El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil ha detenido este martes a ocho presuntos narcotraficantes vinculados a un alijo de coca en el Puerto de València. Entre los ocho detenidos, según ha avanzado el diario Levante-EMV, figuran Borja M. R. e Iván T. R., considerados dos de los capos del cartel en el Puerto y principales investigados en la macrocausa de la 'operación Spider'.

Borja M. R. e Iván T. R. también fueron condenados el pasado 30 de junio por la sección tercera de la Audiencia de Valencia —a 10 años y medio de prisión— en una causa por narcotráfico vinculada a los chats de la aplicación SKY.

Además, otros presuntos narcos condenados en ese mismo procedimiento (Jokin L. A., Daniel S. R. y Javier C. R.) han sido detenidos este martes por el EDOA de la Guardia Civil. Fueron condenados a algo más de 10 años de prisión por los chats de SKY, una sentencia pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

Los agentes del EDOA también han arrestado a Jonathan G. C., otro de los investigados en el marco de la 'operación Spider' y considerado como el “máximo responsable” de la extracción del alijo de 1.160 kilos de cocaína intervenido el 18 de julio de 2025 en el interior de la terminal portuaria CSP.

Jonathan G. C. estuvo un mes escondido en una vivienda de Geldo (Castelló) y, según se desprende del análisis del teléfono que usaba, dirigió otras operaciones de narcotráfico mientras estuvo fugado.

Las detenciones de este martes están vinculadas a un cargamento de 348 kilos de coca intervenido en el Puerto de València el 20 de febrero de 2021, mediante el sistema del gancho perdido.

La Plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València se encarga del procedimiento. Se trata del juzgado que archivó inicialmente la causa al haberse tumbado la prueba de los chats de SKY. Sin embargo, el aval de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) a los chats desencriptados, obligando a la sección tercera de la Audiencia de Valencia a dictar una nueva sentencia condenatoria tras haber absuelto inicialmente a los presuntos narcos ha reactivado de rebote la investigación del alijo de 2021.

El juez que instruye la macrocausa de la presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València ha abierto una pieza separada para investigar la supuesta corrupción en el acceso al empleo portuario y la colocación de peones de la red. El instructor considera que Óscar M. G., expresidente del Comité de Empresa y líder del sindicato Coordinadora, sería el “principal corruptor” de la presunta organización criminal, además de “nexo” entre los principales capos de la supuesta red de narcos —Borja. M. R. e Iván T. R.— e “instituciones tanto públicas como privadas” del ámbito portuario, según indica un auto del pasado 9 de julio al que ha tenido acceso elDiario.es.

El líder sindical se erige así en una “pieza fundamental” y una “parte inequívoca” para la “infiltración sistemática” en la estiba de cara a propiciar las operaciones de extracción de grandes cantidades de cocaína, apostilla la resolución. “Su caso ilustra cómo la corrupción portuaria no constituye un componente secundario, sino una pieza fundamental en las operaciones del crimen organizado moderno”, afirma el magistrado Vicente Ríos, titular de la Plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València.

El auto destaca que el clan encabezado por Borja. M. R. e Iván T. R. en el cártel del Puerto de València (competidor directo del liderado por Ramón B. P.) “gasta grandes cantidades de dinero en introducir a los miembros de la organización en el empleo portuario para poder tener total acceso de forma sistemática cubriendo la mayor cota de turnos y terminales posibles”. “Si no fuera vital, no se realizaría tal inversión”, asevera el instructor del procedimiento.

El juez también alude al “modus operandi” de la presunta trama: “Infiltrar al máximo número de trabajadores portuarios en el Puerto de València para tener total disponibilidad de horarios para realizar servicios de extracción [de los alijos de coca]”.

La investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional ha acreditado indiciariamente que Óscar M. G. habría alterado los resultados del examen de acceso al Puerto “para favorecer a los miembros de la organización”, así como facilitado su acceso a la formación portuaria, requisito previo al empleo.

El juez considera que el líder de Coordinadora también habría sobornado a “altos cargos portuarios”, usando su posición institucional en el Comité de Empresa del Centro Portuario de Empleo.

Dos empresas del sindicalista y los narcos

Por otro lado, Óscar M. G. regentaba “en la sombra” dos empresas (Teulogistics y Maritimteu) “con visión expansiva en el mercado por parte de la organización” y a nombre de dos supuestos testaferros (Raúl T. y María Antonia R.). Ambas mercantiles también estaban “regentadas clandestinamente” por los presuntos capos, Borja. M. R. e Iván T. R.

Además, el auto considera que el expresidente del Comité de Empresa puso en contacto a Borja. M. R. e Iván T. R. con Marcial R. N. y Antonio B. F., los gerentes de una empresa transitaria presuntamente vinculados a un alijo de 1.160 kilos de cocaína intervenido el 18 de julio de 2025 en la terminal CSP del Puerto.

Las reuniones con los gerentes se celebraban en persona, recuerda el auto: “Es importante destacar que en este tipo de tipología delictiva las reuniones cara a cara solo las mantienen las personas que juegan un papel muy importante en la organización”.

Óscar M. G. también agasajaba “a altas personalidades del Puerto” a base de regalos de jamones que cargaba a los dos empresas que supuestamente compartía con los presuntos capos de la trama, remacha el auto. El gerente de la transitaria, Marcial R., recibió uno de esos jamones, cuyo precio valoró en más de 700 euros, según afirmaba en una conversación telefónica intervenida por los investigadores de la Policía Nacional.

La resolución reseña vinculaciones más prosaicas entre el líder sindical y la supuesta organización criminal, que le habría surtido de “dos pescaditos” (dos gramos de cocaína, según infiere el juez), tal como comentó Óscar M. G. en una conversación telefónica con su pareja.

El juez concluye que la presunta trama contaba con “privilegios en la asignación de turnos de trabajo y descanso”. “Este factor sería clave para la consecución de las operativas de extracción de cocaína de las terminales portuarias”, agrega el auto.

“Multitud de servicios” a la trama

La investigación ha evidenciado, en relación con el “rol intrínsecamente corruptor” ejercido por parte del expresidente del Comité de Empresa, que Óscar M. G. prestó “multitud de servicios a la organización criminal, alterando procesos, realizando falsificaciones documentales y utilizando su influencia para la consecución de los objetivos logísticos” de la presunta red.

El auto destaca la supuesta alteración del examen de acceso a puestos de trabajo celebrado el 17 de noviembre de 2024 para “priorizar” a ciertos “miembros del ”clan“ de Borja. M. R. e Iván T. R. gracias a la ”posición“ que ocupaba Óscar M. G. en el sindicato mayoritario de la estiba. El líder sindical también habría manipulado los resultados para beneficiar a su hija, Paula M. L.

Varias conversaciones telefónicas entre Óscar M. G. y Borja M. R., intervenidas por la UDYCO, aluden a las supuestas maniobras, “demostrando” que el presunto capo “tiene acceso a información restringida del proceso” gracias al líder sindical. Borja M. R. incluso “presume de que ya sabía los resultados de los exámenes con anterioridad”, afirma el auto.

La nueva pieza separada abierta por el juez incluye asimismo la supuesta alteración de resultados de control antidrogas para el acceso al Puerto en relación con la hija de Óscar M. G., quien había dado positivo en cocaína. El sumario incluye conversaciones telefónicas entre Enrique M. P. (sucesor de Óscar M. G. en la presidencia del Comité de Empresa) y el médico del Centro Portuario de Empleo, Juan Carlos L. G., sobre el positivo en cocaína de la chica.

La “pugna” de dos clanes de “portuarios narcotraficantes”

También se investiga las posibles falsedades documentales en la excedencia de Daniel B. P., hermano del investigado Ramón B. P., supuestamente fabricada tras su detención e ingreso en prisión por hechos presuntamente vinculados con el narcotráfico.

En el Puerto de València convivían dos clanes de “portuarios narcotraficantes”, liderados respectivamente por Ramón B. P. por un lado y por Borja M. R. e Iván T. R. por el otro. Aunque ambos clanes mantenían una “pugna” por el negocio del narcotráfico en la gigantesca infraestructura portuaria, la investigación ha constatado que actuaban “en connivencia en determinadas operaciones”, explica el auto.

Sin embargo, los dos clanes trataban de introducir a sus propios peones en el empleo portuario, tal como se desprende de las conversaciones telefónicas entre Borja M. R y su mujer, entre otras.

La pieza separada también incluye como investigados a José Francisco A. B., otro conocido líder de Coordinadora, y a Antolín G. G., coordinador general del sindicato portuario. También a Enrique M. P., actual presidente del Comité de Empresa.

El auto considera que existe una relación de conexidad entre los delitos objeto de las pesquisas en el procedimiento (relativos al narcotráfico) y la presunta corrupción portuaria relatada en la resolución, “que no son delitos contra la salud pública aun cuando distintas personas objeto de investigación en la causa principal lo son también por estos hechos”.

La apertura de una pieza separada “permite simplificar y activar la causa principal”, afirma el juez.

El pasado 4 de julio, sábado, mientras buena parte del planeta estaba pendiente de los cuatro partidos que se jugaban en el Mundial, un grupo de mujeres recorría, a oscuras, un campo de Mazatlán, en México. Caminaban a tientas, cuidadosas y pendientes de cualquier alteración del terreno. Eran madres buscadoras, colectivos de personas cuyos hijos, amigas o familiares han desaparecido.

Aquella noche habían recibido un “anónimo”, unas coordenadas que les son proporcionadas, ya sea en forma de una brevísima llamada telefónica o con una carta, que les da una pista de dónde puede haber una fosa común. Con las indicaciones, se dirigen al lugar sin más ayuda que la de una varilla que hunden en la tierra para luego oler su extremo. Si notan cualquier indicio de podredumbre, saben que ahí hay cuerpos enterrados.

Los avisos suelen tener el sello del crimen organizado, que acostumbra a ser responsable de las desapariciones. Pueden venir de un narco arrepentido o bien ser una trampa. Aquella noche fue lo segundo. El lugar indicado estaba plagado de minas que se activaron cuando las mujeres se acercaron demasiado. Las explosiones empezaron a sucederse y si ninguna madre resultó herida solo fue gracias a que un militar que las escoltaba reaccionó a tiempo. Lo hizo a cambio de perder la vida.

Sabedoras del peligro que corren, las madres intentan que algún miembro de la Policía o el Ejército las acompañe para protegerlas de una posible emboscada, aun cuando conocen la connivencia que hay entre las fuerzas de seguridad y el crimen. Porque solo así se entiende que haya 134.000 personas de las que hoy se desconoce su paradero en México.

Si bien la de los desaparecidos es una lacra que afecta a la totalidad del país, si hay un lugar donde se ha enquistado es Jalisco, que concentra el 12% de los casos. Pero esta crisis social no ha impedido que su capital, Guadalajara, sea una de las tres ciudades mexicanas que acogen el Mundial.

La contradicción se agrava todavía más cuando se sabe que el estadio Akron de Guadalajara está rodeado de fosas comunes. En 2025 se encontraron, en un radio de 17 kilómetros alrededor del recinto, más de 300 bolsas con restos humanos. Este año, a pesar de la celebración del Mundial, la perspectiva no ha cambiado; al contrario.

Pocas semanas antes del inicio del torneo, se encontraron, en el mismo radio, 140 bolsas que contenían restos que las buscadoras estiman que pertenecen a 31 personas distintas. El narco, que puede desmembrar a sus víctimas hasta en 20 partes para dificultar su identificación, ha incrementado su actividad a medida que se acercaba el Mundial y ha aprovechado la vigilancia en las inmediaciones del estadio para esconder allí a sus víctimas.

De hecho, se puede ver que la concentración de fosas se da también en el trazado del tren que se proyectó a propósito para el Mundial y que ha de conectar el aeropuerto con el Akron. Solo en esa línea que apenas llega a los 35 kilómetros, las madres han encontrado unas 400 bolsas con cuerpos que, de no ser por ellas, habrían quedado sepultados bajo las obras para siempre.

Las madres, frente al Gobierno

Guadalajara es la segunda urbe más importante de México, acoge diversos eventos internacionales y es sede de grandes empresas. Pero, a la vez, está en guerra. Después de la detención y muerte de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, diversos grupos criminales se disputan el territorio, agravando una sangrienta contienda que lleva años ya en ciernes.

En esta ciudad convive una frenética actividad cultural y económica con unos cárteles que son capaces de derribar helicópteros a cañonazos o de asesinar, a plena luz del día, a un exfiscal. Esa guerra necesita soldados, que se reclutan forzosamente entre los jóvenes de los municipios jaliscienses. Cuando dejan de servirles, son asesinados o se rebelan, acaban en una fosa común. El 98% de los desaparecidos que se encuentran ya están muertos.

Las desapariciones, además, también son una manera de mantener a la población bajo control. “Sé que mi hija está vendida y adjudicada. Sólo falta que vengan por ella”. Esta frase salió de los labios de una madre buscadora en una conversación con la periodista que escribe estas líneas, el pasado diciembre, en Guadalajara.

