Cualquier ciudadano que haya necesitado un medicamento financiado por el Sistema Nacional de Salud habrá visto a su farmacéutico cortar el cupón de la caja con un cúter y pegarlo con celo en una hoja. El fin de este proceso cotidiano, y arcaico, en las farmacias es trasladar la información a la administración que asume una parte o la integridad del coste del fármaco. Este sistema tiene los días contados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. La norma incluye la sustitución progresiva de ese cupón precinto por un identificador único que “permitirá avanzar hacia un modelo más digital para la gestión de la prestación farmacéutica, simplificando procedimientos administrativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de información”, indican desde el departamento que dirige Mónica García.

La reforma, señalan, “adapta el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualiza determinados aspectos de su funcionamiento, para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información en las administraciones sanitarias”.

El identificador que irá incorporándose en los envases permitirá “comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad”. Así, se espera que suponga una barrera más a la entrada al sistema legal de fármacos falsificados en cualquier punto de la cadena de distribución.

Una nueva ley de organizaciones de pacientes

El Consejo de Ministros ha aprobado también el proyecto de ley de las Organizaciones de Pacientes, que “refuerza la participación de estas entidades en el desrrollo de las políticas sanitarias”. “Viene a cubrir una laguna jurídica”, ha indicado García.

La norma reconoce “derechos específicos de participción, información y representación institucional ante la Administración General del Estado” y mandata la participación de ocho representantes de estas organizaciones en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a realizar una inversión de 24,9 millones de euros en la empresa de animación canaria Anima Kitchent.

Se trata de una operación que se canalizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) con el objetivo de consolidar la inversión internacional, las capacidades industriales y el talento creativo en el sector audiovisual español.

Según ha informado el departamento ministerial, la inversión busca de igual modo potenciar el ecosistema audiovisual español en el ámbito de la animación para desarrollar y producir proyectos originales de largometrajes de gran calidad.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la empresa DNEG, perteneciente al grupo Prime Focus Group, un referente en efectos especiales y animación que cuenta con estudios en todo el mundo, más de 9.000 empleados y ocho premios Oscar.

Además, la operación se ha diseñado en colaboración con ReDefine Originals, una incubadora creativa del grupo DNEG dedicada al desarrollo, financiación y explotación comercial de contenido animado por computadora de alta calidad.

Por su parte, Anima Kitchent, nacida en 2014 y con sede en Las Palmas de Gran Canaria desde 2016, cuenta con una sólida experiencia en la creación, producción, distribución y marketing de entretenimiento infantil, además de presencia en plataformas digitales y de streaming.

Asimismo, la firma impulsa la formación y la transferencia de conocimiento en el sector mediante programas de máster en animación 2D y 3D.

275 empleos directos y 550 indirectos

La operación prevé la creación de 275 puestos de trabajo directos en los próximos cinco años y 550 empleos indirectos en el archipiélago.

La aportación de la SETT ayudará a reforzar los recursos tecnológicos de la productora para reducir tiempos y consumos energéticos, al tiempo que mejorará la infraestructura y la conectividad de la compañía canaria.

Finalmente, el Ministerio ha señalado que este proyecto se enmarca en la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub, una iniciativa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión a título póstumo de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a Jesús Fuentes Lázaro, que fuera el primer presidente de Castilla-La Mancha, entre diciembre de 1983 y mayo de 1983, con el Estatuto de Autonomía de la comunidad recién aprobado.

Lo ha comunicado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la toledana Milagros Tolón, compañera de filas en el PSOE, quien ha considerado que “este es un reconocimiento a su compromiso con Castilla-La Mancha y con los valores de igualdad, progreso y tolerancia que forjaron nuestra democracia”.

“Jesús fue siempre un socialista comprometido con la democracia, la libertad y el trabajo por el bien común”, ha señalado la titular de Educación.

“Hoy reconocemos a un referente del socialismo en Toledo y en nuestra comunidad autónoma, a un verdadero ejemplo de servidor público y, para muchos de nosotros, a un gran amigo”, ha indicado Milagros Tolón, que ha añadido que “su legado nos acompañará siempre”.

El 31 de mayo recibirá la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha

El político toledano recibirá también la Medalla de Oro de la comunidad autónoma a título póstumo el próximo domingo 31 de mayo, coincidiendo con el Día de la Región.

El Consejo de Ministros ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento el puente de Oreto ubicado en el término municipal de Granátula de Calatrava (Ciudad Real).

El Ministerio de Cultura, a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha, inició en mayo de 2025 el trámite del expediente para esta declaración, que supone la aplicación de esta categoría de protección, la máxima que establece la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

El puente de Oreto —también conocido como puente de Oretum o de Baebio Publio Venusto— es una infraestructura construida sobre el río Jabalón, a su paso por la actual Área Arqueológica de Oreto-Zuqueca, que fue declarada Bien de Interés Cultural por la comunidad autónoma el 1 de agosto de 2024.

A lo largo del tiempo, esta obra hidráulica ha experimentado diversas transformaciones. La estructura actualmente visible presenta una fábrica de mampostería irregular trabada con mortero, con elementos constructivos que encuentran paralelos en obras medievales e, incluso, modernas.

No obstante, es posible que se asiente sobre una cimentación de época romana, como se deduce de la presencia de elementos de sillería en la base de alguna de sus pilas.

El puente conserva diez arcos, dispuestos en dos tramos separados por una lengua de tierra o isla central, así como una calzada empedrada de unos 135 metros de longitud.

La construcción del embalse Vega del Jabalón entre los años 1989 y 1991 situó toda la estructura del puente en su interior, haciendo que sea más o menos visible en función de la situación hídrica del embalse. Desde el año 2017 el embalse no se ha llenado por completo, con lo que el puente ha quedado emergido hasta la fecha y, de hecho, es accesible a pie por el antiguo camino que permitía el cruce de la vega y el cauce del río Jabalón desde la ribera norte.

El deterioro sufrido por permanecer sumergido durante 40 años, combinado con episodios en los que la estructura ha quedado emergida, hacía necesario dotar de protección a este puente que ha desempeñado un papel clave en las comunicaciones históricas del sur de la Meseta.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la renovación del programa Cine Sénior, impulsado por el Ministerio de Cultura, que prorrogará durante un año más el sistema de entradas a dos euros para las personas de 65 años o más en las salas adheridas. La medida, que se extenderá desde julio de 2026 a junio de 2027, contará con un presupuesto de 11,5 millones de euros.

La dotación iguala la cuantía de la tercera edición del programa, que comenzó en junio de 2025 con un presupuesto inicial de 8,5 millones, y tuvo que ser reforzada en febrero –previo paso de urgencia por el Consejo de Ministros para que no se paralizara– con una ampliación de tres millones más. La nueva partida económica supone una ligera reducción respecto a los 12 millones que el Gobierno destinó a la segunda edición (entre mayo y diciembre de 2024), aunque consolida el salto respecto a la primera convocatoria, que contó con 10 millones.

Se confirma así lo anunciado por el ministro de Cultura Ernest Urtasun el pasado sábado en el Festival de Cannes, donde afirmó que la iniciativa conocida como 'martes sénior' estaba funcionando “muy bien” y permitiendo “dar mucha actividad a las salas en ciudades medias y pequeñas que probablemente no la tendrían”. “Estamos viendo cómo miles de personas mayores vuelven a llenar las salas de cine de nuestro país, y eso no solo es una buena noticia para el sector cinematográfico, también para la vida cultural y social de nuestro país”, añadió.

Qué son los 'martes sénior'

La iniciativa, realmente titulada ’Los martes al cine’, comenzó en julio de 2023 y tenía como objetivo devolver a las salas a uno de los públicos que más había abandonado el hábito tras la pandemia, los mayores de 65 años, de ahí que rápidamente empezara a ser conocida como los 'martes sénior’.

Su éxito fue contundente. La Federación de Exhibidores de cine cuantificó el aumento en la asistencia los martes en un 49% respecto al año anterior. Se pasó de 2,7 millones a cuatro millones de espectadores. Mejoró también un 23% respecto a 2019, año prepandémico y de gran asistencia a las salas. En total, en esos primeros meses casi un millón de espectadores se beneficiaron del programa.

En su segunda edición, según los datos del Ministerio de Cultura, la medida, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, supuso un incremento en más de 766.000 espectadores respecto a la primera edición. Un 82% más. Los martes se han consolidado como el tercer mejor día de la semana, por detrás del sábado y el miércoles. Además, la asistencia general a las salas de cine los martes de todo tipo de públicos, durante el periodo de la campaña 'Cine Sénior', se incrementó un 23% respecto a la edición del año anterior. Pasó de 4.092.992 espectadores totales los martes en 2023, a 5.051.848 espectadores totales los martes en 2024.

En su actual edición, activa hasta el próximo mes de junio, por primera vez se ha mantenido el programa durante 12 meses. En sus primeras 28 semanas, se han alcanzado los 1.579.923 espectadores. En 2025, según ha señalado Ernest Urtasun en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en 2025, Cine Sénior supuso el 33% de la taquilla española. El responsable ha incidido en la relevancia que el programa tiene sobre el cine español, ya que “la gran mayoría” de los beneficiarios del plan “ven películas españolas”.

Desde FECE decían el año pasado que, además, las películas que más se beneficiaban de este impulso eran españolas y europeas, por lo que repercutía a su vez en la industria nacional y en las películas que más lo necesitaban. Todo ello hizo que filmes dedicados al público adulto hayan visto cómo antes de esta medida su porcentaje de taquilla dependía en casi un 70% del fin de semana. En 2023 un 41.3% de la taquilla total del año se generó entre lunes y jueves, lo que muestra que el flujo de asistencia a cierto tipo de cine se ha movilizado a los días de diario por medidas como esta.

