La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ha admitido ante la jueza que los exlíderes de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie fueron espiados con Pegasus entre los años 2019 y 2020, con el aval del Tribunal Supremo, aunque sin aclarar los ataques corroborados por los Mossos d'Esquadra en años anteriores que no tenían permiso del Alto Tribunal.

Casteleiro, que en mayo de 2022 relevó al frente del CNI a Paz Esteban tras su dimisión por el escándalo del espionaje masivo al independentismo, ha declarado este lunes por videoconferencia ante la titular del juzgado de instrucción número 23 de Barcelona, que investiga el espionaje a Sànchez, a su sucesora en la ANC, Elisenda Paluzie, y a la exmiembro del secretariado de la entidad Sònia Urpí.

Los Mossos d'Esquadra han corroborado la infiltración mediante el programa Pegasus, que solo se vende a Gobiernos, en el teléfono de los exlíderes de la ANC. La clave de la declaración como testigo de Casteleiro estaba en las fechas: la infiltración en el móvil de Sànchez, según el análisis forense, se hizo con y sin permiso del Supremo, en un ejemplo de falta de control a las actividades del CNI por parte del Alto Tribunal.

Sànchez y Paluzie fueron dos de los nombres que la antigua directora del CNI Paz Esteban reconoció haber espiado, con aval del Tribunal Supremo, en su comparecencia en el Congreso sobre el escándalo Pegasus en 2022. La jefa de los espías admitió solo 18 nombres de espiados por el CNI frente a los 65 que aduce el independentismo.

En el caso de Sànchez, los Mossos ratificaron que su móvil fue infectado con Pegasus en hasta 19 ocasiones entre 2015 y 2020. La mayoría de ataques fueron entre 2015 y 2017, cuando dirigía la ANC antes de entrar en prisión en el procés. El último ataque es de julio de 2020, cuando disfrutaba de uno de sus primeros permisos penitenciarios.

El espionaje coincide con Ejecutivos centrales tanto del PP como del PSOE. La interceptación total de comunicaciones de Paluzie ocurrió en cuatro ocasiones. En agosto y octubre de 2019, coincidiendo con los preparativos y la sentencia del procés, y en mayo y agosto de 2020, durante la campaña electoral interna de la entidad.

La magistrada acordó citar a declarar como testigo a Casteleiro, quien entre los años 2020 y 2022 fue secretaria de Estado de Defensa, y para ello pidió al Consejo de Ministros que la autorizara a revelar información reservada sobre los hechos, protegidos por la ley de secretos, y desclasificara la información sobre el espionaje a los líderes de la ANC, informa EFE.

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros remitió a la jueza instructora dos autos en los que el magistrado del Tribunal Supremo encargado del control del CNI autoriza a los servicios secretos a interceptar las comunicaciones de Sànchez y Paluzie, en distintos períodos entre los años 2019 y 2020, y autorizó a Casteleiro a declarar ante la jueza sobre esa cuestión.

Los autos remitidos por el Consejo de Ministros -como sucedió en el caso de las resoluciones enviadas al juez que investiga el espionaje al expresident Pere Aragonès- contienen fragmentos suprimidos, por contener información sensible.

Durante su declaración, la testigo se ha remitido a las resoluciones del Supremo que avalaban el espionaje y ha soslayado cualquier pregunta relativa al uso o el funcionamiento de Pegasus, escudándose en que esas cuestiones quedan fuera del ámbito de información desclasificada sobre la que el Gobierno le autoriza a hablar.

Ello ha impedido aclarar una cuestión clave planteada por la acusación particular sobre el uso de Pegasus en el móvil de Jordi Sànchez entre los años 2015 y 2017, que la testigo no ha respondido escudándose en que afecta a información reservada.

Según fuentes de la ANC, la jueza preguntó al Consejo de Ministros si les constaba espionaje a los expresidentes de la entidad entre los años 2015 y 2022, que es el período en el que Mossos han detectado infecciones.

El informe de la policía catalana apunta a que la mayoría de las intrusiones en el móvil de Sànchez tuvieron lugar entre septiembre de 2015 y el 13 de octubre de 2017 -dos días antes de que entrara en prisión preventiva por el procés-, es decir en la etapa en que presidió la ANC y, por lo tanto, antes de que fuera objeto de investigación judicial por el 1-O.

Casteleiro prestó ya declaración como testigo ante la jueza de Barcelona que investiga el espionaje al diputado de ERC Josep Maria Jové y la eurodiputada Diana Riba y está citada para el próximo 18 de diciembre para dar explicaciones sobre los ataques con Pegasus al exeurodiputado republicano Jordi Solé y a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras.

Por los ataques con Pegasus, la exdirectora del CNI Paz Esteban está siendo investigada en cinco causas distintas, a raíz de las querellas presentadas por afectados por el caso de espionaje masivo al independentismo

La avanzadilla de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Turull en Estrasburgo ha sido un fracaso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado la prisión provisional de los líderes soberanistas en 2017 y ha descartado que vulnerara sus derechos políticos como parlamentarios. “Su ideología no fue la causa de su detención preventiva”, resuelven los jueces europeos en un párrafo demoledor ante el alegato de los independentistas de que fueron presos políticos.

Las 75 páginas de la sentencia que el TEDH ha emitido este jueves han devuelto a la realidad las altas expectativas creadas entre el independentismo de que las instancias judiciales europeas les darían la razón en sus contenciosos con el Supremo. Antes lo intentaron la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exdiputado de Junts Josep Costa con idéntico resultado: un rechazo de Estrasburgo a sus demandas.

En Estrasburgo ya solo queda la demanda principal que los independentistas interpusieron contra su condena y juicio por parte del Tribunal Supremo. “En la demanda de la prisión provisional estábamos 20-80 en contra, pero en la principal creo que seguimos 50-50 en las cuestiones jurídicas”, resumía una fuente soberanista este jueves tras el revés. A ello se añade la mayor incógnita de este pleito: los posibles efectos de la amnistía, que sobrevuela las demandas.

En el seno de esa familia mal avenida que es el independentismo ya hubo discrepancias sobre si presentar la demanda referida en exclusiva a vulneraciones de derechos fundamentales con motivo de la prisión preventiva ordenada por el juez Pablo Llarena. Muestra de ello es que solo tres de los políticos encarcelados (Sànchez y Turull, de Junts, y Junqueras de ERC) siguieron el camino de Estrasburgo.

Otros optaron por esperar a que el Supremo y el Constitucional sentenciaran el caso del procés porque argumentaron que, ante instancias europeas, es preferible agrupar el conjunto de reclamaciones, en vez de trocearlas.

¿La sentencia de este jueves es la antesala a un rechazo de la demanda principal? Fuentes jurídicas independentistas rechazaban esta hipótesis, toda vez que las cuestiones en juego son distintas entre ambos pleitos: mientras el de este jueves versaba en exclusiva sobre el derecho a la libertad y su incidencia en los derechos políticos como parlamentarios de Turull, Junqueras y Sánchez, el que está pendiente de resolver abarca todo el recorrido judicial en el Supremo.

Para empezar, Estrasburgo todavía debe pronunciarse sobre si el Supremo se arrogó artificialmente la competencia para juzgar el procés (los independentistas alegan que se vulneró su derecho al juez predeterminado por ley, pues el caso debía quedarse en el TSJ catalán). También sobre si las altas penas impuestas por sedición fueron proporcionadas y sobre los efectos de la condena en el derecho de reunión (un alegato liderado por el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart).

La sentencia definitiva sobre el caso procés de Estrasburgo todavía no tiene fecha. Mientras la esperan, incluso entre los soberanistas más optimistas leían este jueves con preocupación algunos de los párrafos de la resolución de los jueces europeos, pues denotan un espaldarazo total a la labor del magistrado Pablo Llarena.

Al igual que en el pleito principal, los independentistas se apoyaban en tres votos críticos de magistrados del Constitucional que rompieron la unanimidad y apoyaron que la prisión preventiva vulneraba los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull. La sección 5ª del TEDH resuelve, esta vez sí por unanimidad, todo lo contrario.

Además, los jueces europeos dejan algunas cargas de profundidad en lo que a la lectura de lo que fue el procés se refiere y que se alejan del relato soberanista. Para empezar, Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de “un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país”.

No observa el TEDH ningún elemento de “ilegalidad o arbitrariedad” en la prisión preventiva de Sànchez, Turull y Junqueras, pese a que en el caso de los dos primeros comportó que no pudieran someterse a su debate de investidura (el actual secretario general de Junts fue encarcelado, de hecho, en medio de las dos jornadas del debate).

Todo lo contrario: Estrasburgo avala que tanto el Supremo como el Constitucional “aportaron razones pertinentes y suficientes para justificar” la prisión preventiva y que existían “motivos razonables” para pensar que la medida “era necesaria para garantizar su comparecencia en el juicio y prevenir la reiteración delictiva, con el fin de preservar el orden constitucional”.

Las conclusiones del TEDH se sitúan en una línea reciente adoptada por el tribunal de otorgar mayor confianza en los tribunales nacionales frente a años anteriores de interpretaciones expansivas de los derechos fundamentales de los demandantes.

“El objetivo de prevenir actos contrarios al orden constitucional y democrático no puede considerarse 'político' en el sentido que le dan los demandantes”, zanja el TEDH, que remarca que en ningún momento ERC y Junts fueron prohibidos como partidos, se pudieron presentar a las elecciones y, finalmente, Quim Torra fue investido president en 2018 por ambas formaciones.

Los tres políticos, apostilla el tribunal, eran “objeto de procesamientos penales por delitos graves”, por lo que no se podía “razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción”. Y los jueces españoles, remarca el TEDH, permitieron a Junqueras, Turull y Sànchez “expresar sus opiniones o promover el proyecto político que defendían”.

En realidad, Estrasburgo ha repetido en 2025 algo que ya dijo Alemania en 2018: los jueces germanos rechazaron que Carles Puigdemont pudiera sufrir persecución política al ser entregado a España. “No es razonable sostener tal acusación al Estado español como miembro de la comunidad de valores y el área legal común de la Unión Europea”, dijo el tribunal alemán cuando apoyó extraditar a Puigdemont por malversación y no por rebelión, entrega que fue denegada por el juez Llarena.

Tras el revés a los independentistas de este jueves, el calendario judicial europeo del procés prosigue: el jueves 13 de noviembre, el abogado general de la Unión Europea emitirá sus conclusiones sobre la ley de amnistía. Para ello habrá que viajar de Estrasburgo a Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Estrasburg dóna la raó al Tribunal Suprem en la causa del procés. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha desestimat les primeres demandes dels independentistes contra l'actuació del magistrat Pablo Llarena en la investigació de la causa que va acabar en una històrica condemna per sedició. Els jutges europeus han rebutjat que la presó preventiva vulnerés els drets polítics de Jordi Sànchez i Jordi Turull (Junts) i Oriol Junqueras (ERC).

En una contundent sentència contra les tesis sobiranistes, el TEDH descarta que la ideologia independentista dels polítics fos “el motiu” de la seva presó preventiva. La mesura, agreguen els togats europeus, no va ser “arbitrària ni desproporcionada” en tenir en compte “la gravetat dels delictes” als quals es van enfrontar els sobiranistes el 2017 “i la vulneració dels valors fonamentals de l'Estat de Dret que comportaven” els tipus penals de rebel·lió i sedició.

A l'espera que el TEDH resolgui la demanda principal dels independentistes contra la causa del Suprem, la resolució d'aquest dijous era la primera en què Estrasburg dirimia dues de les grans controvèrsies del cas procés: la presó preventiva decretada pel magistrat Pablo Llarena i la seva incidència en els drets polítics dels sobiranistes.

La resolució suposa un suport total al Tribunal Suprem i una decepció per als independentistes, que confiaven que el TEDH acollís les seves denúncies de vulneració de drets fonamentals que una majoria de jutges del Suprem i el Constitucional han desestimat.

