Uno de los alojamientos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, un piso anunciado en la web oficial de Madring a través de su apartado hoteles, se ubica en el mismo bloque donde estuvo a punto de producirse un dramático desahucio el pasado julio. Situado en el número 6 de la calle Santa Ana, en la céntrica zona de La Latina, se trata del edificio donde reside Paquita. Una mujer de 82 años, enferma de párkinson, que se enfrentó a un desalojo pese a no tener deudas y haber abonado todas sus mensualidades (superiores a 1.000 euros).

Además, según el listado de viviendas que ha clausurado la Agencia de Actividades del Ayuntamiento por operar sin licencia, varias viviendas de Uso Turístico deberían estar cerradas. Pese a ello, no solo siguen operativas, sino respaldada por uno de los principales eventos de la ciudad (impulsado a su vez por el Gobierno autonómico y el municipal).

La empresa Tolesanta, sancionada por los ruidos y molestias que han generado algunos de sus alojamientos turísticos (algunos de los cuales llegaron a ser clausurados), pretende destinar a este uso el edificio donde vive Paquita. Por ello, no le dieron alternativa alguna para que ella y su hijo de 47 años pudieran continuar allí, aunque hayan sido unos inquilinos intachables durante 28 años.

Desde el área de Urbanismo indican que en este emplazamiento “se procedió a dar ordenes de ceses a 12 viviendas de uso turístico”. De ellas, “siete restablecieron la legalidad ya que, tras las correspondientes visitas de comprobación, pudo acreditarse que en ese momento ya no se ejercia la actividad de vivienda de uso turístico”. Respecto de las 5 restantes, indican, “se encuentran en tramitación procedimientos de ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas a los efectos de hacer cumplir la resolución de cese a los interesados”.

Fuentes del departamento que lidera el concejal Borja Carabante también deslizan que el alojamiento podría aprovechar la figura del alquiler temporal, aunque en la práctica sea uno turístico, para eludir la necesidad de operar con un permiso: “El auncio de una vivienda en alquiler para los dias de la F1 podría cumplir con la normativa de arrendamientos urbanos considerándose un contrato de alquiler por temporada”.

El drama de Paquita: “Es nuestra casa de toda la vida”

“¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en declaraciones a elDiario.es. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya. Si quieren que pague más, podríamos hablar”, apostillaba, para exponer la falta de negociación por parte de la compañía propiedad del empresario Alexander Couret. En 2024, facturó más de 1,4 millones de euros. “Esta es nuestra casa de toda la vida, aquí han muerto mi madre y mi marido, esto es muy duro. Que me digan que les pague algo más y lo pactamos, pero que no nos echen después de toda una vida. No hay derecho”, lamentaba Paquita.

Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, un auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital aplazó el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones. Pero la paralización es solo temporal, la amenaza permanece.

Tolesanta ya he reconvertido la mayoría de pisos del edificio donde residen Paquita y su hijo en alojamientos temporales. Como tal opera Biztrip Latina, el inmueble que se publicita en el portal oficial de Madring. El precio es de 655 euros por persona y noche durante la celebración del Gran Premio, con llegada el 11 de septiembre (día de inicio) y salida el 14 (un día después de la carrera definitiva). En este período, los promotores obtienen 1.965 euros con un solo visitante. Casi el doble de la renta mensual que abona Paquita, que será su vecina durante la estancia.

Para la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, este caso ejemplifica que la Fórmula 1 se aleja de las previsiones de “prestigio” prometidas por el alcalde José Luis Martínez-Almeida: “Lo que está trayendo es un pelotazo económico, como estamos denunciando, pero ahora también sabemos que es un pelotazo inmobiliario vergonzoso de dimensiones internacionales. Parece increíble, pero sí, en la web de la F1 se alquilan los pisos turísticos ilegales que hay en el edificio de la calle Santa Ana, 6, en el que vive —más bien resiste— Paquita. La vecina a la que intentaron desahuciar hace unos meses para convertir el edificio completo en hotel”.

La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

“La cosa no acaba aquí. El Ayuntamiento permite comercializar una VUT cesada por la Agencia de Actividades como alojamiento oficial de la F1. Ya tenemos el pack completo: un edificio residencial, paradigma del Plan Expulsa de Almeida, convertido en negocio turístico con el sello internacional de la F1. ¡Vaya casualidad, ¿eh?! Esto es el Plan Reside funcionando exactamente como avisamos desde Más Madrid: mientras Almeida presume de proteger la vivienda, abre la puerta a que fondos buitre y operadoras turísticas se forren a costa de quedarse con edificios en el centro mientras expulsan a las vecinas y vecinos”, expone la líder de la oposición municipal.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Maestre opina que este controvertido anuncio es solo un reflejo simbólico de una dinámica generalizada: “Almeida sabe que los pisos turísticos de la calle Santa Ana son ilegales, pero no los cierra, como no cierra las miles de VUT en esta ciudad. En algún despacho de este Ayuntamiento a alguien le interesa que sigan abiertos”. Y añade: “La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores. Exigimos a Almeida que cierre de inmediato los pisos turísticos ilegales, los de Santa Ana y todos los demás, y le exigimos explicaciones de cuántas viviendas se han sacado al mercado vinculadas al pelotazo de la F1”.

El anuncio de Madring subraya las características de La Latina a nivel de gastronomía o casticismo, esas mismas características que la especulación hace tambalearse: “Este apartamento está situado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la estación de metro de La Latina, uno de los barrios más emblemáticos y con más carácter de Madrid. La Latina es conocida por su excelente escena de tapas, donde conviven tabernas tradicionales, bares históricos y restaurantes modernos e innovadores. Es el lugar ideal para disfrutar de un aperitivo dominical o para recorrer El Rastro, el icónico mercadillo al aire libre de Madrid”.

El texto destaca la “ubicación céntrica” y “excelentes conexiones” de la estancia, aunque se tardan unos 50 minutos en llegar al entorno del Gran Premio en Ifema a través del transporte público. La propia página indica que entre un punto y otro median 9,88 kilómetros.

Madring dispara los precios (y las polémicas) de la turistificación

Las pestañas del portal de Madring dirigidas a hoteles y hospitality ejemplifican la contribución del proyecto a la turistificación y el alza de precios de los alojamientos. El portal incluye apartamentos y hoteles próximos a Ifema o Valdebebas, pero también en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el centro. Con ello, muchos visitantes pueden conocer el resto de la ciudad aprovechando el viaje. La tarifa media se ha disparado un 69,60% y alcanza los 485 euros frente a los 286 de 2025, según las cifras que maneja la plataforma de comercio hotelero Site Minder. La estancia media aumenta un 7,50%, para pasar de 2 días el año pasado en las mismas fechas a 2,15 días en torno al evento.

La de Paquita no es la primera controversia que ha surgido en torno a las viviendas turísticas y Madring. El PSOE de Madrid ha presentado una solicitud ante la Agencia de Actividades por la proliferación de alojamientos temporales sin licencia cerca del circuito. Los precios en sus anuncios para los tres días de competición superan en muchos casos ampliamente los 10.000 euros. Una de las ofertas alcanza incluso los 17.000 (en una casa con cuatro habitaciones para seis personas), dentro de lo que el concejal Antonio Giraldo define como una “clara lógica especulativa originada por el propio Gran Premio”. Queda por ver si, esta vez, la actuación de la Agencia es eficaz.

A finales de abril de este año, la plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa dio a conocer la situación de Lorena, una madre con cinco niños a su cargo que iba a ser desahuciada el próximo 7 de septiembre de la vivienda en la que reside. Ahora, gracias al acuerdo alcanzado con Kutxabank, propietaria del inmueble, el banco ha solicitado este miércoles el aplazamiento del desalojo hasta el 30 de octubre, tras llegar a un acuerdo con la inquilina. Mientras transcurre ese tiempo, existe la posibilidad de que el banco y un familiar de Lorena cierre la compra de la vivienda.

Lorena vive en este inmueble desde 2018 y, según Stop Desahucios, los antiguos propietarios “le ocultaron que tenían instada por Kutxabank una demanda de desahucio por impago de la hipoteca”. Esta situación puso a Lorena y a su familia en una situación de vulnerabilidad que no pudo ser protegida tras la caída del escudo social que buscaba evitar los desahucios de personas vulnerables. El pasado 26 de febrero, el Congreso de los Diputados votó en contra de mantener la medida, instaurada durante la pandemia para evitar los desahucios en situaciones de vulnerabilidad.

Según explica Kutxabank, Lorena se ha comprometido con la entidad bancaria y con el juez a dejar la vivienda antes del 30 de octubre. No obstante, todavía existe la posibilidad de que pueda conservar su hogar. Stop Desahucios anuncia que el abuelo de los niños, “con un gran esfuerzo”, podría comprar la vivienda bajo las “condicones ventajosas” que Kutxabank ha ofrecido. Tanto en la negociación del aplazamiento como en la posibilidad de compra ha participado el Ayuntamiento de Irún, cuya intervención es agradecida por la plataforma.

Stop Desahucios califica la negociación como “una salida habitacional definitiva” para Lorena y su familia, a pesar de que la compra todavía no se ha cerrado. La plataforma celebra así el punto y final a la “insoportable amenaza de ser desahuciados”. Por su parte, Kutxabank recuerda que “ha mantenido durante todo el proceso una actitud de diálogo y colaboración”, buscando una “una resolución satisfactoria para todas las partes”.

Esta situación también ha servido de recordatorio para Stop Desahucios de que todavía hay 16 personas vinculadas a la plataforma al borde del desahucio. Por ello, han convocado para este sábado, a las 11.00 horas, una concentración frente al kiosco del Boulevard de Donostia para seguir mostrando su apoyo a las personas afectadas.

En un bloque inacabable de pisos del barrio de Sant Martí, en Barcelona, vive Carmen desde hace siete años con su hijo de 13. Entró de okupa porque se encontraba en la calle y, según cuenta, nadie le ofrecía nada. Años después, ya asentada en el barrio, ve como el 15 de septiembre se ha fijado la fecha de su desahucio si tener una alternativa viable.

El fondo propietario del inmueble ha adquirido la propiedad y se niega a firmarle un alquiler social. “Prefieren pagar la multa que les imponen por ser grandes tenedores”, resume. En poco más de un mes, si nada lo frena, se quedará en la calle con su hijo: “No sé dónde vamos a ir.”

Justo delante del sofá enfundado en un collage de mandalas que preside el salón se observan fotos de Carmen con sus dos hijos, el otro ya mayor. Aunque el espacio es pequeño, está cuidado y cabe hasta un rincón de juego para su gato recién llegado a la familia: Botas, se llama. Nada más entrar se acurruca con Carmen, que cuando llegó al piso se apañó cerrando una parte de la terraza para poder tener su propia habitación. Y después de mucho tiempo cuidando lo que ya es su hogar, ahora se ve fuera y desesperada.

Su caso no es una excepción. En Barcelona, el Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) se ha convertido en el principal dispositivo municipal frente a la exclusión residencial, pese a estar concebido como un recurso puntual. En mayo de 2026 alojaba a 3.279 personas —1.087 unidades familiares—, de las cuales cerca del 85% eran familias con menores a cargo, según datos del Ayuntamiento.

Más del 76% acumulan estancias superiores a seis meses; un 5% lleva ya más de cinco años dentro. El consistorio ha elevado el presupuesto de estos alojamientos de 34 millones de euros en 2023 a 43 en 2025.

A Carmen, de momento, los servicios sociales solo le ofrecen tres días en un albergue. “Ahí no se dan las condiciones para estar con un niño”, se lamenta. La otra vía, la mesa de emergencia que reparte las viviendas, arrastra más de 700 familias y una espera media de cuatro años. “Durante la espera para un piso nadie te ofrece nada dónde puedas vivir”, explica.

El Ayuntamiento defiende que ha reforzado las ayudas para prevenir desahucios y facilitar alternativas, como una prestación mensual de hasta 1.500 euros. Aunque en este caso, encontrar un alquiler se convierte en una quimera debido a sus condiciones de vulnerabilidad.

Desde el consistorio admiten que la crisis habitacional “hace muy difícil la disponibilidad de vivienda a precios asequibles” y que existe una clara “discriminación inmobiliaria” por razones socioeconómicas —y en otros casos, por razones raciales. Desde julio de 2025, solo 30 familias han conseguido salir de los alojamientos de urgencia con la nueva prestación.

La ley y la trampa

Carmen asegura que el fondo le ha ofrecido dinero para que se marche: inicialmente 19.000 euros, una cantidad que han reducido a 10.000 a cambio de entregar voluntariamente las llaves antes del desahucio. Pero Carmen no puede aceptarlo, ya que si cobra ese dinero tiene miedo de perder la renta garantizada (unos 1.000 euros con los que sobrevive).

“Está la ley y está la trampa”, zanja. Ocurre lo mismo con la prestación municipal: solo la cobraría si le alquilaran una habitación con contrato, algo muy difícil en un caso así. Según cuenta ella, les ha pedido que acepten un alquiler social, pero se han negado. Preguntados por este medio, Hipoges, la plataforma encargada de gestionar el inmueble, se ha negado a responder aludiendo a la “confidencialidad de cada caso”.

“No soporto que me hable ni que me mire nadie. Estoy al límite”, admite Carmen, que reconoce estar “desatada”. Por eso mismo, su hijo se ha marchado a casa de unos familiares hasta que puedan resolver la situación. El mayor ha vuelto para hacerle compañía y ayudarla. “Apenas duermo”, explica esta mujer, que teme que, si se acaba plantando en una tienda de campaña en la calle, se quede sin su hijo: “Ellos no lo protegen, no me dan una alternativa, y si estás en la calle, te lo quitan”, cuenta entristecida entre el ruido de los ventiladores que tratan de refrescar la casa.

