Tensión y cargas policiales este viernes en el barrio de Sansomendi de Vitoria ante un desahucio, que ha congregado a varios centenares de manifestantes. Alumnos de varios colegios han abandonado las clases para sumarse a las protestas en solidaridad con la familia, que habían empezado ya en la tarde de este jueves con una acampada. Los antidisturbios de la Ertzaintza y agentes de la Policía Local, que han llegado después, han cargado en varias ocasiones y varios manifestantes han resultado heridos. Se han volcado contenedores de vidrio y arrojado botellas y otros objetos. Según datos de la Policía vasca, hay dos detenidos, uno de 26 años y otro de 17. Pasadas las 13:00 horas, tras cuatro horas de enfrentamientos más o menos velados según el momento entre la Policía y los manifestantes, la familia ha abandonado la vivienda.

Se trata de una familia con seis hijos menores de edad, ocho personas en total, que reside de alquiler y está al corriente de pagos. El desahucio estaba previsto para la mañana de este viernes, después de que el desalojo se hubiese ido retrasando a lo largo de los últimos años, en los que el asunto ha estado sumido en litigios en los tribunales. El periódico 'El Correo' ha apuntado que la familia propietaria también es “vulnerable”. Desde la noche de este jueves, se había organizado una acampada para evitarlo, a la que se habían sumado decenas de personas.

Ya este viernes, uno de los hijos oteaba desde la ventana de la casa, viendo llegar a decenas y decenas de personas más. Una abundante columna, nutrida de estudiantes de colegios de la zona, ha llegado hasta el lugar en el que estaban instaladas las tiendas de campaña y se ha unido a la protesta, coreando consignas como “Borroka da bide bakarra” (“La lucha es el único camino”, en euskera). “PSOE, ¿dónde está la alternativa?”, se leía en una colgadura. En la ciudad, gobierna el PSE-EE en coalición con el PNV.

Ante la llegada de la Ertzaintza, poco antes de las 10:00, decenas de manifestantes se han concentrado ante el portal. Los han desalojado muy rápido. “Ser policía vergüenza me daría”, coreaban. “Policía asesina”, les han cantado también. Y “estos delincuentes desahucian a la gente”. Los momentos de tensión se han recrudecido cuando la primera línea de los manifestantes ha tratado de volver a avanzar. Se han volcado contenedores para arrojar objetos a los antidisturbios de la Brigada Móvil. Ha habido cargas y varios manifestantes han resultado heridos. La zona alrededor del edificio ha quedado perimetrada por la Ertzaintza, con los manifestantes divididos a un lado y otro. “Asesinos a sueldo, abuso de poder”, coreaban los manifestantes.

El desahucio se ha consumado en torno a las 13:30 horas, entre protestas. Varias dotaciones de comisarías de la Ertzaintza de fuera de Vitoria han reforzado la guarnición inicial. Varios manifestantes habían accedido a la vivienda, en la que esperaban a los antidisturbios acompañando a la familia. Al salir, se han escuchado disparos de 'foam'.

El Sindicato Socialista de Vivienda, impulsor de las protestas, ha denunciado “violencia policial” y ha apuntado a al menos cuatro detenidos y decenas de heridos. Se ha convocado una manifestación para la tarde de este viernes, que discurrirá desde las 19:00 horas desde la plaza de la Virgen Blanca, con el lema “Contra todos los desahucios y la represión policial”.

El Departamento de Seguridad, pr su parte, ha acusado a varias personas de lanzar “botellas y objetos contra agentes”. “Un grupo de concentrados ha comenzado a lanzar botellas, petardos y bolsas con orines contra los agentes, que, primeramente, han disparado varias salvas al aire y, después, han tenido que hacer uso de material antidisturbios y de los bastones policiales para contener la agresión”, ha señalado en una nota. Cifran en 58 las personas identificadas y apuntan a diecinueve agentes heridos, de los que una decena han requerido asistencia sanitaria.

“Hemos buscado dentro y fuera”

Uno de los hijos de la familia había comparecido este jueves ante los medios de comunicación para explicar el caso. “Hemos acudido a todas las inmobiliarias, hemos buscado dentro y fuera de Vitoria, pero en todas partes nos han cerrado las puertas”, explicaba. “Hemos ido a pedir ayuda a asociaciones de Vitoria y todas nos han dirigido a los Servicios Sociales, a los que hemos acudido muchísimas veces, y ahí también han dicho que no pueden hacer nada y no nos ofrecen ninguna alternativa”, relataba, asegurando que lo único que se les ha ofrecido es “una hoja con apartamentos turísticos”. La familia pide alternativas a las instituciones, para no acabar en la calle. De su lado, el diario 'El Correo' ha apuntado que la familia propietaria también es “vulnerable”.

El Ayuntamiento, en una nota publicada este viernes, ha explicado que a la familia se “le ha ofrecido la única alternativa posible disponible, una acogida de urgencia y provisional en un recurso social, que ha rechazado”. Los Servicios Sociales, ha señalado el Consistorio, “no disponen de viviendas para adjudicarlas directamente”.

“Esta familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que desde hace años las administraciones públicas le prestan ayuda para afrontar tanto su situación económica como social. Por respeto a la intimidad de la familia, el Ayuntamiento no va a dar información de su expediente. El compromiso es seguir trabajando dentro de las competencias municipales, ofreciendo la respuesta social en función de sus necesidades”, ha añadido el Ayuntamiento.

“Absoluta dejadez”

Las reivindicaciones de la familia han contado con el respaldo del Sindicato Socialista de Vivienda. Ane Mendiguren, en representación del sindicato, denunciaba ante los medios la “absoluta dejadez” del Gobierno municipal, compuesto por PSE-EE y PNV. “A menos de 24 horas del desahucio de ocho personas, seis de ellas menores de edad, todavía no han dado ningún tipo de respuesta, ni se han pronunciado, no les han dicho nada ni a la familia ni al Sindicato Socialista de Vivienda”, se quejaba este jueves.

Desde este jueves, había alrededor de un centenar de personas acampadas frente al portal en el que estaba previsto el desahucio. En torno a las tiendas, se han celebrado conciertos (con la música de Kiliki, de Chill Mafia, y Kullen) y se ha organizado incluso una chocolatada.

El sindicato Erne, por su parte, ha echado en cara al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, encabezado por el consejero Bingen Zupiria, una “nula previsión” y una “deficiente organización”. “Era una situación que se veía venir desde [el jueves], pero, una vez más, la falta de planificación ha obligado a movilizar precipitadamente efectivos policiales desde diferentes puntos de Euskadi”, se ha quejado la central. “¿Por qué no se planificó con antelación un dispositivo adecuado? ¿Por qué se espera al último momento para movilizar recursos?”, se pregunta en una nota hecha pública este viernes.

Erne ha exigido responsabilidades y que se ejecute una planificación “seria” de los dispositivos policiales. “Esta improvisación no solo pone en riesgo la integridad de nuestros compañeros y compañeras, sino que puede comprometer la seguridad de otras localidades al retirar efectivos de sus demarcaciones”, ha protestado.

José Carmelo Cuartero està jubilat. Té 68 anys i és natural d'Osuna. Porta barret i bastó, camina amb dificultat, i encara que fa “tota la vida” que és a Menorca, té un deix inconfusiblement andalús en la seva forma de parlar. El passat 6 d'octubre va decidir posar-se en vaga de fam a les portes de l'Ajuntament de Sant Lluís després de ser expulsat de la casa que llogava en una finca rústica a la urbanització de S’Algar, al sud-est insular. “Vaig arribar a Menorca el 1976. Des dels 17 anys he treballat com a pescador en una barca d'arrossegament. Fa uns vint anys vaig patir una lesió medul·lar a la feina que em va deixar amb un 35% de discapacitat”, explica l'afectat, qui recorda que va arribar al terreny fa més de dues dècades després d'arribar a un acord amb l'anterior propietari. “El propietari va morir fa poc i el 2024 els seus hereus em van anunciar que vendrien la finca i que havia de marxar”, explica.

Carmelo va escriure la seva història en un cartró gran que l'acompanya en la seva protesta silenciosa. Assenyala que, després de la defunció de l'anterior propietari, els nous li van portar una acta per la qual havia d'abandonar el domicili al cap de quatre mesos, moment en el qual finalitzava el contracte de lloguer. Assegura que va acceptar signar-lo, però va advertir que, si arribat aquest moment no trobava un altre lloc on viure, romandria allí fins a tenir una alternativa.

“Com que no he trobat res que pugui pagar amb la meva escassa pensió, em vaig quedar. Els propietaris em van denunciar i, encara que vaig intentar acollir-me a la Llei d'Arrendament Rústic, al final no vaig poder fer res”, explica l'afectat, qui sosté que el jutjat que portava el seu cas havia de reconèixer que el seu contracte de lloguer es regia per la Llei 26/2005 d'Arrendament Rústic, en virtut de la qual s'estableix que “els propietaris d'immobles llogats sota aquesta modalitat han d'avisar amb un any d'antelació de la voluntat de posar fi al contracte; en cas contrari, aquest es renova automàticament per cinc anys”.

Com que no he trobat res que pugui pagar amb la meva escassa pensió, em vaig quedar

José Carmelo — Desnonat

Consultat sobre el cas, l'advocat d'ofici que assisteix legalment en José Carmelo ha declinat la proposta de fer declaracions sobre les reivindicacions del seu representat. La qüestió del preavís depèn, en qualsevol cas, del tipus de contracte que regia el lloguer. Si bé és cert que la Llei d'Arrendaments Rústics estableix un termini d'un any per comunicar la no renovació de determinats contractes subjectes a aquesta normativa, aquesta disposició no s'aplica automàticament a qualsevol habitatge situat en sòl rústic, per la qual cosa la seva aplicació al cas d'en Carmelo depèn de la naturalesa del contracte. Segons narra en el seu cartró i explica a qui vulgui escoltar-lo, l'acord amb l'anterior propietari era “de paraula, com es feien les coses abans”.

Pocs dies després del desallotjament, un dels hereus de la finca de S’Algar va denunciar José Carmelo davant la Guàrdia Civil per presumptes amenaces, insults i intimidació, que, assegura, es van produir quan Carmelo va acudir a l’immoble després del llançament mentre el nou propietari retirava estris. El denunciant sosté que Carmelo va ser degudament notificat de la no renovació del contracte i assegura que se li va oferir una compensació econòmica per evitar que el desnonament s’executés per la via judicial.

Malgrat que es tractava d’un habitatge molt humil, durant més de dues dècades Carmelo va convertir la finca en la seva llar. “Era amb prou feines poc més que una casa d’eines, però jo la vaig moblar, la vaig cuidar, la vaig pintar, li vaig posar electrodomèstics. Tenia el meu hort i fins i tot vaig portar oliveres d’Andalusia”, lamenta l’afectat, qui insisteix que la pèrdua més gran és la dels seus animals: un conill, dos gats, set galls i sis gallines, que en la seva majoria han quedat en mans de veïns fins que el seu amo trobi on viure.

Era amb prou feines poc més que una casa d’eines, però jo la vaig moblar, la vaig cuidar, la vaig pintar, li vaig posar electrodomèstics. Tenia el meu hort i fins i tot vaig portar oliveres d’Andalusia

José Carmelo — Desnonat

En Carmelo va passar tres dies vivint al seu vehicle sense poder netejar-se i mantenint la vaga de fam “Vaig estar allí plantat davant l'Ajuntament i davant l'Església exigint alguna solució”, assegura, i insisteix en la falta de disposició del Consistori, els funcionaris del qual li van oferir pagar-li un traster per guardar les seves coses durant dos mesos després del llançament, segons la seva versió. “Des dels serveis socials no em poden oferir res perquè diuen que tinc la possibilitat de viure amb els meus fills o amb la meva exdona a qui no veig fa dècades. No vull tornar a Andalusia. Ningú m'ha de dir a mi on he de viure”, afirma.

