El narcotraficante Pablo Escobar acumuló caprichos durante los años que estuvo al frente del Cartel de Medellín, una poderosa organización que sembró el terror desde finales de los años 70 hasta principios de los 90. Todas esas extravagancias seguramente quedaron reunidas en la Hacienda Nápoles, la residencia que el colombiano construyó con mimo. 

La Hacienda Nápoles era una pequeña gran ciudad privada: tenía pistas de aterrizaje para helicópteros, diez casas, decenas de lagos artificiales, estatuas de dinosaurios de tamaño real, una pista de motocross, una gasolinera y tres zoológicos con decenas de animales exóticos, comprados ilegalmente por el narcotraficante. 

Escobar se emperró en tener hipopótamos y trajo cuatro ejemplares desde África. Esos enormes animales se terminaron reproduciendo y la población asciende actualmente a más de doscientos individuos. Un incremento que se ha convertido en un verdadero problema para Colombia, que los considera como una especie exótica invasora desde 2022.  

En este sentido, el ejecutivo colombiano anunció este lunes un plan para manejo de hipopótamos, que incluye el traslado seguro de algunos y la eutanasia para, por lo menos, ochenta ejemplares durante el segundo semestre de este año, con el objetivo de evitar su reproducción. 

“Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas”, señala la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que hace un llamamiento a tener un debate sano sobre esta cuestión y defiende que el ejecutivo ha actuado siempre con el aval de la comunidad científica. 

Vélez sostiene que es “una decisión necesaria para proteger la biodiversidad, los ecosistemas acuáticos y la seguridad de las comunidades locales” de Colombia. Con este plan, que plantea dos acciones (traslado y eutanasia de parte de los hipopótamos), se busca proteger especies como el manatí, la nutria de río (Lontra longicaudis) o la tortuga del río Magdalena (Podocnemis lewyana).

De acuerdo con el ejecutivo colombiano, se implementarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienzan con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos “aprobados por expertos en el manejo de estos procesos”. En total, se seleccionarán ochenta hipopótamos de la Hacienda Nápoles. 

La medida de la eutanasia ha sido tomada tras el fracaso de otros métodos de control, como el traslado de los paquidermos a países como México, Filipinas, Perú, India y Sudáfrica, después de que sus gobiernos no emitieran los permisos CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) necesarios para completar la gestión.

Traspiés a las primeras de cambio

Pero el plan del Gobierno ha arrancado con un traspié. Un juez en Antioquia ha suspendido el plan tras la presentación de un recurso que pide priorizar alternativas no letales para estos animales, como la esterilización y el traslado a espacios controlados, según recoge el medio local El Nacional.

El hipopótamo, uno de los muchos caprichos de Escobar, es el tercer animal terrestre más grande del mundo, después del elefante y el rinoceronte blanco, con un peso de entre 1.300 y 3.500 kilogramos. Pueden vivir hasta 50 años y suelen tornarse agresivos ante la presencia de humanos. 

El jutge que instrueix la causa contra la presumpta trama de narcotràfic a gran escala en el port de València insisteix que va haver-hi “corrupció” en l’accés a l’ús de l’estiba. L’instructor, en una interlocutòria del 17 d’abril passat a què ha tingut accés elDiario.es, recorda que en les comunicacions interceptades a la presumpta xarxa “s’observa com els investigats, per formar part del sindicat majoritari del port i utilitzar aquest càrrec per a introduir en l’estiba amb pagament previ membres de l’organització, es vanen d’utilitzar aquests guanys per a comprar roba de marques cares i fins i tot l’adquisició de vehicles”. 

En una de les escoltes policials, els investigats, després d’intentar que accedira a una de les cobejades ocupacions el nebot del presumpte narco Onofre G. R., “busquen obtindre beneficis que permeten l’adquisició d’un vehicle marca Lamborghini”, recorda el magistrat. A més, la resolució indica que continuen les perquisicions “referents als delictes detectats en relació amb la corrupció en el si del port de València”.

La interlocutòria al·ludeix a la pretesa “implicació” d’Óscar M., expresident del comité d’empresa de l’estiba, en diversos presumptes delictes en l’àmbit del port de València, “pel fet de ser peça imprescindible per a facilitar l’accés a l’ocupació portuària a diferents individus d’interés” per a Iván T. R. (un dels principals investigats en el procediment), “a través de la seua posició privilegiada com a membre del sindicat Coordinadora”.

La defensa d’Óscar M. va recórrer contra la interlocutòria que va acordar, provisionalment, l’ús policial de dos vehicles propietat seua intervinguts en el marc de l’operació Spider, un Range Rover i una motocicleta BMW. L’exlíder del sindicat Coordinadora, afirma el jutge, “adquireix, transforma i utilitza” els guanys “obtinguts pels delictes investigats”.

L’instructor, que ha desestimat el recurs en sintonia amb la postura del fiscal antidroga, argüeix els “nombrosos indicis” de la participació d’Óscar M. en la presumpta corrupció portuària, “beneficiant-se i augmentant el seu patrimoni amb compres de béns que en tot o en part provenen de l’obtenció de pagaments per facilitar l’accés a l’estiba de membres de l’organització criminal”, indica la interlocutòria.

D’altra banda, la parella d’un altre dels pretesos capos, Ramón B. P., també va recórrer contra la decisió d’atorgar l’ús policial a dos vehicles marca Audi a nom seu. La interlocutòria recorda a la dona, que figura com a investigada per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, que les vigilàncies policials van detectar que Ramón B. P. conduïa un dels dos Audi. 

L’altre vehicle estava assegurat a nom del mateix investigat (que figurava com a “conductor habitual”). La pòlissa es pagava des d’un compte a nom seu. “És per això que la possessió i l’ús ha sigut acreditat a la persona de” Ramón B. P.

El juez que instruye la causa contra la presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València insiste en que hubo “corrupción” en el acceso al empleo de la estiba. El instructor, en un auto del pasado 17 de abril al que ha tenido acceso elDiario.es, recuerda que en las comunicaciones interceptadas a la presunta red “se observa como los investigados, por formar parte del sindicato mayoritario del puerto y utilizar ese cargo para introducir en la estiba previo pago a miembros de la organización, se jactan de utilizar esas ganancias para comprar ropa de marcas caras e incluso la adquisición de vehículos”.

En una de las escuchas policiales, los investigados, después de intentar que accediera a uno de los codiciados empleos el sobrino del presunto narco Onofre G. R., “buscan obtener beneficios que permitan la adquisición de un vehículo marca Lamborghini”, recuerda el magistrado. Además, la resolución indica que continúan las pesquisas “referentes a los delitos detectados en relación con la corrupción en el seno del Puerto de Valencia”.

El auto alude a la supuesta “implicación” de Óscar M., expresidente del Comité de Empresa de la estiba, en varios presuntos delitos en el ámbito del Puerto de València, “al ser pieza imprescindible para facilitar el acceso al empleo portuario a diferentes individuos de interés” para Iván T. R. (uno de los principales investigados en el procedimiento), “a través de su posición privilegiada como miembro del sindicato Coordinadora”.

La defensa de Óscar M. recurrió el auto que acordó, provisionalmente, el uso policial de dos vehículos de su propiedad intervenidos en el marco de la 'operación Spider', un Range Rover y una motocicleta BMW. El exlíder del sindicato Coordinadora, afirma el juez, “adquiere, transforma y utiliza” las ganancias “obtenidas por los delitos investigados”.

El instructor, que ha desestimado el recurso en sintonía con la postura del fiscal antidroga, arguye los “numerosos indicios” de la participación de Óscar M. en la presunta corrupción portuaria, “beneficiándose y aumentando su patrimonio con compras de bienes que en todo o en parte provienen de la obtención de pagos por facilitar el acceso a la estiba de miembros de la organización criminal”, indica el auto.

Por otro lado, la pareja de otro de los supuestos capos, Ramón B. P., también recurrió la decisión de otorgar el uso policial a dos vehículos marca Audi a su nombre. El auto recuerda a la mujer, que figura como investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales, que las vigilancias policiales detectaron que Ramón B. P. conducía uno de los dos Audi.

El otro vehículo estaba asegurado a nombre del mismo investigado (que figuraba como “conductor habitual”). La póliza se pagaba desde una cuenta a su nombre. “Es por lo que su posesión y uso ha sido acreditado a la persona de” Ramón B. P.

Cuando en noviembre de 2025 el 'narco' ecuatoriano Wilmer Chavarría-Barre, alias 'Pipo', fue detenido en Málaga por la UDYCO Central, le comunicaron que lo hacían en atención a una orden que llegaba de su país natal por un delito de robo con muerte. Pipo se movía con pasaporte colombiano, usaba la identidad falsa de Danilo Ramón Fernández y había fingido incluso su muerte.

Él se opuso a ser extraditado y tras declarar ante la Audiencia Nacional estaba pendiente de la decisión de la magistrada María Tardón. Pero por el camino se cruzó una nueva petición de extradición, esta vez de EEUU. Fue el pasado 3 de marzo cuando la Embajada de EEUU se dirigió al Ministerio de Asuntos Exteriores español para solicitar también la extradición de Pipo, jefe del cartel de 'Los Lobos', para que se presentara ante un tribunal del Distrito Sur de California para ser juzgado por el delito de conspiración “para distribuir por lo menos cinco kilogramos” de cocaína con el conocimiento de que sería importada ilícitamente a Estados Unidos.

El asunto, siguiendo una vez más los trámites habituales para este tipo de extradiciones, acabó otra vez en manos de la Audiencia Nacional. Así, el pasado 17 de abril se celebró una nueva vista para ver si se acordaba el envío a California de este narco que permanece en la prisión de Zaragoza desde que fuera detenido.

Y en esa vista, su defensa presentó un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que pone el foco en que, en realidad, la petición de EEUU bien podría ser una treta para que no pase con 'Pipo' lo que ocurrió con el líder de 'Los Tiguerones', William Joffre Alcívar, alias 'Comandante Willy'. Este otro criminal fue puesto en libertad por la Audiencia Nacional al entender este tribunal especial que no podía mandarlo a Ecuador porque ese país no dio garantías suficientes para la seguridad del reo en sus cárceles.

