La Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic ha mostrado de nuevo su respaldo a la huelga y a las movilizaciones convocadas por los sindicatos educativos. Tal y como han señalado, los motivos se “enquistan”: “La defensa de la lengua, mejores infraestructuras, unas condiciones laborales dignas y, en definitiva, la defensa de una enseñanza pública de calidad que la Consellería está denigrando”.

Y junto a esto, insisten, una Consellería que “se burla de toda la comunidad educativa” cada vez que se sienta en una mesa a negociar. La Plataforma hace un llamamiento a toda la comunidad educativa a secundar la huelga indefinida que está previsto que convoquen los sindicatos e invita a participar en las movilizaciones que se convocarán en las tres capitales de provincia.

La Plataforma, como representante de gran parte de la comunidad educativa, “velará junto a la plataforma sindical para que la huelga no perjudique al alumnado al que hay que garantizar su derecho a ser evaluado, al igual que defenderá el derecho del profesorado a hacer huelga y a defender unas condiciones laborales dignas”.

“El problema lo tiene la Consellería y es ella quien tiene que dar respuesta al conflicto que tiene encima de la mesa”, explica Elisabet García, portavoz de la Plataforma, quien concluye sentenciando que si la Consejera Carmen Ortí y el Gobierno valenciano no toman medidas inmediatas, la huelga indefinida “será una realidad”.

La intención de la Generalitat de Catalunya de destinar agentes de los Mossos d’Esquadra a centros educativos con elevada conflictividad ha causado una enorme sorpresa entre el profesorado y las familias. Ni los sindicatos ni la comunidad educativa lo había pedido nunca, con lo que la mayoría lo ha recibido con estupor y sobre todo con rechazo, a la espera de conocer los detalles del plan piloto. 

La percepción de que la violencia física y verbal ha aumentado en las aulas, entre alumnos y hacia profesores, es algo que vienen denunciando muchos docentes desde hace unos años. Pero ni en las mesas sindicales ni en los protocolos contra agresiones (el último, de 2023-2024) del Departamento de Educación se había mencionado hasta ahora una aproximación policial al problema, en este caso con mossos de paisano destinados en centros concretos. 

“Pedimos una rectificación inmediata. Nadie lo ha pedido”, señala Iolanda Segura, portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario en la educación pública. Su enfoque para rebajar los incidentes en algunos centros pasa por bajar ratios, desdoblar algunos grupos y desplegar el plan de convivencia con más recursos para coordinación. 

De hecho, algunas de las fuentes consultadas acusan al Departamento de Educación de recurrir ahora a agentes de policía después de haber eliminado el pasado verano plazas de educadores sociales e integradores que estaban financiadas con fondos europeos. “Nos dijeron que era una cuestión presupuestaria y ahora resulta que podemos tener un plan con mossos distribuidos por centros del territorio”, se lamenta Lidón Gasull, presidenta de la asociación de familias de alumnos AFFAC. 

En el plano político, también es remarcable la desaprobación que ya han manifestado los dos socios de investidura de Illa y con quienes está negociando los presupuestos: ERC y los Comuns. Ambos piden una rectificación y critican que no hayan presentado el plan piloto en el Parlament. “Es una medida poco afortunada y populista que está abocada al fracaso”, expresan los republicanos. “Ni es pedagógica, ni mejora la convivencia, no es coherente con el modelo de escuela de Catalunya”, añaden Comuns.

Pocos detalles del plan piloto

El rechazo docente choca con uno de los argumentos que ha ofrecido por ahora Educación, que espera ofrecer más detalles del proyecto en las próximas semanas. Fuentes del Departamento aseguran que su origen es el “incremento de la complejidad en el entorno de los centros educativos” y que es una demanda “fuertemente reclamada desde el mundo docente”. Además, defienden que existen iniciativas similares en otras nueve comunidades autónomas.

Lo que por ahora se conoce del plan es que está elaborado conjuntamente por Educación e Interior, bajo el nombre de Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno Educativo (EDUSEG), y que contempla la incorporación fija de un agente en determinados centros, los más conflictivos, para hacer tareas de prevención, acompañamiento e intervención. Cuándo y cómo actuará exactamente es algo que todavía está por definir. 

De momento, dos mossos comenzarán ya a trabajar en dos centros, de El Prat de Llobregat y Sabadell. También se prevé que se desplieguen en Zonas Educativas (es decir, como referentes de más de un colegio) de L’Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribagorça-Val d’Aran y Tàrrega. 

Uno de los dos centros que lo pondrá en marcha este mes, el de Sabadell, lo considera una “oportunidad” para mejorar de la convivencia. En una comunicación remitida a las familias, que ha podido consultar elDiario.es, explican que el agente, que ya era referente del centro, se integrará “en el día a día del centro sin uniforme, para facilitar una relación de proximidad con la comunidad educativa”. 

De forma genérica, informan de que contribuirá a detectar y gestionar incidencias, desde un enfoque educativo y comunitario: “Se da un paso más hacia una presencia más continuada, con un enfoque de acompañamiento y, si hace falta, intervención”, afirman.

Más autoridad docente y políticas sociales

El deterioro de la convivencia en algunos centros es motivo de denuncia por parte de los sindicatos desde hace años. Desde Professors de Secundària lo han recalcado en repetidas ocasiones. “Si el Govern despliega policías en las aulas, medida bastante extrema, es que reconoce que estamos tocando fondo”, concluyen en un comunicado. Sin embargo, se desmarcan de una medida que consideran que desvía el foco. “La autoridad en el aula debe ser del docente, no de la policía”, alegan, y añaden que lo que debería hacer la Generalitat es garantizar mayor “protección jurídica” al cuerpo docente.

Otra de las exigencias del profesorado, así como de la asociación de familias AFFAC, es ir a lo que consideran la raíz de los episodios de violencia y tensión, que atribuyen a la pobreza y la marginalidad en la que viven muchos alumnos. “Hacen falta más políticas de vivienda, de salud mental, de equipamientos juveniles, de inversión en educación… No vemos que se trate de un problema de orden público que requiera de policía”, señala Eduard Núñez, secretario de Educación de CCOO. 

En lo que va de curso, el Departamento de Educación ha contabilizado en su Registro de Violencias del Alumnado (REVA) un total de 5.331 incidentes, de los que 1.718 son de acoso escolar, 573 son agresiones y 165, situaciones de odio y discriminación. Hasta ahora, lo que establece el Protocolo ante cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo, aprobado por Educación, es que el profesorado debe comunicar estos episodios a la Inspección y a la Unidad de Atención y Apoyo al Alumnado en situación de Violencia (USAV). Es el paso previo a adoptar medidas como expedientar al agresor, apartarlo del grupo temporalmente o valorar una mediación. 

A los Mossos solo se les comunica el caso si la acción acarrea un presunto delito y si su autor es mayor de 14 años. A partir de ahora, sin embargo, la policía sí podrá actuar en los centros piloto con mayor margen que el que ofrece el protocolo de Educación. 

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a un profesor de Secundaria de Irún a cuatro años y medio de prisión como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de internet (“child grooming”) y un delito de amenazas condicionales. Además, tribunal le ha impuesto una condena de 20 días de localización permanente por un delito leve de acoso sexual y cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana ha considerado acreditado que el acusado contactó con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso escolar 2023-2024 a través de una cuenta que con una identidad ficticia abrió en una red social, manteniendo con ellas conversaciones con “manifestaciones trufadas de carácter sexual” y que en dos supuestos incluyeron “propuestas serias” de encuentros que finalmente no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

Para ello, el tribunal valora las evidencias digitales que se han obtenido de los teléfonos móviles de las menores y el “relato sólido y persistente de estas”, además del testimonio de varios profesionales del centro escolar que también declararon durante el juicio que tuvo lugar el pasado marzo. El acusado mantuvo con las tres menores conversaciones en una red social “cuyo contenido, duración e intensidad es claramente impropio para lo que marca la relación profesor-alumna; de aparente ‘colegueo’, con el que buscaba ganarse su confianza, introduciendo siempre el acusado en el desarrollo de estas interacciones (…) manifestaciones trufadas de carácter sexual, que posteriormente acompañó, en alguno de los casos, de alguna propuesta de encuentro, con igual trasfondo, y actos materiales concretos, dirigidos a estrechar el acercamiento ya realizado a través de internet”, añade la Audiencia de Gipuzkoa.

Por su parte, la Audiencia guipuzcoana rechaza las alegaciones del acusado que se declaró la supuesta víctima de los hechos enjuiciados argumentado que era él el “objeto de deseo de estas menores”. Según argumentó el acusado, eran las alumnas quienes le “ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta” y que una joven le ofreció “dejarse besar si le daba dinero, porque lo necesitaría o algo”. “Parezco una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes, con los que a veces se normaliza el trato de amistad, porque cuando la gente tiene problemas se dirige a mí. Me he podido equivocar y este no dudo que ha sido un caso”, reconoció en el uso de la última palabra, para añadir que su situación ha sido “complicada” y su “único apoyo han sido los alumnos”.

“La valoración individualizada pero también conjunta de los múltiples medios de prueba permite descartar la veracidad intrínseca de estas afirmaciones. No eran las menores sino él quien buscaba su proximidad física, en un acercamiento en modo alguno neutral o inocuo, sino con una clara finalidad de búsqueda, de preparación del terreno para ulteriores interacciones sexuales con las niñas”, afirma el tribunal sobre esta cuestión.

A pesar de ello, el acusado sí que reconoció haber abierto una cuenta con un pseudónimo en una red social, hecho que ha quedado probado por el tribunal que considera que el contacto a través de internet y la cuenta falsa que el acusado creó al efecto, “buscaba el acercamiento virtual” a las menores, “para estrechar sobre ellas el cerco de seducción, acompañando esta conducta de una búsqueda de cercanía física” para “mantener e intensificar esa relación creada en la red y propuestas concretas de encuentros para culminar el cerco de seducción creado, que en ningún caso llegaron a consumarse”. La resolución recuerda asimismo que fue el acusado el que facilitó a las menores su perfil falso, el que buscó a estas con un “claro instinto sexual” como se desprende de las conversaciones que mantuvo con ellas, en las que se incluían referencias a su aspecto físico, a quién podría ser su “sugar baby” y similares, y les ofrecía llevarlas a dar una vuelta en moto o en coche.

“El acusado andaba a la búsqueda de una menor que cayera seducida por sus encantos y preparaba el terreno para aquello que luego pudiera suceder, pero que no se materializó en este caso”, recoge la sentencia, en la que el tribunal también estima acreditado que el acusado incurrió en un delito leve de acoso en relación con una de las menores porque junto al contenido de las conversaciones mantenidas a través de internet, también le pidió que le informara del domicilio en el que vivía, provocando en ella “un claro sentimiento de desasosiego y temor”.

Además, la Audiencia de Gipuzkoa condena al profesor por un delito de amenazas condicionales ya que también ha quedado probado que este remitió un correo electrónico a varios alumnos del centro, con un aviso expreso a las menores concernidas, de que debían borrar todas las capturas de sus móviles, que no difundieran nada, dado que en caso de que él denunciara, la policía iba a rastrear los móviles que él les dijera. El acusado acompañó el mensaje con un archivo adjunto con las posibles infracciones civiles y penales en las que podrían incurrir las menores en caso de seguir compartiendo esas capturas en un intento, dice el tribunal, por “infundir más temor” en ellas si no cumplían con la “condición de destrucción de las evidencias que les indicaba”. “El propósito de su correo era claro: infundirles el suficiente temor para que borraran esas conversaciones, para que no las difundieran, siendo plenamente consciente del carácter absolutamente impropio cuando no delictivo de las mismas”, precisa la Audiencia.

