Ayuso está indignada. Dice que los profesores en huelga no la respetan. Sostiene que están politizados, aunque la huelga indefinida se acordó en mayo y tuvo fecha fijada en junio, y aunque llevan tres cursos pidiendo lo mismo sin atisbo de respuesta. Exige respeto Ayuso, cuando resulta bastante difícil (si no imposible, lo dejo en vuestras manos) recordar a un presidente autonómico que haya faltado tantas veces al respeto a una parte de la ciudadanía a la que gobierna. Ayuso exige respeto mientras insulta, proclama la libertad como lema mientras desacredita las protestas que no le favorecen y denuncia la violencia verbal ajena mientras lleva años practicando la agresividad retórica. Ella y su entorno, con Miguel Ángel Rodríguez como maestro de ceremonias, por supuesto, del festival del agravio.

He tratado de hacer un ejercicio de memoria sobre la retahíla de descalificaciones e insultos de Ayuso durante los últimos años. Hay hemeroteca para rato, advierto. Y seguro que me dejo algo. Empiezo por lo más reciente. La presidenta ha llamado a los profesores en huelga “coro rociero”, “violentos” y gente “untada por los sindicatos”. Los llamó “violentos”, de hecho, el mismo día en que la policía cargó y lanzó pelotas de goma contra una concentración de profesores a las puertas de un acto suyo, para abrirle paso. A los manifestantes por la vivienda los llamó “saltimbanquis con Macintosh”, a los de Sol casi que terroristas, gente que no ha estudiado ni sabe de qué va la vida. Con las mujeres feministas tiene una larga trayectoria. Dijo de ellas que su forma de ver la vida era “propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas”. Y este mismo año las animó, nos animó, a irnos “solas y borrachas por Teherán” y a llevarnos amigos gais, “a ver cuándo los cuelgan de las grúas”. Las asociaciones de familiares de fallecidos en las residencias durante la pandemia han tenido que escuchar cómo las calificaba de “plataformas políticas” repetidamente, mientras despachaba las preguntas de la oposición sobre las residencias con un “siempre con las mismas mierdas”. Siendo las “mierdas”, en este caso, las reclamaciones de explicaciones y responsabilidades por la muerte de miles de mayores, muchos de ellos sin recibir la atención hospitalaria que necesitaban. A los profesionales de Atención Primaria llegó a insinuarles un boicot porque no se atendían las llamadas telefónicas. 

Para la presidenta madrileña parece haber dos clases de ciudadanos, aunque su obligación sea representarlos a todos. Por un lado están quienes pueden expresarse libremente porque piensan como ella. Por otro, quienes al protestar se convierten automáticamente en violentos, manipulados, malcriados o saltimbanquis. El poder solo se puede cuestionar en una dirección, la que mira hacia Moncloa. A quienes lo hacen en esa dirección, sobre todo en la esquina de la calle Ferraz, se les aplaude, se les anima y se les moviliza. Si Pedro Sánchez sale corriendo de Paiporta, es “el galgo de Paiporta”, apodo que la propia Ayuso se encargó de popularizar. Si es Ayuso quien tiene que salir por una puerta lateral entre protestas, estamos ante un atropello intolerable.

¿Con qué autoridad puede denunciar Ayuso la crispación si contribuye a alimentarla sin descanso? Sería extraordinario verla defender su gestión sin faltar al respeto a quienes la cuestionan, que están en todo su derecho de hacerlo. Ayuso reclama respeto para la autoridad, pero olvida con demasiada frecuencia el respeto que la autoridad debe a los ciudadanos, a todos y cada uno de ellos. 

La comunidad educativa madrileña ha vuelto a tomar las calles de la capital este jueves, en el séptimo día de la huelga indefinida en defensa de la educación pública. Profesorado, estudiantes y familias han exigido la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y han reclamado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que se siente a negociar.

La marcha, que ha partido desde Atocha a las seis de la tarde, ha puesto el foco en la negativa a negociar del Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Deja de insultar y ponte a negociar”, reprochaban los asistentes haciendo alusión a las recientes declaraciones de Ayuso, quien también ha sido señalada con diversas pancartas y cánticos: “Aquí está el coro rociero”.

Mientras avanzaban por el Paseo del Prado, la comunidad educativa insistía enfurecida. “Mercedes escucha, la pública está en la lucha”, clamaban, para después señalar a la huelga indefinida: “A Zarzalejo le queremos preguntar: '¿cuánto tiempo puede aguantar cuando todas dejemos de enseñar? Poco después, en Cibeles, le han dedicado una sentada bajo el lema: ”Zarzalejo, siéntate un ratejo“. Y frente a la sede de la Consejería de Educación han vuelto a pedir su dimisión.

Las familias se unen a la marea verde

A la marea verde y amarilla se han sumado también 297 Asociaciones de Madres y Padres y las Asociaciones de Familias del Alumnado (AMPAS y AFAS) para manifestar su apoyo al profesorado. En un comunicado conjunto admitían conocer de “primera mano” las dificultades que padecen y se han apropiado de las mismas reivindicaciones: “Su lucha es la nuestra”. 

Las familias han denunciado también la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tildan como “grave e irresponsable”. De igual forma han mostrado su rechazo a las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso: “Ha optado por desacreditar la huelga, cuestionar su legitimidad y rechazar la negociación”.

La huelga indefinida continúa

Ante la ausencia de negociación, la comunidad educativa mantiene la huelga indefinida. Diversas proclamas se han referido a ella: “Ia, ia, ia, huelga indefinida”, “Arriba, arriba, arriba todos a luchar, que esta huelga la ganamos, esta huelga la ganamos y no vamos a parar”.

En la lectura del manifiesto han señalado el éxito de la misma: “Un 50% de participación y miles de personas en la calle”. Coincidía la portavoz de la UGT, quien ha recalcado la unión de la comunidad educativa: “Cuando nos organizamos tenemos fuerza para cambiar las cosas”.

Los convocantes han subrayado la resistencia mostrada en esta primera semana, “no han podido parar la huelga pese a la presión policial del martes, afirmaban, para posteriormente ser ratificado por la portavoz del Sindicato de Estudiantes: ”Es algo histórico, enorme. Tenemos que ampliar y sostener con la misma fuerza. Cada persona que suma nos hace más fuerte“.

Centenares de profesores y profesoras se reúnen este jueves a las puertas de la Asamblea de Madrid para presionar a las autoridades para que se sienten a negociar y en protesta por una educación pública de calidad. A solo unos metros, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se presenta como una víctima de “acoso” y afirma que por cada profesor que reclama sus derechos “hay nueve activistas” que de “manera fascista” se manifiestan contra ella.

Los docentes han bloqueado una de las calles aledañas al edificio y han reclamado la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. “Se tendrían que sentar con nosotras. Estamos dando todos los pasos hacia delante. Estamos saliendo a la calle, estamos hablando con las familias, estamos con nuestros alumnos”, replica Sonia una docente y miembro de Menos Lectivas en conversación con elDiario.es. Esta profesora afirma que la educación de los niños y niñas no se ve perjudicada por la huelga, sino por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que “no garantiza su calidad”.

“Lo que esperamos es que se sienten a negociar con nosotras, que es su deber como dirigentes de este gobierno. ¿Cómo no te vas a sentar con 45.000 personas que estamos haciendo la huelga? Es que estamos ojipláticas”, añade. A la protesta han acudido también personas vestidas de rocieras, en referencia a las críticas de Isabel Díaz Ayuso, que tildó las protestas de los docentes de “coro de rocieros”.

Los colectivos insisten que quieren, al menos, una respuesta de la Consejería. “Al menos que se sienten a escucharnos, que nos escuchen (...) Pensamos que viniendo aquí a lo mejor puede hacerse notar que esto tiene que ser urgente y que se tienen que sentar ya. Queremos una respuesta”, afirma Rubén, profesor de educación primaria.

La Marea Verda ha ido llegando desde las 9 horas a los alrededores de la Asamblea de Madrid. En el marco de su protesta, también han ido desplegando farolillos por las calles aledañas en alusión a las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien calificó las protestas como un “coro rociero” que iba tras ella.

El presupuesto de la biblioteca de Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha pasado de gastar 60.000 euros en libros a 15.000. El centro ha perdido un 40% de su presupuesto en seis años, cuenta su director, Javier García. Muchas clases no tienen aire acondicionado o no funcionan, como sucede con la calefacción. El pasado curso, la instalación eléctrica del centro dijo basta diferentes días porque había demasiados aparatos enchufados para su capacidad.

Quizá por lo icónico del edificio, un reconocible cubo de hormigón en el medio del campus, quizá por su estado, o por tener un personal —docentes, administrativos y estudiantes— especialmente combativo, esta Facultad se ha convertido en los últimos años en el corazón de las protestas de la comunidad universitaria en Madrid. Se cae a pedazos, pero no se resignan. “El alumnado y el profesorado están haciendo una colaboración extraordinaria. Esta situación la llevamos con mucha creatividad, esfuerzo y diálogo. Estamos haciendo malabares y milagros para que las cosas funcionen”, explica su decano, Ángel Rubio.

Pero mientras intentan “que el alumnado no deje de aprender” también reivindican, y las seis universidades públicas madrileñas se unirán a la huelga educativa los próximos 4 y 5 de noviembre. Ciencias de la Información puede ser la cara visible de las protestas, pero no es un caso aislado. Todas las facultades de todos los campus públicos madrileños sufren la infrafinanciación de la Comunidad de Madrid, que ha tenido que rescatar de urgencia a dos de ellas, con la Complutense a la cabeza, por no haberles transferido suficiente dinero para su funcionamiento normal.

Asfixiado por la deuda y para poder pagar los intereses de ese rescate, Joaquín Goyache, el rector de la Universidad Complutense ordenó hace más de un año a facultades y departamentos a reducir sus gastos en un 35%. “Impacta en todas las partidas”, explica Rubio, pero destaca que el principal problema de la Complutense es la falta de personal técnico, administración y conserjes“.

“El pago de la deuda de la Universidad descansa en el Capítulo I [del presupuesto], que son los salarios de los empleados públicos”, afirma Rubio. Se ha dejado de reponer las jubilaciones. “Se recurre a gente que ya está llegando al máximo de su capacidad. El personal trabaja mucho más por lo mismo”, sostiene el decano. 

En unas circunstancias parecidas se encuentra la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En los acuerdos que firmaron los seis rectores con la Comunidad de Madrid el pasado 3 de marzo para tratar de revertir la crisis, a la UPM le tocaron 246.5 millones de euros, pero, según explica Fernando Varas, profesor de la Facultad de Ingeniería del centro, si se actualiza el gasto de personal de 2025 con el IPC, “dicho capítulo necesita 260 millones de euros”. La falta de fondos también afecta a la investigación, tercia Ignacio Ballesteros, también profesor en la UPM.