Després d'una etapa en què les demandes amb alt contingut polític tenien números per ser estimades, el TEDH ha elevat en els últims anys la seva confiança en els tribunals nacionals. Així ha ocorregut també en la primera resolució rellevant del cas procés.

Els magistrats d'Estrasburg donen suport que tant el Suprem com el Constitucional van considerar “en decisions motivades” que no hi havia cap altra mesura possible que la presó preventiva per evitar els riscos de reiteració delictiva o de fuga dels independentistes.

Les vulneracions de drets que denunciaven Junqueras, Sànchez i Turull versaven sobre la seva elecció com a diputats del Parlament el 2017 i la negativa del jutge a deixar-los sortir de la presó per exercir com a parlamentaris. En el cas dels llavors diputats electes de Junts, a més, la negativa es va estendre a l'assistència al seu debat d'investidura.

En el primer trimestre del 2018, el jutge Llarena va rebutjar treure de la presó Sànchez perquè pogués sotmetre's a la investidura al Parlament. També va denegar deixar lliure Turull per a la seva segona sessió d'investidura després que en la primera no obtingués els suports necessaris per ser president. Entre ambdues sessions, el jutge va processar Turull per rebel·lió i va ordenar el seu ingrés a presó el 23 de març.

Més enllà de remarcar que la presó preventiva va tenir un caràcter “provisional” i que la presó preventiva no va poder resultar “sorprenent” als electors de Junqueras (perquè ja estava empresonat quan es va votar el desembre del 2017), Estrasburg també s'endinsa en valoracions sobre el paper dels jutges en el procés per avalar l'actuació del Suprem.

Recorden els magistrats europeus que els jutges de l'Alt Tribunal van emmarcar l'actuació dels independentistes en “una amenaça per a l'essència mateixa d'un Estat democràtic”, i que els tribunals nacionals van subratllar que l'objectiu dels independentistes “era declarar la secessió d'una part del territori espanyol per mitjans contraris a la llei i prèviament declarats inconstitucionals pel Tribunal Constitucional”.

El Suprem i el Constitucional, conclou el TEDH, “van ponderar els diversos interessos en joc d'una manera que no pot qualificar-se d'arbitrària i sense menyscabar la llibertat d'expressió de l'opinió pública”. L'empresonament dels tres diputats electes, insisteix el tribunal, “no va ser incompatible amb l'essència mateixa del dret a ser elegit i a exercir el mandat parlamentari”.

En el cas de Junqueras, Turull i Sànchez, magistrats progressistes del Constitucional van formular vots particulars en contra de l'opinió majoritària de confirmar la presó preventiva. Els magistrats Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer i Juan Antonio Xiol sí van considerar que el Suprem va vulnerar els drets de participació política de Turull i Sànchez en impedir-los optar a la votació d'investidura.

Per contra, el TEDH, per unanimitat, avala que tant la presó preventiva com les altres mesures que van restringir els drets polítics de Junqueras, Sànchez i Turull “es van basar en el Dret i es van justificar”.

És més, en una rèplica directa a les tesis sobiranistes, Estrasburg conclou que l'objectiu de prevenir la comissió d'actes contraris a l'ordre constitucional (un dels fonaments de la presó preventiva en el cas procés) “no pot considerar-se 'polític' en el sentit que li atorguen els sol·licitants”, aquests són, els independentistes.

El context polític espanyol del 2017 i 2018, postil·la Estrasburg, “no pot, per si sol, provar que la finalitat” de la presó preventiva fos “obstaculitzar” la participació en la vida política de Junqueras, Sànchez i Turull. Tot el contrari: els jutges europeus donen suport que la mesura buscava “garantir la seva compareixença davant la Justícia”.

Estrasburgo respalda al Tribunal Supremo en la causa del procés. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado las primeras demandas de los independentistas contra la actuación del magistrado Pablo Llarena en la investigación de la causa que terminó en una histórica condena por sedición. Los jueces europeos han rechazado que la prisión preventiva vulnerara los derechos políticos de Jordi Sànchez y Jordi Turull (Junts) y Oriol Junqueras (ERC).

En una contundente sentencia contra las tesis soberanistas, el TEDH descarta que la ideología independentista de los políticos fuera “el motivo” de su prisión preventiva. La medida, agregan los togados europeos, no fue “arbitraria ni desproporcionada” al tener en cuenta “la gravedad de los delitos” a los que se enfrentaron los soberanistas en 2017 “y la vulneración de los valores fundamentales del Estado de Derecho que entrañaban” los tipos penales de rebelión y sedición.

A la espera de que el TEDH resuelva la demanda principal de los independentistas contra la causa del Supremo, la resolución de este jueves era la primera en la que Estrasburgo dirimía dos de las grandes controversias del caso procés: la prisión preventiva decretada por el magistrado Pablo Llarena y su incidencia en los derechos políticos de los soberanistas.

La resolución supone un espaldarazo total al Tribunal Supremo y una decepción para los independentistas, que confiaban en que el TEDH acogiera sus denuncias de vulneración de derechos fundamentales que una mayoría de jueces del Supremo y el Constitucional han desestimado.

Tras una etapa en los que las demandas con alto contenido político tenían números para ser estimadas, el TEDH ha elevado en los últimos años su confianza en los tribunales nacionales. Así ha ocurrido también en la primera resolución relevante del caso procés.

Los magistrados de Estrasburgo respaldan que tanto el Supremo como el Constitucional consideraron “en decisiones motivadas” que no había otra medida posible que la prisión preventiva para evitar los riesgos de reiteración delictiva o de fuga de los independentistas.

Las vulneraciones de derechos que denunciaban Junqueras, Sànchez y Turull versaban sobre su elección como diputados del Parlament en 2017 y la negativa del juez a dejarles salir de la cárcel para ejercer como parlamentarios. En el caso de los entonces diputados electos de Junts, además, la negativa se extendió a la asistencia a su debate de investidura.

En el primer trimestre de 2018, el juez Llarena rechazó excarcelar a Sànchez para que pudiera someterse a la investidura en el Parlament. También denegó dejar libre a Turull para su segunda sesión de investidura después de que en la primera no obtuviera los apoyos necesarios para ser president. Entre ambas sesiones, el juez procesó a Turull por rebelión y ordenó su ingreso en prisión el 23 de marzo.

Más allá de remarcar que la prisión preventiva tuvo un carácter “provisional” y que la prisión preventiva no pudo resultar “sorprendente” a los electores de Junqueras (porque ya estaba encarcelado cuando se votó en diciembre de 2017), Estrasburgo también se adentra en valoraciones sobre el papel de los jueces en el procés para avalar la actuación del Supremo.

Recuerdan los magistrados europeos que los jueces del Alto Tribunal enmarcaron la actuación de los independentistas en “una amenaza para la esencia misma de un Estado democrático”, y que los tribunales nacionales subrayaron que el objetivo de los independentistas “era declarar la secesión de una parte del territorio español por medios contrarios a la ley y previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”.

El Supremo y el Constitucional, concluye el TEDH, “ponderaron los diversos intereses en juego de una manera que no puede calificarse de arbitraria y sin menoscabar la libertad de expresión de la opinión pública”. El encarcelamiento de los tres diputados electos, insiste el tribunal, “no fue incompatible con la esencia misma del derecho a ser elegido y a ejercer el mandato parlamentario”.

En el caso de Junqueras, Turull y Sànchez, magistrados progresistas del Constitucional formularon votos particulares en contra de la opinión mayoritaria de confirmar la prisión preventiva. Los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol sí consideraron que el Supremo vulneró los derechos de participación política de Turull y Sànchez al impedirles optar a la votación de investidura.

Por el contrario, el TEDH, por unanimidad, avala que tanto la cárcel preventiva como las demás medidas que restringieron los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull “se basaron en el Derecho y se justificaron”.

Es más, en una réplica directa a las tesis soberanistas, Estrasburgo concluye que el objetivo de prevenir la comisión de actos contrarios al orden constitucional (uno de los fundamentos de la prisión preventiva en el caso procés) “no puede considerarse 'político' en el sentido que le otorgan los solicitantes”, estos son, los independentistas.

El contexto político español de 2017 y 2018, apostilla Estrasburgo, “no puede, por sí solo, probar que la finalidad” de la prisión preventiva fuera “obstaculizar” la participación en la vida política de Junqueras, Sànchez y Turull. Todo lo contrario: los jueces europeos respaldan que la medida buscaba “garantizar su comparecencia ante la Justicia”.

El catedrático y profesor de Historia Contemporánea Josep Pich (Manresa, 1967) sabe lo que es recibir aplausos de toda una clase cuando termina su última lección magistral del trimestre en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Su estilo didáctico y directo es recordado por generaciones de estudiantes. Como investigador, Pich bebe de la tradición de referentes como Josep Fontana y Josep Termes.

Especialista en historia del catalanismo, Pich ha publicado Catalonofòbia, una immersió ràpida (Tibidabo Edicions), un repaso a las causas de los ataques que, catalanistas o no, han recibido todos los catalanes. De Quevedo a Isabel Díaz Ayuso o Felipe González, a lo largo de los últimos cuatro siglos Pich ve una constante, la confrontación entre dos proyectos políticos, dos modelos de Estado y su control. Y deja una reflexión sobre el procés: la clase dirigente independentista promovió un discurso “líquido y gaseoso” frente a algo que no es ni líquido ni gaseoso: el Estado.

¿Cuál es el origen de la catalanofobia?

Este libro es un encargo del profesor Ferran Requejo, que me hizo esta misma pregunta. Antes de contestarla, tuve que preguntarme si la catalanofobia existía. Si fuera de Madrid, quizás hubiera respondido que no, pero en Barcelona y en Catalunya la respuesta es distinta y bastante evidente. La bibliografía en Catalunya es relativamente extensa, pero he encontrado solo a un autor en España que haya publicado sobre la catalanofobia, un andaluz llamado Javier G. Pulido. El criterio mayoritario en España es que la catalanofobia no existe.

Usted lo refuta, y con ejemplos de catalanofobia que van desde el siglo XVII a nuestros días.

La hipótesis del libro es que la catalanofobia tiene causas políticas fruto de la confrontación entre dos proyectos políticos de estado-nación, y que es incluso anterior al nacimiento del estado liberal y del catalanismo. Por eso el libro empieza en el siglo XVII con la guerra dels Segadors, aunque incluso unos años antes, el conde duque de Olivares, en un informe secreto a Felipe IV, le recuerda que tiene muchos reinos, pero su objetivo es que, aunque se reduzcan, estén todos regidos por las leyes de Castilla. Quevedo, que como autor me encanta, en el siglo XVII dejó escrito que esa guerra no era “ni por el huevo ni por el fuero”, que los catalanes eran “el ladrón de tres manos”, y que ser su virrey era una condena.

¿Qué dos modelos había en disputa?

La pugna es entre dos modelos posibles de España: un proyecto es centralista y uniformizador, tanto bajo el antiguo régimen como bajo un régimen perfectamente liberal y democrático, y el otro es un proyecto de España en el que todos los ciudadanos son españoles, pero ni tienen las mismas leyes ni las mismas normas. El primero es un proyecto de raíz castellana con capital en Madrid, y el otro tiene su origen en la Corona de Aragón. Como el nombre no hace la cosa, dentro de la Corona de Aragón había el reino de Aragón, el reino de València, el reino de Mallorca o el principado de Catalunya.

Esos dos modelos en confrontación los podemos concretar en dos ciudades: Madrid y Barcelona tienen una pugna de poder. Esta pugna, en un estado verdaderamente federal, no sería un problema. La capital del estado de Nueva York de los Estados Unidos es Albany. La ciudad más importante de California es Los Ángeles, pero la capital del estado es Sacramento. En EEUU escogieron como capitales estatales ciudades más pequeñas para que se dedicaran a los asuntos administrativos. Nuestro modelo es distinto, porque seguimos el modelo jacobino francés, que puede ser parlamentario y democrático, pero no deja de ser centralista y uniformizador.