En Carmelo ha deixat els seus animals amb uns veïns mentre es resol la situació: un conill, dos gats, set galls i sis gallines

Consultat per aquest mitjà, l'Ajuntament de Sant Lluís ha declinat fer declaracions sobre el cas, al·legant que “existeixen qüestions que afecten informació privada protegida per la normativa de protecció de dades”.

Passades les primeres 72 hores de vaga, en Carmelo ha confirmat que finalment des del municipi li van aconseguir un allotjament provisional durant 15 dies. La solució temporal no resol, per ara, el seu problema d'accés a un habitatge estable i assequible, encara que reconeix que “quelcom és quelcom”. Mentre deambula per Sant Lluís, el poble que l'ha acollit durant vint anys, l'ancià andalús reflexiona sobre la crisi de l'habitatge. “Jo sé que això no em passa només a mi, tot això és una desraó. No ho entenc, però m'és igual. Ja em fa igual fins i tot morir-me”, es lamenta.

Des de la Plataforma per l'Habitatge de Menorca adverteixen que els casos d'en José Carmelo no són situacions aïllades, sinó una mostra de les dificultats que afronten els qui no poden assumir els preus del mercat immobiliari a Menorca. Seguint la reflexió d'en Carmelo, l'entitat alerta que la falta d'accés a un habitatge pot portar les persones “a la vora del suïcidi”, a causa de l'impacte que aquestes situacions tenen en la salut física i mental, amb conseqüències com ansietat, depressió, deficiències nutricionals i condicions de vida insalubres. Subratllen, a més, que el problema afecta perfils molt diversos i no únicament a persones grans o migrants.

L'acampada de Maó

Segons dades del partit judicial de Maó, abans de l'entrada en vigor el passat 1 d'octubre del decret llei d'habitatge que suspèn temporalment els desnonaments, hi havia 63 llançaments judicials previstos. Dos d'ells es van arribar a executar: el d'en Carmelo i el d'una família d'origen subsaharià que, igual que l'andalús, van iniciar una protesta davant l'Ajuntament, en aquest cas, el de Maó. “No ens movem d'aquí fins que ens donin solucions habitacionals. No poden fer-nos fora al carrer com a gossos”, va declarar la Thais, originària de Guinea Equatorial i mare d'un menor, després de ser desnonada d'un habitatge al Camí des Castell, al centre de la capital insular.

El desallotjament de la Thais i la seva família va posar de manifest les condicions de precarietat en les quals vivien entre 15 i 20 persones a l'immoble, que mancava d'aigua potable i presentava greus deficiències de salubritat. El procediment judicial s'havia iniciat el 2021, després que els nous propietaris emprenguessin accions per recuperar la finca. Després del llançament, la Thais i el seu marit d'origen senegalès van instal·lar la primera tenda d'una acampada que va arribar a sumar fins a vint veïns en emergència habitacional davant l'Ajuntament de Maó per reclamar solucions urgents a la crisi d'habitatge.

L'acampada finalment es va aixecar després d'una setmana d'activitats obertes, jornades de reflexió pública i taules rodones. “Aixequem l'acampada amb la intenció de concentrar esforços de cara a la vaga general per l'habitatge convocada per al pròxim11 de novembre”, van explicar els portaveus de la Plataforma Menorca per l'Habitatge, que van romandre acompanyant els afectats en successives trobades amb els serveis socials. Thais va confirmar que provisionalment s'allotja en dependències de Càritas de Maó, encara que es tracta d'un alberg transitori i insisteix que la falta d'alternativa habitacional l'obliga irremeiablement a “quedar-se al carrer”.

Finalment, el col·lectiu de militants pel dret a l'habitatge de l'illa atribueix part d'aquesta situació a la pressió de la demanda externa. “Des de fa anys Menorca rep una demanda d'habitatge per part de sectors la capacitat adquisitiva dels quals és molt superior a la de la població resident, la qual cosa dificulta tant el lloguer com la compra”, expliquen. Davant d'aquesta situació defensen la implementació de mesures com “l'expropiació i rehabilitació d'immobles buits per destinar-los posteriorment al lloguer social”. Segons el col·lectiu, existeixen fins a 156 apartaments abandonats en el municipi des Castell i més de 580 habitatges buits a Maó. “No volem més gent sense cases, ni cases sense gent”, conclouen.

José Carmelo Cuartero está jubilado. Tiene 68 años y es natural de Osuna. Lleva sombrero y bastón, camina con dificultad, y aunque lleva “toda la vida” en Menorca, tiene un deje inconfundiblemente andaluz en su forma de hablar. El pasado 6 de octubre decidió ponerse en huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento de Sant Lluís tras ser expulsado de la casa que alquilaba en una finca rústica en la urbanización de S’Algar, en el sureste insular. “Llegué a Menorca en 1976. Desde los 17 años he trabajado como pescador en una barca de arrastre. Hace unos veinte años sufrí una lesión medular en el trabajo que me dejó con un 35% de discapacidad”, explica el afectado, quien recuerda que llegó al terreno hace más de dos décadas tras llegar a un acuerdo con el anterior dueño. “El propietario falleció hace poco y en 2024 sus herederos me anunciaron que venderían la finca y que debía marcharme”, cuenta. 

Carmelo escribió su historia en un cartón grande que le acompaña en su protesta silenciosa. Señala que, tras el fallecimiento del anterior dueño, los nuevos propietarios le llevaron un acta por la cual debía abandonar el domicilio al cabo de cuatro meses, momento en el que finalizaba el contrato de alquiler. Asegura que aceptó firmarlo, pero advirtió de que, si llegado ese momento no encontraba otro lugar donde vivir, permanecería allí hasta tener una alternativa habitacional.

“Como no he encontrado nada que pueda pagar con mi escasa pensión, me quedé. Los propietarios me denunciaron y, aunque intenté acogerme a la Ley de Arrendamiento Rústico, al final no pude hacer nada”, explica el afectado, quien sostiene que el juzgado que llevaba su caso debía reconocer que su contrato de alquiler se regía por la Ley 26/2005 de Arrendamiento Rústico, en virtud de la cual se establece que “los propietarios de inmuebles alquilados bajo esa modalidad deben avisar con un año de antelación de la voluntad de poner fin al contrato; de lo contrario, este se renueva automáticamente por cinco años”.

Como no he encontrado nada que pueda pagar con mi escasa pensión, me quedé

José Carmelo — Desahuciado

Consultado sobre el caso, el abogado de oficio que asiste legalmente a José Carmelo ha declinado la propuesta de hacer declaraciones sobre las reivindicaciones de su representado. La cuestión del preaviso depende, en cualquier caso, del tipo de contrato que regía el alquiler. Si bien es cierto que la Ley de Arrendamientos Rústicos establece un plazo de un año para comunicar la no renovación de determinados contratos sujetos a esa normativa, esta disposición no se aplica automáticamente a cualquier vivienda situada en suelo rústico, por lo que su aplicación al caso de Carmelo depende de la naturaleza del contrato. Según narra en su cartón y explica a quien quiera escucharle, el acuerdo con el anterior dueño era “de palabra, como se hacían las cosas antes”. 

Pocos días después del desalojo, uno de los herederos de la finca de S’Algar denunció a José Carmelo ante la Guardia Civil por presuntas amenazas, insultos e intimidación, que, asegura, se produjeron cuando Carmelo acudió al inmueble tras el lanzamiento mientras el nuevo propietario retiraba enseres. El denunciante sostiene que Carmelo fue debidamente notificado de la no renovación del contrato y asegura que se le ofreció una compensación económica para evitar que el desahucio se ejecutara por la vía judicial. 

A pesar de que se trataba de una vivienda muy humilde, durante más de dos décadas Carmelo convirtió la finca en su hogar. “Era apenas poco más que una casa de aperos, pero yo la amoblé, la cuidé, la pinté, le puse electrodomésticos. Tenía mi huerto y hasta traje olivos de Andalucía”, lamenta el afectado, quien insiste en que la pérdida más grande es la de sus animales: un conejo, dos gatos, siete gallos y seis gallinas, que en su mayoría han quedado en manos de vecinos hasta que su amo encuentre dónde vivir. 

“Era apenas poco más que una casa de aperos, pero yo la amoblé, la cuidé, la pinté, le puse electrodomésticos. Tenía mi huerto y hasta traje olivos de Andalucía”

José Carmelo — Desahuciado

Carmelo pasó tres días viviendo en su vehículo sin poder asearse y manteniendo la huelga de hambre “Estuve ahí plantado frente al Ayuntamiento y frente a la Iglesia exigiendo alguna solución”, asegura, e insiste en la falta de disposición del Consistorio, cuyos funcionarios le ofrecieron pagarle un trastero para guardar sus cosas durante dos meses después del lanzamiento, según su versión. “Desde los servicios sociales no me pueden ofrecer nada porque dicen que tengo la posibilidad de vivir con mis hijos o con mi exmujer a quienes no veo hace décadas. No quiero volver a Andalucía. Nadie me tiene que decir a mí dónde tengo que vivir”, afirma. 

Carmelo ha dejado sus animales con unos vecinos mientras se resuelve la situación: un conejo, dos gatos, siete gallos y seis gallinas

Consultado por este medio, el Ayuntamiento de Sant Lluís ha declinado hacer declaraciones sobre el caso, alegando que “existen cuestiones que afectan a información privada protegida por la normativa de protección de datos”. 

Pasadas las primeras 72 horas de huelga, Carmelo ha confirmado que finalmente desde el municipio le consiguieron un alojamiento provisional durante 15 días. La solución temporal no resuelve, por ahora, su problema de acceso a una vivienda estable y asequible, aunque reconoce que “algo es algo”. Mientras deambula por Sant Lluís, el pueblo que le ha acogido durante veinte años, el anciano andaluz reflexiona sobre la crisis de vivienda. “Yo sé que esto no me pasa sólo a mí, todo esto es una sinrazón. No lo entiendo, pero me da igual. Ya me da igual hasta morirme”, se lamenta. 

Desde la Plataforma per l'Habitatge de Menorca advierten de que los casos de José Carmelo no son situaciones aisladas, sino una muestra de las dificultades que afrontan quienes no pueden asumir los precios del mercado inmobiliario en Menorca. Siguiendo la reflexión de Carmelo, la entidad alerta de que la falta de acceso a una vivienda puede llevar a las personas “al borde del suicidio”, debido al impacto que estas situaciones tienen en la salud física y mental, con consecuencias como ansiedad, depresión, deficiencias nutricionales y condiciones de vida insalubres. Subrayan, además, que el problema afecta a perfiles muy diversos y no únicamente a personas mayores o migrantes.

La acampada de Maó

Según datos del partido judicial de Maó, antes de la entrada en vigor el pasado 1 de octubre del decreto ley de vivienda que suspende temporalmente los desahucios, había 63 lanzamientos judiciales previstos. Dos de ellos se llegaron a ejecutar: el de Carmelo y el de una familia de origen subsahariano que, al igual que el andaluz, iniciaron una protesta frente al Ayuntamiento, en este caso, el de Maó. “No nos vamos de aquí hasta que nos den soluciones habitacionales. No pueden echarnos a la calle como perros”, declaró Thais, originaria de Guinea Ecuatorial y madre de un menor, tras ser desahuciada de una vivienda en Camí des Castell, en el centro de la capital insular. 

