El Tribunal Supremo ha rechazado amnistiar a la exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant al considerar que su condena por negarse a responder a la extrema derecha de Vox en el juicio del procés celebrado en el Alto Tribunal no entra dentro de los motivos incluidos en la norma de olvido del proceso soberanista.

El Supremo condenó a Reguant a una multa de 13.500 euros. Los jueces consideraron que la exparlamentaria catalana incurrió en un delito de desobediencia al negarse a contestar a las preguntas de Vox durante el juicio al procés en 2019. En la vista, el partido ultraderechista ejerció la acusación popular y Reguant compareció como testigo.

Cuando se cumple un año de la aprobación parlamentaria de la ley de amnistía, el Supremo considera que el caso de Reguant sí se incluye dentro del “elemento temporal” de la ley de amnistía, que envía al cajón todas las causas penales relacionadas con el procés por hechos cometidos entre 2011 y 2023.

Lo contrario ocurre con el “elemento tendencial”, en expresión del Supremo, de la condena a Reguant. Esto es, el motivo y los hechos que derivaron en su causa penal. Según el Supremo, son amnistiables, entre otros supuestos, los hechos que querían “mostrar apoyo” o a los encausados por el 1-O, pero no el haber rechazado contestar a las preguntas de Vox en el juicio celebrado en el alto tribunal.

Entre los comportamientos amnistiables, ahonda el Supremo “no se encuentra la desobediencia a las órdenes dadas por el tribunal”. Agregan los magistrados que Reguant se negó a contestar a Vox “exclusivamente” debido a que las preguntas “las formulaba un partido de extrema derecha, machista y xenófobo, amparando su discurso en la libertad de expresión”.

En su juicio, Reguant justificó ante los magistrados su negativa a contestar a las preguntas de Vox durante el juicio al procés independentista, donde la ultraderecha ejerció la acusación popular. Su actuación, explicó, respondió a “la voluntad colectiva de señalar que aceptar la presencia de aquellos que niegan derechos fundamentales en el juicio era una declaración de intenciones por parte del poder judicial, era imposible obtener Justicia en aquel tribunal y aquel procedimiento”.

En consecuencia, el Supremo rechaza eliminar los antecedentes penales de Reguant, que ya ha pagado la multa que le fue impuesta. “Para el Tribunal Suprem la denuncia de la instrumentalización de la extrema derecha en el juicio del procés no tiene relación con la ley que tiene que aplicar”, ha lamentado Reguant en redes sociales.

Un año después de que el Congreso aprobara la amnistía, se han beneficiado de la ley 173 manifestantes independentistas y 129 policías, frente a 29 políticos y cargos del Govern, según los datos recopilados por la organización antirrepresiva Alerta Solidària. Al igual que Reguant, el Supremo ha rechazado amnistiar a Carles Puigdemont y el resto de líderes del procés, además de llevar la norma ante el Tribunal Constitucional. La corte de garantías empezará a resolver las impugnaciones del PP contra la ley el próximo mes de junio.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido la amnistía para los cerca de 40 empresarios y exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O y los gastos exteriores del procés, tras casi un año de bloqueo por un enredo procesal. El Ministerio Público solo pide juzgar a dos exaltos cargos por fraccionar contratos de limpieza y auditoría al no tener relación con el proceso soberanista.

La petición fiscal está ahora en manos de la Audiencia de Barcelona, que deberá decidir si aplica la amnistía, la rechaza (como ha hecho el Supremo) o demora todavía más el proceso a través del envío de sus dudas al Constitucional o la Justicia europea.

Se trataba de una solicitud de Fiscalía muy esperada para los alrededor de 40 exaltos cargos procesados. Pese a que la ley de amnistía, en vigor desde junio del año pasado, daba dos meses a los tribunales para aplicarla, un desencuentro entre jueces sobre quién tenía que aplicarla viene demorando casi un año la resolución del olvido penal del procés para la causa de los preparativos del 1-O.

Al contrario de la interpretación del Supremo, que consideró que los gastos para el 1-O eran privados y rechazó amnistiar a los exconsellers, la Fiscalía considera que la malversación sí entra plenamente en la ley de amnistía. “Se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas”, recalca el teniente fiscal de Barcelona, Amadeu Melis, “los actos directamente dirigidos a financiar o sufragar las consultas independentistas deben entenderse amnistiados”.

El fiscal se desmarca de la tesis del Supremo e insiste en que debe amnistiarse también el delito de malversación (además de los de prevaricación, falsedad documental y desobediencia por los que fueron procesados los organizadores del referéndum), porque de lo contrario se dejaría “vacío de contenido” lo dispuesto en la ley. 

Entre los procesados que la Fiscalía pide amnistiar están, entre otros, el exconseller de Exteriores Raül Romeva; los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio Vicent Sanchis y Saül Gordillo; el exdelegado del Govern ante la UE Amadeu Altafaj; la exinterventora Rosa Vidal o los exaltos cargos de Presidència Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquín Nin, Ignasi Genovés y Teresa Prohías.

Según el fiscal, el Govern quiso “diluir la responsabilidad individual” de los altos cargos mediante la colaboración de varios departamentos de la Generalitat, “para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado”.

Entre los actos que la Fiscalía atribuye a los procesados, y que considera amnistiables, figuran la disposición de fondos y recursos públicos para financiar el 1-O, la elaboración de una página web informativa, el pago de los viajes a observadors de la votación, el aplicativo de registros de catalanes en el exterior, el registro de voluntarios, las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat.

Los únicos dos exaltos cargos que sí deben ser juzgados por prevaricación, a juicio de la Fiscalía, son el exjefe de la fundación Diplocat, dedicada a promocionar Catalunya en el exterior, Albert Royo y la exsecretaria general de la entidad, Rosa Clavell.

En su caso, argumenta el fiscal, sí hay que celebrar un juicio porque fraccionaron sendos contratos del servicio y de limpieza del Diplocat en vez de convocar un concurso público. Royo y Clavell “fueron conscientes de que no podía recurrirse a la contratación sucesiva de contratos menores en la misma empresa”, pese a lo cual encargaron a dos mismas empresas durante seis años seguidos las labores de limpieza y auditoría del Diplocat.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado este jueves el veto del Tribunal Constitucional a la tramitación de las propuestas de resolución sobre la autodeterminación y la monarquía en el Parlament de Catalunya en otoño de 2019, informa la agencia ACN.

A raíz de la demanda de los exmiembros de la Mesa Josep Costa y Eusebi Campdepadrós contra España, el tribunal con sede en Estrasburgo ha concluido que fue una medida “proporcionada y necesaria” y ha negado que se vulnerara “la libertad de expresión y los derechos políticos de los diputados”, como alegaban los demandantes. La prohibición, dice el TEDH, no impidió a los parlamentarios ejercer sus derechos porque el veto se impuso “tras numerosos debates que habían tenido lugar libremente” en la cámara catalana.

“El Tribunal Constitucional ejerció su potestad, en circunstancias extremas, para ejecutar sus propias decisiones anteriores que protegen a la Constitución como garante de la integridad territorial del Estado”, afirma la decisión de Estrasburgo que declara inadmisibles las demandas de Costa y Campdepadrós.

La demanda de Costa y otros exparlamentarios de Junts versaba sobre una de las polémicas del procés que tuvo menos relevancia mediática en comparación con las causas penales y los encarcelamientos de los líderes soberanistas, pero que entrañaba un debate jurídico con afectación directa en la vida parlamentaria.

En suma, se trataba de pronunciarse sobre los avisos que el Tribunal Constitucional mandó a la Mesa del Parlament para recordarles su deber de impedir debates que reiteraran los objetivos de la primera resolución parlamentaria sobre el procés del 2015 (estos eran, la independencia y la crítica al rey de España).

Para varios juristas, estos avisos suponían una extralimitación de funciones del Constitucional, ya que en realidad para cumplir con el control constitucional bastaba con que el tribunal anulara las resoluciones y no era necesario un aviso previo para impedir debates parlamentarios.

Las advertencias del Constitucional al legislativo catalán no versaban sobre leyes orgánicas, sino sobre otros dos tipos de debates parlamentarios: resoluciones simbólicas sin consecuencias jurídicas y la polémica investidura fallida de Carles Puigdemont y otros diputados encausados en 2018.

Una de las decisiones más controvertidas del Constitucional fue la prohibición de debatir y aprobar resoluciones para reprobar a la Monarquía, hasta el punto de llegar a advertir en 2019 al entonces presidente de la Cámara Roger Torrent y su Mesa de consecuencias penales si admitían a trámite resoluciones que reafirmasen sus críticas al rey o que manifestasen que Catalunya tiene derecho a la autodeterminación. En la práctica, esto supuso la prohibición de debates propuestos por los grupos parlamentarios y la responsabilidad penal de la Mesa, cuyos miembros acabaron siendo juzgados por una supuesta desobediencia al Constitucional de la que quedaron absueltos.

Según Costa y el resto de exparlamentarios, las advertencias del Constitucional vulneraban sus derechos a la libertad de expresión y de asociación, así como a su representación política y a su derecho a ejercer como diputados.

El TEDH parte de la base de que el veto del Constitucional buscaba “el objetivo legítimo” de “proteger el orden constitucional y los procedimientos para revisar la Constitución”. Ahora bien, lo que analiza es si las medidas adoptadas fueron “proporcionadas”, ya que las decisiones del Alto Tribunal “prohibieron determinados debates” en el Parlament.

La jurisprudencia del tribunal establece que hay “poco margen” para restringir el debate político en un país democrático. “Las ideas políticas que desafían el orden existente, y cuya realización se defiende por medios pacíficos, deben tener una oportunidad adecuada de expresión”, recoge.