El Gobierno central ha aprobado este martes una inversión total de 110 millones de euros a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para planes integrales de empleo en tres comunidades autónomas: 50 para Andalucía, 45 para Canarias y 15 para Extremadura.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha impulsado estas subvenciones, ha indicado tras la reunión el Consejo de Ministros que el objetivo es combatir el paro y mejorar el empleo.

Para Canarias, el texto contempla el desarrollo de una política activa de empleo más ágil, territorializada y con fuerte contenido social y la priorización de la atención a colectivos vulnerables como mujeres con baja empleabilidad, jóvenes sin experiencia, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con discapacidad y personas desempleadas de larga duración y del ámbito rural.

Asimismo, se impulsará una formación profesional más cercana al tejido productivo y alineada con la economía verde, digital, azul y creativa, y se fomentarán el emprendimiento, la innovación local y los proyectos colaborativos de empleo en sectores estratégicos.

Para Andalucía -actualmente en campaña electoral- se fomentará el empleo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, especialmente en áreas de especial protección como el entorno de Doñana.

El departamento que dirige Yolanda Díaz ha indicado que el Real Decreto aprobado este martes regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2026.

En los tres casos serán objeto de financiación las actuaciones que se concreten en los correspondientes convenios que se formalicen entre el SEPE y las comunidades autónomas.

En Andalucía se incluyen incentivos a la contratación para el afloramiento de la economía sumergida, así como el desarrollo de planes de empleo social en actuaciones coordinadas con las distintas administraciones públicas para mejorar la empleabilidad de los colectivos especialmente vulnerables, actuaciones para la promoción y el mantenimiento del empleo autónomo y de servicios de apoyo a la creación de empresa.

También, actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas desempleadas

En Extremadura se destinarán esos 15 millones de euros a generar empleo de calidad y riqueza; mejorar la calidad del empleo; desarrollar la empleabilidad a través de políticas activas de empleo renovadas; fomentar la inclusión y diversidad; potenciar y consolidar los sectores estratégicos; estimular la transformación digital y mejorar el Servicio Público de Empleo. 

El Gobierno pretende que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. Y para ello, lo ha impuesto a las Comunidades Autónomas como condición indispensable del Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes en Consejo de Ministros, que prevé una inversión de 7.000 millones hasta 2030, el triple que en el periodo anterior. No es la única condición que impone a la hora de aprobar las transferencias territoriales que deben impulsar la vivienda pública en España.

Además, el Gobierno exige a las Comunidades que compartan más datos sobre vivienda y faciliten información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real. Además, les exige que cofinancien en un 40% este plan e incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante. La cláusula “estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables”.

Por ahora, la primera Comunidad Autónoma en oponerse a este plan ha sido Madrid, cuyo consejero de Vivienda, ha rechazado los requisitos, ha asegurado que el Ministerio “invade competencias” y ha lamentado que “o haces lo que el Gobierno dice, o no hay dinero”. Sin embargo, fuentes de la Comunidad aseguran que “el voto no se dirimirá hasta que no se celebre la conferencia sectorial” de presidentes autonómicos el próximo mes de mayo.

¿Cuánto irá destinado a vivienda pública?

El principal objetivo del plan pasa por fomentar la vivienda pública, con una inversión prevista de 2.800 millones, el 40% de toda la inversión, destinada a este fin. Gran parte de estos fondos irán a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), mediante colaboración público-privada, puesto que el Estado contratará a las constructoras y les cederá suelo para esta ampliación. Una parte se destinará también a habilitar vivienda vacía. Estos 2.800 millones serán ejecutados por las Comunidades Autónomas, ya que la construcción de vivienda pública a cargo del Estado la centralizará Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda que se debe autofinanciar con fondos propios.

Del resto de inversión, un 30% se dedicará a la rehabilitación de vivienda, o sea, unos 2.100 millones de euros para mejorar el estado y la eficiencia energética de las viviendas. Los 2.100 millones restantes se repartirán en otras partidas como las que destinarán ayudas de hasta 8.000 euros para actuaciones estructurales en vivienda, de 13.000 para mejorar la accesibilidad. El Gobierno premiará también a los propietarios que cedan vivienda al alquiler asequible e invertirá 12.000 euros en la reforma de esta vivienda y 18.000 más para devolverla en condiciones óptimas al propietario.

También se repartirán ayudas para construir vivienda pública de venta en municipios de menos de 10.000 habitantes con el objetivo de repoblar zonas rurales. Y, por último, se concederán ayudas para vivienda a familias vulnerables y a víctimas de violencia machista.

Cuánto irá a cada Comunidad

El nuevo plan ha hecho una estimación de, con una aportación del 60% del Estado y un 40% de las comunidades, cuánto debe invertir cada Comunidad en vivienda hasta 2030. Andalucía será la que contará con más fondos si se acoge al Plan, con 1.197 millones, 876 millones más que en el plan 2022-2025, mientras que la Comunidad de Madrid se acerca mucho a estas cifras con 1.113 millones que suponen 815 millones más. Catalunya es la tercera comunidad que más fondos recibirá, con 1.015 millones de euros, 473 millones más que en el anterior plan.

La Comunidad Valenciana recibirá 798 millones (557 más), Galicia 399 (292 más); Castilla y León, 378 millones (276 millones más); Canarias, 371 millones (271 millones más); Murcia, 308 millones (257 millones); Castilla-La Mancha, 280 millones (205 millones más); y Aragón, 266 millones (195 millones más). Para Asturias irán 231 millones (174,7 millones más que en el plan anterior); para Extremadura, 210 millones (153,7 millones más), a las Baleares le corresponden 168 millones (123 millones más); a Cantabria, 133 millones (97,3 millones más) y La Rioja, 119 millones, (85,4 millones más).

Una de las novedades que presenta este Plan Estatal es que las transferencias a las Comunidades Autónomas se harán con base en unos objetivos a cumplir, unos mínimos que los territorios deben garantizar para recibir su parte. La primera de las tres condiciones es que la vivienda que se construya o proteja con estos fondos deberá estar permanentemente protegida, con tal de que no se dediquen a la especulación. La segunda condición es que las comunidades se comprometan a aportar un 40% de los fondos necesarios para la vivienda asequible. Y la tercera es que los territorios se comprometan a ofrecer datos fiables sobre el mercado de la vivienda en todos sus sentidos.

La reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) mediante el Real Decreto 301/2026 llega a la esfera pública con una mezcla inevitable de oportunidad y reproche. Oportunidad, porque España recupera —al menos sobre el papel— uno de los pocos instrumentos institucionales capaces de ordenar e impulsar las políticas de sostenibilidad empresarial en un momento crítico. Reproche, porque lo hace tras más de una década de inacción en la que ese mismo instrumento quedó, sencillamente, abandonado en un cajón administrativo.

No conviene edulcorar el diagnóstico. El Consejo, creado con ambición en 2008, celebró su última reunión efectiva en 2015. Desde entonces, el mundo ha cambiado radicalmente. Mientras la Unión Europea desplegaba un denso entramado normativo sobre información de sostenibilidad, la Directiva de Diligencia Debida o los nuevos criterios de sostenibilidad —taxonomías— para la transición ecológica, España mantenía en estado latente su principal órgano de gobernanza en materia de responsabilidad social. No ha sido una cuestión menor ni un simple olvido burocrático; ha sido la constatación de una alarmante falta de prioridad política en un ámbito que hoy se reconoce como estratégico para el futuro del nuestro modelo económico.

El nuevo Real Decreto, aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada, intenta corregir esta anomalía. Y lo hace con cambios que, en su diseño, resultan acertados. En primer lugar, refuerza el carácter del Consejo como órgano de participación institucional, manteniendo esa composición cuatripartita que integra administraciones públicas, organizaciones empresariales, sindicatos y representantes de la sociedad civil. Es esta pluralidad la que otorga legitimidad a cualquier política de RSC que aspire a ser algo más que un ejercicio de relaciones públicas.

En segundo lugar, el decreto actualiza las funciones del CERSE para alinearlas con las exigencias del siglo XXI: la elaboración de informes sobre la calidad de la información de sostenibilidad, la emisión de dictámenes sobre proyectos normativos y su constitución como un observatorio real de la responsabilidad social en España. Sobre el diseño, poco que objetar. Sin embargo, la historia nos enseña que el problema en nuestro país nunca ha sido el diseño de las instituciones, sino la voluntad real de dotarlas de vida.

España no carecía de un Consejo de RSC; lo que ha faltado es voluntad política para activarlo y convertirlo en un espacio de conflicto constructivo y utilidad social. Durante años, la RSC ha quedado atrapada entre dos extremos estériles: la retórica corporativa de los departamentos de marketing, plagada de compromisos grandilocuentes pero escasamente verificables, y una ausencia de estructura pública capaz de exigir coherencia. El resultado ha sido la proliferación de informes de sostenibilidad impecables en su maquetación, pero desconectados de la realidad laboral interna de las compañías.

La reactivación del Consejo no se produce en un vacío. El contexto actual es de una hostilidad creciente hacia la agenda de sostenibilidad. Observamos con preocupación un escenario de repliegue alentado por corrientes políticas reaccionarias —el auge del “trumpismo” y sus ecos europeos— que están empujando a una parte del mundo empresarial a revisar sus compromisos en diversidad, transición climática y derechos humanos. Hay una presión orquestada para trasladar la idea de que la responsabilidad social es un “lujo prescindible” o, peor aún, una desventaja competitiva frente a modelos de capitalismo autoritario o extractivo.