El desalojo de Thais y su familia puso de manifiesto las condiciones de precariedad en las que vivían entre 15 y 20 personas en el inmueble, que carecía de agua potable y presentaba graves deficiencias de salubridad. El procedimiento judicial se había iniciado en 2021, después de que los nuevos propietarios emprendieran acciones para recuperar la finca. Tras el lanzamiento, Thais y su marido de origen senegalés instalaron la primera carpa de un acampe que llegó a sumar hasta veinte vecinos en emergencia habitacional frente al Ayuntamiento de Maó para reclamar soluciones urgentes a la crisis de vivienda. 

La acampada finalmente se levantó tras una semana de actividades abiertas, jornadas de reflexión pública y mesas redondas. “Levantamos el acampe con la intención de concentrar esfuerzos de cara a la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre”, Explicaron los voceros de la Plataforma Menorca per l’Habitatge, que permanecieron acompañando a los afectados en sucesivos encuentros con los servicios sociales. Thais confirmó que provisionalmente se aloja en dependencias de Cáritas de Maó, aunque se trata de un albergue transitorio e insiste en que la falta de alternativa habitacional la obliga irremediablemente a “quedarse en la calle”. 

Finalmente, el colectivo de militantes por el derecho a la vivienda de la isla atribuye parte de esta situación a la presión de la demanda externa. “Desde hace años Menorca recibe una demanda de vivienda por parte de sectores cuya capacidad adquisitiva es muy superior a la de la población residente, lo que dificulta tanto el alquiler como la compra”, explican. Frente a esta situación defienden la implementación de medidas como “la expropiación y rehabilitación de inmuebles vacíos para destinarlos posteriormente al alquiler social”. Según el colectivo, existen hasta 156 apartamentos abandonados en el municipio de Es Castell y más de 580 viviendas vacías en Maó. “No queremos más gente sin casas, ni casas sin gente”, concluyen. 

“La realidad social del tiempo presente”, la “severa crisis habitacional” o la “quiebra del mercado de la vivienda”. Son los argumentos a los que se acoge una novedosa sentencia para impedir el desalojo forzoso de una familia con cinco menores que mantiene ocupado en el municipio de Leganés un inmueble propiedad de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. Se trata de una vivienda en la que reside una familia sin apenas ingresos, con cinco niños de entre doce y dos años “en exclusión severa” y sin alternativa habitacional. 

La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, fue dictada el pasado lunes por la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 29 de Madrid, Raquel Catalá. La magistrada alude al artículo del Código Civil que afirma que “las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” para anular la resolución mediante la que la AVS pretendía recuperar ese inmueble y desalojar a esta familia vulnerable. 

En la sentencia, que no es firme, la jueza reconoce que, hasta el momento, en casos similares de vivienda pública bastaba con acreditar que se trataba de una ocupación para confirmar lo que se conoce técnicamente como “recuperación posesoria”. Esto es, la restitución de ese inmueble a la Administración, que podía después instar su desalojo. Ese criterio, dice la sentencia, se fundamentaba en una “aplicación rigurosa” de las prerrogativas que la ley concede a la Administración para recuperar de oficio sus bienes. 

Sin embargo, la jueza subraya que “la realidad social del tiempo presente, con los acontecimientos sociales acaecidos recientemente, y la mutación radical del marco normativo con el impacto de las reformas urgentes y la quiebra fáctica del mercado de la vivienda” imponen una “obligada y explícita” evolución de ese criterio interpretativo en casos de ocupación de vivienda pública.  

A este respecto, subraya que la “crisis habitacional severa actual, el incremento del riesgo de exclusión residencial” y los últimos decretos de vivienda a raíz del caso de Maricarmen “evidencian que el espíritu del legislador ha cambiado de manera drástica”. “Mantener una interpretación inmutable y ajena a estas transformaciones estructurales sociales, supondría vaciar de contenido el mandato tuitivo de las leyes”, recoge la sentencia. Y añade que la potestad que permite a la Administración recuperar de oficio sus bienes no es “un cheque en blanco que la habilite para actuar de espaldas a la realidad socioeconómica” de los afectados. 

“Vivienda pública vacía y tapiada”

La magistrada defiende “abordar la vivienda como un derecho humano interconectado de manera indisoluble con las desigualdades estructurales”. Y también aplica la perspectiva de género al constatar que la exclusión residencial afecta especialmente a las mujeres, que son las “principales sustentadoras de los hogares vulnerables”. Son ellas, los menores y las personas mayores quienes “asumen el impacto traumático del desalojo de la vivienda y del hogar en el que residen desde una posición de mayor debilidad”, sostiene. 

“Desahuciar a una unidad familiar sin ingresos, con varios hijos e hijas menores a su cargo, sin que la Administración acredite su reubicación, ni la asignación inmediata de la vivienda a otro adjudicatario legal, constituye un formalismo ciego que choca frontalmente con la equidad”, dice la magistrada, que se muestra muy crítica con el hecho de que la Comunidad de Madrid no haya acreditado “en ningún momento” que esa vivienda social ya haya sido adjudicada a otra familia a través de las listas de espera o los procedimientos oficiales.

“Se aboca a unos niños y unas niñas al desamparo residencial para dejar una vivienda pública vacía y tapiada/sellada”, dice la magistrada, que defiende que al no probarse que la recuperación del inmueble se deba a que ya ha sido adjudicada a otros menores o familias con un título legítimo de ocupación, la resolución impugnada carece de causa legítima y de la motivación de interés público indispensable. Y que eso justifica la estimación del recurso presentado por la familia.

Este mismo jueves, El País publicó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene casas blindadas durante años propiedad de la AVS tras desalojar a familias “okupas”. Dicho periódico tomó como ejemplo el caso de una calle de la capital, si bien se trata de un fenómeno que se repite en otros barrios. Según este reportaje, completado el desahucio y colocada la puerta “antivandálica”, la entrada de nuevos inquilinos se demora durante años. 

Las alegaciones de la Comunidad de Madrid

En sus alegaciones, la AVS defendió la legalidad de la resolución con la que pretendía el desalojo forzoso de esta familia alegando que el inmueble forma parte del dominio público autonómico y que la ley le faculta para recuperar de oficio su posesión. La representación letrada del Gobierno regional sostuvo que se trata de un procedimiento administrativo “estrictamente reglado” cuyo único objeto es verificar la existencia de una ocupación ilegal. 

Por otra parte, la Administración autonómica adujo que la situación socioeconómica de la familia y la presencia de menores no constituyen argumentos jurídicos que puedan legitimar su permanencia en el inmueble. Según la AVS, aceptar la vulnerabilidad como causa de regularización implícita significaría amparar una actuación al margen de la ley. E iría en perjuicio de otras familias que “encontrándose en similar o peor situación de necesidad” solicitan una vivienda pública a través de los cauces reglamentarios. 

elDiario.es se puso en contacto este jueves con un portavoz de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, quien aseguró que no tenía constancia de esta sentencia. La resolución puede ser recurrida en un plazo de 15 días. 

Durante las últimas semanas, los encuentros del Sindicato de Inquilinas de Madrid con la prensa se han producido en ambientes de convulsión, tensión e incluso dramatismo. El desahucio de Maricarmen, las protestas que le siguieron, el inicio de la acampada en Sol, la aprobación y caída de los decretos de vivienda. Las portavoces de la organización atendían a los numerosos medios que se agolpaban a su alrededor con declaraciones potentes, pero sin tiempo para la reflexión ante la voraz actualidad.

Aunque las tiendas siguen en Sol y la crisis habitacional continúa ahogando a millones de familias, el Sindicato ha celebrado este jueves en el Ateneo La Maliciosa una jornada en la que trasladar a la opinión pública de forma más pausada sus estrategias, sus objetivos y los medios para materializarlos. Todo ello con un horizonte claro: la huelga general convocada el miércoles 11 de noviembre.

“Ahora mismo el Sindicato está poniendo todas sus fuerzas en organizar la huelga con los comités unitarios, además de retomar el sindicalismo inquilino y las asambleas abiertas en los barrios. Apoyamos la acampada y a los militantes participan, aunque no tengamos un puesto permanente ya, pero la prioridad es construir la huelga porque creemos que es la herramienta ideal”, ha comenzado explicando Alicia del Río, portavoz. Han acudido además Elisa Molina, de la Comisión de Organización; Álvaro Piélago, responsable de prensa y Lucas Vázquez, coordinador de comunicación del Comité de Huelga de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (la cual ha pasado en pocos meses de integrar solo Madrid y Catalunya a sumar una quincena de territorios).

Del “impacto” de los sindicatos mayoritarios a la “alianza natural” con otras organizaciones

Del Río ha querido atajar “la desinformación y los bulos contra la huelga”, de la cual “todos los actores se la van a intentar apropiar, más en medio de unas elecciones”. Pese a destacar el crecimiento de su organización y toda la Condeferación en el país, recalca que “vivienda y salario dos caras de la misma moneda, así que para lograr el impacto deseado necesitábamos a los sindicatos, también los mayoritarios”. No obstante, admite que sus “alianzas naturales” son organizaciones “más combativas”, como CNT, CGT o entidades ecologistas y antirracistas. El fin último es que la huelga sirva de “golpe de toda la sociedad contra un sistema rentista que nos destroza la vida en comunidad, también a los propietarios que ven cómo su edificio se llena de pisos turísticos o los amigos de sus hijos se tienen que ir del cole”. De hecho, Elisa Molina apunta que “la huelga general y la educativa, con sus particularidades, deben entenderse como una”.

Preguntada por dónde quedó la propuesta de impulsar una gran huelga de alquileres, muy pregonada en las movilizaciones pro la vivienda de 2024, la portavoz no la rechaza de plano más adelante: “No nos despedimos del objetivo, pero entendemos que la problemática no está despegada de lo laboral y de ahí que la huelga general sea la herramienta más efectiva. Dejar de pagar el alquiler es una herramienta histórica olvidada que pusimos sobre la mesa para que las inquilinas sepan que pueden dar la vuelta a la tortilla. De momento lo hemos probado parcialmente y contra rentistas concretos, como el fondo Nestar”.

“Que las casas pasen de ser un bien de mercado a un derecho no lo podríamos conseguir solos, necesitamos un proyecto que unifique luchas. Reforzar alianzas con el sindicalismo laboral u organizaciones de barrio sirve para lograr más poder. Si conseguimos victorias sin un frente realmente fuerte, desplazaríamos los costes del capitalismo a otro sector. Hay que recuperar herramientas históricas de la clase trabajadora que nos unen”, defiende Alicia del Río. El propósito es también “extender el sindicalismo de base a sectores que no estaban tan organizados, como la juventud o la población migrante, para forjar un ciclo de poder popular ante el descrédito de las instituciones”.

Reforzar alianzas con el sindicalismo laboral u organizaciones de barrio sirve para lograr más poder. Si conseguimos victorias sin un frente realmente fuerte, desplazaríamos los costes del capitalismo a otro sector

Alicia del Río — Portavoz del Sindicato de Inquilinas

Desde el Sindicato insisten en que se trata de “una huelga contra el sistema rentista y contra los gobiernos que lo sustentan, las instancias a su servicio tanto por obra como por omisión”. Al ser preguntada sobre la apropiación de sus reclamaciones por parte de los partidos de izquierda en un contexto electoral, la activista reconoce que eso está ocurriendo, al tiempo que opta por focalizar sus esfuerzos en otras luchas más que en desacreditar la apropiación de su lucha: “Intentamos no perder el tiempo y medir qué medios tenemos para que nuestro mensaje cale”. “En función de si una comunicación o un mensaje en redes se sale de un marco u otro se nos respalda o se nos acusa. Para nosotros lo importante es poner las reclamaciones de vivienda en el centro”, destaca Álvaro Piélago.