No obstante, el tribunal absuelve al acusado de tres delitos de solicitud de favores sexuales bajo precio y uno de exhibición sexual ante menores de los que también estaba acusado debido a que no consta que el acusado solicitara a ninguna de las menores realizar actos concretos de contenido sexual a cambio de prestación económica alguna o promesa de algún tipo. Tampoco consta, según el tribunal, que enviara a ninguna de estas tres menores, ni a ninguna otra que haya sido identificada en el procedimiento, ningún tipo de vídeo de contenido sexual en el que exhibiera sus partes íntimas. Se trata de una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Nova Escola Galega (NEG) nació en 1983 como un movimiento de renovación pedagógica centrado en construir un sistema educativo gallego, público, democrático y feminista. Desde hace 40 años organiza un encuentro de educadores por la paz de Galicia y Portugal. El de este año, el que iba a conmemorar un aniversario redondo, lleva por lema “Palestina e máis alá. Educar na vida en tempos de xenocidio” (“Palestina y más allá. Educar en la vida en tiempos de genocidio”). Por primera vez en la historia de la entidad, la Consellería de Educación se negó a homologar esta actividad. El motivo argumentado: que no cumple el principio de neutralidad ideológica. Tras la denuncia de NEG, que lo considera “censura” y “control ideológico”, Educación pasó a citar un informe técnico-jurídico –que no estaba en la respuesta inicial– y que asegura que la propuesta no cumple la normativa.

La Xunta consagró el famoso principio de neutralidad ideológica –un eufemismo empleado en todo Occidente por las corrientes de ultraderecha– en las instrucciones publicadas en junio del pasado año, orientadas al desarrollo de las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato durante este curso. Venía acompañada de otra novedad: la obligación de incluir todas las actividades extraescolares previstas en la programación anual que se presentaba en septiembre.

Sindicatos educativos, asociaciones de madres y padres y la oposición política encendieron las alarmas: entendían que Educación pretendía aplicar una censura previa y un control ideológico para expulsar de las aulas temas que le resultaban incómodos. Como ejemplo, siempre se ponían tres: el rechazo al proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo) –al que el gobierno gallego ha acabado dando carpetazo–, la política lingüística del PP –acusada de la constante caída del número de galegofalantes– y, precisamente, el genocidio de Israel en Palestina.

“Parece que cuando se toca Palestina y la realidad del genocidio –reconocido por las instancias internacionales más autorizadas en la defensa de los derechos humamos– se encienden las alarmas de la administración educativa y conviene emplear cualquier estrategia de cancelación o disuasión para que el profesorado evite implicarse”, afirma NEG en un comunicado.

Eso fue lo que comprobaron cuando recibieron la negativa de la consellería a la homologación previa y provisional del encuentro. El documento, firmado por el director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, sólo daba un motivo para el rechazo: que la actividad, “tal como está redactada, no cumple con el principio de neutralidad ideológica establecido en la resolución” de junio pasado.

Consultada por elDiario.es tras la denuncia pública de NEG, la argumentación cambia. Educación atribuye a “un conjunto de causas, y no una única” que se invalide la homologación. A través de correo electrónico, se remite ahora a un informe técnico-jurídico emitido tras analizar la solicitud y que concluyó que la propuesta “no cumple las condiciones de 'carácter extraordinario'” exigidas en el artículo 20 del reglamento, que “la temática no está alineada con las líneas estrategicas del Plan de Formación do Profesorado” y que, “además, es susceptible de confrontar con el principio de neutralidad”. Para la presidenta de Nova Escola Galega, Mariló Candedo, la Xunta está tratando de “enmendar la chapuza inicial” y lo hace “buscando encaje jurídico a lo que era una decisión ideológica”.

En la web de la entidad se presenta la actividad como un encuentro con el “cometido de desafiar el avance de una cultura global cada vez más permeada por la violencia cultural y estructural, siendo el cerco a Palestina el ejemplo más visible, sino el más cruento”. Pretenden, además, impulsar la creación de un espacio de “alternativas educativas que fomenten la noviolencia y la paz, para parar la ocupación colonial, la destrucción, el destierro, la privación de los derechos humanos más básicos y, en definitiva, el genocidio producto de la ideología de la supremacía cultural presente no sólo en el proyecto sionista para Palestina sino en el Norte Global en general”.

Situación “inédita” y “muy grave”

La noticia ha trascendido cuando falta justo una semana para una nueva jornada de huelga en la educación gallega, la sexta de este curso –una cifra sólo comparable a las movilizaciones de los años 80– y cuando aún no se han apagado los ecos por el nombramiento como jefe provincial de la Consellería en A Coruña de Santiago Freire, el exalcalde de Noia que gastó 30.000 euros del ayuntamiento en copas y cenas. En esa provincia, la neutralidad ideológica está en manos de alguien que alababa el golpe de Estado de Franco o que consideraba, en pleno 8M, que la mujer “es capaz de sangrar sin cortarse, es capaz de dar a luz sin corriente y algunos dicen que es capaz de tocar las narices sin siquiera acercarse”.

“Se trata de una circunstancia inédita para nosotros”, continúa el comunicado de NEG. “Una decisión que consideramos muy grave, y que nunca se había dado en la trayectoria de los Encontros da Paz ni en ninguna otra actividad programada desde Nova Escola Galega”. Recuerdan que, prácticamente desde su fundación, vienen ofreciendo al profesorado actividades de formación permanente que “se someten a los sucesivos requerimientos de los procesos de homologación previstos por la administración educativa desde que se pusieron en marcha”.

La entidad considera que la Xunta está extendiendo a las actividades de formación permanente del profesorado “la aplicación de un principio contenido en una normativa que no resulta de aplicación en este ámbito”, ya que se refiere al desarrollo de la enseñanza al alumnado dentro de las aulas. “Se está restringiendo la autonomía del profesorado y su libertad académica a la hora de decidir sobre cómo quiere orientar su propia actualización docente”.

“Salvaguardar el presunto derecho a la ignorancia”

La entidad recuerda que ya en junio pasado, cuando se conocieron las “polémicas” instrucciones en las que se basa la negativa de la Xunta, hicieron público un comunicado con reflexiones que, ahora, “cobran una relevancia especial”. Señalan que ya entonces afirmaron que “en una sociedad que reclama respuestas educativas” a problemas como las distintas formas de violencia, el calentamiento global, la desigualdad o el uso de las tecnologías “no es posible ser neutral, ni es tampoco responsable”.

“La neutralidad entendida como evitación, equidistancia ideológica, omisión en el abordaje de la complejidad, implica optar por un peligroso relativismo moral, salvaguardando un presunto derecho a la ignorancia, que coloca a la institución educativa como cómplice de la involución social por incompetencia o desasistencia”. Ahí quiere colocarla, aseguraban, quien “desde la acción política quiere tener la exclusiva para ideologizar partidariamente al alumnado”.

Por su parte, el sindicato educativo STEG tiró de ironía para explicar lo que la Xunta entiende por neutralidad. Lo hizo citando un reciente post del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la red X tras los insultos racistas a Delcy Rodríguez: “No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”. “En su cabeza era un genialidad”, se burla la central, que considera que la postura de Educación sólo puede entenderse “desde la ignorancia, la mala fe y el sectarismo político”.

Homologado o no, el encuentro sigue adelante, ya que la Xunta “no impide su celebración”. Lo hará este fin de semana, entre los días 24 y 26 de abril en Panxón (Nigrán, concello limítrofe con Vigo), el mismo escenario que acogió la primera de estas citas en 1986. NEG hace un llamamiento a la comunidad educativa para “mantener sus compromisos con el desarrollo de una ciudadanía crítica y responsable” y ya anuncia que “no va a renunciar” ni a esta ni a otras actividades “concebidas desde el compromiso ético como una ventana abierta a la esperanza en un mundo mejor.”

Acaba de vivir uno de esos momentos que todavía está “procesando”. Carlos Alcázar, profesor de música, ingeniero de informática y saxofonista, es natural de Daimiel y reside en Herencia (Ciudad Real). Acaba de recibir el Premio Europa Multicultural a la Excelencia Educativa y Cultural por su proyecto ‘Música Encriptada’. Un reconocimiento que le ha dejado “sin palabras”.

Se trata de un galardón que han recibido en anteriores ediciones el tenista Rafa Nadal o el actor Antonio Banderas, y que le ha hecho “mirar atrás” y recordar cómo comenzó su proyecto: “Con infinitas horas de trabajo y muchas ideas que al principio parecían imposibles”. Pero finalmente ha visto cómo el esfuerzo por innovar en la educación musical ha tenido eco a nivel europeo.

“Desde muy pequeño tuve mi primera toma de contacto con la música, y desde entonces ha sido un pilar necesario en mi vida. Ella me ha hecho conocer a personas increíbles gracias a las cuales he forjado mi personalidad. Además, las matemáticas y los juegos de ingenio siempre han sido otra gran pasión. Es por ello que he llevado de forma paralela una vida artística y técnica”, cuenta.

Ahora, ¿cómo ha conseguido este docente de 42 años llegar hasta ahí? Carlos es el creador de ‘Música Encriptada’, un proyecto educativo que nació en marzo 2019. Un día finalizó una clase y se le ocurrió preparar un material para el aula que subió a redes sociales. A la mañana siguiente se había compartido mil veces. “Me animé y me lancé a crear el proyecto, juntando mi doble vertiente de profesor y músico”.

Juegos creativos con códigos de colores, patrones y estructuras

Básicamente, se trata de emplear la música como eje para el aprendizaje interdisciplinar. Pero la novedad radica en que este programa aporta un enfoque innovador que une la doble faceta artística y técnica de su creador. Sus conocimientos en informática y “destreza digital” han contribuido a su capacidad para generar los soportes audiovisuales que despliega en su proyecto.

El objetivo: crear música. La clave: no hacerla mediante la escritura tradicional, sino “descifrarla” antes mediante juegos creativos en los que el alumnado interactúa con códigos de colores, patrones y estructuras que debe interpretar o reconstruir, convirtiendo el aprendizaje en un proceso “activo y significativo”. Están pensados para utilizarnos desde la Educación Primaria hasta cualquier nivel más avanzado.

“A veces incluso me llaman profesores de Lengua o de Matemáticas, porque puede servir para lenguajes muy comprensibles y de manera muy visual, sin tener conocimientos de lenguaje musical. Se pueden hacer adaptaciones curriculares de todo tipo”.

Para comprenderlo mejor, ha elaborado un vídeo de muestra para este medio:

Los juegos unen “diversión, ingenio y creatividad” y el proyecto ofrece más de 350 recursos online totalmente gratuitos. Por ejemplo, hay un apartado denominado ‘Enigmas’ en el que se proponen más de una veintena de juegos. En uno de ellos debe encontrarse la acentuación correcta en la que la sonoridad de la palabra es la misma que la acentuación del compás.

En otro, el ‘Camino cifrado’, hay que llegar desde el inicio hasta el final de una suerte de laberinto sonoro a través de los cifrados correctos. O en ‘Continúa la melodía’, el jugador debe adivinar cada una de las canciones propuestas y tocarlas con sus compañeros y compañeras.

Uno de los más divertidos es la ‘Partitura encriptada’ un “enigma musical” en el que hay que reconstruir una partitura a través de la interpretación de una serie de instrucciones. “Es una forma divertida de verbalizar los conceptos de teoría y lenguaje musical para aprender de una manera diferente”, explica el profesor.

Y en su afán de fusión entre disciplinas, también ofrece otro juego llamado ‘Pixel Art’, donde se puede pintar una imagen según los colores de las figuras musicales para obtener un dibujo. Según apunta, puede ser “ideal para decorar la clase”.

