La práctica es cada vez más habitual. Un detective contratado por una mutua colaboradora de la Seguridad Social espía a una trabajadora de baja en busca de un fraude. A Adriana (nombre ficticio), dependienta en una conocida tienda de animales del sur de Tenerife, la grabaron en el gimnasio mientras pedaleaba en una bicicleta estática la víspera de Reyes de 2023 y otros dos días de enero (9 y 10). La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), que cubre las contingencias comunes y de accidentes de trabajo de su empresa, actuó de inmediato. Consideró esa actividad incompatible con la incapacidad temporal, suspendió el subsidio que cobraba la empleada y puso los hechos en conocimiento de la Seguridad Social por si consideraba procedente iniciar un expediente sancionador contra ella. 

Lo que la mutua pasó por alto, y así lo ha advertido una reciente sentencia -ya firme- del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es que la trabajadora se limitaba a seguir un consejo médico. Cinco meses antes, en agosto de 2022, había sido operada del síndrome del túnel carpiano, una dolorosa afección en la muñeca derecha. Tanto su médico de familia como el traumatólogo habían constatado que había perdido fuerza en la musculatura y le habían recomendado realizar “deporte que no influya en la recuperación” y “ejercicios de fortalecimiento según tolerancia”. Y eso es lo que hizo. 

La sentencia, que condena a la MAC a devolver a la trabajadora las prestaciones suspendidas y también a pagar las costas procesales, pone de manifiesto una evidencia. La actividad practicada por la empleada de baja laboral, el uso de la bicicleta estática, en nada afecta a la muñeca operada, puesto que “no precisa requerimientos de intensidad” en las manos, sino en las piernas. “Difícilmente se puede sostener” así la existencia de fraude, concluye la Sala de lo Social del TSJC en una sentencia dictada el 3 de diciembre del año pasado y que adquirió firmeza el 14 de enero de 2026 al no haber sido recurrida por la mutua, tal y como confirman fuentes oficiales de la compañía. 

La “intrascendencia” del ‘spinning’

El fallo del alto tribunal canario ya venía a confirmar el dictado en febrero de 2024 por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. La mutua llegó a pedir al TSJC que modificara los hechos probados de la sentencia inicial para que especificara que la trabajadora había practicado “spinning” en sesiones de una hora en lugar de “bicicleta estática”. La respuesta judicial es contundente. El matiz es “intrascendente”. Y es que el “spinning consiste precisamente en montar en bicicleta estática, sólo que en grupo y con música de fondo”, recoge el fallo no recurrido. 

Desde la MAC sostienen que, en este caso, el TSJC “no reprocha la actuación de la mutua”. Lo determinante, añaden estas fuentes, es que el tribunal consideró que la actividad llevada a cabo por la trabajadora “no requería exigencias físicas incompatibles con el diagnóstico de su baja médica” y que, además, “tenía pautada, por prescripción facultativa la práctica deportiva para fortalecer musculatura”. Por ello, decidió no recurrir ante el Supremo, aceptando el fallo del TSJC, que, además de obligarle a devolver las cantidades suspendidas, le imponía el pago de 600 euros en concepto de costas procesales. 

Tras la suspensión (ahora revocada) de la prestación por incapacidad temporal, Adriana, que entonces llevaba ya nueve años en la empresa, recibió el alta el 13 de febrero de 2023, apenas un mes después. Al día siguiente, volvió a causar baja, esta vez por ansiedad. 

Sin exceso de competencias, pero sin fraude

La sentencia del TSJC precisa que, en el caso de Adriana, la mutua no extinguió con carácter definitivo la prestación, lo que hubiera excedido sus competencias, sino que sólo suspendió el pago del subsidio, por lo que llevó a cabo lo que define como “un acto de gestión prestacional” propio de su función como colaboradora de la Seguridad Social.

Esta apreciación es relevante porque enmarca la actuación de la mutua dentro de los límites que impone el artículo 175 de la Seguridad Social. En algunas resoluciones judiciales sobre la misma materia (bajas laborales e informes de detectives), los tribunales han llegado a imponer el pago de indemnizaciones elevadas a las mutuas cuando aprecian que ha habido una mala praxis, como por ejemplo dar el alta prematura basada en pruebas dudosas. 

Es decir, la sentencia del TSJC llega a dos conclusiones. La primera, que la mutua no sobrepasó las competencias que tiene atribuidas como entidad colaboradora de la Seguridad Social. Y la segunda, que el fraude que advirtió no existió en ningún caso. Los ejercicios de bicicleta estática no son incompatibles con la recuperación de la operación del túnel carpiano. O, dicho de otro modo, la empleada siguió las recomendaciones médicas y eligió “una actividad intensiva de las extremidades inferiores y sin compromiso de las superiores y de sus articulaciones”. Por todo ello, entiende que es procedente revocar el acuerdo de la mutua MAC por el que se suspendió el derecho de la trabajadora a percibir el subsidio por baja. 

Una práctica controvertida 

El uso de detectives para seguir a trabajadores y detectar bajas fraudulentas se ha institucionalizado en los últimos años. Las mutuas firman acuerdos marco para realizar este tipo de controles bajo el argumento de que están velando por “la correcta gestión de los fondos públicos” que tienen encomendada y que el gasto en estos seguimientos es rentable, puesto que un porcentaje elevado de actuaciones concluye en un “ahorro” para la Seguridad Social, ya que se detectan fraudes y se suspenden cobros indebidos. 

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), la de mayor implantación en las Islas (cubre a más de 160.000 trabajadores y 17.000 empresas y cuenta con doce centros asistenciales en el Archipiélago) reserva unos 150.000 euros al año para este fin. La mutua prevé sacar en el segundo semestre de 2026 a licitación un nuevo acuerdo marco de servicio de detectives por procedimiento abierto, por un importe de 300.000 euros para dos años.  

Las mutuas y la patronal sostienen, además, que se trata de una medida disuasoria, puesto que la mera posibilidad de seguimiento privado “desincentiva” conductas fraudulentas. 

La práctica es controvertida. Los sindicatos la rechazan. “Este tipo de estrategias llevadas a cabo por las patronales, por las empresas y por las propias mutuas no son nuevas, pero nos siguen preocupando, porque lo que hacen es ahondar en la criminalización de los trabajadores que están enfermos”, explica Héctor Fajardo, vicesecretario general de Organización y Comunicación de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias. 

“Si un trabajador no va a trabajar por una situación de incapacidad temporal es porque realmente su estado de salud no se lo permite. No tiene sentido profundizar en estas estrategias que lo que generan es miedo en los trabajadores, que temen muchas veces cogerse una baja, obligándoles a ir a trabajar enfermos por miedo a que su empresa tome represalias contra ellos”, añade Fajardo. 

También desde Comisiones Obreras (CCOO) se han mostrado contrarios al uso de recursos públicos para la contratación de detectives que persiguen a trabajadores y trabajadoras. Desde este sindicato creen que el foco debe estar en la prevención de las patologías y en los tratamientos de recuperación. La organización señala que hay jurisprudencia relevante al respecto, como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que condenó a una mutua a devolver prestaciones a una trabajadora de ayuda a domicilio que también padecía el síndrome del túnel carpiano y a la que también grabó un detective realizando ejercicios de fortalecimiento recomendados o tareas domésticas ligeras. 

Los tribunales, señalan las mismas fuentes, “a menudo determinan que la actividad captada por el detective, como por ejemplo conducir o hacer la compra, no implica necesariamente que el trabajador esté fingiendo la incapacidad para realizar movimientos repetitivos propios de su puesto de trabajo”. 

Tanto CCOO como UGT se han mostrado muy críticos con el discurso de la patronal sobre el absentismo laboral en Canarias. Los empresarios insisten en que las islas tienen la tasa más elevada del país y han emprendido una cruzada para “mejorar la productividad”. Incluso han impulsado un portal de denuncias de “bajas fraudulentas” para trasladarlas a Inspección de Trabajo, la Seguridad o las mutuas. 

Frente a esta posición, los sindicatos sostienen que la patronal está metiendo en el saco del absentismo fraudulento las bajas médicas y ausencias justificadas (permisos, vacaciones…) y abogan por centrar el debate en la salud laboral, en la prevención y en las condiciones de trabajo. Para tratar de desmontar la tesis empresarial, el sindicato CCOO lanzó una campaña el pasado verano en la que recordaba que en Canarias la duración de las bajas no se aleja demasiado de la media nacional (44,44 días de media frente a 39,49) y que hay comunidades como Extremadura en donde esta cifra se eleva hasta los 77,71 días.

Desde la Seguridad Social se administran el grueso de las pensiones y prestaciones contributivas y no contributivas del sistema. Tal y como definen desde el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son un conjunto de medidas diseñadas para “prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos”. En concreto, suelen tratarse de prestaciones que abordan contingencias que suponen un exceso de gastos o una pérdida de ingresos de las personas que las sufren.

Aunque las prestaciones más comúnmente conocidas son las pensiones por jubilación, las de incapacidad permanente o el Ingreso Mínimo Vital, desde la Seguridad Social también se ofrecen ayudas para un gran número de escenarios.

Para acceder a cualquier tipo de ayuda es necesario cumplir con los requisitos de afiliación, alta y cotización exigidos para cada caso concreto. En prestaciones de carácter indefinido, el ciudadano debe mantener dichas condiciones durante todo el tiempo de su percepción. Si su situación cambia, deberá notificarlo a la Seguridad Social.

Listado completo de prestaciones de la Seguridad Social

El listado de acciones protectoras de la Seguridad Social cubre un gran abanico de situaciones de necesidad previstas por la legislación vigente. Recuerda que es posible consultarlo de forma completa a través de su página web, donde figuran los requisitos para pedir cada prestación, sus características, plazos y cómo se gestionan. Estas son las ayudas vigentes este 2026:

Ingreso mínimo vital (IMV)

Se trata de una prestación ideada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de individuos que viven solos o que están integrados en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. La cuantía a percibir es la diferencia entre la renta garantizada (que este año se ha establecido en 733,60 para un adulto que vive solo) y los ingresos del solicitante. Para solicitarla deberás visitar esta página o rellenar esta solicitud y presentarla tras pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano.

Pensión de jubilación

Se trata de una prestación vitalicia a percibir cuando se cesa el trabajo al alcanzar la edad establecida, a fin de cubrir la pérdida de ingresos originada por el cese de la actividad laboral. Existe un régimen general (para jubilaciones ordinarias, anticipadas, flexibles, parciales, etc) y uno especial (para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón). La cuantía de esta ayuda depende de un gran número de variables, como la base reguladora y los años trabajados, por lo que puedes calcular cuál sería tu cuantía aquí. Para solicitarla, puedes pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano o en esta página web.

Incapacidad permanente

Esta prestación pretende cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales de una persona que ve reducida o anulada su capacidad laboral a causa de un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente. De forma similar a las pensiones por jubilación, existe un régimen general y uno especial para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón. Existen distintos grados de incapacidad (permanente parcial, permanente total, permanente absoluta y gran incapacidad), que determinan los requisitos para acceder a esta prestación y la cuantía a percibir. El grado de incapacidad lo determinan los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) de cada Comunidad Autónoma, compuestos por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Para solicitarla, deberás rellenar este formulario y presentarlo tras pedir cita en Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Pensión de viudedad

Se trata de una prestación vitalicia para aquellos que han compartido un vínculo matrimonial o de pareja de hecho con la persona fallecida. Entre los requisitos se encuentra, por supuesto, el vínculo matrimonial o de pareja de hecho entre la persona fallecida y el solicitante (con requisitos especiales para separados); periodos mínimos de cotización o la causa del fallecimiento (por ejemplo, si la muerte tiene como causa un accidente, sea o no de trabajo; o una enfermedad profesional, no se exige período previo de cotización). La cuantía a percibir será entre el 52 y el 70% de la base reguladora, en función de si se cumplen o no una serie de requisitos. Es posible solicitar la pensión de viudedad a través de este enlace, que te permitirá además gestionar la pensión de orfandad de forma conjunta.