El Tribunal de Estrasburgo recuerda que el concepto de “lealtad inconstitucional” en España no implica una “adherencia ideológica” a la Constitución, sino al cumplimiento de las “normas políticas”.

En cualquier caso, concluye que el veto del TC a los debates “encaminados a eludir o simplemente prescindir de estos procedimientos” es una medida “proporcionada” porque existían otras vías para mantener estos debates. Tanto la autodeterminación como la monarquía se pueden “debatir libremente en las Cortes Generales”, dice Estrasburgo.

“Las resoluciones parlamentarias anuladas por el Constitucional excluían conscientemente el uso de las vías constitucionales para la revisión de la Constitución para intentar convertir lo que hoy es la comunidad autónoma de Catalunya en un 'Estado independiente' y cuestionar el sistema de gobierno como monarquía parlamentaria”, remarca el escrito de los magistrados europeos.

Por otra parte, el TEDH niega que los incidentes de ejecución de 2019 sean una prohibición “ex ante” en los debates parlamentarios en Catalunya. “Las medidas impugnadas fueron adoptadas por el TC tras numerosos debates libres y tras la adopción de una serie de resoluciones parlamentarias similares, que fueron anuladas por el TC ex post facto, con amplias razones para su inconstitucionalidad”, subrayan los jueces de la sección quinta.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) vive momentos de tensión interna después de que Josep Costa, que fue vicepresidente del Parlament hace dos legislaturas tildara de “despótica y antirreglamentaria” la gestión del presidente de la entidad independentista, Lluís Llach.

Costa ha hecho estas declaraciones a través de una publicación en X, en la que explica que abandonó la reunión que el Secretariado Nacional celebraba el pasado sábado “en protesta” a la actitud de Llach.

Costa, que es miembro del Secretariado de la ANC, asegura que “la gente que lo dio todo para ganar en el 1O no se merece que la continúen manipulando”.

Las palabras del exvicepresidente del Parlament han despertado el “enojo” de Llach, quien le ha respondido a través de la misma red social. “Ninguno de los setenta miembros del Secretariado Nacional de la Assemblea, tenga el pensamiento que tenga, merece calificativos relacionados con despotismo, fraude reglamentario o manipulación”.

Igualmente, Llach apunta que la acusación de Costa “contraviene el reglamento” de la entidad independentista.

El motivo de la disputa se basa en la elección de un nuevo Secretario para la ANC, después de que Sílvia Ventura abandonara el cargo hace dos meses. Costa se postula para tomarle el relevo y, para ello, compite contra Elnur Bayranzade, afín a Llach.

En la reunión del sábado, ninguno de los dos consiguieron reunir el consenso suficiente, por lo que Llach decidió mantener como secretario en funciones a Bayranzade, lo que provocó que Costa abandonara el encuentro y le tildara de despótico.

Pero las críticas a Llach no han venido sólo de parte de Costa. El también miembro del Secretariado David Miñana ha apoyado al exvicepresidente asegurando, también en X, que ve “incoherente pedir transversalidad, unidad y regeneración” para el movimiento independentista y “hacer lo contrario a nivel interno”.

“Todo empezó mal, con candidatos que no tenían derecho a presentarse y con candidaturas pensadas para el asalto en bloque”, remachó Miñana.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigido al Estado español que haga “autocrítica” sobre su reacción tras el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que la Ley de Amnistía, si bien fue “la primera reacción tras un comportamiento represor y antidemocrático”, no es “suficiente para reparar el daño a la ciudadanía”.

Así se ha expresado en un acto organizado por el Consell de la República, entidad encabezada por el expresident, con motivo del séptimo aniversario de la consulta. Ha reivindicado la “contundencia” del referéndum y ha criticado a quienes pretendan gobernar de espaldas a él e intenten convertir la Generalitat en una “gestoría con un encefalograma políticamente plano”.

“No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo de nuestra historia”, ha dicho Puigdemont y, en alusión explícita al president Illa, ha considerado no se puede hablar de “normalidad” ni “normalización” en Catalunya mientras algunos tengan que “luchar con las manos atadas a la espalda”.

Con todo, Puigdemont ha asegurado que seguirá luchando por la independencia. “No tiramos la toalla ni lo haremos nunca, y menos ahora que la falta de unidad ha tenido consecuencias nefastas para la nación”, ha asegurado.

ERC insta a Junts a “no alinearse” con el PP y Vox

La estrategia de ERC y Junts en el Congreso es uno de los puntos en los que se notan las diferencias y falta de unidad entre partidos independentistas. El voto de Junts sobre la financiación singular es, a día de hoy, una incógnita y sin el apoyo de los de Puigdemont no saldría adelante.

Por eso, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha instado a Junts a “alinearse con Catalunya y no con el PP y Vox”. En este sentido, la republicana ha cargado duramente contra los de Puigdemont por “aliarse con la derecha españolista” votando en contra de la regulación de los alquileres de temporada.

“Que decidan en qué lado de la mesa quieren estar”, ha dicho Vilalta, que asegura que los suyos estarán al “lado de Catalunya y de hacer cumplir el acuerdo”.

Hay causas judiciales que parecen condenadas a vagar por una maraña procesal irresoluble. Esto es lo que sufren la treintena de exaltos cargos, funcionarios y empresarios imputados por los preparativos del referéndum del 1-O de 2017. Después de iniciar los trámites para decidir si aplicaba la amnistía, la Audiencia de Barcelona se ha corregido y ha decidido que no es el tribunal competente para resolver sobre el olvido penal del procés.

A falta de once días para que se cumpla el séptimo aniversario de los registros del 20 de septiembre de 2017 que desembocaron en la protesta frente a la conselleria de Economía, los procesados por la causa de los preparativos del 1-O (a los que después se sumaron los investigados por los gastos exteriores del procés) todavía no tienen una respuesta judicial sobre su amnistía.

En un auto, la Audiencia de Barcelona ha dejado sin efecto su propia resolución del pasado 11 de julio con la que abrió el proceso para resolver si amnistiaba a los procesados y ha concluido que la decisión la debe tomar el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, para incluir a los investigados por los gastos en el exterior.

En su primera resolución, la sección 21ª de la Audiencia dejó fuera a los investigados en la causa instruida por el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona sobre los gastos del 'procés' en el exterior, pese a que se había agrupado en el mismo procedimiento del juzgado de instrucción 13, por decisión de otra sección (la 2ª) de la Audiencia. El conflicto competencial ya motivó que la causa estuviera paralizada durante más de dos años.

Ahora, en un auto fechado el 30 de julio pero notificado este lunes, los magistrados estiman el recurso de la Fiscalía, que reclamaba que todos los investigados (por el 1-O y los gastos exteriores) debían recibir una respuesta conjunta sobre su amnistía, y que la debía tomar la magistrada del juzgado de instrucción 13.

La ley de amnistía daba dos meses a los jueces para aplicarla, pero los magistrados son conscientes del embrollo procesal que ha convertido a este caso en excepcional y que ha impedido cumplir con el plazo. Así lo explican en su propia resolución: “La causa ciertamente es única, no podemos negar esta obviedad”. Los jueces también reconocen que no han sido ajenos a los “inconvenientes” que podrían suscitarse por las “particularidades procedimentales” por los “avatares procesales” que presenta esta macrocausa.

Entre los investigados que aguardan ahora la decisión de la magistrada están el exconseller de Exteriores Raül Romeva; o los exaltos cargos Albert Royo o Amadeu Altafaj. Ahora la magistrada de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, tendrá que dar trámite a las partes antes de resolver. La Audiencia, en julio, había solicitado el parecer de Fiscalía y defensas sobre enviar cuestiones prejudiciales sobre la amnistía a la Justicia europea o al Tribunal Constitucional, tal y como han hecho el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La reducción de actividad judicial en agosto tendrá al menos una excepción: el juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha ordenado a la Policía Nacional un alud de diligencias para investigar, de nuevo, la denominada trama rusa del procés. El repentino impulso a la causa que el juez dio coincidiendo con la aprobación de la amnistía se produce pese a que el magistrado indaga sobre aspectos que ya archivó hace años la Audiencia Nacional y aunque el juez ha enviado ya todo el caso al Tribunal Supremo para que impute a Carles Puigdemont.

Varias defensas del caso navegan entre la estupefacción y el intento de ordenar la causa. “Es un poco caos”, es la expresión más leve empleada para definir los últimos movimientos del juez. Los abogados intentan sistematizar el voluminoso informe policial y las notificaciones de resoluciones del juez que se han multiplicado en los últimos días, conscientes de que siempre puede haber alguna sorpresa.

Así ocurrió esta semana con el informe policial de 196 páginas sobre la trama rusa. El documento no aporta grandes novedades sino que corrobora la tesis de una supuesta injerencia rusa en el procés mantenida por el juez desde hace cuatro años. Más que el fondo, importan las formas en las que se confeccionó: el macroinforme de la Policía Nacional se basó en datos y clonados de los móviles de los investigados invalidados por la Audiencia de Barcelona el pasado mes de junio, esto es, que no se podían usar más para investigar la trama rusa.

Es más, el juez Aguirre dictó un “auto de convalidación”, adelantado por elDiario.es el pasado jueves, en el que declaró “de nuevo” la “viabilidad” de la copia y entrega a la Policía de los móviles de varios investigados pese a que la Audiencia de Barcelona la había considerado nula e inutilizable para la causa. Es decir, repitió una diligencia de investigación cuya validez había sido negada por sus superiores.

