Las listas del PSOE y del Frente Amplio (que, por el momento, incluye a Más Madrid, Izquierda Unida, los Comuns y Movimiento Sumar) en las elecciones generales del 29 de noviembre estarán llenas de ministros, pero también hay algunos que han optado por no sumarse a las candidaturas para centrarse en la futura tanda de elecciones autonómicas en 2027. Entre los primeros está el titular de Justicia, Félix Bolaños, que irá por Madrid; y entre los segundos, Óscar López o Ángel Víctor Torres, que competirán directamente en las autonómicas.

Qué miembros del Gobierno concurrirán a las elecciones:

Incógnitas sobre los puestos:

Qué ministros no están presentes en las listas:

Las candidaturas del PSOE se someterán a la ratificación de su Comité Federal este sábado 17 de octubre. Ese mismo día, el Frente Amplio presentará oficialmente su proyecto electoral, aunque todavía quedan por definir los nombres que integrarán sus listas en las distintas circunscripciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de este martes el Real Decreto por el que se contempla la concesión directa de subvenciones para financiar el transporte público colectivo metropolitano en distintas regiones, entre ellas Canarias, para el año 2026.

De esta manera, el Estado transferirá al Gobierno de Canarias 47,5 millones de euros de subvención para financiar la gratuidad del transporte colectivo en el archipiélago durante el ejercicio 2026, cuantía que es la misma que ya se aprobara en su momento para el año anterior, según ha precisado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Además de para el transporte colectivo en Canarias, el Real Decreto también concede fondos para financiar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia.

“El transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares se caracteriza por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores”, ha destacado el Ministerio.

Este departamento recuerda que el transporte público tiene carácter de servicio público esencial por su incidencia “notable” en cómo se desarrolla la vida en estos territorios, pero también en las actividades económicas, profesionales o sociales.

“Atender las necesidades de movilidad de un volumen significativo de población justifica esta financiación, que contribuye al funcionamiento ordinario de este servicio público esencial”, ha concluido el Ministerio.

Desde que este Real Decreto entre en vigor, los beneficiarios tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar sus solicitudes y el resto de la documentación requerida, y la resolución de concesión de estas ayudas tendrá un plazo máximo de 45 días.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado pronunciarse por “falta de competencia para su conocimiento” sobre la petición para que los juzgados de Madrid asuman el 'caso Montoro' y ha dejado la decisión en manos de la Audiencia Provincial de Tarragona, que tendrá que decidir si traspasa la causa o la mantiene en los juzgados de instrucción tarraconenses.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sala de lo Penal han archivado la reclamación efectuada por Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, y la organización Manos Limpias, que habían pedido al alto tribunal que se pronunciara sobre la competencia de los juzgados de instrucción.

En esta causa, el juez de Tarragona Rubén Rus investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro se impulsaron leyes para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro y del que se desvinculó en 2008.

La Audiencia de Tarragona declinó pronunciarse al respecto “por falta de competencia funcional”, al considerar que su conocimiento correspondía al Tribunal Supremo, pero la Sala de lo Penal señala ahora que es el tribunal tarraconense el que deberá decidir si la causa se mantiene en Tarragona o se traspasa a Madrid.

“No habiéndose suscitado cuestión de competencia alguna entre dos órganos judiciales con sede en distintas comunidades autónomas, no concurre una contienda competencial cuyo conocimiento corresponda a esta Sala”, ha aducido el alto tribunal.

En su opinión, la reclamación formulada “corresponde a la Audiencia Provincial de Tarragona, en su condición de tribunal superior de órgano instructor”. “La pretensión de las partes de atribuir la instrucción a un órgano judicial de otro territorio no constituye, por sí sola, una cuestión de competencia entre órganos judiciales”, argumenta.

Así, el Supremo indica que “carece de competencia para resolver la reclamación planteada, por lo que procede acordar que no ha lugar a su tramitación ante esta Sala y el archivo de las presentes actuaciones”.

El segundo decreto en materia de vivienda, que incluye la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que en la práctica supone contratos indefinidos, aún no figura publicado en el Boletín Oficial del Estado, al contrario que el primero, recogido desde este miércoles. Está prevista su publicación mañana, jueves 1 de octubre. El retraso se achaca a la limitación temporal de las medidas. No obstante, el texto ya ha llegado al Congreso, ya que debe convalidarse el viernes y el documento debe registrarse en el Parlamento con al menos 48 horas de antelación

El decreto ya publicado (aquí puedes leer su letra pequeña) incluye prórrogas del alquiler hasta diciembre de 2028. Como la última norma publicada es la que prevalece y el segundo decreto habla de alquileres indefinidos, ha de ser publicado más tarde. No obstante, elDiario.es ha tenido acceso a su redacción textual:

No queda mucho más por negociar. Ese es el mensaje que traslada el Gobierno después de una cuenta atrás de vértigo para sacar adelante en el Consejo de Ministros de este martes un paquete de medidas de vivienda que dé respuesta a la ola de protestas derivada del desahucio de Maricarmen. El Ejecutivo se ha volcado, de hecho, en que esa negociación llegue perfilada antes de la aprobación del decreto para contar con garantías de apoyo parlamentario. Y Moncloa considera que ese trabajo multilateral llevado a cabo con todos los grupos necesarios para validar el texto en el Congreso despeja el camino de su aprobación.

El Gobierno rebaja el peso de las críticas de algunos de esos socios parlamentarios, principalmente Podemos, convencido, por un lado, de que el contenido de la amplia batería de medidas aprobada contiene el grueso de reivindicaciones del sindicato de Inquilinas, aunque sea en dos textos diferentes. Pero también porque asegura que la interlocución con Junts esta vez sí ha sido estrecha y fructífera. Y que por eso se han incluido sus principales demandas en forma de incentivos fiscales a pequeños propietarios. “Con Junts la negociación ha ido muy bien y agradecemos su colaboración. Estamos seguros de que cuando vean el texto no habrá nada que les impide apoyarlo”, cuentan en la Moncloa.

Ahora, en la Moncloa confían en que el estrecho margen de apenas 72 horas que hay hasta su aprobación en Pleno, fijado ya para este viernes, juegue a favor de una votación que, además, sentirá de cerca el aliento de una movilización social que no ha dejado de crecer en los últimos días. Este martes, el Sindicato de Inquilinas redobló la presión tras conocer el contenido de los decretos y exigió al Gobierno que “el texto no sea un decreto farsa” y que incluya “de forma realmente efectiva los contratos indefinidos” y “la regulación del alquiler de temporada y habitaciones”. Pero el colectivo también aseguró que “estudiará su contenido cuando el conjunto de los textos esté disponible” y evitó pedir el voto a favor o en contra de los mismos a los grupos.

Igualmente, a última hora del martes ninguna de las formaciones de las que dependen los decretos para ser convalidados este viernes había aclarado cuál será su posicionamiento. Ni Junts ni Podemos quisieron pronunciarse durante las horas posteriores a la aprobación de los textos porque, entre otras cosas, ni ellos ni ningún otro grupo parlamentario ha podido acceder aún a la redacción final: la negociación entre PSOE y Sumar se extendió tan hasta el último minuto que los técnicos de la Moncloa estuvieron ajustando durante toda la tarde del martes el texto legal que aparecerá este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La actitud con la que ambas formaciones recibieron los detalles que fue desgranando a lo largo del martes el Gobierno, no obstante, fue muy diferente. Junts decidió mantener una estrategia de perfil bajo y evitó posicionarse hasta conocer el contenido completo de los decretos. La única intervención pública de los independentistas tuvo lugar antes de que los paquetes de medidas recibieran luz verde del Consejo de Ministros, cuando la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, presionó al Ejecutivo para que el escudo antidesahucios dejara fuera a los pequeños propietarios que desahucian, un extremo que ya exigió el partido el lunes por la noche.

