La consejera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha presentado este lunes las grandes cifras del curso escolar 2026-2027, que arranca con 83.921 docentes, 808.688 alumnos y la puesta en marcha de una inversión de 3.338 millones de euros, dentro de una estrategia basada en el profesor; las oportunidades de los jóvenes.

La consellera ha querido destacar así que este curso será el de “la gran apuesta por la educación pública y la materialización del plan más ambicioso para la mejora educativa”. Un plan anunciado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con presupuesto, plazos y compromisos concretos.

“Hablar de escuela pública es hablar de futuro. Este curso damos un primer paso con un proyecto claro: que en cada aula haya un gran docente, que cada alumno aprenda más y que ninguna se quede por el camino, que ninguna familia se sienta sola y que la educación abra las puertas al empleo ya las oportunidades”, ha señalado Ortí.

Aumento de plantilla

La plantilla docente se ha incrementado en este último curso. Un total de 83.921 docentes empezarán el curso en la Comunitat Valenciana, lo que equivale a un aumento de 385 respecto al dato de inicio de curso 2025/2026. Sin embargo, esta cifra se verá incrementada en los próximos meses, como ya ocurrió en cursos anteriores, por la matriculación sobrevenida.

La ampliación de la plantilla docente continuará hasta el curso 2029/2030 con la implantación del Plan + Maestro, que contempla la incorporación de 5.000 nuevos docentes en un plazo de cuatro cursos, de los que 2.742 se destinarán a reducir los ratios, además de la estabilización de 10.000 plazas estructurales. Una firme apuesta de la Generalitat que supondrá la inversión de 469,12 millones de euros.

“La voluntad de esta Administración es clara, y es dotarla de más recursos. Porque sabemos que un sistema educativo fuerte necesita docentes que reciben apoyo” ha afirmado Ortí.

Este apoyo se materializará, entre otras medidas, con el cumplimiento del acuerdo retributivo firmado por la Generalitat con ANPE y CSIF: 200 euros adicionales a la nómina de cada docente que se aplicarán progresivamente hasta el año 2028, con una inversión de 802,3 millones de euros, y cuya primera muestra cada uno de ellos alcanzará este mes, 75 euros.

Menos alumnos por aula

En cuanto al número de alumnos, el curso escolar arranca con 808.688 alumnos en la Comunitat Valenciana, lo que supone un descenso de 2.042 estudiantes respecto a los datos del pasado curso. Un bajón que se explica por el descenso de la natalidad, que se ve reflejado en las etapas más tempranas de la educación.

Como remarcó la consellera, los ratios cuentan con calendario y presupuesto propio para avanzar un año en la Comunitat Valenciana la implantación de los límites marcados por el decreto del Ministerio.

El objetivo es conseguir un máximo de 22 alumnos por aula en el segundo ciclo de Infantil y Primaria, 25 en ESO y 28 en Bachillerato. En Formación Profesional, los ratios se reducirán a 15 alumnos en grado básico ya 25 en grado medio y superior. Todo esto se vería completamente aplicado en el curso 2030/2031.

Desde el curso 2027/2028, en el primer ciclo de Infantil, el máximo será de 7 alumnos en las aulas de 0 a 1 año, 12 alumnos en las de 1 a 2 años y 18 alumnos en las de 2 a 3 años.

Por lo que respecta a este inicio de curso, el ratio medio se sitúa en 20,6 alumnos en Infantil y Primaria, 24,1 en ESO y 28,6 en Bachillerato. Además, 63 municipios contarán con un ratio máximo inferior a 25 alumnos en todos los centros que impartan Infantil de 3 años.

La escuela rural también cobra importancia. “Este Consejo rebajó de 6 a 3 alumnos el mínimo necesario para abrir unidades en zonas rurales, lo que ha permitido la creación de 102 unidades nuevas”, ha explicado Carmen Ortí.

Asimismo, la Conselleria reducirá el ratio máximo de las aulas UECO a 8 alumnos por aula. Las Unidades Específicas en Centros Ordinarios se incrementarán en 48 durante este nuevo curso educativo. “Detrás de cada una de estas 48 nuevas aulas UECO, hay familias que ven cómo sus hijos disponen de más recursos. Para estas familias, una plaza de apoyo cerca de casa es la diferencia entre sentirse sola o acompañada”.

La Consejería dotará a la inclusión educativa de un incremento de personal para satisfacer las necesidades del alumnado. Se incorporan 144 nuevos profesionales de soporte a la inclusión.

La apuesta del Consejo por dotar de más recursos a la educación pública se refleja también en el notable aumento de personal no docente de atención educativa -técnicos de gestión infantil, educadores sociales y de Educación Especial, fisioterapeutas e intérpretes de lengua de signos- cuya presencia en el sistema educativo se ha incrementado en casi 1.000 2022/2023.

En materia de refuerzo educativo, los programas de competencia lectora, competencia matemática y PROA+ alcanzarán más de 700 centros, con una inversión conjunta superior a 33 millones de euros.

A esto se suman los programas BiblioInnova't y MAT180 para el impulso de estas mismas competencias.

Más apoyo a las familias

Carmen Ortí ha recalcado la apuesta de la Generalitat por reforzar el apoyo a las familias, que son un eje prioritario de sus políticas. “Siempre estaremos junto a cada familia valenciana, aliviando su esfuerzo económico y promoviendo la igualdad de oportunidades”, ha subrayado.

En este sentido, incidió en medidas como la educación infantil gratuita y universal de 0 a 3 años, con 48.000 alumnos beneficiarios y una inversión de 163 millones de euros.

A esta medida se suman 45.100 alumnos beneficiarios del transporte escolar, con una inversión de 75,56 millones y 529.480 alumnos beneficiarios del Banco de Libros, que tendrá una inversión de 70,69 millones de euros.

Las ayudas de comedor escolar alcanzarán a 150.000 alumnos, con una inversión de 76,3 millones de euros.

La Conselleria acompaña, además, a las familias afectadas por la dana, destinando 20 millones a ayudas directas de 500 euros para 40.000 estudiantes afectados que quedaron fuera de la convocatoria anterior.

28 nuevos centros este curso

La titular de Educación ha profundizado en las actuaciones que se llevarán a cabo durante el curso en materia de infraestructuras educativas. La consejera ha explicado que 28 nuevos centros serán puestos en funcionamiento durante el curso 2026/2027 en la Comunitat, con una inversión de 254,3 millones.

Además, existen obras en marcha tanto de reformas, ampliaciones, como nuevos centros a través del Plan Edificante. En concreto, en este momento existen 422 obras en ejecución en colegios e institutos, lo que supone 40 más que septiembre de 2025. La inversión para estas obras es de 820,15 millones de euros, que generan más de 19.000 puestos de trabajo

A estas actuaciones se suma la implantación del plan de choque de confort térmico, con 16 millones de euros de inversión, de los que disponen ya los 1.616 centros educativos para adquirir material para actuaciones de climatización. La previsión del Consell es invertir 140 millones de euros en cuatro años para climatizar el 100% de las aulas de la Comunitat Valenciana con el plan EduClima.

Futuro y oportunidades: Formación Profesional

La formación profesional vive un curso histórico: por primera vez se superan los 100.000 alumnos matriculados en centros públicos, con 105.114 estudiantes y 166.477 plazas ofertadas, 551 más que el curso anterior. La oferta se amplía con 19 nuevos ciclos formativos, decididos con la participación directa de los Consejos Territoriales de FP en cada comarca.

En idiomas, la Comunitat Valenciana consolida su oferta de Escuelas Oficiales de Idiomas por encima de las 90.000 plazas, con 90.731 puestos ofertados y 31.586 personas matriculadas de forma provisional para este curso.

Menos burocracia, más docencia

En cuanto a las novedades para los docentes en este inicio de curso, la Conselleria implantará el Expediente Digital del Docente (EDEN) y avanzará en su simplificación burocrática. Además, las oposiciones docentes pasarán a celebrarse a partir de septiembre, en lugar de junio y julio.

“Un docente que pasa la tarde rellenando un formulario con datos que la Administración ya tiene, dispone de menos tiempo para preparar la siguiente clase y su conciliación familiar”, ha afirmado la consellera.

Adicionalmente, Educación ha regulado el trabajo docente fuera del centro educativo, estableciendo la prohibición de que ninguna norma futura aumente su carga burocrática.

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha alcanzado este lunes un acuerdo con los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT en materia de homologación salarial que contempla una subida de 130 euros mensuales para el profesorado extremeño. No obstante, esta subida no será inmediata, sino que se conseguirá de forma progresiva a lo largo de la legislatura sin que se conozca aún cuándo comenzará a aplicarse.

