posiciones políticas para tenernos controlados”, lamenta la diputada, que confiesa una “sensación de desamparo”.

Contactada por este periódico la empresa Bayer en España, se remite al comunicado en el que el pasado septiembre informaban del fin de la investigación sobre las listas. El bufete Sidley Austin LLP habría analizado más de 2,4 millones de archivos sin encontrar datos “sensibles”. Según el informe, no tienen duda de que “las listas elaboradas eran detalladas, metódicas”, aunque con el único objetivo de “defender claramente las posturas de Monsanto frente a grupos de interés y la opinión pública”. Aseguran no haber encontrado indicios “que sustenten las acusaciones de los medios franceses en cuanto a que las listas eran ilegales”.

El grupo químico y farmacéutico, cuyas acciones se han despeñado en bolsa en los últimos meses, va a invertir 5.000 millones de euros en el desarrollo de herbicidas alternativos que no estén basados en glifosato.

La multinacional de trangénicos y pesticidas Monsanto ya no existe con tal nombre. La marca corporativa de esta empresa, una de las más odiadas del planeta por su políticas comerciales dañinas para el medio ambiente y la salud, según los grupos ecologistas, fue eliminada por Bayer tras pagar 56.000 millones de euros (63.000 millones de dólares) para quedarse con sus productos y estructura. La farmacéutica alemana podría haber hecho un mal negocio: los tribunales estadounidenses han dictaminado que la antigua Monsanto debe indemnizar a enfermos de cáncer que estuvieron en contacto con el glifosato. Ya les han condenado a pagar decenas de millones de dólares en sendas sentencias, que han recurrido. Hay 42.700 demandantes haciendo cola en EEUU.

Monsanto desarrolló un “centro de respuesta” para vigilar y desacreditar a periodistas y a activistas, desde el cual se centró específicamente en una periodista que escribió un libro crítico con la empresa. El conglomerado agroquímico también investigó las actividades del cantante Neil Young y escribió un memorándum interno sobre su uso de las redes sociales y su actividad musical.

The Guardian ha tenido acceso a documentos que demuestran que Monsanto adoptó una estrategia en diversos frentes para perjudicar a Carey Gillam, reportera de Reuters que investigó la relación entre un pesticida a base de glifosato producido por la empresa y el cáncer. Monsanto, propiedad del gigante farmacéutico alemán Bayer, también utilizó su “centro de inteligencia y respuesta” para vigilar a una organización sin ánimo de lucro que indaga sobre cuestiones alimentarias. Se trata de un departamento de la empresa denominado con el mismo término que usan el FBI y otros organismos de inteligencia para nombrar sus operaciones de vigilancia y antiterrorismo.

Los documentos, conocidos como “Los papeles de Monsanto” y que datan en su mayor parte de entre 2015 y 2017, salieron a la luz como parte de la batalla abierta en los tribunales contra los riesgos para la salud provocados por el herbicida RoundUp –nombre comercial del glifosato producido por Monsanto–. En esos documentos demuestran que:

- Monsanto planeó una serie de “acciones” para atacar el libro de Gillam, incluso antes de que fuera publicado. Llegaron a escribir argumentarios para terceros con los que criticar el libro y dirigir a “agricultores y profesionales” a la hora de publicar críticas negativas sobre el libro en sus redes sociales.

- La compañía pagó a Google para promover que en sus buscadores aparecieran resultados críticos con el libro cuando se tecleara “Monsanto glifosato Carey Gillam”. El equipo de relaciones públicas de Monsanto también mantuvo conversaciones internas para ejercer una presión significativa sobre Reuters. Llegó a decir que “continúan presionando a los editores [de Gillam] en cada oportunidad que se presenta” y que esperaban “que la asignaran a otra cobertura”.

- Los responsables del “centro de respuesta” de Monsanto escribieron un largo informe sobre el activismo del cantante Neil Young contra Monsanto, en el que se detallaba su impacto en redes sociales y se consideraba la adopción de “medidas legales”. El “centro de respuesta” también siguió de cerca y redactó informes semanales sobre la actividad en redes de la organización no gubernamental US Right to Know (Derecho a saber, Estados Unidos, o USRTK por sus sigla en inglés).

