Este martes una comitiva judicial ha paralizado hasta nuevo aviso el desalojo de una mujer y sus dos hijos de 18 y 22 años en Elorrio (Bizkaia). Por el momento no han salido a la luz las razones de la paralización del desalojo, que estaba previsto para las 10.00 horas. Se trata de una familia que reside en un piso de alquiler social de Alokabide, la agencia pública de alquier social de Euskadi, desde el año 2009 y que cuenta con varios informes que acreditan vulnerabilidad y violencia de género. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad el menor de los hijos, el rango de vulnerabilidad ha cambiado y debido a la falta del pago de “varios meses” del alquiler, desde Alokabide, que informan que la deuda asciente a “años sin pagar” han comenzado el procedimiento de desalojo.

“Las instituciones públicas han afirmado que no existe una alternativa habitacional disponible para la mujer y sus hijos. Durante los últimos meses, la afectada intentó en repetidas ocasiones alcanzar un acuerdo con Alokabide para establecer una fórmula que permitiera afrontar la deuda acumulada. Sin embargo, llegó a la víspera del desahucio sin haber recibido una respuesta efectiva por parte de la entidad pública”, explican desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Durangaldea.

Desde el sindicato detallan a este periódico que “la ejecución no ha sido anulada, sino aplazada, quedando ahora pendiente de que se fije una nueva fecha”. “Estamos a la espera de que el abogado de la familia reciba la notificación de la suspensión del lanzamiento con los motivos, y expliquen cuál va a ser el camino a partir de ahora. Decimos que se ha aplazado porque hasta ver cuál es la actitud de Alokabide y sentarnos a negociar no podemos concluir que no vaya a volver a reactivarse el procedimiento. Este tipo de desalojos suelen darse en silencio, pero cuando hay una denuncia pública y el caso puede ser mediático porque haya resistencia o genere un rechazo grande ahí es donde se movilizan los recursos. Creemos que la presión pública y el apoyo de la gente que se ha acercado han hecho que se aplace”, reconocen tras participar en una concentración frente a la vivienda, a la que decenas de personas se han unido con el objetivo de paralizar el desahucio.

Sobre una alternativa de vivienda para la familia explican que “hasta el día mismo del desahucio a la familia no se le había ofrecido nada”. “Desde los servicios sociales de la Mancomunidad de Durangaldea les habían dicho que de momento no había nada que se le pudiera ofrecer. Desde el Gobierno vasco aún menos, ni siquiera se han puesto en contacto con ella. La suspensión de hoy evita temporalmente que esta familia quede en la calle, pero la amenaza sigue vigente mientras no exista una solución estable que garantice su derecho a la vivienda.”, aclaran.

Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco explican a este periódico que Alokabide “solo actúa cuando una persona inquilina del parque público de alquiler no paga porque se niega a pagar y hay mala fe”. Según defienden, en el caso de Elorrio, se trata de una familia que cuenta con ingresos y que pagan un alquiler menor del 30% de sus ingresos, que no llega a los 100 euros, y que acumulan una deuda que asciende a lo equivalente a una década sin pagar. “Cuando hay ya una situación de deuda acumulada de una magnitud sustancial, la primera acción no es vía judicial, sino servicios sociales. Nuestros equipos de acompañamiento social acuden a hablar con la familia y establecemos una serie de compromisos de pago que se van adecuando a las realidades financieras de esa unidad convivencial, para que poco a poco podamos ir devolviendo la deuda adquirida. Cuando una familia o una persona inquilina, tras haber acumulado una deuda importante tras varios acuerdos de pago con Alokabide para saldar esa deuda en un plazo X de tiempo que se incumplen de manera reiterada,se pone el caso a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Diputación. En este caso en concreto, se han establecido varios acuerdos de pago en los últimos años que se han ignorado de manera reiterada. Nosotros somos una administración que nos lo tomamos en serio y velamos para que las personas inscritas en Etxebide tengan acceso a una vivienda, lo que no podemos permitir es que alguien se niegue a abonar la renta”, reconocen desde el Departamento, que consideran que “ahora le corresponde a los servicios sociales del municipio o de la Diputación ofrecerles una alternativa de vivienda”, en el caso de que finalmente se produzca el desahucio.

Desde el sindicato insisten en que la familia, al no pagar el alquiler, no lo hace “por mala fe”. “Han pagado la renta cuando han podido, uno de cada dos meses más o menos desde que viven allí. Una cuarta parte de la deuda es el pago de la renta, a esa renta hay que sumarle los gastos de comunidad y de suministros básicos. Hay meses que todos esos gastos han llegado a sumar 300 euros. Si no los ha pagado no ha sido por mala fe, sino por incapacidad debido a su situación económica y vital”, defienden desde el Sindicato Socialista de Vivienda.

Tinita tiene 88 años, una enfermedad cardiaca, fallos renales, una dependencia del 83% que requiere una atención personalizada durante 24 horas y es víctima de violencia de género. Vive en una casa adaptada en el pueblo de Berció, en el concejo asturiano de Grado, que hoy, ocho años después de su divorcio, su exmarido quiere recuperar tras iniciar un procedimiento por desahucio contra ella.

A las diez de esta mañana se cumplía el plazo, pero esta vez Tinita ha tenido suerte porque se ha concedido un aplazamiento de diez días.

La negociación

Es el plazo que han conseguido tras una negociación entre abogados y ante la presencia de familiares y representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias que respalda y acompaña a Tinita en su lucha para mantenerse en su casa “de toda la vida”.

Los malos tratos y el divorcio

Su nieto, Ignacio Álvarez, ha actuado como portavoz familiar. Ha denunciado la delicada situación de su abuela, con graves problemas de salud que se ven acentuados por la tensión de esta orden de desahucio que tiene encima.

Ha explicado que las fuertes creencias religiosas de Tinita están detrás del hecho de que durante las seis décadas que permaneció casada no denunciara a su pareja por violencia de género.

Sin embargo, la situación cambió cuando hace ocho años el matrimonio se divorció. Ella le denunció yél fue condenado por malos tratos en 2021.

La casa “de toda la vida”

Con la separación y posterior divorcio, se ejecutó la disolución de los bienes gananciales y, por diversas vicisitudes y trámites fuera de plazo que la familia achaca a la mala gestión de un abogado de oficio, el juzgado otorgó la casa al exmarido, a pesar de que la vivienda fue edificada hace 40 años en unos terrenos de la familia paterna de Tinita.

Los familiares han intentado por todos los medios evitar que se llegara a este momento y, según confirma el nieto, se le han ofrecido al exmarido distintas opciones, desde darle el valor de la casa a comprarle un apartamento en Oviedo.

“Solo actúa por venganza”

“Él ha respondido literalmente que lo que quiere es tirar la casa con mi abuela dentro. Es venganza, no hay otra palabra”, asevera Ignacio Álvarez para indicar cuáles son, a su juicio, las intenciones del exmarido tras descartar, una por una, todas las ofertas que le plantearon.

Tinita tiene demencia con momentos de lucidez en los que llega a decir que “la quieren llevar” y al nieto se le parte el alma al escucharla porque teme que si se llega a ejecutar la orden de desahucio, el resultado puede desembocar “en algo fatal”.

El plazo de prórroga ya ha empezado a correr de nuevo y solo les queda la esperanza de que, antes de agotar los diez días, se llegue a una solución favorable para Tinita.

La Policia Local de Palma i la Policia Nacional han iniciat aquest dimecres a les 12.00 hores el desallotjament forçós de l'antiga presó de la ciutat, donant compliment a l'acte dictat pel jutjat, que va autoritzar l'execució de l'actuació davant el greu risc existent per a la seguretat dels qui romanen al recinte. Unes 80 persones malviuen a l'antiga presó, que des de fa més de vint anys funciona com a refugi precari de centenars de persones expulsades del mercat de l'habitatge.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, el dispositiu, coordinat conjuntament per tots dos cossos policials, tal com es va establir en la Junta Local de Seguretat extraordinària de la setmana passada, es preveu que es prolongui al llarg de la jornada. Durant tota l'execució del desallotjament romandran en el lloc els serveis socials municipals i la presència d'una ambulància del 061.

Segons el cens realitzat a l'inici del procediment, a l'interior dels mòduls de l'antiga presó residien 206 persones, si bé al llarg d'aquests mesos la xifra s'ha anat reduint progressivament fins a situar-se actualment entorn de 70 o 80. Així mateix, en coordinació amb l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), 45 han estat derivades a centres d'acolliment temporal i a programes d'inserció social i laboral.

La resolució fonamenta el desallotjament en els informes elaborats per la Policia Local, els bombers i les autoritats sanitàries, que alerten d'un “risc real, greu i actual” per a la vida i la integritat física dels residents a causa de la deterioració de l'immoble. L'acte judicial adverteix de les deficients condicions de salubritat, les dificultats per a una eventual evacuació i l'elevat risc d'incendi existent en l'edifici.

Una vegada executat el desallotjament, la Policia Local mantindrà en l'entorn un dispositiu permanent de vigilància les 24 hores del dia per a garantir la seguretat i evitar noves ocupacions i, posteriorment, l'Ajuntament procedirà al tapiat del recinte.

La vella presó, símbol de la crisi residencial

L'antiga presó de Palma va ser inaugurada en 1968 i va funcionar com a presó provincial fins a 1999, quan els interns van ser traslladats a l'actual centre penitenciari, als afores de la ciutat. Després de la seva clausura, el recinte va quedar abandonat entre promeses polítiques de reconversió que mai van arribar a materialitzar-se. Amb el pas dels anys, les cel·les buides, els patis interiors i les dependències en ruïnes van ser ocupats progressivament per persones sense alternativa residencial que, en els últims temps, han sobreviscut entre enderrocs, munts d'escombraries i murs esquerdats que a penes aconsegueixen contenir el fred i la humitat de l'exterior.

Com si d'un termòmetre extrem de la fractura residencial de Palma es tractés, entre els murs de l'immoble han conviscut perfils molt distints: treballadors de la construcció i de l'hostaleria, jubilats amb pensions insuficients, persones migrants en situació irregular o dones víctimes de violència, als qui en els últims anys s'han sumat joves abocats a trobar solucions alternatives per a protegir la seva integritat física i mental.