¿Este modelo jacobino se ha impuesto?

Pese a lo que se pueda decir, la idea del Estado centralista y uniformizador continúa vigente hoy en día en España. Si se tiene en la cabeza un Estado federal, no pasarían cosas como la estructura de los ferrocarriles (todos salen de Madrid, el kilómetro 0) o el retraso en el corredor Mediterráneo, que no se sostiene desde muchas perspectivas económicas y hasta desde una concepción marxista sobre la necesidad de crear relaciones que vinculen en una nación para evitar los separatismos. ¿Cómo es posible que sea más barato y rápido ir de Madrid a València en tren que de València a Barcelona, que están, por pocos kilómetros, más cerca?

La idea del Estado centralista y uniformizador continúa vigente hoy en día en España

¿La derrota de los partidarios de la monarquía de los Austrias, motivo por el que se celebra la Diada de Catalunya el 11 de septiembre, fue un punto de inflexión en esta pugna entre los dos modelos?

La guerra de Sucesión no fue una guerra por la independencia de Catalunya, aunque haya gente que lo crea de forma equivocada. Los británicos dejaron plantados a los catalanes tras convencerles de que entraran en la guerra. Las tropas catalanas participaron de la conquista de Gibraltar, y de hecho todavía hoy hay un pueblo y una bahía del peñón que se llaman Catalan Bay. Pero los catalanes se dejaron engañar por una razón comercial: las Indias eran el mercado más importante de España, y por entonces los catalanes lo tenían vetado. Se trataba de tener más peso dentro de España.

Es una cuestión fundamental que se mantiene un siglo después: el imperio de los catalanes es España, por decirlo en palabras de Enric Prat de la Riba, cuyo último capítulo del fundamental libro Nacionalitat Catalana se llama L'imperi català. Si se piensa que Prat de la Riba se refería a un imperio catalán independiente, no se ha entendido nada de nada. La tercera ciudad española más importante de aquella época, tras Madrid y Barcelona, era La Habana, y se buscaba ese mercado.

¿Los periodos democráticos, como la II República o el actual, han comportado una minoración de la catalanofobia?

Evidentemente, la catalanofobia ha tenido picos a lo largo de la historia y es distinta bajo periodos dictatoriales que en etapas democráticas. Seguramente la frase que la sintetiza de forma más clara y explícita es la del que fue director de La Vanguardia, Luis Martínez de Galinsoga y de la Serna, que en 1959 espetó “todos los catalanes son una mierda”. Pero hasta Felipe González se refirió a los catalanes en 2023 como una “minoría en vías de extinción”, y es singular que no pasara nada.

Recientemente, la propuesta de mejora de la financiación ha desatado una oleada de críticas sobre supuestos “privilegios” de los catalanes.

Cuando se conoció el pacto por la nueva financiación, se dejó claro que Catalunya seguiría aportando unos 2.000 millones anuales a la solidaridad con el resto de comunidades. Pese a ello, una asociación vinculada al PP hizo cuentas y dijo que la aportación de 2.000 millones supondría la pérdida de entre 6.000 y 12.000 millones a la solidaridad común. En vez de poner en valor el mantenimiento de la solidaridad, se respondió con catalanofobia.

¿Cada propuesta proveniente desde Catalunya ha generado este tipo de reacciones?

Siempre que desde Catalunya ha habido una reclamación de más autogobierno (que no necesariamente la independencia), la catalanofobia ha subido. Al debate del Estatut de Catalunya de principios de siglo XXI le siguió una llamada al boicot de productos catalanes. Creo que, antes que los separatistas en Catalunya, han existido los separadores en el resto de España.

¿La catalanofobia afecta a todos los catalanes o solo a los que simpatizan con el catalanismo?

Hay catalanes que son catalanistas y otros que hasta son anticatalanistas, pero la catalanofobia les afecta a todos. Durante el siglo XVII o XVIII, los catalanistas como tales no existían, había los que luchaban para mantener los derechos institucionales históricos. En nuestros tiempos, discursos como el contrario al de la escuela en catalán, en el que simplemente se dicen mentiras como que los niños castellanohablantes tienen que esconderse, afectan a todos los catalanes.

Los catalanes somos el enemigo interno de España

En el libro defiende que no hay vascofobia, pero catalanofobia sí. ¿Por qué?

La idea la formuló Josep Fontana en una conferencia y la desarrolló Antoni Simon en un libro: los catalanes somos el enemigo interno de España. El concepto es del jurista alemán Carl Schmitt, que era nazi, pero no estúpido. El enemigo interno es alguien que en teoría es como nosotros, pero que no es de los nuestros, y que posibilita la cohesión del grupo. Ser el enemigo interno de alguien es jodido, pero si se tiene en cuenta esta idea es más fácil entender por qué Esperanza Aguirre dijo “antes alemana que catalana” cuando Gas Natural quiso comprar Endesa. Los catalanes somos los enemigos internos porque hay una pugna por el control de España.

Ayuso no esperó a que se hablara catalán en la última conferencia de presidentes y se marchó cuando el lehendakari se expresó en euskera.

El problema vuelve a ser la concepción del Estado, que es lo que le salió del alma a Ayuso cuando dijo lo de que en España hay una lengua oficial y en algunas partes otras lenguas. Se refería, en primer lugar, al castellano, y yo digo castellano y no español citando a Manuel Azaña, un señor muy español que tenía una abuela vasca, otra catalana y nació en Madrid, pero decía que si al castellano se le llamaba español, qué pasaba con las otras lenguas de España, como el catalán o el vasco.

Me parece evidente que si hay un Gobierno de PP y Vox, como dicen todas las encuestas, habrá ejemplos de catalanofobia a paladas. Pero por no hablar solo de Ayuso o del PP: el entuerto actual con las obras de Sijena ha recibido el apoyo de gobiernos aragoneses de todos los colores, pero solo parece que solo quieren las obras que están en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y las que están en El Prado les dan igual. Esto es catalanofobia.

¿Dentro del catalanismo hay hispanofobia?

Más que del catalanismo, yo diría del separatismo. Como especialista en historia del catalanismo, puedo decir que el catalanismo es mucho más amplio que el separatismo. Si ponemos una fecha entre el primer congreso catalanista de 1880 y 2025, es verdad que ahora la mayor parte del catalanismo es separatista, pero esto solo es así desde 2010, que históricamente es un periodo de tiempo muy corto.

Hasta 1918 no hay ningún partido separatista, y durante la mayor parte de este periodo histórico, el catalanismo, desde tiempos de Prat de la Riba o Valentí Almirall, defendía el autogobierno, el respeto a la lengua catalana y el encaje de Catalunya dentro de España. No niego que haya hispanofobia, pero ya firmaría que la catalanofobia fuera de la misma magnitud que la hispanofobia. De hecho, si fuera de la misma magnitud, no hubiera publicado el libro.

¿Los ataques a la lengua catalana son la punta de lanza de la catalanofobia?

Como europeo, que el catalán no sea una lengua oficial de la Unión Europea me parece inexplicable. Ahora el Estado lo está negociando, pero en anteriores intentos, el último realizado por los entonces eurodiputados Oriol Junqueras (ERC), Maria Badia (PSC) y Ramon Tremosa (CiU), no es que España se mantuviera neutral, es que estaba en contra. Incluso dos de los políticos que más lo rechazaban eran catalanes: Josep Borrell (PSOE) y Alejo Vidal-Quadras (PP). No cuestiono que Borrell y Vidal-Quadras sean catalanes, pero esto también muestra que catalanofobia e hispanofobia no pueden ser dos caras de la misma moneda.

En Catalunya se hablaba de construir estructuras de Estado sin tener en cuenta que España ya las tenía, y desde hacía siglos

¿La Constitución del 1978 no ha resuelto el problema?

Las constituciones no las crean los juristas en un aula como esta, sino que responden a contextos políticos. La Constitución española de 1978 no se entiende sin la Transición y sin las presiones políticas de integrantes del antiguo régimen y del ejército. Sin ellas no se explican varios de sus artículos, como el segundo, en el que a la vez que reconoce “la autonomía de las nacionalidades” consagra “la indisoluble unidad de la Nación española”.

Tampoco el 145, que conoce menos gente pero que prohíbe que las comunidades autónomas se federen entre ellas y que para mí solo tiene una explicación posible: la preocupación de que los Països Catalans se pudiesen federar, dentro de España, en algún momento. O el establecimiento de dos sistemas fiscales distintos (el régimen foral y el común) en un texto que dice que todos somos iguales ante la ley.

¿En el procés se registraron los picos más altos de catalanofobia?

El procés se basó en un voluntarismo explícito de buena parte de la clase dirigente independentista, que negó la realidad en un discurso, si se quiere, postmoderno, y bastante líquido y gaseoso. La realidad se empeñó en seguir existiendo y hay algo que no es ni líquido ni gaseoso: el Estado. Aquí se hablaba de construir estructuras de Estado sin tener en cuenta que España ya las tenía, y desde hacía siglos: ejército, diplomacia, tribunales, aliados internacionales... A los historiadores se nos preguntó poco o nada durante el procés, aunque uno de sus líderes lo fuera [Oriol Junqueras, presidente de ERC]. Supongo que una cosa es lo que se dice como político y otra la que se dice como historiador. Si no, no encuentro otra explicación.

El libro finaliza con una cita a un artículo suyo y de Miquel Caminal de 2010 que resultó premonitorio sobre el proceso soberanista.

La conclusión de este artículo, que redactó Caminal, pero siempre he asumido como propia, era que España no era una federación y que la conllevancia orteguiana respecto a Catalunya (constatar que queremos cosas distintas, que no nos soportamos, pero que lo que no podemos hacer es matarnos) no es un objetivo. Era necesaria una solución, que podía ser una federación, pero de verdad, y si esta no era posible, siempre podía caber una ruptura pactada. Pero no una ruptura no pactada, porque siempre implica un riesgo de violencia que no estoy dispuesto a asumir en ningún caso. Lo que hay es lo que hay: con un federalismo de verdad, que no es el que tenemos hoy, se podría solucionar, o como mínimo atenuar mucho, lo que se ha denominado la cuestión catalana.

Un año después de que la sección de Apelaciones del TSJ catalán diera el pistoletazo de salida a las amnistías del procés, el Tribunal Constitucional ha avalado la ley que permitió la última investidura de Pedro Sánchez. El espaldarazo señala el camino de resolución de los 19 recursos pendientes de sentencia que han realizado el Tribunal Supremo o hasta quince comunidades autónomas y que han convertido la norma en la más impugnada de la historia ante el tribunal de garantías.

Los efectos de la sentencia que desestima el recurso del PP son meramente declarativos, esto es, avalan la norma pero no tienen una incidencia concreta en los casos ya resueltos. Los jueces (en especial los distintos tribunales catalanes que acumulaban la mayor parte de casos) ya han amnistiado a lo largo del año que ha estado en vigor la ley al grueso de los candidatos a la amnistía.

Además de ratificar la norma sobre la que pivotó la investidura de Pedro Sánchez y la legislatura, la sentencia del Constitucional es relevante porque es una premisa necesaria para poder resolver los recursos contra las negativas de los tribunales que se han resistido a aplicar la amnistía. Entre todos ellos, destaca uno de los nombres por los que se aprobó la norma, el del expresident Carles Puigdemont.

El caso de Puigdemont está lejos de resolverse de forma inmediata. A día de hoy, el expresident está dentro del plazo de 30 días para poder recurrir ante el Constitucional la negativa del Supremo a amnistiarle.