- Empleados de Monsanto mostraron en repetidas ocasiones su preocupación ante la publicación de noticias sobre las relaciones económicas de la empresa con científicos que podrían ratificar las acusaciones de que “se encubrían las investigaciones poco favorables”.

Las comunicaciones internas de la empresa echan leña al fuego de las acusaciones, de largo recorrido y actualmente ante la justicia, de que Monsanto ha presionado a científicos y activistas que han tratado de desvelar el peligro que supone el glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo. En el último año, dos jurados populares en Estados Unidos han fallado que Monsanto tenía responsabilidad jurídica ante demandas presentadas por quienes padecen de linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer en la sangre, y ordenó a la empresa que pagara grandes cantidades de dinero a los pacientes. Bayer continua afirmando que el glifosato es seguro.

Gillam ha explicado que “siempre he sabido que a Monsanto no le gustaba mi trabajo e hizo lo posible para presionar a mis editores y silenciarme”. La periodista, que colabora con The Guardian -y cuyas informaciones sobre Monsanto también ha publicado eldiario.es-, se ha convertido en responsable de investigación de USRTK y agrega: “Nunca imaginé que una empresa valorada en miles de millones de dólares gastaría tanto tiempo, energía y trabajo en mí. Es asombroso”.

Gillam, autora de “Whitewash: The Story of a Weed Killer, Cancer, and the Corruption of Science”, un libro publicado en 2017 –que no ha sido traducido al español y podría traducirse como “Historia de un herbicida, el cáncer y la ciencia corrupta–, dice que lo desvelado en los papeles de Monsanto es ”solo un ejemplo más de la forma en la que la empresa trabaja entre bastidores para tratar de manipular lo que sabe el público sobre sus productos y su comportamiento“.

Monsanto tenía una hoja de cálculo llamada “Libro de Carey Gillam” con más de 20 medidas para oponerse al libro antes de que se publicara. Entre ellas había propuestas para “relacionarse con terceros favorables a la ciencia” a la hora de criticarlo y establecer alianzas con “expertos en SEO –posicionamiento en buscadores–”, para expandir el alcance de los ataques. La estrategia de marketing de la empresa pasaba por pintar a Gillam y otros activistas como “activistas contrarios al glifosato y organizaciones capitalistas pro orgánicas”.

Gillam, que trabajó en la agencia de noticias Reuters durante 17 años, dijo a The Guardian que al poco tiempo de publicarse su libro recibió una cascada de valoraciones negativas en Amazon. Muchas parecían responder a un argumento común.

“Es mi primer libro, acaba de publicarse. Las reseñas de los profesionales son muy buenas”, dice Gillam. Pero en Amazon “decían cosas horribles sobre mí. Fue muy molesto. Ahora sé que era falso y lo organizó la industria. Pero no sé si los demás lo sabían”.

Un portavoz de Bayer, Christopher Loder, no quiso responder a preguntas concretas sobres los documentos o el “centro de respuesta”, pero envió un comunicado a The Guardian en el que afirma que los documentos muestran que “las actividades de Monsanto tenían como fin garantizar un diálogo preciso, justo y de base científica sobre la empresa y sus productos, en respuesta a una gran cantidad de desinformación; entre la que se encuentran los pasos dados para responder a la publicación de un libro escrito por una persona que critica habitualmente los pesticidas y los organismos genéticamente modificados”.

Bayer afirma también que los documentos han sido “seleccionados de manera interesada por los abogados de quienes nos demandan y quienes trabajan para ellos” y no contradicen las pruebas científicas que apoyan la continuidad del uso del glifosato. Añadió que “nos tomamos la seguridad de nuestros productos y nuestra reputación muy en serio y trabajamos para garantizar que todos… tengan acceso a información precisa y equilibrada”.

Un portavoz de Reuters señala, por su parte, que la agencia “ha cubierto a Monsanto con independencia, de manera justa y robusta” y que “defiende su reportaje”.

“Nos consideraron una amenaza”

Los documentos de uso interno de Monsanto no ofrecen detalles relevantes sobre las actividades o competencias del “centro de respuesta” pero muestran que sus operaciones de “inteligencia” incluían actividades como una vigilancia constante a Gillam y otras personas. Un empleado identificado con el cargo de “Relaciones Institucionales de Monsanto, Centro de Respuesta”, ofreció análisis detallados sobre tuits relacionados con el trabajo de Gilliam en 2016.