El pacto de financiación no cumple con la Ley

Varios profesores de la Complutense analizaron aquel pacto —a varios años vista— y concluyeron que en su momento de máxima financiación, “la Comunidad de Madrid alcanza el 0,4% del PIB, mientras que la LOSU —Ley Orgánica del Sistema Universitario— obliga al 1% y la media nacional se sitúa en el 0,7%”. Los presupuestos del centro no llegan a cubrir completamente las nóminas del profesorado. “El déficit acumulado supera los 1.150 millones de euros”, indica el análisis. Entre 2021 y 2025 la Complutense “acumula una deuda de 365 millones de euros”.

El decano Rubio sostiene que “el golpe más inmediato” que han sufrido es “el calor en el edificio y en las aulas. El coste de la instalación del aire acondicionado en una sola planta es muy elevado, pero no sabes lo que es dar clase con las temperaturas que se alcanzan”.

Esto también lo perciben los alumnos de la Facultad y de otras universidades públicas. Violeta destaca que la diferencia térmica entre la clase y la cafetería es “enorme”: “En clase te mueres de frío y en la cafetería te asas de calor”, afirma. Sofía, alumna de la Facultad de Ingenieros Aeroespaciales, añade que “en otros edificios de la Facultad tampoco funciona la calefacción en invierno”.

No son solo las clases el problema. Belén Rodríguez, profesora e investigadora de la Facultas de Ciencias Físicas apunta que en los despachos se han registrado temperaturas de hasta “39 grados”.

Solución “creativa” para equipos viejos

El Decano de Ciencias de la Información también sostiene la falta de inversión para mejorar las herramientas de trabajo “como el software, las licencias de Adobe y los equipos informáticos”, que, en la actualidad, logran solventar “de una manera muy creativa”. Incluso, para cualquier necesidad que se requiera tienen que “calcular los gastos al céntimo”.

El edificio, fundado en 1971, se desmorona. Ahora, “después de 50 años”, se están acometiendo las obras de reforma en los vestuarios del personal técnico y de administración. Este espacio se encontraba en “condiciones infrahumanas”, dice el decano. “Pasar por ahí era pillar una infección segura”.

Los problemas se multiplican en todos los frentes. Rubio asegura que “no habrá prácticas si no se mete dinero” y, por ende, “sufrirán las consecuencias las clínicas hospitalarias y universitarias” de la Universidad. 

Belén Rodríguez, la investigadora de Físicas también señala el desborde que sufren ella y otros docentes en sus labores: “En una universidad que no tiene un duro, o lo haces tú o no te pueden ayudar, no hay una infraestructura para esto, todo lo hacemos nosotros”.

“Todo es precario y nos afecta. Se juega mucho con que tenemos mucha vocación con lo que hacemos y, la investigación, la mantenemos haciendo horas extras”. Asimismo, la investigadora resalta el potencial de la Complutense por sus investigaciones “punteras a nivel internacional en muchos temas”. Sin embargo, les “falta gente para que esto funcione”.

Hasta publicar artículos científicos es complicado en una situación que tiene mucho de círculo vicioso. Una revista estándar puede cobrar unos 3.000 euros por publicar un artículo y, cuenta la investigadora, “si no tienes financiación, es difícil publicar y, por ende, que te den proyectos de investigación”. Y si no se investiga no se publica y si no se publica no se progresa en la academia.

Sofía, alumna de la UPM destaca que en su Universidad “han subido los precios de las matrículas, ha bajado la calidad y todo deja mucho que desear. El material es bastante obsoleto, en los laboratorios es bastante duro y eso es impensable en una ingeniería que tiene que estar al borde de la innovación”.

Frente a la Delegación del Gobierno en Madrid, la denuncia de las cargas policiales; frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, el reclamo de que Mercedes Zarzalejo se siente con ellos a negociar. Cientos de profesores se han manifestado de forma solemne por el centro de la capital al caer la noche para protestar por la actuación de la Policía Nacional que ayer dejó varios docentes en huelga golpeados. Los agentes cargaron mientras los concentrados en los alrededores del Palacio de los Duques de Santoña, en la zona de Huertas, donde se encontraba Isabel Díaz Ayuso, no podían escapar por ningún lado. La movilización ha comenzado con varios minutos de silencio una vez superadas las 20.30 horas rotos por los cánticos “somos docentes, no delincuentes” y “educación pública”. Con luces y linternas, los manifestantes han recorrido la Castellana con soflamas en contra de la violencia policial. “Menos Policía y más filosofía”, coreaban.

Ni doce horas después de producirse ayer las agresiones por parte de la Policía, más de 20 colectivos y sindicatos llamaban a esta movilización en solidaridad con las personas golpeadas y para mostrar su más profundo rechazo a actuaciones policiales de tal calibre. La protesta ha partido desde la sede de la Delegación del Gobierno, con el socialista Francisco Martín al frente, y ha concluido unos 2,5 kilómetros más allá, en la calle Alcalá, delante de la Consejería de Educación, liderada por Zarzalejos (PP).

“Solo pedimos que nos escuchen, que se sienten a negociar con el comité de huelga y dejen de insultar a los docentes de la Comunidad de Madrid”, ha reivindicado Andrea Ordóñez, miembro del comité de huelga por parte de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La postura que defiende el Gobierno regional es inflexible: no solo han afirmado que el profesorado está preparado para hacer “arder las calles”, sino que han tildado sus medidas de presión pacífica como de “coro rociero” al perseguir y demandar a Ayuso y sus adláteres que se sienten a escucharles.

Ordóñez fue una de las profesoras golpeadas por la Policía Nacional ayer. “Se nos pidió desalojar la zona, pero era imposible porque nos cerraban agentes por delante y por detrás. Cuando intenté negociar con el mando y evitar la carga, me sacaron del grupo y me empujaron contra una pared. Ahí me golpearon dos veces con la porra”, ha asegurado esta profesora de Geografía e Historia de un instituto en Humanes de Madrid.

Tanto ella como todos los manifestantes que esta tarde han recorrido el centro de Madrid critican duramente lo ocurrido. En concreto, 8.000 personas, según los organizadores, y 2.000, según Delegación del Gobierno. “Nuestros cánticos y acciones no son violentas, todas nuestras acciones son pacíficas, pero la presidenta de la Comunidad forzó todo lo que pudo para que Delegación ordenara la carga”, ha opinado esta integrante del comité de huelga mientras a su alrededor se escuchan cánticos como “la profe luchando también está enseñando”.

Solemnes y contundentes

El cariz que ha tomado esta protesta ha sido bastante diferente a las anteriores. En esta ocasión, las camisetas que suelen formar esa gran marea verde en defensa de la educación pública han dejado paso a un negro que denotaba determinación. “Frente a su violencia, educación”, ha subrayado Ordóñez. “El Gobierno no tiene razón y lo sabe. Sus faltas de respeto son continuas e injustificadas. Solo quieren menospreciar a todo un colectivo sobre el que son responsables”, ha añadido la sindicalista, quien ha negado rotundamente que estos paros tengan motivos electoralistas: “Llevamos meses preparando esta huelga y años saliendo a las calles para mejorar las condiciones y defender una educación pública digna”.

Dani es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que ha acudido a la protesta junto a su padre. Ambos se solidarizan así con las damnificadas por la violencia policial ejercida ayer. “Hay una represión a toda una serie de reivindicaciones que tratan de oponerse a la privatización de los servicios públicos y la neoliberalización de la vida”, ha expresado el docente universitario cuando la marcha enfilaba ya la Castellana.

Desde su punto de vista, ante una revuelta generalizada para defender la igualdad y el acceso a unos servicios básicos mínimos, “su única respuesta es la violencia totalmente injustificada y desproporcionada”, según sus palabras.

Este joven de menos de 30 años no entiende qué ocurre con la Delegación del Gobierno. “Es su responsabilidad la actuación de la Policía en las manifestaciones, pero luego hacen declaraciones mediáticas y parece que no la controlaran, como si los mandos policiales actuaran por su cuenta reprimiendo protestas según su preferencia”, se explaya. La comparativa frente a la actuación policial en protestas de la extrema derecha es llamativa para el profesor de la UCM: “Aquí hay un problema de connivencia entre mandos policiales y las Fuerzas Armadas con la ultraderecha. Es algo cada vez más notorio”.

Para Manuel Montilla, la actuación policial de ayer se suma a la que tuvo lugar el miércoles pasado en la UCM contra universitarios en huelga. “Yo no sé si es problema de la Policía o de nuestros representantes políticos, pero ahí hay un problema”, se ha quejado este profesor de Filosofía en un instituto de Getafe. “Yo lo que quiero es que dejen de golpear a mis compañeras y que se nos deje de insultar y degradar de forma pública”, ha añadido.

La protesta llegaba a Colón en torno a las 21.30 horas cuando este docente ha criticado que el Gobierno regional “esté dejando morir la educación pública” en detrimento de otros modelos que benefician a empresas privadas. “Estamos abandonadas por una clase política centrada en debates electorales en lugar de querer solucionar esta situación gravísima. Madrid es la región en la que menos se invierte por alumno”, ha incidido Montilla, que deja un recado a Zarzalejos: “Este dinero que el profesorado en huelga estamos sacrificando cada día podrían invertirlo en mejorar las infraestructuras de los centros, que están que se caen”.

En ese punto, los manifestantes han realizado una sentada al grito de “Zarzalejos siéntate”, como forma de exigir una negociación que ponga fin a los paros. Del mismo modo, a lo largo de la protesta no han dejado de corearse cánticos contra la actuación policial, tales como “antes de pegar, al rincón de pensar”, “menos policía y más filosofía”, “menos maderos y más lapiceros” y “un negativo para el dispositivo”.

Algo alejada de Montilla estaba Ana Salazar, miembro de Menos Lectivas, el colectivo de docentes de la Comunidad que lucha por una educación pública de calidad. “La Policía actúa así porque molestamos, porque nuestra voz está siendo escuchada por la ciudadanía. La gente ve que no pedimos nada extraordinario, sino las medidas justas y necesarias para que el alumnado se eduque en unas condiciones dignas”, ha desarrollado esta profesora de Geografía e Historia en un centro de Móstoles.

En cuanto a la investigación anunciada por Martín, el delegado del Gobierno, para dirimir responsabilidades ante la actuación policial de ayer, Salazar ha puntualizado que “debería poner orden en su casa”. En un encuentro mantenido esta tarde con el comité de huelga, Martín ha mantenido el compromiso de la Delegación “con la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga y reunión”. Del mismo modo, ha defendido la “profesionalidad con la que la Policía Nacional actúa en nuestras calles” y la existencia de garantías que permitan investigar un uso desproporcionado o no justificado de la fuerza.

La manifestación ha terminado en torno a las 22.00 horas frente a la Consejería de Educación madrileña, contigua al Ministerio de Educación, donde los asistentes ha mantenido un minuto de silencio, de nuevo con las linternas mirando al cielo, en solidaridad con los afectados por la brutalidad policial, estudiantes universitarios incluidos. Después, la lectura de un comunicado ha puesto el broche final a esta noche de reivindicación.

