La Dirección General de Tráfico (DGT) ha revocado dos multas que le fueron impuestas a un conductor en los radares de tramo que se han instalado en la autovía A-7, en su tramo entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz, tras recibir una denuncia del afectado en el que exponía que la señalización marcaba un límite de 100 km/h mientras que el radar lo fijaba en 80 km/h.

En la resolución, que fue adelantada por Europa Sur y a la que ha tenido acceso Europa Press, la DGT deja sin efecto las sanciones impuestas, de 300 euros en un caso y de 100 euros en el segundo, al mismo conductor.

“A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente, se llega a la conclusión de que en el caso que se examina, no es procedente la imposición de la sanción a que se refiere el mismo, por lo que se acuerda su revocación de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, señala la DGT en ambas resoluciones, fechadas a 5 de marzo de 2026.

“Sanciones ilegales”

Los hechos tuvieron lugar después de que un trabajador de la empresa Arreza Seguros recibiera dos multas tras pasar el 22 de septiembre y el 15 de octubre del pasado año por el citado tramo regulado por radares, que detectó que se habían superado en ambos casos los 80 km/h fijados por estos elementos.

Ante esto, el afectado reclamó las multas alegando que “el control radar de tramos está limitado a 80 km/h pero el conductor tiene una señal en el tramo de 100 km/h”, considerando dichas sanciones “ilegales”. Desde Arreza Seguros han advertido que puede haber “muchas personas que están pagando estas denuncias que son ilegales” al ser también multadas por este radar de tramo.

Según datos de la DGT, en la provincia de Cádiz hay instalados hasta siete radares de tramo en distintas carreteras gaditanas, como la propia A-7, la N-340, la CA-35, la CA-33, la A-48, la A-384, y la A-2001.

Los radares de tramo son un sistema de cámaras que graban de forma continua e identifica la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba las tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo. Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción, pero si la velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción, como define la DGT estos sistemas.

Para peatones y al volante. El teléfono móvil se ha convertido en el peor aliado en la carretera, porque supone un foco de distracción para todos, tanto para viandantes como para conductores, que apartan su vista para fijarse en alguna de las notificaciones que aparecen en la pantalla, pese al riesgo que conlleva para su seguridad, recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Tráfico lanza frecuentemente campañas de concienciación para erradicar el uso de este dispositivo en la carretera. De hecho, a través de sus redes sociales, ha llamado la atención sobre esta infracción ahora que se están produciendo miles de desplazamientos: “El uso del teléfono móvil es uno de los principales despistes al volante. Esta Semana Santa conduce con cero distracciones”. 

La DGT recuerda que se trata de una infracción “muy común” y que está castigada con una multa económica y con la retirada de puntos del carnet de conducir. Sin embargo, la sanción es distinta dependiendo de si el conductor agarra el teléfono móvil o toca la pantalla del mismo. 

Multas por utilizar el móvil

El uso indebido del teléfono móvil mientras se conduce continúa siendo la distracción sancionable más frecuente al volante, recuerda la dirección dependiente del Ministerio del Interior. Utilizarlo mientras se conduce pone en peligro la vida del conductor y del resto de usuarios, también de los peatones en el caso de las vías urbanas. 

Sin embargo, su uso está castigado de diferente manera. Supone una sanción de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir si se utiliza, aun estando fijo en un soporte. La sanción es mayor si se sujeta con una mano, porque supone la retirada de seis puntos del carnet de conducir. La multa económica es la misma (200 euros). 

Entonces, ¿tampoco se puede poner el navegador en el teléfono móvil? Esto último sí está permitido, de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, aunque también con excepciones. “Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares”, detalla la norma. 

Sin percepción de peligro

Muchos conductores no solo utilizan el móvil al volante, aunque sea de forma puntual, sino que no perciben que esa acción entrañe un riesgo para su seguridad. Así lo apunta el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en su informe monográfico sobre distracciones al volante de 2023, donde se recoge que el 29 % de los conductores admite usarlo sin utilizar funcionalidades manos libres y un 24 % lo utiliza para leer mensajes de texto o comprobar redes sociales.

Las pantallas, los teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos no son buenos compañeros de viaje, porque terminan en distracciones al volante y en accidentes que, en muchos casos, cuestan vidas. La Dirección General de Tráfico (DGT) es tajante al respecto: en el coche, solo hay que tener ojos para la carretera y no atender a otros factores externos. 

También apunta en esa dirección Reglamento General de circulación en su artículo 18, donde detalla que el conductor de un vehículo está obligado a mantener una atención permanente. Y eso se considera incompatible con el uso de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD, siempre que el vehículo esté en movimiento. 

Entonces, ¿está permitido el uso del manos libres en nuestro país? ¿en qué situaciones? La respuesta es sí, aunque con excepciones, detalladas en el texto impulsado por el Ministerio del Interior y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares”, según se detalla en el artículo 18. 

Es decir, el conductor puede hacer uso del manos libres siempre que pueda controlarlo desde el volante o de viva voz, por ejemplo, para recibir una llamada entrante o pedirle que llame algún contacto de nuestra agenda. El resto de situaciones no están permitidas, aunque las infracciones de este estilo están a la orden del día. 

Utilización del móvil al volante

Según denuncia la DGT, no todos los conductores siguen lo establecido por la normativa y el uso de dispositivos electrónicos sigue repitiéndose con el vehículo ya en marcha. Tráfico denuncia que una buena parte de los conductores sigue utilizando el teléfono móvil cuando está al volante, poniendo en riesgo la seguridad del resto de pasajeros y de usuarios de la vía. 

Además de poner en riesgo la seguridad, Tráfico recuerda que el conductor se expone a una importante sanción por utilizar el teléfono móvil mientras conduce, aunque este dispositivo esté colocado en el salpicadero y no tengamos que cogerlo necesariamente. 

Tocar la pantalla del teléfono móvil con el vehículo en marcha está considerado como una infracción grave y conlleva una multa económica de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir. Si lo cogemos y lo manipulamos, el castigo es mayor: misma sanción económica, pero retirada de seis puntos del carnet de conducir.  

Los casos de represión contra el derecho a protesta que se dieron en movilizaciones españolas durante el año 2025 han ascendido un 66,7% con respecto al año 2024. De entre todas las movilizaciones, una cuarta parte de las intervenciones se produjeron durante protestas en solidaridad con Palestina (90 casos), seguidas de vivienda y okupación (67 casos) y antifascismo (61 casos). Son datos que recoge el informe anual de la plataforma Defender a quien defiende, defensora de los derechos humanos y que cada año estudia la situación del derecho a la protesta en el Estado español de forma cuantitativa y cualitativa.

El informe, presentado este jueves por Bernat Aragó (de la asociación NOVACT), Cèlia Carbonell (de la asociación Irídia), Gabriela López Neyra (psicóloga del Centro Sira) e Ibán Vazquez (de BDS Madrid), recoge que la represión se intensifica cada año y lo hace de manera más visible y más sistemática —a más protesta y movilización popular, más represión—. En total, según los datos que ha podido conseguir la plataforma Defender a quien defiende, en 2025 se dieron un total de 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en contexto de protesta.

Tipos de vulneraciones del derecho a protesta

La organización diferencia entre tres tipos de datos. Los casos, según detalla la plataforma, hacen referencia a los episodios concretos vinculados “a una protesta o situación relacionada con el ejercicio del derecho a la protesta” (por ejemplo, una manifestación, un desalojo). Las vulneraciones son intervenciones concretas realizadas “por una autoridad pública o por un actor privado que afecta o restringe el ejercicio de alguno de los derechos que conforman el derecho a la protesta”. Por ejemplo, una carga policial, una detención, una multa administrativa o la apertura de un procedimiento judicial. Y las personas afectadas “se contabilizan por caso y por vulneración”, es decir, una persona identificada y detenida es una persona contabilizada; en cambio, “si se produce una carga policial desproporcionada contra un grupo de personas, pero no se reporta ninguna persona herida, contará como una sola persona”. Si una persona resulta afectada en distintos casos, se contabiliza en cada uno de ellos en los datos de la plataforma.

También se distinguen distintos tipos de vulneraciones. El estudio indica que en 2025 adquieren mayor peso las vulneraciones contra la integridad física y moral (147 casos con 419 personas afectadas) y las detenciones (76 casos con 324 personas afectadas), lo que se traduce en más de una tercera parte de las vulneraciones detectadas, mientras que en 2024 fueron más comunes lss identificaciones y sanciones administrativas (más del 50 % del total de casos registrados). El informe recoge distintos tipos de intervenciones contra el derecho a protesta: multa, identificación, ataques a la integridad física y moral (agresiones, uso desproporcionado de la fuerza, cargas, registros y cacheos, golpes no reglamentarios, amenazas, insultos, coacciones o vejaciones), detención, infiltración (presencia encubierta de agentes de paisano en manifestaciones o actividades en espacios sociales), represión judicial, censura, retención, burorrepresión (obstáculos administrativos, trabas burocráticas o exigencias desproporcionadas que dificultan la organización y participación en movilizaciones), policía sin identificar y otros.

Un cuarto de las retenciones fueron en protestas por Palestina

Las retenciones durante las protestas en solidaridad con Palestina fueron las más recurrentes (el 24,7 % de los casos), y han aumentado casi un 65 % frente al año anterior, sobre todo en casos de ataque a la integridad física y moral. Estos casos de represión se dieorn principalmente en tres acontecimientos del año 2025: el boicot a la celebración de La Vuelta Ciclista entre los meses de agosto y septiembre, las protestas por el secuestro de los activistas de la Global Sumud Flotilla, y la huelga general por Palestina el día 15 de octubre del mismo año. Durante La Vuelta Ciclista en Madrid, la Red de Observación de vulneraciones en contexto de protesta de Madrid registró más de una veintena de manifestantes heridos, “de los cuales cuatro referían heridas graves en cargas desproporcionales ocasionadas por la Policía Nacional”, según el informe de Defender a quien defiende.

Estas intervenciones fueron ejercidas en su mayoría por los cuerpos policiales (54,5%), donde los Mossos d’Esquadra son responsables de un 25,8% de los casos, y la Policía Nacional de un 22,6%. “Este patrón refuerza la tendencia observada en años anteriores, donde las fuerzas policiales representan el principal actor en la represión de la protesta”, explican desde Defender a quien defiende.

Por otro lado, las instituciones públicas y judiciales son responsables del 26,3 % de los casos (111), y el 19,2 % de las vulneraciones documentadas son de actores privados, que entran en juego en protestas como las de vivienda, con la intervención de empresas de desocupación como Desokupa.

El informe también distingue un análisis territorial de los casos, donde se aprecia que Catalunya es la comunidad autónoma donde más casos se han registrado en 2025 (194 de los 380), seguido de Madrid (61 casos) y la Comunidad Valenciana, donde, además de protestas en solidaridad con Palestina, la vivienda y movilizaciones antifascistas, se produjeron muchos episodios vinculados a las protestas por la gestión de la DANA.

El recuento no corresponde a la totalidad de casos existentes pues, según explican en su informe, “en el Estado español no existe ningún mecanismo oficial de recuento o sistematización de vulneraciones del derecho a la protesta”, por lo que la recopilación de estos datos se ha conseguido mediante “observación directa por parte de redes de monitoreo en el terreno, testimonios y documentación aportada por personas afectadas, así como el seguimiento sistemático de medios de comunicación y redes sociales de movimientos sociales”. Defender a quien defiende explican que esta información es “una radiografía basada en los casos detectados y documentados por la plataforma, sin posibilidad de contraste con datos institucionales equivalentes. El volumen real de afectaciones es necesariamente superior”.

Diez años de la Ley Mordaza

El informe de Defender a quien defiende de 2025 coincide con el décimo año desde la aprobación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana) en España, que entró en vigor en julio de 2015. Esta ley ha supuesto el aumento y endurecimiento de las sanciones en los espacios públicos, principalmente en manifestaciones, y que limitan los derechos de los ciudadanos (libertad de expresión y protesta). Desde la plataforma apuntan que “no se debería haber aprobado nunca” y aseguran que fomenta malas prácticas con el material policial.

Este aumento de malas prácticas se ha podido apreciar en el incremento del uso de gases pimienta, pelotas de goma, bastones policiales, proyectiles de foam y otros materiales antidisturbios. La organización afirma que hay casos en los que los cuerpos los utilizan sin seguir los protocolos establecidos para ello, llegando incluso a provocar en activistas fracturas óseas en brazos, piernas y costillas. La plataforma denuncia que en numerosas ocasiones el uso de este material está “injustificado” y exigen la prohibición de los gases y los proyectiles.

De la misma forma, desde Defender a quien defiende critican las nuevas técnicas de control y vigilancia de la ciudadanía en el espacio público, como cámaras de seguridad, cámaras térmicas y de reconocimiento facial, y defienden que “solo una sociedad informada, que comprende los riesgos reales y se reconone como sujeto político en el espacio público, puede resistir la normalización de la vigilancia y movilizarse para construir alternativas democráticas y justas”.

La Universidad Cardenal Herrera-CEU se salvó de una multa de hasta 601.012,10 euros por una infracción “muy grave” de la normativa sanitaria tras haber embalsamado durante años más de 650 cadáveres con personal no cualificado. Los inspectores consideraron que esta actuación estaba tipificada con el máximo nivel de penalización, pero la multa impuesta fue la menor posible gracias a los atenuantes aplicados. La Conselleria de Sanidad acabó sancionando al centro educativo con 15.100 euros, con la posibilidad de rebajar la cuantía a 9.000 euros en caso de pago rápido y de renunciar a recurrir.

¿Cuáles han sido esos atenuantes que han beneficiado a la Universidad Cardenal Herrera-CEU? Según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, “el desconocimiento normativo por parte de la entidad interesada y la falta de intencionalidad en su incumplimiento”. Unos argumentos llamativos si se comparan con la actuación de otros organismos sancionadores, como la Dirección General de Tráfico, la Agencia Tributaria o la Inspección de Trabajo.