Molts compartien i comparteixen una mateixa trajectòria: habitacions cada vegada més cares, ocupacions precàries, desnonaments silenciosos i la impossibilitat d'accedir fins i tot al lloguer més bàsic en una ciutat on la pressió immobiliària no ha deixat d'augmentar i en la qual fins i tot els qui treballen han deixat de poder permetre's un habitatge.

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado este miércoles a las 12.00 horas el desalojo forzoso de la antigua prisión de la ciudad, dando cumplimiento al auto dictado por el juzgado, que autorizó la ejecución de la actuación ante el grave riesgo existente para la seguridad de los que permanecen en el recinto. Unas 80 personas malviven en la antigua cárcel, que desde hace más de veinte años funciona como refugio precario de centenares de personas expulsadas del mercado de la vivienda.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, el dispositivo, coordinado conjuntamente por ambos cuerpos policiales, tal y como se estableció en la Junta Local de Seguridad extraordinaria de la pasada semana, se prevé que se prolongue a lo largo de la jornada. Durante toda la ejecución del desalojo permanecerán en el lugar los servicios sociales municipales y la presencia de una ambulancia del 061.

Según el censo realizado al inicio del procedimiento, en el interior de los módulos de la antigua prisión residían 206 personas, si bien a lo largo de estos meses la cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta situarse actualmente en torno a 70 u 80. Asimismo, en coordinación con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 45 han sido derivadas a centros de acogida temporal y a programas de inserción social y laboral.

La resolución fundamenta el desalojo en los informes elaborados por la Policía Local, los bomberos y las autoridades sanitarias, que alertan de un “riesgo real, grave y actual” para la vida y la integridad física de los residentes debido al deterioro del inmueble. El auto judicial advierte de las deficientes condiciones de salubridad, las dificultades para una eventual evacuación y el elevado riesgo de incendio existente en el edificio.

Una vez ejecutado el desalojo, la Policía Local mantendrá en el entorno un dispositivo permanente de vigilancia las 24 horas del día para garantizar la seguridad y evitar nuevas ocupaciones y, posteriormente, el Ayuntamiento procederá al tapiado del recinto.

La vieja cárcel, símbolo de la crisis habitacional

La antigua cárcel de Palma fue inaugurada en 1968 y funcionó como prisión provincial hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario, en las afueras de la ciudad. Tras su clausura, el recinto quedó abandonado entre promesas políticas de reconversión que nunca llegaron a materializarse. Con el paso de los años, las celdas vacías, los patios interiores y las dependencias en ruinas fueron ocupados progresivamente por personas sin alternativa habitacional que, en los últimos tiempos, han sobrevivido entre escombros, montones de basura y muros agrietados que apenas logran contener el frío y la humedad del exterior.

Como si de un termómetro extremo de la fractura habitacional de Palma se tratara, entre los muros del inmueble han convivido perfiles muy distintos: trabajadores de la construcción y de la hostelería, jubilados con pensiones insuficientes, personas migrantes en situación irregular o mujeres víctimas de violencia, a quienes en los últimos años se han sumado jóvenes abocados a encontrar soluciones alternativas para proteger su integridad física y mental.

Muchos compartían y comparten una misma trayectoria: habitaciones cada vez más caras, empleos precarios, desahucios silenciosos y la imposibilidad de acceder incluso al alquiler más básico en una ciudad donde la presión inmobiliaria no ha dejado de aumentar y en la que incluso quienes trabajan han dejado de poder permitirse una vivienda.

La Organización de Naciones Unidas da de plazo a España hasta diciembre para informar de las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen, vecina de 87 años de Madrid que lleva más de 70 años residiendo en su vivienda. La ONU pide que se suspenda el desahucio mientras tramitan el procedimiento o que den alternativa habitacional adecuada a Maricarmen.

Después de una denuncia presentada a la ONU por la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comite DESC) ha comunicado al Juzgado la existencia de esta denuncia. Da plazo al Estado hasta diciembre para emitir un informe sobre las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen y solicita que se suspenda el desahucio o que ofrezcan alternativa habitacional adecuada.

Maricarmen lleva más de cinco años peleando contra el fondo buitre Urbagestión, que compró su bloque en 2018 y que pretende desahuciarla para especular con su vivienda. En ella ha pasado casi toda su vida. Cuando murió su padre, siendo ella muy joven, quedó subrogada a su madre debido a que la normativa franquista consideraba ya una delegación el paso de la propiedad del varón a la mujer. Por ello, cuando la progenitora falleció, Maricarmen no pudo beneficiarse de un alquiler de renta antigua (restringido a las primeras subrogaciones anteriores a que la Ley Boyer degorara esta figura).

El próximo 24 de junio Maricarmen se enfrenta a su tercer intento de desalojo, tras la paralización del primero en octubre de 2025 gracias a la presión y organización sindical y el aplazamiento del segundo intento de desahucio este 3 de junio en una medida que para el Sindicato de Inquilinas ha sido un “burdo intento” para desmovilizar todo el apoyo social que estaba recibiendo Maricarmen.

La paralización del desalojo, en manos de la Justicia

Ahora, tras el informe de la ONU, la jueza tiene la facultad de suspender el desahucio mientras se tramita la denuncia presentada a la ONU “para evitar daños irreparables a la autora (Maricamen)”. Entre tanto, la comunicación está siendo estudiada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que, si se ejecuta el desahucio el próximo 24 de junio, sería un desahucio ilegal, en contra de los tratados internacionales (de los que España es parte) y las recomendaciones de la ONU.

Una vez evitado el primer intento de desahucio a Maricarmen, varias organizaciones enviaron al Ministerio de Vivienda un dossier con alternativas para solucionar el conflicto de Maricarmen. La propia Maricarmen escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seis meses después, ninguna de las dos comunicaciones han recibido respuesta.

Denuncian desde el Sindicato de Inquilinas que tanto la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento de Madrid que comanda José Luis Martinez-Almeida tampoco han ofrecido ninguna alternativa habitacional a Maricarmen.

L'Audiència Provincial de Balears ha confirmat el desnonament d'un home amb una discapacitat reconeguda del 65%, mobilitat reduïda i una situació de vulnerabilitat econòmica acreditada que subsistia en un estable semiderruït en una finca de Sant Lluís (Menorca). L'inquilí sostenia que no tenia cap altra alternativa habitacional i que subsistia en un “habitacle improvisat” mancat de les mínimes condicions de salubritat i higiene.

La història reflecteix les contradiccions del mercat residencial menorquí. Mentre bona part de la població es veu abocada a residir en construccions improvisades o en condicions precàries davant la manca d'alternatives habitacionals, l'illa més oriental de Balears multiplica les seves places hoteleres en sòl rural, beneficia amb tràmits exprés hotels de luxe amb piscines il·legals i continua captant inversors i compradors d'elevat poder adquisitiu. En el cas de Sant Lluís, el preu mitjà de venda va assolir el passat mes d'abril els 5.021 euros per metre quadrat, segons dades difoses pel portal immobiliari Idealista, fet que converteix aquest municipi de 7.200 habitants en un dels més cars -i cotitzats- de Menorca.

En aquest context de creixent tensió residencial, la sentència, datada al març, ha donat la raó als propietaris d'un terreny que reclamaven la recuperació de la possessió de la finca després de comunicar a l'arrendatari la seva voluntat de no renovar el contracte de lloguer que ambdues parts havien signat l'agost de 2019. L'Audiència rebutja cadascun dels arguments de l'home, qui defensava que l'acord estava vinculat a una explotació rústica i s'havia de regir per la normativa agrària i els usos tradicionals del camp menorquí, de manera que la propietat no podia posar fi al contracte com si es tractàs d'una relació ordinària de lloguer residencial.

Durant el procediment judicial, l'inquilí va explicar que, quan va arribar a la finca, amb prou feines hi havia “arbustos, roques, deixalles i un petit estable derruït” que en el passat havia servit per allotjar animals. Amb autorització de l'anterior propietari, va assegurar, va anar rehabilitant a poc a poc aquella construcció fins a convertir-la en un lloc on guardar eines agrícoles i, amb el pas del temps, en l'espai on va acabar vivint.

L'amitgeria o societat rural menorquina

L'home va intentar evitar el desnonament emparant-se en una figura jurídica tradicional del camp menorquí recollida a la Compilació del Dret Civil de Balears: l'amitgeria o societat rural menorquina, una institució històrica concebuda per regular l'explotació conjunta de finques agrícoles entre el propietari i el conreador, garantint l'estabilitat de l'activitat agrària i evitant que aquells que treballen la terra puguin ser expulsats de manera sobtada. Entre altres qüestions, aquesta normativa preveu la pròrroga automàtica dels contractes i la seva continuïtat fins i tot després de la mort del propietari o de l'agricultor.

L'arrendatari sostenia que la seva relació amb la finca responia, precisament, a aquest model tradicional. Segons va al·legar davant el tribunal, realitzava tasques agrícoles i mantenia amb la propietat una relació pròpia dels usos i costums rurals de Menorca, arribant fins i tot a repartir-se collites i fusta obtinguda de la finca. Per això, defensava que el contracte continuava vigent i assegurava que la propietat no podia extingir-lo mitjançant el procediment previst per a un lloguer d'habitatge convencional.

El lloc on residia no podia considerar-se, a més, un habitatge convencional: aquell antic estable, al·legava, havia acabat convertint-se en “un habitacle improvisat on no té més remei que viure”, i això “sense la més mínima condició de salubritat i higiene” i sense que la construcció complís “les normes de seguretat”.

Renda mensual de 200 euros

L'Audiència Provincial, tanmateix, rebutja aquesta interpretació en assenyalar que el contracte signat el 2019 definia l'immoble com un “habitatge rústic”, establia que l'immoble s'arrendava “exclusivament” per ser destinat “a habitatge” i fixava una renda mensual de 200 euros i una durada inicial de dos anys. En no considerar acreditat que la relació tengués naturalesa agrària, el tribunal conclou que no és procedent aplicar la normativa tradicional invocada per l'inquilí.