Ante el riesgo de perderla, hace poco más de un mes que Carmen se acercó al sindicato de vivienda del barrio, que hasta entonces conocía solo como el local donde “las señoras van a bailar”. Allí ha encontrado asesoramiento y, sobre todo, gente en su misma situación. “Te hace sentirte entendida y acompañada. Es el único apoyo que tenemos”, dice. Ahora se le ha sumado la abogada que la ayuda con el caso y sobre la que deposita todas sus esperanzas.

“Me gustaría pagar, pero pagar lo que puedo pagar, porque hay cosas que no las puede asumir nadie con un sueldo normal”, narra Carmen, que solo quiere un alquiler asequible y vivir tranquila. De la administración, en cambio, dice haberlo echado todo de menos. “Me siento totalmente abandonada. Es como si no quisieran ver el problema”, lamenta.

En el pasillo de la casa solo se observan los recuerdos típicos de alguien que se siente como en su hogar. Un hogar que durante años le ha permitido a Carmen poder configurar un proyecto de vida estable y un espacio de seguridad para sus hijos. Ahora, su sustento está en peligro como el de muchas otras personas en la ciudad de Barcelona debido a la galopante crisis de precios en el mercado de la vivienda y la alta demanda que está sufriendo la administración.

El juicio contra José Antonio R. C., gerente de la empresa de desalojos Okupacción y acusado de acosar supuestamente a una familia con tres hijos para que abandonen el piso en el que están alquilados, pese a que están al día con los pagos y tienen contrato en regla, ha sido pospuesto. El motivo es que las partes han acordado que, ante la existencia de una primera denuncia de la madre –archivada y recurrida–, sea la titular del Juzgado donde recayó este escrito inicial la que resuelva. Así, la causa podría dar lugar a diligencias previas de investigación por lo Penal al haberse prolongado en el tiempo el presunto acoso.

Dos vecinos han corroborado a este periódico los gritos y las supuestas amenazas que proferían los miembros de Okupacción para forzar a que la familia deje el piso. Hasta el punto de que la madre ha tenido que cogerse la baja médica y que los pequeños no van al colegio por miedo. “Me levantaba por la mañana y me conectaba a la cámara a las 7.00, a las 7.30, a las 7.59, porque sabía que venían a las 8.00. Los escuchaba gritando, mi hija tenía que salir al instituto y yo nerviosa perdida. Del trabajo me tenía que ir con ataques de ansiedad y por eso me dieron la baja. Así no se puede vivir”, explicaba. “Nada justifica que mande a unos matones”, dijo uno de estos vecinos, que explicó un episodio en el que los integrantes de Okupacción le interrumpieron el paso.

Esa primera visita en abril dio lugar a una denuncia que fue archivada y posteriormente recurrida por la acusación. Pero, tras sucesivas presiones desde Okupacción en el bloque de pisos de la Margen Izquierda, a finales de junio se produjo el segundo suceso que ahora es objeto de litigio. Ese día, la madre optó por grabar con su móvil la visita de los cuatro hombres. En un momento determinado, según la denuncia, José Antonio R. C. –vocal de Vox en el barrio zaragozano de Montañana y que fue en listas por esta formación en las pasadas municipales– le golpeó y le tiró el móvil, justo antes de que otro de ellos –el exboxeador S. M.– hiciera ademán de cargar contra la mujer, que tenía a su hija de un año agarrada a su pierna.

Este periódico ha podido acreditar el episodio mediante un vídeo.

Tanto la mujer como el gerente de Okupacción estaban citados este viernes en el Juzgado de Instrucción nº7 de Zaragoza para un juicio rápido a José Antonio R. C.por lesiones. Ahí se ha presentado con sus abogados tanto la pareja como el acusado, acompañado este por otros dos miembros de la empresa de desalojos. La acusación ha propuesto, ante la existencia de hechos similares, esperar a que el Juzgado de Instrucción nº10 resuelva el recurso y que incorpore la segunda denuncia. La defensa ha aceptado.

Esto puede suponer, según argumenta la acusación, que se conviertan en diligencias previas de investigación, lo que podría desembocar en un juicio con petición de penas de cárcel al tratarse de un presunto delito continuado. Y conllevaría también responsabilidades legales para la propietaria de la vivienda, M. C. R. H..

Mientras, en la vista también se ha dado cuenta de una denuncia interpuesta por el gerente de Okupacción contra la mujer por supuestas lesiones. José Antonio R. C. ha insistido en que no son ciertos los hechos y ha manifestado que posee vídeos que lo acreditan y que reserva para el juicio.

Okupacción ofrece como servicios en su página web la “mediación con inquilinos”, la “mediación con okupas”, “consejería y vigilancia” y “limpieza de superficies”. Nació, según explican, “de las inquietudes de tres profesionales de la seguridad privada desde 1999 especializados en la seguridad personal”.

La firma fue contratada por M. C. R. H., que aspira a que los inquilinos dejen el piso para que lo pueda ocupar su madre, que según dice se encuentra enferma en una residencia que no puede costear. En abril envió al matrimonio un burofax manuscrito reflejando esta circunstancia. M. C. R. H. manifestó a este periódico que ya había mandado otra comunicación en enero por los supuestos impagos; sin embargo, la pareja niega tanto los impagos como el documento y la propietaria ha renunciado a acreditar su existencia a este diario.

L'Audiència Provincial de les Balears ha rebutjat l'intent d'una empresa immobiliària de desnonar una inquilina a Eivissa a la qual acusava de subarrendar l'habitatge per a ús turístic basant-se, fonamentalment, en una fotografia d'una persona amb maletes a les zones comunes i en diversos missatges de WhatsApp remesos per una veïna. El tribunal conclou que les proves aportades per la societat no són suficients per acreditar que l'arrendatària explotés l'immoble com a allotjament vacacional.

La sentència confirma íntegrament la resolució del Jutjat de Primera Instància número 4 d'Eivissa, que ja havia desestimat la demanda interposada per Lowestolf Norm SL, una societat constituïda el 2015 els administradors de la qual figuren al capdavant de nombroses societats vinculades al sector immobiliari i turístic a l'illa. Encara que la inquilina ja havia abandonat l'habitatge durant la tramitació del procediment i va lliurar les claus l'octubre del 2023, l'empresa va mantenir la seva reclamació econòmica i exigia el pagament de 50.000 euros, és a dir, 500 euros per cada dia que, segons la immobiliària, havia transcorregut des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble.

El litigi es va iniciar després que la immobiliària demandés l'arrendatària en considerar que aquesta havia vulnerat el contracte en cedir o subarrendar l'habitatge a tercers per a ús turístic, una conducta expressament prohibida tant pel contracte com per l'article 8 de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), que impedeix a l'inquilí subarrendar o cedir l'habitatge sense el consentiment escrit del propietari.

Segons l'empresa, la sospita va sorgir després de les queixes d'una veïna de la comunitat, a les quals s'afegia una fotografia presa a les zones comunes de l'edifici en les quals apareixia una dona amb maletes i bosses de gran mida. La immobiliària entenia que aquests indicis demostraven que l'habitatge estava sent utilitzat per a lloguer vacacional i va decidir resoldre el contracte d'arrendament mitjançant un burofax abans d'acudir als tribunals per reclamar el desnonament i una indemnització.

No obstant això, el tribunal considera que l'empresa no va aconseguir demostrar aquests fets, asseverant que l'única prova consistia en missatges de WhatsApp remesos per una veïna i en diverses fotografies d'una dona amb maletes, elements que, per si sols, no permeten acreditar l'existència d'un subarrendament o d'una activitat de lloguer turístic.

La sentència dictada en primera instància ja indicava que, juntament amb la demanda, “no es va aportar prova alguna d'aquests subarrendaments, aportant-se posteriorment una sèrie de wasaps i fotografies que no permeten tenir per acreditats els subarrendaments ni l'activitat de lloguer turístic al·legada”. “Estem davant de missatges d'una veïna i una fotografia d'una persona amb maletes per les zones comunes que no ens permeten tenir per acreditats els fets constitutius de la pretensió actora, per la qual cosa la demanda ha de ser desestimada”, afegia la resolució, confirmada íntegrament per l'Audiència.

El tribunal afegeix que l'empresa ni tan sols va proposar declarar com a testimoni la veïna que va alertar dels fets ni el president de la comunitat de propietaris, malgrat que ambdós podien haver aportat informació rellevant. Tampoc va incorporar els estatuts o acords comunitaris que, segons sostenia, prohibien expressament el lloguer turístic a l'edifici.

La sentència, contra la qual cap recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, també posa en dubte un altre dels pilars de la demanda. Lowestolf Norm SL assegurava haver comunicat a l'arrendatària la resolució del contracte mitjançant un burofax. No obstant això, l'Audiència observa que la comunicació es va remetre a una adreça diferent de la que figurava en el contracte d'arrendament, per la qual cosa tampoc va quedar demostrat que la demandada tingués coneixement efectiu d'aquesta resolució contractual.

Una penalització de 500 euros diaris

L'empresa no només pretenia recuperar l'habitatge. El contracte incloïa una clàusula que imposava una penalització de 500 euros per cada dia que transcorregués des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble, a més d'una altra indemnització equivalent a una anualitat de renda. Amb base en aquesta clàusula, la immobiliària va arribar a reclamar 50.000 euros malgrat que l'arrendatària ja havia abandonat el pis durant la tramitació del procediment.

Encara que l'Audiència no entra a valorar la legalitat d'aquesta penalització, sí que recorda que el jutjat de primera instància havia advertit que podria tractar-se d'una condició abusiva en tractar-se d'un contracte signat entre una empresa i una consumidora. En qualsevol cas, considera innecessari pronunciar-se sobre aquesta qüestió perquè la demanda havia de desestimar-se prèviament per falta de prova del suposat lloguer turístic.

La Audiencia Provincial de Balears ha rechazado el intento de una empresa inmobiliaria de desahuciar a una inquilina en Eivissa a la que acusaba de subarrendar la vivienda para uso turístico basándose, fundamentalmente, en una fotografía de una persona con maletas en las zonas comunes y en varios mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina. El tribunal concluye que las pruebas aportadas por la sociedad no son suficientes para acreditar que la arrendataria explotara el inmueble como alojamiento vacacional.

La sentencia confirma íntegramente el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Eivissa, que ya había desestimado la demanda interpuesta por Lowestolf Norm SL, una sociedad constituida en 2015 cuyos administradores figuran al frente de numerosas sociedades vinculadas al sector inmobiliario y turístico en la isla. Aunque la inquilina ya había abandonado la vivienda durante la tramitación del procedimiento y entregó las llaves en octubre de 2023, la empresa mantuvo su reclamación económica y exigía el pago de 50.000 euros, es decir, 500 euros por cada día que, según la inmobiliaria, había transcurrido desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble.

El litigio se inició después de que la inmobiliaria demandase a la arrendataria al considerar que ésta había vulnerado el contrato al ceder o subarrendar la vivienda a terceros para uso turístico, una conducta expresamente prohibida tanto por el contrato como por el artículo 8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que impide al inquilino subarrendar o ceder la vivienda sin el consentimiento escrito del propietario.

Según la empresa, la sospecha surgió tras las quejas de una vecina de la comunidad, a las que se añadía una fotografía tomada en las zonas comunes del edificio en las que aparecía una mujer con maletas y bolsas de gran tamaño. La inmobiliaria entendía que esos indicios demostraban que la vivienda estaba siendo utilizada para alquiler vacacional y decidió resolver el contrato de arrendamiento mediante un burofax antes de acudir a los tribunales para reclamar el desahucio y una indemnización.

Sin embargo, el tribunal considera que la empresa no logró demostrar esos hechos, aseverando que la única prueba consistía en mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina y en varias fotografías de una mujer con maletas, elementos que, por sí solos, no permiten acreditar la existencia de un subarriendo o de una actividad de alquiler turístico.

La sentencia dictada en primera instancia ya indicaba que, junto a la demanda, “no se aportó prueba alguna de dichos subarrendamientos, aportándose posteriormente una serie de wasaps y fotografías que no permiten tener por acreditados los subarriendos ni la actividad de alquiler turístico alegada”. “Estamos ante mensajes de una vecina y una fotografía de una persona con maletas por las zonas comunes que no nos permiten tener por acreditados los hechos constitutivos de la pretensión actora, por lo que la demanda debe ser desestimada”, añadía la resolución, confirmada íntegramente por la Audiencia.

El tribunal añade que la empresa ni siquiera propuso declarar como testigo a la vecina que alertó de los hechos ni al presidente de la comunidad de propietarios, pese a que ambos podían haber aportado información relevante. Tampoco incorporó los estatutos o acuerdos comunitarios que, según sostenía, prohibían expresamente el alquiler turístico en el edificio.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, también pone en duda otro de los pilares de la demanda. Lowestolf Norm SL aseguraba haber comunicado a la arrendataria la resolución del contrato mediante un burofax. Sin embargo, la Audiencia observa que la comunicación se remitió a una dirección distinta de la que figuraba en el contrato de arrendamiento, por lo que tampoco quedó demostrado que la demandada tuviera conocimiento efectivo de esa resolución contractual.

Una penalización de 500 euros diarios

La empresa no solo pretendía recuperar la vivienda. El contrato incluía una cláusula que imponía una penalización de 500 euros por cada día que transcurriera desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble, además de otra indemnización equivalente a una anualidad de renta. Con base en esa cláusula, la inmobiliaria llegó a reclamar 50.000 euros pese a que la arrendataria ya había abandonado el piso durante la tramitación del procedimiento.

Aunque la Audiencia no entra a valorar la legalidad de esa penalización, sí recuerda que el juzgado de primera instancia había advertido de que podría tratarse de una condición abusiva al tratarse de un contrato celebrado entre una empresa y una consumidora. En cualquier caso, considera innecesario pronunciarse sobre esa cuestión porque la demanda debía desestimarse previamente por falta de prueba del supuesto alquiler turístico.

