Javier Milei aterriza este martes en España. Es el séptimo viaje del presidente argentino en menos de tres años. En ninguno de ellos ha tenido agenda oficial con la Casa Real o con el Gobierno central. Se ha visto, eso sí, con Isabel Díaz Ayuso y con Santiago Abascal, que en esta ocasión repiten en la agenda del libertario, que incluye unas jornadas universitarias sobre la escuela austriaca de economía, su faro ideológico. La última vez que estuvo por Madrid, en marzo, lo hizo para participar en un encuentro sobre criptomonedas, otra de sus pasiones libertarias, que le ha supuesto más de una complicación judicial.

Milei sigue enredado en los Tribunales por el caso $LIBRA, una estafa millonaria con un token que promocionó en sus redes sociales en 2025, ya como presidente. Esta no es la primera vez que una de las incursiones del libertario en el desregulado mundo de las monedas virtuales acaba en los juzgados: ocurrió en 2022 con otra de sus recomendaciones, CoinX, una plataforma financiera investigada por fraude y formada por un entramado de sociedades sobre las que planea la sombra del lavado de dinero.

Pero los chascos con $LIBRA y CoinX no han hecho mella en la apuesta de Milei por las criptomonedas. En marzo pasado, mientras el presidente argentino cerraba en España el Madrid Economic Forum 2026 –un encuentro organizado por el influencer cripto conocido como Wall Street Wolverine–, la prensa de su país publicaba detalles de su relación con Mauricio Novelli, el trader acusado de una estafa que se calcula entre 70 y 100 millones de dólares.

El 14 de febrero de 2025, Milei recomendó en un tuit el token $LIBRA, que gracias a eso multiplicó frenéticamente su valor y lo perdió a mayor velocidad aún, llevándose por delante el dinero de los inversores y generando ganancias en unas pocas –poquísimas– cuentas. Tras el colapso de la moneda, el presidente libertario borró su post y dijo no saber nada de $LIBRA. Pero los datos que halló la Justicia en el móvil de Novelli lo desmintieron categóricamente: hubo más de 30 llamadas telefónicas entre ambos, antes y después de que Milei hiciera la publicación. Además, se recuperó un modelo de contrato en el que se acordaba pagar a Milei y su hermana Karina cinco millones de dólares por esa promoción. 

Ahora se sabe incluso que la relación (y los negocios) de Novelli y Milei se remontan al menos a 2021, un año clave que lo relaciona con otra criptoestafa, mucho menos conocida: CoinX. Por entonces, Novelli pagaba a Milei para dar clases online en su escuela financiera N&W Profesional Traders, mientras el libertario pasaba sin escalas de tertuliano televisivo extravagante a extravagante político profesional.

Pulgares arriba

El 18 de diciembre de 2021, Javier Milei se convierte en diputado. Apenas una semana después, promociona en sus redes sociales CoinX. La sonrisa amplia, el pulgar hacia arriba. Es un gesto repetido cientos, miles de veces frente a la cámara por el presidente argentino. Y es lo que se puede ver en el post de Instagram de la cuenta de Javier Milei el 18 de diciembre de 2021, días después de las elecciones que le abrían las puertas del Congreso de los Diputados. 

El modus operandi es similar al de $LIBRA: publicidad en redes y miles de dólares que se esfuman. Pero si en $LIBRA la red se amplía a un creador de memecoins texano (Hayden Davis), un experto cripto indio (Abhyudoy Das) y un misterioso pensionista que declara ingresos mínimos, pero conduce coches de alta gama, el backstage de CoinX es oscuro y local: de hecho, no existe una entidad responsable sino un conjunto de empresas creadas casi simultáneamente, que bascula entre las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Un entramado complejo con nombres que se vinculan a sospechosos de lavar dinero del narcotráfico. 

“Tuve el placer de conocer las oficinas de @coinx.world y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escribanles @coinx.world de parte mía, así los asesoran con lo mejor!”, decía Milei a sus 1,3 millones de seguidores de aquel entonces (hoy supera los 3 millones). 

CoinX era una plataforma de inversión en criptodivisas que prometía rendimientos elevados, pero que acabó denunciada como estafa piramidal. En un país castigado por la inflación, CoinX se promocionaba como una financiera digital que ofrecía supuestas ganancias de entre el 5 y el 8% mensual en dólares, y daba la posibilidad de operar con criptomonedas. La web se lanzó a finales de noviembre de 2021, unas tres semanas antes de que Milei la publicitara en sus redes. Nunca se explicó en detalle cómo la empresa prometía llegar a esos retornos. 

Los denunciantes aseguran que funcionaba con el conocido como ‘esquema Ponzi’, en el que el dinero no se invertía en activos financieros, sino que se utilizaba para pagar los intereses a otros inversores, usándolos como cebo para captar más dinero. 

En marzo de 2022, la Inspección General de Justicia (IGJ) emitió un dictamen para inspeccionar las sociedades relacionadas con CoinX. En junio de ese año el ya candidato presidencial Milei negaba en una entrevista –igual que haría después con $LIBRA– cualquier implicación con la empresa y el proyecto CoinX. Pero ante las repreguntas del periodista Ernesto Tenembaum, acabó por reconocer que había recibido dinero a cambio de su promoción: “Yo mis opiniones las cobro, claro”.

En agosto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a CoinX a cesar su actividad por no estar habilitada para operar en el mercado financiero. La advertencia fue dirigida a Juan Manuel Malaspina, que figuraba como director de inversiones del grupo. 

Pero Malaspina era solo la cara visible. Detrás había una organización mucho más compleja. De hecho, CoinX ni siquiera existía como empresa. En el informe de la IGJ se describe un entramado de cinco sociedades, de las cuales cuatro fueron inscritas entre agosto y septiembre de 2021, y en la que se repiten una serie de nombres, algunos vinculados al mundo de la política y otros relacionados con personas investigadas por lavado de dinero del narcotráfico. 

Un entramado societario y un juez polémico

A pesar de la participación del mediático legislador y candidato de La Libertad Avanza, el caso CoinX no tuvo demasiada repercusión en la prensa. Tampoco en los juzgados. Se presentó una denuncia por fraude ante la Justicia y la causa quedó en manos del juez Ariel Lijo. Milei nunca fue llamado a declarar. En 2024, el ya presidente Javier Milei propuso a Lijo para ocupar un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia. La postulación era tan polémica que generó división incluso dentro del propio Gobierno libertario: el juez tiene en el Consejo de la Magistratura decenas de denuncias que cuestionan su desempeño. 

La denuncia por fraude activó en 2023 una serie de allanamientos de la Policía Federal en una veintena de oficinas y domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Allí se secuestraron ordenadores, documentación y dinero en efectivo. 

CoinX estaba organizada como una caja que contenía cinco sociedades, cuatro de ellas constituidas en menos de un mes –entre el 27 de agosto y el 23 de septiembre de 2021– y con objetos sociales de lo más diverso. Proyectos RRS SA y Digital Pelicanoy SA, vinculadas a servicios informáticos, Fin American World SA, dedicada a operaciones financieras, LH Construcciones del Sur SA y SF Centro Integral de Estética SA. En todas hay un elenco de nombres y apellidos que se repiten en diferentes papeles: socios, presidentes, directores, suplentes...

En tres de ellas destaca un nombre conocido para la Justicia argentina: Francisco José Hauque. 

En 2013, Hauque fue candidato a edil de la ciudad de Rosario por Unite, uno de los partidos que dieron origen a La Libertad Avanza y posibilitaron la elección de Milei como diputado nacional en 2021. Dos años antes, Unite acogía también la candidatura presidencial de José Luis Espert, padrino y mentor de Milei. El año pasado, Espert se vio obligado a bajarse de la lista electoral de La Libertad Avanza a última hora –incluso con las papeletas ya impresas– por sus vínculos con un supuesto narcotraficante con una petición de extradición en Estados Unidos, como reveló una investigación de eldiarioAR. 

Hauque, además, protagonizó un confuso episodio a comienzos de 2025. Fue detenido junto a su pareja con dos kilos de cocaína y un arma dentro de un auto de alta gama en pleno centro de Buenos Aires. Finalmente, las pesquisas concluyeron que el operativo policial había sido “armado” y señalaban como sospechoso a un socio de Hauque, Elías Piccirillo, entonces pareja de una conocida vedette, Jésica Cirio. En medio, un préstamo cuantioso: seis millones de dólares que Hauque le habría entregado a Piccirillo, que se encuentra desde hace casi un año preso por esa causa.

Tanto Piccirillo como Hauque están siendo actualmente investigados por otra cuestión muy diferente: sus oficinas de cambio de divisas. Se intenta establecer si había algún tipo de connivencia con funcionarios del Banco Central de Argentina que les permitían adquirir dólares al valor oficial, saltándose las restricciones impuestas por el Gobierno de Alberto Fernández. Más tarde, ese dinero era vendido en el mercado negro (o blue, como se le llama en el país) a un precio mucho más alto, reportándoles ingentes ganancias en una maniobra conocida como rulo cambiario. En el periodo que se investiga (de enero a agosto de 2023) la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo era de un 100%.

La conexión con el lavado (y con $LIBRA)

La única de las sociedades de CoinX que no se creó en 2021 es Proyectos RRS SA, registrada en 2016 a nombre de Guillermo Daniel Veiga y Ulises Fernando Carcani Papadacos. Sin embargo, en las mismas fechas en las que se constituye el resto de sociedades de CoinX, Proyectos RRS SA cambia su directorio: nombra como director a Maximiliano Ismael Alberto Cena Castro y como suplente a Luis Gastón Arteaga, los mismos que figuran como accionistas de Digital Pelicanoy SA y Fin American World SA, en la que Hauque aparece como director.

Guillermo Daniel Veiga y Ulises Fernando Carcani Papadacos aparecen en una investigación como sospechosos de formar parte de la estructura de lavado de activos para organizaciones narco que operan en Rosario (Santa Fe). En concreto, una liderada por Jorge Adalid Granier Ruiz, alias 'El Nono', condenado en 2025 por narcotráfico, y señalado como cabeza de una organización narcocriminal que entre otras cosas “bombardeaba” droga desde avionetas en zonas rurales del norte argentino que luego era transportada a Buenos Aires.

La Sala II de la Cámara Federal de Salta (una provincia limítrofe con Bolivia) envió un escrito en mayo de 2022 en el que pedía la intervención del juez federal de Rosario porque de las pesquisas sobre el Clan Granier –integrado por varios hermanos y familiares– se desprendía que podían estar realizando “maniobras de lavado de activos” a través de varias sociedades, entre ellas una llamada Agro San Jorge SA. Aunque la empresa está a nombre de los Granier, indican que “la presunta dueña sería Carolina Inés Yunior, mujer de Ulises Fernando Carcani Papadacos”, al que también relacionan con Jorge Adalid Granier Ruiz por transferencias de vehículos.

El escrito subraya además que la Agencia Antidroga estadounidense (DEA) involucra a Granier Ruiz en un envío de cocaína líquida de Bolivia a España en el año 2006 y que lo identifica en 2013 como proveedor de cocaína de Esteban Lindor Alvarado, un narcotraficante condenado a cadena perpetua por asesinato. El texto resalta que Carcani y Veiga “estarían abocados al lavado de activos [...] a través de una 'cueva financiera” (una casa de cambio de divisas) en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, nunca se investigó esta pista señalada en el escrito. Fuentes judiciales reconocen que las sospechas no se tradujeron en nuevas pesquisas, algo que atribuyen a la complejidad de las causas y a cuestiones de jurisdicción: “Por lo que sea, no se avanzó por ese lado”.

El cruce de investigaciones nos devuelve al peritaje del teléfono móvil de Mauricio Novelli, el que demostró la participación activa de Javier Milei en la estrategia de promoción de $LIBRA. Entre los miles de documentos que se encontraron en el terminal, hay tres que vinculan, aún no está claro de qué manera, a los gestores de una estafa cripto con otra. Los peritos informáticos encontraron tres archivos relacionados con Digital Pelicanoy SA, parte del entramado de CoinX World.

El primero corresponde a la inscripción de la sociedad ante la agencia tributaria argentina. El segundo, a una declaración de impuestos fechada el 12 de enero de 2022, que confirma que la firma estaba registrada en El Salvador desde 2021. El tercero es una actualización de domicilio para recibir notificaciones, con la misma fecha que el anterior. Aun no se ha podido establecer la conexión entre Novelli y la empresa de CoinX.

El jutge instructor de la causa contra el narcotràfic a gran escala al Port de València ha descartat excloure del sumari converses de WhatsApp entre un conegut penalista de la ciutat i el seu client investigat en el procediment de l'operació Spider, recollides en un informe recent de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional. El magistrat, en una interlocutòria del passat 22 de setembre a la qual ha tingut accés elDiario.es, coincideix “íntegrament” amb la postura del fiscal antidroga, que considera que els diàlegs inclosos en l'informe policial no estan emparats pel caràcter confidencial de les comunicacions entre advocats i clients. No obstant això, el representant del Ministeri Fiscal també descarta de pla “qualsevol actuació irregular del despatx professional” assenyalat per la Policia Nacional. La resolució de l'instructor, que no és ferma, denega la petició d'eliminació dels diàlegs del sumari, a la qual s'havien adherit diverses de les defenses dels presumptes narcotraficants.

L'informe de la UDYCO analitzava el telèfon intervingut a Víctor Manuel M. J. (vinculat indiciàriament al carregament d'1,1 tones de cocaïna intervingut el 18 de juliol de 2025) i apuntava a l'“íntima relació directa” del presumpte narcotraficant i d'un altre interlocutor, també processat, amb un conegut bufet de València especialitzat, entre altres assumptes, en la defensa d'acusats de tràfic de drogues. La UDYCO considera Víctor Manuel M. J. un “inversor en operacions de narcotràfic” i el situa en la cúpula de la presumpta trama del Port de València.

El penalista al·ludit va protestar per la inclusió dels missatges de WhatsApp en l'informe, “per l'afectació del dret de defensa i del secret professional”, i va sol·licitar l'eliminació de les “comunicacions confidencials entre advocat i client”, la “retirada de les transcripcions i valoracions que les revelen” i l'“adopció de mesures per a impedir que es repetisca”. Sense èxit, segons es desprén de la postura del fiscal i del jutge instructor.

Tant la Llei d'enjudiciament criminal com la Llei orgànica del dret de defensa reconeixen que totes les comunicacions entre una persona investigada o encausada i el seu advocat tenen caràcter confidencial. No obstant això, el fiscal argumenta en el seu escrit que la protecció “no depén exclusivament de la condició professional d'un dels interlocutors ni s'estén, de manera automàtica i indiferenciada, a qualsevol contacte mantingut entre una persona i qui siga o haja sigut el seu advocat”.

El representant del Ministeri Fiscal recorda que, per a excloure del procediment una comunicació d'aquestes característiques, ha d'estar “materialment vinculada a l'exercici del dret de defensa”, ja siga “una consulta jurídica, un assessorament, una instrucció professional, una estratègia processal o informació confidencial comunicada en el marc de la relació advocat-client”.

“La mera intervenció d'un advocat en una conversa, la seua menció per terceres persones o l'existència d'una relació professional prèvia no determina per si sola que tot el contingut quede sostret de les actuacions”, puntualitza.

En una de les converses de WhatsApp, Víctor Manuel M. J. preguntava al lletrat per la situació de diversos detinguts en una causa per narcotràfic. “Encara que es tracta d'una conversa directa entre un investigat i un advocat amb el qual hauria existit una relació professional, el seu contingut no tracta sobre la situació jurídica del mateix investigat ni conté assessorament, instruccions o estratègia relacionada amb la seua defensa”, afirma el fiscal.

A més, l'escrit del Ministeri Fiscal emmarca les respostes de l'advocat en aquell diàleg en un “contingut essencialment informatiu i organitzatiu, referit a les persones que serien assistides pel despatx, al moment previst per a posar-les a disposició judicial i al resultat de la compareixença”.

Una simple “hipòtesi policial”

L'informe de la UDYCO també inclou una telefonada perduda de WhatsApp del 19 de juliol de 2025 (l'endemà d'un dels carregaments de droga investigats en el marc de la causa) de l'advocat a Víctor Manuel M. J., que aquest últim no va contestar. Per als investigadors és un fet d'“importància vital” per a les investigacions: la telefonada es va fer mitjançant la popular aplicació de missatgeria instantània (es tracta de comunicacions que “escapen al control policial en cas que el terminal mòbil estiguera intervingut judicialment”). També destaquen la data, “per a ressaltar” la presumpta participació de Víctor Manuel M. J. en el carregament de cocaïna intervingut la vespra.