‘Música encriptada’ incluye asimismo varios experimentos. Destaca entre ellos ‘Copas musicales’, que permite crear un instrumento musical con copas. “Es Ideal para trabajar con niños en casa y en el aula y así entender las propiedades sonoras, con copas más agudas y otras más graves. Con ayuda de un afinador pueden sonar como quieras”, detalla.

Actualmente, el proyecto de Carlos Alcázar supera los 150.000 seguidores, con vídeos que acumulan millones de visualizaciones, lo que permite que sus contenidos didácticos lleguen a centros educativos de todo el mundo. Ahora, la demanda de sus juegos “no para de crecer”.

Entre sus líneas de trabajo actuales se encuentra la colaboración con el Teatro de la Zarzuela en el desarrollo de ‘Zarzuela al Aula’, una propuesta que impulsa la creación de materiales didácticos para integrar el género lírico español en las aulas. Además, su labor ha sido respaldada por referentes internacionales en innovación educativa como la plataforma española Genially y la empresa tecnológica estadounidense Makey Makey.

Formación del profesorado

Paralelamente, este docente desarrolla una amplia labor en la formación del profesorado. Durante el presente curso ha impartido sesiones presenciales en diversas ciudades españolas como Santander, Valladolid, Logroño, Granada, Valencia, Madrid, Alicante o Toledo, además de numerosos cursos en modalidad online dirigidas a docentes de diferentes niveles educativos.

A lo largo de su trayectoria, Carlos ha llevado a cabo más de un centenar de cursos en los que han participado más de 2.000 docentes, incluyendo su presencia en congresos de educación musical tanto a nivel nacional como internacional.

Este nuevo galardón se suma al Premio KidFestival, Festival Internacional de Creadores de Contenido Infantil y Juvenil, recibido a comienzos de este año, así como al Premio EDE al Mejor Educador Digital de España en la categoría de Música, lo que consolida su trayectoria como referente en la innovación educativa y la creación de contenidos didácticos a través de la música.

Después de siete años, el proyecto sigue creciendo y su creador quiere continuar alimentándolo para que llegue aun a más gente. “Es mi pasión, quiero contagiarla y como veo que funciona, pues para adelante”.

La Conselleria de Educación ha presentado la oferta de empleo público docente correspondiente a 2026, que asciende a un total de 2.067 plazas distribuidas entre los distintos cuerpos docentes.

Esta oferta se ha calculado conforme a la tasa de reposición de efectivos establecida en las leyes de presupuestos estatal y autonómica, que en el ámbito educativo puede alcanzar hasta el 120 %. A partir de este cálculo, que ha dado como resultado 1.398 plazas, la Conselleria ha decidido incrementar la oferta en un 20 % adicional, sumando 280 plazas más, con el objetivo de seguir reduciendo la temporalidad en el sistema educativo.

A estas plazas se incorporan también las vacantes que quedaron desiertas en procesos selectivos anteriores, lo que permite optimizar los recursos disponibles y avanzar en la consolidación del empleo estable. Se trata de un total de 389 plazas.

La distribución de la oferta de empleo público contempla especialmente el refuerzo del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, que concentra la mayor parte de la oferta, junto con plazas en Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, enseñanzas artísticas e Inspección educativa. Además, se reserva un cupo no inferior al 10 % para personas con discapacidad.

El desglose por cuerpos es el siguiente:

-   Profesores de Enseñanza Secundaria: 1.855 plazas

-   Profesores especialistas en Sectores Singulares de la FP: 95 plazas

-   Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 22 plazas

-   Profesores de Música y Artes Escénicas: 21 plazas

-   Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 49 plazas

-   Catedráticos de Música y Artes Escénicas: 10 plazas

-   Inspección educativa: 15 plazas

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha subrayado que “esta oferta responde a una planificación rigurosa y a una voluntad clara de dar estabilidad a los centros y al profesorado. Estamos hablando de oportunidades reales de acceso a la función pública docente y de una mejora estructural del sistema educativo valenciano”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para reducir las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales que imparte el profesorado. Con esta nueva ley, si la aprueba el Parlamento, el Gobierno fija los mínimos que las comunidades autónomas deben cumplir en ambos aspectos, aunque también pueden mejorarlos. De hecho, la norma no tendrá efecto en muchas autonomías, que ya habían alcanzado motu proprio las cifras que establece ahora el Ministerio de Educación. Otras, como Madrid o Galicia, sí tendrán que adaptar sus sistemas. La previsión es que la norma, que se aplicará de manera progresiva, esté plenamente operativa en el curso 2030-31.

El texto, negociado con los sindicatos más representativos, propone reducir el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y a 25 en la ESO (ahora son 30). En primera instancia quedan fuera las etapas no obligatorias (Educación Infantil o Bachillerato), pero el Ministerio ha anunciado este mismo martes que empezará los trabajos para reducir las ratios de la etapa 0-3 después de que la ministra, Milagros Tolón, se haya reunido estos días con las representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, cabeza visible de la huelga indefinida en el 0-3 que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid desde hace dos semanas.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) contará doble a la hora de establecer estas ratios, de manera que las clases que cuentan con estos estudiantes tendrán menos alumnos, una disposición por la que pelearon especialmente los sindicatos. Esta medida afectará a todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean privados con concierto o públicos.

Respecto a las horas lectivas máximas, pasarán de 25 a 23 semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 20 a 18 horas en el resto de enseñanzas (Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional), aunque la ley deja abierta la puerta a que “de manera excepcional (...) podrá alcanzarse un máximo de 20 horas”. Esta segunda pata del ya proyecto de ley solo incluye al profesorado de la pública, un jarro de agua fría para los docentes de la concertada, que justo negocian su convenio estos días y aspiraban a igualarse con sus compañeros de los centros estatales.

“Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes. [Esta ley] es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, ha valorado la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Venimos a revertir los recortes de 2012”, ha sostenido la ministra.

¿Un estatuto docente al final del túnel?

Con esta ley, el Ministerio de Educación aprueba la primera pata de lo que pretende sea el futuro estatuto docente, una norma que el profesorado lleva décadas esperando y que debe regular la formación, el acceso, desarrollo y jubilación docentes. La ley educativa (Lomloe) obligaba al Gobierno a abrir esta negociación con los sindicatos, y el ministerio siempre apostó por ir aprobando cada hito según se fuera pactando en vez de esperar a tenerlo todo para aprobarlo como un bloque. En ese sentido, la aprobación de este martes puede considerarse un hito: es el primer paso que se da para conseguir algo parecido a una norma que regule la carrera del profesorado.

La bajada de ratios es una de las medidas más populares entre el profesorado, pese a que algunos estudios cuestionan la eficacia de esta medida una vez que se han alcanzado ciertas cotas. EsadeEcPol publicó recientemente uno que concluye que reducir en cinco alumnos el tamaño de una clase baja cuatro puntos porcentuales la probabilidad de que la disrupción, uno de los principales problemas en clase que señala el profesorado, sea un problema moderado o grave, pero apenas impacta en la práctica docente y además implica que las familias “relajan ligeramente su esfuerzo cuando las clases son más pequeñas”.

El profesorado cuestiona este tipo de conclusiones porque, se argumenta, la educación es más que una nota en Lengua o Matemáticas o un cálculo financiero sobre cuánto cuesta algo. “La investigación internacional sobre tamaño de grupo y resultados educativos no ofrece una respuesta única, pero tampoco avala la idea de que la ratio sea irrelevante. Las revisiones sistemáticas más amplias, que agregan estudios de decenas de países, encuentran efectos estadísticamente significativos, especialmente en comprensión lectora y en los primeros años de escolarización. Además, hay un consenso bastante sólido en dos puntos: los beneficios son mayores en las etapas iniciales y entre alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, donde más importa la equidad y la inclusión”, escribía en este diario Teresa Esperabé, responsable de Educación de CCOO.

El Gobierno ha calificado estos cuatro años como “la legislatura del profesorado” y la aprobación de este anteproyecto de ley es el primer paso concreto en ese sentido. “Estamos cumpliendo”, ha afirmado la ministra este martes.

La norma llega tras meses de protestas del profesorado en la calle. Los docentes de más de media España, de Andalucía a Catalunya pasando por Madrid, se sienten agraviados y poco valorados en su labor: sea por las ratios, por las horas lectivas, por las diferencias salariales, por la burocracia o por todas ellas, al menos diez comunidades autónomas han visto manifestaciones y/o huelgas docentes en los últimos meses. El Ministerio de Educación no tiene las competencias reales de muchos de estos aspectos, pero en otros –como las ratios o las horas lectivas– sí puede fijar el marco básico para las comunidades, como ha hecho este martes. Acceso (cómo son las oposiciones), retribuciones, nivel de los funcionarios, la jubilación y la carrera profesional esperan turno.

Si eres docente es fácil que andes algo enfadado. Hay una probabilidad bastante alta de que hayas sido convocado a una manifestación o incluso huelga en los últimos meses, y que hayas ido. Quizá estuviste este mismo domingo gritando en Madrid o igual fuiste a la manifestación histórica de hace unos meses en Barcelona. O has estado en Santander, València, Bilbao, Oviedo, Sevilla, Toledo, Santiago de Compostela o cualquiera otra de las muchas localidades que han visto al profesorado protestar recientemente.

Puede que te has manifestado porque te pagan mucho menos que a tu vecino de comunidad, que hace exactamente lo mismo que tú. O porque tienes 25 horas lectivas semanales y mucho más alumnado en clase del que puedes gestionar. Quizá no aguantes más la burocracia, los informes y las tablas interminables que te exigen para evaluar a cada alumno. O porque crees que le das mucho a la sociedad y esta no te corresponde y minimiza tu labor, o porque has perdido la autoridad que quizá tuviste algún día y ves que las familias tienden a ponerse de parte del alumnado y dejarte solo. Y todo es cada vez más difícil y tienes más obligaciones.

Como dice Rosa Rocha, directora de un IES en Madrid, te cae todo lo que la sociedad no es capaz de resolver, desde el acoso hasta la gestión de los móviles y las redes sociales pasando por el bienestar mental del alumnado. ¿Y el mío?, te preguntas. ¿Quién se ocupa del mío? Porque cada vez más profesores se cogen bajas por este motivo, raro es el docente que no conoce a un compañero que lo ha sufrido.

Y ves que pasan los cursos y los años y estás a punto de jubilarte y los recortes de la década pasada siguen sin revertirse del todo 15 años después después. Y oyes que el Ministerio de Educación llama a estos cuatro años “la legislatura del profesorado”, pero tú no ves ninguna mejora. Te acuerdas también de que en noviembre se aprobó un borrador para bajar las horas lectivas semanales y el número de alumnos por clase, pero nunca se volvió a saber. Y lo más probable es que ni siquiera te afecte, porque tu comunidad ya lo ha hecho motu proprio, pero ni siquiera ese gesto sale. Y piensas que a este ritmo cómo va a salir todo un estatuto docente antes de las elecciones.

El profesorado está cansado y lo está haciendo saber por toda España. Por el momento es una cuestión autonómica y muchas de las protestas de los últimos meses han logrado doblar la mano a la administración correspondiente, pero también hay visos para una escalada.

Las maestras y educadoras infantiles del 0-3 marcan el pulso en este momento con una huelga indefinida en Madrid que va a saltar a territorio nacional: este colectivo merece mención especial: muchas de sus trabajadoras (son prácticamente todas mujeres) vigilan a una decena de bebés cada día a cambio de poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Como dice un profesor de Derecho del Trabajo, en este país se paga mejor cuidar coches que bebés. Es difícil no empatizar con esta huelga.

Estas trabajadoras, junto a las universitarias, fueron el corazón de la protesta del pasado domingo en Madrid. En esta ocasión se manifestaban en la región todos los educadores, en el sentido más amplio de la palabra: de 0 años hasta la universidad, todo el mundo estaba convocado para esta marcha en defensa de la educación pública, que también daba continuidad de alguna manera al referéndum simbólico que el jueves preguntó a la comunidad complutense si está de acuerdo con el plan de recortes aprobado por el rectorado de la UCM.