La ciudad de Santander ha vuelto a ser escenario de la crudeza de la crisis de la vivienda. A primera hora de este miércoles, alrededor de las 7.15 horas, un despliegue de la Policía Nacional de dos furgones y siete agentes ha procedido a acordonar un perímetro de unos metros en torno al portal número 20 de la calle Antonio López en el centro de la ciudad.

Algo, al parecer, “habitual”, según ha justificado pasadas las 8.30 horas a elDiario.es uno de los efectivos, para que posteriormente la comisión judicial pudiera realizar su trabajo. El agente se refería al desalojo de Blanca, su hija y su perro de la vivienda que esta ciudadana santanderina sexagenaria habita desde que tenía 12 años.

A pesar de la resistencia civil pacífica convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, en cuya concentración se han escuchado proclamas como “todas bajo techo, la vivienda es un derecho” o “ no nos va a callar la violencia policial”, el desalojo se ha consumado pasadas las 10.30 horas, dejando a la familia en una situación que Blanca define como de “indefensión total”. De nada ha servido la conversación previa de Yolanda Ceballos, portavoz del Sindicato, con los miembros de la Comisión Judicial, para tratar de explicar la falta de solución habitacional de esta familia que se ve abocada a una situación de calle.

La jornada de este miércoles ha dejado un sabor amargo en el movimiento por la vivienda en Cantabria, entre los que había también miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A la ejecución del desahucio se suma la denuncia del Sindicato de Vivienda sobre la agresión sufrida por una de sus activistas durante la carga policial para despejar la entrada del edificio que se ha producido a primera hora.

El sindicato ha querido dejar claro que lo ocurrido trasciende el caso individual de Blanca. “Nosotras desde el Sindicato de Vivienda lo único que podemos decir es que es una derrota para todas, tanto para Blanca y su hija, como para quienes han puesto el cuerpo hoy para intentar evitar el desalojo”, han valorado.

A pesar del golpe anímico que supone no haber podido frenar el lanzamiento y de ver cómo la familia queda hoy sin techo, la organización mantiene su compromiso de lucha: “La violencia policial no va a impedir que sigamos defendiendo el derecho de protesta y el derecho a una vivienda digna frente a la libertad para especular y hacer negocio de la miseria de otras”.

“Se han reído en mi cara”

Visiblemente afectada y tras presenciar cómo su hija sufría un ataque de ansiedad durante el proceso, Blanca ha denunciado ante los medios de comunicación y decenas de activistas presentes lo que considera una traición por parte de las instituciones que debían protegerla.

Su crítica más feroz ha ido dirigida a su representación legal de oficio: “La abogada ha sido cobarde, no está aquí. Se ha vendido al propietario de esta vivienda”, ha lamentado. Según Blanca, esta ausencia ha sido determinante, ya que la letrada no habría tramitado la renovación de su certificado de vulnerabilidad, un documento clave para frenar el lanzamiento.

La inquilina sostiene que tanto los Servicios Sociales como la Consejería de Vivienda han “ignorado” sistemáticamente sus recursos. Ambas subsisten con el Ingreso Mínimo Vital, ya que su hija está en situación de desempleo. “Se me ha ninguneado, no se me ha hecho ningún caso. Los Servicios Sociales se han reído en mi cara”, ha relatado con indignación, subrayando que mientras le dicen que no hay parque público disponible, ella tiene constancia de la existencia de “2000 viviendas cerradas para gente como yo”, ha clamado Blanca tras ser expulsada de su hogar. “La Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna, ¿dónde están la mía y la de mi hija? Y la de mucha gente que está en esta condición como yo”.

“Para fiestas sí tenemos dinero”

La desesperación de Blanca se acrecienta ante los plazos administrativos que no coinciden con la urgencia de quien se queda en la calle. Según su testimonio, dispone de una calificación habitacional desde el pasado 28 de abril, pero la respuesta institucional sigue estancada. “La contestación ha sido: espérate porque todavía estamos calificando a los de febrero. O sea, me tendré que esperar al año que viene, si llego”, ha lamentado la afectada frente al portal de la que hasta hoy era su casa.

Blanca ha cargado duramente contra la gestión del Ayuntamiento de Santander, acusando al consistorio de “lavarse las manos” y priorizar el gasto en festejos sobre la necesidad de sus ciudadanos. “Lo gastamos en fiestas; para eso sí tenemos dinero, pero no para dar casa a quien se lo merece”, ha criticado. La sensación de ser tratada como ciudadana de segunda categoría ha sido una constante en su discurso, llegando a cuestionar si sus derechos como española están siendo vulnerados frente a otros colectivos, en un momento de máxima tensión emocional.

La alternativa: el albergue municipal

La alternativa habitacional ofrecida por el Ayuntamiento de Santander para Blanca y su hija ha sido el Centro de Acogida Princesa Letizia, una opción que la familia ha rechazado. Blanca alega que no es un entorno “seguro” para dos mujeres solas, citando supuestos incidentes recientes de violencia y delincuencia en el centro.

Tras el desalojo, Blanca y representantes del Sindicato de Vivienda han acudido a las dependencias municipales para pedir una solución de emergencia que no pasara por el centro Princesa Letizia. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido inflexible. Javier San Millán, del Sindicato de Vivienda, ha explicado que los responsables municipales “han dado largas” y finalmente han dado una respuesta negativa alegando que la solución no dependía directamente de ellos.

En los Servicios Sociales, la respuesta ha sido un ultimátum: o aceptan el ingreso en el Princesa Letizia o deberán dormir en la calle. La opción de RedEnlace, otro recurso habitacional, ha quedado descartada por criterios técnicos, ya que la prioridad de dicho programa son mujeres con hijos menores de edad, y al ser la hija de Blanca mayor de edad, el sistema las excluye.

Al cierre de esta información, Blanca, su hija y su perro se encuentran en la calle, sin una alternativa habitacional. El sindicato reconoce “haber agotado todas las vías institucionales posibles” y la administración, por ahora, solo ofrece un centro de acogida temporal, durante solo cuatro días, que la familia no considera una solución digna.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha denunciado la agresión a una activista que milita en este colectivo durante una concentración convocada este miércoles en el número 20 de la Calle Antonio López de Santander para intentar parar un desahucio de una mujer y su hija, además de cuestionar la “vulneración del derecho a la protesta” por parte de la Policía Nacional, que ha impedido el paso a las personas que “voluntaria y pacíficamente” iban a manifestarse.

Según ha relatado esta organización sindical a través de una nota de prensa, dos horas antes de que llegara la comisión judicial encargada de realizar el lanzamiento de la vivienda en la que Blanca y su hija viven desde hace años, convocada para las 9.00 horas, dos furgones de la Policía Nacional con siete agentes han acudido de “forma violenta” al portal del domicilio.

“La agente responsable del dispositivo judicial ha agredido físicamente a una militante del Sindicato de Vivienda a pesar de que ningún miembro de la asamblea había ejercido violencia ni opuesto resistencia frente a los agentes: Han llegado con los furgones, han salido todos rápidamente y directamente nos han agredido. La agente me ha cogido del pelo y ha tirado intentando quitarme a la fuerza del portal de la vivienda”, ha denunciado la activista del Sindicato de la Vivienda.

“Pedro Casares dijo que quería 'limpiar las calles de toda persona que quiera alterar el orden' y parece que ya ha empezado. A mí no se me ocurre nada que altere más el orden que echar a una familia de su casa y dejarla en la calle, o que por defender el derecho fundamental a una vivienda digna te echen a palos”, ha explicado la militante afectada por esta situación que denuncia.

“Hemos informado a Delegación de Gobierno, tanto de la flagrante vulneración del derecho a protesta como de la agresión a nuestra compañera, y nos han animado a denunciarlo pero tampoco nos han dado ninguna solución”, ha apuntado otro militante del sindicato cántabro. “La agente que ha agredido a la militante ha reconocido la agresión frente a los miembros de la asamblea, pero ha retirado su número de placa del uniforme para continuar con el operativo policial”, han advertido los miembros del Sindicato de Vivienda.

“La vulneración del derecho a la protesta que se está efectuando contribuye a desplazar el foco de lo realmente importante en el dia hoy: una familia en situación de vulnerabilidad está a punto ser desahuciada de su casa sin alternativa habitacional, y sin que las instituciones sean capaces de dar una respuesta más allá de la violencia”, han señalado los participantes en la concentración convocada junto al portal del edificio.

El desahucio de Paquita, la mujer de 82 años con parkinson a la que la promotora dueña de su vivienda quiere expulsar para poner pisos turísticos, ha quedado aplazado. El desalojo estaba previsto para este miércoles 22 de julio a las 11.45, pero había comenzado a forjarse una gran contestación social y vecinal en La Latina, castiza zona del centro de Madrid.

La suspensión fue trasladada en la noche del lunes al abogado de Paquita. El auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital, al que ha tenido acceso Somos Madrid, acuerda aplazar el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones.

“Se acuerda reiterar con carácter urgente la emisión del informe solicitado, lo que deberán notificar a este órgano judicial a la mayor brevedad y en todo caso en el plazo máximo de diez días, suspendiéndose cautelarmente el lanzamiento previsto”, recoge el escrito judicial. Así, más allá de ese hiato de diaz días, no hay una nueva fecha fijada para el desahucio.

La empresa Tolesanta, a la que las autoridades cerraron varios pisos turísticos por ruidos y molestias, quiere echar a la mujer pese a que paga 1.180 euros de alquiler. El Sindicato de Inquilinas de Madrid y la Asociación Vecinal La Chispera han convocado una concentración, que se mantiene, para defender a Paquita y que pueda quedarse definitivamente. Ella solicita al menos quedarse en la casa donde lleva viviendo desde hace 28 años con su hijo, que ahora tiene 47, un tiempo más que le permita dar con una alternativa. “¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en conversación con este periódico.

Paquita y su hijo, transportista, no son una familia vulnerable en los términios estrictos de la palabra, por mucho que ahora la Justicia les pida acreditar esa condición a la que les empuja el propio proceso: tienen ingresos de 3.000 euros al mes y estarían dispuestos incluso a aumentar los 1.150 euros de alquiler que abonan cada mes. Pero los dueños, la empresa Tolesanta SL, que tiene varios pisos turísticos, no le han dado alternativa. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya”, dice Paquita. “Si quieren que pague más, podríamos hablar”, acepta.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha vuelto a convocar una concentración este miércoles 22 de julio a las puertas de una vivienda en la calle Antonio López número 20 de Santander, a partir de las 8.00 horas,con el objetivo de frenar de forma pacífica el segundo intento de desahucio de una mujer y su hija, quienes se enfrentan a un lanzamiento inminente tras la derogación de la moratoria estatal que protegía temporalmente a familias vulnerables.

Aunque se logró aplazar el lanzamiento el pasado 29 de junio, la mujer y su hija vuelven a estar en riesgo de desahucio inminente “sin ninguna alternativa habitacional”, ha denunciado el sindicato cántabro, que ha realizado un llamamiento a la ciudadanía de la zona y de toda Cantabria para que acuda a las puertas del domicilio para intentar frenarlo de manera pacífica.

Según ha explicado el Sindicato de Vivienda, “el propietario es un gran tenedor de viviendas en Cantabria y Cataluña” y “pretende el desalojo de la familia con vocación lucrativa”.

“Conseguimos el breve aplazamiento, pero nuestras predicciones se han cumplido: Blanca y su hija vuelven a estar a punto de quedarse en la calle tras una vida entera viviendo en esa casa y el único motivo es el afán lucrativo del propietario. Pedimos a las vecinas y vecinos de Santander y alrededores que vengan a defender el hogar de Blanca. Por decencia, por dignidad, porque es de justicia social, por solidaridad y porque mañana podemos ser cualquiera de nosotras. No puede ser que la libertad de unos para hacer de sus propiedades un negocio pase por encima de los derechos fundamentales”, han sostenido desde la organización sindical.

És mig matí i el sol cau a plom sobre el barri palmesà de Son Cladera. Amb prou feines hi ha moviment als carrers, només el murmuri que arriba des d'una petita plaça on, assegudes a la terrassa d'un bar de tota la vida, conversen diverses dones. Des de fa dues setmanes, aquest és el seu punt de trobada habitual. L'anterior el van perdre el passat 2 de juliol, quan una comissió judicial, acompanyada per agents de la Policia Nacional, va executar el desallotjament de La Cala, el local on, durant més de tres dècades, van ballar, jugar al bingo, celebrar dinars populars i, sobretot, van trobar companyia. Allà on, fins fa dues setmanes, els veïns entraven i sortien constantment, avui només hi queda una persiana abaixada. “Han llevat la diversió a molta gent”, lamenta Fidela, una de les antigues usuàries.

A Son Cladera, un barri de 7.500 habitants sorgit a mitjan anys seixanta arran de l'expansió urbana de Palma, la ferida del desallotjament continua ben oberta. El que va començar com un litigi entre l'associació de gent gran i la propietat de l'immoble ha acabat convertint-se en el reflex d'un malestar més profund: el d'un veïnat que veu desaparèixer progressivament els espais que articulaven la vida comunitària i altres serveis bàsics, com les sucursals bancàries. “A més del casal, ens han llevat els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure doblers”, explica Fidela.

Fidela Pedregal feia dècades que estava vinculada al casal, que comptava amb més de 300 usuaris. Hi anava dues vegades per setmana “per això del cap” -en referència als tallers de memòria- i compartia les tardes amb altres veïns entre activitats, festes i partides de bingo. Asseguda a la terrassa del bar Màlaga, on cada matí es reuneix amb Josefa, Leonor i altres veïnes que també freqüentaven La Cala, lamenta que el tancament ha deixat moltes persones grans del barri “sense cap lloc on anar-hi”. Considera que, d'un dia per l'altre, ha desaparegut un espai que durant anys havia servit per combatre la soledat i mantenir activa la gent gran. “Ens han abandonat”, conclou.