Por el contrario, Podemos optó por criticar con dureza la decisión del Gobierno de trocear el decreto en dos textos legales separados —uno con los contratos de alquiler indefinidos que exige el Sindicato de Inquilinas y otro con todo el resto de medidas— y acusó al Ejecutivo de “hacer trampa”. La número dos morada y candidata del partido a las elecciones generales, Irene Montero, denunció que la protección antidesahucios o la prórroga de los contratos de arrendamiento vigentes al mismo precio son “todo medidas temporales”, y espetó que “la única medida que puede cambiar algo estructural”, los alquileres indefinidos, se ha aprobado únicamente para que “caiga el viernes” porque Junts no la acepta.

Pero, a pesar de acusar al Gobierno de “tomar el pelo” a la ciudadanía —en palabras de su líder, Ione Belarra—, Podemos evitó cuidadosamente aclarar cuál será el sentido de su voto. Lo mismo hicieron Junts y el PNV: fuentes del partido nacionalista vasco, en la línea de la formación catalana, aseguran que no van a posicionarse hasta no conocer la letra pequeña de los decretos. Y eso deja abiertas todas las posibilidades de cara al viernes: el voto en contra de uno de esos tres partidos daría al traste con la convalidación, pero si Junts y el PNV votan a favor, Podemos podría abstenerse sin ponerla en riesgo. Por el contrario, si los independentistas catalanes votan en contra, todo estará perdido haga lo que haga el resto.

Habida cuenta de lo frágil que es su mayoría parlamentaria, el Gobierno evitó este martes presionar a ninguno de estos partidos expresamente. Pero el ala minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, sí auguró “a quien se ponga frente a ese clamor social un destino político muy delicado”. Lo hizo por boca del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que espetó sin mencionar a ninguno de los partidos de los que depende la aprobación de los decretos que “a ser muy difícil de explicar una posición de desinterés o de desgana por este asunto” el próximo viernes.

Fumata blanca. PSOE y Sumar han cerrado este martes al filo de las 11.00 horas un acuerdo para aprobar un paquete de medidas sobre vivienda que conllevará dos decretos distintos: uno amplio con la prohibición de los desahucios hasta 2030 o la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, y otro separado que recoja únicamente los alquileres indefinidos. El Gobierno ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en el Congreso este próximo viernes para intentar convalidar ambos textos, que necesitan del apoyo tanto de Junts como de Podemos para salir adelante.

Todavía no se conoce el texto completo de ambos decretos, pero el Gobierno ha confirmado que la conversión —en la práctica— de los contratos de alquiler en indefinidos salvo que el propietario de la vivienda la necesite para sí o sus familiares estará en un decreto diferente a todo el resto de medidas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido en la rueda de prensa que los apoyos para dicho texto no están atados: “Ciertamente no hemos podido trabajar con los grupos con la dedicación del otro decreto”.

Rodríguez ha pedido este martes a todos los grupos del Congreso “altura de miras” y “generosidad” durante la tramitación parlamentaria de los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, para que puedan ser convalidados este mismo viernes, en un Pleno extraordinario. En rueda de prensa, Rodríguez ha asegurado que en torno a la vivienda “hay un gran consenso social y faltaba un consenso y un acuerdo político” que el Gobierno confía en conseguir en las próximas horas.

En el decreto principal, el más amplio, una de las medidas estrella será la protección antidesahucios, que se extenderá hasta 2030 y no hasta 2028, como el PSOE planteó inicialmente. Asimismo, entre las medidas aprobadas este martes en el primer macrodecreto se encuentra la regulación de alquiler de temporada y, finalmente, también por habitaciones, aunque el Ministerio de Vivienda era reacio a ese segundo punto hasta el lunes por la tarde.

De la misma manera, se aprueba la prohibición a los fondos buitre de comprar vivienda hasta el año 2028 y la posibilidad para los inquilinos de solicitar la prórroga por dos años de su contrato de alquiler si esta finaliza antes del 31 de diciembre de 2028.

A estas medidas se sumará la financiación al 0% de interés de la entrada para la compra de la primera vivienda. A diferencia de lo que sucedía hasta ahora, esta ayuda se dará independientemente de la edad del potencial comprador. En cuanto a las bonificaciones fiscales, el Gobierno permitirá desgravarse el alquiler a los inquilinos con ingresos de menos de 33.000 euros anuales, una medida que, según ha afirmado la ministra Rodríguez, puede ayudar a 1,6 millones de personas.

La titular de Vivienda ha asegurado que la definición de fondo buitre en el Real Decreto-Ley aprobado este martes será “muy rigurosa” y que Urbagestión, la compañía detrás del desahucio de Maricarmen, “en puridad quizá no fuera un fondo”, pero “es una pyme buitre, muy carroñera”.

“Nuestra ambición no es ponerles palos en las ruedas a las empresas”, ha dicho la titular de vivienda, sino que se busca que “las empresas no tengan prácticas especulativas” y “orientar que la inversión vaya dirigida a vivienda pública y asequible”.

La acampada se mantiene expectante pero rechaza trocear las medidas

A tres kilómetros de la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa se encuentra una Puerta del Sol repleta y expectante a la espera de la letra pequeña del paquete de medidas. Las centenares de personas que están en la plaza recibieron el lunes por la noche la buena noticia de que Maricarmen podrá volver a su casa tras dar marcha atrás Urbagestión y ahora esperan a los detalles.

El Sindicato de Inquilinas no aclara por el momento la continuidad de la acampada en Sol, a la espera de conocer los pormenores. “Estamos demostrando cómo el poder popular nos lleva cada vez más lejos, después de la victoria histórica que supone que Maricarmen vuelva a su casa. Tenemos todos los ojos en el texto, en la letra pequeña, para que sea el decreto Maricarmen”, ha apuntado Alicia del Río, portavoz de la organización.

“No aceptamos la táctica de romper en cachitos y dividir el decreto Maricarmen. Queremos un decreto que de verdad mejore nuestras vidas, que no sea engañarnos una vez más”, expone Valeria Racu, también activista del sindicato. Cree que trocear el decreto abona “campañas partidistas que no interesan al pueblo”.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este domingo que el Ejecutivo trabaja contra reloj para llevar al Consejo de Ministros del martes el decreto de medidas urgentes sobre vivienda y ha pedido a los grupos parlamentarios “un último esfuerzo” para que sea convalidado en el Congreso.

“Ayer Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda. Y yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda”, ha anunciado Sánchez.

Sánchez, que ha descrito esta medida como una forma de “empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones y millones de españoles y españolas”, ha pedido a los grupos parlamentarios su apoyo en la convalidación del decreto “por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de vivienda” y por humanidad.

Además, el líder del Ejecutivo ha anunciado durante un acto de presentación de las candidaturas del PSOE a las elecciones municipales y autonómicas de 2027 de la Comunidad de Madrid en Getafe que el martes el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros la prórroga del escudo social por las consecuencias de la guerra de Irán hasta final de año.

El líder socialista también ha cuestionado las medidas económicas de Partido Popular y Vox: “Estos que dicen que defienden a la clase media, a la gente de a pie, votaron en contra de la ley de vivienda”. Sánchez ha reprochado además que los gobiernos de PP y Vox no se reúnan con los alcaldes socialistas “para aplicar la ley” y aplicar las zonas tensionadas, una medida que permite congelar las subidas de los precios del alquiler y que solamente se han permitido por parte del gobierno autonómico de Galicia.

El presidente del Gobierno también ha recordado que PP y Vox votaron en contra del Real Decreto Ley que suspendía los desahucios y que “hubiera impedido que Maricarmen hoy estuviera desalojada y desahuciada de su vivienda”. No ha hecho, eso sí, ninguna mención a la acampada en la Puerta del Sol promovida por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y que permanece en la plaza madrileña desde las 21.00 horas del sábado.

“Tienen dinero para comprarle un aticazo a Ayuso de más de 6 millones de euros y no tienen dinero para proteger a Maricarmen y a otras muchas personas vulnerables en la Comunidad de Madrid y en todos los territorios donde gobierna el Partido Popular con Vox”, ha zanjado Sánchez, que ha dicho que lo que buscaba Díaz Ayuso era “tener un nido... pero de buitres”, entre aplausos de los asistentes al acto socialista de este domingo en Getafe.