Los nuevos movimientos del juez no hacen sino dar munición a las defensas en los dos frentes abiertos para intentar tumbar la trama rusa. Por un lado, los recursos contra la reactivación de la causa en la Audiencia de Barcelona. Los magistrados de la instancia superior tienen que decidir, previsiblemente después del verano, si anulan la nueva pieza separada que el juez abrió para imputar a Carles Puigdemont el pasado mes de junio.

Los jueces encargados de revisar las decisiones de Aguirre le habían prohibido seguir investigando, pero el magistrado desoyó la orden y abrió una nueva pieza separada sobre la misma trama rusa que investigaba desde hacía cuatro años. De paso, imputó a Puigdemont, lo envió al Supremo –que tiene que decidir si se queda el caso o lo envía de vuelta a Barcelona– y rechazó amnistiarlo.

Pendiente del Supremo y el TSJC

En la reactivación de la causa coincidiendo con la aprobación de la amnistía el juez también ha dejado una pista a explotar por parte de las defensas bien en los recursos bien en la querella interpuesta por el expresident contra el magistrado por prevaricación y malversación (pendiente de admisión a trámite por parte del TSJC catalán desde hace dos semanas). Si resulta imputado, la ley obliga al juez a apartarse del caso.

En el auto del pasado 25 de junio por el que declaró, de nuevo, secreto el caso, al que ha tenido acceso este diario, el juez reconoció que quería indagar en la trama rusa pese a admitir que suponía “una continuación” de la causa sobre los mismos hechos archivada por la Audiencia Nacional en 2021.

El instructor había pedido en febrero antes a la Audiencia Nacional si disponía de “informes policiales” sobre la trama rusa del procés. La respuesta del tribunal especial fue recordar que la trama rusa había sido archivada por falta de credibilidad, tal y como avanzó esta redacción. El juez y el fiscal de la Audiencia Nacional habían frenado los informes de la comisaría general de información de la Policía Nacional que apuntaban a la injerencia rusa.

Casi cuatro años después, el juez Aguirre encargó un informe sobre los mismos hechos –pero con material vedado por la Audiencia de Barcelona– al mismo cuerpo policial, en lo que supuso el tercer cambio de policía judicial en la causa (un extremo muy inusual en una investigación).

El juez decidió pasar de la Guardia Civil a la Policía Nacional después de que la investigación se estancara ante la falta de nuevos datos que apuntalaran la tesis de la influencia rusa en el procés. En sus dos resoluciones en las que menciona la investigación idéntica llevada a cabo en Madrid sobre la trama rusa omite mencionar que el caso quedó archivado, pese a que la Audiencia Nacional le envió el auto de sobreseimiento.

Con los nuevos agentes al auxilio de Aguirre, su informe ha corroborado plenamente las tesis de Aguirre sobre una supuesta injerencia rusa en el procés mediante dos estrategias: una eventual financiación con criptomonedas del nuevo estado catalán y una red de desinformación dirigida desde el Kremlin. Todo ello en base a reuniones ya conocidas desde hacía dos o más años y que varios de los protagonistas ya habían explicado en el juzgado sin consecuencias penales relevantes hasta la aprobación de la amnistía.

Rabinos y servicios secretos

El juez no se ha quedado ahí. A la vuelta de vacaciones, salvo archivo definitivo de la investigación por parte de la Audiencia de Barcelona, los funcionarios policiales le proporcionaran respuesta sobre un amplio abanico de temas que hasta ahora nunca había relacionado con la trama rusa y que suponen un salto inédito en las pesquisas.

Además de volver a “recopilar” viajes a Rusia que ya son conocidos y forman parte del caso, el juez ordenó a los agentes investigar si el CNI había filtrado información a un medio de comunicación sobre la trama rusa. No son los únicos servicios secretos que el instructor pretende investigar, pues ha reclamado saber si los servicios secretos alemanes “tenían conocimiento de la colaboración de Rusia

La injerencia rusa parece tener parada en Alemania, a criterio del instructor, toda vez que también reclama conocer si hubo “alguna intervención del Ministerio de Justicia Federal Alemán en relación con la puesta en libertad de Puigdemont”. El expresident fue liberado en 2018 porque el Supremo no aceptó su entrega solo por malversación al descartar los jueces alemanas la rebelión.

Hay más. Otro de las insólitos encargos del juez a los policías versa sobre la averiguación de “posibles contactos con rabinos judíos que podrían estar relacionados con la financiación y las criptomonedas”. Si no prosperan los recursos, el juez Aguirre tiene trama rusa para rato.

La Fiscalía Superior de Catalunya ha seguido la orden que marcó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que aplique la amnistía al parlamentario de ERC y antigua mano derecha de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, y al presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, ambos acusados de malversación y prevaricación en los preparativos del referéndum del 1-O.

Así lo expone el teniente fiscal de la Fiscalía Superior catalana, Pedro Ariche –que pedía siete años de cárcel para Jové– en un escrito dirigido al TSJC en el que se constata que la solicitud para amnistiar a Jové, Salvadó y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga –acusada tan solo de desobediencia– responde a la orden fijada por el fiscal general.

El teniente fiscal expone que solicita la amnistía para Jové y Salvadó “en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica” con los que opera la Fiscalía y “en el bien entendido” que ambos principios “se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad, que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este Ministerio y que rigen su actuación ante los tribunales”.

Por los preparativos del 1-O desde la conselleria de Economía que entonces dirigía Oriol Junqueras-, la Fiscalía pedía 7 años de cárcel para Jové, actual presidente del grupo de ERC en el Parlament y uno de los negociadores con el psoe; 6 años y tres meses de prisión para Salvadó y un año de inhabilitación para Garriga, en su caso porque le atribuía únicamente un delito de desobediencia.

Aunque deja entrever que no está de acuerdo con la amnistía, el teniente fiscal procede a pedirla sin plantear un conflicto como el que lanzaron los cuatro fiscales del procés contra el fiscal general y que se saldó con una victoria de García Ortiz en favor de aplicar la ley de olvido penal del procés a todos los casos. Tampoco ha incluido Ariche en su escrito comentarios políticos, como hicieron los cuatro fiscales del Supremo.

Explica el teniente fiscal catalán que no puede abordar la petición de amnistía “desde una perspectiva meramente individualista”, sino que su posicionamiento debe estar “sujeto” al de la causa del procés en el Tribunal Supremo ya que las conductas y gastos que se iban a juzgar en Barcelona son muy parecidas a las del juicio del procés. Y si la Fiscalía pide amnistiar la primera, también debe hacerlo con la segunda.

El fiscal aboga por una “respuesta integral” del Ministerio Público a todas las causas que investigan los preparativos de la votación de 2017 y “salvaguardar el principio instrumental de unidad de actuación, garantía a su vez del de seguridad jurídica”. De esta forma, los fiscales también reclamarán amnistiar a la treintena de investigados que no son aforados y que esperan que la Audiencia de Barcelona decida sobre su amnistía por los mismos hechos.

García Ortiz, que como fiscal general fija la posición del resto de integrantes del Ministerio Público, ordenó que se reclamara declarar amnistiadas “la totalidad” de las conductas que prepararon el referéndum del 1-O, incluidas las que podrían suponer un delito de malversación.

El fiscal general desplegó una batería de argumentos jurídicos para rebatir las posiciones de los cuatro fiscales del procés, que reclamaron excluir de la norma el delito de malversación al considerar que los gastos para financiar la consulta habían supuesto un “enriquecimiento” de los procesados.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado enviar a juicio al exconseller de Presidencia Francesc Homs por tres subvenciones que otorgó en su etapa al frente del departamento de Presidencia. Una de ellas es una subvención directa de 7.400 euros que Homs otorgó en 2012 a la fundación CATDem, afín a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Es la segunda vez que el tribunal revoca el archivo del caso decretado por la jueza instructora, que no veía delito.

Según han informado fuentes jurídicas, la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha revocado el archivo del caso que había decretado la jueza instructora al no apreciar indicios delictivos en los tres gastos investigados, que se remontan a 2011 y 2012: la subvención a CATDem, un encargo a un despacho de abogados por valor de 14.520 euros y una fragmentación de un contrato por valor total de 29.040 euros para poder otorgarlos a dedo y eludir así el concurso.

Por el contrario, la Audiencia sí considera que los gastos podrían suponer un delito de prevaricación y otro de malversación, y reclama a la jueza instructora que envíe a juicio al expolítico. La causa de Homs, en principio, debería quedar incluida en la amnistía, si el rechazo de la Fiscalía del Supremo a amnistiar el delito de malversación abre la duda a excluirlo del olvido penal del procés.

En el último momento de su tramitación parlamentaria, Junts amplió el alcance de la amnistía a noviembre de 2011 (inicialmente se incluían los hechos cometidos entre 2012 y 2023) para beneficiar al exconseller Homs y al resto de los investigados por la promoción exterior del procés.

Las subvenciones que pusieron a Homs de nuevo bajo la lupa judicial (ya cumplió la condena de inhabilitación por organizar la consulta del 9-N de 2014) forman parte de la macroinvestigación que realizó el Tribunal de Cuentas, a instancias de PSOE, PP y Ciudadanos, sobre los gastos del procés entre los años 2011 y 2017. El informe del ente fiscalizador fue la base con la que la Fiscalía presentó su querella en los juzgados de Barcelona.

Respecto a la subvención a la fundación CATDem –ya extinguida tras verse en el centro de la financiación ilegal de Convergència en los casos Palau y el 3%–, la Fiscalía acusa a Homs de otorgar a la entidad 7.400 euros “para contribuir a la financiación de los gastos derivados de su pertenencia a la European Liberal Forum y a la traducción a diversas lenguas de algunos de sus materiales”, pese a que un mes antes, en noviembre de 2012, había dejado sin efecto la convocatoria de subvenciones para la proyección internacional de organizaciones catalanas.