A més del casal, ens han pres els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure diners

Fidela — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

El passat 2 de juliol, mentre desenes d'usuaris participaven en un taller de memòria, la comitiva judicial i els efectius policials van irrompre a l'edifici per executar el llançament. En qüestió de minuts, les activitats van quedar interrompudes i els assistents van haver d'abandonar el local entre el desconcert i la incertesa. Els cartells de balls, excursions i tallers que encara pengen a les finestres són l'únic vestigi de la intensa activitat que durant dècades va acollir el casal, avui convertit en el símbol d'una realitat que va més enllà d'aquest cas i que planteja interrogants sobre el futur dels espais comunitaris per a la gent gran i la vulnerabilitat de nombroses associacions que desenvolupen la seva tasca social en immobles de titularitat privada.

L'origen del conflicte es remunta al deute acumulat per l'anterior junta directiva amb la Fundació Sa Nostra, propietària de l'immoble des del 2020. Després de diversos impagaments del lloguer, la Fundació va iniciar un procediment judicial per recuperar la possessió del local. El 2024, ambdues parts van assolir un acord que va permetre suspendre un primer llançament i va donar marge a la nova junta gestora per intentar regularitzar la situació econòmica. A canvi, l'associació assumia una sèrie d'obligacions, entre les quals el pagament d'un lloguer de 2.200 euros mensuals, una quantitat destinada a cobrir tant la renda ordinària com l'amortització progressiva del deute acumulat, que rondava els 30.000 euros. El pacte va ser avalat per l'assemblea de socis, tot i que una part dels associats s'hi va oposar en considerar que deixava l'entitat en una situació de vulnerabilitat davant la propietat. Finalment, però, el desnonament es va acabar executant.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Fundació Sa Nostra per conèixer, entre altres qüestions, quines comunicacions va mantenir amb l'associació gestora en relació amb la data del desallotjament, quins incompliments concrets van motivar finalment l'execució del llançament, si es van plantejar alternatives per evitar-lo un cop iniciat el procediment judicial i quin ús preveu donar a l'immoble a partir d'ara. Tanmateix, no ha obtingut resposta fins al moment de la publicació d'aquest reportatge.

“Només queden els metges i tres farmàcies”

Al costat de Fidela seu Josefa, que confessa que troba a faltar la rutina que durant anys va marcar les seves tardes. Anava al casal per jugar al bingo, comprar loteria i compartir unes hores amb els seus veïns, tot i que reconeix que evitava tornar sola a casa quan es feia fosc perquè el trajecte li feia por. No va presenciar el desallotjament, ja que es va produir al matí, però ha reconstruït el que va passar a partir dels relats dels seus antics companys i dels vídeos que van circular ràpidament pel barri.

“Hi havia persones que van haver de sortir de pressa amb el tacataca i els cotxets. Va ser una falta de respecte. Diuen que arreglaran la situació, però no ho sé. M'han dit que ja han comprat el local per fer-hi pisos”, afirma. Per a ella, el tancament del casal és un episodi més del progressiu abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. “L'únic que ens queda són els metges i tres farmàcies”, lamenta, convençuda que les persones grans són les principals perjudicades.

“M'han mort”, afirma en la mateixa línia Isabel, a punt de fer 90 anys. Al portal de casa seva, a pocs metres del casal, descriu el tancament com un dur cop a la seva rutina. Recorda les tardes de bingo, els tallers de memòria i les converses que, fins fa tot just unes setmanes, omplien el local. Hi participava en les activitats de memòria i hi passava les tardes jugant al bingo abans de tornar a casa.

Asseguda al costat de Fidela i Josefa, Leonor explica que estava vinculada al casal des de pràcticament els seus inicis. Recorda que l'associació va començar en un local més petit abans de traslladar-se a l'edifici del qual ara ha estat desallotjada. “Era molt gran: tenia un menjador enorme, una cuina enorme i un pati molt gran”, rememora. Cada diumenge s'hi organitzaven dinars, s'hi celebraven festes i actes com la darrera missa rociera. “Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida”, recorda amb nostàlgia, resumint en una sola frase la intensa activitat social que durant dècades va acollir el casal.

Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida

Leonor — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

L'Ana també troba a faltar la rutina que havia construït al voltant de La Cala. Hi jugava al bingo, llegia la premsa i, sobretot, hi trobava un espai on conversar amb les seves amigues. Ara confia que l'associació aconsegueixi un nou local on reprendre les activitats. “Tant de bo en trobin un altre. És una pena el que ha passat”, lamenta. Al seu parer, el tancament del casal se suma a la desaparició d'altres serveis essencials a Son Cladera, com les oficines bancàries, una circumstància que, assegura, ha incrementat la dependència de moltes persones grans. “Ara depenen d'algú que els dugui a algun lloc o que els faci les gestions”, resumeix.

Tant de bo trobin un altre local. És una pena el que ha passat

Ana — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

“Els barris no interessen”

En un banc de la mateixa plaça, en José i en Salvador xerren amb altres veïns. En José lamenta que el tancament ha perjudicat persones grans com un dels seus familiars, que assistia amb freqüència als tallers de memòria i que, després del desnonament, ara depèn que les seves filles l'acompanyin a un altre centre. “Tot sol no hi pot anar”, explica, convençut que el desnonament ha complicat la vida quotidiana de molts usuaris que trobaven a La Cala un espai proper i accessible.

En Salvador, per la seva banda, sosté que el problema reflecteix l'abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. Lamenta la desaparició de serveis al barri, critica la manca de presència policial i retreu a les administracions que no hagin trobat una solució abans del desnonament. “Els barris no interessen”, afirma. També defensa que l'associació havia aconseguit sanejar la seva situació econòmica i considera que les persones grans han acabat pagant les conseqüències d'un conflicte que, segons ell, s'hauria pogut resoldre d'una altra manera.

La junta gestora: “Seguirem lluitant”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, assegura que l'associació no dona la batalla per perduda. “Continuarem lluitant”, afirma en declaracions a elDiario.es, convençuda que encara hi ha opcions per recuperar el casal. Sosté, fins i tot, que el cas podria establir un precedent per a altres entitats. Coronado confia que el tancament no sigui definitiu, ja que, després del llançament, van rebre una comunicació del jutjat en què se'ls informava que revisaria la documentació del procediment i que els havia concedit un termini d'entre quatre i deu dies hàbils per fer-ho.

Tot i això, lamenta que la resolució s'estigui endarrerint a causa del període de vacances. “Ens ho prendrem com unes vacances i esperarem, perquè continuarem lluitant”, assenyala, tot i que reconeix que l'espera “es fa eterna” per a uns usuaris que fa setmanes que no poden accedir al local.

En aquest sentit, lamenta que qui més està patint les conseqüències del tancament són les persones grans. “Ara no saben on anar”, afirma. Explica que moltes hi acudien cada tarda per refugiar-se de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques. “Els han pres això”, lamenta. Al seu parer, el tancament del local s'afegeix a la desaparició d'altres serveis bàsics del barri, com les sucursals bancàries, una situació que, assegura, deixa molts veïns d'edat avançada en una posició de més dependència. “Els han deixat abandonats”, conclou.

En els darrers anys s'han succeït les protestes, les concentracions i les crides per evitar el desnonament de La Cala. Després de conèixer la demanda de desnonament, l'Associació de Veïns de Son Cladera es va bolcar en la defensa del casal i va començar a organitzar mobilitzacions i campanyes de suport per intentar aturar-ne el tancament. “Avui són ells els qui fan fora; però demà tots serem grans i ens agradaria mantenir els nostres espais de convivència amb seguretat jurídica i una política social humanitària, sabent que es respecten els drets i les obligacions de tothom”, expressava l'entitat en un missatge difós a Facebook l'abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que els qui més estan patint les conseqüències del tancament són els més grans: "Ara no saben on anar". Explica que molts acudien cada tarda al casal per escapar de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques

Després del desallotjament del casal, diversos socis i veïns de Son Cladera han fet públiques cartes obertes en què qüestionen tant l'actuació de la Fundació Sa Nostra com la gestió de l'advocat de l'associació. Un dels socis, Juan Sánchez, retreu a la Fundació que trenqués amb el model de cessió gratuïta del local, vigent durant tres dècades, després d'assumir-ne la gestió el 2020 i d'imposar un contracte de lloguer a l'associació. Segons explica, el deute es va generar durant el mandat de l'anterior junta directiva, que va deixar de pagar les rendes, i va ser la posterior junta gestora la que va assumir el compromís de sanejar la situació econòmica i garantir la continuïtat de l'activitat del casal.

Sánchez defensa que, durant els dos últims anys, l'associació ha abonat pràcticament tot el deute acumulat després de duplicar la quota mensual que pagava a la Fundació. Per això, considera que el desallotjament no respon a un impagament, sinó a la voluntat de recuperar l'immoble. A la carta també acusa la Fundació Sa Nostra d'haver aprofitat el contracte signat amb la junta gestora per recuperar el local i deixar “al carrer” més de 250 persones grans, una actuació que considera incompatible amb els fins socials que proclama l'entitat i que, al seu parer, contradiu l'esperit dels seus propis estatuts.

D'altra banda, assegura que la voluntat majoritària de l'assemblea era esgotar totes les vies per continuar al local, inclosa la possibilitat de resistir-se al llançament si calia. En referència a l'advocat de la junta gestora, li retreu no haver informat els socis de la data prevista per a l'execució del desnonament. “Si hagués avisat del que faria el jutge, quan el jutge es va presentar al local l'hauria trobat ple de gent negant-se a sortir”, escriu.

Coronado, tanmateix, rebutja aquestes crítiques i assegura que el desallotjament va agafar per sorpresa fins i tot la mateixa entitat, ja que la comunicació judicial va arribar amb molt poc marge. Segons explica, el lletrat va rebre la notificació la tarda anterior i, quan van voler reaccionar, la comissió judicial ja s'havia presentat al casal a primera hora del matí. “No va donar temps a res. No entenem que actuïn d'aquesta manera”, lamenta. La presidenta de la junta gestora insisteix que la prioritat de l'entitat sempre ha estat defensar els interessos dels usuaris i assegura que continuaran lluitant per recuperar el local.

Possible cessió municipal

Per la seva banda, consultades per aquest diari, fonts de l'Ajuntament de Palma expliquen que el Consistori va posar, en el seu moment, el Casal de Barri de Son Cladera a disposició dels responsables de La Cala, però que l'entitat va rebutjar la proposta. L'Ajuntament recorda que el seu paper consisteix a cedir espais municipals perquè s'hi puguin desenvolupar activitats.

Coronado, tanmateix, retreu que el que es va posar sobre la taula va ser únicament una sala insuficient per desenvolupar l'activitat habitual de La Cala. “No era adequada per al que nosaltres fem”, sosté. Assegura que tècnics municipals van arribar a estudiar la possibilitat d'ampliar aquest espai, però van concloure que no era viable. La presidenta de la junta gestora recorda que el casal acollia activitats diàries i reunia un nombre d'usuaris molt superior al que podia assumir aquell equipament.

Desallotjament “inhumà” i “antidemocràtic”

La Unió d'Associacions de Mallorca (UAM) també s'ha sumat a les crítiques pel desallotjament del casal de La Cala. En un comunicat públic signat pel seu president, Pere Felip Buades, l'entitat assegura que no pot quedar-se “amb els braços plegats” davant el “tancament inadequat i infame” del local, “màxim tenint en compte que La Cala és l'associació de persones grans que més activitats duu a terme” i que aplega el nombre més gran de socis i sòcies de les Illes Balears. Tot i assegurar que respecta la resolució judicial que ha permès executar el llançament, afirma que no la comparteix i la qualifica d'“inhumana”, “anticristiana”, “antidemocràtica”, “immoral”, “caciquil” i “il·legal”.

Així mateix, l'organització ha reptat públicament la Fundació Sa Nostra a mantenir un debat públic “quan vulgui i on vulgui, amb la finalitat d'exposar lliurement i democràticament els respectius punts de vista”. En la mateixa nota, adverteix que, si l'entitat declina participar-hi, interpretarà aquesta decisió com una manca de voluntat d'oferir explicacions públiques sobre el cas.

La UAM assenyala, a més, que aquest assumpte serà abordat en el ple municipal d'aquest mes de juliol i sosté que tots els grups polítics tenen el deure de posicionar-se en defensa de l'associació. “Aquí no valdran les abstencions”, afirma en un altre comunicat, en què considera que no donar suport a La Cala equivaldria a girar l'esquena a una entitat que defineix com a “modèlica” i un “referent” del moviment associatiu de les Illes Balears.

Manca de mobilització social

Mentrestant, Stop Desnonaments Mallorca ha carregat durament contra el desallotjament del casal de persones grans de Son Cladera, que qualifica de “brutal”, i responsabilitza la propietària de l'immoble del que ha passat. La plataforma recorda que durant els darrers anys ha donat suport a les reivindicacions de l'associació per conservar el local, difonent les convocatòries i participant, en la mesura de les seves possibilitats, en les mobilitzacions organitzades en defensa del casal. Tot i això, el col·lectiu també marca distàncies amb la gestió de l'actual direcció de l'associació. Al seu parer, tant la majoria de la junta directiva com l'assemblea de socis que va donar suport a l'acord subscrit el 2024 amb la Fundació Sa Nostra “es van equivocar”.

L'organització lamenta que, en la reunió en què es va aprovar aquell acord, prevalgués el criteri de l'advocat per damunt del d'altres socis que, tot i no ser juristes, comptaven, segons sosté el col·lectiu, amb assessorament jurídic i amb l'experiència acumulada després d'anys de lluita veïnal. Al seu entendre, la direcció també es va equivocar en no tornar a convocar els socis per valorar l'evolució del conflicte i en optar per transmetre un missatge de tranquil·litat mentre el procediment judicial continuava avançant. Així mateix, sosté que la manca d'informació prèvia sobre la data del llançament va impedir organitzar una mobilització veïnal que, segons defensa, hauria pogut intentar evitar el desallotjament.