Pensión de orfandad

Esta prestación está dirigida a los hijos menores de 21 años o que estén incapacitados de un progenitor fallecido (o reconocidos en el matrimonio si la unión se ha celebrado dos años previos a la muerte). Se trata de una pensión compatible con la viudedad y que además, como hemos comentado, se pueden tramitar de forma simultánea, pero debes tener en cuenta que interaccionan entre sí y que varíe la cuantía final a percibir de ambas. En el caso de orfandad a causa de la violencia contra la mujer, deberás rellenar este documento y presentarlo en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Otras prestaciones disponibles en 2026

El Ministerio de la Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, presentó el lunes su primera propuesta de cuotas de los autónomos para los próximos tres años, que suben entre 217 y 796 euros el año que viene. Es la segunda fase de la reforma paulatina pactada en 2022 e iniciada en 2023 para que los trabajadores por cuenta propia coticen por un porcentaje de lo que ganan en 2032. Aunque esa meta general ya está fijada, hay diferencias sobre cómo llegar a este punto y sobre cuánto deben cotizar los autónomos con menos ingresos, que han hecho reaccionar en contra a varios partidos, tanto en la derecha como en la izquierda, incluida a la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz. Saiz ha pedido “sosiego” ante un primer planteamiento abierto a cambios y que mejora la protección social de los trabajadores, ha enfatizado.

La propuesta de cuotas de los trabajadores autónomos para los próximos tres años es la que refleja la siguiente tabla, que el Ministerio trasladó esta semana a los agentes sociales y a las organizaciones de autónomos consideradas más representativas que se sientan en la mesa de negociación (ATA, UPTA y UATAE).

En la reforma pactada en 2022 para que los autónomos cotizaran por sus “ingresos reales”, se acordó dividir a los trabajadores en 12 tramos según sus ganancias, para que poco a poco se fueran encaminando a contribuir por un porcentaje de sus rendimientos (la meta de 2032). Además, se habilitaron tres tramos más con cuotas más reducidas, para los autónomos con ganancias por debajo del salario mínimo.

Hay que recordar que antes de la reforma, los autónomos podían elegir su cotización y la inmensa mayoría (85%) cotizaba lo mínimo posible. Eso generaba prestaciones sociales –pensiones, bajas por enfermedad, permisos de maternidad– muy reducidas y una gran desigualdad respecto a los asalariados, con mayor cotización y también mejor protección social. “Provocó que los autónomos reciben de media hoy 650 euros menos de pensión al mes que un trabajador por cuenta ajena”, ha destacado la ministra Saiz este miércoles.

Entre 2023 y 2025, los trabajadores con menos ganancias tuvieron acceso a una cuota más reducida de la que existía hasta el momento. En 2022, la mínima era de 294 euros al mes, por lo que en estos años han podido cotizar por bastante menos, una exigencia de los trabajadores con más problemas económicos. En estos primeros años de transición –recién salidos de la pandemia–, al colectivo de autónomos de ingresos hasta 1.700 euros al mes se les mantuvo casi intactas sus contribuciones y, por último, para el colectivo de autónomos con mayores ganancias se acordó que fueran cotizando poco a poco más.

Ahora, de cara a la segunda fase de la reforma, para los años 2026 a 2028, el Ministerio de la Seguridad Social ha planteado un incremento paulatino de las cotizaciones para todos los tramos, aunque de mayor intensidad para los que más ganan, como ilustra el siguiente gráfico.

En la Seguridad Social sostienen que su planteamiento para los próximos tres años pretende llevar a cabo una “subida lineal” hasta la meta de 2032, para que luego no haya aumentos más abruptos en los últimos ejercicios. Para la futura base mínima del sistema, la Seguridad Social considera que debe estar referenciada al salario mínimo interprofesional, en un porcentaje aún por determinar, por lo que ha planteado ir aumentando poco a poco su base y su cuota en los próximos ejercicios. No obstante, en el Ministerio precisan que en los tramos de trabajadores con ganancias más bajas, por debajo del salario mínimo, su cuota en 2026 (217 a 271 euros) “es menor a la inflación acumulada desde 2022” y recuerdan que sigue siendo más baja que en 2022 (294 euros).

De inicio, la propuesta ha generado oposición tanto en la derecha parlamentaria, en partidos como PP, Vox y Junts, con críticas al “sablazo fiscal” a los trabajadores, así como en la izquierda (Sumar y ERC), que han criticado que se aumente la cuota a los trabajadores que menos ganan. Entre los colectivos de autónomos, ATA, dentro de la patronal CEOE, es la más reacia a esta reforma desde su inicio y también ha tildado de “sablazo” el planteamiento, mientras que UATAE –vinculada a CCOO– reclama que los autónomos con menos ingresos sigan cotizando menos que ahora. Por su parte UPTA –asociada a UGT– ha recibido bien este primer planteamiento, aunque considera que tiene oportunidades de mejora, principalmente para facilitar el acceso al cese de actividad (el paro de los autónomos) y la mejora de la prestación de cuidado de hijos con una enfermedad grave (CUME).

La cotización no es un impuesto

Para entender esta nueva fase de negociación de las cuotas de los autónomos, y sobre todo ante las críticas de “sablazo fiscal” de formaciones como el Partido Popular, es conveniente recordar dos cuestiones. La primera: que la cotización a la Seguridad Social no es un impuesto. Es decir, no es una aportación a la caja del Estado para que financie servicios públicos para todos (con independencia de que uno use o no estos servicios), como una carretera o un colegio.

La cotización a la Seguridad Social es una aportación contributiva, que tiene repercusión en la protección social que luego recibe la persona trabajadora. A mayor cotización, mayor permiso de maternidad, baja por incapacidad temporal, cese de actividad (paro de los autónomos) y futura pensión. A menor aporte, el trabajador recibe una protección social más escasa, una situación que muchos autónomos sufrieron durante la pandemia de COVID, cuando sus prestaciones por cese eran muy inferiores a los ingresos que venían percibiendo de sus negocios.

La segunda: que esta reforma para que los autónomos coticen por sus ingresos reales fue apoyada por algunos de los partidos que ahora la rechazan, como el PP. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra el aumento de cuotas del “35%, hasta 2.500 euros al año” en 2026, en referencia a los autónomos que ganan más de 6.000 euros al mes. El responsable económico del partido, Juan Bravo, ha sostenido que el PP defiende la “rebaja” de las cotizaciones sociales, pero su apoyo a esta reforma en 2022 implicaba de facto un aumento de las cotizaciones para los trabajadores con mayores ganancias.

Cuánto deben cotizar los que menos ganan

Puede que uno de los debates más abiertos de la reforma y que genera más discusión para las formaciones de izquierdas y los colectivos progresistas sea dónde situar la cuota mínima de cotización de los trabajadores autónomos. Es decir, cuánto deben pagar los trabajadores con menores ganancias y qué protección social van a tener como consecuencia de esta.

Mientras que UATAE y aparentemente partidos como Sumar y ERC reclaman que los trabajadores de escasos recursos coticen menos, en UPTA, UGT y el Ministerio de la Seguridad Social señalan que ya se ha rebajado la cotización respecto a 2022 y advierten de que seguir reduciendo este aporte supone debilitar su protección social. Menos cotización, pero también menos pensión y baja por enfermedad, por ejemplo. En la Seguridad Social subrayan que en los tres primeros tramos de ingresos por debajo del SMI, “el 63%” de los autónomos “decidieron sobrecotizar en 2023 para tener derecho a una mejor prestación”.

En los asalariados, la cotización mínima la fija cada año el salario mínimo interprofesional, aunque los trabajadores a tiempo parcial –en su gran mayoría mujeres– cotizan por la parte proporcional de horas que trabajan. Este ejemplo señalan en UATAE para reclamar que autónomos con ingresos reducidos, por ejemplo 500 euros al mes, puedan cotizar por esta referencia como lo hace una persona asalariada a tiempo parcial.

En estos debates, hay quien defiende modelos de “a ingresos cero, cotización cero”, pero en España no existe este esquema, que dejaría también en consecuencia sin protección social a los trabajadores en caso de baja o maternidad, por ejemplo. Al contrario, nuestro sistema de protección camina a una mayor asimilación entre los autónomos y los asalariados, para lo que también se están extendiendo sus prestaciones sociales, como el cese de actividad, que el Ministerio de la Seguridad Social se abre de nuevo a mejorar en esta reforma. Los colectivos de autónomos reclaman más, como el acceso al subsidio de desempleo para mayores de 52 años, una opción que ahora parece lejos de conseguirse en esta negociación.

Y, aunque no se mencione abiertamente, en estos debates también importa la visión general del sistema y la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social. Hay un gran número de trabajadores en los tres escalones de ingresos más bajos: casi el 40% de los autónomos, 1,38 millones de personas. Los autónomos luego acceden a la pensión mínima del sistema, como los asalariados, una prestación que está en aumento en los últimos años y que también dificulta las posibilidades de reducir más la cotización mínima de los autónomos.

En este contexto, el Ministerio tiene el reto de acercar posturas entre todos los interlocutores sociales y partidos políticos, con intereses muy distintos. En la Seguridad Social insisten en negociar para seguir afianzando una reforma ya pactada en el fondo y su objetivo. La norma requiere pasar por el Parlamento por lo que, sin los apoyos políticos, no podría salir adelante y en principio deberían prorrogarse las cuotas de este año.

Un total de 340.000 personas se encontraban en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Extremadura en 2024, el 32,4% de la población, lo que supone cuatro décimas menos que el año anterior. Esto supone, según los datos del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) de Extremadura, que un tercio de los extremeños se encuentren en esta situación.

El presidente de EAPN en Extremadura, Sebastián González, junto a Ana Macías, miembro también de esta organización, ha explicado que la región es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza y exclusión, después de Andalucía y Castilla-La Mancha, y la quinta en pobreza severa. Y ha puesto el foco en la importancia de las prestaciones públicas y el Estado del Bienestar en la lucha contra la pobreza.

Según ha detallado, la tasa de carencia material y privación severa se ha logrado reducir hasta llegar a las 53.000 personas, el 5% de la población, frente a las 84.000 de 2023. De estas 53.000 personas, el 37,9% no puede hacer frente a gastos imprevistos, el 36,7% no puede permitirse salir unos días de vacaciones al año, el 3,4% no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, el 18,4% no puede mantener su vivienda caliente en invierno y en verano fría, y el 11,2% ha sufrido retrasos en pagos de facturas o préstamos.

Casi la mitad tienen problemas para llegar a fin de mes

Además, según ha apuntado, en un avance de los datos del informe que será presentado el próximo viernes, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la mitad de los extremeños, el 49,5%, tiene dificultades para llegar a fin de mes. Un 10,6% de la población entre 0 y 64 años vive en hogares con baja intensidad de empleo, lo que significa que más de 87.000 personas aún teniendo trabajo no consiguen generar ingresos suficientes porque el empleo es temporal, a tiempo parcial o inestable.

El dato es aún más elevado entre las mujeres, un 11,3% frente al 9,9% de los hombres, lo que refleja “una feminización de la pobreza y una desigualdad de acceso al empleo digno”, según Macías.

Por su parte, la vivienda se ha consolidado como uno de los principales factores de empobrecimiento en Extremadura, una región donde la renta media por persona es de 12.421 euros, casi 2.400 euros menos que la media nacional. Esto se traduce en que el 41,3% de los extremeños que viven en alquiler a precio de mercado se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, un 38,2% en pobreza y un 14,9% en pobreza severa.

Según Macías, los datos reflejan que “los ricos son excesivamente ricos y son muy pocos, y los pobres son mucho mayores y cada vez son más pobres”.

Ha advertido además de que sin prestaciones públicas, como las pensiones, subsidios o el ingreso mínimo vital, las tasas de pobreza en Extremadura que se dispararían a un 52,7%, frente al 27,5% en que se cifran en la actualidad. “Esto demuestra que el estado del bienestar sigue siendo una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y que las políticas de protección funcionan, pero necesitan una mayor cobertura suficiente y equidad”, ha manifestado.

Por su parte, González ha mostrado su preocupación ante la pobreza infantil, con un 35,3%, y la subida en 10 puntos, del 21% al 31%, en la última década de la tasa en jóvenes de entre 18 y 29 años que están en pobreza o en riesgo de exclusión social.