El encargo al despacho de abogados en noviembre de 2012, mantiene la Fiscalía, se centró en un asesoramiento para un proyecto en una “zona de dinamización internacional en materia de propiedad industrial” pese a que el departamento de Presidència no tenía competencias en este ámbito. Y en 2011 y 2012, además, Homs, según el Ministerio Público, fragmentó en dos contratos menores de 17.850 euros los gastos de desplazamiento y alojamiento en Barcelona de los asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior para eludir el concurso público.

Un anarquista de Barcelona se ha convertido en el primer condenado por un altercado ocurrido durante el procés que entra en la cárcel. Abel M. permanece desde el pasado jueves en la prisión de Brians 2 pese a ser un posible beneficiario de la ley de amnistía (que se aprobó el mismo día de su ingreso en prisión).

Abel M. fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel por una agresión en 2018 en el metro de Barcelona a un hombre que viajaba con una bandera española tras acudir a una manifestación del sindicato policial Jusapol.

Tal y como ha avanzado El Nacional y han confirmado fuentes jurídicas, la anterior defensa del condenado, que ejercía un abogado de oficio, no solicitó al juzgado la suspensión del ingreso en prisión pese a la inminencia de la aprobación de la amnistía. Al no tener ninguna petición, el juzgado de lo penal que condenó a Abel M. en primera instancia fue el encargado de ejecutar la sentencia y ordenar su ingreso en prisión.

Varios grupos anarquistas de Barcelona han convocado para este domingo una manifestación de apoyo al condenado. En un comunicado, han criticado la ley de amnistía como “un lavado de cara para invisibilizar el verdadero carácter represivo del Estado”.

Abel M. se convierte así en la primera persona en entrar en prisión por hechos relacionados con el procés desde que el indulto a los exdirigentes permitiera su salida de la cárcel en 2021. De las distintas condenas por disturbios, altercados y agresiones, la del anarquista es de las pocas que suponían el ingreso efectivo en prisión.

Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2018, cuando la víctima –que no era policía– se disponía a regresar a su casa en metro tras haber participado en una manifestación de la asociación sindical Jusapol, y fue agredido por otra persona –huida de la Justicia– por exhibir una bandera española y una gorra con un escudo de España.

Pese a que la persona que empujó por las escaleras a la víctima está huida, Abel M. fue condenado por vigilar el entorno de la estación de metro donde ocurrieron los hechos para asegurar el “éxito” de la agresión y para intervenir si era necesario.

Según la sentencia, el condenado actuó guiado por sus “postulados independentistas de corte anarquista”, ya sentía “animadversión” hacia quienes se identificaban con el sentimiento de pertenecer a la nación española y participaron en un acto de exaltación de estos sentimientos, como el de Jusapol.

La sentencia concluyó que en el caso no solo había ideologías “totalmente enfrentadas”, sino que “no existe otro motivo para la comisión del delito”, pues los agresores “no conocían a la víctima” y existían “numerosos indicios” de su “desprecio” a la ideología que abandera la unidad de España.

La magistrada apreció la agravante de discriminación, ya que el motivo de la agresión fue el “enfrentamiento ideológico” con la víctima. La jueza se apoyó en las publicaciones del acusado en las redes sociales, con expresiones como “putos parásitos españoles/equidistantes”, “a quemar embajadas Puta España”, “Odio eterno para España” y “madero bueno madero muerto”.

Amnistía aprobada. Lo que parecía una quimera hace un año es una ley desde este jueves. Ahora queda quizás lo más difícil: su aplicación por parte de los jueces. Algunos magistrados y tribunales ya han dado muestras de querer complicar la puesta en práctica de la norma. La ley da a los jueces dos meses para amnistiar los casos del procés, pero la presentación de cuestiones prejudiciales ante la Justicia europea podría alargar los plazos. 

Los centenares de afectados por la amnistía –desde policías de las cargas del 1-O a activistas y manifestantes– aguardan ahora los movimientos judiciales. En especial, los independentistas que confían en volver a casa tras años en el extranjero –como el expresident Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira–. Sus causas, sin embargo, son las que presentan mayor incertidumbre. Por contra, las investigaciones que se siguen en Catalunya sobre policías y manifestantes pueden ser amnistiadas con más rapidez.

Las dudas: Puigdemont, Tsunami y la trama rusa

El propio independentismo ya ha identificado qué togados pueden poner más trabas a la aplicación de la amnistía. Se trata de tres órganos distintos, dos con sede en Madrid –la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, y el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón– y el juzgado de instrucción de Barcelona que comanda el juez Joaquín Aguirre.

García Castellón ha dejado escrita en uno de sus autos durante la tramitación de la amnistía su convicción de que la causa Tsunami queda excluida del olvido penal del procés al investigar un delito de terrorismo –que la Fiscalía no ve– y resultar heridos de gravedad dos agentes policiales en unas protestas –que no organizó la plataforma.

Mientras, el juez Aguirre reactivó durante la tramitación de la amnistía en el Congreso, tras años varada, la trama rusa del procés, que podría quedar fuera de la ley si el instructor, como ya ha insinuado, decide sacar adelante el caso por alta traición. Todo ello pese a que la amnistía excluye la alta traición solo en los casos en que se haya producido “tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza”, algo que según el propio Supremo, que calificó el procés de “ensoñación”, no ocurrió el 1-O de 2017. En los últimos meses, además, Aguirre ha puesto de nuevo la causa bajo secreto, lo que mantiene en vilo a las defensas del caso.

Recursos y cautelares

Además, la norma puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por parlamentarios o las comunidades autónomas, aunque en ese caso el texto finalmente aprobado establece que esos eventuales recursos “no tendrán efectos suspensivos”. Asunto diferente son las cuestiones de inconstitucionalidad ante el mismo tribunal de garantías o las consultas al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre si la ley que se ajusta el derecho comunitario que pueden plantear los jueces o tribunales encargados de aplicarla.

Ambos movimientos detendrían la aplicación de la ley para el asunto concreto sobre el que se haga la consulta hasta que haya pronunciamiento del Constitucional o del TJUE. El Supremo enviará sus prejudiciales inmediatamente después de que el BOE publique la ley de amnistía. Una respuesta rápida, tal y como ya ocurrió con su rechazo a aplicar la reforma de la malversación en 2023. En este sentido, los cuatro fiscales del procés, sin que el Supremo les haya pedido formalmente su parecer, ya han expresado que no ven 'amnistiable' la malversación, lo que dejaría fuera de la norma a Puigdemont y Junqueras.

Fuentes jurídicas consultadas plantean la posibilidad de que esas cuestiones prejudiciales se planteen no sólo sobre la decisión misma de amnistiar, sino sobre otro artículo que puede resultar clave para que la ley despliegue efectos de forma inmediata: el que obliga a los jueces levantar las órdenes de búsqueda u otras medidas cautelares aunque el procedimiento esté suspendido “por cualquier causa”. Un artículo pensado para que Puigdemont y los exconsellers que permanecen en Bélgica desde 2017 puedan volver a España sin riesgo de ser detenidos.

Ya sea sobre la retirada de la medida cautelar o sobre el fondo de la amnistía, la presentación de una cuestión prejudicial deja en suspenso todo el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la UE no resuelva. La suspensión de la causa mientras se tramitan las cuestiones prejudiciales, en teoría, impediría llevar a cabo cualquier detención de Puigdemont –tal y como ya ocurrió cuando fue arrestado solo por unas horas en Italia–. Es decir, el riesgo de detención de Puigdemont es seguro si vuelve antes de que el Supremo envíe las prejudiciales, pero una vez remitidas al TJUE, será menor.

El expresident manifestó durante la campaña electoral su intención de estar presente en el debate de investidura que el Parlament debe celebrar, a más tardar, el 25 de junio, algo que el Supremo puede impedir, ya que antes de enviar las prejudiciales debe recabar la opinión de la Fiscalía, lo que podría demorar unos días su remisión. La resolución definitiva podría ir para largo: el TJUE tarda una media de 16 meses en resolver las cuestiones prejudiciales, si bien los independentistas podrían pedir un procedimiento acelerado.

En la causa de Tsunami desgajada en el Alto Tribunal no se ha dictado por el momento ninguna medida cautelar, aunque la magistrada Susana Polo sí ha citado a declarar al expresident entre el 17 y el 21 de junio. La instructora, que dio la opción de que esa comparecencia se hiciera por videoconferencia, tendrá que determinar ahora si mantiene la citación.

Amnistía de aplicación rápida

Aunque la respuesta del Tribunal Supremo a la amnistía sea la más esperada, cada juez que tenga un caso 'amnistiable' –la mayoría están en Catalunya– puede decidir aplicarla directamente sin esperar al Alto Tribunal y según su propio criterio. El redactado de la ley y la actitud previa de los tribunales durante la tramitación de la ley permite anticipar dos escenarios: jueces que aplicarán la norma como cualquier otra en contraste con los mencionados potenciales candidatos a plantear batalla contra la amnistía.

En el primer grupo se encuadran las causas contra centenares de jóvenes manifestantes ya condenados –con una minoría en riesgo de entrar en prisión– o pendientes de juicio por los distintos altercados que se vivieron en 2018 y 2019. Varios tribunales –desde un juzgado penal de Girona al TSJ catalán– ya han aceptado suspender juicios o deliberaciones de casos de altercados a la espera de la amnistía, lo que anticipa una aplicación de la norma sin excesivas complicaciones.