Els magistrats consideren així acreditada l'existència del contracte, la comunicació d'extinció i el transcurs del termini pactat. A més, conclouen que no ha quedat provat que l'ús de la finca fos diferent del que figurava al contracte signat per les parts. “A la vista dels fets provats no es discuteix l'existència del contracte, el requeriment ni el transcurs del termini”, assenyala la resolució, que afegeix que no es pot donar per acreditat “el canvi d'ús al·legat a la instància per fonamentar l'aplicació d'una altra legislació”.

La Sala conclou que no s'ha acreditat que l'ús real de la finca fos diferent del previst al contracte ni que procedís aplicar la normativa d'arrendaments rústics, motiu pel qual confirma íntegrament la sentència de primera instància que va declarar extingit el contracte pel transcurs del termini pactat i va ordenar el desnonament. Amb tot, contra la resolució de l'Audiència Provincial hi ha la possibilitat d'interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Es dona la circumstància que, fa tot just una setmana i mitja, es va produir el desnonament d'una família de Sant Lluís que va perdre el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca que gravava l'immoble. La casa, també situada a Sant Lluís, va sortir a subhasta judicial fa diversos anys i va acabar sent adquirida per una nova propietària, fet que va desembocar finalment en el llançament, tal com va informar Menorca Es Diari. D'acord amb la mateixa publicació, la família estava integrada per un matrimoni d'uns 65 anys i dos fills adults.

Al gener, el Jutjat de Maó va executar el desnonament d'una família resident en un pis de l'avinguda Fort de l'Eau, a Maó, formada per una dona de 59 anys que té cura de la seva germana amb discapacitat i del seu pare, de 87 anys. Els tres inquilins, membres d'una família vulnerable, varen sortir de l'habitatge sense saber on anirien a viure després que hagués expirat el termini extra concedit un mes abans pel Jutjat.

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado el desahucio de un hombre con una discapacidad reconocida del 65%, movilidad reducida y una situación de vulnerabilidad económica acreditada que subsistía en un establo semiderruido en una finca de Sant Lluís (Menorca). El inquilino sostenía que no tenía otra alternativa habitacional y que subsistía en un “habitáculo improvisado” carente de las mínimas condiciones de salubridad e higiene.

La historia refleja las contradicciones del mercado residencial menorquín. Mientras buena parte de la población se ve abocada a residir en construcciones improvisadas o en condiciones precarias ante la falta de alternativas habitacionales, la isla más oriental de Balears multiplica sus plazas hoteleras en suelo rural, beneficia con trámites exprés a hoteles de lujo con piscinas ilegales y continúa captando a inversores y compradores de elevado poder adquisitivo. En el caso de Sant Lluís, el precio medio de venta alcanzó el pasado mes de abril los 5.021 euros por metro cuadrado, según datos difundidos por el portal inmobiliario Idealista, lo que convierte a este municipio de 7.200 habitantes en uno de los más caros -y cotizados- de Menorca.

En este contexto de creciente tensión residencial, la sentencia, fechada en marzo, ha dado la razón a los propietarios de un terreno que reclamaban la recuperación de la posesión de la finca tras comunicar al arrendatario su voluntad de no renovar el contrato de alquiler que ambas partes habían firmado en agosto de 2019. La Audiencia rechaza cada uno de los argumentos del hombre, quien defendía que el acuerdo estaba vinculado a una explotación rústica y debía regirse por la normativa agraria y los usos tradicionales del campo menorquín, de modo que la propiedad no podía poner fin al contrato como si de una relación ordinaria de alquiler residencial se tratara.

Durante el procedimiento judicial, el inquilino explicó que, cuando llegó a la finca, apenas había “arbustos, rocas, desechos y un pequeño establo derruido” que en el pasado había servido para albergar animales. Con autorización del anterior propietario, aseguró, fue rehabilitando poco a poco aquella construcción hasta convertirla en un lugar donde guardar herramientas agrícolas y, con el paso del tiempo, en el espacio donde acabó viviendo.

La 'amitgeria' o sociedad rural menorquina

El hombre intentó evitar el desahucio amparándose en una figura jurídica tradicional del campo menorquín recogida en la Compilación del Derecho Civil de Balears: la amitgeria o sociedad rural menorquina, una institución histórica concebida para regular la explotación conjunta de fincas agrícolas entre el propietario y el cultivador, garantizando la estabilidad de la actividad agraria y evitando que quienes trabajan la tierra puedan ser expulsados de forma repentina. Entre otras cuestiones, esta normativa prevé la prórroga automática de los contratos y su continuidad incluso tras la muerte del propietario o del agricultor.

El arrendatario sostenía que su relación con la finca respondía, precisamente, a ese modelo tradicional. Según alegó ante el tribunal, realizaba labores agrícolas y mantenía con la propiedad una relación propia de los usos y costumbres rurales de Menorca, llegando incluso a repartirse cosechas y madera obtenida de la finca. Por ello, defendía que el contrato continuaba vigente y aseveraba que la propiedad no podía extinguirlo mediante el procedimiento previsto para un alquiler de vivienda convencional.

El lugar donde residía no podía considerarse, además, una vivienda convencional: aquel antiguo establo, alegaba, había acabado convirtiéndose en “un habitáculo improvisado donde no tiene más remedio que vivir”, y ello “sin la más mínima condición de salubridad e higiene” y sin que la construcción cumpliera “las normas de seguridad”.

Renta mensual de 200 euros

La Audiencia Provincial, sin embargo, rechaza esa interpretación al señalar que el contrato firmado en 2019 definía el inmueble como una “vivienda rústica”, establecía que el inmueble se arrendaba “exclusivamente” para ser destinado “a vivienda” y fijaba una renta mensual de 200 euros y una duración inicial de dos años. Al no considerar acreditado que la relación tuviera naturaleza agraria, el tribunal concluye que no procede aplicar la normativa tradicional invocada por el inquilino.

Los magistrados consideran así acreditada la existencia del contrato, la comunicación de extinción y el transcurso del plazo pactado. Además, concluyen que no ha quedado probado que el uso de la finca fuera distinto al que figuraba en el contrato firmado por las partes. “A la vista de los hechos probados no se discute la existencia del contrato, el requerimiento ni el transcurso del plazo”, señala la resolución, que añade que no puede darse por acreditado “el cambio de uso alegado en la instancia para fundamentar la aplicación de otra legislación”.

La Sala concluye que no se ha acreditado que el uso real de la finca fuera distinto del previsto en el contrato ni que procediera aplicar la normativa de arrendamientos rústicos, por lo que confirma íntegramente la sentencia de primera instancia que declaró extinguido el contrato por transcurso del plazo pactado y ordenó el desahucio. Con todo, contra la resolución de la Audiencia Provincial cabe la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Se da la circunstancia de que, hace apenas una semana y media, se produjo el desahucio de una familia de Sant Lluís que perdió su vivienda tras no poder hacer frente a la hipoteca que gravaba el inmueble. La casa, también situada en Sant Lluís, salió a subasta judicial hace varios años y acabó siendo adquirida por una nueva propietaria, lo que desembocó finalmente en el lanzamiento, tal como informó Menorca Es Diari. De acuerdo a la misma publicación, la familia estaba integrada por un matrimonio de unos 65 años y dos hijos adultos.

En enero, el Juzgado de Mahón ejecutó el desahucio de una familia residente en un piso de la avenida Fort de l'Eau, en Maó, formada por una mujer de 59 años que cuida de su hermana con discapacidad y de su padre, de 87 años. Los tres inquilinos, miembros de una familia vulnerable, salieron de la vivienda sin saber dónde irían a vivir al haber expirado el plazo extra concedido hacía un mes por el Juzgado.

Sin notificación judicial y sin avisos previos. Varios individuos de empresas de desokupación “sin identificar” se han apostado hoy en el bloque de la calle Abetos, número 22, de Azuqueca de Henares (Guadalajara) para impedir la entrada a sus casas de tres familias, que además tienen certificados de vulnerabilidad expedidos por el ayuntamiento azudense. Dos de ellas son familias monomarentales y otra monoparental. Se trata de dos mujeres solas, una con una hija de siete años y otra con una hija de cuatro años; y otro vecino, un hombre solo con su hijo, también menor.  

No es un caso nuevo. Ya el pasado mes de octubre una mujer con un bebé de once meses fue expulsada del piso en el que vivía en este mismo bloque, sin orden judicial, en este caso y a instancias de una empresa, de las tantas que ya proliferan y que promocionan entre sus servicios el de “desokupar”.

Policía local y Guardia Civil estuvieron presentes entonces cuando la mujer terminó en la calle con su bebé, a pesar del intento de varios colectivos de Guadalajara por impedirlo. Ese día, miembros de la empresa de ‘desokupación’ habían aparecido en el lugar. La mujer y el menor pudieron dormir en un hotel, gracias a la intervención de los Servicios Sociales municipales, de manera temporal. Su historia ha quedado diluida en el tiempo.

Ya entonces el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma Feminista de Guadalajara alertaban de otros casos de vulnerabilidad en el mismo bloque y celebraron una concentración para protestar por el “continuo acoso” al que se está sometido a otras dos mujeres trabajadoras -con hijos de 9 y 4 años respectivamente- con “actos intimidatorios y violentos con total impunidad y falta de humanidad”.

Hoy la alarma han vuelto a darla ambos colectivos. Su abogada, María Eugenia Blanco, detalla a este medio que el acompañamiento a estas familias por parte de ambos colectivos se ha mantenido durante los últimos meses, tras tener noticia de que, desde los anteriores hechos, la propiedad del bloque ha pasado a otra empresa diferente, que no ha enviado notificación alguna.

Esta mañana, Iris, una de las vecinas que los dos colectivos han estado acompañando, al regresar de dejar a su hija en el colegio, se ha encontrado con varios hombres “con perfil de desokupas” dentro del portal y que le impedían el acceso a su casa.