Ha visto diversas veces cómo seguían a su pequeña e, incluso, ha notado vigilancia fuera de su casa. Sabe que el peligro acecha. Por un lado, porque su hija cumple el perfil de las niñas que el narco secuestra para prostituirlas y, así, financiar parte de sus actividades. Y, por otro, porque es una manera de achantar a esta madre y conseguir que deje de buscar fosas e inhumar cadáveres en busca de sus hijos varones, que desaparecieron hace casi una década.

La ausencia está más que presente en la vida de los habitantes de esta ciudad. Aunque para el turista o asistente a macroeventos como el Mundial o la Feria Internacional del Libro (FIL) pueda parecer que no, en el estado de Jalisco desaparecen seis personas cada día. “Ando muy preocupada; mi sobrino quedó por una aplicación con alguien para comprarle un libro de la escuela. ¿Y si no sale bien?”, se lamenta otra mujer. Sabe de lo que habla, pues a ella misma le desapareció un hijo hace poco y es consciente de que no hay lugar seguro. Ni durante el día en la ciudad.

De hecho, aunque quiera actuar con una pretendida normalidad, la misma urbe va dejando pistas de la tragedia a quien quiera verlas. En la plaza de Armas, justo en el corazón de Guadalajara y mirando de frente a su imponente Catedral, se alza un Antimonumento. Se trata de esculturas realizadas -y defendidas- por los movimientos sociales, colocadas clandestinamente para denunciar una injusticia a la que el Gobierno ha girado la cara. Los hay por todo México y este recuerda a los desaparecidos.

La policía lo ha intentado arrancar, hacer desaparecer, varias veces. Pero los jaliscienses siempre la defienden. “No solo no es que lo intenten ocultar, sino que además no hacen nada para evitarlo”, apunta Marlety García, una de las portavoces del colectivo de búsqueda Entre Cielo y Tierra, creado para “compensar la inacción del Gobierno”. Son las madres las que buscan y, a veces, encuentran a los muertos, a quienes entierran como si fueran sus hijos aunque no lo sean. Y también son las que siguen el rastro del narco para intentar hallarlos en vida: salen a las calles, de noche, y rebuscan en los antros o sobre las azoteas, intentando reconocer entre los sicarios y halcones a los adolescentes desaparecidos.

Esa búsqueda también las lleva a lugares de pesadilla. Fueron las madres y no las autoridades las que descubrieron el rancho Izaguirre, un lugar en el que el cártel de Jalisco Nueva Generación adiestraba a los jóvenes que había reclutado forzosamente. Y también donde mataba a los que ya no les servían. En el rancho, las madres no encontraron fosas ni tumbas; encontraron hornos de cremación.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, negaron parte del relato de las madres. Aseguraron que no había habido incineraciones y rebajaron sustancialmente la estimación de víctimas, aunque las mujeres contaran con evidencias gráficas. “Es lo que hacen siempre, taparlo todo y negar lo ocurrido”, lamenta Marlety, que se apoya en las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que alertó de “omisiones forenses graves”.

“¿En qué se gastan el dinero? Ni nos protegen ni nos buscan”, se lamentan las madres, que afean al Gobierno que, mientras ellas van con varillas y desarmadas a exponerse a posibles emboscadas, las autoridades disponen de una tecnología y unos recursos que no les facilitan. “Ya te lo digo; se lo gastan en el Mundial”, se responden a sí mismas.

En el último lustro, el Gobierno de Jalisco ha gastado 236 millones de pesos (11,8 millones de euros) en los operativos de búsqueda de desaparecidos. Es un 37% menos de lo que se gastó, solo en 2025, para preparar el Mundial. “No estamos en contra del evento, que es algo maravilloso y precioso. Estamos en contra de que no se nos escuche. Así que vamos a aprovechar que todos los ojos están puestos en México para denunciar lo que está sucediendo”, sostiene Marlety.

Las madres buscadoras han organizado campañas, han convertido los rostros de sus hijos desaparecidos en cromos de fútbol para llamar la atención de los medios y han organizado marchas, muchas de las cuales han sido reprimidas por la policía. “Claro que tenemos miedo, pero más fuerte es el amor que sentimos”, sostiene.

Esta mujer vio por última vez a su hijo el 4 de agosto de 2017. No sabe nada de él, no ha encontrado pistas ni sabe si está vivo o muerto. Busca la ayuda de su Gobierno y su pueblo para encontrarlo. “¿Por qué no nos podemos unir para esto como nos unimos para apoyar a la selección de nuestro hermoso país?”, se cuestiona. Ella, aunque haya días en los que la fuerza le flaquee, no pierde la esperanza. Por eso, cada noche, sigue dejando encendida la luz de la puerta de su casa para que, si su hijo vuelve, pueda encontrar la entrada.

Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, ha anunciado su renuncia al cargo tras verse vinculado a una referencia en uno de los grupos de redes sociales intervenidos al grupo de empresarios investigados por blanqueo de capitales y detenidos la pasada semana en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según ha indicado a Europa Press, da este paso ante las informaciones publicadas “con el único objetivo de no perjudicar a la institución que hasta la fecha he representado y con plena confianza en que los hechos quedarán esclarecidos”.

La Guardia Civil llevó a cabo la semana pasada una operación contra el blanqueo de capitales con registros en un despacho de la Diputación de Cádiz, así como en oficinas y locales de hostelerías de El Puerto y de la provincia de Sevilla. Detuvo a once personas, de las que dos, tras pasar a disposición judicial, ingresaron en prisión y seis quedaron en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sean llamados.

Se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Blanqueo a través de contratos de patrocinio

Los investigadores sospechan que el promotor portuense Pascual Llopis y el empresario sevillano Mario García, ambos en prisión preventiva, blanquearon dinero del narco a través de contratos de patrocinio de festivales y conciertos con la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, ambas gobernadas por el PP.

“Primero hay que usar siempre a Germán [Beardo, alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz] y al PP”, señala García en una conversación de Whatsapp intervenida por los investigadores, y en la que se comenta su intención de expandir el Festival Puro Latino. Días antes, el propio García había intentado averiguar si se le había ofrecido o dado “algo” a Gordo, un alto cargo de la Junta de Andalucía. “Yo es que para eso soy muy generoso”, escribe, antes de sugerir una mordida del 10% y “regalitos todo el año”, según los mensajes desvelados por El País. “A ese le gusta tela”, dicen de él, antes que otro empresario proponga regalarle un jamón, y “dentro, métele tres o cinco mil euros”

Diario de Cádiz informó este jueves de que uno de los testigos ha declarado ante el juez que el político al que llamaban Gordo podía ser Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, órgano dependiente de la Consejería de Turismo y Acción Exterior de la Junta, y ex delegado de Cultura en Cádiz.

Los investigadores creen que Mario García encabeza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y usaba a Pascual Llopis como testaferro y herramienta de blanqueo de los beneficios a través de conciertos y el festival Puro Latino. Los investigadores encontraron 1.166.000 euros en efectivo en el domicilio de Llopis, 455.000 de ellos envasados al vacío; y 572.000 en la de García. Este último está investigado por tráfico de cocaína y blanqueo en juzgados de Jerez y Sevilla y se sentará en el banquillo de los acusados por presuntamente inutilizar el Sistema de Vigilancia del Estrecho (SIVE) en 2015, un asunto por el que se enfrenta a seis años de prisión.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha informado de la inversión de ocho millones de euros para la instalación de tres barreras flotantes en el río Guadalquivir para controlar y evitar la entrada de embarcaciones que se dediquen a la actividad del narcotráfico.

“El Gobierno de España sigue adoptando medidas para la lucha contra el narcotráfico”, ha manifestado Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, en declaraciones a los periodistas.

Esta es una de las medidas del Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que desde su entrada en vigor en junio del 2018 ha propiciado más de 48.000 operaciones, más de 32.400 personas detenidas o investigadas o la incautación de más de 2.200 toneladas de droga, según cifras del Gobierno.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el pasado martes en el Senado que el Gobierno pretende instalar “barreras móviles” en el río Guadalquivir para luchar contra la navegación de las narcolanchas, una medida que contará con una inversión de más de doce millones de euros en total. El anuncio se produjo tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil cuando perseguían una narcolancha en Huelva, que la oposición y asociaciones vincularon a la falta de medios y efectivos.

Marlaska aseguró que la aplicación de esta novedosa medida se había tramitado durante un año y había requerido múltiples informes, y que iba a ser efectiva pronto, una vez que se suscribiera el último convenio con la Autoridad Portuaria de Sevilla.

La asunción por la Fiscalía y los jueces de instrucción de las tesis que plantean los informes policiales contempla excepciones. Ocurrió con el caso que afectaba por narcotráfico y blanqueo de capitales a familiares de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el que las unidades policiales implicadas solicitaron en tres informes que se abriera una nueva línea de investigación, por delitos de corrupción, sin que la Fiscalía Antidroga ni los jueces que tuvo el caso en la Audiencia Nacional accedieran a ello.

La Audiencia Nacional acaba de condenar a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales a Joakim Broberg, hijastro de Ángeles Muñoz, regidora de Marbella. En las intervenciones telefónicas que practicó la Policía, con autorización del juez, Joakim aludía al poder que tenía en las administraciones de la Costa del Sol, incluido el Ayuntamiento que preside su madrastra, pero esos comentarios no fueron suficientes para indagar en lo que había detrás.

“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Esta es la conclusión de un informe de la UDEF entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en julio de 2019. La propuesta de la Policía nunca fue admitida, pese a los indicios de los que se acompañaba.

Las afirmaciones realizadas por el hijastro de la alcaldesa de Marbella en las conversaciones intervenidas y las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes hacían sospechar a la UDEF de que el presunto narcotraficante se había servido del poder de Ángeles Muñoz para hacer negocios.

La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, y el juez en aquel momento, Alejandro Abascal, no adoptaron la medida que solicitaba la UDEF. Los agentes reiteraron esos indicios en dos informes más, pero no obtuvieron respuesta. El 'caso de los suecos' siguió instruyéndose como otra causa contra el tráfico de drogas internacional, en este caso de hachís. Nada de corrupción.

En una de esas intervenciones, Joakim Broberg contaba a uno de sus socios que estaba en un bar al lado de un funcionario de Benahavís, localidad contigua a Marbella, al que habrían sobornado en el pasado. Una conversación que el hijastro de Ángeles Muñoz remataba: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. Tres días antes se habían celebrado las elecciones municipales y el PP había vuelto a arrasar en la Costa del Sol. Tres meses antes, Juan Manuel Moreno Bonilla se había convertido en presidente de la Junta tras cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía.

La Policía comenzó a investigar y confirmó que el funcionario existía y respondía a la descripción que hacía el hijastro de Ángeles Muñoz. “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, advertía por escrito la inspectora 85.972.

García Castellón evitó la acusación popular

La negativa de la Audiencia Nacional a abrir una línea de investigación por corrupción no fue el único hecho anómalo de la causa contra el marido de Ángeles Muñoz. El siguiente juez del caso, Manuel García Castellón, mantuvo en secreto el procedimiento hasta que finalizó la instrucción y dictó el auto de procesamiento, de tal modo que ninguna acusación popular pudiera personarse y pedir un impulso ese sentido. Cuando el PSOE conoció por los medios de comunicación el procesamiento de Lars Broberg, marido de Ángeles Muñoz, y de Joakim, hijo del primero, se apresuró a solicitar la personación, pero García Castellón le comunicó que era tarde.

El caso contra la familia de la alcaldesa de Marbella, del Partido Popular, quedó por tanto huérfano de cualquier propuesta de investigación de la acusación popular, al contrario de lo que ocurre en otras causas de actualidad, como son las de Ábalos, Zapatero o Leire Díez, donde las organizaciones ultras que integran la acción popular, junto al PP, llegan más lejos que la Fiscalía.

Tres meses después de la primera advertencia policial sobre la corrupción que irrumpía en la investigación contra Joakim Broberg y otros llegó un segundo atestado de la UDEF. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio, la Policía trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”.

Los agentes habían escuchado a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.

La causa había quedado, por parte del Ministerio Público, exclusivamente en manos de una fiscal Antidroga, María Dolores López Salcedo, a la que nunca le interesó expandir la causa contra una sucursal en la Costa del Sol de la Mocromafia sueca a un posible caso de corrupción en la zona.

Una investigación en secreto, un cierre sin publicidad

El marido de Ángeles Muñoz, Lars Broberg, logró que se archivara el procedimiento contra él por su deteriorado estado de salud a los pocos días de producirse. A diferencia de otros casos con relevancia mediática, el auto de procesamiento no fue difundido por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional. Solo la información de elDiario.es desveló la investigación contra el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella.

La fiscal López Salcedo no había hecho una sola pregunta a Joakim Broberg cuando este compareció en fase de instrucción, ni de la corrupción, ni del tráfico de drogas. Tampoco hubo oportunidad de que lo intentara una acusación popular porque García Castellón mantenía secreta la causa.