Por cierto, hablando de recortes y del estado de la educación pública, no solo en la Complutense cuecen habas: la Universidad de Sevilla también tiene un grave problema económico y necesita recortar 16 millones de euros, dice la nueva rectora: el plan es reducir clases, cerrar facultades por la tarde y prescindir de profesorado. Todo ello pese a que los centros acaban de validar la propuesta de la Junta para repartirse un total de 1.825,7 millones de euros este 2026.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Los sindicatos consideran que la reunión mantenida este lunes con la consellera de Educación, Carmen Ortí, en la mesa sectorial “no ha servido” para “arrancar” un compromiso real y efectivo de comenzar una negociación real y efectiva. “Ha insistido de nuevo en que no se pueden comprometer a negociar este aumento, a pesar de que han informado de que están en conversaciones con Hacienda, y tampoco han querido avanzar cuáles son las propuestas retributivas que están trasladando a Hacienda”, han apuntado desde el Stepv.

El sindicato ha recordado que, siempre que se han negociado aspectos que afectan a los presupuestos, la negociación en la mesa sectorial ha ido en paralelo a las consultas con Hacienda para ligar lo que se está negociando en la mesa, “pero esta vez, ni tan solo eso”.

Sobre el resto de temas de la plataforma reivindicativa, la impresión que ha sacado Stepv es “básicamente” la misma que respecto a las retribuciones: “Todo lo que cueste dinero será complicado negociar”. Y, de nuevo, la Conselleria “ha insistido en que exijamos al Estado que financie a las comunidades autónomas la bajada de ratio prevista por el Ministerio de Educación”.

Por tanto, ante lo que consideran una respuesta “frustrante” de la titular de Educación, el sindicato hace un llamamiento al profesorado para trabajar en la organización de la huelga indefinida en la que “se está trabajando de forma unitaria, por medio de encuestas y asambleas de centro, porque es la única opción que tiene el conjunto del profesorado y los sindicatos para conseguir mejoras en este contexto”.

Petición de responsabilidad a los sindicatos

La consellera Carmen Ortí ha calificado el encuentro de “cordial” y “amable”, en el que cada uno ha expuesto “lo que ha considerado oportuno”. “Lo más importante es poner en valor que este es un Gobierno dialogante y que por primera vez, después de once años, está sobre la mesa la valoración de la situación docente porque nuestra intención es mejorarla”, ha expuesto la titular de Educación.

“Es importante recordar que durante los ocho años del Botànic ni siquiera estuvo en el calendario de negociaciones este aspecto y, a día de hoy, estamos trabajando en él”, ha insistido Ortí, quien ha reiterado que depende de los presupuestos y de la financiación que se pueda conseguir, “pero seguro que llegaremos a un acuerdo”.

En este sentido, consideraba que los sindicatos van a ser “responsables, sobre todo con la protección de los derechos del alumnado”, y “dado que hay una posición de diálogo y de llegar a acuerdos, creo que van a tener en cuenta no causar ningún tipo de lesión a los derechos de los alumnos y alumnas”.

Las pruebas de la OPE de Magisterio, Artes Plásticas y Diseño y Música y Artes Escénicas comenzarán el próximo 19 de junio, centrándose “el núcleo principal de pruebas masivas” el día 20 y 21 de ese mismo mes. Aunque, según las previsiones de Educación, el proceso podría alargarse hasta el día 22 de junio en las especialidades integradas en Artes Plásticas y Diseño, y Música y Artes escénicas.

Desde el pasado 10 de abril está publicado en la web el “baremo definitivo” del proceso de selección de maestros y maestras a vista de que se desarolle “el próximo verano”. De esta forma, los 5.653 aspirantes ya tienen disponible “la puntuación que les corresponde por su experiencia, titulaciones, conocimiento de idiomas, etc” para optar a las 2990 plazas de maestros y maestras. Esta calificación supondrá una tercera parte de la nota final, que se completará con la fase de la oposición (que puntuará los otros dos tercios).

En el caso del profesorado que aspire a incorporarse a “los cuerpos docentes de Artes Plásticas y Diseño y Música y Artes Escénicas”, en los que se han convocado 66 plazas, disponen de “plazo hasta el próximo 17 abril para presentar alegaciones al baremo provisional de méritos que se publicó el pasado 31 de marzo”. Una vez que se analizcen las reclamaciones, se publicará el baremo definitivo de estas especialidades, al igual que con el resto de maestros.

Además, ya están publicados “los criterios de valoración de los ejercicios correspondientes a la presentación y defensa de la programación didáctica y a la de la unidad didáctica” para las especialidades convocadas. Según Gobierno de Navarra, “fruto del intenso trabajo que están desarrollando las comisiones de selección y tribunales únicos desde el día de su constitución” hace dos meses. La resolución “que determina que la entrega de la programación didáctica se realice entre los días 27 de abril y 4 de mayo, ambos inclusive” ya está publicada en la página web del gobierno foral. Así pues, la entrega se realizará de forma online.

Un funcionari de la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha presentat un escrit als grups en les Corts Valencianes, per mitjà del qual denuncia els continguts de la publicació del llibre Educación 6.9. Fábrica de gurús, obra de Jordi Martí, subdirector general de Formació del Professorat.

Es tracta d’una obra “de caràcter educatiu i dirigida expressament al món docent” que recull “llenguatge sexualment explícit”, descripcions “denigrants” del professorat, expressions que “banalitzen” l’Holocaust i “desqualificacions” dels sistemes institucionals de reconeixement docent, “alguns dels quals són competència directa de la Subdirecció que ell mateix dirigeix”.

El subdirector general de Formació del Professorat és el màxim responsable de dissenyar, planificar i supervisar la formació que rep el professorat valencià, a qui s’ha d’exigir “conducta exemplar, respecte a la dignitat dels ciutadans i neutralitat en l’exercici de les seues funcions”. Segons el parer del denunciant, la descripció del professorat que assisteix a formacions com “els més estúpids de la piràmide” —feta públicament per qui té la responsabilitat institucional de formar-los— “entra en contradicció directa amb aquests principis”.

El contingut del llibre, adverteix, “afecta la credibilitat i la imatge de la Conselleria d’Educació davant el professorat, les famílies i la societat valenciana”, mentre que la referència a les cambres de gas nazis com a “pràctica sexual masoquista” constitueix “una banalització de l’Holocaust que resulta objectivament inacceptable en qualsevol context, i amb més raó quan és subscrita per un alt càrrec de l’Administració educativa pública”.

“El mateix que follar”

L’escrit reprodueix literalment alguns fragments a què es refereix. Per exemple, alguns casos de llenguatge sexual explícit aplicat a qüestions pedagògiques: “No es tracta d’un recurs puntual, sinó d’un patró present en tots els capítols”.

En aquest sentit, recull determinades citacions textuals: “El mateix que follar. Hi ha persones que follen i altres que no. Persones que prefereixen estar dalt i altres, baix. No és millor un 69 que un 42. El problema és pensar que a tots els va bé una execució o una altra. Però ni tots tenen la mateixa forma física ni la mateixa constitució. Ni tampoc tenen els mateixos gustos sexuals”. Aquestes frases estan relacionades amb metodologies educatives.

Sobre la zona de confort docent, relata: “Forçar que els docents isquen de pràctiques metodològiques en què se senten còmodes [...] és estar en coitus interruptus permanent. Això que et vulguen follar educativament i que, a més, hages de pagar, amb els teus diners o amb diners públics, aquesta cardada, resulta molt desagradable”. O bé: “Imagineu-vos algú en plena faena, dins d’una orgia en què, ni en els seus remots somnis pensava participar, sentint per un megàfon, a altíssims decibels: Eixiu tots de la vostra zona de confort!”. En un altre punt, escriu: “No estic en contra de buscar en Google. Jo mateix busque postures sexuals que mai experimentaré. També m’interessa saber quina és la grandària del membre més habitual en la meua localitat”.

Sobre qüestions que el denunciant qualifica d’ofensives i denigrants sobre el personal docent, Martí subratlla: “No entenc [...] la necessitat de prostrar-se davant els posseïdors del vil metall com uns autèntics ninots. Collons, i la professionalitat d’un?”.

El denunciant també ressenya que l’autor desqualifica “amb contingut sexualment degradant” els premis educatius institucionals: “El que passa en l’àmbit educatiu, amb Grans Profes, el Teacher Prize o el Clarió d’Or, és només un reflex del que passa en altres àmbits. [...] A més, una vegada s’ha adquirit el Piuot d’Or... perdoneu, el Clarió d’Or, ja és impossible que ningú puga qüestionar què significa tan magne premi”.

Petició als grups parlamentaris

El denunciant reclama als grups parlamentaris que valoren la realització d’una pregunta, “oral o escrita”, al Consell sobre el coneixement que la Conselleria té del contingut del llibre i la seua valoració sobre la seua compatibilitat “amb l’exercici del càrrec”. De la mateixa manera, insten a sol·licitar la compareixença de la consellera Carmen Ortí per a informar dels mecanismes de supervisió ètica.

Finalment, reclama que se sol·licite al Govern valencià l’adopció de mesures en relació amb el càrrec esmentat a la vista dels principis ètics exigibles en la formació docent.

Consultats per elDiario.es, la Conselleria d’Educació no ha fet cap valoració sobre aquesta denúncia.

Un funcionario de la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha presentado un escrito a los grupos en las Corts Valencianes, por medio del cual denuncia los contenidos de la publicación del libro Educación 6.9. Fábrica de gurús, obra de Jordi Martí, subdirector general de Formación del Profesorado.

Se trata de una obra “de carácter educativo y dirigida expresamente al mundo docente” que recoge “lenguaje sexualmente explícito”, descripciones “denigratorias” del profesorado, expresiones que “banalizan” el Holocausto y “descalificaciones” de los sistemas institucionales de reconocimiento docente, “algunos de los cuales son competencia directa de la Subdirección que él mismo dirige”.

El subdirector general de Formación del Profesorado es el máximo responsable de diseñar, planificar y supervisar la formación que recibe el profesorado valenciano, a quien se le debe exigir “conducta ejemplar, respeto a la dignidad de los ciudadanos y neutralidad en el ejercicio de sus funciones”. A juicio del denunciante, la descripción del profesorado que asiste a formaciones como “los más estúpidos de la pirámide” —hecha públicamente por quien tiene la responsabilidad institucional de formarles— “entra en contradicción directa con estos principios”.

El contenido del libro, advierte, “afecta a la credibilidad e imagen de la Conselleria de Educación ante el profesorado, las familias y la sociedad valenciana”, mientras que la referencia a las cámaras de gas nazis como “práctica sexual masoquista” constituye “una banalización del Holocausto que resulta objetivamente inaceptable en cualquier contexto, y con mayor razón cuando es suscrita por un alto cargo de la administración educativa pública”.

“Lo mismo que el follar”

El libro reproduce literalmente algunos fragmentos a los que se refiere. Por ejemplo, algunos casos de lenguaje sexual explícito aplicado a cuestiones pedagógicas: “No se trata de un recurso puntual, sino de un patrón presente en todos los capítulos”.

En este sentido, recoge determinadas citas textuales: “Lo mismo que el follar. Hay personas que follan y otras que no. Personas que prefieren estar arriba y otras abajo. No es mejor un 69 que un 42. El problema es pensar que a todos les va bien una ejecución u otra. Pero ni todos tienen la misma forma física ni la misma constitución. Ni tampoco tienen los mismos gustos sexuales”. Estas frases están relacionadas con metodologías educativas.