El secretario general socialista, que se ha descrito como “un orgulloso militante” del PSOE de Madrid, ha defendido el “proyecto intergeneracional” de su partido y ha recordado la figura de David Lucas, fallecido el pasado 20 de julio y quien fuera alcalde de Móstoles entre 2015 y 2018 y secretario de Estado de Vivienda hasta su muerte a causa de un cáncer, o de Carme Chacón o Pedro Zerolo.

“El bochorno, como los insultos, siempre vienen del mismo lado. No ofrecen alternativa. Son una oposición tóxica. Juegan a cuanto mejor para España mejor para ellos. Juegan a poner palos en las ruedas, y aún así España ha avanzado estos ocho años como no avanzó durante los años que ellos gobernaron España”, ha afirmado Sánchez, en referencia al Partido Popular.

Tras ello, ha presumido de la revisión al alza de las previsiones de crecimiento del PIB español para 2026 por parte de la OCDE o de los récords de afiliación alcanzados durante los últimos años o de mujeres trabajando en España.

“Vamos a acabar la legislatura con más de 30.000 millones de euros en la hucha de las pensiones para que los jóvenes también tengan pensiones dignas”, ha añadido Sánchez, quien ha avanzado que “vamos a hacer mucho más” y que, desde el Ejecutivo, son conscientes de que el coste de la vida “es mucho más caro” y ha culpado de ello a quienes “incendian el mundo con sus guerras ilegales”. “Son los que encarecen el precio de la gasolina y del coste de la vida de todo el mundo”, ha defendido.

Pedro Sánchez ha afirmado que una familia con dos hijos debe gastar “como mínimo” 3.000 euros el primero de cada mes para sus hijos en educación, “sin contar el transporte, la comida, la gasolina...” y ha abogado por reforzar el Estado del bienestar para ello. Además, ha cuestionado que algún líder ultraderechista haya mejorado la vida de la ciudadanía.

“Se pasan todo el día pidiendo elecciones anticipadas y luego exigen recortar el derecho al voto a 400.000 españoles. ¿Sabéis por qué? Porque le tienen miedo al voto de los españoles”, ha exclamado Sánchez, en referencia a las críticas y los recursos judiciales de PP y Vox frente a la conocida como ley de nietos, que otorgó la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles.

La izquierda y Junts, dispuestos a poner límites a los fondos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado este domingo un real decreto en materia de vivienda que “le meta mano” a los “fondos buitre” y ha animado a los manifestantes que acampan en la Puerta de Sol de Madrid a mantener e intensificar la movilización social para exigir una respuesta ante la crisis habitacional.

Durante su intervención en las fiestas del PCE de 2026, Díaz ha advertido a su socio de Gobierno, el PSOE, que no le vale que el martes se apruebe “cualquier real decreto” y ha exigido una norma que “dé un paso al frente” ante lo que ha definido como el principal problema de la ciudadanía, la vivienda.

“Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, que no tributan impuestos en nuestro país y que se están forrando a lomos de la gente trabajadora”, ha afirmado. Ante las negociaciones que está manteniendo el Ejecutivo con Junts para sacar adelante el decreto, Díaz ha avisado: “No queremos contentar a la derecha. La derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos”, ha recalcado.

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha hablado de las conversaciones con el PSOE para desencallar el decreto de vivienda y ha recordado a La Moncloa que “parar los pies a los fondos buitre no está reñido con proteger al pequeño propietario”.

“Tenemos que conseguir que los pequeños propietarios tengan seguridad jurídica y estímulos fiscales para poner los pisos a precio de alquiler”, ha reclamado Turull en una entrevista a El Nacional. “Porque lo que están haciendo es criminalizarlos y que acaben hartos por la inseguridad jurídica que hay fruto de este postureo de un atrincheramiento ideológico”, ha insistido el secretario general de Junts.

Sobre el asunto también se ha pronunciado este domingo el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien ha defendido que este real decreto previsto para el martes incluya el tope al alquiler de temporada y habitaciones, además de la suspensión de los desahucios de personas vulnerables, dos de las cinco “garantías” que, considera, tienen que estar en el texto.

En un apunte en la red social X ha señalado que “el miedo a perder tu casa no puede ser el negocio de nadie”, y ha apuntado que el decreto también debe incluir la prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor, mayor autonomía municipal para subir el IBI a grandes tenedores y viviendas de uso turístico y el fin, dice, de los privilegios de las sociedades de inversión. “Queremos que cada familia tenga un hogar digno. Por eso rehabilitaremos viviendas vacías, mejoraremos el transporte público y exigimos protección ante la especulación”, ha añadido.

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha reclamado al Gobierno que el decreto de vivienda que prevé aprobar el próximo martes incluya una protección “permanente” frente a los desahucios y dice que “trocear la protección frente a desahucios, no es aceptable”.

En un mensaje en redes sociales, Matute ha defendido que “el escudo debe proteger a todas las personas sin alternativa habitacional y vulnerables” y ha asegurado que así lo han trasladado al Gobierno. El diputado de EH Bildu también ha pedido que el eventual decreto incluya “las medidas que los Sindicatos de Vivienda están proponiendo”, entre ellas, “la protección permanente frente a desahucios, la regulación del alquiler de temporada y la prórroga y estabilidad de los contratos”.

Matute ha asegurado que existe “una oportunidad” para sacar adelante estas medidas gracias a “la movilización y presión social” y ha afirmado que “es lo que exige el momento”. “Seguimos trabajando y negociando para conseguir el acuerdo que lo haga posible”, ha expresado Matute, que ha apelado a la “responsabilidad y altura de miras”.

Las líderes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero, desde la Puerta del Sol, ha advertido al Ejecutivo central contra la negociación con Junts y PNV y ha avisado de que en esta ocasión “el trágala tiene que ser para los rentistas y para los especuladores”. Así, Montero ha insistido en que esta crisis no se acaba con un parche temporal ni con un real decreto, sino que se necesita de forma urgente “expropiar las viviendas a los fondos buitre”, prohibir la especulación inmobiliaria y bajar los precios.

PNV y PP, reacios a medidas de gran calado

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho sobre el decreto que prepara el Gobierno de España que “no se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral”. Esteban ha pedido al Ejecutivo que no vaya a “máximos” y busque un “mínimo común denominador” que pueda solucionar problemas concretos.

Lo que no sería aceptable es responder al problema de la vivienda “pensando en la próxima proclama electoral”, ha dicho Esteban durante su mitin en el Alderdi Eguna, en Vitoria. Como invitado estaba Junts, que también ha lanzado en el mismo lugar un mensaje similar.

Entretanto, el primer partido de la oposición, el Partido Popular, ha incluido en su decálogo económico medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la creación de condiciones para construir un millón de casas en cuatro años, la eliminación de las zonas tensionadas que han solicitado ayuntamientos de toda la geografía española pero que solamente se aplican en Catalunya, Euskadi o Galicia, avales públicos de hasta el 95% o el 100% para jóvenes y reducciones fiscales de hasta el 60%, con un supuesto ahorro estimado de entre 21.000 y 26.000 euros.

La formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha planteado un decálogo de reformas económicas ante la “pérdida del poder adquisitivo de las familias, la inflación constante, la fuerte subida de impuestos y la no actualización de la tarifa del IRPF o la pérdida de productividad y competitividad”.

Sumar ha amenazado al ala socialista del Gobierno con no entrar el próximo martes al Consejo de Ministros si no va el decreto de vivienda tras el desahucio de Maricarmen. “El próximo martes el Consejo de Ministros tiene que aprobar un paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda. No valen parches”, han detallado en un comunicado difundido a los medios. “Este país necesita un gran acuerdo en materia de vivienda que impida que ninguna Maricarmen más sea expulsada de su casa y que proteja a los cientos de miles de personas que no llegan a final de mes por culpa de la vivienda”, han defendido.

“El desahucio de Maricarmen y la respuesta de la sociedad civil han mostrado de nuevo en su forma más cruda el gran problema que atraviesa nuestro país: la vivienda. La gran fábrica de la desigualdad de nuestra sociedad. La herida por la que se desangra nuestra democracia”, han explicado en un texto donde recuerdan que hace seis meses ya hicieron lo mismo “para que los ministros del PSOE aceptasen aprobar el decreto que prorrogaba los alquileres”. En marzo, con este movimiento, arrancaron al PSOE un segundo decreto con medidas de vivienda que, finalmente, no prosperó en el Congreso.

