La Dirección de Infancia catalana pagó 4,7 millones en prestaciones indebidas a jóvenes extutelados en tres años

La Dirección de Infancia y Adolescencia en Catalunya (antes DGAIA ahora DGPPIA) pagó más de 4,7 millones de euros en prestaciones indebidas a jóvenes extutelados entre 2019 y 2022. Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del informe que la Sindicatura de Cuentas ha publicado este miércoles.

La investigación se ha basado en la denuncia anónima de un extrabajador social que detectó un presunto entramado de fraude, falsificación de informes y pago de prestaciones indebidas. Además de la Sindicatura de Cuentas, el Síndic de Greuges y la Oficina Antifraude también están investigando los hechos y publicarán próximamente sus resultados.

El alertador denunció que fue obligado por su empresa a firmar documentos que acreditaban que diversos jóvenes extutelados seguían desempleados aunque no fuera así, para que pudieran seguir percibiendo ayudas y copagos de vivienda.

Estas prestaciones son gestionadas por las entidades, que reciben el dinero de la administración y lo trasladan a los beneficiarios. Pero según el extrabajador, las entidades se quedaban buena parte del dinero y dejaban una pequeña mordida a los jóvenes, “para comprar su silencio”.

Esta última parte será la que clarifique el informe de la Oficina Antifraude. Por su parte, la Sindicatura de Cuentas ha constatado que los 4,7 millones en pagos indebidos alcanzaron al 11,8% del total de beneficiarios. Entre ellos, destacan casos de jóvenes que estaban dados de alta en el régimen de la seguridad social o, incluso, que vivían en otras comunidades autónomas.

La Sindicatura de Cuentas apunta a que este descuadre es consecuencia del “sistema de externalizaciones” que ha diseñado el Departament de Derechos Sociales para gestionar las prestaciones. Se trata de un sistema licitado y puesto en marcha en 2022 por el Ejecutivo de Pere Aragonès, que adjudicó a la Fundació Resilis y a la Fundació Mercè Fontanilles la gestión de las ayudas.

“En las ocasiones en que las entidades son responsables del seguimiento y la valoración de las condiciones que dan derecho a percibir recursos públicos, se observa una situación de riesgo de conflicto de interés”, según se apunta en el informe. Además, la Sindicatura asegura que esta situación es “sostenida en el tiempo” y afea a la Administración que “no reclama la regularización de los copagos” ni de los pagos indebidos cuando se conoce que ha habido un error.

De hecho, según los datos recogidos por el mismo Departament de Derechos Sociales, entre 2016 y 2024 hubo 167,56 millones de euros en pagos indebidos en todo el conjunto de prestaciones, no sólo las de los jóvenes extutelados. De esos, 155,97 millones están en trámite de reclamación, pero hay 7,17 millones que, debido a su antigüedad, ya han prescrito y que jamás volverán a las arcas públicas.

Sólo en el caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía hay 32.647 expedientes con posibles pagos indebidos pendientes de analizar, pero todos ellos son de hace más de 4 años, por lo que ya han prescrito.

La Sindicatura alerta que los pagos indebidos no responden siempre a conflictos de interés, sino a “falta de transparencia” y a “falta de organización” del Departament. “No tiene acceso directo ni disponibilidad de los datos vinculados a las prestaciones gestionadas”, asegura el informe.

Esto puede provocar que una parte de la población cobre una prestación que no le corresponde por error, no por mala fe. Ya sucedió en 2024, cuando 9.500 familias vulnerables cobraron unos 71 millones de euros en prestaciones indebidas porque la Generalitat no detectó cambios en su situación personal o porque no fueron registrados debidamente.

En este sentido, la Sindicatura recuerda que el sistema de ayudas funciona con ocho aplicaciones informáticas gestionadas por cuatro proveedores que “fragmentan” los datos y no están interconectadas entre ellas. Eso, además de facilitar el pago indebido, también provoca que haya muchas prestaciones que no llegan a quien deberían llegar.

En este sentido, el informe es contundente: “sólo la mitad de personas que tienen derecho a las prestaciones acaban accediendo a ellas”. Por todo ello, la Sindicatura (que alerta de que estas faltas podrían dar lugar a “hechos perseguibles administrativa y judicialmente) recomienda aumentar la transparencia, acabar con las externalizaciones y generar un sistema de prestaciones que no sea tan ”excesivamente complejo“ de gestionar ni fiscalizar.

Todas ellas son recomendaciones que van en la línea del plan de reforma presentado hace dos semanas por la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha creado nuevas oficinas para fiscalizar las ayudas y prestaciones económicas y va a promover la internalización de los servicios. Ahora bien, por el momento no hay detalles de esta reforma ni del presupuesto que va a acabar requiriendo.

Una comisión para prevenir contra “depredadores”

La publicación del informe de la Sindicatura de Cuentas ha coincidido con la comparecencia de la consellera en la comisión del Parlament, convocada para dar explicaciones sobre el caso de la menor que fue violada bajo guarda de la DGAIA.

En la comparecencia, Martínez Bravo ha anunciado la creación de una comisión mixta formada por Mossos d'Esquadra y la DGPPIA para prevenir casos de “depredadores” de menores en riesgo. Se tratará de un órgano “permanente” que desplegará una serie de campañas de protección en el ámbito digital y que incluirá “campañas de concienciación masivas”.

Igualmente, se usará IA para detectar a posibles agresores y se ofrecerán canales de denuncia para menores a quienes se hayan vulnerado sus derechos.