Ordóñez, la integrante del comité de huelga por parte de CNT, recalca que el profesorado se mantiene con los “ánimos bastante fuertes” ahora que se aproxima la primera semana de huelga indefinida. Le sigue la propia Salazar, que cifra el seguimiento de los paros en más de un 50 % de media. “La negativa de la consejera a negociar nos deja ojipláticas”, ha abundado la profesora de Móstoles. Ella misma ha concluido con una pregunta dirigida a Zarzalejos: “Somos 45.000 docentes en huelga. ¿En serio no nos va a escuchar?”.

La USTEC, CGT, la Intersindical, COS, CNT y la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) han abierto una consulta al personal educativo para saber si estarían dispuestos a iniciar una nueva ronda de huelgas durante la campaña electoral y en qué formato.

La encuesta plantea tres cuestiones: si la persona está dispuesta a hacer huelga, si participaría en una movilización de toda la comunidad educativa de la pública, y qué propuesta de huelga considera más adecuada. Entre las opciones están un sólo día de paro; dos, siendo uno de ellos sólo de ámbito territorial; tres, siendo uno territorial y dos en toda Catalunya; y cuatro, dos territoriales y dos catalanes.

La consulta, que estará activa hasta el viernes 23 de octubre a las 12h, se plantea como una “continuación” de las jornadas de huelga de inicio de curso. Los sindicatos han constatado que se sumarán al paro general del próximo 11 de noviembre, pero aseguran que eso no quita que quieran abrir un nuevo calendario de huelgas sectoriales aprovechando la campaña electoral.

Con todo, han instado al Govern a volver a abrir una negociación “real” para “blindar la educación pública”. La USTEC ha alertado de que si no hay avances, seguirá convocando huelgas y, además, se plantean trabajar por un paro educativo a nivel estatal.

El Gobierno de Dinamarca ha presentado un polémico proyecto de ley en el Parlamento para autorizar a los profesores a utilizar la fuerza física contra un alumno que acose a otro o perturbe la clase “de manera significativa”. La propuesta señala que la intervención física por parte del profesor “siempre debe ser el último recurso”, pero, en caso de que sea necesario, los profesores podrán “agarrar a un alumno, retenerlo en su sitio o llevarlo fuera del aula en contra de su voluntad”.

La reforma es una de las iniciativas más controvertidas de los últimos años en Dinamarca, cuyo sistema educativo ha sido reconocido durante décadas por dar autonomía a los alumnos y promover la confianza y el igualitarismo entre profesores y estudiantes.

El anterior Gobierno socialdemócrata ya intentó sacar la polémica ley adelante hace un año, pero la convocatoria anticipada de elecciones obligó a aplazar la votación. Ahora, la propuesta ha sido presentada mediante un acuerdo entre las cuatro formaciones que integran la coalición de Gobierno de centroizquierda, que incluye a los socialdemócratas, el Partido Popular Socialista, el Partido Social Liberal y los Moderados.

Desde el Ministerio de Educación se defiende la medida con el argumento de que la ley brinda seguridad a los profesores al establecer “normas claras sobre cuándo pueden intervenir físicamente en situaciones de violencia y comportamientos disruptivos en el aula”.

En un comunicado del Ministerio, se ponen ejemplos de cuándo el profesor podrá usar la fuerza, como en el caso de que “un alumno golpea a otro, destruye objetos o se pone en peligro a sí mismo o a otros compañeros”. El texto también recoge que, en situaciones menos graves, el profesor primero debería intentar resolver la situación de otras formas, por ejemplo, mediante una conversación o alejando al alumno de la situación conflictiva. Además, cualquier intervención física “deberá limitarse al mínimo imprescindible, tanto en intensidad como en duración”, y llevarse a cabo preservando la integridad personal del alumno, según el texto.

Para justificar la necesidad de esta ley, el Ministerio de Educación apunta al deterioro de la convivencia en las aulas y aporta datos al respecto. “Más de uno de cada cuatro profesores cree que la violencia ha aumentado dentro de las aulas y uno de cada cinco profesores ha sufrido actos de violencia, unas cifras que han ido en aumento en los últimos 12 años”. A estos datos se suma un estudio publicado por el diario Berlingske, según el cual en el 55% de las clases hubo algún episodio de violencia durante el último año, mientras que en el 36% de las clases estos incidentes se producen al menos una vez al mes.

Profesores a favor y en contra

El proyecto de ley ha suscitado duras críticas entre profesores y expertos en educación, que advierten del riesgo de erosionar la confianza entre profesores y alumnos y de normalizar el uso de la fuerza como respuesta a los conflictos en las aulas. Otros sindicatos y organizaciones de docentes, en cambio, defienden que la reforma es necesaria ante las dificultades a las que se enfrentan cada día.

El ministro socialdemócrata de Educación, Magnus Heunicke, defiende que, para que haya paz, orden y un buen ambiente de trabajo en las escuelas, “los profesores no deberían tener dudas sobre lo que deben hacer cuando una situación empeora. Y ningún profesor debería tener miedo a ser despedido por haber intervenido cuando era necesario en una situación violenta”.

Hasta ahora, la ley solo permitía a los profesores sujetar físicamente a los alumnos cuando existiera un riesgo para su seguridad o la de otras personas. Sin embargo, cuando el nuevo proyecto de ley salga adelante, los docentes podrán volver a recurrir a la fuerza en más supuestos, casi 60 años después de que Dinamarca prohibiera los castigos corporales en las escuelas.

El sindicato danés de profesores (Danmarks Lærerforening) lleva tiempo reclamando más herramientas para gestionar los problemas de convivencia en las aulas, especialmente ante los alumnos que interrumpen las clases y se niegan a seguir las indicaciones de los docentes o a abandonar el aula. El presidente del sindicato, Gordon Ørskov Madsen, celebra el proyecto de ley y cree que “se trata tanto de fortalecer la seguridad jurídica de los profesores como, en gran medida, también de garantizar el derecho de todos los estudiantes a una buena educación”, según afirmó en un comunicado. Según una encuesta del propio sindicato, el 58% de los profesores se plantea cambiar de profesión, no porque no les guste su trabajo, sino por el agotamiento que sienten ante la situación en las aulas.

Deterioro de la situación en las aulas

En la última década, Dinamarca ha impulsado una retahíla de reformas educativas para tratar de adaptar los centros al uso de las nuevas tecnologías, mejorar las condiciones laborales de los profesores y afrontar los problemas de convivencia en las aulas. El anterior ministro socialdemócrata de Educación, Mattias Tesfaye, convirtió el regreso de la “disciplina” y la “autoridad” en las escuelas en una de sus prioridades. También criticó a los padres cuyos hijos tenían “PDO”, según dijo el ministro, siglas de la expresión danesa pissedarligt opdragede, literalmente traducida como “unos maleducados de mierda”.

En este contexto, Louise Klinge, una de las voces más habituales en los medios daneses en materia educativa, se ha mostrado muy crítica con la nueva reforma y las políticas impulsadas por el Gobierno en los últimos años. “Es una solución desesperada e ineficaz para un problema mucho mayor y conlleva el riesgo de crear un entorno más inseguro en los centros”, defiende.

Klinge apunta que existe un problema de fondo que se ha ido gestando a raíz de las reformas educativas introducidas en Dinamarca durante los últimos 15 años. La investigadora sostiene que estos cambios han restado tiempo a los docentes para preparar las clases, han favorecido la incorporación de personal sin formación pedagógica (que representa el 20% de la plantilla) y han acelerado la digitalización de las aulas, donde los alumnos pasan una media de tres horas y media diarias frente a una pantalla. Para la investigadora, la receta para mejorar las escuelas pasa por tener más recursos y una mejor formación de los profesores, que hoy se sienten desbordados por la situación. “Los políticos no deberían inventar más reformas. Simplemente deberían priorizar los recursos y el dinero para las escuelas”, dice.

Para Rasmus Kjeldahl, director de la organización de defensa de los derechos de la infancia Børns Vilkår, el proyecto de ley es “un paso retrógrado” que permite a los profesores “ser más duros con los estudiantes”. Kjeldahl subraya que detrás de los comportamientos disruptivos de algunos alumnos puede haber, en muchos casos, situaciones de vulnerabilidad, por lo que “si la respuesta es simplemente sacarlos por la fuerza del aula, solamente aumentará el número de problemas”. En cambio, Kjeldahl defiende que “la verdadera autoridad del maestro es básicamente ser capaz de crear una educación emocionante y atractiva para los niños, pero para esto se necesita destinar los recursos adecuados a las escuelas”.

Cada día de huelga le cuesta a un docente unos cien euros, arriba o abajo según la etapa en la que trabaje, su experiencia y otras circunstancias personales. Con ese punto de partida, un paro indefinido como el que se desarrolla en la Comunidad de Madrid estos días es todo un reto para quienes lo quieren seguir de manera intensa. Y, quizá no todavía, pero el desgaste irá haciendo mella, son conscientes los convocantes. “Estos días estamos notando muchísimo seguimiento”, explican desde el colectivo de docentes Menos Lectivas, “y aunque sabemos que irá bajando, obviamente, necesitamos que se mantenga la presión y se note la ausencia de profesorado en los centros”, reflexionan.

La experiencia de las compañeras de Educación Infantil, en huelga indefinida desde el pasado mes de abril alrededor de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), está siendo de mucha utilidad, explican estas docentes. El apoyo familiar, los mercadillos solidarios, la venta de merchandising de todo tipo, las cajas de resistencia y los turnos para faltar en el centro (en algunos casos) son los principales elementos que ayudan a sobrellevar el varapalo económico que supone exigir mejoras por la vía de la huelga.

La organización varía según el centro. En algunos institutos, los docentes han recurrido a un sistema de turnos para distribuir los días de huelga, de manera que nadie tenga que faltar todos los días y asumir todo el gasto y a la vez se pueda garantizar que se mantiene un porcentaje de participación similar durante las distintas jornadas. “Hemos hecho un cuadrante donde se ha repartido la gente según la huelga para que todos los días haya el mismo porcentaje de gente haciendo huelga”, explica una docente en una de las concentraciones que ha tenido lugar frente a la Consejería de Educación esta semana. Esta planificación, añade, “permite distribuir el esfuerzo entre el profesorado y garantizar unos servicios mínimos”.

"Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito", asegura una directora veterana. "Eso en mi centro, línea cinco, significa que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día", ilustra, lo que le supone un problema organizativo grave

Como explican desde Menos Lectivas, el objetivo del paro es que tenga impacto en los centros todos los días, para lo que es necesario que falte un mínimo del claustro docente. Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama y presidenta de Adimad, la asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de Madrid, cuenta que en su centro, con un seguimiento que ronda el 20% —de los más bajos, según los datos que maneja la media en los institutos fue del 40% los primeros días—, ya sufren las ausencias.

“Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito”, sostiene. “Eso significa [en su centro, con cinco grupos por curso] que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día”, ilustra. Un problema que debe resolver ella, que como directora forma parte de los servicios mínimos obligatorios impuestos por la Comunidad de Madrid, junto al jefe de Estudios y un docente por cada 90 estudiantes en el caso de la ESO. Una profesora de un centro con 104 docentes explica que han calculado que con que falten 17 de ellos ya se genera un problema organizativo.