La ley también es clara a la hora de incluir a los 45 policías investigados por las cargas del 1-O de 2017 en Barcelona y a los 28 agentes cuya causa ya se archivó en Girona, ya que solo excluye de la amnistía a aquellos casos de violencia policial más graves. En la práctica, según fuentes jurídicas, sólo quedarían fuera de la amnistía los cuatro agentes acusados de dejar sin ojo a un independentista el 1-O con una bala de goma, aunque es previsible que las víctimas de las cargas recurran para intentar que más agentes queden fuera de la norma.

Policías y activistas forman el grueso de las alrededor de 400 personas que se verán beneficiadas de la amnistía. El cálculo definitivo se conocerá cuando la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha encargado un recuento a las distintas fiscalías territoriales, haga pública la cifra total de amnistiados. Organizaciones antirrepresivas como Alerta Solidària elevan el cómputo hasta 419 manifestantes 'amnistiables'.

Plazos y pasos de la amnistía

Una vez la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los jueces tienen dos meses para aplicarla –ya sea archivando los casos en virtud de la amnistía o elevando sus dudas al Tribunal de Justicia de la UE o al Tribunal Constitucional. Si bien el plazo de dos meses es común, es posible que veamos distintas velocidades de aplicación de la amnistía.

La norma deja a los jueces aplicar la amnistía de oficio, pero también a instancia de los afectados. En todas las causas donde haya independentistas encausados –ya sea exaltos cargos del Govern acusados de organizar el referéndum o jóvenes acusados de disturbios–, las defensas pedirán a los tribunales de inmediato la amnistía en cuanto la norma esté en el BOE.

Ya sea de oficio a petición de la defensa, antes de aplicar la amnistía el juez debe pedir opinión a la Fiscalía y al resto de partes. Si la causa está en instrucción, el juez decretará su sobreseimiento libre; si está bajo juicio, una sentencia absolutoria; y si ya está condenada –como ocurre con Junqueras–, los tribunales deberán revisar las sentencias para adecuarlas a la amnistía y dejar sin efecto las penas. 

“Damos por finalizado el acto. Ya se puede ir”. Estas han sido las palabras del juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, tras la primera comparecencia de uno de los investigados de la causa, que ha durado tan solo cinco minutos. La dirigente de ERC Marta Molina ha sido, por ahora, la única en declarar.

“El movimiento independentista no es terrorismo y es pacífico”, ha manifestado ante el juez Molina, que ha prestado declaración por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona. Tras este alegato, el magistrado que más quebraderos de cabeza ha traído al soberanismo por su oposición a la amnistía ha dado por finalizada la declaración. Ninguna de las acusaciones (incluida la extrema derecha de Vox) ha pedido medida cautelar alguna.

Ahora las defensas esperan los movimientos del juez respecto a los otros nueve investigados del caso que no han acudido este martes a declarar. La mayoría de ellos permanece en Suiza después de que el país helvético rechazara colaborar con el magistrado al ver en Tsunami una causa política. Todo ello a una semana de que se apruebe de forma definitiva la ley de olvido penal del procés, que los investigados pedirán aplicar de forma inmediata a García Castellón una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Molina, que ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Barcelona arropada por la plana mayor de su partido y del independentismo, ha contestado este miércoles tan solo a su abogada, Marina Roig, que le ha formulado tres cuestiones: si hizo algún llamamiento a la violencia; si tuvo acceso a los comunicados de Tsunami y si en ellos se incitaba a la violencia.

La responsable de movimientos sociales y miembro de la Ejecutiva de ERC ha negado que tanto la plataforma como ella llamaran a acciones violentas y ha explicado que se enteró por la prensa de los comunicados de Tsunami, según han informado fuentes jurídicas.

La investigada ha querido cerrar su comparecencia con un alegato más político en el que ha defendido el pacifismo del movimiento independentista frente a la tesis que maneja el juez, que vincula a Tsunami con un delito de terrorismo por los disturbios de la protesta de Tsunami en El Prat contra la sentencia del procés pero también por conciertos pacíficos en la jornada de reflexión de las elecciones generales de noviembre de 2019. A Molina, además, la sitúa como “coordinadora” de algunas de las acciones de Tsunami.

Superada la primera declaración de uno de los diez investigados por Tsunami que están en manos de García Castellón (el expresident Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg también están imputados por la misma causa, pero ante el Tribunal Supremo, que les ha citado a declarar por videoconferencia en junio), la causa entra en compás de espera a los próximos movimientos del juez.

En paralelo a la aprobación de la amnistía, el magistrado García Castellón tendrá que valorar citar a los investigados que sí permanecen en España pero que este miércoles no han acudido a la videoconferencia de Barcelona porque sus abogados tenían otros señalamientos previos y preferentes. Se trata del asesor de Puigdemont Josep Lluís Alay y del empresario Oriol Soler. Por otro lado, el empresario y exdirigente de ERC Xavier Vendrell se encuentra por ahora en Colombia, país en el que trabaja, si bien su abogado sí ha acudido a la declaración de este miércoles.

Capítulo distinto forman el grueso de los investigados del caso que permanecen en Suiza: la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó. El juez les había citado igualmente a declarar desde Barcelona y había descartado pedir la videoconferencia desde los juzgados suizos pese a la evidencia de que los imputados están en la confederación helvética y no tienen intención de regresar a España hasta que se les aplique la amnistía.

La elección de Suiza no es casual. El país helvético se ha negado por dos veces (la primera en 2019 y la segunda el pasado mes de febrero) a colaborar con el juez García Castellón al constatar que la causa de Tsunami tiene un “carácter político”. La legislación suiza, además, impide extraditar a alguien por motivos políticos.

Todos ellos esperarán desde Suiza la aplicación de la amnistía o una eventual orden de arresto por parte del juez, que en los últimos meses de querer excluir el caso Tsunami del olvido penal del procés. El juez insiste en calificar las protestas que lideró Tsunami de terrorismo pese a las recomendaciones europeas para no encuadrar en este tipo penal cualquier altercado contra el sistema.

Todos los partidos valencianos tienen algo que celebrar sobre el resultado de las elecciones catalanas. Pocos comicios autonómicos condicionan tanto la agenda del país como los de Catalunya o Euskadi, dos campañas que son un termómetro de la situación en el Estado y de antesala para las elecciones al Parlamento Europeo, la última cita de este año, que será el 9 de junio. Los socialdemócratas aguantan el desgaste que pueda causar el Gobierno y mejoran sus resultados, sus aliados a la izquierda sí sufren el desgaste, los partidos de ultraderecha se diversifican y aún así obtienen representación, y los autoproclamados liberales, marca blanca de la derecha, desaparecen.

Precisamente es la agenda catalana la que ha marcado buena parte de la agenda nacional, empañando otras reivindicaciones de nacionalidades históricas. Ahora, con la derrota del bloque independentista en Catalunya este 12 de mayo, los partidos valencianos creen tener más margen de maniobra. O al menos, de que sus reivindicaciones sean escuchadas.

Con el PSC de Salvador Illa encabezando las negociaciones para una investidura y la mano tendida a Esquerra Republicana de Catalunya -a falta de ver si recoge el guante-, los partidos de la izquierda del Parlamento valenciano creen que es buen momento para plantear la reforma del sistema de financiación, avanzar en la condonación de la deuda -que pactó el PSOE con ERC en el Congreso- o la equiparación en inversiones al resto de territorios.

Los socialistas valencianos celebran que la victoria de Salvador Illa “demuestra que, ante la política del ruido, del odio, de la crispación, se impone la política del diálogo, de la negociación y del acuerdo” iniciada en 2017 con los primeros acuerdos para la moción de censura, que le dio a Pedro Sánchez la presidencia del Gobierno. El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha considerado que el triunfo del exministro supone la “oportunidad histórica de abrir una nueva etapa” en la que Illa hablará de “los problemas reales de Cataluña, con todo lo positivo que tiene eso para el conjunto de España”, un “aliado” con “intereses comunes”. El socialista ha recordado que los ejecutivos catalanes se habían abstenido de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y otros órganos de debate para cuestiones clave en el Estado, que ahora, vaticina retomarán, siempre y cuando el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, “también esté en la senda del diálogo y no de la confrontación”.

En la misma línea se ha manifestado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, quien cree que “en la medida en que pueda haber acuerdos que pasen por reformar también el sistema de financiación de Catalunya, esto puede favorecer que se abra de una vez ya por todas el melón del sistema de financiación autonómica”, en alusión a las negociaciones para formar un nuevo Govern. El portavoz valencianista ha recordado “la defunción de un artefacto que se llamaba Ciudadanos y que ha sido capaz en ocho años de ganar las elecciones y desaparecer” y cree que el PP, que ha mejorado su resultado pero no llega a los valores previos al procés, simplemente ha “recogido esos votos”. La entrada de otra formación de extrema derecha en el Parlament, Aliança Catalana, es una mala noticia para ambas formaciones.

Los populares valencianos también se encuentran de celebración. Es la primera vez que el nacionalismo catalán no tiene mayoría en el Parlament, lo que para el PP valenciano significa que “la España constitucionalista ha demostrado que también es mayoría en Cataluña”, según traslada el partido. Los populares consideran que los 12 escaños que han ganado (con un 11% del voto total) se deben a la estrategia de Alberto Núñez Feijóo, cuya formación queda por delante de Vox. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expresado este lunes su predisposición a buscar “puntos de encuentro” y “diálogo” con Catalunya, que es el principal socio comercial de la Comunitat Valenciana - “y a los buenos clientes hay que cuidarlos”, ha añadido-. Hasta la fecha, las relaciones entre la Generalitat Valenciana, del PP, y la de Catalunya, de ERC, estaban en suspenso, al contrario de lo que ocurría con el Ejecutivo del Pacto del Botánico, liderado por los socialistas valencianos de Ximo Puig. El cambio de signo podría hacer que el PP moviera ficha.