Otro escándalo que quedó por investigar fue el chivatazo que Lars Broberg le dio a su hijo de que estaba siendo investigado. En sueco, le dice el 28 de octubre de 2019: “Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”. Se refiere a que el terminal que usa es objeto de una intervención con autorización judicial.

Desde Antidroga aseguraron que esos soplos son frecuentes en este tipo de investigaciones, más aún si hay implicadas multitud de unidades policiales y juzgados, sobre todo si son de varios países, como es el caso, y que resulta imposible dar con el origen del chivatazo.

La única referencia a Lars Broberg durante el juicio que se celebró en mayo de 2025 fue cuando la fiscal preguntó a la inspectora de la UDEF por el papel del difunto marido de la alcaldesa en tres operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico. El motivo, explicó López Salcedo, es que Antidroga solicita el decomiso de unas propiedades de Lars Broberg que sospecha maneja a día de hoy su hijo. La inspectora atribuyó al marido de Ángeles Muñoz una labor de “supervisión” en esa trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Finalmente, la sentencia solo menciona a Lars Broberg en la venta de una casa con la que su hijo Joakim habría lavado dinero de la droga, pero con la particularidad de que en la actualidad, y a través de un método considerado fraudulento por el tribunal, pertenece a un hijo de la pareja, esto es, de Lars Broberg y la alcaldesa de Marbella. La casa de Alexander Broberg es confiscada por la Administración, según aparece en la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Lars Broberg falleció en marzo de 2023. Su entierro supuso un desfile de autoridades, también policiales, para rendir homenaje a un próspero empresario del sector inmobiliario al que Ángeles Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida.

Una operación con 14 detenidos, uno de ellos en Menorca, de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) ha permitido intervenir 700.000 euros en efectivo y 100 kilos de plata valorados en más 115.000 euros a la red de blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico vinculada con Ignacio Torán, el presunto líder de la red para la que trabajaba el exjefe de la UDEF en Madrid que ocultó 20 millones de euros entre las paredes de su casa.

Los agentes han intervenido casi 700.000 euros, 3.600 dólares, 100 kilos de plata, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo valorados en más de 160.000 euros, tres vehículos y bloquear cuatro inmuebles valorados en casi 1.500.000 euros en los 18 registros realizados en Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1) Barcelona (1) y Málaga (1) se logró intervenir, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Se ha detenido a 14 personas en Madrid (10), Málaga (2), Barcelona (1) y Menorca (1) en una investigación iniciada en abril de 2023 por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga. Se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho.

Fuentes de la investigación han señalado que entre los 14 detenidos hay dos policías nacionales. En la operación intervinieron otras unidades como Asuntos Internos y la Udyco, debido a la extensa red de blanqueo de capitales que tenía como cliente a Ignacio Torán, ya investigado en la causa que afecta al exjefe de la UDEF con más de 20 millones de euros en su casa proveniente presuntamente del narcotráfico.

Prestación de cajas de seguridad

Según la Policía Nacional, el líder del entramado desarticulado en esta última operación utilizaba una sociedad dedicada a la prestación de servicios de cajas de seguridad para guardar grandes cantidades de efectivo y realizar intercambios económicos, “haciéndolo de forma segura y sin tener que coincidir en tiempo y lugar, pudiendo recibir y ocultar los fondos vinculados a sus actividades criminales”.

Este entramado empresarial había elegido como base logística la ciudad de Madrid y Barcelona como centro de intercambio de criptoactivos. Estaba dirigido y coordinado por el líder de la organización y su pareja a través de testaferros que les permitían bancarizar ingentes cantidades de efectivo en un período corto de tiempo.

Posteriormente, lo convertían en criptoactivos a través de un proveedor, consiguiendo transferir y transformar más de 53 millones de euros en un año.

Las primeras averiguaciones permitieron confirmar que en una sola dirección pública se llegaron a transferir casi 30 millones de dólares en criptoactivos tipo USDT en el periodo comprendido entre julio del 2023 a noviembre del 2024. Además, fruto de las investigaciones realizadas se pudo comprobar que habían financiado la compra de un barco que fue interceptado con 400 kilos de cocaína por las autoridades francesas.

Huidos de España

Los investigadores constataron que el líder y su pareja habían huido de España en el año 2024 dejando paralizada la actividad empresarial de las cajas de seguridad y traspasando esta a otros inversores, si bien seguían controlando algunas de dichas cajas que estaban a su nombre y al de terceros.

Avanzadas las pesquisas se comprobó que el pasado mes de febrero estas dos personas volvieron a nuestro país reactivando su actividad a través de nuevos trabajadores.

Después de meses de investigación se constató que estos negocios jurídicos que simulaban para justificar los beneficios, les permitieron desde el año 2023 incorporar a su patrimonio cuatro inmuebles por un valor de casi 1.500.000 de euros, siendo el valor real de mercado bastante superior al valor de adquisición.

La fuente principal de financiación en la compra de estas propiedades habían sido los ingresos en efectivo o transferencias nacionales e internacionales recibidas desde mercantiles controladas por la organización, simulándose negocios jurídicos para justificar estas aportaciones de fondos.

Los 14 detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho. Actualmente la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones e incautaciones.

Además se han bloqueado cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1.500.000 euros e intervenido una granja de minado de criptoactivos y “monederos fríos muy sofisticados” y tarjetas NFC con doble sistema de seguridad para el almacenamiento de criptos.

Una operació amb 14 detinguts, un d'ells a Menorca, de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF Central) ha permès intervenir 700.000 euros en efectiu i 100 quilos de plata valorats en més de 115.000 euros a la xarxa de blanqueig de capitals provinent del narcotràfic vinculada amb Ignacio Torán, el presumpte líder de la xarxa per a la qual treballava l'excap de la UDEF a Madrid que va ocultar 20 milions d'euros entre les parets de casa seva.

Els agents han intervingut gairebé 700.000 euros, 3.600 dòlars, 100 quilos de plata, criptoactius per valor de 187.000 USDT, sis rellotges de luxe valorats en més de 160.000 euros, tres vehicles i bloquejar quatre immobles valorats en gairebé 1.500.000 euros en els 18 registres realitzats a Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1) Barcelona (1) i Màlaga (1) es va aconseguir intervenir, segons ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa.

S'ha detingut 14 persones a Madrid (10), Màlaga (2), Barcelona (1) i Menorca (1) en una investigació iniciada l'abril de 2023 per la Plaça Judicial 1 de la Secció d'Instrucció del Tribunal Central d'Instància de l'Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga. Se'ls imputa els delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, receptació, falsedat documental i suborn.

Fonts de la investigació han assenyalat que entre els 14 detinguts hi ha dos policies nacionals. En l'operació van intervenir altres unitats com Assumptes Interns i la Udyco, degut a l'extensa xarxa de blanqueig de capitals que tenia com a client Ignacio Torán, ja investigat en la causa que afecta l'excap de la UDEF amb més de 20 milions d'euros a casa seva provinent presumptament del narcotràfic.

Prestació de caixes de seguretat

Segons la Policia Nacional, el líder de l'entramat desarticulat en aquesta última operació utilitzava una societat dedicada a la prestació de serveis de caixes de seguretat per guardar grans quantitats d'efectiu i realitzar intercanvis econòmics, “fent-ho de forma segura i sense haver de coincidir en temps i lloc, podent rebre i ocultar els fons vinculats a les seves activitats criminals”.

Aquest entramat empresarial havia triat com a base logística la ciutat de Madrid i Barcelona com a centre d'intercanvi de criptoactius. Era dirigit i coordinat pel líder de l'organització i la seva parella a través de testaferros que els permetien bancaritzar ingents quantitats d'efectiu en un període curt de temps.

Posteriorment, ho convertien en criptoactius a través d'un proveïdor, aconseguint transferir i transformar més de 53 milions d'euros en un any.

Les primeres indagacions van permetre confirmar que en una sola adreça pública es van arribar a transferir gairebé 30 milions de dòlars en criptoactius tipus USDT en el període comprès entre juliol del 2023 a novembre del 2024. A més, fruit de les investigacions realitzades es va poder comprovar que havien finançat la compra d'un vaixell que va ser interceptat amb 400 quilos de cocaïna per les autoritats franceses.

Fugits d'Espanya

Els investigadors van constatar que el líder i la seva parella havien fugit d'Espanya l'any 2024 deixant paralitzada l'activitat empresarial de les caixes de seguretat i traspassant-la a altres inversors, si bé continuaven controlant algunes d'aquestes caixes que estaven al seu nom i al de tercers.

Avançades les indagacions es va comprovar que el passat mes de febrer aquestes dues persones van tornar al nostre país reactivant la seva activitat a través de nous treballadors.

Després de mesos d'investigació es va constatar que aquests negocis jurídics que simulaven per justificar els beneficis, els van permetre des de l'any 2023 incorporar al seu patrimoni quatre immobles per un valor de gairebé 1.500.000 euros, sent el valor real de mercat força superior al valor d'adquisició.

La font principal de finançament en la compra d'aquestes propietats havien estat els ingressos en efectiu o transferències nacionals i internacionals rebudes des de mercantils controlades per l'organització, simulant-se negocis jurídics per justificar aquestes aportacions de fons.

Els 14 detinguts van passar a disposició de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, receptació, falsedat documental i suborn. Actualment, la investigació continua oberta i no es descarten més detencions i confiscacions.

A més s'han bloquejat quatre immobles valorats en aproximadament 1.500.000 euros i intervingut una granja de mineria de criptoactius i “moneders freds molt sofisticats” i targetes NFC amb doble sistema de seguretat per a l'emmagatzematge de criptos.

Un nou operatiu desplegat aquest divendres per la Policia Nacional i la Policia Local de Palma al poblat de Son Banya s'ha saldat amb un detingut per tràfic de drogues, la intervenció de substàncies estupefaents i l'enderrocament de set casetes que servien com a punts de venda.

Fonts de la Policia Nacional han explicat que s'han intervingut diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, pastilles contra la disfunció erèctil i estris destinats a la venda de droga, com ara bosses i llibretes amb anotacions.

El mes de juny passat, la Policia Nacional i l'Ajuntament de Palma ja varen assestar un altre cop a l'estructura de distribució d'estupefaents del poblat, amb la desarticulació de nou punts de venda i l'enderrocament de set construccions utilitzades per comercialitzar droga. Es tractava d'una infraestructura dissenyada per facilitar les transaccions i mantenir la venda de droga allunyada dels habitatges dels traficants.

L'operació, dirigida per la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional, es va saldar amb set detinguts —cinc per presumptes delictes de tràfic de drogues i dues persones que tenien ordres de cerca i captura pendents— i amb la intervenció de més de mig quilo de cocaïna, prop de mig quilo de marihuana i haixix, diverses quantitats d'heroïna i més de 3.000 euros en efectiu.

Un nuevo operativo desplegado este viernes por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma en el poblado de Son Banya se ha saldado con un detenido por tráfico de drogas, la intervención de sustancias estupefacientes y la demolición de siete casetas que servían como punto de venta.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado que se han intervenido diversas cantidades de cocaína, marihuana, hachís, pastillas contra la disfunción eréctil, útiles para la venta de la droga como bolsas y libretas con anotaciones.

El pasado mes de junio, la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Palma asestaron otro golpe a la estructura de distribución de estupefacientes del poblado, con la desarticulación de nueve puntos de venta y el derribo de siete construcciones utilizadas para comercializar droga. Se trataba de una infraestructura diseñada para facilitar las transacciones y mantener la venta de droga alejada de las viviendas de los traficantes.

La operación, dirigida por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, se saldó con siete detenidos -cinco por presuntos delitos de tráfico de drogas y dos personas que tenían órdenes de búsqueda y captura pendientes- y con la incautación de más de medio kilo de cocaína, cerca de medio kilo de marihuana y hachís, diversas cantidades de heroína y más de 3.000 euros en efectivo.

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de cárcel a Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. La sentencia también le impone una multa de 4,9 millones de euros. La Fiscalía Antidroga, durante el juicio, llegó a pedir para él el doble de años de prisión además de 30 millones de euros en multas.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Ana Revuelta, considera probado que Broberg se dedicó desde al menos 2019 a la compra y venta de marihuana y hachís para enviarla desde España a Francia y a terceros países. En esa operativa, señala él mismo contactaba con los proveedores e incluso con miembros de otras redes para suministrar la sustancia estufefaciente. Junto a él, la Audiencia Nacional ha condenado a otros 21 encausados a penas que van de los 2 a los 16 años de cárcel por delitos de  tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal -formada principalmente por ciudadanos suecos- y por blanqueo de capitales. A once de ellos se les ha aplicado la atenuante de confesión dado que reconocieron los hechos y se conformaron con las penas que solicitaba la Fiscalía Antidroga.

Si bien el tribunal no condena a Broberg por el delito de pertenencia a organización criminal, sí que explica que a lo largo de 2020 usó EncroChat para ponerse en contacto con proveedores como el conocido 'Canaryegg' para abastecerse de sustancias que provenían de Marruecos y llegaban a la costa española en barco. “No ha podido determinarse la cuantía exacta de las operaciones realizadas, ni el valor de la cantidad de marihuana incautada en Francia”, indica la ponente, sin embargo.