Los hechos los ha confirmado a este medio la propia Iris, que vive en el primer piso del bloque: “He llegado a casa y al ver que no me dejaban entrar, he llamado a la Guardia Civil, sobre todo después de ver que estos hombres ya habían tapiado con una puerta ‘antiokupa’ la vivienda de la vecina del bajo”. Es en la que reside su otra vecina, Angustias Teresa, también en situación vulnerable, en el bajo. Se ha quedado en la calle con su hijo de cuatro años.

Los agentes han acudido al bloque justo al mismo tiempo que integrantes del Sindicato de Inquilinas. La abogada cuenta que la Guardia Civil ha pedido a los hombres apostados en la puerta que se fueran tras constatar que era el domicilio habitual de ambas vecinas.

Apunta, en este sentido, que la intervención de estos individuos constituye un presunto delito, es “ilegal”, porque “no ha habido notificación judicial alguna para un posible desahucio”. Los agentes han identificado a todas las personas que han participado en esta acción y ahora el Sindicato de Inquilinas ha denunciado los hechos.

“Los agentes le han pedido al que parecía el cabecilla del grupo que retirara la puerta ‘antiokupa’ de la vecina del bajo y se ha negado. Ahora hemos denunciado ante la Guardia Civil para que ambas puedan obtener medidas cautelares, y que les obliguen a retirar esa puerta”.

María Eugenia Blanco precisa que cuando han llegado estos hombres, decían tener autorización de la empresa propietaria y de la comunidad de vecinos, un documento o acta que “nosotras no hemos visto ni nos han mostrado”. “Dicen que cuentan con eso y que les autoriza a impedir el acceso a su domicilio habitual de las vecinas”.

No les han comunicado nada: ni que quieran vender, o alquilar a otra gente, o hacer pisos turísticos… No hay nada

También explica que no ha habido ningún contacto con la “nueva” empresa propietaria, y que “ni siquiera hay una denuncia contra las vecinas”. “Es que no les han comunicado nada: ni que quieran vender, o alquilar a otra gente, o hacer pisos turísticos… No hay nada”.   

Iris confirma lo relatado por la abogada. Tiene un certificado de vulnerabilidad expedido para evitar los cortes de suministro de agua y gas, y dice no haber recibido ninguna notificación, ni judicial ni de otra índole, para abandonar su casa. Estos documentos ya se los hicieron llegar a la empresa propietaria anterior para negociar un alquiler social. Ahora, sin noticias ni contacto de la nueva empresa, no saben qué hacer.

Ella finalmente ha podido finalmente acceder a su vivienda, pero la puerta del bajo, la de Angustias Teresa, sigue tapiada. Mientras esperan si el juzgado adopta o no medidas cautelares, el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma Feminista están intentando retirar la puerta con una radial. “Ante acciones ilegales, nosotras apostamos por lo legal. Si alguien te impide entrar en tu vivienda, haces lo posible por entrar”.

La abogada pone el acento en el hecho de que no ha habido “ninguna actuación judicial”. De ahí que hayan solicitado las medidas cautelares. Iris insiste en que todo el procedimiento es “ilegal” y que la situación que está viviendo es “horrible”, por lo que pide que intervengan las administraciones y las autoridades judiciales.

Música, cánticos reivindicativos, alguna lágrima propia o ajena y un pasillo humano que la acompañó hasta casa. Aunque también estaba previsto, finalmente no hubo acampada: al menos al día siguiente aún no habría nada que temer. Contra todo pronóstico, así ha terminado la marcha multitudinaria convocada esta tarde en apoyo a Maricarmen, la vecina de 87 años que aún resiste a los intentos de un fondo para desahuciarla de su hogar en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en pleno centro de Madrid. Su familia firmó el contrato de arrendamiento en 1956, pero un conflicto legal con el modelo de renta antigua permitió que Urbagestión se hiciera con la propiedad. Ahora, la empresa amaga con expulsarla: primero lo intentó en octubre y luego, este miércoles.

El desalojo se ha frenado a última hora, pero eso no ha impedido que cientos de personas salgan a la calle para defender su derecho a la vivienda. “Esto no es una victoria: sabemos que lo hacen para desmovilizar a los vecinos y que no vayamos a apoyarla en el siguiente intento”, señalan desde la manifestación fuentes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que había convocado la protesta y programado una acampada nocturna frente a la casa de Maricarmen, en aras de impedir su desalojo a la mañana siguiente. Pero la cita se ha pospuesto hasta dentro de tres semanas.

El Juzgado de Primera Instancia de Madrid número 90 lo confirmó a última hora: en lugar del 3 de junio, tendrá lugar el día 24. “Nos veremos entonces, Maricarmen”, aseguró desde el distrito de Retiro el actor Juan Diego Botto, uno de los artistas invitados al pasacalle por la vecina. Comenzó a las 19.30 horas frente a una biblioteca municipal, la de Eugenio Trías. Junto a Botto estuvieron otras caras conocidas del mundo de la cultura, con Ismael Serrano y Rozalén cantando en dúo frente a una multitud que rodeaba a la protegonista, situada en el centro: una anciana de 87 años se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda.

Pero su situación actual comenzó, en buena medida, con el machismo habitual que regía la legislación franquista. “Por aquel entonces, las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba ella misma a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en los años 50. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer (impulsado en democracia) que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida.

Cuando en 2005 murió su madre, el blindaje terminó: como segunda subrogada, Maricarmen ya no estaba protegida. Aun así, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes, más del triple de los 500 euros que paga en la actualidad y abona con una pensión de 1.400.

A finales de 2020, y después de haberse negado a abandonar la casa, recibió una primera orden judicial de desahucio. El juzgado dio la razón al considerar que, cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron “tácitamente” y los compradores mantuvieron esa aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo se posicionaron con las pretensiones de los propietarios, y ya en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

Desde entonces, Maricarmen ha inspirado a su alrededor un movimiento de resistencia ciudadana impulsado, a la vez, por los colectivos que defienden el derecho a la vivienda. Llegó incluso a participar como figura invitada en la última gran manifestación social de mayo. Entonces sonaron muchos de los cánticos que ahora se repiten en favor de la inquilina de Retiro. “Si pago el alquiler me quedo sin comer”; “ni gente sin casa, ni casas sin gente”; “no es meritocracia, es parasitismo” o “Maricarmen se queda” fueron réplicas a viva voz que, esta tarde, despertaron la curiosidad de varios paseantes que recorrían el centro de Madrid.

Los habituales de la zona, en cambio, parecían estar enterados de lo que ocurría. “Han intentado desahuciar a una anciana, pero como no lo han conseguido están aquí para evitar que vuelvan”, respondía un hombre de unos 65 años, que observaba la marcha desde una de las calles que enmarcan la avenida. Aunque su situación económica era buena, no descataba que un día algo así pueda llegar a ocurrirle: “Últimamente parece que todos estamos expuestos”. Con los ojos de otra generación, pero también puestos en la protesta ciudadana, un joven sevillano acompaña a los manifestantes.

Se llama Álvaro, tiene 22 años y estudia Ciencia Política. Desde hace poco, también es miembro del Sindicato de Inquilinas. Además, vive cerca de alli y sabe que tiene suerte respecto a la media, porque paga 400 euros por una habitación. Pero cree que los inquilinos “no deben conformarse porque alguien les diga que esto es lo normal”. “Llevo cinco años viviendo en Madrid y solo conozco lo que es pagar cada vez más por un piso pequeño. Para mi, la solución está en un modelo de cooperativas: si la vivienda no entra en el mercado, ya nadie puede venderla por encima de su precio: en definitiva, más vivienda pública”, resumió frente a la marcha.

Su protagonista encabezaba a la multitud desde una silla de ruedas, empujada por una de las manifestantes que vestían de naranja reflectante, el color del chaleco que portan los miembros del sindicato convocante. Esa tarde, Maricarmen lloró y rió, y también animó a la cola humana que la seguía a elevar la voz haciendo gestos con las manos. “Tengo una edad, problemas de movilidad y aún así la única opción que me dejan es seguir luchando”, volvió a reclamar desde su calle en declaraciones a la prensa, a la espera de que su caso no caiga en el olvido y las semanas no frenen la presión vecinal.

Kalita Fernández no sabía si la noche de este lunes sería la última que pasaría en el piso de Badalona donde han nacido y crecido seis de sus siete hijos, menores de edad. Su desahucio estaba previsto para este martes, pero la comitiva judicial lo ha aplazado a última hora hasta el 25 de junio. “Si me echan, volveré a ocupar porque no tengo alternativa”, avanza esta mujer.

El de Kalita Fernández podría haber sido uno de los miles de desahucios invisibles. Unos pocos vecinos del colectivo Badalona Acull se han congregado en el piso para intentar frenarlo, pero finalmente no ha sido necesaria la protesta. La comitiva judicial ha concedido una suspensión por la situación médica de la hija menor de la mujer, de un año, que necesita estar conectada a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre.

Durante estas dos semanas, el abogado de oficio de Fernández, Antoni Mansilla, confía en poder recabar toda la documentación que le ha requerido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para estudiar si suspende su desahucio.

El caso de Kalita Fernández ilustra cómo la maquinaria judicial es, en ocasiones, impasible con los más débiles. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advierte del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

El inmueble pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Desde entonces, explica que tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, denuncia la mujer.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explica. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, asegura haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

A finales de 2024, durante el embarazo de la hija menor, el juzgado civil ordenó un primer desalojo de la familia. Según relata Fernández, en aquella ocasión sí que fueron desalojados y la policía bloqueó la puerta de la vivienda con una superficie de hierro. “Nos dejaron en la calle, sin alternativa, sin mesa de emergencia y sin ningún recurso. No tuvimos otra opción que volver a ocuparlo”, reconoce.

“Me gustaría poder negociar un alquiler con la propiedad porque mis hijos han nacido aquí”, afirma. Los servicios sociales municipales reconocen el arraigo de la familia en el barrio y el informe advierte de que “la pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”.