Por ello, han defendido que este decreto debe ser “responsabilidad del gobierno del que formamos parte, un Gobierno que nació precisamente con ese mandato”. “El PSOE no se puede poner más de perfil”, ha avisado Sumar que ha recordado que las soluciones llevan “meses sobre la mesa” con “la prórroga reforzada de los alquileres, la protección de las familias frente a los desahucios y a los fondos buitre, la regulación de los usos especulativos de la vivienda como los pisos turísticos y el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones, la recuperación de la vivienda de Maricarmen y la renovación automática de los contratos de alquiler, para que nadie tenga que dejar su hogar porque alguien quiera hacer negocio con él”.

El Ministerio de Vivienda tendría encima de la mesa un decreto con medidas como prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que estén arrendando un piso propiedad de una de estas empresas. El Gobierno se encuentra elaborando contra reloj en contacto con sus socios parlamentarios y también Junts para intentar ponerlo en marcha de cara al próximo martes en el Consejo de Ministros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya explicó que se trabaja para llevar este Real Decreto Ley al próximo Consejo.

Desde Sumar han insistido en este comunicado que “la sociedad no va a aceptar respuestas parciales ni medidas descafeinadas frente al drama de los desahucios y ante un problema tan profundo y urgente como la crisis de vivienda”, ya que “hacen falta reformas efectivas e integrales que son ya medidas de consenso social”. “Sin excusas ni rebajas”, han avisado.

Para Sumar, el objetivo está claro: “No vivir pendiente de que le renueven el contrato del alquiler, no tener miedo a quedarse en la calle, que las casas sean para vivir y no para especular”. Sobre todo, con una derecha en frente que “han decidido contribuir una y otra vez al problema”: “Han tumbado en reiteradas ocasiones el escudo antidesahucios, han votado contra cualquier medida que prohíba a unos pocos forrarse a costa de las casas de todos, y, precisamente en una semana como esta, las vemos esconderse”.

Sumar recuerda que siempre han situado la vivienda “en el centro de nuestra actividad política” y lo han defendido “con normas propias y apoyando las iniciativas legislativas de los sindicatos de inquilinos e inquilinas y las plataformas de vivienda”. Este mismo septiembre, llevaron una ley al Congreso para prohibir la compra de pisos a los fondos. La Cámara baja rechazó por segunda vez comenzar a debatir esta propuesta con el voto en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV y de los socialistas, quienes dudaron sobre el sentido de su voto hasta el último minuto, aunque su posición no era decisiva.

El desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada a instancias de un fondo de la casa donde vivía desde 1956, llegará la semana que viene al Consejo de Ministros. Sumar ha anunciado que propondrá la expropiación de la vivienda de Madrid para que la mujer pueda volver, una medida sin muchos precedentes y que, según una ley creada durante la dictadura, debe ser minuciosamente justificado por parte del Ejecutivo con la previsión de acabar en los tribunales.

Las expropiaciones forzosas están reguladas por una ley firmada por el dictador Francisco Franco en 1954, solo dos años antes de que Maricarmen se mudase por primera vez al domicilio de la avenida Alcalde Sainz de Baranda, una calle de menos de 100 números empotrada entre el barrio de la Estrella, Fuente del Berro y a un paseo del parque del Retiro. Una zona donde, según los principales portales inmobiliarios, el alquiler de un piso a duras penas baja de los 2.000 euros mensuales y las compras suben con facilidad del millón de euros. Poner este piso en manos del Estado para que Maricarmen pueda regresar de forma urgente remite a varios artículos de esta ley y a un proceso de expropiación que, por norma general, no suele quedar zanjado de forma pacífica, sobre todo a la hora de ajustar el precio que la administración debe pagar al dueño del terreno o inmueble expropiado.

La ley explica que una expropiación puede justificarse por “causa de interés social” y ahí es donde se puede hacer beneficiario de esta medida a “cualquier persona natural o jurídica” y el bien, en este caso el piso, tiene que haber sido declarado “de utilidad pública o interés social” y cuando no haya un plan de obras y servicios del Estado de por medio eso se debe hacer “mediante Ley en cada caso”. Eso es solo el comienzo del proceso, que tiene algunos de sus puntos más espinosos en la fijación del justiprecio y el abono de unas cantidades e indemnizaciones que muchas veces son llevadas a los tribunales por considerarse demasiado bajas.

Tal y como propone Sumar para la reunión del gabinete de la semana que viene, el Consejo de Ministros tendría que justificar por qué la expropiación del piso de la avenida Alcalde Sainz de Baranda de Madrid responde a ese “interés social”, y también debería proponer un precio justo para abonar a Urbagestión, el nuevo casero de la anciana que ha instado y conseguido su desahucio después de pretender que pagara casi un 300% más de alquiler. Cualquier paso de este proceso podría ser llevado a los tribunales por la empresa que, además, ha rechazado cualquier alternativa ofrecida por la anciana o su entorno.

El Tribunal Supremo y su sala tercera llevan dos décadas afirmando con rotundidad que la falta de esta declaración de interés social y su justificación constituyen un error que aboca al fracaso a cualquier expropiación: “Faltando la declaración de utilidad pública o interés social los actos que con una pretendida finalidad expropiatoria verifique la Administración no tienen validez jurídica alguna, por lo que deben calificarse como nulos de pleno derecho”, dijo en una sentencia que anuló una expropiación ejecutada por el gobierno valenciano de Eduardo Zaplana en los años 90 del siglo pasado.

Este tribunal ha asestado sonoros varapalos a las administraciones públicas que no han justificado cada paso del proceso. Por ejemplo en el primer trimestre de 2018, cuando obligó al ayuntamiento jienense de Linares a pagar varios millones de euros a los propietarios de los terrenos donde se levantó el parque de Cantarranas porque no era suelo rústico, sino urbanizable. Unos años antes, el mismo Supremo anuló la expropiación de suelo en Alicante para levantar la “Ciudad de la Luz” al sur de la ciudad, un proyecto de estudios cinematográficos que tuvo que esperar más de una década para ser una realidad. La razón que esgrimieron los jueces: la administración no detalló para qué se iban a usar exactamente esos terrenos. “La referencia a un complejo con las características que se expresan en la Memoria del Plan Especial adolece de una mínima especificación que permita conocer lo que se proyecta, con la consiguiente indefensión”.

Forzosa y urgente

Desde Sumar ha sido su portavoz Verónica Martínez la que ha puesto encima de la mesa el artículo 33.3 de la Constitución para afirmar que esta expropiación es “viable jurídicamente”. La adaptación democrática de la ley franquista que regula las expropiaciones y que vuelve a poner el foco en la justificación: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

El segundo escollo a salvar en una hipotética expropiación sería su carácter urgente para evitar un proceso judicial de años y años y que la medida fuera efectiva para Maricarmen, recién expulsada del que ha sido su hogar durante décadas. La ley de 1954 también especifica que “excepcionalmente” los trámites se podrán gestionar de forma urgente. Y aquí los tribunales también han establecido que el Consejo de Ministros debe justificar al milímetro la declaración de urgencia.

El último caso es el de la expropiación urgente perpetrada en Canarias a favor de AENA para ampliar una pista de aterrizaje y despegue en el aeropuerto de La Palma. El gestor público aeroportuario fue contundente y recibió poco antes de verano el aval del Tribunal Supremo: “Para que el aeródromo siga operando en condiciones de seguridad, es necesaria la franja de pista requerida”. Los jueces concluyeron que había razones para tramitar todo de forma urgente en base a “la seguridad de la infraestructura y en estar incumpliendo la normativa europea sobre la seguridad de las instalaciones aeroportuarias”.