Por su parte, Vox considera que ha consolidado su marca en Catalunya y se congratula de la bajada del independentismo. Su portavoz, José María Llanos, ha destacado: “La subida del Partido Popular y la consolidación del voto de Vox, que ha incrementado el porcentaje, aunque no hemos conseguido aumentar los escaños”.

¿Por qué los sumarios sobre independentistas se acumulan en el juzgado de Manuel García Castellón en vez de repartirse entre los otros cinco instructores de la Audiencia Nacional? A esta pregunta quieren intentar dar respuesta dos de los imputados en el caso Tsunami Democràtic, tras constatar que su caso deriva de otras dos causas relacionadas con el procés.

No es la primera vez que las distintas investigaciones sobre el independentismo que ha llevado García Castellón sobrevuelan una de sus causas. Las defensas de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo ya descubrieron hace unos años que su causa había nacido a partir de otra macroinvestigación secreta iniciada en 2017, con decenas de pinchazos telefónicos, balizas en coches y hasta con un 'troyano' para acceder a móviles de personas del entorno de Carles Puigdemont, cuyo sumario desveló elDiario.es.

La historia empieza a repetirse en el caso Tsunami. En un escrito, el empresario Oriol Soler y el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, representados por el abogado Benet Salellas, quieren saber por qué la causa se empezó a investigar directamente por parte de García Castellón a partir de otra causa anterior que ya tenía abierta en vez de enviarse a reparto entre los seis instructores de la Audiencia Nacional.

El caso Tsunami comenzó, según el primer tomo del sumario del caso, con un informe de la Guardia Civil del 17 de octubre de 2019 –tres días después de la protesta en el Aeropuerto de El Prat organizada por la plataforma– que podía bloquear varias páginas web. Ese informe, en el que se mencionaba otra comunicación del 7 de octubre, se entregó directamente en el juzgado de Manuel García Castellón, y la defensa quiere saber “el motivo” por el que no se registró en el juzgado central de guardia.

La defensa también solicita que el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) –el antiguo secretario judicial– deje “constancia fehaciente” de cómo nació el caso Tsunami, es decir, si el sumario se remitió al servicio de registro y reparto de la Audiencia Nacional y el por qué.

Argumenta la defensa que el método de instruir de García Castellón en los casos de los CDR y Tsunami –abrir nuevas causas a partir de otras anteriores que instruía él mismo– puede vulnerar varios derechos fundamentales. Según la defensa, el juez García Castellón habría empezado a investigar el Tsunami “indebidamente” y “haciendo caso omiso de las reglas de reparto establecidas”, lo que, a su juicio, “provoca una evidente vulneración al derecho al juez imparcial, independiente y predeterminado por ley”.

La acumulación de hasta tres causas relativas al independentismo por parte del mismo juez, ahonda la defensa, “tiende a parecer una auténtica causa general desgajada en distintas piezas sucesivas que han mantenido abierta una investigación de objeto amplísimo, tanto temporal como espacial”. Por si fuera poco, recuerda la defensa, el mismo García Castellón ha decidido investigar dentro del caso Tsunami algo que no tiene conexión con la plataforma como la presencia de “espías rusos” en Catalunya.

“No es propio de un derecho penal democrático iniciar una investigación penal general contra el independentismo catalán, sino que es propio de un derecho penal del enemigo”, remacha Salellas. A juicio de la defensa, el hecho de que el juez “troceara” en distintos procedimientos la “causa general” contra el independentismo “tiene un efecto letal en el derecho a la defensa” de los investigados.

Para reparar este efecto en el derecho de defensa, este abogado reclama tener acceso a las dos causas previas de las que deriva el caso Tsunami “tanto en su ramo principal como en la totalidad de sus piezas separadas respectivas”.

Las causas de García Castellón

Cabe recordar que la misma petición que ahora realiza Salellas en Tsunami para tener acceso a todos los sumarios de los que cuelga su caso ya fue realizada por las defensas de la causa de los CDR. El juez García Castellón se negó a entregar las causas a los abogados en varias ocasiones, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió una y otra vez al instructor y le obligó a proporcionar a los investigados los sumarios al constatar que era necesario para garantizar su derecho de defensa.

De la información que García Castellón trasladó a las defensas de los CDR se desprende la existencia de por lo menos dos investigaciones que dirigió él mismo en secreto, y que no han derivado en imputaciones formales, sobre el entorno de Carles Puigdemont en los meses posteriores a su marcha a Bélgica y sobre la exdiputada de la CUP Anna Gabriel tras irse a Suiza.

Pese a las decenas de intervenciones telefónicas e informaciones sobre decenas de personas, en ningún momento se les llamó a declarar como investigados ni tampoco han sido procesados. En círculos jurídicos se barajó la posibilidad de que fueran meras causas instrumentales para monitorizar la actividad del entorno de Puigdemont y la izquierda independentista, sin que hubiera un objetivo de sentar a nadie en el banquillo salvo giros de relevancia en las pesquisas. Pero de esas causas nacieron dos de los sumarios que más quebraderos de cabeza han traído para negociar la ley de amnistía: los CDR y Tsunami.

Dos juzgados pueden terminar investigando en paralelo la supuesta trama rusa del procés. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado pedir a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que le informe sobre la presencia en Catalunya de “espías rusos”, tal y como solicitaron dos agentes personados como acusación del caso Tsunami. Se da la circunstancia que el mismo juez ya cerró en 2020 unas pesquisas sobre la influencia rusa en el proceso soberanista.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juez acepta la petición de los dos agentes heridos, en lo que supone una nueva línea de investigación sobre la supuesta influencia rusa en el proceso soberanista, que ya instruye desde hace tres años el juez de Barcelona Joaquín Aguirre.

El juez García Castellón ya mantuvo abiertas unas pesquisas en 2020 sobre la presencia de agentes rusos en Catalunya, pero las cerró a petición de la Fiscalía, tal y como explicó en exclusiva este diario.

El sumario de ese caso reveló que el paso por Barcelona de un general de la Inteligencia militar rusa era solo una pata de una investigación más amplia y que pretendía indagar en presuntos vínculos de Moscú con una serie de independentistas. A diferencia de la causa que investiga el juez Aguirre, cuya Policía Judicial es la Guardia Civil, en las pesquisas de la Audiencia Nacional ese papel lo tuvo la Policía Nacional, a la que ahora García Castellón ha vuelto a pedir un informe sobre la trama rusa.

En febrero de 2024, dos de los policías personados en noviembre de 2023, en plenas negociaciones de la ley de amnistía, como acusación particular en la causa Tsunami Democràtic por las lesiones sufridas en los altercados producidos en Barcelona en 2019, pidieron al juez García Castellón que abriera una nueva investigación sobre la trama rusa.

El escrito de los policías, a los que representa el despacho Fuster-Fabra Abogados, se basó en noticias de prensa y añadió que no se ha encontrado ningún informe policial en la causa relacionado con “supuestas operaciones encubiertas de los miembros del servicio de inteligencia militar de Moscú (GRU)”, por lo que era necesario pedir otro informe a la Policía, tal y como ha acordado ahora García Castellón.

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga la supuesta influencia de Rusia en el proceso soberanista, ha pedido a su homólogo de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón si dispone de “informes policiales” sobre la presencia de agentes del servicio secreto ruso en España “por si pudieran ser de utilidad” en su investigación.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Aguirre solicita si en la Audiencia Nacional obran más informes policiales pese a que su causa sobre la trama rusa del procés está abierta desde hace tres años y no se reactivó hasta el pasado mes de enero, coincidiendo con las negociaciones por la ley de amnistía.

El juez Aguirre explica que realiza esta petición a la Audiencia Nacional por lo que “se desprende” de informaciones periodísticas.

La providencia del juez ha causado sorpresa y desconcierto a fuentes jurídicas, toda vez que es en el sumario que instruye el juez Aguirre donde hasta ahora hay más datos sobre la presencia de diplomáticos y ciudadanos rusos en las fechas más candentes del procés en 2017, y como intentaron (y consiguieron) llegar hasta las dependencias de la Generalitat que dirigía Carles Puigdemont y reunirse con algunos exaltos cargos.

En el juzgado de la Audiencia Nacional que dirige García Castellón no consta a día de hoy abierta ninguna causa sobre la trama rusa del procés. El juez sí mantuvo abiertas unas pesquisas en 2021, pero las cerró a petición de la Fiscalía, tal y como explicó en exclusiva este diario.

El sumario de ese caso reveló que el paso por Barcelona de un general de la Inteligencia militar rusa era solo una pata de una investigación más amplia y que pretendía indagar en presuntos vínculos de Moscú con una serie de independentistas. A diferencia de la causa que investiga el juez Aguirre, cuya Policía Judicial es la Guardia Civil, en las pesquisas de la Audiencia Nacional ese papel lo tuvo la Policía Nacional.

Este mismo martes, dos de los policías personados en la causa Tsunami Democràtic como acusación particular por las lesiones sufridas en los altercados producidos en Barcelona en 2019, han pedido al juez García Castellón que abra una nueva investigación sobre la trama rusa.

El escrito de los policías, a los que representa el despacho Fuster-Fabra Abogados, se basa en noticias de prensa y añade que no se ha encontrado ningún informe policial en la causa relacionado con “supuestas operaciones encubiertas de los miembros del servicio de inteligencia militar de Moscú (GRU)”. En consecuencia, solicita que se libre oficio la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que aporte cuanta información le conste.