A juicio de la defensa, ahora se da un uso “instrumental” de la extradición fruto de “la estrecha cooperación entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos” para combatir este tipo de organizaciones criminales –calificadas de terroristas por el Gobierno de Donald Trump–. Y apunta que el asunto “se agrava” porque en la declaración ante Fiscalía desde la cárcel de Zaragoza en febrero de 2026, 'Pipo' formuló graves acusaciones contra el presidente de la República de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, al que señaló como presunto responsable de haber ordenado el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

“Interés político”

La defensa tiene la sospecha de que “existe un interés político del Gobierno de Ecuador” para que 'Pipo' sea extraditado, pero fuera del alcance de su jurisdicción “para que no pueda reiterar o ampliar esas acusaciones”. “El objetivo del Gobierno de Ecuador es que Pipo vaya a otra jurisdicción donde sus señalamientos contra Noboa por el crimen de Villavicencio no puedan tener efecto sobre el procedimiento judicial de Ecuador”, recalca en sus alegaciones la defensa del narco.

Y añade que por eso es “imperativo” que la Justicia de EEUU dé a la Audiencia Nacional información suficiente para que España pueda comprobar “si existe un interés genuino de EEUU para la extradición de 'Pipo' o si, por el contario (tras el rechazo de la Audiencia Nacional a extraditar al Comandante Willy), puede constituir una estrategia coordinada de Noboa y la Administración Trump para eludir las garantías del sistema de extradición español y del propio tratado bilateral”.

Al hilo, la defensa pone el foco en inexactitudes que ha constatado en la nota verbal de la Embajada de EEUU y de un aporte insuficiente de información por parte del agente de la DEA a cargo del caso. En las alegaciones, que ya están en poder de la magistrada María Tardón, la defensa dedica un apartado entero a insistir en la relevancia de la declaración de Pipo ante la Fiscalía de Zaragoza del pasado 25 de febrero y señala que es “una pieza procesal de singular relevancia en el presente procedimiento de extradición”. Recuerda que hizo públicas graves acusaciones contra Noboa en relación con el asesinato de Villavicencio, y que la reacción inmediata de las autoridades ecuatorianas fue la de solicitar que no se entregara a la defensa copia del vídeo o del audio de esa declaración.

Para el letrado, existe una “voluntad de silenciar al declarante que resulta difícilmente compatible con un ejercicio legítimo de la cooperación judicial internacional”.

El jutge instructor de l’operació Spider, que va desarticular una presumpta trama de narcotràfic a gran escala en el port de València, es resisteix que declaren, de moment, els policies encoberts que van tindre un paper clau en l’èxit de les perquisicions i en la confiscació de 3,5 tones de coca. Així consta en una provisió dictada el 15 d’abril passat pel magistrat Vicente Ríos, a què ha tingut accés elDiario.es. La defensa d’un dels pretesos capos de la xarxa va sol·licitar la testifical dels agents amb el nom en codi d’Orca, Iveco i Rande.

El titular de la Plaça número 15 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de València es remet a una resolució anterior en què recorda que es tracta de funcionaris que van actuar amb la condició d’agents encoberts, “la identitat real dels quals està en una peça separada secreta”. 

La condició dels agents Orca, Iveco i Rande, argumenta el jutge en la línia del fiscal antidroga, “imposa una cautela especial en l’adopció de diligències que puguen incidir en el règim de protecció legalment previst”.

Per això, l’instructor va sol·licitar a l’advocat del presumpte narco (i als que es van adherir a la petició) que, amb caràcter previ a resoldre sobre la pràctica de la diligència sol·licitada, es concretaren “de manera individualitzada els ”fets o els extrems específics respecte dels quals interessa la declaració de cadascun dels agents, la “rellevància concreta” de la diligència per a l’exercici del dret de defensa i les “raons per les quals la seua pràctica resulta necessària en fase d’instrucció i no pot diferir-se al plenari”, en referència a la fase de judici oral. 

D’altra banda, la provisió accepta que declaren dos agents més de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (Udyco, pel nom en castellà) de la Policia Nacional, anotats amb les seues targetes d’identificació professional. 

Els agents encoberts, amb autorització de la fiscal en cap antidroga, Rosa Ana Morán, es van introduir en la presumpta xarxa que controlava el narcotràfic en el port de València simulant ser camioners disposats a rescatar partides de coca importants, tal com va informar aquest diari. 

Orca i Iveco —els dos agents que més profundament van penetrar la pretesa trama— van assistir a reunions dels presumptes narcos i, gràcies a la seua tasca d’infiltració, van poder establir l’estructura de la xarxa i identificar desenes d’implicats, entre ells treballadors portuaris i dos directius d’una empresa transitària que col·laboraven per a rescatar la cocaïna. 

El sumari de la causa inclou les notes interiors elaborades per la Udyco a manera de diari de bord dels policies encoberts, activats en secret per la Secció d’Activitats Especials de la Policia Nacional.

El juez instructor de la 'operación Spider', que desarticuló una presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València, se resiste a que declaren, de momento, los policías encubiertos que tuvieron un papel clave en el éxito de las pesquisas y en la incautación de 3,5 toneladas de coca. Así consta en una providencia dictada el pasado 15 de abril por el magistrado Vicente Ríos, a la que ha tenido acceso elDiario.es. La defensa de uno de los supuestos capos de la red solicitó la testifical de los agentes con el nombre en código de Orca, Iveco y Rande.

El titular de la Plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València se remite a una resolución anterior en la que recuerda que se trata de funcionarios que actuaron bajo la condición de agentes encubiertos, “cuya identidad real obra en pieza separada secreta”.

La condición de los agentes Orca, Iveco y Rande, argumenta el juez en la línea del fiscal antidroga, “impone una especial cautela en la adopción de diligencias que puedan incidir en el régimen de protección legalmente previsto”.

Por ello, el instructor solicitó al abogado del presunto narco (y a los que se adhirieron a la petición) que, con carácter previo a resolver sobre la práctica de la diligencia solicitada, se concretaran “de forma individualizada los ”hechos o extremos específicos respecto de los cuales interesa la declaración de cada uno de los agentes, la “relevancia concreta” de la diligencia para el ejercicio del derecho de defensa y las “razones por las que su práctica resulta necesaria en fase de instrucción y no puede diferirse al plenario”, en referencia a la fase de juicio oral.

Por otro lado, la providencia acepta que declaren otros dos agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, anotados con sus tarjetas de identificación profesional.

Los agentes encubiertos, con autorización de la fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán, se introdujeron en la presunta red que controlaba el narcotráfico en el Puerto de València simulando ser camioneros dispuestos a rescatar importantes alijos de coca, tal como informó este diario.

Orca e Iveco —los dos agentes que más profundamente penetraron la supuesta trama— asistieron a reuniones de los presuntos narcos y, gracias a su labor de infiltración, pudieron establecer la estructura de la red e identificar a decenas de implicados, entre ellos trabajadores portuarios, y a dos directivos de una empresa transitaria que colaboraban para rescatar la cocaína.

El sumario de la causa incluye las notas interiores elaboradas por la Udyco a modo de diario de a bordo de los policías encubiertos, activados en secreto por la Sección de Actividades Especiales de la Policía Nacional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, demandará por calumnia a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que este asegurara que durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con algunas personas supuestamente vinculadas con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, Fito.

“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, escribió Petro este domingo en la red social X al anunciar la acción judicial.

El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista colombiana Semana en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con Fito, fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador en aquella ocasión obedeció únicamente a actividades oficiales.

En esa entrevista, Noboa afirmó que Petro “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito”, en referencia al movimiento político ecuatoriano vinculado al expresidente Rafael Correa, actualmente en la oposición.

Petro respondió a esas declaraciones defendiendo su visita a Manta, a donde según explicó, viajó en mayo de 2025 luego de asistir en Quito a la segunda toma de posesión de Noboa, y aseguró que durante toda su estancia contó con la protección permanente del Ejército ecuatoriano, así como con su esquema de seguridad colombiano.

“El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador”, agregó Petro.

Visita secreta

La visita de Petro a Manta no estaba en su agenda de viaje a Ecuador y se supo de ella por informaciones de prensa, tras las cuales surgieron versiones no confirmadas de que el mandatario supuestamente se había reunido en esa ciudad con Fito, el narcotraficante más peligroso de ese país, que fue capturado un mes después y extraditado a Estados Unidos.

Petro subrayó hoy que tanto sus escoltas como otros testigos pueden dar fe de sus actividades en ese viaje, y rechazó que su presencia en esa ciudad pueda ser interpretada como indicio de contactos irregulares.

Este episodio se suma a otros desencuentros entre los dos presidentes, reflejo del deterioro de la relación bilateral, que en los últimos meses ha escalado también al terreno comercial, con la imposición mutua de aranceles a productos de ambos países y la llamada a consultas de ambos embajadores.

La investigación de la Policía Nacional sobre una de las mayores redes de tráfico de hachís asentadas en Ceuta dibuja un entramado en el que la corrupción de agentes —principalmente de la Guardia Civil— aparece como una pieza estructural del negocio. Las conversaciones intervenidas revelan que los sobornos a miembros de las fuerzas de seguridad —tanto en Marruecos como en España— no solo facilitaban el paso de la droga, sino que resultaban imprescindible incluso para acceder a grandes partidas en origen. “Sin agentes pagados ni nos venden la droga”, llega a reconocer uno de los cabecillas.

En paralelo, la trama mantiene vínculos con figuras del narcotráfico internacional, como el conocido como ‘Messi del Hachís’, que, según relata un ex guardia civil implicado, llegó a regalar relojes de lujo —un Patek Philippe— tanto a él como al futbolista Sergio Ramos. Todo ello en una organización que operaba mediante lanchas, camiones y narcotúneles, incluido un segundo paso subterráneo en construcción tras el descubierto en el Tarajal. A lo largo de los casi 500 folios de investigación, hay una constante que se repite en distintos momentos, escenarios y conversaciones: la necesidad de “pagar” para que la droga circule.

Los investigadores detectan referencias explícitas a pagos de hasta 120.000 euros a agentes, descritos en las conversaciones como “los de las gorras”, a cambio de facilitar el tránsito de la mercancía. En otros momentos, los propios integrantes de la red atribuyen fracasos en operaciones a fallos en la cadena de sobornos. Tras la incautación de un cargamento de 15 toneladas en Almería —ocultos en patatas simuladas con plástico y escondidas en sacos dentro de un camión que venía de Nador—, uno de los líderes especula abiertamente con esa posibilidad: la droga no habría pasado porque el dinero no llegó a tiempo a quienes debían mirar hacia otro lado. La reacción inmediata no es replantear la logística, sino verificar si el pago se ejecutó correctamente.

Ese patrón se repite en múltiples conversaciones. La organización da por hecho que el paso de grandes cantidades de hachís depende de la compra de voluntades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto es así que uno de los cabecillas admite que sin esos pagos previos ni siquiera los proveedores acceden a vender grandes cantidades de droga.