Una hipotética expropiación para que Maricarmen pudiera volver a corto plazo al domicilio de Alcalde Sainz de Baranda implicaría, por tanto, una justificación minuciosa tanto de su interés social como de su carácter urgente. Un movimiento sin precedentes en la normativa inmobiliaria española. En Balears, por ejemplo, el Govern que lideró Francina Armengol puso en marcha la expropiación temporal de 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social. Una medida que, con los años, recibió el aval del Tribunal Superior de Justicia. “Parece difícil negar que el acceso a una vivienda digna y asequible sea uno de los principales problemas a los que se enfrenta un amplio sector de la población balear. Pero, además, esos datos evidencian una tendencia de empeoramiento de la situación, de ahí que pueda considerarse justificada la decisión de implantar medidas de reacción como la que contempla la Ley”, dijo esa sentencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a petición del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la creación como Centro de Referencia Nacional del Centro de Formación de Illescas (Toledo), en el área de construcciones aeronáuticas, de la familia profesional de Fabricación Mecánica.

El Centro de Formación de Illescas se suma así a la Red de Centros de Referencia Nacional existente, que suma 42 centros públicos especializados en los diferentes sectores productivos a través de las familias profesionales.

De ámbito estatal, son referencia para el conjunto del sistema de la Formación Profesional, tanto para los centros de formación para el empleo como para los centros del sistema educativa.

La red está compuesta por “centros punteros en sus respectivas áreas”, que tienen como objetivo promover las medidas y programas de investigación precisos para atender las necesidades de los sectores emergentes e innovadores.

Su papel es especialmente relevante porque conectan tres dimensiones que deben avanzar de forma coordinada: el sistema educativo, el sistema de formación para el empleo y los sectores productivos.

Una “pieza estratégica” para consolidar la FP “de calidad”

Sus funciones incluyen analizar las nuevas tendencias formativas y experimentar su puesta en práctica, promover redes de colaboración con organizaciones empresariales, sindicales y universitarias, colaborar en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, entre otras tareas.

Según el Gobierno de España, esta red de Centros de Referencia Nacional es una “pieza estratégica” para consolidar una Formación Profesional de calidad, al combinar especialización, innovación, prospección y capacidad de transferencia al conjunto del sistema.

Se trata de una de las “prioridades” del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y se inscribe en la política de modernización e impulso a la Formación Profesional llevada a cabo por el Gobierno desde 2018.

El Gobierno ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif Alta Velocidad, la redacción de los proyectos del tramo de alta velocidad entre Talavera de la Reina (Toledo) y Talayuela (Cáceres), un recorrido de unos 46 kilómetros que permitirá continuar el trazado de la línea Madrid-Extremadura hacia la provincia de Cáceres.

El contrato tiene un valor estimado de 14,7 millones de euros y se divide en cuatro lotes. Los proyectos definirán con detalle la plataforma ferroviaria, las estructuras necesarias y la nueva estación de Oropesa, en Toledo.

El tramo Talavera-Talayuela conectará con la línea que actualmente se encuentra en construcción entre Plasencia y Talayuela. Esta última enlazará con el trazado entre Plasencia y Badajoz, por el que ya circulan trenes desde 2022.

Cuatro proyectos para completar el tramo hasta Talayuela

El primer lote corresponde a los 12,6 kilómetros entre Talavera de la Reina y Calera y Chozas, con un presupuesto estimado de 4,2 millones de euros para la redacción del proyecto.

El segundo contempla los 12,5 kilómetros entre Calera y Chozas y la futura estación de Oropesa, con un valor de 3,6 millones.

El tercer lote se centra en la propia estación de Oropesa y su entorno, con 7,5 kilómetros de trazado y una inversión estimada de 3,8 millones para la redacción del proyecto.

Por último, el cuarto lote corresponde a los 13,2 kilómetros entre Oropesa y Talayuela, con un valor estimado de 3,1 millones.

Los proyectos deberán recoger también las estructuras necesarias para salvar distintos obstáculos. El primer subtramo incluye ocho viaductos con una longitud conjunta de unos 650 metros, entre ellos el cruce sobre la A-5. El segundo contempla tres viaductos que suman unos 320 metros, incluida una pérgola sobre la autovía.

En el entorno de Oropesa se proyectará además un viaducto de unos 150 metros y las actuaciones provisionales necesarias para mantener el servicio ferroviario durante las obras. El cuarto lote incluye otros dos viaductos de pequeña longitud.

Un tramo pendiente todavía de la declaración ambiental

El Ministerio destaca que los tramos entre Talavera de la Reina y Talayuela son los que presentan mayor grado de avance administrativo dentro del estudio informativo de la conexión de alta velocidad Madrid-Extremadura entre Madrid y Oropesa.

Los tramos III y IV ya han pasado por la fase de información pública y alegaciones y están pendientes de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Por este motivo, Adif Alta Velocidad comenzará a redactar los proyectos mientras continúa la tramitación ambiental. Según Transportes, esta decisión permitirá acortar los plazos necesarios para desarrollar el trazado entre Madrid y Oropesa, al avanzar la redacción de los proyectos antes de que concluya toda la tramitación.

La actuación anunciada este martes no supone, por tanto, la licitación de las obras de construcción de estos 46 kilómetros, sino la contratación de los proyectos que definirán cómo se ejecutará el trazado.

Mientras tanto, el Ministerio continúa con la tramitación de los tramos I y II, correspondientes a la conexión entre Madrid y Talavera de la Reina, que constituyen la parte del trazado situada más al norte y que todavía se encuentra en una fase administrativa anterior.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, que prevé una inversión de 1.807 millones de euros en los aeropuertos canarios para que sean más seguros, sostenibles, modernos y competitivos (13.000 millones en toda la red de Aena).

Gran Canaria: 336,3 millones para modernizar y ampliar el aeropuerto

En el aeropuerto de Gran Canaria el Gobierno se invertirán 336,3 millones de euros en los próximos cinco años para adecuar el terminal a los nuevos controles de seguridad con tecnología de última generación, mejorar fachadas y reconfigurar el vestíbulo de llegadas, detalla el Ejecutivo en un comunicado.

También se acometerán actuaciones en campo de vuelo y una nueva plataforma norte.

Lanzarote: 327,4 millones para ampliar el aeropuerto César Manrique

El aeropuerto de Lanzarote-César Manrique recibirá 327,4 millones para la ampliación de mostradores y área de facturación, de los controles de seguridad y de pasaportes, de superficies de espera para embarque y número de puertas y de la sala y cintas de recogida de equipajes, junto a otras mejoras de seguridad operacional.

Tenerife Norte: 313 millones para ampliar la terminal y mejorar los accesos

En aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna la inversión alcanzará 313 millones de euros y se destinará a ampliar el área de facturación y del número de mostradores, los controles de seguridad en la zona más emblemática del edificio, el área de embarque y del número de puertas, la sala de recogida de equipajes y el número de cintas y en la distribución funcional de aparcamientos.

Igualmente se actuará en los accesos al aeropuerto en coordinación con el proyecto de la TF-5.

Tenerife Sur: 553 millones para la remodelación integral del aeropuerto

En el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía la inversión asciende a 553 millones de euros y con ella se contempla la remodelación integral de la terminal, actuaciones en campo de vuelo y plataforma, y mejora de la seguridad e instalaciones.

La Palma: 89 millones para mejorar la terminal, la pista y la plataforma

En el aeropuerto de La Palma la inversión será de 89 millones de euros que se destinarán a actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal y en el aparcamiento, ademas de a diversas actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, como la ampliación de franja de pista, sistemas de información y comunicaciones.

La Gomera: 19 millones para renovar las instalaciones del aeropuerto

En el aeropuerto de La Gomera se invertirán 19 millones en la renovación de la climatización de la terminal, el aislamiento de cubiertas, o la adecuación de la plataforma de aviación general y en el vallado perimetral.

El Hierro: 14,8 millones para mejorar la seguridad y las posiciones de estacionamiento

En el aeropuerto de El Hierro el gasto será de 14,8 millones de euros, que se emplearán en una nueva posición de estacionamiento y mejoras de la seguridad.

Fuerteventura: 153 millones para ampliar el aeropuerto y construir una nueva torre de control

En el aeropuerto de Fuerteventura la inversión prevista es de 153 millones de euros, con los que se ampliará la terminal, se hará una nueva torre de control, se ampliará la plataforma y se le dotará de un nuevo Sistema de Aproximación Instrumental para ayuda a los aterrizajes.