El Consejo debe ser el dique de contención frente al 'greenwashing' —lavado de imagen verde— y el socialwashing —lavado de 'imagen social'— que amenazan con desvirtuar décadas de avances

Es precisamente en este contexto adverso donde instrumentos como el CERSE adquieren su mayor sentido. No deben ser espacios decorativos para la foto del consenso, sino mecanismos de aceleración y orientación capaces de sostener las políticas de sostenibilidad cuando el viento deja de soplar a favor. El Consejo debe ser el dique de contención frente al greenwashing —lavado de imagen verde— y el socialwashing —lavado de imagen social— que amenazan con desvirtuar décadas de avances.

El decreto apunta hacia líneas de actuación que podrían tener un efecto práctico relevante: el impulso de cláusulas sociales en la contratación pública, el fomento de alianzas para la integración de riesgos climáticos y la futura creación de un sello de responsabilidad social. Pero seamos claros: ninguna de estas herramientas será efectiva si no se acompaña de exigencia, seguimiento y, sobre todo, de participación efectiva.

La responsabilidad social en España necesita que los trabajadores dejen de ser meros espectadores de los compromisos de sus empresas. La verdadera RSC empieza de puertas para adentro. No hay sostenibilidad posible si no hay trabajo decente, si no hay igualdad real o si se ignora la voz de la representación sindical en la definición de la estrategia empresarial. La sostenibilidad no puede ser un anexo al informe anual; debe ser un elemento central del modelo de gestión, evaluable por los propios trabajadores y por la sociedad a la que la empresa sirve.

La pregunta que queda en el aire tras la aprobación de este Real Decreto es obligatoria: ¿Tiene este nuevo Consejo capacidad real para desempeñar un papel transformador o estamos ante un simulacro de reactivación que llegará tarde y se quedará en la superficie?

La historia reciente demuestra que la existencia formal de un órgano no garantiza su impacto. El CERSE necesita una agenda clara, recursos suficientes y, por encima de todo, una voluntad política sostenida en el tiempo que trascienda la legislatura. Pero también exige el compromiso y la implicación real de los cuatro grupos que lo componen —organizaciones empresariales, sindicatos, sociedad civil y las distintas administraciones—, pues sin su corresponsabilidad el Consejo puede ser un caparazón vacío. El Real Decreto 301/2026 abre una puerta que llevaba sellada una década. Lo que está por ver es si existe la valentía real de cruzarla para construir una economía más justa, responsable y sostenible.

El Gobierno aprobará este martes la esperada regularización extraordinaria que concederá los papeles a cerca de medio millón de personas, según sus estimaciones. Cientos de miles de migrantes esperaban desde hace meses el momento para empezar a presentar las peticiones, lo que de facto suspenderá sus procedimientos de expulsión. Ya tenemos fecha de entrada en vigor: este 16 de abril, el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A continuación, respondemos con detalle una serie de preguntas y respuestas claves para quienes estén interesados en acogerse a la regularización extraordinaria. Las respuestas se basan en el último borrador del texto de la medida, el mismo que será aprobado este martes en el Consejo de Ministros, según aseguran a elDiario.es fuentes gubernamentales.

¿Dónde puedo registrar la solicitud de regularización extraordinaria?

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática (a través de la plataforma 'Mercurio', ya sea de manera individual, por apoderamiento o mediante representantes o apoyo de entidades colaboradoras). Las personas sin papeles, al no tener documento electrónico, no pueden acceder por su propia cuenta a la vía telemática, por eso será tan importante que funcionen bien los puntos físicos habilitados, así como la posibilidad de hacerlo a través de intermediarios. La vía on line estará operativa 24 horas, 7 días a la semana.

El Gobierno va a habilitar nuevas oficinas públicas en distintos puntos de España, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”. Estos puntos presenciales buscan evitar que unas personas tengan más difícil que otras el acceso a la regularización en función de dónde vivan, ya que Correos cuenta con oficinas de Correos en todo el territorio español, según el texto normativo. En el despliegue extraordinario participarán 372 oficinas de Correos, 60 oficinas de Seguridad Social y 5 oficinas de Extranjería habilitadas.

¿Cuándo empieza? ¿Cuándo puedo presentar mi expediente?

¿Quiénes pueden optar a la regularización extraordinaria?

Hay dos grandes grupos de beneficiados, con un procedimiento específico para cada uno de ellos. En primer lugar, las personas en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. 

El otro colectivo afectado son los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

En todos los casos, deben carecer de antecedentes penales en España y en sus países de origen, así como no ser considerado “un riesgo para la seguridad y el orden público” -algo que determinará un informe policial, que será evaluado por el personal del Ministerio de Migraciones).

Si soy solicitante de asilo, ¿qué requisitos tengo que cumplir? 

Los solicitantes deben acreditar haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026, a través de cualquier medio de prueba válido, y probar la inexistencia de antecedentes. También hay que presentar un documento identificativo, sin importar que esté caducado o en vigor. 

Como solicitante de asilo, ¿debo renunciar al procedimiento de protección antes de pedir la regularización?

No es necesario renunciar antes de registrar la petición, pero sí después de recibir una respuesta positiva. Los solicitantes de asilo que aún no hayan recibido una respuesta a su petición o a su recurso no tienen la obligación de renunciar al procedimiento de la protección internacional antes de solicitar la regularización extraordinaria. 

Si la respuesta a esta última petición es positiva, entonces sí debe desistir al asilo antes de pedir la tarjeta de identificación de extranjero ligada al permiso de residencia extraordinario, según la última versión del texto normativo. 

Y si estoy en situación irregular, ¿cuáles son los requisitos?

En función del supuesto en que se encuentre, hay requisitos generales y particulares. En general, debe presentar documentos que acrediten tanto haber entrado antes del 1 de enero de 2026, haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales. 

Para acreditar los plazos de entrada y permanencia en España, será posible presentar “cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad”. Es decir, en este aspecto hay flexibilidad y las posibilidades van mucho más allá del habitual certificado de empadronamiento: documentos de identidad o pasaportes -en vigor o caducados-, facturas de la luz, partes médicos, diplomas de formaciones, papeles de servicios sociales o actividades municipales en las que se haya participado…

Esta regularización se puede pedir por tres motivos distintos: laboral, familiar o situación de vulnerabilidad. En función del supuesto en que se encuentra, se añaden otros requisitos más específicos. 

¿Cuáles son las exigencias en función de esos supuestos?

¿Qué es eso del informe de vulnerabilidad? ¿Dónde se puede pedir y quiénes lo deben presentar?

Es un informe nuevo, distinto a los habituales “informes de integración” de los servicios sociales, que deberá realizarse “a través de un modelo específico”, elaborado por el Ministerio de Inclusión. Se trata de un documento que acreditará la vulnerabilidad que sufren los migrantes por el hecho de vivir sin papeles: mayores dificultades para acceder a un trabajo estable, a la vivienda, etc. Además de las entidades competentes en materia de asistencia social de las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha habilitado un registro de ONG especializadas en extranjería que también tendrán capacidad de emitirlos. 

Se trata de las entidades del Tercer Sector inscritas en el nuevo “Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, regulado mediante una orden interna el pasado 2 de marzo, de la que el Gobierno dará más información en las próximas horas. 

¿Cómo acredito que no tengo antecedentes penales?

Las autoridades de mi país suelen tardar muchísimo en enviar este tipo de certificados de antecedentes y temo que no me llegue a tiempo. Si he pedido el certificado a las autoridades de mi país, no me responden y se acerca la finalización del plazo de la regularización. ¿Qué puedo hacer?

La norma abre una vía excepcional para dar un poco más de margen a estos casos, porque es muy habitual que las autoridades de determinados países tarden meses en enviar este tipo de documentos. 

Si acredita que ha pedido el certificado y ha transcurrido un mes sin recibir respuesta, puede solicitar que el Gobierno español intente recabarlo por vía diplomática. Para activar esta vía, debes adjuntar a tu solicitud de residencia el justificante de haber solicitado el certificado a las autoridades de tu país, una declaración responsable (en un modelo específico) donde manifieste formalmente que ha pasado un mes y aún no ha recibido respuesta; y, por último, una autorización para que las autoridades españolas puedan pedir sus antecedentes en su nombre. Este documento tiene que presentarse en español y también en el idioma del país que deba emitir el certificado.

Tras ello, el trámite quedará suspendido por un “plazo máximo de tres meses”, mientras España intenta conseguir dicha información por la vía diplomática. Pero si transcurren esos tres meses y el Gobierno español tampoco consigue por su cuenta el certificado, se le notificará y, como última oportunidad, se exigirá al solicitante que aporte el certificado oficial en un último plazo de 15 días. Si no se entrega entonces, la solicitud de regularización será suspendida aunque no sea su responsabilidad, sino de la inoperancia de la administración correspondiente. 

¿Cómo puede pedir la regularización en mi nombre otra persona?

Es posible autorizar a una tercera persona o profesional para que presente la solicitud telemática en su nombre. Esto incluye, además de los abogados, a las ONG inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, las cuales están legitimadas para la presentación electrónica de trámites, lo que supone una vía segura, especialmente para personas vulnerables que pueden ser objeto de abusos. 

Por lo tanto, no necesita hacerlo usted mismo desde un ordenador si carece de firma electrónica. Bastará con reunir la documentación obligatoria rellenando el modelo específico (que estará disponible en las webs de los ministerios implicados) y acudir presencialmente a una de estas oficinas públicas u organizaciones colaboradoras, donde se encargarán de realizar el envío telemático por usted. 