Otro elemento a tener en cuenta es que la huelga se sufre en los centros, pero se pelea en la calle. “Vamos a ir viendo cada semana cuáles son los días que consideramos estratégicos, sobre todo aquellos en los que se hacen acciones por la mañana, que es cuando queremos que haya más gente”, ilustran desde Menos Lectivas.

También hay centros, como el de Valentín Rafael, en los que no hay pacto alguno: huelga todos los días todo el que quiera. De momento va bien, explica. “Quedó claro desde el principio que la huelga era indefinida, así que tiramos para delante. Sabemos que hay gente que se sumará algún día y otros no, pero como norma nosotros seguimos diciendo que es indefinida. Si las maestras de infantil que cobran mil euros lo pueden hacer, nosotros también”.

Las cajas de resistencia

Para afrontar las dificultades económicas que genera secundar una huelga se trabaja en varias direcciones. La más clásica, que se está instaurando en algunos centros, es crear una caja de resistencia que permita hacer frente a las pérdidas salariales de los trabajadores.

CGT, una organización con dilatada experiencia en huelgas y la ventaja que da el tamaño, alimenta la suya con las aportaciones individuales de las personas, pero también con ayuda de otros sindicatos presentes en la confederación, explica Valentín, “igual que nosotros aportamos para los compañeros de Tubacex” (en huelga indefinida también desde el 9 de septiembre). En su caso, se utiliza para aliviar económicamente a los afiliados con un criterio de precariedad. “Tienen preferencia los compañeros precarios, los interinos, la gente que hace medias jornadas o personas con situaciones concretas que se puedan detectar”, ilustra el profesor.

Con menos brega a sus espaldas, Menos Lectivas también ha montado su propia caja, diferente de la CGT. “Es complicadísimo”, explican. “Nosotras tenemos una, en principio para poder sostener las protestas, comprar el material que requiere la huelga, pagar cosas que hacen falta para las acciones... Otra cuestión muy importante es la parte antirrepresiva. Si hay detenciones, multas en las acciones, las tenemos que poder pagar. En nuestro caso hemos establecido que si no se llega a un mínimo de dinero en la caja no se podrá empezar a pagar sueldos de gente”, cuentan desde el colectivo.

Para esta asamblea resulta más práctico que cada centro haga su propia caja. En algunos institutos y colegios, explican algunas profesoras desde la concentración frente a la Consejería, además de las aportaciones voluntarias también se recurre al merchandising. “Estamos vendiendo un montón de cosas, yendo a mercadillos del municipio todos los fines de semana, hemos hecho rifas”, señala otra profesora, que indica que también se ha abierto la posibilidad de que los docentes donen “una parte pequeña de su nómina” para apoyar a la gente que sí secunde el paro. “Nos planteamos incluso hacer nuestra propia caja vendiendo algunas cosas o lo que sea para poder sostenerla”, sostiene.

Sin embargo, esta posibilidad no está al alcance de todos los equipos. Marta, profesora de servicios a la comunidad, explica que no cuentan con ninguna caja de resistencia y que la sobrecarga laboral les deja sin tiempo para poner en marcha iniciativas de este tipo. “Estamos superdesamparadas”, asegura. “En mi caso, en el equipo de Orientación, no hay ninguna caja de resistencia y la mayoría de las compañeras se plantean la huelga como unos días puntuales y ya está, porque no pueden sostener más. En mi caso, que sí que voy a apostar por la huelga en principio todo octubre y a ver qué es posible, porque sí tengo la preocupación de no tener ninguna caja de resistencia y es bastante complejo el asunto”.

Hay que resistir, cree Valentín, nadie dijo que fuera a ser fácil. “Una huelga es sufrimiento. No es bonito y no es divertido”, cierra.

Las entidades y asambleas de la comunidad educativa valenciana han impulsado una propuesta conjunta de hoja de ruta para mantener la presión sobre la Conselleria de Educación y exigir la reapertura efectiva de las negociaciones. El calendario planteado, que será sometido a votación del profesorado y del personal de atención educativa y de administración entre el 19 y el 23 de octubre, combina jornadas de huelga general, movilizaciones descentralizadas y una campaña continuada de protesta bautizada como el “Novembre Verd”.

La iniciativa nace de las aportaciones del conjunto de colectivos tras las movilizaciones de final del pasado curso y busca dotar al sector de una respuesta coordinada ante la falta de acuerdos concretos con la administración autonómica. El objetivo principal de estas movilizaciones radica en “mantener la presión sobre la Conselleria de Educació, exigir la reanudación efectiva de les negociaciones y avanzar en las reivindicaciones de la comunitat educativa”.

El calendario de grandes movilizaciones contempla como primera cita clave la jornada de huelga general del próximo 11 de noviembre, que contará con un bloque específico enfocado en la enseñanza pública. Asimismo, la estrategia prevé la celebración de manifestaciones en las capitales de provincia el sábado 12 de diciembre.

De cara al inicio del segundo trimestre, el proceso de consulta ofrece dos opciones alternativas para secundar huelgas sectoriales por provincias: una primera horquilla fijada para los días 19 de enero en Alicante, 20 de enero en Valencia y 21 de enero en Castellón; y una segunda alternativa los días 2, 3 y 4 de febrero. Con ello se busca consolidar una escalada progresiva del conflicto en función de la respuesta del departamento que dirige Carmen Ortí.

El “Novembre Verd” y la presión en los centros

Como eje vertebrador de la protesta a corto plazo, el plan establece el inicio del 'Novembre Verd', una ronda continuada de concentraciones que tendrán lugar tanto en horario matinal como vespertino frente a la sede de la Conselleria en València, las direcciones territoriales de Alicante y Castelló, y otros puntos. Estas movilizaciones pretenden facilitar la participación de familias, alumnado y profesorado por medio de turnos rotatorios de hora y media de duración.

En el ámbito de los centros educativos, la hoja de ruta fomenta los denominados “dijous combatius”, el uso diario de prendas reivindicativas, la remisión masiva de escritos de queja y el cumplimiento estricto del horario laboral con la suspensión de actividades voluntarias. Además, se promoverán acciones comarcales y locales —como bicicletades, marchas y actos culturales— en colaboración con otros servicios públicos y movimientos sociales.

Para validar la estrategia, los convocantes han habilitado un sistema de votación telemática idéntico al empleado en los procesos anteriores del pasado mes de junio. El formulario permitirá al personal docente posicionarse sobre el documento global, elegir las fechas de los paros previstos para el segundo trimestre y determinar el grado de participación semanal en las concentraciones del 'Novembre Verd', garantizando que cualquier modificación sustancial responda a una decisión colectiva y verificable.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecerá a los sindicatos convocar el próximo año un total de 949 plazas de docentes para Educación Secundaria. Lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, en el marco del 29º Congreso Nacional de Empresas de Formación que organiza, durante toda esta jornada, la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) en el Palacio de Congresos 'El Greco'.

“Yo creo en lo público, pero no como contraposición de lo privado”, ha remarcado Page, quien ha indicado que también se ha propuesto a los sindicatos sanitarias otras 1.820 plazas.

De otro lado, ha resaltado “la agilidad que aporta el sector privado” en la necesaria “adaptación permanente” que exigen los procesos de formación, al tiempo que ha insistido en que resulta “enormemente importante que quien pueda formar, pueda ir adaptándose a los cambios permanentes”.

Una adaptación “permanente”

“España es un país que, desde el comienzo de su historia, ha estado permanentemente adaptándose, una cualidad que nos da ventaja posicional de cara al mundo”, ha argumentado, por lo que ha indicado que “el mundo que viene va a echar mano de una capacidad genuina que tenemos de siempre, que es la capacidad de repentizar, por no decir improvisar”.

En este 29º Congreso Nacional de Empresas de Formación, el presidente castellanomanchego ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de Cecap, Félix Marín; y la presidenta de esta entidad a nivel autonómico, María Eva Martínez, entre otros.

“Nadie estaba haciendo nada, estábamos parados. Ha sido todo muy gratuito y muy violento”. Ainhoa tiene 23 años y esta mañana estaba en la Universidad Complutense de Madrid. Había decidido participar en la huelga por la educación pública, contra los recortes y ha acabado con el brazo roto en la represión de las protestas, según relata en conversación con elDiario.es.

“Me han pegado un porrazo en la pierna, otro en la mano y el último, que ha sido en el brazo, me iba a la cara. Pero como he visto que me iba a ir a la cara, me he puesto el brazo para protegerme y me ha dado una hostia tan grande que me ha abierto una herida. Me han puesto dos grapas y me han roto el cúbito del brazo”, cuenta. “Menos mal que me he puesto el brazo, porque iba a la cara”, subraya. Los incidentes han terminado con al menos cinco manifestantes detenidos y los movimientos estudiantiles hablan de seis heridos.

La joven, estudiante de la UCM, ha pasado la mañana en el hospital desde que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) de la Policía Nacional han decidido cargar contra los estudiantes que protestaban frente a la Facultad de Químicas de la universidad madrileña. Ha acudido primero al Hospital Clínico San Carlos, donde ha sido escayolada tras unas pruebas médicas. Dos horas y media más tarde, al mediodía, ha sido dirigida al centro sanitario de La Paz. No ha sido hasta pasadas las cuatro de la tarde cuando ha sabido, tras un TAC, que no necesitaba ser operada. En elDiario.es hemos accedido al parte de lesiones.

El informe clínico realizado en Urgencias del Hospital Clínico apunta a una fractura en el cúbito (concretamente, en el olécranon, el hueso que forma la punta del codo). Antes, ha recibido dos grapas para cerrar la herida abierta causada por los porrazos de los agentes. Los profesionales también han registrado las policontusiones provocadas por los golpes y le han ordenado mantener el brazo en cabestrillo.

Ainhoa ha decidido denunciar. “Físicamente estoy dolorida, me duele bastante, me han inyectado antibiótico, pero me duele todo, el brazo... Y, emocionalmente, oscilo un poco. La gente que está conmigo me intenta animar, pero ha sido tan violento que estoy muy enfadada tanto con el Estado como con las Fuerzas [y Cuerpos de Seguridad] que han ejercido esa violencia sobre mí, ese abuso policial”.

Según relata, formaba parte de un grupo de piquetes informativos. Han pasado por la Facultad de Matemáticas y, al salir, la Policía ha cortado el paso. El Comité de huelga ha tratado de negociar con ellos y, después de que varios miembros les dijeran que había que seguir, parecía que les dejaban avanzar. “Entonces, han dicho [los agentes]: '¿qué hacéis?'”. “Que nos están diciendo que avancemos”, han respondido. “Y según ha pasado eso nos han empezado a pegar, o sea, de manera muy gratuita. Nadie estaba haciendo nada, estábamos parados. Todo muy gratuito y muy violento”.