Así, aunque en la resolución se califican los hechos como “muy graves”, con sanciones que pueden oscilar entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, finalmente se impone el mínimo. “Se le comunica que, para este expediente sancionador, se ha determinado la multa correspondiente a la infracción en la cuantía mínima, dentro del rango aplicable a la infracción muy grave inicialmente imputada, considerando las circunstancias atenuantes puestas de manifiesto en el informe de 16 de enero de 2026, consistentes en el desconocimiento normativo por parte de la entidad interesada y la falta de intencionalidad en su incumplimiento”, reza la resolución.

En el mismo informe, los inspectores concluyeron que los hechos estaban plenamente acreditados. “En la inspección practicada, se solicitó información acerca de la persona encargada de la realización de las técnicas de conservación de los cadáveres. La compareciente en la inspección, en calidad de vicerrectora de Investigación y Transferencia, manifestó que era don C.R.M., no habiéndose realizado ninguna técnica de conservación de cadáveres por parte de otro profesional”, explicaron. Esta persona, que además es la denunciante de las irregularidades, era la “encargada de la realización de las prácticas de conservación de los cadáveres y no dispone de la titulación de médico, tal como se indica en el artículo 35 del Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, modificado por el Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell. Las técnicas de embalsamamiento y conservación transitoria han de ser realizadas por un médico designado libremente por la familia”.

Además, la calificación de los inspectores también fue muy clara: “El hecho constitutivo de la presunta infracción que se le imputa en este procedimiento contiene circunstancias y elementos suficientes para calificar la infracción como muy grave, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 35.c.1) de la Ley 14/1986, General de Sanidad, y el artículo 102 de la Ley 10/2014, de Salud de la Comunitat Valenciana, en relación con los artículos 35 y 50.3.b) del Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el reglamento que regula las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana”, certifica el documento de propuesta de sanción.

La propuesta de sanción atenuada se presentó a principios de febrero. El expediente tiene un plazo de hasta nueve meses para su resolución.

Por exceso de velocidad, por utilizar el teléfono móvil, por no llevar puesto el cinturón, por no utilizar correctamente el sistema de retención infantil (SRI), por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada o por conducir bajo los efectos del alcohol. Son algunas de las infracciones más recurrentes en las carreteras españolas, de acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT).

Dependiendo la gravedad de la infracción, el castigo puede conllevar la pérdida de puntos del carné de conducir, una sanción económica o ambas. Si se trata de una multa y no se tiene la intención de recurrir, Tráfico recuerda que el conductor tiene veinte días naturales para pagarla con una reducción del 50% y ahorrarse así la mitad del importe.

Sin embargo, si el infractor paga la multa en período voluntario, este renuncia a presentar alegaciones y tampoco la podrá fraccionar o aplazar la misma, recuerda en su página web el departamento dependiente del Ministerio del Interior y liderado por Pere Navarro.

Transcurridos esos veinte días y si no se ha recurrido, deberá abonarse la totalidad del importe a través del procedimiento ordinario y en un plazo de 45 días después de haber recibido la notificación. Si no, a partir de ahí, la Agencia Tributaria se encargará de cobrarla con un 20 % de recargo.

Multas sin reducción del 50% del importe

Sin embargo, el conductor no siempre puede ahorrarse la mitad del importe, aunque esté dentro del plazo de los veinte días naturales y no piense presentar alegaciones. La DGT recuerda que existen una serie de excepciones a las que no se aplicará la reducción del 50%. 

En concreto, enumera cuatro infracciones incompatibles con esta reducción: 

En cualquiera de los supuestos anteriores, el conductor infractor tendrá que pagar la totalidad de la multa correspondiente y no se podrá beneficiar de la reducción de la mitad de la cuantía. 

Tanto si se aplica la reducción como si no, Tráfico aconseja a los conductores que, antes de pagar o recurrir la multa, comprueben que es de la DGT, además de revisar los datos y comprobar que toda la información que se detalla en la carta o en la notificación electrónica sea correcta. 

“He decidido que no pienso pagar y espero que mucha gente tampoco lo haga”. La que habla es Trini, una vecina de Maracena que, como decenas de conductores, acumula en su haber tantas multas por haber circulado por la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada capital que ha de afrontar un desembolso que supera los mil euros en el mejor de los casos. Dice que no pagará porque asegura sentirse “engañada” por el Ayuntamiento de Granada ya que la información sobre la ZBE es escasa y da lugar a errores que le han costado las sanciones.

Como ella, decenas de conductores están poniendo el grito en el cielo porque el Ayuntamiento de Granada ha empezado a enviar ahora las primeras multas por incumplir con la ZBE que empezaron a imponerse en octubre. Es decir, han conocido cuatro meses después que haber circulado por la capital granadina para acudir a su puesto de trabajo o a estudiar, va a suponerles un coste económico elevado. Por ello, el sindicato CCOO y el PSOE en la oposición consistorial le están pidiendo al gobierno local que recule y aplique una moratoria que impida que tantos ciudadanos deban pagar tantas multas. Afirman que la actitud del Consistorio con la ZBE genera “indefensión”.

Y tienen argumentos para defender ese postulado. Mientras el Ayuntamiento de Granada, gobernado en solitario por el PP, se escuda en que no se ha desprotegido a la población y que se ha informado en tiempo y forma, lo cierto es que son muchos los conductores que se han enterado demasiado tarde de que la nueva ZBE les supondría sanciones. Conductores que incluso ni siquiera vivían en Granada cuando comenzó la implantación de esta zona de bajas emisiones y que, por lo tanto, no podían conocer las multas a las que se exponían.

No en vano, dado que la normativa estatal obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de estas características, el Consistorio empezó a multar de manera escalonada desde octubre: el primer mes solo se imponía una multa, en noviembre una multa por semana y a partir de diciembre una cada día. Lo que pone en jaque a todos los que han utilizado sus vehículos en estas semanas sin saber a lo que se exponían.

Créditos para pagar multas

Ese es el caso de Jorge, un joven de 29 años que empezó a trabajar en la capital granadina a finales de octubre y que ahora estima que se enfrenta a más de 8.000 euros en multas por la ZBE. Es trabajador fijo discontinuo y cada día recorre los 180 kilómetros que le separan de Jaén en cada ida y vuelta para acudir a su puesto. Entraba a Granada por la zona norte sin saber que su vehículo, matriculado en 2004, quedaba fuera de los permitidos.

“Si me llega la primera multa en noviembre, no vuelvo a pasar”, explica. Pero no fue así. La notificación llegó meses después, cuando ya había acumulado decenas de accesos sancionables. Ahora calcula que la deuda podría superar los 8.000 euros, una cifra que le resulta inasumible y que tampoco quiere recurrir porque supondría entrar en un proceso legal que le deja sin la reducción del 50% por pronto pago y le hace afrontar otra deuda en abogados y juicios.

“No puedes avisar a un ciudadano cuatro meses y medio después”, lamenta. Aunque sospecha que no todas serán tramitadas, no tiene confirmación oficial y, en todo caso, denuncia que desde el Consistorio apenas se le han ofrecido soluciones. “Igual tengo que acabar pidiendo un crédito”. Lo que sí ha cambiado desde que recibió la primera sanción es que ahora hace uso del vehículo que le ha prestado un familiar y que sí cumple con los requisitos que exige la ZBE de Granada.

El patrón se repite. Trini, desempleada y sin ingresos, utilizaba su coche –de enero de 2005– para desplazarse desde Maracena a Granada en busca de trabajo. Accedía por la zona de Juan Pablo II convencida de que las cámaras estaban situadas más al interior de la ciudad. “Apenas se ve la señalización y aunque fuera una sola multa, ya es un roto para personas como yo”, resume. En su caso, no se trata de elegir entre pagar o recurrir: asegura que no tiene medios económicos para afrontar la sanción. “Si tuviera dinero, tendría un coche nuevo”, lamenta. Según cuenta, además, ella se informó previamente mediante la web de la ZBE que tiene habilitada el ayuntamiento y con la que creía que “no estaba cometiendo ninguna irregularidad”.

En todo caso, las multas comenzaron a imponerse en octubre de 2025, después de que en abril el Ayuntamiento aprobara la ordenanza que regula la ZBE. Desde entonces, según relatan los afectados, las sanciones han ido llegando de forma acumulada y sin aviso previo efectivo. La consecuencia es que conductores que han accedido a diario a la ciudad para trabajar, estudiar o cuidar de familiares han visto cómo, de golpe, se enfrentan a deudas de miles de euros.

¿Ganar población?

Muchos de estos afectados han acabado recurriendo a CCOO Granada para denunciar su situación. El sindicato considera también que la aplicación de la ZBE en la ciudad ha generado una situación de “indefensión” para numerosos trabajadores que están recibiendo ahora –con hasta cuatro meses de retraso– sanciones acumuladas por acceder diariamente en coche a la capital para trabajar. No cuestionan la necesidad ambiental de la ZBE, pero sí su diseño y aplicación. Denuncia falta de información clara, señalización insuficiente, ausencia de aparcamientos disuasorios eficaces y carencias del transporte metropolitano, especialmente para trabajadores desplazados desde el área metropolitana o provincias cercanas.

Su secretario general, Daniel Mesa, afirma que “la mayoría de los afectados son jóvenes con coches prestados por sus padres o hermanos para poder ir a trabajar”. Y cree que desde el Ayuntamiento no se ha trabajado bien en la señalización que considera “poco clara y poco visible”. Al mismo tiempo, pone en el foco otra variable: que no importan tanto si contaminan los vehículos como el hecho de ganar población. “Para el Ayuntamiento de Granada basta con que tengas el coche empadronado en la ciudad para poder circular sin restricciones, sin importar que sea viejo y contaminante”. Mesa cree que es una estrategia consistorial para ganar población y lograr que la ciudad llegue a los 250.000 habitantes que permiten “obtener más financiación pública”.

No solo desde CCOO se censura al Ayuntamiento de Granada, sino que desde el grupo municipal socialista, su portavoz, Raquel Ruz, cree que el Ayuntamiento ha de poner en marcha una moratoria inmediata y la anulación de las sanciones ya tramitadas. Ruz sostiene que la acumulación “no tiene precedentes” y que puede provocar el embargo de cuentas de familias que dependen del coche para desplazarse a diario a la capital. La socialista no cuestiona la necesidad de la ZBE, obligatoria para ciudades de más de 50.000 habitantes por la normativa estatal impulsada por el Gobierno de España, pero sí la gestión municipal de su implantación.

Un periodo de tiempo “prudencial”

El Ayuntamiento rechaza que exista desprotección. Defiende que entre la aprobación de la ordenanza y el inicio del régimen sancionador transcurrió un periodo “más que prudencial” y que se realizó una campaña informativa en medios y redes sociales. Asegura, además, que antes de comenzar a multar se remitieron más de 70.000 notificaciones a vehículos que accedían a la zona restringida para advertir de que, en unos meses, incumplirían la normativa. También sostiene que en octubre solo se impuso una sanción por vehículo y que posteriormente se aplicó un criterio progresivo, pese a que hubiera infracciones diarias.

En cuanto a la señalización, el Consistorio afirma que cumple estrictamente la normativa y que el tamaño, tipografía y colores de las señales no son arbitrarios, sino los establecidos para este tipo de limitaciones. Niega igualmente cualquier “afán recaudatorio” o interés por “sumar empadronados”; recordando que la medida responde a un imperativo legal y a objetivos de salud pública. De hecho, aporta datos de reducción de emisiones tras los primeros meses de aplicación: un 11,59% menos de CO₂ en la zona Norte y un 20,98% menos en el entorno del Palacio de Congresos respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, más allá del cruce de argumentos, la controversia ha abierto un debate de fondo sobre cómo se implementan las políticas de transición ecológica. “Quien utiliza un vehículo antiguo no tiene tampoco capacidad económica para afrontar tantas multas ni para adquirir un coche nuevo”, recuerda Dani Mesa de CCOO. Los vehículos más antiguos –los que no pueden acceder a la ZBE, salvo que estén empadronados en la ciudad– suelen estar en manos de familias con menos recursos, que no pueden asumir el coste de cambiar de coche ni siempre cuentan con alternativas eficaces de transporte público metropolitano o aparcamientos disuasorios.

Ahí es donde los afectados sitúan el problema. No discuten la necesidad de reducir la contaminación, pero sí que la carga económica recaiga de forma abrupta sobre quienes menos margen tienen para adaptarse. Mientras el Ayuntamiento defiende los beneficios ambientales de la medida, conductores como Trini y Jorge afrontan una realidad mucho más inmediata: facturas que superan los mil –o los ocho mil– euros y la sensación de haberse enterado demasiado tarde. “Lo más disuasorio es que te llegue una multa. Si te llega cuatro meses después, ya no disuade: arruina”, sentencia Mesa.

Las multas a los conductores de patinetes eléctricos en lo que concierne al uso correcto del casco –homologado y siempre abrochado–, y al chaleco reflectante –esto último, obligatorio solo en situaciones de escasa visibilidad– no serán de aplicación hasta el día 20 de marzo, pese a la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal este lunes, por un error en el proceso de notificación, vía telemática, a la Junta de Andalucía. Esto ha provocado que no quede registrada en la plataforma correspondiente, a diferencia de lo sucedido con la plataforma estatal, donde no ha habido problema en su recepción, según indican fuentes municipales a Europa Press.

Como consecuencia, los policías locales no podrán sancionar hasta esa fecha a quienes incumplan la ordenanza de patinetes en esos dos puntos en cuestión, el casco y el chaleco reflectante. Sí pueden multar a los conductores de estos vehículos de movilidad personal (VMP) si infringen la norma en otros apartados porque, en esos casos, se ha remitido la normativa local solo al Estado; por tanto, no ha habido error en la recepción de la misma, tal como añaden las mismas fuentes.

En este sentido, quienes hayan sido denunciados desde este lunes por incumplir el texto en lo que respecta a algunos de esos dos supuestos, podrían recurrir la sanción.

Todo ello obedece a que, como contempla el artículo 70.2 de la LBRL, la entrada en vigor de las normas locales, “por regla general”, requiere de la concurrencia de dos elementos: por un lado, la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), “y, por otro, el transcurso del plazo de quince días desde la recepción de la copia de la norma por la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente”. Por ello, una vez que se ha procedido este jueves al registro de forma correcta, empiece a contar ese plazo de 15 días desde ahora.