Veo algún anuncio de abogados de extranjería que urgen a pagar mucho dinero y meten miedo diciendo que es imprescindible hacer el trámite a través de un profesional. ¿Es normal?

Ojo. Solicitar los servicios de un abogado colegiado a cambio de dinero siempre es una opción si se quiere reducir tiempo o se trata de casos muy complejos, pero no es imprescindible. Este proceso de regularización cuenta con distintas posibilidades para presentar la solicitud sin desembolsar grandes cantidades de dinero, sea a través de las oficinas públicas o con el apoyo de las ONG habilitadas para este fin. El Movimiento Regularización Ya está realizando también distintas charlas o talleres para informar sobre los trámites a seguir. 

En todo caso, si alguien le dice que pagar un servicio jurídico es un requisito fundamental para presentar su regularización, huya. Le está engañando. 

¿Qué pasa con los hijos menores que están acompañados por sus familias?

Los padres, madres o tutores que soliciten la regularización extraordinaria deberán presentar “de forma simultánea” la solicitud de autorización de residencia para sus hijos menores, o mayores con discapacidad que requieran apoyo, que se encuentren en España. Ambas solicitudes se resolverán al mismo tiempo y, en caso de obtener una respuesta positiva, los niños y adolescentes obtendrán un permiso de cinco años de duración, en vez de la autorización de un año recibida por los adultos. 

Estos casos se resolverán a través de la vía general de menores acompañados, pero flexibilizando mucho sus requisitos. Para los menores nacidos en España, se exime de la exigencia de presentar esta petición a los seis meses posteriores a su nacimiento. Para los nacidos en el extranjero, solo se pide acreditar por cualquier medio que el menor “ha permanecido en España de forma ininterrumpida” durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud (se evita así demostrar los habituales dos años de permanencia previa, así como de disponer de los medios económicos y del alojamiento adecuado que habitualmente se exigen para la reagrupación familiar).

¿Qué tipo de permiso concede la regularización extraordinaria?

La autorización inicial es temporal y tiene una vigencia de un año. Este permiso permitirá residir y trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en cualquier parte del territorio español y en cualquier ocupación o sector. 

¿Qué pasará cuando pase el año? ¿Se puede prorrogar?

Sí, se podrá modificar la autorización extraordinaria a un permiso por la vía ordinaria, si se cumplen con los requisitos, que incluye encontrarse trabajando en España o haberlo hecho durante un tiempo determinado. 

Si no se cumple con este requisito, el permiso podrá ser prorrogado por año extra por la vía extraordinaria siempre que el solicitante esté en búsqueda activa de empleo e inscrito en el servicio público de empleo, o haya aportado un “informe favorable de esfuerzo de integración” emitido por la comunidad autónoma que corresponda.  

Creo que tengo todo preparado… ¿pero qué pasa si falta algún papel y no me he dado cuenta?

Si presenta la solicitud y falta alguna documentación o está incompleta, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería le enviará un requerimiento formal para que subsane los problemas detectados, según la norma. Se le indicará qué es lo que falta y se le dará un plazo específico para añadirlo, que no podrá ser superior a 15 días. Si sobrepasado el tiempo establecido no envía la documentación solicitada, la petición quedará archivada. 

Si ya están saturadas las oficinas de extranjería y es tan difícil conseguir cita, ¿cómo se va a poder gestionar este pico de peticiones?

Las solicitudes de la regularización extraordinaria irán por otro canal, aseguran fuentes de Migraciones. No dependerán de las oficinas de extranjería (dependiente del Ministerio de Política Territorial con implicación de Interior) sino por la Unidad de Tramitación de Extranjería (responsabilidad de Migraciones). Según fuentes ministeriales, habrá un refuerzo de 550 empleados de personal de tramitación y atención, Habrá unas 450 oficinas habilitadas en todo el territorio y más de “150 entidades colaboradoras y profesionales habilitados”.

La regularización extraordinaria mantendrá la esencia planteada por el movimiento ciudadano que impulsó la medida, al menos sobre el papel. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que permitirá la salida de la clandestinidad de alrededor de 500.000 personas, según los cálculos oficiales. Pese a que algunas de las modificaciones propuestas por el Ministerio del Interior pretendían acotar el alcance de la medida, el texto definitivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene las bases del primer borrador, aunque añade un nuevo requisito para justificar la vulnerabilidad ligada a la irregularidad y endurece parcialmente las opciones para probar la carencia de antecedentes penales. Eso sí, mantendrá una vía para apoyar a los migrantes a certificar que no han cometido delitos en caso de que sus países de origen no se lo faciliten.

La norma entrará en vigor el próximo 15 de abril, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto que llega este martes al Consejo de Ministros mantiene el caracter amplio de la medida y sus requisitos principales: podrán acogerse, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. Por otro, los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Tras las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, la mayoría trasladadas por el Ministerio del Interior, el Gobierno ha incluido una serie de cambios que afectan más a los métodos de prueba de algunos de los requisitos que al fondo de la normativa, según aseguran fuentes gubernamentales, que consideran que se trata de modificaciones de caracter “técnico”. Entre las novedades, el Ejecutivo ha incluido una nueva condición que, aunque ya se llegó a plantear durante las negociaciones con Podemos y en las reuniones mantenidas con colectivos sociales, aún no había sido confirmada: un informe social para probar la situación de “vulnerabilidad” que conlleva vivir en España sin permiso de residencia.

El último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria -que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias-. Por un lado, la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, es decir, probar encontrarse en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Es en este punto donde será necesario aportar el nuevo informe social.

Informe para las personas sin papeles

Como el primer borrador no especificaba cómo se tendría que acreditar dicha vulnerabilidad, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, había aclarado en diversas ocasiones que la propia situación de irregularidad administrativa se entendería por sí misma como condición de vulnerabilidad, por lo que no haría falta justificar dicha situación. Sin embargo, el Consejo de Estado solicitó al Gobierno una mayor concreción y un método para probar este supuesto.

Finalmente, la solución encontrada por el Gobierno, en conversación con el movimiento Regularización YA y distintas ONG especializadas, ha sido la exigencia de presentar un nuevo informe social que “a través de un modelo específico” permita acreditar la vulnerabilidad extra que sufren los migrantes solicitantes por el hecho de vivir sin papeles. Además de las “entidades competentes en materia de asistencia social” de las comunidades autónomas (cuya emisión de este tipo de informes adolece en ocasiones de trabas o grandes retrasos), el Ejecutivo ha abierto una nueva vía inédita hasta el momento para emitir este tipo de documentos.

“Podrán acreditar también dicha situación las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, indica el texto de la medida. El Gobierno ha creado así un registro amplio de ONG especializadas en extranjería que estarán habilitadas para desarrollar estos informes de “vulnerabilidad”, lo que evita la exclusión de quienes se podrían encontrar con obstáculos para cumplir dicho trámite a través de los servicios sociales autonómicos o municipales, un problema mencionado habitualmente por los migrantes que intentan solicitar permisos de residencia por la vía del arraigo.

Aunque Interior había solicitado reducir en parte la flexibilidad de los medios de prueba con los que los migrantes sin papeles pueden probar los cinco meses de residencia continuada en España, el último texto normativo la mantiene. Según el real decreto, podrán demostrar su permanencia en el país con cualquier medio de prueba, como facturas de la luz, certificados médicos, participación en actividades municipales, formaciones o documentos caducados (el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazaba específicamente que pudiesen presentar documentos expirados) siempre que incluyan el nombre completo del solicitante.

Esta flexibilidad en los métodos de prueba es clave para la población en situación irregular, que se enfrenta a menudo a muchas trabas para realizar trámites como el empadronamiento, por lo que permitir un amplio abanico de documentos puede evitar la exclusión de miles de personas, según los colectivos sociales. 

Carencia de antecedentes

Lo que sí ha endurecido el Gobierno, de manera parcial, es el procedimiento para justificar la falta de antecedentes penales. Pese a los distintos bulos difundidos por la derecha, todos los borradores de la normativa han incluido como requisito para acceder a la regularización carecer de antecedentes penales.

El punto cuestionado por el Consejo de Estado y el Ministerio del Interior tenía que ver con la posibilidad planteada por el borrador inicial para probar la inexistencia de antecedentes penales en el país de origen en el caso de que el certificado no llegase a tiempo, dado que determinados países tardan en emitir este tipo de documentos meses o incluso años. Para evitar dejar fuera de la medida a quienes no logran recibir el certificado por los problemas de la administración de su país, el Ejecutivo planteaba una segunda vía para dar más margen y mayor flexibilidad: a través de una declaración responsable de falta de antecedentes, que abriría una segunda fase de comprobaciones diplomáticas por parte del Gobierno, mientras dichos expedientes continuaban su curso. En caso de demostrar finalmente que sí contaba con antecedentes, la Administración suspendería el permiso de residencia.

Tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Estado rechazaron la inclusión de esta opción tal y como aparecía redactada inicialmente. El Ejecutivo ha optado por mantener esta segunda fórmula para justificar los antecedentes penales en otro país, con el objetivo de evitar cerrar la puerta a miles de personas ante los previsibles retrasos de estos certificados internacionales. Sin embargo, el último texto endurece sus condiciones y limita el alcance de esta posibilidad, dejando paralizados temporalmente esos expedientes durante tres meses, que acabarán siendo rechazados si en un plazo determinado no se logra confirmar la falta de causas penales en sus lugares de origen.

Tampoco se permitirá suplir la justificación de la inexistencia de antecedentes penales en los casos de quienes demuestren haber vivido de forma continuada en el país durante los últimos cinco años, como había sido incluido en la redacción inicial de la norma. El Consejo de Estado consideró que “ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países”, por lo que finalmente el Ejecutivo ha eliminado esta posibilidad.