Esta mejora se suma a los 80 euros mensuales de incremento salarial que los docentes ya perciben desde el pasado 1 de enero, según ha informado la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, al término de la reunión con las organizaciones sindicales.

La subida forma parte del Plan Horizonte+ 2026-2030, un programa que contempla 60 medidas para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los docentes extremeños. El plan todavía tiene algunos aspectos pendientes de cerrar y será presentado conjuntamente por la Consejería y los sindicatos en los próximos días.

Uno de los principales puntos del acuerdo es precisamente la mejora salarial, aunque los sindicatos han señalado que todavía queda por calendarizar su aplicación. El pacto contempla además una cláusula de revisión salarial y una comisión de seguimiento integrada por la Consejería y las cinco organizaciones sindicales. Esta comisión permitirá analizar la evolución de las retribuciones de los docentes extremeños y plantear posibles ajustes en función de la situación salarial de los profesores de otras comunidades autónomas.

Tutorías y sexto sexenio

El Plan Horizonte+ incluye también otras reivindicaciones históricas del profesorado extremeño. Entre ellas figura el pago de las tutorías, que por primera vez será reconocido retributivamente, así como la implantación del sexto sexenio para los docentes que alcancen ese periodo de servicios.

El acuerdo contempla asimismo la actualización de determinados complementos retributivos que los sindicatos consideran desfasados, entre ellos los correspondientes a los equipos directivos.

La consejera Sandra Valencia ha destacado que el pacto es fruto de las reuniones mantenidas con las organizaciones sindicales durante los meses de junio, julio y agosto. Ha agradecido la “predisposición” y el trabajo de los cinco sindicatos para acercar posturas y ha calificado el acuerdo como “un día histórico para la comunidad educativa”.

Valencia ha defendido que la mejora retributiva permitirá a Extremadura posicionarse “muy bien” en las tablas salariales de los docentes de toda España.

Los sindicatos valoran el acuerdo

El portavoz de los cinco sindicatos, el secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura, Tomás Rodríguez, ha expresado su “bastante satisfacción” por el acuerdo alcanzado, después de un proceso negociador que comenzó en octubre de 2024.

Rodríguez ha destacado especialmente la inclusión de una cláusula de revisión salarial y una comisión de seguimiento, que, a su juicio, permitirán evitar que los salarios de los docentes extremeños vuelvan a quedar desactualizados respecto a la media nacional.

El portavoz sindical ha señalado además que existe margen para “afinar” el acuerdo en una próxima reunión, en la que se abordarán los últimos flecos y se concretará la aplicación de las distintas medidas del Plan Horizonte+.

La Consejería considera el documento un plan de mínimos, abierto a nuevas aportaciones de los sindicatos, especialmente en las medidas no retributivas. Está previsto que el acuerdo definitivo se firme en los próximos días y que posteriormente sea presentado de forma conjunta.

El sindicato CGT ha solicitado a la Justicia que declare que la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente el pasado mayo vulneró los derechos fundamentales de los docentes y que prohíba a la policía catalana volver a espiar una reunión de profesores que prepare una huelga.

La CGT ha formalizado su demanda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, por vulneración de derechos fundamentales ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), después de que los Mossos aseguraran que no realizaron ningún expediente ni documento por escrito sobre la actuación policial.

La central argumenta que la falta de documentación admitida por los Mossos “agrava” el menoscabo en los derechos de los docentes que sufrieron la infiltración policial en una asamblea que preparaba las últimas huelgas de profesores del pasado curso en Catalunya.

“La inexistencia de orden formal, de valoración del riesgo o de ponderación no es una simple irregularidad administrativa”, remarca el escrito de la abogada de la federación de enseñanza de la CGT, Mireia Salazar, sino que supone “una circunstancia especialmente grave” ante una infiltración sin el consentimiento de los huelguistas.

El escrito del sindicato carga contra la policía catalana por haber reconocido que no hay rastro escrito de qué mando ordenó a las dos agentes infiltrarse en la asamblea; bajo qué riesgo se justificó la operación o por qué motivo no eran suficientes las múltiples fuentes abiertas en redes sociales que anunciaban movilizaciones de docentes.

Tampoco encuentra explicación lógica el sindicato al hecho de que la policía catalana no haya detallado a los jueces por qué era necesario que las agentes se hicieran pasar falsamente por profesores; qué información se obtuvo de la asamblea y si fue destruida o conservada; y si se valoró cómo afectaba la infiltración a la libertad sindical.

La CGT cree que, con sus evasivas, los Mossos “impiden el control jurisdiccional” del espionaje y “refuerzan la conclusión de que la infiltración se desplegó sin ninguna de las mínimas garantías exigibles cuando se ven afectados derechos fundamentales de primer orden”, como son el de huelga y el de reunión.

En suma, para el sindicato la falta de explicaciones de la policía autonómica “constituye, por sí sola, un elemento relevante de la ilicitud” del espionaje, y reclama una indemnización de 4.000 euros por daños morales.

Recuerda la central que la administración catalana, como parte del conflicto laboral con los docentes, tenía un “deber reforzado de neutralidad y cautela” y que, en cambio, se convirtió en “juez y parte” del conflicto al infiltrarse dos funcionarios policiales en una asamblea.

No se puede justificar, como de forma genérica hizo el jefe de la Comisaría de Información de los Mossos, la infiltración en conocer eventuales riesgos para la movilidad o cortes de carreteras, agrega la CGT.

El sindicato también emplea las palabras de la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, como argumentos a favor de sus tesis.

Según la CGT, el hecho de que Parlon tildara ante el Parlament la actuación policial de “infiltración torpe” y prometiera que no se repetiría “corrobora, por boca de la propia Administración, la ausencia de justificación que amparase la injerencia en los derechos fundamentales” de los docentes.

Por su lado, Trapero afirmó ante la Cámara catalana que “no se daba un principio de oportunidad en la asistencia policial desplegada”, pero matizó que, a su juicio, la actuación no supuso una injerencia en los derechos y libertades de los docentes. Más allá de que la valoración policial de Trapero, a criterio de la CGT, “no se ajusta a los estándares constitucionales”, para el sindicato muestra que la propia dirección general de la policía catalana conocía que el espionaje “no cumplió con los requisitos de oportunidad e idoneidad”.

Primero va a ser Catalunya, con un día para empezar. Le seguirá Madrid, con fecha de principio, pero no de fin. Luego Andalucía, quizá la Comunitat Valenciana, Cantabria, Aragón... El curso educativo comienza esta semana en toda España exactamente como terminó el pasado: entre huelgas convocadas en algunas comunidades, protestas que podrían desembocar en más paros en otras y con un gran descontento generalizado entre los docentes. Mientras, el Ministerio de Educación trata de aprobar mejoras en sus condiciones laborales para que “la legislatura del profesorado”, como la han llamado las dos ministras que ha habido desde las últimas elecciones, sea algo más que un eslogan.

Los sindicatos educativos llevan meses, si no años, advirtiendo del deterioro de las condiciones en que se ejerce la docencia y el impacto que tiene en la salud mental del profesorado. El aumento de la diversidad en las aulas, derivado de la creciente presencia de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo —que a su vez se explica en parte por la mejora de los sistemas de detección y diagnóstico—, junto a una ley educativa, la Lomloe, que exige una atención personalizada —y su subsiguiente burocracia en forma de informes personales “en cada paso que das”, denuncian los docentes–, han formado un cóctel explosivo que ha llevado a los profesionales al límite.

En menos de 20 años (desde 2007 hasta 2025), el porcentaje de docentes que dice vivir su profesión con indiferencia ha pasado del 2 al 38%, según un estudio reciente de la Fundación SM. El profesorado siempre rehúye ese mantra de que haga falta vocación o vivir la docencia con pasión para ejercer y ser un buen profesional, pero el dato es indicativo de la degradación del sector en los últimos años.

Las ratios de alumnado por clase, los salarios, las horas lectivas, la falta de especialistas (profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje), el trato preferente en algunas comunidades que recibe la escuela concertada, la burocracia que aplasta... Las reivindicaciones, transversales a casi todas las comunidades, se agolpan. Y las comunidades siguen sin resolver la alta tasa de interinidad, situada de manera casi crónica entre el 25% y el 30%, según calculan algunos sindicatos, porque no existen datos oficiales.

