El único juicio a policías por las cargas del 1-O arranca nueve años después y la Fiscalía pide su absolución

A la espera del expresident Carles Puigdemont, la amnistía ha beneficiado a más de 300 personas. De ellas, 129 son agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que cargaron contra los votantes del 1-O. Solo cuatro policías no fueron amnistiados y se sentarán en el banquillo al estar acusados de la lesión más grave de la jornada: reventar el ojo a Roger Español con una bala de goma.

El juicio arranca este miércoles en la Audiencia de Barcelona y lo hace de forma favorable para los intereses de los procesados: la Fiscalía no acusa a los agentes y pide su absolución al considerar que estuvo amparada por su deber de cumplir con la orden judicial de requisar urnas y papeletas del 1-O. En otras palabras, la acusación pública rema a favor de las defensas.

En nueve años se han ocupado del caso distintos fiscales, pero el papel del Ministerio Público siempre ha tendido a respaldar la actuación policial. En su primer escrito, la Fiscalía avaló las cargas contra el 1-O porque los heridos solo fueron el 0,037% de los votantes. Con la instrucción más avanzada, pidió tan solo procesar a seis agentes y exculpó al resto. En el caso del herido más grave, solicita absolver a los cuatro uniformados al considerar que las balas de goma estaban justificadas.

En cambio, Español, al que representa el centro de derechos humanos Irídia, y la acusación popular de Òmnium Cultural reclaman hasta 13 años de cárcel para los agentes por un delito de torturas.

La clave del caso será si los jueces de la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona consideran proporcionada la actuación policial y si estaba justificado el disparo de balas de goma, un arma prohibida por el Parlament para los Mossos desde 2013 pero que la Policía utilizó el 1-O en Catalunya.

El escrito fiscal se esmera en convencer al tribunal de la proporcionalidad y la necesidad de los disparos. Dedica varios párrafos a remarcar que las balas de goma fueron el último recurso de los agentes para dispersar a centenares de votantes, entre los que se encontraba Español, que impedían el paso a los furgones a 300 metros del colegio Ramon Llull, donde los policías se habían incautado de urnas y papeletas.

Destaca la fiscal que los agentes pasaron hasta 45 minutos sin poder salir de las furgonetas tras intervenir el material electoral debido al “bloqueo” de los manifestantes en la calle aledaña al colegio. Lo intentaron primero por megafonía, luego por mediación con un bombero y con periodistas y después a golpe de porra (esto es, con un uso progresivo de la fuerza) y salvas (disparos sin proyectil), pero no lograron dispersar a “la masa”, que además les lanzaba objetos, remarca el Ministerio Público.

“Ante la escalada de violencia de la multitud, el inspector procesado dio orden de disparar pelotas de goma”, agrega la fiscal, que insiste en que la bala de goma, antes de impactar en el ojo de Español, rebotó contra el suelo. El agente que disparó “no podía desobedecer la orden al no tratarse de una directriz manifiestamente ilegal”, concluye el escrito fiscal.

Más allá de coincidir en que el disparo lo realizó un policía, el relato de la acusación particular y popular es muy distinto. Para Irídia, la actuación policial “se efectuó como represalia por participar” en el 1-O y “tenía intención clara de castigar” a Español.

Según la defensa de Español, que ejerce el penalista Benet Salellas, los cuatro agentes “eran perfectamente conocedores de que no existía una situación de peligro” y que la proximidad de los manifestantes “hacía altamente probable que las balas de caucho produjeran lesiones de gravedad”. El agente que le disparó, además, lo hizo dos veces.

En esta línea incide la abogada de Òmnium Cultural, Laia Serra, que destaca en su escrito que el disparo “no fue accidental ni justificado, sino antirreglamentario, dirigido contra Roger Español en clave de represalia y amparado por una cadena de mando”.

La víctima declarará en la primera jornada de juicio, junto con otros votantes del 1-O. El jueves será el turno de los testigos policiales. El 30 de septiembre declararán los peritos (con especial interés en los expertos de los Mossos que analizaron los vídeos de los hechos), y el 1 de octubre, en el noveno aniversario de los hechos, será el turno de los uniformados acusados y los informes finales.

A lo largo de estos nueve años, Español (que llegó a encabezar la lista de Junts al Senado en 2019) ha sido uno de los portavoces de los heridos del 1-O. Ahora afronta el juicio con sabor agridulce por todos los policías acusados de lesiones que se han salvado del banquillo por la amnistía.

“La ley de amnistía en el Estado español ha sido más sinónimo de impunidad que de justicia y reparación”, lamentó Español en una de sus últimas apariciones públicas antes de la vista, en la que confesó que se le hacía duro “estar solo queriendo hacer justicia ante 10.000 policías”.

La tardanza en llegar a juicio no se debe a la habitual estrategia de las defensas en retrasar la vista lo máximo posible para intentar conseguir una pena más baja en caso de condena. En este caso, se explica por los intentos de las acusaciones de encausar a más y más mandos policiales (que retrasaron la instrucción de una causa que estaba ya terminada a mediados de 2020 y que supuso una indagación inédita en las cadenas de mando de un operativo por parte del juez Francisco Miralles) y el estudio de si la causa de Español se incluía en la amnistía.

La ley, pensada para olvidar todas las causas penales del procés, incluyó a la cincuentena de agentes encausados por empujones, tirones de pelo o lesiones leves a votantes en la jornada del referéndum.

“No podemos aceptar que una ley como la de amnistía solo se aplique a unos y no a todos los que de una manera u otra llevaron a cabo acciones específicamente recogidas en la ley”, advirtieron los jueces, que consideraron que exclusión de la norma de los agentes que pretendían los heridos “contradeciría la voluntad del legislador de superar la grave crisis que sufrió la sociedad catalana y española”.

No ocurrió lo mismo con el escopetero, los dos subinspectores y el inspector del operativo en el colegio donde lesionaron a Español. Los jueces rechazaron aplicarles la amnistía al considerar “obvio” que el caso es uno de los excluidos de la norma al tratarse de unas lesiones que provocaron la pérdida de un órgano. En cambio, sí amnistiaron a Español, procesado por lanzar vallas a los agentes, ya que este supuesto sí estaba contemplado en la ley.