Oficinas de Correos habilitadas

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática. Las oficinas de extranjería no serán los principales espacios para presentar los expedientes, debido al colapso en el que se encuentran. Por ello, el Gobierno va a habilitar “oficinas públicas en todo el territorio nacional”, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”.

A las oficinas de Correos se les encomendará “tareas de apoyo y gestión” en el procedimiento a través de la presentación telemática de la solicitud de las autorizaciones, dado que las personas sin papeles no pueden optar por sí mismas a la vía online al carecer de documentación electrónica para acceder al sistema. “Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad”, indica el último borrador del real decreto.

Además, Inclusión encomendará al grupo TRAGSA el desarrollo de tareas administrativas de “caracter exclusivamente instrumental”, en funciones de “apoyo material y técnico” para la preparación de los procedimientos para su resolución. Las labores encargadas a esta empresa, aclara el texto normativo, “no supone en ningún caso el ejercicio de potestades públicas, ni comprende la instrucción sustantiva de los procedimientos, la valoración jurídica de las solicitudes ni la adopción de decisiones sobre las mismas”.

El movimiento Regularización Ya, formado mayoritariamente por personas racializadas, consigue así sacar adelante una versión bastante parecida a la regularización sin apenas condiciones por la que empezaron a luchar en las calles hace más de cinco años, materializada en una ILP que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas hasta acabar en el Consejo de Ministros para ser aprobada por la vía exprés tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. “Parece que el enfoque sigue siendo bastante amplio y la intención es respetar nuestro planteamiento, pero queremos ser cautas hasta su publicación en el BOE y seguiremos de cerca su aplicación, para que no deje a gente atrás”, sostiene Silvana Cabrera, una de las portavoces de la plataforma.

El indulto que el Consejo de Ministros concedió este martes a las sindicalistas conocidas como 'Las seis de La Suiza' ha sido acogida por el grupo Sofitu que, desde el inicio del conflicto laboral ha sido el punto de apoyo y de movilización contra su ingreso en prisión, con un doble sentimiento: por un lado, “con alegría por las compañeras” que no tendrán que regresar a dormir al Centro Penitenciario de Asturias, pero también con la sensación de que “la lucha no acaba aquí”.

La noticia, adelantada ayer por Infolibre y confirmada por elDiario.es en fuentes del Gobierno, era ratificada esta mañana por la ministra Elma Saiz quien, al término del Consejo de Ministros corroboró que se había concedido el indulto para las seis personas condenadas por haber participado en acciones sindicales contra la política laboral de la pastelería La Suiza de Gijón.

La portavoz del Gobierno explicó, en rueda de prensa, que el indulto se ha aceptado porque “recoge una demanda del Gobierno de Asturias” y cuenta con el apoyo de “fuerzas sindicales y políticas”, según informó Íñigo Aduriz.

La satisfacción de Yolanda Díaz

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya se había comprometido en el verano de 2025 con las seis sindicalistas de la CNT en trasladar la propuesta de indulto al Consejo de Ministros durante la visita que realizó a Asturias el año pasado, aludía a esta concesión a través de las redes sociales.

Yolanda Díaz mantiene su convicción de que “hacer sindicalismo no es delito”, como ha venido reivindicando desde que tuvo conocimiento de la condena de las seis sindicalistas que apoyaron a una compañera que denunció haber sido víctima en un caso de acoso laboral y sexual.

A continuación, reproducimos el post publicado en X donde se muestra especialmente orgullosa de formar parte del Gobierno.

Desde que se inició el proceso judicial y se  conoció la sentencia  condenatoria el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras, ante una condena que califica como “inapropiada en una democracia”.

La defensa de sus derechos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sostuvo ya en su visita a Asturias su compromiso por lograr que la libertad de las sindicalistas condenadas fuera una realidad: “Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito”, incidió la ministra.

La titular de Trabajo insistió en que “nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales. El sindicalismo es esto, la fuerza colectiva. Hoy 'Las Seis de la Suiza' dejan de tener una carga injusta que nunca merecieron. Hoy el Gobierno se pone del lado de los derechos laborales, del derecho a la protesta y de las reivindicaciones más básicas. Hoy es un día de orgullo”, ha reivindicado Yolanda Díaz.

Movilizaciones

Por otro lado, varios colectivos sociales, sindicales y políticos participarán mañana, día 1 de abril, en una rueda de prensa que ha convocado la Intersindical Asturiana, integrada por los sindicatos SUATEA, Sindicato Ferroviario e ISA, a las 12:00 horas, en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón donde sus representantes valorarán de forma más detallada todo el proceso desde sus inicios hasta la actualidad.

Esta convocatoria ha sido organizada por el grupo de apoyo junto con los sindicatos que han venido impulsando movilizaciones y acciones de apoyo en defensa de las seis sindicalistas condenadas en Asturias. No obstante, las concentraciones en varios puntos del país han sido constantes convocadas por los sindicatos, especialmente CNT.

Evitar la criminalización

Desde la Intersindical Asturiana se valora este indulto como “un paso importante, pero también como una muestra de la necesidad de seguir defendiendo los derechos sindicales y evitar la criminalización de la protesta laboral”.

Integrantes del grupo de Sofitu aseguran que se sienten “muy contentas de que nuestras compañeras hayan recuperado su plena libertad, un hecho que celebramos”.

“La acción sindical está en entredicho”

Sin embargo, consideran que este procedimiento y su posterior ingreso en prisión no debieron haber ocurrido nunca y explican las razones que les lleva a reiterar esta afirmación: “A nuestras compañeras se las ha condenado y criminalizado por haber ejercido sus derechos. A día de hoy, con la jurisprudencia sentada por este caso, la acción sindical está en entredicho y el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación también”.

El indulto es, en su opinión, el resultado de la solidaridad, el apoyo mutuo, la lucha y la unidad de clase.

Otros casos

“Será solamente desde lo colectivo y la lucha como podremos dejar un mundo nuevo a las generaciones venideras. No podemos olvidarnos -añaden- de los diferentes casos de represión que aún siguen activos en el Estado español, persiguiendo y encarcelando a quienes osan enfrentarse a la explotación, la injusticia o el fascismo”.

El grupo de apoyo a 'Las seis de la Suiza' va a realizar una asamblea abierta el próximo día 8 de abril, en la que informará con más detalle sobre el proceso.

“Hoy es un día alegre, pero la lucha no acaba aquí. Las consecuencias de este caso hay que seguir afrontándolas”, reconoce.

Las reacciones

Las reacciones ante el indulto han sido numerosas y las redes sociales se han hecho eco de la noticia como suele ser habitual con comentarios contrapuestos en función de las ideologías de los usuarios: con satisfacción por parte de aquellos que están convencidos de que la medida de gracia se ha concedido por la injusticia que representaba su ingreso en prisión por “hacer sindicalismo en Asturias” o con mensajes de odio de personas -en la mayoría de los casos amparados en el anonimato- que sostienen que se trata de solo una campaña de la izquierda y se dedican a insultar a los periodistas y a sus medios.

La condena

Las seis personas vinculadas al sindicato CNT fueron condenadas a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

El Tribunal Supremo (TS) desestimó, en junio de 2024, las alegaciones de las defensas y ratificaron la condena en una sentencia donde sostuvieron que las seis sindicalistas cometieron actos de hostigamiento y presión hacia el propietario de la pastelería 'La Suiza' y contra su familia que fueron el detonante para que echara el cierre al negocio ubicado en Gijón.

El caso, conocido como 'Las seis de La Suiza', movilizó a los sindicatos y a los partidos de izquierdas que se sumaron a una manifestación en Gijón, apenas un par de días antes de la deliberación de la Sala, donde se exigió la libre absolución de los condenados.

La ratificación del Supremo

Representantes y militantes de CCOO, UGT, CSI, CGT, SUATEA, Intersindical Asturiana y LCT, así como de Podemos, IU, Sumar, Verdes-Equo, Andecha Astur, Aína, PCTE y Anticapitalistas, participaron en la manifestación. “Hacer sindicalismo no es delito” fue no solo un eslogan para la marcha de apoyo, sino que se convirtió en un lema de su lucha.

Sin embargo, la sentencia condenatoria, que previamente había sido confirmada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, el 31 de marzo de 2022, fue ratificada por el alto tribunal.

Embarazada

Según los hechos declarados probados, el 15 de junio de 2016 la acusada O.P.R. avisó a su pareja sentimental F.S.D. para que acudiera a buscarla a su trabajo para llevarla al hospital ya que se encontraba embarazada y tenía una amenaza de aborto.

F.S.D. se presentó en la pastelería “muy alterado” y llamó a voces al propietario. Según la sentencia, seguidamente propinó un puñetazo a un armario congelador del local, lo que motivó la denuncia del empresario por daños y amenazas en su local.

La presión

A raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, la empleada dejó su trabajo y contactó con el sindicato CNT, donde denunció su situación. Según el fallo a continuación se concertó con las acusadas “para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia para que cediera a sus pretensiones económicas”.

Entre otros actos, la sentencia confirmada detallaba la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Los recursos

La CNT anunció la interposición de recursos en todas las instancias posibles, “a nivel español y europeo”, para que se haga justicia con este caso que supone un ataque al trabajo sindical que ha calificado como “terrible”.