El centro de respuesta también elaboró gráficos detallados sobre la actividad en Twitter de Neil Young, que publicó un álbum en 2015 llamado “The Monsanto Years” (Los años Monsanto). Un empleado escribió que el centro evaluó “las letras del álbum para desarrollar una lista de más de 20 temas sobre los que, en potencia, trataba” y creó un plan para “producir contenidos de manera activa y estar preparados para emitir respuestas”. No solo eso. Añadió que “seguían de cerca el debate” sobre un concierto en el que aparecieron Young, Willie Nelson, John Mellencamp y Dave Matthews.

En uno de los correos electrónicos, se lee: “Nos hemos comunicado con el equipo legal y los mantenemos informados de las actividades de Neil en caso de que correspondan medidas legales”.

El perfil en LinkedIn de alguien que decía ser encargado de “inteligencia global e investigación” de Monsanto describe que estableció “un centro de inteligencia y respuestas internas” y gestionó un “equipo responsable de recogida y análisis de actividades terroristas, geopolíticas, extremistas y activistas que afectan a la empresa y sus operaciones a lo largo de 160 países”. Decía que había creado también el programa de “amenazas a la empresa” para dirigir el equipo de analistas que colaboraban en “tiempo real en lo relacionado con los riesgos físicos, cibernéticos y a la reputación”.

“Nos veían como una amenaza”, dijo en una entrevista Gary Ruskin, cofundador de USRTK. “Desarrollaban actividades de inteligencia sobre nosotros, y más que eso, hicieron cosas que no sabemos”.

Los centros de respuesta gubernamentales han provocado que aumente la preocupación en torno a la privacidad y sobre el modo en que diversas agencias de los gobiernos vigilan, recogen y comparten información sobre los ciudadanos. Existen empresas privadas que cuentan con centros de recolección de “inteligencia” en los que se trabaja ante amenazas criminales reales como los ataques cibernéticos, pero “es preocupante cuando uno ve que las empresas utilizan sus recursos para investigar a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión”, afirma Dave Maass, investigador principal de la Electronic Frontier Foundation, una organización que trabaja en el ámbito de la privacidad digital.

David Levine, titular de la Cátedra Hastings y profesor de derecho en la Universidad de California, explica que no sabe de otras empresas que mantengan “centros de respuesta” de esas características. También que no le sorprende que Monsanto se haya implicado con tanta intensidad en seguimientos de el comportamiento digital de quienes se oponen a sus actividades.

Los documentos muestran también que Monsanto estaba preocupada por las peticiones de información sobre sus actividades amparadas por la Ley de acceso a la información pública (FOIA) y que los documentos sobre sus relaciones con investigadores son “potencialmente muy perjudiciales” y podrían “afectar al conjunto de la industria”.

En 2016, un empleado de Monsanto expresó la frustración que le provocaban las críticas a los pagos de la empresa dirigidos a miembros de la academia para que elaboraran informes favorables a sus productos: “El problema no era que quisiéramos pagar a los expertos sino el reconocimiento de que se necesitaba compensar a los expertos por el tiempo que invertían en elaborar respuestas a lo que se decía en público. ¡Nadie trabaja gratis!”

Michael Baum, uno de los abogados que ha participado en las demandas contra el Roundup –glifosato– que sacaron a la luz los documentos, dijo que la información supone “una prueba más de un desprecio reprobable y consciente de los derechos y seguridad de la población” y que estarían a favor de indemnizaciones de intencionalidad punitiva contra la empresa y a favor de quienes hayan desarrollado cáncer debido al uso del Glifosato.

“Todo esto muestra abuso del poder adquirido gracias a sus ingentes ventas”, agregó. “Tienen mucho dinero y mucho que intentar ocultar”.

Ecologistas en Acción alerta de que Castilla-La Mancha se puede quedar sin insectos polinizadores “si no se toman medidas urgentes”. Argumenta al respecto que las malas prácticas agrícolas, y el uso de herbicidas en zonas verdes, carreteras y jardines particulares son los “mayores factores de amenaza en la región”. Demanda por ello una estrategia regional de protección y recuperación de los polinizadores, la prohibición inmediata del glifosato y el “reenfoque” de las ayudas comunitarias para evitar que las “prácticas agrícolas intensivas sigan destruyendo biodiversidad”.