Construyendo el segundo narcotúnel

El otro eje fundamental de la investigación es el uso de infraestructuras subterráneas para introducir la droga en Ceuta. La organización ya había estado detrás primer narcotúnel descubierto en el polígono del Tarajal —conducto que reconocen haber detonado antes de que la Guardia Civil lo encontrara—, y lejos de abandonar esa vía, trabaja en la construcción de un segundo paso. Las conversaciones intervenidas sitúan a los cabecillas planificando la obra, hablando de materiales, mano de obra y de la necesidad de reducir la presión policial en la zona. En uno de los diálogos, un colaborador advierte de la presencia constante de la gendarmería marroquí en el entorno donde se ubicaría la entrada.

El propio líder de la red asume la responsabilidad directa sobre la infraestructura. En conversaciones anteriores ya había reivindicado la autoría del primer túnel, asegurando haber introducido toneladas de droga por esa vía. Ahora, el objetivo es consolidar una alternativa más discreta frente a las rutas marítimas, cada vez más expuestas.

La construcción del nuevo túnel se convierte en una prioridad operativa. Hablan de metros pendientes, de la necesidad de introducir a trabajadores de forma clandestina en Ceuta y de coordinar el reparto de funciones: uno se encargaría de la entrada de la droga y otro de su distribución en territorio español.

Exagentes, contactos y relaciones peligrosas

Dentro de ese entramado, la figura de un ex guardia civil resulta especialmente significativa. Ángel A.F., ya retirado, mantiene una relación directa con la organización, participando en operaciones y actuando como intermediario. Las conversaciones revelan que no solo facilita contactos dentro del Instituto Armado, sino que también participa en la compraventa de droga y en la gestión de información tras incautaciones. En un momento dado, el cabecilla recurre a él para averiguar qué ha fallado tras una intervención policial en Almería. Su papel va más allá de lo operativo. En una conversación con un conocido, relata un encuentro con una figura de primer nivel en el narcotráfico internacional: Abdellah El Haj Sadek El Menbri, conocido como el ‘Messi del Hachís’. Describe con detalle su casa, su colección de relojes y un episodio concreto en el que este le habría regalado un Patek Philippe.

El relato incluye una referencia llamativa: ese mismo narco habría hecho un regalo similar al futbolista Sergio Ramos en una noche de fiesta. La escena, narrada con naturalidad, muestra el nivel de relaciones en el que se movían algunos de los implicados. Días después, el ex agente aparece contando grandes cantidades de dinero en efectivo junto a otros individuos, con el objetivo de comprar décimos premiados de la Lotería de Navidad. Los investigadores interpretan esta práctica como un mecanismo para blanquear capitales.

Una logística sostenida sobre sobornos

La red dirigida por ‘Amandis’ —nombre de la empresa de la luz marroquí en la que trabajaba antaño el investigado— y ‘El Holandés’ operaba a gran escala. Movía toneladas de hachís desde Marruecos hacia España y Europa utilizando una combinación de rutas marítimas, terrestres y subterráneas, merced a la colaboración de narcos de la Costa del Sol y Galicia. En cada fase del proceso, la corrupción aparece como un elemento transversal. Desde la salida de la droga en origen hasta su distribución final, los implicados hablan de pagos, contactos y garantías. La existencia de agentes que no aceptan sobornos también forma parte de sus conversaciones, identificados como un riesgo añadido.

En uno de los diálogos, los cabecillas mencionan expresamente a un inspector de la UDYCO que, según dicen, no entra en la dinámica. La incertidumbre que genera la incorruptibilidad de algunos condiciona decisiones operativas, incluyendo la elección de rutas o el volumen de los cargamentos. La red busca constantemente minimizar riesgos dentro de un esquema en el que el soborno es la base.

A lo largo de la investigación, la Policía Nacional logra interceptar numerosos cargamentos: 600 kilos en Arcos Quebrados —gracias a un incendio en la casa de uno de los miembros de la red—, más de 400 en el Serrallo (ambos barrios de Ceuta), otros 650 en Écija o casi 500 en una furgoneta interceptada en Málaga. Los golpes policiales muestran las conversaciones grabadas, generan tensiones internas, sospechas de chivatazos y reajustes en la operativa. Sin embargo, la actividad no se detiene. Tras cada intervención, los miembros de la organización analizan qué ha fallado, reparten pérdidas y preparan nuevos envíos. En muchos casos, la primera hipótesis vuelve a ser la misma: si alguien no ha cobrado.

La red mantiene contactos en distintos puntos de España —Andalucía, Galicia, Madrid o Valencia— y en varios países europeos. También explora nuevas rutas y métodos, desde narcolanchas hasta túneles, pasando por vehículos con dobles fondos o convoyes con lanzaderas.

El volumen económico del negocio es elevado. Manejan cifras de cientos de miles de euros por operación y gastos millonarios en logística, combustible para las narcolanchas, que en ocasiones permanecen en la mar hasta quince días esperando a descargar o pagos a colaboradores.

Violencia, amenazas y control interno

El funcionamiento de la organización no se limita al tráfico de droga. Las conversaciones intervenidas reflejan un clima de presión constante, con amenazas hacia quienes consideran responsables de filtraciones. El nombre de Himad T.B., vinculado al descubrimiento del primer narcotúnel, aparece de forma recurrente. Los cabecillas lo señalan como “chivato” y llegan a plantear acciones violentas contra él, incluyendo la contratación de terceros para atacarlo.

Ese episodio evidencia el grado de control que intenta mantener la organización sobre su entorno y las consecuencias de romper la omertá.

Todo empezó moviendo un frigorífico. Detrás del electrodoméstico insonorizado, en una nave industrial del Tarajal, la Policía Nacional encontró la puerta de entrada a una de las infraestructuras más sofisticadas de la historia del narcotráfico en Ceuta: un narcotúnel con raíles, poleas y varios niveles diseñado para introducir toneladas de hachís en España sin contacto visual entre los implicados. El hallazgo forma parte de una operación que ha culminado con 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, más de 17 toneladas de droga intervenida y la desarticulación de una organización con ramificaciones en Andalucía, Galicia y Marruecos.

La escena, descrita por los propios investigadores, tiene algo de arqueología criminal. Una nave aparentemente anodina, una cámara insonorizada y un frigorífico de grandes dimensiones que, tras ser desplazado “después de mucho esfuerzo”, dejaba al descubierto un acceso oculto. Lo que había debajo, a juicio de los investigadores, no era improvisación, sino ingeniería aplicada al narcotráfico.

Según la Policía, se trataba de una estructura “muy profesional, muy preparada, muy acondicionada”, en palabras de Antonio Martínez, jefe de la UDYCO central. Tenía tres niveles claramente definidos: un pozo de descenso, una cámara intermedia —la llamada “narcodespensa”— y una salida hacia Marruecos.

En ese espacio subterráneo, los fardos de hachís se movían mediante raíles, vagones, poleas y grúas. Un sistema diseñado para transportar grandes cargas sin necesidad de contacto directo entre quienes participaban en el alijo. La organización había instalado incluso bombas de achique para combatir el agua freática y sistemas de insonorización que permitían operar sin levantar sospechas en el exterior.

Las primeras mediciones apuntan a un descenso de unos 19 metros hasta la base del túnel, con una galería de aproximadamente 1,20 metros de alto por 80 centímetros de ancho. La longitud total sigue sin determinarse debido a la acumulación de agua, que ha obligado a emplear tecnología específica, incluido un dron submarino.

El “narcoarquitecto” y la doble dirección de la red que fue mutando

Detrás del conducto había una estructura de mando clara. Dos personas lideraban la organización: una desde Marruecos, considerada por los investigadores el “narcoarquitecto” y “patrón de los túneles” y otra en Ceuta, encargada de negociar los envíos y gestionar la distribución.

El primero, detenido el pasado 26 de marzo, ya estaba vinculado al túnel descubierto el año anterior. Su perfil sintetiza el salto cualitativo del narcotráfico en la zona: no solo coordinaba, sino que diseñaba y perfeccionaba las rutas.

“El principal investigado era el responsable del otro túnel intervenido el año pasado”, explicó Martínez, quien subrayó que la organización “introducía miles de kilos de hachís en Europa” y que su base operativa se apoyaba en este tipo de infraestructuras.

A esta conclusión llegaron tras más de un año de pesquisas. La investigación arrancó en febrero de 2025 y permitió detectar una organización con capacidad para mover grandes cantidades de droga hacia la península y otros puntos de Europa. En ese tiempo, el grupo criminal no se mantuvo estático, “mutó”.

Cuando las primeras incautaciones comenzaron a golpear su operativa, la red cambió de estrategia. “La organización entiende que tiene que cambiar de sistemas, deja el narcotúnel apartado durante un tiempo y empieza a colaborar con otras organizaciones”, señaló Martínez

Ese giro llevó a establecer conexiones con redes del Campo de Gibraltar —especializadas en el uso de embarcaciones de alta velocidad— y con grupos gallegos que utilizaban pesqueros para introducir la droga. El objetivo era mantener el flujo de estupefacientes pese a la presión policial.

La desarticulación acabó produciéndose por acumulación de golpes. Durante meses, los investigadores acumularon interceptaciones de cargamentos que permitieron poner en evidencia la red. Uno de los episodios fundamentales se produjo tras un incendio en una vivienda de la barriada ceutí del Príncipe, que permitió intervenir 510 kilos de hachís y vincular el inmueble con la organización. Posteriormente, el cuerpo incautó otros 432 kilos en la ciudad autónoma, en esa ocasión, en la zona de Cabrerizas Altas y un alijo de 15.000 kilos en Almería, transportado en un tráiler procedente de Nador.

A estos golpes se sumaron otras intervenciones, como 480 kilos en Málaga o los decomisos realizados en los registros finales, que incluyeron también cocaína. En total, más de 17 toneladas de droga han sido retiradas del circuito.

Un operativo técnico y a gran escala

El hallazgo del túnel requirió un despliegue técnico poco habitual. Según explicó Pedro Ferrer, jefe regional de operaciones en Ceuta, la investigación contó con “medios técnicos y tecnológicos de alta tecnología” y con el apoyo de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional. La complejidad del terreno obligó a emplear herramientas específicas para analizar la estructura. “Se ha usado igualmente un dron de última generación submarino, puesto que el túnel estaba lleno de agua freática”, detalló el mando policial. Además, en la fase final participaron los Bomberos de Ceuta y el Regimiento de Ingenieros número 7 de la Comandancia General.