El informe de los servicios sociales al que ha hecho caso omiso la jueza no se anda con rodeos. Fernández y sus hijos “se encuentran en un estado de vulnerabilidad social y residencial graves”: no disponen de ingresos económicos ni de un techo alternativo y un desahucio “coloca a la familia en un contexto de emergencia habitacional, con especial afectación sobre los menores”.

“Ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia”

Los servicios sociales de Badalona admiten que, pese a seguir de cerca el caso de esta familia desde hace años, en la saturada Mesa de Emergencia habitacional de la ciudad “no se ha podido identificar ninguna alternativa habitacional que garantice la cobertura de vivienda”.

“La pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”, alerta el informe municipal.

En una resolución del pasado 29 de mayo, la jueza Berta Fernández denegó la suspensión del desahucio. La togada admitió que contaba con un informe de servicios sociales que reconocía la “vulnerabilidad” de la madre y sus siete hijos, pero añadió que el dictamen no formulaba “propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social” por parte del consistorio, un “requisito imprescindible”, a criterio de la magistrada, para poder acordar la paralización del lanzamiento.

Al margen del procedimiento civil, Fernández también tuvo que enfrentarse a una causa penal. El fondo buitre Divarian la denunció por usurpación de la vivienda y pretendía que pagara una multa de 600 euros. 

En primera instancia, la mujer resultó absuelta. La jueza la exoneró al aplicarle la eximente de “estado de necesidad” y reconocer su “situación de vulnerabilidad social grave”, algo muy poco frecuente en los tribunales, resaltan fuentes jurídicas.

“Mantenerse en el inmueble es la única alternativa que ha encontrado para salvaguardar la integridad física y psíquica propia y de sus siete hijos”, concluyó la magistrada que vio el caso primero.

Divarian recurrió y la Audiencia de Barcelona dio en parte la razón al fondo: si bien rechazó que Fernández pagara la multa pretendida por el denunciante, la instancia superior sí acordó la restitución del piso. En otras palabras, priorizó el derecho a la propiedad a la situación de vulnerabilidad social, pues el magistrado consideró que garantizar un techo a Fernández y su familia correspondía a la administración municipal. 

Un mismo caso, dos opiniones contrarias de los jueces. Resultado: desahucio suspendido, pero a la espera de otro lanzamiento en 23 días.

Maricarmen se queda. Al menos, 21 días más. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha comunicado que el gran lema contra el desahucio de la mujer de 87 años, residente en el distrito de Retiro, se ha materializado aunque de momento sea tan solo por tres semanas. El fondo inmobiliario Urbagestión mantiene así sus pretensiones de expulsar a la vecina de un piso en el que ha vivido 70 años.

“Han aplazado para desmovilizarnos”, sostiene una de las portavoces de la organización inquilina en un vídeo compartido en redes. Alicia del Río explica en el clip que el desalojo queda ahora fijado para el miércoles 24 de junio. “No han solucionado nada, no han garantizado ninguna vivienda, solo nos dan 20 días de tortura”, expone.

Por ello, mantienen la convocatoria de un acto de protesta multitudinaria este mismo martes, desde las 18.30 en la biblioteca Eugenio Trías del parque del Retiro. A la movilización acudirán personalidades como Juan Diego Botto, Olga Rodríguez, Ismael Serrano o Alberto San Juan. Un evento que iba a preceder a una acampada para frener el lanzamiento de Maricarmen, originalmente previsto para el miércoles 3 de junio a primera hora de la mañana.

La situación de la inquilina se debe en gran parte al machismo imperante en la legislación franquista. “Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida.

Pese a ello, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes. Esto es, más del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros. Una cifra inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros.

Después de negarse, recibió la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo se posicionaron con las pretensiones los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

La respuesta ciudadana, última defensa ante la especulación y las resoluciones judiciales

Los dos primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de octubre (que también fue detenido en medio de una gran respuesta ciudadana y culminó con una rueda de prensa en la vía pública), fueron cancelados por la Justicia ante la presión social. Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas muestran su predisposición a frenarlo plantándose dentro del piso y en la mismísima puerta. “Espero que haya mucha gente”, dice Maricarmen, consciente de que su caso provoca una mayoritaria indignación.

Maricarmen ha escrito cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sin recibir contestación alguna. “El Ayuntamiento no va a comprar mi piso y la señora Ayuso tampoco. Quien tiene que comprar mi piso, o poner alquileres indefinidos, es el Gobierno de España. Invierten un dinero que van a recuperar después, pueden ponerlo en alquiler social cuando yo me muera. Y por lo menos no permiten a echar a la gente a la calle”, expone.

En los últimos meses, la mujer ha perdido gran parte de la movilidad y se ayuda de un caminador para moverse. “He tenido un problema bucal que creo que me ha afectado pero también el desgaste, la ansiedad, la angustia de estar luchando. He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar. No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Y yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche” clama. 

Desde Urbagestión se amparan en la sentencia del Supremo, que dice que el contrato de arrendamiento quedó extinguido tras la muerte de la madre de Carmen, ya que ella no tiene el 65% de minusvalía que le concedería la posibilidad de una segunda subrogación. Aseguran igualmente que la última renta la pagó Maricarmen en 2024 y que fue de 203 euros, no de 500. 

A Marjan Salehi, su marido Ali Faqiri y su hijo Adrian, de 11 meses, les quedan apenas unos días con un techo bajo el que refugiarse. Esta familia afgana, a la que el Gobierno concedió asilo político en febrero de 2025 por huir del régimen talibán, deberá abandonar el próximo miércoles la vivienda en la que reside después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les comunicara el fin de su programa de acogida.

“No sabemos dónde iremos”, resume Marjan, de 28 años. “Nuestro hijo todavía es un bebé y depende completamente de nosotros”.

La pareja huyó de Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder porque tanto el padre como el hermano de Marjan habían colaborado con el Ejército español, un vínculo que acabó siendo determinante para la concesión del asilo.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior, resolvió en 2025 un total de 160.951 expedientes de protección internacional. La cifra supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.

Desde su llegada a España, la familia pasó primero por un centro de acogida gestionado por una ONG y después fue trasladada a Barcelona. Allí viven desde hace meses en un piso compartido del barrio de Sant Andreu, gestionado por la entidad Moviment per la Pau (MPDL), junto a otras ocho personas.

Hace unas semanas, sin embargo, recibieron la notificación definitiva: habían agotado el periodo máximo de estancia previsto en el sistema estatal de acogida y no se contemplaba una prórroga, pese a su situación de vulnerabilidad. 

Ali sufre artrosis y una hernia discal; Marjan apenas ha podido aprender español mientras cuidaba de su hijo. “No tenemos dinero, ni familia, ni ningún sitio al que ir”, lamenta ella.

Desde la entidad que les ha proporcionado alojamiento en virtud de un convenio con el Ministerio, les han comunicado que no pueden prorrogar su estancia y que deben atenderse a lo que les diga la Administración. 

Este periódico contactó el viernes tanto con el Ministerio, que respondió que el proceso que se ha seguido con esta familia es el habitual. “Cuando se les concede el estatus de refugiados y obtienen el permiso de residencia y trabajo, se les informa de que tienen un plazo de seis meses para dejar el centro”, señala una fuente oficial.

“Atendiendo siempre el interés superior del menor, se tendrá en cuenta su situación para pedir la suspensión de su salida del centro hasta que el recurso se resuelva”, prosiguen desde el Ministerio, que también recuerdan que la organización que gestiona su vivienda coordinará los trámites para que la familia sea atendida por los Servicios Sociales de la capital catalana. Este periódico se puso en contacto con la entidad MPDL el viernes pero no obtuvo respuesta.

Un periplo a través de Irán

La vida de Marjan cambió en agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán tras la retirada internacional. “El país se convirtió en un lugar inseguro y hostil”, recuerda. “La situación se volvió extremadamente dura”.

Su familia había trabajado estrechamente con las tropas españolas en Herat, ciudad situada en el oeste afgano. Su padre había sido empleado de la armada y su hermano trabajó como traductor. Con el regreso de los talibanes, esos vínculos equivalían a una condena.

“Empezamos a recibir amenazas. Nuestras vidas corrían peligro”, relata.

Parte de su familia logró escapar desde el aeropuerto de Kabul durante los días caóticos de la evacuación internacional. Ellos, sin embargo, no consiguieron salir y terminaron huyendo por tierra hacia Irán.

“Huir no fue una elección; fue la única forma de sobrevivir”, dice Marjan. “Desde entonces solo hemos intentado reconstruir nuestra vida lejos del peligro”.

Fue en Irán donde recibió finalmente la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores para viajar a España y acceder al sistema de protección internacional. Desde entonces, el Ministerio de Inclusión les ha proporcionado alojamiento temporal hasta que han agotado todos los plazos.

Todos los intentos para ampliar su estancia han fracasado hasta ahora. El abogado que les asiste ha presentado un recurso contra la resolución administrativa que ordena su salida de la vivienda y ha solicitado medidas cautelares para evitar que la familia quede en la calle mientras se resuelve el procedimiento. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

A primera hora de este viernes, Julio recibió la noticia que más ha temido en estos meses. Varios agentes de la Policía llegaban a su casa, en la que vive desde hace años, para llevar a cabo una orden de desahucio. Él y otros pocos residentes se habían convertido en los últimos habitantes de los apartamentos San Fernando, unos pisos municipales que el Ayuntamiento prestaba a personas mayores para garantizar servicios asistenciales. En septiembre de 2024, unas obras de rehabilitación en el edificio expulsaron a otros 61 ancianos que vivían en el bloque. Desde entonces, solo cuatro usuarios han permanecido allí.

Julio Gómez tenía hasta ahora dos ventajas, a las que no pueden acceder pasados los 70 años: una vida en compañía y sensación de autonomía personal. Desde que entró en los apartamentos de la calle Jerte número 1, al lado de La Latina, encontró un balance entre la convivencia de barrio y el espacio propio de un piso individual.