La resolución se para además a detallar cómo el hijastro de la alcaldesa de Marbella utilizó en ocasiones su inmobiliaria Wasa Consulting, ubicada en el Centro Comercial Plaza de Marbella, junto con otro encausado “con la finalidad de ocultar fondos procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes y otras actividades ilícitas, e introducir en el circuito lícito financiero los beneficios ilícitos obtenidos”. Un blanqueo de capitales de libro que llevaron a cabo gracias a operaciones mercantiles como la compraventa de la denominada 'Casa Grande Roja', gracias a la que lavaron 3 millones de euros.

En esta causa no está el padre de Joakim, Lars Gunnar Broberg, porque no fue procesado por motivos de salud -falleció en 2023, dos años antes de que se celebrara el juicio-. Pero en el escrito de acusación del Ministerio Público, en el que inicialmente se pedían 22 años para el hijastro de la alcaldesa, se consideraba acreditado que ella, Ángeles Muñoz, convivió durante años con una persona, su esposo ya fallecido, que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. El escrito de acusación de la fiscalía especializada concluía que el padre prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos.

A esa operación de blanqueo de la 'Casa grande Roja', los magistrados suman otras, como la compraventa de 'Las tres fincas de El Herrojo' que posibilitó blanquear 721.728 euros, la adquisición de un inmueble en Marbella a través de la sociedad panameña Lesley Company Inc. y de una mercantil radicada en islas Vírgenes, Poni Participation Corp. que permitió lavar para Broberg otrs 230.000 euros.

El hijastro de la alcaldesa marbellí no solo se afanó en cultivar el sector del ladrillo, toco otros palos para blanquear: el oro y las piedras preciosas. La Audiencia Nacional considera probado que en 2019 realizó una importante transacción de hasta 20 kilogramos de oro que habría recibido como “pago de una deuda procedente de África” y a cambio recibió cantidades dinerarias en “bancos de fuera”. En total blanqueó con esa artimaña 894.000 euros.

La investigación

Según recuerdan los magistrados, fue en abril de 2019 cuando se presentó en Antidroga un atestado de la UDYCO Central en el que se detallaban las vinculaciones de los implicados en esta red con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Pero el origen del trabajo policial se ubica en septiembre de 2018 cuando el Grupo VI de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona recibió una solicitud de asistencia judicial procedente de Suecia para llevar a cabo una vigilancia transfronteriza con motivo de un presunto delito de tráfico de estupefacientes en el que estarían implicados diversos criminales suecos.

En este marco, indica la Audiencia Nacional, se recabaron “indicios suficientes que evidenciaron la actividad en distintos lugares de nuestro país, y especialmente en Barcelona y la Costa del Sol, de un grupo criminal de origen sueco pero con participación de otros nacionales e incluso de marroquíes, compuesto por diversas células y cuya acción delictiva incluía, entre otras actividades, el transporte de hachís desde Marruecos hasta el país nórdico a través de distintos medios”.

La sentencia, que rechaza todas las cuestiones de nulidad planteadas por los encausados, sostiene que la información obtenida por Francia de la red Encrochat -instrumento que usaba el crimen organizado transnacional para comunicarse de manera velada- “no se ha obtenido vulnerando ningún derecho fundamental” por lo que ha podido ser utilizado como fuente de prueba en el procedimiento. Broberg era 'Fattonny' en esa red, y consta conversaciones con otros condenados en los que preguntaba si había “algo de chocolate ya”, en referencia a cargamentos de droga que llegaban vía barco pesquero desde Marruecos.

Durante la operación se incautaron 244.331 gramos de cannabis en una nave de San Pedro de Alcántara (Málaga) con un valor superior a los 415.000 euros; hasta 25 fardos de hachís frente a la costa granadina con 550 kilos de esta sustancia con un valor de 919.050 euros; y 27.900 gramos de resina prensada de hachís con un valor de 46.352 euros.

La pena más alta, de 16 años de cárcel, recae en Ivan Cicak, a quien la sentencia considera el organizador de toda la estructura criminal en la que participa el resto con sus respectivos cometidos. Dirigía y coordinaba todos los envíos, obtenía el beneficio de la compra de la droga y se encargaba del pago a los restantes miembros de la organización.

La xarxa de narcos del Port de València condemnada a penes d'entre set i 16 anys de presó tenia un talp a la Policia a qui preveien pagar 100.000 euros, segons destaca la sentència, que no precisa a quin cos policial pertanyeria. La resolució considera acreditat que els condemnats comptaven amb un “funcionari policial” (a qui anomenaven “Tambores”) que els facilitava informació sobre les eventuals investigacions que els afectaven.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència Provincial de València destaca que la “prova de càrrec fonamental” per a sustentar la condemna són les converses dels acusats a través de SKY-ECC, una aplicació suposadament segura utilitzada per nombroses organitzacions criminals que va ser desencriptada i facilitada a les autoritats policials espanyoles per Europol, fet que va donar peu a desenes de causes judicials, majoritàriament per narcotràfic.

Amb SKY-ECC, els narcos conversaven obertament sobre les operacions i els carregaments, així com sobre els preus de la cocaïna i altres detalls, convençuts que la seua privacitat estava garantida.

Els xats van constituir una font d'informació “decisiva” per a la condemna, afirma la sentència. Inicialment, la secció tercera de l'Audiència Provincial de València va absoldre tots els acusats en invalidar la principal prova, una decisió que va resultar cridanera en els àmbits judicial i policial europeus, tal com va informar aquest diari. No obstant això, arran d'un recurs de la Fiscalia Antidroga, la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va validar la prova i va obligar el tribunal d'instància a dictar una nova sentència, tenint en compte els xats i sense necessitat de celebrar novament el judici.

La sentència condemnatòria, dictada aquest dimarts, recorda que, durant el judici oral, les defenses “ni tan sols van intentar desvirtuar les evidències i inferències que van fer els investigadors per a establir les seues identitats” en SKY-ECC a partir de les converses i dels arxius multimèdia intervinguts.

La resolució detalla els comprometedors diàlegs en SKY-ECC de la trama de narcos, liderada per Fernando M. S. —“figura principal de l'entramat” i condemnat a 16 anys de presó— i pel seu soci, Onofre G. R., un conegut culturista condemnat a 13 anys i mig de presó.

A més, els narcoestibadors Borja M. R. i Iván T. R. —al seu torn investigats en l'operació Spider, també per narcotràfic al Port de València— han sigut condemnats a deu anys i mig de presó. En les converses de l'aplicació desencriptada, Fernando M. S. va confirmar al seu soci Onofre G. R. que la Policia investigava Borja M. R. En la macrocausa de l'operació Spider, en què Borja M. R. i Iván T. R. figuren com a investigats, els narcos també disposaven d'informació confidencial procedent de l'interior de la Policia i coneixien amb antelació, i amb un cert grau de detall, que serien detinguts, tal com va informar aquest diari.

La desaparició de cinc quilos de coca

La investigació, a càrrec de la Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la Policia Nacional i de Vigilància Duanera, seguia els passos de la presumpta trama de Fernando M. S. i d'Onofre G. R. arran d'un carregament de 1.650 quilos de cocaïna intervingut al Port amb la tècnica del ganxo perdut, sense el coneixement del destinatari final de la mercaderia, en dos contenidors que van arribar en un vaixell procedent de Vancouver (Canadà) i van ser descarregats el 22 d'agost de 2020 a la terminal APM.

Borja M. R. i Iván T. R., els responsables logístics de l'extracció del carregament, només van poder rescatar 1.528 quilos de coca, ja que van deixar abandonades en un dels contenidors quatre bosses amb una mica més de 117 quilos que, pel que sembla, havien quedat aixafades per la mercaderia legal del contenidor.

Als narcos els faltaven 122 paquets de coca, perduts en les quatre motxilles. No obstant això, la “font” de Fernando M. S. a la Policia, segons va dir el capitost en una conversa del 25 d'agost de 2020, li va confirmar la intervenció de 117 paquets.

On van anar a parar els quilos de coca que faltaven? “Pel que fa als altres, aproximadament, cinc quilos de coca que els mateixos processats van trobar a faltar en efectuar el recompte, es desconeix què va poder passar amb ells”, afirma la sentència.

La informació d'un “funcionari policial”

Tot i l'èxit parcial de l'operació, el contenidor va quedar obert en plena terminal portuària. A finals d'agost, el capitost de la xarxa de narcos, Fernando M. S., va aconsellar al seu soci culturista que se n'anara de València “perquè la Policia l'està investigant”, segons els xats mantinguts a SKY-ECC. Finalment, però, va ser Fernando M. S. qui va fugir d'Espanya.

De les converses entre Onofre G., un dels dos caps, i Andrés D. M. —l'encarregat de proporcionar els precintes falsos per a tornar a tancar els contenidors després de l'extracció de la droga, condemnat a deu anys i mig de presó— es desprén que un “funcionari policial”, de qui es deia que cobraria 100.000 euros, els facilitava informació.

Els comprometedors xats incloïen ordres sobre lliuraments de diners i pagaments de coca o, directament, la fotografia amb el número dels dos contenidors que transportaven el carregament de coca, a més dels seus respectius precintes.

En les converses entre Fernando M. S. i el seu subordinat Norman P. G., condemnat a deu anys i mig de presó, es parlava de la droga de què disposaven als ports d'origen per a traslladar-la fins a Espanya, de la venda de coca i dels seus preus o de la vigilància policial detectada al gimnàs que Onofre G. R. tenia a Quart de Poblet. També de “nous carregaments de droga”.

En un altre xat, Borja M. R. i Iván T. R. es van felicitar per l'èxit de l'operació, encara que van comentar que un dels contenidors havia quedat obert. L'estibador Borja M. R. també va alertar el culturista que “se'ls està escapant de les mans”, en referència a una altra suposada operació per a extraure dues tones de coca del Port.

La “informació defectuosa” al capitost sobre el ganxo perdut

El capitost de l'organització criminal també va expressar la seua “irritació” per l'abandonament d'una part del carregament i per la “informació defectuosa” que li havia proporcionat Borja M. R., a qui va advertir que hauria d'assumir la meitat de les pèrdues.

Per una altra banda, Fernando M. S. va compartir amb el seu soci la seua preocupació per la “manca de precaucions” dels dos portuaris a qui pagava per a les operacions d'extracció de la coca. El 23 d'agost, poc després del carregament, va confirmar que la Policia investigava Borja M. R.

Tot i el contratemps, els narcotraficants van continuar parlant de “nous enviaments de droga”. Ja a principis de setembre de 2020, Fernando M. S. sospitava que els dos narcoestibadors s'havien deixat les quatre bosses “perquè es van dedicar a traure 400 quilos d'un altre contenidor”. També va confirmar que la droga intervinguda per la Policia era seua.

Una vegada va tindre “accés a l'atestat”, va creure que “les bosses es podien haver tret si no s'hagueren deixat el contenidor obert”, segons va manifestar a Onofre G. R.

Per la seua banda, Borja M. R. ja s'havia queixat en converses prèvies amb un individu no identificat de l'“increment dels controls de la Guàrdia Civil” al Port. L'estibador “només treballava” amb aquest interlocutor desconegut i amb Onofre G. R., segons afirmava en els xats.

Aniversaris, viatges i un Porsche

Els investigadors van aconseguir identificar tots els usuaris dels xats de SKY-ECC, una aplicació que proporcionava a cada usuari un codi alfanumèric i que identificava els interlocutors amb un nickname. No va resultar massa complicat, ja que els narcos s'intercanviaven dades personals i familiars fàcilment contrastables, com nombroses dates d'aniversari, viatges i fins i tot les notes escolars dels fills. En alguns casos, les seues veus també van ser identificades gràcies als àudios que s'intercanviaven.

Borja M. R. va comentar que, en la data dels fets, complia 25 anys i que era a Menorca, circumstància que els investigadors policials van poder contrastar fàcilment. També va explicar que la seua dona tenia un centre de ioga i va remetre fotografies manejant una grua al Port de València.

Per la seua banda, Iván T. R. va al·ludir a diversos viatges, a Eivissa o a Madrid, que els agents van comprovar que efectivament havia fet. Un altre dels condemnats, Jokin L. A., va remetre a Borja M. R. i a Iván T. R. una fotografia del seu Porsche estacionat davant del domicili dels seus pares, “i es comprova que és així”, indica la sentència. També va al·ludir a la data de l'aniversari de la seua sogra (“i es comprova que és així”, fixa la sentència).

El “carnet de conduir croat”

Quintín M. A., condemnat a deu anys i mig de presó, fins i tot va esmentar la seua data de naixement i va identificar el camió que conduïa. Els xats de SKY-ECC del principal condemnat, per un error en l'Ordre Europea d'Investigació, no van ser aportats a la causa. No obstant això, les referències al seu àlies per part d'altres usuaris van permetre acreditar-ne la identitat.