Casos en los que sí se puede multar

Los agentes, por tanto, sí podrán seguir sancionando a los usuarios de patinetes si circulan por vías ciclistas con una potencia nominal de más de 250W o a una velocidad superior a los 15km/h; estacionan estos vehículos en aceras y zonas peatonales, o son anclados a elementos de mobiliario urbano o arbolado, entre otros.

La nueva ordenanza aplica a los mencionados vehículos las restricciones previstas para las bicicletas, incluida la obligación de desmontar en los horarios, fechas o circunstancias de aglomeración que así lo exijan y mantiene en los 15 años la edad mínima para circular, un requerimiento expreso hecho por la Policía Local porque considera que es la misma edad que permite el uso de una motocicleta.

Asimismo, deberán disponer de seguro de responsabilidad civil, el certificado de circulación y deberán estar registrados en el registro de la DGT. La prohibición de conducir un patinete utilizando auriculares, sistemas de audio, teléfonos móviles, cualquier dispositivo de comunicación o bajo tasas de alcohol o drogas, se mantiene de igual forma.

Las multas oscilan entre los 50 a 100 euros de las infracciones leves, los 101 a 200 euros de las infracciones graves y los 201 a 500 euros de las infracciones muy graves. Estas sanciones, tal y como ha enmarcado el Ayuntamiento, mantienen la cuantía ya establecida excepto el límite máximo de las sanciones muy graves que pasa de 400 a 500 euros.

L’embargament de part de la nòmina per una multa de més de 1.000 euros, que li va arribar fora de termini després d’entrar a Formentera amb el seu cotxe sota la limitació de vehicles, ha fet que Javier, resident a Eivissa, hagi remogut cel i terra per no haver d’abonar l’import i que hagi entrat, en els darrers dos anys, en un periple de reclamacions que sembla no tenir fi. L’afectat ha presentat ara un recurs davant l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i assegura que ni aquest organisme ni el Consell havien respost a les seves reclamacions quan es va fer efectiu l’embargament, com ja va avançar El Periódico de Ibiza.

Va ser el 2021 quan va decidir que viatjaria a Formentera amb la moto que estava a nom de la seva parella, però que conduïa ell. Al cap de dos anys, el 2023, va rebre la multa de 1.001 euros –la sanció estipulada pel Consell Insular per l’incompliment de la normativa– quan el termini per notificar-la ja estava a punt de caducar. Tampoc podia optar, per tant, a l’import reduït de la multa.

L’afectat va presentar al·legacions al Consell amb l’argument que la sanció havia prescrit i informant que la notificació inicial no havia estat vàlida, ja que havia arribat a una altra persona, no a qui conduïa el vehicle. També va considerar en l’escrit, al qual ha tingut accés elDiario.es, que les navilieres encarregades de transportar vehicles entre Eivissa i Formentera haurien de tenir l’obligació d’informar sobre la necessitat de tramitar els permisos, cosa que no va ocórrer. “La primera al·legació que vaig fer va ser indicar un domicili correcte per a notificacions, a Sant Antoni, que –des del Consell– van ignorar”, apunta.

L’octubre de 2025 es va iniciar l’embargament de nòmina sense haver obtingut abans resposta: “Malgrat les meves al·legacions, continuaven embargant, sense contestar res. Va ser aleshores quan vaig contactar amb mitjans de comunicació i, només després de la cobertura en premsa, vaig rebre una resposta de l’Agència Tributària, dos dies després”.

La resolució parcial de l’Agència Tributària va reconèixer irregularitats en les notificacions anteriors i va declarar nul·les totes les comunicacions prèvies, indicant que la multa havia de ser notificada de zero. No obstant això, l’afectat explica que la primera notificació oficial que va rebre, ja el 2026, incloïa un recàrrec que impedeix aplicar la reducció prevista inicialment: “En lloc de pagar 600 euros, ara la multa ascendeix a 1.001 amb recàrrec, tot i que és la primera vegada que me la notifiquen correctament”, aclareix.

En Javier va rebre una multa de 1.001 euros per anar amb la moto de la seva parella quan el termini de notificació estava a punt de caducar, cosa que li impedia reduir-ne l’import. Li van embargar la nòmina sense haver rebut cap resposta

Més de 500 multes el 2024

En el degoteig de sancions vinculades al sistema de regulació d’entrada de vehicles a Formentera, diversos residents d’Eivissa relaten el mateix escenari que, asseguren, els ha deixat amb multes de 1.001 euros malgrat haver intentat complir amb el procediment. En total, el 2024, el Consell va imposar 546 sancions i va tramitar 3.312 actes –gestionades per l’Agència Tributària– encara sense resoldre, segons ha informat a elDiario.es.

María –nom fictici a petició pròpia– és una de les residents sancionades. El setembre de 2024 va anar a Formentera durant unes hores per motius laborals i es va sorprendre quan en gener de 2026 va rebre la sanció. “Em vaig posar a plorar”, confessa. Sobretot, explica, perquè abans d’embarcar va preguntar a un treballador de la naviliera si necessitava autorització i li van respondre que no.

La limitació, però, continuava vigent fins al dia 30 d’aquell mateix mes. “És una barbaritat”, valora sobre l’import al qual s’enfronten les persones que incompleixen la normativa, moltes vegades per desconeixement. Tot i que el Consell ha recordat recentment, en al·lusió a la limitació de vehicles, que el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment, tal com estableix l’article 6.1 del Codi Civil.

Canvi d’estat de la sol·licitud

El mateix estiu (i el mateix mes de setembre) David, d’origen argentí i treballador a l’illa, també va anar amb moto a Formentera. Dos dies abans de viatjar havia emplenat el formulari per autoritzar una moto que no estava al seu nom, sinó al d’un amic. El mateix matí del viatge va comprovar a la web que la sol·licitud figurava com a “aprovada” i, tot i així, el 2 d’octubre va rebre un correu en què se li comunicava que la sol·licitud havia estat denegada, tal com relata a elDiario.es. En les seves al·legacions, va explicar que havia viatjat “de bona fe” perquè el sistema mostrava l’autorització concedida, un argument que, afirma, va ser ignorat pel Consell. També li van indicar que, en no estar la moto empadronada a Eivissa, la sol·licitud no era vàlida.

Ara ha remès un escrit al departament legal en què sol·licita l’anul·lació de la sanció –també de 1.001 euros–. Així mateix, ha reclamat una còpia completa de l’historial d’estats de la seva sol·licitud, amb data i hora de cada modificació, i ha advertit que, si no rep resposta en un termini de deu dies, iniciarà accions administratives i judicials.

Mesura pionera

Formentera va ser la primera de les Balears, l’any 2019, a regular l’entrada de vehicles amb el projecte Formentera.eco, convertint-se en el mirall en què ara es miren la resta d’illes per evitar la saturació. La iniciativa va arrencar després del “consens entre tots” els partits polítics de la pitiüsa per alleujar la massificació a les carreteres en plena temporada turística.

Després de set temporades en funcionament, des de la Conselleria de Medi Ambient asseguren que s’ha assolit l’objectiu: el sostre de cotxes permesos s’ha reduït progressivament, passant dels 10.287 inicials als 1.732 vehicles diaris. De fet, Eivissa ja va implantar la seva limitació la temporada passada (amb l’oposició inicial de les navilieres) i Mallorca ja treballa en la seva normativa. El Consell de Formentera ha explicat que, des de 2023, amb l’entrada de Sa Unió al govern, s’ha reforçat l’aplicació de la limitació, permetent tramitar eficaçment els expedients sancionadors acumulats i garantir el compliment de la norma.

Formentera va ser la primera illa d’Espanya a limitar l’entrada de vehicles, convertint-se en un mirall en què es miren les altres per evitar la saturació

“No és just que els eivissencs estiguem subjectes a les mateixes condicions i ens enfrontem a les mateixes multes que els turistes”, valora Naor, que, quan a finals d’aquest estiu va decidir anar a passar el dia a Formentera amb la seva parella, es va topar amb l’impediment que se’ls denegava l’autorització per portar el vehicle. En advertir-los que s’enfrontaven a una multa si viatjaven sense permís, van optar per desplaçar-se fins a es Pujols i moure’s per l’illa en taxi tot i que ja era gairebé temporada baixa. El resident lamenta també que hi hagi passatgers que reservin “per si de cas” la plaça i després no en facin ús. En la mateixa línia, Marina, una altra resident, explica que el seu cotxe, 100% elèctric, pot passar sempre de manera gratuïta, “però mai hi ha places”. Per això només poden viatjar si paga el tràmit com si tingués un vehicle estàndard.

La negociació d’un nou cupo

El Consell de Formentera ha debatut aquesta setmana, en el marc del Consell d’Entitats, dues possibilitats: redistribuir el sostre de vehicles actual o mantenir el cupo de 2025. La discussió es produeix després de mesos de participació ciutadana i anàlisi tècnica de la xarxa viària en què s’han comparat, entre altres documents, els estudis de 2018 –pre Formentera.eco– i 2025, dels quals es desprèn que s’ha produït una reducció del trànsit del 14,4% (superant el compromís inicial, determinen des del Consell).

Si es comparen els estudis del 2018 —abans de la nova normativa— i del 2025, es desprén que s'ha produït una reducció del trànsit del 14,4% a l'illa, segons el Consell Insular

La primera opció, la més votada al gener, proposa una redistribució progressiva del sostre vinculada als distintius ambientals, amb una quota de 800 vehicles per a treballadors no residents i un màxim de 1.000 turismes de visitants, fins a un total de 10.355 vehicles. Mentre que la segona alternativa, sorgida de la Sectorial de Mobilitat, planteja mantenir el sostre de 2025 per consolidar l’escenari actual abans d’aplicar noves reduccions. En aquest cas, el límit de turismes de visitants seria de 1.732 i el sostre total de 10.287 vehicles, sense diferenciació específica per a treballadors no residents.

Les tres principals navilieres que connecten Eivissa amb Formentera –Trasmed, Baleària i GNV– s’han mostrat a favor d’excloure residents i temporers del cupo de vehicles per a les temporades 2026-2027 i han suggerit que s’incloguin criteris ambientals per a vehicles amb les etiquetes ‘0’ i ‘ECO’. Mentrestant, Javier ja ha preparat un recurs complet per sol·licitar la correcta tramitació de la sanció de mil euros, així com la devolució de qualsevol import embargat de manera indeguda. “El meu objectiu és que es reconegui la il·legalitat de les notificacions prèvies i se’m tracti com correspon”, conclou.

El embargo de parte de la nómina por una multa de más de 1.000 euros, que le llegó fuera de plazo tras entrar en Formentera con su coche bajo la limitación de vehículos, ha hecho que Javier, residente en Eivissa, haya removido cielo y tierra para no tener que abonar el importe y que haya entrado, en el último par de años, en un periplo de reclamaciones que parece no llegar a su fin. El afectado ha presentado ahora un recurso ante la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) y asegura que ni este organismo ni el Consell habían respondido a sus reclamaciones cuando se hizo efectivo el embargo, como ya adelantó El Periódico de Ibiza.

Fue en 2021 cuando decidió que viajaría a Formentera en la moto que estaba a nombre de su pareja, pero que conducía él. Al cabo de dos años, en 2023, recibió la multa de 1.001 euros —la sanción estipulada por el Consell Insular por el incumplimiento de la normativa— cuando el plazo para notificarlo ya estaba a punto de caducar. Tampoco podía optar, por lo tanto, al importe reducido de la multa.

El afectado presentó alegaciones al Consell con el argumento de que la sanción había prescrito e informando de que la notificación inicial no había sido válida, ya que le había llegado a otra persona, no a la que conducía el vehículo. También consideró en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, que las navieras encargadas de transportar vehículos entre Eivissa y Formentera deberían tener la obligación de informar sobre la necesidad de tramitar los permisos, algo que no ocurrió. “La primera alegación que hice fue indicar un domicilio correcto para notificaciones, en Sant Antoni, que —desde el Consell— ignoraron”, apunta.

En octubre de 2025 se inició el embargo de nómina sin haber obtenido antes respuesta: “A pesar de mis alegaciones, seguían embargando, sin contestar nada. Fue entonces cuando contacté con medios de comunicación y, solo tras la cobertura en prensa, recibí una respuesta de la Agencia Tributaria, dos días después”.

La resolución parcial de la Agencia Tributaria reconoció irregularidades en las notificaciones anteriores y declaró nulas todas las comunicaciones previas, indicando que la multa debía ser notificada de cero. Sin embargo, el afectado explica que la primera notificación oficial que recibió, ya en 2026, incluía un recargo que impide aplicar la reducción prevista inicialmente: “En lugar de pagar 600 euros, ahora la multa asciende a 1.001 con recargo, aunque es la primera vez que me la notifican correctamente”, aclara.

Javier recibió una multa de 1.001 euros por ir con la moto de su pareja cuando el plazo de notificación estaba a punto de caducar, lo que le impedía reducir el importe. Le embargaron la nómina sin recibir respuesta

Más de 500 multas en 2024

En el goteo de sanciones vinculadas al sistema de regulación de entrada de vehículos en Formentera, varios residentes de Eivissa relatan el mismo escenario que, aseguran, les ha dejado con multas de 1.001 euros pese a haber intentado cumplir con el procedimiento. En total, en 2024, el Consell interpuso 546 sanciones y tramitó 3.312 actas —gestionadas por la Agencia Tributaria— aún sin resolver, como ha informado a elDiario.es. 

María —nombre ficticio a petición propia— es una de las residentes sancionadas. En septiembre de 2024 recaló en Formentera durante unas horas por motivos laborales y se sorprendió cuando en enero de 2026 recibió la sanción. “Me puse a llorar”, confiesa. Sobre todo, explica, porque antes de embarcar preguntó a un trabajador de la naviera si necesitaba autorización y le respondieron que no.

La limitación, sin embargo, seguía vigente hasta el día 30 de ese mismo mes. “Es una barbaridad”, valora sobre el importe al que se enfrentan las personas que incumplen la normativa, muchas veces por desconocimiento. Aunque el Consell ha recordado, recientemente y en alusión a la limitación de vehículos, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, como establece el artículo 6.1 del Código Civil.  