El primer ‘no’ a la amnistía del expresident lo efectuó el juez Pablo Llarena el pasado 1 de julio, dentro de los dos meses que la ley daba a los magistrados para decidir. El recurso a su negativa lo resolvió el propio togado en septiembre. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal no desestimó la apelación de Puigdemont hasta abril de este año, después de celebrar una vista, en la que el expresident alegó no solo en favor de su amnistía, sino que el Alto Tribunal no era el competente para pronunciarse sobre la misma. No fue hasta este pasado miércoles que el Supremo rechazó el último recurso de Puigdemont y le abrió las puertas del Constitucional.

Será clave ver si el expresident reclama cautelares al Constitucional y si incluyen, por ejemplo, la solicitud de retirada cautelar de la orden de prisión nacional en vigor contra él. De acordarse, su vuelta a España sin riesgo de detención estaría asegurada.

En espera similar se encuentran los recursos de los otros exconsellers a los que el Supremo también denegó la amnistía. El Constitucional debe decidir sobre sus recursos de amparo, que en su caso sí han llegado ya al tribunal de garantías, aunque se resolverán después de todas las impugnaciones de las comunidades autónomas y de las cuestiones de constitucionalidad enviadas por el Supremo o el TSJC. Del Constitucional, por ejemplo, depende que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pueda volver a presentarse a unas elecciones.

En suma, el Constitucional tiene amnistía para todo el otoño, en un calendario que discurrirá en paralelo al de la Justicia europea, que antes de fin de año resolverá las distintas cuestiones prejudiciales contra la norma que le enviaron la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, el TSJC y un juzgado de Vilanova (Barcelona).

Al no existir datos oficiales ni del Poder Judicial ni de la Fiscalía sobre el número de amnistiados, hay que contrastar las cifras que ofrecen entidades como Òmnium Cultural y Alerta Solidària con los 486 potenciales beneficiarios que el Ministerio Público sí concretó antes de la entrada en vigor de la norma (a los que hay que restar los casos archivados por errores judiciales y que no fue necesario amnistiar, como Tsunami Democràtic o la trama rusa, que contaban con una docena de investigados cada uno).

A principios de junio, coincidiendo con el aniversario de la entrada en vigor de la norma, la organización antirrepresiva Alerta Solidària cuantificó en 173 los manifestantes independentistas amnistiados, frente a 129 policías y 29 políticos y cargos del Govern. Dos semanas después se les sumaron los 37 exaltos cargos, funcionarios y empresarios investigados por los preparativos del 1-O. Esto implica que alrededor del 70% de candidatos al olvido penal del procés ya han sido amnistiados.

Aunque algunas amnistías han ido al ralentí cuando la ley les daba dos meses, al final la mayor parte de los jueces y tribunales en Catalunya han amnistiado a los afectados. La excepción ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el caso de los diputados de ERC y colaboradores de Junqueras, Josep Maria Jové, Natàlia Garriga y Lluís Salvadó.

La tendencia es clara: cuanto más alta es la jurisdicción, menos amnistías se han concedido. El Supremo la ha directamente rechazado en todos los casos que afectaban a Puigdemont y los exconsellers al considerar que la malversación no es amnistiable, al contrario de lo que sí han avalado varios tribunales catalanes.

Por su lado, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas la han dejado en suspenso a la espera de que la Justicia europea resuelva las cuestiones prejudiciales contrarias a la amnistía a dos de los casos más sensibles para el independentismo. Se trata de los 12 CDR que se juegan penas de hasta 20 años de cárcel por terrorismo y los más de 30 exaltos cargos, incluidos los expresidents Puigdemont y Mas, que afrontan multas millonarias por los gastos del procés.

Sin plantear preguntas a la Justicia europea o al TC, un juzgado barcelonés también mantiene sin resolver la amnistía de los síndicos electorales del 1-O. Son las excepciones más sonoras a una norma que la mayoría de tribunales con sede en Catalunya ha aplicado sin ruido.

El aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía ha traído un matiz inesperado, pero de relevancia para las causas abiertas por el espionaje que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) practicó a decenas de independentistas. El tribunal de garantías ha ampliado el potencial de conductas amnistiadas para los contrarios al procés. La reinterpretación de la norma puede abrir la puerta a incluir en la lista de beneficiados por la ley de olvido penal a la exjefa del CNI Paz Esteban, hasta ahora la única imputada por el escándalo de espionaje con el programa Pegasus.

La tacha que ha puesto el Constitucional versa sobre un agravio comparativo que los magistrados han visto en la ley de amnistía. Frente al amplio abanico de conductas amnistiadas del lado independentista, la norma aprobada por el Congreso limitaba la amnistía de los contrarios al procés a las “actuaciones policiales” para impedir los actos soberanistas. En la práctica, ello ha dejado como únicos amnistiados contrarios al procés a los policías y guardias civiles que cargaron en los colegios el 1 de octubre de 2017.

Esta “asimetría”, en expresión de la ponencia aprobada este jueves en el pleno del tribunal, no está suficientemente justificada en el texto ni el preámbulo de la ley y resulta “manifiestamente desigualitaria”. El motivo, aduce la sentencia que se hará pública la semana que viene, es el hecho de que la norma, tal y como se aprobó, dejaba fuera a un grupo de personas contrarias al procés que sí debían incluirse para cumplir con los objetivos de “reconciliación política” de la ley.

A juicio del Constitucional, esta exclusión de los contrarios al procés “carece de una justificación objetiva y razonable, contradice la finalidad de reconciliación que persigue la ley y vulnera la cláusula de igualdad ante la ley”.

Entre los grupos que se mencionan en la ponencia no se explicita a Paz Esteban, la exjefa del CNI imputada en tres causas en Barcelona por el espionaje al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los parlamentarios de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba; y el exeurodiputado republicano Jordi Solé.

Sí hace referencia el texto a “otros empleados públicos” más allá de los policías, así como también particulares. El documento de la ponencia pone como ejemplo a un director de un colegio que se hubiera negado a abrir el centro para una de las votaciones soberanistas, supuesto que no consta que haya supuesto la apertura de una causa penal a ningún docente.

“No se aprecia [en la ley de amnistía] una razón explicativa de la exclusión de un amplio elenco de conductas que están claramente enmarcadas en el conflicto político que trata de reconducir al ámbito del diálogo, como las realizadas por particulares o empleados públicos con la finalidad de imponerse a la independencia de Cataluña o a la celebración de consultas populares inconstitucionales”, concluye el texto de la ponencia.

Al igual que ocurre con Puigdemont o Junqueras, la sentencia de este jueves del Constitucional no tiene efectos inmediatos directos sobre Esteban ni ninguno de los otros potenciales beneficiarios de la amnistía contrarios al procés. Para que ello ocurra, en el caso de la exjefa del CNI, deberán proponerlo los jueces que instruyen sus causas o alguna de las partes.

Si bien no anula directamente el artículo, el tribunal sí precisa que el artículo 1 de la ley de amnistía, el que indica las conductas amparadas por la norma, se declara inconstitucional “con el alcance y efectos” indicados sobre el aumento de potenciales beneficiarios.

Esta ha sido una de las tres pegas que el Constitucional ha puesto a la norma. Las otras dos afectan asuntos menores. El tribunal avala el trámite para dar audiencia a todas las partes implicadas en las causas contables del Tribunal de Cuentas sobre el procés y anula el artículo de la ley que amnistiaba los delitos relacionados con el procés consumados después de noviembre de 2023, lo que según el Constitucional permitiría “seguir desarrollando sin sufrir sanción alguna un comportamiento criminal ya iniciado”.

El resto, una ponencia de casi 200 folios redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, avala el encaje de la norma en la Constitución. Al contrario de lo sostenido por el PP, la norma no genera desigualdad, no es arbitraria, no invade ni sustituye el trabajo de los jueces y no es un indulto general prohibido en España, concluye el tribunal. Solo hace falta, concluye al Constitucional, que incluya realmente a todos los afectados por la judicialización del procés.

La pregunta de 2024 sobre amnistiar a Esteban

Hace un año la amnistía ya sobrevoló una de las causas en las que está imputada Esteban, el único cargo gubernamental forzado a dimitir por el Gobierno para contener a sus socios independentistas tras el estallido del escándalo Pegasus en 2022.

La Audiencia de Barcelona preguntó al juez que investiga el espionaje a Aragonès si había amnistiado a Esteban. El instructor respondió que ni él, ni la Fiscalía ni la propia exjefa del CNI, defendida por la Abogacía del Estado, habían planteado la aplicación de la ley de olvido penal del procés. La defensa de Esteban y la Fiscalía siempre han mantenido que su actuación fue legal porque contó con el aval del Supremo.

Hasta esta nueva interpretación del Constitucional, la ley de amnistía no contenía ningún artículo pensado para amnistiar el espionaje que el CNI practicó los independentistas mediante el programa Pegasus y que el propio centro ha admitido en sede parlamentaria que se produjo al menos entre 2018 y 2019, pero siempre con el aval del Tribunal Supremo.

En el caso de Aragonès, el CNI pidió al Alto Tribunal permiso para espiar al entonces vicepresident al situarlo como líder de los CDR. El pretexto para intervenir totalmente las comunicaciones de Aragonès resulta tan alejado de la realidad (ERC lo apartó a sabiendas de cualquier organización del referéndum para ahorrarle el riesgo de ser imputado) que, a juicio de la acusación del expresident, confirma que se trató de un “espionaje político” motivado únicamente por sus ideas independentistas.

A la espera de la incidencia de esta nueva interpretación de la amnistía del Constitucional, todas las causas en las que está imputada Esteban por el espionaje permanecen abiertas, si bien todas acumulan retrasos en la instrucción.

Esteban solo ha comparecido ante el juez en el caso del espionaje a Aragonès, y se escudó en el deber de reserva de las actividades del CNI para no responder a las preguntas de las partes. En las otras dos causas está pendiente de volver a ser citada y que el Gobierno le retire el deber de reserva tras acordar su comparecencia hace meses la Audiencia de Barcelona.

La Fiscalía ha mantenido su defensa de los únicos cuatro agentes de la Policía Nacional que no han sido amnistiados. El Ministerio Público ha pedido absolver a los cuatro agentes acusados de dejar tuerto a Roger Español con una bala de goma durante la jornada del 1 de octubre de 2017 al considerar que actuaron en cumplimiento de sus funciones como policías.

Sobre el agente que disparó la bala de goma que, tras rebotar en el suelo, lesionó en el ojo a Español, la Fiscalía señala que tenía su campo de visión “parcialmente cercenado debido a la presencia de otros dos policías delante de él”. El Ministerio Público también exculpa al uniformado porque, en su opinión, nunca tuvo voluntad de lesionar a Español: “Nunca se representó como probable el resultado lesivo que se produjo”.

“Disparó en cumplimiento de una orden trasladada por el cauce reglamentario y que no podía desobedecer al no tratarse de una directriz manifiestamente ilegal”, sostiene el Ministerio Público sobre el policía.

Tanto el escopetero como los otros tres agentes acusados (un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional), concluye la fiscal, no cometieron ningún delito porque su actuación estaba amparada por el cumplimiento del deber, una de las eximentes contempladas en el Código Penal para descargar de responsabilidad penal a un acusado. El deber, en este caso, era la orden judicial para impedir la votaciones del 1-O.

En palabras de la Fiscalía, el agente “no llegó a asumir ni aceptar mentalmente como riesgo serio y elevado” que se pudiera producir una lesión como la que dejó sin ojo a Español. Lo contrario cree el herido, que reclama hasta 13 años de cárcel para los agentes acusados.

El escrito exculpatorio supone la culminación de casi ocho años en los que el impulso a la causa de las cargas del 1-O en Barcelona no ha venido de parte de la Fiscalía, sino de los jueces y de los heridos. El caso se eternizó por las insistentes peticiones de los lesionados de imputar a más agentes, y en medio se cruzó la amnistía, que dio carpetazo al caso para casi 50 policías imputados por sus tirones de pelo, empujones y golpes a votantes, pero no para los del caso de Español debido a la gravedad de la lesión que sufrió el hombre.