Sobre el papel de CCOO y UGT, Elisa Molina indica que hay “sectores que dependen mucho de ellos para un respaldo masivo”, por lo que esperan que sigan volcados con la movilización. Avanza que en la mesa sindical están presentes representantes de EMT, Metro o la educación, donde esperan seguimientos masivos al margen de los servicios mínimos. “Esta huelga es unitaria y de carácter popular, no le pertenece a ninguna organización. Los sindicatos somos una herramienta de servicio”, setencia.

Ambición de “generar una conversación pública” alrededor de la huelga

Una vía hacia el paro que se articula con mecanismos con una web recién creada o una apliación donde pueden consultarse, entre otros datos, los comités de huelga desplegados por todo el país. “Es una herramienta importante para animar a participar en la huelga a personas que quieren y no saben cómo, de conectar a gente separada”, subraya Molina.

El primer portal recoge además referentes históricos de otras huelgas, un seguimiento interactivo de piquetes o actos de divulgación e incluso argumentarios sectoriales para convencer a personas pertenecientes a diversos colectivos (desde pensionistas hasta estudiantes) sobre por qué deben sumarse a los paros y las manifestaciones. Piélago espera que la huega del 11N “genere una conversación pública, aunque sea desde la discrepancia, como pasó después del desahucio de Maricarmen”.

Sobre lo que vendrá más allá de la huelga, además de un gran acto que preparan en Vistalegre el día 15 de noviembre o de la variable electoral dos semanas después, Alicia del Río alerta de una amenaza externa y una interna. El primero tiene que ver con la ola reaccionaria: “Un Gobierno con fascistas implica estar más a la defensiva, pero nuestra tarea es animar a luchar, difundir el mensaje de que votar es importante pero no es suficiente”. El segundo, con el temor de repetir los errores de organizaciones que encauzaron la indignación en etapas anteriores: “El mayor riesgo es correr tanto que perdamos la distancia con la base, convertirnos en una cúpula de listos”. Así avanzan en su objetivo de parar el país: desde una rabia modesta.

La comitiva judicial, acompañada por un amplio despliegue policial, ha ejecutado este jueves el desahucio de Daniel González, físico e investigador de la Universitat de València, en Burjassot. El Sindicat d'Habitatge de València había convocado a los medios de comunicación a primera hora ante el inmueble, pero el desalojo se ha adelantado y ha sorprendido a Daniel.

El operativo, con gran presencia de unidades de la Unidad de Intervención Policial, ha cogido por sorpresa al afectado, quien se encontraba durmiendo tras apenas haber descansado unas pocas horas, según él mismo ha relatado. “Me he despertado sobre las 6 de la mañana porque he empezado a oír ruidos en la calle. Yo sí que es cierto que tengo un sueño muy ligero, pero me he despertado y bueno, pues había furgones de estos de intervención policial, o sea, antidisturbios, cortando la calle, un montón de señores”, ha explicado Daniel.

Tras lograr tranquilizarse lo suficiente para vestirse y recoger una mochila y su bicicleta, Daniel ha salido del edificio tras ser requerido para identificarse. “Me he sentido claramente acorralado, que era lo que quería evitar; por eso no quería hacer más protestas”, ha relatado el investigador valenciano, que ha sufrido un episodio de ansiedad. “Yo ya sabía que esto iba a pasar”, ha añadido, al tiempo que lamentaba: “Luego no ponen dispositivos policiales para cosas más importantes, pero para esto, como si fuese yo aquí un puñetero terrorista de Al Qaeda; vamos, me he sentido así”.

Este lanzamiento se produce semanas después de que la movilización ciudadana impulsada por el Sindicat d'Habitatge lograra aplazar cautelarmente el desahucio previsto inicialmente para finales de septiembre, gracias a la presión vecinal y el apoyo de compañeros del Instituto de Física Corpuscular (IFIC). El investigador, que residía en régimen de alquiler desde 2009 con un contrato que contemplaba derecho a compra, se ha visto finalmente desposeído de la vivienda tras la demanda interpuesta por el fondo propietario, culminando un proceso que él mismo definía con crudeza: “Es una parte más de esta pesadilla que espero que llegue pronto a su fin”.

Recibimos a Inés Hernand justo después de que haya grabado su participación en Telepasión para el programa navideño de TVE. Le preguntamos precisamente en esta charla cómo lleva estar en dos mundos a la vez: el de las celebridades mediáticas y el del activismo de desahucio y acampada. Inés Hernand es la primera de las invitadas de Las entrevistas de Un tema Al día y ya puedes escuchar el capítulo, gratis, en este enlace de Amazon Music. 

Con ella reflexionamos sobre las críticas que recibe cuando se le señala por apoyar al pueblo palestino ante el genocidio israelí, cuando aparece con el Sindicato de Inquilinas intentando frentar el desahucio de Maricarmen o apoyando la acampada por la vivienda en Sol. “Hay mucha gente que dice: si esta nos entierra en pasta, ¿qué hace ahí?”. La presentadora de televisión asegura que no le importa que haya consecuencias laborales por su posicionamiento político: “Duermo tranquila”. 

Este es el segundo de una serie de contenidos especiales y entrevistas de Un tema Al día que pueden escucharse de manera gratuita en el canal habitual de Un tema Al día en Amazon Music, cada 15 días. El primero fue un directo en el teatro Lope de Vega de Madrid, con más de 1300 personas.

Un tema Al día, el podcast diario de actualidad de elDiario.es, cumple su sexta temporada con más de un millón de escuchas al mes y más de 200.000 suscriptores en plataformas de audio. Dirigido por Juanlu Sánchez, cuenta con el trabajo de Marcos García Santonja, Carmen Ibáñez, Pedro Nogales e Izaskun Pérez y con la participación de la redacción y las ediciones locales de elDiario.es.

¿Qué es ‘Las entrevistas de Un tema Al día’?

Tras el éxito de Un tema Al día llega ahora un nuevo formato: Las entrevistas de Un tema Al día. Presentadas también por Juanlu Sánchez, se trata de una serie de conversaciones con periodistas, personalidades de la cultura, la política o el deporte que tengan reflexiones que compartir sobre la sociedad. 

En su novela 'Un puente sobre el Drina', Ivo Andric nos dice: “El pueblo sólo recuerda y cuenta aquello que puede comprender y transformar en leyenda”. “Lo demás —añade— discurre junto a él sin dejar huellas profundas, en la indiferencia muda de los fenómenos naturales y anónimos, sin tocar su imaginación y sin grabarse en la memoria”.

Lo que Andric escribía el pasado siglo en los años de la II Guerra Mundial no ha perdido su vigencia. El papel del símbolo en la conciencia de los pueblos aún tiene capacidad de resistir y plantar cara con eficacia a los sistemas de dominación absoluta del ser humano ideados por el capitalismo sin entrañas de nuestros días. Lo ocurrido con Maricarmen Abascal ha sido una buena prueba de todo ello.

Llevábamos tiempo hablando de la crisis de la vivienda; de sus precios estratosféricos y en continua expansión; de la imposibilidad de los jóvenes de acceder a una casa; de los desahucios rutinarios de inquilinos por la codicia de caseros que rescinden contratos de alquiler para embarcarse en negocios más lucrativos (preferentemente los turísticos); de la prepotencia escandalosa de esos fondos de inversión (“fondos buitre”), que compran bloques enteros de viviendas para especular con ellas de manera desvergonzada; de cómo, en consecuencia, se echa a la calle a personas muy vulnerables por razones de edad y, paralelamente, se cierra el paso a la emancipación de los jóvenes, que no pueden formar un hogar… Conocíamos los datos, las estadísticas, las informaciones cada vez más alarmantes, pero las oíamos como quien oye llover. Las habíamos asumido resignadamente, como esos “fenómenos naturales y anónimos” que, al decir de Andric, carecen de la capacidad de “grabarse en la memoria”.

Bastó que una sola persona se rebelase en público para que la apatía colectiva ante un problema que afecta a tanta gente se transformara en un grito permanente de indignación social y de movilización de masas; algo que desembocará en una huelga general convocada por UGT y CCOO, a instancias del Sindicato de Inquilinas. Recordemos la secuencia de imágenes: una mujer de 87 años, con una salud ya muy precaria, todavía en su domicilio, insiste: “Yo no pienso salir de mi casa”; tras un asalto brutal de la policía, esta mujer es desalojada y conducida en camilla al Hospital Gregorio Marañón y, con lo que aún le queda de voz, clama ante los jóvenes que la apoyan en la calle: “Defended vuestras casas”. Y, en los días que le quedan para su fallecimiento, volverá a insistir desde lo que será su lecho de muerte: “Seguid luchando”.

Resulta difícil no conmoverse ante el valor, la firmeza, e incluso la belleza, de quien se atreve a desafiar a los poderes dominantes, con su propia verdad y con su propio cuerpo; y, por eso mismo, se convierte en un símbolo de rebeldía que contagia al conjunto del país, poniendo patas arriba el discurrir cansino de la política española. Porque es evidente que cuando el símbolo entra en escena se hace muy difícil, por no decir imposible, combatirlo.

Resulta difícil no conmoverse ante el valor, la firmeza, e incluso la belleza, de quien se atreve a desafiar a los poderes dominantes, con su propia verdad y con su propio cuerpo

Por eso precisamente, Maricarmen resulta más molesta muerta que viva para las clases dominantes. Parece que el hecho mismo de morir, y el eco social de esta muerte, se han llegado considerar un desacato intolerable a los poderes económicos establecidos. Algo que ha incomodado especialmente a sus guardianes ideológicos, el complejo ultraderechista que conforman el PP y Vox; hasta el punto de negarle el minuto de silencio en instituciones que dominan y de echar las mayores porquerías posibles sobre su memoria.

La reacción española está especialmente empeñada en apartar la mirada pública de esta mujer y que pase al olvido, como si su rebeldía y su muerte no tuvieran relación alguno con los problemas del presente; que no son los de de las falsas prioridades nacionales que la ultraderecha mancomunada se inventa como guión para ganar las elecciones y acceder al poder político. Cuando Feijóo pide a la izquierda que no haga de Maricarmen un “icono electoral” está reconociendo implícitamente que ese guión ultraespañol tiene ya muy poca sustancia. Porque lo que va a estar en debate en el proceso electoral no es si peligra la unidad y seguridad de España, sino los problemas que afectan a la España real y a los españoles de a pie: los del futuro de la vivienda, los de la educación y sanidad públicas, los de las ayudas a las personas dependientes, los de unos servicios públicos deteriorados en las autonomías donde la derecha gobierna … 

En definitiva, se hablará sobre el futuro en este país del Estado de bienestar, que la ultraderecha se quiere cargar, en beneficio del mundo de los negocios. De hecho, se ha empezado a cuestionar, y mucho, el futuro de las Pensiones, puesto en duda por quienes (Figaredo, Ester Muñoz…) tratan de privatizarlas y recortarlas.

No hay que olvidar por último —y eso también está en el debate electoral— que hay algo que fundamenta nuestro bienestar: y es el mantenimiento de las libertades frente a quienes pretenden erosionarlas con lenguajes y prácticas neofascistas cada vez más evidentes. Éstas, pues, son las verdaderas prioridades de la sociedad española, que nada tienen que ver con himnos caducados y banderas que se esgrimen para agredir, yendo a la “caza del moro” o del “rojo”.