En aquest context, el col·lectiu defensa que l'estratègia per recuperar el casal s'ha de basar en la mobilització social i en la col·laboració entre entitats, i aposta per obrir una nova etapa sustentada en la unitat del barri. Amb aquest objectiu, ha demanat la convocatòria d'una reunió pública entre la junta de l'associació de persones grans, Stop Desnonaments SONKLA, l'Associació de Veïns de Son Cladera i qualsevol altre col·lectiu o veí que vulgui sumar-se a la defensa del casal.

“Esperem que, pel bé de l'associació, del casal i de les persones grans, la junta rectifiqui i passi a confiar en la mobilització del barri i en les aliances amb altres col·lectius que volem donar suport a la recuperació del local i a la defensa d'un barri digne”, subratlla. La plataforma reivindica la necessitat que les decisions puguin ser debatudes i qüestionades dins els moviments veïnals i socials i reitera la seva disposició a continuar donant suport a la recuperació d'un espai que considera fonamental per a la vida comunitària de Son Cladera.

Més enllà de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor i la resta d'usuaris del casal comparteixen una mateixa reivindicació: recuperar un espai que consideren imprescindible per mantenir viva la convivència a Son Cladera. Per a ells, La Cala no era només un casal de persones grans; era el lloc on omplien les tardes, feien amistats i continuaven sentint-se part d'un barri que avui, diuen, és una mica més pobre que fa dues setmanes. “Jo ja vaig cap als noranta anys i això era l'únic que tenia per sortir de casa”, conclou Isabel.

Es media mañana y el sol cae a plomo sobre la barriada palmesana de Son Cladera. Apenas hay movimiento en las calles, solo el murmullo que llega desde una pequeña plaza donde, sentadas en la terraza de un bar de toda la vida, conversan varias mujeres. Desde hace dos semanas es su punto de encuentro habitual. El anterior lo perdieron el pasado 2 de julio, cuando una comisión judicial y varios agentes de la Policía Nacional ejecutaron el desalojo de La Cala, el local en el que, durante más de tres décadas, bailaron, jugaron al bingo, celebraron comidas populares y, sobre todo, encontraron compañía. Allí donde, hasta hace dos semanas, los vecinos entraban y salían, hoy solo queda una persiana bajada. “Han quitado la diversión de mucha gente”, lamenta Fidela, una de las antiguas usuarias.

En Son Cladera, un barrio de 7.500 habitantes surgido a mediados de los sesenta al calor de la expansión urbana de Palma, la herida del desalojo aún continúa abierta. Y es que lo que comenzó como un litigio entre la asociación de mayores y la propiedad del inmueble ha acabado convirtiéndose en la máxima expresión de un malestar más profundo: el de un vecindario que llora la desaparición progresiva de los espacios que articulaban su vida comunitaria y la pérdida de otros servicios básicos como las sucursales bancarias. “Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero”, prosigue Fidela.

Fidela Pedregal llevaba décadas vinculada al casal, que contaba con más de 300 usuarios. Allí acudía dos veces por semana “para lo de la cabeza” -en alusión a los talleres de memoria- y compartía las tardes con otros vecinos entre actividades, fiestas y partidas de bingo. Sentada en la terraza del bar Málaga, donde cada mañana se reúne con Josefa, Leonor y otras vecinas que también frecuentaban La Cala, lamenta que el cierre ha dejado a muchas personas mayores del barrio “sin sitio a donde ir”, recriminando que un espacio que durante años sirvió para combatir la soledad y mantener activa a la gente mayor haya desaparecido de un día para otro. “Nos han abandonado”, abunda.

Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero

Fidela — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

El pasado 2 de julio, mientras decenas de usuarios participaban en un taller de memoria, la comitiva judicial y los efectivos policiales irrumpieron en el edificio para ejecutar el lanzamiento. En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre. Los carteles de bailes, excursiones y talleres que aún cuelgan de las ventanas son el único vestigio de la intensa actividad que durante décadas acogió el casal, reconvertido en el símbolo de una realidad que va más allá del caso y que plantea interrogantes en torno al futuro de los espacios comunitarios para las personas mayores y sobre la vulnerabilidad de numerosas asociaciones que desarrollan su labor social en inmuebles de titularidad privada.

En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre

El origen del conflicto se remonta a la deuda acumulada por la anterior junta directiva con la Fundació Sa Nostra, propietaria del inmueble desde 2020. Tras varios impagos del alquiler, la Fundació inició un procedimiento judicial para recuperar el local. En 2024, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió suspender un primer intento de desalojo y dio margen a la nueva junta gestora para intentar regularizar la situación económica. A cambio, la asociación asumía una serie de obligaciones, entre ellas el pago de un arrendamiento de 2.200 euros al mes, una cantidad destinada a cubrir tanto la renta corriente como la amortización progresiva de la deuda acumulada, que rondaba los 30.000. El pacto fue respaldado por la asamblea de socios, pero una parte de los asociados se opuso al considerar que dejaba a la entidad en una posición de vulnerabilidad frente a la propiedad. El desahucio, finalmente, acabó por llegar.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Fundació Sa Nostra para conocer, entre otras cuestiones, qué comunicaciones mantuvo con la asociación gestora respecto a la fecha del desalojo, qué incumplimientos concretos motivaron finalmente la ejecución del mismo, si existieron propuestas o alternativas para evitarlo una vez iniciado el procedimiento judicial y qué uso tiene previsto dar al inmueble a partir de ahora, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Solo quedan los médicos y tres farmacias”

Al lado de Fidela está sentada Josefa, quien confiesa que echa de menos la rutina que durante años marcó sus tardes. Acudía al casal para jugar al bingo, comprar la lotería y compartir unas horas con sus vecinos, aunque reconoce que evitaba volver sola de noche porque el camino hasta su casa le daba miedo. No presenció el desalojo, ya que se produjo por la mañana, pero ha escuchado a sus antiguos compañeros narrar lo sucedido, plasmado además en varios vídeos que corrieron como la pólvora.

“Había personas que tuvieron que salir deprisa con el tacataca y los carritos. Fue una falta de respeto. Dicen que recompondrán la situación, pero no lo sé. Me han dicho que ya han comprado el local para hacer pisos”, prosigue. Para ella, el cierre del casal es un capítulo más del progresivo abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. “Lo único que nos queda son los médicos y tres farmacias”, denuncia, convencida de que las personas mayores son las principales perjudicadas.

“A mí me han matado”, afirma en la misma línea Isabel, a punto de cumplir 90 años. En el portal de su casa, próximo al casal, describe el cierre como un duro golpe a su día a día mientras recuerda las tardes de bingo, los talleres de memoria y las conversaciones que hasta hace apenas unas semanas llenaban el local. Allí participaba en las actividades de memoria y pasaba ratos jugando al bingo antes de regresar a casa.

Sentada junto a Fidela y Josefa, Leonor explica que llevaba vinculada al casal desde prácticamente sus orígenes. Recuerda que el club comenzó en un local más pequeño hasta trasladarse al edificio del que ahora ha sido desalojado. “Era muy grande: tenía un comedor muy grande, una cocina muy grande, un patio grande”, rememora. Allí se celebraban comidas dominicales, fiestas y actos como la última misa rociera. “Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida”, recuerda, resumiendo con nostalgia la intensa actividad social que albergabael edificio.

Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida

Leonor — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

Ana también echa de menos la rutina que había construido alrededor de La Cala. Allí jugaba al bingo, leía la prensa y, sobre todo, encontraba un lugar donde conversar con sus amigas. Ahora confía en que la asociación consiga un nuevo espacio para retomar las actividades. “Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado”, lamenta. A su juicio, el cierre del casal se suma a la desaparición de otros servicios esenciales en Son Cladera, como las oficinas bancarias, una circunstancia que, advierte, ha aumentado la dependencia de muchas personas mayores. “Ahora dependen ya de alguien que les lleve a algún sitio o que les haga las gestiones”, resume.

Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado

Ana — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

“Los barrios no interesan”

En un banco de la misma plaza, José y Domingo charlan con otros vecinos. José lamenta que el cierre ha perjudicado a personas mayores como uno de sus familiares, que asistía con frecuencia a los talleres de memoria y que, tras el desalojo, depende ahora de que sus hijas lo lleven a otro centro. “Solo no puede ir”, explica, convencido de que el desalojo ha complicado la vida cotidiana de muchos usuarios que encontraban en La Cala un espacio cercano y accesible.

Salvador, por su parte, sostiene que el problema refleja el abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. Lamenta la desaparición de servicios en el barrio, critica la falta de presencia policial y reprocha a las administraciones no haber encontrado una solución antes del desalojo. “Los barrios no interesan”, afirma Salvador, quien también defiende que la asociación había conseguido sanear su situación económica y considera que las personas mayores han terminado pagando las consecuencias de un conflicto que, entiende, podría haberse resuelto de otra manera.

La junta gestora: “Seguiremos luchando”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, asegura que la asociación no da la batalla por perdida. “Seguiremos luchando”, afirma en declaraciones a elDiario.es, convencida de que todavía existen opciones para recuperar el casal. Sostiene, incluso, que el caso puede sentar un precedente para otras entidades. Coronado confía en que el cierre no sea definitivo dado que, tras el lanzamiento, recibieron la comunicación de que el Juzgado revisaría la documentación del procedimiento y que éste les ha otorgado un plazo de entre cuatro y diez días hábiles para hacerlo.

Sin embargo, lamenta que la resolución se esté demorando por el periodo vacacional. “Lo tomaremos como unas vacaciones y a esperar, porque seguiremos luchando”, señala, aunque reconoce que la espera “se hace una eternidad” para unos usuarios que llevan semanas sin poder acceder al local.

En este sentido, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son las personas mayores. “Ahora no saben dónde ir”, afirma. Explica que muchas acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas. “Les han cortado esto”, lamenta. A su juicio, el cierre del local se suma a la desaparición de otros servicios básicos del barrio, como las comentadas sucursales bancarias, una situación que, asegura, deja a muchos vecinos de edad avanzada en una posición de mayor dependencia. “Los han dejado abandonados”, concluye.

En los últimos años se han sucedido las protestas, las concentraciones y los llamamientos contra el desalojo de La Cala. Tras conocer la demanda de desahucio, la Asciación de Vecinos de Son Cladera se volcó en la defensa del casal y comenzó a organizar movilizaciones y campañas de apoyo para tratar de frenar el cierre. “Hoy son ellos a quienes echan a la calle; pero mañana todos seremos mayores y nos gustaría mantener nuestros espacios de convivencia con seguridad jurídica y política social humanitaria, sabiendo que se respetan los derechos y obligaciones de todos”, expresaba en un mensaje difundido en Facebook en abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son los mayores: "Ahora no saben dónde ir". Explica que muchos acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas

Tras el desalojo del casal, varios socios y vecinos de Son Cladera han hecho públicas cartas abiertas en las que cuestionan tanto la actuación de la Fundació Sa Nostra como la gestión del abogado de la asociación. Uno de los socios, Juan Sánchez, critica que la Fundació rompiese con el modelo de cesión gratuita del local que había estado vigente durante tres décadas tras asumir la gestión del inmueble en 2020 e imponer un alquiler a la asociación. Como relata, la deuda se originó durante la etapa de la anterior junta directiva, que dejó de abonar las rentas, y fue la posterior junta gestora la que asumió el compromiso de sanear la situación económica y mantener la actividad del casal.

Sánchez defiende que, durante los dos últimos años, la asociación ha abonado prácticamente toda la deuda acumulada al duplicar la cuota mensual que pagaba a la Fundación, por lo que considera que el desalojo no responde a un impago, sino al interés de recuperar el inmueble. En la carta acusa además a la Fundació Sa Nostra de haber aprovechado el contrato firmado con la junta gestora para hacerse con el local y dejar “en la calle” a más de 250 personas mayores, una actuación que considera incompatible con los fines sociales que proclama la entidad y que, a su juicio, contradice el espíritu de sus propios estatutos.

Por otro lado, asegura que la voluntad mayoritaria de la asamblea era agotar todas las vías para permanecer en el local, incluida la posibilidad de resistir al lanzamiento si fuera necesario. Dirigiéndose al abogado de la gestora, le reprocha no haber informado a los socios de la fecha prevista para la ejecución del desahucio. “Si hubiera avisado de lo que haría el juez, cuando el juez se presentó en el local se lo habría encontrado lleno de gente negándose a salir”, escribe.

Coronado, sin embargo, rechaza las críticas y asegura que el desalojo cogió por sorpresa incluso a la propia entidad, alegando que la comunicación judicial llegó con muy escaso margen. Según afirma, el letrado recibió la notificación la tarde anterior y, para cuando quisieron reaccionar, la comisión judicial ya se había presentado en el casal a primera hora de la mañana. “No dio tiempo a nada. No entendemos que actúen de esa manera”, lamenta. La máxima responsable de la gestora incide en que la prioridad de ésta siempre ha sido defender los intereses de los usuarios, por lo que, asevera, continuarán luchando para recuperar el local.

Posible cesión municipal

Por su parte, consultadas por este diario, fuentes del Ayuntamiento de Palma explican que el Consistorio, en su momento, puso a disposición de los responsables de La Cala el Casal de Barri de Son Cladera, pero que la propuesta fue rechazada por la entidad. El Ayuntamiento recuerda que su papel consiste en ceder espacios municipales para el desarrollo de actividades.

Coronado recrimina, sin embargo, que lo que se puso sobre la mesa fue únicamente una sala insuficiente para desarrollar la actividad habitual de La Cala. “No era adecuada para lo que nosotros hacemos”, sostiene. Asegura que técnicos municipales llegaron a estudiar la posibilidad de ampliar ese espacio, pero concluyeron que no era viable. La presidenta de la gestora recuerda que el casal acogía actividades diarias y reunía a un número de usuarios muy superior al que permitiría ese emplazamiento.

Desalojo “inhumano” y “antidemocrático”

La Unión de Asociaciones de Mallorca (UAM) también se ha sumado a las críticas por el desalojo del casal de La Cala. En un comunicado público firmado por su presidente, Pere Felip Buades, la entidad asegura que no puede quedarse “con los brazos cruzados” ante el “inadecuado e infame” cierre del local, “máxime teniendo en cuenta que La Cala es la asociación de gent gran [personas mayores en catalán] que más actividades viene realizando” y que aglutina al mayor número de socios y socias de Balears. Aunque asegura respetar la resolución judicial que ha permitido ejecutar el lanzamiento, señala que no la comparte y la califica de “inhumana”, “anticristiana”, “antidemocrática”, “inmoral”, “caciquil” e “ilegal”.

Asimismo, la organización ha retado públicamente a la Fundació Sa Nostra a mantener un debate público “cuando quiera y donde quiera, con el fin de exponer libre y democráticamente los consiguientes puntos de vista por ambas partes”. En la misma nota, advierte de que, si la entidad declina participar en ese debate, interpretará esa decisión como una falta de voluntad para dar explicaciones públicas sobre el caso.

La UAM señala además que este asunto será abordado en el pleno municipal de este mes de julio y sostiene que todos los grupos políticos tienen la obligación de posicionarse en defensa de la asociación. “Aquí no valdrán las abstenciones”, afirma en otro comunicado, en el que considera que no apoyar a La Cala equivaldría a dar la espalda a una entidad que define como “modélica” y un “referente” para el movimiento asociativo de Balears.

Falta de movilización social

Mientras tanto, Stop Desahucios ha cargado duramente contra el desalojo del casal de personas mayores de Son Cladera, que califica de “brutal”, y responsabiliza a la entidad propietaria del inmueble. La plataforma recuerda que durante los últimos años ha respaldado las reivindicaciones de la asociación para conservar el local, difundiendo convocatorias y participando, en la medida de sus posibilidades, en las movilizaciones convocadas en defensa del casal. No obstante, el colectivo también marca distancias con la gestión de la actual dirección de la asociación. En su opinión, tanto la mayoría de la junta directiva como la asamblea de socios que respaldó el acuerdo suscrito en 2024 con la Fundació Sa Nostra “se equivocaron”.

La organización lamenta que, en la reunión en la que se aprobó aquel el acuerdo, prevaleciera el criterio del abogado frente al de otros socios que, pese a no ser juristas, contaban -asevera- con asesoramiento legal y con la experiencia acumulada de años de lucha vecinal. A su juicio, la dirección también erró al no volver a convocar a los socios para valorar la evolución del conflicto y al optar por transmitir un mensaje de tranquilidad mientras avanzaba el procedimiento judicial. Asimismo, sostiene que la falta de información previa sobre la fecha del lanzamiento impidió organizar una movilización vecinal que, en su opinión, podría haber tratado de evitar el desalojo.

En este contexto, el colectivo defiende que la estrategia para recuperar el casal debe basarse en la movilización social y en la colaboración entre entidades, por lo que propone abrir una nueva etapa basada en la unidad del barrio. Para ello, ha solicitado la celebración de una reunión pública entre la junta de la asociación de personas mayores, Stop Desahucios SONKLA (su rama en Son Cladera), la asociación de vecinos y cualquier otro colectivo o vecino que quiera sumarse a la defensa del casal.

“Esperemos que por el bien de la asociación, del casal, de los mayores, la junta rectifique y pase a confiar en la movilización del barrio y alianzas con otros colectivos que queremos apoyar la recuperación del local y la defensa de un barrio digno”, subraya. La plataforma reivindica la necesidad de que las decisiones puedan ser debatidas y cuestionadas dentro de los movimientos vecinales y sociales y reitera su disposición a seguir apoyando la preservación un espacio que considera fundamental para la vida comunitaria de Son Cladera.

Más allá de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor y el resto de usuarios del casal comparten una misma reivindicación: recuperar un lugar que consideran imprescindible para mantener viva la convivencia en Son Cladera. Para ellos, La Cala no era solo un casal de personas mayores: era el espacio donde llenaban las tardes, hacían amistades y seguían sintiéndose parte de un barrio que hoy, dicen, es un poco más pobre que hace dos semanas. “Yo ya voy para noventa años y esto era lo único que tenía para salir de casa”, concluye Isabel.

Eran las 10.30 horas cuando se confirmó el peor de los pronósticos: Dulce, Herminio y su familia tenían que abandonar la casa en la que han vivido los últimos cinco años de su vida. De poco sirvió que a las siete de la mañana empezaran a concentrarse decenas de personas frente al domicilio, en un bloque de viviendas sociales de El Ruedo (Moratalaz) donde ese día había programado un desahucio. Esta pareja tiene cinco hijos, tres de ellos menores y uno, el más pequeño, con síndrome de down y necesidades especiales a la hora de mantener una rutina fija. Pero ahora, después de este segundo intento en un mismo mes, deberán alternarse entre casas de familiares hasta dar con la solución definitiva.

“¡Pueden estar orgullosos del trabajo que están haciendo! Dejar a cinco niños en la calle es para volver a casa y darse golpes de pecho. ¡No tenéis conciencia ni corazón!”, gritó el padre de familia a los ocho agentes que conformaron un cordón policial, tratando de contener a los manifestantes. Herminio abandonó su casa con lágrimas en los ojos y se hizo brevemente el silencio, por primera vez desde que los asistentes avistaron a lo lejos un furgón de la Policía Nacional. Formando una cadena humana, los vecinos bloquearon el acceso hasta ser arrastrados por los efectivos allí presentes, que inicialmente trataron de persuadirles para abandonar el lugar.

Algunos cayeron al suelo; otros, terminaron enzarzándose verbalmente con la Policía hasta que, poco a poco, las esperanzas mermaron. A las puertas del domicilio había, en ese momento, tanto miembros de organizaciones ciudadanas con experiencia en luchas sociales hasta vecinos de a pie, que conocen la zona y son en su mayoría de etnia gitana, al igual que la familia expulsada. En declaraciones a Somos Madrid, Herminio confirma que han cambiado la puerta de su casa y también la cerradura, así que solo queda mantenerse a flote y dividirse entre casas de familiares: “Al menos, hasta que alguien escuche a la ONU”, resalta.

Y es que, horas atrás, los ánimos de Dulce y su familia habían dado un vuelco. El martes por la tarde, a un día de la segunda fecha de desahucio, un organismo de la ONU apoyó su causa y trasladó públicamente sus preocupaciones al Gobierno central. Pidió frenarlo hasta llegar a una conclusión clara u ofrecerles una vivienda alternativa “que se ajuste a sus necesidades”, después de que los aliados de Dulce enviaran una carta al Comité de Derechos del Niño (el brazo de Naciones Unidas para la Infancia) para denunciar su situación, exponiendo que la única altermativa recibida desde la Administración era una habitación temporal en pisos compartidos.

El pasado 21 de mayo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 del Tribunal de Instancia de Madrid autorizó a la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Vivienda Social, a acceder a la vivienda “ocupada ilegalmente” por Dulce y su familia, tal como consta en el auto al que ha tenido acceso este periódico. Aunque hubo un primer intento el pasado 3 de julio, este logró paralizarse a tiempo y dar algo de oxígeno a los apelados. Ni ella ni Herminio tienen contrato oficial del piso, según aclaran las asociaciones vecinales implicadas en la protesta. No obstante, ambos “han solicitado en múltiples ocasiones negociar un contrato de alquiler social para quedarse en ese piso”. No lo consiguieron.

“Una habitación no es opción para familias numerosas”, lamentaba esta madrugada José, el hermano de la afectada y uno de sus allegados más activos con la causa, refiriéndose a la única alternativa que hasta el momento han recibido. Aunque en los días previos fue quien mantuvo más contacto con los medios de comunicación, este miércoles no pudo acudir a la protesta que el Sindicato de Vivienda de Moratalaz y otras asociaciones vecinales habían convocado frente a la casa de Dulce. Cuenta que justo le coincide con unas pruebas médicas para tratarse la epilepsia, por las que llevaba ocho meses esperando. A lo largo de la mañana fue muy criticada la ausencia de miembros de Samur Social que asistieran a las familias, con más alternativas que una habitación colectiva.

Fuentes del área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad –que gestiona este servicio de emergencias– confirmaron a Somos Madrid la presencia de estos efectivos en el domicilio, aunque este periódico no los ha localizado. “Los servicios municipales ofrecieron a la familia un programa de alojamiento alternativo y Samur Social ha puesto a su disposición un recurso temporal, pero lo rechazaron”, zanjan, refiriéndose a lo que según la parte afectada era una única habitación para todos en un piso compartido. “Según trasladan, cuentan con alternativa familiar”, añaden, a lo que los representantes vecinales especifican que se trata de “un hueco para dormir en el salón de la madre de Dulce”.

A lo largo de la mañana, en torno a medio centenar de personas llegaron a amontonarse en el lugar de la cita. Distintas organizaciones del barrio se han aliado para colaborar en la defensa del caso, también en los tribunales o acudiendo a instancias europeas. El martes por la noche, después de recibir la misiva de la ONU y habiendo enviado un nuevo requerimiento a la Agencia de Vivienda Social, de carácter regional –siempre según la versión de las asociaciones–, decidieron probar un último recurso: solicitar medidas cautelarísimas ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Uno de los argumentos que más preocupan es la situación del hijo pequeño, que tiene Síndrome de Down”, explica a Somos Madrid una de las abogadas que colabora con la familia desde la Asociación Apoyo (Fermad), que se ha unido a otras entidades como el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, la Asociación Caminar, Coordinadora de Barrios o una radio hiperlocal. Fuentes del SVM relatan que ese mismo día, el martes, dos agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio de Dulce para “hacerles desistir” y pedirles que abandonaran el inmueble por cuenta propia.

Las organizaciones vecinales habían citado a las siete de la mañana a quienes pudieran acudir a la zona de El Ruedo, un complejo de viviendas sociales en los laterales de la M-30, frente al Parque de Roma. En las tres horas que transcurrieron hasta las 10, cuando estaba prevista la llegada de la comisión judicial, fueron llegando otros simpatizantes o vecinos. Lucila era una de ellas. Vecina de enfrente, acude al portal de Dulce días después de paralizar su propio desahucio. “Vivo con mi nieto, que solo tiene cuatro meses, y nuestro abogado logró que aplazaran la fecha del desahucio. Pero tampoco tenemos alternativa, y solo vivimos a unos metros de aquí”, relata a Somos Madrid, acompañada de su hijo y padre del menor.

Uno de los hijos mayores de Dulce bajaba a saludar poco antes del intento de desahucio. En ese momento, volvió a narrar su periplo. “Hay muchos prejuicios por el hecho de ser gitanos, y eso nos ha hecho más difícil el encontrar una casa donde vivir. Mi madre está muy asustada porque son muchos los menores a su cargo. Esto es una injusticia”, zanja, minutos antes del fatídico desenlace. Pasadas las once, la marea humana comenzó a disiparse y el debate se trasladó al bar de al lado, en la misma calle y con el nombre de este complejo de viviendas en la M-30. Un día antes, la Selección había ganado a Francia dos a cero en el Mundial, pero allí quedaba una sensación latente de derrota. “España no ha ganado nada”, llegó a escucharse.

Mariano, Maricarmen, Adolfo y ahora, también Dulce. Madrid suma ya varios meses consecutivos con alguna amenaza de desahucio marcada en el calendario. Hubo casos muy mediáticos y otros especialmente sangrantes, con perfiles vulnerables en el centro de la diana: jubilados, migrantes sin red de apoyo o familias enteras en el centro de la diana. Ahora, cuando el inicio del verano empieza a vaciar la ciudad, un nuevo intento de desalojo moviliza en Moratalaz: una de sus vecinas, Dulce, teme abandonar este miércoles la casa en la que vive con sus cinco hijos, tres de ellos menores de edad y otro con Síndrome de Down.

Su domicilio está en la Avenida Doctor García Tapia, en un barrio del sureste madrileño. Allí llevan cinco años y, hace poco más de una semana, vivieron un primer intento de desahucio impulsado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS), organismo que gestiona el parque público regional. La AVS ha tratado de recuperar la casa ofreciendo una habitación temporal como alternativa para Dulce y su familia, que ha elevado sus quejas a las Naciones Unidas con una carta al Comité de Derechos del Niño.

En el escrito denunciaban la “incapacidad” de las administraciones implicadas –Ayuntamiento de Madrid, Gobierno autonómico y el Estado– para salvaguardar a su familia y atender las necesidades especiales de uno de sus hijos, José, con tres años y una alteración genética que afecta a su día a día. Varias organizaciones vecinales, entre ellas el Sindicato de Vivienda de Moratalaz u otras asociaciones de barrio, acudieron en masa a la cita del pasado 3 de julio, cuando finalmente lograron paralizar el desahucio y dar algo de oxígeno a la familia. Al menos, durante poco más de 10 días.

Este 15 de julio han vuelto a citar a todo el que simpatice con la causa de Dulce a concentrarse desde las siete de la mañana enfrente de su casa, para ejercer presión antes y después de la llegada de una comisión judicial. Además de las misivas enviadas a la ONU solicitando protección a la Infancia, también se han presentado distintos recursos de defensa ante instancias judiciales y administrativas competentes, tal y como reivindican las entidades locales en un comunicado.

Sobre las vías judiciales aún desconocen si alguna de ellas logrará paralizar la expulsión in extremis. Pero horas antes de la fecha marcada, la familia de Dulce recibió una respuesta de la ONU. “El Comité [...] ha pedido al Estado parte que tome medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo el desalojo de la vivienda que actualmente ocupan mientras se considera esta comunicación u otorgándoles una vivienda alternativa y adecuada a sus necesidades”, reza el escrito, firmado por la responsable de Peticiones Dina Rossbacher.