L'escrit del fiscal descarta que es tracte d'una comunicació confidencial entre advocat i client i emmarca les afirmacions de la UDYCO en una simple “hipòtesi policial”. “Aquesta afirmació constitueix una inferència que no es pot considerar acreditada pel simple fet d'haver utilitzat aquesta aplicació, ja que es tracta d'un mitjà de comunicació ordinari i àmpliament estés”, argumenta.

També rebutja excloure del sumari una conversa entre Víctor Manuel M. J. i la seua esposa, també del 19 de juliol de 2025, després de la intervenció d'1,1 tones de cocaïna al Port. El penalista no aconseguia localitzar el presumpte narcotraficant i havia contactat amb la seua dona, que estava lògicament preocupada. No obstant això, Víctor Manuel M. J. no havia atés la telefonada del seu advocat perquè estava a Eivissa amb altres presumptes estibadors vinculats al narcotràfic investigats en la causa (Iván T. R. i Borja M. R., Jonatan G. C. i Óscar M. G.).

“No es tracta d'una conversa entre advocat i client, sinó d'una comunicació entre l'investigat i una tercera persona”, afirma el fiscal. “No obstant això”, matisa, “la conversa no afirma expressament que el lletrat coneguera l'existència d'una operació policial concreta, que estiguera informat d'una confiscació de droga o que temera la detenció dels investigats”.

El fiscal avala l'actuació del bufet

A més, la UDYCO també va incorporar a l'informe un àudio en què Sergio Manuel M. M., un individu “implicat en el tràfic de drogues a gran escala a València”, al·ludia a una conversa que havia mantingut amb una advocada del mateix bufet.

El fiscal considera que el missatge suposa una “mera referència al fet que una qüestió ha sigut consultada o comunicada prèviament a una lletrada”, cosa que “no converteix tot el diàleg posterior en una comunicació professional protegida”.

En definitiva, si bé l'informe de la UDYCO afirmava sense reserves que el despatx d'advocats “manté informada la trama criminal d'actuacions policials i de la justícia”, el fiscal rebaixa considerablement l'acusació suggerida i sosté que aquestes “inferències” no acrediten, en cap cas, “el coneixement de determinades operacions policials per part dels professionals intervinents o qualsevol actuació irregular del despatx professional”, com suggerien obertament els investigadors.

El juez instructor de la causa contra el narcotráfico a gran escala en el Puerto de València ha descartado excluir del sumario conversaciones de WhatsApp entre un conocido penalista de la ciudad y su cliente investigado en el procedimiento de la 'Operación Spider', reseñadas en un reciente informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. El magistrado, en un auto del pasado 22 de septiembre al que ha tenido acceso elDiario.es, coincide “íntegramente” con la postura del fiscal antidroga, quien considera que los diálogos incluidos en el informe policial no encajan en el carácter confidencial de las comunicaciones entre abogados y clientes. Sin embargo, el representante del Ministerio Público también descarta de plano “cualquier actuación irregular del despacho profesional” señalado por la Policía Nacional. La resolución del instructor, que no es firme, deniega la petición de expurgo de los diálogos, a la que se habían adherido varias de las defensas de los presuntos narcos.

El informe de la UDYCO analizaba el teléfono intervenido a Víctor Manuel M. J. (vinculado indiciariamente al alijo de 1,1 toneladas de cocaína intervenido el 18 de julio de 2025) y deslizaba la “íntima relación directa” del presunto narco y de otro interlocutor, también procesado, con un conocido bufete de València especializado, entre otros asuntos, en la defensa de acusados de tráfico de drogas. La UDYCO considera a Víctor Manuel M. J. como un “inversor en operaciones de narcotráfico” y lo sitúa en la cúpula de la presunta trama del Puerto de València.

El penalista aludido protestó, ante la inclusión de los whatsapps en el informe, “por la afectación del derecho de defensa y del secreto profesional” y solicitó el expurgo de las “comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente”, la “retirada de las transcripciones y valoraciones que revelan” y la “adopción de medidas para impedir su reiteración”. Sin éxito, a tenor de la postura del fiscal y del juez instructor.

Tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa reconocen que todas las comunicaciones entre un investigado o encausado y su abogado tienen carácter confidencial. Sin embargo, el fiscal esgrime en su escrito que la protección “no depende exclusivamente de la condición profesional de uno de los interlocutores ni alcanza, de manera automática e indiferenciada, a cualquier contacto mantenido entre una persona y quien sea o haya sido su abogado”.

El representante del Ministerio Público recuerda que, para excluir del procedimiento una comunicación de ese calado, debe estar “materialmente vinculada al ejercicio del derecho de defensa”, ya sea “una consulta jurídica, un asesoramiento, una instrucción profesional, una estrategia procesal o información confidencial comunicada en el marco de la relación abogado-cliente”.

“La mera intervención de un abogado en una conversación, su mención por terceras personas o la existencia de una relación profesional previa no determina por sí sola que todo el contenido quede sustraído de las actuaciones”, apostilla.

En una de las conversaciones de WhatsApp, Víctor Manuel M. J. preguntaba al letrado por la situación de varios detenidos en una causa por narcotráfico. “Aunque se trata de una conversación directa entre un investigado y un abogado con el que habría existido una relación profesional, su contenido no versa sobre la situación jurídica del propio investigado ni contiene asesoramiento, instrucciones o estrategia relacionada con su defensa”, afirma el fiscal.

Además, el escrito del Ministerio Público enmarca las respuestas del abogado en aquel diálogo en un “contenido esencialmente informativo y organizativo, referido a las personas que serían asistidas por el despacho, al momento previsto para su puesta a disposición judicial y al resultado de la comparecencia”.

Una simple “hipótesis policial”

El informe de la UDYCO también incluye una llamada perdida de WhatsApp del 19 de julio de 2025 (el día siguiente de uno de los alijos investigados en el marco de la causa) del abogado a Víctor Manuel M. J., que este último no contestó. Para los investigadores resulta un hecho de “vital importancia” para las pesquisas: la llamada fue mediante la popular aplicación de mensajería rápida (se trata de comunicaciones que “escapan al control policial en el caso de que el terminal móvil estuviera intervenido judicialmente”). Y también destacan la fecha, “para resaltar” la presunta participación de Víctor Manuel M. J. en el cargamento de coca intervenido la víspera.

El escrito del fiscal excluye que se trate de una comunicación confidencial entre abogado y cliente y enmarca las afirmaciones de la UDYCO en una simple “hipótesis policial”. “Tal afirmación constituye una inferencia que no puede considerarse acreditada por el solo hecho de haberse utilizado dicha aplicación, pues se trata de un medio de comunicación ordinario y ampliamente extendido”, argumenta.

También rechaza excluir del sumario una conversación entre Víctor Manuel M. J. y su esposa, también del 19 de julio de 2025, tras el alijo de 1,1 toneladas de coca en el Puerto. El penalista no conseguía localizar al presunto narco y había contactado con su mujer, que estaba lógicamente preocupada. Sin embargo, Víctor Manuel M. J. no había atendido la llamada de su abogado al estar en Ibiza con otros presuntos narcoestibadores investigados en la causa (Iván T. R., Borja M. R., Jonatan G. C. y Óscar M. G.).

“No se trata de una conversación entre abogado y cliente, sino de una comunicación entre el investigado y una tercera persona”, afirma el fiscal. “Sin embargo”, matiza, “la conversación no afirma expresamente que el letrado conociera la existencia de una concreta operación policial, que estuviera informado de una aprehensión de droga o que temiera la detención de los investigados”.

El fiscal avala la actuación del bufete

Además, la UDYCO también incorporó al informe un audio en que Sergio Manuel M. M., un sujeto “implicado en el tráfico de drogas a gran escala en Valencia”, aludía a una conversación que había mantenido con una abogada del mismo bufete.

El fiscal considera que el mensaje supone una “mera referencia a que una cuestión ha sido previamente consultada o comunicada a una letrada”, lo cual “no convierte todo el diálogo posterior en una comunicación profesional protegida”.

En definitiva, si bien el informe de la UDYCO afirmaba sin reservas que el despacho de abogados “mantiene informado al entramado criminal de acciones policiales y de la justicia”, el fiscal rebaja en gran medida la acusación deslizada y sostiene que esas “inferencias” no acreditan, en ningún caso, “el conocimiento de determinadas operaciones policiales por parte de los profesionales intervinientes o cualquier actuación irregular del despacho profesional”, como sugerían abiertamente los investigadores.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acogerá el próximo 19 de noviembre la subasta de 26 lotes de propiedades incautadas por el Plan Nacional sobre Drogas, entre los que figuran pisos, viviendas, bajos y fincas de tres históricos narcos gallegos, Sito Miñanco, Marcial Dorado y el fallecido Manuel Abal Feijóo, Patoco.

Según informa Europa Press, varios de estos lotes ya han sido incluidos en subastas anteriores, sin encontrar comprador, pero entre los que irán a la puja del próximo mes de noviembre figuran dos novedades: los pisos de Sito Miñanco en el centro de Pontevedra y la finca en la que Marcial Dorado comenzó a construir un edificio en A Illa de Arousa.

Así, el estado subastará el piso de Miñanco en la calle Loureiro Crespo, frente al Hospital Provincial de Pontevedra, un inmueble de más de 90 metros cuadrados con trastero y aparcamiento que sale inicialmente en 256.907 euros. También figura en uno de los lotes el piso que Prado Bugallo tenía en el número 26 de la calle Benito Corbal, de 72 metros cuadrados, con trastero, que sale en 224.872 euros.

En la subasta del día 19 de noviembre saldrán, asimismo, otras dos propiedades vinculadas a Sito Miñanco: una vivienda unifamiliar en la urbanización o Rial, de Vilagarcía de Arousa; y otra casa ubicada en Prado de Pradocelo, en Sanxenxo. En el primer caso, la subasta arranca en 213.058 euros, y en el segundo, en 437.449 euros.

Finca de Marcial Dorado en A Illa de Arousa

Además, el lote número 24 incluye una finca rústica en O Xufre, en A Illa de Arousa, propiedad del narco Marcial Dorado, sobre la que se ubica un edificio en construcción de cuatro plantas y garajes. La subasta inicial supera el millón de euros.

También volverán a salir a subasta los 10 locales comerciales de Marcial Dorado en Santiago de Compostela, que todavía no han encontrado comprador. Se trata de una decena de locales distribuidos en galería entre las calles Rosalía de Castro y Mestre Mateo que arrancan en los 315.000 euros.

Finalmente, los bienes subastados incluyen fincas y un bajo comercial de Manuel Abal Feijóo, Patoco, fallecido en accidente de moto en 2008. Se trata de un bajo comercial en Portonovo, en la calle La Marina, donde se ubicaba un pub, y varias fincas en Oroso y Frades. En conjunto saldrá a subasta por algo más de 150.000 euros.

Los dos policías nacionales, adscritos a las Jefaturas Superiores de Policía de Asturias y Galicia, acusados de su presunta implicación en una trama delictiva dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales que operaba en el Principado, han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Ambos pasaron este miércoles a disposición judicial junto a otras cinco personas a las que se imputa su supuesta pertenencia a esta organización criminal.

El magistrado que instruye la causa ha dictado orden de prisión para un tercer detenido y ha decretado la puesta en libertad provisional de otros cuatro presuntos miembros de la red, que siguen unidos al procedimiento y a los que se ha retirado el pasaporte.

Además, como medida cautelar, se les ha impuesto la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a elDiario.es Asturias.

Las sospechas sobre los agentes

El caso está bajo secreto de sumario, por lo que apenas han trascendido detalles oficiales del operativo policial que se ha llevado a cabo con una gran discreción. No en vano, las investigaciones que han derivado en el arresto de estas siete personas comenzaron a finales de 2025.

Las detenciones de los dos policías nacionales fueron practicadas por compañeros de Asuntos Internos desplazados expresamente desde Madrid que habían sido advertidos por los mandos policiales asturianos de que podría haber agentes involucrados en un asunto de tráfico de estupefacientes que se estaba investigando.

La investigación interna

Los grupos provinciales de Policía Judicial estaban investigando el caso y, a medida que avanzaban las pesquisas, detectaron los primeros indicios de la presunta implicación de componentes del cuerpo.

El inspector Pedro Aguado, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, ha ratificado que la presunta implicación de ambos agentes colocaba a la institución policial en una situación muy delicada, por lo que se comunicó esta circunstancia a la Dirección Adjunta Operativa, de la que depende la Unidad de Asuntos Internos, que asumió las diligencias.

La intervención de Asuntos Internos

“Somos los primeros interesados en que dentro de la Policía Nacional no haya ningún comportamiento fuera de lo legal”, ha corroborado el portavoz policial.

Efectivos de Asuntos Internos se desplazaron para interrogar a los policías -uno de ellos destinado al Aeropuerto de Asturias, y el otro en la Jefatura Superior de Galicia- pero ambos se negaron a declarar. Alegaron que desconocían el contenido del sumario, al estar declarado secreto.

Arrestos y registros domiciliarios

Los arrestos se practicaron el pasado lunes durante un operativo especial desplegado en Avilés y el concejo asturiano de Castrillón.

Al mismo tiempo, se fueron realizando de forma sucesiva registros domiciliarios que corrieron a cargo de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES).

Además de los dos policías nacionales fue arrestada una empresaria que regenta un negocio en el concejo de Castrillón. Uno a uno fueron detenidos los otros cuatro presuntos miembros de la red. Todos ellos fueron trasladados a los calabozos de dependencias policiales y esta mañana pasaron con asistencia letrada a disposición judicial en Avilés.

La petición de la Fiscalía

La Fiscalía solicitó el ingreso en prisión de tres de los siete detenidos dada la gravedad de los hechos imputados y lo elevado de la pena a la que se enfrentan en caso de condena, y al considerar que existe riesgo de fuga.

Sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, el Ministerio Fiscal incidió en que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal, un delito de tráfico de drogas relativo a sustancias que causan grave daño a la salud, un delito de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas, un delito de revelación de secretos, así como delitos contra la salud pública, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

La orden de prisión

Un portavoz de la Fiscalía ha puntualizado que todos estos delitos son los que encajan en los hechos que están siendo investigados, sin que ello signifique que se atribuyan a todos y cada uno de los arrestados, ya que esta circunstancia se decidirá a lo largo de la instrucción, según avancen las investigaciones.

La petición fiscal se realizó ante el titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés, plaza número 5. Posteriormente, el magistrado titular de la plaza número 1, en funciones de sustitución de la guardia de la plaza número 5, dictó los autos de prisión contra tres detenidos, entre los que figuran los dos policías nacionales, siguiendo el criterio de la Fiscalía.

Fuentes cercanas al caso aseguran que algunos de los detenidos podrían estar relacionados con la organización de narcotráfico que asesinó por una deuda a Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años. El crimen se atribuyó inicialmente a un ajuste de cuentas después de que la víctima fuera acusada de haber robado a la banda para la que trabajaba 14 kilogramos de cocaína.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que transportaba en una furgoneta de alquiler más de 3.000 litros de combustible por la GC-500, a su paso por San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y que presuntamente iban a ser destinados a embarcaciones vinculadas con el narcotráfico.

El hombre ha sido detenido por un presunto delito contra el orden público (petaqueo) después de ser interceptado en la madrugada del 9 de octubre por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Maspalomas, que realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana en la carretera GC-500, a la altura del barrio de Los Rodeos, y observaron una furgoneta que llevaba en la parte trasera una carga considerable.

Tras darle el alto e identificar al conductor, los agentes le preguntaron por la mercancía que transportaba, indicando el conductor que transportaba 165 garrafas de gasolina -de 20 litros cada una-, exponiendo que había llenado los recipientes en una estación de servicio de las zonas de El Goro o Arinaga, sin concretar el establecimiento, así como que había abonado el combustible en efectivo careciendo de cualquier recibo o justificante.

Además señaló que debía entregar la mercancía a una persona de la que no sabía su identidad, si bien lo estaba esperaba en una gasolinera del municipio de Mogán, al tiempo que matizó que había aceptado el encargo ante sus dificultades económicas.