A més de referències a un viatge a Bali amb la seua dona, Fernando M. S. va demanar a Norman P. G. que li aconseguira un “carnet de conduir croat”. La sentència explica que el capitost va ser, efectivament, detingut portant un permís de conduir a nom d'un ciutadà croat amb la seua fotografia.

El narco també es queixava al mateix interlocutor que la seua exparella estava publicant fotografies en xarxes socials que el podien comprometre, extrem que els investigadors van comprovar.

Les “maniobres sospitoses” dels camions

Per una altra banda, la sentència també sustenta la condemna dels conductors dels camions implicats en l'extracció del carregament amb l'anàlisi de les càmeres de videovigilància del Port, que van captar “maniobres sospitoses en les immediacions del contenidor on es va trobar la droga”.

La gravació de les càmeres, de la fiabilitat de la qual la sentència inicial dubtava obertament, queda corroborada per les dades obtingudes de l'anàlisi de les converses en SKY-ECC.

“Al llarg de les converses es van aportant dades concretes sobre els vehicles implicats (a més dels dies i hores en què van accedir a la terminal) que coincideixen amb els resultats de l'anàlisi de la gravació i dels registres d'accés a la terminal i que, en conseqüència, permeten considerar la prova fiable i apta per a desvirtuar la presumpció d'innocència dels acusats”, conclou la sentència.

La red de narcos del Puerto de València condenada a penas de entre siete y 16 años de cárcel tenía un topo en la Policía al que preveían pagar 100.000 euros, según destaca la sentencia (que no detalla a qué cuerpo pertenecería). La resolución considera acreditado que los condenados contaban con un “funcionario policial” (al que denominaban “tambores”) que les filtraba información sobre las eventuales investigaciones que les afectaban.

La sentencia de la sección tercera de la Audiencia de Valencia destaca que la “prueba de cargo fundamental” para apuntalar la condena son las conversaciones de los acusados mediante el sistema SKY-ECC, una aplicación supuestamente segura usada por numerosas organizaciones criminales que fue desencriptada y entregada a las autoridades policiales españolas por Europol, dando pie a decenas de causas judiciales (mayoritariamente por narcotráfico).

Con SKY-ECC, los narcos conversaban abiertamente sobre las operaciones y los alijos, además de precios de la cocaína y otros detalles, en la creencia de que su privacidad estaba asegurada.

Los chats fueron una fuente de información “decisiva” para la condena, afirma la sentencia. Inicialmente, la sección tercera de la Audiencia de Valencia absolvió a todos los acusados al invalidar la principal prueba, una decisión que resultó llamativa en medios judiciales y policiales europeos, tal como informó este diario. Sin embargo, tras un recurso de la Fiscalía Antidroga, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) validó la prueba y obligó al tribunal de instancia a dictar una nueva sentencia, teniendo en cuenta los chats y sin necesidad de celebrar de nuevo el juicio.

El fallo condenatorio dictado este martes recuerda que, en el juicio oral, las defensas “ni siquiera intentaron desvirtuar las evidencias e inferencias que se hicieron por los investigadores para establecer sus identidades” en SKY-ECC a partir de las conversaciones y de los archivos multimedia intervenidos.

La resolución detalla los comprometedores diálogos en SKY-ECC de la trama de narcotraficantes, liderada por Fernando M. S. (“figura principal del entramado” y condenado a 16 años de prisión) y su socio, Onofre G. R., un conocido culturista condenado a 13 años y medio de cárcel.

Además, han sido condenados a 10 años y medio de prisión los narcoestibadores Borja M. R. e Iván T. R. (a su vez investigados en la 'operación Spider', también por narcotráfico en el Puerto de València). En las conversaciones de la aplicación desencriptada, Fernando M. S. confirmó a su socio Onofre G. R. que la Policía estaba investigando a Borja M. R. En la macrocausa de la 'operación Spider' en la que Borja M. R. e Iván T. R. figuran imputados, los narcos también contaban con información confidencial de dentro de la Policía y conocían con antelación y con cierto grado de detalle que iban a ser detenidos, tal como informó elDiario.es.

La desaparición de cinco kilos de coca

La investigación, a cargo de la Guardia Civil (con la colaboración de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera), seguía los pasos a la presunta trama de Fernando M. S. y de Onofre G. R. por un alijo de 1.650 kilos de cocaína rescatado en el Puerto con la técnica del gancho perdido (sin el conocimiento del destinatario final de la mercancía), en dos contenedores que llegaron en un buque procedente de Vancouver (Canadá) y fueron descargados el 22 de agosto de 2020 en la terminal APM.

Borja M. R. e Iván T. R., los responsables logísticos de la extracción del alijo, solo pudieron rescatar 1.528 kilos de coca, al haberse dejado abandonadas en uno de los contendores cuatro bolsas con algo más de 117 kilos (que, al parecer, habían quedado aplastadas por la mercancía legal del contenedor).

A los narcos les faltaban 122 paquetes de coca, perdidos en las cuatro mochilas. Sin embargo, la “fuente” de Fernando M. S. en la Policía, según dijo el capo en una conversación del 25 de agosto de 2006, le confirmó la intervención de 117 paquetes.

¿Dónde fueron a parar los kilos de cocaína que faltaban? “En cuanto a los otros, aproximadamente, cinco kilos de cocaína, que los propios procesados echaron en falta al efectuar el recuento, se desconoce qué pudo ocurrir con ellos”, afirma la sentencia.

La información de un “funcionario policial”

A pesar del éxito parcial de la operación, el contenedor se quedó abierto en plena terminal portuaria. Y, a finales de agosto, el cabecilla de la red de narcos, Fernando M. S. aconsejó a su socio culturista que se fuera de València “porque la Policía lo está investigando”, según los chats mantenidos en SKY-ECC (al final, fue Fernando M. S. el que huyó de España).

De las conversaciones entre Onofre G., uno de los dos capos, y Andrés D. M. (el encargado de proporcionar los precintos falsos para cerrar de nuevo los contenedores tras la extracción de la droga, condenado a 10 años y medio de cárcel), se desprende que un “funcionario policial”, al que se decía que se le iban a pagar 100.000 euros, facilitaba información.

Los comprometedores chats incluían órdenes sobre entregas de dinero y pagos de cocaína o, directamente, la foto con el número de los dos contenedores que transportaban el alijo de coca, además de sus respectivos precintos.

En las conversaciones entre Fernando M. S. y su subordinado Norman P. G. (condenado a 10 años y medio de prisión) se hablaba de la droga de que se disponía en los puertos de origen para trasladarla hasta España, de la venta de cocaína y de sus precios o de la vigilancia policial detectada en el gimnasio que Onofre G. R. poseía en Quart de Poblet. También de “nuevos cargamentos de droga”.

En otro chat, Borja M. R. e Iván T. R. se felicitaron por el éxito de la operación, aunque mencionaron que uno de los contenedores se había quedado abierto. El estibador Borja M. R. también alertó al culturista de que “se les está yendo de las manos”, en relación con otra supuesta operación para extraer dos toneladas de coca del Puerto.

La “defectuosa información” al capo sobre el gancho perdido

El capo de la organización criminal también expresó su “enfado” por el abandono de una parte del alijo y la “defectuosa información” que le había proporcionado Borja M. R., a quien advirtió de que tendría que asumir la mitad de las pérdidas.

Por otro lado, Fernando M. S. compartió con su socio su preocupación por la “falta de precauciones” de los dos portuarios a los que pagaba para las operaciones de extracción de la coca. El 23 de agosto, poco después del alijo, confirmó que la Policía investigaba a Borja M. R.

A pesar del fallo, los narcotraficantes siguieron hablando de “nuevos envíos de droga”. Ya a principios de septiembre de 2020, Fernando M. S. sospechaba que los dos narcoestibadores se habían dejado las cuatro bolsas “porque se dedicaron a sacar 400 kilos de otro contenedor”. También confirmó que la droga incautada por la Policía era la suya.

Una vez tuvo “acceso al atestado” creyó que “las bolsas se podían sacar si no se hubieran dejado el contenedor abierto”, según manifestó a Onofre G. R.

Por su parte, Borja M. R. ya se había quejado en conversaciones previas con un individuo no identificado del “incremento de controles de la Guardia Civil” en el Puerto. El estibador “solo trabajaba” con ese interlocutor desconocido y con Onofre G. R., según afirmaba en los chats.

Cumpleaños, viajes y un Porsche

Los investigadores lograron identificar a todos los usuarios de los chats de SKY-ECC, una aplicación que proporciona a cada uno un código alfanumérico y que identifica a los interlocutores con un 'nickname'. No resultó demasiado complicado al intercambiarse los narcos entre sí datos personales y familiares fácilmente contrastables (como numerosas fechas de cumpleaños, viajes e incluso notas escolares de los hijos). En algunos casos, sus voces también fueron identificadas por los audios que se intercambiaban.

Borja M. R. comentó que, en la fecha de los hechos, cumplía 25 años y que estaba en Menorca, algo que los investigadores policiales pudieron contrastar fácilmente. O que su mujer tenía un centro de yoga. También remitió fotos manejando una grúa en el Puerto de València.

Por su parte, Iván T. R. aludió a varios viajes (a Ibiza o a Madrid) que los agentes comprobaron que efectivamente hizo. Otro de los condenados, Jokin L. A. remitió a Borja M. R. y a Iván T. R. una foto de su Porsche estacionado frente al domicilio de sus padres “y se comprueba que es así”, indica la sentencia. También aludió a la fecha del cumpleaños de su suegra (“y se comprueba que es así”, remacha la sentencia).

El “carnet de conducir croata”

Quintín M. A., condenado a 10 años y medio de cárcel, incluso mencionó su fecha de nacimiento e identificó el camión que conducía. Los chats de SKY-ECC del principal condenado, por un error en la Orden Europea de Investigación, no fueron aportados a la causa. Sin embargo, las referencias a su 'nickname' por parte de otros usuarios permitieron acreditar su identidad.

Además de referencias a un viaje a Bali con su mujer, Fernando M. S. pidió a Norman P. G. que le consiguiera un “carnet de conducir croata”. La sentencia explica que el capo fue, efectivamente, detenido portando un carnet de conducir a nombre de un croata con su fotografía.

El narco también se quejaba al mismo interlocutor de que su expareja estaba publicando fotos en redes sociales que le podían comprometer (los investigadores comprobaron que así era).

Las “maniobras sospechosas” de los camiones

Por otro lado, la sentencia también apuntala la condena de los conductores de los camiones implicados en la extracción del alijo con el análisis de las cámaras de videovigilancia del Puerto, que captaron “maniobras sospechosas en las inmediaciones del contenedor donde se encontró la droga”.

La grabación de las cámaras, de cuya fiabilidad la sentencia inicial dudaba de plano, queda corroborada por los datos obtenidos del análisis de las conversaciones en SKY-ECC.

“A lo largo de las conversaciones se van aportando datos concretos sobre los vehículos implicados (además de los días y horas en que accedieron a la terminal) que coinciden con los resultantes del análisis de la grabación y de los registros de acceso a la terminal y que, en consecuencia, permiten tener la prueba por fiable y apta para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados”, concluye la sentencia.

La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha condenado a penas de entre siete y 16 años de prisión a los narcos del Puerto que usaban la aplicación Sky-ECC, desencriptada gracias a la labor policial europea. El tribunal, obligado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), corrige así su postura inicial de invalidar los chats de Sky-ECC, eje central de la causa, e impone a los dos cabecillas —Fernando M. S. y Onofre G. R.— las penas más altas como “jefes de una organización criminal”, con la circunstancia agravante en el caso del primero de la reincidencia, por lo que lo condena a la pena más alta, de 16 años de prisión, además de una multa de 60 millones de euros.

Onofre G. R., conocido culturista valenciano, ha sido condenado a 13 años y medio de cárcel (y multa de 55 millones). Para la otra docena de acusados, las penas varían entre los siete y los 10 años y tres meses de prisión.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, considera que los 14 condenados formaban un “entramado organizado” que actuaba bajo el “mando y dirección” de Fernando M. S. y de Onofre G. R, “encaminado a la introducción y rescate de grandes cantidades de cocaína a través del puerto de València”.

Por otro lado, la resolución considera “esencial en la planificación” el empleo en sus terminales telefónicos de la aplicación Sky-ECC, “un método seguro para las comunicaciones que permitía el ”flujo de instrucciones e información entre ellos para el buen fin de la operación“.

Además, la Audiencia de Valencia establece en el apartado de hechos probados de la sentencia que los 14 condenados organizaron la importación y rescate de un alijo de más de una tonelada y media de cocaína oculta en dos contenedores y provenientes del puerto de Vancouver (Canadá) mediante el sistema del gancho perdido (sin el conocimiento del destinatario final de la mercancía).

El papel de los narcoestibadores

También considera que Fernnado M. S., como “figura principal del entramado”, fue quien contactó con la organización colombiana de origen y negoció el precio de la coca, adquirida, entre otros, por los estibadores Borja M. R. e Iván T. R., también condenados en esta causa y que figuran como investigados en otra macrocausa por narcotráfico en el Puerto de València (la operación Spider, un procedimiento instruido por la Plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València).