Se inauguraron en los años ochenta como un modelo alternativo a las residencias tradicionales, y se abrieron plazas para usuarios mayores de 65 y con distinto grado de autonomía. Esta mañana, al percatarse de lo que ocurría, Alejandro –otro residente que también ha sido notificado– contactó con sus vecinos y un grupo se movilizó para acudir hasta allí.

“Estamos avisando a todo el vecindario para que, una vez más, impida este desalojo forzado. Os emplazamos a venir y cubrir este abuso a nuestros mayores por parte del ayuntamiento. Ojalá podáis acudir: la dirección es calle Jerte, 1”, reza el mensaje difundido desde una asociación de la zona. Una de las vecinas que asistieron a la llamada, también miembro de la Asociación Vecinal La Chispera, afirma a Somos Madrid que a Julio iban a reubicarlo en una residencia, y que la irrupción de esta mañana se había producido “sin previo aviso”.

Fuentes municipales citadas por Europa Press aluden a que hasta ahora solo han recibido autorización judicial para el desalojo de uno de los residentes. Los otros tres, de momento, permanecerán allí hasta que el Juzgado resuelva la orden solicitada de cara a una reforma integral del edificio.

Almeida defiende que el desalojo es necesario para la obra

Las tensiones comenzaron el pasado verano, cuando el Ayuntamiento notificó a los residentes la necesidad de desalojar los apartamentos para acometer obras de rehabilitación que, según el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, eran “absolutamente necesarias”, y venían a solventar problemas estructurales y de seguridad. El consistorio ofreció entonces alternativas en residencias públicas y centros municipales repartidos por distintos puntos de la región, aunque los vecinos protestaron por el cambio radical que eso supone en sus vidas, a una edad en la que renovar vínculos y rutinas no siempre es sencillo.

Sin embarlo, la mayoría acabó aceptando abandonar temporalmente los apartamentos. Algunos mostraron su malestar por las condiciones del traslado, y otros denunciaron incrementos en el coste de su nueva plaza residencial o alertaron de las consecuencias psicológicas de enfrentarse a un entorno conocido. Asociaciones vecinales como La Chispera o Cavas-La Latina defendieron durante meses que las obras podían ejecutarse por fases, sin necesidad de vaciar completamente el edificio, apoyándose en informes de técnicos independientes del Ayuntamiento.

Por su parte, los residentes aseguraron no tener “garantías” reales de poder regresar una vez terminadas las obras, sugiriendo sus sospechas ante un posible cambio de uso para el inmueble. Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad han defendido reiteradamente que todos los residentes podrán volver a sus apartamentos cuando concluyan los trabajos de rehabilitación, previstos inicialmente para 14 meses, y que lo harán “en las mismas condiciones económicas”. Pero las dudas persisten entre vecinos y plataformas sociales.

La vivienda, y todavía la vivienda pública en Toledo, es un bien escaso y además con problemas asociados -incluidos los judiciales- en algunos inmuebles de la ciudad. Es lo que hoy se ha querido poner de manifiesto por parte de un grupo de personas que se han manifestado en el toledano barrio del Polígono para exigir soluciones ante lo que consideran una gestión deficiente de la vivienda pública y un mercado del alquiler asfixiante.

Además, reclaman al Gobierno castellanomanchego frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en una promoción de viviendas públicas ubicada en la calle Río Yedra, 8, donde varias familias piden renegociar el alquiler, ajustando el pago a la situación de vulnerabilidad de cada una, además de la reparación del inmueble.

La marcha ha partido desde otra la inacabada promoción de 86 viviendas públicas en la calle Río Guadalmena, en el mismo barrio, como símbolo de la situación que denuncian y desde donde han recorrido a pie escoltados por agentes policiales, el tramo de un kilómetro hasta la sede de la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y responsable de la gestión de las infraestructuras en la comunidad autónoma.

Allí han leído un manifiesto con el que piden una alternativa habitacional “decente adaptada a las familias” que “ya se sabía que estaban en riesgo de tener una dificultad económica potente”, cuando resultaron beneficiarias de estas viviendas hace más de una década.

“Somos personas, no delincuentes”, “tiene solución, banqueros a prisión” o “Gicaman, escucha, Yedra está en la lucha” han sido algunas de las consignas que han coreado durante la manifestación, convocada por la Unión Popular de Inquilinos (UPI), cuyo portavoz, Germán Peiró, ha aseverado que “la vivienda es un derecho y no un negocio ni un bien de mercado”. También han contado con el apoyo de la Plataforma por la Vivienda Digna en Toledo y la Unión Popular de Estudiantes (UPE), que se ha sumado a la protesta.

En este sentido, la urgencia de la movilización responde a la situación que atraviesan varias familias que se enfrentan a desahucios inminentes, siendo el caso más alarmante el de una madre soltera con cinco hijos menores de edad, cuyo desalojo está previsto para el próximo 9 de junio.

Peiró ha señalado que, con el respaldo de organizaciones como UGT, Comisiones Obreras, Izquierda Unida o Movimiento Sumar Toledo, están manteniendo contacto “con un asesor de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana”, Isabel Rodríguez, para “ver cómo se puede gestionar” el conflicto que afecta a esta promoción pública, después de que la pasada semana le reclamaran mediación cuando acudía a la presentación de un libro en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en el Alcázar de Toledo. Hay que recordar, sin embargo, que la competencia en esta materia corresponde al Gobierno de Emiliano García-Page.

Según denuncia el portavoz de la UPI, la empresa pública se ha negado a negociar una alternativa “decente”, intentando incluso “sobornar o dividir a los vecinos”. Los residentes de Yedra 8 no solo denuncian la falta de sensibilidad social sino también el abandono físico del inmueble. “Han intentado negociar en numerosas ocasiones, pero también es justo decir que no se quiere pagar nunca a un casero que no te arregla el techo que se cae o los cortes de agua. En general, no les están manteniendo el edificio en el que viven y por el que tienen que pagar”, añade.

La demanda de estos colectivos es una negociación justa que incluya la condonación de deudas “inasumibles”, el fin de los desahucios sin alternativa y una adaptación de los alquileres públicos a la renta real de las familias.

Respecto al emplazamiento elegido para iniciar la marcha, Peiró ha recordado que se trata de una promoción pública cuya construcción permanece paralizada desde el año 2011. En declaraciones a los medios, ha resaltado la contradicción que, a su parecer, supone que este inmueble, administrado por GICAMAN, cuente con vigilancia las 24 horas del día mientras decenas de familias carecen de alternativa habitacional.

Fomento esgrime que 89 de 108 inquilinos no pagan

En relación a las viviendas de Yedra, 8, conocidas popularmente como los 'pisos negros', la Consejería de Fomento asegura que “la promoción presenta un elevado nivel de conflictividad judicial y un importante volumen de deuda acumulada” y que eso “está generando un significativo impacto económico en su gestión”.

Así, explica que la situación actual de esta promoción, con 148 viviendas de promoción oficial, tiene 108 contratos en vigor, con 19 inquilinos al corriente de pago, 89 inquilinos con deuda y 40 de las viviendas están vacantes.

La deuda total de inquilinos con contrato vigente asciende a 2.650.000 euros, con una deuda media por inquilino de 29.799 euros y una deuda acumulada total, entre contratos vigentes y resueltos de 3.810.000 euros.

En este momento hay 63 procedimientos judiciales activos, de los que 39 lo son por “ocupación ilegal” y 24 por reclamación de deuda.

El próximo mes de junio están previstos seis lanzamientos, todos por reclamación de deuda y se producirán los días 9 de junio (3), 11 de junio (2) y 25 de junio (1).

Desde el año 2015, los gastos acumulados en esta promoción de viviendas ascienden a 1.230.837,76 euros, según ha detallado Fomento a elDiario.es Castilla-La Mancha. Una inversión que se traduce, según las mismas fuentes, “en la mejora de estos pisos con más de 550 intervenciones en zonas comunes y 470 mejoras en viviendas”.

Reclaman declarar Toledo como zona tensionada

Por su parte, Belén García, portavoz de la Unión Popular de Estudiantes, ha alertado sobre la inaccesibilidad del mercado de vivienda privada en Toledo. En la actualidad, afirma que resulta “prácticamente imposible encontrar un alquiler digno por menos de 600 euros, una cifra que excluye no solo a los estudiantes, sino a gran parte de la clase trabajadora”.

Ante esta realidad, la propuesta de los colectivos es clara: que Toledo sea declarada zona tensionada. Esta medida permitiría una regulación efectiva de los precios del alquiler y, según García, obligaría a los grandes tenedores y rentistas a pagar un 150% más de IBI, desincentivando así la especulación. La meta es transformar la vivienda de un “bien de mercado” en un derecho fundamental protegido para garantizar la cohesión social.

La crisis de vivienda en Toledo no se limita a casos puntuales de desahucio. Los colectivos advierten también sobre un proceso de gentrificación y “turistificación” que está “afectando gravemente al Casco Histórico y a barrios como Palomarejos y Santa Bárbara”. En este sentido apuntan al Ayuntamiento de Toledo y advierten de que la construcción de vivienda a precios inalcanzables para la ciudadanía local está desplazando a los vecinos de sus barrios de toda la vida.

Por otro lado, y a pesar del reciente Plan de Vivienda Estatal o su aplicación en Castilla-La Mancha a través de distintas medidas anunciados por el Gobierno regional, los portavoces de estos colectivos califican de “postureo” las iniciativas planteadas, argumentando que no abordan el problema de raíz, que es “el de que familias trabajadoras están viéndose abocadas a a estar en la calle sin alternativa habitacional”.

Toledo se movilizará este miércoles 27 de mayo para frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en la calle Río Yedra, donde varias familias llevan meses intentando negociar el pago del alquiler con la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Convocada por la Unión Popular de Inquilinos y Amnistía Internacional, la marcha partirá a las 10 horas desde las viviendas vacías de la calle Guadalmena, 86 en el barrio del Polígono, hasta la sede de GICAMAN, pasando por la Delegación Provincial de Fomento.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Germán Peiro, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos, animaba a acudir a la manifestación para que la gente “se de cuenta” de que la vivienda “es un problema estructural y sistémico que hay que resolver”.