Además de ver cómo no llegan los recursos que necesitan, los docentes no se sienten valorados ni respaldados por la sociedad, pese a que cada vez les toca asumir más tareas, desde controlar el uso de los móviles hasta vigilar las autolesiones o el acoso escolar. Lo resume Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid: “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias. A fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

El aumento de la complejidad

CCOO trató de poner cifras a ese aumento de la diversidad: el conjunto del alumnado con necesidades educativas de algún tipo se ha incrementado por encima del 75% en seis años y ha pasado de suponer un 7,59% del total al 13%, según un cálculo conservador. CSIF estima que, en total, hay 1,2 millones de estos estudiantes, el triple que hace 15 años.

Y, mientras eso pasaba y las clases se complejizaban, la partida destinada a atender esta creciente diversidad subía un 31%. No hace falta ser matemático para observar que las cuentas no salen y el déficit lo paga el profesorado, vienen a explicar los responsables sindicales.

Los docentes exigen dinero, pero más para el sistema que para ellos mismos (que también). La mayoría de las reivindicaciones del curso anterior, como las de este, incluyen una mejora salarial, pero en Catalunya, donde las protestas se extendieron durante todo el año, los docentes rechazaron una subida de 600 euros mensuales en tres años porque no venía acompañada de otras medidas que alivien su carga y les permita trabajar mejor.

Retomarlo donde se dejó en junio

Durante el pasado curso, al menos diez autonomías vivieron protestas docentes de diferente magnitud. En alguna, como la Comunitat Valenciana o Madrid, con una intensidad nunca antes vista.

Abrieron fuego en Madrid las educadoras de Infantil, que empezaron en abril una huelga indefinida que aún se mantiene. Estas docentes son las más precarias de toda la educación y además están en un sector atomizado, con realidades muy diferentes en función del tipo de escuela en el que se trabaje: las públicas ofrecen condiciones considerablemente mejores que las privadas, donde las nóminas apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A partir del 14 de octubre se les unen el resto de compañeros de la educación no universitaria: más de una docena de organizaciones, incluidos varios de los principales sindicatos y asambleas docentes y de estudiantes, han convocado un paro indefinido ante la degradación de la educación pública.

En la Comunitat Valenciana los docentes fueron el pasado curso a un paro indefinido que mantuvieron durante cinco semanas consecutivas. Llevaron al límite a la Generalitat, aunque la ruptura de la unidad sindical por parte de ANPE y CSIF fue un torpedo en la línea de flotación de la protesta, que entró en pausa hasta este curso.

El profesorado catalán también forzó el pasado curso a su Generalitat con varias jornadas de paro no consecutivas y, sobre todo, manifestaciones de dimensiones no registradas en muchos años en este sector. El Govern trató de negociar, pero sus propuestas fueron rechazadas por insuficientes y los docentes volverán a las calles de nuevo este mismo viernes 11 de septiembre.

A ellas se sumará Andalucía, donde ya se ha convocado un paro general para el próximo 11 de noviembre contra el “desmantelamiento” de la educación pública en la región. Cantabria, Aragón, Balears, Castilla y León y Navarra también tienen previsto algún tipo de protesta para arrancar el curso, que no se descarta que escale a huelga.

El sindicato CSIF, uno de los principales del sector, ha anunciado una campaña de movilizaciones durante el mes de septiembre por el “abandono que sufre la educación pública por parte del Gobierno y las comunidades autónomas”, que, advierte la organización, podría desembocar en convocatorias de huelga.

La vía del Congreso

Mientras los docentes expresan su frustración en la calle —dirigida contra sus gobiernos autonómicos, que tienen las competencias educativas—, el Ministerio de Educación, que dirige Milagros Tolón, intenta sacar adelante varias medidas destinadas a mejorar su situación y que, en conjunto, deberían formar algo parecido a un estatuto docente. Este elemento es una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales desde hace años: una norma que regule y organice la carrera docente desde la entrada (el sistema de oposiciones) hasta la jubilación, pasando por promociones, cuerpo profesional, condiciones laborales, como ratios y horas lectivas, etc.

Pero ante la previsible dificultad de sacar adelante una norma tan completa, el anterior equipo ministerial decidió afrontarlo por partes. Así, se han creado varios grupos de trabajo sobre diferentes aspectos que van avanzando en paralelo. Educación decidió empezar por las horas lectivas semanales—de clase efectiva en el aula— y las ratios, que deberían ser las primeras en aprobarse.

Parte de ese camino ya está andado. A partir de este mes de septiembre, informa EFE, el proyecto de ley que reducirá el número de alumnos por clase en primaria y secundaria —máximo 22 y 25, respectivamente, desde los actuales 25 y 30— y reducirá la jornada docente —topes de 23 horas y 18 horas, respectivamente, desde 25 y 20— retoma su tramitación para continuar con la presentación de enmiendas, debate y votación. Pero esta ley requiere de mayoría para ser aprobada tanto en el Congreso como en el Senado y el trámite podría complicarse en un año electoral.

Probablemente, antes de eso, el Ministerio va a acometer la rebaja de las ratios de Infantil y Bachillerato, etapas no obligatorias y que se regularán en un Real Decreto que no necesita pasar por el Congreso. Educación propone bajar las ratios de Infantil (cuatro bebés por educadora en aulas para menores de un año, seis bebés en clases de uno y dos años, ocho en las de dos y tres años y 22 de tres a seis años), de Bachillerato (a 30 alumnos por profesor, desde 35) y de FP básica (tope de 15 alumnos). También podría incluir que el alumnado con necesidades específicas cuente doble y un aumento de los recursos para la orientación y para el coordinador de bienestar.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha cerrado la transferencia de 149,67 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar las plantillas docentes de los campus públicos a través del programa María Goyri. De esta partida, la Universidad de Extremadura (UEx) recibirá dos millones de euros destinados a financiar la contratación de profesores ayudantes doctores, un paso clave para reducir la precariedad y renovar el personal docente e investigador en la región.

La aprobación del presupuesto en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria supone el desbloqueo definitivo de unos fondos paralizados desde el pasado mes de julio. En aquella ocasión, la ausencia en bloque de las autonomías gobernadas por el PP impidió celebrar la sesión aduciendo la crisis de los incendios forestales, un plante que retrasó la llegada del dinero a las aulas públicas.

En la sesión telemática celebrada este viernes, la distribución salió adelante con el respaldo de todas las comunidades autónomas a excepción de Illes Balears, que votó en contra. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, celebró el acuerdo recordando que “el bloqueo queda atrás” y que apoyar la universidad pública requiere “poner recursos y cuidar a quienes enseñan e investigan”. Por su parte, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) valoró el desbloqueo para garantizar la estabilidad institucional.

El acuerdo sienta además un precedente en la gestión presupuestaria educativa, al ser la primera vez que el Gobierno de España asume directamente el pago de salarios del profesorado universitario, una competencia totalmente transferida a las comunidades autónomas.

El plan María Goyri busca incorporar de forma progresiva a 5.638 profesores ayudantes doctores en toda España hasta 2028, lo que representa un incremento del 70 % respecto al curso 2023-2024. El Ejecutivo central asumirá el coste de 3.400 plazas durante seis años con una inversión de 900 millones de euros, mientras que las administraciones autonómicas cofinanciarán las 2.236 plazas restantes para completar el plan.

A pocos días de que comience el curso escolar en Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García-Page, ha anunciado que el Plan de Climatización para los centros educativos de titularidad de la Junta movilizará 23 millones de euros adicionales con los que se culmina la climatización de los centros públicos -donde en total se habrán invertido más de 70 millones de euros-.

“Aulas de calor” con hasta 30 grados

Justo ayer, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza hacía públicas dos infracciones interpuestas por la Inspección de Trabajo coincidiendo con el arranque del periodo lectivo a la Junta regional debido al calor en las aulas, donde llegaban a superarse los 30 grados -siendo 27 grados el límite máximo de temperatura que establece la normativa de riesgos laborales para trabajos sedentarios-.

Este 8 de septiembre, día que arrancan las clases, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé 39 grados de máxima en la ciudad de Toledo y en otras poblaciones castellanomanchegas las temperaturas no distan mucho de ese número.

“Estamos dispuestos a preparar también una nueva convocatoria en relación con las corporaciones locales e incluso a estudiar, junto con la educación concertada, la posibilidad de que también se puedan beneficiar de algún margen de ayudas para la climatización”, señalaba García-Page, durante la colocación de la primera piedra del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria número 4 de Illescas (Toledo) este jueves. Por otra parte, apuntaba que “con el tiempo la escuelas, los centros educativos podrán terminar siendo oasis, las incubadoras de convivencia”.