Ambos aportaron una nave industrial alquilada, los camiones y conductores, además de los encargados de las vigilancias, para la extracción del alijo y han sido condenados a 10 años y medio de prisión, además de multa de 52,8 millones de euros. La sentencia también considera probado que Borja M. R. facilitó la localización exacta en el interior del Puerto del contenedor contaminado.

Un alijo de 52,8 millones de euros

El alijo estaba repartido en dos contenedores de la terminal APM, aunque los propios procesados echaron en falta cinco quilos de coca al efectuar el recuento. Luego fue trasladado a una nave industrial y a viviendas particulares.

La sentencia establece que, de la cantidad de cocaína rescatada, los dos principales capos de operación y los narcoestibadores Borja M. R. e Iván T. R. eran “propietarios” cada uno de ellos de 10 kilos de cocaína a precio de origen. Los condenados, a tenor de sus conversaciones, valoraban el precio de venta del kilo de coca en 32.000 euros.

La Audiencia de Valencia calcula que el precio total de la venta del alijo se habría disparado a los 52,8 millones de euros (importe de la multa impuesta).

Un jutjat de Palma ha deixat en llibertat provisional Francisco Tomás Fernández, conegut com 'El Ico', després de ser arrestat per un enfrontament amb dos joves en el qual presumptament va arribar a ensenyar una pistola.

Els fets es van produir aquest dissabte al carrer George Sand de Palma del barri palmesà de Son Güells, quan, per causes que encara s'han d'aclarir, hi va haver aquesta baralla entre el detingut i dos joves, segons ha avançat el diari 'Última Hora'.

En un moment de la disputa, aquest home va arribar presumptament a mostrar una arma que semblava ser una pistola, encara que finalment va fugir en un vehicle. La parella de joves va trucar al 091, van assenyalar 'El Ico' com a autor d'aquestes possibles amenaces i van descriure el cotxe en què havia marxat.

Els policies van acudir a Son Banya, van trobar el vehicle descrit per les víctimes i dins van trobar la pistola, que va resultar ser d'aire comprimit.

No obstant això, els joves no van comparèixer per denunciar els fets i, malgrat imputar-li un possible delicte de tinença il·lícita d'armes, el detingut ha quedat en llibertat.

Un juzgado de Palma ha dejado en libertad provisional a Francisco Tomás Fernández, conocido como 'El Ico', tras ser arrestado por un enfrentamiento con dos jóvenes en el que presuntamente llegó a enseñar una pistola.

Los hechos se produjeron este sábado en la calle George Sand de Palma del barrio palmesano de Son Güells, cuando, por causas que todavía se tiene que aclarar, hubo esta pelea entre el detenido y dos jóvenes, según ha adelantado el periódico 'Última Hora'.

En un momento de la disputa, este hombre llegó presuntamente a mostrar un arma que parecía ser una pistola, aunque finalmente huyó en un vehículo. La pareja de jóvenes llamó al 091, señalaron a 'El Ico' como autor de estas posibles amenazas y describieron el coche en el que se había marchado.

Los policías acudieron a Son Banya, encontraron el vehículo descrito por las víctimas y dentro encontraron la pistola, que resultó ser de aire comprimido.

No obstante, los jóvenes no comparecieron para denunciar los hechos y, pese a imputarle un posible delito de tenencia ilícita de armas, el detenido ha quedado el libertad.

Un juzgado de Marbella ha citado a su alcaldesa a una comparecencia para “practicar la formación de inventario” previo al reparto de la herencia de Lars Broberg, el marido de la regidora fallecido hace ya más de tres años. La citación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se produce en el marco de la denuncia presentada por dos de sus hijastros, cansados de esperar que Ángeles Muñoz no entregara la parte que consideran que les corresponde de los bienes de su padre, un empresario inmobiliario que fue procesado por blanqueo del narcotráfico en 2022 y cuya causa quedó archivada por su estado de salud.

Lars Broberg aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz tres hijos de un anterior matrimonio. Tras la boda, hace más de 30 años, la pareja tuvo dos hijos. Pero son dos de los hijastros de Muñoz quienes reclaman a la alcaldesa la parte que les corresponde de la herencia de su padre. De estos, uno es Joakim Broberg, juzgado en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la misma causa en la que fue procesado su padre. El otro hijastro es Lars Toni Andreasson, fruto de una relación extramatrimonial de Lars Broberg antes de trasladarse a España. Reconocido por Broberg, Lars Toni ha llevado el apellido de su padre, pero nunca vivió con el matrimonio, a diferencia de los otros dos hijastros. 

Muñoz estaba citada para el próximo lunes a las 10.30 horas en el Juzgado de Primera Instancia de Marbella, pero la imposibilidad de citar a alguno de los implicados en el reparto ha obligado a postergar la comparecencia, explican fuentes jurídicas. Antes de que eso ocurriera, Muñoz había pedido no desplazarse de su domicilio al juzgado de Marbella e intervenir por videoconferencia. El juzgado no llegó a pronunciarse sobre esta petición antes de anular la citación.

Los intentos de los hijastros por llegar a un acuerdo con Muñoz recibieron la callada por respuesta de la alcaldesa de Marbella, que no tuvo más remedio que personarse en el procedimiento el pasado noviembre 25 de noviembre. En septiembre del pasado año, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marbella admitió a trámite la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg.

El marido de Muñoz era un ciudadano sueco con antecedentes por falsificación de matrículas que hizo fortuna en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Tanto es así que Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida al éxito en los negocios de su marido. 

La Fiscalía Antidroga relacionó a Lars Broberg con tres operaciones inmobiliarias para blanquear más de siete millones de euros. El dinero procedería del tráfico de hachís orquestado por una delegación de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol y de la que sería cabecilla su hijo Joakim, pendiente de que la Audiencia Nacional dicte sentencia. El juicio se celebró entre los meses de junio y julio de 2025. Durante el mismo, la Fiscalía insistió en la participación del fallecido Lars Broberg en el blanqueo del narcotráfico y solicitó una condena de 18 años de cárcel para su hijo Joakim.

Para repartir la herencia es necesario conocer antes a cuánto ascienden los fondos y bienes que Broberg dejó en vida, esto es, “la intervención judicial del caudal hereditario”, según se mencionaba en el auto de admisión de la demanda. De ahí que el Juzgado deba reunir a la viuda, a los hijos y los hijastros.

En la resolución, el juzgado ordenaba notificar la demanda a Ángeles Muñoz y que esta informara de la dirección de los dos hijos del matrimonio, Alex Jhon Broberg Muñoz y Christina Erik Broberg Muñoz, así como dónde localizar a Fredick Broberg, el tercer hijastro que no se ha unido a la demanda para el reparto de la herencia. Fredik es un financiero con residencia en Dubai. elDiario.es intentó sin éxito en aquel momento recabar un comentario de Ángeles Muñoz a través del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Marbella.

Lars Broberg mantuvo la nacionalidad sueca y no residía más de seis meses en España para tributar en su país. Las fuentes consultadas explican que su testamento responde a la distribución de la herencia que marca la ley sueca. Según esta, el heredero principal en una pareja con hijos es el cónyuge y los hijos no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia hasta que muera este. Para los hijastros la situación es otra. Estos hijos del fallecido, procedentes de una relación anterior, pueden reclamar su herencia inmediatamente después al fallecimiento de su padre, sin necesidad de esperar a que la pareja de este fallezca.

La ostentosa vida de la pareja

La ostentosa vida de Ángeles Muñoz abre una incógnita sobre la herencia de Lars Broberg. Por otra parte, el procesamiento del empresario sueco abunda en las dudas sobre su procedencia. Los investigadores policiales del caso de la Mocromafia en la Costa del Sol solicitaron al juzgado abrir una línea de investigación por delitos de corrupción derivados del presunto cabecilla del grupo, Joakim Broberg, y el uso que podría haber hecho de la figura política de su madrastra. Pero ni la Fiscalía ni el magistrado atendieron a los requerimientos de la Policía, basados en los pinchazos en los que Joakim llegaba a celebrar la victoria del PP en los comicios de 2019: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”.

Ángeles Muñoz y su marido estaban casados en régimen de separación de bienes. elDiario.es publicó en noviembre de 2022 que el patrimonio de Ángeles Muñoz, diferenciado del de su marido, ascendía 12 millones de euros siguiendo un cálculo conservador. La alcaldesa de Marbella lleva dedicada en exclusiva a la política durante tres décadas. Procedente de una familia de clase media, Ángeles Muñoz ejercía de médica de familia cuando conoció a Lars Broberg. Desde que entró en política, a mediados de los noventa, Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades, tal y como detallaba la citada información. 

Entre el patrimonio que ahora debe cuantificar el juzgado para repartir la herencia está una de las propiedades más ostentosas de la familia. Se trata de una mansión que Muñoz compró al 50% con su marido en 2003 y que ha intentado ser vendida en los últimos años, sin que conste que la alcaldesa se haya desprendido de ella. 

La mansión está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, un “paraíso fiscal”, según la definición que otorgaría después al territorio británico el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Muñoz era propietaria del 49% de Crasel Panorámica, lo que se aproximaría a seis millones de euros por el valor de la casa. Este medio preguntó a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no obtuvo respuesta. La mansión tiene dos plantas y dos sótanos que albergan piscina cubierta, sauna, gimnasio y salas de cine y billar. En total, la vivienda tiene nueve cuartos de baño. También cuenta con una característica piscina exterior que ocupa 61 metros cuadrados y su perímetro recuerda a la cabeza del ratón de dibujos animados Mickey Mouse.

El pasado año, el Ayuntamiento de Marbella recalificó los terrenos donde se sitúa la mansión aumentando su valor. En 2023, la alcaldesa de Marbella había cancelado la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo.

“És el puto Govern, fa fàstic”. Així s'expressava Jonatan G. C. mentre estava fugit després de les primeres detencions. Es tracta d'un presumpte narco investigat en el marc de l'operació que va desarticular el càrtel dedicat a la introducció de cocaïna a gran escala a través del Port de València. “Estan pegant fort, no deixen canya dreta”, li contestava el seu interlocutor en referència al Govern de Pedro Sánchez.

El presumpte narco va ser, juntament amb el colombià Eider Ancizar E. B., l'únic fugit entre les desenes i desenes de detinguts. Es va amagar en una casa de Geldo (Castelló) fins que va ser detingut el 29 d'octubre de 2025.

Un informe de la Unitat de Delinqüència i Crim Organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional, al qual ha tingut accés elDiario.es, analitza el telèfon de seguretat intervingut a Jonatan G. C. i conclou que el presumpte narco era el “màxim responsable” de l'extracció del carregament de 1.160 quilos de cocaïna intervingut el 18 de juliol de 2025 a l'interior de la terminal portuària CSP i que, durant la seua breu etapa com a fugitiu, va dirigir alguna que altra operació de narcotràfic.

Durant el mes que va estar fugit i amb una ordre internacional de crida i cerca, Jonatan G. C. va continuar supervisant presumptes operacions i va recórrer a una oficina de cobrament de morosos del submón del narcotràfic per pressionar els seus deutors i obtindre així els fons necessaris per a pagar les fiances i els advocats dels seus subordinats. Els investigadors consideren “més que probable” que estiguera “esperant l'arribada d'algun carregament de cocaïna per a gestionar-ne l'extracció”. En les converses analitzades per l'UDYCO planen la lògica preocupació per les infiltracions policials que van propiciar les detencions i les serioses sospites dins de la presumpta trama, a més de les queixes pel baix preu de la cocaïna. “I damunt amb la merda de números que hi ha”, protestava un interlocutor en una de les converses. “O puja o ja al·lucines”, postil·lava Jonatan G. C. en referència al preu de la farlopa.

Un dels interlocutors que més converses va mantindre amb el fugitiu utilitzava els sobrenoms de diversos filòsofs (Aristóteles, Aurelio o Platón* n.d.e mantenim el nom original en castellà que ells empraven), tal com destaca, a tall de “curiositat”, l'analista de l'UDYCO encarregat de repassar les converses. Per la seua banda, els investigadors situen Jonatan G. C. a la “cúspide” de la presumpta xarxa vinculada al carregament del 18 de juliol de 2025, com a màxim responsable dels conductors, de les aranyes —els encarregats d'enfilar-se al contenidor per extraure la cocaïna— i de la resta d'implicats.

Jonatan G. C. sufragava les despeses dels advocats dels integrants del seu equip detinguts i assumia el pagament de les fiances. Un dels despatxos va arribar a demanar-li 20.000 euros per l'assistència lletrada (“És el millor advocat de València”, justificava un interlocutor).

“Espavila't a arreplegar tots els diners; l'advocada m'ha dit que me'n vaig cap a dins i, germà, el compte està molt alt”, es llig en una de les converses. Els presumptes narcos es referien a alguns dels representants jurídics encarregats de les seues defenses com el “pesat” de l'advocat o l'advocat “subnormal”. “L'advocat no para de demanar-li diners (...). S'han apuntat al carro els molt cabrons”, es lamentaven en un dels milers de missatges analitzats.