“Somos incómodos para el sistema. Nuestro ámbito es la calle y lo que no podemos hacer es renunciar a ella. Forma parte de nuestro ADN y es lo que vamos a seguir haciendo. Las compañeras no van a estar solas en ningún momento, y aunque creemos que esta sentencia es un bombazo al sindicalismo, seguiremos estando del lado de las trabajadoras”, aseguró a elDiario.es Asturias Erika Conrado, secretaria general de CNT, en una primera valoración nada más conocer la sentencia del Supremo.

Prisión e indulto

Las seis sindicalistas ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias el 10 de julio de 2025. El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón/Xixón, Lino Mayo, que las había condenado en primera instancia, había dictado auto de prisión sin esperar a la resolución de la petición de indulto o el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso de revisión de su caso.

Ocho meses después de su encarcelamiento, el Consejo de Ministros ha aprobado su indulto.

Entre el ruido, la prisa y la confrontación, la figura de Carlos Cuerpo emerge como una excepción: un responsable económico que reivindica el valor del conocimiento experto y la calma institucional. Su llegada a la Vicepresidencia Primera del Gobierno simboliza un giro hacia el blindaje técnico en plena incertidumbre global y confirma la apuesta por una gestión donde el dato pesa más que el eslogan. Este movimiento del Gobierno, impulsado por el presidente, Pedro Sánchez, tras la salida de María Jesús Montero hacia la arena andaluza, no es solo un movimiento de piezas en el tablero; es la consolidación de un modelo de gestión donde el dato no es un accesorio, sino el cimiento de la credibilidad.

El relevo encierra una carga simbólica que redefine una etapa. Por primera vez en años, una vicepresidencia deja de tener nombre de mujer, rompiendo la secuencia marcada por Carmen Calvo, Nadia Calviño y la propia Montero. Este giro hace una grieta en la apuesta por la igualdad, y a la vez subraya una prioridad distinta: el blindaje técnico de la economía española ante un escenario geopolítico fracturado por la crisis en Oriente Próximo y la sombra de los aranceles globales.

Cuerpo es el reverso del político de aparato. Su currículum, forjado en la Universidad de Extremadura, la London School of Economics y consolidado en la Comisión Europea y la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) describe a un profesional que entiende los mercados y las instituciones comunitarias desde dentro. Esa falta de trayectoria orgánica en el PSOE es, paradójicamente, su mayor activo: le permite ejercer una suerte de “tecnocracia con propósito”, centrada en diagnósticos compartidos y no en la adaptación táctica a unas siglas.

Esta fórmula explica por qué su departamento es, de forma sostenida, el mejor valorado del Ejecutivo. Según el barómetro del CIS de enero de 2026, Cuerpo no solo encabeza la tabla, sino que es el único miembro del gabinete que logra el aprobado ciudadano, con un 5,27. La economía española, ajena al desgaste de otros ministerios, ha transitado con una estabilidad inusual. No se trata de invisibilidad, sino de una eficacia que silencia el ruido: cuando España lidera el crecimiento de la OCDE con un 2,8% al cierre de 2025, el relato se escribe solo.

Sin embargo, el éxito de Cuerpo no reside únicamente en la macroeconomía fría. Su gestión intenta humanizar el rigor a través de lo que él define como “actuar con guante de seda”. Lo vemos en iniciativas que trascienden el titular inmediato: la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y el Consejo Nacional de la Productividad no son meras estructuras burocráticas, sino cortafuegos institucionales diseñados para proteger a la ciudadanía frente a los abusos y evaluar el impacto real de las políticas públicas en el día a día.

Ese equilibrio entre control y operatividad se palpa en su agenda legislativa para este año. Medidas como la limitación de intereses en los créditos al consumo, que ahora exige un periodo de reflexión de 24 horas antes de aceptar una oferta, o la flexibilización de sistemas como Verifactu para no asfixiar a las pymes en su digitalización, demuestran que la técnica puede estar al servicio de la prudencia social.

Finalmente, hay un componente biográfico que otorga a su figura una autenticidad singular. Nacido en Badajoz y formado en la educación pública, Cuerpo encarna el éxito del ascensor social. Su “extremeñidad” no es un adorno folclórico; es la prueba de que se puede llegar al núcleo del poder económico europeo desde la periferia, sin necesidad de sobreactuaciones ni estridencias.

Ante los desafíos que restan —la emergencia de la vivienda, la integración de la inteligencia artificial o el aterrizaje final de los fondos europeos antes de agosto de 2026—, el liderazgo de Carlos Cuerpo plantea una lección de madurez democrática. En tiempos de máxima incertidumbre, la política más útil no es la que más grita, sino la que mejor sabe usar el conocimiento experto como herramienta de justicia. Su marca personal, discreta pero firme, empieza a dejar un eco difícil de pasar por alto.

Conviene recordar que no es la primera vez que Extremadura proyecta perfiles de relevancia en la política nacional. La figura de Magdalena Valerio, al frente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ya evidenció la capacidad de la región para situar talento en posiciones de responsabilidad institucional, con una gestión marcada por el conocimiento de lo público y la cercanía a los problemas reales. Anteriormente fueron: Alberto Oliart, María Antonia Trujillo y Celestino Corbacho.

Y si se amplía la mirada histórica, pasando por alto la época de la dictadura franquista, el eco conduce inevitablemente a Manuel Godoy, valido de Carlos IV y probablemente el extremeño que mayor poder acumuló en la estructura del Estado, convertido en figura central de la política española a finales del siglo XVIII. Dos contextos, dos estilos y dos épocas radicalmente distintas, pero un mismo hilo de fondo: la presencia, intermitente pero significativa, de Extremadura en los espacios donde se decide el rumbo de nuestro país.

Desde hace pocos días está en vigor un real decreto que permite a los inquilinos cuyo contrato de alquiler venza de aquí al final de 2027 prorrogar durante dos años ese contrato. Es uno de los decretos que aprobó el Consejo de Ministros el viernes pasado para luchar contra los efectos económicos y sociales de la guerra en Irán, pero el Gobierno no lo ha llevado al Congreso para que hoy se vote junto al resto de medidas de choque. Y lo excluye, dice el PSOE, para evitar que las derechas se lo tumben. Así que el Ejecutivo prevé apurar el plazo legal de 30 días para llevarlo al Congreso a una derrota que dan por segura. Ese es el tiempo que tienen los inquilinos para acogerse a esta medida.

Hablamos con Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela para despejar la maraña legal de una oportunidad que de repente se abre para millones de personas. Con José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es que sigue la actualidad del Consejo de Ministros, analizamos la dimensión política de toda esta situación. 

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El Consejo de Ministros ha aprobado “la declaración de zona de emergencia para el territorio afectado por las inundaciones” provocadas por las últimas borrascas, según ha informado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior.

“Una de las primeras medidas adoptadas en el Consejo de Ministros ha sido la declaración de zona de emergencia para el territorio afectado por las inundaciones”, ha señalado Saiz, y ha indicado que la próxima semana se aprobará un nuevo decreto “con medidas específicas para contrarrestar esta nueva catástrofe medioambiental”.

Saiz también ha recordado a dos de las víctimas mortales del último temporal: “Una mujer Policía Nacional que falleció este lunes en la provincia de Cádiz cuando regresaba de patrullar la zona inundada, y un trabajador fallecido en el Puerto del Pico (Ávila), durante el operativo de seguridad de estas borrascas que azotan España desde el comienzo del mes de febrero”.

Nueva borrasca

Además, se ha pronunciado ante la llegada de la borrasca Nils, la octava consecutiva cuya llegada está prevista para este miércoles. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta borrasca ha sido nombrada por Meteo France y dejará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, con nieve en cotas altas, este miércoles y jueves.

“En estos ocho años hemos enfrentado sequías, inundaciones, danas y borrascas muy agresivas que están poniendo en jaque nuestras prioridades. No es momento de negar las consecuencias climáticas que tanta gente está sufriendo en sus propias carnes”, ha argumentado Saiz.

En la misma línea, Aagesen ha pedido precaución ante la llegada de nuevas borrascas, como 'Nils', y ha enfatizado que son “fenómenos cada vez más extremos y virulentos” ante los que ha reclamado “una respuesta unida y colectiva”. “Hay que tener en cuenta que aún no ha terminado el episodio y siguen las precipitaciones. Vemos fenómenos cada vez más extremos, más virulentos y sabemos que esto es el resultado de una emergencia climática”, ha argumentado.

Siete borrascas

Respecto a las ayudas a los territorios afectados, la ministra ha explicado que “se está trabajando a todos los niveles del Gobierno” para que se puedan concretar en el próximo Consejo de Ministros. “La semana que viene, con la colaboración de todos y cada uno de los ministros, vamos a evaluar cómo podemos poner en marcha todas esas ayudas para los territorios”, ha precisado.

La ministra ha señalado que, en estas últimas semanas, el país ha sufrido “un tren de siete borrascas consecutivas de gran impacto, que han dejado muchísimas lluvias en distintas partes de la Península y una nueva borrasca entrará este miércoles, la borrasca 'Nils'”, por lo que ha reiterado su llamamiento a la “prudencia”, al tiempo que ha pedido a todos los ciudadanos “que sigan todas las recomendaciones de los servicios meteorológicos y de emergencias en todo momento”.

Andalucía

Aagesen ha añadido que, “frente a retos como los que plantea el cambio climático”, el Ejecutivo ha planteado una “respuesta unida y colectiva”. En este punto, ha señalado que, desde la Administración, se han desplegado durante todo este episodio cerca de “10.000 efectivos en coordinación con la Junta de Andalucía, con las diputaciones y los municipios”.