Castilla-La Mancha “con más docentes” y bajada de ratios

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha trasladado este viernes que Castilla-La Mancha iniciará este curso escolar con 876 docentes más con respecto al curso pasado, con “mejores condiciones laborales para el profesorado y una nueva bajada de ratios”.

Pastor ha destacado la bajada de ratios en 2º curso de Primaria, pero también el establecimiento de 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, así como nuevas medidas de apoyo y protección al alumnado y profesorado. De igual manera, ha añadido que también “habrá un refuerzo de los servicios complementarios y la extensión de la gratuidad de la Educación Infantil de 2-3 años, así como un programa específico para centros con especiales características, medidas frente al abandono escolar temprano y un nuevo protocolo contra el acoso escolar”.

Las previsiones sitúan en 382.191 el número de alumnos y alumnas de enseñanzas no universitarias que estarán escolarizados en una red integrada por 1.818 centros educativos, teniendo como novedad que se contará con cuatro nuevos centros, que son el CEE de Illescas (Toledo), es IESO Nº1 de Pioz (Guadalajara), el IES ‘Almudena Grandes’ de Ugena (Toledo) y el IESO Nº4 de Illescas (Toledo). A esto se suma la reapertura de dos secciones de colegio rural agrupado, uno en Casas de Lázaro (Albacete) y otro en Zarzuela, en la provincia de Cuenca.

Además, Castilla-La Mancha contará este curso con 34.539 docentes, 876 efectivos más que el curso pasado. De ellos, 770 corresponden al cupo ordinario y están vinculados, entre otras cuestiones, al cumplimiento del acuerdo alcanzado con ANPE, UGT y CCOO para mejorar la calidad del sistema educativo; mientras que otros 106 efectivos permitirán ampliar programas educativos vinculados al éxito educativo, la inclusión y la prevención del abandono escolar temprano.

El consejero del área ha avanzado que el Gobierno regional reforzará, igualmente, los mecanismos de protección y acompañamiento al profesorado a través de la Unidad de Atención al Profesorado y pondrá en marcha una prestación complementaria de asistencia psicológica para aquellos profesionales que hayan denunciado una agresión, reforzando los recursos destinados a su bienestar emocional y seguridad.

Además, se van a llevar a cabo 4.035 acciones formativas relacionadas con la inclusión del alumnado, convivencia en los centros y actualización de contenidos para mejorar la competencia profesional de los docentes y el aprendizaje del alumnado.

38.338 usuarios de comedor y 162.889 beneficiarios del banco de libros

En la relación a las becas comedor, estas llegarán a 15.051 beneficiarios para 454 comedores, ocho más que el curso pasado, que darán servicio a 38.338 usuarios, a lo que se sumarán 216 aulas matinales para atender a 6.152 alumnos de la región.

Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con 162.889 beneficiarios de la iniciativa del banco de libros, que si se suman a los que reciben otro tipo de ayudas relacionadas con ello hace que 186.944 alumnos y alumnas tengan un “importante ahorro” en el inicio del curso escolar, tal y como ha dicho Amador Pastor.

En cuanto al transporte escolar, este curso 2026-2027 Castilla-La Mancha contará con 1.013 rutas de transporte, con 470 acompañantes, y de las cuales 22 son de nueva creación para garantizar la gratuidad del transporte de los alumnos de Bachillerato en zonas rurales.

249 escuelas rurales abiertas y gratuidad de la etapa 2-3 años

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha puesto en valor la apuesta por las zonas rurales en las que, este curso, 249 municipios contarán con escuela rural, 73 de ellos con menos de 11 alumnos.

El programa +Escuela CLM ha garantizado la gratuidad de la etapa de 2-3 años, llegando ya a todos los municipios de Castilla-La Mancha que lo hayan solicitado y alcanzando más de 12.200 plazas en 379 escuelas infantiles.

2.766 docentes de la red de apoyo a la inclusión educativa

En relación con la inclusión educativa, se va a contar con 2.766 docentes dentro de esa red de apoyo, a la que se suman 1.153 profesionales no docentes, por lo que el personal especifico dedicado a la inclusión será de 3.919 profesionales, a los que hay que añadir los efectivos docentes del plan de refuerzo de la lectura, del plan de refuerzo de la competencia matemática PROA+ y la estrategia de inclusión educativa.

321 millones de euros ejecutándose en obras

Amador Pastor ha avanzado que Castilla-La Mancha está invirtiendo 321 millones de euros en obras en centros educativos, de los que 68,5 millones son de obras que ya están siendo ejecutadas, entre las que se encuentran las de la 2ª fase del CEIP nº34 de Albacete, las de la 2ª fase del IES ‘Juan Bosco’ de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o las del colegio de Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca.

Además, “se ha realizado una inversión histórica”, de más de 12 millones de euros, en 656 actuaciones para obras de Reforma, Ampliación y Mejora (RAM), que se unen a los 36 millones de euros que ya se han destinado a climatizar los centros educativos, con ayudas a 219 ayuntamientos y en IES o escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Robótica, aulas flexibles y apuesta por la FP

Por su parte, el asesoramiento en robótica llegará a 1.072 centros educativos, habrá 410 aulas flexibles y una nueva convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa, tal y como ha avanzado el consejero del área.

En lo relativo a la Formación Profesional, este próximo curso se contarán con 56.438 plazas, de las cuales 10.148 serán a distancia, y habrá un total de 1.009 ciclos formativos, además de consolidar 14 programas específicos de FP y 86 ciclos formativos bilingües.

Para finalizar, Amador Pastor ha recordado que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con menor coste de inicio de curso para las familias, tal y como recoge la encuesta de la OCU, y ha mostrado su agradecimiento al personal docente, al personal laboral, a los equipos directivos, a las organizaciones sindicales, a las empresas, ayuntamientos, AMPAs y personal de administración por su contribución al correcto funcionamiento del curso escolar.

A tan solo cinco días de que comience el curso escolar, pero con el profesorado y los trabajadores y trabajadoras ya iniciando el periodo lectivo en los centros educativos, la historia de los pasados meses de mayo y junio se repite. Los despachos, las aulas y los patios se abren en medio de un domo de calor extremo que afecta a buena parte del país y muy especialmente a Castilla-La Mancha, en aviso amarillo y naranja por temperaturas máximas de hasta 41 grados en Toledo y Ciudad Real.

Lo mismo sucedió en las últimas semanas del pasado curso escolar. Entonces las asociaciones de madres y padres (AMPA), el profesorado y los sindicatos se movilizaron durante casi un mes para pedir soluciones por las altas temperaturas en las aulas tanto de colegios como de institutos. Hubo mareos, lipotimias y diferentes afecciones a la salud que provocaron un final de curso con protestas y malestar social.

Ahora, el curso arranca de nuevo con una situación calcada en cuanto a temperaturas extremas. Para el 8 de septiembre, día de inicio de las clases, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé 39 grados de máxima en la ciudad de Toledo.

El cambio climático no perdona y así lo ha denunciado el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Castilla-La Mancha. Sus responsables de Acción Sindical, Gonzalo Ballesteros y Pedro Viejobueno, así lo han vuelto a poner sobre la mesa.

Y junto con ello han hecho pública una novedad de gran relevancia: la Inspección de Trabajo ha interpuesto dos sanciones a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en materia de seguridad y salud laboral por no haber planificado medidas preventivas contra el calor y por permitir que en los centros educativos se hayan superado los 27 grados, el límite máximo de temperatura que establece la normativa de riesgos laborales para trabajos sedentarios.

Estas infracciones tan solo implican, por ahora, un expediente administrativo y no conllevan ninguna multa económica, pero son una “llamada de atención” a la Administración autonómica ante la carencia de medidas viables para afrontar un fenómeno que STE lleva años denunciando. De hecho, fue este sindicato quien denunció ya en noviembre de 2025 esta situación ante la Inspección de Trabajo.

Ahora, el informe, al que ha tenido acceso este periódico, impone estas dos infracciones después de una evaluación de riesgos por “estrés térmico” y mediciones de temperatura en hasta nueve centros educativos: el CEIP Juan de Padilla, el IES Alfonso X El Sabio, el CEIP Garcilaso de la Vega, el IES Juanelo Turriano, el CEIP Gómez Manrique, el CEIP Rosa Parks y el CEE Ciudad de Toledo, todos ellos en la capital castellanomanchega. A ellos se unen mediciones en el IES Josefina Aldecoa de Illescas.