Una vez recabada esta información, la Policía Nacional sospechó que el combustible podría estar destinado al abastecimiento de embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico. Así, entre las hipótesis que se barajan se encuentra su posible traslado a una embarcación neumática que actuaría como nodriza, suministrando combustible a otras lanchas empleadas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

El cuerpo policial matiza que el destino final de las garrafas y su eventual vinculación con estas actividades no han quedado acreditados, pero mantiene abierta la investigación.

Finalmente, ante la falta de documentación que acreditara la procedencia del combustible y las condiciones de su transporte, así como la ausencia de medidas de seguridad adecuadas para la carga, los agentes procedieron a la detención del conductor por un delito contra el orden público (petaqueo).

Una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales desarrollada en Asturias se ha saldado hasta el momento con siete detenidos, entre los que figuran dos policías nacionales. Los agentes, destinados en el Principado y en Galicia, han sido arrestados por compañeros de Asuntos Internos desplazados expresamente desde Madrid y se negaron a prestar declaración alegando que desconocían el contenido del sumario, según han indicado fuentes cercanas a la investigación.

Entre los detenidos se encuentra también una empresaria que regenta un negocio en el concejo asturiano de Castrillón.

El juzgado ha declarado el secreto de las actuaciones, por lo que no ha trascendido información oficial sobre el resultado de las diligencias.

En los calabozos

Los detenidos permanecen ingresados en los calabozos de las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y está previsto que a lo largo de la jornada de hoy, miércoles, sean puestos a disposición del titular de la plaza número 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Avilés.

Fuentes cercanas al caso aseguran que algunos de los detenidos podrían estar relacionados con la organización de narcotráfico que asesinó por una deuda a Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años.

Un asesinato en ajuste de cuentas

'El Panameño' sufrió una emboscada el año pasado cuando se bajó de su vehículo para comprobar el estado de una rueda que acababa de sufrir un reventón tras haber sido rajada previamente con una navaja para facilitar que un sicario, recién llegado de Francia a Asturias, le asesinara a tiros.

Un ajuste de cuentas por una deuda de narcotráfico estaba detrás del crimen. Al parecer, 'El Panameño' había sustraído a una organización 14 kilogramos de cocaína en el tercer encargo que había realizado para la banda.

La Guardia Civil detuvo al sicario y a sus cuatro cómplices en arrestos practicados en Oviedo, Gijón, Barcelona y Francia simultáneamente.

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido una tonelada de cocaína al abortar un alijo de esta sustancia que pretendía introducirse a bordo de una barca recreativa en aguas de Chipiona.

En un comunicado, el Instituto Armado ha detallado que en el operativo se han aprehendido 28 fardos de distintos tamaños y peso, que han arrojado un total de 1.015 kilos de cocaína.

La intervención se realizó durante la tarde de este pasado lunes, 12 de octubre, frente a la costa de Chipiona, sin que se haya informado de detenciones al respecto, ya que la operación continúa abierta.

A Juan le abordó la Policía un domingo de 2021 por la mañana en la puerta de una sauna en Madrid. Llevaba un pequeño bote de GBL, una sustancia que se usa como disolvente pero también de manera recreativa, habitualmente ligada al chemsex (sesiones de varias horas o días de sexo estimulado por sustancias químicas). Se lo llevaron a comisaría y pasó la noche en el calabozo.

A Juan le acusaron de un delito contra la salud pública porque estaba en posesión de 30 mililitros de GBL, una cantidad que más que duplica el máximo que se puede poseer para autoconsumo (12,5 mililitros en el caso de esta sustancia). Acabó libre y sin cargos, posiblemente (no le han notificado nada) porque el GBL es un producto industrial y como tal ni siquiera está prohibido.

Pero en los últimos meses son varias las voces expertas que están empezando a cuestionar los baremos que la Justicia utiliza para distinguir dónde acaba el autoconsumo y dónde empieza el tráfico de drogas, el límite que le pudo costar prisión a Pablo.

Un estudio publicado el pasado miércoles tras una investigación de casi ocho años denuncia que esos límites son problemáticos y tienen graves consecuencias en la vida de algunas personas. Esas cantidades, fijadas como el consumo teórico de cinco días, sostienen el periodista Pablo García Cortina y el abogado Francisco Azorín, se elaboraron con oscurantismo, están anticuadas, tienen un punto aleatorio, no responden a la realidad del consumo y del mercado actual (para determinadas sustancias se fija como delictiva una cantidad inferior a la unidad mínima de venta en la calle) y además son discriminatorias porque perjudican especialmente a los hombres gays y bisexuales que, como Juan, practican chemsex.

El letrado Azorín sostiene que esa cantidad de referencia se está utilizando para condenar de manera casi automática, algo que Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, rebate: “Es un indicio más, no se aplica de manera matemática”, asegura a este diario.

Críticas y explicaciones

El origen de los baremos está en 2001, cuando el Tribunal Supremo (TS) fijó la cantidad que se puede poseer de cada sustancia para uso propio y, por tanto, a partir de dónde se considera tráfico de drogas, y lo hizo en base a un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) que según los autores del artículo no está suficientemente argumentado. En cualquier caso, esa línea que trazó el TS puede cambiar una vida: puede ser la diferencia entre recibir una multa o varios años de cárcel.

Desde ese año, y apoyado también en un informe del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), el TS establece que, con carácter general, si alguien está en posesión de droga —cualquier droga ilegalizada— en una cantidad que excede la provisión teórica de un máximo de cinco días de consumo —una cantidad que el mismo TS fijó— el objetivo de esa persona es vender la sustancia y por tanto afronta una acusación de delito contra la salud pública.

Las críticas a los baremos no vienen (solo) de las opiniones de los dos investigadores. El artículo, publicado en la Revista Española de Drogodependencias, explica que en febrero de 2004 la directora del INTCF, Josefa Gómez, “se desvinculó públicamente de la interpretación que el TS daba al cuadro” porque, decía, “el centro había realizado una recopilación bibliográfica, sin investigación propia, con posibles extrapolaciones de ensayos en animales y sin considerar la tolerancia”.

El problema principal es que para ciertas sustancias como las metanfetaminas o las catinonas, se establecen las dosis de uso terapeútico como las dosis de uso habitual. Pero cuando hablamos de dosis recreativas manejamos otros baremos

Mireia Ventura — doctora en Farmacia y perito judicial

Es una idea parecida a la que expresa Mireia Ventura, doctora en Farmacia y perito judicial. “El problema principal es que para ciertas sustancias como las metanfetaminas o las catinonas, se establecen las dosis de uso terapéutico como las dosis de uso habitual. Pero cuando hablamos de dosis recreativas manejamos otros baremos”, explica. “Esto genera un déficit de garantías, y en función de la sustancia que tengas tendrás un trato jurídico u otro. Todo esto se complica aún más con las nuevas sustancias recreativas, porque no tenemos suficiente información, y establecer las dosis de uso recreativo habitual requeriría unos estudios que no tenemos”, añade.

La delegada del PNSD, Xisca Sureda, admite que “se trata de una realidad compleja, cambiante y con múltiples dimensiones”, y que “desde la salud pública debemos ser capaces de sostener la complejidad de una realidad en la que conviven deseo, placer y sociabilidad con riesgos para la salud pública, mental y social”. La experta advierte de que en algunos casos (las catinonas, mefedrona, el Alpha o la ketamina) son “sustancias muy adictivas con potencial destructivo”, pero concede que “no se puede dar una respuesta a estos datos únicamente basada en la criminalización, ni en enfoques coercitivos. Es necesario comprender los contextos y acompañar a las personas”, sostiene esta responsable.

En esto coincide con los autores. “No se trata de negar que pueda haber un problema con algunas sustancias emergentes, pero ese problema no hay que abordarlo desde la criminalización de las sustancias”, sostiene Azorín, “sino desde unas medidas asistenciales para intentar que estas personas puedan superarlos sin necesidad de personas que no han traficado con drogas en su vida entren en prisión. Porque de eso no te recuperas”.

La versión del Supremo

Martínez Arrieta, presidente de la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo, explica a este periódico que el artículo de García y Azorín es la primera noticia que le llega de que pueda existir un problema con esta situación y los límites del autoconsumo, pero que “la jurisprudencia evoluciona” y “si alguna parte en algún momento determinado lo plantea, o si los peritos lo discuten entre ellos, se podría valorar”.

Esto ya se hizo en su momento con la cantidad que marca la línea de la “notoria importancia” en el hachís —500 dosis de consumo diario, supone un agravante en una posible condena—, recuerda el magistrado, que pasó de un kilo a seis. “Pero en este momento la comunidad científica está de acuerdo en que las dosis de consumo son las que estableció en su momento el INTCF”, insiste.

Y sostiene que las cantidades no se aplican de manera directa, sino que “se valoran otras cosas”. “Cuando detienen a alguien [con droga] no te dice si es para traficar”, ahonda, “por lo que hay que hacer inferencias y deducciones lógicas. Si la cantidad es grande no es problema, pero si son cantidades pequeñas hay que inferir. Si lo encuentras en una esquina, con la droga en dosis y muchos billetes de 20 euros parece menudeo. Pero si no hay nada más, cómo decides”, se pregunta. Y en ese contexto el TS solicitó al INTCF que determinara unas cantidades que separaran el autoconsumo del tráfico. En ese marco, explica Martínez Arrieta, se mueve el Supremo.

La respuesta acaba siendo circular: la Fiscalía afirma que se basa en los informes del INTCF; el INTCF presenta las cantidades como criterios establecidos por los tribunales; y, ahora, el PNSD repite insistentemente que es un asunto fuera de sus competencias

Pablo García — periodista e investigador

Como el magistrado, Xisca Sureda, delegada del Plan Nacional Sobre Drogas, sostiene que el PNSD no es competente para fijar los baremos, pero admite “la complejidad” de tratar con “nuevas sustancias psicoactivas que aparecen continuamente en el mercado y para las cuales hay poca evidencia disponible para valorar qué cantidad poseída puede ir a consumo propio”, recogiendo la idea de Mireia Ventura.

Azorín sostiene que el asunto se ha tratado en diferentes instancias. Las partes conocen el problema, insiste. “Se ha denunciado en el grupo de chemsex de Sanidad, en el PNSD, se han enviado informes a Fiscalía antidroga...”, explica.

García lamenta que pese a ello los diferentes organismos se pasen la pelota unos a otros: “La respuesta acaba siendo circular: la Fiscalía afirma que se basa en los informes del INTCF; el INTCF presenta las cantidades como criterios establecidos por los tribunales; y, ahora, el PNSD repite insistentemente que es un asunto fuera de sus competencias. Sin embargo, la disposición declarada por el Supremo a analizar el problema si se le plantea ofrece una oportunidad para que el PNSD dé continuidad al trabajo realizado y al estudio, se coordine con Justicia y el Instituto y traslade los resultados”, expresa.

“Al margen de un procedimiento normativo”

Tras denunciar el oscurantismo con que se fijaron los criterios y la dificultad para acceder a los documentos, los investigadores explican en el artículo que los límites que estableció el Supremo para diferenciar el consumo personal del tráfico “se han fijado al margen de un procedimiento normativo y carecen de mecanismos suficientes de transparencia y revisión científica”.

En concreto, sostienen García y Azorín, la documentación consultada muestra “referencias bibliográficas insuficientes para reconstruir cada cifra, una leyenda escueta como explicación metodológica y una selección no homogénea de valores dentro de las horquillas”.

“Si la tenencia de una determinada cantidad (la del consumo previsto para 3-5 días) se utiliza para inferir que alguien trafica con drogas, su cálculo necesita una base científica sobre las pautas de consumo, además de tener en cuenta la base química de esa sustancia. En ketamina se confunde la dosis por toma con la cantidad de consumo diario para determinar las cifras del baremo; para la metanfetamina se mantiene la presunción de cuatro tomas diarias, sin justificar la elección de esa frecuencia”, expone García.

El caso de las anfetaminas aterriza la denuncia de los autores. El cuadro del Supremo recoge comprimidos de 30 mg a 60 mg como dosis de abuso habitual, y la leyenda contempla entre tres y seis comprimidos diarios. “El extremo superior de esa pauta sería 360 mg/día”, razona el artículo; “sin embargo, la tabla fija 180 mg [como límite para el consumo personal]”, explica, dejando la línea del tráfico de drogas por debajo de la del posible consumo diario posible admitido por el propio TS.

La situación no es la misma para todas las drogas, los problemas se centran en las nuevas sustancias. Para drogas más clásicas, como la cocaína (7,5 gramos), la heroína (3 gramos) o el cannabis (100 gramos de marihuana, 25 de hachís), "las tablas recogen cantidades que sí reflejan pautas razonables de consumo"

La situación no es la misma para todas las drogas, concede el texto, y los problemas se centran en las nuevas sustancias. Para drogas más clásicas, como la cocaína (7,5 gramos), la heroína (3 gramos) o el cannabis (100 gramos de marihuana, 25 de hachís), “las tablas recogen cantidades que sí reflejan pautas razonables de consumo de personas con cierta tolerancia”, conceden los autores.

“Sin embargo, para la anfetamina (0,9 g), la metanfetamina (0,3 g) o la ketamina (1,5 g) se fijan cantidades muy reducidas respecto a las pautas de consumo descritas en la documentación examinada”, continúan. Y pone como ejemplo la anfetamina: el INTCF fija un consumo diario de 0,18 g, que trasladado a cinco días da esa cifra de 0,9 gramos para cinco días, pero un manual de Naciones Unidas describe consumos de hasta 2 gramos diarios en personas consumidoras habituales, señala el estudio.

“La preocupación por la adicción y los daños de las sustancias [que refieren la delegada del PNSD o la Justicia en algunas sentencias] hace especialmente necesario tener en cuenta la redosificación, las distintas vías de administración y las cantidades que consumen quienes han desarrollado tolerancia. Un consumo intenso o prolongado sigue siendo consumo propio, por más elevado que sea. Acusar de tráfico a personas que solo son consumidoras las expone al riesgo de afrontar detenciones, procedimientos judiciales y posibles condenas”, explica García.

¿Un indicio más?

Juan pudo haber acabado en prisión, como otro ciudadano que fue juzgado en Madrid por comprar a través de internet 25 gramos de 2MMC, una sustancia sintética hermana de la mefedrona que además en aquel momento no estaba sometida a fiscalización (no estaba prohibida). Esos 25 gramos superan el máximo permitido para autoconsumo, fijado entre 2,5 y 5 gramos, y le costó a esta persona una petición de entre tres y cuatro años de cárcel.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid le absolvió porque dio por bueno que era para dos personas y que el acusado, en ese momento, estaba consumiendo hasta dos gramos diarios, lo cual encajaba más con que se hubiera aprovisionado para cinco días. Esta sentencia valida en cierta forma el argumento del TS de que la cantidad no determina necesariamente la pena por sí sola.

Insuficiente en cualquier caso, insiste García. “Que la cantidad sea un indicio más deja sin responder la cuestión principal: si la cifra que se utiliza está bien calculada. Que una defensa pueda discutirla tampoco explica por qué debe seguir empleándose una referencia cuyo fundamento se ha cuestionado con los propios documentos del Instituto. La revisión de un criterio utilizado en numerosos procedimientos debe tener una respuesta que vaya más allá de exigir a cada acusado que consiga y pague otra pericial”.

El artículo de García y Azorín concluye pidiendo que se establezcan nuevos baremos de referencia “con una metodología pública y la difusión abierta de los cuadros, las operaciones de cálculo y las fuentes empleadas”, además de revisarlas periódicamente. “El sistema español de cantidades de referencia, en su configuración actual, no responde a las exigencias de legalidad, presunción de inocencia, seguridad jurídica y proporcionalidad”, cierran los autores.

Sureda, del PNSD, admite que hace falta “más información clara y sin estigmas, promover la formación y sensibilización en todos los ámbitos, incluidos también el ámbito policial y judicial, seguir fomentando la vigilancia epidemiológica y la investigación, y trabajar en prevención y la reducción de daños”.

La Agencia Tributaria ha llevado a cabo la mayor aprehensión de cocaína de la historia de Extremadura tras incautar un total de 827,5 kilos de esta sustancia ocultos en el doble fondo de una furgoneta en la provincia de Badajoz. Según las estimaciones de los investigadores, el valor de la droga interceptada habría superado los 50 millones de euros en el mercado ilícito.