La Fiscalía ya se había mostrado partidaria de amnistiar a los agentes acusados de lesionar a Español, pero la Audiencia de Barcelona lo descartó. Los jueces, consideraron “obvio” que el caso es uno de los excluidos de la ley de amnistía al tratarse de unas lesiones que han provocado la pérdida de un órgano. En cambio, sí amnistiaron a Español, procesado por lanzar vallas a los agentes, ya que este supuesto sí se incluye en la norma.

El escrito de la Fiscalía dedica la mayoría de sus folios a repasar el contexto en el que se produjeron las cargas del 1-O. Según la Fiscalía, la actuación policial en ell colegio Ramon Llull de Barcelona, donde perdió un ojo Español, respondió a la actitud de “resistencia, desobediencia grave o incluso atentado a la autoridad” de los votantes.

El inspector investigado ordenó primero el uso de defensas contra los manifestantes, y disparar balas de goma cuando estas “no dieron resultado”, tras varios intentos de “conminación verbal y de negociación y mediación” para que los concentrados dejaran retirarse a los policías.

Entre ellos, la Fiscalía destaca la actitud de Roger Español, quien “protagonizó múltiples acometimientos contra funcionarios de la Policía Nacional, incluidos varios lanzamientos de vallas metálicas”, una de las cuales, apunta, impactó en la espalda de uno de los policías.

Según el Ministerio Público, desde la masa congregada “se iban produciendo múltiples lanzamientos de vallas metálicas contra los policías”, entre gritos amenazadores, un ataque que no cesó cuando los agentes “iniciaron un repliegue dando marcha atrás”, pese al “grave peligro” que suponía para su vida e integridad.

“Ante la necesidad de disgregar a la masa y vista la ineficacia del uso de la defensa y del bastón policial”, prosigue el escrito, el jefe del grupo ordenó a sus subordinados el uso de salvas, que tampoco lograron que los manifestantes abrieran paso para que los policías pudieran retirarse.

Por ese motivo, entre 30 y 45 minutos después y ante la “escalada de violencia” de la multitud, el inspector investigado dio la orden de disparar pelotas de goma con el fin de disgregar a los manifestantes, una de las cuales rebotó contra el asfalto e impactó en el rostro de Roger Español.

Admite la Fiscalía que no se ha podido averiguar “desde qué nivel de mando se impartió la orden de no practicar detenciones, pero dicha orden existió y fue trasladada a los agentes intervinientes”, quienes se “abstuvieron” de ejecutarla. Es decir, algún mando policial ordenó el 1-O no detener a votantes, pero no se sabe quién fue.

Amnistiados. Tras varios enredos procesales, la Audiencia de Barcelona ha amnistiado a los casi 40 exaltos cargos, como el exconseller Raül Romeva, funcionarios y empresarios del Govern de Carles Puigdemont encausados por los gastos del procés y su promoción exterior. Se trata de la causa de los preparativos del 1-O seguida en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y conocida por los registros del 20 de septiembre de 2017 en la conselleria de Economía.

En su resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es el tribunal se guarda de desmarcarse del Tribunal Supremo, que rechazó amnistiar a Carles Puigdemont y los exconsellers por el delito de malversación, pero dejó la puerta abierta a hacerlo con sus subordinados que no decidieron a qué destinar los fondos, sino que solo “ejecutaron” los designios del Govern.

Esto es justamente lo que resuelve la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, que concluye que los encausados pueden ser amnistiados porque actuaron “en cumplimiento del mandato” de los consellers, por lo que no hay obstáculo a la aplicación de la ley de olvido penal del procés.

Entre los procesados amnistiados están, entre otros, el exconseller de Exteriores Raül Romeva; los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio Vicent Sanchis y Saül Gordillo; el exdelegado del Govern ante la UE Amadeu Altafaj; la exinterventora Rosa Vidal o los exaltos cargos de Presidència Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquín Nin, Ignasi Genovés y Teresa Prohías.

Se trataba de una decisión muy esperada para los casi 40 exaltos cargos, empresarios y funcionarios procesados. Pese a que la ley de amnistía, en vigor desde junio del año pasado, daba dos meses a los tribunales para aplicarla, un desencuentro entre jueces sobre quién tenía que aplicarla viene demorando casi un año la resolución del olvido penal del procés para la causa de los preparativos del 1-O.

El tribunal no va más allá y se limita a recoger la argumentación del propio Supremo para poder aplicar la amnistía al sottogoverno del 1-O. Por el contrario, la Fiscalía consideraba que la malversación sí entraba plenamente en la ley de amnistía, por lo que había pedido amnistiar a todos los cargos salvo dos (encausados por un gasto no relacionado con el procés).

Citando las resoluciones del Supremo contrarias a amnistiar la malversación de los exconsellers, la Audiencia de Barcelona concluye que los procesados por los preparativos del 1-O y los gastos exteriores del procés tuvieron “voluntad malversadora”, pero que actuaron cumpliendo órdenes del Govern, por lo que “no puede hablarse de propósito de enriqucimiento” (una de las exclusiones de la ley).

Tampoco considera la Audiencia que en la malversación del procés se hubieran afectado los intereses financieros de la Unión Europea porque ello sería “moverse en el terreno de las conjeturas” y sin indicio alguno tras más de ocho años con la causa abierta.

Quedan amnistiados el uso de recursos públicos para financiar el 1-O, la elaboración de una página web informativa, el pago de los viajes a observadores de la votación, el aplicativo de registros de catalanes en el exterior, el registro de voluntarios, las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat.

Los únicos dos exaltos cargos que sí serán juzgados, pero solo por prevaricación, son el exjefe de la fundación Diplocat, dedicada a promocionar Catalunya en el exterior, Albert Royo y la exsecretaria general de la entidad, Rosa Clavell, por fraccionar contratos no relacionados con el procés sino con el servicio y de limpieza del Diplocat.

Aval parcial de la Comisión Europea a la amnistía a los independentistas acusados de terrorismo. La Comisión Europea ha concluido que amnistiar a los miembros de los CDR procesados por este delito “no se opone” a la “primacía” del Derecho de la UE ni al principio de cooperación leal, si bien ha pedido a la Justicia comunitaria que deje en manos de los tribunales españoles determinar si la norma es demasiado “amplia o vaga” en este caso.

Así consta en las conclusiones que los abogados de la Comisión Europea han planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que celebrará el próximo 15 de julio las primeras vistas sobre la amnistía a raíz de las cuestiones prejudiciales que plantearon la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas por el caso de los CDR acusados de terrorismo y los gastos del procés.

En cada una de los dos procedimientos pueden intervenir, además de las defensas de cada caso, un representante de la Comisión Europea para plantear sus observaciones respecto a la afectación en el derecho comunitario de cada caso. Es decir, es una parte más de las causas.

En el caso de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), la norma salió del Congreso pensada para amnistiarles al plantear como única excepción al olvido penal los actos terroristas que hayan causado graves violaciones de derechos humanos, muerte o torturas. Los CDR fueron detenidos antes de organizar cualquier eventual atentado, con lo que no pudieron provocar daños materiales ni humanos de entidad.

Sin embargo, la Audiencia Nacional dejó en suspenso la amnistía y optó por elevar una cuestión prejudicial a la Justicia europea, al entender que el perdón de los delitos de terrorismo es contrario al derecho comunitario y facilita la impunidad de ese tipo de actos. Lo contrario opinaba la Fiscalía, que pedía penas de entre 8 y 27 años para los encausados, pero sí veía encaje de los CDR en la ley de amnistía, ya que no llegaron a provocar lesiones ni daños.

A la espera de lo que resuelva el TJUE, la Comisión ha pedido al tribunal que responda a la Audiencia Nacional que el principio de “primacía” del Derecho de la Unión y el principio de cooperación leal “no se oponen” a una ley que amnistía a acusados de terrorismo.

La Audiencia Nacional preguntó si la amnistía a los CDR era “compatible” con el derecho a la libre circulación y residencia en el territorio de la UE o “menoscababa” poder ejercer esos derechos en Catalunya y si suponía una merma en la capacidad de España para “garantizar su integridad territorial”. La respuesta de la Comisión es que “a falta de vínculo suficiente” entre este derecho de circulación y la amnistía, el perdón a los CDR tampoco es contrario a los tratados europeos.

Esa falta de “vínculo suficiente” es la misma expresión que la Comisión ha empleado en la causa relativa a los fondos económicos del procés elevada al TJUE por el Tribunal de Cuentas. En este caso, la Comisión descarta que los gastos afectaran a los intereses financieros de la UE, si bien sus críticas a la forma de tramitación y negociación de la amnistía (algunas de ellas ya planteadas por la Comisión de Venecia) han provocado malestar en el Gobierno.

Por el contrario, la Comisión pide dejar en manos de la Audiencia Nacional determinar si, en lo que respecta a los CDR, la ley de amnistía es demasiado “amplia o vaga” en su ámbito de aplicación temporal y material que hace que “se socave el efecto útil” de la directiva europea antiterrorista.

La misma consideración realiza la Comisión respecto a si la definición “excesivamente vaga o amplia” de la amnistía es contraria a los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley: deben ser los tribunales nacionales los que lo decidan. En el caso de los CDR, la Audiencia Nacional, aunque su decisión sería recurrible por las defensas hasta el Tribunal Constitucional en caso de negarse la amnistía.

El Tribunal Supremo ha rechazado amnistiar a la exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant al considerar que su condena por negarse a responder a la extrema derecha de Vox en el juicio del procés celebrado en el Alto Tribunal no entra dentro de los motivos incluidos en la norma de olvido del proceso soberanista.

El Supremo condenó a Reguant a una multa de 13.500 euros. Los jueces consideraron que la exparlamentaria catalana incurrió en un delito de desobediencia al negarse a contestar a las preguntas de Vox durante el juicio al procés en 2019. En la vista, el partido ultraderechista ejerció la acusación popular y Reguant compareció como testigo.

Cuando se cumple un año de la aprobación parlamentaria de la ley de amnistía, el Supremo considera que el caso de Reguant sí se incluye dentro del “elemento temporal” de la ley de amnistía, que envía al cajón todas las causas penales relacionadas con el procés por hechos cometidos entre 2011 y 2023.

Lo contrario ocurre con el “elemento tendencial”, en expresión del Supremo, de la condena a Reguant. Esto es, el motivo y los hechos que derivaron en su causa penal. Según el Supremo, son amnistiables, entre otros supuestos, los hechos que querían “mostrar apoyo” o a los encausados por el 1-O, pero no el haber rechazado contestar a las preguntas de Vox en el juicio celebrado en el alto tribunal.

Entre los comportamientos amnistiables, ahonda el Supremo “no se encuentra la desobediencia a las órdenes dadas por el tribunal”. Agregan los magistrados que Reguant se negó a contestar a Vox “exclusivamente” debido a que las preguntas “las formulaba un partido de extrema derecha, machista y xenófobo, amparando su discurso en la libertad de expresión”.

En su juicio, Reguant justificó ante los magistrados su negativa a contestar a las preguntas de Vox durante el juicio al procés independentista, donde la ultraderecha ejerció la acusación popular. Su actuación, explicó, respondió a “la voluntad colectiva de señalar que aceptar la presencia de aquellos que niegan derechos fundamentales en el juicio era una declaración de intenciones por parte del poder judicial, era imposible obtener Justicia en aquel tribunal y aquel procedimiento”.

En consecuencia, el Supremo rechaza eliminar los antecedentes penales de Reguant, que ya ha pagado la multa que le fue impuesta. “Para el Tribunal Suprem la denuncia de la instrumentalización de la extrema derecha en el juicio del procés no tiene relación con la ley que tiene que aplicar”, ha lamentado Reguant en redes sociales.