Cambio de estado de la solicitud

El mismo verano (y el mismo mes de septiembre) David, de origen argentino y trabajador en la isla, también fue en moto a Formentera. Dos días antes de viajar había rellenado el formulario para autorizar una moto que no estaba a su nombre, sino al de un amigo. La misma mañana del viaje comprobó en la web que la solicitud figuraba como “aprobada” y, aun así, el 2 de octubre recibió un correo en el que se le comunicaba que la solicitud había sido denegada, como relata a elDiario.es. En sus alegaciones, explicó que había viajado “de buena fe” porque el sistema mostraba la autorización concedida, un argumento que, afirma, fue ignorado por el Consell. También le indicaron que, al no estar la moto empadronada en Eivissa, la solicitud no era válida.

Ahora ha remitido un escrito al departamento legal en el que solicita la anulación de la sanción —también de 1.001 euros—. Asimismo, ha reclamado una copia completa del historial de estados de su solicitud, con fecha y hora de cada modificación, y ha advertido de que, si no recibe respuesta en un plazo de diez días, iniciará acciones administrativas y judiciales. 

Medida pionera

Formentera fue la primera de las Balears, en el año 2019, en regular la entrada de vehículos con el proyecto Formentera.eco, convirtiéndose en el espejo en el que ahora se mira el resto de islas para evitar la saturación. La iniciativa arrancó después del “consenso entre todos” los partidos políticos de la pitiusa para aliviar la masificación en las carreteras en plena temporada turística.

Tras siete temporadas en funcionamiento, desde la Conselleria de Medio Ambiente se asegura que se ha alcanzado el objetivo: el techo de coches permitidos se ha reducido progresivamente, pasando de los 10.287 iniciales a 1.732 vehículos diarios. De hecho, Eivissa ya implantó su limitación la temporada pasada (con la oposición, en un principio, de las navieras) y Mallorca ya trabaja en su normativa. El Consell de Formentera ha explicado que, desde 2023, con la entrada de Sa Unió en el gobierno, se ha reforzado la aplicación de la limitación, permitiendo tramitar eficazmente los expedientes sancionadores acumulados y garantizar el cumplimiento de la norma.

Formentera fue la primera isla de España en limitar la entrada de vehículos, convirtiéndose un espejo en el que miran las otras para evitar la saturación

“No es justo que los ibicencos estemos sujetos a las mismas condiciones y nos enfrentemos a las mismas multas que los turistas”, valora Naor, que, cuando a finales de este verano decidió ir a pasar el día a Formentera con su pareja, se topó con el impedimento de que se les denegaba la autorización para llevar el vehículo. Al advertirles de que se enfrentaban a una multa si viajaban sin permiso, optaron por desplazarse hasta es Pujols y moverse por la isla en taxi a pesar de que era ya casi temporada baja. El residente lamenta además que haya pasajeros que reserven “por si acaso” la plaza y luego no hagan uso de ellas. En la misma línea, Marina, otra residente, explica que su coche, 100% eléctrico, puede pasar siempre de manera gratuita, “pero nunca hay plazas”. Por lo que solo pueden viajar si paga el trámite como si tuviera un vehículo estándar.

La negociación de un nuevo cupo

El Consell de Formentera ha debatido esta semana, en el marco del Consell d’Entitats, dos posibilidades: redistribuir el techo de vehículos actual o mantener el cupo de 2025. La discusión se produce tras meses de participación ciudadana y análisis técnico de la red viaria en los que se han comparado, entre otros documentos, los estudios de 2018 —pre Formentera.eco— y de 2025 de los que se desprende que se ha producido una reducción del tráfico del 14,4% (superando el compromiso inicial, determinan desde el Consell).

Si se comparan los estudios de 2018 —antes de la nueva normativa— y de 2025, se desprende que se ha producido una reducción del tráfico del 14,4% en la isla, según el Consell Insular

La primera opción, la más votada en enero, propone una redistribución progresiva del techo vinculada a los distintivos ambientales, con una cuota de 800 vehículos para trabajadores no residentes y un máximo de 1.000 turismos de visitantes, hasta un total de 10.355 vehículos. Mientras que la segunda alternativa, surgida de la Sectorial de Movilidad, plantea mantener el techo de 2025 para consolidar el escenario actual antes de aplicar nuevas reducciones. En este caso, el límite de turismos de visitantes sería de 1.732 y el techo total de 10.287 vehículos, sin diferenciación específica para trabajadores no residentes.

Las tres principales navieras que conectan Eivissa con Formentera —Trasmed, Baleària y GNV— se han mostrado a favor de excluir a residentes y temporeros del cupo de vehículos para las temporadas 2026-2027 y han sugerido que se incluyan criterios ambientales para vehículos con las etiquetas ‘0’ y ‘ECO’. Mientras tanto, Javier ya ha preparado un recurso completo para solicitar la correcta tramitación de la sanción de mil euros, así como la devolución de cualquier importe embargado de forma indebida. “Mi objetivo es que se reconozca la ilegalidad de las notificaciones previas y se me trate como corresponde”, concluye.

El que va començar amb un avís d'aturada per part de la Guàrdia Civil per excés de velocitat ha derivat en l'obertura d'un expedient sancionador contra la batlessa de Felanitx, Catalina Soler (PP), per encarar-se amb quatre agents que li van ordenar aturar el seu vehicle mentre travessava una rotonda. L'expedient, al qual ha tingut accés elDiario.es, recull que durant l'actuació policial es va enfrontar als funcionaris i va qüestionar la seva tasca amb frases com “no mereixeu vestir aquest uniforme”, “no sabeu fer la vostra feina” i “aquesta terra no exigeix molt”. La primera edil, tanmateix, assegura que no els va faltar al respecte i ha interposat recurs d'alçada davant el Ministeri de l'Interior.

Els fets, avançats per la Cadena Ser, van tenir lloc l'agost de 2025, quan els agents es trobaven prestant servei de prevenció de la seguretat ciutadana a la glorieta que convergeix amb la carretera que uneix els municipis de Felanitx i Campos (MA-5120). D'acord amb l'ofici de l'Institut Armat, els efectius van donar l'alto al cotxe que conduïa Soler per circular “a una velocitat ostensiblement superior a la permesa” en un tram limitat a 40 km/h. L'edil, segons el relat policial, va profegir aleshores expressions que haurien desacreditat la intervenció dels agents, els quals asseguren, a més, que Soler va insistir, “en to amenaçant”, en la seva condició de batlessa, “pressionant la força actuant en el desenvolupament de la seva funció”.

Després de tenir coneixement de l'obertura de l'expedient, la primera edil va titllar d'“absolutament fals” haver faltat al respecte als efectius de la Guàrdia Civil, assegurant que en cap moment va profegir expressions ofensives o injurioses i que el seu comportament va ser correcte en tot moment, limitant-se a interessar-se pel motiu de la intervenció: “Em sorprèn profundament que s'hagi pogut interpretar el meu comportament com una falta de respecte”, incideix la històrica dirigent del PP, qui assegura ser “plenament conscient del respecte que mereix l'autoritat”.

La batlessa assenyala que, en canvi, sí que es va sentir “intimidada per un abús de poder per part dels agents”, els quals –sempre segons la versió de Soler– van mostrar “un comportament i un to de veu” amb què, diu, no es va sentir “còmoda en cap moment”. Assegura que la situació es va tensar quan va sol·licitar realitzar una trucada telefònica i no se li va permetre fer-la, un extrem que els funcionaris neguen de pla. Aquests precisen que, després de preguntar-los si podia fer la trucada, li van informar que “degut a que es troba en un control policial, a efectes de que es desenvolupi el mateix en el menor temps possible se li recomana que procedeixi una vegada el mateix hagi finalitzat”.

La primera edil qüestiona fins i tot el motiu inicial de l'ordre d'aturada: assevera que circulava a la velocitat permesa, relliscant tot seguit: “Quin és el mitjà probatori que demostra aquesta 'velocitat ostensiblement superior' a la permesa que indiquen els agents?”. Soler incideix en què el procediment sancionador “es basa exclusivament en la versió dels agents actuants” i que no hi ha gravacions, testimonis independents ni altres elements objectius que corroborin els fets.

En un altre escrit, l'alt càrrec del PP reitera que “en cap moment va existir intenció d'eludir l'autoritat ni de posar en perill la integritat dels agents”, si bé argumenta que, en cas que s'haguessin produït manifestacions verbals crítiques, aquestes estarien emparades pel dret a la llibertat d'expressió, “màxim si aquestes expressions no incorren en insult o menyspreu directes, sinó que reflecteixen una opinió crítica o una protesta personal”.

Multa de 100 euros

Després de rebre les al·legacions de l'edil, la Delegació del Govern va donar trasllat als quatre agents, els quals van ratificar per escrit la seva versió i van deixar constància que “sense cap mena de dubte” havien escoltat els comentaris ofensius de Soler contra ells. La posterior resolució de l'organisme dependent de l'Executiu central considera acreditats els fets sobre la base d'aquesta ratificació i recorda que les denúncies dels agents gaudeixen de presumpció de veracitat, llevat de prova en contra, per la qual cosa va decidir imposar una multa de 100 euros a la batlessa en considerar acreditades les “faltes de respecte i consideració” cap als efectius de la Benemèrita.

El document, signat l'agost de 2025, conclou que els fets encaixen en l'article 37.4 de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que tipifica com a infracció lleu les faltes de respecte a membres de les Forces i Cossos de Seguretat en l'exercici de les seves funcions. La primera edil va decidir interposar un recurs d'alçada en el qual qüestiona la proporcionalitat de la sanció i denuncia la “comissió de proves sol·licitades”, entre elles la declaració individual dels agents actuants i la incorporació de qualsevol suport gràfic o documental que pogués existir.

Després que la Cadena Ser informés sobre l'expedient, Soler ha sortit al pas a les xarxes socials assegurant que la multa de 100 euros és “de trànsit”, malgrat que la pròpia resolució de la Delegació del Govern, que l'alcaldessa va adjuntar juntament amb el seu recurs d'alçada, la tipifica explícitament com una sanció per faltar al respecte als agents. “Jo, a Delegació del Govern només tinc, que jo sàpiga, una multa de trànsit. Es veu que la Cadena Ser ha rebut informació de Delegació de Govern esbiaixada sobre aquesta multa amb l'ànim de fer-me mal, personal i políticament. Si és així, és un delicte”, conclou en una publicació a X. L'expedient continua ara la seva tramitació en via administrativa a l'espera de la resolució del seu recurs.

Es dóna la circumstància que Soler va ser recentment investigada arran de la denúncia que un policia local de Felanitx va interposar contra ella per suposada resistència i desobediència a agent de l'autoritat. El Jutjat d'Instrucció número 1 de Manacor, tanmateix, va acordar el sobreseïment provisional i arxiu de la causa en considerar que els fets denunciats no van quedar degudament justificats.

La denúncia s'emmarcava en el creuament d'acusacions que el funcionari i la batlessa van protagonitzar l'estiu passat arran d'un informe redactat pel primer, en el qual acusava Soler d'haver-la amenaçat durant la celebració de la Festa del Vi de Portocolom del passat 12 de juliol. Des del primer moment, la primera edil va negar els fets relatats per l'oficial, inclòs que fos “borratxa”. “Vaig beure una copa de vi en tota la nit”, va assegurar en la compareixença que va oferir davant els mitjans després que l'oposició reclamés la seva dimissió.

Lo que comenzó con un alto de la Guardia Civil por exceso de velocidad ha derivado en la apertura de un expediente sancionador contra la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), por encararse con cuatro agentes que le ordenaron detener su vehículo mientras atravesaba una rotonda. El expediente, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que durante la actuación policial se enfrentó a los funcionarios y cuestionó su labor con frases como “no merecéis vestir ese uniforme”, “no sabéis hacer vuestro trabajo” y “esta tierra no exige mucho”. La primera edil, sin embargo, asegura que no les faltó al respeto y ha interpuesto recurso de alzada ante el Ministerio del Interior.

Los hechos, avanzados por la Cadena Ser, tuvieron lugar en agosto de 2025, cuando los agentes se encontraban prestando servicio de prevención de la seguridad ciudadana en la glorieta que converge con la carretera que une los municipios de Felanitx y Campos (MA-5120). De acuerdo al oficio del Instituto Armado, los efectivos dieron el alto al coche que conducía Soler por circular “a una velocidad ostensiblemente superior a la permitida” en un tramo limitado a 40 km/h. La alcaldesa, según el relato policial, profirió entonces expresiones que habrían desacreditado la intervención de los agentes, quienes aseguran, además, que Soler insistió, “en tono amenazante”, en su condición de alcaldesa, “presionando a la fuerza actuante en el desempeño de su función”.

Tras tener conocimiento de la apertura del expediente, la primera edil tildó de “absolutamente falso” haber faltado respeto a los efectivos de la Guardia Civil, asegurando que en ningún momento profirió expresiones ofensivas o injuriosas y que su comportamiento fue correcto en todo momento, limitándose a interesarse por el motivo de la intervención: “Me sorprende profundamente que se haya podido interpretar mi comportamiento como una falta de respeto”, incide la histórica dirigente del PP, quien asegura ser “plenamente consciente del respeto que merece la autoridad”.

La alcaldesa señala que, en cambio, sí que se sintió “intimidada por un abuso de poder por parte de los agentes”, quienes -siempre según la versión de Soler- mostraron “un comportamiento y un tono de voz” con lo que, dice, no se sintió “cómoda en ningún momento”. Asegura que la situación se tensó cuando solicitó realizar una llamada telefónica y no se le permitió hacerla, un extremo que los funcionarios niegan de plano. Éstos precisan que, tras preguntarles si podía efectuar la llamada, le informaron de que “debido a que se encuentra en un control policial, a efectos de que se desarrolle el mismo en el menor tiempo posible se le recomienda que proceda una vez el mismo haya finalizado”.

La primera edil cuestiona incluso el motivo inicial del alto: asevera que circulaba a la velocidad permitida, deslizando a continuación: “¿Cuál es el medio probatorio que demuestra esta 'velocidad ostensiblemente superior' a la permitida que indican los agentes?”. Soler incide en que el procedimiento sancionador “se basa exclusivamente en la versión de los agentes actuantes” y que no hay grabaciones, testigos independientes ni otros elementos objetivos que corroboren los hechos.