También ha lamentado que las personas jubiladas presentan una tasa de pobreza del 21,4% y una pobreza severa del 3,3%, lo que demuestra que la protección social no siempre garantiza una vida digna. “El riesgo de pobreza y exclusión ha mejorado, pero no son datos para sonreír y para celebrar porque hay algunos muy preocupantes”, ha concluido.

La pensión de viudedad es una de las prestaciones más conocidas del sistema público, pero también una de las que más dudas genera cuando hay más de un matrimonio o pareja reconocida. En los últimos años, la Seguridad Social ha aclarado que, en determinados casos, el importe puede dividirse entre varios beneficiarios. Es lo que se conoce como pensión de viudedad compartida, una modalidad que afecta especialmente a personas divorciadas o con segundas nupcias, y que responde al principio de proporcionalidad en función del tiempo de convivencia.

Cómo acceder a la prestación

Para acceder a esta prestación, el fallecido debía estar dado de alta o ser pensionista de la Seguridad Social en el momento de su muerte, y haber cotizado al menos 500 días en los últimos cinco años o un mínimo de 15 años a lo largo de su vida laboral. Los beneficiarios son, en primer lugar, el cónyuge superviviente y, en determinados supuestos, los excónyuges o exparejas de hecho, siempre que cumplan las condiciones exigidas por la ley. La norma también contempla que las personas mayores de 65 años que dependían económicamente del fallecido y no perciben otra pensión puedan solicitarla.

Cuándo se produce

El derecho a una pensión de viudedad compartida se produce cuando el fallecido tuvo más de un matrimonio o pareja de hecho inscrita. En estos casos, la cuantía total de la pensión no se multiplica, sino que se reparte proporcionalmente entre quienes acrediten haber convivido maritalmente con la persona fallecida. El punto clave está en la existencia de una pensión compensatoria: los excónyuges solo pueden acceder a esta prestación si, en el momento del fallecimiento, cobraban del difunto una pensión compensatoria reconocida judicialmente y no se han vuelto a casar ni registrado como pareja de hecho.

La Seguridad Social especifica que el reparto de la pensión se hace en función del tiempo de convivencia con el fallecido, garantizando que el cónyuge o pareja actual reciba una parte proporcional a su relación. Además, si el excónyuge percibe su parte, esta no podrá superar la pensión compensatoria que recibía en vida. Este principio busca equilibrar los derechos de todas las personas que, en distintos momentos, compartieron su vida con el fallecido.

A tener en cuenta: el caso de las parejas de hecho

En el caso de las parejas de hecho, el acceso a la pensión de viudedad tiene requisitos más estrictos. La Seguridad Social exige acreditar una relación estable e inscrita oficialmente durante al menos dos años y una convivencia continuada de cinco. También debe demostrarse dependencia económica del fallecido en el momento de su muerte. Si el difunto estuvo casado previamente, la pareja de hecho no podrá reclamar una parte de la pensión si el matrimonio seguía vigente, incluso aunque existiera convivencia posterior.

No todos los supuestos generan derecho a esta prestación. No se consideran beneficiarios los excónyuges que renunciaron expresamente a la pensión compensatoria o que no la tenían reconocida, ni quienes contrajeron nuevo matrimonio o se registraron como pareja de hecho. Tampoco tienen derecho quienes mantuvieron una relación sin vínculo legal o no acreditaron convivencia suficiente. La Seguridad Social revisa cada caso de forma individual, solicitando certificados de matrimonio, resoluciones judiciales y documentos de empadronamiento que prueben los periodos de convivencia.

En definitiva, la pensión de viudedad compartida no implica duplicar la prestación, sino repartir un único derecho entre varios beneficiarios conforme a los criterios establecidos por la ley. El cálculo lo realiza directamente la Seguridad Social y no requiere acuerdo entre las partes. Los expertos aconsejan revisar las sentencias de divorcio o separación y verificar si se mantiene una pensión compensatoria, ya que de ello depende el reconocimiento posterior. También es recomendable solicitar información previa en la sede electrónica o en los centros de atención de la Seguridad Social, donde se determina de forma personalizada el porcentaje que corresponde a cada solicitante.

Una de cada tres personas que vive en Barcelona ha nacido en el extranjero, una cifra que ha crecido exponencialmente en los últimos años (hace 20 años, sólo suponían el 5%). Si se toma sólo el peso demográfico, no es de extrañar que los migrantes sean el 29% de los beneficiarios de ayudas de urgencia sociales que otorga el Ayuntamiento de la ciudad. Pero la perspectiva cambia al ver que el 77% de personas que están bajo el lindar de la pobreza ha nacido fuera de España, según datos del INE.

Las ayudas que puede otorgar un consistorio como el de la capital catalana se basan en prestaciones económicas puntuales para afrontar situaciones de emergencia, pagar gastos sanitarios, habitacionales, alimentarios, educativos, de vestimenta o transporte, así como para la inserción laboral. Y sus beneficios son “mucho menores” en el caso de la población extranjera.

Así se destila de un informe elaborado por el Institut Metrópoli que ha analizado en profundidad la situación de la migración en Barcelona. El objetivo de este estudio, el primero elaborado por el Observatorio de la Inmigración y el Refugio, es “combatir los discursos de odio” como el que acusa a la población extranjera de llevarse todas las ayudas públicas para vivir sin necesidad de trabajar.

Los datos recogidos por el informe demuestran que, después de recibir todas las pensiones, ayudas y transferencias sociales asignadas, la tasa de pobreza se rebaja en un 71% en el caso de las personas nacidas en España. Pero las mismas ayudas sólo consiguen rebajarla un 11% en el caso de las personas extranjeras.

Esto se debe a diversos factores. Por un lado, vale la pena destacar que los españoles piden de media, 1,9 ayudas por beneficiario, mientras que los migrantes suben hasta 6,6. Esto denota que la situación de precariedad de la que parten es muy diferente. “Hay una gran parte de la población para la que las ayudas de emergencia no son suficientes”, según ha reconocido la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes.

De hecho, según los datos recogidos por el Institut, las ayudas que “realmente funcionan” son aquellas a las vinculadas a las rentas del trabajo. El paro y las pensiones de jubilación, viudedad o supervivencia son las que realmente marcan la diferencia a la hora de rebajar la tasa de pobreza relativa. Ahora bien, estas no llegan tanto a los colectivos migrantes.

Las ayudas diseñadas para atajar las situaciones de pobreza extrema son el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), pero por fallos en el sistema de prestaciones que han reconocido las administraciones que la gestionan, el 56% de las personas que tendrían derecho al IMV, y el 81% en el caso de la RGC, no las perciben.

Ya sea por desconocimiento de la existencia de la ayuda o por incompatibilidades con otras ayudas, muchas personas acaban recurriendo a las ayudas de emergencia de sus ayuntamientos, que no están diseñadas para estas casuísticas.

De hecho, si se analizan los datos, a pesar de que hay muchos más receptores nacidos en España que en el extranjero, el consistorio dedica prácticamente la misma cantidad del presupuesto de ayudas de emergencia a ambos colectivos. Eso es porque mientras los primeros piden, de media, 1,9 ayudas por beneficiario, los segundos solicitan 6,6.

Esta cifra demuestra que la mayoría de personas migradas que acuden a los Servicios Sociales no busca subsanar un problema concreto, sino una situación de precariedad estructural. Ello se nota también en el tipo de prestaciones que perciben. Los nacidos en España son los que más solicitan ayudas para acceder al ocio infantil y adulto, así como prestaciones dedicadas a la infancia y a la educación. En cambio, los migrantes son quienes más reclaman ayuda para sufragar la alimentación, la vestimenta, el transporte o el pago del alquiler.

De hecho, la vivienda es uno de los elementos diferenciales a la hora de entender la desigualdad entre colectivos. Según datos de este 2025, el 44% de los habitantes de la capital catalana viven de alquiler. Esta cifra llega al 70% si nos referimos sólo a personas nacidas en el extranjero. Además, este colectivo sufre mucho más los precios elevados. Casi la mitad de ellos dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. En el caso de los nacidos en España, esa situación sólo afecta a una de cada 10 personas.

Esto se debe, en parte, a la diferencia de las rentas percibidas según dónde se ha nacido. De media, una persona nacida en España cobra 2.303 euros mensuales. Y la cifra baja a los 1.501 para los asiáticos, a los 1.589 para los africanos, o a los 1.650 para los sudamericanos. En cambio, los europeos se sitúan casi a la par y los norteamericanos los superan por mucho con un sueldo medio de 3.329 euros al mes.

Todo eso, a pesar de que el 43% de la población extranjera en Barcelona tiene estudios superiores, ya sean en el ámbito universitario o de la formación profesional. “Esto demuestra que el efecto llamada de las prestaciones sociales no existe. Que quienes llegan a Barcelona lo hacen en busca de oportunidades laborales”, expone Albert Sala, investigador del Institut Metròpoli

“Todos estos datos nos ayudan, no sólo a diseñar mejores políticas públicas, sino también a construir relatos basados en el rigor, lejos de los de aquellas fuerzas políticas que intentan usar la cuestión migratoria como una arma”, tal como ha apuntado la teniente del área de Derechos Sociales, Raquel Gil.

El PSC, ERC y Comuns han registrado una proposición de ley que introduce el derecho al error de los ciudadanos, de tal manera que puedan evitar sanciones si han cobrado prestaciones de manera indebida siempre que haya sido de manera no fraudulenta.

La proposición, que es una modificación de la ley 26/2010 del régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas, reconoce el derecho a las personas a no resultar perjudicadas por “errores administrativos o malas prácticas de la gestión pública”. La norma reconoce dos casuísticas: la primera es la de las personas vulnerables que reciben prestaciones “vinculadas a las necesidades esenciales de subsistencia” como la Renta Garantizada de Ciudadanía. A estas no se les podrá reclamar el dinero si han cobrado ayudas que no les correspondían, pero pueden demostrar que el error fue de la Administración.

La segunda casuística es la de las personas que hayan cobrado indebidamente porque su situación ha cambiado y, por tanto, ya no cumplen los requisitos, pero no lo han comunicado. Para ellas, la nueva norma prevé el derecho a rectificar errores ante la Administración. Esto se traduce en que, aunque sí deberán devolver el dinero cobrado, podrán evitar sanciones si demuestran que no ha habido mala fe.

Este cambio se introduce justo cuando el Departament de Derechos Sociales se encuentra en pleno proceso de inspección de las prestaciones cobradas por jóvenes extutelados que podrían haber recibido pagos indebidos. Por ahora, el Govern ha comunicado a más de un centenar de afectados que podrían tener una deuda con la administración de entre 6.000 y 46.000 euros.

Esta situación también afectó a 9.500 familias a las que la Generalitat reclamó un total de 71 millones de euros el octubre pasado por cobros indebidos de la Renta Garantizada de Ciudadanía. La deuda, de unos 7.500 euros de media, se generó precisamente porque algunas de estas personas comunicaron cambios en su situación personal y económica que hacían que ya no pudieran recibir la ayuda, pero la administración “tardó unos meses en registrar el cambio”, tal como afirmó en su momento el Govern. Y durante ese lapso de tiempo, las familias siguieron cobrando.

En ese caso, se acabó amnistiando esta deuda y los afectados no tuvieron que devolver el dinero. En el caso de los jóvenes extutelados, el Govern no descarta hacer lo mismo. Pero estas condonaciones podrían abrir la puerta a una demanda por malversación. Precisamente esta ley que prepara ahora el Parlament, dota a estas amnistías de garantías jurídicas para que eso no sucediera.

La nueva normativa tendrá carácter retroactivo y, por tanto, se aplicará a todas las personas que tengan un expediente abierto en el momento en que se apruebe la ley, tal como han explicado a este medio fuentes de los Comuns, la formación que ha impulsado este punto en concreto. Así, esta ley podría dar cobertura a los jóvenes extutelados a los que la Generalitat exigirá pagos, pero sólo si entra en vigor antes de que sus expedientes se cierren.

El proceso, según afirman los grupos que han participado en la norma, no será rápido. En tratarse de una proposición de modificación de ley, se pone ahora a disposición del resto de grupos parlamentarios para que hagan enmiendas. Y después de su estudio, será llevada al pleno del Parlament para su votación. Pero eso no pasará hasta el mes de octubre y eso teniendo en cuenta que los partidos impulsores consigan que se tramite por la vía de urgencia. Si no lo logran, la ley no llegaría al pleno hasta, mínimo, diciembre.