La explotación de la operación implicó a más de 250 agentes y se extendió por varias provincias: Ceuta, Cádiz, Málaga, Huelva y Pontevedra. En total, se realizaron 29 registros domiciliarios. El balance es significativo: 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, 1,43 millones de euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo intervenidos.

La operación habla del papel de Ceuta como punto estratégico en las rutas del hachís hacia Europa. Su proximidad a Marruecos y su posición geográfica la convierten en un enclave logístico de primer orden a ojos de los investigadores. La existencia de infraestructuras como los túneles hallados recientemente, sumada a las conexiones con otras regiones, dibuja un mapa en el que, para Policía Nacional y Guardia Civil, la ciudad es un nodo dentro de una red más amplia.

La Policia Nacional, en el marc de l’operació Spider, va aconseguir confiscar quasi una tona de cocaïna a la presumpta trama de narcotràfic del port de València gràcies a la geolocalització d’un contenidor i al paper d’un dels agents encoberts de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (Udyco, pel nom en castellà). L’operació de circulació i lliurament vigilat del contenidor, autoritzada pel titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de València, va comptar amb la col·laboració del Servei de Vigilància Duanera i de l’Agència Tributària i en el contenidor amb matrícula UAEU 1258951 es va instal·lar, “per raons d’urgència” un aparell de geolocalització a càrrec de l’Àrea de Sistemes Especials de la Policia Nacional, segons indica un informe de la Udyco que consta en el sumari de la causa, a què ha tingut accés elDiario.es. Tot això per a, a la llarga, “desmantellar l’organització criminal” que operava, a manera de càrtel, en el port de València. 

Els investigadors tenien indicis d’una eventual substitució del contenidor carregat de cocaïna per un altre de “clonat amb idèntiques característiques”, per la qual cosa la geolocalització assegurava el control del contenidor “contaminat” una vegada extret del gegantesc recinte portuari. 

La presumpta xarxa, efectivament, va usar la tècnica del contenidor clonat el 4 de desembre de 2024, segons la nota interior de la Udyco sobre l’actuació de l’agent encobert amb codi Iveco. El policia infiltrat, que fingia ser un camioner, va portar al port amb el seu vehicle un contenidor idèntic al que la xarxa tenia amb la coca dins de la infraestructura. La jugada consistia a substituir el contenidor amb la droga per un de clonat ,encara que carregat només amb caixes de papaies. 

La substitució es va fer per a evitar al contenidor amb la coca els controls de l’escàner del port i del Post d’Inspecció Fronterera, que va passar el clonat sense cocaïna. El contenidor amb la partida romania mentrestant en l’aparcament d’un restaurant a l’espera de fer el canvi. 

Un dels presumptes narcos va explicar al policia infiltrat els detalls de l’operació i li va entregar una ordre de càrrega impresa amb les dades del contenidor, de la terminal i de l’operador logístic, entre altres, a més del precinte per al contenidor clonat. 

Ja dins del recinte, el mateix presumpte narco li va entregar un sobre amb la documentació de Duanes i de la Guàrdia Civil proporcionada per un “contacte dins del port”. Amb aquests papers, el policia infiltrat podia abandonar el port directament amb el contenidor carregat amb la coca pel control automàtic d’eixida. 

Un document comprometedor per a “gent molt important”

El presumpte narco va advertir “amb fermesa” al pretés camioner que si s’adonava d’alguna mena de dispositiu de vigilància policial havia de destruir el document “siga com siga”, i li va plantejar fins i tot que “si cal, que el mastegue i se l’engula” ,ja que, si queia en mans dels uniformats, “comprometrà gent molt important”. 

Una vegada efectuat el canvi (el contenidor amb la coca abandonava el recinte i el clonat quedava estacionat dins per a ser evacuat més tard), la presumpta trama va ordenar a Iveco que es dirigira a una nau a Beneixida (la Ribera Alta). Escortat en un altre vehicle pel presumpte narco que donava les instruccions, el camioner va conduir fins al punt acordat, on quatre individus, tres d’ells amb accent de l’est, van descarregar la partida.

En aquell moment, agents uniformats de la Policia Nacional van assaltar la nau i van detindre els quatre individus. El policia infiltrat es va ocultar en la cabina del camió i va aconseguir esfumar-se per a continuar tenint una cobertura en el si de la presumpta trama. 

“Aprofitant la situació generada, i mentre els funcionaris policials fan les detencions de la resta dels investigats, Iveco ix de la cabina del camió i fuig del lloc a la carrera, i no pot ser interceptat pel dispositiu policial”, detalla la nota interior de la Udyco sobre l’operació. 

La Policia va trobar en la nau, entre els palets de fruita, un total de 970 “rajoles o pastilles” de cocaïna, d’aproximadament un quilo de pes cadascuna. Com que tota la partida no cabia en les motxilles que els presumptes narcos tenien disposades en la nau, els agents van apilar les rajoles restants en una vintena de caixes.

La Policía Nacional, en el marco de la 'operación Spider', logró incautar casi una tonelada de cocaína a la presunta trama de narcotráfico del Puerto de València gracias a la geolocalización de un contenedor y al papel de uno de los agentes encubiertos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco). La operación de circulación y entrega vigilada del contenedor, autorizada por el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, contó con la colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Agencia Tributaria y en el contenedor con matrícula UAEU 1258951 se instaló, “por razones de urgencia” un aparato de geolocalización a cargo del Área de Sistemas Especiales de la Policía Nacional, según indica un informe de la Udyco que consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso elDiario.es. Todo ello para, a la larga, “desmantelar la organización criminal” que operaba, a modo de cartel, en el Puerto de València.

Los investigadores contaban con indicios de una eventual sustitución del contenedor cargado de cocaína por otro “clonado con idénticas características”, por lo que la geolocalización aseguraba el control del container “contaminado” una vez extraído del gigantesco recinto portuario.

La presunta red, efectivamente, usó la técnica del contenedor clonado el 4 de diciembre de 2024, según la nota interior de la Udyco sobre la actuación del agente encubierto con código Iveco. El policía infiltrado, que fingía ser un camionero, llevó al Puerto con su vehículo un contenedor idéntico al que la red tenía con la coca dentro de la infraestructura. La jugada consistía en sustituir el container con la droga por uno clonado aunque cargado solo con cajas de papayas.

La sustitución se hizo para evitar al container con la coca los controles del escáner del Puerto y del Puesto de Inspección Fronteriza, que pasó el clonado sin cocaína. El contenedor con el alijo permanecía mientras en el aparcamiento de un restaurante a la espera de dar el cambiazo.

Uno de los presuntos narcos explicó al policía infiltrado los detalles de la operación y le entregó una orden de carga impresa con los datos del contenedor, de la terminal y del operador logístico, entre otros, además del precinto para el contenedor clonado.

Ya dentro del recinto, el mismo presunto narco le entregó un sobre con la documentación de Aduanas y de la Guardia Civil proporcionada por un “contacto dentro del puerto”. Con esos papeles, el policía infiltrado podía abandonar el puerto directamente con el contenedor cargado con la coca por el control automático de salida.

Un documento comprometedor para “gente muy importante”

El presunto narco advirtió “con firmeza” al supuesto camionero de que si se percataba de algún tipo de dispositivo de vigilancia policial debía destruir el documento “sea como sea”, planteándole incluso que “si hace falta lo mastique y se lo trague” ya que, si caía en manos de los uniformados, “comprometerá a gente muy importante”.

Una vez efectuado el cambiazo (el contenedor con la coca abandonaba el recinto y el clonado quedaba estacionado dentro para ser evacuado más tarde), la presunta trama ordenó a Iveco que se dirigiera a una nave en Beneixida (Valencia). Escoltado en otro vehículo por el presunto narco que daba las instrucciones, el camionero condujo hasta el punto acordado, donde cuatro individuos, tres de ellos con acento del este, procedieron a descargar el alijo.

En ese momento, agentes uniformados de la Policía Nacional asaltaron la nave y detuvieron a los cuatro individuos. El policía infiltrado se ocultó en la cabina del camión y logró esfumarse para seguir teniendo una cobertura en el seno de la presunta trama.

“Aprovechando la situación generada, y mientras los funcionarios policiales se encuentran realizando las detenciones del resto de investigados, Iveco sale de la cabina del camión y huye del lugar a la carrera, no pudiendo ser interceptado por el dispositivo policial”, detalla la nota interior de la Udyco sobre la operación.

La Policía halló en la nave, entre los palets de fruta, un total de 970 “ladrillos o pastillas” de cocaína, de aproximadamente un kilo de peso cada uno. Como todo el alijo no cabía en las mochilas que los presuntos narcos tenían dispuestas en la nave, los agentes apilaron los ladrillos restantes en una veintena de cajas.

La aplicación de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha motivado la excarcelación de 24 detenidos en la operación Sombra Negra, que desmanteló hace meses una red que habría introducido 57 toneladas de cocaína en Europa, debido a que sus defensas no tuvieron suficiente información para impugnar la prisión al estar la causa secreta, informa Efe.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha tenido que poner en libertad a esos 24 investigados a la vista del criterio de la Sala de lo Penal, que ordenó hace semanas excarcelar a otro de los imputados en esta causa al considerar vulnerado su derecho de defensa por no haberle informado del “contenido de los indicios” que le llevaron a prisión provisional.

Para adoptar su decisión, la Sala tuvo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, establecida desde 2017 a través de diferentes sentencias, y reforzada el pasado mes de febrero en una resolución, que estableció que, en una causa secreta, el juez debe “concretar” no solo el listado de fuentes de prueba contra el investigado, sino también “los datos que permitan la identificación de dicha fuente”.

En su sentencia, el Constitucional constató que algunos tribunales habían interpretado erróneamente su doctrina, al entender que sólo debían informar al investigado del “tipo o clase de prueba de manera genérica, pero no su contenido efectivo”.

Algo similar ocurrió en la investigación de este caso de narcotráfico: la Sala concluyó que la jueza informó a uno de los imputados de su “participación concreta”, pero “no el contenido de los indicios” que motivaron su entrada en prisión. En concreto, no detalló el resultado de las vigilancias policiales, no proporcionó un resumen de la transcripción de los pinchazos telefónicos o detalles como con quién habló y cuándo en dichas conversaciones.

A la vista del criterio expuesto por la Sala en aplicación de la doctrina del Constitucional, ahora la jueza Tardón ha acordado la libertad de 24 detenidos, a quienes se les ha impuesto medidas cautelares.

Antidroga, preocupada por las excarcelaciones

El caso recuerda a lo ocurrido con otra importante trama de narcotráfico, en la que está procesado el exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez. El considerado cabecilla, Ignacio Torán, fue excarcelado en abril del año pasado junto a otros investigados por motivos similares, si bien meses después volvió a ingresar en prisión tras recabar los investigadores nuevos indicios en su contra.