Además de estudiante, pertenece al colectivo UCM x la pública y se ha graduado recientemente en Educación Primaria. Ahora cursa el Máster de Estudios LGTBIQ+. Sus reivindicaciones en esta huelga de carácter indefinido y que abarca a todas las etapas son, principalmente, con los recortes que sufre la universidad pública. “Nos encontramos en la universidad con que hay muchas aulas sin profesores, infraestructuras rotas que no se arreglan. El año pasado hubo una gotera en una aula que no arreglaron: cada vez que llovía se liaba. En resumen, [protesto] por la educación pública, y específicamente nosotras por la universidad, porque no se puede más contra los recortes de [la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz] Ayuso”.

La consejera de Educación del Ejecutivo autonómico, Mercedes Zarzalejo, ha calificado las cargas de “altercados contra la autoridad”, las ha justificado y ha criticado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por decir que no habían sido proporcionadas: “¿Tiene que dejar que se eleve el conflicto a la agresividad y a la rebelión que defienden?”. Martín, por su parte, se ha limitado a asegurar que la respuesta de los agentes ha de ser “siempre proporcionada” y ha solicitado al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid una “investigación de urgencia”. “Se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos”, ha afirmado, y ha pedido adoptar las “medidas inmediatas que sean pertinentes”. El rector de la Complutense ha condenado las cargas y ha querido “dejar constancia” de que no ha “solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional en el campus”.

Preguntada Ainhoa acerca de si participará en la marcha del miércoles a las 18.00 y en las sucesivas jornadas de huelga, declara a este medio: “Voy a seguir con las protestas. Esta tarde iré a la manifestación y seguiré luchando, porque esto es lo que quieren: amedrentarnos y quitarnos de la lucha, pero no. Mientras tenga fuerzas y pueda, a mí me van a tener luchando ahí”. Y concluye: “A pesar de que a mí me haya pasado lo que me ha pasado, animo a toda la gente que pueda a que nos apoye en la lucha, que la educación es un derecho y nos lo quieren quitar”.

El Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) ha expresado su “profunda preocupación” por la “grave” situación económica que atraviesa la institución y que, según denuncian, se ha traducido en “el incumplimiento de las obligaciones retributivas con su personal”. Así lo recoge una carta remitida este miércoles a la rectora, Carmen Vargas, y firmada por parte del profesorado, coincidiendo con el inicio de una serie de movilizaciones en distintos campus.

El comité de empresa del PDI cifra en más de cinco millones de euros la deuda acumulada por el impago de complementos autonómicos y sexenios reconocidos a parte de la plantilla desde 2025, según datos esgrimidos en el último Consejo de Gobierno a preguntas del propio comité. “Esta cifra será considerablemente mayor si no se actualizan las nóminas mediante la incorporación de los complementos pendientes, pues cada mensualidad incrementa los atrasos acumulados y agrava el perjuicio económico del profesorado afectado”, advierte el escrito.

Cabe recordar que la Universidad de Sevilla aprobó un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades y restricciones a la contratación de profesorado. La institución ha recortado distintas partidas presupuestarias para destinar recursos al capítulo 1, correspondiente a los gastos de personal, y afrontar así el pago de las nóminas. Aun así, fuentes universitarias aseguran que todavía faltarían al menos 13 millones de euros para llegar a final de año.

Desde el comité de empresa, su secretario Víctor Manuel Molina califica la situación de “inédita” porque, por primera vez, “la universidad ha dejado de pagar todos los tipos de complementos salariales que tiene el personal”. El secretario del comité de empresa explica que el peso de estos complementos en el sueldo varía según la categoría profesional y señala que los impagos afectan especialmente “al profesorado más precario”. Además, asegura que el equipo de gobierno les ha trasladado que no hay previsión de pago y que “incluso peligra el pago de la nómina de diciembre”.

Fuentes de la Universidad de Sevilla consultadas por este periódico aseguran que el Rectorado mantiene “una vía de diálogo abierta y constante” con los representantes del PDI y que comprende y respeta sus reivindicaciones laborales. El equipo de gobierno afirma que trabaja “con absoluta prioridad y responsabilidad” para garantizar la estabilidad laboral y retributiva de toda la plantilla, aunque no concreta un calendario para abonar las cantidades pendientes.

Piden al equipo de gobierno que renuncie a sus complementos

En la carta del PDI, dirigida también a la gerente y al vicerrector de Personal Docente e Investigador, el profesorado reclama un plan de pago con fechas concretas para abonar las cantidades pendientes. Además, piden a los miembros del equipo de gobierno que renuncien temporalmente a los complementos vinculados al desempeño de sus cargos para contribuir a saldar las cantidades adeudadas, en un “ejercicio de responsabilidad institucional y solidaridad”. Vargas asumió el cargo de rectora hace casi un año y amplió los vicerrectorados de nueve a 14, en un contexto marcado por la infrafinanciación denunciada por las universidades públicas.

Las concentraciones del PDI han comenzado una semana después de que CSIF presentara una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla para que investigue la gestión económica del anterior equipo de gobierno de la US, encabezado por Miguel Ángel Castro, del que ya formaba parte la actual rectora. El sindicato criticó que ni Vargas ni la nueva gerente “han conseguido justificar a dónde han ido a parar los fondos de la Universidad de Sevilla” ni presentar a la representación de los trabajadores un calendario de pago de la deuda, que, según denunció, “se acrecienta a medida que pasan los meses”.

La situación se enmarca en las dificultades financieras que atraviesa el sistema universitario público andaluz. En julio, la Gerencia de la US informó de los resultados de la auditoría externa correspondiente al ejercicio de 2025, que arrojó un déficit de 14,8 millones de euros. El déficit estructural del conjunto del sistema universitario público andaluz alcanzó entonces los 57 millones de euros.

Hacia la huelga general

El comité sitúa el inicio de los impagos en 2025, aunque señala que también hay cantidades pendientes desde 2024, y advierte de que la situación se ha agravado durante este año. La Universidad ha aprobado un plan de ajuste de unos 15 millones de euros, con recortes en distintas partidas presupuestarias para destinar esos recursos al pago de las nóminas. Aun así, según Molina, sigue sin estar garantizado el abono de la nómina de diciembre.

El problema, advierten, va más allá de los impagos salariales. El comité denuncia también la paralización de las promociones del profesorado, el incumplimiento del convenio colectivo y la falta de ayudas de protección social. Según explican, la suspensión de los complementos tiene un impacto mayor en las categorías más precarias, como el profesorado interino o ayudante, para quienes estas cantidades representan una parte especialmente sensible de sus ingresos. “Son recortes que afectan más al que más lo necesita”, resume el secretario.

“Las dificultades económicas de la Universidad no deberían traducirse en que una parte de su plantilla soporte de forma singular y prolongada sus consecuencias, mientras continúa desempeñando plenamente sus tareas docentes, investigadoras y de gestión”, denuncian desde el PDI. “A esta situación se añade la falta de información suficiente, clara y periódica sobre las causas del retraso, las cantidades pendientes y las previsiones de pago, lo que agrava la incertidumbre y dificulta la confianza en la respuesta institucional”, añaden en el escrito en el que exigen “transparencia” en las cuentas.

Las movilizaciones han comenzado de forma simultánea en cuatro campus y el comité prevé celebrar nuevas asambleas informativas en las próximas semanas. Estas acciones se enmarcan dentro del calendario de protestas que prepara el camino hacia la huelga educativa general convocada para el 11 de noviembre. El comité de empresa del PDI advierte, además, de que no descartan convocar una huelga general en la Universidad de Sevilla si la situación no mejora antes de final de año.

Castilla-La Mancha se unirá a Catalunya y la Comunitat Valenciana en sus protestas contra las condiciones del profesorado en la educación pública. La iniciativa ha partido de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha anunciado una huelga educativa en Castilla-La Mancha el próximo 9 de diciembre. Culminará con una serie de movilizaciones que el sindicato desarrollará previamente en todas las provincias de la región para reclamar “mejoras reales en las condiciones laborales del profesorado, el fin de los recortes que aún permanecen desde 2010 y una mayor inversión en la educación pública”.

CSIF, que no forma parte del acuerdo que el Gobierno regional firmó con ANPE, UGT y CCOO para la mejora del sistema educativo, desarrollará durante las próximas semanas movilizaciones en todas las provincias de Castilla-La Mancha con el objetivo de trasladar estas reivindicaciones a la sociedad y aumentar la presión sobre la Administración regional y su falta de compromiso con la educación pública.

La primera concentración se llevará a cabo a las puertas de la Consejería de Educación el 28 de octubre y continuarán también en las delegaciones provinciales durante el mes de noviembre hasta culminar en una jornada de huelga el 9 de diciembre para el profesorado no universitario de la región.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, muestra cómo en otras comunidades autónomas se han logrado grandes avances y pone el ejemplo de la Comunitat Valenciana, donde la movilización y unión sindical lograron una subida de 200 euros mensuales del complemento autonómico, seis días de libre disposición (tres lectivos y tres no lectivos) y medidas de simplificación administrativa.

La situación “no ha variado” y permanecen los recortes

“Sin embargo, aquí hemos de preguntarnos por qué hay esta tibieza de ANPE, CCOO y UGT, los firmantes del acuerdo del Gobierno regional, por qué aquí blanquean los recortes mientras en otros territorios las mismas siglas han dicho basta a pesar de que la situación es mejor que en Castilla-La Mancha. Desde CSIF nos hemos puesto en contacto con todos los sindicatos para que rechacen este acuerdo e ir todos juntos por la educación pública, pero tienen una extraña placidez con el Gobierno autonómico y dan la callada por respuesta”, señala Martínez.

El sindicato recuerda que en septiembre de 2024 se llevó a cabo una jornada de huelga en la región y que la situación desde entonces “no ha variado”. Considera que Castilla-La Mancha tiene las peores condiciones del profesorado de toda España y el acuerdo educativo es “una cortina de humo para tratar de calmar los ánimos de los docentes”.

Destaca así la “enorme pérdida de poder adquisitivo” en Castilla-La Mancha, mitigada por el acuerdo retributivo nacional que supondrá un aumento del 4,5% en 2027. Eso hace necesaria la subida del complemento autonómico por parte del Gobierno regional.

“Tampoco hay una reducción real de la carga lectiva, no complementaria, para el profesorado mayor de 55 años. En Extremadura esa reducción es lectiva desde 2022; Castilla y León acaba de aprobar un calendario de reducción lectiva automática que llegará a tres horas menos a los 60 años, y Aragón, Catalunya y Euskadi aplican también reducciones lectivas por tramos de edad”.

Otro de los motivos para la huelga es que el profesorado interino continúa pendiente del pago del verano completo desde 5,5 meses trabajados, umbral que ya aplican Madrid, Asturias, Navarra y el País Vasco, y que Andalucía “mejora todavía más” con el pago proporcional desde el primer día trabajado. Refiere que incluso comunidades autónomas con condiciones más restrictivas, como Aragón (7 meses), continúan siendo menos duras que Castilla-La Mancha (donde se debe haber trabajado 8 meses de manera ininterrumpida).

A ello suma que también falta el reconocimiento proporcional para periodos inferiores, la continuidad de sustituciones y una adjudicación “verdaderamente a la carta”, precisando que Castilla-La Mancha cuenta con una temporalidad “desbordante” que alcanza el 30,8%.