El operativo fue ejecutado el pasado 5 de octubre por efectivos de la unidad operativa de Vigilancia Aduanera de Badajoz. Los agentes interceptaron el vehículo sospechoso cuando circulaba por la carretera EX-300, dentro del término municipal de Solana de los Barros. Al realizar una inspección exhaustiva de la furgoneta, los funcionarios descubrieron una estructura oculta en la que se hallaba empaquetado un cuantioso cargamento de tabletas de cocaína.

Tras la pesada y el análisis químico de la sustancia aprehendida, las diligencias confirmaron el peso exacto de 827,5 kilogramos.

El conductor del vehículo fue detenido en el acto como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras ser puesto a disposición de la Sección de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Almendralejo, la autoridad judicial ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional.

“¡Tenga un poco de decencia!”. La imagen forma parte ya de la historia política gallega. Xosé Manuel Beiras, en aquel momento, portavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), se plantó ante el escaño del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y descargó con fuerza su puño contra la madera mientras le gritaba que no era digno de su cargo. El detonante, la burla de Feijóo a las lágrimas de rabia del histórico nacionalista ante las explicaciones –nulas, según la oposición– de su relación con el narcotraficante Marcial Dorado tras la publicación por el diario El País de las vacaciones que disfrutaron juntos en el mar y la montaña.

Todo había empezado dos semanas antes, el 10 de abril de 2013. Aquel día, Alberto Núñez Feijóo, “cogido por la oreja por los grupos de la oposición” –en palabras del socialista Abel Losada– compareció en el Parlamento gallego para dar su versión sobre unas imágenes que databan del año 1995, cuando ya ocupaba el cargo de secretario general de la Consellería de Sanidade. Desde el estrado, el presidente de la Xunta consideró entonces un error haberse tomado las fotos y aseguró que sus palabras, diciendo “la verdad” acababan con la “infamia”. “No sabía que esa persona acabaría implicada en el narcotráfico. No tengo poderes adivinatorios com parece exigirme la oposición”. Para conocer los negocios de Dorado no hacía falta una bola de cristal: bastaba una hemeroteca. Un lustro antes, el narco ya había acaparado titulares vinculado a la famosa Operación Nécora, instruida por el juez Baltasar Garzón.

Los tres portavoces de la oposición –PSdeG, AGE y BNG– reclamaron la dimisión de Feijóo. Beiras, fiel a su estilo, fue el más contundente. “Usted viene aquí todavía a insultar a la oposición y a los ciudadanos que representamos y a la gente que está ahí arriba –añadió, señalando con vehemencia a las representantes de Madres contra la Droga que asistían al debate desde el público–representando a los que padecieron aquella peste en primera línea de fuego”. El líder de AGE no pudo reprimir las lágrimas. “Me hace usted llorar. De asco. De rabia. De indignación”.

Dos semanas después, los mismos protagonistas volvían a encontrarse en la sesión de control al presidente de la Xunta. En su intervención, Francisco Jorquera, del BNG, le achacó la falta de explicaciones en su anterior comparecencia. A Feijóo, la intervención le pareció “ridícula” y “sobreactuada”. “Sólo le queda hacer dos cosas: o sacarse el zapato o emocionarse tanto, tanto, tanto para ver si imita tanto, tanto, tanto al que no asume estas cuestiones”.

Las alusiones a él, nada veladas, y la supuesta intención de Jorquera de “imitar” al que durante tanto tiempo había sido portavoz del Bloque indignaron a Beiras. La anécdota del zapato databa de 1993, cuando Fraga elevó del 3 al 5% el mínimo de votos necesarios para entrar en la Cámara. Entonces, el diputado nacionalista emuló a Kruschev en la ONU y se lo sacó para golpear el atril como protesta. Años después, cuando Beiras volvió a la política al frente de AGE, sus seguidores lo recibieron en el cierre de campaña zapato en mano, en lo que su amigo y discípulo Martiño Noriega definió como un nuevo ejército zapatista. La otra referencia, a la “emoción”, de apenas quince días antes, estaba demasiado fresca.

Ya durante la segunda ronda de tantos (“tanto, tanto, tanto...”), las cámaras que enfocan a Jorquera muestran a Beiras pasando tras él, camino de cruzar el hemiciclo con las manos en los bolsillos y plantarse ante el escaño donde Feijóo continuaba su intervención. “Señoría, quiero decirle, señoría...”. Feijóo trataba de articular, pero el nacionalista, que acababa de cumplir los 77 años, no se lo permitió. “¡Tenga usted un poco de decencia! ¡No se merece ser el presidente de todos los gallegos!”. Su mano derecha salió del bolsillo para golpear el escaño y, después, señalar al presidente. “¡Tenga usted un poco de decencia!”.

Con las manos de nuevo en el pantalón, Beiras regresó a su escaño bajo la reprimenda de la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, hoy senadora por Albacete. En la bancada popular, Feijóo apretaba los labios sin soltar el folio con su intervención. Su vicepresidente y hoy sucesor, Alfonso Rueda, seguía la escena boquiabierto. Desde la fila superior, la viceportavoz Marta Rodríguez, interpelaba a Beiras –“¿Qué pasa? ¿Qué pasa?”–. Horas después, pediría su dimisión.

El líder de AGE, que abandonó momentáneamente el pleno por decisión propia, defendía su actuación, días después, en una conferencia. “Gestos como el mío son gestos de transgresión. De, mire, usted no es nadie, mamarracho. Que lo sepa la gente, que no merece respeto porque es un narcopresidente”. Este jueves, pasadas cinco horas de la muerte de Beiras, Feijóo continuaba sin enviar sus condolencias, algo que sí hicieron–entre muchos otros representantes de la clase política–, Alfonso Rueda o Alberto Pazos, portavoz del PP en el mismo Parlamento donde el histórico nacionalista protagonizó algunos de sus momentos más recordados.

El PSOE d’Eivissa ha acusat l’alcalde de la ciutat, Rafa Triguero (PP), de governar “a cop d’escàndol”, en el marc del cas que ha precipitat la dimissió de la regidora del PP, Ana Ferrer Prohías, després que el seu marit fos detingut per la seva presumpta implicació en una trama de blanqueig de capitals, narcotràfic i pertinença a una organització criminal. Mentre que el seu marit, José Luis Cortés Cortés, ha estat traslladat a Madrid en un cas que investiguen l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, Ferrer Prohías no és investigada per les autoritats.

Malgrat que la imatge que Ferrer Prohías projectava estava principalment relacionada amb l’esport –va ser esportista d’elit–, la parella també és coneguda per haver portat un alt nivell de vida, cosa que també era visible en algunes publicacions a les seves xarxes socials. Aquelles imatges van desaparèixer del perfil de la regidora després que la informació sortís a la llum. Ara, a més, dos dels seus comptes personals són privades. Ni l’Ajuntament ni el PP de l’illa volen fer més valoracions sobre el tema, de moment.

Ferrer, en qualsevol cas, no és investigada per les autoritats pels fets atribuïts al seu marit. L’alcalde ha demanat “prudència” fins que es conegui la veracitat dels fets i es resolgui el procediment judicial. Triguero també ha apel·lat al patiment de Ferrer i dels seus dos fills menors i ha defensat que la mateixa exregidora desconeixia l’abast de la investigació. “És una mare amb un fill i una filla menors que no ho estan passant gens bé i [la detenció del pare] els està afectant molt. Vull transmetre que, fins que no es conegui la veracitat [del cas] i la sentència, cal prudència, perquè ni la mateixa Ferrer coneix l’abast d’aquesta qüestió”, ha afirmat l’alcalde.

El PSOE, però, sosté que la petició de prudència no resol les preguntes sobre l’actuació de l’Ajuntament. La formació considera que Triguero ha d’explicar no només les circumstàncies que van envoltar la renúncia, sinó també la seva pròpia actuació des que va tenir coneixement de la detenció. “Aquesta falta de transparència no és un fet aïllat, sinó que respon a una manera de governar que ja hem vist en altres assumptes que afecten directament l’alcalde”, afirmen.

Els socialistes es refereixen a els moviments de l’alcalde per aconseguir un habitatge de preu limitat (VPL). Una VPL és una figura creada per la llei balear d’habitatge que permet convertir locals i oficines en habitatges amb límits de preu i requisits d’accés per ampliar l’oferta residencial. Per als socialistes, es tracta d’un altre episodi en què el Govern municipal hauria donat explicacions després que la informació transcendís i la pressió pública l’obligués a reaccionar.

“En lloc d’avançar-se, explicar els fets i actuar amb transparència, Triguero espera, deixa passar els dies i només mou fitxa quan l’escàndol ja és públic”, sosté la formació. L’oposició considera “especialment greu” que aquesta mateixa manera d’actuar es repeteixi, segons la seva valoració, en assumptes que “afecten el mateix alcalde”, com també membres de l’Executiu local. “Quan hi ha dubtes, informació que no s’explica o decisions que arriben tard, Triguero no pot pretendre que la ciutadania simplement giri full”, insisteix el PSOE.

La dimissió

Els socialistes qüestionen que Triguero presenti ara la sortida de la regidora “com una decisió estrictament personal” quan el mateix PP reconeix, i l’alcalde va afirmar posteriorment en declaracions públiques, que ja coneixia la voluntat de Ferrer de renunciar i li havia traslladat que “considerava convenient formalitzar-la”. Així, el PSOE, principal grup de l’oposició a l’Ajuntament, considera “insuficients” les explicacions donades per l’alcalde sobre la renúncia de la regidora. Així mateix, exigeixen al batlle que expliqui “què sabia, quan ho sabia i què va fer durant els 10 dies previs a l’anunci de la dimissió”.

La detenció de Cortés Cortés es va produir el 21 de setembre, segons El País. Tanmateix, no va ser fins al diumenge 4 d’octubre quan el PP va fer pública una nota de premsa informant de la dimissió de Ferrer, un dia després que el cas sortís a la llum. “Si Triguero ja sabia que Ana Ferrer volia deixar el càrrec i ell mateix considerava convenient formalitzar-ne la renúncia, per què no es va fer pública abans?”, es pregunten els socialistes. “Què va passar durant aquests deu dies?”, afegeixen.

Els socialistes consideren que Triguero no es pot limitar ara a comunicar la renúncia i donar el cas per tancat. Així, reclamen que l’alcalde expliqui la seqüència dels fets i, especialment, quan va tenir coneixement de la detenció del marit de Ferrer i quines decisions va prendre des d’aquell moment fins diumenge passat, almenys deu dies després d’haver conegut la informació sobre l’arrest.

El mateix Triguero va explicar que es va reunir amb Ferrer a principis de la setmana passada, quan el seu marit ja havia estat detingut. Segons l’alcalde, la regidora li va traslladar “part de la informació que ella tenia, que no era gaire”. Tots dos van acordar que Ferrer tenia “l’obligació de dimitir” i, segons Triguero, ella va manifestar la seva voluntat d’abandonar el càrrec.

El PP va confirmar la renúncia diumenge al vespre mitjançant un comunicat. Segons el partit, Ferrer havia comunicat la setmana anterior a l’alcalde la seva decisió d’abandonar la corporació municipal, primer verbalment i posteriorment per escrit, al·legant motius personals i familiars. És precisament aquesta successió d’esdeveniments la que el PSOE reclama que s’aclareixi. El principal partit de l’oposició vol saber què va passar durant els dies transcorreguts entre el moment en què Triguero va tenir coneixement de la situació i l’anunci públic de la dimissió.

Els socialistes consideren especialment rellevant determinar si l’alcalde “hauria actuat exactament de la mateixa manera si la situació no hagués transcendit públicament”. La pregunta, sostenen, afecta la manera com l’Ajuntament va respondre políticament a una situació que va acabar provocant la sortida d’una integrant del Govern municipal.

“Em sorprèn que parlin d’habitatge”

Guadalupe Nauda, regidora d’Unides Podem, posa el focus en la contradicció que, a parer seu, existia entre el paper institucional de Ferrer i l’activitat atribuïda al seu marit. Nauda subratlla que la regidora “no està imputada ni investigada”, però qüestiona que pogués beneficiar-se de l’activitat empresarial del seu marit i que continués participant en els debats municipals mentre, segons la seva valoració, ell desenvolupava activitats vinculades a l’especulació immobiliària.

“A mi el que em sorprèn és que s’asseguin en un ple a parlar d’habitatge, a parlar de les persones sense llar, a parlar de la gent que malviu en una caravana”. La regidora d’Unides Podem considera especialment contradictori que Ferrer participés en debats sobre l’accés a l’habitatge mentre el seu marit estava, segons sosté, relacionat amb operacions “d’especulació immobiliària”. “Com a mínim no diguis res, no et presentis, no hi siguis, però no siguis en un lloc defensant que la gent vulnerable no pugui accedir a l’habitatge quan el teu marit hi està especulant”, afirma.

Així mateix, Nauda critica el paper que Ferrer exercia dins l’Ajuntament, ja que només va estar un any al capdavant de la regidoria d’Esports. Després, va renunciar per motius personals i familiars, tot i que va mantenir un càrrec a la Fundació Municipal del Patronat d’Esports. La portaveu recorda que ja s’havia plantejat en diverses ocasions quina era la funció de la regidora després que li retiressin algunes àrees de gestió i quedés, segons el seu relat, limitada fonamentalment a la seva presència als plens. “Estava ocupant un espai sense gestionar cap cartera i cobrant els diners públics de tots nosaltres”, sosté Nauda.

La regidora també qüestiona la reacció de l’Ajuntament que presideix Triguero un cop la detenció va transcendir. A parer seu, la decisió de mantenir la situació fins que el cas va arribar als mitjans respon a una estratègia de contenció política. “Van jugar una mica al ‘mentre no surti a la premsa i ningú ho relacioni, ja que continuem igual’. Aquesta és la meva sensació”. “Perquè ells ho sabien, igual que ho sabia molta gent”, afirma.

Nauda interpreta la posterior sortida de Ferrer com una decisió condicionada pel cost polític que el cas podia tenir per al PP, tenint en compte l’horitzó electoral que s’acosta. Segons ella, la conseqüència buscada hauria estat desvincular Ferrer de l’Ajuntament i del partit davant l’impacte polític de la investigació que afecta el seu marit. “En definitiva, el que intenten és desvincular-la del Partit Popular i de l’Ajuntament, però perquè els perjudica en l’àmbit electoral”, conclou. El grup municipal de Vox ha rebutjat fer cap valoració sobre aquesta notícia.

La trama tenia 16 viles de luxe

La dimissió de Ferrer es va produir després que el seu marit fos detingut en una operació contra una presumpta organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna i al blanqueig de capitals. La investigació és dirigida per l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga i ha comportat 27 detencions, quatre de les quals a Eivissa, a més de registres en diversos punts d’Espanya i a la República Dominicana. Segons consta al Registre Mercantil, Cortés mantenia activitat empresarial en diverses societats vinculades principalment a la promoció immobiliària, la construcció, la compra de terrenys, la compravenda i el lloguer d’immobles i l’arquitectura tècnica, com també a la direcció i coordinació d’obres.

Segons la investigació, una part de l’estructura investigada utilitzava societats mercantils vinculades al sector immobiliari per introduir en el circuit legal els beneficis procedents del narcotràfic. Els investigadors van localitzar inversions en promocions, urbanitzacions i habitatges de luxe, especialment a Eivissa, Marbella i Madrid. L’organització hauria arribat a promoure i construir urbanitzacions i viles de luxe per ocultar la titularitat real dels béns i blanquejar fons. En el marc de l’operació, s’ha acordat la prohibició de disposar de setanta immobles i setze viles de luxe i s’han immobilitzat 95 propietats immobiliàries vinculades als investigats.

La investigació policial sosté que l’organització introduïa cocaïna a Europa des de Colòmbia i Panamà i que, a més de blanquejar els seus propis beneficis, hauria començat a oferir serveis de blanqueig a altres organitzacions dedicades al narcotràfic. Les investigacions van permetre vincular els investigats amb quatre confiscacions de cocaïna a Panamà que sumaven més de 1.500 quilos.

A Eivissa, la investigació va desembocar en la detenció de quatre persones, entre elles Cortés. El registre que va acabar amb la seva detenció es va produir en una urbanització de Ses Torres, al nucli de Jesús, dins el municipi de Santa Eulària des Riu. Allà es van confiscar una pistola, tres armes blanques, tres rellotges d’alta gamma, una desena de smartphones i diversos ordinadors portàtils, a més de diners en efectiu.