Por su parte, desde la Generalitat han asegurado que esta ley, independientemente de si llega a tiempo de amparar a los exutelados, está pensada para que casos como este no se vuelvan a repetir. “No tiene nombre que, fruto de un error, vayamos a reclamar a una persona vulnerable recursos que no tiene y a los que no puede hacer frente”, ha asegurado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau.

“Tenemos que garantizar que no se produzcan casos como este, que son errores mayúsculos”, ha añadido. En este sentido, el conseller también ha destacado que el derecho al error aplica igualmente a los trabajadores públicos y al cuerpo de funcionarios. Estos se enfrentan a ser acusados de negligencia cuando cometen un error tramitando una prestación y, además, están obligados por ley a “perseguir” a las personas que hayan cobrado indebidamente. “A esto se le llama burocracia defensiva”, ha puntualizado.

“Estamos ante un acuerdo muy relevante”, según Dalmau, quien ha definido la reforma como “un mensaje de confianza hacia la ciudadanía, un cambio para tratarlos como adultos. La vida de la gente ya es suficientemente complicada, y ahora queremos que su relación con la Administración sea fácil”. Igualmente, ha asegurado que “no hay derecho a que cuando es la Administración la que se equivoca, persiga al ciudadano”.

Prestaciones proactivas

Otra de las novedades de la ley es que el Govern podrá recomendar y anticipar las prestaciones a las que tiene derecho cada ciudadano en función de su situación y momento vital. Actualmente, es la ciudadanía la que tiene que pedir que se le conceda una ayuda, pero esta normativa contempla que, mediante el uso de datos disponibles, la Administración pueda ser proactiva y simplificar los trámites de la ciudadanía, especialmente en momentos de cambio vital, como el nacimiento de un hijo, la defunción de la pareja, la jubilación o un despido.

Para que eso sea posible, cada persona deberá autorizar a la Administración que pueda usar sus datos personales a este efecto y podrá revocarlo en cualquier momento. De esta manera, se pretende conseguir que las ayudas lleguen a todas las personas que cumplen los requisitos para recibirlas, sobre todo a los colectivos más vulnerables que tienen menos capacidad para buscar y solicitar prestaciones.

“Es un cambio muy relevante para no dejar fuera del sistema a personas que no tiene acceso a la información o que se pierden entre la cantidad de ayudas. Queremos trabajar de forma anticipada e inteligente, avanzando hacia la personalización de los servicios”, ha añadido el conseller Dalmau.

En la línea de facilitar la relación entre la Administración y la ciudadanía, también se eliminará la obligación de cita previa para ser atendido presencialmente. Esta medida ya formaba parte del acuerdo del pacto del Acuerdo de Gobierno para reformar la administración, por el que ningún trámite con la Generalitat requería de cita previa. El cambio es que ahora, al dotar a esta decisión rango de ley, aplica a todas las administraciones públicas de Catalunya.

Por último, la norma también incorpora cambios para garantizar una comunicación más clara entre la Administración y la ciudadanía. Esto contempla el derecho a recibir información y resoluciones en un lenguaje llano, entendedor y accesible, dejando atrás las expresiones técnicas y jurídicas.

Lorena tiene 24 años. Fue una niña tutelada por la Generalitat y pasó parte de su infancia en un centro residencial. Al cumplir la mayoría de edad, tuvo que dejar el que hasta entonces había sido su hogar sin otro al que ir. La única ayuda que tenía era una prestación que el Govern otorga a los jóvenes extutelados mientras buscan trabajo y un piso.

Gracias a ese dinero, Lorena pudo encontrar un empleo y salir adelante. Pero hace pocos días recibió una carta que ha puesto su mundo patas arriba. La Generalitat sospecha que parte de la prestación que cobró durante algo más de tres años podría haber sido indebida, al no cumplir con todos los requisitos necesarios, y la avisa de que podría tener una deuda con la administración de hasta 22.548,78 euros.

Como ella hay un centenar más de jóvenes a quienes la Generalitat podría llegar a reclamar entre 6.000 y 46.000 euros por haber cobrado una prestación indebidamente. “Nos persiguen y nos asfixian. Van a por nosotros y eso es muy injusto”, asegura esta joven, que añade que a muchos de ellos nunca se les explicó debidamente cuáles eran los requisitos. “Teníamos que venir cada seis meses a firmar y a explicar si teníamos trabajo, si estudiábamos o lo que sea. Si algo iba mal, nos lo podrían haber dicho en su momento”, lamentan.

Por eso, algunas decenas de personas que se encuentran en la misma situación que Lorena se concentraron este lunes frente a las oficinas de la Dirección de Infancia (DGPPIA) para presentar una alegación contra este proceso de reclamación de prestaciones presuntamente indebidas por “injusta y desproporcionada”.

El Govern empezó a comunicar las posibles deudas el jueves pasado, sólo dos semanas después de que se hiciera público el resultado de la investigación de la Sindicatura de Cuentas, que constató que entre 2019 y 2022 se otorgaron más de 167 millones de euros en pagos inadecuados. De ellos, 4,7 millones (el 2,8%) fueron prestaciones a extutelados.

Las cartas recibidas, a las que ha tenido acceso elDiario.es, apuntan a posibles “incumplimientos de los requisitos” para recibir las prestaciones, informan a los afectados que se iniciará una revisión del dinero cobrado y avisan de la cuantía que se estima que se deberá devolver en caso de que los jóvenes no puedan demostrar que sí eran merecedores del dinero. “Es una burrada. Estamos totalmente solos y no tenemos dinero para abogados. No sabemos ni por dónde empezar”, lamentan estos jóvenes, que aseguran que nadie les ha dicho exactamente qué papeleo deben entregar. Y sólo tienen 10 días para hacerlo.

Desde la Generalitat apuntan que es una reclamación preventiva y que las personas consultadas tienen margen para poder desmentir la sospecha. Preguntados por este medio, aseguran que en algunos casos será suficiente con aportar el padrón o alguna documentación de Servicios Sociales. Pero esos detalles no se mencionan en las cartas.

“No entiendo qué les tenemos que dar, si ya lo saben todo”, se lamenta Lorena, que explica que periódicamente todos los jóvenes extutelados están obligados a reportar a sus referentes cuál es su situación laboral, educativa y habitacional. Eso se hace para constatar que siguen el itinerario de inserción social que se les exige para poder cobrar la prestación y para comprobar si, en caso de que hayan conseguido trabajo, siguen cumpliendo los requisitos.

Y es que la llamada prórroga asistencial es una ayuda económica equivalente al indicador de la renta de suficiencia que perciben los jóvenes extutelados hasta los 23 años o hasta que cobran un sueldo que, sumado a la ayuda, supere en 1,5 el importe de la renta anualmente. “Pero es que nadie nos informa de todas estas cosas”, se lamenta Tania. Es hermana de Lorena y está en su misma situación.

A ella, aunque sólo cobró la prestación por poco más de un año, le podrían reclamar más de 6.000 euros. El motivo es que durante un mes y medio le salió una sustitución que sumó a su trabajo habitual en el que cobraba alrededor de 900 euros. Hasta ahí todo iba bien y seguía sin pasarse del límite.

El problema llegó cuando le ofrecieron ampliar esa sustitución. Ahí Tania no tuvo en cuenta que, si seguía trabajando, sí se pasaría del máximo establecido. Sus referentes tampoco se lo dijeron, a pesar de que ella les comunicó que seguiría trabajando. “Yo informé debidamente, pero no me llegó ninguna notificación, ni un correo, ni nada”, asegura.

Finalmente, fue ella misma quien, algunas semanas después, se dio cuenta de que se estaba pasando del tope y decidió dejar la prestación. “Estoy muy agradecida de esta ayuda, pero ganaba más trabajando”, recuerda Tania que, en total, sólo cobró por encima del límite durante un mes y medio. Y ahora le pueden llegar a pedir 6.000 euros. “Pero es que no los tengo. ¿Cómo los voy a tener? Si lo único que hemos hecho es intentar salir adelante”, se lamenta la joven.

“Es que simplemente no nos llega”, añade su hermana. Ella también dejó de cobrar la prestación cuando encontró trabajo. Pero, en su caso, nunca compaginó ambas cosas. Aun así le piden más de 22.500 euros. ¿Por qué? “Mi carta dice que no cumplía el plan de trabajo individual. Y eso es mentira”, dice Lorena, resaltando la ironía. El plan que supuestamente dejó de seguir es un itinerario pensado para que los jóvenes puedan encontrar un empleo.

“No nos merecemos esta angustia”

“Se nos exigen unas cantidades de dinero imposibles. Y nos lo exige este sistema que, en principio, está diseñado para protegernos. Pero en realidad lo que hacen es expulsarnos. Nos parece bien que hagan una revisión de los fondos, pero no así”. Quien habla es Aster, una joven extutelada de 22 años que este lunes también acudió ante la Generalitat.

Pero ella no fue a poner una alegación, sino a preguntar por su caso en particular. Tal como cuentan estos jóvenes, que se están organizando a través de un grupo de WhatsApp muchos de ellos recibieron la carta entre el jueves y el viernes. Pero otros, al ver que a todos sus amigos se les requería dinero y a ellos no, quisieron asegurarse de que todo estaba bien y fueron a consultar sus perfiles en la web de la Generalitat.

Allí vieron que sobre ellos también pesaba la sospecha y que, aunque no hubieran recibido ninguna comunicación, el plazo de 10 días para presentar la documentación requerida ya había empezado a correr. “Menos mal que lo miraron porque si no entregan los papeles, tienen que pagar sí o sí”, dice Aster.

Ella también intentó mirar si también está en la lista, pero por un problema informático no consiguió entrar en su perfil y tuvo que pedir cita presencial. “No sé nada todavía”, dice visiblemente nerviosa. “No nos merecemos esta angustia ni pagar por una mala gestión que no ha sido culpa nuestra”.

Con estas palabras, Aster se refiere a las acusaciones de malversación que pesan sobre la Dirección de Infancia de la Generalitat y sobre las que la Oficina Antifraude está investigando actualmente. La base de las sospechas se encuentra en diversas denuncias presentadas por extrabajadores sociales que alertaban de entidades del tercer sector -en las que la Generalitat había externalizado la gestión- que seguían solicitando ayudas para jóvenes que ya no cumplían los requisitos.

Según las denuncias presentadas, las entidades podrían haberse quedado una parte de esa prestación, mientras pagaban la otra a los jóvenes para que siguieran yendo a firmar los documentos necesarios sin informarles de que estaban cobrando indebidamente.

“Nosotros no somos los culpables de la mala gestión. En todo caso, somos las víctimas”, dice Aster. “¿Por qué nos hacen esto?”, se pregunta. Lorena tiene una respuesta: “Nos quieren meter miedo. Y quieren que acabemos renunciando a la prestación. Al final, el mensaje es que es más fácil ponerte a trabajar en la calle, en negro”, asegura. “Míranos, los que estamos aquí no tenemos a nadie y salimos adelante como podemos. No es justo que nos hagan pasar por esto ahora”, añade.

Los jóvenes que se concentraron frente a la Dirección de Infancia relatan episodios de ansiedad después de haber recibido las cartas de la Generalitat. Hay quien se pasó la noche entera llorando y hay quien, incluso, pensó en quitarse la vida. “Es que, de verdad, no tenemos ese dinero. Sabemos que no hemos hecho nada malo, pero si nos dicen que igualmente tenemos que pagar, ¿qué vamos a hacer?”, se preguntan.

Desde la Generailitat reconocen que este requerimiento puede “generar molestias” y lamentan “el agravio que pueda ocasionar a los jóvenes”, pero insisten en que están “legalmente obligados a actuar cuando se detectan indicios de pagos indebidos”.

La Dirección de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat ha enviado centenares de correos a jóvenes extutelados que podrían haber recibido pagos por prestaciones indebidas. Esta comunicación se da sólo dos semanas después de que se hiciera pública el resultado de la investigación de la Sindicatura de Cuentas, que constató que entre 2019 y 2022 se otorgaron más de 167 millones de euros en pagos inadecuados. De ellos, 4,7 millones (el 2,8%) fueron prestaciones a extutelados.