Además, ha recordado que el Gobierno, desde 2020, declaró “la emergencia climática”. “Asociar este tren de borrascas a algo normal no es adecuado. No es un fenómeno ni normal ni aislado, es algo que está relacionado con la emergencia climática y tenemos que seguir trabajando en la anticipación, en la colaboración, en la unidad, en sacar adelante algo tan importante como un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, ante una vulnerabilidad que es clara, contundente y cada vez es más intensa y seguir apostando por una agenda verde”, ha señalado.

Enero de 2026, el más lluvioso de los últimos 25 años

En materia de cifras, ha explicado que “este enero ha sido el más lluvioso del último cuarto de siglo” mientras que, en el caso de Grazalema (Cádiz) ha llovido “en los últimos 15 días más de lo que llueve en un año completo”, sin olvidar el “récord de acumulación en los embalses, con 5.600 hectómetros cúbicos entre el 2 y el 9 de febrero, que se suman a los 4.500 hectómetros cúbicos de la semana anterior”.

“Se ha superado el récord semanal de agua embalsada en los últimos 30 años. En total, más de 10.000 hectómetros cúbicos en dos semanas”, ha puntualizado.

En cualquier caso, ha insistido en que “la situación actual no se puede dar por cerrada”. “Viene una nueva borrasca, por lo que hablamos de ocho borrascas consecutivas, un tren de borrascas que hacía más de 30 años que no veíamos y, por lo tanto, es importantísimo llamar a la precaución y que toda la población esté pendiente de los servicios de emergencias”, ha reiterado.

Ayudas del Ministerio del Interior

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, el acuerdo recoge ya una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior.

Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia.

Además, el departamento estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en trámites como el duplicado de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, así como las tasar por expedición del DNI.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que permitirá al Gobierno topar los precios de productos y servicios cuando se produzcan situaciones de emergencia o catástrofes, que “alteren de forma excepcional la oferta y la demanda”. La medida, impulsada por Consumo, se produce en un contexto de “avisos y denuncias de una subida excepcional de los precios de transporte alternativo a las rutas ferroviarias suspendidas” tras el accidente de Adamuz, recibidos por este Ministerio.

El Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha explicado que el objetivo es “impedir que se produzcan incrementos desproporcionados o abusivos de los precios”, que provocan una “situación de indignación general”. Por ejemplo, ha mencionado los aumentos de precios en “transportes alternativos o alojamiento y hospedaje” ante situaciones sobrevenidas, como los incendios que se propagaron este verano.

La normativa, que deberá obtener el respaldo parlamentario en el plazo de 30 días, prohibirá los incrementos de precios variables, que “no podrán ser superiores al máximo que hayan tenido en los últimos 30 días, ni superar un 50% al promedio de esos 30 días”. En el caso de bienes o servicios con “marcada estacionalidad”, se puede tomar como referencia el mismo periodo del año anterior, actualizado según el IPC.

Desde Consumo, ponen como ejemplo de “abusos” a atajar “los que se han denunciado recientemente” en situaciones “como las ocurridas tras el accidente de tren en Córdoba, los incendios del pasado verano o la dana de Valencia”. “Lo que hemos visto en estas situaciones es lo que sucede cuando el libre mercado puede operar a su libre albedrío, sin que exista regulación o control de los poderes públicos”, ha indicado Bustinduy, que ha enmarcado estos incrementos de precios en un “intento de extraer el mayor beneficio posible a costa de una situación de vulnerabilidad de la ciudadanía por una situación sobrevenida”.

En noviembre de 2024, el Gobierno ya modificó la Ley General de los Consumidores para que las empresas que automatizan precios personalizados no pudieran subirlos en situaciones de emergencia de protección civil, tras la catástrofe de la dana. Una de las novedades del nuevo real decreto-ley es que no será un requisito indispensable esa calificación, sino que será el propio Consejo de Ministros quien tenga “potestad de topar el precio de un servicio o producto”.

La limitación de los precios deberá contar, como mínimo, con una fecha de inicio y de fin para los servicios y productos afectados. Y podrá activarse en varios supuestos, “junto a una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, o también en otros supuestos como accidentes, emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias”.

Habrá excepciones a los topes, para “no tensionar la oferta”. En concreto, desde Consumo señalan que “se permitirán incrementos del precio solo cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes, o si estos son necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez, siempre y cuando no suponga un aumento de márgenes para el operador”.

El real decreto-ley supone una modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios e incluirá la obligación para las comercializadoras de “informar al consumidor sobre el precio medio y máximo ofertado, al menos, los 30 días previos” a que se imponga el tope para garantizar que “la limitación de los incrementos de precios se mantenga vigente durante todo el tiempo en que persistan las condiciones de demanda anómala directamente vinculadas a la situación de emergencia”.

El Ministerio de Sanidad ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que sustituirá a la norma de 1997, puesta en marcha durante el Gobierno de José María Aznar, y que abrió la puerta a la privatización sanitaria. La nueva ley busca poner freno a la privatización sanitaria poniendo requisitos extra para externalizar la gestión de hospitales públicos y estableciendo mecanismos añadidos de control.

El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), adelantado por la Cadena Ser, incluye la obligación de que las comunidades autónomas que quieran externalizar la gestión de un hospital tengan que someter ese proyecto a una evaluación previa, y deberán justificar con un informe la necesidad de esa privatización. Esa propuesta pasará el examen de un comité de expertos y técnicos.

Con la nueva norma, la externalización sanitaria solo podrá ponerse en marcha cuando no sea posible la prestación directa, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. El informe de las comunidades autónomas que recoja estos puntos tendá que ser público.

Además, la norma incluye que se prioricen los conciertos con entidades sin ánimo de lucro, en lugar de con empresas que buscan hacer negocio. En la práctica, la ley busca limitar el modelo de grupos como Quirón o Ribera Salud, especialidados en la gestión privada de hospitales públicos.

Hay otro punto clave en el anteproyecto, que ha permitido la construcción y privatizaciòn de multitud de hospitales especialmente en Madrid y València: hasta ahora, las empresas cerraban un acuerdo global con las administraciones por el que levantaban el centro hospitalario y se quedaban con la gestión, a cambio de un contrato blindado que le asguraba un canon anual por parte de la comunidad autónoma. La nueva norma impedirá esto: no se podrán hacer contratos que incluyan la parte de la obra del hospital y luego la gestión del mismo.

“Vamos a proteger la sanidad de las garras especuladoras”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en los últimos años “hemos estado escuchando y hemos asistido a casos absolutamente obscenos que no deberían formar parte de el la vida cotidiana de nuestro sistema sanitario público” y ha descrito la ley como una respuesta a un lema: “La sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.

Para ejemplificarlo, García ha recordado varias declaraciones de empresarios del sector de la sanidad privada de los últimos años: “Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa'. CEO de Ribera Salud. 'Seguro que sois capaces de identificar procesos que no son contributivos, o sea, que no son rentables. Hablo de la cápita'. CEO de Ribera Salud. 'Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado'. Consejero delegado de Fresenius, nada más comprar el grupo Quirón con una plusvalía de 2.600 millones que definió como que el filón estaba en las contratas y en las concesiones que tenía en concreto la Comunidad de Madrid”. “Esto es a lo que lo venimos a poner hoy coto”, ha señalado.

La responsable de Sanidad ha dicho que se han conocido “audios internos” en los que responsables empresariales hablaban “sin tapujos” de inflar listas de espera para tener mayor rentabilidad, “cómo se dan citas a las cuatro de la mañana para hacer pruebas diagnósticas, para hacer caja con las listas de espera” o “reutilizar material para así poder reducir costes, poniendo en riesgo la seguridad y la calidad de la asistencia sanitaria”.

Mónica García también ha recordado el caso de Quirón y cómo “ha multiplicado por seis” el número de pacientes que capta de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid “y ha multiplicado por seis también sus ingresos” o cómo “en algunos territorios esta externalización de algunas de las pruebas o alguno de los procedimientos como pueden ser los cribados del cáncer de mama han puesto en riesgo la prevención y han puesto en riesgo el control precisamente en una de las funciones esenciales de nuestra sanidad”, en referencia al caso de los cribados de cáncer de Andalucía.

“Estos son algunos ejemplos. Me podría estar aquí todo el día y toda la mañana. Y lo que demuestran estos ejemplos es que no son casos aislados, que es un problema estructural que se basa en un marco normativo que permite, durante demasiado tiempo ha permitido, que la gestión de la sanidad pública pueda tener una una orientación hacia el beneficio económico, en vez de una orientación hacia el cuidado de nuestra”, ha concluido la ministra.

La ministra también ha querido contestar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien tras conocerse la noticia de la llegada de la norma al Consejo de Ministros y antes siquiera de que se presentase en rueda de prensa ya ha atacado al Ejecutivo acusándolo de querer “acabar” con la sanidad de Madrid. “¿Qué tenemos que hacer? Acabar con la Fundación Jiménez Díaz. Decirle a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales. Tenemos que azuzar el miedo, bloquear lo que funciona”, ha dicho Ayuso.

“La señora Ayuso ya ha salido a decir que es que lo que queremos es cargarnos la Sanidad. No, señora, queremos cargarnos su chiringuito, su negociete”, ha respondido Mónica García, quien ha recordado que en los últimos años al Grupo Quirón “se le han dado 5.000 millones de euros, que es la mitad de todo el presupuesto de Sanidad de un año” y ha cuestionado que la Comunidad de Madrid utilizase 1.300 millones para saldar deudas con este grupo empresarial tras la transferencia de 3.000 millones del Gobierno central para gasto sanitario y en residencias durante la pandemia de COVID-19.