L'oficina de cobrament de 'Machete'

El presumpte narco va contractar una oficina de cobrament per a forçar el pagament de deutes contrets per narcotràfic. Per a això va recórrer a un tal 'Machete' (“algú que es mou o viu per Barcelona”, segons l'UDYCO), perquè “pressionara” tres deutors que devien al presumpte narco un total de 300.000 euros: “Necessitaré que vages a pressionar-ne un”. “Fort?”, va preguntar 'Machete', qui va proposar: “Baixe amb el col·lega i me'ls emporte”. No obstant això, Jonatan G. C. va rebaixar l'encàrrec: “És només acompanyar el meu amic, que és tonto. Tu, només que et veja”.

També va recórrer a 'Machete' per a tractar d'adquirir una arma: “La vull nova, que no porte marrons”. El presumpte narco, segons es dedueix del diàleg, pretenia posar-se “a cobrar com un boig” una vegada poguera eixir de la presó després del pagament d'una fiança. 'Machete', per la seua banda, també expressava les seues preocupacions, en concret d'haver perdut 10.000 euros invertits en un carregament d'una tona i mitja que finalment va ser intervingut: “Em cague en els seus morts, nano”, deia en un àudio sobre la “notícia de merda”.

L'informe també ressenya nombroses converses amb un tal 'Jack', un home amb accent portugués que emprava un telèfon amb un codi corresponent a Buenos Aires i que va oferir a Jonatan G. C. una pistola Glock per un preu de quasi 20.000 euros: “No he matat ningú amb ella encara, així que està neta. hahahaha. És de puta mare i té potència, és un calibre gros per a una de menuda”, explicava l'home.

El presumpte narco també va mantindre converses, vinculades a 'Jack', amb una dona que l'UDYCO no va aconseguir identificar (encara que sospita que treballa en una empresa transitària) i amb qui Jonatan G. C. va adoptar mesures de seguretat, com ara que s'allunyara del telèfon personal quan parlava amb el terminal de seguretat, la qual cosa indueix els investigadors a sospitar que hauria sigut investigada i “segurament” detinguda anteriorment.

El segell de CR7 i la bandera de Portugal

Les queixes pel preu de la cocaïna eren freqüents i compartides amb altres narcos de la presumpta trama. Els xats incloïen diverses fotografies de rajoles de cocaïna (amb segells com la imatge d'un bou o la inscripció L-N): “Com està de car el material”, afirmava Jonatan G. C. Per la seua banda, Ricardo S. S., un dels seus subordinats, va contestar que “dos de fora” estaven comprant a 14.000 euros el quilo a València, “l'únic lloc car”.

Un altre usuari, identificat com a 'Cirsa', va enviar un vídeo “en què es veuen diversos quilograms del que quasi amb total seguretat és cocaïna”, segons indica l'informe. Les rajoles, acompanyades per un exemplar del diari El País en l'edició de l'1 d'octubre de 2025, apareixen amb un embolcall amb els colors de la bandera de Portugal i el segell de CR7, apel·latiu amb què es coneix el futbolista Cristiano Ronaldo.

En un altre dels xats col·lectius (batejat com a Ansietat) en què participava l'investigat es tramava una suposada operació de narcotràfic de la qual la Policia desconeix si es va arribar a gestar. Els participants comentaven els productes en què es podia dissimular la cocaïna a l'interior dels contenidors (llatins): “Plàtan, pinya, iuca, el que tu vulgues”.

Un dels presumptes narcos va oferir una empresa “molt bona” al “top internacional” per a “xutar fort” (que mouria una trentena de contenidors mensuals) i amb una tona de cocaïna com a “mínim”.

Deutes entre narcos: “Vindrà a males”

En els diàlegs també aflora el suposat deute de 120.000 euros amb Jonatan G. C. que mantenien el Gafas (Bienvenido P. M.) i son pare (Expósito P. C.), ambdós recentment alliberats de la presó. 'Aristóteles' (nom d'usuari de tints filosòfics usat per un dels interlocutors) per fi va aconseguir negociar amb “el puto Gafas”, que anava a “fer no sé què d'estafes” per tornar el deute. “Fa fàstic. Diu que em quede una parcel·la, però això no és tan fàcil, en té una a l'Eliana, li he dit que no, que la venga”, detallava 'Aristóteles'.

Amb Eusebio M., una de les poques persones que sabia on s'amagava Jonatan G. C., el presumpte narco es va plantejar “prendre-li” al Gafas una nau i un xalet. Eusebio M., segons detalla l'informe policial, representa el “penúltim escaló més baix” de la presumpta xarxa, “qui subministra els camells que menudegen la cocaïna”.

Per la seua banda, Javier A. C., administrador únic de l'empresa Megatransportes Lobo SL i considerat el responsable de proporcionar camions i conductors a la presumpta trama, arrossegaria un deute amb Jonatan G. C. de 30.000 euros.

Els xats, amb alguns fragments críptics per naturalesa, també al·ludeixen a deutes vinculats amb Escami (el presumpte narco Javier E. E., de qui diuen que està “molt calent”, expressió “altament utilitzada pels narcotraficants quan estan sotmesos a vigilància policial”) i algú que “ve a males” de part del Moski, en referència a José S. G., un subjecte “reiteradament implicat en operacions de narcotràfic a gran escala”, segons l'UDYCO.

Per la seua banda, un tal 'Coyote' va assegurar a Jonatan G. C. que tenia “dues coses en marxa” (operacions de narcotràfic, segons dedueix l'UDYCO) i que amb aquests fons pagaria el seu deute: “Necessite traure bitllets d'on siga per a tu i el meu fill”.

El robatori de l'Smart caleta

Tot eren problemes per a l'escapolit. També va patir el robatori d'un Smart usat com a caleta (un vehicle modificat amb un amagatall a simple vista imperceptible) que, segons l'informe policial, era utilitzat pels seus subordinats per a distribuir quilos de cocaïna (encara que, per a alegria del propietari, en el moment del robatori ja no estava “carregat”).

De fet, sospitaven que els autors del robatori haurien sigut Xuano i Bolita (que es reien de Jonatan G. C. i dels seus “perquè es creien els reis del Port i mira el que els ha passat”). Davant d'Eugenio M., a qui va encarregar que buscara el Smart, també sospitava que podria haver sigut obra d'un tal Compi. En algun diàleg Jonatan G. C. va frenar el seu subordinat: “Tu al·lucines, no mires tant Netflix”, li va reballar.

El presumpte narco també es va preocupar molt durant la seua fugida per la intervenció en una nau del polígon de Vallada d'un carregament de quasi dues tones de cocaïna i la detenció dels capitostos d'origen albanés i d'una dona d'origen marroquí. Un altre dels interlocutors li va explicar que havia sentit que Caparrós (Pedro José C. Q., vinculat “directament” al món del narcotràfic a les províncies de València i Màlaga, segons l'UDYCO) havia “coronat”, en referència precisament a aquest carregament. En un dels xats, el subordinat Ricardo S. S. va suggerir que “els ha entregat Caparrós”. “Ho sé de bona mà, que va ser així”, va afegir.

“Deixa't de pel·lícules”

“Deixa't de pel·lícules (...) tenien grups amb els policies”, va explicar Jonatan G. C. al seu interlocutor amb sobrenom de filòsof en relació amb els diàlegs de l'aplicació Zangi obtinguts pels agents policials encoberts en haver participat ells mateixos en aquestes comunicacions. Ricardo S. S. també va lamentar que dos suposats vehicles policials el seguien “una altra vegada a mort”. “Continuaran investigant”, va especular Jonatan G. C.

El presumpte narco també explicava als seus subordinats les tècniques d'investigació policial i recomanava allunyar tant com fora possible qualsevol telèfon personal del terminal de seguretat que es feia servir per a les converses delicades: “Us hi posen el virus al telèfon i us obrin el micròfon i ho sent tot. (...) Per això en el sumari hi ha converses que diuen que està parlant d'això, és pel micròfon”.

El mateix Ricardo S. S. relatava la vida que portava després de la seua detenció en l'operació Spider: matxacar-se al gimnàs i caminar amb sa mare: “No veges la dona, pobreta com està, només fa que dir: «Per favor, que [els policies] no tornen a entrar així» [en el registre del domicili familiar]”.

Amb un usuari que feia servir el sobrenom de 'Tango', el presumpte narco també comentava la seua por per una altra suposada operació policial en la qual sospitaven que serien detingudes una trentena de persones. “Fotre, una altra vegada. Serà pels 1.600 aquests. Jo estic més parat que parat, no em refie ni de la meua ombra”, lamentava 'Tango'.

Sospites generalitzades: “Qui porta aquests infiltrats?”

Jonatan G. C. va donar moltes voltes al fet que la presumpta trama tinguera controlats tres dels agents encoberts tot i que hi havia en total “huit agents infiltrats”, tal com s'havia publicat. Temia que encara hi haguera altres agents encoberts preparant noves detencions. “Tio, tinc el sumari (...) I això ja és el que posa al sumari, ni invents ni merdes. Cal anar amb molt de compte”, afirmava el presumpte narco. Fins i tot sospitaven de Fabián S. V., un camioner suposadament implicat en el carregament de quasi dues tones. També van arribar a assenyalar un altre camioner que va acabar al calabós.

En els diferents subgrups de la presumpta trama tot eren especulacions i teories sobre qui s'havia anat de la llengua. Les sospites sobre la responsabilitat de les detencions van acabar recaient precisament sobre Jonatan G. C., tal com es desprén d'un missatge a l'aplicació Signal enviat per un tal 'Scudero' (algú identificat per l'analista policial com a un suposat membre d'algun despatx d'advocats) que, a més de demanar 1.500 euros per cada detingut extra i una provisió de fons de 2.000 euros per cap, li va informar que acabava d'estar amb el detingut Sergio G. i que volia fer-li saber que els presumptes caps Bombeta (Manuel F. M.) i Borja M. R. —“i algun més”— pensaven que era “un tòtil” (un confident policial).

Jonatan G. C. es va indignar davant d'aquestes sospites de Bombeta i de Borja M. R. Un altre dels interlocutors, després de la informació del tal 'Scudero', fins i tot va deixar anar: “Però, germà, a sant de què diuen això, si quedaven amb policies, tio (...) Que pose ordre, aquest Bombeta sempre parlant. L'enano [en referència a Borja M. R.] et coneix bé, impossible. Qui porta aquests infiltrats? Qui els coneix primer?”.

“Es el puto Gobierno, da asco”. Así se expresaba mientras permanecía fugado tras las primeras detenciones Jonatan G. C., un presunto narco investigado en el marco de la operación que desarticuló el cartel dedicado a la introducción de cocaína a gran escala a través del Puerto de València. “Están dando duro, no dejan títere con cabeza”, contestaba su interlocutor en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presunto narco fue, junto con el colombiano Eider Ancizar E. B., el único fugado de las decenas y decenas de detenidos y se escondió en una casa de Geldo (Castelló), hasta su detención el 29 de octubre de 2025. Un informe de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, analiza el teléfono de seguridad intervenido a Jonatan G. C. y concluye que el presunto narco fue el “máximo responsable” de la extracción del alijo de 1.160 kilos de cocaína intervenido el 18 de julio de 2025 en el interior de la terminal portuaria CSP y que, en su breve etapa de fugitivo, dirigió alguna que otra operación de narcotráfico.

Durante el mes que permaneció fugado y con una orden de búsqueda internacional a sus espaldas, Jonatan G. C. siguió supervisando supuestas operaciones y recurrió a una oficina de cobro de morosos del submundo del narcotráfico para apretar a sus deudores y obtener así los fondos para pagar las fianzas y los abogados de sus subordinados. Los investigadores consideran “más que probable” que estuviera “esperando la llegada de algún alijo de cocaína para gestionar la extracción del mismo”. En las conversaciones analizadas por la UDYCO sobrevuelan la lógica preocupación por las infiltraciones policiales que propiciaron las detenciones y las serias sospechas en el interior de la presunta trama, además de las quejas por el bajo precio de la cocaína. “Y encima con la mierda de números que hay”, protestaba un interlocutor en una de las conversaciones. “O sube o ya flipas”, apostillaba Jonatan G. C. en referencia al precio de la farlopa.

Uno de los interlocutores que más conversaciones mantuvo con el fugado usaba los 'nicknames' de varios filósofos (Aristóteles, Aurelio o Platón), tal como destaca a modo de “curiosidad” el analista de la UDYCO encargado de repasar las conversaciones. Por su parte, los investigadores sitúan a Jonatan G. C. en la “cúspide” de la presunta red vinculada al alijo del 18 de julio de 2025, como máximo jefe de los conductores, de las arañas (los encargados de trepar al contenedor para extraer la cocaína) y de los demás implicados.