Desde la Fiscalía Antidroga ven estas excarcelaciones con mucha preocupación, según admiten fuentes consultadas por Efe, que claman por una reforma legal que permita perseguir a este tipo de organizaciones criminales, de gran envergadura, con herramientas propias de la lucha contra el crimen organizado, como refleja la última hoja de ruta propuesta por la Comisión Europea.

Discrepan de la puesta en libertad de estos investigados, al considerar que sus defensas sí contaban con los datos necesarios para no mermar su derecho a defensa en una causa que está bajo secreto de sumario y que debe tener reservas por el buen futuro de la investigación.

Sienten además una profunda desolación por el lugar donde deja a los investigadores la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional a la hora de combatir el crimen organizado, en el que el secreto sumarial es esencial.

Golpe a la logística del narco en el Atlántico

La operación Sombra Negra supuso el desmantelamiento de una organización logística de apoyo al narcotráfico, con 105 detenidos en dos fases: la primera culminó en julio del año pasado en Canarias y la segunda finalizó en Andalucía en noviembre.

El operativo, que supuso un ataque al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar, derivó en la intervención de 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos 'hexacópteros' o megadrones, más de 800.000 euros y más de 150 móviles.

Según la investigación, el presunto líder de la organización, alias El Tapi, residiría en Dubai y se encargaría de la financiación de las partidas de droga que llegan a España. Su mano derecha, Hassan M.M., operaría desde Cádiz y se encargaría de dirigir y transmitir sus instrucciones, de acuerdo a documentación a la que ha tenido acceso Efe.

Otra persona identificada como “Escorpión” manejaba presuntamente desde Marruecos embarcaciones de alta velocidad cargadas de droga y daba las directrices sobre el lugar de entrega. Tendría el control de las narcolanchas que han transportado toneladas de cocaína hasta Canarias y la Península.

En el mismo escalón estarían los coordinadores, encargados de garantizar la entrada por las desembocaduras de los ríos, sobre todo el Guadalquivir, y dar provisiones a las embarcaciones que vienen desde mitad del Atlántico.

Después estarían los responsables del transporte de la droga y el personal en tierra que responde a órdenes de los coordinadores, y por debajo, las personas que, sin acceder directamente a la droga, se encargarían de alertar de la presencia policial o de dar salida a los beneficios del narcotráfico.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este viernes a la sección de instrucción del tribunal de instancia de la capital asturiana, plaza número uno, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos, tres de ellos en las ciudades asturianas de Oviedo y Gijón y un cuarto en Llinás del Vallés (Barcelona), por la muerte violenta de Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', en un ajuste de cuentas por narcotráfico, ocurrido en Lugo de Llanera, en enero de 2025. 

El Ministerio Fiscal considera que en un principio los hechos son constitutivos de un delito de asesinato cometido por organización criminal, por lo que se podría condenar a los detenidos a la pena de prisión permanente revisable.

Riesgo de reiteración delictiva

El Ministerio Fiscal ha interesado la medida cautelar de su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dada la gravedad los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse a los detenidos, y al considerar que existe riesgo de fuga o de sustracción de la acción de la Justicia y de reiteración delictiva. 

Los cuatro detenidos en Oviedo, Gijón y Llinars del Valles (Barcelona) han pasado esta mañana a disposición judicial. La causa ha sido asumida por la plaza número 1 de Instrucción de la capital asturiana.

El quinto detenido es el sicario que, según la Guardia Civil, aceptó el encargo de asesinar a Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años, que fue arrestado en la ciudad francesa de Orleans, y será extraditado a España en las próximas semanas.

Una emboscada

'El Panameño' murió asesinado a tiros, el 26 de enero de 2025, tras caer en la emboscada que le tendió la organización de narcotráfico de origen dominicano con la que tenía contraída una deuda que no había devuelto. Según fuentes de la investigación, se habría apoderado de unos 14 kilogramos de cocaína de la red en uno de los trabajos que había realizado para la banda.

El asesinato se produjo en las inmediaciones de la localidad de Lugo de Llanera. Según el relato de la Guardia Civil, la víctima se encontraba junto con dos personas más en su vehículo, en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad asturiana de Lugo de Llanera, cuando tuvo que bajarse del coche para comprobar un aparente pinchazo en una rueda.

Los testigos

Seguidamente, se detuvo en el arcén para solicitar asistencia y en ese momento, otro vehículo se detuvo unos metros más adelante, se bajó una persona y disparó a la víctima hasta cinco veces, causándole la muerte en el acto. Los dos acompañantes de 'El Panameño' huyeron del lugar, mientras otras personas que en ese momento fueron testigos de la escena, al ver a una persona tendida en el suelo, dieron la voz de alarma.

A continuación, reproducimos el vídeo difundido por la Guardia Civil con imágenes de la operación policial que ha permitido esclarecer el asesinato y detener a las cinco personas presuntamente implicadas en el crimen.

La inspección ocular permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido manipulado.

En los registros efectuados en los domicilios de los detenidos los agentes hallaron 34 kilogramos de hachís.

La colaboración

La operación policial, bautizada como 'Filbanks' ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil de Asturias, con el apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, Unidad Central Operativa, GAR, GRS y SECRIMl.

En esta intervención también se ha contado con la colaboración de la Policía Judicial francesa H.S.I. (Homeland Security Investigation-Investigaciones de Seguridad Nacional).

Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años, fue asesinado el año pasado en la localidad asturiana de Lugo de Llanera cuando se bajó de su vehículo para comprobar el estado de una rueda que acababa de sufrir un reventón tras haber sido rajada previamente con una navaja para facilitar que un sicario, recién llegado de Francia a Asturias, le asesinara a tiros.

El vehículo que conducía la víctima había sido manipulado para que una organización criminal, con la que mantenía una deuda por narcotráfico, pudiera seguirlo en todos sus movimientos a través de un localizador. Las informaciones a la banda habían sido aportadas por sus propios amigos. Cinco personas, entre ellas el autor material del asesinato, han sido detenidas en las últimas horas.

Las amenazas

Un ajuste de cuentas por una deuda de narcotráfico está detrás del crimen. Al parecer, 'El Panameño' había sustraído a la organización 14 kilogramos de cocaína en el tercer encargo que había realizado para la banda. No hubo un cuarto trabajo.

Las amenazas que había recibido le habían llevado a huir de Asturias. Se refugió en Cádiz, pero la citación para personarse en un juicio que tenía su hijo por un accidente de tráfico, en la comunidad autónoma asturiana, le hizo regresar. Su vuelta al Principado fue aprovechada por la organización para cumplir sus amenazas y asesinarle.

A continuación, reproducimos el vídeo difundido por la Guardia Civil con imágenes de la operación policial que ha permitido esclarecer el asesinato y detener a las cinco personas presuntamente implicadas en el crimen.

Un sicario y cuatro cómplices

El crimen ocurrió el 26 de enero de 2025 y, tras una exhaustiva investigación, una operación policial ha permitido desarticular a la red y detener a cinco personas, entre las que figura el sicario.

La operación policial, bautizada con el nombre de 'Filbanks' ha sido desarrollada por la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Judicial francesa H.S.I. (Homeland Security Investigation-Investigaciones de Seguridad Nacional).

Arrestos simultáneos

Los investigadores han logrado esclarecer el crimen con las cinco detenciones practicadas en las últimas horas y que han culminado en la madrugada de hoy. Según los datos facilitados por la Guardia Civil, los arrestos se han realizado de forma simultánea en registros domiciliarios llevados a cabo en las ciudades asturianas de Oviedo y Gijón, en Llinars del Valles (Barcelona) y Orleans (Francia). En los registros practicados, los agentes se han incautado de 34 kilogramos de hachís.

Un crimen planificado

El crimen, que desde el inicio presentó signos de planificación, fue ejecutado por un sicario contratado por la organización criminal asentada en Asturias y vinculada principalmente con el tráfico de drogas. El autor material se desplazó desde Francia para cometer el asesinato y abandonó inmediatamente España una vez cometido.

Según el relato de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de enero de 2025 cuando la víctima se encontraba junto con dos personas más en su vehículo en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad asturiana de Lugo de Llanera.

Una rueda rajada

“Tras sufrir un aparente pinchazo en la rueda del vehículo, se detuvo en el arcén para solicitar asistencia. En ese momento, otro vehículo se detuvo unos metros más adelante, se bajó una persona y disparó a la víctima hasta cinco veces, causándole la muerte en el acto”, señala la Guardia Civil a través de un comunicado.

Seguidamente, los dos acompañantes de 'El Panameño' huyeron del lugar, mientras otras personas que en ese momento fueron testigos de la escena, al ver a una persona tendida en el suelo, dieron la voz de alarma.

Un localizador en el vehículo

Las primeras investigaciones realizadas por los agentes pusieron de manifiesto que no se trataba de un hecho fortuito. La inspección ocular permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido manipulado.

“Los agentes constataron que la víctima mantenía vínculos con grupos delictivos, lo que confirmó que el móvil del crimen estaba relacionado con una deuda derivada de una compra de droga”, señala la Guardia Civil.

Una deuda que, según fuentes cercanas a la investigación, estaba detrás de la huida de 'El Panameño' al sur del país al haber sido amenazado de muerte en caso de impago de la deuda.

La 'ayuda' de los “amigos” de la víctima

A partir de ese momento, la Guardia Civil enfocó la investigación tanto en el localizador hallado en el vehículo como en el entorno más cercano de la víctima. Los agentes fueron identificando al grupo de personas implicadas en las amenazas de muerte, así como en la planificación y ejecución del asesinato.

Este grupo estaba compuesto por amigos personales de la víctima, por miembros de la organización criminal que le habían vendido la droga y por un sicario contratado para llevar a cabo el crimen.

La huida a Francia

Las personas más cercanas a la víctima desempeñaron un papel clave, según ha corroborado la Guardia Civil, al facilitar los medios necesarios para que la organización pudiera conocer en todo momento su ubicación. Por su parte, los miembros del grupo delictivo se encargaron de contratar al sicario, proporcionar todo lo necesario para trasladarlo hasta el lugar de los hechos y organizar la huida a su país de origen, en Francia.

Para los investigadores, el hecho de que el autor material procediera de otro país fue una dificultad añadida para su control a través de seguimientos, ya que se desplazó por varias provincias y evitó dejar huellas e indicios que pudieran identificarlo. Tras cometer el crimen, abandonó el lugar y el país rápidamente.