En otro escrito, la alto cargo del PP reitera que “en ningún momento existió intención de eludir la autoridad ni de poner en peligro la integridad de los agentes”, si bien argumenta que, en caso de que se hubieran producido manifestaciones verbales críticas, éstas estarían amparadas por el derecho a la libertad de expresión, “máxima si dichas expresiones no incurren en insulto o desprecio directos, sino que reflejan una opinión crítica o una protesta personal”.

Multa de 100 euros

Tras recibir las alegaciones de la edil, la Delegación del Gobierno dio traslado a los cuatro agentes, quienes ratificaron por escrito su versión y dejaron constancia de que “sin lugar a dudas” habían escuchado los comentarios ofensivos de Soler contra ellos. La posterior resolución del organismo dependiente del Ejecutivo central considera acreditados los hechos sobre la base de dicha ratificación y recuerda que las denuncias de los agentes gozan de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, por lo que decidió imponer una multa de 100 euros a la alcaldesa al considerar acreditadas las “faltas de respeto y consideración” hacia los efectivos de la Benemérita.

El documento, firmado en agosto de 2025, concluye que los hechos encajan en el artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracción leve las faltas de respeto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. La primera edil decidió interponer un recurso de alzada en el que cuestiona la proporcionalidad de la sanción y denuncia la “omisión de pruebas solicitadas”, entre ellas la declaración individual de los agentes actuantes y la incorporación de cualquier soporte gráfico o documental que pudiera existir.

Después de la Cadena Ser informase sobre el expediente, Soler ha salido al paso en redes sociales asegurando que la multa de 100 euros es “de tráfico”, a pesar de que la propia resolución de la Delegación del Gobierno, que la alcaldesa adjuntó junto a su recurso de alzada, la tipifica explícitamente como una sanción por faltar al respeto a los agentes. “Yo, en Delegación del Gobierno solo tengo, que sepa, una multa de tráfico. Se ve que la Cadena Ser ha recibido información de Delegación de Gobierno sesgada sobre esta multa con el ánimo de hacerme daño, personal y políticamente. Si es así, es un delito”, concluye en una publicación en X. El expediente continúa ahora su tramitación en vía administrativa a la espera de la resolución de su recurso.

Se da la circunstancia de que Soler fue recientemente investigada a raíz de la denuncia que un policía local de Felanitx interpuso contra ella por supuesta resistencia y desobediencia a agente de la autoridad. El Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor, sin embargo, acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al considerar que los hechos denunciados no quedaron debidamente justificados.

La denuncia se enmarcaba en el cruce de acusaciones que el funcionario y la alcaldesa protagonizaron el pasado verano a raíz de un informe redactado por el primero, en el que acusaba a Soler de haberla amenazado durante la celebración de la Festa del Vi de Portocolom del pasado 12 de julio. Desde el primer momento, la primera edil negó los hechos relatados por el oficial, incluido que fuera “borracha”. “Bebí una copa de vino en toda la noche”, aseguró en la comparecencia que ofreció ante los medios después de que la oposición reclamara su dimisión.

Una magistrada de un juzgado de lo Mercantil de Barcelona ha dado un ultimátum de 10 días a la aerolínea Ryanair para que cumpla con la condena por actos de denigración desleal contra la agencia de viajes eDreams, que le impuso el pasado julio. Si en ese plazo no cesa en su campaña, con acusaciones de “piratería” y de ofrecer servicios “ilegales”, la jueza le impondrá multas mensuales y le advierte además de que podría incurrir en un delito.

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el Juzgado de lo mercantil número 12 de Barcelona ordena a Ryanair que cumpla en todos sus términos la condena impuesta, recurrida por Ryanair. La compañía eDreams exigió el cumplimiento cautelar de la sentencia, a la espera de que se resuelva el recurso de la aerolínea, lo que ha sido respaldado por la magistrada.

Así, ordena de nuevo a Ryanair que cese en la difusión y publicación de manifestaciones (incluidas las imágenes) que afirmen, sugieran o den a entender a los consumidores o inversores de eDreams que la agencia de viajes “engaña”, “estafa”, “es un pirata”, realiza actividades u ofrece productos o servicios “ilícitos o ilegales”, entre otras manifestaciones que Ryanair repite en su campaña en contra de eDreams.

Ryanair tiene también que retractarse públicamente

La condena no solo obliga a Ryanair a que abandone su campaña contra eDreams a partir de ahora, sino también a retirar todas las publicaciones denigratorias contra la compañía que figuran en la página web y redes sociales de Ryanair.

Además, Ryanair debe retractarse públicamente. La magistrada le ordenó a publicar una rectificación en la portada de su página web corporativa, en la que la aerolínea de bajo coste difunda que ha sido condenada por actos de denigración desleal contra eDreams y que afirme que “se retracta” de las declaraciones que ha realizado hasta el momento. Una publicación que deberá mantenerse durante un periodo de seis meses.

Aviso de multas cada mes de incumplimiento

La jueza da un plazo de 10 días para que Ryanair cumpla la condena íntegra y, si no lo hace, le avisa de que le impondrá “una multa por cada mes que transcurra” de incumplimiento.

Además, la magistrada pide a la aerolínea que se abstenga de reiterar el quebrantamiento de la condena, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

En un comunicado, eDreams ha afirmado este miércoles que “la escalada legal es consecuencia de la desobediencia persistente por parte de Ryanair” a la sentencia que condenó a la compañía en julio de 2025 por competencia desleal. eDreams ha calificado de “desafío continuado” y de “un nuevo quebrantamiento” la actuación de la aerolínea.

Ryanair insiste en que eDreams es “engañoso” y “manipulador”

El miércoles por la tarde Ryanair difundió un comunicado en el que insiste en sus ataques a eDreams. “El giro de la última publicación de eDreams es solo otro esfuerzo fallido para distraer de la realidad de que los tribunales y las autoridades de toda Europa siguen fallando en contra de su modelo de negocio 'engañoso' y 'claramente manipulador”, sostuvo Dara Brady, de Ryanair.

La aerolínea menciona, por ejemplo, una multa de un Tribunal de Hamburgo “por promover descuentos inalcanzables y ocultar precios reales” “En lugar de corregir estas prácticas engañosas, eDreams continúa difundiendo falsas noticias sobre las decisiones judiciales y continúa cobrando de más a los consumidores desprevenidos”, continúa la portavoz de Ryanair.

El auto del juzgado de lo Mercantil número 12 de Barcelona no es “falso”, como ha comprobado este medio, pero fuentes de Ryanair insisten en que eDreams “ha tergiversado la resolución afirmando que Ryanair ha incumplido repetidamente la orden”, algo que niegan porque sostienen que “Ryanair eliminó todas las declaraciones prohibidas poco después de recibir la resolución en julio” y, además, consideran que no estaban obligados a hacerlo hasta el “10 de febrero”, con la orden de ejecución de la condena.

En Ryanair denuncian también que la agencia de viajes ha insinuando que el tribunal ha impuesto “multas”, cuando aún no se ha impuesto ninguna.

La Generalitat ha impuesto la primera sanción por racismo inmobiliario a una agencia de Mataró, por valor de 10.001 euros, así como una sanción accesoria que le prohíbe recibir ayudas, subvenciones y contratar con la administración pública por un año. El motivo: denegar el acceso a un piso de alquiler a una persona migrada. Esa persona es Hamid, un comercial de origen marroquí que, cansado de ver cómo el mercado inmobiliario discriminaba a personas como él, decidió iniciar una campaña para denunciarlo.

Desde 2022, este hombre se ha dedicado a llamar a diversas agencias inmobiliarias de su ciudad, interesándose por pisos y constatando que, en cuanto conocían sus apellidos, las puertas se le cerraban a pesar de tener permiso de residencia y una nómina estable.

“El racismo inmobiliario no es una opinión ni una percepción subjetiva, es una discriminación reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Y, quien lo incumple, debe ser sancionado”, asegura, en declaraciones a elDiario.es, la consellera de Igualdad Eva Menor, quien se ha mostrado “muy satisfecha” de esta primera multa, sobre la que todavía cabe recurso.

Desde el Observatorio DESCA, entidad que ha acompañado a Hamid durante todo el proceso, afean a la administración catalana que, aunque el marco legal que regula el racismo inmobiliario es “tajantemente claro”, no hayan puesto ninguna sanción hasta ahora. “Estamos muy contentos con la multa, pero el daño ya está hecho. Yo simplemente soy la cara y el nombre de este racismo, pero hay miles de personas que lo sufren a diario”, apunta Hamid.

Este hombre presentó las primeras denuncias en febrero de 2022. Nueve de ellas han terminado archivadas, tras un recorrido administrativo con varias etapas: Ayuntamiento de Mataró, Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), Agència Catalana de Consum (ACC) y, por último, la Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació (OITND), dependiente de la Generalitat. El plazo de prescripción de los expedientes sancionadores una vez abiertos es de seis meses.

“Este tipo de denuncias, hasta ahora, han dado muchas vueltas por la administración”, reconoce Menor, quien asegura que a raíz de este caso han “aprendido mucho” y ya han establecido los límites en las competencias de cada agencia, de tal manera que las denuncias vayan a parar directamente a quien pueda abrir el expediente.

Desde el Observatorio DESCA explican que todas las agencias en las que han recaído las denuncias de Hamid tienen competencias para abordar el racismo inmobiliario, pero que se han ido “pasando la pelota porque es un tema que les incomoda mucho”, explica Miguel Ruiz, abogado del denunciante. “Estamos ante un caso de mal hacer de la administración”, remacha el letrado.

Si bien desde el Ejecutivo niegan que puedan reabrir casos que ya se han archivado, aseguran que los que vengan a partir de ahora se tramitarán más rápido. Y apuntan que, además de la sanción anunciada ahora, tienen más expedientes en marcha, dos de los cuales parten también de denuncias de Hamid.

El periplo administrativo

Esta primera sanción parte de una denuncia que data del 3 de abril de 2024. Meses antes, en enero, Hamid se interesó por un piso que la inmobiliaria Fingerprint de Mataró alquilaba por 1.500 euros al mes, pero no recibió respuesta ninguna. Algunos días después, un amigo suyo, con nombre y apellidos catalanes, hizo exactamente la misma solicitud y, en menos de 10 minutos, recibió respuesta tanto por teléfono como por mensaje para ofrecerle una visita.

Pero quien se presentó a la cita fue Hamid. En verle, el agente inmobiliario le dijo que el piso ya estaba reservado. El denunciante afeó a su interlocutor que no quisiera enseñarle la casa a un marroquí y este respondió: “Eso, eso también es verdad. Pero no tiene nada que ver con eso”, tal como se puede escuchar en un extracto de la grabación de voz aportada por el denunciante y que se recoge en la resolución de la sanción, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Fue entonces cuando se presentó la denuncia en el Ayuntamiento de Mataró, en abril. Y ahí empieza el periplo administrativo. El consistorio remitió el caso a la Agència d’Habitatge de Catalunya en junio, argumentando que no contaba “con los medios materiales y personales suficientes para abordar con éxito a tramitación de estos expedientes”. En septiembre, se volvió a derivar, esta vez a la Agència Catalana de Consum, por entender que es el órgano competente.

Ya en marzo de 2025, quien se encarga de la denuncia es la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND), dependiente de la conselleria de Igualdad, y tras recibir toda la información, inició el procedimiento sancionador. La sentencia llegó en enero de 2026.

La Generalitat considera que los hechos suponen una infracción grave, con multas de entre 10.001 y 40.000 euros, ya que consideran probado que la inmobiliaria denegó el acceso a Hamid por motivos de “raza, origen étnico o color de piel”.

El abogado del denunciante, Miguel Ruiz, del Observatorio DESCA, afea a la administración que la sanción sea la menor prevista por la ley; “No puede ser que salga más barato incumplir la ley que cumplirla”, añade. Pero la Generalitat se justifica argumentando que no se ha percibido “reiteración en el incumplimiento de advertencias o comportamientos discriminatorios”.

A pesar de que la sanción sea poca, en opinión del denunciante, lo que sí establece la sentencia es el reconocimiento de daños y perjuicios causados a Hamid, incluido el daño moral. Eso abre la puerta a que pueda poner otra denuncia que le lleve a ser indeminizado personalmente. El abogado del denunciante asegura que buscará que su cliente sea indemnizado, no sólo en lo económico, sino que también pretenden que se llegue a una garantía de no repetición. Para ello, aseguran, primero intentarán la vía de la mediación y, si eso no funciona, “no quedará más remedio que ir a los tribunales”, alertan.

Una lacra arraigada

Según la segunda edición del informe '¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda', publicado por Provivienda en marzo de este año, el 65% de personas extranjeras que buscan piso se han encontrado con estrategias de bloqueo por parte de los agentes inmobiliarios a la hora de alquilar una vivienda disponible. El estudio constata que la discriminación es otra barrera de peso en el ya de por sí complejo mercado inmobiliario.

A pesar de ello, sobre esta lacra todavía pesan pocas sanciones. La primera no llegó hasta el año 2021 y fue impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, en aquel entonces liderado por Ada Colau, pese a que la ley catalana de vivienda las contempla desde el año 2007.

Por ello, desde el Observatorio DESCA aseguran que esta sanción es “imprescindible” para “enviar un mensaje muy claro a las inmobiliarias”, que se están erigiendo “como agentes de fronteras, que deciden quién puede vivir y quién no en según qué barrios”, apunta Ruiz. En este sentido, Hamid añade que, después de cuatro años de búsqueda de un piso nuevo para vivir, que se adecue a sus necesidades, los únicos inmuebles que le han enseñado son “los que los nacionales no quieren”.

Desde SOS Racisme, Laura Rodríguez alerta de que el racismo inmobiliario se asienta sobre “unos estereotipos que tiene el propietario y que las agencias están permitiendo”. La entidad alerta de que esta discriminación no se trata sólo de no poder encontrar un piso, sino que también “agrava la crisis de derechos humanos del colectivo racializado”.

En la misma línea, apunta que hay muchos más casos de los que se denuncian. Por ello, demandan a la Generalitat que actúe de oficio y disponga recursos para hacer inspecciones y que la responsabilidad para sancionar estas prácticas no recaiga sólo sobre los afectados, que suelen ser personas “vulnerabilizadas cuya principal preocupación es, simplemente, encontrar un lugar para vivir”, asegura Rodríguez.