Según ha avanzado el Diari Ara y ha confirmado este medio, las cantidades reclamadas van entre los 10.000 y 36.000 euros. Las cartas recibidas, a las que ha tenido acceso elDiario.es, apuntan a posibles “incumplimientos de los requisitos” para recibir las prestaciones, informa a los afectados que se iniciará una revisión del dinero cobrado y avisa de la cuantía que se estima que se deberá devolver.

Desde la Generalitat apuntan que es una reclamación preventiva y que las personas consultadas tienen margen para poder desmentir la sospecha aportando pruebas de que sí eran merecedores de las ayudas, tales como el padrón o documentación de Servicios Sociales.

Uno de los posibles incumplimientos que más figuran en estos documentos es “haber dejado de residir en Catalunya”. Esta es una infracción que detectó la Sindicatura de Greuges en su informe y que ya habían alertado diversos educadores sociales que pusieron denuncias anónimas frente a la Sindicatura y Antifraude.

Concretamente, lo que denunciaban los trabajadores es que había entidades del tercer sector -a quienes la Generalitat había externalizado la gestión de las prestaciones- que seguían solicitando ayudas para jóvenes que ya no vivían en Catalunya o que ya habían conseguido un trabajo. Según las denuncias presentadas, las entidades podrían haberse quedado una parte de esa prestación, mientras pagaban la otra a los jóvenes para que siguieran yendo a firmar los documentos necesarios.

Según los alertadores, muchos de los jóvenes no sabían que ya no tenían derecho a seguir cobrando las ayudas, ya que sus educadores de referencia no les habían informado y, de hecho, algunos de ellos no se han enterado de que estaban incurriendo en fraude hasta que han recibido la carta de la Generalitat. Pero también podría haber casos de gente que ha recibido cartas sin haber incurrido en ninguna irregularidad.

Uno de ellos es Andrea (nombre ficticio). Está a punto de cumplir 23 años y le piden más de 32.000 euros. “He calculado que es la totalidad de todo lo que he recibido desde que tengo 18 años”, asegura en conversación con elDiario.es. Afirma que lo tiene todo en regla y que ha cumplido todos los requisitos que se le exigían para seguir cobrando la prestación. Ha informado a su referente siempre que ha trabajado y ha adaptado el monto de la prestación en función de su sueldo para no pasarse del máximo establecido. Incluso llegó a devolver un mes y medio de ayuda que percibió un verano que tuvo un trabajo con un sueldo superior al permitido.

Y todo ello, a pesar de que lo que recibía apenas le llegaba para vivir. “Cuando empecé, la prestación era de 630 euros y ahora es de 750. ¿Para qué se supone que me sirve?”, se pregunta. Aun así, asegura que todos los jóvenes extutelados están “muy agradecidos” de la prestación. “Es lo único que tenemos cuando cumplimos la mayoría de edad y tenemos que salir de los centros. Es lo único que impide que tengamos que volver a una casa en la que nos pegaban o nos abusaban”, asegura

Afirma que tiene la documentación necesaria para demostrar que ella no ha cobrado nada indebidamente y recuerda que todos los extutelados tienen que presentarse ante su referente cada seis meses para constatar su plan de estudios, de trabajo y de salud mental. “Tienen toda nuestra vida en un PDF. Lo saben todo, ¿por qué nos piden ahora esto?”, se pregunta.

A Andrea, recibir la carta le valió un ataque de ansiedad. “Todos los niños que hemos vivido en centros tenemos depresión, trastornos de ansiedad o de estrés postraumático. Están asustando a chavales que no tienen nada, que estamos solos y que hemos tenido que luchar muchísimo cada día para llegar hasta donde hemos llegado”, apunta Andrea, quien recuerda que el 98% de los jóvenes extutelados en España trabaja, estudia o compagina ambas actividades. “No hay casi nadie que viva del cuento”, sostiene.

Ahora bien, alerta de que gestos como este pueden provocar que muchos jóvenes acaben renunciando a la ayuda. “Si lo haces todo bien y te reclaman el dinero igual, pues habrá que rechacen el dinero, dejen los estudios y se pongan a trabajar en negro. Y acabarán consiguiendo la imagen que hace años que buscan”.

Esta joven lamenta la “lucha” del colectivo de extutelados. “Hagamos lo que hagamos, nunca es suficiente. Siempre seremos los ladrones, los delincuentes. Los que nadie quiere en su país. No nos quieren y nos lo demuestran cada día”, remacha.

Más cartas en las próximas semanas

Los primeros en recibir las cartas han sido los que empezaron a cobrar las prestaciones antes, para evitar que el caso prescriba. También se han focalizado en los que están a punto de cumplir 23 años y que, por edad, dejarán de poder percibir la llamada “prórroga asistencial”.

A partir de aquí, la Generalitat explica próximamente empezará a enviar cartas sobre prestaciones concebidas en 2022, 2023 y 2024. Estas fechas ya están fuera del periodo de tiempo investigado por la Sindicatura de Cuentas (2019 – 2021), pero sí que contempla los años que ahora está estudiando Antifraude y sobre los que se espera que publique un informe próximamente.

Estas entidades también afean a la Generalitat que sólo se esté pidiendo el dinero a los jóvenes extutelados, aunque sólo representen el 2,8% de los pagos indebidos que se han detectado. Además, constatan que son uno de los sectores “más vulnerables” de la sociedad y aseguran que estas reclamaciones “pueden echar por tierra todo el trabajo de integración que han hecho”.

También afean que estas comunicaciones se hayan hecho mediante correo electrónico “sin previo aviso” a las entidades, que podrían haber puesto a los jóvenes sobre aviso. Desde la Generailitat reconocen que este requerimiento puede “generar molestias” y lamentan “el agravio que pueda ocasionar a los jóvenes”, pero insisten en que están “legalmente obligados a actuar cuando se detectan indicios de pagos indebidos”.

En la misma línea explican que este proceso de revisión es fruto de los “nuevos mecanismos de supervisión y control” que la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, puso en marcha poco después de que saliera a la luz el caso de una menor violada y explotada en una red de pederastia mientras estaba bajo guarda de la Generalitat. Aquel caso coincidió en el tiempo con la investigación por supuestos pagos indebidos.

La Dirección de Infancia y Adolescencia en Catalunya (antes DGAIA ahora DGPPIA) pagó más de 4,7 millones de euros en prestaciones indebidas a jóvenes extutelados entre 2019 y 2022. Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del informe que la Sindicatura de Cuentas ha publicado este miércoles.

La investigación se ha basado en la denuncia anónima de un extrabajador social que detectó un presunto entramado de fraude, falsificación de informes y pago de prestaciones indebidas. Además de la Sindicatura de Cuentas, el Síndic de Greuges y la Oficina Antifraude también están investigando los hechos y publicarán próximamente sus resultados.

El alertador denunció que fue obligado por su empresa a firmar documentos que acreditaban que diversos jóvenes extutelados seguían desempleados aunque no fuera así, para que pudieran seguir percibiendo ayudas y copagos de vivienda.

Estas prestaciones son gestionadas por las entidades, que reciben el dinero de la administración y lo trasladan a los beneficiarios. Pero según el extrabajador, las entidades se quedaban buena parte del dinero y dejaban una pequeña mordida a los jóvenes, “para comprar su silencio”.

Esta última parte será la que clarifique el informe de la Oficina Antifraude. Por su parte, la Sindicatura de Cuentas ha constatado que los 4,7 millones en pagos indebidos alcanzaron al 11,8% del total de beneficiarios. Entre ellos, destacan casos de jóvenes que estaban dados de alta en el régimen de la seguridad social o, incluso, que vivían en otras comunidades autónomas.

La Sindicatura de Cuentas apunta a que este descuadre es consecuencia del “sistema de externalizaciones” que ha diseñado el Departament de Derechos Sociales para gestionar las prestaciones. Se trata de un sistema licitado y puesto en marcha en 2022 por el Ejecutivo de Pere Aragonès, que adjudicó a la Fundació Resilis y a la Fundació Mercè Fontanilles la gestión de las ayudas.

“En las ocasiones en que las entidades son responsables del seguimiento y la valoración de las condiciones que dan derecho a percibir recursos públicos, se observa una situación de riesgo de conflicto de interés”, según se apunta en el informe. Además, la Sindicatura asegura que esta situación es “sostenida en el tiempo” y afea a la Administración que “no reclama la regularización de los copagos” ni de los pagos indebidos cuando se conoce que ha habido un error.

De hecho, según los datos recogidos por el mismo Departament de Derechos Sociales, entre 2016 y 2024 hubo 167,56 millones de euros en pagos indebidos en todo el conjunto de prestaciones, no sólo las de los jóvenes extutelados. De esos, 155,97 millones están en trámite de reclamación, pero hay 7,17 millones que, debido a su antigüedad, ya han prescrito y que jamás volverán a las arcas públicas.

Sólo en el caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía hay 32.647 expedientes con posibles pagos indebidos pendientes de analizar, pero todos ellos son de hace más de 4 años, por lo que ya han prescrito.

La Sindicatura alerta que los pagos indebidos no responden siempre a conflictos de interés, sino a “falta de transparencia” y a “falta de organización” del Departament. “No tiene acceso directo ni disponibilidad de los datos vinculados a las prestaciones gestionadas”, asegura el informe.

Esto puede provocar que una parte de la población cobre una prestación que no le corresponde por error, no por mala fe. Ya sucedió en 2024, cuando 9.500 familias vulnerables cobraron unos 71 millones de euros en prestaciones indebidas porque la Generalitat no detectó cambios en su situación personal o porque no fueron registrados debidamente.

En este sentido, la Sindicatura recuerda que el sistema de ayudas funciona con ocho aplicaciones informáticas gestionadas por cuatro proveedores que “fragmentan” los datos y no están interconectadas entre ellas. Eso, además de facilitar el pago indebido, también provoca que haya muchas prestaciones que no llegan a quien deberían llegar.

En este sentido, el informe es contundente: “sólo la mitad de personas que tienen derecho a las prestaciones acaban accediendo a ellas”. Por todo ello, la Sindicatura (que alerta de que estas faltas podrían dar lugar a “hechos perseguibles administrativa y judicialmente) recomienda aumentar la transparencia, acabar con las externalizaciones y generar un sistema de prestaciones que no sea tan ”excesivamente complejo“ de gestionar ni fiscalizar.

Todas ellas son recomendaciones que van en la línea del plan de reforma presentado hace dos semanas por la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha creado nuevas oficinas para fiscalizar las ayudas y prestaciones económicas y va a promover la internalización de los servicios. Ahora bien, por el momento no hay detalles de esta reforma ni del presupuesto que va a acabar requiriendo.

Una comisión para prevenir contra “depredadores”

La publicación del informe de la Sindicatura de Cuentas ha coincidido con la comparecencia de la consellera en la comisión del Parlament, convocada para dar explicaciones sobre el caso de la menor que fue violada bajo guarda de la DGAIA.

En la comparecencia, Martínez Bravo ha anunciado la creación de una comisión mixta formada por Mossos d'Esquadra y la DGPPIA para prevenir casos de “depredadores” de menores en riesgo. Se tratará de un órgano “permanente” que desplegará una serie de campañas de protección en el ámbito digital y que incluirá “campañas de concienciación masivas”.

Igualmente, se usará IA para detectar a posibles agresores y se ofrecerán canales de denuncia para menores a quienes se hayan vulnerado sus derechos.

Cada cuarto de hora muere una persona en España que estaba en espera de ser evaluada o de recibir prestaciones o servicios en función de la ley de dependencia. Fueron, en 2024, un total de 34.252 ciudadanos y ciudadanas que “no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones”, según refleja el XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales, presentado este viernes en el Congreso.

Frente a este dato, a finales del pasado año había en España 1.636.757 personas en situación de dependencia reconocida (69.650 más que en 2023, un 4,4% más), lo que “significa que el 3,4% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”, según constata el informe. Además de los que ya están en el sistema, 270.325 personas están a la espera de ser atendidas: la mitad de ellas, 127.879, siguen pendientes de valoración; el resto está en un limbo, esperando que se le asignen recursos reconocidos.