La colaboración internacional

La investigación realizada por los agentes ha permitido identificar a los implicados, conocer su grado de participación y localizar sus domicilios para ser detenidos.

En la fase final, ha sido clave la cooperación internacional, especialmente con la Policía Judicial francesa, para la detención del sicario en su país, según ha resaltado la Guardia Civil.

La operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil en Asturias con apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, Unidad Central Operativa, GAR, GRS y SECRIM. Ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo y la Fiscalía.

La transcripción de la conversación telefónica figura entre los miles de folios de los informes policiales que constan en el sumario de la 'operación Spider', al que ha tenido acceso elDiario.es. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, durante las pesquisas que consiguieron desarticular una supuesta red de narcotráfico que movía cocaína a gran escala, pinchó una llamada del exlíder del Comité de Empresa de la estiba, Óscar M., investigado en la causa, a Francisco Lorente, presidente de la filial española de la naviera italo-suiza Mediterranean Shipping Company (MSC), adjudicataria de la ampliación del Puerto, sobre la cuota de las empresas portuarias para conseguir empleos para nuevos estibadores.

Óscar M., según la investigación policial comandada por la Fiscalía Antidroga y el Juzgado de Instrucción número 15 de València, se erigía en el supuesto nexo del clan liderado por Iván T. R. y Borja M. R. con instituciones públicas y privadas para la “infiltración sistemática” del máximo número de trabajadores portuarios para tener así disponibilidad en la mayor parte de turnos y terminales posibles de cara a los servicios de extracción de los envíos de droga. 

La llamada intervenida por la Udyco “aporta claridad” sobre las actividades del exlíder estibador, afirman los investigadores. Los informes con las transcripciones de las escuchas reseñan la llamada con máximo responsable de MSC en España, en la que “sale a relucir la importancia del control del Puerto en cuanto a la gente que tiene que acceder a trabajar en él”, sostiene la Udyco. “Son las organizaciones criminales las que quieren controlarlos y por ello no dudan en acudir a quien consideren necesario para ello”, remacha.

El empresario, en una conversación telefónica con este diario, explica que el reparto del cupo entre los estibadores y las empresas portuarias para el acceso a la primera fase de la bolsa, es un “tradición”. “Llevo en el Puerto cerca de 60 años, siempre ha funcionado así”, agrega.

Lorente ignora “totalmente si es legal o no” y afirma que los estibadores “nunca tienen bastante con su cuota”, por lo que recurren a la de las empresas privadas. Por otro lado, también considera que éstas últimas están en su derecho de incorporar a candidatos que cumplan los requisitos.

“Tiene una listita ya”

El diálogo intervenido por la Policía versa sobre una “lista” supuestamente vinculada con la denominada cuota de las empresas en la estiba del Puerto, que sale a relucir en diversos informes y autos que figuran en el sumario:

Paco: ¿Qué me cuentas?

Óscar: Nada, ¿qué te iba a decir? Eso, lo que te comenté, ¿tú ya has hablado con Svan [en referencia presumiblemente al director de la terminal de MSC en el Puerto de València] para darle los nombres de tu gente?

P: Hablé con él. He quedado en que pasaría para hablar con él, a ver si puedo verlo mañana o pasado.

Ó: Vale.

P: Lo antes posible.

Ó: Exacto. No lo dejes pasar, Paco, porque yo sé que él tiene una listita ya. A MSC, a su terminal le tocan ... A APM le tocan cinco y a CSP, por volumen, le tocan nueve, y algo me he enterado de que ya tenía alguna listita o él por ahí, digo, la lista tiene que pasar por el jefe, ¿sabes?

P: No, no, hombre, claro, naturalmente.

Ó: Entonces, claro, como me he enterado, digo, coño, voy a llamar a Paco.

P: Pues te lo agradezco mucho, porque yo así mañana sin falta me presento allí.

Ó: Vale, ok.

60.000 euros por puesto de trabajo

Más allá de las actividades propias de la estiba, los investigadores de la Udyco consideran que Óscar M., exlíder del sindicato Coordinadora, habría puesto en contacto a la presunta organización criminal con una de las empresas de transporte clave para la supuesta trama, dirigida por dos de los imputados, en el marco de una operación de introducción de más de una tonelada de cocaína desarrollada el pasado 18 de julio con el método del 'gancho ciego' (un alijo introducido en un contenedor junto con mercancía legal y sin el conocimiento de la empresa exportadora o importadora). La mercantil de transporte proporcionó las órdenes de servicio para la introducción del alijo.

La investigación, además de la rama principal del narcotráfico, también sigue la pista de la supuesta corrupción en el seno del Centro Portuario de Empleo. En una conversación telefónica intervenida por la Policía Nacional, uno de los imputados confiesa a su hermano que “por dinero pueden hacerse con una plaza relativa al cupo de las empresas”, según explica la Udyco, que cifra en “60.000 euros” el acceso a esos codiciados puestos de trabajo en el Puerto.

El investigado Manuel F. M. le detalló a su hermano David: “Hombre claro, todos los que no son de padres a hijos entran por empresa, ¿por qué? porque están obligados, no ves que hubo tanto revuelo (...) qué entran 100, tienen que entrar 20 por empresa, ¿sabes? De esos 100, 20 tienen que entrar por empresa”.

Manuel F. M. considerado por la investigación como un presunto narco a las órdenes Iván T. R. y Borja M. R., le cuenta a su hermano —“para terminar de dejarlo claro”, según la Policía— el ejemplo del padre de ambos: “¿Tú te acuerdas cuando el papá trabajaba en la mutua, (...), todo el mundo sabía que se llevaba cajas”. “Sí, pero nadie podía hacer nada”, responde el interlocutor.

“Con esta dinámica queda patente que las organizaciones criminales se aprovechan de este mecanismo para introducir a trabajar en las estructuras del puerto a personas de su máxima confianza”, según abunda un informe policial que reseña cientos de horas de escuchas telefónicas. “El dinero no es un problema y están dispuestos a desembolsar la cantidad que sea necesaria”, apostilla.

“Amaño” en los exámenes portuarios

La Udyco también sospecha que Óscar M. habría amañado el examen para que su hija obtuviera una plaza, tal como deducen de una conversación entre el líder sindical y el presunto narco Borja M. R..

Los pinchazos telefónicos confirman, a juicio policial, que el expresidente del Comité de Empresa tenía “acceso a información restringida del proceso”. El 27 de noviembre de 2024, el día que salieron los resultados del examen, la Udyco intervino varias conversaciones sobre los resultados, entre ellas una de Borja M. R. con Samuel E. en la que “se observa de forma inequívoca que ambos son conscientes del amaño”, indica la Policía. 

En otro diálogo telefónico entre el presunto narco y Luis Francisco J. T., el primero “presume de que ya sabía los resultados de los exámenes con anterioridad”, según los investigadores.

La transcripció de la conversa telefònica figura entre els milers de fulls dels informes policials que consten en el sumari de l’operació Spider, a què ha tingut accés elDiario.es. La Unitat de Drogues i Crim Organitzat (Udyco, pel nom en castellà) de la Policia Nacional, durant les perquisicions que van aconseguir desarticular una pretesa xarxa de narcotràfic que movia cocaïna a gran escala, va punxar una telefonada de l’exlíder del comité d’empresa de l’estiba, Óscar M., investigat en la causa, a Francisco Lorente, president de la filial espanyola de la naviliera italosuïssa Mediterranean Shipping Company (MSC), adjudicatària de l’ampliació del port, sobre la quota de les empreses portuàries per a aconseguir ocupacions per a nous estibadors. 

Óscar M., segons la investigació policial comandada per la Fiscalia Antidroga i el Jutjat d’Instrucció número 15 de València, s’erigia en el pretés nexe del clan liderat per Iván T. R. i Borja M. R. amb institucions públiques i privades per a la “infiltració sistemàtica” del màxim nombre de treballadors portuaris per a tindre així disponibilitat en la major part dels torns i terminals possibles amb vista als serveis d’extracció dels enviaments de droga. 

La telefonada intervinguda per la Udyco “aporta claredat” sobre les activitats de l’exlíder estibador, afirmen els investigadors. Els informes amb les transcripcions de les escoltes ressenyen la telefonada amb el màxim responsable d’MSC a Espanya, en què “ix a relluir la importància del control del port quant a la gent que ha d’accedir a treballar-hi”, sosté la Udyco. “Són les organitzacions criminals les que volen controlar-los i per això no dubten a acudir a qui consideren necessari per a fer-ho”, rebla.

L’empresari, en una conversa telefònica amb aquest diari, explica que el repartiment del contingent entre els estibadors i les empreses portuàries per a l’accés a la primera fase de la borsa és una “tradició”. “Estic en el port prop de 60 anys, sempre ha funcionat així”, afig.

Lorente ignora “totalment si és legal o no” i afirma que els estibadors “mai en tenen bastant amb la seua quota”, per la qual cosa recorren a la de les empreses privades. D’altra banda, també considera que aquestes últimes tenen el seu dret d’incorporar candidats que complisquen els requisits. 

“Té una llisteta ja”

El diàleg intervingut per la Policia versa sobre una “llista” pretesament vinculada amb la denominada quota de les empreses en l’estiba del port, que ix a relluir en diversos informes i actuacions que figuren en el sumari: 

Paco: Què em contes?

Óscar: Res, què volia dir-te? Això, el que et vaig comentar, tu ja has parlat amb Svan [en referència presumiblement al director de la terminal d’MSC en el port de València] per a donar-li els noms de la teua gent?

P: Vaig parlar amb ell. He quedat que passaria per a parlar amb ell, a veure si puc veure’l demà o despús-demà. 

Ó: D’acord.

P: Com més prompte millor. 

Ó: Exacte. No ho deixes passar, Paco, perquè jo sé que ell té una llisteta ja. A MSC, a la seua terminal li’n toquen... A APM li’n toquen cinc i a CSP, per volum, li’n toquen nou, i alguna cosa m’he assabentat que ja tenia alguna llisteta o ell per ací, dic, la llista ha de passar pel cap, saps?

P: No, no, home, clar, naturalment. 

Ó: Llavors, clar, com que me n’he assabentat, dic, cony, telefonaré a Paco. 

P: Doncs, t’ho agraïsc molt, perquè jo així demà sens falta m’hi presente. 

O: D’acord, ok. 