El PSOE de Eivissa ha acusado al alcalde la ciudad, Rafa Triguero (PP), de gobernar “a golpe de escándalo”, en el marco del caso que ha precipitado la dimisión de la concejala del PP, Ana Ferrer Prohías, después de que su marido fuera detenido por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales, narcotráfico y pertenencia a organización criminal. Mientras que su marido, José Luis Cortés Cortés, ha sido trasladado a Madrid en un caso que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, Ferrer Prohías no está siendo investigada por las autoridades.

Pese a que la imagen que Ferrer Prohías mostraba principalmente estaba relacionada con el deporte –fue deportista de élite–, la pareja también es conocida por haber llevado un alto tren de vida, algo que también era visible en algunas publicaciones de sus redes sociales. Aquellas imágenes desaparecieron del perfil de la concejala después de que saliera a la luz la información. Ahora, además, dos de sus cuentas personales son privadas. Ni el Ayuntamiento ni el PP de la isla quieren valorar más el tema, por el momento.

Ferrer, en cualquier caso, no está siendo investigada por las autoridades por los hechos atribuidos a su marido. El alcalde ha pedido “prudencia” hasta que se conozca la veracidad de los hechos y se resuelva el procedimiento judicial. Triguero ha apelado además al sufrimiento de Ferrer y de sus dos hijos menores y ha defendido que la propia exconcejala desconocía la magnitud de la investigación. “Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión”, afirmó el alcalde.

El PSOE, sin embargo, sostiene que la petición de prudencia no resuelve las preguntas sobre la actuación del Ayuntamiento. La formación considera que Triguero debe explicar no solo las circunstancias que rodearon la renuncia, sino también su propia actuación desde que tuvo conocimiento de la detención. “Esta falta de transparencia no es un hecho aislado, sino que responde a una forma de gobernar que ya hemos visto en otros asuntos que afectan directamente al alcalde”, afirman.

Los socialistas se refieren a los movimientos del alcalde para conseguir una vivienda de precio limitado (VPL). Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. Para los socialistas, se trata de otro episodio en el que el Gobierno municipal habría dado explicaciones después de que la información trascendiera y la presión pública obligara a reaccionar.

“En lugar de adelantarse, explicar los hechos y actuar con transparencia, Triguero espera, deja pasar los días y solo mueve ficha cuando el escándalo ya es público”, sostiene la formación. La oposición considera “especialmente grave” que esa misma forma de actuar se repita, según su valoración, en asuntos que “afectan al propio alcalde”, así como a miembros del Ejecutivo local. “Cuando hay dudas, información que no se explica o decisiones que llegan tarde, Triguero no puede pretender que la ciudadanía simplemente pase página”, insiste el PSOE.

La dimisión

Los socialistas cuestionan que Triguero presente ahora la salida de la concejala “como una decisión estrictamente personal” cuando el propio PP reconoce, y el alcalde afirmó después en declaraciones públicas, que ya conocía la voluntad de Ferrer de renunciar y le había trasladado que “consideraba conveniente formalizarla”. Así, el PSOE, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, considera “insuficientes” las explicaciones dadas por el alcalde sobre la renuncia de la concejala. Asimismo, exigen al primer edil que explique “qué sabía, cuándo lo sabía y qué hizo durante los 10 días previos al anuncio de la dimisión”.

La detención de Cortés Cortés se produjo el 21 de septiembre, según El País. Sin embargo, no fue hasta el domingo 4 de octubre cuando el PP hace pública una nota de prensa informando de la dimisión de Ferrer, un día después de que el caso saliera a la luz. “Si Triguero ya sabía que Ana Ferrer quería dejar el cargo y él mismo consideraba conveniente formalizar su renuncia, ¿por qué no se hizo pública antes?”, se preguntan los socialistas. “¿Qué pasó durante estos 10 días?”, añaden.

Los socialistas consideran que Triguero no puede limitarse ahora a comunicar la renuncia y dar el caso por cerrado. Así, reclaman que el alcalde explique la secuencia de los hechos y, especialmente, cuándo tuvo conocimiento de la detención del marido de Ferrer y qué decisiones tomó desde ese momento hasta el pasado domingo, al menos diez días después de conocer la información sobre el arresto.

El propio Triguero explicó que se reunió con Ferrer a principios de la semana pasada, cuando su marido ya había sido detenido. Según el alcalde, la concejala le trasladó “parte de la información que ella tenía, que no era mucha”. Ambos acordaron que Ferrer tenía “la obligación de dimitir” y, según Triguero, ella manifestó su voluntad de abandonar el cargo.

El PP confirmó la renuncia el domingo por la noche mediante un comunicado. Según el partido, Ferrer había comunicado la semana anterior al alcalde su decisión de abandonar la Corporación municipal, primero de forma verbal y posteriormente por escrito, alegando motivos personales y familiares. Es precisamente esa sucesión de acontecimientos la que el PSOE reclama que se aclare. El principal partido de la oposición quiere saber qué ocurrió durante los días transcurridos entre el momento en que Triguero tuvo conocimiento de la situación y el anuncio público de la dimisión.

Los socialistas consideran especialmente relevante determinar si el alcalde “habría actuado exactamente de la misma manera si la situación no hubiera trascendido públicamente”. La pregunta, sostienen, afecta a la forma en que el Ayuntamiento respondió políticamente a una situación que terminó provocando la salida de una integrante del Gobierno local.

“Me sorprende que hablen sobre vivienda”

Guadalupe Nauda, concejala de Unidas Podemos, pone el foco en la contradicción que, a su juicio, existía entre el papel institucional de Ferrer y la actividad atribuida a su marido. Nauda subraya que la concejala “no está imputada ni investigada”, pero cuestiona que pudiera beneficiarse de la actividad empresarial de su marido y que continuara participando en los debates municipales mientras, según su valoración, él desarrollaba actividades vinculadas a la especulación inmobiliaria.

“A mí lo que me sorprende es que se sienten en un pleno a hablar de vivienda, a hablar de las personas sin hogar, a hablar de la gente que malvive en una caravana”. La concejala de Unidas Podemos considera especialmente contradictorio que Ferrer participara en debates sobre el acceso a la vivienda mientras su marido estaba, según sostiene, relacionado con operaciones “de especulación inmobiliaria”. “Por lo menos no digas nada, no te presentes, no estés, pero no estés en un sitio defendiendo que la gente vulnerable no pueda acceder a la vivienda cuando tu marido está especulando con ella”, afirma.

Asimismo, Nauda critica el papel que Ferrer desempeñaba dentro del Ayuntamiento, debido a que solo estuvo un año ostentando la concejalía de Deportes. Después, renunció por motivos personales y familiares, aunque mantuvo un cargo en la Fundación Municipal del Patronato de Deportes. La portavoz recuerda que ya se había planteado en varias ocasiones cuál era la función de la edil después de que le fueran retiradas algunas áreas de gestión y quedara, según su relato, limitada fundamentalmente a su presencia en los plenos. “Estaba ocupando un espacio sin gestionar cartera y cobrando el dinero público de todos nosotros”, sostiene Nauda.

La concejala cuestiona además la reacción del Ayuntamiento que preside Triguero una vez que la detención trascendió. A su juicio, la decisión de mantener la situación hasta que el caso llegó a los medios responde a una estrategia de contención política. “Jugaron un poco al ‘mientras no salga en prensa y nadie lo vincule, pues seguimos igual’. Esa es mi sensación”. “Porque ellos lo sabían, igual que lo sabía mucha gente”, afirma.

Nauda interpreta la posterior salida de Ferrer como una decisión condicionada por el coste político que podía tener el caso para el PP, teniendo en cuenta el horizonte electoral que viene. Según ella, la consecuencia buscada habría sido desvincular a Ferrer del Ayuntamiento y del partido ante el impacto político de la investigación que afecta a su marido. “En definitiva, lo que intentan es desvincularla del Partido Popular y del Ayuntamiento, pero porque les perjudica a nivel electoral”, concluye. El grupo municipal Vox ha rechazado hacer ninguna valoración sobre esta noticia.

La trama tenía 16 villas de lujo

La dimisión de Ferrer se produjo después de que su marido fuera detenido en una operación contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. La investigación está dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga y ha supuesto 27 detenciones, cuatro de ellas en Eivissa, además de registros en distintos puntos de España y en República Dominicana. Según consta en el Registro Mercantil, Cortés mantenía actividad empresarial en varias sociedades vinculadas principalmente a la promoción inmobiliaria, la construcción, la compra de terrenos, la compraventa y alquiler de inmuebles y la arquitectura técnica, dirección y coordinación de obras.

Según la investigación, una parte de la estructura investigada utilizaba sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario para introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico. Los investigadores localizaron inversiones en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Eivissa, Marbella y Madrid. La organización habría llegado a promover y construir urbanizaciones y villas de lujo para ocultar la titularidad real de los bienes y blanquear fondos. En el marco de la operación se ha acordado la prohibición de disponer de setenta inmuebles y dieciséis villas de lujo y se han inmovilizado 95 propiedades inmobiliarias vinculadas a los investigados.

La investigación policial sostiene que la organización introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y que, además de blanquear sus propios beneficios, habría comenzado a ofrecer servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. Las pesquisas permitieron vincular a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos.

En Eivissa, la investigación desembocó en la detención de cuatro personas, entre ellas Cortés. El registro que acabó con su arresto se produjo en una urbanización de Ses Torres, en el núcleo de Jesús, dentro del municipio de Santa Eulària des Riu. Allí se incautó una pistola, tres armas blancas, tres relojes de alta gama, una decena de smartphones y varios ordenadores portátiles, además de dinero en efectivo.

Fins fa uns dies, les xarxes socials de la regidora del PP a l’Ajuntament d’Eivissa, Ana Ferrer Prohías, mostraven l’alt tren de vida que duia juntament amb el seu marit, José Luis Cortés Cortés. Després que sortís a la llum l’operació policial contra el blanqueig de capitals, el tràfic de drogues i la pertinença a organització criminal que va acabar amb la detenció del seu marit, aquelles imatges de iots de luxe, vacances a la neu i vehicles d’alta gamma han desaparegut dels seus perfils. Altres fonts destaquen que Ferrer Prohías presumia habitualment de la roba que duia, així com de les seves bosses i accessoris de marques de luxe.

Durant el registre policial que va acabar amb la detenció de Cortés Cortés, en una urbanització de ses Torres —zona residencial exclusiva i molt cotitzada situada al nucli de Jesús, dins el municipi de Santa Eulària des Riu—, es va confiscar una pistola, tres armes blanques, tres rellotges d’alta gamma, una desena de smartphones i diversos ordinadors portàtils, així com centenars de bitllets de 20 i 50 euros, i feixos de 100 i 200, segons les imatges difoses per la investigació.

Aquest tren de vida havia despertat sospites d’una presumpta vinculació amb una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna i al blanqueig de capitals. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en una operació coordinada per l’EUROPOL, van detenir l’última setmana de setembre 26 persones en territori nacional relacionades amb la trama. Una d’elles, la parella de l’edil.

La regidora del PP a l’Ajuntament d’Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentat la seva renúncia a l’acta de regidora després que el seu marit fos detingut en el marc de l’operació policial contra la presumpta organització criminal. El Partit Popular insular va confirmar la dimissió aquest diumenge al vespre mitjançant un comunicat, en què assenyala que Ferrer va comunicar la setmana passada al batle de la ciutat, Rafael Triguero, la seva decisió d’abandonar la Corporació municipal. Segons el partit, la regidora va traslladar inicialment la seva voluntat de renunciar de manera verbal i posteriorment la va formalitzar per escrit, al·legant motius personals i familiars.

El PSOE d’Eivissa ja havia reclamat públicament la seva dimissió i havia exigit també explicacions al batle, en considerar que l’Ajuntament havia d’oferir una resposta política i institucional davant la situació. Després de la nota de premsa difosa pel PP, queda per esclarir si el batle d’Eivissa, Triguero, era coneixedor dels detalls de la investigació que havia acabat amb la detenció del marit de Ferrer, i quines van ser les decisions que va decidir adoptar a partir d’aquell moment. L’Ajuntament no ha donat més explicacions a aquest diari de moment.

Les societats de José Luis Cortés Cortés

Cortés Cortés ha estat traslladat a Madrid en un cas que està sent investigat per l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, segons ha avançat La Voz de Ibiza i ha pogut confirmar elDiario.es. L’investigat per presumpta pertinença a organització criminal en la trama de narcotràfic i blanqueig de capitals era entrenador personal en un gimnàs i, a més, es dedicava al negoci immobiliari.

L’investigat per presumpta pertinença a una organització criminal en la trama de narcotràfic i blanqueig de capitals era entrenador personal en un gimnàs i, a més, es dedicava al negoci immobiliari

Actualment figura amb càrrecs en diverses societats vinculades principalment a aquest sector, segons consta al Registre Mercantil. És administrador únic d’Unero Espacio SL, una empresa dedicada a la compravenda i el lloguer d’immobles, la seva gestió, així com a la construcció i promoció immobiliària. També és administrador únic de Cas Mut Unero SL i Ses Torres 3 Unero SL, societats domiciliades a Eivissa els objectes socials de les quals inclouen activitats immobiliàries, promoció, construcció, compravenda i arrendament d’immobles.

La seva activitat empresarial continua amb Rodcor Ibiza SL, on figura com a administrador mancomunat, l’objecte social de la qual inclou la construcció i les activitats immobiliàries, però també el comerç, les indústries manufactureres i tèxtils i el turisme, l’hostaleria i la restauració, i amb World Unero SL, de la qual és administrador únic des de l’abril de 2026. Aquesta darrera té com a objecte principal la tinença i gestió de participacions en altres societats, per la qual cosa funciona com un holding, més que com una immobiliària pròpiament dita.

L’agost de 2026, a més, Unero Espacio SL, administrada per Cortés, va ser designada administradora única de Tri Mares Investment SL, una societat l’objecte de la qual inclou la promoció immobiliària, la compravenda de terrenys i edificacions i la construcció. Cortés hi figura com a representant d’Unero Espacio SL.

Fora del negoci immobiliari, Cortés manté també el control d’Arquitectura Técnica Viva de Intermediación SL, de la qual figura com a soci únic i administrador únic. Aquesta societat està relacionada amb l’arquitectura tècnica, la direcció i coordinació d’obres, projectes, rehabilitació, peritatges, taxacions i informes tècnics.

La declaració patrimonial de Ferrer Prohías

En la declaració de béns patrimonials d’Ana Ferrer Prohías, publicada al Portal de Transparència de l’Ajuntament després de les eleccions municipals i autonòmiques de maig de 2023, l’edil va declarar com a activitat privada principal l’administració retribuïda en el sector dels entrenaments esportius, ocupació que exercia des de maig de 2020 i per a la qual va fer constar no haver obtingut la corresponent autorització de compatibilitat.

El patrimoni immobiliari que figura a la declaració estava compost per sis immobles urbans dels quals Ferrer Prohías declarava ser titular al 100 %. Els valors cadastrals eren molt diferents entre si: des dels 6.688 euros d’una de les propietats fins als 86.919 euros d’una altra. Entremig apareixen immobles amb valors de 8.647, 27.323 i 62.663 euros. A aquest patrimoni s’hi sumava una participació del 33 % en un immoble de naturalesa rústica, amb un valor cadastral de 16.752 euros.

Segons la seva declaració de béns, la regidora posseeix sis immobles urbans

La declaració recollia també 39.102 euros en comptes i dipòsits bancaris. Ferrer Prohías atribuïa 23.800 euros a un compte bancari del qual era titular al 100 %, mentre que altres 11.975 euros corresponien a un compte d’una entitat compartit al 50 %. Els 3.327 euros restants estaven dipositats en un altre compte de titularitat compartida al 50 %. Pel que fa als vehicles, només n’hi apareixia un, el valor de mercat declarat del qual era de zero euros.

A l’altre costat del balanç hi figuraven tres préstecs hipotecaris assumits íntegrament per la regidora, amb un deute pendent d’amortització que ascendia a 162.578 euros. El més elevat, de 88.591 euros, estava vinculat al seu habitatge habitual. Els altres dos, amb saldos pendents de 40.267 i 33.719 euros, apareixien relacionats amb activitats econòmiques.

Hi ha, a més, un darrer apartat de la declaració en què amb prou feines hi ha rastre de patrimoni: les caselles corresponents a joies, obres d’art, objectes sumptuaris, valors mobiliaris, fons d’inversió i participacions en societats figuren “sense dades”.