El gasto en este tipo de centros ha subido un 84,6%

En la última década, el número de hospitales privados que acaban integrados en la red pública ha subido un 36,8%, lo que implica que ya el 30,7% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen “dependencia funcional privada”. O lo que es lo mismo: uno de cada tres hospitales de la sanidad pública está gestionado por una empresa privada. Además, el gasto en este tipo de centros ha subido un 84,6% entre 2011 y 2023.

Un informe elaborado por el Ministerio en diciembre señala que el Sistema Nacional de Salud ha pasado de tener 106 hospitales privados integrados en 2011 a 145 en 2023. “La proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%”, apunta el documento.

Además de que haya empresas privadas gestionando hospitales públicos, en muchos territorios se derivan buena parte de las pruebas y tratamientos a centros privados. En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada que no forman parte del sistema público fueron financiadas con fondos públicos.

El Gobierno trata de salvar en segunda vuelta el conocido como 'escudo social', que se puso en marcha en 2020 para que las familias vulnerables pudieran hacer frente a los estragos económicos y sociales de la pandemia, y que PP, Vox y Junts tumbaron la semana pasada. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto-Ley, con las pensiones al margen y un cambio central en una de las medidas de protección que más reticencias causaba en Junts: la moratoria antidesahucios.

El PNV, que sí votó a favor del real decreto-ley ómnibus del pasado martes, ha negociado con el Ejecutivo un nuevo texto que incluye el bono energético, las ayudas por la dona, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios a familias vulnerables. Y en este último punto está la modificación con la que el Gobierno quiere atraer a Junts al acuerdo, al dejar fuera de este paraguas a los inquilinos de caseros con una o dos viviendas en alquiler. Son una “muy pequeña parte del mercado inmobiliario”, ha estimado el ministro de Cultura de Sumar, Ernets Urtasun.

“El Gobierno blinda a los inquilinos vulnerables para que los fondos buitre y grandes tenedores no los puedan desahuciar”, justifican fuentes de Moncloa, que indican que “las personas propietarias de una o dos viviendas no se verán afectadas por la prórroga de este escudo social” porque “corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”. En el caso de propietarios de tres o más viviendas, se frenará el desahucio, siempre que los caseros no sean vulnerables.

Los servicios sociales son competencia de las comunidades autónomas y las corporaciones locales que, en la práctica, ya estaban obligadas a garantizar una alternativa para las familias vulnerables según la redacción del texto de la antigua moratoria, que decayó la semana pasada, independientemente de si los caseros eran pequeños, grandes propietarios, empresas o fondos de inversión.

“Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de suspensión, las Administraciones públicas competentes deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna”, indicaba el antiguo texto.

Además, acuerdos internacionales ratificados por España ya contemplan la obligación de los Estdos de garantizar una vivinda adecuada a la población, un incumplimiento por el que este país ha recibido varios requerimientos y condenas por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de Naciones Unidas, por intentar desahuciar sin alternativa habitacional.

“Hay una responsabilidad importante de las comunidades autónomas para ofrecer esas alternativas habitacionales”, ha indicado la ministra portavoz Elma Saiz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “La medida es muy importante, pero para hacerla efectiva requiere de muchos más” actores además del Gobierno, ha insistido.

A falta de conocer la postura de Junts, que ya el año pasado se opuso al 'escudo social' en una primera votación, pero que acabó votando a favor tras conseguir el compromiso de una línea de avales para caseros ante impagos del alquiler, que se reactivó en diciembre, ha sido otro socio de la coalición quien se ha mostrado en contra del cambio. “El PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que ”solo“ tienen una vivienda para alquilar”, escribió en X la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que calificó la enmienda de “asco absoluto”.

“El Gobierno está acostumbrado a buscar y conseguir los acuerdos entre quienes a priori tienen posturas irreconciliables”, indican fuentes gubernamentales, que insisten en que no dejan “a nadie atrás”. “Ni a los pensionistas, ni a los migrantes, ni a quien por un tropiezo en su vida, como puede ser una enfermedad o una pérdida de empleo, no pueden pagar el alquiler”, señalan estas mismas voces.

Suministros y bono social eléctrico

El nuevo escudo social mantiene otras medidas, que fueron tumbadas también con el decreto ómnibus de la semana pasada. Así, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición del corte de suministros básicos, como energía y agua, y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. Además, se incluye la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.

Exención en el IRPF para las ayudas por los incendios y la Dana

Además, se conserva la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano y “otras emergencias de protección civil”. Y, también, la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la Dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

Ampliación de deducciones y beneficios fiscales

El nuevo real decreto mantiene las ampliaciones a 2026 de algunas ayudas fiscales vinculadas a la inversión en eficiencia energética en viviendas, a la compra de vehículos eléctricos o instalación de cargadores en el hogar; la modificación del IVA en materia de hidrocarburos; y el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Prohibición de despidos en empresas con ayudas públicas

El nuevo texto mantendrá también la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despedido, o aquellas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

Actualización de las entregas a cuenta

El nuevo real decreto-ley mantiene también la actualización de entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales para 2026, mediante suplementos de créditos por valor de más de 3.000 y 3.600 millones, respectivamente.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida de las pensiones que cayó en la votación del Congreso de los Diputados la semana pasada. El Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra de la norma, los primeros porque estaba incluida en un paquete muy amplio que abarcaba otras muchas medidas del escudo social, y los catalanes porque votar a favor suponía aprobar la prórroga de la prohibición de los desahucios. El Gobierno ha trabajado a contrarreloj para trocear el paquete y lo ha dividido en dos decretos: uno con las pensiones y otro con el escudo, que incluye la prohibición de los desahucios, el bono energético, ayudas por la dana y bonificaciones fiscales. Sánchez también ha anunciado hoy que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Continúa, por otro lado, la campaña electoral para las elecciones de Aragón. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha rechazado cesar a la concejala popular que gritó 'hijo de puta' al presidente del Gobierno en un mitin del PSOE.

Apuntar a una causa del accidente resulta, aún hoy, precipitado. Ese es el mensaje principal que lanza el Gobierno en mitad del aluvión de informaciones y teorías que ya intentan precipitar conclusiones de la tragedia ferroviaria ocurrida este domingo en Adamuz (Córdoba) y que, por el momento, ha costado la vida de 41 personas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la investigación sobre las causas del accidente no ha hecho más que empezar. Y que por eso es imprudente apuntar todavía a que el fallo pudiera producirse en el tren o, por el contrario, en la vía.

“Todas las hipótesis están abiertas”, ha afirmado Marlaska dos días después del accidente, mientras los servicios de rescate y emergencias siguen trabajando para rescatar a posibles víctimas y para dilucidar las causas del descarrilamiento del Iryo Málaga-Madrid, con el que luego chocó el Alvia Madrid-Huelva en Adamuz (Córdoba).

El ministro ha trasladado que los técnicos de la comisión de investigación han trabajado en las últimas horas para inspeccionar tanto el punto del descarrilamiento como los daños producidos a causa del siniestro. “Tras las inspecciones sobre el terreno, ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los rieles en el punto de inicio del descarrilamiento e inspeccionar la rodadura del tren Iryo”.

Marlaska también ha explicado que la comisión también ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulación por Adamuz en los dos días anteriores al suceso y va a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon antes por ese tramo de la vía.

Junto al ministro del Interior ha comparecido la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, que ha expresado las condolencias del Gobierno a las familias de las víctimas y el agradecimiento a todos los servicios de emergencia y vecinos del pueblo que se lanzaron a ayudar. “Lo mejor que tiene nuestro país es su gente. Desde el primer momento se pusieron en marcha todos los mecanismos del Estado y la coordinación de las instituciones”, ha dicho la ministra, que ha alertado sobre los bulos y las mentiras.

En ese contexto, la portavoz ha acusado a la ultraderecha de intentar sacar rédito político de la tragedia ferroviaria de Adamuz tras descolgarse de la unidad institucional y política de las últimas 48 horas. “La actitud de Abascal y la ultraderecha es una actitud ruin. Utilizar la tragedia para generar caos y desconfianza es una actitud antidemocrática e inhumana”, ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha pedido a la ciudadanía “huir de los bulos” y que tenga en cuenta que quienes intentan rentabilizar una desgracia de esta magnitud son los enemigos del servicio público. “Es el mayor ejercicio de antiservicio público. Pero somos mayoría los que estamos enfrente, en el servicio público, en la lealtad, en la verdad. Eso es lo que nos demanda la sociedad”, ha concluido.

La ministra portavoz no ha querido confrontar, sin embargo, con el líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo aseguró este lunes que el Partido Popular recibía información del suceso “por los medios de comunicación y por la Junta de Andalucía, pero no del Gobierno”. Según ha podido saber elDiario.es, los jefes de gabinete de Sánchez y Feijóo contactaron en la misma tarde del lunes para compartir la información disponible en una conversación que, según fuentes de la Moncloa, se produjo en tono “cordial”.

Pedro Sánchez ha presidido este martes un Consejo de Ministros inquieto tras los desacuerdos entre el PSOE y Sumar por las medidas de vivienda que anunció este lunes el presidente del Gobierno. Sánchez anunció ayer tres medidas para combatir la crisis de la vivienda y los alquileres, entre ellas una bonificación fiscal del 100% del IRPF para los propietarios de casas en alquiler que no suban los precios a la hora de renovar los contratos. La propuesta cayó como una bomba sobre sus socios de Gobierno y aliados parlamentarios habituales, como Podemos o ERC, que no quedaron nada satisfechos con las propuestas —“regalar dinero público a los rentistas es un grave error”, dijo Yolanda Díaz—. El PSOE se ha visto obligado a matizar y rebajar la medida.

Por otro lado, te dejamos esta investigación que publicamos hoy: extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales