Una persona con problemas cognitivos enfrenta, cada día, grandes retos: desde comprender las indicaciones en el transporte o comunicarse en centros de salud, en las administraciones judiciales y los espacios públicos, hasta utilizar los servicios de telecomunicaciones, votar en unas elecciones o acudir a eventos culturales. El Consejo de Ministros aprueba este martes un real decreto para garantizar el acceso de estas personas a todos estos servicios, tanto públicos como privados, con autonomía y sin discriminación.

Este real decreto, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, trata de asegurar que estas personas puedan “comprender la información, comunicarse y orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía y sin discriminación”, indican fuentes ministeriales.

La accesibilidad cognitiva es “el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno y dominar la comunicación que mantenemos con él”, especifican en Asuntos Sociales. Además, deben poder hacerse “con facilidad las actividades” de esos entornos “sin ningún tipo de discriminación”.

El reglamento incluye herramientas como el lenguaje claro, la lectura fácil y los sistemas aumentativos. También la utilización de señalización accesible o pictogramas para mejorar la realización de tareas y “soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas”.

Los ámbitos a los que se aplican, según el Ministerio, abarcan las telecomunicaciones, los espacios públicos, edificios e infraestructuras, los transportes, los servicios ciudadanos, las relaciones con la Administración Pública, la participación en los procesos electorales, el patrimonio histórico y cultural y el empleo.

Desde Asuntos Sociales destacan el carácter “universalista” de una norma que pretende “beneficiar al mayor número posible de personas con dificultades de comprensión”: personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, personas mayores con deterioro cognitivo, en situación de analfabetismo o migrantes qeeue no dominan las lenguas del Estado.

El Estatuto Marco continúa su travesía, pese a las adversidades. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el texto que Sanidad pactó con los sindicatos del ámbito —UGT, CCOO, CSIF y Satse— en diciembre y que ha provocado un conflicto entre el Ministerio que dirige Mónica García y las organizaciones sindicales médicas, que han amenazado con una huelga indefinida este mes de septiembre.

La advertencia de los sindicatos del ramo llegó en junio. Tras meses de paros semanales, y en un clima de máxima tensión, el Comité de Huelga avanzó que habría una huelga indefinida en septiembre si no se cumplían sus demandas, ante el “nulo avance en el conflicto” y el “empeño de Sanidad de seguir adelante con la tramitación del texto”.

Tras la aprobación del Estatuto Médico en esta segunda vuelta en Consejo de Ministros, desde el Comité de Huelga han lamentado la “cerrazón” del Ministerio. “Resulta incomprensible que, después de un conflicto de esta magnitud, Sanidad haya dejado transcurrir el verano sin realizar un verdadero intento de acercamiento y pretenda ahora continuar la reforma prácticamente desde el mismo punto”, han indicado en un comunicado.

La ministra, que llegó a acusar a los sindicatos médicos de deslealtad en la negociación, ha defendido en todo momento la tramitación del texto. Con su aprobación este martes en Consejo de Ministros, el siguiente paso es el salto al Congreso, donde “los partidos políticos tendrán oportunidad de posicionarse”, ha expresado la Ministra portavoz, Elma Saiz, sobre un texto que “supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales”.

Los sindicatos médicos, que pidieron la dimisión de García y reclamaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que interviniese para desbloquear el conflicto, exigen a Sanidad un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral “justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.

Pese al conflicto abierto, en los últimos dos meses no se ha producido ningún acercamiento entre el Ministerio y los sindicatos médicos. “Ningún contacto”, confirman fuentes sindicales. Mientras, desde el departamento que dirige García insisten en señalar a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, señalaba García este fin de semana en una entrevista en elDiario.es. Entre las nuevas reglas de juego que marca el Estatuto Marco están el fin de las guardias obligatorias de 24 horas —que pasarán a ser de 17—, la convocatoria de oposiciones cada dos años y la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

“En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular”, afirmaba García.

Acuerdos con las comunidades

En los últimos meses, los sindicatos médicos han ido arrancando acuerdos en diferentes comunidades autónomas, como Euskadi, Valencia, Galicia y Asturias. En Andalucía, la más reciente en avenirse a un pacto, se ha acordado la creación de mesas de trabajo, que se reunirán con carácter previo a la mesa sectorial y mejoras en materia de conciliación, entre otras.

No solo eso. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), este acuerdo con la Junta de Andalucía, “ofrece respuesta a una de las principales demandas de la movilización contra el Ministerio: la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y la revisión del modelo basado en su obligatoriedad”.

“Cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo. Donde no la ha habido ha sido en el Ministerio de Sanidad, que, conviene recordar, establece el marco regulatorio que es el permite una jornada discriminatoria sólo para médicos y facultativos”, consieran desde el Comité de Huelga.

Pero este argumento refuerza a Sanidad, que lleva meses insistiendo en que la pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos. “Lo que pedían era de las comunidades y el ejemplo cunde”, trasladan fuentes de Sanidad, que confían en que estos pactos rebajen la tensión en este inicio de curso.

Según indicaba a finales de julio el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, este acuerdo con la Junta, que abre un “espacio de diálogo”, hace “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía, pese al “conflicto abierto” con el Ministerio.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) evaluará la propuesta de huelga en la Ejecutiva prevista para el próximo viernes. “Espero que se pueda adoptar alguna medida”, señalan fuentes consultadas, que circunscriben los acuerdos con las comunidades a “cuestiones propias”, al margen de las reivindicaciones a Sanidad.

El siguiente paso del Estatuto Marco será su trámite parlamentario, donde la aritmética hace al Ejecutivo negociar cada ley. Y esta, concretamente, no ha estado exenta de polémica, con un frente único de todas las comunidades autónomas —también las del PSOE— pidiéndole a la ministra que tire abajo el acuerdo con los sindicatos del ámbito y “reinicie la negociación”.

“Los partidos de la oposición han manifestado su rechazo a la reforma y existen también posiciones críticas entre formaciones cuyos votos son relevantes para las iniciativas legislativas del Gobierno”, calibran los sindicatos.

“Las comunidades están en contra del Estatuto Marco, por lo contrario, que los sindicatos”, acusaba el sábado García, que defendía la marcha de la norma: “Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras”.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto que modifica la actual normativa sobre potencial de producción vitícola y la regulación del sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo, para adaptarla a la nueva reglamentación comunitaria en la materia que entró en vigor el pasado mes de marzo.

El llamado paquete legislativo del vino, acordado el pasado mes de marzo entre el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea incorpora medidas esenciales para hacer frente a los desafíos más acuciantes que afronta actualmente el sector del vino. Buena parte de estas medidas fueron impulsadas por España en el seno del grupo de trabajo y en las negociaciones entre los distintos Estados miembros y las instituciones europeas para la elaboración del mencionado paquete, como la flexibilización del sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo.

Las modificaciones en la normativa nacional aprobadas hoy tienen por objeto la aplicación de las medidas que se consideran más urgentes de dicho paquete vino, como la ampliación de la vigencia de las autorizaciones de replantación de viñedos y la eliminación de las sanciones administrativas por no utilizarlas. Así mismo, se amplía la vigencia de las autorizaciones para nuevas plantaciones en ciertos casos excepcionales y se habilita la posibilidad de no conceder ninguna autorización cuando se establezcan limitaciones en su concesión. Además, se introducen elementos de coherencia con las medidas de crisis aplicadas con el establecimiento de condiciones a los beneficiarios de la ayuda de arranque permanente.

Entre las novedades más significativas destaca también la actualización de la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas.

Ni falta de peso político del Ejecutivo autonómico que preside el socialista Adrián Barbón, ni posibles malas relaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ninguneo a Asturias desde Madrid. Las razones que llevaron al Consejo de Ministros a descartar la opción de la capital asturiana como sede para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública e instalarla en Zaragoza se debieron al hecho de que el local propuesto en el 'edificio Calatrava' no se ajustaba a las condiciones requeridas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición de este miércoles el acuerdo por el que se determina la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública, que finalmente recayó en la capital aragonesa, y donde se reflejan, una por una, las características que ofrece cada una de las propuestas de las comunidades autónomas que optaban a la elección: Oviedo, Toledo, Granada, Murcia, Barcelona, León y Lugo. Una valoración que tiene en cuenta tanto los aspectos favorables como los desfavorables.

Una superficie “insuficiente”

Así, la candidatura de Oviedo/Uvieu, que defendía la Consejería de Salud, con el respaldo del Ayuntamiento de la capital asturiana, no ha salido adelante por tres razones fundamentales: el local propuesto cuenta con “una superficie inferior a la requerida, necesita una reforma integral y carece de una sede provisional durante las obras”.

La propuesta se centraba en un local de la planta - 2 del edificio Buenavista conocido también como 'Calatrava', procedente del antiguo centro comercial MODO y situado en el mismo edificio que alberga el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo. Un local que fue descartado porque no reúne las condiciones idóneas, ya que “requiere un acondicionamiento integral antes de acoger la actividad de la Agencia y no se ofrece sede provisional”, según se hace constar en el acuerdo.

La necesidad de una reforma “integral”

Aunque el Principado asumió el compromiso de dotar íntegramente el equipamiento necesario sin que generara coste alguno para la Administración General del Estado, el 'edificio Calatrava' “necesita una reforma integral”, lo que se ha valorado como un impedimento.

Tampoco el local ovetense se adecuaba a las necesidades para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, de tal manera que ofrece una superficie útil de uso exclusivo de 3.486 metros cuadrados (3.832 metros cuadrados construidos) y aunque el compromiso de cesión se refiere a una superficie de entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados, en ambos casos se sitúan “por debajo de los 4.000 metros cuadrados” que se pedían.

Sin sede provisional

El plazo de disponibilidad e implantación se valora “de forma favorable con reservas”, al no contar con una sede provisional ni tampoco de inicio de actividad antes de la conclusión del acondicionamiento integral del local, que “se extiende hasta el mes 10 desde la adjudicación”.

Además, la sostenibilidad y eficiencia energética se valora “de forma insuficiente al no aportarse información sobre la certificación energética del local, ni compromisos cuantificados de reducción de consumo o instalación de energías renovables”.

La lucha contra la despoblación

Otro apartado que se ha analizado es la lucha contra la despoblación y, si bien esta cuestión se valoró de forma favorable, “ante un reto demográfico real, marcado por el envejecimiento y la pérdida de capital humano”, se puntualiza que “Asturias no se sitúa entre las comunidades con mayor riesgo de despoblación en comparación con Aragón o el interior peninsular”.

El Gobierno también ha analizado la cohesión social y territorial, que se valora de forma favorable, “sobre la base de la diversidad territorial del Principado, que combina núcleos urbanos, cuencas mineras en reconversión, zonas rurales y áreas costeras”, si bien lo sustenta en “datos cualitativos sin los indicadores demográficos y socioeconómicos concretos y verificables que aportan otras candidaturas”.

Las tasas de desempleo

Los niveles de desempleo se valoran de forma favorable, ya que, según el Instituto Nacional de Estadísta (INE), la tasa de paro provincial del cuarto trimestre de 2025 se sitúa próxima a la media nacional, aunque el argumento de la candidatura se sustenta más “en el impacto económico estimado de la implantación que en este dato”. En este punto, desde el Gobierno se echan en falta “indicadores demográficos y socioeconómicos concretos y verificables que aportan otras candidaturas”.

Del transporte al ecosistema sanitario

El Gobierno también valoró favorablemente otros aspectos como el transporte público, incluidas las conexiones aéreas; la oferta inmobiliaria, con “un mercado residencial de precios moderados y sin tensiones especulativas”; los servicios hoteleros y de hostelería; el entorno empresarial, educativo y universitario, así como “un ecosistema científico y sanitario alineado con las funciones de la Agencia, reforzado por el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias y por la presencia de grados sanitarios universitarios en el propio edificio Buenavista”.

Las valoraciones desfavorables, sin embargo, han pesado más que las favorables en la decisión del Consejo de Ministros. Entre tanto, los reproches y las acusaciones cruzadas entre los políticos han subido de tono desde que se conoció que Oviedo/Uviéu había quedado descartado y están enturbiando las buenas relaciones que llevaron al Gobierno y al Ayuntamiento de la capital asturiana a presentar de la mano la candidatura ahora rechazada.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado una providencia por la que acuerda que se libre exhorto a la oficina judicial adscrita al centro penitenciario de Madrid VI, en Aranjuez, donde cumple condena de ocho años de cárcel Natalio Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, en Avilés, para que sea “inmediatamente puesto en libertad” tras el indulto parcial que ayer, martes, le concedió el Consejo de Ministros.

Natalio Grueso fue indultado por “razones humanitarias” tras sufrir un empeoramiento en su delicado estado de salud que se ha visto seriamente agravado durante su estancia en la prisión madrileña.

Un indulto “condicionado”

No obstante, en esta misma providencia, dictada este mismo miércoles y a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el tribunal sentenciador recuerda expresamente que el indulto está condicionado a que Natalio Grueso “no vuelva a cometer delito doloso alguno en el plazo de ocho años”.

Los magistrados de la Sección Tercera habían condenado a Natalio Grueso, en el año 2020, a una pena de ocho años de cárcel por su autoría en delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societario durante su gestión al frente de la Fundación Niemeyer.

El Supremo confirmó la condena

La sentencia fue confirmada, tres años después, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ratificó la argumentación de la Sala asturiana al considerar que Natalio Grueso utilizó los fondos de la Fundación Niemeyer de Avilés durante los seis años que duró su relación laboral como director general, entre 2006 y 2012, para su propio beneficio y el de su entorno, tanto personal como familiar y de amistades.

En la providencia dictada hoy, la Audiencia Provincial recuerda al propio condenado que estuvo huido de la justicia, una vez que la sentencia condenatoria fue firme, y que fue necesario cursar una orden europea de detención para su localización y posterior detención.

La huida y su 'escondite' con “perfil bajo”

La fuga duró un año e incluso Interpol, en 2024, le incorporó a la lista de 'los más buscados'.

El 4 de diciembre de 2025, tal y como adelantó este periódico, el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, detuvo a Natalio Grueso en un pueblo pesquero en el Algarve luso donde mantenía “un perfil bajo”

A continuación, reproducimos el post difundido por la Guardia Civil en su perfil oficial de la red social X, donde se puede ver el momento en que los agentes proceden a la detención de Natalio Grueso.

El tribunal exige que aporte un domicilio

Esta circunstancia de la huida ha sido determinante para que los magistrados de la Sección Tercera añadan un párrafo en la providencia donde aluden expresamente a la obligación de Natalio Grueso a designar un domicilio, dado que el indulto no ha sido total, sino que está condicionado.

Concretamente, el tribunal le requiere para que designe un domicilio “habida cuenta que para su ingreso en prisión fue preciso cursar orden europea de detención y entrega al encontrarse por entonces en paradero desconocido”.

La providencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de súplica.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación de la construcción del muelle adosado al dique Reina Sofía sur, en el puerto de La Luz y de Las Palmas, en Gran Canaria, por un valor estimado de 45,3 millones de euros, según ha informado el Gobierno central.

Esta obra permitirá al puerto ganar 335 metros de línea de atraque con 20 metros de calado y 16.000 metros de explanada, destinado principalmente a mercancía general.

El nuevo muelle se situará se sitúa en prolongación de la alineación del dique existente al sur, se indica en un comunicado.

A efectos presupuestarios, las obras correspondientes al proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Las Palmas bajo la línea de inversión denominada “Muelle Adosado dique Reina Sofia Sur’” dentro del epígrafe denominado “Ampliación Reina Sofía” y pueden ser parcialmente financiadas con fondos europeos.

Ese Plan de Inversiones 2025-2029 de Puertos del Estado contempla actuaciones en el puerto de Las Palmas por más de 350 millones de euros, de los que 286 millones de euros se destinarán a proyectos de infraestructuras para mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda, como el aprobado este martes.

Al impulso a la sostenibilidad se destinarán 41,5 millones de euros dentro del compromiso del sistema con puertos más verdes y casi 15 millones para reforzar la seguridad.

Además, están previstas inversiones por 5,8 millones de euros para la mejora de los accesos que incrementen la conectividad del puerto, y 3,3 millones para actuaciones puerto-ciudad.

Los puertos del Estado en Canarias son los quintos en volumen de inversión, con más de 600 millones de euros destinados a mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento, según el plan ‘Horizonte 2030’ para el sistema portuario de titularidad estatal, asegura el Gobierno.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que se declaran 211 “zonas gravemente afectadas” por emergencias de protección civil. Están provocadas, “en su mayoría”, por incendios forestales, pero también por episodios de lluvias y tormentas de alta intensidad que han afectado a varias comunidades autónomas desde el pasado 31 de marzo y hasta el 27 de julio de 2026.

En total, el texto incluye eventos acaecidos en un total de 14 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Illes Balears, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Comunitat Valenciana.

El real decreto incluye los fuegos de Madrid, Ávila y Toledo que han activado la emergencia nacional y el de La Vall d'Uixó, en Castelló, que mantiene ocupados estos días a los equipos de extinción. También el de Los Gallardos, en Almería, que se saldó con 13 fallecidos; los incendios forestales de abril en Galicia y Asturias; los episodios de Rugat y Benidorm (Comunitat Valenciana), Santa Eulària des Riu y Can Anfos (Ibiza) y Òrrius (Catalunya), en mayo; y los incendios de junio en Murcia, Coruña, Ourense, Castilla y León y Catalunya.

Son solo algunos de las decenas de fuegos que han arrasado más hectáreas que nunca en lo que va de año y que también están incluidos en el texto.

La declaración de zona gravemente afectada se amplía también a los episodios de lluvias y tormentas registrados en mayo en Mallora, Murcia y Catalunya y a los desprendimientos de un muro en Nalda y de parte de la muralla del Castillo de San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja. Unos episodios que se repitieron durante el mes de junio en estas dos últimas comunidades.

“Junto a estos sucesos, durante el periodo incluido en este Acuerdo se han producido otras emergencias de protección civil de distinta naturaleza, como incendios en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas e incidentes en instalaciones químicas o industriales, que motivaron la activación de los correspondientes planes de protección civil y la adopción de medidas de prevención y protección a la población”, indica el Ministerio del Interior en un comunicado.

Qué ayudas contempla la declaración de zona gravemente afectada

La declaración de zona gravemente afecta por emergencias de protección civil abre la puerta a que diversos ministerios apliquen medidas de ayuda a las personas físicas, jurídicas y a las administraciones afectadas por estos episodios. Por el momento, el Ministerio de Interior ha avanzado una serie de ayudas “destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia”.

Interior “prevé la posibilidad” de que se apruebe una exención de las tasas de la Jefatura Central de Tráfico, para trámites como el duplicado de los permisos de circulación o conducción o bajas de vehículos siniestrados y por expedición del DNI. Además, desde el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, señalan otras ayudas propias de los ámbitos competenciales de otros ministerios, como beneficios fiscales —como la exención de la cuota del IBI y la reducción de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas—.

Además, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social. Y el de Política Territorial concederá ayudas de hasta el 50% para los proyectos de reparación de infraestructuras de las corporaciones locales.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios, con la que establece un periodo de negociación máximo de 180 días mediante un sistema para incorporar nuevos fármacos innovadores mientras se acuerdan los precios con las farmacéuticas, incluye precios dinámicos para los genéricos y reconoce nuevas competencias de prescripción a enfermería y fisioterapia. Con estas novedad, Sanidad estima un ahorro al sistema de 2.100 millones de euros al año.

El objetico, indican desde el Ministerio, es “adaptar el sistema a los desafíos científicos, industriales y sociales” y “garantizar el acceso equitativo a la innovación, asegurar el abastecimiento de fármacos críticos y fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud mediante un modelo de evaluación independiente y sistmas de precios competitivos”.

El principal ahorro estimado por el Ejecutivo proviene de la nueva herramienta de precios dinámicos, orientada principalmente a aquellos medicamentos fuera de patente, como genéricos, híbridos y biosimilares, y a mercados consolidades en los que su penetración se haya estancado. “El sistema permitirá ajustar los precios de forma progresiva y automática en función de la cuota de mercado alcanzada”, indican.

Este sistema, que convivirá con el de los precios de referencia —para las agrupaciones homogéneas de fármacos equivalentes, cuyos precios se revisan año a año—, permitirá activar descuentos en los precios cuando los medicamentos lleguen a porcentajes elevados de penetración en el mercado. “El precio de los genéricos en España es notablemente más alto que en países de nuestro entorno, lo que no tiene mucho sentido”, explican fuentes de Sanidad, que pretenden revertir esta situación.

En los casos de los fármacos que pertenezcan a una agrupación homogénea —mismo principio activo y vía de administración—, el nuevo sistema establecerá un precio máximo de financiación. Esto permitirá que coexistan diferentes medicamentos con diferentes precios. El paciente podrá elegir cuál prefiere y, si opta por uno por encima de ese precio de financiación, deberá pagar la diferencia.

Financiación condicional para tratamientos innovadores

La nueva ley establece también un sistema de “financiación condicional para la innovación”. La norma permite incorporar rápidamente a la prestación pública medicamentos que cubran una necesidad médica no resuelta, aunque exista “incertidumbre sobre su eficacia”.

¿Cómo? Los laboratorios y la administración se dan 180 días para negociar el precio, pero el fármaco puede utilizarse durante el primer día. Si duante ese tiempo “se confirma el beneficio esperado, la financiación podrá consolidarse en las condiciones acordadas. Si los resultados no son satisfactorios, o si el precio definitivo resulta inferior al provisional, el laboratorio deberá compensar o devolver las cantidades correspondientes”.

Garantizar el abastecimiento

La norma introduce el concepto de “medicamento estratégico” y contempla medidas económicas —por ejemplo, subidas de precios— y regulatorias especiales para evitar desabastecimientos. Y, ante emergencias de salud pública, “se refuerzan las obligaciones de comunicación de existencias por parte de laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley del tabaco, con la que el Ejecutivo quiere actualizar la normativa que aprobó hace 16 años. La nueva norma amplía los espacios libres de humo y equipara las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, así como los productos a base de hierbas para fumar o shishas, las bolsas de nicotina y otros productos que “imitan o se asocian al acto de fumar” al tabaco convencional. Además, incluye por primera vez sanciones para los menores que fumen o vapeen.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que el tabaco “provoca 50.000 muertes al año” y es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. “Es el principal factor de riesgo evitable”, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha estimado que la nueva norma supondrá un ahorro de entre 100 y 200 millones de euros al año en gasto sanitario, que podrán destinarse a otras enfermedades no evitables.

A falta de su trámite parlamentario, el texto aprobado por el Gobierno confirma la prohibición de fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes al aire libre, instalaciones deportivas y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos y parques nacionales. Entre las novedades que incorpora esta segunda vuelta se incluye la prohibición de fumar y vapear en playas, tanto marítimas como fluviales.

La prohibición de fumar en terrazas es una de las medidas que más polémica levanta. En 2023, cuando el Ministerio de Sanidad anunció su intención de recuperar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que incluía esta ampliación de los espacios libres de humo, la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en duda los informes “que nos dicen que fumar en terrazas es tan perjudicial”, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida calificó la medida de “disparatada”.

Espacios de protección reforzada

Fuentes del departamento que dirige Mónica García aclaran que ampliar los espacios libres de humo “es una medida ampliamente eficaz” que, además de limitar la exposición pasiva, “desnormaliza el consumo”.

El nuevo texto crea además espacios de “protección reforzada”. No se podrá consumir tabaco ni productos relacionados en un radio inferior a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, centros sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, deportivos, parques o recintos infantiles.

Prohibición a menores

La ley ya prohíbe la venta y distribución de tabaco a menores de 18 años, pero el nuevo proyecto amplía también esa limitación al consumo por parte de este grupo tanto de cigarrillos convencionales como electrónicos, bolsas de nicotina o shishas. Los jóvenes que lo hagan se enfrentan a sanciones leves, de 200 a 600 euros, a la que deberán hacer frente sus padres, madres o responsables legales. La multa se rebaja —para las leves antes iba de 300 a 600— y se puede sustituir por trabajo comunitario.

Según los datos de la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, ETUDES 2025, la prevalencia de fumadores diarios entre personas de 14 a 18 años es del 4,3%, la cifra más baja desde que comentaron los registros en 1994. Sin embargo, los y las jóvenes que admiten haber consumido tabaco en el último mes se sitúa en el 15.5%. En el caso de los cigarrillos electrónicos, este último indicador ha pasado del 14,9% en 2019 al 27,1% en 2025.

Esta nueva puerta de entrada es la que quiere cerrar Sanidad con esta nueva ley antitabaco y la equiparación de estos dispositivos al tabaco convencional. “Incorporar [a la normativa] a estos nuevos productos evitaría este efecto de desplazamiento que se beneficia de esa ausencia de regulación”, consideran fuentes gubernamentales, que consideran que “la innovación comercial no puede ir por delante de la protección de la salud”.

Dónde comprar tabaco y cigarrillos electrónicos

La equiparación se traslada también a los puntos de venta, que solo podrán ser tiendas especializadas, cuyos requisitos se desarrollarán en una orden ministerial. Además, “la norma refuerza las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio”: se aplicarán a todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras, internet y cualquier otra forma de promoción directa o indirecta.

La promoción se limitaría a los puntos de venta. En este sentido, la principal novedad es que las acciones no podrán realizarse en escaparate. Y las que se hagan en el interior del local no podrán verse desde la calle.

Sin empaquetado genérico

El texto enfrenta ahora su trámite parlamentario, que desde el Ministerio confían en que concluya antes del fin de la legislatura, en 2027. Fuentes ministeriales esperan además poder introducir, vía enmiendas, el empaquetado genérico, que ha quedado fuera del proyecto aprobado en el seno del Gobierno. La idea de los de García es que lo incluya a través de esta vía el grupo parlamentario de Sumar, ante la negativa socialista a incorporarlo a la redacción original.

El texto también ha dejado fuera la prohibición de los vapers desechables, a la espera de que Bruselas se pronuncie al respecto. Desde el Ejecutivo confían que la resolución europea será favorable a sus intenciones y, en su momento, se incorporará a la norma. “No queríamos dilatar la aprobación así que se ha sacado con la idea de incorporarlo en la tramitación una vez tengamos el informe”, aclaran estas fuentes. Además, la prohibición de saborizantes se llevará a cabo a través de un decreto ley.

El Consejo de Ministros prevé aprobar la próxima semana la declaración como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc) del territorio afectado por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), una medida que permitirá establecer líneas de ayuda para las administraciones públicas y los particulares que hayan sufrido daños.

Así lo ha anunciado ante los medios este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante una visita a Los Gallardos, Lubrín, Bédar y Antas, los cuatro municipios afectados de forma “más contundente, más inmediata y directa” por el fuego. El incendio, declarado el 9 de julio, ha calcinado más de 7.000 hectáreas y aún no se ha dado por extinguido. Un total de 17 efectivos del Plan Infoca permanecen en el área afectada para completar las tareas de extinción.

La Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno ya atiende a los alcaldes y a sus técnicos municipales para concretar el procedimiento, que comenzará con la elaboración de un inventario de los daños registrados en instalaciones, infraestructuras y equipamientos municipales, así como de los sufridos por particulares y de los ocasionados en el monte público y el medio ambiente.

Fernández ha precisado que, aunque la gestión del monte y la restauración del medio natural corresponden a la Administración autonómica, el Gobierno financiará el 50% de las actuaciones destinadas a recuperar el entorno natural afectado. Estas intervenciones estarán dirigidas a acelerar los trabajos de restauración y reforestación y a “reforzar la resiliencia del territorio frente a futuros incendios”.

Los equipos técnicos de la Subdelegación también asesorarán a los ayuntamientos en la tramitación de las ayudas y colaborarán en la elaboración de los informes de valoración de daños, que deberán presentarse en un plazo máximo de un mes.

El Gobierno destinará recursos para financiar los gastos extraordinarios asumidos por los consistorios como consecuencia del incendio, así como la reparación de las infraestructuras e instalaciones públicas dañadas. Fernández también ha tenido un recuerdo para las 13 víctimas mortales y ha trasladado su deseo de que las cuatro personas que continúan gravemente heridas en Sevilla “puedan evolucionar favorablemente y pronto estar recuperados”.

Casi 1.000 efectivos

El representante del Gobierno ha reconocido el trabajo desarrollado por los alcaldes, los equipos de gobierno y los trabajadores municipales desde el inicio de la emergencia, así como la atención prestada a los vecinos ante el “grave shock” provocado por el incendio.

Asimismo, ha asegurado que las administraciones mantendrán durante la recuperación la misma coordinación demostrada durante las labores de extinción y ha ofrecido la “colaboración” y la “lealtad absoluta” del Gobierno de España para paliar los daños y ayudar a los municipios a recuperar cuanto antes la “mayor normalidad posible”.

Durante la emergencia, el Gobierno de España desplegó 981 efectivos de distintos organismos estatales. El dispositivo estuvo integrado por 628 agentes de la Guardia Civil, 220 miembros de la Unidad Militar de Emergencias, 72 efectivos de las brigadas de refuerzo en incendios forestales, 34 efectivos de Protección Civil y 61 agentes de la Policía Nacional.

Restablecer los suministros

Por su parte, el alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, ha explicado que el Ayuntamiento inició las labores de reconstrucción en cuanto pudo acceder a las zonas afectadas. “Desgraciadamente las desgracias ocurren en un segundo. Volver a la normalidad pues se lleva su tiempo”, ha manifestado.

El Consistorio ha puesto a disposición de los vecinos un equipo de fontaneros para restablecer las conexiones entre los contadores y las viviendas que han perdido el abastecimiento de agua, además de un equipo de electricistas para recuperar el suministro eléctrico.

Además, ha habilitado contenedores para que los propietarios cuyas casas no han sufrido daños devastadores puedan depositar los restos y residuos retirados durante los trabajos de limpieza, que después se trasladarán a una empresa especializada.

Collado ha señalado que el Ayuntamiento abrió un punto de información para recopilar los datos de los afectados antes de la publicación del decreto. El objetivo es adelantar el trabajo y adaptar la documentación a las condiciones que establezca la declaración para facilitar el acceso a las posibles ayudas.

“Bédar vive, Bédar continúa”

“Bédar vive, Bédar continúa”, ha proclamado el alcalde, quien ha pedido a las personas que tenían previsto visitar el municipio durante estos días que mantengan sus planes. Ha destacado que los restaurantes permanecen abiertos y que las actividades programadas para el verano se celebrarán “de una manera diferente”.

El regidor ha subrayado que los pequeños comercios y negocios necesitan el respaldo de los vecinos de la comarca, de la provincia y de otros territorios. “Que vengan, que los acogemos con los brazos abiertos porque los necesitamos. Bédar tiene que continuar y tiene que vivir”, ha expresado.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la celebración del contrato de obras de protección frente a inundaciones en el barranco de La Saleta, entre Aldaia y la Vía Verde (Valencia), con un presupuesto base de licitación de 132,1 millones.

Esta actuación se complementará con un segundo proyecto, ya aprobado técnicamente y de próxima licitación, para la conexión bajo la V-30 con el nuevo cauce del Turia, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) en un comunicado.

En conjunto, la inversión en el barranco de La Saleta superará los 150 millones, incluidos los contratos de asistencia técnica asociados a las obras.

Esta actuación constituye una de las principales intervenciones previstas para reducir el riesgo de inundación en una de las zonas más afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 y forma parte del conjunto de actuaciones impulsadas por el Gobierno para incrementar la resiliencia del territorio frente a episodios de lluvias extremas.

Reducir riesgos

Las obras permitirán mejorar el funcionamiento hidráulico del barranco de La Saleta, incrementando su capacidad de desagüe y reduciendo la peligrosidad de las avenidas a su paso por el entorno urbano.

Con ello se persigue minimizar los daños sobre la población, las viviendas, las actividades económicas y las infraestructuras, reforzando al mismo tiempo la seguridad de las personas.

La actuación se enmarca en la estrategia del Miteco para adaptar las cuencas al aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático, combinando actuaciones estructurales con medidas de planificación, prevención y adaptación.

El proyecto forma parte del Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a inundaciones en el territorio afectado por la dana, que recoge un conjunto de actuaciones destinadas a reducir el riesgo de inundación en las zonas más vulnerables de la Comunitat Valenciana.

La autorización del contrato supone un nuevo avance en la ejecución de las actuaciones comprometidas por el Gobierno para mejorar la protección frente a inundaciones y reforzar la resiliencia de los territorios afectados.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado varias medidas que conciernen a Canarias. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que las ha considerado “importantes”.

Según él mismo ha explicado en un vídeo difundido en sus redes sociales, el Consejo de Ministros ha autorizado la titularidad del operador para la futura Central Hidroeléctrica de Güímar, en Tenerife. Se trata, según ha manifestado, de “un paso más en la apuesta por las energías renovables” en el archipiélago.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado dotar con otros 44 millones de euros a las Islas para Dependencia. En la misma línea, se ha dado luz verde a otros cuatro millones para financiar la acogida de menores migrantes no acompañados en las Islas. Y otros 8,5 millones para el tratamiento de agua desalada.

En total, más de 50 millones de financiación del Estado para distintas partidas en las Islas.

Por último, Torres ha indicado que también se ha autorizado al Gobierno de Canarias el uso de 300 millones en deuda a corto plazo.

La nueva central en Güímar

La nueva central comenzará a operar “a mitad de la próxima década” y promoverá la descarbonización del eje energético que conforman esta isla y La Gomera. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien ha subrayado que, con el acuerdo alcanzado este martes, el Gobierno de España dice “adelante con este proyecto”, que va a suponer una inversión de más de 1.000 millones de euros y generará unos retornos económicos importantes, ya que la futura central permitirá ahorrar del orden de 200 millones de euros al año en generación de electricidad.

“En poco más de cinco años se va a amortizar, se va a recuperar totalmente esa inversión y es una infraestructura que tiene una vida útil de décadas y de décadas”, ha aseverado.

Además de una inversión rentable para el sistema eléctrico, será positiva para los consumidores, porque permitirá incorporar más energías renovables y evitar depender de combustibles fósiles que “vuelven a estar carísimos a nivel internacional”, ha añadido.

Groizard ha dicho que un tercio de la demanda eléctrica de Tenerife podría quedar cubierta por este sistema de bombeo, que permitirá almacenar el excedente generado por los parques eólicos y solares en forma de agua embalsada en altura, que se transforma de nuevo energía cuando se precise dejándola caer hacia unas turbinas.

La futura central de Güímar tendría así un funcionamiento similar a la que ya está en construcción en Gran Canaria, el Salto de Chira.

“Hablamos de entre 200 y 220 megavatios de potencia pico y unas 16 horas de almacenamiento. Es decir, esa es una megabatería, es una gran pila al servicio del sistema que va a permitir dotar de seguridad de suministro y permitir una mayor integración de renovables para Tenerife y La Gomera”, ha referido.

El acuerdo adoptado este martes “activa el mandato que se da a Red Eléctrica de hacer el trabajo de ingeniería, presentarlo a la ventanilla de la comunidad autónoma de Canarias, que va a ser quien haga la evaluación ambiental y el trámite administrativo de este proyecto”.

En paralelo, el Gobierno a lo largo de este año va a definir “cómo y cuánto se paga”.

Esa inversión de 1.000 millones de euros hay que convertirla en unos parámetros técnicos, económicos, una regulación que va a explicar exactamente cómo se regula y eso estará a lo largo de este año, ha dicho.

En cualquier caso, ha aclarado que “hablamos de proyectos que entre su tramitación y su construcción” se prolongarán en torno a una década, pero “a mitad de la década que viene Tenerife contará ya con su bombeo reversible, al igual que lo va a hacer muy próximamente la isla de Gran Canaria”.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado varias medidas relativas a Canarias que el ministro de Política Territorial y expresidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “importantes” para las Islas. Entre ellas está la modificación del límite de gasto para las comunidades autónomas, que se eleva del 3,2% fijado por Europa, hasta el 4%. En este punto Torres ha expuesto la incongruencia del PP de Canarias en las votaciones al respecto y ha señalado que el próximo día 14, cuando se vote esta regla en el Congreso de los Diputados, se verá “quiénes defienden los intereses de los canarios y canarias y quiénes anteponen sus propios intereses”, en referencia a la consejera de Hacienda, Matilde Asian (PP).

Ya este lunes, el Gobierno central trasladó a las comunidades autónomas que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, lo que supone “los mayores recursos de su historia”, según lo explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El Gobierno también trasladó a las comunidades que podrán incurrir en un déficit del 0,1%, lo que supone unos números rojos de unos 1.700 millones de euros para el conjunto de los ejecutivos regionales solo para el año próximo.

Torres ha detallado que el nuevo objetivo es “mejor que el anterior”, pues eleva la cifra del 3,2% al 4%. Esto, ha abundado, significa “muchos más recursos para sanidad pública, educación pública, servicios sociales, dependencia, vivienda... es decir, para el estado del bienestar”.

Torres ha recordado que la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asian (PP), se abstuvo cuando se propuso en 3,2% de objetivo de déficit, y sin embargo votó en contra del 4% este lunes “por orden de su partido político”. El ministro ha añadido que este nuevo objetivo de déficit se votará en el Congreso el próximo 14 de julio, y que ese día se verá cuál es el voto de los distintos grupos políticos: “Sabremos quiénes defienden los intereses de los canarios y canarias y quiénes anteponen sus propios intereses”, ha concluido.

Este martes, el Consejo de Ministros también dio luz verde a ampliar hasta los 23,1 millones las ayudas para compensar la singularidad fiscal de Canarias frente a la Guerra de Irán. En un primer acuerdo con el Gobierno regional, las ayudas superaban los 15 millones de euros por parte del Estado, mientras que el Ejecutivo de Fernando Clavijo aportaba algo más de 14 millones.

Sin embargo, tras alargarse el conflicto, y tras un nuevo acuerdo entre ambas administraciones, el Gobierno central se comprometió a incorporar otros 7,8 millones de euros adicionales, lo que, en suma, eleva a 23,1 las ayudas.

El Ministerio de Derechos Sociales inicia este lunes el procedimiento para que el Consejo de Ministros apruebe una partida de más de 904 millones de euros, a repartir entre las comunidades autónomas, para financiar el nivel acordado de la dependencia. La cifra, que alcanza los 970 millones de euros incluyendo los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra, supone un récord histórico de financiación e implica que el Estado abonará más de 7.000 millones de euros al año en dependencia a partir de 2027.

Este presupuesto pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia conforme al cumplimiento de objetivos establecidos, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector. La partida presupuestaria del nivel acordado fue eliminada en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se dota con 307 millones de euros, que han crecido hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

El aumento se enmarca en el crecimiento exponencial del nivel mínimo, que hace dos semanas duplicó las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. La ampliación económica supone que, entre el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Una inversión que además de ser récord, es estructural y queda blindada para los siguientes años. Los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán un 98,7% sus fondos para la dependencia y, en total, el Estado abonará 7.239 millones de euros a las comunidades autónomas en 2027.

En las transferencias del nivel mínimo, el Estado central no tiene capacidad para influir en el destino final de esos fondos, más allá de que los gobiernos autonómicos deban emplearlos en dependencia. Sin embargo, son estos, en cumplimiento de sus competencias, quienes deciden en qué los emplean. En el caso del nivel acordado, estos sí están ligados a objetivos concretos, pactados entre los ejecutivos autonómicos y el central. El Ministerio de Derechos Sociales llevará su propuesta este jueves a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el paso previo al Consejo de Ministros.

La ampliación económica ha supuesto también la refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que tiene como objetivo reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos. Así, la norma incluye nuevos servicios para la ciudadanía como: nuevos modelos de convivencia colaborativa, productos de apoyo que mejoren la autonomía, servicios de teleasistencia personal para quienes lo deseen y extensión del servicio de ayuda a domicilio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 23 de junio un real decreto de financiación a la dependencia, que implica que las comunidades autónomas recibirán 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 más en 2027. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, indicaba Sánchez en una comparecencia previa a la aprobación de la medida. El presidente calificó el aumento como la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, afirmación que ratificó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”.

La política será muchas cosas, pero no es un concurso de popularidad, ni tampoco Miss Universo. En la elección de quién nos representa a nosotros, ciudadanos, intervienen muchísimas cosas, factores abundantes: por no ser, la política no es tampoco meritocrática. No llegan a muchos puestos ni los más listos ni los más preparados. No existen cuotas para asegurarse de que la representación sea realmente representativa: la clase política y la mediana o moda española se parecerán, seguramente, lo que un huevo a una castaña. Hay muchos más rentistas entre los políticos que entre la población, los políticos tienen orígenes más elitistas que el español promedio, han tenido más contactos, agenda, recursos, oportunidades. Han conocido desde pequeños, y frecuentado, ese mundo o mundos alternativos, los círculos de la política profesional; por sus afinidades y amistades los conoceréis. Como se gritaba “el hijo del obrero, a la universidad”, también podría gritarse “al Congreso”; Podemos surfeó esa ola de la representación en 2015, cuando Pablo Iglesias vestía camisas de Alcampo con tal de parecerse mucho más al pueblo llano. Dejó de surfearla con la polémica del chalet: se quebró cierto pacto de identidad.

Como las cosas son así, no ha dejado de llamarme la atención un hecho, frecuente en estos últimos tiempos, que viene repitiéndose a pesar de sus resultados demostrados: la política es capaz de tropezar muchas veces con la misma piedra —como el mono o como Julio Iglesias— y seguir en negación. Los resultados que ha cosechado el PSOE al enviar a contiendas autonómicas a ministros-candidatos no han sido particularmente brillantes, en casi ninguno de los casos. No lo fue María Jesús Montero en Andalucía, ni lo fue Pilar Alegría en Aragón, y eso que ninguna de las dos me parece particularmente una mala candidata; ¿fue su cercanía al Gobierno un lastre, influyó en la mediocridad de lo logrado? Se puede saber solo a medias. Con lo que es posible especular es con los motivos de ese mandato, el paso del Consejo de Ministros a la candidatura, y apurando al máximo los plazos, siempre, para no dimitir de lo primero: no darle la vuelta a las elecciones aprovechando el altavoz estatal, sino asegurar cierto control territorial. No ganar en lo institucional: conservar, más bien, el control de lo orgánico.

Cuando se presentó Reyes Maroto a la alcaldía de Madrid en 2023, tras una ilustre sucesión de candidatos sin demasiado tirón, le sirvió al PSOE para salvar los muebles en el Ayuntamiento, pero no para evitar que Más Madrid, capitaneado en la plaza municipal por Rita Maestre como candidata sucesora de Carmena, quedara decididamente por delante. A día de hoy, a ningún electorado puede ilusionarle más Reyes Maroto que Enma López, que ya en 2023 habría sido una candidata mucho más potente, como también Mar Espinar, que Reyes Maroto; a nadie, por supuesto, salvo al propio aparato que apoyaba a Maroto.

No es igual preparar tu candidatura haciendo de oposición a prepararla, a 2026, desde los micrófonos de un Consejo de Ministros cuya valoración ha caído en esta última legislatura. Los liderazgos del presente ya no se construyen ahí, aparecen fuera: si no, que alguien consulte por qué es Gabriel Rufián el político mejor valorado a la izquierda del PSOE, sin que nadie sepa una sola ley o proposición o informe que haya redactado; que alguien pregunte por qué le fue tan bien a Adelante Andalucía y José Ignacio García en las andaluzas, si no es por la distancia con el nuevo establishment de la izquierda y lo ya formulado, su cercanía.

La tragedia de los ministros-candidatos es que no tienen por qué ser peores dirigentes políticos que los candidatos sin ministerio. Pueden, en ocasiones, de hecho, ser mejores, generar mejores equipos, trabajar mejor o tratar mejor a su gente; en 2026, sin embargo, no son los ministerios trampolines a ningún sitio. Diana Morant pone en bandeja a Compromís el sorpasso, allí donde una candidata como Pilar Bernabé, si fuera autonómica y no municipal, lo habría remediado; Óscar López se bate en la izquierda con otra ministra, Mónica García, pero Mónica García al menos cuenta con los galones de haber liderado la oposición a Ayuso. Si la explicación para los resultados pobres a nivel autonómico de la izquierda es la misma elección tras elección, algún día habrá que preguntarle a los dirigentes por qué nadie piensa en variar la fórmula. Hasta entonces, mucho me temo que seguiremos repitiendo, una y otra vez, las mismas cosas, y así con el eterno retorno de ministros estrellados.

El presidente del Gobierno ha anunciado este viernes que el próximo Consejo de Ministros dará el “paso definitivo” para retirar a Antonio Vallejo-Nájera (1889-1960) la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. “Ninguna democracia puede seguir homenajeando a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad”, ha justificado Pedro Sánchez.

En un mensaje a través de sus redes sociales, Sánchez se ha preguntado “cómo es posible que, en pleno 2026, un hombre que afirmaba que las mujeres tenían ”la inteligencia atrofiada“ y que su única misión era tener hijos para la patria siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado”.

El presidente del Gobierno se ha referido a Vallejo-Nájera como “el psiquiatra de cabecera del franquismo, conocido como el Mengele español por sus despreciables experimentos sobre la supuesta limpieza de la raza”.

“Sostenía que quienes defendían la igualdad social y, por tanto, también la igualdad política, eran mentalmente inferiores y calificaba a las personas progresistas como enfermas”, asegura Sánchez, que indicó que Vallejo-Nájera “dedicó su vida a buscar un inexistente gen rojo que, según él, había que extirpar”.

“Sus teorías, además, sirvieron para justificar el robo de bebés durante el franquismo, con el objetivo de impedir que heredaran la supuesta degeneración ideológica de sus padres y madres”, ha explicado el presidente del Gobierno.

El Gobierno ha acordado con Bruselas flexibilizar algunas de las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, de tal manera que se puedan utilizar los remanentes de hitos y objetivos ya cumplidos para seguir financiando gastos afines más allá del 31 de agosto. Esta es la fecha en la que tienen que estar ejecutadas todas las reformas y acciones financiadas con el ‘maná europeo’.

El Ejecutivo ha incluido en el Real Decreto-Ley de respuesta a la crisis en Oriente Medio una disposición adicional pactada con la Comisión Europea que permitirá que, en el caso de que se hayan cumplimentado los programas del Plan de Recuperación con un menor gasto del previsto inicialmente, se puedan usar esos ahorros para “la financiación de actuaciones en las mismas áreas políticas”. Es decir, fundamentalmente, las transiciones digital y energética.

El articulado especifica que se aplicará para los hitos y objetivos incluidos en la última solicitud de desembolso, el séptimo pago, que el Ejecutivo debería pedir antes del 31 de agosto. Y siempre que se compruebe “que el importe finalmente justificado y verificado es inferior al que se consideró para evaluar los proyectos presentados del hito u objetivo y determinar su cumplimiento”.

Según detalla la disposición, serán las “entidades decisoras” del Plan de Recuperación —es decir, los ministerios— quienes determinen los hitos y objetivos que se acojan a este nuevo régimen así como la cuantía afectada, en base a la información que proporcionen las “entidades ejecutoras” —los propios ministerios, empresas públicas, comunidades autónomas o ayuntamientos—.

La disposición, dice el texto, será de aplicación inmediata desde su entrada en vigor, este miércoles. Y el Gobierno se reserva, mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, el dictar instrucciones “para la aplicación de los apartados anteriores y para garantizar la correcta ejecución final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Una medida para evitar el “efecto escalón”

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que no hay una cifra cerrada de fondos que potencialmente se puedan desatascar con esta medida, ya que no se conocerán hasta el final del programa, cuando se evalúen los hitos y las cuantías. En este sentido, desde el Ejecutivo señalan que llevan meses en conversaciones con la Comisión Europea para conseguir esta flexibilización. El objetivo último, detallan, es evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez finalice el programa europeo.

Hace cinco años, el presidente Pedro Sánchez consiguió una gran victoria política en Bruselas al amarrar un ‘Plan Marshall’ europeo con emisión conjunta de deuda para reconstruir la economía tras el golpe de la pandemia. Inicialmente a España se asignaron 160.000 millones de euros, entre transferencias y créditos. Al final serán 102.000 millones, ya que el Gobierno renunció a 60.000 millones en préstamos, y solo si el Ejecutivo saca adelante todos sus compromisos.

Que desaparezca de golpe esa inyección millonaria podría ralentizar un crecimiento que, hasta ahora, no deja de batir las expectativas. Para evitarlo, además de esta iniciativa, el Gobierno ha impulsado el fondo España Crece, anunciado a principios de año, dotado con 13.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y con el objetivo de que el Instituto de Crédito Oficial —que va a gestionar este vehículo— movilice 120.000 millones de euros de inversión, entre pública y privada. Sus objetivos serán similares a los del plan original: las transiciones verde y digital, así como el desarrollo de vivienda pública asequible.

La inyección de los fondos europeos ha servido al Gobierno para capear la falta de unas cuentas públicas, dado que las que están en vigor son las prorrogadas desde 2023. De hecho, en La Moncloa se ha considerado que el Plan de Recuperación eran los ‘verdaderos’ Presupuestos de esta legislatura. El presidente ha llegado a rechazar un adelanto electoral por la necesidad de ejecutar al completo los 102.000 millones de euros procedentes de Bruselas.

El Gobierno está aún a la espera de que la Comisión Europea dé luz verde a la solicitud del sexto desembolso, por valor de 7.256 millones de euros, que remitió en marzo de este año. Entre otros, está pendiente de que el Ejecutivo comunitario autorice al Ejecutivo ‘saltarse’ la subida de los impuestos al diésel. Precisamente, y como parte del nuevo paquete de medidas por la guerra en Oriente Medio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva rebaja temporal en el impuesto de hidrocarburos, hasta octubre.

En La Moncloa está previsto solicitar el séptimo y último pago antes de que termine el verano, donde se incluirán unos 140 hitos y objetivos por valor de 27.000 millones de euros. A partir de ahí, la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para autorizar el desembolso.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

La Rioja recibirá 25 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Así se acordó en el real decreto-ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros que amplió las cuantías que el Estado aporta al SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) y supondrá un importante incremento de las cantidades que el Gobierno de España transfiere cada mes a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia.

En La Rioja, y según las últimas cifras publicadas por el Imserso el 31 de mayo de 2026, actualmente hay 9.668 personas con prestaciones reconocidas. De esta forma, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 25 millones de euros más (24.813.144 euros) al Gobierno de La Rioja entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo.

Esta ampliación de las cuantías entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y es especialmente significativa en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128 por ciento y un cien por cien respectivamente. Estos incrementos, sumados al del 18 por ciento aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al SAAD será la mayor de su historia.

Es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebra este lunes 29 de junio. Desglosando por años el incremento estimado para el nivel mínimo, el Gobierno de La Rioja recibirá 8 millones de euros más en 2026 (8.271.048 euros), y 16 millones de euros más en 2027 (16.542.096 euros).

En total la aportación estatal a la dependencia riojana será de más de 25 millones de euros en 2026 (25.258.032 euros), y de 33 millones de euros en 2027 (33.529.080 euros). Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia riojana hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado. En concreto y según el número de personas existentes en el Sistema actualmente, se habrían transferido un total de 17 millones de euros (16.986.984 euros al Gobierno de La Rioja.

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 148,68 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de más de 581 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la provincia de Zaragoza.

El Gobierno ha dado luz verde a seis expedientes de contratación, divididos en 29 lotes. Cuatro de ellos se corresponden con actuaciones en carreteras estatales en la provincia de Zaragoza, en Aragón. Se ha autorizado un lote que tiene por objeto la conservación del sector 6 de carreteras en esta provincia, correspondiéndose con la AP-68, entre los kilómetros 237 y 295 y su enlace con la A-2.

Otro lote se refiere a la conservación del sector 5 de carreteras en esta provincia, incluyendo 124,49 kilómetros de la A-2, entre los kilómetros 180 y 294; así como distintas vías de servicio de la misma, en el punto kilométrico 65 de la N-234, entre los kilómetros 236 y 304, en 39 kilómetros de la N-2, entre los puntos kilométricos 203 y 252, la N-2A entre los km 223 y 227, y 4 kilómetros en la N-2R, entre el 204 y 227.

El tercer lote tiene por objeto la conservación del sector 1 de carreteras en esta provincia, incluyendo la A-2, entre los kilómetros 299 y 339; la A-68, entre los kilómetros 207 y 234; la N-2 entre los kilómetros 326 y 340; la N-232, entre los kilómetros 186 y 207; 5 kilómetros en la N-232-A, entre el 208 y 219; la Z-40, entre los puntos kilométricos 13 y 34; además de distintas vías de servicio y enlaces de estas carreteras.

El último lote de estas licitaciones es para la conservación del sector 4 de carreteras, correspondiéndose con la AP-2 entre los kilómetros 18 y 120. También para la rehabilitación del firme en la autopista AP-2, entre los puntos kilométricos 46,615 y 52,795.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital en el consorcio público-privado que desarrollará una gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA). Se trata de una gran infraestructura de supercomputación con varios centros de datos y cientos de miles de chips avanzados diseñada para entrenar y operar modelos avanzados de IA a escala industrial.

La Unión Europa ha puesto encima de la mesa 20.000 millones de euros que se adjudicarán a entre tres y cinco gigafactorías repartidas por el continente. El proyecto español opta a ser una de ellas con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. “Es una apuesta por la soberanía tecnológica e industrial”, ha defendido la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Elma Saiz.

El núcleo privado del consorcio lo forman Telefónica, ACS, el Banco Santander y Multiverse Computing, una startup con Sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA usando técnicas inspiradas en la computación cuántica, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento.

Banco Santander, ACS y Telefónica, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno. Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

El Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta entidad, conocida como la SEPI digital, agrupa las diferentes inversiones estatales en empresas tecnológicas de última generación con el objetivo de anclarlas al territorio y evitar la fuga de talento. Una de ellas es la propia Multiverse Computing. La Generalitat de Catalunya también contará con un 1% del capital de la gigafactoría en una fase inicial.

Fuentes del Ejecutivo detallan que aún no se conocen los plazos en los que la UE resolverá las candidaturas a las que adjudicará finalmente los fondos. El primero paso será la publicación del concurso oficial por parte de la Comisión Europea, algo que se espera que ocurra en julio. Hasta entonces, España continúa dando pasos para demostrar su compromiso con el proyecto.