Estas infracciones vienen a “dar la razón” a una situación que el STE lleva años denunciando: las altas temperaturas suponen un riesgo para la salud del alumnado y de los trabajadores de los centros educativos. Sostienen que sigue así su denuncia de una “escuela de calor” que se repite curso tras curso.

Gonzalo Ballesteros detalla que el propio sindicato ha hecho mediciones de temperatura en los dos últimos años en diez centros educativos de la provincia de Toledo, con datos que después han presentado a los Comités de Salud Laboral, precisamente los órganos donde han exigido soluciones de manera continua.

“Visto que lo único que conseguimos es que las administraciones discutieran entre ellas sobre a quién le competía abordar este problema, decidimos en noviembre de 2025 denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo por vulneración de las condiciones laborales de los trabajadores”, explica. Y después, se sumaron a las denuncias de las AMPA y a sus concentraciones.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué desgracia tiene que suceder para que la Consejería asuma sus competencias y vele por la salud del alumnado y del profesorado?

Ante la previsión de que el curso comience como acabó, con “aulas asfixiantes”, los representantes del STE se preguntan: “¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué desgracia tiene que suceder para que la Consejería asuma sus competencias y vele por la salud del alumnado y del profesorado? ¿Sobre todo ahora que ya tienen dos infracciones por parte de la Inspección de Trabajo donde se les pide que adopten medidas?”

Gonzalo Ballesteros ha recordado que el Real Decreto 486/1997 establece los límites de temperatura máxima y mínima permitidos en los lugares de trabajo cerrados. Según refiere, el empleador, que en este caso sería la Consejería de Educación, debe adoptar las medidas necesarias para que “no haya riesgos para la salud de los trabajadores” y adoptar medidas para que la temperatura no supere los 27 grados.

El informe de la Inspección de Trabajo constata, según los datos recabados de los mencionados centros, una temperatura media de 30,2 grados. El sindicato pone el acento en el hecho de que en días con temperaturas exteriores de 41 grados, que ya superan el umbral de impacto para la salud, en algunos centros educativos la media ha llegado a rondar entre los 33 y los 35 grados, y que de todas las mediciones aportadas en el documento, solamente un aula estaba por debajo de la horquilla de la normativa, con 26 grados.

El decreto “no se cumple”

“La Inspección ha constatado que el decreto no se cumple, que no existen medidas preventivas y que no hay ningún plan por parte de la Junta de Castilla-La Mancha. Son los trabajadores quienes tienen que improvisar medidas para que no haya sustos ni desgracias”.

A ello suman el hecho de que tampoco se informe adecuadamente a los trabajadores de los riesgos para su salud que suponen estas altas temperaturas. “Y lo que es peor, cuando pedimos explicaciones, la Consejería no sabe cuantificar cuántos centros están climatizados o no, y tampoco se ha facilitado esa información a la Inspección de Trabajo”.

También destaca el hecho de que ese informe apunte igualmente a un alto nivel de concentración de dióxido de carbono “por encima de lo permitido”. Esto se debe a que los centros afectados por temperaturas extremas evitan abrir las ventanas para que no entre el calor.

Visto este informe demoledor, ya no hay debate. Ahora la pregunta es cómo y cuándo va el Gobierno a adoptar una solución viable

“Visto este informe demoledor, ya no hay debate. Ahora la pregunta es cómo y cuándo va el Gobierno a adoptar una solución viable. De algo tienen que valer las luchas, las reclamaciones de las familias, los gritos del alumnado y este informe de la Inspección. Ya no es una cuestión de convencer a nadie. Deben hacer algo ya”, recalca Ballesteros.

En el STE son conscientes de que las soluciones a corto plazo son difíciles porque requieren de una partida presupuestaria importante. Por eso, han decidido dar de plazo a la Consejería el curso que ahora empieza para presentar un plan integral “fiable y viable”.

Piden que en el mismo se contemplen tres medidas: que los centros educativos no superen en su interior los 27 grados de temperatura, que los patios escolares cuenten con refugios climáticos y de manera inmediata, por ser “lo menos costoso”, que se apruebe un protocolo de actuación urgente para que el profesorado sepa cómo actuar “cuando el alumnado está en un aula a 32 grados”. “No puede llegar mayo sin ese protocolo claro”, han alertado.

De momento, este sindicato no prevé movilizaciones en el arranque del curso. “No queremos tensionar”, afirman, pero no descartan que, si en mayo, no existe el mencionado protocolo ni una planificación al respecto, se retomen las concentraciones e incluso acudir a los tribunales.

Además, afirman que las infracciones que ha interpuesto la Inspección de Trabajo requieren de una contestación por parte de la Administración autonómica y que, de no ser así, el sindicato seguirá interponiendo denuncias para que finalmente haya multas por “no cumplir con la normativa”.

“Todo esto es un aviso. Ahora tenemos que ver qué van a hacer. Nuestra postura es aportar e intentar solucionar, pero si la Administración sigue respondiendo, jugando con los datos y poniendo ejemplos de centros educativos de la sierra de Cuenca o de Albacete, donde no necesitan estas medidas, no descartamos volver a la lucha”.

A finales del pasado mes de julio, el consejero de Educación, Amador Pastor, avanzó que el Gobierno regional había comenzado a aprobar las primeras “resoluciones parciales” para afrontar nuevos gastos para la climatización de los centros educativos. Según dijo, es la tercera convocatoria de lo que ha denominado su Plan de Climatización, mediante la cual se actuará en total en 174 espacios por 3,25 millones de euros.

A finales del pasado curso educativo hasta 16 AMPA de Toledo protagonizaron una sonora concentración exigiendo medidas para evitar clases en las aulas a 30 grados. Amagaron, además, con nuevas protestas a partir de septiembre si no se ponen soluciones sobre la mesa.

UGT Servicios Públicos La Rioja reclama a la Consejería de Educación que el nuevo curso escolar venga acompañado de una reducción de la carga lectiva del profesorado, el reconocimiento de días de libre disposición en igualdad de condiciones con el resto del personal funcionario y una reducción de las ratios de alumnado por aula.

UGT considera que reducir las horas lectivas debe ser una de las prioridades de la Consejería de Educación. “Disponer de más tiempo fuera del aula permitiría al profesorado preparar mejor sus clases, reforzar la coordinación entre docentes, mejorar la acción tutorial, atender de forma más individualizada al alumnado y dedicar más tiempo a su formación permanente” argumentan. Y además, menos horas lectivas les permitiría “afrontar con mayores garantías la creciente diversidad de necesidades que existe actualmente en los centros”.

En este sentido, UGT incide en la necesidad de reconocer y poner en valor la acción tutorial y el trabajo que desarrollan las direcciones de los centros, las jefaturas de estudios y el resto del profesorado que asume tareas de responsabilidad. El sindicato considera que estas funciones requieren dedicación y deben contar con un reconocimiento adecuado.

UGT defiende también el impulso del teletrabajo para aquellas reuniones de coordinación entre docentes que no requieran necesariamente su presencia física en el centro, “especialmente cuando se trate de encuentros que puedan desarrollarse de forma telemática sin afectar al funcionamiento de los centros”. Esta medida permitiría optimizar el tiempo del profesorado y facilitar la conciliación de su vida laboral y personal.

El sindicato reclama también que los docentes puedan disponer de días de libre disposición en las mismas condiciones que el resto del personal funcionario. UGT considera que “el profesorado no puede seguir teniendo un tratamiento diferente y reclama que esta reivindicación forme parte de la negociación con la Consejería de Educación”.

La reducción de las ratios de alumnado constituye otra de las prioridades para UGT. Actualmente, la ratio máxima se sitúa en 25 alumnos por aula en Educación Primaria, 28 en Educación Secundaria Obligatoria y 30 en Bachillerato. El sindicato considera que estas cifras “continúan siendo demasiado elevadas y reclama una reducción progresiva que permita una atención más individualizada y facilite el trabajo del profesorado”.

Más estabilidad para los interinos

UGT reclama además mayor estabilidad para el profesorado interino. El sindicato considera necesario “seguir reduciendo la temporalidad y mejorar las condiciones de contratación para que estos docentes puedan desarrollar su labor con mayor estabilidad y planificación”. En este sentido, UGT seguirá reclamando a la Consejería de Educación que el personal interino se incorpore a los centros en las mismas fechas que sus compañeros y compañeras funcionarios de carrera, y no el día anterior al inicio del curso. Para UGT, todo el profesorado debe disponer del mismo tiempo para conocer el centro, organizar su trabajo y preparar adecuadamente el curso.

UGT mantiene su reivindicación del cobro del verano para el profesorado interino que cumpla los requisitos establecidos, así como la necesidad de avanzar hacia una nueva regulación de las listas de interinidad que aporte mayor estabilidad y mejores condiciones.

La climatización de los centros educativos es otra de las cuestiones que el sindicato considera imprescindible abordar. UGT reclama actuaciones que permitan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura durante todo el curso y considera que la Consejería de Educación debería haber aprovechado los periodos no lectivos para acometer las obras, reformas y mejoras necesarias en los edificios. El sindicato considera que el alumnado y el profesorado no pueden seguir soportando temperaturas inadecuadas en las aulas y reclama que estas actuaciones no vuelvan a aplazarse.

UGT reclama también un refuerzo de las plantillas para responder a las necesidades actuales. El sindicato considera necesario incrementar los recursos de personal docente y no docente, incluyendo administrativos, conserjes y bedeles, así como reforzar la presencia de profesionales especializados como enfermeras escolares, psicólogos, Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) y Auxiliares Técnicos Educativos Infantiles (ATEIs).

Otra de las reivindicaciones que UGT traslada al inicio del nuevo curso es la reducción de la carga burocrática que soporta el profesorado. El sindicato considera que los docentes deben dedicar su tiempo principalmente a la enseñanza y a la atención del alumnado, y no a una acumulación de tareas administrativas que resta tiempo a su labor educativa.

En materia de Formación Profesional, UGT reclama que se avance en la puesta en funcionamiento de los centros integrados previstos en Calahorra y Lardero. El sindicato considera necesario impulsar estos proyectos para ampliar y mejorar la oferta de Formación Profesional pública en La Rioja. UGT mantiene asimismo su reivindicación para extender la educación pública de 0 a 3 años a los centros públicos de La Rioja, con la creación de plazas suficientes en esta etapa educativa.

En materia retributiva, UGT continúa reclamando justicia salarial para el profesorado y la creación de un complemento específico para los maestros y profesores de Formación Profesional que permanecen fuera del subgrupo A1. En definitiva, desde la formación sindical consideran que “el inicio del curso escolar debe servir para abrir una negociación real con la Consjejería de Eduación y avanzar en la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Porque mejorar las condiciones laborales del profesorado es también mejorar la educación pública y la atención que recibe el alumnado riojano”.

La función tutorial es una de las tareas que más estrechamente vincula al profesorado con el día a día de sus alumnos, pero también una de las que, según UGT, continúa teniendo un reconocimiento económico insuficiente. El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos ha reclamado este jueves que las tutorías sean compensadas económicamente en todos los niveles educativos y ha puesto el foco en las diferencias que existen entre comunidades autónomas.

Canarias se encuentra entre los territorios que menos compensan a los docentes por asumir esta responsabilidad. El complemento retributivo que perciben los tutores en las islas es inferior a los 40 euros mensuales, una cantidad que UGT considera insuficiente para reconocer una labor que va mucho más allá de la gestión administrativa de un grupo.

El sindicato recuerda que la acción tutorial permite realizar un seguimiento individualizado del alumnado, detectar dificultades y adaptar el proceso de enseñanza a las necesidades y ritmos de cada estudiante. Una tarea, sostiene, especialmente importante para prevenir el abandono y el fracaso escolar.

Sin embargo, el reconocimiento económico dista mucho de ser homogéneo en España. Según los datos recopilados por UGT, solo 11 comunidades autónomas abonan actualmente algún complemento retributivo por ejercer la función tutorial.

De menos de 40 euros en Canarias a más de 90 en Cataluña

Las diferencias entre territorios son notables. Andalucía, Baleares, Canarias y Castilla y León se encuentran entre las comunidades que pagan menos de 40 euros mensuales por esta función.

En el extremo contrario están Cataluña, Galicia, País Vasco y Murcia, donde el complemento supera los 60 euros al mes. Si se tiene en cuenta únicamente la etapa de Secundaria, la cifra asciende a seis territorios al incorporarse también Madrid y el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.

Cataluña es la comunidad que ofrece la mayor compensación: 93,60 euros mensuales para los tutores de Secundaria y 66,56 euros en Primaria. En el extremo opuesto se encuentra Castilla y León, donde los tutores de todas las etapas recibirán 20 euros al mes.

La disparidad, denuncia UGT, evidencia la falta de un criterio común para reconocer económicamente una función que considera esencial dentro del sistema educativo.

UGT reclama más reconocimiento para los tutores

El sindicato sostiene que la tutoría no debería entenderse como una responsabilidad añadida sin una compensación acorde. Por ello, reclama “reforzar y potenciar” la función tutorial y recuerda que la propia Ley Orgánica de Educación (LOE) contempla el reconocimiento de esta labor.

En concreto, UGT cita el artículo 105 de la LOE, que no fue modificado por la LOMLOE y establece que las Administraciones educativas deberán favorecer el reconocimiento de la función tutorial mediante una asignación horaria suficiente y los correspondientes incentivos profesionales y económicos.

Por ello, el sindicato reclama que las distintas Administraciones educativas avancen, dentro de su autonomía normativa, hacia una mayor convergencia en el reconocimiento de esta tarea, tanto en lo relativo a la jornada laboral como a su compensación económica.

Para UGT, reconocer la labor de los tutores supone también reforzar una de las principales vías de acompañamiento del alumnado durante su trayectoria educativa. Una responsabilidad que, a juicio del sindicato, sigue sin tener en muchas comunidades -entre ellas Canarias- un reflejo económico acorde con su importancia.

Llega el final de agosto y, de pronto, me descubro haciendo algo completamente absurdo: estoy en una papelería, tocando el papel de un cuaderno grande precioso con la tentación infantil de comprármelo. Tengo ya tres en casa sin estrenar y la vista se me va a una agenda con una especie de prisa; como si me urgiese reorganizar la casa, ordenar los armarios y poner más disciplina en las mañanas. Y entonces me entra la risa, porque estoy jubilada. Y no sé por qué todos los años me sucede lo mismo.

Ya no tengo un colegio al que regresar, ni correos esperándome, ni documentación que preparar o revisar , ni alarmas a las siete de la mañana. No le debo explicaciones a ningún calendario. Teóricamente, mi vida ya no tiene 'vuelta al cole'. Y, sin embargo, aquí estoy, picando en la misma trampa de siempre. Es curioso cómo se nos queda el tiempo pegado al cuerpo. Durante cincuenta años, sumando la infancia, la maternidad y la docencia, septiembre no ha sido solo un mes; ha sido una frontera física y emocional: el olor a libros nuevos, la logística de los niños cuando eran pequeños, el estrés de los primeros días después de las vacaciones. Septiembre es, sobre todo, una memoria.

Cuando llegó la jubilación, pensé que el tiempo se convertiría en una balsa tranquila. Había soñado tantas veces con tener todo el tiempo del mundo que estaba segura de que disfrutarlo sería fácil. Lo que nadie te cuenta es que el tiempo completamente libre también da un poquito de vértigo. Aquel primer lunes tras mi jubilación ,el despertador sonó como todas las mañanas. No lo había apagado la noche anterior porque, en el fondo, no me atreví a borrar la alarma, como si al hacerlo también borrara el lugar que había ocupado durante cuarenta años. Me estiré para silenciarla en la penumbra y, por pura inercia, busqué con la mirada el bolso que seguía colgado de la percha del dormitorio. El mismo que durante décadas llené de tizas, cuadernos, exámenes metidos en carpetas elásticas y bolígrafos. Allí seguía. Vacío.

Entonces me golpeó un silencio tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Me senté en el borde de la cama y contemplé mis manos sobre las sábanas. Aquel día comprendí algo que no había aprendido en cuatro décadas de docencia: tener tiempo no significa saber habitarlo. Durante décadas, mi vida había estado organizada alrededor de horarios y urgencias. Siempre había algo que hacer y, casi siempre, alguien que necesitaba algo de mí. Sin darme cuenta, acabé asociando mi valor personal a mi capacidad para ser útil. Como les ocurre a muchas personas, y especialmente a muchas mujeres, había aprendido a responder antes a las necesidades ajenas que a las propias. Cuando desaparecen las obligaciones profesionales, es fácil seguir buscando incendios que apagar: un favor para un vecino, una gestión para un familiar, colaborar en una asociación... cualquier cosa que nos devuelva la sensación de que seguimos siendo necesarias. Pero un día comprendí que la pregunta importante no era quién me necesitaba, sino qué necesitaba yo.