Crítica nunca vista a la amnistía por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos. La máxima autoridad judicial de la comunidad ha cargado contra la ley de olvido penal del procés que se negocia en el Congreso al definirla como una norma que “privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía” y considerarla no como un elemento de “pacificación”, sino de “discordia”.

Barrientos ha pronunciado estas palabras en su discurso de bienvenida a los nuevos jueces que ejercerán en Catalunya, a los que ha llamado a “asegurar la aplicación efectiva de la ley a todos los ciudadanos por igual, sin excepciones ni privilegios y sin espacios de impunidad”, algo que, a su juicio, provoca la amnistía al “excepcionar la aplicación de otras leyes que siguen vigentes”.

En anteriores discursos institucionales, Barrientos ya se había referido a la amnistía, aunque de forma velada. Este lunes, sin embargo, lo ha hecho de forma explícita, al definir la ley de amnistía como “una norma que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía”. Según ha expresado Barrientos, la amnistía “nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación”, sino que genera “discordia”.

La afectación de la amnistía sobre la separación de poderes es una de las cuestiones que incide de forma más clara en el debate sobre la constitucionalidad de la medida. Un sector de los expertos considera que al suponer un borrón de casos todavía pendientes de juzgar, la amnistía socava el principio de separación de poderes y complica su viabilidad constitucional.

Barrientos ha hecho referencia a este debate académico alrededor de la ley de amnistía para cargar contra la misma pese a presidir en las próximas semanas (empezará el 10 de abril) un juicio potencialmente afectado por el olvido penal del procés. Se trata de la vista por los preparativos del 1-O que sentará en el banquillo a los colaboradores de Oriol Junqueras, la actual consellera Natàlia Garriga y los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Las defensas de los independentistas acusados barajaban pedir la suspensión de la vista si la amnistía se aprobaba en enero en el Congreso, pero su retrasa ha hecho postergar esa solicitud. Ahora las palabras de Barrientos abren la vía a que las defensas pidan al presidente del TSJC apartarse del juicio toda vez que se ha pronunciado públicamente en contra de una ley que estaría llamado a aplicar en caso de que se apruebe.

Dentro de unos días comenzará la andadura parlamentaria de la Proposición de ley de amnistía. Parece que todo apunta a que saldrá adelante. Desde la promulgación de la Constitución de 1978 hasta que comienzan a producirse las reacciones penales frente a las iniciativas políticas encaminadas a conseguir la independencia de Cataluña, nadie había puesto en cuestión, en trabajos académicos, la constitucionalidad de la amnistía. Las opiniones contrarias a su aplicación proceden de eminentes constitucionalistas y penalistas, pero en mi modesta opinión no me parece convincentes y no están avaladas por el Tribunal Constitucional. El recurso a la cita de los debates constituyentes nos lleva a la conclusión contraria. Es cierto que se propuso su inclusión en el texto constitucional y no se consideró necesaria debido a su excepcionalidad. El legislador constituyente solo excluyó la posibilidad de los indultos generales. En pura lógica si la hubiese considerado inconstitucional lo habría declarado expresamente añadiendo tres palabras al texto constitucional: no se autorizan los indultos generales y las amnistías. 

La sentencia de 25 de noviembre de 1986 del Tribunal Constitucional ante la ampliación de la amnistía por una ley de 1984 avala su constitucionalidad. Para quien quiere leerla con criterios gramaticales, lógicos y sistemáticos su posicionamiento es definitivo: es erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa pues se hallan entre sí en una relación de diferencias cualitativas. Para los dubitativos añade: la amnistía es siempre una institución excepcional. La posición del Tribunal Constitucional no permite considerar la amnistía como la hermana mayor del indulto.  

¿Por qué es justa y necesaria una amnistía? Trataré de desarrollarlo en un breve preludio. A raíz del “cepillado” por el Tribunal Constitucional del Estatuto de Autonomía, aprobado en un referéndum por los catalanes, los políticos independentistas ponen en marcha una nueva estrategia política. En el año 2012, en la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas, Artur Mas propuso la convocatoria de un referéndum al amparo de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. La Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, así como la convocatoria de dicha consulta, fueron declaradas inconstitucionales por la Sentencia 31/2015, de 25 de febrero de 2015, del Tribunal Constitucional. Para eludir la prohibición constitucional se acudió al subterfugio de plantear un proceso participativo o consulta alternativa que finalmente se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2014. 

Ante la derogación del delito de referéndum ilegal, incompatible con los principios de un sistema democrático, se forzó hasta límites intolerables el delito de desobediencia imputándoselo a Artur Más, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a dos años de inhabilitación, al considerar que desobedeció al Tribunal Constitucional, que había declarado ilegal la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. No existía delito de malversación según la redacción tradicional de nuestro Código Penal, pero se derivó el gasto de la consulta al Tribunal de Cuentas, que en noviembre de 2018 consideró que el Gobierno catalán usó el dinero público de forma irregular para financiar una consulta que había sido prohibida. El dislate jurídico, incomprensible en el resto de las democracias constitucionales, pasa por considerar que las decisiones de los Parlamentos y de los Gobiernos configurados en virtud de la investidura por la soberanía popular, pueden ser constitutivos de delito. 

Como no se había conseguido una respuesta suficientemente intimidativa por la vía penal, se creó un gabinete jurídico, con la exclusiva finalidad de taponar las grietas por las que se había evadido Artur Mas.  El Gobierno del Partido Popular promulga la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. Sustancialmente se modifica, entre otros, el articulo 92 en uno de cuyos apartados se establece la posibilidad de deducir el oportuno testimonio para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los que no cumpliesen sus resoluciones.

La ley fue recurrida por el Gobierno vasco y avalada por la Sentencia 185/2016, de 3 de noviembre de 2016, que cuenta con tres votos disidentes (Adela Asúa, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol). Considero de interés destacar un pasaje: “La lectura de la defensa que de esta proposición de ley hizo el representante de ese grupo parlamentario en su toma de consideración ante el Congreso de los Diputados y todo el debate que posteriormente se desarrolló en aquella sesión pone de manifiesto que la génesis de esta reforma legislativa está en indubitada conexión con lo que ha venido a denominarse el «procés constituent a Catalunya”.

Para reforzar el círculo punitivo se abandona la tradicional concepción de nuestros códigos penales sobre el delito de malversación. Se importa del código alemán la modalidad la administración desleal de fondos públicos, pero con notoria incongruencia se lleva al Título de los delitos contra el patrimonio por lo que es indefectible la concurrencia de un ánimo de lucro. La administración desleal es un concepto jurídico indeterminado difícil de diferenciar con la apropiación indebida. Por otro lado, no se encuentra en nuestra historia jurisprudencial ni en la de ninguno de los países de cultura jurídica semejante, sentencia alguna que considere la malversación como medio para cometer un delito de sedición.   

Todo lo acontecido en el proceso independentista queda reflejado, de manera irrefutable en el relato de hechos probados de la sentencia definitiva del Tribunal Supremo que se contiene en las páginas 24 a 60. Por supuesto que se puede disentir de su contenido, pero sobre este material tendrá que pronunciarse el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recientemente este Tribunal se ha manifestado sobre las demandas de los condenados de manera que nos permite vislumbrar cuál va a ser la decisión definitiva. Es interesante la invitación que se hace al Estado español para que llegue a un acuerdo amistoso antes del 14 de enero de 2024, lo que pondría fin al litigio y evitaría un pronunciamiento desfavorable y anulatorio de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No se trata de poner en cuestión al Poder Judicial español, ni siquiera al Tribunal Supremo, tampoco a los componentes de la Sala Segunda que no hayan firmado la sentencia, simplemente se activarían las normas y protocolos que se contienen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, firmado por España e incorporado en nuestro ordenamiento jurídico.

Una ley de amnistía que tome en consideración todos estos precedentes debe corregir el error de haber derivado el conflicto hacia una vía punitiva que nunca debió ser utilizada. Nuestra Constitución dispone de instrumentos mucho mejores que el derecho penal, como el artículo 155, para poner fin a decisiones que vayan contra el ordenamiento constitucional. Con este preludio, la amnistía puede ser una oportunidad para culminar el cierre de un conflicto que se debió afrontar exclusivamente con las previsiones constitucionales. Afectaría, como es lógico, a los políticos catalanes independentistas y a los ciudadanos y fuerzas de seguridad implicados en procedimientos penales. Los políticos independentistas beneficiados por esta medida, no tienen por qué renunciar a sus convicciones, pero deben ser conscientes de los límites y posibilidades que marca la Constitución y nuestra integración en la Unión Europea.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide hasta 27 años de cárcel para ocho de los 12 activistas de los Comités de la Defensa por la República (CDR) por los delitos de organización terrorista, tenencia de sustancias explosivas e intento de estragos de terroristas. Para los otros cuatro acusados la pena solicitada es de ocho años de prisión tan solo por el primer delito.

Pese a que la propia Audiencia Nacional sembró la duda sobre el delito de terrorismo al excarcelar a los detenidos que el juez había enviado a prisión preventiva, la Fiscalía viene insistiendo a lo largo de la instrucción en el carácter terrorista que, a su juicio, presenta la organización y las acciones que planeaban los CDR investigados. Su escrito de acusación de este viernes no es una excepción.

En su escrito, la Fiscalía considera que los acusados se integraron en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo de personas de diferentes Comités en Defensa de la República (CDR), que habrían conformado “una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias”.

Según el fiscal Miguel Ángel Carballo, los acusados presentaban una “gran radicalidad” y sus planes se habrían concretado en un intento de ocupación del Parlament de Catalunya coincidiendo con el segundo aniversario del 1-O “bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros”.