El batle demana “prudència”

El batle d’Eivissa, Rafael Triguero, ha assenyalat que la regidora Ana Ferrer li va transmetre la seva voluntat de dimitir després de saber que el seu marit havia estat detingut en una operació contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals, en declaracions als mitjans. El primer edil ha demanat “prudència” fins que es resolgui el cas que investiguen l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, apel·lant al patiment de Ferrer i la seva família, que afirma que no tenia coneixement de l’operació.

Triguero, que emmarca el cas en una “qüestió personal i familiar”, ha explicat que es va reunir amb la ja exregidora a principis de la setmana passada, quan el marit d’aquesta ja havia estat detingut. “Em va explicar part de la informació que ella tenia, que no era gaire. Vam acordar que tenia l’obligació de dimitir i ella tenia la voluntat d’abandonar el càrrec”, ha afirmat el batle.

“És una mare amb un fill i una filla menors que no ho estan passant gens bé i [la detenció del pare] els està afectant molt. Vull transmetre que, fins que no es conegui la veracitat [del cas] i la sentència, hi ha d’haver prudència, perquè ni la mateixa Ferrer coneix la magnitud d’aquesta qüestió”, ha afegit. També ha explicat que els següents de les llistes i que possiblement substituiran Ferrer són Alfonso Riera o Luis Conill, cosa que ocorrerà en el proper ple municipal.

El batle ha demanat 'prudència': 'És una mare amb un fill i una filla menors que no ho estan passant gens bé i [la detenció del pare] els està afectant molt. Vull transmetre que, fins que no es conegui la veracitat [del cas] i la sentència, hi ha d’haver prudència, perquè ni la mateixa Ferrer coneix la magnitud d’aquesta qüestió'

Una detenció en una vil·la de luxe dominicana

L’organització establerta a Espanya i finalment desmantellada estava vinculada, segons informació de la Policia Nacional, a destacats referents del narcotràfic internacional. S’encarregava d’introduir cocaïna a Europa des de Colòmbia i Panamà i utilitzava inversions immobiliàries, promocions i viles de luxe per blanquejar els seus propis beneficis i els d’altres organitzacions criminals, segons la investigació del cos de seguretat conjuntament amb la Guàrdia Civil.

L’organització utilitzava inversions immobiliàries, promocions i viles de luxe per blanquejar els seus propis beneficis i els d’altres organitzacions criminals

L’operació s’ha saldat amb 27 detinguts, quatre d’ells a Eivissa. A més, s’han dut a terme 38 registres en altres punts d’Espanya i a l’altra banda de l’Atlàntic, en una vila de luxe de la República Dominicana. Agents de la Policia Nacional i de l’institut armat es van desplaçar fins al país caribeny després d’haver treballat juntament amb la Direcció Nacional de Control de Drogues dominicana per materialitzar la detenció.

A Espanya, n’hi ha hagut 14 a Madrid, quatre a Eivissa, tres a Almeria, dos a Màlaga, dos a Lleó i una a Pontevedra. Dos dels detinguts estan catalogats com a High Value Target per l’EUROPOL. A més, es van executar 38 registres: 19 a Madrid, vuit a Eivissa, vuit a Andalusia, quatre a Màlaga i altres quatre a Almeria, un a Albacete, un altre a Mèrida (Extremadura) i un darrer a Pontevedra (Galícia). A més, s’han dut a terme diverses actuacions a la República Dominicana.

La Plaça Judicial 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància de l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga han dirigit la investigació, en què han participat agents de la Policia Judiciària de Portugal, i que va arrencar el setembre de 2023 a partir de l’anàlisi de plataformes de missatgeria encriptades.

Segons les primeres indagacions, entre 2020 i 2021 l’organització va establir rutes per introduir cocaïna mitjançant els coneguts mètodes del ‘ganxo cec’, rip off o contenidor ‘embarassat’, amb els quals abastia altres organitzacions criminals establertes a Espanya.

Les investigacions van permetre vincular els investigats amb quatre confiscacions de cocaïna a Panamà que sumaven més de 1.500 quilos i determinar que formaven part de la branca espanyola d’una estructura amb capacitat per introduir droga procedent de Colòmbia i Panamà mitjançant contenidors marítims. Aquests acabaven en punts de demanda de consum, com les illes.

Viles de luxe per blanquejar els diners de la droga

Una part de l’estructura es dedicava a introduir en el circuit legal els beneficis procedents del narcotràfic mitjançant societats mercantils vinculades al sector immobiliari. Els investigadors van localitzar inversions en promocions, urbanitzacions i habitatges de luxe, especialment a Eivissa, Marbella i Madrid.

L’organització hauria arribat a promoure i construir urbanitzacions i viles de luxe per ocultar la titularitat real dels béns i blanquejar els fons obtinguts del tràfic de drogues. En el marc de l’operació s’ha acordat la prohibició de disposar de setanta immobles i setze viles de luxe.

L’estructura hauria ampliat després aquesta activitat i hauria començat a oferir serveis de blanqueig a altres organitzacions dedicades al narcotràfic. D’aquesta manera, a més de blanquejar els seus propis beneficis, facilitava a tercers l’adquisició i ocultació de béns a través de les seves societats, en un model que els investigadors denominen ‘crime as a service’. La investigació atribueix així a l’organització una doble via d’ingressos: els beneficis obtinguts del tràfic de cocaïna i les comissions que cobrava per blanquejar diners d’altres xarxes criminals.

95 propietats immobiliàries immobilitzades

Durant la macrooperació s’han intervingut 271.521 euros en efectiu, 76.425 dírhams dels Emirats Àrabs Units i 1.175 dòlars, a més de bloquejar més d’1,3 milions de dòlars en criptomonedes USDT (Tether), una moneda digital el valor de la qual està vinculat al dòlar, així com quaranta vehicles d’alta gamma i dues embarcacions, detallen els agents.

En els registres es van localitzar així mateix sis armes de foc, entre elles una arma de guerra, un silenciador i altres armes prohibides, a més de més de 800 cartutxos. L’operació també ha permès bloquejar 26 comptes bancaris —tres dels quals domiciliats a Luxemburg— i més d’un centenar de persones jurídiques.

Els investigadors també han acordat immobilitzar 200 béns, com ara vehicles i altres actius, i 95 propietats immobiliàries vinculades als investigats. De moment, la investigació continua oberta i s’han tramitat cinc ordres internacionals de detenció, per la qual cosa no es descarten noves actuacions i detencions, assenyalen des de la Policia Nacional.

Hasta hace unos días, las redes sociales de la concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa, Ana Ferrer Prohías, mostraban el alto tren de vida que llevaba junto a su marido, José Luis Cortés Cortés. Después de que saliera a la luz la operación policial contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y la pertenencia a organización criminal que terminó con la detención de su marido, aquellas imágenes de yates de lujo, vacaciones en la nieve y vehículos de alta gama han desaparecido de sus perfiles. Otras fuentes destacan que Ferrer Prohías presumía habitualmente de la ropa que llevaba, así como de sus bolsos y accesorios de marcas de lujo.

Durante el registro policial que acabó con la detención de Cortés, en una urbanización de Ses Torres –zona residencial exclusiva y muy cotizada situada en el núcleo de Jesús, dentro del municipio de Santa Eulària des Riu–, se incautó una pistola, tres armas blancas, tres relojes de alta gama, una decena de smartphones y varios ordenadores portátiles, así como centenares de billetes de 20 y 50 euros, y fajos de 100 y 200, según las imágenes difundidas por la investigación.

Este tren de vida había levantado sospechas de una presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación coordinada por la EUROPOL, detuvieron la última semana de septiembre a 26 personas en territorio nacional relacionadas con la trama. Una de ellas, la pareja de la edil.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentado su renuncia al acta de edil después de que su marido fuera detenido en el marco de la operación policial contra la presunta organización criminal. El Partido Popular insular confirmó la dimisión este domingo por la noche mediante un comunicado, en el que señala que Ferrer comunicó la pasada semana al alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, su decisión de abandonar la Corporación municipal. Según el partido, la concejala trasladó inicialmente su voluntad de renunciar de forma verbal y posteriormente la formalizó por escrito, alegando motivos personales y familiares.

El PSOE de Eivissa ya había reclamado públicamente su dimisión y había exigido también explicaciones al alcalde, al considerar que el Ayuntamiento debía ofrecer una respuesta política e institucional ante la situación. Tras la nota de prensa difundida por el PP, queda por esclarecer si el alcalde de Eivissa, Triguero, era conocedor de los detalles de la investigación que había terminado con la detención del marido de Ferrer, y cuáles fueron las decisiones que decidió adoptar a partir de ese momento. El Ayuntamiento no ha dado más explicaciones a este diario por el momento.

Las sociedades de José Luis Cortés Cortés

Cortés ha sido trasladado a Madrid en un caso que está siendo investigado por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, según ha avanzado La Voz de Ibiza y ha podido confirmar elDiario.es. El investigado por presunta pertenencia a organización criminal en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales era entrenador personal en un gimnasio y, además, se dedicaba al negocio inmobiliario.

El investigado por presunta pertenencia a organización criminal en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales era entrenador personal en un gimnasio, y además, se dedicaba al negocio inmobiliario

En la actualidad, figura con cargos en varias sociedades vinculadas principalmente a este sector, según consta en el Registro Mercantil. Es administrador único de Unero Espacio SL, una empresa dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, su gestión, así como a la construcción y promoción inmobiliaria. También es administrador único de Cas Mut Unero SL y Ses Torres 3 Unero SL, sociedades domiciliadas en Ibiza cuyos objetos sociales incluyen actividades inmobiliarias, promoción, construcción, compraventa y arrendamiento de inmuebles.

Su actividad empresarial continúa con Rodcor Ibiza SL, donde figura como administrador mancomunado, cuyo objeto social incluye la construcción y las actividades inmobiliarias, pero también el comercio, las industrias manufactureras y textiles y el turismo, la hostelería y la restauración y con World Unero SL, de la que es administrador único desde abril de 2026. Esta última tiene como objeto principal la tenencia y gestión de participaciones en otras sociedades, por lo que funciona como un holding, más que como una inmobiliaria propiamente dicha.

En agosto de 2026, además, Unero Espacio SL, administrada por Cortés, fue designada administradora única de Tri Mares Investment SL, una sociedad cuyo objeto incluye la promoción inmobiliaria, la compraventa de terrenos y edificaciones y la construcción. Cortés figura en ella como representante de Unero Espacio SL.

Fuera del negocio inmobiliario, Cortés mantiene también el control de Arquitectura Técnica Viva de Intermediación SL, de la que figura como socio único y administrador único. Esta sociedad está relacionada con la arquitectura técnica, la dirección y coordinación de obras, proyectos, rehabilitación, peritaciones, tasaciones e informes técnicos.

La declaración patrimonial de Ferrer Prohías

En la declaración de bienes patrimoniales de Ferrer, publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, la edil declaró como actividad privada principal la administración retribuida en el sector de los entrenamientos deportivos, ocupación que desempeñaba desde mayo de 2020 y para la que hizo constar no haber obtenido la correspondiente autorización de compatibilidad.

El patrimonio inmobiliario que figura en la declaración estaba compuesto por seis inmuebles urbanos de los que Ferrer declaraba ser titular al 100%. Los valores catastrales eran muy distintos entre sí: desde los 6.688 euros de una de las propiedades hasta los 86.919 euros de otra. Entre medias aparecen inmuebles con valores de 8.647, 27.323 y 62.663 euros. A este patrimonio se sumaba una participación del 33% en un inmueble de naturaleza rústica, con un valor catastral de 16.752 euros.

Según su declaración de bienes, la concejala posee seis inmuebles urbanos

La declaración recogía también 39.102 euros en cuentas y depósitos bancarios. Ferrer atribuía 23.800 euros a una cuenta bancaria de la que era titular al 100%, mientras que otros 11.975 euros correspondían a una cuenta de una entidad compartida al 50%. Los 3.327 euros restantes estaban depositados a otra cuenta de titularidad compartida al 50%. En cuanto a los vehículos, solo aparecía uno, cuyo valor de mercado declarado era de cero euros.

En el otro lado del balance figuraban tres préstamos hipotecarios asumidos íntegramente por la concejala, con una deuda pendiente de amortización que ascendía a 162.578 euros. El mayor de ellos, de 88.591 euros, estaba vinculado a su vivienda habitual. Los otros dos, con saldos pendientes de 40.267 y 33.719 euros, aparecían relacionados con actividades económicas.

Hay, además, un último apartado de la declaración en el que apenas hay rastro de patrimonio: las casillas correspondientes a joyas, obras de arte, objetos suntuarios, valores mobiliarios, fondos de inversión y participaciones en sociedades figuran “sin datos”.

El alcalde pide “prudencia”

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha señalado que la concejala Ferrer le transmitió su voluntad de dimitir tras conocer que su marido había sido detenido en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, en declaraciones a los medios. El primer edil ha pedido “prudencia” hasta que se resuelva el caso que investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga apelando al sufrimiento de Ferrer y su familia, quien afirma que no tenía conocimiento de la operación.

Triguero, que enmarca el caso en una “cuestión personal y familiar”, ha explicado que se reunió con la ya exconcejala a principios de la semana pasada, cuando el marido de esta ya había sido detenido. “Me explicó parte de la información que ella tenía, que no era mucha. Acordamos que tenía la obligación de dimitir y ella tenía la voluntad de abandonar el cargo”, ha afirmado el alcalde.

“Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión”, ha añadido. También ha explicado que los siguientes en las listas y que posiblemente sustituirán a Ferrer son Alfonso Riera o Luis Conill, lo cual ocurrirá en el próximo pleno municipal.

El alcalde ha pedido “prudencia”: 'Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión'

Una detención en una villa de lujo dominicana

La organización asentada en España y finalmente desmantelada estaba vinculada, según información de la Policía Nacional, a destacados referentes del narcotráfico internacional. Se encargaba de introducir cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y utilizaba inversiones inmobiliarias, promociones y villas de lujo para blanquear sus propios beneficios y los de otras organizaciones criminales, según la investigación del cuerpo de seguridad en conjunto con la Guardia Civil.

La organización utilizaba inversiones inmobiliarias, promociones y villas de lujo para blanquear sus propios beneficios y los de otras organizaciones criminales

La operación se ha saldado con 27 detenidos, cuatro de ellos en Eivissa. Además, se han llevado a cabo 38 registros en otros puntos de España y al otro lado del charco, en una villa de lujo de República Dominicana. Agentes de la Policía Nacional y del instituto armado se desplazaron hasta el país caribeño tras haber trabajado junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana para materializar el arresto.

En España, ha habido 14 en Madrid, cuatro en Eivissa, tres en Almería, dos en Málaga, dos en León y una en Pontevedra. Dos de los arrestados están catalogados como High Value Target por EUROPOL. Además, se ejecutaron 38 registros: 19 en Madrid, ocho en Eivissa, ocho en Andalucía, cuatro en Málaga y otros cuatro en Almería, uno en Albacete, otro en Mérida (Extremadura) y un último en Pontevedra (Galicia). Además, se han realizado varias actuaciones en República Dominicana. 

La Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga han dirigido la investigación, en la que han participado agentes de la Policía Judiciaria de Portugal, y que arrancó en septiembre de 2023 a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas.

Según las primeras averiguaciones, entre 2020 y 2021 la organización estableció rutas para introducir cocaína mediante los conocidos métodos del 'gancho ciego', 'rip off' o contenedor 'preñado', con los que abastecía a otras organizaciones criminales asentadas en España.

Las pesquisas permitieron vincular a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos y determinar que formaban parte de la rama española de una estructura con capacidad para introducir droga procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos. Estos terminaban en puntos de demanda de consumo, como las islas.

Villas de lujo para blanquear el dinero de la droga

Una parte de la estructura estaba dedicada a introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico mediante sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario. Los investigadores localizaron inversiones en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Eivissa, Marbella y Madrid.

La organización habría llegado a promover y construir urbanizaciones y villas de lujo para ocultar la titularidad real de los bienes y blanquear los fondos obtenidos del tráfico de drogas. En el marco de la operación se ha acordado la prohibición de disponer de setenta inmuebles y dieciséis villas de lujo.