La historia de la promoción de 148 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en el barrio del Polígono de Toledo, conocidas popularmente como los “pisos negros”, se dilata en el tiempo desde que se entregaron las llaves entre los años 2012 y 2013.

Mientras los residentes y colectivos como la Plataforma de Toledo por una Vivienda denuncian el deterioro de los edificios, piden detener los desalojos, reparar las instalaciones y adaptar los alquileres a la vulnerabilidad económica de las familias, la Administración regional argumenta que la gran mayoría de las viviendas arrastra deudas prolongadas y defiende la necesidad de recuperar los inmuebles para asignarlos legalmente a personas en lista de espera.

Acceder a una vivienda digna, “principal problema” en Toledo

Movimiento Sumar Toledo ya ha mostrado su apoyo a esta manifestación, y denuncia “la falta de voluntad negociadora y el abandono en el que se encuentran muchas viviendas públicas”, y consideran “inaceptable que una administración pública actúe sin ofrecer soluciones habitacionales a familias vulnerables”.

El portavoz toledano de la formación, José Luis Resuela, ha señalado que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas de Toledo y las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan los precios y se expulsa a vecinos y vecinas de sus barrios”.

La formación vincula esta situación al aumento de la especulación inmobiliaria, la expansión de las viviendas turísticas y el efecto de la presión residencial procedente de Madrid, factores que —aseguran— están elevando los precios del alquiler y dificultando el acceso a la vivienda en todos los barrios de la ciudad.

Esta convocatoria se produce en un contexto de planificación de movilizaciones por el derecho a la vivienda en toda España. La primera concentración fue este pasado sábado, 23 de mayo, en Guadalajara, y fue seguida el domingo por otras en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza. Manifestaciones similares también recorrerán otras ciudades españolas durante el mes de junio.

La ministra se comprometió a mediar

Ante las amenazas de desahucio que se ciernen sobre varias familias de la calle Río Yedra 8, la Unión Popular de Inquilinas se manifestó hace una semana ante las puertas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha para pedir la mediación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acudía a la presentación de un libro.

Ante la presencia de una de las familias afectadas por la próxima orden de desahucio, la ministra se comprometió a “mediar” en la situación.

Según ha podido saber elDiario.es Castilla-La Mancha, desde el Ministerio de la Vivienda ya se han puesto en contacto con la Unión Popular de Inquilinas para pedir la información necesaria sobre el caso y, tras recibirla, les han trasladado que hablarán con las administraciones pertinentes, sin haber más novedades en este momento.

El juzgado notificará una nueva fecha para el desahucio previsto en Somosierra 32 tras no ejecutarse el lanzamiento, previsto para ayer, miércoles 20 de mayo, y que no se llevó a cabo porque no acudió la comitiva judicial, aunque tampoco informó de aplazamiento.

Tal y como ha informado el Sindicato de Vivienda de La Rioja, al haberse pasado esta primera fecha de lanzamiento, se tiene que notificar una nueva y, para ello, han de pasar unos días (que estiman en veinte).

El sindicato movilizó ayer a casi un centenar de ciudadanos para presionar la suspensión, o aplazamiento, del desahucio con una concentración frente al portal de la vivienda y lograr que, como mínimo, la afectada, una madre con dos menores, pueda quedarse hasta que acaben el curso escolar sus hijas.

La familia, monoparental, lleva residiendo en la vivienda diez años, “construyendo un hogar, echando raíces en el barrio, criando a sus hijas en unas calles que son las suyas”, según destacó el Sindicato de la Vivienda, que califica que no acudiera la comitiva judicial como “violencia institucional”.

Aunque desde el Palacio de Justicia se les informó de que la comitiva se retrasaba por estar en otro desahucio del que el sindicato no tenía constancia, “la realidad es que, a pesar de las horas, no apareció nadie”.

“Lo que sí apareció, en cambio, fue la angustia de una madre que no sabía si esa tarde tendría que abandonar el hogar de sus hijas”, ha resaltado el sindicato.

No entiende que no se tenga en cuenta la vulnerabilidad reconocida de la afectada, que no se ha ofrecido alternativa habitacional, que el propietario no ha querido negociar un aumento del alquiler y no hay retrasos en el pago del mismo.

A lo largo de esta semana, dos familias de Logroño iban a ser desahuciadas de sus casas ubicadas en la misma calle de la ciudad: Somosierra 32 y 18. El primero, el del número 32, estaba previsto para este mismo miércoles. El segundo para el próximo viernes.

Poco después de las doce del mediodía llegaban al número 32 de la calle Somosierra las primeras personas con un mismo objetivo: frenar el desahucio de una madre y sus dos hijas. Ciudadanos y ciudadanas anónimas y también representantes de colectivos como el Sindicato de Vivienda, UGT, CCOO, Izquierda Unida o la Acampada por Palestina. A pesar de estar previsto a las 13:30, pasadas las 15:00 horas, todavía no se ha ejecutado al no aparecer la comitiva judicial. El del viernes seguro que no porque ha sido aplazado.

Así lo ha comunicado el portavoz del Sindicato de Vivienda de La Rioja, Álvaro Marqués. “Para demostrar que la lucha sindical y la unión vecinal funciona, el desahucio del próximo viernes se ha aplazado al 26 de junio”. Entre aplausos, Marqués ha insistido en que “la justicia no es de fiar. Y cuando esta justicia no sea justa, ahí estaremos nosotros presentes así que, vecinas y vecinos, la única defensa legítima que tenéis contra vuestros rentistas y caseros que quieran especular con su vivienda es la filiación sindical y la unión vecinal”.

Una persona mayor en situación de vulnerabilidad

En este caso, la persona que iba a ser desahuciada es una persona mayor, también en situación de vulnerabilidad, que cobra el Ingreso Mínimo Vital y que, desde hace siete años, vive en el piso ubicado en la calle Somosierra de Logroño. “Cuando llegó la fecha de finalización del contrato, le envió un burofax para que abandonara la vivienda y como sindicato intentamos negociar una ampliación, incluso una subida del alquiler, pero no hubo manera ninguna de negociar, solo quería echarla”, explicaba Cristina Briongos del Sindicato de Vivienda de La Rioja. En este caso, “ni siquiera ha habido juicio y se ha ejecutado directamente”.

El Sindicato de Vivienda solicitó la justicia gratuita y la abogada presentó un recurso de oposición al desahucio, al que se respondió que no estaba presentado en forma, aunque no saben por qué. Después, se recurrió de nuevo y tampoco se aceptó, por lo que el desahucio se programó sin haber celebrado un juicio.

Y al igual que la madre y sus hijos menores, esta mujer tampoco tiene alternativa habitacional. Antes de conocer que su desahucio ha sido aplazado, Briongos contó a este medio que la mujer ya había comenzado a buscar “lonjas y trasteros para ir dejando todas sus cosas de una vida construida a lo largo de los años porque a lo máximo que puede aspirar ahora es a alquilar una habitación”. Una búsqueda en la que “la tristeza se alterna con la ansiedad de qué hacer y una búsqueda desesperada”. De momento, esta mujer se queda en su casa, al menos, hasta el próximo 26 de junio.

Estos no son los únicos casos de desahucio que llegan al Sindicato de Vivienda. Al parecer, en esta zona de Logroño están subiendo mucho los precios del alquiler. “Se está expulsando a vecinas de toda la vida, ahora son estas mujeres, pero mañana puedes ser tú”, advierte Briongos.

Poco después de las doce del mediodía han empezado a llegar las primeras personas al número 32 de la calle Somosierra de Logroño. Alrededor de un centenar de cidadanos y ciudadanas anónimas y también representantes de colectivos como el Sindicato de Vivienda, UGT, CCOO, Izquierda Unida o la Acampada por Palestina. El desahucio de esta vecina y sus dos hijas menores estaba anunciado para las 13,30 horas de este miércoles y todo estaba preparado para que cuando llegara la comitiva judicial se formara una barrera humana para negociar e intentar frenarlo.

Sin embargo, cuando el reloj ha marcado las 13.30, a los asistentes les ha empezado a extrañar que allí no hubiera rastro de Policía y que tampoco llegara la comitiva judicial. La poca información que ha recibido el Sindicato de Vivienda de los Juzgados de Logroño apuntaba a que la comitiva ya había salido de allí y que probablemente estuvieran ejecutando otro desahucio, del que en el Sindicato no tenían constancia. Han dado las 2, las 3 y el horario de cierre de los juzgados ha extrañado todavía más a los activistas, que creían que se trataba de una estretegia de “desgaste” y temían que llegaran cuando la gente se hubiera ido.

Así, las personas que estaban allí apoyando se han ido organizando en turnos para continuar apoyando a la mujer en el interior de la vivienda y en el portal por si llegaba la comitiva judicial, ya que en ningún momento la afectada ni su abogado ha recibido una notificación de aplazamiento del desahucio. Pero a las 7 de la tarde seguía sin haber novedades. “La comisión judicial no llegó, no hubo policía, no hubo notificación, no hubo ninguna comunicación oficial del Tribunal de Primera Instancia - Sección Civil - Plaza Nº 2 de Logroño. Solo silencio. Y ese silencio, cuando hay una familia esperando saber si esa noche tiene techo, no es una negligencia administrativa sino violencia institucional”, denuncian desde el Sindicato de Vivienda de La Rioja, que subrayan por encima de todo que “hay una familia que sigue sin saber qué va a pasar con su hogar”

“Lo que estamos documentando en La Rioja es grave, sistemático, y no puede seguir silenciándose. Hay opacidad, hay laberintos burocráticos diseñados para agotar a las más vulnerables mientras las rentistas tienen manga ancha para litigar sin obstáculos”, añaden. En este sentido, resaltan que el juez de este caso rechazó en vista oral la solicitud de aplazamiento que pedía simplemente poder terminar el curso escolar de sus hijas, y el propietario se ha negado incluso a negociar un incremento del alquiler. 