Aunque los partidarios de la continuidad de Dulce celebran el pronunciamiento de la ONU, nada garantiza que esto logre frenar el desahucio. De hecho, el propio texto da un margen de varios meses al Gobierno de España para que presente sus observaciones: a más tardar, el 14 de enero de 2027. “Con esta resolución de la ONU, las vecinas y vecinos de Moratalaz esperan que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid acate las medidas cautelares, suspenda el desahucio y atienda a los requerimientos de la ONU”, lanzan las organizaciones por el derecho a la vivienda en un último comunicado, a la espera de que estos mecanismos de presión sirvan para desincentivar a la Agencia de Vivienda Social.

“Alejandro tenía razón. El tejido vecinal también. Y vamos a seguir hasta que se depuren responsabilidades, se repare el daño causado y se garantice que ninguna persona mayor vuelva a ser tratada de esta manera”. Con esta contundencia cierra su escrito la Asociación Vecinal La Chispera, remitido a los medios a los pocos minutos de que trascendiera una noticia por la que llevan meses luchando: este hombre de 81 años podrá permanecer en su apartamento municipal para mayores del residencial San Francisco, en el número 1 de la céntrica calle del Jerte. “Le he ganado al santísimo señor alcalde. Me puedo quedar aquí hasta que me muera”, ha festejado el propio Alejandro en un vídeo colgado en las redes sociales de la agrupación vecinal.

La noticia saltaba el pasado lunes. La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid deniega al Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, la autorización para desalojar temporalmente a uno de los últimos residentes de estos pisos cuya titularidad ostenta el Consistorio. Según la resolución, que es recurrible y por tanto todavía no firme, el Gobierno de Cibeles no ha justificado con informes técnicos que las obras de rehabilitación en el inmueble exijan vaciarlo por completo. Pese a ello, el Ejecutivo de Almeida ha expulsado ya a 59 de los 61 residentes en el edificio.

La corporación local se apoyaba en una nota interna de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, fechada el 21 de abril de 2025, según la cual “el inicio de las obras contempladas en el proyecto no puede tener lugar si el edificio no se encuentra completamente libre de ocupantes”. Para el juez, por contra, esta afirmación “no se encuentra suficientemente justificada”: “No consta en el expediente administrativo ni en la documentación disponible o facilitada que exista un informe de naturaleza técnica”. Esto es, un estudio donde se expliquen las razones por las que resulta “imperativa” la necesidad de desocupar por completo la construcción.

“El auto deja claro que una medida de este tipo no puede concederse de forma automática, sino que exige justificar su necesidad, su procedencia y su proporcionalidad. Una información que el Ayuntamiento no ha aportado”, sostienen desde La Chispera. “La resolución subraya que ni en el escrito de solicitud ni en la documentación aportada por la Administración consta el hecho de que el residente se opusiera a abandonar su residencia, cuando se le intentó desalojar en junio de 2025. Esta omisión de información, afirma el juez, vuelve la solicitud improcedente”, añaden desde esta entidad vecinal, que opera en la zona del distrito Centro popularmente conocida como La Latina.

Pese al revés de los tribunales, Almeida ha insistido este martes en que “hay problemas técnicos que afectan a la estructura y la estabilidad del inmueble”. Recalca que “hay otros dos autos anteriores de jueces que sí nos han dado la razón y han permitido que los vecinos se pudieran ir”. Ocurrió tras las denuncias de algunos de los 59 residentes que ya abandonaron sus apartamentos. Para el regidor, “la persona que quiere ocupar el piso debe saber que es necesario para garantizar la seguridad que se puedan ejecutar las obras, que le vamos a dar una alternativa como a la mayoría de vecinos y que va a poder volver sin incremento de renta”. “No lo hacemos por capricho”, ha dicho el alcalde, antes de adelantar que están “estudiando” un posible recurso “si se dan las condiciones”.

Dos años de batalla legal

“Estamos ante una decisión que frena una actuación municipal mal planteada y que desautoriza un nuevo intento de avanzar por la vía de la imposición”, denuncian, después de una gran movilización que comenzó en 2024. Las primeras notificaciones de desalojo llegaron en junio de aquel año. En ellas se les comunicaba que serían reubicados transitoriamente en otras residencias de la Comunidad de Madrid. Dos años después, solo Alejandro Ibáñez y otra persona permanecen en el lugar. Desde La Chispera sostienen que la mudanza forzosa tendría duras consecuencias sociosanitarias para la vida de ambos.

Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) que ha gestionado la defensa de Alejandro, cuestiona las actuaciones ejecutadas por el equipo de Almeida: “Se podría alegar que el ayuntamiento no ha seguido el procedimiento, que no se han hecho las cosas como se deberían de hacer y, por tanto, podemos decir que aquí ha habido unos intereses políticos. No estaba bien justificado”.

“Por eso esta resolución es tan importante. Porque confirma que resistir tiene sentido. Porque demuestra que había razones humanas, sociales y jurídicas para oponerse. Y porque lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva”, expone La Chispera en su comunicado.

La resolución lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva

Creen que la resolución, emitida el pasado 2 de julio, “tiene que marcar un punto de inflexión”: “El Ayuntamiento de Madrid debe abandonar de inmediato la estrategia de presión, desgaste y hechos consumados con la que ha gestionado este conflicto. No basta con encadenar decisiones administrativas y tratar después de imponerlas por la fuerza. Cuando lo que está en juego es la vivienda, la dignidad y la cida de personas mayores, la obligación institucional es extremar las garantías, la transparencia y el cuidado. Y eso es exactamente lo que no ha ocurrido en los Apartamentos San Francisco”.

Se ha sumado a las críticas y a la congratulación por la decisión judicial Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en Cibeles: “Almeida se empeñó en echar a los mayores para acometer obras en los apartamentos de San Francisco, en vez de hacerlas por fases y ofrecer alternativas como propusimos. La victoria judicial de Alejandro, de la mano de la asociación vecinal La Chispera, debe marcar el regreso de todos los vecinos”, ha publicado en Blue Sky.

“Dos años lleva Almeida anteponiendo cualquier cosa al bienestar de las personas mayores. Dos años negándose a arreglar los apartamentos plantas para no tener que sacarles de sus hogares. Constantemente se hacen obras en inmuebles residenciales, en hospitales y en edificios municipales. No por eso se desaloja el edificio entero. La victoria de Alejandro debe marcar el regreso de todos. Y Almeida tiene que habilitarles las casas de manera urgente, permitir su vuelta a los apartamentos y hacer lo que tenía que haber hecho hace dos años: ejecutar las obras por fases”, ha incidido este lunes la concejala en declaraciones a los medios de comunicación.

Ana Lima, concejala del PSOE, ha asegurado asimismo que el auto “deja en evidencia” al Gobierno de Almeida, al que ha reprochado que se sacara de sus viviendas a personas mayores “cuando no había un informe técnico que lo avalara”. “Ni había riesgo de ruina inminente, ni había riesgo de demolición, ni tampoco había un informe técnico que avalara que no se podían hacer las obras con las personas dentro. Y, sin embargo, solo con una nota interna se decidió arrancarles de sus hogares”, ha manifestado. Lima ha acusado al alcalde de actuar con la “máxima dureza” hacia los vecinos y ha afirmado que las personas afectadas fueron trasladadas a residencias sin que se estudiaran otras alternativas adecuadas a sus circunstancias. “Esto no es una buena gestión, es opacidad, insensibilidad e irresponsabilidad política”, ha aseverado la socialista en declaraciones a la prensa.

Ni La Chispera ni el propio Alejandro van a quedarse aquí, como subrayan en el comunicado: “La lucha vecinal no termina con este auto. Tanto los residentes que permanecen en la residencia como aquellos que ya fueron desplazados siguen peleando para poder recuperar su vida cotidiana en el barrio. Desde la asociación seguiremos exigiendo transparencia a la administración, y señalando la responsabilidad política del Ayuntamiento. También seguiremos pidiendo el comienzo inmediato de las obras, con el objetivo de que los residentes puedan volver lo antes posible y recuperar su vida y su autonomía”.

Decenas de activistas y familias afectadas por la crisis de la vivienda han ocupado este martes el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona como protesta por la saturación de los alojamientos de emergencia para quienes sufren desahucios.

La acción se ha iniciado en la Plaza Sant Miquel y, poco después de las 10:00 horas, los manifestantes han irrumpido sin incidentes en el vestíbulo del edificio, ante la mirada de sorpresa de los trabajadores del consistorio y de los grupos municipales. Allí se han concentrado más de una cincuentena de personas que han reclamado a gritos una solución a la falta de pisos de emergencia.

La protesta, seguida de cerca por la Guardia Urbana, estaba convocada por la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC)

Justo pasadas las 10.15h, los representantes de las entidades se han reunido con Joan Ramon Riera, el comisionado de Vivienda del Ejecutivo municipal, que ha bajado al vestíbulo para conversar con los manifetantes. En ese encuentro, el representante político ha pedido a los sindicatos que, para poder cumplir con sus demandas, debían abandonar el vestíbulo del consistorio.

“Aquí trabaja gente”, les ha recordado. Pero la posición de los activistas ha sido tajante: “Nos quedamos”.

Finalmente los activistas se han podido reunir con Raquel Gil, responsable del área de Derechos Sociales. Tras más de una hora, han obtenido el compromiso del consistorio de abrir una negociación para atender a sus peticiones.

El problema con los alojamientos de emergencia lleva meses enquistado. Los sindicatos y entidades por la vivienda denuncian que el nuevo modelo de ayudas económicas para familias desalojadas, que el Gobierno del PSC ideó como alternativa al desborde de los alojamientos de emergencia, es insuficiente.

Delia Cerare, portavoz de la PAH, ha detallado los motivos de la protesta: “Hay muchas familias que han sido desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional, a pesar de que la ley contempla los desahucios con realojamientos previos por parte de la administración”, ha proclamado. Tenemos muchísimas familias en la calle, con niños, gente mayor, y sin alternativa habitacional de ningún tipo“, ha añadido.

Entre los manifestantes se encontraba Carmen Fargas, afectada directa. Fargas ocupa sin contrato, junto a su hijo de 13 años, un piso que pertenece a un fondo de inversión que quiere desalojarlos sin ofrecerles alternativa. “Lo máximo que nos pueden dar son tres días en un albergue con un menor”, ha explicado. Según su relato, en el Ayuntamiento le han dicho que se busque la vida, y al cobrar una renta garantizada sin nómina, nadie le alquila una habitación.

Los tres colectivos convocantes —PAH Barcelona, la COSHAC y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya— han hecho público un comunicado en el que atribuyen el problema con los alojamientos de emergencia a un cambio de modelo impulsado por el PSC desde su entrada en el Ayuntamiento, que según denuncian ha supuesto la reducción de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) y un empeoramiento de las condiciones para las familias afectadas.

Los sindicatos sostienen que los desahucios aumentan en Barcelona por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde 2013, mientras la inversión municipal en construcción de vivienda pública ha caído un 64,5% y la compra de vivienda por tanteo y retracto un 80%. Los sindicatos han presentado un pliego de diez exigencias al consistorio, entre las quales, declarar la emergencia habitacional o expropiar la vivienda vacía y de uso turístico en manos de grandes tenedores.

El desahucio de Marta, una mujer ucraniana, y sus cuatro hijos menores, en la calle Vicente Alexandre de A Coruña, ha sido paralizado y pospuesto hasta el próximo miércoles, día 15, a las 09.00 horas

“Es una solución provisional”, ha afirmado el abogado de la afectada, Antonio Vázquez, en declaraciones a los medios de comunicación. “Tenemos que presentar en Servicios Sociales del Ayuntamiento la solicitud firmada por Marta –su defendida– para que se le aplique el sistema de emergencia habitacional”, ha explicado.

“Es un aplazamiento voluntario”, ha especificado. De este modo, la parte ejecutante –el particular propietario de la vivienda– “accede a suspender este acto hasta el miércoles 15, a las 09.00”. “Tiene como último momento ese día y hora para la entrega de las llaves”, ha concretado.

En cuanto al nuevo domicilio, facilitado por el ayuntamiento, ha avanzado que “podría ser entregado mañana –viernes– o el lunes”. Podrá morar en él, según ha detallado, por “un plazo de seis meses” y con un “compromiso de búsqueda activa de otra solución”.

“Sus características no las conocemos, solo sabemos que es una vivienda compartida”, ha señalado para recalcar que el consistorio les ha puesto “entre la espada y la pared”. “Hasta hace unos minutos se negaron reiteradamente a concretar la dirección exacta para que pudiésemos evaluar si tiene unos requisitos mínimos”.

Por su parte, esta madre ucraniana ha salido a la ventana de su piso para agradecer el apoyo de la ciudadanía. Lo ha hecho tras criticar que el consistorio “cerró los ojos” ante su caso y no le ofreció una alternativa “hasta ayer” y lo ha hecho, en su opinión, “para cubrirse las espaldas”. “Los Servicios Sociales están para proteger y ayudar y me estaban amenazando todo el rato”, ha asegurado.

Muestras de apoyo

Ha sido en un ambiente tenso, con más de un centenar de personas sentadas ante el portal del domicilio para tratar de impedir esta medida judicial. Estaban convocadas por la Plataforma polo Dereito á Vivenda y el Sindicato de Inquilinos de A Coruña. También con presencia de más de una docena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Beatriz García, miembro de dicha plataforma, ha apuntado al “afán especulativo de la vivienda”, en declaraciones a Europa Press. “Hay mucha gente que necesita casa y no la tiene”, ha aseverado. En este sentido, ha incidido en que “nadie le alquila un piso a una refugiada de guerra con cuatro hijos”.

“No solo se va a quedar sin casa sino también sin hijos porque la solución que le dan es que cada hijo vaya a un centro de menores disperso por toda Galicia”, ha denunciado. Y es que ambas organizaciones han dicho que la Xunta le comunicó a esta madre que si el desalojo “se ejecuta sin una alternativa habitacional, retirará la custodia de los menores y estos serán separados en distintos recursos de protección”.