Jonatan G. C. sufragaba los gastos de los abogados de los integrantes de su equipo detenidos y asumía el pago de las fianzas. Uno de los despachos llegó a pedirle 20.000 euros por asistencia letrada (“Es el mejor abogado de València”, justificaba un interlocutor). “Ponte las pilas de recoger todo el dinero, la abogada me ha dicho que me voy para dentro y, hermano, la cuenta está muy alta”, se lee en una de las conversaciones. Los presuntos narcos se referían a algunos de los representantes jurídicos encargados de sus defensas como el “pesado” del abogado o el letrado “subnor”. “El abogado no para de pedirle dinero (...). Se han subido al carro de los mamones”, se lamentaban en uno de los miles de mensajes analizados.

La oficina de cobro de 'Machete'

El presunto narco contrató una oficina de cobro para forzar el pago de deudas contraídas por narcotráfico. Para ello recurrió a un tal 'Machete' (“alguien que se mueve o vive por Barcelona”, según la UDYCO), para “apretar” a tres deudores que debían al presunto narco un total de 300.000 euros: “Voy a necesitar que vayas a presionarme a uno”. “¿Fuerte?”, preguntó 'Machete', quien propuso: “Me bajo con el colega y me los llevo”. Sin embargo, Jonatan G. C. rebajó el encargo: “Es solo acompañar a mi amigo, que es tonto. Tú solo que vea”.

También recurrió a 'Machete' para tratar de adquirir un arma: “La quiero nueva, que no lleven marrones”. El presunto narco, según se desprende del diálogo, pretendía ponerse “a cobrar como un loco” una vez pudiera salir de prisión tras el pago de una fianza. 'Machete', por su parte, también expresaba sus preocupaciones, en concreto por haber perdido 10.000 euros invertidos en un alijo de una tonelada y media que fue finalmente intervenido: “Me cago en sus muertos nano”, decía en un audio sobre la “noticia de mierda”.

El informe también reseña numerosas conversaciones con un tal 'Jack', un hombre con acento portugués que manejaba un teléfono con un código correspondiente a Buenos Aires y que ofreció a Jonatan G. C. una pistola Glock por un precio de casi 20.000 euros: “No he matado a nadie con ella aún, así que está limpia. Jajaja. Es de puta madre y tiene poder, es un calibre gordo para una pequeña”, explicaba el hombre.

El presunto narco también mantuvo conversaciones, vinculadas a 'Jack', con una mujer que la UDYCO no logró identificar (aunque sospecha que trabaja en una empresa transitaria) y con quien Jonatan G. C. tomó medidas de seguridad como que se alejara del teléfono personal al hablar con el terminal de seguridad, lo cual induce a los investigadores a sospechar que habría sido investigada y “seguramente” detenida anteriormente.

El sello de CR7 y la bandera de Portugal

Las quejas por el precio de la cocaína eran frecuentes y compartidas con otras narcos de la presunta trama. Los chats incluyen varias fotografías de ladrillos de coca (con cuños como la imagen de un toro o la inscripción L-N): “Cómo está tan caro el material”, afirmaba Jonatan G. C. Por su parte, Ricardo S. S., uno de sus subordinados, contestó que “dos de fuera” estaban comprando a 14.000 euros el kilo en València, “el único sitio caro”.

Otro usuario, identificado como 'Cirsa' envió un vídeo “en el que se ven diversos kilogramos de lo que casi con total seguridad es cocaína”, según indica el informe. Los ladrillos, acompañados por un ejemplar del diario El País en su edición del 1 de octubre de 2025, aparecen con un envoltorio de los colores de la bandera de Portugal y el sello de CR7, apelativo con el que se conoce al futbolista Cristiano Ronaldo.

En otro de los chats colectivos (bautizado como Ansiedad) en el que participaba el investigado se tramaba una supuesta operación de narcotráfico de la que la Policía desconoce si se llegó a gestar. Los participantes comentaban los productos en los que se podía disimular la coca en el interior de los contenedores (latas): “Banano, piña, yuca, lo que tú quieras”.

Uno de los presuntos narcos ofreció una empresa “muy buena” en el “top internacional” para “chutar fuerte” (que movería una treintena de contenedores mensuales) y con una tonelada de coca como “mínimo”.

Deudas entre narcos: “Viene a malas”

En los diálogos también aflora la supuesta deuda de 120.000 euros con Jonatan G. C. que mantenían El Gafas (Bienvenido P. M.) y su padre (Expósito P. C.), ambos recién liberados de prisión. 'Aristóteles' (nombre de usuario de tintes filosóficos usado por uno de los interlocutores) por fin consiguió negociar con “el puto Gafas”, que iba a “hacer no sé qué de estafas” para devolver la deuda. “Da asco. Dice que me quede una parcela, pero eso no es tan fácil, tiene una en l'Eliana, le he dicho que no, que la venda”, detallaba 'Aristóteles'.

Con Eusebio M., una de las pocas personas que sabía donde se escondía Jonatan G. C., el presunto narco se planteó “quitarle” al Gafas una nave y un chalet. Eusebio M., según detalla el informe policial, representa el “penúltimo escalón más bajo” de la presunta red, “quien suministra a los camellos que menudean la cocaína”.

Por otro lado, Javier A. C., administrador único de la empresa Megatransportes Lobo SL y considerado como el responsable de proporcionar camiones y conductores a la presunta trama, arrastraría una deuda con Jonatan G. C. de 30.000 euros.

Los chats, con algunos fragmentos crípticos por naturaleza, también aluden a deudas vinculadas con Escami (el presunto narco Javier E. E., de quien dicen que está “muy caliente”, expresión “altamente utilizada por los narcotraficantes cuando están sometidos a vigilancia policial”) y a alguien que “viene a malas” de parte del Moski, en referencia a José S. G., un sujeto “reiteradamente implicado en operaciones de narcotráfico a gran escala”, según la UDYCO.

Por su parte, un tal 'Coyote' aseguró a Jonatan G. C. que tenía “dos cosas en marcha” (operaciones de narcotráfico, según deduce la UDYCO) y que con esos fondos pagaría su deuda: “Necesito sacar billetes de donde sea para ti y mi hijo”.

El robo del Smart caleta

Todo eran problemas para el fugado. También sufrió el robo de un Smart usado como caleta (un vehículo modificado con un escondrijo a simple vista imperceptible) que, según el informe policial, se dedicaba por parte de sus subordinados a distribuir kilos de cocaína (aunque, para alegría del propietario, en el momento del robo ya no estaba “cargado”).

De hecho, sospechaban que los autores del robo habrían sido Xuano y Bolita (que se reían de Jonatan G. C. y los suyos “porque se creían los reyes del Puerto y mira lo que les ha pasado”). Ante Eugenio M., a quien encargó que buscara el Smart, también sospechaba que podría haber sido robado por un tal Compi. En algún diálogo Jonatan G. C. frenó a su subordinado: “Tú flipas, no veas más Netflix”, le espetó.

El presunto narco también se preocupó mucho durante su fuga por la intervención en una nave en el polígono de Vallada de un alijo de casi dos toneladas de cocaína y la detención de los varones de origen albanés y de una mujer de origen marroquí. Otro de los interlocutores le contó que había escuchado que Caparrós (Pedro José C. Q. vinculado “directamente” al mundo del narcotráfico en las provincias de Valencia y Málaga, según la UDYCO) había “coronado”, en referencia precisamente a ese alijo. En uno de los chats, el subordinado Ricardo S. S. sugirió que “los ha entregado Caparrós”. “Lo sé de buena mano que fue así”, agregó.

“Déjate de películas”

“Déjate de películas (...) tenían grupos con los policías”, explicó Joanatan G. C. a su interlocutor con 'nickname' de filósofo en relación con los diálogos de la aplicación Zangi obtenidos por los agentes policiales encubiertos al haber participado ellos mismos en esas comunicaciones. Ricardo S. S. también lamentó que dos supuestos vehículos policiales le seguían “otra vez a muerte”. “Seguirán investigando”, especuló Jonatan G. C.

El presunto narco también explicaba a sus subordinados las técnicas de investigación policial y recomendaba alejar a toda costa cualquier teléfono personal del terminal de seguridad que se usaba para las conversaciones delicadas: “Te meten el virus al teléfono y te abren el micro y oye todo. (...) Por eso en el sumario hay conversaciones que dicen está hablando de esto, es por el micro”.

El mismo Ricardo S. S. relataba la vida que llevaba tras su detención en la 'operación Spider': machacarse en al gimnasio y caminar con su madre: “No veas la mujer, pobrecica como está, solo hace que [decir] por favor que [los policías] no vuelvan a entrar así [en el registro de la vivienda familiar]”.

Con un usuario que usaba el 'nickname' de 'Tango', el presunto narco también comentaba su temor por otra supuesta operación policial en la que sospechaban que iban a ser detenidas una treintena de personas. “Joder, otra vez. Será por los 1.600 esos. Yo estoy más parado que parado, no me fío ni de mi sombra”, lamentaba 'Tango'.

Sospechas generalizadas: “¿Quién trae a esos infiltrados?”

Jonatan G. C. le dio muchas vueltas al hecho de que la presunta trama tenía controlados a tres de los agentes encubiertos a pesar de que había en total “ocho agentes infiltrados”, tal como se había publicado. Temía que aún quedaran otros agentes encubiertos preparando nuevas detenciones. “Tío, tengo el sumario (...) Y esto ya es lo que pone en el sumario, ni inventos ni mierdas. Hay que tener mucho cuidado”, afirmaba el presunto narco. Incluso sospechan de Fabián S. V., un camionero supuestamente implicado en el alijo de casi dos toneladas. También llegaron a señalar a otro camionero que acabó en el calabozo.

En los distintos subgrupos de la presunta trama todo eran especulaciones y teorías sobre quién se había ido de la lengua. Las sospechas sobre la responsabilidad de las detenciones acabaron recayendo precisamente sobre Jonatan G. C., tal como se desprende de un mensaje en la aplicación Signal enviado por un tal 'Scudero' (alguien identificado por el analista policial como un supuesto miembro de algún despacho de abogados) que, además de pedir 1.500 euros por cada detenido extra y una provisión de fondos de 2.000 euros por cabeza, le informó de que acababa de estar con el detenido Sergio G. y que quería que le hiciera saber que los presuntos capos Bombeta (Manuel F. M.) y Borja M. R. —“y alguno más”— pensaban que era “un sapo” (un confidente policial).

Jonatan G. C. se indignó ante tales sospechas de Bombeta y de Borja M. R. Otro de los interlocutores, tras la información del tal 'Scudero' incluso deslizó: “Pero, hermano, a santo de qué dicen eso, pero si quedaban con policías tío (...) Que ponga orden, ese Bombeta siempre rajando. El enano [en referencia a Borja M. R.] te conoce bien, imposible. ¿Quién trae a esos infiltrados? ¿Quién los conoce primero?”.

El íntimo amigo durante más de una década del que fuera el narcotraficante más poderoso de Galicia se presentará de nuevo a las elecciones generales con la pretensión de obtener la presidencia del Gobierno de España. Lo repito para que quede constancia de un hecho tan singular: un partido político de nuestro país tiene el atrevimiento de proponer al íntimo amigo durante más de una década del que fuera el narcotraficante más poderoso de Galicia para que se presente como candidato a las elecciones generales con la pretensión de obtener la presidencia del Gobierno de España.

Una vez descartada la posibilidad de que la osada presidenta de la Comunidad de Madrid le descabalgue del caballo, para las elecciones generales a celebrar, probablemente, durante el próximo año, el Partido Popular presentará como candidato, con el propósito de obtener los votos necesarios para presidir el consejo de ministros del Gobierno de España, al íntimo amigo durante más de una década del que fuera el narcotraficante más poderoso de Galicia. Los gallegos, los andaluces, los asturianos, los catalanes, los madrileños y hasta los habitantes de Euskadi, en definitiva, todos los ciudadanos de este ruidoso país, podemos tener como presidente del Gobierno durante cuatro años al íntimo amigo durante más de una década del que fuera el narcotraficante más poderoso de Galicia.

El marcial emprendedor del negocio de las drogas en Galicia, durante los años en que numerosos muchachos y muchachas de la comunidad autónoma gallega fallecieron merced a la tremenda masacre propiciada por los narcotraficantes, tenía un íntimo amigo con el que compartió años, muchos años de vida, en los días amables de su juventud, que por segunda vez se presentará a las elecciones generales con la pretensión de obtener la presidencia del Gobierno de España.

Los guardianes de la moral pública nacional, en manos ahora de una multitud de periodistas hambrientos de personajes públicos a quienes condenar a la hoguera por su “dudosa moralidad”, admitieron sin el más mínimo cuestionamiento que en el año 2023 el íntimo amigo durante más de una década del que fuera el narcotraficante más poderoso de Galicia se presentara a las elecciones generales con la pretensión de obtener la presidencia del Gobierno de España, de modo que a nadie debería extrañar que para las elecciones a celebrar, probablemente, durante el próximo año, ninguno de estos periodistas cuestione el hecho de que el íntimo amigo durante más de una década del que fuera el narcotraficante más poderoso de Galicia se presente de nuevo a las elecciones generales con la pretensión de obtener la presidencia del Gobierno de España. Todo muy ejemplar, su Señoría...