Y que se hable sin tapujos de lo que de verdad importa a la mayoría social -vivir mejor y con más libertad- ha sido el legado de un acto de rebeldía que ha conmovido a todo un país y, al transformarse en leyenda, ha trastocado por entero la vida política española. Cuando la poesía entra en escena, ocurren estas cosas. Siempre es saludable que, de vez en cuando, surjan voces que pongan en su sitio la racionalidad tecnológica, que se ha convertido ya en la teología del ultracapitalismo de nuestros días. Esa tecnología que nos avasalla a diario, obligándonos a aceptar en silencio que todo lo que nos ocurre es inevitable. Una mujer de 87 años nos ha dicho alto y claro que eso no es verdad.

El PP de Alberto Núñez Feijóo parece decidido a llevar la precampaña electoral al terreno de los bulos. Su última mentira, que se ha viralizado esta mañana, tiene que ver con la ocupación. “Hay propietarios con miedo, porque si un okupa entra en tu casa, con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”, ha dicho.

Cualquier ocupación que tenga lugar en una vivienda habitual o en una segunda residencia, que el Constitucional ya ampara como extensión de la primera, puede ser denunciada “por lo criminal, como allanamiento de morada, y la policía saca al okupa enseguida”, aclara Pablo Feu, abogado experto en vivienda.

El allanamiento de morada está regulado en los artículos 202 a 204 del Código Penal y prevé penas de prisión de seis meses a dos años a quien, sin habitar en ella, entra en la morada de otra persona o se mantiene en ella contra la voluntad del morador.

Las afirmaciones de Feijoo dieron lugar a un cruce de tuits entre los PP y PSOE, acusándose mutuamente de mentir.

Todos los bulos tienen una porción de realidad que se utiliza luego para tergiversarla o amplificarla. En el caso del bulo del ticket de pizza, tiene que ver con que en ocasiones ha sido utilizado como una forma de demostrar un domicilio en casas donde no vive nadie. “La Constitución defiende el domicilio, sea con título o no, y si alguien certifica que un domicilio es suyo (y nadie vive allí), la forma de echarlo es con una orden judicial”, explica Feu. Y parte de la base de que cualquier proceso puede tardar años en unos juzgados sobrecargados. Sin embargo, Feu aclara que este tipo de ocupación “es cada vez más infrecuente porque hay menos viviendas vacías”. La ocupación más habitual hoy en día es la de personas vulnerables con contrato que ya no pueden pagar el alquiler.

En 2018, para evitar este tipo de trampas, se creó la ley de desahucio exprés, que prevé que si el ocupante no tiene un título que acredite su alquiler, pueda ser desahuciado de manera inmediata. Esto invalidó fórmulas creativas como el ticket de pizza y obligó a las mafias a desarrollar estrategias más complejas, como crear contratos de alquiler falsos, para intentar impedir los desalojos.

Ocupación a la baja, allanamiento casi inexistente

Hoy en día, la mayoría de ocupas que existen en España, ante la caída de las viviendas vacías, son personas vulnerables con contrato de alquiler que no pueden pagar su renta o bien a las que la propiedad no ha querido renovarles el contrato. Y no están ocupando el domicilio de nadie, sino que están en su propio domicilio, pero no lo pueden pagar.

“El discurso de Feijóo de la pizza está trasnochado, vencido, no existe. No hay nichos de oportunidad de ocupaciones. Los pisos vacíos y mal gestionados, mal conservados, de entidades bancarias o fondos como la Sareb eran los nichos de oportunidad”, desarrolla Feu, que sentencia como “jurídicamente imposible” que ocupen tu casa con un ticket de pizza. “El allanamiento de morada es un delito y la policía lo resuelve en un santiamén”, sentencia.

En 2025, se abrieron 7.110 procedimientos judiciales de ocupación, una caída del 16,9% con respecto a 2024, informa El Periódico de España. Se estima que alrededor de un 0,16% de las ocupaciones corresponden a allanamientos, según contaron fuentes de Interior al mismo medio. En 2022, último año en que se detallaron, tan solo 96 de los casi 9.000 procedimientos por ocupación fueron allanamientos de morada. Y estos se resuelven con rapidez. “El okupa quiere quedarse el máximo de tiempo posible, así que evita ocupar viviendas que son el domicilio de alguien”, añade Feu.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también ha respondido a Feijóo. “Esto es mentira”, ha dicho sobre la afirmación de la pizza de Feijóo, y ha lamentado que el principal partido “no tenga ante el principal problema de los españoles más propuestas que un bulo”, ha dicho en Catalunya Ràdio.

Ghariba hace dos años que vive, junto a su hijo de 9 años, en un piso del barrio del Clot de Barcelona. Este martes ha sido desahuciada de su casa, a pesar de que pagaba religiosamente su renta. El motivo: el contrato no estaba a su nombre, sino que ella pagaba a un hombre que le realquilaba y que jamás llegó a transferir ese dinero a la propiedad, la empresa Rambert 2001 SL.

Esa es la razón que ha esgrimido la Justicia para no suspender la expulsión de esta madre en base al decreto de vivienda que prohíbe los desahucios a familias vulnerables y que viven en pisos de grandes tenedores. Aunque el caso de Ghariba cumple todos los requisitos expuestos en la ley, la letrada de la Sección Civil 31 de Barcelona considera que, al no estar a su nombre el contrato, “carece de legitimación” para que se le suspenda el desahucio, tal como se expone en el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Este razonamiento se basa en el artículo 2 del decreto de vivienda, que es el que establece la suspensión de los desahucios. En el texto no se habla en ningún momento de inquilinos, sino de “parte demandada” y eso es a lo que se acoge la Justicia para considerar que Ghariba, a la que se considera “tercera parte”, no está amparada por la ley.

“Eso es absurdo, porque al final a quien van a desahuciar es a ella, no a quien le realquiló la habitación”, apunta una fuente jurídica consultada por este medio, que afea al tribunal que se haya acogido a un “vacío legal” fruto de una “circunstancia tan particular”. “Es imposible legislar para todas las casuísticas y, en este caso, ha habido mala voluntad”, zanja.

“Los beneficios económicos de la propiedad pasan por encima del derecho a la vivienda y los gobiernos aprueban leyes que no sirven para nada”, lamentan desde el Sindicat d’Habitatge del Clot. Además, alertan de que hay muchas más personas que, como Ghariba, están subarrendadas y que podrían quedar desprotegidas.

A pesar de que los activistas del barrio llamaron a parar el desahucio y a la presencia de diversos vecinos, estos no pudieron impedir que la policía entrara en casa de Ghariba y acabaran desahuciándola. Decenas de personas, en su mayoría muy jóvenes, han acudido a las puertas del hogar de esta mujer para intentar impedir que los agentes antidisturbios de los Mossos, que han movilizado seis furgonas, ejecutaran el lanzamiento, pero han sido desalojados uno a uno.

Se trata de la tercera vez que se intentaba ejecutar esta expulsión: la primera vez, el 5 de octubre, fue suspendido por las lluvias, que obligaron al Govern a decretar la alerta roja. El segundo intento fue el 14 del mismo mes, ya con el decreto de vivienda en vigor; en ese caso se suspendió por “falta de un dispositivo policial”. La nueva fecha fue fijada para este martes a las 9:00; la comitiva no ha llegado hasta las 11:30 y la expulsión se ha acabado efectuando dos horas más tarde.

Víctima de una estafa

Esta madre supo que había sido víctima de una estafa cuando le llegó la denuncia por impago. A partir de entonces, se acercó al sindicato de inquilinas del barrio, que fueron quienes la ayudaron a entender lo sucedido y descubrieron que, aunque Ghariba no había dejado de pagar, su dinero no llegó nunca a la propiedad.

En ese momento, los activistas intentaron mediar con Rambert 2001 SL, pero lamentan que no obtuvieron respuesta. La empresa desoyó las peticiones de regularizar la situación de Ghariba o de ofrecerle un alquiler social, al que esta madre tendría derecho por ley. Porque, aunque su proceso de desahucio empezó antes de que se aprobaran los llamados ‘decretos Maricarmen’, en Catalunya ya existía la ley 24/2015, que lleva más de 10 años en vigor.

Esta dicta que si la propiedad es un gran tenedor y el inquilino está en situación de vulnerabilidad, antes de interponer cualquier demanda por impago de alquiler, se debe ofrecer un alquiler social. Y eso no ha sucedido.

Con todo, esta madre cuenta con un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales de Barcelona y carece de alternativa habitacional. Pero todavía nadie le ha ofrecido un lugar en el que reubicarse junto a su hijo de 9 años. Ghariba lleva más de tres años en la Mesa de Emergencia, pero esta se encuentra colapsada y no ha podido acceder a una vivienda social.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado cuatro de los cinco recursos que Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio presentaron contra las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria tras descubrir que habían intentado defraudar con una factura falsa, entre otras irregularidades fiscales.

La inspección fiscal descubrió en su momento que el estudio de arquitectura de Monasterio no realizó labor de asesoría alguna para la operación de venta de un edificio de lujo en Madrid de la que se ocupó Espinosa de los Monteros. Pese a ello, el estudio de Monasterio emitió una “factura falsa” por 169.400 euros, IVA incluido.

Los hechos están relacionados con la venta de un edificio en Madrid, en el número 3 de la calle General Castaños, en el elitista barrio de Justicia en pleno centro de la capital. El edificio era propiedad de familiares de Iván Espinosa de los Monteros, quienes recurrieron a la experiencia de este en la intermediación inmobiliaria para proceder a su venta. 

Espinosa de los Monteros alegó ante Hacienda que había contratado al despacho de arquitectos de su esposa para que realizara un estudio sobre las posibilidades del edificio. Pese a facturarlo e incluirlo en sus declaraciones y las de sus sociedades, el trabajo de Rocío Monasterio y Asociados (RMA) fue “una simulación”, esto es, jamás se realizó, según comprobó la Agencia Tributaria.

Posteriormente, el Tribunal Económico-Administrativo confirmó las conclusiones de la Agencia Tributaria. Los cinco recursos presentados contra esa decisión administrativa por Espinosa de los Monteros, dos de sus sociedades, Rocío Monasterio y su estudio de arquitectos recayeron cuatro de ellos en la Sección Quinta de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJM, y un quinto, el que falta por dictar, en la Sección Cuarta. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid explica que la Sección Cuarta aguardaba a que sus compañeros de la Quinta se pronunciaran sobre el grueso de la cuestión y que se resolverá en breve. 

Este periódico desveló las trampas del matrimonio halladas por Hacienda en 2023 cuando Espinosa de los Monteros era portavoz parlamentario de Vox y Monasterio candidata a la Alcaldía de Madrid. En julio pasado, los jueces se han pronunciado en cuatro recursos, a los que ha tenido acceso en su integridad elDiario.es. Todos culminan igual: “Desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo formulado”.

La Sección Cuarta condena en costas a los recurrentes en sus cuatro autos. Espinosa de los Monteros, su esposa y la representación de sus sociedades tenían un plazo de 30 días para recurrir desde la fecha de la notificación pero no lo han hecho, así que las resoluciones devinieron en firmes el pasado jueves, según la citada fuente del TSJM.

Espinosa de los Monteros no atendió la petición de aclaraciones por parte de este medio cuando publicó en 2023 que Hacienda le había descubierto defraudando. Solo cuando se publicó la información, intentó desacreditarla. El entonces responsable de Vox anunció, como había hecho por noticias anteriores, acciones legales contra elDiario.es. Y como ya había ocurrido, nunca llegó a ejercerlas. 

“La factura deducida es falsa”

El exportavoz parlamentario de Vox acompañó de diversa documentación sus recursos ante el TSJM, pero los jueces concluyeron el pasado 22 de julio lo siguiente: “No se ha aportado prueba alguna ni documento que pueda probar la tan decisiva participación de Rocío Monasterio y Asociados por la que dicha sociedad emite la factura controvertida. Asimismo, el análisis de la factura pone de manifiesto una serie de incongruencias que no hacen sino reafirmar la conclusión de que la factura deducida es falsa”.