En el conjunto de España, la inversión global de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años se financian con los ingresos del propio sistema aeroportuario que gestiona la empresa pública Aena.

Al respecto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.

El año judicial arranca de nuevo bajo un clima de máxima tensión entre el Gobierno y una parte de los jueces. La decisión del Tribunal Supremo de frenar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo abre un nuevo frente al Ejecutivo en un momento especialmente sensible: la víspera del acto de arranque del curso en los tribunales que preside cada año el rey Felipe VI ante un despliegue de togas y autoridades.

El veredicto de los jueces tendrá posiblemente unos efectos electorales limitados, dado que el porcentaje de nacionales españoles residentes en el extranjero que votan en las elecciones generales habitualmente apenas supera el 7% del total. Pero da vuelo y argumentos jurídicos a las teorías conspirativas de la derecha y la extrema derecha sobre un supuesto plan del Gobierno para alterar los resultados de las urnas al engordar el censo a través de la ley que ha otorgado de momento la nacionalidad a 306.000 descendientes. Y, sobre todo, suma un nuevo episodio al capítulo de choques entre el Gobierno y el Poder Judicial apenas días después del encontronazo por el famoso informe policial sobre Ceuta.

En una breve intervención ante los medios en el Senado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, admitió este martes que en el Ejecutivo “no comparten” la decisión y reclamó al Supremo que dé “prioridad” a este asunto y resuelva sobre el fondo antes del próximo ciclo electoral. El tribunal adelantó este martes el fallo, todavía no se conocen los argumentos de los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para paralizar de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ley de nietos salvo que acrediten que son descendientes de exiliados. Está previsto que los autos que sustentan esta decisión se notifiquen en los próximos días.

La ley que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo fue aprobada el 5 de octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación parlamentaria. Ha sido cuatro años después, al calor de un acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado julio que declinaba intervenir sobre el modo en que se conceden las nacionalidades y sobre la aplicación del censo, cuando ambos partidos alentaron el bulo de un supuesto pucherazo electoral.

El asunto llegó al Supremo de la mano de Vox y del partido extraparlamentario Iustitia Europa, un habitual de la acusación popular en diferentes causas de trascendencia pública. Su tesis es que una instrucción de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia realiza una “interpretación expansiva” de esa norma al establecer que basta con acreditar con documentación que el antepasado —progenitor o abuelo— salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 para que se presuma la condición de exiliado que exige la ley para acceder a la nacionalidad.

En realidad, esa instrucción es similar a otra dictada en 2008, después de que la primera ley de memoria reconociera el derecho a obtener la nacionalidad española a los hijos de exiliados y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Durante la vista, la Abogacía del Estado defendió que suspender provisionalmente las nuevas altas automáticas privaría de forma masiva de un derecho reconocido en la Constitución Española a miles de ciudadanos.

La interpretación de la amnistía

Aunque con una envergadura mucho más limitada, el freno del derecho al voto de los descendientes de españoles evoca otras decisiones del Supremo que han cuestionado iniciativas del Ejecutivo. El asunto más patente fue la ley de amnistía, una norma que ha soliviantado como ninguna otra a los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial.

Pese a la claridad de la ley que ya cuenta con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Alto Tribunal capitaneó las maniobras judiciales para impedir su aplicación. Los jueces de la Sala de lo Penal fabricaron una interpretación sobre la malversación para excluir de la ley a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, sus dos primeros potenciales beneficiarios.

El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan a la espera de si el Tribunal Constitucional corrige esta decisión el próximo otoño tras avalar la constitucionalidad de la norma en junio del año pasado.

Además, meses antes de que esa norma fuera aprobada de forma definitiva, esos mismos magistrados de la Sala de lo Penal habían llegado incluso a imputar al expresident de la Generalitat por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la ley pactada con Junts a cambio de la investidura. Esa vía fue anulada por culpa de los errores en la instrucción del juez Manuel García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación.

Esta última decisión del Supremo sobre el voto exterior otorga, además, una nueva victoria en los tribunales a Vox, quien se ha convertido en un actor habitual en las causas que afectan al Gobierno o al entorno del presidente. Junto a otras organizaciones ultras como Manos Limpias o HazteOír, el partido de extrema derecha obtuvo su primer gran espaldarazo en la cúspide de la judicatura con la condena al ex fiscal general del Estado por la filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Con esa condena, también cuestionada por el Ejecutivo, el Supremo avaló la estrategia emprendida por la derecha política y judicial para que el entonces fiscal general fuera llevado al banquillo antes que el propio empresario, investigado desde 2024. En la apertura judicial de hace un año, Álvaro García Ortiz estaba a punto de ser juzgado por revelación de secretos. El acto se celebró también en medio de una tensión creciente derivada de su presencia institucional en un acto que se celebra en el mismo edificio que apenas unas semanas acabó acogiendo el juicio contra él.

Este jueves será su sucesora, Teresa Peramato, quien comparezca por primera vez para dar cuenta de la memoria de la institución. También será el tercer discurso solemne de apertura del año judicial de la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló, alineada con posiciones muy corporativistas y poco dadas a la autocrítica. Este martes, nueve vocales progresistas del órgano le pidieron por carta que no se limite en su discurso a “presentar cifras o a trasladar responsabilidades a otras instituciones”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el llamado Decreto Canarias que incluye medidas fiscales para la reconstrucción de La Palma como la bonificación del 60% del IRPF para residentes entre 2022 y 2026 y una partida de 100 millones de euros para cubrir principalmente la pérdida rentabilidad de agricultores y ganaderos y la construcción de obras.

El decreto, expuesto en rueda de prensa por el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, implica también una moratoria para los agricultores de los tres municipios afectados por la erupción (Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte) que habían solicitado préstamos y no computar las subvenciones del Posei para fijar los rendimientos netos de los autónomos -se aplicarán ingresos de 2019 y no de 2020-.

Igualmente, y junto a otras siete comunidades, se le permitirá a Canarias utilizar 600 millones del superávit de 2025 a inversiones sostenibles en 2026 y 2027, caso de las relacionadas con la vivienda.

El Ejecutivo ha regulado la norma para permitir a las comunidades autónomas con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% -a cierre de 2025- destinar esos superávit presupuestarios de ejercicios anteriores, a inversiones que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto -en lugar de destinar esos recursos a reducir deuda, como marca ahora la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria-.

El Gobierno publicará este miércoles “todos” los documentos e informes de los que dispuso entre los días 1 de julio y 1 de agosto en relación a la crisis migratoria que se produjo en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, cuando accedieron a la ciudad autónoma de manera irregular más de 70.000 personas. Así lo aseguró este martes la ministra portavoz, Elma Saiz, que explicó que la documentación se podrá consultar en la web de la Moncloa y que cifró en cerca de una cuarentena el número de informes que se pondrán a disposición de la ciudadanía.

“No tenemos nada que ocultar”, aseguró Saiz al ser preguntada por si se publicarán todos y cada uno de los documentos que obraban en posesión del Gobierno en los días previos a la entrada masiva de Ceuta. La ministra portavoz aseguró que, desde que la semana pasada el presidente Pedro Sánchez anunciara la publicación de estos informes, el Ejecutivo se ha dedicado a “anonimizar” los textos, un trabajo con cierta “enjundia” que explicaría por qué no se han puesto antes a disposición de la ciudadanía.

Saiz prometió también publicar otros documentos que obren en poder del Gobierno en relación a la crisis de Ceuta si “aparecieran” y tuvieran “relevancia”. “En caso de que afectaran a la seguridad nacional, se informará de los mismos ante la comisión de secretos” del Congreso, planteó la portavoz. Por ende, ninguno de los textos que se pondrán este miércoles a disposición de toda la ciudadanía tiene relación con cuestiones de seguridad nacional, lo que complica la posibilidad de que alguno de ellos señale a la eventual responsabilidad de Marruecos en la crisis. El ala socialista del Ejecutivo mantiene que no dispone de información que le permita señalar al reino alauí, una lectura de la que se ha desmarcado Sumar.