Sobre la zona de confort docente, relata: “Forzar a que los docentes salgan de prácticas metodológicas en las que se sienten cómodos [...] es estar en coitus interruptus permanente. Esto de que te quieran follar educativamente y que, además tengas que pagar, con tu dinero o con dinero público, ese follamiento, resulta muy desagradable”. O bien: “Imaginaos a alguien en plena faena, dentro de una orgía en la que, ni en sus remotos sueños pensaba participar, oyendo por un megáfono, a altísimos decibelios: ¡Salid todos de vuestra zona de confort!”. En otro punto, escribe: “No estoy en contra de buscar en Google. Yo mismo busco posturas sexuales que jamás voy a experimentar. También me interesa conocer cuál es el tamaño del miembro más habitual en mi localidad”.

Acerca de cuestiones que el denunciante califica de ofensivas y denigratorias sobre el personal docente, Martí subraya: “No entiendo [...] la necesidad de postrarse ante los poseedores del vil metal cual unos auténticos peleles. Coño, ¿y la profesionalidad de uno?”.

El denunciante también reseña que el autor descalifica “con contenido sexualmente degradante” los premios educativos institucionales: “Lo que sucede en el ámbito educativo, con Grandes Profes, el Teacher Prize o la Tiza de Oro, es solo un reflejo de lo que sucede en otros ámbitos. [...] Además, una vez se ha adquirido el Pollón de Oro... perdonad, la Tiza de Oro, ya es imposible que nadie pueda cuestionar lo que significa tan magno premio”.

Petición a los grupos parlamentarios

El denunciante reclama a los grupos parlamentarios que valoren la realización de una pregunta, “oral o escrita”, al Consell sobre el conocimiento que la Conselleria tiene del contenido del libro y su valoración sobre su compatibilidad “con el ejercicio del cargo”. De igual forma, instan a solicitar la comparecencia de la consellera Carmen Ortí para informar sobre los mecanismos de supervisión ética.

Finalmente, reclama que se solicite al Gobierno valenciano la adopción de medidas en relación con el citado cargo a la vista de los principios éticos exigibles en la formación docente.

Consultados por elDiario.es, la Conselleria de Educación no ha realizado ninguna valoración al respecto de esta denuncia.

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid... En los últimos meses ha habido huelgas, paros y/o manifestaciones docentes en media España porque el profesorado, desde Infantil hasta el Bachillerato, está harto de las condiciones en las que ejerce la profesión y lo que recibe a cambio. Cuentan los educadores que perciben que la sociedad no valora su labor, un intangible que puede que no saque a nadie a la calle, pero mina el ánimo, y no poco. “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias”, pide Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid, “a fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

Profesores y maestros salen a la calle o se encierran en centros para protestar por las condiciones materiales e inmateriales en que trabajan por todo el país. Hay problemas generales y problemas particulares en algunos territorios o etapas, pero todos llevan a la misma conclusión: la docencia se ejerce en condiciones cada vez peores y, en los últimos años, Lomloe mediante, la situación se ha vuelto más complicada porque la ley exige una atención individual al alumnado difícil de cumplir.

El exceso de estudiantes por aula, las horas lectivas semanales, los salarios, la temporalidad de buena parte de las plantillas, que además tiene peores condiciones, o la interminable burocracia aparecen en todas las encuestas como los principales problemas del día a día del colectivo; las familias contestatarias o incluso que acuden a las reuniones con tutores con abogados, la gestión emocional del alumnado, controlar las crecientes conductas autolíticas en los centros, el acoso, los móviles y las redes sociales, junto a una sensación de abandono de la educación pública en algunas comunidades autónomas completan un frente de batalla demasiado grande para gestionar.

Y los docentes, cansados, salen a protestar. El descontento es tan generalizado que ha conseguido que sindicatos de ideologías contrarias se pongan de acuerdo para cerrar acciones reivindicativas. Desde las mareas verdes, que inundaron las calles contras los recortes la década pasada, no se manifestaba tanto hartazgo. En un sector que ya tiene problemas para atraer a profesionales, sobre todo en determinados perfiles técnicos, uno de cada cinco profesores de Secundaria se plantea dejarlo, según una macroencuesta a docentes. Uno de cada seis sufre altos niveles de estrés.

De Catalunya a Galicia

En Catalunya hubo hace un mes una manifestación histórica bajo el lema ¡Basta! ¡Mejoras laborales ya! A la educación: más salarios, más recursos, menos ratios, menos burocracia; miles de personas salieron a la calle en Zaragoza en defensa de la educación pública a principios de año tras tres días de huelga; hace un año el profesorado vasco le echó un pulso de cinco días al Gobierno autonómico y lo ganó; Galicia va a por el sexto día de huelga en lo que va de curso para reivindicar mejoras de las ratios, atención a la diversidad o la recuperación de derechos perdidos la década pasada; los docentes cántabros también sacaron rédito de una huelga en octubre seguida de paros este 2026; sus colegas asturianos exigieron mejoras con una huelga el pasado verano. En Extremadura el profesorado salió a la calle para pedir una equiparación salarial con otras comunidades en un aspecto que provoca gran fricción según dónde: las diferencias en las nóminas entre regiones pueden llegar hasta los 700 euros al mes.

Este mismo viernes los principales sindicatos valencianos amenazan con darle continuidad a la huelga del pasado 31 de marzo con más paros. En Madrid la comunidad educativa lleva como mínimo un par de años protestando por cuestiones varias y estos días las educadoras de infantil, las trabajadoras más precarias de todo el sector educativo, están llevando a cabo una huelga indefinida porque no pueden más. Y eso sin contar al sector universitario, en guerra abierta con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Todos ellos, de infantil a la universidad, salen a la calle este domingo en la capital a decirle a la mandataria lo que piensan de su política educativa. En Castilla-La Mancha también ha habido protestas recientes.

El Ministerio de Educación tiene un margen de actuación limitado porque las competencias son autonómicas, pero sí está en su mano sacar adelante el estatuto docente, una norma que regule la carrera (ahora mismo no existe nada), la formación inicial, continua, el acceso y otras condiciones como las horas lectivas o las ratios (luego los Ejecutivos autonómicos pueden mejorar esos mínimos).

El anterior equipo ministerial, liderado por Pilar Alegría, abrió ese melón (tampoco era voluntario, estaba establecido en la ley) que continúa la actual responsable, Milagros Tolón, y está tramitando en el parlamento una bajada de las ratios y las horas lectivas, aunque aprobó el primer borrador en noviembre y no se ha vuelto a saber. Todo va muy despacio. Las negociaciones empezaron en enero de 2025 y los docentes aún no tienen nada que echarse a la boca, recuerda García. “La legislatura del profesorado”, como la definió el Gobierno, amenaza con concluir a medias.

¿Qué está pasando?

¿Se ha deteriorado tanto la situación o simplemente el goteo de agravios sentidos ha acabado por desbordar el vaso? En los últimos meses se suceden los estudios y encuestas que tratan de dar respuesta a la cuestión. CCOO habla de aulas más complejas y menos recursos; STES de burocracia, aulas masificadas y faltas de respeto, el think tank EsadeEcPol añade un peor clima de aprendizaje, salarios estancados o falta de políticas públicas específicas. Además, según avanza el curso más se nota el agotamiento.

“Está pasando que la complejidad en las aulas ha aumentado”, resume Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Educación de CCOO. “En los últimos seis años el alumnado con necesidades educativas especiales ha subido un 75%, pero los recursos un 25%. Hay una sobrecarga de trabajo que, unida al paso de los años y la falta de inversión de las comunidades autónomas, conforman una tormenta perfecta para que exista ese malestar”, opina.

Su homóloga Beatriz García, de UGT, habla de “maltrato” a los docentes y recuerda que son el único grupo de funcionarios que no ha visto una reversión total de los recortes que empezaron en 2010 a raíz de la crisis de hipotecas. “Pasa el tiempo y no se avanza en nada. Hay mucha voluntad de poner en marcha nuevas normas y decretos que avancen en nuevas y mejores condiciones para el profesorado, la gratuidad del 0-3, etc., pero los pasos que se dan son muy pequeños. Dos para delante y tres para atrás”, sostiene.

La directora Rocha hace especial hincapié en la burocracia, y señala directamente a la Lomloe. La ley educativa, aprobada en 2021 como respuesta a la segregadora Lomce del PP, propone una atención individualizada que, según Rocha, “ha cambiado la realidad del profesorado”. “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... que hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Faltan recursos para atender todo lo que la ley pide, coincide Esperabé. “Falta personal de apoyo educativo, orientador, de enfermería”, sostiene. En Madrid, por ejemplo, no hay un solo centro que tenga la plantilla completa, según denunciaron los directores hace unos meses.

Esta falta de personal no es óbice para que las tareas de los docentes se multipliquen, recuerda Rocha, y los docentes sienten que les caen “todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”.

Y sienten que a cambio no reciben lo que merecen, desde un cierto reconocimiento social hasta un salario acorde. “No es medible”, concede Esperabé, “pero ese papel y reconocimiento docente que antes estaba ahí ahora ya no”, asegura. Rocha coincide en que las familias –no todas, sí muchas– han perdido el respeto al profesorado y lo que antes era un apoyo incondicional ahora es defender al hijo sí o sí, cuando no se presentan con un abogado, casos no muy habituales, pero que se empiezan a dar, asegura. “Cuestionan nuestro trabajo, cuestionan las sanciones, se pone en duda la palabra del profesor... Esas actitudes socavan mucho el ánimo y el bienestar emocional del profesorado. Y hablamos mucho del bienestar del alumnado, pero ¿y los profesores? De eso no se habla, pero cada vez hay más bajas por esta cuestión”, sostiene. Raro es el docente que no conoce a algún compañero que haya estado de baja por estas razones. “Tienen que cuidarnos un poco más, hacemos muy buen trabajo para la sociedad”, cierra Rocha.

La Universidad de Sevilla (US), la más grande de Andalucía con 71.000 alumnos y unos 7.600 profesores, ha presentado este martes un plan de recortes de 16 millones de euros en el gasto, que obligará al Rectorado a tomar medidas drásticas, como reducir los grupos (meter más alumnos por aulas), cerrar el turno de tarde en algunas facultades, restringir la contratación de personal laboral temporal y suspender temporalmente los procesos ya abiertos de promoción a cátedra.

La nueva rectora de la institución, Carmen Vargas, ha confirmado este martes en el Consejo de Gobierno de la Hispalense que “es necesario” asumir estos “ajustes” en el gasto por una razón fundamental: porque la institución se encuentra aún con el presupuesto prorrogado de 2025, con un techo de gasto para la plantilla, que se ha demostrado insuficiente para asumir la obligada subida del 2,5% en el salario de su personal funcionario, una medida aprobada por el Gobierno de España, con efectos desde el 1 de enero de 2025.

La rectora también ha explicado que el Gobierno andaluz, del que depende gran parte de la financiación universitaria, no ha cerrado aún las cifras que recibirá cada universidad pública en 2026, “un dato imprescindible para elaborar el nuevo presupuesto universitario”, pero la Junta lo niega y asegura que “es el presupuesto de la Hispalense el que está prorrogado, no el de la Junta”.

La Junta, pendiente del pacto entre rectores para repartirse 1.800 millones

Desde la Consejería de Universidades aclaran que el montante total para las diez academias públicas de Andalucía está ya recogido en los Presupuestos Autonómicos para 2026, aprobados el pasado diciembre en el Parlamento, y rondan los 1.788 millones de euros, 61,7 millones de euros con respecto al año anterior (3,6% más).

Sin embargo, “falta que los rectores se pongan de acuerdo en el reparto” de ese dinero y que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) lo apruebe, algo que suele demorarse hasta final de año. Las mismas fuentes aclaran que el consejero del ramo, José Carlos Villamandos, ya trasladó a los rectores una propuesta de reparto de esos 1.788 millones, “pero por ahora no parece haber consenso y no hemos recibido respuesta”.