Más motivos que apunta CSIF: prosigue la “burocracia desbordante” sin que aparezca un inventario público de tareas eliminadas, horas ahorradas o duplicidades suprimidas. La plataforma ‘EducamosCLM’ y las nuevas aplicaciones “continúan trasladando carga de gestión al profesorado y a los equipos directivos”.

Según apunta, también falta un calendario para reducir las ratios de ESO, con 30 alumnos por aula; y Bachillerato y Formación Profesional, con 32 alumnos; así como “apoyos estables” en Infantil, plantillas inclusivas actualizadas y un “despliegue verificable” del segundo orientador.

Son tantos los motivos que hay que decir 'basta' después de más de una década arrastrando recortes y derechos, que otras comunidades ya han recuperado o están mejorando mucho más deprisa

CSIF también constata el “olvido” de la Formación Profesional, la Formación para Adultos y las escuelas oficiales de idiomas (EOI), así como la falta de inversión en inclusión (continúa pendiente la incorporación adecuada de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación, auxiliares técnicos educativos, fisioterapia y enfermería), así como el reconocimiento del trabajo en aulas TEA, apoyos de salud mental y “garantías efectivas” ante agresiones y riesgos psicosociales.

Por último, CSIF también recuerda la necesidad de climatizar todas las aulas de la región y lamenta que los “roces” y la falta de acuerdo entre las administraciones responsables provoque que a día de hoy todavía permanezcan muchos centros educativos de la región sin climatización.

Rubén Gómez, responsable de CSIF Educación Toledo, recuerda que “son tantos los motivos que hay que decir 'basta' después de más de una década arrastrando recortes y derechos que otras comunidades ya han recuperado o están mejorando mucho más deprisa”.

“Estamos cansados de propaganda, lo cierto es que tenemos grandes problemas estructurales que han quedado patentes en el último informe PISA y también en el irrefutable hecho de que seamos la comunidad autónoma con menor inversión, y esto lo paga tanto el profesorado como los propios alumnos, que en definitiva son nuestro futuro, la educación debería ser un pilar intocable y no lo es”.

Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Docente, y ha coincidido con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. Tras las huelgas educativas en Catalunya y en la Comunitat Valenciana, la situación en este sector sigue muy convulsa, principalmente por los bajos salarios del profesorado y las enormes cargas burocráticas.

En Castilla-La Mancha, la situación no es tan tensa, pero también hay problemas. A la climatización de los centros escolares públicos, que sufren desde hace años temperaturas muy altas al final y al inicio de curso, se unen otros problemas como la reversión de todos recortes educativos que el profesorado sufrió durante el mandato de María Dolores de Cospedal.

Para el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), el panorama no es alentador con motivo de la efeméride que conmemora esta profesión. Por ello, de todas estas cuestiones hablamos con el conquense Fernando Villalba, su portavoz a nivel estatal y también en Castilla-La Mancha.

Se acaban de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre y en el terreno educativo, la última etapa ha estado marcada por las huelgas educativas, sobre todo en Catalunya y Comunitat Valenciana. ¿Qué asuntos pendientes se quedan en el tintero?

Realmente todo. Venimos muy recientemente de los resultados del último informe PISA, que han sido lamentables. Además, estamos en plena implementación de la LOMLOE (la normativa que modifica la anterior Ley Orgánica de Educación) y justo ahora mismo teníamos encima de la mesa del Ministerio de Educación una cuestión muy importante, como son las nuevas oposiciones docentes. Eso afecta a medio millón de personas y estamos en la mitad de la negociación.

¿Quedará todo ello en suspenso?

Bueno, al final la LOMLOE no deja de ser una modificación parcial de la LOE. Incluso la LOMCE anterior, que hizo el gobierno del PP, también era una modificación muy parcial de unos pocos artículos, aunque importantes, de la base que era la LOE. Es decir, ahora mismo estamos en un proceso de adaptación.

¿Y cuáles son las cuestiones más urgentes de esa implementación?

Ya se ha implantado en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Pero todavía no ha cambiado del todo la Selectividad. Y faltan algunos flecos de la Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas. De hecho, justo la semana que viene había una reunión del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que era un cambio importante.

Hay altos cargos del Ministerio de Educación que cuando les preguntan si cambiará el sistema educativo si hay nuevo Gobierno, te dicen que no. Porque las reformas educativas no las hace el gobierno de turno, las hace la Unión Europea

¿Puede haber cambios significativos con otro Gobierno?

Hay altos cargos del Ministerio de Educación, que no son políticos, y que cuando les preguntan si cambiará el sistema educativo si hay nuevo Gobierno, te dicen que no. ¿Por qué? Porque las reformas educativas no las hace el gobierno de turno. Realmente las hace la Unión Europea y la OCDE. La LOMLOE seguirá su curso, obligatoriamente tiene que ser así, es una ley orgánica con un real decreto de implantación que se tiene que llevar a cabo. También nos hemos quedado a medias con las ratios de alumnado por profesor.

En cuanto a las huelgas educativas, ahora con el adelanto electoral, ¿pueden quedar neutralizadas?

No, van a seguir, aunque haya elecciones generales. En Catalunya y en la Comunitat Valenciana es donde menos cobra el profesorado. Los salarios y la pérdida de poder adquisitivo han desgastado mucho al profesorado, les afecta muchísimo. Por eso las huelgas educativas van a seguir y además se van a extender a Madrid y probablemente a Andalucía. Y se unirán a la huelga general cuando se convoque en noviembre.

Bueno, el problema de la vivienda es muy transversal y afecta especialmente a los interinos, ¿no?

Afecta a todos los docentes pero especialmente a los interinos, que son el 30,8 por ciento. No saben cada año dónde van a trabajar a partir de septiembre. Imagínate, tienes una casa y a lo mejor te tienes que ir a 100 o a 200 kilómetros. Eso durante un año en el caso de los que consiguen cubrir una vacante, porque luego hay muchos que están solo cubriendo bajas. Están 15 días o un mes y se van a otro sitio. Eso tiene una relación directa con la inflación, con el precio de la gasolina y con la vivienda.

En Castilla-La Mancha, el curso arrancó con polémica por las altas temperaturas y la falta de climatización en institutos y colegios. Hubo dos sanciones de la Inspección de Trabajo al Gobierno regional por esta cuestión y el STE avisó que estaría vigilante. ¿Temen que la cuestión vuelva a enfriarse por la bajada de temperaturas?

No, la Junta anunció medidas y las tiene que poner marcha. Además, muchos se están animando a denunciar esta situación ante la Inspección de Trabajo, porque todos los servicios de prevención de riesgos laborales no funcionan como deberían. Ya fue una victoria que aprobaran esas sanciones. Y algo muy importante: en el informe, la Inspección dejaba claro que la competencia para instalar climatización es del empleador, es decir, de la Consejería de Educación.

Pero se trata de un plan a largo plazo...

Claro, es que en Castilla-La Mancha hay 1.100 centros educativos, y nos vamos a 1.500 si sumamos los Colegios Rurales Agrupados (CRA). Eso, multiplicado por todas las aulas que hay, no se hace de un día para otro. Pero es importante empezar, tiene que haber voluntad. Creo que en el Gobierno regional están mentalizados.

El STE no forma parte del Acuerdo de Mejora del Sistema Educativo y de las Condiciones Laborales del Profesorado que ANPE, UGT y posteriormente CCOO, firmaron con la Junta de Castilla-La Mancha para la reversión de los recortes en educación. El segundo bloque de este pacto extiende su vigencia hasta el año 2028, que va más allá de las próximas elecciones autonómicas. ¿Cómo valoran este acuerdo?

Nosotros sabemos todo lo que no hemos recuperado en 12 años. Revertir los recortes, en primer lugar, es volver a las 18 horas lectivas con los cupos necesarios. Porque si a un profesor le pones esas horas sin los cupos, al final hace más, entre bajas y guardias. Tampoco se ha recuperado que los interinos puedan cobrar el verano si cubren una vacante de un año completo. En 2010, por ejemplo, no solamente se le pagaba así, sino que se les daba la antigüedad esos dos meses. Ahora, no solo no lo cobran, sino que el concurso de méritos lo quitó Cospedal y Page no lo ha restaurado.

¿No es tanto un problema de dinero sino como de recuperación de derechos?

Es así. El problema es que desde 2012 se han ido perdiendo esos dos meses para los interinos. Si lo multiplicas por todos los años transcurridos, la cifra es enorme. Es igual que la reducción de tres horas lectivas para mayores de 55 años. Eso también estaba vigente en 2010 y no se ha recuperado. Es que, en total, hemos perdido el 24% de poder adquisitivo desde ese año. Si todos estos recortes no se revierten, ¿de qué estamos hablando? De hecho, al propio pacto le cambiaron el nombre: al principio se llamaba “Acuerdo para la Reversión de los Recortes” y como no llegaban, se quedó como “Acuerdo de Mejoras”. Eso lo dice todo.

Han pasado 12 años desde que terminó el Gobierno de Cospedal y estamos a la mitad en cuanto a la reversión de recortes

¿El STE no se unirá, por tanto, a ese acuerdo en lo que queda de legislatura?

No, de ninguna manera. Es lo que hemos acordado en nuestras asambleas. Han pasado 12 años desde que terminó el Gobierno de Cospedal y estamos a la mitad en cuanto a la reversión de recortes.

¿Cuál sería ahora mismo el más necesario por recuperar?

Depende de muchas cosas, pero creo que lo más urgente, lo más justo, por decirlo así, y que además no cuesta dinero es el verano de los interinos. Pero no ha habido manera de convencer a la Junta. Es como la bajada de las ratios, que se ha hecho a coste cero debido a la crisis demográfica y a que ha ido bajando el número de alumnos por abajo. Con el mismo dinero se han bajado las ratios. Que no nos parece mal, pero que no engañen porque no se ha hecho ningún esfuerzo. 

Porque, ¿cómo ha sido la evolución de la inversión pública en educación?

El porcentaje del PIB sigue siendo el mundo. A principios de la democracia aumentó muchísimo, porque antes tan solo del 2%, pero tocó techo en 2009, cuando llegó al 5%, que es el mínimo que marca la LOMLOE, mínimo. Y desde entonces hemos bajado incluso. Ahora estamos en el 4,5%. En todas las comunidades autónomas es igual, porque en realidad la referencia siempre es el PIB estatal.

¿Qué motivos hay para no invertir más en educación?

Van a subir otras partidas. La OCDE lo ha dejado claro. Van a aumentar otras como el gasto en pensiones o en sanidad. En esta organización están los 38 países más ricos del mundo y no queda otra que aumentar esas partidas, por el envejecimiento de la población. Y si se va a invertir por ahí, en educación no se va a hacer. El horizonte es muy claro: hay que mejorar sin más inversión.

¿Y eso es posible?

Es casi imposible porque además tenemos otra cuestión, que es el alumnado con barreras importantes para el aprendizaje. Es un porcentaje del 15,6 por ciento a nivel estatal y ahí son necesarias las políticas inclusión y de diversificación que, en fin, funcionan como funcionan. Ahí, o hay inversión o no se puede hacer nada.

La burocracia a la que debe enfrentarse el profesorado, sobre todo en cuanto a tareas administrativas y a exigencias en materia de digitalización también ha sido una de vuestras críticas. ¿Se ha avanzado algo en este sentido?

Es curioso, porque es una cuestión que se está produciendo en todos los países. Recientemente, se publicó el estudio ‘Panorama de la Educación 2026 (Education at a Glance)’ de la OCDE y alude a este tema, a la burocracia, junto a la escasez de profesorado, el clima escolar, el estrés docente… No es casualidad que se esté produciendo en todo el mundo. Eso ha provocado mucho malestar docente. Las bajas del profesorado en España son el 7 por ciento. Puede parecer mucho, pero la media en los países de la OCDE es del 27 por ciento, veinte puntos más.

Seguramente también se acabará convocando huelga educativa en Castilla-La Mancha

¿Y eso está relacionado directamente con el estrés por la burocracia o existen otras causas?

Es evidente que es una carga, sobre todo en Castilla-La Mancha. Pero también es cierto que nosotros hicimos una encuesta a 27.000 docentes en todo el Estado y le preguntamos cuál era el mayor problema de la educación y sorprendentemente la mayoría señaló que es la falta de implicación de las familias. Eso cuadra además con el último informe PISA.

Precisamente, este último informe ofreció datos dispares en esta comunidad autónoma, aunque eran mejores que en otras comunidades autónomas.

Claro, pero eran mejores porque empeoraron en el resto de regiones, efectivamente, pero que además, y esto es muy polémica, a la hora de hacer las pruebas para PISA se hace el Teaching for Test, es decir, entrenar el PISA. Eso se hizo el año pasado en Castilla-La Mancha: dar al profesorado una formación sobre cómo son las pruebas y la evolución competencial. Es decir, los entrenaron. Y ni aun así, yo creo que los resultados no fueron tan buenos. Castilla-La Mancha simplemente bajó menos. Subió en Ciencias, pero en comprensión lectora sigue igual.

A la luz de estas cuestiones y viendo lo crítico que el STE es con el contexto educativo en Castilla-La Mancha ¿no se prevé huelga educativa en esta comunidad autónoma?

Seguramente se acabará convocando. Razones hay. Ahora mismo, la previsión más cercana es la huelga general por la vivienda prevista para noviembre, y esa tiene una relación directa con los salarios en todas las profesiones y con todo el poder adquisitivo que hemos perdido desde 2010, casi del 22 por ciento. Es cierto que todo viene determinado por el escenario mundial de la guerra de Irán y las políticas de Donald Trump, con la consiguiente subida del petróleo y de la inflación. De cualquier forma, no, no descartamos una huelga educativa en Castilla-La Mancha.

Finalmente, el STE de Castilla-La Mancha celebra elecciones sindicales. ¿Qué plazos y expectativas hay?

Ya ha empezado el proceso electoral y ya se han hecho las mesas coordinadoras, entrando en precampaña electoral. Prácticamente, va a coincidir todo con las elecciones generales. Nuestras expectativas son buenas. Hemos aumentado mucho la afiliación, la gente ha confiado en nosotros los últimos cuatro años. Y buena parte del profesorado se ha dado cuenta de que pacto educativo de otros sindicatos con la Junta es maquillaje y no ha mejorado sus condiciones laborales. Nosotros no queremos fotos con la Administración, queremos soluciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) desestimó el pasado mes de agosto la solicitud cautelar de un padre para que su hijo pasara a 2º de Bachillerato con tres suspensos. La decisión iba del tribunal va acorde con la del colegio de Pamplona, que había establecido que el alumno debía repetir curso.

El padre acudió a los tribunales tras haber recurrido primero a Educación. Sin embargo, la revisión de dos de las tres notas de las asignaturas suspendidas en 1º de Bachillerato por el hijo del demandante fueron rechazadas. Es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha tenido que pronunciarse sobre una petición de revisión de las calificaciones finales de un alumno.

El pasado 28 de agosto, la Sala dictó una resolución judicial en la que desestimaba la medida cautelarísima (sin oír a la parte demandada) instada por el padre para que su hijo se matriculara provisionalmente en 2º de Bachillerato. En el escrito, el padre alegaba que de estimarse el recurso una vez comenzado el curso, su hijo habría perdido semanas o meses de 2º de Bachillerato.

El Tribunal no consideró la situación tan urgente como para aplicar estas medidas “cautelarísimas” y además respondió al padre que, “de desestimarse el recurso contencioso-administrativo”, de igual modo su hijo “habría perdido la posibilidad de integrarse en las clases de 1º de Bachillerato”, curso que “inicialmente ha de cursar”. De forma que los magistrados también aprecian un perjuicio al alumno si se aplicase la medida.

Además, la Sala subrayó que tanto el colegio como el departamento de Educación motivaron y explicaron sus decisiones. El Servicio de Inspección de Educación expuso en un informe remitido al Tribunal el 26 de agosto el perjuicio que podría suponer para el menor la adopción de la medida solicitada, y argumentaba que la repetición de curso le podía ayudar al alumno a consolidar los conocimientos no adquiridos, así como a mejorar sus hábitos de estudio, trabajo y organización. El departamento también señalaba que todos los aspectos anteriores mejorarían su preparación para 2º de Bachillerato y la selectividad.

El 11 de septiembre, la Sala de lo Contencioso volvió a desestimar la medida cautelar reclamada por el padre. Sin prejuzgar el fondo de la demanda, los magistrados ratificaron su decisión del 28 de agosto. La causa sigue actualmente en tramitación y, próximamente, el Tribunal se pronunciará sobre el fondo del pleito, es decir, la solicitud de revisar y, en su caso modificar, dos de los tres suspensos del alumno repetidor. 

Cada 5 de octubre celebramos el Día Mundial de los Docentes. Este año, bajo el lema 'Apoyar al personal docente: 60 años protegiendo la profesión, promoviendo su condición y configurando nuestro futuro', la fecha debería servir para algo más que para una celebración.

Después de más de cincuenta años dedicados a la educación, habiendo ejercido la docencia en distintos niveles, participado en numerosas investigaciones y publicaciones, sigo convencida de algo que hoy necesitamos recordar con más fuerza que nunca: no hay transformación social posible sin educación. Y no hay educación de calidad sin docentes bien formados, reconocidos y apoyados.

Al profesorado le estamos demandando mucho. Le pedimos que enseñe contenidos, eduque en valores, atienda la diversidad, detecte dificultades, prevenga el acoso, acompañe emocionalmente, forme ciudadanos críticos y, ahora también, que sepa utilizar la inteligencia artificial. Todo ello en aulas cada vez más complejas y diversas.

La pregunta no es si los docentes están preparados. La pregunta es si les estamos dando las condiciones para hacerlo.

La tecnología puede ser una gran aliada, pero nunca debería hacernos olvidar que educar es una tarea esencialmente humana. Una máquina puede ofrecer información o generar textos. Pero enseñar a pensar, despertar la curiosidad, acompañar ante una dificultad o transmitir confianza cuando un alumno o alumna está a punto de abandonar solo lo pueden hacer las personas.

Y aquí aparece una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo: la desigualdad.

La escuela recibe cada día las desigualdades de la sociedad. No todos los niños y las niñas nacen en las mismas condiciones ni tienen las mismas oportunidades. Pretender que todos lleguen al mismo punto partiendo de situaciones muy distintas es ignorar la realidad.

La educación no puede eliminar por sí sola las desigualdades, pero sí puede contribuir decisivamente a que el lugar de nacimiento, la situación económica o el nivel cultural de una familia no determinen de antemano el futuro de un niño o una niña. Para eso necesitamos docentes.

Necesitamos docentes con una formación sólida, pero también con tiempo para preparar, coordinarse, innovar y atender individualmente a sus alumnos. Necesitamos reducir una burocracia que resta tiempo a lo esencial. Necesitamos equipos de orientación y apoyo especializado. Necesitamos acompañar a quienes empiezan y reconocer la experiencia de quienes llevan décadas en las aulas. Y necesitamos, sobre todo, recuperar el reconocimiento social de la profesión.

La autoridad docente no se decreta. Se construye desde la competencia, el respeto y el reconocimiento.

Con demasiada frecuencia, las reformas se diseñan lejos de las aulas. Nadie conoce mejor las dificultades y las posibilidades del sistema que quienes cada día trabajan en él. Escuchar a los docentes no es un gesto de cortesía: es una necesidad.

Apoyar al profesorado no es defender privilegios. Es defender el derecho de toda la ciudadanía a una educación de calidad. Invertir en docentes es invertir en cohesión social.

En este Día Mundial de los Docentes deberíamos preguntarnos con honestidad: ¿Estamos cuidando suficientemente a quienes queremos que cuiden de nuestros hijos?

Cuidar al profesorado significa mejorar sus condiciones de trabajo, ofrecer formación útil y actualizada, reducir la burocracia, fortalecer la orientación, favorecer la colaboración con las familias y volver a colocar la educación en el centro de nuestras prioridades colectivas.

Mi experiencia y mi activismo en defensa de una educación pública de calidad me dan la autoridad para asegurar que la educación transforma vidas. He visto alumnos y alumnas superar dificultades, descubrir capacidades que desconocían y encontrar en la escuela una oportunidad que quizás no hubieran tenido en otro lugar. También he visto cómo las desigualdades se convierten en barreras enormes cuando faltan los apoyos necesarios.

Consecuentemente, sigo creyendo en la escuela pública, en sus profesionales y en su capacidad para construir una sociedad más justa. Pero, precisamente porque creo en ella, creo también que debemos exigir más: apoyos, recursos donde más se necesitan, formación, reconocimiento y políticas educativas estables que miren a largo plazo.

No podemos pedir a la escuela que resuelva todos los problemas de la sociedad. Pero sí podemos pedir que sea uno de los lugares donde empecemos a resolverlos.

Porque cuidar a los docentes es cuidar la educación. Cuidar la educación es combatir las desigualdades. Y combatir las desigualdades es, en definitiva, cuidar nuestro futuro. Este debería ser, más allá de cualquier celebración, el verdadero significado del Día Mundial de los Docentes.

STAR plantea una reducción progresiva de la carga lectiva del profesorado en función de la edad. La formación sindical explica que con la nueva normativa sobre jubilaciones y el envejecimiento de las plantillas docentes “es necesario avanzar hacia un modelo que permita una reducción progresiva de la carga lectiva en función de la edad, al igual que hacen en otras comunidades autónomas.