Asimismo, Saiz afirmó que el Ejecutivo pretende “combatir a quienes pretenden promover la desinformación y difundir bulos”. El blanco de esas críticas era el PP y, más concretamente, su líder, Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos días ha evidenciado su desconfianza ante la publicación de los documentos y que este mismo martes se mostró convencido de que estarán “recortados”. “Haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y en colocarse al lado del Gobierno con responsabilidad y con prudencia”, espetó Saiz, que exigió a Feijóo que deje de “abrazar las teorías cospiranoicas o la desinformación”. “Para devolver la normalidad a Ceuta y para solucionar esta crisis es imprescindible la colaboración entre administraciones”, sostuvo.

Saiz concretó que los informes que se desclasificarán este miércoles —a una hora aún por determinar, aunque fuentes de la Moncloa aseguran que será después de la entrevista a Sánchez en TVE, fijada para las 11.00 horas— proceden mayoritariamente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Estas fuentes explican que entre la documentación que se desclasificará también se incluirán las comunicaciones que mantuvieron diferentes departamentos y agencias en relación a la crisis de Ceuta durante los días en los que tuvo lugar la entrada masiva e irregular.

Una persona con problemas cognitivos enfrenta, cada día, grandes retos: desde comprender las indicaciones en el transporte o comunicarse en centros de salud, en las administraciones judiciales y los espacios públicos, hasta utilizar los servicios de telecomunicaciones, votar en unas elecciones o acudir a eventos culturales. El Consejo de Ministros aprueba este martes un real decreto para garantizar el acceso de estas personas a todos estos servicios, tanto públicos como privados, con autonomía y sin discriminación.

Este real decreto, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, trata de asegurar que estas personas puedan “comprender la información, comunicarse y orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía y sin discriminación”, indican fuentes ministeriales.

La accesibilidad cognitiva es “el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno y dominar la comunicación que mantenemos con él”, especifican en Asuntos Sociales. Además, deben poder hacerse “con facilidad las actividades” de esos entornos “sin ningún tipo de discriminación”.

El reglamento incluye herramientas como el lenguaje claro, la lectura fácil y los sistemas aumentativos. También la utilización de señalización accesible o pictogramas para mejorar la realización de tareas y “soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas”.

Los ámbitos a los que se aplican, según el Ministerio, abarcan las telecomunicaciones, los espacios públicos, edificios e infraestructuras, los transportes, los servicios ciudadanos, las relaciones con la Administración Pública, la participación en los procesos electorales, el patrimonio histórico y cultural y el empleo.

Desde Asuntos Sociales destacan el carácter “universalista” de una norma que pretende “beneficiar al mayor número posible de personas con dificultades de comprensión”: personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, personas mayores con deterioro cognitivo, en situación de analfabetismo o migrantes qeeue no dominan las lenguas del Estado.

El Estatuto Marco continúa su travesía, pese a las adversidades. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el texto que Sanidad pactó con los sindicatos del ámbito —UGT, CCOO, CSIF y Satse— en diciembre y que ha provocado un conflicto entre el Ministerio que dirige Mónica García y las organizaciones sindicales médicas, que han amenazado con una huelga indefinida este mes de septiembre.

La advertencia de los sindicatos del ramo llegó en junio. Tras meses de paros semanales, y en un clima de máxima tensión, el Comité de Huelga avanzó que habría una huelga indefinida en septiembre si no se cumplían sus demandas, ante el “nulo avance en el conflicto” y el “empeño de Sanidad de seguir adelante con la tramitación del texto”.

Tras la aprobación del Estatuto Médico en esta segunda vuelta en Consejo de Ministros, desde el Comité de Huelga han lamentado la “cerrazón” del Ministerio. “Resulta incomprensible que, después de un conflicto de esta magnitud, Sanidad haya dejado transcurrir el verano sin realizar un verdadero intento de acercamiento y pretenda ahora continuar la reforma prácticamente desde el mismo punto”, han indicado en un comunicado.

La ministra, que llegó a acusar a los sindicatos médicos de deslealtad en la negociación, ha defendido en todo momento la tramitación del texto. Con su aprobación este martes en Consejo de Ministros, el siguiente paso es el salto al Congreso, donde “los partidos políticos tendrán oportunidad de posicionarse”, ha expresado la Ministra portavoz, Elma Saiz, sobre un texto que “supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales”.

Los sindicatos médicos, que pidieron la dimisión de García y reclamaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que interviniese para desbloquear el conflicto, exigen a Sanidad un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral “justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.

Pese al conflicto abierto, en los últimos dos meses no se ha producido ningún acercamiento entre el Ministerio y los sindicatos médicos. “Ningún contacto”, confirman fuentes sindicales. Mientras, desde el departamento que dirige García insisten en señalar a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, señalaba García este fin de semana en una entrevista en elDiario.es. Entre las nuevas reglas de juego que marca el Estatuto Marco están el fin de las guardias obligatorias de 24 horas —que pasarán a ser de 17—, la convocatoria de oposiciones cada dos años y la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

“En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular”, afirmaba García.

Acuerdos con las comunidades

En los últimos meses, los sindicatos médicos han ido arrancando acuerdos en diferentes comunidades autónomas, como Euskadi, Valencia, Galicia y Asturias. En Andalucía, la más reciente en avenirse a un pacto, se ha acordado la creación de mesas de trabajo, que se reunirán con carácter previo a la mesa sectorial y mejoras en materia de conciliación, entre otras.

No solo eso. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), este acuerdo con la Junta de Andalucía, “ofrece respuesta a una de las principales demandas de la movilización contra el Ministerio: la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y la revisión del modelo basado en su obligatoriedad”.

“Cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo. Donde no la ha habido ha sido en el Ministerio de Sanidad, que, conviene recordar, establece el marco regulatorio que es el permite una jornada discriminatoria sólo para médicos y facultativos”, consieran desde el Comité de Huelga.

Pero este argumento refuerza a Sanidad, que lleva meses insistiendo en que la pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos. “Lo que pedían era de las comunidades y el ejemplo cunde”, trasladan fuentes de Sanidad, que confían en que estos pactos rebajen la tensión en este inicio de curso.

Según indicaba a finales de julio el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, este acuerdo con la Junta, que abre un “espacio de diálogo”, hace “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía, pese al “conflicto abierto” con el Ministerio.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) evaluará la propuesta de huelga en la Ejecutiva prevista para el próximo viernes. “Espero que se pueda adoptar alguna medida”, señalan fuentes consultadas, que circunscriben los acuerdos con las comunidades a “cuestiones propias”, al margen de las reivindicaciones a Sanidad.

El siguiente paso del Estatuto Marco será su trámite parlamentario, donde la aritmética hace al Ejecutivo negociar cada ley. Y esta, concretamente, no ha estado exenta de polémica, con un frente único de todas las comunidades autónomas —también las del PSOE— pidiéndole a la ministra que tire abajo el acuerdo con los sindicatos del ámbito y “reinicie la negociación”.

“Los partidos de la oposición han manifestado su rechazo a la reforma y existen también posiciones críticas entre formaciones cuyos votos son relevantes para las iniciativas legislativas del Gobierno”, calibran los sindicatos.

“Las comunidades están en contra del Estatuto Marco, por lo contrario, que los sindicatos”, acusaba el sábado García, que defendía la marcha de la norma: “Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras”.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto que modifica la actual normativa sobre potencial de producción vitícola y la regulación del sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo, para adaptarla a la nueva reglamentación comunitaria en la materia que entró en vigor el pasado mes de marzo.

El llamado paquete legislativo del vino, acordado el pasado mes de marzo entre el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea incorpora medidas esenciales para hacer frente a los desafíos más acuciantes que afronta actualmente el sector del vino. Buena parte de estas medidas fueron impulsadas por España en el seno del grupo de trabajo y en las negociaciones entre los distintos Estados miembros y las instituciones europeas para la elaboración del mencionado paquete, como la flexibilización del sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo.