La rectora de la Hispalense tuvo una reunión el pasado 26 de marzo con los jefes de departamento de la Hispalense donde les adelantó el plan de ajustes, pero ha sido esta semana cuando les ha convocado para detallar las medidas que van a aplicarse. Algunos de esos jefes de departamento han informado a sus profesores del contenido de la reunión y les han avanzado que los recortes pueden afectar al personal docente y a los horarios que tienen asignados.

“Se están denegando plazas de profesorado por necesidad docente y en lugar de ello, esta semana, se está recortando el número de créditos de los departamentos por medio de la consolidación de grupos (admitiendo grupos más masificados)”, asegura uno de los profesores a este periódico.

El Rectorado ha confirmado este martes que se baraja la reducción de contratos de personal laboral. Algunos departamentos de facultades de la Hispalense se reunirán esta misma semana para abordar “formalmente” la pérdida de 24 créditos por departamento, el equivalente de un profesor, y la consolidación de grupos, reubicando al alumnado que antes ocupaba dos aulas en una sola (amortizando así una plaza docente).

“La US se encuentra coyunturalmente en una situación complicada que requiere de algunos ajustes para control de gastos y eficiencia. Nos explican que la modificación presupuestaria que prevé el Rectorado consistirá en una transferencia de crédito entre distintos capítulos del presupuesto de 16 millones como medida provisional. La intención del Rectorado es afectar lo menos posible a centros y departamentos. Nos confirman que nos afectará, pero explican que aún no pueden concretar en qué forma exactamente”, reza uno de los correos electrónico que un jefe de departamento envió a sus profesores este lunes.

Fuentes de distintos departamentos, consultados por este periódico, aseguran que hay personal docente e investigador insertos en un proceso de promoción a cátedra abierto que ha sido convocado a una reunión por el Rectorado este mismo jueves. “Previsiblemente para decirnos que se dilatan o suspenden temporalmente, a pesar de que solo se han consumido la mitad de las plazas previstas en la oferta de empleo público del 2025 para el que deberían haber hecho previsión de gasto”, advierte uno de los afectados. La Universidad de Sevilla ha confirmado este extremo a elDiario.es: “Las promociones a cátedra se aplazan hasta después del verano”, señalan estas fuentes.

La Junta afea a la Hispalense el descontrol de sus cuentas

El Gobierno andaluz preveía distribuir un primer reparto del dinero de la financiación universitaria entre las diez acadamias “en los primeros meses del año”. Algo que ocurriría “por primera vez”, después de “décadas en los que se hacía en los meses de septiembre y octubre”. En el mes de junio pensaban acometer un “segundo reparto” de dinero, “en base al estudio técnico acordado con los rectores y la rectora, y en el que se incrementarán partidas en aquellos casos que sean necesarios”. Pero a 14 de abril aún no existe acuerdo entre las universidades para el primer reparto.

Sobre la situación financiera de la Universidad de Sevilla, la consejería advierte de que ésta “no ha reclamado a la Junta ningún pago de deuda” y que “si existe un desfase de 16 millones”, la rectora “debería analizar de dónde proviene ese desfase”. “En la Junta de Andalucía no consta ni nos han hecho llegar ninguna información al respecto. Sería la primera noticia que tenemos sobre esta cuestión”, aseguran estas fuentes.

El mensaje del departamento de Villamandos es muy crítico con la gestión de las cuentas en la Hispalense, que la nueva rectora ha heredado de su antecesor, Miguel Ángel Castro, aunque ella también formó parte de su equipo de gobierno. “Si existe remanente de tesorería negativo es el Consejo Social de la US el que debe establecer un plan de ajuste para compensar esa cantidad en los años siguientes, que según la información remitida es un déficit de 1,5 millones”, advierten.

La Universidad de Sevilla ha pasado de un remanente de tesorería no afectado de casi 17 millones en 2023, a ocho millones en 2024, y a un remanente negativo de 1,5 millones el año pasado.

El Gobierno de Moreno, que en esta legislatura ha librado un tenso pulso con los rectores de las públicas a cuenta de la falta de financiación y de la polémica apertura de cuatro nuevas universidades privadas, ha arremetido este martes contra la Hispalense, afeándole que gastase más de ocho millones en 2024, pese a tener sólo autorizados 4,9 millones en su Plan de Inversiones. “Se gastaron 4,5 millones de euros de remanentes para el plan de inversiones sin autorización antes de la toma de posesión de la rectora, lo que explicaría el 1,5 millones en negativo, según los datos remitidos por la propia Universidad”, aseguran.

En el reparto definitivo de 2025, la Universidad de Sevilla recibió 438,2 millones de euros, siendo la universidad pública andaluza que más recibió de todo el sistema. La cifra que recibirá del primer reparto de 2026 queda pendiente del cierre del acuerdo. A pesar de las críticas, la Junta “quiere agradecer a la rectora de la Universidad de Sevilla y a su equipo que esté poniendo orden en las cuentas de la universidad”, concluye.

“Inquietud” en la comunidad universitaria

En la reunión de este martes con su equipo de gobierno, la rectora Vargas ha reconocido la “inquietud” que existe entre la comunidad universitaria sobre la situación financiera de la US y ha defendido la necesidad de adoptar “medidas preventivas” hasta que sea posible elaborar un nuevo presupuesto con los fondos que reparta el “financiador” de los campus universitarios andaluces, que no es otro que la Junta de Andalucía, informa Europa Press.

Sobre las negociaciones con la Junta, la rectora ha pedido a su Consejo de Gobierno “un voto de confianza” ya que las negociaciones están “muy avanzadas”, asegura. Vargas también ha respondido a los avisos lanzados desde los sindicatos que representan a profesores y alumnos, que ya anuncian “movilizaciones” y afean a la rectora que esperaban “más beligerancia” contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por esta “asfixia financiera”. Moreno disolvió el Parlamento el pasado 23 de marzo y convocó elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo.

“¿Cómo y por qué hemos llegado a esta situación?”, se ha preguntado la parte social, que ha criticado la paralización del pago del complemento autonómico y que ha advertido de que confía en que no se frenen las promociones de personal que están recogidas en el convenio colectivo, que “es sagrado”.

Por su parte, la presidenta de la conferencia de decanos y directores, Inmaculada Murcia, ha expresado el “malestar” de su sector ante el planteamiento de reducción de grupos o de contratación de menos personal al entender que estas medidas “afectan a la calidad de la docencia” y “nos traen fantasmas del pasado, como aulas masificadas” e imposibilidad de realizar una evaluación continua.

Por eso, han solicitado conocer los “criterios exactos” que ha seguido el Rectorado para poner encima de la mesa esta propuesta, a lo que la rectora ha respondido que se les harán llegar y que nada es definitivo. “Vamos a seguir trabajando” en un plan de ajuste que obliga a llevar al próximo Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria de 16 millones de euros.

Vargas quiere “consensuar” con los centros y escuelas de la Universidad dónde se harán los ajustes y modificaciones presupuesarias para poder acometer la subida de las nóminas del personal prevista en la ley.

La Universidad de Sevilla tiene 32 centros propios y adscritos, cuenta con un presupuesto anual de 634.400.000 euros (datos de 2025), más del 80% proviene de la financiación de la Junta de Andalucía. El grueso de los gastos de la Hispalense -434.000 euros- es gasto de personal, para pagar la nómina de los más de 7.000 trabajadores, entre funcionarios, personal eventual, laboral, interino, etc...

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy, día 14, la modificación de las plantillas de los centros docentes públicos riojanos, como consecuencia de la creación de 118 nuevas plazas de los cuerpos de Maestros y Profesores de Secundaria, FP, Idiomas, Música y Artes plásticas y diseño, con las que se amplía la plantilla estable de los centros a partir del próximo curso académico 2026-2027.

La mesa sectorial de Educación acordó el pasado mes de marzo la creación de 118 nuevas plazas de docentes con las que se amplía la plantilla estable de los centros educativos riojanos, aportando estabilidad y reduciendo la temporalidad de los maestros y profesores de nuestra comunidad. 

Este importante aumento en la estabilización de la plantilla de docentes de La Rioja para el próximo curso es consecuencia de la apuesta de la Consejería de Educación y Empleo por el ámbito rural, a través de la publicación de la nueva Orden que regula la estructura, organización y funcionamiento de los Colegios Rurales Agrupados (CRA) y por la atención a la diversidad. 

En concreto, a partir del próximo curso se crean 61 nuevas plazas en los centros docentes públicos riojanos de las especialidades relacionadas con la atención a la especialidad y la inclusión educativa, como son Pedagogía Terapéutica (24 plazas), Audición y Lenguaje (9 plazas), Servicios a la Comunidad (13) y Orientación Educativa (15 plazas). 

La elaboración de las plantillas de docentes para el próximo curso ha sido fruto de un trabajo consensuado con los equipos directivos de los centros, desde la etapa de Educación Infantil hasta el resto de etapas y enseñanzas, que han transmitido las necesidades reales que tienen respecto a personal. Además, para la creación de las 118 nuevas plazas, se ha trabajado de manera coordinada con la subdirección general de Recursos Humanos y los servicios de Inspección y Atención a la diversidad de la Consejería de Educación y Empleo.

Hay un colectivo de unos 200.000 profesionales de la educación que se está jugando su futuro estos días con la negociación del VIII convenio colectivo de la escuela concertada. Ha pasado un poco desapercibido porque no les solemos prestar demasiada atención, entono el mea culpa aquí, pese a que hacen el mismo rol que sus compañeros de la pública. Pero el profesorado de la privada sostenida con fondos públicos también existe, no es un grupo pequeño y trabaja en unas condiciones sensiblemente peores que el funcionariado.

Para trabajar en un colegio concertado se piden los mismos requisitos formativos que en la pública. Les diferencia de sus compañeros que no han pasado una oposición –aunque no hace falta superarla para ejercer en la pública– y que no están sometidos a determinada regulación que sí afecta a los trabajadores del estado.

Traducido: cobran algo menos porque no tienen algunos complementos de antigüedad o formativos, dan más horas de clase semanal (23 en Primaria en la mayoría de España en la pública, hasta 28 en la concertada), atiendan a más alumnado. Y, aunque no son funcionarios, pueden casi considerarse empleados laborales públicos porque hacen posible un derecho constitucional garantizado por el Estado y además cobran de él.

Podrá discutirse el papel de la escuela concertada en el sistema, si debe existir y en su caso cómo, pero mientras esté ahí y cumpla el rol que cumple no sé si tiene mucho sentido que maltratemos a su profesorado básicamente porque podemos, para ahorrar unos euros. Y menos teniendo en cuenta que la diferencia básica entre unos y otros es, básicamente, una oposición que ni siquiera hace falta aprobar para entrar en la pública como interino.

Eso defienden los sindicatos del sector: mismo trabajo, mismas condiciones. El salario no depende de estas negociaciones, lo fija el Gobierno y no está lejos uno de otro (los complementos los ponen las comunidades autónomas, ahí está el quid de la cuestión), pero las horas de clase semanal, si se cuentan minutos o sesiones, o las ratios de alumnado por clase, que el Ministerio va a bajar para la pública pero no está claro que vaya a extender a la privada, sí entran en este convenio.

La patronal –mayoritariamente Escuelas Católicas, la marca de la Iglesia católica que gestiona sus colegios– dice que todo muy bien, pero sus prioridades está en otro sitio: que el Gobierno les pague más en los conciertos porque, explica un portavoz, de nada servirá mejorar las condiciones del profesorado si los colegios son inviables.

Todo eso se juega casi uno de cada tres trabajadores de la educación en las próximas semanas, os dejo el enlace de la pieza que sacamos la semana pasada.

Esta semana hemos hablado de...

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“Nos vemos totalmente desamparados, en el abismo”. Así resume Esteban Gómez, padre de un alumno con autismo en Los Barrios (Cádiz), la incertidumbre que sienten las familias ante la posible desaparición de la Formación Profesional de grado básico dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). Como él, otros padres temen que, si se confirma la medida que el Gobierno andaluz prevé oficializar tras las elecciones del 17 de mayo, se cierre “la única puerta” que tenían sus hijos para acceder al mercado laboral.

Esteban cursa un ciclo específico de Servicios Comerciales que le permitirá obtener un certificado profesional. “Es de las pocas salidas que medianamente funciona para chicos con necesidades que no terminan la ESO”, lamenta su padre, quien asegura que, sin esta opción, la trayectoria educativa de su hijo “se habría cortado antes de tiempo”.

Ese es el mayor miedo de María del Mar Yáñez. Su hijo Rodrigo, de 17 años, empezó este curso un ciclo de Administración en el IES Punta del Verde de Sevilla, tras ser “apartado” en un aula específica sin los recursos necesarios durante la Educación Secundaria. Ahora, se siente “motivado y muy realizado” estudiando este grado básico, pero su madre teme que los planes de la Junta terminen “dejándole fuera del sistema y cortándole su futuro”.

La medida, que debe concretarse antes de la apertura del plazo de solicitudes prevista para el 15 de junio, ha encendido las alarmas en el conjunto de la comunidad educativa, que advierte de que puede dejar sin alternativas reales a un alumnado especialmente vulnerable. Por eso, han puesto en marcha una recogida de firmas y han convocado movilizaciones en toda Andalucía con el objetivo de “intentar parar lo que es injusto porque estos niños necesitan su titulación y no negarles la posibilidad de estar integrados realmente en la sociedad”, como reclama María del Mar en nombre del resto de familias afectadas.

Alternativas que no convencen a las familias

Los grados básicos de FP dirigidos a “los estudiantes más vulnerables” fueron una apuesta de la Junta de Andalucía hace dos cursos para “que nadie se quede fuera de un itinerario formativo profesional”. En 2024, la entonces consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (hoy titular de Cultura), anunció la puesta en marcha de 61 ciclos dentro de esta modalidad. De cara al curso 2026-27, la Junta ha decidido reorganizar esta oferta, alegando que en torno al 50% de esos alumnos no ha promocionado ni superado el currículo. 

Como alternativa, plantean derivar a este alumnado a programas de transición para la vida adulta (PTVAL) o integrarlos en ciclos ordinarios con el resto de alumnos, “favoreciendo la inclusión”, como indican a este periódico fuentes de la Consejería del ramo. A ojos de las familias y del profesorado que trabaja con este alumnado, ello se traduce en “excluir a un grupo de estudiantes cuyas necesidades quedan invisibilizadas cuando se eliminan los recursos específicos que les permiten aprender, avanzar y construir un proyecto de vida”.

Las alternativas que plantea la administración no convencen a las familias. “El PTVAL no está orientado a la inserción laboral, y en la FP ordinaria no hay recursos para atender sus necesidades”, argumentan padres como Esteban. El resultado que vaticinan las familias es que “nuestros hijos van a caer en la frustración y van a estar condenados al fracaso escolar y a tener que abandonar la escolarización en muchos casos”.

A Esteban, de hecho, le desaconsejaron “totalmente” que matriculara a su hijo en una FP ordinaria, “porque el entorno no es el apropiado para un chico como él”, recuerda. Por eso pone en valor las condiciones que ofrece la FP específica: “Es un entorno seguro, con atención personalizada y una ratio máxima de ocho alumnos”. En cambio, en una clase ordinaria de 20 alumnos “sería inviable” para alumnos como Esteban o Rodrigo.

¿Inclusión o “una forma de discriminación”?

El profesorado también cuestiona la reorganización que plantea el Gobierno andaluz. Montse Cano, profesora de pedagogía terapéutica (PT) en el programa específico de Agrojardinería en el IES Salvador Rueda de Vélez-Málaga, defiende que se trata de “un programa que funciona” desde hace décadas y que permite formar al alumnado “en un oficio con posibilidades reales de inserción laboral”.

“Hablan de inclusión, pero sin recursos es exclusión”, defiende esta profesora. Al respecto, Cano advierte de que en los ciclos ordinarios “ni las ratios ni la formación del profesorado permiten hacer adaptaciones curriculares individualizadas”, lo que podría derivar en abandono escolar o incluso situaciones de acoso. En su centro, donde el programa lleva en funcionamiento desde 2002, existe lista de espera. “Es un programa que funciona y si se suprime, se les está privando de un futuro laboral”, lamenta.

Esa misma percepción la comparte Nacho Quesada, profesor del Grado Básico de Cocina y Restauración en el IES Juan de Aréjula de Lucena (Córdoba). La eliminación del ciclo en Lucena dejaría sin esta opción a toda la comarca de la Subbética. “Eso significa quitarles la posibilidad de trabajar el día de mañana”, señala el docente, que recuerda que estos estudios permiten obtener una cualificación profesional básica que habilita para empleos como ayudante de cocina.

Una opción que desaparece si son derivados a programas como el PTVAL, centrados en la autonomía personal. “Es una cuestión de derechos del alumnado”, subraya Quesada, quien califica la decisión de la Junta como “una forma de discriminación”. En ese sentido, madres como María del Mar defienden que “si un niño tiene aspiraciones, tiene que tener oportunidad de poderlas desarrollar cuando él reclama desarrollarse como persona”.

“No pueden estar relegados a la transición a la vida adulta, la vida adulta es ponerse a trabajar”, reivindica antes de recordar que para muchas familias, esta opción constituye un puente entre la educación obligatoria y el mundo laboral, además de una de las pocas vías para que sus hijos puedan continuar dentro del sistema educativo hasta los 21 años. “No existe verdadera igualdad si no tienen la misma oportunidad”, concluye María del Mar.

Movilizaciones en las ocho provincias

Mientras la Junta ultima la oferta formativa de cara al curso 2026-27, la comunidad educativa continúa movilizándose. Profesorado y familias han convocado actos de protesta en varias provincias andaluzas, con la vista puesta en una movilización autonómica en Sevilla, que visibilice su realidad: “La inclusión real no consiste en integrar sin recursos, sino en garantizar que cada estudiante reciba los apoyos que necesita para desarrollarse académica, social y emocionalmente”.

Dentro del calendario de movilizaciones, el colectivo de familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) ha convocado una concentración frente al Palacio de San Telmo –sede de la presidencia de la Junta de Andalucía– el próximo 30 de abril a las 11:00 horas en la capital andaluza.

“Pedimos que al menos se sienten a hablar con nosotros”, reclaman las familias. Frente al discurso institucional de reorganización e inclusión, temen que la medida deje sin respuesta educativa a un alumnado especialmente vulnerable. “La incorporación de este alumnado a grupos ordinarios, sin los apoyos y adaptaciones que requieren, no solo no favorece la inclusión, sino que incrementa su vulnerabilidad”, advierten padres y madres.

El futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada se empieza a jugar este miércoles. Los sindicatos se sientan con la patronal con el VIII convenio colectivo sobre la mesa y un objetivo casi imposible, a tenor de los precedentes: que se equiparen sus condiciones laborales a las de los empleados de la pública. El argumento de las organizaciones de representación del profesorado es simple: mismo trabajo, mismas condiciones, resume José Antonio Rodríguez, secretario de Enseñanza privada de CCOO. Tal y como marca la ley, subraya.

En los últimos años, y pese a la normativa, la diferencia en las condiciones laborales entre unos y otros se está agrandando, aseguran los sindicatos. “Más que homologarnos, nos deshomologamos un poco más cada año”, sostiene Enrique Ríos, secretario general del sindicato FSIE.

Profesores y maestros de la escuela privada sostenida con fondos públicos cobran menos y, sobre todo, tienen más horas de clase semanales y, habitualmente, más estudiantes que sus compañeros funcionarios o interinos. “No tiene ningún sentido”, lamenta Luis, docente en un centro concertado que prefiere no identificarse. “Si hacemos el mismo trabajo, y se nos considera parte de la red pública, deberíamos tener las mismas condiciones”, opina.

Horas lectivas, ratios, salarios —algo menos porque ya son parejos— y la clasificación profesional de algunos trabajadores son los cuatro campos de batalla sindical. La patronal puede compartir sobre el papel las reivindicaciones de las organizaciones de profesorado, pero su prioridad es otra y no está en la mesa que se abre mañana: los titulares de los centros privados subvencionados por el Estado exigen al Gobierno que aplique la ley y abra la comisión que debe estudiar el coste real de una plaza en la escuela concertada para adecuar en consecuencia el módulo, la cantidad que el Ejecutivo paga a los centros por integrarse en la red pública, explican desde Escuelas Católicas, la entidad con la que la Iglesia gestiona sus centros, que suman el 70% de la concertada. El Ministerio de Educación no ha dado señales de que esta sea una de sus prioridades.

La diferencia entre un profesor funcionario y uno de la escuela concertada es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años

Enrique Ríos — Secretario general del sindicato FSIE

La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y uno de la pública a la hora de ejercer la profesión es que el primero ha pasado una oposición y el otro no. Pero ni siquiera es una diferencia significativa, rebate Luis: con presentarse a la oposición es suficiente para entrar en la bolsa de interinos y eventualmente trabajar en un centro público, aunque se suspenda la prueba. Y en algunas disciplinas, incide, ni siquiera es necesario. La falta de profesionales está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano y obviar ciertos requisitos que marca la ley para ejercer la docencia en determinadas materias técnicas para las que no hay docentes.

Ríos, del sindicato FSIE, lo explica de otra manera: “La diferencia es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años”, sostiene, porque su trabajo depende de la entidad titular del centro. Ella contrata y ella despide discrecionalmente, pese a que es el Gobierno el que fija y paga las nóminas.

La ley recoge, al menos desde 2006, la voluntad del Gobierno de igualar condiciones, subrayan los sindicatos. “Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente a que hace referencia el apartado anterior posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas”, estipula el artículo 117 de la norma, introducido en la LOE e incluido en sus diversas actualizaciones hasta la actual Lomloe.

El salario está cerca, el resto no

El salario base sí se ha ido acercando, conceden las organizaciones, y junto a los complementos autonómicos que dan las comunidades las nóminas finales son parecidas para un empleado sin experiencia. Pero con el paso de los años van apareciendo las diferencias en las partidas que completan los salarios. Por ejemplo, los trabajadores de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos no acumulan sexenios de formación, como sí hacen los funcionarios, lo cual les resta un añadido de unos cien euros mensuales por cada seis años, explica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza privada, concertada y discapacidad de UGT Servicios Públicos.

Como sucede en la red pública, cada comunidad tiene su propia política salarial para la concertada, lo que provoca diferencias entre docentes. Hay gobiernos regionales que están decidiendo no pagar los trienios de antigüedad, como Andalucía, y otras que obvian el pago único de cinco mensualidades —una por quinquenio— que recibe un trabajador si acumula 25 años en un mismo centro, caso de Galicia. Los hay, como acaba de aprobar la Comunidad de Madrid, que pagan jubilaciones parciales y tutorías, y otros que no.

Entre unas y otras, la brecha salarial entre docentes existe. Un estudio de FSIE de 2024 calculaba que un profesor con 18 años de experiencia ganaba en la pública entre 277 y 885 euros mensuales más que uno de la red concertada, en función de la etapa y la Comunidad Autónoma.

Pero la mayor diferencia entre unos docentes y otros está en el resto de condiciones laborales, subrayan los sindicatos. Sobre todo, en las horas lectivas semanales y también en las ratios de estudiantes por aula, mayores en la concertada, coinciden las tres organizaciones consultadas.

El profesorado de la concertada tiene asignadas 25 horas semanales, independientemente de la etapa. En la pública son un máximo de 25 en Primaria y 20 en Secundaria y el Gobierno ha aprobado ya un anteproyecto de ley para reducirlas a 23 y 18, respectivamente, que es la cifra que ya tienen la mayoría de las comunidades autónomas. Pero no está claro que vaya a incluir a la red concertada; las organizaciones están pendientes de la redacción final del texto durante el trámite en el Congreso.

El Consejo Escolar del Estado cree que el Gobierno debe incluir a la red concertada en la rebaja de las horas lectivas y las ratios que prepara, pero los sindicatos temen que les dejen fuera y amenazan con acudir al Tribunal Constitucional si acaba sucediendo

“Si solo se cambia en un sistema creo que se está acabando con la concertada”, sostiene Enrique Ríos, de FSIE. “La atención que se puede prestar al alumnado y la calidad puede ser mucho mejor en un centro público que en uno sostenido por fondos públicos y creo que eso coarta la libertad de elección, porque si ofreces una cosa buena y otra menos buena estás induciendo a tomar una decisión”, argumenta. El Consejo Escolar del Estado dio la razón a la escuela concertada cuando evaluó la propuesta del Gobierno y concluyó que debería ser incluida en esta reducción, pero los sindicatos temen que les dejen fuera. FSIE no descarta acudir al Tribunal Constitucional si esto acaba sucediendo.

Además de la cantidad de horas lectivas semanales, el gran caballo de batalla de los docentes es cómo se cuentan. En la pública cada clase cuenta como una hora aunque dure menos. Esto es, un docente con 20 horas lectivas imparte 20 clases cada semana. Pero en la concertada, explica Gualix, se cuentan minutos. Y como muchas clases no duran una hora sino 45 o 50 minutos, los docentes acaban dando 27 o 28 sesiones cada cinco días. Ahí está el mayor agravio comparativo, insisten.

“Puede parecer poco desde fuera”, sostiene Luis, “pero una clase lleva bastante más trabajo que simplemente entrar al aula. Hay que prepararla, quizás evaluar trabajos, preparar exámenes y corregirlos...”. Gualix incide en la idea: “Para muchos docentes esto es una causa de agotamiento cuando se acerca la jubilación”, asegura.

La patronal, por el módulo

La patronal comprende e incluso apoya las reivindicaciones, según explica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, pero tiene otras prioridades: que el Gobierno mejore el módulo, la cantidad económica que abona a los centros privados por integrarse en la red pública. Esta partida se fija anualmente vía presupuestos generales del Estado, pero hace años que no se actualiza más allá de alguna subida que compense el Índice de Precios al Consumo (IPC).

“Si el profesorado mejora sus condiciones, pero el colegio no tiene para pagar sus gastos, el edificio se desmorona”, valora Centeno. “Conseguimos ingresos del comedor, de las aportaciones voluntarias de las familias. Y los que ni siquiera así llegan viven de inyecciones de la entidad titular... hasta que deja de hacerlo y hay que venderlo, como está sucediendo en Catalunya. Nosotros apoyamos a los sindicatos en su reivindicación de que se igualen condiciones del profesorado, pero lo correcto sería que se igualasen las condiciones de financiación de la pública y la concertada. ¿Cómo puede costar un puesto 6.000 euros en la pública y 2.800 en la concertada?”, se pregunta. Los datos que ofrece Centeno son propios, no oficiales.

Gualix tiene una respuesta a la pregunta que el responsable de Escuelas Católicas lanza al viento. “Es un poco tramposa la afirmación”, opina, “porque si las condiciones laborales fueran las mismas, en horas lectivas, salarios y ratios, ya no sería tan barata. Es más barata a costa de los trabajadores. Y si se mira por hora trabajada, más aún”.

“Estamos radicalmente en contra de esa nueva norma: está creada para que los inspectores de Educación puedan mantenerse en el cargo”. Así de rotunda se ha mostrado este miércoles Conchi López, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria, para valorar la nueva posibilidad de retrasar la jubilación hasta los 70 años para los docentes cántabros.

La medida, anunciada este martes por el Gobierno de Cantabria e incorporada al proyecto de Ley de Medidas de Fiscales y Administrativas, que acompaña a la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2026, “favorece a cuatro o cinco inspectores, sobre todo inspectores jefe de Educación”, ha denunciado la líder sindical, que ha alertado del sentido de la norma: “Es cuestionable cambiar una norma solo para favorecer a una minoría”, ha advertido en una rueda de prensa en el sindicato.

Según los cálculos de la secretaria general de la Federación de Enseñanza, “a pie de aula, puede haber 45”, de más de 8.000 docentes en Cantabria, que estén alrededor de los 65 años, “y que puedan decidir continuar” trabajando hasta los 70 años. “No se va a aplicar a muchísima gente”. Y si algún docente quiere ampliar su tiempo en el servicio activo, “depende de que el Servicio de Inspección lo autorice”. 

Mientras el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), consideró este martes que la norma “fortalece la profesión docente”, que era “imposible legalmente” para los docentes de Cantabria, la sindicalista ha cuestionado el efecto “tapón” que va a generar la posibilidad de permanencia ante las nuevas generaciones de docentes que se vayan incorporando a la profesión. “Atiende a un interés particular, pero la gente joven tiene que tener derecho a acceder al mercado de trabajo, pero lo grave de esto es que no es una necesidad general”, ha subrayado.

Actualmente, ha señalado Conchi López, “solo excepcionalmente si alguien no llega (a los 15 años cotizados exigidos para cobrar una pensión contributiva), les dejan ampliar a 67 años”. En su opinión, la medida “es una gotita más de cómo se está gestionando la Consejería de Educación, especialmente en los últimos tres años”.

Este martes 7 de abril ha dado el pistoletazo de salida a la huelga indefinida en las escuelas infantiles madrileñas. Las trabajadoras de los centros educativos de niños de 0 a 3 años se han organizado para denunciar el abandono institucional que sufren en este sector, además de para exigir una mejora de condiciones laborales lo antes posible. Las profesoras reclaman una bajada de las ratios, salarios dignos y mayor inversión en las escuelas, siguiendo el modelo de otros niveles educativos, como el segundo ciclo (de 3 a 6 años).

Además de comenzar hoy con la huelga indefinida, trabajadoras de escuelas infantiles y familias se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Educación para ser escuchadas por las instituciones, a las que culpan de las malas condiciones en las que desarrollan sus jornadas. La huelga y las movilizaciones han sido convocadas por la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI), y apoyadas por el sindicato CGT. Además, CCOO también han estado presentes en la concentración de la calle Alcalá. Otra cara conocida que ha participado en la protesta ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. En general, todo tipo de perfiles se han agrupado esta mañana en defensa de las trabajadoras del sector 0-3, desde las profesoras más jóvenes a las más ancianas, padres, madres e incluso niños pequeños.

Las propias manifestantes frente al Ministerio han aplaudido el resultado de la convocatoria, que ha recibido la asistencia de cientos de trabajadoras de las escuelas infantiles, además de madres y padres, muchos de ellos con sus hijos pequeños. “Nos ha sorprendido que cada vez se une más gente al movimiento porque cada vez se entera más gente”, asegura una de las asistentes, que explica que se trata de una reivindicación a nivel estatal, pero es en Madrid donde se dan las peores condiciones laborales en este sector, ya que en otras comunidades “se están movilizando y ya se han conseguido cosas”.

Esta mañana, las de Madrid tenían mucha motivación para conseguir sus objetivos. Rosa Marín, portavoz de la PLEI, ha recordado que, durante el resto de días que se reúnan (miércoles a las 12:00 horas frente a la Consejería de Educación y jueves a las 18:00 horas en la Plaza de Callao) “no hay que perder las fuerzas hasta que tengamos compromisos y papeles firmados. Tenemos que seguir a tope. Hay que secundar la huelga lo máximo posible y venir a las concentraciones”.

Según las trabajadoras, la capital acoge las escuelas que viven la situación más delicada. En Madrid, se dan las peores ratios de toda España, aseguran, además de recibir poca inversión, lo que se traduce en infraestructuras deplorables, poco material y pocas manos para dar a los más pequeños un espacio seguro, limpio y con buena educación.

Las personas se han agrupado esta mañana frente al Ministerio de Educación para denunciar que no han recibido ninguna solución por parte de las instituciones, pese a haber hablado con ellas en numerosas ocasiones: “Hemos hablado con todos los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en la Asamblea de Madrid. Nos han atendido amablemente, pero sin ninguna respuesta. Las palmaditas en la espalda no nos sirven para nada”, defiende una de las asistentes.

Sin embargo, según sostienen las trabajadoras, lo que reclaman a los políticos no es algo nuevo: “Lo que nos sirve es que el decreto 18/2008 lo revisen de una vez. Es un decreto del 2008, de cuando estaba el Gobierno de Esperanza Aguirre, que nos subió las ratios, cuando había otro decreto, en el cual eran las ratios mucho más bajas. Ya lo hemos tenido. Estamos pidiendo una cosa que ya ha existido. Lo que pasa es que se derogó para peores condiciones”.

No solo exigen unas mejores condiciones para ellas, sino también para los más pequeños, pues denuncian que estas malas circunstancias en las que trabajan a diario se traduce en poca atención y cuidado a los niños y niñas: “Se creen que el niño es un trozo de carne al que no hay que cuidar hasta los tres años, pero no es así. Es un ser con necesidades de comunicación, afectivas y de aprendizaje continuo. Es el andamiaje psicológico de toda la vida de una persona”.

Así se leía esta mañana en las pancartas frente al Ministerio de Educación. “Dos manos no sostienen veinte criaturas”, “sin condiciones dignas no existe educación de calidad”, “mi vocación no paga mis facturas”. Entre los cánticos, se podía escuchar, entre otros gritos: “No guardamos, educamos” o “no es vocación, es explotación”, acompañados de sonidos de cacerolas y silbatos.

Las educadoras infantiles también denuncian la poca visibilidad que reciben frente al resto de etapas educativas, pese a las grandes capacidades y esfuerzo que requiere su sector: “Hacemos lo mismo que cualquier profesor de otra etapa educativa, pero con más carga, porque también asumimos la higiene, la alimentación y el sueño”, explica una de las asistentes, “y no podemos hacer nuestro trabajo como queremos, pese a la formación que tenemos. Es una etapa muy específica que requiere una preparación muy concreta”.

Para garantizar el derecho a huelga, se han establecido servicios mínimos en las escuelas infantiles, que han sido criticados por UGT al considerarlos abusivos. Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, ha explicado que desde el PLEI han realizado un escrito al Defensor del Pueblo para conseguir alternativas y “garantizar que el 50% de los trabajadores pueda ejercer su derecho a huelga”. Una de las manifestantes exponía que “todos los servicios mínimos son abusivos. En muchas escuelas solo pueden hacer huelga tres o cuatro personas, lo que nos deja prácticamente con las mismas ratios de siempre”.

No obstante, en la concentración, además de profesoras, limpiadoras o cocineras de las escuelas infantiles, también han participado las familias, que apoyan las movilizaciones, ya que “quieren que a sus hijos se les dé una calidad educativa que merecen. Ni más ni menos, la que merecen”. Muchas trabajadoras o familias no han podido asistir esta mañana: “Se puede apoyar más, pero ya ha habido mucha gente que se ha sumado. En mi escuela han ido muy pocos niños hoy, y también hemos visto familias aquí, en la concentración, incluso con sus hijos”, insiste una de las asistentes, que señala familias con carritos y niños a sus hombros, con cascos para proteger a los más pequeños del ruido.