Y por esto, consideran “imprescindible abrir una negociación concreta en teste punto y reducir la carga lectiva de forma progresiva desde los 55 años hasta los 67 años, siguiendo el modelo existente en Navarra:

Para STAR, esta medida debe ir además acompañada de un catálogo común de actividades sustitutorias, aplicable en todos los centros educativos, que permita desarrollar las horas no lectivas derivadas de esta reducción con una carga de trabajo proporcionada y claramente definida porque “no se trata de quitar horas lectivas para sustituirlas por una carga de trabajo equivalente o incluso superior”. Y además se debe garantizar que “la reducción de la parte lectiva sea real y efectiva para todo el personal docente, independientemente de su perfil profesional o de su condición de funcionario de carrera o personal interino”

Y es que para la formación sindical no se puede seguir aplicando en 2026 un modelo “prácticamente idéntico al que se acordó hace casi dos décadas porque la realidad de nuestros centros y de sus plantillas ha cambiado y las condiciones laborales deben adaptarse a esa realidad”. Piden a la Consejería de Educación la apertura de una negociación específica que permita modernizar el actual sistema de cese progresivo de la actividad profesional para el personal docente, garantizando su aplicación efectiva y homogénea en todos los centros y para todo el profesorado.

Más de 250 catedráticos y profesores jubilados de la Universidad de Cantabria han denunciado públicamente que la Universidad de Cantabria va a cerrar las cuentas de correo electrónico en diciembre. Lamentan que esa decisión les vaya a hacer perder contactos y documentación almacenada durante los años de ejercicio docente e investigador y que, a la vez, vaya a impedir su acceso a los materiales de la biblioteca universitaria, ya que muchos de ellos continúan su actividad investigadora, siguen dando conferencias o escribiendo artículos.

Hasta ahora los docentes e investigadores jubilados han mantenido sin problema su email vinculado a la universidad. En un escrito publicado como tribuna de opinión en El Diario Montañés titulado 'Edadismo, ostracismo y silencio en la UC', critican que la rectora, Conchi López, no haya querido reunirse con ellos después de que llevan varios meses movilizándose por esta cuestión. Mes y medio después de haber registrado un escrito con más de doscientas firmas “no hemos tenido ni siquiera acuse de recibo. Seguimos esperando”, explican.

Entre los firmantes está el catedrático Ramón Teja, uno de los mayores expertos del mundo en historia de las religiones; el sociólogo Juan Carlos Zubieta y el economista José Villaverde, que participan con asiduidad del debate público a través de tribunas de opinión; Ramón Maruri, Celia Nespral, Ángeles Barrio, José Ignacio Fortea, Juan María García Lobo, Juan Gelabert y Manuel Súarez Cortina, entre otros.

“Los miembros jubilados somos condenados al ostracismo como exempleados de una empresa que ya no nos necesita ni reconoce”, se quejan.

El escrito alude a que cuando se jubilaron de la Universidad de Cantabria recibieron “una amable carta” de despedida “agradeciéndonos nuestra contribución e invitándonos a seguir vinculados a la UC”. “Que siempre será tu casa”, apostillaba el mensaje oficial.

Hasta que hace unos meses se le comunicó que a final de año perderán sus cuentas de correo electrónico. La desactivación de la cuenta implica “algo más que una migración mecánica” a otra dirección de mail. “Implica la privación de las referencias, contactos y redes profesionales de toda una vida” –subrayan– y la perdida de miles de emails “que constituyen un archivo académico y cultural más allá del personal”.

“Implica también el desposeimiento de nuestra identidad corporativa –apostillan–, la definitiva fractura y extrañamiento de la Universidad que rompe así con su pasado y sus cimientos, que son su gente, que somos nosotros”.

Sin correo electrónico corporativo no tendrán acceso libre y abierto a sus registros de suscripción de revistas electrónicas y bases de datos de la Biblioteca universitaria, “esenciales si se quiere seguir investigando”, que se seguirán pagando con dinero público aunque se reduzca el número de usuarios “y, por tanto, su utilidad y su rentabilidad”, argumentan en el escrito.

Los afectados sostienen que en ninguna universidad de prestigio de España y del mundo se han cancelado las cuentas al personal jubilado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, continúa con la ofensiva de su gobierno contra las bajas de los trabajadores, en esta ocasión centrando el discurso en el profesorado y lo que considera un elevando número de incapacidades temporales en el arranque del curso. Defiende así la postura planteada por su conselleiro de Educación, Román Rodríguez en una entrevista en la Cadena Ser, en la que acusó a la CIG, el sindicato mayoritario en el sector, de difundir “bulos” porque asegura que lo que hay son profesores de baja y no vacantes no cubiertas, como denuncia la organización sindical.

Rueda se embarcó hace medio año en una batalla contra el derecho de los trabajadores a la baja con la que recibió críticas tanto del sector médico -las bajas las gestionan los médicos de cabecera- como de los sindicatos -solo UGT sigue en el diálogo social-. Y, tras las palabras del conselleiro, ha puesto el foco en los docentes. El presidente gallego evitó hablar de absentismo, un término utilizado por la patronal y que él mismo venía usando, para defender que, cuando hay “causas reales” para la incapacidad temporal, debe respetarse ese derecho, pero si no es así, no.

El dato de las bajas con el inicio de las clases es considerado preocupante por el presidente gallego, que considera que la mayor parte de la población está de acuerdo con sus razonamientos sobre las incapacidades temporales. “Se me ocurren muy pocas razones para estar en contra”, insistió en declaraciones en su comparecencia tras el Consello de la Xunta, que este lunes aprobó el llamado marco gallego para el impulso educativo, un plan que defiende que busca reforzar las competencias en las que el informe PISA detectó más carencias.

Nueva asignatura obligatoria en secundaria

El Gobierno gallego ya había avanzado, aunque sigue sin concretar cómo se va a desarrollar, un refuerzo para los alumnos de 6º de primaria que se va a impartir fuera del horario escolar y para quienes se considere que lo necesitan más. Este lunes esbozó otras nuevas propuestas: este mismo curso se implantará un programa para mejorar la competencia lectora del alumnado de 3º y 4º de primaria. En el curso 27/28 se va a hacer una actualización del currículo de primaria, dentro de las competencias autonómicas, para que el refuerzo de la comprensión lectora se haga en todas las áreas de conocimiento.

En secundaria anunció que desde el próximo curso va a haber una nueva materia obligatoria para 1º y 2º de la ESO, que se va a llamar Lectura y Comprensión. En cuanto a las matemáticas, también hará una propuesta para que en primaria se insista más en los conceptos básicos, el razonamiento matemático y el cálculo.

Por otro lado, se va a crear una Oficina de Apoio ao Profesorado, que estará en funcionamiento “próximamente” y que asesorará a los docentes. La Xunta promete también reforzar el acompañamiento a los profesores en prácticas.

El Gobierno gallego avanza también que implantará “nuevas acciones de identificación e intervención temprana” ante dificultades en el aprendizaje, sobre todo en los primeros cursos de Primaria. Se va a probar como experiencia piloto este mismo curso un programa de acogida en la ESO para el alumnado que llega con el curso empezado, centrado sobre todo en apoyo a las competencias lingüísticas de estudiantes que lleguen del extranjero.

El presidente gallego añadió que habrá una red de centros de referencia de buenas prácticas, que sirvan de modelo para otros y que se van a crear unas olimpiadas de la educación en primaria con el objetivo de “estimular a los alumnos mediante retos y desafíos”.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena interpuesta por el Juzgado Penal número 5 de la capital a un profesor de la asignatura de Estadística del Grado en Economía de la Universidad de Sevilla por tres delitos de abusos sexuales llevados a cabo sobre tres alumnas durante sendas revisiones de exámenes de su materia.

Según consta en la sentencia, consultada por Europa Press, el referido juzgado condenó a este hombre a la pena de veinte meses de multa con cuota diaria de seis euros, así como a la prohibición de aproximarse a las chicas a una distancia inferior a cien metros durante dos años.

El escrito refiere que los hechos sucedieron el 21 de abril de 2022, cuando la primera de las alumnas acudió a una revisión de exámenes. Este hombre, “con ánimo de satisfacer su apetito sexual” le dijo a la chica “qué manos tan bonitas”, hecho que incomodó a la misma e hizo que retirase sus manos, tal y como indica la información avanzada por Diario de Sevilla y confirmada por esta agencia.

No obstante, este varón llegó a levantarse para “tirar del pico de su camiseta, asomándose para ver su ropa interior y preguntar: ¿Qué llevas ahí?”. La joven abandonó el despacho “en estado de shock” antes de que accediese la siguiente compañera.

El acusado “tocó sus manos, brazos y cara, provocando en la misma una situación incómoda, motivo por el que se fue apartando”. Sin embargo, en un momento dado de la corrección de este examen, “le tocó la cara, los labios e introdujo un dedo en su boca, causando en la misma una situación de desasosiego”.

Al entrar la última chica, ya advertida por la anterior alumna de lo que estaba sucediendo, este hombre, con la misma intención, actuó de una forma muy similar, pues le indicó “que tenía un botón de la blusa desabrochado”, a lo cual la joven respondió que no y reprochó su actitud de “mirarle los pechos”.

La sentencia fue apelada por la representación procesal del investigado. No obstante, los magistrados de la Audiencia Provincial recuerdan que el juzgado calificó las versiones ofrecidas de las víctimas como “espontáneas, claras, concisas, veraces, persistentes y coherentes”, misma vez que apreció que mantenían “un relato de hechos consistente en toda la fase sumarial y en el acto del juicio, sin que se hayan producido alteraciones esenciales en su versión, ni discrepancias de ningún tipo”.

Además, valora que las contradicciones que la parte apelante alegó en su escrito, esto referido al número de alumnos que pidieron revisión o el orden de entrada de las alumnas en la sesión, “carecen de relevancia” al valorar los hechos que ocupan la presente causa.

Es más, incide en que la juzgadora no albergó “ninguna duda de que el profesor cometió los delitos por los que ha sido condenado, razón por la que no se puede alegar la vulneración” del derecho a la presunción de inocencia, como alegaba la parte apelante. Por ende, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el encausado y ha confirmado la resolución del Juzgado de lo Penal número cinco de Sevilla.

La US tomará medidas

La Universidad de Sevilla (US) ha asegurado que tomará medidas “con rapidez pero también respetando las garantías del procedimiento” contra el profesor condenado por abusos sexuales. El Rectorado ha condenado “de forma rotunda” los hechos y ha recordado a la comunidad universitaria que “cualquier persona que sufra o conozca una situación de acoso o violencia sexual puede comunicarla a través de los canales existentes”.

En declaraciones remitidas a los medios tras conocerse la sentencia, adelantada por Diario de Sevilla y consultada por Europa Press, la US ha recordado este lunes que actuó “desde el primer momento que tuvo noticia de los hechos”, en abril de 2022. “La US adoptó medidas preventivas para proteger a las alumnas afectadas tanto física como emocionalmente. La prioridad fue evitar que tuvieran que mantener contacto académico o presencial con el profesor mientras se resolvía el procedimiento judicial que se había iniciado”, ha sostenido.

Eso se tradujo en que la actividad docente del profesor se trasladó a otro centro y se le restringió el acceso a la facultad de origen. “Cuando necesitaba acudir, debía comunicarlo previamente para poder organizar la visita de forma que no coincidiera con las estudiantes afectadas”, ha explicado la institución, que “ha mantenido el seguimiento del caso a través del centro y de los órganos competentes. También se ha atendido la situación del grupo y del entorno académico. Desde que se adoptaron estas medidas, no constan nuevas incidencias”.