Las modificaciones en la normativa nacional aprobadas hoy tienen por objeto la aplicación de las medidas que se consideran más urgentes de dicho paquete vino, como la ampliación de la vigencia de las autorizaciones de replantación de viñedos y la eliminación de las sanciones administrativas por no utilizarlas. Así mismo, se amplía la vigencia de las autorizaciones para nuevas plantaciones en ciertos casos excepcionales y se habilita la posibilidad de no conceder ninguna autorización cuando se establezcan limitaciones en su concesión. Además, se introducen elementos de coherencia con las medidas de crisis aplicadas con el establecimiento de condiciones a los beneficiarios de la ayuda de arranque permanente.

Entre las novedades más significativas destaca también la actualización de la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas.

Ni falta de peso político del Ejecutivo autonómico que preside el socialista Adrián Barbón, ni posibles malas relaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ninguneo a Asturias desde Madrid. Las razones que llevaron al Consejo de Ministros a descartar la opción de la capital asturiana como sede para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública e instalarla en Zaragoza se debieron al hecho de que el local propuesto en el 'edificio Calatrava' no se ajustaba a las condiciones requeridas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición de este miércoles el acuerdo por el que se determina la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública, que finalmente recayó en la capital aragonesa, y donde se reflejan, una por una, las características que ofrece cada una de las propuestas de las comunidades autónomas que optaban a la elección: Oviedo, Toledo, Granada, Murcia, Barcelona, León y Lugo. Una valoración que tiene en cuenta tanto los aspectos favorables como los desfavorables.

Una superficie “insuficiente”

Así, la candidatura de Oviedo/Uvieu, que defendía la Consejería de Salud, con el respaldo del Ayuntamiento de la capital asturiana, no ha salido adelante por tres razones fundamentales: el local propuesto cuenta con “una superficie inferior a la requerida, necesita una reforma integral y carece de una sede provisional durante las obras”.

La propuesta se centraba en un local de la planta - 2 del edificio Buenavista conocido también como 'Calatrava', procedente del antiguo centro comercial MODO y situado en el mismo edificio que alberga el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo. Un local que fue descartado porque no reúne las condiciones idóneas, ya que “requiere un acondicionamiento integral antes de acoger la actividad de la Agencia y no se ofrece sede provisional”, según se hace constar en el acuerdo.

La necesidad de una reforma “integral”

Aunque el Principado asumió el compromiso de dotar íntegramente el equipamiento necesario sin que generara coste alguno para la Administración General del Estado, el 'edificio Calatrava' “necesita una reforma integral”, lo que se ha valorado como un impedimento.

Tampoco el local ovetense se adecuaba a las necesidades para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, de tal manera que ofrece una superficie útil de uso exclusivo de 3.486 metros cuadrados (3.832 metros cuadrados construidos) y aunque el compromiso de cesión se refiere a una superficie de entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados, en ambos casos se sitúan “por debajo de los 4.000 metros cuadrados” que se pedían.

Sin sede provisional

El plazo de disponibilidad e implantación se valora “de forma favorable con reservas”, al no contar con una sede provisional ni tampoco de inicio de actividad antes de la conclusión del acondicionamiento integral del local, que “se extiende hasta el mes 10 desde la adjudicación”.

Además, la sostenibilidad y eficiencia energética se valora “de forma insuficiente al no aportarse información sobre la certificación energética del local, ni compromisos cuantificados de reducción de consumo o instalación de energías renovables”.

La lucha contra la despoblación

Otro apartado que se ha analizado es la lucha contra la despoblación y, si bien esta cuestión se valoró de forma favorable, “ante un reto demográfico real, marcado por el envejecimiento y la pérdida de capital humano”, se puntualiza que “Asturias no se sitúa entre las comunidades con mayor riesgo de despoblación en comparación con Aragón o el interior peninsular”.

El Gobierno también ha analizado la cohesión social y territorial, que se valora de forma favorable, “sobre la base de la diversidad territorial del Principado, que combina núcleos urbanos, cuencas mineras en reconversión, zonas rurales y áreas costeras”, si bien lo sustenta en “datos cualitativos sin los indicadores demográficos y socioeconómicos concretos y verificables que aportan otras candidaturas”.

Las tasas de desempleo

Los niveles de desempleo se valoran de forma favorable, ya que, según el Instituto Nacional de Estadísta (INE), la tasa de paro provincial del cuarto trimestre de 2025 se sitúa próxima a la media nacional, aunque el argumento de la candidatura se sustenta más “en el impacto económico estimado de la implantación que en este dato”. En este punto, desde el Gobierno se echan en falta “indicadores demográficos y socioeconómicos concretos y verificables que aportan otras candidaturas”.

Del transporte al ecosistema sanitario

El Gobierno también valoró favorablemente otros aspectos como el transporte público, incluidas las conexiones aéreas; la oferta inmobiliaria, con “un mercado residencial de precios moderados y sin tensiones especulativas”; los servicios hoteleros y de hostelería; el entorno empresarial, educativo y universitario, así como “un ecosistema científico y sanitario alineado con las funciones de la Agencia, reforzado por el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias y por la presencia de grados sanitarios universitarios en el propio edificio Buenavista”.

Las valoraciones desfavorables, sin embargo, han pesado más que las favorables en la decisión del Consejo de Ministros. Entre tanto, los reproches y las acusaciones cruzadas entre los políticos han subido de tono desde que se conoció que Oviedo/Uviéu había quedado descartado y están enturbiando las buenas relaciones que llevaron al Gobierno y al Ayuntamiento de la capital asturiana a presentar de la mano la candidatura ahora rechazada.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado una providencia por la que acuerda que se libre exhorto a la oficina judicial adscrita al centro penitenciario de Madrid VI, en Aranjuez, donde cumple condena de ocho años de cárcel Natalio Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, en Avilés, para que sea “inmediatamente puesto en libertad” tras el indulto parcial que ayer, martes, le concedió el Consejo de Ministros.

Natalio Grueso fue indultado por “razones humanitarias” tras sufrir un empeoramiento en su delicado estado de salud que se ha visto seriamente agravado durante su estancia en la prisión madrileña.

Un indulto “condicionado”

No obstante, en esta misma providencia, dictada este mismo miércoles y a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el tribunal sentenciador recuerda expresamente que el indulto está condicionado a que Natalio Grueso “no vuelva a cometer delito doloso alguno en el plazo de ocho años”.

Los magistrados de la Sección Tercera habían condenado a Natalio Grueso, en el año 2020, a una pena de ocho años de cárcel por su autoría en delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societario durante su gestión al frente de la Fundación Niemeyer.

El Supremo confirmó la condena

La sentencia fue confirmada, tres años después, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ratificó la argumentación de la Sala asturiana al considerar que Natalio Grueso utilizó los fondos de la Fundación Niemeyer de Avilés durante los seis años que duró su relación laboral como director general, entre 2006 y 2012, para su propio beneficio y el de su entorno, tanto personal como familiar y de amistades.

En la providencia dictada hoy, la Audiencia Provincial recuerda al propio condenado que estuvo huido de la justicia, una vez que la sentencia condenatoria fue firme, y que fue necesario cursar una orden europea de detención para su localización y posterior detención.

La huida y su 'escondite' con “perfil bajo”

La fuga duró un año e incluso Interpol, en 2024, le incorporó a la lista de 'los más buscados'.

El 4 de diciembre de 2025, tal y como adelantó este periódico, el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, detuvo a Natalio Grueso en un pueblo pesquero en el Algarve luso donde mantenía “un perfil bajo”

A continuación, reproducimos el post difundido por la Guardia Civil en su perfil oficial de la red social X, donde se puede ver el momento en que los agentes proceden a la detención de Natalio Grueso.

El tribunal exige que aporte un domicilio

Esta circunstancia de la huida ha sido determinante para que los magistrados de la Sección Tercera añadan un párrafo en la providencia donde aluden expresamente a la obligación de Natalio Grueso a designar un domicilio, dado que el indulto no ha sido total, sino que está condicionado.

Concretamente, el tribunal le requiere para que designe un domicilio “habida cuenta que para su ingreso en prisión fue preciso cursar orden europea de detención y entrega al encontrarse por entonces en paradero desconocido”.

La providencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de súplica.