Ayuda de la Xunta

A este respecto, fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han trasladado que “no hay un expendiente abierto en menores” sobre este caso ya que “en este momento, los niños no están en situación de desprotección”. Por ello, han negado que se haya “comunicado nada a la familia”.

“La primera información que recibimos sobre esta situación fue hoy –jueves– a raíz de un informe enviado por el Ayuntamiento de A Coruña”, han expuesto, para apuntar que es el consistorio el que “está llevando este caso y le ha ofrecido una solución habitacional” a la afectada.

Asimismo, han recalcado que el Gobierno autonómico lleva “tiempo trabajando con esta mujer”. “Tiene concedida una Risga –Renta de inclusión social de Galicia–, ha sido usuaria del programa de atención en situación de desahucio y se le tramitó un bono de alquiler social”, han especificado.

En este sentido, Antonio Vázquez, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que la mujer lleva de alquiler dos años en este piso. “Inicialmente, contaba con una ayuda de la Cruz Roja que complementaba sus ingresos laborales reducidos y a raíz de perder esa ayuda no pudo hacer frente a los pagos”, ha relatado. “La demanda de desahucio de la arrendadora concluyó con una sentencia de desalojo”.

Postura del Ayuntamiento

Así, fuentes del consistorio herculino consultadas por Europa Press han manifestado que le han ofrecido “además de distintas ayudas sociales en estos años, alternativas de vivienda en diversas ocasiones”. “La última, ayer –miércoles– pero no ha aceptado”, han apostillado.

El letrado ha tildado de “inaudita” la actuación municipal. “La reunión fue ayer, a menos de 24 horas del acto del desahucio”, ha confirmado para criticar que se trató de una “mera oferta verbal, sin detallar la ubicación y sus características”.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, presente en la movilización, en declaraciones a los medios de comunicación, ha hecho hincapié en que “el problema de la vivienda es muy gordo en esta ciudad”.

“Hay 40 viviendas municipales pendientes de reparación que, evidentemente, si estuvieran preparadas y el gobierno de Inés Rey estuviese comprometido con el derecho a la vivienda, Marta tendría un sitio donde ir y pagar un alquiler asequible”, ha indicado.

Además, ha criticado que “la Xunta, con competencias en este campo, no está haciendo nada” a pesar de los argumentos a este respecto aportados por el Ejecutivo gallego. “No había que trabajar contrarreloj sino con una solución encima de la mesa desde que se conoce el desalojo”, ha apostillado.

Movilización

Más de un centenar de personas, sentadas frente al domicilio, han coreado desde las 09.00 hasta las 11.00 horas lemas como 'alquiler social, derecho universal', 'contra el capitalismo y su violencia, ahora y siempre, resistencia' o 'hoy es Marta, mañana puedes ser tú'.

Además, en la ventana del piso colgaba una pancarta en la que se podía leer '12.000 euros para tutelar a cuatro menores, 0 euros para alternativa habitacional'.

Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.

El Gobierno de Canarias (Coalición Canaria-PP) atendió a menos de la mitad de las familias que fueron desahuciadas en 2025. Según una respuesta parlamentaria de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad a la diputada socialista Patricia Hernández, el programa Canarias ProHogar gestionó 351 solicitudes de familias en la provincia de Las Palmas y 320 en la de Santa Cruz de Tenerife, lo que supone un total de 671 familias atendidas en la Comunidad Autónoma de Canarias. En ese mismo período, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron un total de 1.426 desahucios.

Se trata de lanzamientos que se produjeron en un contexto en el que aún existía el escudo social antidesahucios del Gobierno estatal. Según el CGPJ, la mayoría de esos desahucios (1.129) se produjeron por imposibilidad de pagar el contrato de alquiler y el 224 fueron procedimientos de ejecuciones hipotecarias.

En concreto, Patricia Hernández preguntó por el número de familias atendidas por los Servicios Sociales autonómicos en relación con los procesos de desahucio en el último año. En la respuesta de la Consejería se especifica que “de acuerdo con la información facilitada por el Instituto Canario de la Vivienda, dicho organismo autónomo es el responsable de las competencias en materia de vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Canarias. En este sentido, y aunque no forma parte de los servicios sociales autonómicos, gestiona el Programa Canarias ProHogar, incluido en el Eje 3 del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y desarrollado a través de la Sección de Mediación en Desahucios del propio instituto”.

Asimismo, se especifica que el objetivo del programa es atender de manera integral a las familias que se encuentren o puedan encontrarse en situación de desahucio o lanzamiento, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin acceso a recursos habitacionales.

Para ello, “se realizan actuaciones de asesoramiento y mediación, orientadas a evitar la pérdida de la vivienda o, cuando no sea posible, buscar soluciones habitacionales alternativas, garantizando que no se produzca un lanzamiento sin intervención previa de la administración pública”. Y agrega que el programa fue concebido bajo el principio de coordinación entre todas las administraciones públicas canarias, cada una en su respectivo ámbito competencial.

Tras la incoación de cada expediente, la Consejería explica que se inicia una fase de estudio y valoración individual para determinar el cumplimiento de los requisitos de incorporación al programa.

Una vez valorada favorablemente, asegura que se desarrolla una segunda fase que incluye actuaciones como “asesoramiento, orientación en recursos, solicitudes de paralización temporal de desahucios ante los juzgados, mediación con entidades financieras, solicitud de prórrogas contractuales, valoración de ofertas de alquiler social, información sobre ayudas al alquiler y, en caso de disponibilidad, oferta de alternativas habitacionales temporales adecuadas a las características de la unidad familiar”.

La respuesta de la Consejería de Vivienda se produce en un contexto de emergencia habitacional en Canarias en el que se han producido movilizaciones para reclamar medidas para garantizar el derecho en el acceso a una casa.

En una de las manifestaciones, la abogada del Derecho al Techo Isabel Saavedra manifestó que “estamos viviendo una oleada desde que decayó el escudo social, que desde luego es algo insoportable”, porque antes “los jueces podían agarrarse al decreto (de suspensión de los procedimientos de desahucios) que existía, pero al haber decaído ese decreto, ahora los jueces no tienen dónde agarrarse y están echando a familias vulnerables a la calle”.

El retraso en informes de vulnerabilidad social,la falta de información o la burocracia ha hecho que muchas personas queden en un limbo. El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas advirtió el año pasado de que las nuevas prestaciones han disparado la solicitud de estos documentos y pide dotar equipos especializados para realizarlos. El conflicto de competencias entre administraciones hace peligrar ayudas básicas a la ciudadanía.

“Es una injusticia lo que han hecho con ellos. Les han desahuciado aunque ya lo paralizaron varias veces y saldaron lo que debían”. A la portavoz de la familia desalojada el pasado 23 de junio de su vivienda en la calle Sombrerería, en Lavapiés, le cuesta tanto encontar una explicación a lo ocurrido como contener la emoción que le genera. Un matrimonio, la octogenaria madre de la mujer y dos menores de 7 y 11 años fueron forzados a abandonar su piso, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS). Esto es, un organismo público dependiente del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.

La entidad se parapeta en una deuda de apenas 3.129 euros que derivó en un proceso judicial resuelto hace ya tres años. De hecho, este diario ha podido constar que la familia saldó esa cantidad mediante varios pagos fraccionados a lo largo de 2025. La documentación acredita que tampoco hay irregularidades en la subrogación de la propiedad, al menos en el caso de la anciana desahuciada. Después de la muerte de su marido, el cambio de titularidad quedó aprobado en junio de 2022 por la directora de Servicios Sociales y Atención Ciudadana del Consistorio.

Según sostiene la portavoz familiar, fue de hecho la muerte del patriarca lo que derivó en esa deuda inicial: “Intentaron pagar los recibos y cambiar de titular, per les exigían que se hiciera con cita. Coincidió con la pandemia, cuando era muy difícil lograrlas, y todo se complicó mucho sin ser culpa de ellos. Se juntó esa deuda de más de 3.000 euros y, en vez de negociarlo, ya les denunciaron para echarles”. Cuenta que, después del primer intento, el matrimonio removió cielo y tierra para conseguir el dinero que saldase la deuda, además de cumplir con las mensualidades vigentes. Lo consiguieron, pero a EMVS no le ha bastado para detener el procedimiento. Otra fuente próxima al caso va más allá y afirma que “no les dejaron pagar” y que “les trataron como okupas sin serlo”.

La situación más delicada es la de la anciana, que depende de un respirador constante debido a sus problemas de salud. Por el momento se aloja con otra de sus hijas, debido a la limitada movilidad de la que dispone por la bombona de oxígeno y a que “se niega a irse sola a una residencia después de pasar toda la vida con sus hijos”. El resto de la familia se ha mudado por el momento a casa de otra allegada, ya que “no se ha sabido nada de un alojamiento alternativo de emergencia”. La portavoz alerta también de la situación de la madre de familia: “Está muy mal. Casi no come, ha perdido bastantes kilos y atraviesa una depresión”.

Además de volver a la que todavía consideran su casa, ahora luchan por conseguir que se les devuelva el dinero abonado en 2025 si no se les permite regresar. No saben sí lo lograrán: “Se nos escapa. Es un proceso muy complicado”. Aunque agradecen la labor de los abogados de oficio, lamentan que en el momento del desalojo se encontraban fuera de España y desde que se produjo apenas han podido abordar los nuevos escenarios que se les presentan. “Han pagado 10.000 euros desde 2023. Ese dinero no tendría que haberse cobrado”, critican fuentes profesionales próximas al caso.

EMVS acelera los desahucios y recrudece sus formas ante la caída del escudo social

El desahucio culminado el día 23 estuvo precedido por un intento previo el pasado 11 de diciembre que ya hacía presagiar este drástico escenario. Han incidido factores como “la no generación de una comunidad de vecinos en lucha”. Observa otros procesos similares en marcha dentro de un bloque del que Ana Botella ya intentó desprenderse en 2013 (cuando puso la alfombra roja a la llegada de Blackstone a Madrid): “No quieren hablar, aunque el próximo les puede tocar a ellos”.

Critica el acelerón en el número de desahucios en viviendas de EMVS con la caída del escudo social que protegía los desahucios a familias especialmente vulnerables. A ello hay que sumar la “falta de mediación” en los últimos intentos de expulsión de estos afectados. Una “irregularidad”, dice, como el hecho de haber desalojado a la anciana octogenaria: “El resto de la familia no aparece en el contrato, pero lo de la señora no tiene sentido”. Apostilla de hecho que cuando se ejecutó el lanzamiento quedaba pendiente de resolución un segundo recurso de revisión de su expediente, después de que un juzgado rechazase el primero.

Desde EMVS trasladan a este diario que no ofrecen datos concretos sobre procedimientos específicos en marcha, pero recuerdan que “las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños y están sujetas a una normativa y un reglamento por cuyo cumplimiento EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar”. Aseguran que la compañía municipal “solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales; por generar problemas de convivencia o por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas; cesiones ilegales; subarriendos o impagos reiterados durante muchos años sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”.

En esas circunstancias, argumentan, “los servicios jurídicos de EMVS Madrid cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos, que esperan la adjudicación de una vivienda, así como proteger el patrimonio municipal”. Respecto de la subrogación, apostillan, “solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”. En este caso, a excepción de los problemas de convivencia que según otras fuentes anónimas cercanas sí se han generado desde el entorno de los desahuciados, la documentación descarta los demás argumentos aportados por la entidad. Es así a tenor de la voluntad por cumplir con los planes de pago y oa regularización del cambio de titularidad.

“Todo esto responde a una especulación desmesurada de una EMVS que ha perdido el norte, que pasa por alto las vulnerabilidades y contribuye a la gentrificación. Han externalizado el equipo de trabajadores sociales y jurídicos que va a los barrios, mermando el número de profesionales a pie de calle que pueden evitar estos desastres”, expone una conocedora del caso que prefiere conservar su anonimato.

“En vez de expulsar a las familias, lo que hay que hacer es regularizar su situación mediante planes de pagos o ayudándoles a cumplimentar la documentación que necesitan y a ordenar las carpetas que manejan”, opina. Desde EMVS, ante las preguntas de Somos Lavapiés, no confirman si a la familia desahuciada se le concedió plan de pago alguno.

Lucía Lois, concejala de Más Madrid, considera en declaraciones a este periódico que Almeida “ha convertido la EMVS en un casero insensible y deshumanizado que pone a las familias más vulnerables en la calle”. “Día sí, día también, lo que debería ser un instrumento de política pública para garantizar que la gente tenga una vivienda digna se dedica a poner de patitas en la calle a quien más la necesita”, denuncia. Cree que ya “no es una anécdota”, sino que “el alcalde lo ha convertido en una tendencia estructural, ya que EMVS ha pasado de tres desahucios en 2023 a 60 hace un año y a 60 hasta el pasado abril”.

Clama especialmente contra “el detalle” en algunos de estos desalojos, porque “Almeida está echando a la calle a gente por cantidades ridículas, incluso por menos de 300 euros”. “Uno de cada cinco procedimientos está por debajo de 5.000 euros. El PP está utilizando el desahucio como una herramienta normalizada de gestión, incluso en situaciones perfectamente abordables con políticas sociales. Hablamos de gente que está intentando encauzar su situación, que quiere pagar y regularizar sus situaciones y se encuentran con un muro que ni les escucha. Es una política despreciable, Almeida blinda a rentas más altas, utilizando el suelo público para hacer viviendas para ricos, mientras pega un portazo y desahucia a la gente más vulnerable de sus casas”, concluye.

Paradójicamente, el mismo día en que esta familia se vio forzada a abandonar su casa de EMVS, la entidad llevó a cabo el primer sorteo de sus nuevas promociones para “ingresos medios”. Esto es, por encima de 68.000 euros anuales. 52 viviendas que dan una idea del nuevo modelo pretendido por la compañía pública y de la gente que deja atrás.