José Manuel Ramírez, presidente de la asociacion de gerentes, ha dibujado un sistema de dependencia que avanza a diferentes ritmos en función de la comunidad autónoma y que se está consolidando como un modelo de bajo coste (“low cost”, ha dicho el experto) que opta por pagar prestaciones mínimas a algún familiar por cuidados (269 euros al mes por una atención 24/7) en vez de recurrir al uso de los servicios profesionales. Esta es la atención que reciben cuatro de cada diez dependientes y que recae en su mayoría sobre mujeres: tres de cada cuatro cuidadoras familiares lo son.

Este modelo, ha explicado Ramírez, tiene también consecuencias económicas: disminuye el impacto en la generación de empleo, que por primera vez desde 2020 está por debajo de los 40 empleos por cada millón de euros de inversión pública en el sistema, y disminuye también la tasa de retorno al Estado a través de impuesto de sociedades, cuotas a la seguridad social, IRPF, etc., que con el 40,1%, se sitúa en su tasa más baja de los últimos cuatro años.

A este sistema de bajo coste también colabora que muchas administraciones eligen como prestación única poner una teleasistencia. Este modus operandi, que en algunas comunidades como Madrid suponen una de cada seis intervenciones, le sale a devolver a los Gobiernos regionales, según Ramírez: el nivel mínimo de financiación por persona es superior al coste de estos aparatos.

El sistema avanza hacia el bajo coste pese a que el pasado año se alcanzó un máximo de inversión, con 12.189 millones de euros, ha denunciado Ramírez. Una cifra que representa el 0,8% del PIB y que es la mitad de lo que dedican de media los países de la UE. “El sistema tiene que ir necesariamente al 2% del PIB”, han explicado los gerentes. Y así está previsto, han añadido, pero para 2050.

Sube el tiempo de espera

Los gerentes han denunciado que el tiempo de espera subió el pasado año en diez días, pasando, de media, de 324 jornadas desde que un solicitante pide la ayuda hasta que la recibe a 334. Esta tardanza supone casi duplicar el tiempo ideal de espera, que se fija en 180 días, y explica en parte que más de 34.000 personas fallecieran esperando esa prestación el pasado año.

El informe refleja también la desigualdad con la que las comunidades abordan la dependencia. El análisis ponderado de varios elementos arroja un mapa en el que las dos castillas obtienen más de un 8 sobre 10, frente a “tres comunidades con un problema endémico que lastran todo el sistema”: Canarias, Catalunya y Murcia. Entre medias, la Comunitat Valenciana, Baleares, Madrid, Andalucía, Extremadura, Aragón y Galicia aprueban (están entre un 6,4 y un 5,3 de nota) mientras suspenden Navarra, País Vasco, La Rioja (estas tres se sitúan entre el 4 y el 5), Asturias, Ceuta y Melilla, Cantabria y las tres citadas, que no superan el 4.

Ramírez ha explicado que aún así la situación no es comparable entre las nueve autonomías que han suspendido. Navarra y Euskadi, por ejemplo, “tienen unos servicios sociales potentísimos” que permiten compensar por esta vía lo que la gestión de la dependencia no cubre. El responsable de la asociación ha criticado duramente a Canarias (“desidia e impericia”, ha definido) y Catalunya (“terrible por el volumen, uno de cada tres casos en lista de espera está ahí”).

El experto ha defendido en el Congreso que pocas cuestiones sociales alcanza tanto consenso como la atención a las personas en situación de dependencia, y ha definido la ley como el mayor avance social en el país en los últimos 20 años. Pero el informe de los gerentes también advierte de que 18 años después de su aprobación el sistema “sigue sin desarrollar su potencial”. “Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”, advierte el dictámen.

El Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres ha declarado el derecho de una mujer a cobrar la prestación por cuidado de hijo afectado de enfermedad grave, con una discapacidad psicomotora del 93%, la cual le había sido denegada por una mutua colaboradora de la Seguridad Social.

La demandante, que trabajaba como enfermera en una clínica, solicitó una reducción de jornada a la empresa y posteriormente la prestación económica por cuidado de menores, la cual fue desestimada.

Según informa en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la sentencia recoge que su hijo menor de edad presenta una parálisis cerebral, con discapacidad cognitiva severa y ausencia de lenguaje y que se encuentran en el listado de enfermedades graves del RD 1148/2011.

Por ello, indica, “salvo mejor criterio de la Seguridad Social, este grado de dependencia severa requiere un plus sobre los cuidados ordinarios en la atención mantenida y diaria, que va más allá de estos, necesarios ya incluso, para sobrevivir”.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo ha puesto en marcha un 'Buzón de Comunicaciones Antifraude', un canal que permite a la ciudadanía reportar, de forma anónima y confidencial, cualquier sospecha de actuaciones irregulares en el cobro de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además, Lanbide desarrollará, a partir de este martes una campaña de publicidad que, con el lema 'Cumplir es tu garantía', tratará de concienciar a la ciudadanía acerca del cumplimiento voluntario de las normas para acceder a las prestaciones de garantía de ingresos. A su vez, en el marco del 'Plan Anual de Asistencia, Inspección y Control (PAAIC)', se dará un impulso a las herramientas antifraude con una unidad de inspección más especializada y coordinada.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, el director general de Lanbide, Francisco Pedraza; y la directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, Sara Buesa, han presentado este lunes en Vitoria la campaña y las nuevas medidas impulsadas por este órgano. El objetivo de la campaña es prevenir el fraude y promocionar el cumplimiento voluntario de las obligaciones para el acceso y mantenimiento de las prestaciones económicas del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

La campaña, que estará vigente desde este martes y durante 15 días en diferentes medios y soportes, forma parte del Plan Anual desarrollado este año por parte de Lanbide. Los anuncios y carteles, que se podrán ver en el mobiliario urbano de Euskadi, medios de comunicación y transporte, apelan a aportar información “veraz y actualizada” a Lanbide, a acudir a los cursos de formación, y a “comprometerse con la inclusión sociolaboral”.

Otra de las actuaciones del plan de Lanbide que tiene una relación directa con la campaña es el lanzamiento de una nueva herramienta en web destinada a “garantizar la justicia y transparencia” en el cobro de las prestaciones sociales.

Similar a iniciativas puestas en marcha en otros países o en otros departamentos del Gobierno vasco para detectar situaciones fraudulentas, Lanbide ha puesto en marcha el 'Buzón de Comunicaciones Antifraude', un canal que permite a la ciudadanía reportar, de forma anónima y confidencial, cualquier sospecha de actuaciones irregulares en el cobro de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde Lanbide se ha afirmado que la creación de este buzón es muestra del compromiso de este organismo con “la ética y la protección de los recursos públicos”, con el objetivo de buscar el correcto uso de los fondos sociales por parte de “quienes realmente lo necesitan”.

Quien recurra a este canal deberá completar un formulario en línea y aportar la información básica del posible caso de incumplimiento, con la posibilidad de aportar documentos adicionales. La confidencialidad de estas comunicaciones está “plenamente garantizada”. Con este sistema se pretende canalizar la recogida de información que de forma anónima los ciudadanos hacían llegar hasta ahora a Lanbide por diversos medios y de forma “desorganizada”. Como hasta ahora, las denuncias recibidas serán estudiadas, a pesar de que este buzón no supone la presentación de una denuncia formal. Las personas interesadas tienen la posibilidad de registrar denuncias oficiales en la sede electrónica de Lanbide.

Inspección coordinada

Además de estas medidas, la Unidad de Control de Lanbide realiza una vigilancia sistemática de las prestaciones y del cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas con herramientas cada vez más especializadas y coordinadas. Esta sección cuenta desde diciembre de 2023 con una unidad específica de inspección, formada por 19 inspectoras e inspectores, que suman su labor a las funciones de control que se desarrollan desde las propias oficinas y que velan por el correcto cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

Hasta la fecha se han revisado 5.426 expedientes, correspondientes al total de concesiones realizadas por declaración responsable en el ejercicio 2023, y se ha iniciado la tramitación de 14 procedimientos de control que podrían acabar en una extinción de la prestación y en la prohibición de solicitarla en un periodo de dos años.

Además, la Unidad de Control mantiene una comunicación diaria con los diferentes cuerpos policiales, a los que este año ha derivado 18 casos para su investigación, y colaboración continua con distintas instituciones, como la Inspección de Trabajo o el Ministerio Fiscal, y realiza cruces de datos de forma habitual de todos los expedientes con distintas administraciones, como los padrones municipales, Hacienda o Seguridad Social, para conocer la vida laboral o las bases de cotización de las personas perceptoras.

La Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión tiene entre sus objetivos universalizar al máximo el acceso a la RGI, simplificar el acceso a la prestación -para que puedan acceder a ella todas las personas que potencialmente la necesitan- y gestionar los procedimientos “de manera ágil y con escrupuloso rigor en la verificación de las situaciones de necesidad”. Para ello, se obtienen los datos directamente de la administración competente, sin necesidad de que los solicitantes tengan que aportarlos, y se controla el cumplimiento de requisitos y obligaciones.

El 'Plan de Asistencia, Inspección y Control 2024' y la Unidad de Control de Lanbide actúan en tres ámbitos: asistencia y acompañamiento a las personas, promoción del cumplimiento, e inspección y control.

En el campo de la promoción del cumplimiento y prevención del incumplimiento se enmarca la campaña 'Cumplir es tu garantía', que supone una continuidad de otra acción publicitaria denominada 'Creada para aportar mucho más', que se activó en septiembre de 2023 para informar sobre las características de la nueva ley.

Respecto al apartado asistencial, se han puesto en marcha actuaciones como la implantación del nuevo modelo de intervención y prestación de servicios en las Oficinas Locales de Empleo (programa Hobetzen), el servicio de acompañamiento de KZGunea en la realización de trámites telemáticos, o el convenio de actuación con varias entidades del tercer sector para realizar transacciones electrónicas en procedimientos relacionados con las prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

La Generalitat de Catalunya se ha comprometido a “explorar las vías legales” para elaborar una amnistía para las familias vulnerables que han recibido prestaciones indebidas durante los últimos años. Así lo ha comunicado la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, que ha comparecido en el Parlament una semana después de1 que se conociera que 9.500 familias habían recibido ayudas que no les pertocaban.

Según cálculos más actualizados, el número de posibles cobros indebidos se ha elevado a 12.503 personas, de los cuales ya se han confirmado 2.829 casos, a los que ya se ha reclamado el retorno. De media, se pide la devolución de 7.757 euros.

Pero este martes, Martínez Bravo se ha comprometido a estudiar mecanismos que permitan que algunos casos se libren de retornar el dinero. La consellera ha especificado que sólo serán amnistiadas aquellas familias que en el momento de recibir la notificación sigan siendo vulnerables y que acrediten que no han actuado de mala fe para recibir las prestaciones.

Y es que los pagos indebidos se han dado por dos casuísticas, según el Govern. Hay casos de personas que comunicaron en su momento un cambio en su situación personal y económica, pero como la administración “tardó unos meses en realizar el cambio”, estos hogares han cobrado dinero que no les correspondía, tal como explicó el secretario general del Departament, Raúl Moreno. Por otro lado, también se han detectado casos de usuarios que no han notificado el cambio de estado.

La consellera ha querido recordar que esta problemática es “sobrevenida” y ha asegurado que “desde el primer día” su equipo ha trabajado para resolverla y parar el envío de nuevas cartas que informan a posibles beneficiarios de prestaciones indebidas. Igualmente, el Govern trabaja en mejoras en el sistema de gestión para evitar que estos problemas se repitan en el futuro.

Los cambios que estudia el Departament se basan en reforzar los equipos e impulsar el cruce de datos de las diversas administraciones implicadas en las ayudas, ya que actualmente el cobro se basa en declaraciones responsables de los mismos usuarios.