Y entonces empecé a escuchar una frase que muchas amigas me repiten con cariño: “Desde que te jubilaste, no paras de escribir”. Siempre sonrío porque encierra un pequeño malentendido. No empecé a escribir cuando me jubilé. Escribo desde que era una niña. Mientras otras personas coleccionaban cromos o muñecas, yo coleccionaba historias. Siempre fui una lectora voraz y muy pronto descubrí que leer y escribir eran dos maneras de comprender el mundo y también de comprenderme a mí misma. A lo largo de mi vida fui llenando algunos cuadernos, escribiendo durante las vacaciones o robándole horas al descanso. Nunca dejé de escribir. Simplemente, lo hacía en los márgenes de una vida llena de responsabilidades.

Nos incomoda el silencio. Sin embargo, cuando dejamos de llenar cada hueco con prisas o distracciones, aparece un espacio donde pueden aflorar ideas e intereses que llevaban años esperando. El aburrimiento no crea una vocación: la desentierra

La jubilación me regaló continuidad de poder escribir. Ahora puedo sentarme cada mañana frente al teclado sin la sensación de estar robándole tiempo al colegio, a la familia o a cualquier otra obligación. No escribo para combatir el aburrimiento, sino porque la escritura siempre ha sido mi manera de pensar, de ordenar la memoria y de reconciliarme con la vida. Y quizá el aburrimiento sí tenga algo que ver con todo esto. Vivimos empeñados en llenar cada minuto del día. Si esperamos en una cola, sacamos el teléfono; si caminamos, escuchamos un pódcast; si tenemos una tarde libre, buscamos enseguida algo que hacer. Nos incomoda el silencio. Sin embargo, cuando dejamos de llenar cada hueco con prisas o distracciones, aparece un espacio donde pueden aflorar ideas e intereses que llevaban años esperando. El aburrimiento no crea una vocación: la desentierra.

La escritura y la enseñanza tienen algo en común: ambas son formas de sembrar. Cuando enseñamos, nunca sabemos exactamente cuándo germinará aquello que intentamos transmitir. Todavía recuerdo a una alumna que llegó al colegio de Cabañas de la Sagra a comienzos de los años ochenta, en sexto de Primaria. Apenas levantaba la cabeza y parecía pedir perdón casi por respirar. Muchísimos años después me la encontré encabezando una manifestación del 8 de marzo. Llevaba un megáfono en la mano y una fuerza que le iluminaba la cara. Al abrazarme, me susurró al oído: “Profe, usted me enseñó a tener iniciativas y a responsabilizarme de ellas. Y... aquí estoy”. Aquel encuentro me recordó que las maestras sembramos a largo plazo. A veces pasan décadas y, cuando menos lo esperamos, una antigua alumna aparece convertida en la mujer que un día solo se atrevió a imaginar. Durante tanto tiempo me esforcé en enseñar a otras personas a confiar en su propia voz que ahora me corresponde aplicar conmigo misma aquella vieja lección. También he tenido que aprender a tratarme con amabilidad. Durante muchos años me exigí cosas que jamás habría exigido a mis alumnos. Si un día no escribía, me reprochaba la falta de disciplina. Si una página no salía bien, pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Ahora procuro hablarme de otra manera. He descubierto que la amabilidad mueve más que la culpa y que las grandes obras también se construyen línea a línea.

Ya no necesito demostrarle a la sociedad que soy una mujer útil, ni convencer a mi familia de que puedo sostenerlo todo. Esas batallas ya las tengo muy superadas. Ahora la tarea es otra: permitirme vivir este tiempo sin culpa, dedicar horas a leer, a escribir, a pensar o, sencillamente, a no hacer nada. Bastantes años pensé que descansar era algo que había que ganarse después de cumplir con todo lo demás. Ahora entiendo que el tiempo que no está dedicado a una obligación no tiene por qué ser un tiempo perdido.

Durante toda mi vida, septiembre significó volver: volver al colegio, a los horarios, a las prisas. Ahora ya no tengo que regresar a ninguna parte, pero sigo necesitando ese pequeño ritual para inaugurar algo. Quizá eso sea lo que hay detrás de nuestra relación con septiembre: no tanto la necesidad de cambiar de vida como el deseo de sentir que todavía podemos empezar algo. Para mí, este mes ya no es el juez que me exige rendir cuentas. Es una excusa amable para detenerme un momento y decidir qué quiero hacer con los próximos meses.

Y sí, al final, me he comprado el cuaderno; pero no para llenarlo de tareas pendientes ni de compromisos con los demás. Lo he comprado para escribir en él todo lo que se me ocurra sin ninguna prisa y sin ninguna obligación.

Creo que los grandes cambios de la vida nos obligan a recuperar la vida que ya estaba dentro de nosotros, esperando un poco de espacio. Yo no me reinventé nada; simplemente regresé a una parte de mí que siempre había estado ahí: la niña a la que le encantaba leer y que descubrió muy pronto que escribir era otra forma de estar en el mundo.

Ya no necesito justificar mi tiempo. Ahora puedo preguntarme qué quiero hacer con él. El mayor regalo de esta etapa no ha sido disponer de más horas en el reloj: ha sido, por fin, tener el tiempo de ser yo. Y quizá por eso septiembre siga teniendo algo de comienzo. Ya no es el regreso a las obligaciones ni la promesa de convertirme en una versión mejor de mí misma. Es, sencillamente, el mes en el que vuelvo a mí.

Tres colegios públicos de Logroño tienen el ascensor fuera de servicio: el Ayuntamiento asegura que estarán para la vuelta al cole

Ayer 1 de septiembre, el Claustro del CEIP Villa Patro en Lardero, La Rioja, empezó su curso escolar con unas instalaciones a las que nadie había pasado un trapo (ni un escobón) en todo el verano. El profesorado inició el curso con ilusión, pero también con vergüenza y frustración por la situación en la que se encontraba el centro: polvo, hojas, pelusas, manchas, papeles en aulas y despachos, baños y cristales sucios, telarañas, cucarachas, mosquitos, mal olor.

La responsabilidad de la limpieza del centro es del Ayuntamiento de Lardero, que lleva años haciendo oídos sordos a las quejas y solicitudes por parte del Equipo Directivo y del Consejo Escolar, de que se mantengan unas condiciones de limpieza y salubridad que garanticen la seguridad del alumnado y del personal que trabaja en el centro. Tanto es así, que en once años no se ha hecho una sola limpieza general.

Por si esto no fuera poco, podemos sumarle las altas temperaturas, que también se llevan denunciando los últimos cuatro años. Tomar medidas parece necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las niñas y niños de la localidad. El silencio administrativo agota cuando está en juego la salud de la infancia. Temperaturas superiores a 30 grados en las aulas, comedor sin persianas, falta de espacios de sombra o de recursos que mitiguen la excesiva exposición al sol. Necesitamos soluciones que garanticen unas condiciones de educación y trabajo dignas, y las necesitamos antes del 9 de septiembre.

“Higiene y salud, Ayuntamiento de Lardero, Higiene y salud”.

El profesorado valenciano ha vuelto a salir a la calle este sábado. Docentes de diferentes comarcas valencianas han visibilizado sus protestas y reivindicaciones en diferentes puntos a lo largo del recorrido de La Vuelta por tierras valencianas, en localidades como Simat de la Valldigna, Barx o Xeraco, en un ambiente festivo.

Además, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha convocado para este domingo 30 de agosto nuevas acciones de protesta del colectivo docente tras el parón vacacional. Bajo el lema “La Volta enceta la revolta”, el profesorado valenciano prevé visibilizar sus demandas de mejoras laborales y salariales a través del escaparate de la Vuelta Ciclista a España a su paso por la provincia de Alicante. Las concentraciones tendrán dos puntos neurálgicos principales: la salida de la etapa en La Vila Joiosa a primera hora de la mañana y la subida al Port de Tudons a mediodía.

La organización ha diseñado una jornada de protesta de carácter pacífico y respetuoso en la que los participantes lucirán camisetas y pancartas reivindicativas desde los arcenes y balcones. “En ningún caso se interferirá en el transcurso normal de la carrera ni de los ciclistas”, ha remarcado el sindicato en sus recomendaciones a aquellos docentes que participen en las protestas. Con esta acción en la calle y en los puertos de montaña, el profesorado retoma las movilización después de la huelga de cinco semanas que protagonizó el final del curso pasado para exigir a la administración autonómica respuestas concretas antes del inicio de las clases.

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha reclamado este martes la incorporación del profesorado interino para el 1 de septiembre y ha instado a la Administración autonómica a que rectifique y adelante la adjudicación y la incorporación a los centros educativos públicos, antes del 7 de septiembre que era el día estipulado por la administración.