Un año después de que el Congreso aprobara la amnistía, se han beneficiado de la ley 173 manifestantes independentistas y 129 policías, frente a 29 políticos y cargos del Govern, según los datos recopilados por la organización antirrepresiva Alerta Solidària. Al igual que Reguant, el Supremo ha rechazado amnistiar a Carles Puigdemont y el resto de líderes del procés, además de llevar la norma ante el Tribunal Constitucional. La corte de garantías empezará a resolver las impugnaciones del PP contra la ley el próximo mes de junio.

Los agentes de la unidad de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra que investigaron la fuga de Carles Puigdemont el pasado mes de agosto han explicado a la jueza que centraron sus pesquisas tan solo en otros tres uniformados, sin incluir a ningún cargo político de Junts.

Así lo han señalado cinco agentes a la magistrada que investiga a los tres mossos por presuntamente colaborar en la huida de Puigdemont, según han indicado fuentes jurídicas. Antes de empezar las comparecencias, la jueza Maria Antònia Coscollola ha advertido a las partes de que relevar datos de unas pesquisas reservadas está castigado con multas de hasta 10.000 euros.

La fugaz aparición y fuga de Puigdemont en Barcelona del pasado 8 de agosto desembocó en un enfado del Tribunal Supremo y querellas varias de Alvise Pérez, Vox o Hazte Oír. La Justicia ha descartado por ahora imputar al antiguo conseller de ERC Joan Ignasi Elena y a su cúpula policial, como reclamaba la extrema derecha, y se centra tan solo en tres agentes.

Los mossos de Asuntos Internos (la unidad policial destinada a investigar a otros policías) han explicado a la jueza que, el mismo día 8 de agosto, recibieron el encargo de sus superiores de investigar a los tres mossos imputados, que ese día estaban de baja o de vacaciones.

En su declaración, los agentes han ratificado los informes que implican a los mossos imputados por ayudar a Puigdemont a evitar ser detenido tras su intervención, facilitándole el turismo con el que abandonó la zona del Arc de Triomf de Barcelona y llevando a cabo otras gestiones que permitieron que burlara a la policía.

Las pesquisas, por indicación de sus superiores, se limitaron a analizar varios vídeos de las cámaras de seguridad del centro de Barcelona en los que se veía a los agentes acompañar a Puigdemont.

Sin embargo, desde el momento inicial, la investigación no incluyó a ningún cargo político de Junts, han indicado los agentes. Temporalmente, además, las pesquisas se limitaron al día anterior a la aparición pública de Puigdemont y no se investigó si el expresident pudo llegar antes.

En el marco de la investigación desplegada por Asuntos Internos, no se tomó declaración a los agentes de paisano que estaban desplegados cerca del escenario del Arc de Triomf en el que Puigdemont se dirigió a sus fieles, uno de los cuales trató de perseguir al expresidente catalán en su huida, aunque sin éxito.

La falta de concreción de las pesquisas ha llevado a la entidad ultracatólica Hazte Oír, que ejerce la acusación popular del caso, a pedir una nueva batería de pruebas a la magistrada.

La asociación ha reclamado que comparezcan como testigos el president en funciones de la Generalitat el pasado mes de agosto, Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Josep Rull; el exconseller de Interior Joan Ignasi Elena; el exdirector general de los Mossos Pere Ferrer y el exjefe del cuerpo Eduard Sallent (cuya testifical ya fue acordada por la jueza para el próximo 30 de junio).

En su informe del caso, Sallent admitió que los Mossos pensaron que Puigdemont intentaría entrar en el Parlament para asistir al pleno, como había anunciado, y no previeron la “maniobra de distracción” del expresident.

Pese a la falta de detalles, por ahora solo ha prosperado esta investigación que la propia policía catalana tras el fracaso de su operativo para detener a Puigdemont el día del debate de investidura de Salvador Illa. El expresident, que había prometido acudir al debate de investidura, se limitó a dar un breve discurso bajo el Arco del Triunfo para a renglón seguido subirse a un coche y huir de nuevo a Bélgica.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido la amnistía para los cerca de 40 empresarios y exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O y los gastos exteriores del procés, tras casi un año de bloqueo por un enredo procesal. El Ministerio Público solo pide juzgar a dos exaltos cargos por fraccionar contratos de limpieza y auditoría al no tener relación con el proceso soberanista.

La petición fiscal está ahora en manos de la Audiencia de Barcelona, que deberá decidir si aplica la amnistía, la rechaza (como ha hecho el Supremo) o demora todavía más el proceso a través del envío de sus dudas al Constitucional o la Justicia europea.

Se trataba de una solicitud de Fiscalía muy esperada para los alrededor de 40 exaltos cargos procesados. Pese a que la ley de amnistía, en vigor desde junio del año pasado, daba dos meses a los tribunales para aplicarla, un desencuentro entre jueces sobre quién tenía que aplicarla viene demorando casi un año la resolución del olvido penal del procés para la causa de los preparativos del 1-O.

Al contrario de la interpretación del Supremo, que consideró que los gastos para el 1-O eran privados y rechazó amnistiar a los exconsellers, la Fiscalía considera que la malversación sí entra plenamente en la ley de amnistía. “Se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas”, recalca el teniente fiscal de Barcelona, Amadeu Melis, “los actos directamente dirigidos a financiar o sufragar las consultas independentistas deben entenderse amnistiados”.

El fiscal se desmarca de la tesis del Supremo e insiste en que debe amnistiarse también el delito de malversación (además de los de prevaricación, falsedad documental y desobediencia por los que fueron procesados los organizadores del referéndum), porque de lo contrario se dejaría “vacío de contenido” lo dispuesto en la ley. 

Entre los procesados que la Fiscalía pide amnistiar están, entre otros, el exconseller de Exteriores Raül Romeva; los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio Vicent Sanchis y Saül Gordillo; el exdelegado del Govern ante la UE Amadeu Altafaj; la exinterventora Rosa Vidal o los exaltos cargos de Presidència Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquín Nin, Ignasi Genovés y Teresa Prohías.

Según el fiscal, el Govern quiso “diluir la responsabilidad individual” de los altos cargos mediante la colaboración de varios departamentos de la Generalitat, “para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado”.

Entre los actos que la Fiscalía atribuye a los procesados, y que considera amnistiables, figuran la disposición de fondos y recursos públicos para financiar el 1-O, la elaboración de una página web informativa, el pago de los viajes a observadors de la votación, el aplicativo de registros de catalanes en el exterior, el registro de voluntarios, las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat.

Los únicos dos exaltos cargos que sí deben ser juzgados por prevaricación, a juicio de la Fiscalía, son el exjefe de la fundación Diplocat, dedicada a promocionar Catalunya en el exterior, Albert Royo y la exsecretaria general de la entidad, Rosa Clavell.

En su caso, argumenta el fiscal, sí hay que celebrar un juicio porque fraccionaron sendos contratos del servicio y de limpieza del Diplocat en vez de convocar un concurso público. Royo y Clavell “fueron conscientes de que no podía recurrirse a la contratación sucesiva de contratos menores en la misma empresa”, pese a lo cual encargaron a dos mismas empresas durante seis años seguidos las labores de limpieza y auditoría del Diplocat.

Roger Español, el hombre al que una bala de goma de la Policía Nacional reventó el ojo durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, ha reclamado 13 años de cárcel para los antidisturbios a los que atribuye su lesión. En su escrito de acusación, el activitsta, representado por el centro Irídia, solicita además una indemnización de 320.632,06 euros por las secuelas físicas y psicológicas.

La lesión de Español será la única de las causas judiciales derivadas de las cargas policiales contra la votación soberanista que llegue a juicio. El resto han sido amnistiadas. La de las balas de goma es la única que no se ha incluido en el olvido judicial del procés debido precisamente a las lesiones de gravedad que sufrió Español, motivo que marca su exclusión de la norma.

El abogado del activista mantiene que los cuatro antidisturbios actuaron con “obstinada voluntad de causar daño y dolor” para “castigarle” por su participación en una protesta contra las cargas policiales que, minutos antes, habían ocurrido en los aledaños del colegio Ramon Llull de Barcelona.

Español, asegura el escrito, les había recriminado que hubiesen empujado a los concentrados, y el escopetero de la Policía Nacional disparó en represalia dos balas de goma “sin conseguir impactarlo”.

Fue la tercera bala de goma la que impactó de lleno en la cara de Español. El disparo, recalca la defensa del activista, no se produjo a cuenta y riesgo del escopetero, sino que se realizó “de común acuerdo y por las órdenes” del inspector y los dos subinspectores de la Policía Nacional también acusados.

“Los acusados se aprovecharon de su condición de funcionarios públicos por el lugar en el que se encontraban, por encontrarse protegidos por otros agentes, por disponer de armas y por el conjunto de elementos que componen una intervención policial”, asevera el abogado de Español, Antoni Mansilla.

La de Español (excandidato de Junts al Senado) será, junto a las populares de Òmnium Cultural y la ANC, la única acusación del juicio contra los cuatro agentes. La Fiscalía exculpa a los uniformados, pese a las evidencias forenses de que solo una bala de goma pudo causar las lesiones al hombre.

La Fiscalía descarta que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y considera que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”. En consecuencia, reclama la absolución de los procesados.

Español pide nueve años de cárcel y de inhabilitación a cada uno de los cuatro agentes acusados por el delito de lesiones con pérdida de órgano, más otros cuatro años de cárcel y sin la posibilidad de ejercer de policías por el delito de torturas. El juicio no se celebrará casi con seguridad este año, por lo que al menos habrá que esperar hasta nueve años después de los hechos.

La indemnización de 320.632,06 responde a las secuelas físicas y el tratamiento médico que ha necesitado (201.773,62), daños morales por haber tenido que abandonar los estudios médicos que cursaba en el momento de la agresión (30.000 euros) y los incrementos derivados de su condición de discapacidad física fruto de los disparos (88.709,44 euros).

El director general de la Policía de la Generalitat, el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha desvelado este jueves que la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia que interpuso como víctima de la Operación Cataluña. “Me hubiese gustado otro trato de la Fiscalía”, ha lamentado en una entrevista en la Cadena SER.

En la primera entrevista que ofrece en cuatro años, en los que ha pasado de ser jefe policial a ocupar responsabilidades políticas como director general en el Govern de Illa, Trapero ha repasado los hechos del procés, su juicio, y la respuesta a los atentados del 2017, tanto en su faceta policial como personal. “Tuve 190 sesiones de psicólogo, no me avergüenza decirlo”, ha explicado.

Pese a no vestir ya el uniforme, Trapero ha reivindicado su idea de policía democrática que esbozó durante los años en los que estuvo al frente del cuerpo de Mossos: “Una policía democráticamente avanzada no puede autogobernarse, tiene que ser de todos, no hacer partidismo y en su función de policía judicial no puede entrar la política”.

Ha rememorado Trapero el otoño soberanista de 2017 que lo puso en la diana tanto de independentistas como de contrarios a la secesión (y del que terminó absuelto y con el respaldo de la Audiencia Nacional a la actuación de los Mossos el 1-O).

“Es bastante sencillo de entender: la policía a veces lo único que puede hacer es estropear cosas. Con dos millones de personas en la calle, lo único que puedes hacer con un uso de la fuerza es crear un problema grave”, ha aseverado sobre el día del referéndum y el papel de los Mossos, en contraste con el de Policía y Guardia Civil.

Trapero ha reconocido abiertamente la presión que recibió de la conselleria de Interior del Govern de ERC, que lo destituyó como jefe operativo del cuerpo. “Las cosas se tienen que hacer bien, fui sometido a un proceso de desgaste importante”, ha lamentado.

También ha recordado el major las maniobras de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy para desprestigiarle.