Denuncian, igualmente, la falta de alternativa habitacional para esta familia que lleva diez años viviendo en esa casa. “Hemos pedido respuestas, hemos llamado, hemos insistido, y seguimos sin recibirlas, y esa ausencia de respuesta no es casual ni inocente sino otra forma de ejercer violencia sobre la clase trabajadora”, defiende el sindicato en un comunicado, que reclama además “transparencia” a la justicia.

“Ven las calles de Logroño como un tablero de Monopoly”

Esta mañana, minutos antes de la hora prevista para el desahucio, Álvaro Marqués, portavoz del Sindicato de Vivienda, ha sido el primero en tomar la palabra para condenar el “fracaso de las instituciones para proteger a la ciudadanía de la especulación inmobiliaria”. La vecina de hoy es una madre con dos hijas menores a su cargo que llevan diez años viviendo en este mismo lugar. La del viernes -el otro desahucio programado que finalmente ha sido aplazado- es una mujer sola, enferma, que cobra el ingreso mínimo vital. Ambas en situación de vulnerabilidad. Ambas vecinas a escasos metros una de la otra.

“Podrían parecer coincidencias pero nosotros no creemos en las coincidencias”, señala Marqués a las puertas de la vivienda, “aquí hay intención”. Pone el acento en el hecho de que ambas están en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional y en que ambas han sufrido abusos por parte de sus caseros con presiones para abandonar la vivienda, amenazas y subidas abusivas del alquiler que enlos dos casos ellas han ido pagando. Y es que, en estos desahucios, no hay deudas de ningún tipo.

Tampoco le parece casual que sean dos desahucios en la misma calle y en la misma semana. “Los barrios se van gentrificando por la especulación de la clase rentista”, argumenta el portavoz del Sindicato de Vivienda, “siempre se busca la especulación para lograr máximas ganancias. Ven las calles de Logroño como un tablero de Monopoly, las viviendas son activos. Se ven como mercancías”.

En este caso se trata de un propietario particular pero, no de una única vivienda. “Es un multipropietario y tenemos claro que lo que busca es volver a subir los precios del alquiler porque los barrios obreros están ahroa muy demandados, no solo para vivir sino también para alquileres turísticos”. “Va a dejar de haber vecinas para que haya cada vez más Airbnb”, añade.

Denuncian que los informes de vulnerabilidad “parecen papel mojado” en los juzgados de La Rioja, como ya denunciaron en su momento en el último caso del barrio de El Campillo, un desahucio que, según ha anunciado hoy el Sindicato, se ha suspendido.

Los Mossos d’Esquadra han desahuciado este miércoles a una mujer, Olalla, y a sus tres hijos, del piso en el que vivían en Barcelona desde hace nueve años. El propietario, New Amsterdam Developers (NAD), es conocido en la ciudad por comprar fincas, vaciarlas de inquilinos y transformarlas el colivings (alquiler de habitaciones). 

Una cincuentena de activistas ha tratado de paralizar el desalojo, en la calle Buenos Aires, 60, pero los antidisturbios de los Mossos han conseguido desbloquear el acceso al edificio y entrar a la vivienda para hacer salir a la mujer. 

Esta era la segunda vez en pocos días que el juez ordenaba la ejecución de este lanzamiento a los Mossos. El pasado 12 de mayo el procedimiento se paró por la presión vecinal. 

Andrea Ribas, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, ha asegurado que la mujer desahuciada, Olalla, tiene el informe de vulnerabilidad acredito. Así, ha lamentado que “una nueva familia vulnerable ha sido expulsada de su casa por culpa de un fondo de inversión y de los Mossos”. 

Ha afirmado Ribas que, a pesar de haber “perdido” la batalla de este miércoles, el objetivo final del colectivo se mantiene. “Queremos expulsar a NAD de Barcelona y acabar con el negocio de la vivienda”, ha apuntado. 

Este fondo de inversión es el mismo que trató de desahuciar a Txema, en el barrio de Gràcia, antes de que se paralizase el proceso, o el Bloc Papallona. También ha sido señalado por hacerse pasar por pequeño propietario para evitar la legislación que afecta a los grandes tenedores en los desahucios. 

“Lo que ha pasado hoy, el sufrimiento que hemos visto, no es solo culpa de un malvado fondo de inversión, sino también de un gobierno que se llena la boca con el derecho a la vivienda cuando su principal política pública al respecto son los desahucios”, ha denunciado Ribas en referencia al Ejecutivo del PSC.

Por su parte, Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha denunciado que “el Govern, en lugar de multar a esta empresa holandesa que se dedica a hacer 'colivings' ilegales, lo que hace es enviar a los Mossos d'Esquadra para echar a familias”. 

La mujer desahuciada, Olalla, ha explicado en un vídeo en las redes sociales que vivía en la finca con sus tres hijos y ha denunciado las intenciones de NAD de querer vaciar el edificio para alquilar las habitaciones por más de 900 euros al mes. 

Además, ha recordado que el fondo holandés también es propietario del Bloc Papallona, el Bloc Sant Agustí y varios edificios más en la ciudad con los que, según ella, está actuando de la misma manera.

El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento, Joan Ramon Riera, ha condenado el desahucio y ha asegurado que están a disposición de Olalla para saber si tiene solución residencial familiar o si necesita la intervención de los servicios sociales. “Condenamos las actitudes de estos fondos de inversión que no protegen el uso residencial. La vivienda es para vivir”, ha declarado.

El Sindicato de Vivienda de La Rioja se prepara para dos desahucios en apenas tres días en la misma calle de Logroño. Apenas seis portales de la calle separan a dos mujeres que comparten estos días sentimientos: las dos tienen una orden de desahucio de las viviendas en las que llevan años viviendo a pesar de tener informes de vulnerabilidad y haber pagado cada mes el alquiler. “Están desoladas, ven cómo tienen que dejar toda su vida y no tienen alternativa habitacional”, señala Cristina Briongos, portavoz del sindicato. Preguntado por una solución habitacional para estas dos familias, el Ayuntamiento de Logroño asegura que actúa cuando se le requiere ofreciendo un alojamiento de urgencia, si bien aun no ha recibido ninguna solicitud.

El primero de los desahucios está previsto para el 20 de mayo a partir de las 12.30 horas en el número 32 de la calle Somosierra y afecta a una mujer con dos hijas menores, con una situación reconocida como de alta vulnerabilidad. El Sindicato, ha explicado su portavoz, tiene constancia de que el propietario tiene viviendas de uso turístico y sospechan que quiere darle este uso a la vivienda, dado que se ha negado a negociar, incluso, un aumento del alquiler a la familia que la ocupa, que le ha llegado a ofrecer hasta el doble de la cuota actual.

Cuando el caso llegó al sindicato, el juicio ya se había celebrado. En un primer momento, se prorrogó la posibilidad de permanecer en la vivienda. Sin embargo, “nadie les ha conseguido una alternativa de vivienda y los pisos les piden para entrar a vivir unos requisitos que no cumplen”, advierte Briongos, que subraya que, a nivel público, el IRVI (Instituto Riojano de Vivienda), donde lleva años como solicitante tampoco les ha ofrecido una alternativa habitacional, incluso teniendo informe de vulnerabilidad y dos menores a cargo. “El desahucio se prorrogó y ella se hubiera y ido, pero es imposible porque no hay vivienda”, resume.

Esta madre lo único que ha pedido últimamente es que esperen para que sus hijas puedan acabar el curso en el mismo barrio y la misma casa donde han crecido. Sin embargo, una orden desahucio con fecha del 20 de mayo no quiere esperar. Después de años viviendo en el mismo lugar, la familia es muy conocido en el barrio así que miembros del Sindicato de Vivienda de La Rioja se desplazaron este lunes a la Plaza Primero de Mayo, donde acude con sus hijas, para hacer el llamado “encuentro con el barrio”, que consiste en informar al vecindario de la situación, pedirles apoyo para tratar de frenar el desahucio, hacer pancartas y, en definitiva, que las dos mujeres “se sientan arropadas”.

El segundo desahucio es en el número 18 de la misma calle Somosierra y está programado a partir de las 12.00 el viernes 22 de mayo. La afectada es una mujer mayor, que también se encuentra en situación de vulnerabilidad, cobrando actualmente el Ingreso Mínimo Vital, y vive desde hace siete años en la misma vivienda. “Cuando llegó la fecha de finalización del contrato, le envío un burofax para que abandonara la vivienda y como sindicato intentamos negociar una ampliación, incluso una subida del alquiler, pero no hubo manera ninguna de negociar, solo quería echarla”, explica Cristina Briongos.

En este caso, “ni siquiera ha habido juicio y se ha ejecutado directamente”, resalta la portavoz. El Sindicato de Vivienda solicitó la justicia gratuita y la abogada presentó un recurso de oposición al desahucio, al que se respondió que no estaba presentado en forma, aunque no saben por qué. Después, se recurrió de nuevo y tampoco se aceptó, por lo que el desahucio se programó sin haber celebrado un juicio.

De nuevo, esta mujer tampoco tiene alternativa habitacional. “Ahora se encuentra buscando lonjas y trasteros para ir dejando todas sus cosas de una vida construida a lo largo de los años porque a lo máximo que puede aspirar ahora es a alquilar una habitación”, explica Cristina Briongos, que le acompaña de cerca en una situación en la que “la tristeza y la pena se alternan con la ansiedad de qué hacer y la búsqueda desesperada”.

No son los primeros casos que llegan al Sindicato de Vivienda de La Rioja en esta zona, actualmente tienen otro caso en el mismo bloque que una de las vecinas de Somosierra y otro en la aledaña Menéndez Pelayo. “En esta zona está subiendo mucho el precio del alquiler, se está expulsando a vecinas de toda la vida”, alerta Cristina Briongos. Por eso, están realizando acciones en la calle para hacer consciente al vecindario de que “un día puede ser estas vecinas, pero al día siguiente puede ser tú”. Ante esta realidad, el Sindicato de Vivienda llama de nuevo a la movilización para tratar de frenar los desahucios programados esta semana en la calle Somosierra. Para que dos mujeres vulnerables y dos menores no pierdan su hogar.