Con motivo del el Día Mundial de las Abejas que se conmemora este 20 de mayo y del Día Mundial de la Biodiversidad del próximo día 22, esta organización advierte de la “importante regresión” de las poblaciones de insectos polinizadores.

Según explica, la polinización constituye un proceso fundamental en los ecosistemas terrestres: es vital para la conservación de los ecosistemas y para la producción de alimentos. Detalla que el 87,5 % (aproximadamente 308.000 especies) de las plantas silvestres con flores del mundo dependen, al menos parcialmente, de la polinización realizada por animales; y genera también múltiples beneficios para las personas, destacando la obtención de alimentos.

En España alrededor del 70 % de los cultivos para consumo humano dependen de los insectos que desarrollan la polinización. Además permiten otros productos como miel, cera o medicamentos y contribuyen directamente a la producción de fibras como el algodón y el lino o materiales de construcción como la madera. Ecologistas en Acción calcula que el servicio esencial que ofrecen los polinizadores en la oferta de alimentos se valora en 500.000 millones de dólares a nivel mundial, 22.000 millones de euros para la agricultura europea y más de 2.400 millones de euros para la agricultura española.

En los últimos cinco decenios el volumen de producción de cultivos que dependen de los polinizadores ha aumentado a nivel mundial en un 300%, de modo que “nuestra subsistencia está cada vez más supeditada a la polinización”. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas “se ha comprobado que existe una marcada disminución de las poblaciones de insectos polinizadores”.

Una reducción del 76% en 27 años

La organización ecologista apunta que una reciente revisión de estudios estima que en los últimos 27 años las poblaciones de insectos voladores se han reducido en un 76%. “La mitad de las especies de insectos están disminuyendo rápidamente y al menos un tercio se encuentran en peligro de extinción. Esta pérdida de insectos polinizadores puede llevarnos a una situación con consecuencias catastróficas, dado que se pone en juego el buen funcionamiento de los ecosistemas y la producción de nuestros propios alimentos”.

En este sentido, destaca que las principales amenazas para los insectos polinizadores proceden de las actividades humanas como la fragmentación de hábitats, el cambio en el uso de la tierra, los productos químicos agrícolas e industriales, los parásitos y las enfermedades, las especies exóticas invasoras, las colisiones en carreteras, el cambio climático y diversas prácticas agrícolas.

Con este contexto, Ecologistas en Acción reclama la adopción urgente de medidas como la recuperación de hábitats favorables para los polinizadores mediante buenas prácticas agrícolas que permitan mantener la disponibilidad de flores, fomentar la agricultura ecológica y limitar los cambios de usos del suelo, especialmente en la agricultura intensiva. También exige reducir en un 50% la utilización de plaguicidas para el año 2023, “no autorizando de forma excepcional, como se hace en la actualidad, productos tóxicos prohibidos”.

Otras soluciones que aporta son: el control para evitar la introducción de nuevas especies exóticas invasoras y la propagación de las ya introducidas; la promoción de iniciativas que aumenten la disponibilidad de flores y recursos para la nidificación de estos insectos en el medio silvestre, áreas agrícolas y entorno de carreteras y ciudades; y el aumento de la investigación sobre las especies polinizadoras y su adecuada conservación.

El pasado 10 de febrero de 2019 fue un mal día para el glifosato y para las grandes multinacionales que lo comercializan, entre otras, las inevitables Bayer y Monsanto. Ese día, la revista Mutation Research publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41 % en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).

Más recientemente, esta misma semana, Monsanto ha sido condenada a indemnizar con más de 2.000 millones de dólares a una pareja de ancianos que usaron durante décadas el producto y que desarrollaron LNH. La multinacional ya había sido condenada el año pasado a pagar 78 millones de dólares a un trabajador por no informarle del posible efecto cancerígeno del herbicida.

Las conclusiones del estudio publicado en febrero se unían a que, en marzo de 2015, el herbicida fue clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer (IARC) como “probablemente cancerígeno”. Si bien es cierto que hay otros trabajos que no han encontrado dicha relación, y que otros organismos como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria consideran “improbable” el riesgo carcinogénico del glifosato, son numerosas las investigaciones y las evidencias que sugieren que podría tener efectos negativos sobre la salud.