La operación inmobiliaria investigada se desarrolló entre 2015 y 2016, cuando Iván Espinosa de los Monteros era secretario general de Vox. En el negocio, Espinosa de los Monteros implicó a dos de sus sociedades, Premium y Citrum, de las que es poseedor de más del 99% de cada una. La primera de ellas declaró unos ingresos por la operación inmobiliaria de 90.000 euros en 2016, y de 160.000 en 2017. Por su parte, Citrum declaró 375.000 euros de ingresos por la misma operación en 2017. En total, 625.000 euros para Espinosa por vender el edificio de sus familiares.

Una segunda inspección fiscal concluyó que el dirigente de Vox había dejado de ingresar una cuota de 268.676,79 euros en concepto de IRPF, al intentar atribuir a dos sociedades suyas un trabajo que en realidad había realizado él. Espinosa de los Monteros debió declarar los 625.000 euros de ingresos por la operación de venta del inmueble en concepto de IRPF y no como trabajos de sus sociedades Premium Capital Management SL y Citrum SL.

El TSJM concluye ahora que Espinosa de los Monteros “utiliza la personalidad jurídica de la sociedad de un modo ilícito, simulando la actividad de intermediación inmobiliaria efectuada en el caso sometido a decisión a la parte vendedora y abusando de la forma jurídica mercantil para eludir o minorar el pago de impuestos”. 

Según los jueces, el político traslada bases imponibles de una persona física —el interesado— con un tipo marginal muy superior al de una persona jurídica que tiene un tipo de gravamen fijo inferior, “con la única finalidad de conseguir una ventaja fiscal ilícita”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Iván Espinosa de los Monteros y ha respondido que las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “no tienen especial importancia, pues las increíbles acusaciones contenidas en esas sentencias están siendo enjuiciadas paralelamente en la Audiencia Nacional”. “Confío en que nuestros motivos de oposición sean estimados en la Audiencia Nacional”, ha añadido. Según la versión del antiguo responsable de Vox, “el proceso se bifurcó” y en la Audiencia Nacional se investigan los mismos hechos, asegura, pese a que las resoluciones de las que informa este lunes elDiario.es son firmes.

El resultado de la operación inmobiliaria que esconde el fraude adquirió notoriedad en 2021 cuando el comprador, Mabel Capital, puso a la venta las 11 viviendas que pasaron a integrar el edificio. Mabel Capital es un vehículo de inversión participado, entre otros, por un hijo del exministro del PP Abel Matutes o el tenista Rafa Nadal. Las viviendas se vendieron a razón de 20.000 euros el metro cuadrado, según publicó Expansión, medio que incluyó entre los compradores de un piso a Marta Ortega, heredera del imperio Inditex. Fuentes conocedoras de la operación inmobiliaria con el número 3 de la calle General Castaños aseguran que los familiares de Espinosa de los Monteros obtuvieron 25 millones de euros por el edificio.

Después de que elDiario.es desvelara el fraude de la pareja, Espinosa de los Monteros aseguró que no mantenía ninguna deuda con Hacienda porque hacía dos años, en 2021, que había abonado los “300.000 euros” que le reclamaba la Administración del Estado y que después de la resolución del TSJM ya no recuperará.

Con motivo del desahucio de Maricarmen, Espinosa de los Monteros llamó “jeta” a la mujer y añadió: “Yo que vivo en Madrid, con mis impuestos le voy a pagar el piso delante de El Retiro a Maricarmen. Es flipante”.

Renuncia al 29-N

Iván Espinosa de los Monteros abandonó todos sus cargos en Vox tras los resultados electorales de julio de 2023, los comicios generales en que perdió 19 escaños. Su marcha fue una de las crisis internas más graves de cuantas ha tenido que afrontar Santiago Abascal. Detrás de su marcha se encontraba un choque entre facciones del partido. Algunos analistas situaban a Espinosa de los Monteros al frente de un ala de corte más liberal. El pasado julio, el propio Espinosa de los Monteros anunció que Vox le había expulsado del partido, al que había seguido perteneciendo como militante de base.

Espinosa de los Monteros centra su actividad política ahora en la Fundación Atenea, un ‘think tank’ desde el que también valoró presentarse a las próximas elecciones generales. Este mismo fin de semana, Espinosa de los Monteros descartó esa posibilidad en una entrevista a El Confidencial. “El momento llama a la responsabilidad y la responsabilidad hoy principal es derrocar a Pedro Sánchez y yo no querría bajo ningún concepto contribuir a quebrar el objetivo principal”, afirmó. 

El Sindicato de Inquilinas ha denunciado que han “destrozado” hasta prácticamente eliminar el altar de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre y que murió el pasado 7 de octubre. El altar fue levantado por sus vecinos frente a su casa en el distrito madrileño de Retiro.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han advertido de que no permitirá que se destruya su memoria.“Quienes hemos acompañado a Maricarmen los últimos siete años no vamos a permitir que destrocen su memoria de este modo. Pueden intentar destruir un altar y unas velas, pero saben que son incapaces de borrar todo lo que Maricarmen ha sembrado”, ha señalado la organización en un mensaje publicado en redes sociales.

El sindicato ha reivindicado así el legado de Maricarmen y ha expresado su rechazo a la desaparición de los elementos colocados en su recuerdo.

Maricarmen fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de su vivienda del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante siete décadas.

El desahucio, que se ejecutó en el cuarto intento, puso fin a una larga batalla judicial por el piso, en el que residía desde 1956 gracias a un contrato de alquiler de renta antigua firmado por su padre.

El desahucio de Maricarmen se convirtió en uno de los detonantes de las movilizaciones por el derecho a la vivienda en Madrid y dio lugar a una acampada en la Puerta del Sol, donde activistas y ciudadanos se concentraron para denunciar la situación de vulnerabilidad de la anciana y reclamar una mayor protección para los inquilinos frente a los desahucios.

La representación legal de Jennifer Brito, desahuciada el 13 de octubre por falta de pago de la vivienda donde residía junto a sus dos hijos menores en el barrio de Pedro Hidalgo de Las Palmas de Gran Canaria, ha recurrido la diligencia por la que se ejecutó el lanzamiento, cuya nulidad pide.

Así lo ha informado este sábado en un comunicado el movimiento vecinal Derecho al Techo, que ha denuncia que la solicitud de protección presentada antes del desalojo, un informe municipal que declaraba la vulnerabilidad de esta familia, “no recibió una respuesta específica”, por lo que pide “que se examinen las posibles consecuencias jurídicas de esta omisión”.

El recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de 9 de octubre de 2026, dictada por la plaza nº 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, se ha presentado el 15 de octubre y cuestiona que la resolución judicial “se remitiera a un auto anterior, de 9 de septiembre, sin dar una respuesta específica a las nuevas solicitudes de protección presentadas los días 1 y 8 de octubre, al amparo del Real Decreto-ley 29/2026, publicado el 7 de octubre y en vigor desde el día 8”, el conocido como decreto Maricarmen.

“La solicitud de protección se presentó antes del lanzamiento y debía examinarse conforme al régimen jurídico invocado por la defensa. El recurso sostiene que era necesario determinar expresamente si concurrían los requisitos para aplicar las medidas previstas en la nueva normativa y si correspondía suspender provisionalmente el lanzamiento mientras el tribunal resolvía mediante auto”, expone Derecho al Techo en su nota.

Este movimiento recuerda que la afectada “se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad social, económica y residencial” y que, “según el informe municipal de 13 de octubre de 2026, la unidad familiar carecía de una alternativa habitacional conocida que garantizara su alojamiento inmediato”.

Como este informe se emitió después de la diligencia recurrida, la defensa de Jennifer solicita que “el informe y las demás constancias documentales se incorporen y valoren en el procedimiento”.

“No se trata de exigir que los tribunales dicten necesariamente una resolución favorable a las familias, sino de reclamar que sus peticiones sean examinadas conforme a la legislación aplicable y que se resuelvan de manera expresa y fundamentada, especialmente cuando está en juego la pérdida de la vivienda habitual de una familia con menores”, asevera el escrito de Derecho al Techo. 

Sonia Segura, de 36 años, tiene dos hijas de 17 y 9 años y está embarazada de una tercera, de la que sale de cuentas el próximo 1 de noviembre. El 13 de noviembre, apenas doce días después de la fecha prevista para el parto, está señalado el lanzamiento de la vivienda en la que reside en Alagón, en la provincia de Zaragoza. Tiene reconocida la situación de vulnerabilidad y es víctima de violencia de género, pero todavía no ha encontrado un alquiler asequible para su familia, por lo que pide más tiempo para encontrar una casa que pueda pagar: “Yo lo único que pido es un poco más de tiempo hasta que me aparezca un piso”, explica. 

Su actual pareja la está ayudando a buscar vivienda, pero asegura que las dificultades económicas y los requisitos de los propietarios les cierran las puertas. “Con lo que cobro no se puede, no hay manera de alquilar nada con los precios de la vivienda actuales, se nos ha ido echando el tiempo encima, está todo imposible”. 

La situación, que ha adelantado esta semana 'Heraldo de Aragón', se ha vuelto especialmente angustiosa por la proximidad del parto. Sonia cuenta que tiene anemia, se encuentra muy débil y los nervios le están pasando factura. También le preocupa cómo organizar una mudanza con tan poco margen y qué hacer con sus pertenencias, incluso en el caso de que alguien pueda acogerla temporalmente. “No sé dónde meter mis cosas”, lamenta. A sus hijas todavía no les ha contado que tendrán que abandonar la vivienda: “Estoy muy agobiada, nunca te imaginas llegar a esta situación”. 

El procedimiento judicial tiene su origen en la demanda de desahucio por precario presentada por la propietaria del inmueble, la madre de su expareja, con quien Sonia mantuvo una relación de 14 años. La pareja se rompió tras un caso de violencia de género y una condena por amenazas tras la que se le impuso la prohibición de aproximarse a ella a menos de 200 metros y de comunicarse en dos años, según recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza de marzo de 2025. 

La resolución considera probado que, durante una discusión por la separación y en presencia de la hija de ambos, que entonces tenía siete años, el hombre amenazó a Sonia con degollarla, enterrarla viva y no descansar hasta verla “bajo tierra”. La magistrada considera que el testimonio de la mujer fue coherente y creíble, y que estaba corroborado por cuatro grabaciones de audio en las que se escuchaban amenazas similares. La sentencia, sin embargo, lo absolvió del delito de malos tratos por una supuesta agresión física denunciada al día siguiente, al considerar que no había pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

Sonia relata que las discusiones se intensificaron cuando decidió terminar la relación y que llegó a denunciar las amenazas después de que la Guardia Civil las escuchara. Tras la ruptura, ella permaneció en la vivienda con su hija, mientras su expareja abandonó el domicilio. La relación con la propietaria se deterioró y, según afirma Sonia, llegó a quedarse sin suministro eléctrico. “Me cortaron los cables de la luz. Cada vez que venía Endesa a poner la luz me decían que era una okupa. Yo no lo considero así”, sostiene.

La mujer explica que intentó regularizar su situación mediante un contrato de alquiler, pero que la propietaria se negó a firmarlo. Asegura que esta negativa está relacionada con la denuncia contra su hijo y con la orden de alejamiento. “La entiendo, pero es que vivo con su nieta”, afirma. La demanda presentada por la ahora exsuegra de Sonia fue estimada y el procedimiento ha llegado a la fase de ejecución del lanzamiento, previsto para el 13 de noviembre a las 10:45.