Desde la Generalitat se excusan argumentando que, hasta ahora, no estaban claras las competencias y atribuciones de las diferentes agencias implicadas en cuestiones inmobiliarias. Este es un handicap que ya vienen alertando desde hace años entidades y organismos como la Sindicatura de Greuges -defensor del pueblo catalán-, que pidió una centralización de los expedientes para evitar que fueran pasándose de mano en mano.

A raíz de esta petición, que también se repitió en la comisión del Parlament por la no discriminación, el departament de Menor prepara un informe sobre la situación del racismo inmobiliario en Catalunya así como una guía de buenas prácticas. “En un momento en que el discurso de odio genera tanto miedo en la sociedad, es importante destacar los buenos ejemplos”, subraya la consellera.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 20,5 millones de euros a varias empresas del Grupo Repsol y les ha prohibido participar en contratos públicos, tras constatar que efectuaron una política abusiva de estrechamiento de márgenes en 2022, coincidiendo con la subida de los precios del petróleo tras el estallido de la guerra en Ucrania.

Según ha informado Competencia en una nota de prensa, el organismo ha sancionado a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio por aplicar una política comercial “de estrechamiento de márgenes abusivo”, en perjuicio de las estaciones de servicio independientes que compiten con las de Repsol.

La CNMC ha constatado que Repsol —con una posición de dominio en el suministro de combustible a estaciones de servicio— incrementó los precios de manera generalizada “aguas arriba” (es decir, en el reparto mayorista), al tiempo que aplicó un descuento adicional de 5 céntimos al aprobado por el Ejecutivo en 2022 para los clientes que repostasen gasóleo A.

Estas prácticas derivaron en un estrechamiento de márgenes -prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia y el derecho europeo- llevada a cabo entre abril y diciembre de 2022, que coincidió con subidas en el precio de los carburantes por la invasión de Ucrania por Rusia. Estas afectaron especialmente al GOA, cuyo precio, durante seis meses de 2022, superó por primera vez al de la gasolina en España.

Ganaron cuota de mercado a costa de las low cost

La CNMC ha acreditado que varias sociedades del Grupo Repsol desplegaron una estrategia “incompatible” con su posición de dominio para ganar volumen a sus competidores —estaciones de servicio independientes o de bajo coste—, y revertir así la pérdida de ventas y de cuota de mercado que sufrían desde 2019.

Determinadas estaciones de servicio independientes redujeron “drásticamente” su volumen de ventas de combustible GOA a profesionales, mientras que Repsol incrementaba sus ventas y su cuota de mercado.

La conducta, apunta la CNMC, es “especialmente grave” porque los competidores eran estaciones de servicio de bajo coste, que contribuían a dinamizar el mercado en zonas de alta demanda, situadas en áreas fronterizas y/o corredores estratégicos de transporte por carretera.

Además de la multa de 20,5 millones, RSE, Campsa y Solred tendrán prohibido presentarse a licitaciones públicas para el suministro de combustibles para automoción 'Gasóleo A' por un periodo de seis meses. Contra la decisión de la CNMC podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, algo a lo que la compañía se acogerá.

Repsol ha rechazado “de forma tajante” la sanción a sus filiales, al considerar que se apoya “en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022”, marcado por la crisis tras la invasión rusa de Ucrania. Así, ha anunciado ya que recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer “valer todo estos argumentos en su impugnación”.

En un comunicado, la energética consideró que la decisión de la CNMC no acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado y defendió que actuó “con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria”. Además, asegura que es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, “en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración, para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado”.

A este respecto, advirtió de que “sancionar una conducta legal y supervisada por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales responsables ante crisis futuras”, recordando que los descuentos minoristas “fueron exigidos” por el Real Decreto-ley 6/2022, “cuya aplicación la propia CNMC supervisó a través de su Dirección de Energía durante todo 2022”.

El grupo dirigido por Josu Jon Imaz calificó la resolución de la CNMC de “arbitraria” y denunció que el regulador “infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes”, ya que, en su opinión, si se considera el segmento correcto, su cuota se situó en torno al 25% en 2022, existiendo numerosos competidores en este mercado.

“Nunca en la historia del derecho de la competencia se ha sancionado a una empresa por abuso de posición de dominio con cuotas de mercado por debajo del 30% y menos en un periodo tan corto de tiempo (9 meses) y en condiciones excepcionales”, añadió al respecto.

Por otra parte, Repsol lamentó que la CNMC esté “más preocupada por los resultados de esos competidores que por los ahorros que los descuentos supusieron para clientes y consumidores” y mostró su sorpresa por el hecho de que esta decisión se dé “en un contexto de crecimiento continuo de la cuota de mercado de los operadores de estaciones de servicio independientes, frente a la de los operadores tradicionales”.

Igualmente, consideró “sorprendente” que no haya ninguna referencia al fraude en el expediente, pese a las dos denuncias presentadas por Repsol, sin que se haya tenido noticia alguna sobre las mismas, ya que en la distribución mayorista de carburante es indiscutible el incumplimiento masivo de las obligaciones regulatorias y fiscales, así como su afectación a la competencia.

Las principales asociaciones del comercio y del sector textil en España han lanzado una advertencia sobre el impacto de las grandes plataformas de comercio electrónico en el mercado europeo. Más del 65% de los productos que comercializa Temu en la Unión Europea no cumple con la normativa vigente, tal y como ha denunciado la Asociación Retail Textil España (Arte).

Para revertir la situación, el Ministerio de Consumo ha propuesto implantar una tasa de tramitación a escala europea para los paquetes procedentes de terceros países y acelerar la eliminación de la exención arancelaria para los productos de menos de 150 euros, una medida que aún se encuentra en tramitación, según informa Efe.

Arte, que agrupa a grandes empresas del sector como Inditex, H&M o Primark, ha alertado de que estas plataformas venden productos de baja calidad, en volúmenes masivos y con un grado de cumplimiento de la normativa comunitaria que, en algunos casos, es inexistente.

La presidenta de la patronal textil, Ana López Casero, ha advertido este viernes que las tiendas online de terceros países “han puesto en jaque los valores del modelo de comercio europeo”, durante una jornada sobre negocios de comercio electrónico de terceros países celebrada en la sede de las Instituciones Europeas en España. 

Desde Consumo, el secretario general, Andrés Barragán, ha señalado que Europa y España sufren una “digitalización atrofiada” y afrontan un “riesgo sistémico para la seguridad” de las personas consumidoras. Según ha explicado, la posición del Gobierno pasa por una aplicación “estricta” de la normativa y una supervisión “efectiva” de las ofertas comerciales para garantizar que cumplen los estándares del mercado europeo.

Entre las medidas que se encuentran actualmente en discusión, Consumo ha mencionado la posible implantación de una tasa europea para los paquetes procedentes de terceros países, así como la aceleración del fin de la exención arancelaria para productos con un valor inferior a 150 euros. También ha defendido dotar a la Administración de mayores “poderes sancionadores” frente a las plataformas que incumplen los estándares de seguridad.

Sin sanciones en España pese al aumento de envíos

Según los datos que ha aportado la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), solo en 2024 se comercializaron en España 180 millones de paquetes procedentes de estas aplicaciones, frente a los 44 millones registrados en 2021, sin apenas sanciones.

Su presidenta, Matilde García Duarte, ha remarcado que pese a la fuerte entrada de productos procedentes de tiendas online asiáticas en los últimos años, especialmente tras la pandemia, “no se conoce sanción o expediente alguno” contra estas plataformas en España.

La representante de compañías como El Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt apunta que en España “no se conoce aún” cómo se está aplicando de forma efectiva la ley europea. Por ello, ha reclamado un refuerzo del control normativo y de los recursos aduaneros, especialmente en territorios como Canarias, donde el volumen de envíos supone una presión añadida para las autoridades.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha confirmado la multa de 900 euros por un delito leve de coacciones a un hombre por impedir el arreglo de una valla metálica. La Audiencia desestima así el recurso interpuesto por el acusado, vecino de Logroño, y ha confirmado íntegramente la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Logroño.

El Tribunal considera probado que el 12 de noviembre de 2019 el denunciado había obstaculizado los trabajos en la reparación de una valla metálica para los que se precisaba la utilización de un camino. El condenado, con el fin de obstaculizar la reparación, colocó una serie de macetas a la vez que el mismo se interpuso para impedir las labores de los trabajadores. 

El 23 de agosto de 2022 la empresa volvió a enviar a unos operarios para acometer la reparación. El acusado comenzó a empujarles y a decirles: “qué cojones hacéis aquí, gilipollas”, “ya nos veremos cuando salgamos a la calle”, “conozco a gente que te va a quitar el polvo”: Cuando uno de los obreros estaba realizando tareas de soldadura, abrió una manguera y le roció con agua, con el consiguiente riesgo de electrocución. Finalmente, los trabajadores desistieron por la conducta del acusado.

El tribunal considera plenamente acreditada la conducta de intimidación y fuerza ejercida por el acusado, por las declaraciones persistentes y coherentes de la víctima y de los testigos, y rechaza que se haya vulnerado la presunción de inocencia. 

Se declara firme la sentencia y añaden los magistrados que “Los datos fácticos que se derivan de la prueba dibujan un escenario en el que el denunciado utilizó intimidación y actos físicos compulsivos dirigidos a impedir la realización de los trabajos”.

Más de 30 expedientes sancionadores por tala ilegal de árboles en fincas privadas no se ejecutaron en Pozuelo de Alarcón entre 2016 y 2021. Entre los beneficiados de esta “omisión” por parte del Ayuntamiento, gobernado en aquellos años por Susana Pérez (PP), se encuentran empresarios, abogados y deportistas relevantes, así como entidades de renombre. El PSOE pozuelero estima que el Consistorio dejó de recibir tres millones de euros en multas. También denunciaron los hechos a la Fiscalía, que archivó el caso, algo que los socialistas tildan de “sorprendente”.

Todos estos expedientes fueron iniciados por el Área de Urbanismo, la mayor parte de ellos como petición para la construcción de nuevas viviendas o reformas en inmuebles antiguos, señala el portavoz del grupo municipal del PSOE en Pozuelo, Heliodoro Cobaleda. El procedimiento era sencillo. Antes de acometer la intervención, un funcionario especializado del Ayuntamiento, en muchos casos una ingeniera forestal, indicaba qué ejemplares de árboles se debían mantener por poseer unas determinadas características.

Algunos vecinos y entidades radicadas en Pozuelo decidieron hacer caso omiso a esos dictámenes. Por lo tanto, cuando se había terminado la obra y el ingeniero volvía a la parcela y observaba la tala, lo explicitaba en un nuevo informe. Ese es el documento que la Concejalía de Medio Ambiente debería haber utilizado para sancionar lo sucedido. “Nosotros constatamos más de 30 expedientes en los que los concejales se habían inhibido, dejándolos pasar. Parece que eso ahora se ha modificado y las resoluciones sí que se tramitan”, añade Cobaleda.

Pozuelo de Alarcón es famosa por muchas cosas. Una de ellas, las multas que han tenido que abonar numerosos vecinos y empresas que decidieron que un árbol limitaba sus ínfulas hogareñas. En 2024, la constructora Adeas Homes taló 214 árboles, algunos centenarios y en perfecto estado, del bosque de Montegancedo, y por ello fue multada con 263.000 euros. A la promotora Lezo Gestión Inmobiliaria, en 2022, la multaron con 256.000 euros por la tala de un cedro de casi 200 años de antigüedad en la zona en la que construía 14 chalés de alto 'standing'.

El Grupo La Finca, promotor de una de las urbanizaciones más lujosas de España y beneficiada de estos expedientes sancionadores sin ejecutar, también fue multada en 2024 por talar 80 árboles para seguir construyendo pisos en Pozuelo. Tuvieron que abonar 240.000 euros al Consistorio.

La Fiscalía no ve indicios de delito

El PSOE aportó a la Fiscalía toda la documentación que obraba en su poder y, tras realizar unas indagaciones, el Ministerio Público archivó el caso. Los socialistas denunciaron a los concejales de Medio Ambiente de Pozuelo durante aquellos años: Eduardo Oria de Rueda, Carlos Ulecia, Francisco Melgarejo y David Rodríguez Cañaz. Entendían que todos ellos habían llevado a cabo una “apología de la prevaricación administrativa omisiva, un abandono de las funciones públicas en beneficio de terceros con claro perjuicio al funcionamiento de los servicios públicos y al interés general”, tal y como se recoge en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Además, la denuncia explicitaba el listado de los 33 expedientes prescritos de los que el PSOE tuvo conocimiento. En marzo de 2025, la Fiscalía Provincial de Madrid comunicó su dictamen de concluir las diligencias de investigación preprocesal y su consiguiente archivo, contra el que los socialistas no recurrieron. La Fiscalía concluyó que existieron “dudas y discrepancias” entre distintos departamentos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón sobre a quién correspondía tramitar los expedientes sancionadores, que provocaron traslados y devoluciones hasta que en abril de 2022 se estableció un criterio. En esa fecha se analizó qué estaba prescrito y se tramitaron nueve expedientes, añade. El Ministerio Público no apreció que por parte de los responsables o funcionarios municipales que haya existido “una actitud obstativa” dirigida a impedir la sanción de hechos constitutivos de infracción administrativa.

Por otra parte, desde el PSOE nunca han querido trasladar esta lucha a la refriega política. Ángel Bascuñana, portavoz del grupo municipal en el momento en que se denunció lo sucedido ante la Fiscalía y actual concejal socialista, confirma que no han realizado preguntas al respecto en ninguno de los plenos celebrados. “Si lo han desestimado ya, las posibilidades de que ahora un juez admita el caso son remotas, y eso es mucho dinero para un grupo municipal pequeño como el nuestro”, concluye el concejal.