A esto se suman los artículos sobre la presencia del herbicida en todos los ámbitos de nuestra vida. En los últimos años se han acumulado las noticias al respecto: se ha encontrado en las 14 marcas de cervezas alemanas más conocidas, además de en muchos de los vinos y cervezas analizados en EE. UU. y en 43 de las 45 marcas de cereales de desayuno que se han sometido a pruebas (31 de ellas con valores superiores a los límites recomendados, ya de por sí laxos). Si, como dicen los fabricantes, el producto se degrada en 22 días, no debería estar presente.

Se ha demostrado, además, que hace estragos entre los insectos (incluidas las abejas), que se acumula en la cadena trófica y que es dañino para los ecosistemas acuáticos. Revelaciones como estas empiezan a ser constantes y se unen a los litigios judiciales.

Lo cierto es que el producto, que se incorpora en los tejidos de los vegetales y luego pasa al conjunto del ecosistema, al final, igual que ocurre con los plásticos, acaba en nuestros alimentos. Teniendo un poco de sentido común, no debería sorprendernos que beber o comer un herbicida no sea bueno para nuestra salud.

Principales causas de su popularidad

Nos podemos preguntar a qué se debe que esté tan extendido. El resumen es que se usa en todos los ámbitos: en agricultura, en jardinería, en cunetas, en las vías de ferrocarril, en las calles, etc. Y como no puede ser de otra manera, y ya nos explicaban los Toreros Muertos en su famosa canción Mi agüita amarilla, acaba en las merluzas que nos comemos.

Además, se unen dos cuestiones fundamentales: su eficacia (es muy eficiente eliminando hierbas) y su precio (es un producto extraordinariamente barato, entre otras cosas, porque su patente caducó en el 2000). Con 5 litros por 39,9 € (en Amazon), y considerando que la dilución puede ser del 1 %, podríamos tratar 50 000 m² de terreno. Es decir, saldría a un coste de 0,007 € por metro cuadrado. En otras palabras, es un chollo.

Y esto explica otro aspecto de su uso: muchas veces no se emplea la dosis recomendada. Al ser tan barato, la filosofía suele ser “¡échale bien!”. De esta manera, nos encontramos con un producto que se usa por todas partes y, además, en dosis muy elevadas, mayores de las indicadas.

La cuestión es: ¿existen alternativas? La respuesta es que sí, y que su utilización va a depender de nuestro sentido común. Usar un herbicida con tal capacidad de actuación en calles, jardines, huertos o carreteras para evitar ver hierbas, mal llamadas malas hierbas, es una auténtica locura.

Y aquí entra en juego el tema del umbral de tolerancia. Este término, fundamental en el tratamiento de plagas, marca el umbral a partir del cual la presencia de una especie o un grupo de especies puede considerarse una plaga. Y en los últimos años, este umbral, que depende de cada persona, ha ido bajando paulatinamente para las hierbas silvestres.

Queremos que nuestros jardines, nuestras calles, nuestros cultivos y nuestras carreteras sean como los pasillos de casa, sin rastro de vida vegetal o animal que no hayamos plantado o diseñado. Esto es un sinsentido y explica el gran descenso en los valores de biodiversidad que estamos observando en este siglo y que está causando la desaparición de animales y vegetales en todos los espacios que nos rodean.

Alternativas presentes y futuras

Por tanto, primera solución: entender que la presencia de hierbas naturales no es algo a evitar a toda costa. Su presencia es positiva para la biodiversidad y aporta numerosos beneficios, como el favorecimiento de insectos depredadores de plagas, el control de la erosión, la asimilación de CO2 y una cierta dosis de naturalidad en el entorno.

Y allí donde sea necesario controlarlas, existen alternativas como la corta con maquinaria (como se ha hecho siempre) y la plantación de especies competitivas, es decir, la ocupación del espacio con otras especies que puedan controlar la proliferación de malas hierbas. Hay cientos de ellas que ya se han probado y son efectivas.

En el otro ámbito que nos ocupa, la agricultura, hay tratamientos culturales que evitan las malas hierbas o las controlan, sin perjuicio para los cultivos. La maquinaria puede hacer gran parte de la labor que hace la química. Además, la agricultura de conservación y la agricultura ecológica no usan este producto y son plenamente rentables.