Según ha revelado Trapero, su denuncia ha quedado archivada tras ser derivada por la Fiscalía de Barcelona al servicio de Anticorrupción en Madrid. En su escrito, de 50 páginas, el major denunció la “persecución injusta” hacia su persona realizada por “individuos que no tenían habilitación legal para hacerlo” y que solo tenía por objetivo su “descrédito y neutralización”.

“La denuncia la trabajé, entiendo algo de investigación criminal y no suelo decir nada que no pueda demostrar”, ha señalado Trapero, que ha lamentado el papel de Anticorrupción: “Yo cuando he sido procesado he dado la cara y explicaciones; ahora me hubiese gustado que la misma Fiscalía hubiese tenido otro tipo de trato conmigo, como víctima”.

Aunque ahora las ha cerrado, la Fiscalía sí llegó a abrir, al menos, pesquisas, al contrario que lo ocurrido en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón rechazó abrir una causa después de recibir un informe de los Mossos d'Esquadra que exponía los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo en los que se intentaba implicar a Trapero en un caso de presunto narcotráfico, el conocido como caso Macedonia.

La causa, en la que Trapero nunca llegó a estar imputado pero que provocó un enfrentamiento entre el major y el juez instructor, Joaquín Aguirre, terminó con la absolución de todos los acusados. La sentencia de la Audiencia de Barcelona censuró la instrucción del juez Aguirre, anuló varios de los pinchazos telefónicos acordados y llegó a una conclusión rotunda: no hubo colaboración alguna de ningún agente de la policía autonómica con la presunta trama de narcotráfico liderada en realidad por un confidente policial habitual de los Mossos, Manuel G.C.

La diputada del PP de Madrid y exlíder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se ha presentado como “víctima” de una “persecución” y de “muchos audios” durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Catalunya. La sesión no ha servido para aportar nuevos datos y ha estado marcada por la tensión y los rifirrafes de Sánchez-Camacho con todos los grupos salvo PP y Vox.

El apellido Sánchez-Camacho y la Operación Catalunya están unidos desde su génesis. La comida entre la entonces líder del PP catalán y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, se celebró el 7 de julio de 2010 en el restaurante La Camarga. Este episodio de mesa, mantel y micrófono mantiene quince años después dos versiones contrapuestas: Álvarez sostiene que la política sabía que la grababan; Sánchez-Camacho lo ha negado siempre.

La comida en La Camarga dejó sin crédito político en Catalunya a Sánchez-Camacho (quien llegó a acordar los mayores recortes en los servicios públicos catalanes con Artur Mas en 2011), pero no le ha impedido continuar su carrera en Madrid. Primero, como diputada en el Congreso, y después como parlamentaria autonómica en Madrid (cargo que mantiene a día de hoy) y senadora.

Al igual que ha hecho horas antes la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Sánchez-Camacho ha tildado de “ficción” la Operación Catalunya. Pese a que la parlamentaria de los Comuns Aina Vidal le ha recordado que podía emplear el catalán, Sánchez-Camacho ha hablado en castellano en toda su comparecencia. También ha afeado a Vidal casos de corrupción de Convergència como el 3%.

No ha desmentido Sánchez-Camacho ni la comida de la Camarga ni las dos reuniones que, ha dicho, mantuvo con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en 2012, cuyos audios también se divulgaron y en los que se oye a la entonces líder del PP da a Villarejo el teléfono de Artur Mas y también insta a investigar a otros empresarios y expolíticos como Carles Sumarroca o Enrique Lacalle, este último cercano al PP.

Sánchez-Camacho no ha querido entrar en el contenido de esas grabaciones, sino que ha trazado una férrea defensa de la ilegalidad que, a su juicio, se ha cometido con su difusión. Las “reuniones” con Villarejo, ha mantenido la diputada del PP, se produjeron “en el marco del Estado de Derecho”. “Lo que hagan o no terceras personas no es mi responsabilidad”, ha apostillado.

“Eso eran conversaciones privadas y ustedes tendrían que estar legislando para garantizar mis derechos”, ha lanzado Sánchez-Camacho a los diputados. La diputada de ERC Pilar Vallugera ha pedido amparo al presidente de la comisión ante los “insultos” de la parlamentaria del PP a los diputados.

Retadora, Sánchez-Camacho ha respondido así a Vallugera a una pregunta sobre sus reuniones con Villarejo y Álvarez: “Ninguno de ustedes pasaría ninguna prueba si saliesen conversaciones suyas descontextualizadas”. “Ustedes han comprado el relato y están arrodillados a los independentistas”, ha dicho la exlíder del PP catalán al parlamentario del PSOE Manuel Arribas.

Sánchez-Camacho ha dedicado más tiempo a presentarse como víctima del procés que a explicar la Operación Catalunya. Al parlamentario de Junts, Josep Pagès, lo ha acusado de “supremacismo”. “Me han obligado a tener que irme de mi tierra, quebrantado el Estado de Derecho. La única Operación Catalunya constatada es el procés”, ha añadido.

No ha perdido la ocasión Sánchez-Camacho para recordarle a Pagès que en aquella época también mantenía “muchas reuniones” con políticos de Convergència por los pactos en el Parlament y varios municipios a los que llegaban ambos partidos.

La diputada del PP de Madrid ha acusado al independentismo de “querer alimentar el elemento hegemónico gramsciano” y de presentarse como “víctimas”. “Les viene muy bien el relato del victimismo y de 'pobrecitos que los están espiando', pero es a mí a la que me han perseguido varias veces”, ha zanjado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado este jueves el veto del Tribunal Constitucional a la tramitación de las propuestas de resolución sobre la autodeterminación y la monarquía en el Parlament de Catalunya en otoño de 2019, informa la agencia ACN.

A raíz de la demanda de los exmiembros de la Mesa Josep Costa y Eusebi Campdepadrós contra España, el tribunal con sede en Estrasburgo ha concluido que fue una medida “proporcionada y necesaria” y ha negado que se vulnerara “la libertad de expresión y los derechos políticos de los diputados”, como alegaban los demandantes. La prohibición, dice el TEDH, no impidió a los parlamentarios ejercer sus derechos porque el veto se impuso “tras numerosos debates que habían tenido lugar libremente” en la cámara catalana.

“El Tribunal Constitucional ejerció su potestad, en circunstancias extremas, para ejecutar sus propias decisiones anteriores que protegen a la Constitución como garante de la integridad territorial del Estado”, afirma la decisión de Estrasburgo que declara inadmisibles las demandas de Costa y Campdepadrós.

La demanda de Costa y otros exparlamentarios de Junts versaba sobre una de las polémicas del procés que tuvo menos relevancia mediática en comparación con las causas penales y los encarcelamientos de los líderes soberanistas, pero que entrañaba un debate jurídico con afectación directa en la vida parlamentaria.

En suma, se trataba de pronunciarse sobre los avisos que el Tribunal Constitucional mandó a la Mesa del Parlament para recordarles su deber de impedir debates que reiteraran los objetivos de la primera resolución parlamentaria sobre el procés del 2015 (estos eran, la independencia y la crítica al rey de España).

Para varios juristas, estos avisos suponían una extralimitación de funciones del Constitucional, ya que en realidad para cumplir con el control constitucional bastaba con que el tribunal anulara las resoluciones y no era necesario un aviso previo para impedir debates parlamentarios.

Las advertencias del Constitucional al legislativo catalán no versaban sobre leyes orgánicas, sino sobre otros dos tipos de debates parlamentarios: resoluciones simbólicas sin consecuencias jurídicas y la polémica investidura fallida de Carles Puigdemont y otros diputados encausados en 2018.

Una de las decisiones más controvertidas del Constitucional fue la prohibición de debatir y aprobar resoluciones para reprobar a la Monarquía, hasta el punto de llegar a advertir en 2019 al entonces presidente de la Cámara Roger Torrent y su Mesa de consecuencias penales si admitían a trámite resoluciones que reafirmasen sus críticas al rey o que manifestasen que Catalunya tiene derecho a la autodeterminación. En la práctica, esto supuso la prohibición de debates propuestos por los grupos parlamentarios y la responsabilidad penal de la Mesa, cuyos miembros acabaron siendo juzgados por una supuesta desobediencia al Constitucional de la que quedaron absueltos.

Según Costa y el resto de exparlamentarios, las advertencias del Constitucional vulneraban sus derechos a la libertad de expresión y de asociación, así como a su representación política y a su derecho a ejercer como diputados.

El TEDH parte de la base de que el veto del Constitucional buscaba “el objetivo legítimo” de “proteger el orden constitucional y los procedimientos para revisar la Constitución”. Ahora bien, lo que analiza es si las medidas adoptadas fueron “proporcionadas”, ya que las decisiones del Alto Tribunal “prohibieron determinados debates” en el Parlament.

La jurisprudencia del tribunal establece que hay “poco margen” para restringir el debate político en un país democrático. “Las ideas políticas que desafían el orden existente, y cuya realización se defiende por medios pacíficos, deben tener una oportunidad adecuada de expresión”, recoge.

El Tribunal de Estrasburgo recuerda que el concepto de “lealtad inconstitucional” en España no implica una “adherencia ideológica” a la Constitución, sino al cumplimiento de las “normas políticas”.

En cualquier caso, concluye que el veto del TC a los debates “encaminados a eludir o simplemente prescindir de estos procedimientos” es una medida “proporcionada” porque existían otras vías para mantener estos debates. Tanto la autodeterminación como la monarquía se pueden “debatir libremente en las Cortes Generales”, dice Estrasburgo.

“Las resoluciones parlamentarias anuladas por el Constitucional excluían conscientemente el uso de las vías constitucionales para la revisión de la Constitución para intentar convertir lo que hoy es la comunidad autónoma de Catalunya en un 'Estado independiente' y cuestionar el sistema de gobierno como monarquía parlamentaria”, remarca el escrito de los magistrados europeos.

Por otra parte, el TEDH niega que los incidentes de ejecución de 2019 sean una prohibición “ex ante” en los debates parlamentarios en Catalunya. “Las medidas impugnadas fueron adoptadas por el TC tras numerosos debates libres y tras la adopción de una serie de resoluciones parlamentarias similares, que fueron anuladas por el TC ex post facto, con amplias razones para su inconstitucionalidad”, subrayan los jueces de la sección quinta.

Amnistiados definitivamente los policías de las cargas del 1-O. La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de la causa en aplicación de la ley de amnistía a los 46 policías que esperaban juicio por las cargas contra votantes del referéndum de 2017. En una pedagógica resolución, los magistrados recuerdan que el objetivo de la norma era cancelar el mayor número posible de causas penales derivadas del procés, también las que afectaban al grueso de fuerzas policiales que impidieron la votación.

Muestra de la relevancia de la resolución es que viene firmada por los seis magistrados que componen la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona y no por tres magistrados, como es habitual. La ponente ha sido la magistrada Carme Guil, que, como toda la sección, durante la investigación de la causa abogó por investigar a fondo las cargas y la cadena de mando y había confirmado el procesamiento de los agentes.

La insistencia de las acusaciones particulares de los heridos y de las populares en imputar a más agentes había alargado una instrucción que casi estaba completada a principios de 2020. La resolución de los sucesivos recursos ha hecho que la causa no llegue a juicio y quede archivada por la amnistía.

Coincide la Audiencia de Barcelona con el juez Francisco Miralles en que deben quedar amnistiados todos los agentes investigados en la causa, ya que ninguno de ellos provocó lesiones de gravedad a los votantes que motiven su exclusión de la norma. Esta duda afecta únicamente a los agentes acusados de dejar sin ojo a uno de los votantes, pero no a los 46 antidisturbios que tiraron del pelo o golpearon a los votantes, pero sin generar heridas graves.