60.000 euros per lloc de treball

Més enllà de les activitats pròpies de l’estiba, els investigadors de la Udyco consideren que Óscar M., exlíder del sindicat Coordinadora, hauria posat en contacte la presumpta organització criminal amb una de les empreses de transport clau per a la prretesa trama, dirigida per dos dels imputats, en el marc d’una operació d’introducció de més d’una tona de cocaïna desplegada el 18 de juliol passat amb el mètode del ‘ganxo cec’ (una partida introduïda en un contenidor juntament amb mercaderia legal i sense el coneixement de l’empresa exportadora o importadora). La mercantil de transport va proporcionar les ordres de servei per a la introducció de la partida.

La investigació, a més de la branca principal del narcotràfic, també segueix la pista de la pretesa corrupció en el si del Centre Portuari d’Ocupació. En una conversa telefònica intervinguda per la Policia Nacional, un dels imputats confessa al seu germà que “per diners poden apoderar-se d’una plaça relativa al contingent de les empreses”, segons explica la Udyco, que xifra en “60.000 euros” l’accés a aquests cobejats llocs de treball en el port. 

L’investigat Manuel F. M. va detallar al seu germà David: “Home clar, tots els que no són de pares a fills entren per empresa, per què?, perquè hi estan obligats, no veus que va haver-hi tant de renou (...) que n’entren 100, n’han d’entrar 20 per empresa, saps? D’aquests 100, 20 han d’entrar per empresa”. 

Manuel F. #M. considerat per la investigació un presumpte narco a les ordres d’Iván T. R. i Borja M. R., conta al seu germà —“per a acabar de deixar-lo clar”, segons la Policia— l’exemple del pare de tots dos: “Tu et recordes quan el papà treballava en la mútua, (...), tothom sabia que s’emportava caixes”. “Sí, però ningú podia fer-hi res”, respon l’interlocutor. 

“Amb aquesta dinàmica queda patent que les organitzacions criminals s’aprofiten d’aquest mecanisme per a introduir a treballar en les estructures del port persones de la seua màxima confiança”, segons abunda un informe policial que ressenya centenars d’hores d’escoltes telefòniques. “Els diners no són un problema i estan disposats a desemborsar la quantitat que calga”, postil·la. 

“Tripijoc” en els exàmens portuaris

La Udyco també sospita que Óscar M. hauria falsejat l’examen perquè la seua filla obtinguera una plaça, tal com dedueixen d’una conversa entre el líder sindical i el presumpte narco Borja M. R.

Les punxades telefòniques confirmen, a judici policial, que l’expresident del comité d’empresa tenia “accés a informació restringida del procés”. El 27 de novembre de 2024, el dia que van eixir els resultats de l’examen, la Udyco va intervindre diverses converses sobre els resultats, entre les quals una de Borja M. R. amb Samuel E. en què “s’observa de manera inequívoca que tots dos són conscients del tripijoc”, indica la Policia. 

En un altre diàleg telefònic entre el presumpte narco i Luis Francisco J. T., el primer “presumeix que ja sabia els resultats dels exàmens amb anterioritat”, segons els investigadors.

La 'operación Spider', que supuso el desmantelamiento de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en el Puerto de València y la incautación de un total de 3,5 toneladas de cocaína, llevó al “colapso” de la transitaria usada por la red. Así consta en un escrito de la representación jurídica de la empresa Lematrans que figura en el sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es, remitido poco después de las detenciones al Juzgado de Instrucción número 15 de València, que había ordenado el bloqueo de sus cuentas. El abogado lamentaba que la medida estaba causando a la empresa, filial de Noatum, un “perjuicio mayúsculo” que ocasionó, además, el “colapso de la compañía y la paralización de toda su operativa”.

Las pesquisas secretas de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional detectaron que la presunta red de narcos conseguía las preciadas órdenes de transporte, necesarias para el éxito de sus operaciones de importación de cocaína mediante la técnica del gancho dirigido, de la firma Lematrans Castellón SA.

Gracias a la infiltración de los agentes encubiertos de la Sección de Actividades Especiales de la Policía Nacional, los investigadores pudieron acreditar el papel “muy marcado”, según un auto del juez instructor, Vicente Ríos, de dos personajes clave para la presunta trama: el gerente y director de operaciones de la empresa, Marcial R. N. y otro responsable de la mercantil, Toni B. F.

La Udyco considera que ambos ostentaban un “papel primordial para los fines ilícitos de la organización criminal”, al conseguir las órdenes de transporte que permitían al camionero acceder a la terminal portuaria y al contendor “preñado”, previamente ubicado por un clasificador o gruista del Puerto.

La instrucción vincula directamente a los dos responsables de la transitaria con la intervención de más de una tonelada de cocaína, el pasado 18 de julio, en la terminal CSP del Puerto de València. “Ambos actúan en total y plena connivencia para que los actos ilícitos y planes de la organización lleguen a buen fin y la sociedad no muestre fisuras por ninguna parte”, afirma el juez.

El gerente tomaba las “decisiones más importantes”

Las escuchas telefónicas previas a la intervención de la tonelada de cocaína permitieron a los investigadores concluir que Marcial R. N. se posicionaba “un escalón por encima” de Toni B. F. “en las decisiones más importantes”. El segundo era el “ejecutor” de las pautas del primero.

“Siempre” que Marcial R. N. acudía a la oficina de la empresa en el Club Náutico de València era para tratar “asuntos que no desea hablar por teléfono con Toni”, según una de las resoluciones que constan en el sumario.

El juez Ríos destaca la importancia de la transitaria en la presunta trama de narcotráfico: “Las órdenes de transporte son la llave imprescindible para que las organizaciones criminales, a través de los camiones, camioneros y rescatadores, puedan acceder a las terminales del Puerto Autónomo de València para sacar la droga oculta de forma parasitaria en el interior de contenedores marítimos. Con ellas en su poder, los equipos de extracción pueden entrar y salir fácilmente del puerto sin levantar ninguna sospecha”.

La Guàrdia Civil de les Illes Balears ha sol·licitat l’ús provisional del vaixell confiscat a Eivissa a un dels presumptes narcoestibadors del port de València investigat en l’operació Spider, que va desarticular una pretesa trama a gran escala de tràfic de cocaïna, i va retirar del mercat il·lícit europeu fins a 3,5 tones de pólvores blanques. Així figura en un informe de l’institut armat que consta en el sumari, a què ha tingut accés elDiario.es. Els investigadors de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (Udyco, pel nom en castellà) de la Policia Nacional, amb l’ajuda de huit agents encoberts, van detectar que Iván T. R., un dels presumptes caps de la xarxa, tenia en el Club Esportiu Es Nàutic de Sant Antoni (Eivissa), a nom d’un pretés testaferro, una embarcació Axe (model Axopar 37), d’uns 11 metres d’eslora. 

El Servei Marítim de la Guàrdia Civil, que ha posat l’ull en la llanxa, reconeix en l’informe que s’enfronta a un “desafiament operatiu creixent”, pel fet d’estar en una “localització estratègica en la Mediterrània occidental” i en un àmbit territorial amb una “incidència particular del fenomen del narcotràfic”. 

“Les Illes Balears constitueixen un enclavament geogràfic de vulnerabilitat singular davant les activitats de tràfic il·lícit d’estupefaents”, abunda l’informe, que al·ludeix a l’“elevada mobilitat marítima i aèria”, a la “intensa activitat turística” i a la “fragmentació territorial en múltiples illes i cales difícils d’accedir”, en un “entorn especialment propici per a la introducció, l’ocultació i la distribució de substàncies prohibides”. 

“Aquestes característiques són aprofitades per organitzacions criminals que fan servir rutes discretes, embarcacions d’alta velocitat i mètodes sofisticats de trasllat i ocultació, cosa que incrementa la complexitat de les tasques de vigilància, investigació i persecució”, postil·la la Guàrdia Civil. 

L’institut armat alerta que la seua capacitat davant “xarxes criminals cada vegada més estructurades” es veu “compromesa” i lamenta la “situació preocupant” per l’excés d’hores de motor i l’“escassa renovació” de les seues embarcacions, a més de la “minva de la fiabilitat” i l’“increment de la sinistralitat”. L’“ús excessiu” dels vaixells de la Guàrdia Civil incrementa la “freqüència de les avaries”, rebla l’informe.

A més, la incorporació de vaixells confiscats en operacions de narcotràfic com la del port de València “permet el seguiment d’objectius que es mouen amb embarcacions de marques i models d’alta gamma”, el preu de les quals és inassumible per a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i que, a més, no estan homologades per a adquirir-les de manera centralitzada. 

Ús de “persones interposades”

La llanxa Axe “compleix” els requisits tècnics valorats per l’institut armat, segons indica l’informe, signat pel capità en cap del Servei Marítim de les Illes Balears. En cas d’obtindre l’autorització per a l’ús provisional, l’embarcació se sumaria als 26 vehicles i motocicletes (la major part d’alta gamma) intervinguts a la presumpta trama la utilització dels quals també sol·licita la Udyco. 

El titular del contracte d’amarrament era Salvador Julio C. M., portuari a València, segons un informe policial. Els investigadors sostenen que l’ús de “persones interposades” suposa una “dinàmica habitual” de l’investigat Iván T. R. (considerat un dels principals caps juntament amb Borja M. R.). El presumpte narcoportuari, a conseqüència d’antigues perquisicions judicials i policials que li van suposar “conseqüències patrimonials”, evita titularitzar “propietats immobiliàries a nom seu” amb vista a “protegir els seus béns”, segons la Udyco de la Policia Nacional. El pretés testaferro també està vinculat a una operació de compravenda d’un immoble amb Iván T. R.

Dels tres titulars registrals de la llanxa d’alt rendiment, José R. M. manté una “relació d’amistat” amb el presumpte narco, segons la Policia. La Udyco va deduir de les converses telefòniques intervingudes que Iván T. R. era el propietari “real” de l’embarcació i que en detenia “la possessió i el gaudi”. 

Les càmeres d’Es Nàutic

En una telefonada punxada el 29 d’agost passat, Iván T. R. pregunta a un treballador del club nàutic eivissenc: “Quan li fas un menejó al vaixell?”. El seu interlocutor va respondre: “Al teu vaixell, quan vulgues”. La Policia va detectar, gràcies al posicionament del telèfon del presumpte narco, que estava situat en l’Es Nàutic de Sant Antoni quan el treballador es va acostar a l’embarcació per a executar l’encàrrec. 

En una altra telefonada, un tal Quique va manifestar: “Ja m’han dit que t’has comprat una barqueta, no?”. El seu interlocutor va respondre: “Sí, d’un amic”. El mateix individu va advertir en una altra conversa sobre una autorització burocràtica de l’embarcació: “Cal posar el nom de la persona a què estiga el vaixell”.   