Por otra parte, en la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá, estamos trabajando en un proyecto basado en la utilización de restos forestales para obtener un producto, el llamado vinagre de madera, que está dando resultados muy buenos como herbicida. Esta sustancia, que proviene de residuos forestales y no lleva tratamiento químico, actúa como un herbicida de contacto. Esto quiere decir que no se incorpora en la planta, sino que funciona por su acción directa, por lo que ni se acumula en los tejidos ni pasa a la cadena trófica.

En 2018, el programa LIFE –el más importante de los programas de fondos ambientales de la UE– nos financió un proyecto, LIGNOBIOLIFE. Entre otras cosas, la iniciativa tiene como objetivo probar el uso de este vinagre en campos agrícolas y zonas urbanas. Los resultados son muy esperanzadores y quizás podamos estar a las puertas de una alternativa real para el glifosato.

Pero lo verdaderamente importante es cambiar nuestra forma de actuar. No tiene ningún sentido que por no ver hierbas en los campos, jardines y carreteras (y por ahorrarnos algo de trabajo y de dinero), nos estemos comiendo y bebiendo un químico “probablemente perjudicial” para nuestra salud y, con seguridad, para el planeta en el que vivimos.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.The Conversationoriginal aquí

El grupo químico y farmacéutico Bayer se vanagloria en sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2019 del incremento en ventas de su herbicida Roundup, que contiene glifosato, gracias “principalmente a un crecimiento sustancial en la región de América Latina debido a precios y volúmenes de venta más altos”, aunque en el mismo documento admite como uno de sus principales riesgos las múltiples demandas que sufre en Estados Unidos ya que este herbicida podría causar cáncer.

La compañía alemana señala que en EEUU la facturación de los herbicidas ha caído, sin embargo, lo achaca “a la mayor presión competitiva de los productos genéricos y los cambios relacionados con el clima”. Durante los primeros tres meses de este año, la división de herbicidas de Bayer ha alcanzado unas ventas de 1.373 millones de euros, un 71% más que en el mismo periodo del año anterior.

Este departamento está incluido en la división de Crop Sciences (Ciencias de la cosecha), en la que además de herbicidas se incluyen productos como fungicidas, insecticidas y semillas, que ha subido sus ventas un 125,2% hasta los 6.444 millones de euros en el primer trimestre de 2019. 

Bayer entró de lleno en el negocio de los herbicidas tras la compra de Monsanto en junio de 2018 por 63.000 millones de dólares (unos 55.501 millones de euros). La empresa alemana anunció este jueves un beneficio neto de 1.241 millones de euros en el primer trimestre de 2019, con una caída del 36,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, que la firma ha justificado por los costes de integrar a Monsanto.

Desde la absorción de Monsanto, la filial de herbicidas se ha convertido en una pesadilla legal para la compañía alemana. El pasado marzo, un jurado de Estados Unidos dictaminó que el glifosato presente en el herbicida Roundup fue un “factor sustancial” en el origen de un cáncer detectado en un hombre que usó dicho producto. Por este juicio, Bayer fue condenado a indemnizar con 5 millones de dólares además de pagar otros 75 millones en daños punitivos al demandante, que alegó que el uso de Roundup le causó un linfoma no Hodgkin. 

La respuesta de la compañía entonces fue: “Estamos decepcionados con la decisión inicial del jurado, pero seguimos creyendo firmemente que la ciencia confirma que los herbicidas a base de glifosato no causan cáncer”, además de anunciar que buscarían “una revisión de la corte de primera instancia y apelar, si es necesario”. 

Tras esta sentencia, la compañía se enfrenta a una denuncia múltiple en el Distrito Norte de California, de 13.400 demandantes, que reclaman la compañía por daños y perjuicios asegurando que el glifosato del herbicida Roundup les ha causado linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple. Además, tienen otro causas por los mismos motivos en marcha en la corte estatal de California y otros cuatro juicios pendientes de que les pongan fecha en Missouri y Montana para el resto de 2019. 

En el primer trimestre de este año, Bayer admite que ha dedicado 51 millones de euros a litigios, de los que 13 millones se han pagado en acuerdos de reconciliación sin tener que llegar a los tribunales.