La defensa pide suspender el lanzamiento

El abogado Javier Ferreira, del despacho KLYO Abogados, ha presentado un escrito para solicitar que se suspenda el lanzamiento y se requiera a los servicios sociales para que proporcionen una alternativa habitacional a Sonia.

La defensa sostiene que debe aplicarse el artículo 2.2 del real decreto publicado en el BOE que invoca en su escrito. Según explica el letrado, la norma permitiría solicitar la suspensión del lanzamiento en las circunstancias de vulnerabilidad que concurren en este caso. Ferreira asegura que ya se habían intentado otras vías para paralizarlo, pero que las suspensiones anteriores habían perdido vigencia y el procedimiento continuó.

“Su situación es francamente angustiosa”, resume el abogado, que considera necesario que se tenga en cuenta la situación de la mujer y la falta de una alternativa habitacional antes de ejecutar el desahucio.

Sonia explica que ha tenido dificultades para obtener el reconocimiento de su vulnerabilidad y que, cuando ha intentado acceder a recursos de vivienda, se ha encontrado con nuevos obstáculos. Afirma que se ha inscrito en una bolsa de pisos, pero que le han comunicado que ocupa una posición muy retrasada porque no dispone de contrato de alquiler.

Mientras tanto, la búsqueda de vivienda continúa sin resultados. Sonia insiste en que no pretende quedarse en el inmueble sin una solución ni prolongar indefinidamente el conflicto, sino disponer del margen necesario para encontrar un hogar para sus tres hijas. “Si no tengo dónde irme, ¿qué hago?”, se pregunta. “No encuentro salida ni nada por ningún lado”.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado este viernes la actuación de la Justicia en el reciente desahucio en el barrio capitalino de Pedro Hidalgo “por no atender a la situación de vulnerabilidad de la familia afectada” y por el “inusual uso” de la Policía Local para efectuarlo.

“La jueza podía y debía paralizar el desahucio”, asegura la organización nacionalista en un comunicado. La grave situación del acceso a la vivienda y la problemática de los desahucios fue uno de los asuntos abordados en su último tagoror local, que también debatió en torno a las prioridades en materia de educación en la capital grancanaria y se valoró la relevancia de la unidad de las izquierdas canarias en el compromiso electoral del próximo 29 de noviembre (29N).

El tagoror de NC-BC de la ciudad capitalina calificó de “demagógicas y electoralistas” las propuestas de limitación de compra de vivienda para no residentes de Coalición Canaria (CC), “que se ha pasado la legislatura sin hacer nada en esta materia y que ha obstruido en el Parlamento cualquier propuesta para avanzar en la solución del grave problema habitacional que padece la comunidad con salarios más bajos y con extendida pobreza”.

Además, el partido recordó que el Gobierno canario de CC y el PP ha rechazado reiteradamente la solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ser declarada zona de mercado residencial tensionado.

Nueva Canarias ha invitado a la ciudadanía a participar el próximo jueves 22 de octubre en una jornada abierta de debate Hogares para construir nuestro presente y futuro en la que la diputada de su partido y portavoz parlamentaria en materia de vivienda, Carmen Hernández, presentará la Proposición de Ley (PPPL) Canaria de Garantía del derecho a la Vivienda Protegida y Asequible que la formación ha llevado al Parlamento canario para su tramitación.

En ella, ha adelantado el grupo, se abordan “distintas propuestas” para garantizar el acceso a una “vivienda protegida y asequible.

Unidad

El tagoror de Nueva Canarias-Bloque Canarista valoró, asimismo, la unidad alcanzada por las fuerzas de izquierdas nacionalistas y confederales en las islas para concurrir en una sola papeleta, la de Unidad del Pueblo Canario (UPC), en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con un programa unitario social, medioambiental y de defensa del autogobierno, que debe tener en cuenta las necesidades específicas de la ciudad más poblada de Canarias.

Los órganos judiciales de Cantabria practicaron entre abril y junio de este año un total de 42 lanzamientos de vivienda, lo que supone un 16% menos que en el mismo periodo de 2025, mientras que el descenso en España fue del 35,7%. Así, la tasa regional por 100.000 habitantes se sitúa por encima de la media: 7,1 frente a 2,3.

La mayor parte se debieron al impago de un alquiler, que representaron tres de cada cuatro y disminuyeron un 25% respecto al segundo trimestre de 2025 (30 frente a 40). Esos lanzamientos son 5,1 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media del país está en 4,6.

Los lanzamientos por impago de hipoteca crecieron un 11,1 por ciento, al pasar de 9 en el segundo trimestre del pasado año a 10 este año, y son 1,7 por cada 100.000 habitantes, frente a 2,3 de la media nacional.

Por su parte, los derivados de otras causas -por ejemplo, de laudos arbitrales o de procedimientos de familia- fueron 2, uno más que en el mismo periodo del año anterior.

Además, hubo cinco demandas de verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda, las mismas que en 2025, mientras que a nivel nacional este tipo de demandas se redujo un 9 por ciento. De este modo, la tasa de demandas por ocupación ilegal de vivienda por cada 100.000 habitantes se sitúa en Cantabria en 0,8, prácticamente la misma que la media nacional (0,9).

Así se desprende del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y difundido este lunes con datos de abril a junio de 2026.

En ese periodo, los órganos civiles recibieron un total de 2.126 procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios, y que es una cifra similar a la del año anterior, frente a la disminución del 20,7% de media nacional.

En relación a la población, la tasa de monitorios en la comunidad es de 358,1 procedimientos por cada 100.000 habitantes, en línea con la media de 366,1.

206 concursos de acreedores

Por lo demás, los dos Juzgados de lo Mercantil de Cantabria registraron durante el segundo trimestre del año un total de 206 concursos de acreedores, lo que supone un 33,8% más respecto a los ingresados en el mismo periodo de 2025, cuando en España fue del 5,1%. Representan 34,7 por cada 100.000 cántabros, cuatro puntos inferior a la media del 38,7.

Teniendo en cuenta el sujeto del concurso, los más abundantes son los presentados por particulares (197), que crecieron un 49,2% en términos interanuales, mientras que los de personas jurídicas fueron 5 (la mitad que el pasado año) y los de empresarios, 4 (una tercera parte que en 2025).

13% más de demandas por despido

En el segundo trimestre la Sala de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander registró 374 demandas por despido, un 13% más que un año antes, con lo que la tasa de despidos se sitúa en Cantabria 63 por cada 100.000 habitantes, inferior a la nacional, de 92,1.

Las reclamaciones de cantidad aumentaron un 4%, al pasar de 504 a 524, y la tasa autonómica por población es superior a la media: 88,3 frente a 84,9.

Fue un martes 13. La imagen del desahucio de Jennifer y sus dos hijos, de 4 y 16 años, en Las Palmas de Gran Canaria ha dado esta semana la vuelta al país en un momento en el que todas las miradas están puestas en si realmente el desahucio de Maricarmen y el posterior decreto aprobado en el Congreso pueden suponer un antes y un después en la lucha por el derecho constitucional a la vivienda. En esa imagen destacan la violencia del hecho mismo del desalojo, el sufrimiento de la afectada, la solidaridad vecinal que intenta impedirlo y la actuación de efectivos tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local, cuyas intervenciones en este tipo de lanzamientos se deben regir por los criterios de proporcionalidad y oportunidad según la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por todo ello, tres días después, la plataforma Derecho al Techo denuncia a través de un comunicado que la intervención policial no fue “ni proporcional con la situación ni respetuosa con el derecho a la protesta”, tras resultar heridos algunos de los manifestantes al ser arrastrados por los agentes, circunstancia por la que tuvieron que ser atendidos.

Les preocupa que los acompañamientos del colectivo a las personas afectadas por procedimientos de desahucio se conviertan “en una excusa para actuaciones desproporcionadas, o que la vulnerabilidad de una familia quede relegada a un segundo plano”.

La desproporción

La plataforma apunta directamente a la actuación tanto de la Policía Local incluyendo a su Grupo Operativo de Intervención y Apoyo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria (GOIAS), que hicieron las veces de policía judicial por requerimiento de la magistrada.

“Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental, ¿cómo deben actuar los cuerpos policiales ante personas que ejercen una resistencia pacífica para defender el derecho a la vivienda y acompañar a una familia en una situación de extrema vulnerabilidad?”, plantean desde el colectivo.

Advierten de que la ejecución de una resolución judicial no elimina la obligación de proteger la integridad de las personas ni convierte cualquier actuación policial en legítima “por el mero hecho de producirse durante un desahucio”.

Un informe ‘in extremis’

Desde Derecho al Techo llevan también tres días denunciando que el informe de vulnerabilidad de la familia, elaborado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fue presentado por registro en el juzgado una hora antes de la llegada de la comisión judicial al lugar del desalojo. Dicho informe también se mostró a la comisión judicial, que se negó a recogerlo, según afirma el colectivo, que exige que se aclare “qué ocurrió y qué consideración recibieron las circunstancias de vulnerabilidad de la familia”.

Por último, reclaman que se esclarezca la actuación de la Policía Local y de los agentes de los GOIAS y que haya una mejor coordinación entre los servicios sociales, las administraciones competentes en vivienda y los órganos judiciales para evitar que las familias vulnerables “afronten un desahucio sin una alternativa habitacional efectiva”.

Qué dice el Ayuntamiento

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas (PSOE), respondía a las críticas del PP sobre el desalojo este miércoles en una comisión del pleno del Ayuntamiento. La socialista despejaba las críticas indicando que el informe de vulnerabilidad llegó una hora antes del lanzamiento sin que la comisión judicial lo tuviera en cuenta.

En esa misma comisión, por alusiones, la concejala de Podemos, Gemma Martínez, recordó al PP su voto en contra del Decreto de Vivienda recientemente y para tumbar el escudo social en febrero. “Espero que no lleguen al poder”.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez (PSOE), defendió en otra comisión la actuación de la Policía Local y aseguró que la imagen del desahucio de Jennifer no ha gustado a nadie, tampoco a los agentes, “pero que deben seguir las órdenes de la autoridad judicial”.

Avello lo compara con el impago de una deuda

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello Formoso, ha defendido ante los medios que el procedimiento de desahucio de Jennifer “se ajustó a la legalidad y contó con todas las garantías” y “que las sentencias firmes deben ejecutarse en un estado de Derecho”. Avello comparó el desahucio de una madre y sus dos hijos menores de edad con el impago de una deuda: “Hay multitud de medidas ejecutivas que se adoptan diariamente, si hay un señor que te debe una cantidad, se adopta la medida coercitiva del embargo”.

Y sin embargo

Según el informe elaborado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la familia desahuciada cuenta con “baja o nula” capacidad económica para hacer frente al pago de una vivienda. Jennifer, desempleada de larga duración, no cuenta con una red de apoyo familiar o social, con dificultad para acceder a una vivienda de alquiler con los precios actuales.

Con 36 años y dos niños a su cargo percibe solo 1.173,76 euros mensuales, procedentes de la Renta Canaria de Ciudadanía, cantidad insuficiente para afrontar el conjunto de las necesidades básicas de la familia, incluyendo alimentación, vestido, suministros y gastos de vivienda.

El informe de vulnerabilidad destaca que “ha registrado solicitudes de vivienda ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Asimismo registró su solicitud de mediación en el Programa Prohogar del Instituto Canario de la Vivienda, evidenciando que ha iniciado gestiones para intentar acceder a una solución habitacional estable. No obstante, sus limitados recursos económicos y la ausencia de apoyos dificultan considerablemente la posibilidad de encontrar una alternativa residencial por sus propios medios”.