Després d’aquestes telefonades, els investigadors de la Udyco van demanar al club nàutic els enregistraments de les càmeres de seguretat i van comprovar que Iván T. R. apareix fent gestions relatives a l’embarcació, acompanyat per la seua dona.

Una llanxa comprada per 60.000 euros

Ana María Lillo, la jutgessa substituta del magistrat titular d'Instrucció 15 de València, Vicente Ríos, va acordar en una interlocutòria del passat 31 d'octubre la prohibició absoluta de disposar, vendre o alienar l'embarcació amarrada en l'És Nàutic de Sant Antoni, per al que es va lliurar un ofici al club esportiu.

Poc després, el passat 3 de novembre, l'advocada de Salvador Julio C. M., que no figura com a investigat en la causa, va remetre un escrit a la jutgessa lamentant els “perjudicis econòmics” a conseqüència del bloqueig de la llanxa (en haver d'assumir el pagament de l'amarrament).

A més, també va aportar el contracte de compravenda de l'adquisició del vaixell, per un import de 60.000 euros.

La Guardia Civil de las Islas Baleares ha solicitado el uso provisional del barco incautado en Ibiza a uno de los presuntos narcoestibadores del Puerto de València investigado en la 'operación Spider', que desarticuló una supuesta trama a gran escala de tráfico de cocaína, retirando del mercado ilícito europeo hasta 3,5 toneladas de polvo blanco. Así figura en un informe del Instituto Armado que consta en el sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es. Los investigadores de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, con la ayuda de ocho agentes encubiertos, detectaron que Iván T. R., uno de los presuntos capos de la red, tenía en el Club Deportivo Es Nàutic de Sant Antoni (Ibiza), a nombre de un supuesto testaferro, una embarcación Axe (modelo Axopar 37), de unos 11 metros de eslora.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que ha puesto el ojo en la lancha, reconoce en el informe que se enfrenta a un “desafío operativo creciente”, al estar en una “localización estratégica en el Mediterráneo Occidental” y en un ámbito territorial con una “particular incidencia del fenómeno del narcotráfico”.

“Las Islas Baleares constituyen un enclave geográfico de singular vulnerabilidad frente a las actividades de tráfico ilícito de estupefacientes”, abunda el informe, que alude a la “elevada movilidad marítima y aérea”, a la “intensa actividad turística” y a la “fragmentación territorial en múltiples islas y calas de difícil acceso”, en un “entorno especialmente propicio para la introducción, ocultación y distribución de sustancias prohibidas”.

“Estas características son aprovechadas por organizaciones criminales que emplean rutas discretas, embarcaciones de alta velocidad y métodos sofisticados de traslado y ocultación, incrementando la complejidad de las labores de vigilancia, investigación y persecución”, apostilla la Guardia Civil. 

El Instituto Armado alerta de que su capacidad frente a “redes criminales cada vez más estructuradas” se ve “comprometida” y lamenta la “situación preocupante” por el exceso de horas de motor y la “escasa renovación” de sus embarcaciones,a demás de la “merma de la fiabilidad” y el “incremento de la siniestralidad”. El “uso excesivo” de los barcos de la Guardia Civil incrementa la “frecuencia de las averías”, remacha el informe.

Además, la incorporación de barcos incautados en operaciones de narcotráfico como la del Puerto de València “permite el seguimiento de objetivos que se mueven con embarcaciones de marcas y modelos de alta gama”, cuyo precio es inasumible para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, además, no están homologadas para su adquisición centralizada.

Uso de “personas interpuestas”

La lancha Axe “cumple” con los requisitos técnicos valorados por el Instituto Armado, según indica el informe, firmado por el capitán jefe del Servicio Marítimo de las Islas Baleares. En caso de obtener la autorización para su uso provisional, la embarcación se sumaría a los 26 vehículos y motocicletas (la mayoría de alta gama) intervenidas a la presunta trama cuya utilización también solicita la Udyco.

El titular del contrato de amarre era Salvador Julio C. M., portuario en València, según un informe policial. Los investigadores sostienen que el uso de “personas interpuestas” supone una “dinámica habitual” del investigado Iván T. R. (considerado como uno de los principales capos junto con Borja M. R.). El presunto narcoportuario, a consecuencia de antiguas pesquisas judiciales y policiales que le supusieron “consecuencias patrimoniales”, evita titularizar “propiedades inmobiliarias a su nombre” de cara a “proteger sus bienes”, según la Udyco de la Policía Nacional. El supuesto testaferro también está vinculado a una operación de compraventa de un inmueble con Iván T. R.

De los tres titulares registrales de la lancha de alto rendimiento, Jose R. M. mantiene una “relación de amistad” con el presunto narco, según la Policía. La Udyco dedujo de las conversaciones telefónicas intervenidas que Iván T. R. era el propietario “real” de la embarcación y que ostentaba “su posesión y disfrute”. 

Las cámaras del Es Nàutic

En una llamada pinchada el pasado 29 de agosto, Iván T. R. pregunta a un trabajador del club náutico ibicenco: “¿Cuándo le pegas un meneo al barco?”. Su interlocutor respondió: “A tu barco, cuando quieras”. La Policía detectó, gracias al posicionamiento del teléfono del presunto narco, que estaba situado en el Es Nàutic de Sant Antoni cuando el trabajador se acercó a la embarcación para ejecutar el encargo.

En otra llamada, un tal Quique manifestó: “Ya me han dicho que te has comprado un barquito, ¿no?”. Su interlocutor respondió: “Sí, de un amigo”. El mismo individuo advirtió en otra conversación sobre una autorización burocrática de la embarcación: “Hay que poner el nombre de la persona a que esté el barco”.  

Tras estas llamadas, los investigadores de la Udyco pidieron al club náutico las grabaciones de las cámaras de seguridad y comprobaron que Iván T. R. aparece realizando gestiones relativas a la embarcación, acompañado por su mujer.

Una lancha comprada por 60.000 euros

Ana María Lillo, la jueza sustituta del magistrado titular de Instrucción 15 de València, Vicente Ríos, acordó en un auto del pasado 31 de octubre la prohibición absoluta de disponer, vender o enajenar la embarcación amarrada en el Es Nàutic de Sant Antoni, para lo que se libró un oficio al club deportivo.

Poco después, el pasado 3 de noviembre, la abogada de Salvador Julio C. M., que no figura como investigado en la causa, remitió un escrito a la jueza lamentando los “perjuicios económicos” a consecuencia del bloqueo de la lancha (al tener que asumir el pago del amarre).

Además, también aportó el contrato de compraventa de la adquisición del barco, por un importe de 60.000 euros.

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional se quiere quedar para uso policial unos 26 vehículos y motocicletas —la mayoría de alta gama— intervenidos a la presunta trama de narcotráfico en el Puerto de València, desarticulada en el marco de la 'operación Spider' gracias a la infiltración de hasta ocho agentes encubiertos. Así figura en un informe de la Udyco que consta en el sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que el Grupo V de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia reseña los vehículos que, una vez revisados, “cumplen con los parámetros establecidos” y “son aptos para su uso policial”. En la lista destacan seis Audi, cuatro BMW y cuatro motocicletas Yamaha, además de una Benelli, mítica marca italiana.

Los vehículos de los presuntos narcos pasarían así a engordar el parque automovilístico de la Policía para el “seguimiento de objetivos” que conducen coches de alta gama y “elevada cilindrada”. Con el uso de los bólidos incautados, la Udyco evita que se identifiquen los vehículos homologados que suelen conducir las unidades policiales, fácilmente identificables por parte los investigados del mundo del crimen organizado objeto de seguimientos.

“Este incremento de la variedad en los modelos resulta muy beneficioso para las actuaciones policiales, al pasar desapercibidos e integrándose en determinados ambientes delictivos”, afirma el informe.

Los 26 vehículos reseñados permanecen en un depósito situado en la localidad de Cheste. El mismo espacio también custodia un Porsche GT3 y un Lamborghini Huracan incautados en una de las entradas y registro de la 'operación Spider', en el marco de la cual se intervinieron 3,5 toneladas de cocaína. La defensa de uno de los presuntos narcoestibadores solicitó tras las detenciones que sus familiares pudieran acceder al recinto de Cheste “para poder cubrirlos puesto que son de alta gama, a fin de que no se deterioren”.

Los investigadores también indagan sobre un Hummer observado en alguna vigilancia y del que sospechan que podría pertenecer a Borja M. R., considerado como uno de los presuntos capos de la trama.

La Fiscalía Antidroga también investiga la supuesta operativa de blanqueo de la presunta trama, siguiendo el rastro de los numerosos bienes inmobiliarios que poseían los narcoportuarios a nombre de familiares o de supuestos testaferros, además de sus cuentas bancarias. Uno de los estibadores se hizo con 30.000 metros cuadrados de terrenos para el cultivo de trufa (un negocio redondo con un producto que puede llegar a los 1.500 euros el kilo).

“La intervención de vehículos en las actuaciones operativas de investigación llevadas a cabo por las diferentes unidades policiales supone, por una parte, un éxito al privar al mundo criminal de un medio esencial para llevar a cabo su actividad delictiva y, por otra, previa integración en la flota, una herramienta más para la realización del trabajo policial, en aquellas plantillas que han intervenido el vehículo o en otras en las que, en función de la tipología del mismo, se considere adecuado”, indica el informe de la Udyco.

El informe promete que, en caso de obtener la autorización para el uso de los vehículos, el Área de Automoción de la Dirección General de la Policía se ocuparía del mantenimiento preventivo de los vehículos (cambios de aceite, neumáticos, seguros y hasta de pasar la ITV).

Eso sí, la Policía “dará por concluido el uso provisional cuando considere que el vehículo ya no es de utilidad (...) o presente una avería cuyo coste de reparación sea claramente antieconómica”.

Bolígrafos pistola, táser o una ballesta

Por otro lado, la Udyco también solicitó la autorización para el uso provisional de cuatro ordenadores portátiles incautados a la presunta red de narcotráfico en el Puerto de València. El informe alude a la “escasa inversión en dispositivos electrónicos” que merma las “herramientas en cantidad necesaria” de los grupos de investigación policial “para poder llevar a cabo sus tareas con buen fin”.

Además, también sufren “averías en los equipos más antiguos”, por lo que la Policía solicita el uso de los “terminales informáticos de última generación” requisados a los presuntos narcos.

En el sumario también constan informes de la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia sobre las armas requisadas, entre ellas dos revólveres, una pistola Glock y otra Blow Compact, dos escopetas (una de ellas con cañones paralelos), un rifle, dos bolígrafos pistola, tres dispositivos de descarga eléctrica Táser, dos defensas extensibles o una ballesta.