Durante su comparecencia, Martínez Bravo ha detallado que en los últimos cuatro años, la Dirección General de Prestaciones Sociales han estado activas cerca de 160.000 ayudas de Renta Garantizada de Ciudadanía

Bienvenidos a una España sin ayudas del Estado a los hogares y sin pensiones públicas. No tiene 9,6 millones de personas viviendo con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, el 20,2% de la población, como ocurre ahora, sino que casi la mitad de la población sería pobre. El 42,6%, “unos 10,8 millones de personas” más en esta situación, destaca en su último informe la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Eso sí, también señala que España tiene mucho margen para mejorar en la reducción de la pobreza, con menos impacto que muchos de nuestros vecinos europeos.

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, este 17 de octubre, vuelven a resonar las cifras de personas que viven con recursos muy limitados, que les impiden garantizar necesidades básicas en la sociedad que les rodea. También ocurre en países ricos, como España.

En 2023, una de cada cuatro personas en España vivía en riesgo de pobreza y exclusión social, 12,7 millones de personas, el 26,5% de la población, según el indicador AROPE. Este mide la pobreza en ingresos, pero también en aspectos como la baja intensidad del empleo y la carencia de bienes básicos, como no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días y la incapacidad de calentar el hogar en invierno o refrescarlo en verano. Estos dos últimos indicadores marcaron máximos en 2023, un año todavía muy marcado por la inflación.

Sin el Estado, ¿qué pasaría?

Con esta fotografía, la EAPN se plantea un ejercicio. ¿Qué ocurriría si no hubiera Estado o se recortara al máximo, como defienden algunos postulados y partidos? Como reivindican políticos que ganan elecciones, como en Argentina. ¿Qué pasaría si no hubiera ayudas a las familias, prestaciones sociales, el ingreso mínimo vital o las rentas mínimas de inserción? ¿Y si elimináramos las pensiones de la ecuación?

A través de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, que publica el INE (Instituto Nacional de Estadística), el estudio muestra dos escenarios. El primero visibiliza el impacto de las transferencias del Estado –sin tener en cuenta las pensiones de jubilación y supervivencia– en la reducción de la pobreza a día de hoy. El segundo incluye también las pensiones públicas, que aunque son fruto de las cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores durante toda su etapa activa, también están sufragadas en parte por impuestos.

“Si el Estado solo realizara transferencias de jubilación y supervivencia y ninguna otra, la tasa de pobreza se incrementaría para este año desde el 20,2% hasta el 26,2%, es decir, 6 puntos porcentuales más. En otras palabras, las transferencias sin tomar en cuenta las pensiones evitan este año que casi 3 millones de personas entren en la pobreza”, indica el estudio, con referencia a 2023.

Cuando se tiene en cuenta el impacto de las pensiones, la reducción de la pobreza es mucho mayor, de 16,4 puntos porcentuales, alrededor de 7,8 millones de personas, ya que son el medio de vida principal para una gran parte de los jubilados. Aunque no solo. La EAPN ha querido destacar este año que “las pensiones no son solo cosa de viejos”, subraya Juan Carlos Llano.

El informe muestra también cuánto se reduce la pobreza entre personas menores de 65 años debido a las pensiones, ya que forman parte de los ingresos de sus hogares. Así, “a nivel nacional, gracias a estas pensiones la pobreza se reduce 5,4 puntos entre los población de 0 a 64 años”, destaca el estudio. “Es importante compararlo con el efecto del resto de transferencias, que entre este grupo son responsables de otra reducción de 6,9 puntos”, añaden los investigadores.

En la presentación del estudio esta semana, Carlos Susías, presidente de EAPN-ES, destacó este dato para subrayar la relevancia del sistema público de pensiones como pilar social del conjunto de la población, frente a los actores que lo cuestionan constantemente y también frente a los discursos de enfrentamiento intergeneracional, entre jóvenes y mayores.

Susías advirtió de que, “si bajan las pensiones, las van a bajar y punto”, perjudicando así la población más mayor (aunque no solo), y sin que ese dinero se reinvierta seguramente en una mayor protección de los jóvenes. Para este colectivo, Susías insistió en que España debe mejorar sus ayudas, pero también actuar con políticas en dos de los ámbitos que más les empobrecen: la vivienda y los salarios.

Mucho que mejorar: IMV, rentas mínimas y más

En su análisis territorial, la EAPN subraya las grandes diferencias en el impacto de las ayudas y las pensiones entre las distintas Comunidades Autónomas.

“La acción del Estado (sin pensiones) se manifiesta con mucha intensidad en Cantabria, País Vasco, Región de Murcia, Canarias y Extremadura; en todas ellas las transferencias reducen entre un 27% y un 33% el valor que tendría la tasa de pobreza si no existieran esas transferencias”, recoge el informe. Las que muestran menos impacto, con una reducción de entre “un 17% y un 21%” de las tasas de pobreza, son la Comunidad de Madrid, Andalucía, Navarra y La Rioja.

“Lo malo es que el INE no distingue entre tipos de ayudas o si son autonómicas, municipales o a nivel estatal. Agrupa todas las transferencias del Estado”, explica Juan Carlos Llano, autor y director técnico del informe, lo que limita el análisis más detallado sobre las diferencias regionales y la efectividad de la acción protectora de ayudas como el IMV o las rentas mínimas con los datos de esta encuesta.

Aun así, las organizaciones sociales saben que hay Comunidades Autónomas actúan de manera muy distinta en materias de su competencia como las rentas mínimas de inserción para personas en riesgo de pobreza. Antes de la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV), se reflejaban enormes diferencias en su cobertura y cuantías. Por ejemplo, más de 65% de personas en riesgo de pobreza en Navarra y Euskadi percibía su renta mínima, mientras que solo llegaba a menos del 2% en Andalucía y Castilla-La Mancha.

Con la puesta en marcha del IMV por parte de la Seguridad Social, en lugar de adaptar las ayudas para que fueran complementarias, la gran mayoría de las Comunidades han reducido su gasto en esta política clave contra la pobreza. En 2022, el último año para el que hay datos disponibles, las que más habían recortado estas partidas eran Aragón y Madrid, por encima del 80%. CCOO Madrid denuncia en un informe este jueves que “la aparición del Ingreso Mínimo Vital ha sido el argumento ideal para eliminar definitivamente esta renta autonómica. Los datos no dejan lugar a dudas, de enero a agosto de este año se han concedido 28 rentas mínimas”, lamenta el sindicato.

La EAPN insiste en que combatir la pobreza requiere de ayudas económicas específicas para las personas más vulnerables, que sean efectivas y lleguen a la población, una tarea pendiente del IMV. También exige de una acción trasversal: otras transferencias de apoyo a las familias y a la infancia, donde en Europa nos llevan mucha ventaja y con mejores resultados, políticas que garanticen servicios públicos, como la educación o la sanidad, así como otros bienes de primera necesidad, como el acceso a la vivienda.

Porque cuando se actúa, se reduce la pobreza, destacan en la EAPN. Ponen un ejemplo: los datos del año 2021, cuando el Estado desplegó el “escudo social” durante la pandemia, con especial incidencia de los ERTE, que sacó a alrededor de 1,5 millones de personas de la pobreza, según la organización.

Un total de 9.500 familias han recibido o recibirán una carta de la Generalitat antes de que acabe el año en la que se les comunica que deben retornar dinero recibido de prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). La cantidad que reclama el Govern es, de media, de 7.500 euros, lo cual suma un total de más de 71 millones, tal como ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado elDiario.es.

El secretario general del Departament de Derechos Sociales, Raúl Moreno, explica que la situación se debe, principalmente, a dos errores. Hay casos de personas que han comunicado un cambio en su situación personal y económica, pero como la administración “ha tardado unos meses en realizar el cambio”, estos hogares han cobrado dinero que no les correspondía. Por otro lado, también se han detectado casos de usuarios que no han notificado el cambio de estado.

La consellera, Mònica Martínez Bravo, ya ha solicitado comparecer la próxima semana ante el Parlament para tratar esta situación. El Departament asegura que es una “problemática sobrevenida” que el nuevo Govern se ha encontrado y asegura que tiene origen en “el diseño de algunas prestaciones y en las limitaciones de recursos para gestionarlas”.

“Nuestra responsabilidad es solucionarlo”, ha asegurado Moreno, que añade que la Generalitat no desea “generar más problemas a familias en situación de vulnerabilidad”. Con todo, el Govern está trabajando en cambios técnicos y legislativos que permitirán a la administración tener “sistemas para detectar automáticamente estos cambios” y evitar estas situaciones.

Esta situación no es nueva de 2024, tal como asegura la Sindicatura de Greuges (el defensor del pueblo catalán), pero durante este año “la cuestión se ha acelerado”. Por ello, esta institución ha abierto una actuación de oficio. De momento, aseguran, no tienen respuesta del Departament.

“Sin minusvalorar casos de mala fe por parte de algunos receptores, la sensación es que la mayoría de pagos indebidos que se reclaman se generan por una actuación deficiente de la administración”, tal como apuntan desde la Sindicatura, que afea a la Generalitat que no “procesa adecuadamente” la información y que tiene un “retraso considerable” en los procesos de revisión de los expendientes.

Según la Sindicatura, el retorno de estas cantidades puede ser “muy difícil” para las personas afectadas. La administración, que cuenta tener una resolución a finales de año, está ponderando los posicionamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre situaciones equivalentes y estudiando soluciones para “no vulnerar derechos a personas especialmente vulnerables que se encuentran atrapadas en un problema que no han provocado ellos”.

El ingreso mínimo vital (IMV) ha llegado en julio, con una cuantía media de 407,04 euros por hogar, a 23.540 hogares extremeños en los que viven 70.972 personas, lo que representa un aumento en un año del 37,8 y 41,08 por ciento, respectivamente en cuanto a titulares y beneficiarios. En concreto se trata de 6.461 prestaciones activas y 20.666 beneficiarios más de los que había en julio del pasado año.

Por provincias, 16.346 hogares recibieron esta ayuda en Badajoz, con 50.114 beneficiarios, mientras que en Cáceres llegó a 7.194 hogares donde viven 20.858 personas.

Según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en conjunto, la nómina de este mes de IMV ha ascendido a 11 millones de euros en la región. En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha esta prestación, el IMV ha llegado a 31.494 hogares y ha protegido a las 93.028 personas; 39.526 de ellos menores de edad, el 42,5% del total.

Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 339,93 millones de euros al abono de las nóminas de las prestaciones del IMV en Extremadura, ha expuesto la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos, la prestación de IMV tiene, además, como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil.

Así, el 72,7% de las unidades de convivencia receptoras de esta prestación en julio son hogares con menores (17.126). Entre ellos, hay 4.002 hogares monoparentales. Respecto al perfil de los beneficiarios del IMV, el 40,5% son menores (28.805) y el 53,6% mujeres (38.025). Según las vías de acceso, 9.857 hogares se beneficiaron de la prestación del complemento de ayuda a la infancia (IMV-CAPI) dicho mes.

Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento este mes ha sido de 32,4 euros por cada menor.

Por otra parte, el 94,1% de los 23.540 titulares de la prestación son de nacionalidad española y su media de edad se sitúa en los 43 años, siendo mujeres el 75,3% del total. 

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales han advertido de que, cuatro años después de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación “sólo llega al 12,2% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza” en España, un porcentaje que, en el caso de La Rioja, asciende hasta un 15,8%.

De acuerdo con estos datos, en la comunidad riojana hay 12.262 beneficiarios en abril de 2024, de los que 5.489 están por encima de la renta garantizada y 6.773, por debajo -frente a los 3.070 que había en esta situación en 2019-. En el caso de las familias, hay 4.048 beneficiarias, de las que 2.731 están por encima de la renta garantizada.

El colectivo ha reprochado al Gobierno que no haya establecido “ninguna coordinación” con los servicios sociales municipales para incrementar la cobertura de esta ayuda y ha denunciado las diferencias territoriales existentes entre comunidades, que van desde el 24,5% de cobertura de población bajo el umbral de la pobreza en Euskadi al 5,9 en Baleares.

Los gerentes de Servicios Sociales han acusado al ejecutivo de “no cumplir con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto, la persistencia de las ”colas del hambre“ deberían, según la asociación, ”avergonzar a los gobernantes“ a los que acusa de ”impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, como calificaron el Ingreso Mínimo Vital“.

Según datos recopilados por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en abril 589.948 familias fueron beneficiarias del IMV, con un total de 1.771.480 personas. El colectivo ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a 3 veces la renta garantizada.