El fiscal describe un reparto de roles entre los acusados, con funciones de liderazgo y ejecución de las acciones. Ocho de los procesados se habrían dedicado a “labores de elaboración de la sustancia denominada termita”, un producto deflagrante empleado supuestamente para fabricar explosivos, mientras otros obtenían “material y financiación” para las actividades.

Los acusados, expone el fiscal, crearon un grupo llamado 'Batcueva' y que sería el encargado de “la fabricación y elaboración de las sustancias explosivas e incendiarias” en el domicilio de uno de los encausados. En las casas de tres de los acusados se incautaron abundantes materiales químicos, además de mapas de carreteras sobre posibles objetivos y manuales sobre la confección de explosivos.

“Además de dedicarse a la producción de los elementos componentes del agente incendiario Termita -ahonda el fiscal- los acusados realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias incendiarias y/o explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición de la propia termita”.

El fiscal también destaca la coordinación y el “permanente contacto” de los acusados a través de grupos de la aplicación de mensajería Signal llamados “ball de bastons”, “resistencia”, “las tortugas ninja”, “batman”, “Sociedad Alkoholica”, “GaarRapata” y “no surrender”.

En estos grupos, según la tesis del fiscal, los acusados utilizarían lenguaje en clave y se referirían a una “verbena”, a “fuegos artificiales” y a un “grupo de diablos” cuando en realidad hablaban de acciones violentas.

Según el fiscal, el grupo tenía como objetivos de los que había tomado imágenes o había realizado vigilancias varios edificios, como la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía Superior de Catalunya, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, torres de alta tensión o autopistas y peajes.

Los 12 CDR procesados habían sido uno de los nudos a resolver en las negociaciones sobre la amnistía entre el PSOE y los partidos independentistas debido a la acusación por terrorismo. En la ley registrada en el Congreso, este caso también estaría incluidos en la futura amnistía, ya que los casos de terrorismo solo se excluyen de la norma si tienen sentencia firme, algo que no ocurre con los CDR, que todavía no han sido juzgados.

Todos los 12 procesados permanecen en libertad a día de hoy. El sumario de los CDR saltó a la palestra pública con la operación que provocó la detención y encarcelamiento preventivo de seis de los investigado en septiembre de 2019 ante la sospecha del juez de que los procesados llevaran a cabo acciones contra la sentencia del procés o por el aniversario del 1-O.

Pese a rechazar archivar el caso, durante la fase de instrucción la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha puesto en duda “la existencia de una organización terrorista”, en referencia a los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), la supuesta célula de los CDR de la que habrían formado parte los procesados para llevar a cabo acciones como la ocupación del Parlament. Las defensas se servirán de estas dudas para intentar la absolución de los CDR si el juicio llega a celebrarse.

El grueso de los policías nacionales procesados por las cargas del referéndum del 1-O, que seis años después todavía esperan juicio, quedan fuera de la propuesta de amnistía de Sumar y En Comú Podem. Así se desprende del dictamen elaborado por un grupo de juristas a instancias de la formación de Yolanda Díaz y que se ha presentado este martes en Barcelona, con la vicepresidenta segunda en funciones en primera fila del público.

El dictamen, consultable al final de esta información, tiene dos partes: la justificación constitucional y política de una amnistía para resolver el contencioso catalán y el detalle de los encausados que estarían incluidos (y los que no) en el olvido penal del procés.

En este segundo apartado es donde el dictamen puntualiza, en referencia a los policías nacionales y guardias civiles investigados por las cargas contra los votantes, que la amnistía sí resulta de aplicación para todos los agentes encausados únicamente por lesiones.

Sin embargo, los juristas de Sumar rechazan aplicar la amnistía a los policías cuya actuación el 1-O “sea susceptible de ser calificada como delito de tortura y otros delitos contra la integridad moral”. La negativa se fundamenta en los tratados internacionales suscritos por España en contra de la impunidad de la tortura y el trato degradante.

En la práctica, el dictamen de Sumar implica que sí estarían beneficiados por la amnistía los 28 agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil que una jueza de Girona procesó por delitos de lesiones, pero a quien descartó llevar a juicio por torturas.

Por contra, el juez de Barcelona que investigó la actuación policial el 1-O en la capital catalana sí dejó la puerta abierta a las acusaciones del caso a acusar por delito contra la integridad moral o torturas, además de por lesiones, a los 45 agentes que sentó en el banquillo. El juicio de esta causa todavía no tiene ni fecha, pues la Audiencia de Barcelona debe resolver todavía los recursos del procesamiento.

Cabe destacar que en círculos jurídicos no se contempla ni mucho menos una condena generalizada por delito contra la integridad moral de los agentes, sino que se prevé que quede limitada a un pequeño número de actuaciones policiales más graves.

Con todo, este es un escenario de futuro, pues a día de hoy la actuación de los agentes sí podría ser considerada un delito contra la integridad moral (y así se prevé que lo califiquen las acusaciones de los heridos), lo que les dejaría fuera de la amnistía a juicio de la propuesta de Sumar.

De Puigdemont a las protestas

El dictamen ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Nicolás García Rivas; el profesor de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears Antoni Llabrés; el profesor de Derecho Penal de la Universitat de València Javier MIra; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaen Guillermo Portilla; y el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona Rafael Rebollo.

Por el lado independentista, el dictamen incluye dentro de la amnistía tanto la causa del procés del Tribunal Supremo, que mantiene imputado al expresident Carles Puigdemont e inhabilitados al exvicepresident Oriol Junqueras; como el resto de causas pendientes por la organización del 1-O de 2017 así como a los jóvenes que esperan juicio acusados de los disturbios que siguieron a la sentencia del Alto Tribunal en 2019.

El acto de presentación del dictamen se ha celebrado en medio de gran expectación mediática y ha contado con la presencia de uno de los exconsellers condenados por el Supremo, Joaquim Forn (Junts), pero no de miembros de ERC o el PSC. La presentación del texto ha corrido a cargo de García Rivas y el exdiputado de los comuns y negociador de Sumar Jaume Asens. “El derecho penal español no sufriría con la amnistía”, ha defendido el catedrático.

“En una democracia no mandan los jueces, mandan los ciudadanos”, ha aseverado Asens, que ha reivindicado la amnistía como una herramienta para “dejar fuera a la derecha judicial” de la resolución del conflicto. Además, ha advertido a los independentistas para que no frustren la investidura de Pedro Sánchez: “No podemos menospreciar la amenaza real que representa la carcunda del PP y Vox”.

En la segunda parte del acto han intervenido otros expertos que no han elaborado directamente el dictamen, como el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; el profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC Joaquín Urias; la catedrática de Derecho Penal de la UAB Merche García Arán, y la historiadora y profesora de la Universitat de Barcelona Rosa Lluch.

Más allá del debate jurídico sobre la amnistía, Lluch ha pedido a todas las partes del conflicto un mayor “reconocimiento del otro”. “Vivimos en una sociedad plural y hace falta más generosidad para rebajar la tensión”, ha expuesto Lluch, que se ha mostrado en desacuerdo con la respuesta penal al procés al tiempo que ha instado a Junts y a ERC a “reconocer que mintieron”.

Por su lado, los juristas han reivindicado la constitucionalidad de la amnistía. “La negociación no es posible mientras existan los escombros judiciales del procés”, ha señalado Pérez Royo. “La amnistía no es un favor a los independentistas, es una manera de devolver a la política lo que los jueces sacaron de ella”, ha añadido Urías, mientras que García Arán ha remarcado la medida no busca que el Estado “pida perdón” ni el “arrepentimiento” de los independentistas, sino que pretende “avanzar en un encuentro en beneficio de la convivencia”.

La amnistía, constitucional

La mitad del dictamen se adentra en el debate jurídico para justificar no solo que la amnistía es una medida plenamente constitucional, sino que es la mejor herramienta posible para solventar el contencioso catalán. La justificación de la ley que contenga la exposición de motivos de la eventual norma será fundamental de cara al examen de constitucionalidad que realizará, en caso de aprobarse la ley, el Tribunal Constitucional.

 “La amnistía que se propone para España en 2023 tiene como finalidad resolver desde un punto de vista político el conflicto existente entre Cataluña y el Estado español desde hace algo más de una década”, reza el dictamen encargado por Sumar.

Los requisitos de la futura Ley de Amnistía, ahonda el dictamen, son que se justifique un motivo legítimo para aprobarla (en este caso, la resolución del procés), que adopte la forma de ley orgánica, que incluya su ámbito de aplicación de acuerdo con el principio de igualdad y que respete los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El texto argumenta que la amnistía es necesaria tras constatar el “fracaso” de la vía penal para poner fin al “desafío” a la Constitución que supuso la aprobación de las leyes independentistas en el Parlament el 6 y 7 de septiembre de 2017. El dictamen mide muy bien el lenguaje y es crítico tanto con la vía unilateral soberanista como con la sentencia del Supremo y la represión penal a manifestantes.

El documento sitúa el origen del conflicto en la sentencia del Constitucional que recortó el Estatut. Sobre los hechos del otoño soberanista de 2017, el dictamen afea la vía unilateral que emprendieron el Govern y el Parlament, que generó “un conflicto jurídicamente grave con el Estado español”, ya que se aprobaron las leyes independentistas “fuera de las competencias reconocidas por la Constitución española y por el Estatuto catalán”.

A su vez, el dictamen critica la sentencia del procés del Tribunal Supremo, que a juicio de los profesores “supuso la expresión de una política criminal que se sirvió de una aplicación muy discutible de la normativa penal vigente, sin explorar otras alternativas menos aflictivas”.