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha decidido, finalmente, recurrir ante el Tribunal Constitucional los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez la semana pasada para evitar desahucios como el que sufrió Maricarmen, la anciana de 87 años, con una discapacidad del 50% de su cuerpo, que falleció tras ser desalojada en una camilla de su casa, adquirida por un fondo inmobiliario, pese a llevar 70 años pagando el alquiler.

Los llamados decretos Maricarmen fueron tumbados en el Congreso de los Diputados con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Tres días después, tras testar las movilizaciones masivas por el derecho a la vivienda en el conjunto del país, el presidente Sánchez disolvió las Cortes, adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre y, en la primera reunión de la Diputación Permanente, volvió a aprobar los citados decretos.

El Gobierno de Moreno, que ya había recurrido la Ley estatal de Vivienda ante el Constitucional, ha madurado unos días si seguía el mismo camino contra el decreto Maricarmen, calibrando el impacto que tiene ahora el debate público de la vivienda en las calles y en plena precampaña electoral. Finalmente, la consejera andaluza de Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este jueves que la Junta va a iniciar los trámites para recurrir los dos decretos, alegando “invasión de competencias” y “vulneración del derecho a la propiedad privada”, recogidos en la Carta Magna.

“El gabinete jurídico piensa que puede prosperar un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias y puede existir la vulneración de derecho a la propiedad privada”, ha dicho Díaz, en una entrevista con Europa Press. El decreto Marcicarmen que fue aprobado en la Diputación Permanente -órgano que vela por los poderes del Congreso en periodo inhábil- amplía de 2028 a 2030 la prohibición de compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, y también amplía las excepciones a todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social.

El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo.

El Gobierno andaluz de coalición PP-Vox argumenta que la mera publicación de los decretos ha provocado una retirada de viviendas del mercado y ha tildado su aprobación, con las Cortes disueltas, de “trampa democrática”. Una vez esté preparado el acuerdo por la comisión general de viceconsejeros el recurso de inconstitucionalidad será elevado al Consejo Consultivo para su aprobación finalmente por el Consejo de Gobierno.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya había calificado de “fraude” y “trampa a la democracia” la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente, pero en su entorno no tenían claro que la estrategia fuera acudir a los tribunales contra una norma antidesahucios que ahora están demandado miles de personas acampadas en la Puerta del Sol y manifestándose en muchas otras ciudades de España, incluido en Andalucía.

Finalmente, dado que las comunidades tenían un plazo limitado para presentar recursos ante el TC, Andalucía ha optado por unirse a la estrategia política y jurídica del PP de Alberto Núñez Feijóo. Moreno, en una entrevista previa, había argumentado que “la mayoría de los parlamentarios elegidos democrática y legítimamente por los españoles” ya habían rechazado los decretos en el Congreso, y que Sánchez no podía recurrir a la Diputación Permanente -donde la aritmética le era más favorable- para “hacer trampas”.

Tras la aprobación del decretos de vivienda, los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos.

Titela Isofache, nacida en Rumanía hace 47 años, tiene dos hijos: Alexandra, de 20 años, y un pequeño de 10. Los dos son españoles, y los tres habían vivido los últimos años en Dos Hermanas, en un piso de alquiler de la calle Batalla de Lepanto. El pasado mayo fueron víctimas de un desahucio que las dejó en la calle. Titela tenía trabajo, que perdió, y desde entonces viven dónde y cómo pueden para mantener los estudios de sus hijos y buscar trabajo para salir adelante.

Esta madre lleva más de 25 años en España, país al que llegó como miles de compatriotas que buscaron un futuro en diversos sectores productivos a principios de la década de 2000, en un éxodo masivo sobre todo de mujeres rumanas a muchos puntos del país. De fondo en esta historia está Hipoges, que se define como “una sociedad limitada dedicada a la gestión integral de activos financieros e inmobiliarios”. Un “fondo buitre”, apostilla Titela al referirse a ellos. Hasta que este fondo apareció en sus vidas, pagaban 360 euros de alquiler social al tratarse de una familia monoparental con dos hijos estudiando. 

Titela ganaba 480 euros de ayuda familiar y mantuvo el alquiler como pudo. Cuando podía trabajar en una empresa de seguridad, su sueldo subía a unos 1.200 como máximo, trabajando por horas. Con todo, los primeros retrasos en el alquiler comenzaron a llegar. “Intenté ponerme al día en los pagos pendientes, y algo conseguí, pero fue imposible pagar todo”, explica a SevillaelDiario.es.

Ahora confía en poder acceder a una de las viviendas protegidas que el Ayuntamiento de Dos Hermanas entregará en 2027. Seguir en ese pueblo no es baladí para ella: su hija estudia en un instituto y el niño está escolarizado en la localidad. Los dos han hecho sus vidas allí, y su madre no les quiere cambiar esa dinámica.

Pactó un alquiler para ocupar una casa vacía

Y eso que el comienzo de su vida en el pueblo no fue precisamente el más adecuado. Titela buscó un piso vacío, y le hablaron de que había uno que era propiedad de un banco tras embargarlo a sus propietarios. Era 2013, y ella, con una niña entonces de siete años, ocupó ilegalmente la vivienda. Para intentar hacer las cosas bien, se entrevistó con el director del banco que tenía el piso embargado, y él accedió a que lo ocupasen, pero ella pidió que hubiese un contrato de alquiler que lo reflejase, y firmaron uno que le permitía vivir provisionalmente en la vivienda.

Así vivió varios años en el piso de la calle Batalla de Lepanto número 5. Hasta que el alquiler subió a más del doble y ya no pudo asumirlo al quedarse en paro. El piso pasó del banco a Hipoges, y esta sociedad comunicó a Titela que se tenía que ir. Sin aceptar negociación alguna, le pusieron como fecha del desahucio el pasado 11 de mayo. “Nos fuimos el día 7, cuatro antes, porque teníamos mucho miedo de que nos echasen por la fuerza o nos rompieran algunas de nuestras cosas”. A esto se une que todos los días recibían una llamada de una empresa de desocupaciones, que les “invitaban” a marcharse del piso. “Si nos íbamos nos perdonaban la deuda, y fue lo que hicimos”. Cuando comenzaron el proceso de desahucio, debían solo seis cuotas mensuales.

En aquel momento, ella estaba de baja médica, el niño estaba terminando el curso en el colegio y la hija estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. “Apelamos varias veces para evitarlo, pero nos encontramos con un abogado de oficio que ni siquiera se molestó en estudiar nuestro caso”, lamenta Alexandra.

Ayuda de los servicios sociales

Entonces acudieron a los servicios sociales municipales, donde les ofrecieron una ayuda económica de un mes, pero con la preocupación de perder al hijo menor si era entregado en acogida. Aceptaron la ayuda y, al mismo tiempo, rellenaron la solicitud para poder acceder a una vivienda social. En Dos Hermanas se están desarrollando actualmente cerca de 5.500 viviendas de protección oficial (VPO) y el municipio cuenta con suelo disponible y en tramitación para 6.805 viviendas protegidas. No ha sido posible obtener la versión del Ayuntamiento sobre la situación de desprotección que padece esta familia.

Vista la situación, a principios del verano decidieron volver temporalmente a Rumanía. Allí estuvieron con un familiar hasta que se inició el curso escolar. Alexandra estudia el Grado medio de Administración y el pequeño tenía que entrar en el colegio, de modo que el 29 de septiembre aterrizaron de nuevo en Sevilla.

En medio, Titela está tratada de depresión y, cuando volvió a Sevilla, no pudo recuperar el trabajo. La madre tiene palabras de agradecimiento para el claustro del colegio de su hijo, que se han ocupado de que no pierda sus clases e incluso le han enviado tareas estando ya en Rumanía. El pequeño no ha sufrido retraso alguno en sus clases y su formación.

El pasado 30 de septiembre, un grupo de personas se concentraba ante el Ayuntamiento de Dos Hermanas para pedir ayuda urgente para esta mujer y sus hijos. De momento, a la espera de la vivienda social que tiene pedida y que no saben si se la darán, pasan los días entre apartamentos y casas de amigos que les dan cobijo mientras su situación se estabiliza.

La presión social ha logrado frenar de nuevo el desahucio de Paca Blanco. Alejandra Jacinto, abogada de la activista ecologista y feminista, ha sido informada este miércoles de que el juzgado ha suspendido durante 60 días el procedimiento, aplazando así el lanzamiento previsto para el próximo 30 de noviembre. Las organizaciones que respaldan a Blanco atribuyen esta decisión a la movilización social y advierten de que la suspensión no garantiza aún su permanencia en la vivienda.

Ecologistas en Acción, Anticapitalistas y diversas organizaciones del movimiento por la vivienda, entre ellas el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), reclaman al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) una solución definitiva que regularice su situación contractual y le permita acceder a un alquiler social ajustado a sus ingresos.

Más de diez años en una vivienda pública

Blanco reside desde hace más de una década en una vivienda pública de la EMVS a la que se trasladó junto a su hijo, adjudicatario original del piso. Cuando él se marchó, comenzó a solicitar la subrogación del contrato para regularizar su situación. Según las organizaciones que la respaldan, durante estos años ha tratado de conseguir una respuesta institucional y ha abonado el alquiler.

Para los colectivos, encadenar suspensiones sin resolver el conflicto prolonga la incertidumbre y el desgaste de vivir bajo la amenaza de perder la casa. La nueva paralización concede un margen de tiempo, pero no ofrece garantías de estabilidad residencial ni evita que la activista vuelva a enfrentarse a un posible lanzamiento.

Más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado, entre ellos sindicatos, movimientos por la vivienda, entidades ecologistas, asociaciones vecinales y colectivos de pensionistas, han respaldado un manifiesto en su apoyo. Esta red consiguió frenar un intento anterior de desahucio y mantiene la movilización para exigir una solución estable.

El comunicado vincula también la urgencia de esta reivindicación con la muerte de Maricarmen, de 87 años, la semana pasada. Las organizaciones han señalado este caso al denunciar el sufrimiento que padecen las personas que viven bajo la amenaza de perder su vivienda. En su denuncia incluyen asimismo a Mariano y a otras personas desahuciadas o en riesgo de serlo.

Una trayectoria marcada por las luchas ecologistas y feministas

La amenaza de desahucio afecta a una mujer cuya trayectoria pública está ligada a décadas de activismo social. Paca Blanco es una militante histórica de Ecologistas en Acción y Anticapitalistas y ha participado en luchas ecologistas, feministas, antinucleares y por el derecho a la vivienda.

Su historia también está marcada por experiencias de precariedad y represión. Durante su juventud sufrió el internamiento forzado en instituciones del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que sometió a miles de jóvenes a un sistema de control moral y social.

Años después, Blanco fue expulsada de su vivienda en El Gordo, en Extremadura, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y encabezaba la oposición al complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas.

Ahora vuelve a enfrentarse a la posibilidad de perder su hogar. Las organizaciones que la acompañan advierten de las consecuencias que un desahucio podría tener sobre su autonomía y sus condiciones de vida. Consideran que su caso trasciende la situación individual de la activista y pone de manifiesto las dificultades para garantizar el derecho a la vivienda, incluso en el ámbito de la vivienda pública.

La suspensión de 60 días vuelve a aplazar el lanzamiento, pero deja pendiente la solución de fondo. Las organizaciones han anunciado que mantendrán la movilización hasta que Blanco tenga garantizada su permanencia en la vivienda.

La propia activista resume el desgaste que le provoca esta situación como una montaña rusa emocional: “Me dan bajones, ataques de ansiedad y estoy muy medicada; por otra parte, cuando veo el apoyo me dan subidones y así estoy”.