Las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera “renta garantizada” son “sólo”, según la entidad, 392.902 hogares (1.006.763 personas), el 2,1% de la población española. Asimismo, ha recordado que la previsión inicial, cuando el IMV se implantó en 2020, era llegar a 850.000 que se encuentran en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas).

“La realidad es que sólo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa”, ha explicado el colectivo. Y, han añadido, si se toma como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el IMV “sólo” llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza.

A nivel territorial, la asociación ha insistido en las “grandes diferencias” en esta implantación entre Comunidades Autónomas. El IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).

Más próximas a la media nacional del 12,2%, se encuentran comunidades como Navarra (17,7%), Asturias (16,5%), La Rioja (15,8%), Andalucía (14,4%), Aragón (13,6%), Madrid (13,07%), Extremadura (13,4%), Cantabria (12,2%), Castilla y León (12,17%), Comunidad Valenciana (11,01%), Galicia (10,9%).

Ante estos datos, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales es “necesario un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de atención primaria”. Consideran que “los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social”.

Sin embargo, se ha lamentado la organización, “el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias”. En su opinión, “el laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad”.

María tiene 39 años y en 2017 dio a luz a su primer hijo. Autónoma en el mundo de la gestión cultural, trabajaba para galerías de arte e instituciones públicas, aunque no siempre con facturas de por medio. “Coincidió que cuando me quedé embarazada me quedé sin el trabajo que más facturación me daba. Seguía haciendo pequeños trabajos pero era difícil, mucho curro, poco dinero, pagos que se retrasan...”, recuerda. Siguió adelante para intentar conservar esos otros clientes, también una vez que nació su hijo. “Era primeriza y creía que podría combinarlo, aunque fueran menos horas, pero resultó imposible, te cuesta al principio darte cuenta de que no puedes funcionar como antes. Fui a pedir el cese de actividad parcial pero ya se me había pasado el plazo. Tampoco podía pedir ya el permiso de nacimiento, ni ningún otro subsidio en realidad; para la administración era casi como si no hubiera trabajado porque había cotizado poco y no tenía ningún tipo de contrato. Durante un tiempo me quedé en un limbo en el que ni cobraba nada ni podía buscar trabajo porque no me daban puntuación para meter a mi hijo en la escuela infantil”, relata.

Aunque han pasado varios años y María consiguió salir de esa espiral, recuerda esa etapa con angustia: “Te sientes fatal porque no crees que algo así te vaya a pasar a ti. Estudié una carrera, un master, trabajé... Mi pareja tenía un trabajo del que podíamos vivir y mi madre nos ayudó. No pasamos penurias pero yo sí pasé vergüenza”, confiesa. Cuando intentaron conseguir plaza en la escuela infantil pública, no lo lograron: la Comunidad de Madrid da más puntos cuando los dos miembros de una pareja están trabajando. “No podíamos permitirnos pagar 600 euros al mes de una escuela privada. Y si no lo dejaba con alguien no podía buscar trabajo porque cuidar es estar siempre haciendo algo. Tenía muchos contactos, pero todo cambia cuando te ven con un bebé. Estuve un año y medio atrapada”. Finalmente, María entró en una convocatoria pública y consiguió una plaza como profesora de instituto. Solo entonces pudo quedarse embarazada de su segundo hijo, cuando estuvo segura de que esa situación de precariedad no se repetiría.

Más que una excepción, su historia forma parte de un relato que deja algunos números sorprendentes, por ejemplo, que un 34% de las madres y un 26,6% de los padres no tienen derecho a acceder al permiso de nacimiento. Se trata de personas que, fundamentalmente, no están trabajando ni cobrando el desempleo, o que tienen un empleo sumergido. En otros casos, la mezcla de precariedad y temporalidad les impiden acceder con normalidad a buena parte del sistema de protección social, muy ligado al mercado laboral. Los permisos por nacimiento están diseñados para proporcionar un tiempo fuera del empleo y poder cuidar, pero también como prestación que permite tener una renta económica durante ese periodo.

Si alguien ha cotizado el periodo suficiente que se pide como requisito, pero no está en alta en la Seguridad Social o en situación asimilada al alta, no puede acceder al permiso por nacimiento. En esa situación pueden encontrarse personas que hayan agotado la prestación de paro hace tiempo o que no estén dadas de alta como demandantes de empleo, quienes cobren algún tipo ayuda asistencial, quienes estén fuera del mercado laboral por motivos de cuidado, quienes hayan sido despedidos antes de tener un hijo y no hayan generado derecho a paro, o quienes hayan cotizado esporádicamente en algún momento pero no cuando se convierten en madres o padres y tampoco estén cobrando prestación.

“Hay una parte de la población en situaciones tan precarias que pudiera suceder que en ese momento se le acabe de terminar un contrato temporal y esté a la espera de otro en unos meses y no le interese cobrar su prestación por desempleo todavía para poder encadenar otro empleo, cotizar más y asegurarse una mejor prestación de paro en el futuro”, explica la economista Cristina Castellanos. La economista subraya que la prestación por desempleo no cubre las situaciones más precarias “sino justo las menos precarias”.

Una espiral

Daniela (nombre ficticio), de 36 años, también se vio en esa situación. A comienzos de 2020, ella y su pareja se trasladaron de ciudad para adaptarse al nuevo destino laboral de él. Al llegar a su nueva ciudad, y en plena epidemia de coronavirus, le fue imposible encontrar trabajo, aunque poco después encontró empleo en una tienda. “Para entonces fuimos al médico porque llevábamos mucho tiempo buscando el embarazo y no llegaba. Iba a empezar el tratamiento de fertilidad y avisé en la empresa porque quizá necesitaba tomarme algún día. Aunque estaban muy contentos conmigo, no me renovaron el contrato”, prosigue. El tratamiento funcionó y Daniela se quedó embarazada: “En esas circunstancias nadie me daba trabajo y se me acabó el paro”. Cuando dio a luz a su bebé se encontraba, por tanto, sin empleo, sin prestación, y sin estar dada de alta en la Seguridad Social o en una situación similar. “No tuve derecho a nada”, remarca.

Más allá de no recibir ninguna prestación económica, Daniela se vio envuelta en la misma espiral que María: sin cobertura económica más allá de la de su pareja, cuidando y buscando un empleo sin que sus circunstancias puntuaran para, por ejemplo, acceder a servicios públicos de cuidado. Daniela retomó sus estudios de educación infantil e hizo las prácticas pertinentes, que todavía no cotizaban a la Seguridad Social. Eso hizo que el año pasado, cuando nació su segunda hija, tampoco cumpliera los requisitos para acceder al permiso por nacimiento.

Pablo, de 36 años, tampoco tuvo permiso de paternidad. “En abril de 2018 se me había acabado el contrato de investigación en una universidad. Ese septiembre me dieron una beca de una fundación privada para investigar en el extranjero”, relata. El régimen de la beca era, eso sí, “extraño”: “Normalmente hacen algún convenio con la institución que te recibe, algún tipo de contrato... pero me dijeron que me transferían todo el dinero en mi cuenta como rentas del trabajo pero sin darme de alta en la Seguridad Social ni hacer ningún convenio. Me pareció muy extraño pero para mi carrera investigadora era algo que me venía muy bien para cumplir una serie de méritos que luego se nos piden”. Pablo combinó su estancia en Reino Unido con largos periodos en España.

En el momento de aceptar esa beca de investigación, Pablo renunció al paro que estaba cobrando desde que acabó su contrato en la universidad. Su hijo nació en agosto de 2019, justo cuando estaba acabando la beca. Él se encontraba ya en España, pero sin estar dado de alta en la Seguridad Social ni tener ningún convenio asimilable y habiendo renunciado meses antes a su prestación de paro, no tuvo derecho al permiso por nacimiento. “Cuando renuncié a la prestación yo no entendí cuáles eran las consecuencias, no supe que suponía darme de baja en una situación asimilable al alta en la Seguridad Social”, afirma. Tres semanas después de que naciera su hijo, Pablo volvió a trabajar en una universidad con un contrato estándar pero ya no podía pedir el permiso. “Mi hijo tenía tres semanas y necesitaba cuidados. Por suerte tuve flexibilidad en mi nuevo departamento”.

La investigadora Adela Recio, coautora de varios estudios sobre maternidad y protección social, subraya que los permisos son prestaciones contributivas “y por tanto hay personas que no generan este derecho”. “Es una laguna que de alguna manera muestra que hay personas excluidas del mercado laboral y eso implica una vulnerabilidad que se agrava con la llegada de un hijo”, afirma. Recio habla de la necesidad de mejorar la protección social pero también las condiciones laborales, la autonomía económica de las mujeres y la prestación de servicios de cuidado gratuitos y de alta calidad.

Comisiones Obreras ha elaborado el informe 'Mercado de trabajo y protección por desempleo 2023' que analiza la cobertura de la protección social en las distintas comunidades, que apunta a Castilla-La Mancha como la segunda con mayor brecha en la cobertura a hombres y mujeres.

“Somos la comunidad autónoma del país con mayor brecha de género en personas beneficiarias de prestaciones, algo que muestra las dificultades estructurales de las mujeres trabajadoras en el mercado laboral, soportando mayores tasas de paro, de inestabilidad y temporalidad no deseadas”, apunta además el sindicato.

Esto demuestra, en su opinión, que las políticas actuales pueden no estar abordando adecuadamente las necesidades específicas de las trabajadoras. Así, la tasa de cobertura en los hombres es del 86%, mientras que entre las mujeres baja al 61,6%, lo que supone una diferencia de 24 puntos, “situando a nuestra región como la segunda con mayor brecha en este aspecto”, han denunciado.

Además, Castilla-La Mancha ha sido una de las comunidades autónomas que ha registrado un mayor descenso en el número de perceptores de prestaciones, con una reducción del 4% en comparación con el año anterior.

“Un dato preocupante teniendo en cuenta que ésta es una comunidad con una clara debilidad salarial, es por tanto vital que se garantice y asegure el acceso a la protección social a la que se tenga derecho, para revisar y fortalecer los mecanismos de apoyo, asegurando que la protección llegue efectivamente a quienes más lo necesitan”, ha afirmado el secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO C-LM, Juan Carlos del Puerto.

Ingreso Mínimo Vital y políticas activas de empleo

El informe 'Mercado de trabajo y protección por desempleo 2023' también analiza en el informe la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) “una medida que, si bien ha contribuido al alivio de la pobreza, aún debe ser ajustada para maximizar su impacto. Castilla-La Mancha presenta una de las cuantías medias mensuales más bajas del Estado, necesita de una revisión y una posible mejora en la asignación de estos recursos”, indica el secretario regional de Empleo y Políticas Públicas.

Frente a estos retos, CCOO aboga por una revisión exhaustiva de las políticas de protección social para identificar y cerrar brechas de género, así como estrategias para incrementar la cobertura y calidad de la protección por desempleo, con especial énfasis en los subsidios de desempleo y el acceso al mismo.

Así, el sindicato plantea además la integración efectiva de las políticas activas de empleo, facilitando la inserción laboral de las mujeres y de las personas trabajadoras de mayor edad; y una coordinación más estrecha entre los sistemas de IMV y las rentas mínimas de las comunidades autónomas para garantizar un soporte integral, así como el diálogo social como parte vital en la coordinación de políticas multinivel.

También ve necesaria la reforma del sistema de protección social en su conjunto, con el objetivo de que todos los colectivos que actualmente no perciben ninguna renta accedan a prestaciones económicas y sociales adaptadas a su situación, acompañadas de una inserción laboral o social acorde a sus necesidades, aunque sin perjuicio de las protecciones que ya existen. “El sindicato seguirá trabajando para asegurar que las medidas de protección social se diseñen y apliquen sin dejar a ninguna persona trabajadora atrás”, dice Del Puerto.

“Castilla-La Mancha se enfrenta al desafío de reforzar su sistema de protección social para asegurar que ninguna persona se quede atrás, identificando y cerrando las diferentes brechas de género existentes. El sindicato seguirá trabajando, a través del diálogo social, para asegurar que las medidas de protección social se diseñen y apliquen para llegar a las personas que las necesitan”, ha concluido del Puerto.