La estructura habría ampliado después esta actividad y comenzado a ofrecer servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. De esta forma, además de lavar sus propios beneficios, facilitaba a terceros la adquisición y ocultación de bienes a través de sus sociedades, en un modelo que los investigadores denominan ‘crime as a service'. La investigación atribuye así a la organización una doble vía de ingresos: los beneficios obtenidos del tráfico de cocaína y las comisiones que cobraba por blanquear dinero de otras redes criminales.

95 propiedades inmobiliarias inmovilizadas

Durante la macrooperación se han intervenido 271.521 euros en efectivo, 76.425 dirhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares, además de bloquear más de 1,3 millones de dólares en criptomonedas USDT (Tether), una moneda digital cuyo valor está vinculado al dólar, así como cuarenta vehículos de alta gama y dos embarcaciones, detallan los agentes.

En los registros se localizaron asimismo seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra, un silenciador y otras armas prohibidas, además de más de 800 cartuchos. La operación ha permitido asimismo bloquear 26 cuentas bancarias –tres de ellas domiciliadas en Luxemburgo– y más de un centenar de personas jurídicas.

Los investigadores también han acordado inmovilizar 200 bienes, como vehículos y otros activos, y 95 propiedades inmobiliarias vinculadas a los investigados. De momento, la investigación continúa abierta y se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y arrestos, continúan desde la Policía Nacional.

La regidora del PP a l'Ajuntament d'Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentat la seva renúncia a l'acta d'edil després que el seu marit fos detingut en el marc d'una operació policial contra una presumpta organització criminal dedicada a introduir cocaïna a Europa i blanquejar els beneficis a través d'operacions immobiliàries de luxe.

El PP d'Eivissa ha confirmat la dimissió aquest diumenge a la nit mitjançant un comunicat, en el qual assenyala que Ferrer va comunicar la setmana passada a l'alcalde de la ciutat, Rafa Triguero, la seva decisió d'abandonar la Corporació municipal. Segons el partit, la regidora va traslladar inicialment la seva voluntat de renunciar de forma verbal i posteriorment la va formalitzar per escrit, al·legant motius personals i familiars.

L'alcalde li va traslladar la conveniència de formalitzar la renúncia, una posició que, segons el PP, va ser compartida per Ferrer. La seva sortida de l'Ajuntament es farà efectiva ara conforme al procediment administratiu establert.

La dimissió es produeix després que el marit de la regidora fos detingut en una operació que ha permès, segons la investigació, desarticular una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de cocaïna i al blanqueig de capitals. La trama hauria utilitzat societats immobiliàries i propietats de luxe per introduir i ocultar en el circuit legal els beneficis procedents de la droga, amb operacions vinculades a viles situades a Eivissa, Marbella i Madrid.

La investigació policial situa així el negoci immobiliari com una de les vies utilitzades presumptament per l'organització per blanquejar els diners obtinguts del tràfic d'estupefaents. La detenció del marit de Ferrer va precipitar la pressió política sobre la regidora, encara que no consta que l'edil estigui sent investigada per aquests fets.

El PSOE d'Eivissa havia reclamat públicament la seva dimissió i havia exigit també explicacions a l'alcalde, en considerar que l'Ajuntament havia d'oferir una resposta política i institucional davant la situació. Els socialistes havien reclamat que la institució fos “un exemple de transparència i responsabilitat política”.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentado su renuncia al acta de edil después de que su marido fuera detenido en el marco de una operación policial contra una presunta organización criminal dedicada a introducir cocaína en Europa y blanquear los beneficios a través de operaciones inmobiliarias de lujo.

El PP de Eivissa ha confirmado la dimisión este domingo por la noche mediante un comunicado,en el que señala que Ferrer comunicó la pasada semana al alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, su decisión de abandonar la Corporación municipal. Según el partido, la concejala trasladó inicialmente su voluntad de renunciar de forma verbal y posteriormente la formalizó por escrito, alegando motivos personales y familiares.

El alcalde le trasladó la conveniencia de formalizar la renuncia, una posición que, según el PP, fue compartida por Ferrer. Su salida del Ayuntamiento se hará efectiva ahora conforme al procedimiento administrativo establecido.

La dimisión se produce después de que el marido de la concejala fuera detenido en una operación que ha permitido, según la investigación, desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. La trama habría utilizado sociedades inmobiliarias y propiedades de lujo para introducir y ocultar en el circuito legal los beneficios procedentes de la droga, con operaciones vinculadas a villas situadas en Eivissa, Marbella y Madrid.

La investigación policial sitúa así el negocio inmobiliario como una de las vías utilizadas presuntamente por la organización para blanquear el dinero obtenido del tráfico de estupefacientes. La detención del marido de Ferrer precipitó la presión política sobre la concejala, aunque no consta que la edil esté siendo investigada por estos hechos.

El PSOE de Eivissa había reclamado públicamente su dimisión y había exigido también explicaciones al alcalde, al considerar que el Ayuntamiento debía ofrecer una respuesta política e institucional ante la situación. Los socialistas habían reclamado que la institución fuera “un ejemplo de transparencia y responsabilidad política”.

El inicio del curso 2026-27 está constatando la imparable expansión de la música mexicana. La gira española de pabellones del Grupo Firme ha coincidido estos días con la primera visita del cantante Luis R. Conríquez, autoproclamado rey de los corridos bélicos. Y semanas atrás anduvo también por España Natanael Cano, pionero de los corridos tumbados que en breve anunciará gira para 2027. Lo que hace cuatro años parecía una moda pasajera se confirma como la mayor eclosión de un estilo musical de raíz latinoamericana desde el reguetón.

A Luis R. Conríquez se le conoce como Conríquez, como Luis R, como L R y, sobre todo, por haber bautizado un subgénero, el de los corridos bélicos, que consagra la inmensa mayoría de sus versos a relatar las aventuras y desventuras de los capos de la droga en México. Sus composiciones son la versión siglo XXI de aquellos narcocorridos que popularizaron en los años 70 del siglo pasado grupos como Los Tigres del Norte. En su primera gira española, el 24 de septiembre en La Sala de Movistar Arena y al día siguiente en La (2) del Apolo, sobrevolaba la duda de si interpretaría sus canciones más controvertidas y explícitas, las que le han reportado más fama y problemas. La respuesta es un sí rotundo.

El ambiente en La (2) de Apolo era el de las grandes ocasiones. Sala prácticamente llena de espectadores de origen latinoamericano y dificultades para ver al cantante de Sonora entre el mar de móviles que filmaban todos sus movimientos y la abundancia de sombreros vaqueros. “Hoy ando belicón”, cantó en los primeros compases de Martes 13. Pronto llegaron las primeras canciones en las que L R se postula como narrador de las correrías del Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa. Primero fue Siempre pendientes, cuyo protagonista es un vigilante que cuida “la plaza del señor Guzmán”. Poco después, Sin tanto royo, cuya letra habla del Piyi, alto mando de la facción del cártel de Sinaloa Los Chapitos.

Un siglo de corridos sobre el narco

Hace ya un siglo que el corrido se asentó en la cultura popular mexicana como género de estructura narrativa que relata hechos reales. Y si durante la Revolución Mexicana inmortalizaban las batallas más célebres, en los años 30 ya había corridos sobre narcotraficantes como El Pablote. Los narcocorridos vivieron su época dorada en los años 70, pero nada hacía sospechar que en pleno siglo XXI los corridos tumbados, reformulados en parte gracias al rap y el trap estadounidense, serían tan populares entre la juventud. Y no solo la mexicana.

De los diez artistas más escuchados en México el año pasado, solo Bad Bunny no interpreta corridos tumbados

El éxito de los corridos tumbados es tal que el 77% de reproducciones en Spotify México en 2023 correspondió a canciones de este género. De los diez artistas más escuchados en México el año pasado, solo Bad Bunny no interpreta corridos tumbados. Y entre los diez artistas más escuchados en toda Latinoamérica en 2025, hay hasta seis mexicanos: Fuerza Régida, Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano, Tito Double P y Neton Vega. Ocho años después de su nacimiento, nadie osa intuir el techo de un subgénero tan popular y controvertido.

La mayoría de canciones narran el peligroso día a día de los carteles de la droga. Muchas rebasan el ámbito de la ficción para relatar proezas de narcos con nombre y apellido. Y esa romantización de una delincuencia real que marca el día a día del país ha hecho saltar las alarmas del gobierno mexicano, que ya considera la apología de la violencia un problema nacional. Más de una decena de estados han establecido sanciones para quienes interpreten canciones de esta índole; por lo menos, en eventos promovidos por la administración o en el espacio público. Natanael Cano fue multado con un millón de pesos en 2023. A Los Ángeles del Barranco les retiraron el visado para viajar a Estados Unidos.

Libertad de expresión y homicidios

Este verano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió de nuevo en que los corridos tumbados no están censurados en México. Pero aunque celebró la innovación que suponen, mostró su deseo de que haya “más corridos tumbados que tengan otras letras para promover otros valores”. Censurar canciones atentaría contra la libertad de expresión, pero, además, tampoco atacarían la raíz del problema. El problema no es que los jóvenes, a través de esas canciones, empaticen con el narcotráfico y lo consideren un modo de ganarse la vida, sino que varias generaciones de jóvenes no encuentran un modo de ganarse la vida. Y que el Gobierno tampoco encuentra la manera de acabar con el narcotráfico.

Los corridos tumbados y bélicos retratan y romantizan una realidad dramática, pero censurarlos no cambia esa realidad. En 2024 se contaron en México más de 33.500 homicidios. Es una media de 92 asesinatos diarios. Hace dos décadas, esa cifra rondaba los diez mil. En ese dramático contexto, las miradas han apuntado a una música que, puntualmente, ha tenido vínculos demostrables con el crimen organizado. En 2025, la justicia condenó al sello DEL Records por blanquear dinero del narcotráfico. En ocasiones, esa violencia sistémica ha rozado los escenarios cuando artistas significados con cárteles concretos han sido amenazados de muerte por cárteles rivales. Peso Pluma, Grupo Firme, Natanael Cano y Fuerza Régida se han visto obligados a cancelar algún concierto.

La popularidad del género y la cantidad de dinero que mueve lo hacen imparable. Y las maniobras para reducir su impacto social son de escasa eficacia. Así lo pudo comprobar hace un año el propio Luis R. El cantante iba a actuar en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco. Al ser un evento programado por la administración local, fue advertido de las sanciones a las que se exponía si interpretaba letras que glorificasen la violencia. Cuando salió a escena y anunció que no cantaría sus mayores éxitos, sus seguidores tomaron el escenario y destrozaron todos los instrumentos. Horas después, L R emitió un comunicado en el que explicó que su obligación como artista era obedecer “las nuevas normas” y anunció su intención de hacer “cambios significativos en las letras”.

Un escuadrón de instrumentistas

La escena de Texcoco no se repitió en Barcelona. De entrada, porque L R no esquivó ninguno de sus títulos más esperados y controvertidos. Pero, además, destrozar todos los instrumentos hubiera sido agotador. El mexicano apareció con una banda que parecía un escuadrón: dos guitarras de 12 cuerdas y una de seis, un contrabajo y un bajo eléctrico, un baterista y un teclista, un acordeonista y un violinista, un trombón de pistones, una tuba y dos charchetas. Y a esos trece había que sumar dos o tres tipos apostados en el escenario con atribuciones inciertas (¿amigos?, ¿representantes?, ¿seguridad?) y otro más que ejercía de camarero, pues se pasó la noche con un combinado en la mano por si L R tenía sed.

El de Sonora siguió el recital con clásicos como Me metí en el ruedo y El búho. La primera es una historia de superación a través de generar “billete verde” referida a un personaje anónimo apodado El Y. La segunda, su primer gran éxito, pudiera referirse a un cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia latente en los relatos no se trasladó de ningún modo a la platea. Lo más violento de la noche quizá fue aquel espectador al fondo de la sala que, en los momentos de mayor excitación, exclamaba: “¡Préñame la mujer, maldito!”.

Los aullidos de placer eran constantes. Sobre todo, cuando Luis R encaraba títulos como El gavilán (canción publicada con Peso Pluma y cuyo protagonista se autodefine como “de la gente del Chapo Guzmán”), El del palenque (un original de Los Alegres del Barranco protagonizado por “el señor de los gallos, el del cártel jalisciense”) y La 701, cuyo título hace referencia a una pistola bañada en oro y con incrustaciones de diamantes propiedad de El Chapo.

Más allá de la controvertida temática de las canciones, el repertorio amasado por Luis R Conríquez en estos años es abrumador. Ni siquiera es necesario saber qué es un lanzapapas, un filete, un escar, una Duracell, 'meter jale', 'traer de oquis' o 'ser pura chapiza' para disfrutarlo. Cuando cantó seguidas Si no quieres no y No son Doritos quedó claro que estamos ante uno de los artistas más inspirados del género. Esta última aclara ya en el título que esos que escoltan con rifles largos no son un cargamento de nachos. Ingenio y humor, que no falten.

Dembow mexicano y canción romántica

Para oxigenar un cancionero que formalmente puede pecar de repetitivo, y para abrir mercado más allá del corrido bélico, Conríquez está tanteando géneros urbanos como el dembow. En Barcelona interpretó tres títulos sobre bases y voz pregrabadas. Cambió el patrón rítmico, pero no el temático. No se mostró especialmente hábil o cómodo en ese campo, así que, para retomar el pulso de la velada, volvió a su verdadero perfil con JGL, la canción cuyas siglas apuntan, de nuevo, a Joaquín Guzmán Loera (el Chapo) y cuya letra sugiere cierta permisividad de la policía de carretera con los que apoyan al cártel de Sinaloa.

Aún habría otro bloque de descompresión narco con clásicos del cancionero mexicano: Así fue, de Juan Gabriel, El rey, de José Alfredo Jiménez, y Acá entre nosotros, de Vicente Fernández. Nada del otro mundo, pese al altísimo octanaje de las partituras y al refuerzo instrumental del batallón de instrumentistas. Eso sí, fue el momento ideal para ondear banderas mexicanas y para apurar las existencias de alcohol de una barra que funcionó a pleno rendimiento.

El concierto culminó en brusca apoteosis. Pese a tener aún más de treinta canciones en la recámara, Conríquez quiso repetir El búho. El público coreó de nuevo eso de: “Y pa’ presentarme tengo que contarles / Que hace mucho tiempo también sufrí hambre / Preferí las calles en vez de estudiarle”. Y él insistió en aquello de: “La necesidad fue más grande que el miedo / Nunca me ha importado meterme en enredos / Por clave soy el Búho de Tijuana / Pendiente de mi terreno”. El debut barcelonés de L R acabó tan puntual como empezó. Hora y media sin apenas tregua. Arrollador e imponente. Un bis no tenía cabida.

Más de un ataque diario con drones. Esa es la frecuencia de la ofensiva aérea criminal que sacude a Colombia: 690 ataques con aparatos no tripulados registrados desde 2023, según uno de los más recientes informes de inteligencia militar. El país se ha convertido en el gran laboratorio de una guerra donde las mafias acceden a tecnologías letales por una fracción de lo que a las autoridades les cuesta combatirlas.

Se trata de un tipo de arsenal en constante evolución tecnológica que ya incluye, desde hace un tiempo, dispositivos de control mediante fibra óptica, invisibles para los radares. La ofensiva criminal de 2026 representa un incremento del 146% de los ataques con este tipo de aparatos entre enero y mayo frente al mismo periodo del año anterior, según indica la Defensoría del Pueblo apoyándose en cifras del Servicio de la ONU para Actividades relativas a las Minas (UNMAS). Esta es la historia de una escalada bélica mortal que hoy se perfecciona en las trincheras de Ucrania y cambia de raíz las dinámicas de la criminalidad en América Latina.

México, pionero

Para entender cómo ha llegado Colombia a este punto, hay que mirar primero al norte. Los registros de la ONG estadounidense Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) muestran que los cárteles mexicanos fueron, posiblemente, los pioneros en apoderarse de los instrumentos aéreos no tripulados en la región. Desde 2010, las autoridades norteamericanas han detectado pequeños aparatos teledirigidos que cruzan la frontera como arañas voladoras cargadas de droga: de fentanilo o de cocaína.