El portavoz del PSOE en el municipio, Cobaleda, recalca que lo problemático de lo sucedido durante seis años en la localidad no solo es el no respeto a la ley, sino el dinero que ha dejado de entrar en el Ayuntamiento al no haber tramitado a tiempo las infracciones. “Calculamos que al menos tres millones de euros sí que han perdido las arcas públicas”, comenta. Desde su punto de vista, el Consistorio “miró para otro lado porque no querían meter el dedo en el ojo a vecinos ilustres de nuestra ciudad”. Ángel Bascuñana también piensa así sobre aquellos años en los que “en Pozuelo hubo manga ancha”, en sus propios términos. “Había infracciones sin castigo por el hecho de que la sanción iba dirigida a personas de cierto renombre”, reitera el edil.

Esta “manga ancha” de la que hablaba Bascuñana también la habrían disfrutado empresas y entidades. Es el caso de La Finca Somosaguas Golf, Olvera Orgánica, La Finca Real State Management y Kater Soluciones, por ejemplo. Mención aparte merece la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, expedientada en 2019 y que, al igual que los demás, nunca hizo frente a la penalización por tala ilegal de árboles en sus terrenos. Años después, en 2023, el Ayuntamiento sancionó a esta universidad privada ligada a los Legionarios de Cristo con 600.000 euros por talar 41 árboles para construir una capilla y un aulario.

El Ayuntamiento pozuelero ha respondido a elDiario.es que las multas por talar un árbol pueden alcanzar los 300.000 euros, aunque depende de la infracción cometida, ya que no es lo mismo un árbol que una veintena, ni todos los ejemplares tienen el mismo valor. Además, invitan a denunciar ante la Fiscalía cualquier indicio que pueda acreditar que algún funcionario ha prevaricado o que algún famoso de la ciudad se ha visto beneficiado por ello.

A primera vista, la façana no delata res. L'edifici s'aixeca en un dels estrets carrers d'Alaró, un petit municipi de poc més de 6.000 habitants ubicat als peus de la Serra de Tramuntana, a Mallorca. En aquest immoble, que durant dècades va ser sala de cinema, hi ha 12 pisos, dos estudis i garatges subterranis. Els seus veïns entren i surten, alguns ho fan amb bosses de la compra. Una escena completament quotidiana de no ser perquè, durant gairebé vint anys, el futur d'aquest bloc ha penjat d'un fil per una qüestió tan aparentment menor com desproporcionada: la invasió de 40 centímetres de vorera. Els propietaris de les 14 vivendes que componen la finca, però, respiren a la fi tranquils: un recent acord ha permès salvar-la de l'amenaça de demolició instada pels tribunals.

“He plorat moltes vegades, aquesta és la meva llar”, comenta en Raúl Corrochano, un dels propietaris afectats per un litigi que durant gairebé dues dècades els ha mantingut en suspens. “La majoria dels que vam comprar no sabíem res de tota aquesta història”, explica. No ho van saber en signar ni tampoc ho van intuir en entrar a viure. En el seu cas, se'n va assabentar, gairebé per accident, uns dos anys després d'adquirir la seva vivenda el 2006, quan tenia 26 anys. Llegint el diari, es va topar amb una notícia que parlava dels problemes que pesaven sobre la finca i va entendre que hi havia alguna cosa seriosa darrere. “Em vaig sorprendre moltíssim. Vaig pensar: '¿Què ha passat?'. Sóc una persona a la qual li agrada fer les coses bé i si em gasto uns diners en una casa vull que estigui tot legal”. La seva reacció immediata va ser acudir a l'Ajuntament a preguntar: “Em van dir que estava tot arreglat, que entre els partits s'havia fet un pacte. I realment van intentar arreglar-ho de bona fe, però sense gaire coneixement d'urbanisme, i el cas va acabar enterbolint-se”.

Com ell, els altres veïns, entre ells diversos jubilats i famílies amb fills, van saber de l'assumpte quan ja hi vivien. “Si tu llegies les sentències d'aleshores era per plorar. Jo ho he passat molt malament. Tots els meus estalvis… aquesta és la meva llar. No és una casa per llogar ni res. Faig 20 anys que sóc aquí”, insisteix. Com la majoria dels veïns, no és un inversor ni buscava dur a terme un negoci immobiliari. Aquesta és la seva vida. En Raúl, habituat a bregar amb qüestions urbanístiques -treballa en un despatx d'arquitectura des de fa més de 25 anys- i acostumat a traduir el tècnic al quotidià, va acabar convertint-se en l'interlocutor i punt de suport dels veïns afectats.

'La majoria dels que vam comprar no sabíem res de tota aquesta història', explica Raúl Corrochano, un dels propietaris de la finca. No ho van saber en signar ni tampoc ho van intuir en entrar a viure

El laberint judicial

L'odissea va arrencar el 2006, quan un particular va denunciar que uns 40 centímetres de la façana envaïen sòl públic del carrer. Aquesta franja exterior -11,7 metres quadrats en total- va ser suficient per obrir un contenciós-administratiu que desencadenaria anys després en una ordre de demolició. L'Ajuntament va arribar a immobilitzar un aval de 3,5 milions d'euros per a futures indemnitzacions davant el risc que l'immoble hagués de ser parcialment enderrocat.

La normativa urbanística -les Normes Subsidiàries (NNSS) o el planejament municipal vigent en cada moment- estableix les alineacions que han de complir les construccions per garantir l'amplada dels carrers, el pas de vianants, la seguretat i la coherència del teixit urbà. No obstant això, l'edifici objecte de litigi es va projectar ocupant una petita franja que legalment formava part del carrer. Per poder aixecar l'obra, l'Ajuntament va aprovar el 2006 un acord dirigit a desafectar -treure del domini públic- aquests metres, annexant-los al solar de la promotora encarregada de les obres. Sobre el paper, mitjançant aquesta operació, l'immoble ja no envaïa el carrer: s'ampliava el perímetre de la parcel·la i la construcció quedava, per tant, dins del domini privat.

Els tribunals, però, van considerar il·legal aquesta maniobra: mitjançant una sentència dictada el 2010 -i confirmada el 2011-, van declarar nul l'acord municipal i, en cascada, també la llicència d'obra modificada. La Justícia va entendre que s'havia construït sobre sòl públic i que, en caure la cobertura legal que va intentar justificar-ho, la solució -si no hi havia una altra sortida- passava per restaurar la legalitat mitjançant la demolició parcial de l'edifici, malgrat admetre la “complexitat tècnica” d'aquesta alternativa: no es tractava només de retirar un tros de paret, sinó que l'obra afectaria l'estructura de l'edifici, la fonamentació del mur perimetral, onze pilars de l'immoble, els seus elements de formigó armat i els forjats de diverses plantes.

Donat que l'Ajuntament no va executar la sentència de forma voluntària, el demandant va tornar a la càrrega i el 2013 va reclamar l'execució forçosa de l'enderroc. Al març de 2014, un Jutjat de Palma va ordenar de nou al Consistori demolir el construït de forma irregular, una decisió contra la qual es van alçar la constructora de la finca i l'Ajuntament d'Alaró. El 2015, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va desestimar els recursos i va instar a restaurar l'ordre urbanístic conculcat. Per a això, asseverava, calia “arribar fins a les últimes conseqüències”, és a dir, escometre l'enderroc parcial de l'edifici.

A la mateixa resolució, a la qual ha tingut accés aquest mitjà, a la qual ha tingut accés aquest mitjà, els magistrats incidien en la necessitat de fer efectiva la restitució del vial “sigui o no onerosa la seva execució”: “No és possible que en un Estat de dret es permeti obviar ni eludir situacions infractores manifestes de la legalitat urbanística, per molt que aquestes siguin grans o petites, fàcils de solucionar o tècnicament complexes i costoses, com pel que sembla ocorre en aquest cas [...]. Cal que l''il·legal' sigui reposat i retornat a la legalitat del planejament infringit”.

Malgrat admetre la "complexitat tècnica" d'escometre un enderroc parcial -l'obra afectaria l'estructura de l'edifici, la fonamentació del mur perimetral, onze pilars de l'immoble, els seus elements de formigó armat i els forjats de diverses plantes-, la Justícia va ser taxativa: "És precís que l'il·legal sigui reposat i retornat a la legalitat del planejament infringit"

El cas va entrar en un nou escenari el 2021, quan va arribar l'ordre d'execució. En aquesta ocasió, però, la resolució deixava una porta entreoberta: si el Consistori aconseguia encaixar l'edifici en la normativa mitjançant una modificació urbanística, es podria evitar la demolició. Es tracta d'una via excepcional que, durant la fase d'execució de sentències d'aquest tipus, la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa permet activar sempre que estigui ben motivada, respongui a l'interès general i sigui coherent amb el planejament urbanístic, mai per a esquivar una sentència. D'aquesta manera, si l'edifici passa a ser compatible amb la nova normativa, l'enderrocament deixa de tenir sentit jurídic i pot substituir-se per altres mesures, com el pagament d'indemnitzacions.

Malgrat això, la incertesa es va estendre en tota la comunitat. “Hi ha veïns que no podien dormir”, recorda Raúl. En aquells moments, la seva tasca va es va traduir, en moltes ocasions, en un exercici de contenció emocional col·lectiva. Havia que mantenir en peus els ànims dels veïns. “Intentava ajudar-los i explicar-los… Feia resums i els els manava”.

“Ni tan sols podia vendre el pis”

En Guillermo, el primer veí que va adquirir el seu pis a la finca, recorda, per la seva banda, l'impacte de tot el viscut. “Quan vaig comprar el pis, als pocs dies em van començar a venir cartes...”, recorda. El que va seguir va ser un bloqueig emocional. “Vaig agafar tal depressió que ho vaig posar en mans d'un advocat. No volia saber res més”, relata. Durant anys, la seva vida quotidiana es va contaminar d'incertesa i, per salut mental, va optar per desconnectar-se del conflicte. La seva decisió va ser taxativa: “Quan vaig anar a l'advocat perquè em portés l'assumpte, li vaig dir: 'No em contis res fins que no estigui tot a punt. No en vull saber res'.

La seva experiència condensa bé l'angoixa amb què els propietaris van descobrir que la seva casa estava atrapada en un plet. En Guillermo descriu una espiral de sentiments que no acaba de verbalitzar, però que s'endevinen en una frase: “En aquells moments penses moltes coses”. En el seu cas, la compra tenia un sentit molt concret: “Jo vivia al camp. Tenia el pis per quan fos gran”, explica. També va pensar en el futur de la seva filla: “Una filla estudiant a Madrid… vaig comprar això com a inversió. I després resulta que tot era al revés”. El problema, explica, no era només l'amenaça de l'enderroc: era el bloqueig total del valor de l'immoble. “Si hagués volgut vendre'l no podia. Perquè si explicaves el problema que hi havia al darrere, ¿qui te'l compraria? Ningú”.

Quan vaig comprar el pis, als pocs dies em van començar a venir cartes... Vaig agafar tal depressió que ho vaig posar en mans d'advocats. No volia saber res més. Ni tan sols podia vendre el pis, perquè si explicaves el problema que hi havia al darrere, ¿qui te'l compraria?”

Guillermo — Propietari

Finalment, el desenllaç va arribar a través d'una sortida negociada amb el demandant. Així ho resumeix el batle d'Alaró, Llorenç Perelló (PP), en declaracions a elDiario.es: “Vam veure que l'única solució era fer un acord transaccional per donar per executada la sentència”, subratlla. Per donar suport a aquesta estratègia, el Consistori va reclamar un informe extern a la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la intenció de comptar amb una opinió independent. “Un informe diferent que no hagués estat durant tot el procés”, precisa Perelló. L'acord assolit entre les parts recollia diversos punts: el pagament d'uns 100.000 euros per cobrir les despeses jurídiques del denunciant, la modificació del planejament per incorporar la nova alineació i l'aprovació d'un codi de bones pràctiques per evitar que es repetís un cas similar. “Això és el que s'hagués hagut de fer el 2007 i 2008 i no es va fer”, considera el primer edil.

L'espasa de Dàmocles

No debades, quan Perelló va arribar a la batlia el 2019, el cas ja estava en marxa des de feia anys. “Quan nosaltres vam entrar a l'equip de govern, ja teníem l'espasa de Dàmocles a sobre”, il·lustra, recordant que el primer que va fer com a màxim responsable municipal va ser signar un aval de 3,5 milions d'euros que garantiria que, si l'Ajuntament havia de respondre econòmicament, hi hauria diners disponibles per a les compensacions. “Sempre vaig dir que si governàvem el primer que faríem seria actuar per les famílies que de bona fe havien adquirit aquests pisos”. La idea, diu, era evitar que el Consistori s'enroqués en una batalla judicial eterna que, assenyala, només agreujaria el problema.

Sempre vaig dir que si governàvem el primer que faríem seria actuar per les famílies que de bona fe havien adquirit aquests pisos

Llorenç Perelló — Batle d'Alaró

“Qui va tenir la culpa va ser l'Ajuntament. No va actuar bé”, continua Perelló, qui no responsabilitza cap grup polític en concret. “En tot aquest periple, pel consistori han passat PP, PSOE, Més i Unió Mallorquina, tots els partits que hi havia en aquell moment”. El resultat va ser una anomalia prolongada en el temps: un edifici construït i habitat, però amb una situació legal discutida i sense un final d'obra plenament consolidat. Una escletxa perfecta perquè el conflicte acabés als tribunals.

El batle subratlla que la corporació municipal ha treballat perquè l'immoble deixés d'estar als llimbs de la il·legalitat i passés a una situació assumible. Per a això, el 2023 es va dur a terme una modificació urbanística que va permetre que l'edifici ja no constés com a il·legal, sinó fora d'ordenació. La llei distingeix, de fet, entre diverses situacions: que l'edificació sigui il·legal o il·legalitzable -quan no compleix el planejament i no pot adaptar-se, per la qual cosa l'enderroc sol ser la conseqüència final-, que es tracti d'una edificació legalitzable -quan, amb ajustos o amb un canvi normatiu compatible, pot encaixar en el planejament- i que es trobi fora d'ordenació -quan existeix i es tolera, però no s'ajusta completament al planejament actual o a la llicència, la qual cosa limita reformes o ampliacions futures-. En realitat és un matís clau: l'edificació no desapareix, però es reconeix que la seva situació no és completament regular i s'evita l'escenari més extrem.

Perelló xifra la “broma” de l'impacte total en uns 150.000 euros públics, dels quals uns 35.000 es destinaran als propietaris pels danys morals patits durant tots aquests anys. “L'altra opció que quedava era tallar l'edifici amb un cost de més de nou milions d'euros, el pressupost d'un any i mig de l'Ajuntament. Això sí que era una sagnia”, conclou.