La voluntad del legislador con la amnistía, señala el tribunal, es beneficiar “ante todo” a los independentistas, pero también la de “incluir” en la ley “las acciones de aquellos que intentaron impedir la continuación del proceso en el marco de actuaciones policiales”, tal y como se desprende no solo de la literalidad del primer artículo de la norma sino también de su preámbulo.

La interpretación de las acusaciones de los heridos que rechazaban la amnistía para los agentes investigados “es injusta y contraria no solo al espíritu de la ley sino también a los principios de equidad e igualdad que tiene que presidir cualquier ordenamiento jurídico democrático”, argumenta el tribunal.

“No podemos aceptar que una ley como la de amnistía solo se aplique a unos y no a todos los que de una manera u otra llevaron a cabo acciones específicamente recogidas en la ley”, ahonda la Sala, que considera que una interpretación excluyente de la norma “contradeciría la voluntad del legislador de superar la grave crisis que sufrió la sociedad catalana y española”.

Recuerda la resolución que en vez del olvido penal, la ley de amnistía pretende hacer “desistir el aparato sancionador del Estado en pro del restablecimiento de la convivencia y la paz social”. Esto es, para todo el mundo.

Tras 40 años de ejercicio, el juez Joaquín Aguirre cuelga la toga este miércoles. El “especial agradecimiento” expresado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al magistrado con motivo de su jubilación tiene un reverso menos protocolario: el tribunal superior catalán tiene pendiente decidir si imputa a Aguirre por prevaricación por sus maniobras en la instrucción de la trama rusa del procés, tal y como ha solicitado el expresident Carles Puigdemont.

“Al final, ha ido demasiado lejos”, constata un juez de Barcelona, que prefiere no agregar nada más. “Todo lo que había que decir ya lo dijo la Audiencia, que hizo un auto muy duro, pero merecido”, agrega el mismo togado, en referencia la resolución demoledora que censuró el “fraude de ley” y la “irregular maniobra procesal” empleada por el magistrado para seguir investigando la trama rusa del procés cuando lo tenía prohibido.

El auto de la Audiencia de Barcelona fue de una contundencia inusual contra un instructor. Motivos no le faltaban, según varias fuentes jurídicas consultadas: el juez había recibido una orden clara de sus superiores jerárquicos para cerrar la causa de la trama rusa del procés o enviarla a juicio, pero no hizo ni una cosa ni la otra. Siguió investigando el caso, y, de paso, imputó a Puigdemont en plena aplicación de la amnistía. Un intento de torpedear la norma del que el propio magistrado se había jactado meses antes.

“Uno de los riesgos de la figura del juez instructor es el despotismo”, expone, gráficamente, otra magistrada. La resolución de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona dejó escrito en papel timbrado las críticas que, en privado, varios operadores jurídicos de la capital catalana llevaban años realizando: una forma de instruir consistente en ir hasta al final con una idea y abrir varias líneas de investigación, en vez de componer una hipótesis a partir de los indicios recabados.

Frente a los reproches de los magistrados de la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía avaló al 100% la actuación de Aguirre en la trama rusa del procés y pidió al TSJC rechazar la querella de Puigdemont. La denuncia del expresident lleva más de medio año sin saber si se admitirá a trámite. Fue interpuesta el 2 de julio; tras solventar requisitos formales, fue enviada a la Fiscalía, que pidió archivarla el pasado 9 de diciembre. Más de un mes después, la sala de admisiones del TSJC todavía no ha tomado una decisión.

A la espera del resultado de la admisión a trámite, el magistrado ha tomado decisiones en sus últimos meses al frente del juzgado que le han minado el prestigio y la credibilidad. Dos muestras, trama rusa al margen: el propio juez admitió hace unos meses que perdió el auto que dejaba a un paso del juicio a un colaborador de Puigdemont por reclamar información de la base de datos policial a dos mossos d'esquadra. En otra de sus causas mediáticas, el caso Negreira, el magistrado contó al revés los plazos de prescripción en su intento fallido para imputar a Joan Laporta, tal y como advirtió la Fiscalía.

La relación de Aguirre con varios fiscales se torció cuando los representantes del Ministerio Público dejaron de avalar sus tesis. Lo mismo ocurrió con destacados responsables policiales de todos los cuerpos, en especial con el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

“Más allá de sus polémicas políticas, en los últimos años ya estaba de vuelta de todo”, agrega, desde el otro lado de los estrados, una abogada que ha tratado en varias ocasiones con Aguirre y define al juez como “exponente de una judicatura caduca, que afortunadamente empieza a quedar atrás”. Por ejemplo, en el trato a denunciantes. “No tenía problemas en cuestionar con dureza, y en sala, el relato de las víctimas si creía que tenía que hacerlo, y esto, en un juez de instrucción, que es la puerta de entrada al sistema penal, puede ser muy duro para ellas”, asevera la letrada.

“Los límites que la Audiencia le podía poner son los que son”, constata, por su lado, la magistrada consultada. “Era un secreto a voces, pero los abogados tampoco poníamos muchas quejas. Esto tiene que cambiar con jueces del mismo perfil, que son muy conscientes de su autoridad, pero no de su condición de servidores públicos”, agrega la letrada.

El dilema dibujado por las fuentes consultadas en el caso de Aguirre es aplicable a otros jueces de instrucción. Se trata de figuras con mucho poder (pueden ordenar entradas y registros, detenciones y prisiones provisionales), que manejan casos mediáticos que, como le ha ocurrido al más veterano de los instructores barceloneses en ocasiones quedan en nada.

“¿Era mejor que se quedara en un juzgado de instrucción cuyas decisiones son revisables o que formara parte de tribunales que pueden condenar a alguien a 30 años de cárcel?”, se pregunta otro juez de la capital catalana.

Para la abogada consultada, existía una vía intermedia: más inspecciones y vigilancia interna del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además de menos corporativismo en la carrera. “Durante varios meses y hasta 2023 tuvo una magistrada de apoyo en el juzgado para que solo pudiera investigar la trama rusa del procés. Se le han permitido muchas cosas hasta jubilarse”, denuncia la letrada.

La aplicación de la amnistía al procés por parte de los tribunales ha sido tan o más compleja que su negociación política. Medio año después de la entrada en vigor de la norma, los jueces la han aplicado de forma desigual y, en ocasiones, al ralentí. Hay sonoras exclusiones, como la de Carles Puigdemont, e incluso casos que los tribunales todavía tienen que resolver pese a que la ley les daba dos meses para hacerlo.

Por si al cuadro le faltara complejidad, la ley de amnistía tiene pendiente pasar un examen decisivo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Entre ambas instancias suman un total 22 impugnaciones contra la ley de amnistía. Los primeros recursos en el Constitucional se resolverán en 2025, aunque podrían retrasarse al año siguiente las dos cuestiones prejudiciales registradas ante el tribunal con sede en Luxemburgo.

Los seis meses con la norma en vigor han dejado algunas situaciones jurídicas que en ocasiones chocan con la previsibilidad que se supone a los tribunales de Justicia. La malversación de fondos públicos para el procés sí ha sido amnistiada por dos juezas de Barcelona en relación a tres ex altos cargos de Convergència, pero ha sido explícitamente excluida de la amnistía por parte del Tribunal Supremo para Puigdemont y los exconsellers condenados. 

A ello hay que sumar una aplicación desigual en función del tribunal y, en muchas ocasiones, al ralentí. La mayoría de jueces que ejercen en Catalunya decidieron en el plazo conferido por la ley de amnistía, pero hay casos que no se han amnistiado hasta este mes de diciembre, como los bomberos de Girona imputados por colaborar con el 1-O. Otros rechazos a la amnistía, como el de un informático que afronta una petición de 18 años de cárcel, se decidieron en noviembre.

Incluso hay dos amnistías sensibles para el mundo soberanista que no se han negado ni concedido, sino que medio año después siguen inmersas en un enredo procesal sobre qué juez debe resolverlas. Se trata del caso de la treintena de ex altos cargos, empresarios y funcionarios imputados por el 1-O y el de los cinco integrantes de la Sindicatura Electoral del 1 de octubre.

Según el último balance realizado por la organización antirrepresiva Alerta Solidària, tras seis meses con la norma en vigor, la amnistía se ha concedido a 195 personas, 96 de ellas policías investigados por las cargas del 1-O. Otros 84 son manifestantes o activistas encausados por disturbios, mientras que 15 son expolíticos o ex altos cargos. 

La previsión de la Fiscalía antes de la entrada en vigor de la norma indicaba que la ley afectaría a 486 personas. Aunque de este cálculo hay que restar la veintena de exinvestigados en Tsunami Democràtic y la trama rusa, las dos causas de dos de los jueces que más se opusieron a la norma, Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, y que se archivaron por errores de los magistrados sin necesidad de aplicar la norma.

Uno de los últimos cargos en ser amnistiado fue, el pasado 5 de diciembre, el ex secretario del deporte de la Generalitat Gerard Figueras. Estaba investigado en Barcelona por malversación por haber destinado fondos públicos a gastos del 1-O, como el buzoneo de sobre y papeletas. La jueza lo amnistió al constatar que dispuso de esos fondos públicos “con la intención de procurar la independencia de Catalunya, sin que conste enriquecimiento personal”.

Pese a versar sobre gastos con el mismo objetivo (el procés), la interpretación que hizo el Supremo para no amnistiar a Puigdemont y los exconsellers fue opuesta, al considerar que sí había enriquecimiento personal porque los dirigentes no sufragaron los gastos de su bolsillo. Una interpretación que por primera vez rompió la unanimidad que hasta entonces había mantenido el Alto Tribunal en relación al procés.

El resultado fue la exclusión de la amnistía del líder de Junts, Carles Puigdemont, y del de ERC, Oriol Junqueras. Siete años después del otoño soberanista, ambos siguen dirigiendo sus partidos, pero el Supremo ha frustrado por ahora el objetivo de olvidar las causas penales para encauzar en terrenos exclusivamente políticos el debate soberanista.

Otros 28 manifestantes han visto rechazadas sus peticiones de amnistía al no versar las protestas por las que estaban encausados con el procés, mientras que 23 políticos o exaltos cargos tampoco han sido amnistiados, según los cálculos de Alerta Solidària.

El debate en el Constitucional y el TJUE

El Constitucional no tiene plazo para resolver los recursos contra la amnistía. En conjunto, son 20 los recursos que el tribunal tramitará contra la norma: 15 de las comunidades autónomas (todas las del PP y Castilla la Mancha del PSOE), tres del TSJC, uno del grupo parlamentario del PP en el Congreso y el primero de todos, que marcará la línea a seguir, la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Penal del Supremo. A ellos habrá que sumar las impugnaciones de los excluidos de la norma.

Antes de empezar a debatir los recursos, el tribunal tendrá que decidir si aparta de las deliberaciones sobre la amnistía a algunos de los jueces recusados. Por ejemplo, el magistrado conservador Jose María Macías, a quien la Fiscalía le acusa de falta de imparcialidad porque cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apoyó dos informes contrarios a la norma.

En síntesis, los recursos ante el Constitucional no se refieren tanto a casos concretos sino a una falta de encaje de la amnistía en la Carta Magna. El Supremo, por ejemplo, alega que la norma vulnera tanto el derecho de igualdad ante la ley como el de la seguridad jurídica. El debate entre juristas sobre la constitucionalidad de la ley tendrá ahora réplica en el órgano de garantías, que cuenta con una mayoría progresista.

El Supremo no ha jugado la carta de la cuestión prejudicial ante el TJUE que sí han efectuado la Audiencia Nacional y el TSJC al considerar que la amnistía es contraria a la directiva europea contra el terrorismo y al derecho comunitario. Esto ha dejado a la espera de la amnistía a los CDR acusados de terrorismo y a los colaboradores de Oriol Junqueras acusados de organizar el 1-O. En suma, 2025 será clave para determinar si es posible el borrón y cuenta nueva pretendido por la amnistía.