No obstante, el verdadero salto letal ocurrió en 2021. En aquel entonces, en la región centro-occidente de México, los drones mutaron en armas de asalto y comenzaron a lanzar explosivos, desatando el terror en los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

Colombia importó el modelo criminal y superó a México en escala a mediados de 2024. A partir de entonces se ha convertido en el epicentro regional. De los 670 eventos con drones armados que ACLED ha documentado en Latinoamérica entre 2025 y 2026, Colombia concentra cerca del 87%. Y de los 182 municipios latinoamericanos donde hay registro de estos ataques, 97 han ocurrido en territorio colombiano.

Hoy se sabe, además, que detrás hay una eficiente optimización de costes. Mediante técnicas de ensamblaje local, el Estado Mayor Central (EMC) —la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC— ha logrado romper su dependencia del comercio exterior y, de paso, reventar los precios del mercado negro.

Es un giro enorme que les permite ejecutar nuevas acciones contra la fuerza pública, labores de inteligencia o control territorial sin tener que enviar, como antes, a seis o siete guerrilleros; hoy mandan un dron

Gerson Arias — analista de inteligencia y seguridad

El analista de inteligencia y seguridad Gerson Arias calcula, a partir de análisis de inteligencia recuperados del EMC, que la organización criminal ha pasado de pagar unos 9.600 euros por cada aparato importado a fabricar sus propios prototipos en mitad de la selva o la montaña por apenas 1.600 euros la unidad en promedio. Se trata de una suerte de democratización del terror a bajo coste.

Frente a esa tecnología barata, la respuesta del Estado colombiano expone una enorme asimetría. Para formarse una idea: en 2023, el Gobierno estadounidense entregó a la Policía local tres helicópteros Black Hawk, modelo UH-60A, de segunda mano. Mientras que un aparato nuevo de este tipo supera los 20 millones de dólares, estas unidades cedidas por Washington están tasadas por la industria militar en unos 4,3 millones cada una.

Para Arias, este impacto es muy elevado. “Es un giro enorme que les permite ejecutar nuevas acciones contra la fuerza pública, labores de inteligencia o control territorial sin tener que enviar, como antes, a seis o siete guerrilleros; hoy mandan un dron”, afirma, y reitera que la mutación de la guerra es un hecho.

No siempre fue así. Durante medio siglo, el Estado colombiano retuvo el control general del espacio aéreo. Ni el auge de las narcopistas clandestinas en los 70 y 80, ni las flotas de pequeñas avionetas del narcotráfico pudieron arrebatarle a la fuerza pública el dominio de la inteligencia y el ataque coordinado. Hoy, sin embargo, parece que la superioridad histórica se tambalea.

Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, resume que las organizaciones criminales han edificado un poder aéreo propio con capacidad de monitorear tropas en silencio y lanzar cargas explosivas de hasta 1,2 kilos contra bases militares o comisarías de policía en zonas a menudo mal protegidas.

El balance letal de esta nueva estrategia ya es cuantificable. Desde 2023, los ataques con drones han dejado 22 uniformados muertos y más de 340 heridos, según informes recientes de inteligencia del Ejército.

Talleres fronterizos e impresoras 3D

El fenómeno tiene como epicentro geográfico las áreas rurales de producción cocalera y, en especial, las fronterizas con Venezuela o Ecuador. Una de ellas es el departamento de Cauca, al suroeste del país y con 140 kilómetros de línea costera sobre el Pacífico. En octubre de 2024, por orden del expresidente Gustavo Petro, el Ejército inició allí la Operación Perseo en una aldea llamada El Plateado, a 240 kilómetros de Cali, la tercera ciudad por tamaño del país.

En respuesta a la ofensiva militar, el EMC, bajo el mando del sanguinario Iván Mordisco, respondió con 183 ataques con drones entre octubre de ese año y mayo de 2025. El balance de la contraofensiva dejó cinco militares muertos y 10 heridos.

De cualquier forma, la reciente avanzada del Ejército colombiano ha dejado un panorama de aparente victoria en el casco urbano de El Plateado. Detrás de las calles hoy patrulladas por uniformados se esconde, sin embargo, una realidad más compleja: la operación Perseo obligó al frente bautizado como Carlos Patiño, en honor a un comandante histórico de la vieja guerrilla marxista, a replegarse, pero estuvo lejos de extinguir su poder, según los analistas.

La presencia militar y el control territorial hoy no son necesariamente lo mismo

Javier Flórez — Director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz

Como advierte Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la operación forzó la salida de los milicianos del centro poblado, pero no desmanteló su control: lo reconfiguró. “La presencia militar y el control territorial hoy no son necesariamente lo mismo”, resume el analista.

No obstante, el caso de El Plateado (Cauca) es solo la punta de un conflicto que se ha ensañado con otros cuatro departamentos de producción ilícita de cocaína: en Nariño, Chocó y el Valle del Cauca, al suroeste, así como en Norte de Santander —en el noreste del país—, se agolpan el 71% de los ataques.

Allí, agencias humanitarias como Indepaz han documentado situaciones de confinamiento masivo: entre 2020 y 2024, más de 26.000 personas resultaron afectadas por desplazamientos y encierros forzados. Familias enteras encerradas en sus viviendas por el pánico a los drones que, a menudo, zumban como abejas sobre sus tejados. En otras ocasiones, han relatado las víctimas, escupen fuego sin apenas avisar.

Por su parte en el Catatumbo, región conflictiva, montañosa, y fronteriza con Venezuela, tres militares fueron asesinados entre marzo y mayo de 2025 con drones. En esa misma zona, los 21 policías que custodiaban la estación de Guamalito, una aldea de unos 3.000 vecinos encastrada en un nodo vital de acopio agrícola, tuvieron que evacuar el poblado tras sufrir dos bombardeos aéreos consecutivos por parte del ELN. Un contingente de 150 uniformados retomó el control del corregimiento el 15 de septiembre.

De hecho, la dinámica fronteriza es clave para entender esta historia en expansión. Tiziano Breda, investigador sénior de ACLED, confirma por correo electrónico a elDiario.es que en el Estado de Zulia (Venezuela) se localizó un centro de producción ilegal donde, mediante tecnología de impresión en 3D, se ensamblan tanto drones como material bélico.

Este panorama permite descifrar la evolución del mapa criminal en Colombia. Según algunos analistas, la adopción de drones ha seguido una línea temporal y espacial definida: el ELN, con seis décadas de trayectoria y un fuerte dominio en la frontera con Venezuela, lideró de forma pionera el uso de esta tecnología. Más adelante, el Estado Mayor Central (EMC) profundizó en esta práctica, consolidándola en sus principales corredores y enclaves de operaciones en el Cauca y la costa del Pacífico.

Y ahora, el Clan del Golfo, una organización de raíces paramilitares, enfocada en el narcotráfico y tradicionalmente rezagada en innovación táctica, empieza a sumarse a la ofensiva.

Fuego aéreo entre narcos

Buena parte de estos ataques, en realidad, no tienen como blanco a la fuerza pública, sino a facciones rivales ilegales que compiten por el control de las rutas de la droga.

Por ejemplo, en Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, tres facciones criminales rivales —una disidencia de las FARC, otra del ELN y una organización de narcotráfico local— libran desde noviembre de 2025 una guerra de drones por el dominio de esa región de producción cocalera.

Por eso, el costo de este capítulo sangriento no cabe solo en los registros oficiales. Carolina Barrios, politóloga vinculada a la Campaña Colombiana contra las Minas, sostiene que el daño más profundo ha sido menos visible: escuelas y comercios que han tenido que suspender sus actividades sin previo aviso. Niños y adultos traumatizados.

La exposición repetida a explosiones, sobrevuelos y amenazas ha reproducido los reportes de insomnio, ansiedad y otros efectos psicológicos, especialmente entre los menores de edad.

Los ataques con drones suelen ser muy imprecisos. Hay muchos errores y golpean infraestructura cercana a viviendas donde hay civiles

Elizabeth Dickinson — analista del International Crisis Group

Elizabeth Dickinson refrenda la idea de que los drones son un armamento tan sanguinario para la población como lo han sido las minas antipersona en el conflicto armado interno colombiano. “Suelen ser muy imprecisos. Hay muchos errores y golpean infraestructura cercana a viviendas donde hay civiles”.

Se suma, además, que las estadísticas oficiales están divididas: la Aeronáutica Civil, autoridad oficial responsable del espacio aéreo, y las Fuerzas Militares mantienen bases de datos paralelas que provocan un doble conteo o que se registren muchos menos episodios de los realmente acontecidos, según afirma Barrios.

Debido a la fragmentación, muchos incidentes violentos se etiquetan simplemente como “artefactos explosivos improvisados”, sin aclarar si se usaron drones. Todo ello se traduce en un vacío que impide seguir con más precisión la cadena de suministro de las armas o crear leyes para arrinconar el acceso criminal a estos instrumentos.

Radares viejos, respuestas tardías

A la fragmentación de los datos oficiales se añade un cierto desajuste técnico de los equipos. Barrios asegura que los radares de la Fuerza Aérea Colombiana han sido diseñados para detectar enemigos convencionales: se trata de una red de vigilancia que un dron comercial como el DJI Mavic 3 puede atravesar sin ser detectado. El uso de inhibidores de señal o jammers, por su parte, tampoco ofrece una salida clara. Y su despliegue abre un dilema legal debido a la interferencia que causan en las telecomunicaciones civiles.

Para Jorge Mantilla, doctor en Criminología por la Universidad de Illinois en Chicago, el error de raíz se halla en el enfoque. “Existe una obsesión con adquirir tecnología, armas y dispositivos de punta, sin incorporar esa innovación a una estrategia de seguridad amplia”.

La desconexión, a su juicio, se agrava por el diseño institucional del sector de la defensa. Mientras el Ejército se mantiene como el componente más pesado del gremio, los servicios de inteligencia quedaron debilitados con el cambio de orientación impulsado por la Administración del izquierdista Gustavo Petro. Para Mantilla, esta suerte de “hipertrofia militar” perpetúa métodos y abordajes rígidos frente a la naturaleza cambiante del conflicto actual.

Lo anterior es evidente en el discurso oficial. En los últimos años, el Gobierno colombiano ha sustituido la etiqueta tradicional de “guerrilleros” o “subversivos” por el término “narcoterroristas” para referirse a estos grupos organizados violentos cuyo discurso político se ha ido evaporando. Sin embargo, en opinión de Mantilla, la estrategia de las Fuerzas Militares sigue midiendo el éxito en número de bajas, capturas e incautaciones. Es decir, operando bajo la premisa de que el enemigo todavía se atrinchera en grandes campamentos armados como en el siglo pasado.

Existe una obsesión con adquirir tecnología, armas y dispositivos de punta, sin incorporar esa innovación a una estrategia de seguridad amplia

Jorge Mantilla — doctor en Criminología por la Universidad de Illinois en Chicago

Frente a este escenario, las respuestas institucionales llegan a destiempo. Durante el mandato del progresista Gustavo Petro se desplegó un nuevo batallón especializado antidrones. Los expertos señalan que se trata de una unidad limitada en alcance y recursos, pese a que los contratos para su consolidación ascendieron hasta los 21 millones de euros.

En la otra acera, el actual presidente de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, ha respondido recientemente con un enfoque restrictivo, anunciando trabas aduaneras a la importación de las piezas necesarias para ensamblar los dispositivos. Y la Armada ha informado esta semana de la adquisición de nuevos sistemas antidrones por un valor de algo más de un millón y medio de dólares a la empresa australiana DroneShield.

Está claro que hoy la amenaza proviene de lo que Mantilla denomina “grupos de interés”: estructuras que ya no dependen de ejércitos numerosos escondidos en la selva o en las montañas, sino que se infiltran directamente en pueblos y veredas. El combate abierto entre tropas y guerrilla, indica el analista, ha dejado paso gradualmente a una violencia más selectiva: ataques con drones, masacres dirigidas contra líderes específicos o de intimidación constante de la población civil.

Así, un dron atacó el 16 de septiembre el radar 3D de la Aeronáutica Civil en Candelaria (Valle del Cauca), el primer sistema de este tipo instalado en el país. La estructura, inaugurada en julio de 2025, sufrió al menos cuatro explosiones. Las autoridades atribuyeron el ataque a disidencias de las FARC. No hubo heridos, pero el mensaje quedó claro: ni la infraestructura civil de vigilancia aérea está a salvo.

De la selva colombiana a Ucrania

Entre tanto, la siguiente fase de esta guerra asimétrica ya opera en la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Informes de inteligencia militar confirman que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene allí una “academia” clandestina de aviación no tripulada. El programa, iniciado en 2025, cuenta con un nivel técnico avanzado: adiestra a combatientes para coordinar enjambres de drones automatizados mediante inteligencia artificial, capaces de ejecutar bombardeos simultáneos con granadas de mortero.

Además, la conexión llega hasta Ucrania. Una reciente investigación de The Financial Times documentó que diversas redes criminales colombianas han enviado combatientes a Europa con un objetivo explícito: absorber la doctrina militar más avanzada en el manejo de estos dispositivos. En el frente sur, exparamilitares, exguerrilleros y exsoldados combaten bajo la misma bandera contra las fuerzas rusas en la provincia de Zaporiyia.

Allí, según confirmó un piloto colombiano al diario londinense, los combatientes sudamericanos empotrados en las filas ucranianas tienen una prioridad: el ensamblaje de drones FPV —aparatos de ataque con cámara, tan rápidos y maniobrables que resultan muy difíciles de derribar— y técnicas de encriptación de comunicaciones de alta seguridad. Un conocimiento táctico que, según esta información, las mafias locales ya están en proceso de importar para replicar en Colombia.

La Audiencia Nacional ha acordado la libertad provisional de un hombre investigado por su participación en la descarga de 1.617 kilos de cocaína intervenidos el pasado 10 de agosto en Muxía (A Coruña), al considerar que la prisión provisional era desproporcionada y que su disponibilidad para el proceso puede asegurarse con medidas cautelares menos gravosas.

Según recoge Europa Press, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó, en un auto del pasado día 18 de septiembre, el recurso presentado contra el ingreso en prisión provisional de uno de los investigados y ha acordado su puesta en libertad con obligación de comparecer, 'apud acta' los días 1 y 15 de cada mes, prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte, si lo tuviese.

La resolución señala que existen “indicios objetivos” de la participación del investigado en las labores de descarga de la sustancia estupefaciente, aunque precisa que, en la investigación, no se le atribuye otro papel que el de “porteador” en la operativa de desembarco.

Las diligencias practicadas apuntan a la existencia de una organización criminal asentada en Muxía dedicada a prestar apoyo logístico a distintas organizaciones narcotraficantes para introducir importantes cantidades de cocaína por vía marítima.

La investigación permitió vincular a esta organización con varias operativas de tráfico de drogas desarrolladas entre 2025 y 2026. En la madrugada del 10 de agosto, la actuación policial culminó con la intervención de 49 fardos de cocaína, con un peso aproximado de 1.617 kilos, en la costa de Muxía.

Respecto al investigado, la Audiencia Nacional ha indicado que existen indicios racionales de su participación en la operativa, formando parte del dispositivo humano desplegado para la recepción, descarga, transporte y ocultación de la sustancia estupefaciente, actuando de forma coordinada con otros integrantes de la organización y contribuyendo al éxito de la introducción de la droga en territorio nacional.

Con todo, la Sala ha indicado que el auto que acordó la prisión provisional no valoró de forma concreta los fines que justificaban esta medida. En particular, ha señalado que el Ministerio Fiscal fundamentó de forma genérica el riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena, pero que ni el auto recurrido ni el Ministerio Fiscal entraron a valorar las circunstancias personales del investigado.

En este sentido, la Audiencia Nacional destaca que es nacional español, tiene domicilio conocido y arraigo familiar. “En base a ello apreciamos que las posibilidades de eludir la acción de justicia, aunque no son nulas, son limitadas, puesto que no consta que el investigado posea una infraestructura que le permita ”huir“ en sentido estricto, abandonando el entorno familiar y social con el que cuenta, y se desconocen otros vínculos que pudieran facilitarle la huida, por lo que ese riesgo de fuga extraído de la pena que se le puede llegar a imponer, puede conjurarse con otras medidas cautelares menos gravosas”, ha recalado la sala.

Asimismo, ha considerado aminorado el riesgo de reiteración delictiva debido a que “quedó al descubierto la operativa delictual” en la que presuntamente participaba el investigado.

Por todo ello, ha concluido que la prisión provisional resulta desproporcionada y que la disponibilidad del investigado puede garantizarse mediante medidas cautelares menos gravosas.