Durant anys, els propietaris han conviscut amb la incertesa d'una demolició que semblava inversemblant per la seva dimensió, però factible pel seu recorregut judicial. Ara, amb totes les llicències restituïdes i en regla, l'immoble ha quedat fora de perill. “Ens hem tret un pes de sobre”, resumeix en Guillermo, que agraeix a en Raúl la seva ajuda en tot el procés: “Li vam donar tota la confiança perquè ho portés ell. Ha estat l'interlocutor amb el batle, amb l'Ajuntament, amb tot”. En Raúl, que durant tot aquest temps ha traduït interlocutòries judicials i plànols a paraules que poguessin entendre's en una escala de veïns, mira la façana i respira per fi: “Estic molt content”, sentencia.

A primera vista, la fachada no delata nada. El edificio se levanta en una de las estrechas calles de Alaró, un pequeño municipio de poco más de 6.000 habitantes ubicado a los pies de la Serra de Tramuntana, en Mallorca. En este inmueble, que durante décadas fue sala de cine, hay en la actualidad 12 pisos, dos estudios y varios garajes subterráneos. Sus vecinos entran y salen, algunos lo hacen con bolsas de la compra. Una escena completamente cotidiana de no ser porque, durante casi veinte años, el futuro de este bloque ha pendido de un hilo por una cuestión tan aparentemente menor como desproporcionada: la invasión de 40 centímetros en la alineación de la calle. Los propietarios de las 14 viviendas que componen la finca, sin embargo, respiran por fin tranquilos: un reciente acuerdo ha permitido salvarla de la amenaza de demolición instada por los tribunales.

“He llorado muchas veces, este es mi hogar”, comenta Raúl Corrochano, uno de los propietarios afectados por un litigio que durante casi dos décadas los ha mantenido en vilo. “La mayoría de los que compramos no sabíamos nada de toda esta historia”, explica. No lo supieron al firmar ni tampoco lo intuyeron al entrar a vivir. En su caso, se enteró, casi por accidente, unos dos años después de adquirir su vivienda en 2006, cuando tenía 26 años. Leyendo el periódico, se topó con una noticia que hablaba de los problemas que pesaban sobre la finca y entendió que había algo serio detrás. “Me sorprendí muchísimo. Pensé: '¿Qué ha pasado?'. Soy una persona a la que le gusta hacer cosas bien y si me gasto un dinero en una casa quiero que esté todo legal”. Su reacción inmediata fue acudir al Ayuntamiento a preguntar: “Me dijeron que estaba todo arreglado, que entre los partidos se había hecho un pacto. Y realmente intentaron arreglarlo de buena fe, pero sin mucho conocimiento de urbanismo, y el caso acabó enturbiándose”.

Como él, los demás vecinos, entre ellos varios jubilados y familias con hijos, supieron del asunto cuando ya vivían allí. “Si tú leías las sentencias de entonces era para llorar. Yo lo he pasado muy mal. Todos mis ahorros… esto es mi hogar. No es una casa para alquilar ni nada. Llevo 20 años aquí”, insiste. Como la mayoría de los propietarios, no es un inversor ni buscaba llevar a cabo un negocio inmobiliario. Esta es su vida. Raúl, habituado a lidiar con cuestiones urbanísticas –trabaja en un despacho de arquitectura desde hace más de 25 años– y a traducir lo técnico a lo cotidiano, acabó convirtiéndose en el interlocutor y punto de apoyo de los vecinos afectados.

'La mayoría de los que compramos no sabíamos nada de toda esta historia', explica Raúl Corrochano, uno de los propietarios de la finca. No lo supieron al firmar ni tampoco lo intuyeron al entrar a vivir

El laberinto judicial

La odisea arrancó en 2006, cuando un particular denunció que unos 40 centímetros de la fachada invadían suelo público de la calle. Esa franja exterior –11,7 metros cuadrados en total– fue suficiente para abrir un contencioso–administrativo que desencadenaría años después en una orden de demolición. El Ayuntamiento llegó a inmovilizar un aval de 3,5 millones de euros para futuras indemnizaciones ante el riesgo de que el inmueble tuviese que ser parcialmente derribado.

La normativa urbanística –las Normas Subsidiarias (NNSS) o el planeamiento municipal vigente en cada momento– establece las alineaciones que deben cumplir las construcciones para garantizar el ancho de las calles, el paso peatonal, la seguridad y la coherencia del tejido urbano. Sin embargo, el edificio objeto de litigio se proyectó ocupando una pequeña franja que legalmente formaba parte de la calle. Para poder levantar la obra, el Ayuntamiento aprobó en 2006 un acuerdo dirigido a desafectar –sacar del dominio público– esos metros, anexándolos al solar de la promotora encargada de las obras. Sobre el papel, mediante esta operación, el inmueble ya no invadía la calle: se ampliaba el perímetro de la parcela y la construcción quedaba, por tanto, dentro del dominio privado.

Los tribunales, sin embargo, consideraron ilegal esa maniobra: mediante una sentencia dictada en 2010 –y confirmada en 2011–, declararon nulo el acuerdo municipal y, en cascada, también la licencia de obra modificada. La Justicia entendió que se había construido sobre suelo público y que, al caer la cobertura legal que intentó justificarlo, la solución –si no había otra salida– pasaba por restaurar la legalidad mediante la demolición parcial del edificio, pese a admitir la “complejidad técnica” de esta alternativa: no se trataba solo de retirar un trozo de pared, sino que la obra afectaría a la estructura del edificio, a la cimentación del muro perimetral, a once pilares del inmueble, a sus elementos de hormigón armado y a los forjados de varias plantas.

Dado que el Ayuntamiento no ejecutó el fallo de forma voluntaria, el demandante volvió a la carga y en 2013 reclamó la ejecución forzosa del derribo. En marzo de 2014, un Juzgado de Palma ordenó al Consistorio demoler lo construido de forma irregular, una decisión contra la que se alzaron la constructora de la finca y el Ayuntamiento de Alaró. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) desestimó los recursos e instó a restaurar el orden urbanístico conculcado, para lo cual, aseveraba, había que “llegar hasta las últimas consecuencias”, es decir, acometer el derribo parcial del inmueble.

En su resolución, a la que ha tenido acceso este medio, los magistrados incidían en la necesidad de hacer efectiva la restitución del vial “sea o no gravosa su ejecución”: “No es posible que en un Estado de derecho se permita obviar ni eludir situaciones infractoras manifiestas de la legalidad urbanística, por mucho que estas sean grandes o pequeñas, fáciles de solucionar o técnicamente complejas y costosas, como al parecer ocurre en este caso [...]. Es preciso que lo 'ilegal' sea repuesto y devuelto a la legalidad del planeamiento infringido”.

Pese a admitir la "complejidad técnica" de acometer un derribo parcial -la obra afectaría a la estructura del edificio, a la cimentación del muro perimetral, a once pilares del inmueble, a sus elementos de hormigón armado y a los forjados de varias plantas-, la Justicia fue tajante: "Es preciso que lo ilegal sea repuesto y devuelto a la legalidad del planeamiento infringido"

El caso entró en un nuevo escenario en 2021, cuando llegó la orden de ejecución. En esta ocasión, sin embargo, la resolución dejaba una puerta entreabierta: si el Consistorio conseguía encajar el edificio en la normativa mediante una modificación urbanística, podría evitarse la demolición. Se trata de una vía excepcional que, durante la fase de ejecución de sentencias de este tipo, la Ley de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa permite activar siempre que esté bien motivada, responda al interés general y sea coherente con el planeamiento urbanístico, nunca para esquivar una sentencia. De este modo, si el edificio pasa a ser compatible con la nueva normativa, el derribo deja de tener sentido jurídico y puede sustituirse por otras medidas, como el pago de indemnizaciones.

Con todo, la incertidumbre se extendió por toda la comunidad. “Hay vecinos que no podían dormir”, recuerda Raúl. En esos momentos, su labor se tradujo, en muchas ocasiones, en un ejercicio de contención emocional colectiva. Había que mantener a flote los ánimos de los vecinos. “Intentaba ayudarlos y explicarles… Hacía resúmenes y se los mandaba”.

“Ni siquiera podía vender el piso”

Guillermo, el primer vecino que adquirió su vivienda en la finca, recuerda, por su parte, el impacto de todo lo vivido. “Cuando compré el piso, a los pocos días me empezaron a llegar cartas...”, recuerda. Lo que siguió fue un bloqueo emocional. “Cogí tal depresión que lo puse en manos de un abogado. No quería saber nada más”, relata. Durante años, su vida cotidiana se contaminó de zozobra y, por salud mental, optó por desconectarse del conflicto. Su decisión fue tajante: “Cuando fui al abogado para que me llevara el asunto, le dije: 'No me cuentes nada hasta que no esté todo listo. No quiero saber nada'”.

Su experiencia condensa bien la angustia con la que los propietarios descubrieron que su casa estaba atrapada en un pleito. Guillermo describe una espiral de sentimientos que no termina de verbalizar, pero que se adivinan en una frase: “En esos momentos piensas muchas cosas”. En su caso, la compra tenía un sentido muy concreto: “Yo vivía en el campo. Tenía el piso para cuando fuera mayor”, cuenta. También pensó en el futuro de su hija: “Una hija estudiando en Madrid… compré esto como inversión. Y luego resulta que todo era al revés”. El problema, explica, no era solo la amenaza del derribo: era el bloqueo total del valor del inmueble. “Si hubiera querido venderlo no podía. Porque si explicabas el problema que había detrás, ¿quién te lo iba a comprar? Nadie”.

Cuando compré el piso, a los pocos días me empezaron a venir cartas... Cogí tal depresión que lo puse en manos de abogados. No quería saber nada más. Ni siquiera podía vender el piso, porque si explicabas el problema que había detrás, ¿quién te lo iba a comprar?"

Guillermo — Propietario

Finalmente, el desenlace llegó a través de una salida negociada con el demandante. Así lo resume el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló (PP), en declaraciones a elDiario.es: “Vimos que la única solución era hacer un acuerdo transaccional para dar por ejecutada la sentencia”. Para respaldar esa estrategia, el Consistorio reclamó un informe externo a la Universitat de les Illes Balears (UIB) con la intención de contar con una opinión independiente. “Un informe diferente que no hubiese estado durante todo el proceso”, precisa el primer edil. A partir de ese documento pudo lograrse un entendimiento entre las partes que recogía varios puntos: el pago de unos 100.000 euros para cubrir los gastos jurídicos del demandante, la modificación del planeamiento para incorporar la alineación y la aprobación de un código de buenas prácticas para evitar que se repitiera un caso similar. “Eso es lo que tendría que haberse hecho en 2007 y 2008 y no se hizo”, considera el alcalde.

La espada de Damocles

No en vano, cuando Perelló llegó a la alcaldía en 2019, el caso ya estaba en marcha desde hacía años. “Cuando nosotros entramos en el equipo de gobierno, ya teníamos la espada de Damocles encima”, ilustra, recordando que lo primero que hizo como máximo responsable municipal fue firmar un aval de 3,5 millones de euros que garantizaría que, si el Ayuntamiento debía responder económicamente, habría dinero disponible para las compensaciones. “Siempre dije que si gobernábamos lo primero que haríamos sería actuar por las familias que de buena fe habían adquirido esos pisos”. La idea, dice, era evitar que el Consistorio se enrocara en una batalla judicial eterna que, intuye, solo agravaría el problema.

Siempre dije que si gobernábamos lo primero que haríamos sería actuar por las familias que de buena fe habían adquirido esos pisos

Llorenç Perelló — Alcalde de Alaró

“Quien tuvo la culpa fue el Ayuntamiento. No actuó bien”, continúa Perelló, quien no responsabiliza a ningún grupo político en concreto. “En todo este periplo, por el consistorio han pasado PP, PSOE, Més y Unió Mallorquina, todos los partidos que había en ese momento”. El resultado fue una anomalía prolongada en el tiempo: un edificio construido y habitado, pero con una situación legal discutida y sin un final de obra plenamente consolidado. Una grieta perfecta para que el conflicto acabara en los tribunales.

El alcalde subraya que la corporación municipal ha trabajado para que el inmueble dejase de estar en el limbo de la ilegalidad y pasara a una situación asumible. Para ello, en 2023 se llevó a cabo una modificación urbanística que permitió que el edificio ya no constase como ilegal, sino fuera de ordenación. La ley distingue, de hecho, entre varias situaciones: que la edificación sea ilegal o ilegalizable –cuando no cumple el planeamiento y no puede adaptarse, por lo que el derribo suele ser la consecuencia final–, que se trate de una edificación legalizable –cuando, con ajustes o con un cambio normativo compatible, puede encajar en el planeamiento– y que se encuentre fuera de ordenación –cuando existe y se tolera, pero no se ajusta completamente al planeamiento actual o a la licencia, lo que limita reformas o ampliaciones futuras–. En realidad es un matiz clave: la edificación no desaparece, pero se reconoce que su situación no es completamente regular y se evita el escenario más extremo.

Perelló cifra la “broma” del impacto total en unos 150.000 euros públicos, de los cuales unos 35.000 se destinarán a los propietarios por los daños morales sufridos durante todos estos años. “Ha sido un engorro, pero la otra opción que quedaba era cortar el edificio con un coste de más de nueve millones de euros, el presupuesto de un año y medio del Ayuntamiento. Eso sí que era una sangría”, concluye.

Durante años, los propietarios han convivido con la incertidumbre de una demolición que parecía inverosímil por su dimensión, pero factible por su recorrido judicial. Ahora, con todas las licencias restituidas y en regla, el inmueble ha quedado fuera de peligro. “Nos hemos quitado un peso de encima”, resume Guillermo, quien agradece a Raúl su ayuda en todo el proceso: “Le dimos toda la confianza para que lo llevara él. Ha sido el interlocutor con el alcalde, con el Ayuntamiento, con todos”. Raúl, quien durante todo este tiempo ha traducido autos judiciales y planos a términos que pudieran entenderse en una escalera de vecinos, mira la fachada y respira por fin: “Estoy muy contento”, sentencia.