El próximo lunes 8 de septiembre se inicia el curso escolar para el alumnado de educación infantil, primaria y ESO, y el 9 de septiembre bachillerato. “Se trata de la primera semana del curso escolar, la semana en la que las familias aragonesas tienen que conciliar la vida laboral con el periodo de adaptación escolar de sus hijos”, han señalado en una nota de prensa.

La incorporación de los docentes interinos del llamamiento del 27 de agosto no se producirá hasta el 7 de septiembre para los colegios públicos de educación infantil y primaria, así como para las aulas de escolarización anticipada de 2 años. Esto supone “enlentecer” el funcionamiento de los centros al faltar gran parte del profesorado interino, con ausencias de hasta un 40% en ámbito rural; “una sobrecarga de trabajo y un empeoramiento de las condiciones laborales” de los docentes asignados a estos cursos, así como “una precarización por la contratación tardía del del profesorado interino”.

Por todo ello, la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón solicita al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón “que haga efectiva la incorporación el 1 de septiembre, de todo el profesorado interino del llamamiento del 27 de agosto, porque la preparación de las programaciones didácticas y todos los procesos previos a la actividad lectiva requieren esfuerzo y dedicación esencial”, han concluido.

La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha afirmado que el sindicato mantiene la convocatoria de huelga para el 8 de septiembre, primer día de curso en los centros educativos catalanes. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha asegurado que la protesta “refleja un malestar evidente del colectivo” y ha afeado a la Generalitat que no haya mantenido “ningún contacto” con el sector desde el 13 de julio.

Segura -que ya amenazó a principios de verano con un inicio de curso “convulso”- ha instado al Govern a sentarse a negociar. “Si se empieza a trabajar se puede evitar lo que vendría después”, ha avisado. Aun así, ha querido dejar claro que la huelga del próximo día 8 es inamovible: “Aunque se produjeran encuentros ahora, el conflicto no se solucionaría en 15 días”, ha dicho.

Desde USTEC han querido valorar los últimos anuncios del Departament de Educación, que aseguró que este curso habría más aulas de acogida y se incorporarán técnicos sanitarios en las aulas. “Eso no es ninguna novedad”, ha aclarado Segura, que insiste en que estas medidas ya formaban parte de los acuerdos a los que llegaron los docentes en marzo y mayo.

Por contra, Segura apunta en que la Generalitat necesita “tomar decisiones estructurales” para que las medidas que se implementen no acaben “desapareciendo”. También incide en que hay que “blindar la escuela pública” con una serie de acciones que deben calendarizarse.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha expressat el seu ferm rebuig a les mesures introduïdes en la llei d'acompanyament als pressupostos pel Govern de la Generalitat de Pérez Llorca, que compta amb el suport parlamentari de Vox, pel que fa a convertir la Inspecció Educativa en “policia educativa” en les aules. El portaveu de l'organització, Marc Candela, ha criticat la implantació del que defineix com una “policia ideològica” en el sistema educatiu autonòmic. Segons explica, esta norma “intenta continuar desprestigiant i criminalitzant el professorat perquè es suposa que no tenim una altra faena a fer que adoctrinar”.

En relació amb el discurs que atribueix biaix ideològic als docents, Candela ha tirat d'ironia per a assenyalar la contradicció dels arguments polítics: “L'assignatura de religió no adoctrina, el professorat sí”. Això no obstant, el representant sindical ha advertit sobre les conseqüències operatives que aquest tipus de legislació pot provocar en el dia a dia dels centres. “El perill d'aquesta norma és que deixem de fer les activitats i les accions que solem fer en els centres educatius. No podem permetre eixa autocensura”, ha emfatitzat.

Davant d'aquestes restriccions, l'STEPV defén la vigència del marc legislatiu general per a mantindre la impartició de continguts transversals i ètics en les aules. “Hem de continuar fent accions per a promocionar la nostra llengua, per a promocionar la igualtat, el feminisme, parlar del col·lectiu LGTBI, dels drets humans, de les guerres, de Palestina, que és el que al final pretenen evitar”, ha asseverat Candela. El portaveu ha instat la comunitat educativa a no frenar la seua activitat “per por de ser reprimits” i ha recordat la cobertura legal existent: “No podem permetre que aquest Govern que tenim de PP i Vox -que no forma part del Consell- ens impose el que podem fer i el que no, perquè ens avala la llei educativa. No permetem l'autocensura i continuem treballant en difondre valors, drets humans i la llengua entre l'alumnat”.

Rebuig a les sancions a docents

A més, el sindicat ha fet públic el malestar del professorat per les sancions incoades per la Delegació del Govern a diversos docents i a un alumne a conseqüència de les mobilitzacions de la passada vaga educativa. El mateix Candela ha reconegut que ha rebut una multa per la seua participació en una concentració enfront de la qual ja ha presentat les al·legacions corresponents, en argumentar que l'acte “era una roda de premsa” i que “no existeix el motiu pel qual m'han denunciat”.

El portaveu de l'STEPV ha expressat que no està preocupat per la seua multa en particular, sinó per les que han rebut altres docents, “a qui estem assessorant i ajudant a presentar al·legacions”. En aquest sentit, ha qualificat l'actuació policial com un atac coordinat. “Tot açò ho emmarquem en una campanya de repressió contra el professorat, en aquest cas per part de la Policia Nacional, que no anar a tolerar”, ha afirmat.

La central sindical preveu sol·licitar formalment a la Delegació del Govern l'anul·lació de tots els expedients sancionadors oberts. “Anem a demanar-li que retire les multes, perquè no tenen cap sentit”, ha insistit Candela, qui ha remarcat a més que “l'únic incident que es va produir va ser la empenta a una companya jubilada per part d'un agent de policia”.

Calendari de protestes a l'inici del curs

Davant d'aquesta situació, l'organització sindical ja treballa en la reactivació del conflicte educatiu de cara a l'arrencada de l'any acadèmic. Candela ha anunciat que les protestes continuaran el mes que ve amb marxes simultànies a València, Castelló de la Plana i Alacant el 12 de setembre: “Cal reactivar les mobilitzacions i incorporar aquestes qüestions de les quals acabem de parlar a la plataforma reivindicativa”. L'STEPV considera fonamental mantindre la unitat de la comunitat educativa davant de les administracions per a garantir els drets laborals i els projectes pedagògics. “Cal mantindre la pressió al Govern autonòmic”, ha conclòs.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha expresado su firme rechazo a las medidas introducidas en la ley de acompañamiento a los presupuestos por el Gobierno de la Generalitat de Pérez Llorca, que cuenta con el apoyo parlamentario de Vox, al respecto de convertir a la Inspección Educativa en “policía educativa” en las aulas. El portavoz de la organización, Marc Candela, ha criticado la implantación de lo que define como una “policía ideológica” en el sistema educativo autonómico. A su juicio, esta norma “intenta continuar desprestigiando y criminalizando al profesorado porque se supone que no tenemos otra faena que hacer que adoctrinar”.

En relación con el discurso que atribuye sesgo ideológico a los docentes, Candela ha tirado de ironía para señalar la contradicción de los argumentos políticos: “La asignatura de religión no adoctrina, el profesorado sí”. No obstante, el representante sindical ha advertido sobre las consecuencias operativas que este tipo de legislación puede provocar en el día a día de los centros. “El peligro de esta norma es que dejemos de hacer las actividades y las acciones que solemos hacer en los centros educativos. No podemos permitir esa autocensura”, ha enfatizado.

Frente a estas restricciones, STEPV defiende la vigencia del marco legislativo general para mantener la impartición de contenidos transversales y éticos en las aulas. “Debemos continuar haciendo acciones para promocionar nuestra lengua, para promocionar la igualdad, el feminismo, hablar del colectivo LGTBI, de los derechos humanos, de las guerras, de Palestina, que es lo que al final pretenden evitar”, ha aseverado Candela. El portavoz ha instado a la comunidad educativa a no frenar su actividad “por miedo a ser reprimidos” y ha recordado la cobertura legal existente: “No podemos permitir que este Gobierno que tenemos de PP y Vox -que no forma parte del Consell- nos imponga lo que podemos hacer y lo que no, porque nos avala la ley educativa. No permitamos la autocensura y continuemos trabajando en difundir valores, derechos humanos y la lengua entre el alumnado”.

Rechazo a las sanciones a docentes

Además, el sindicato ha hecho público el malestar del profesorado por las sanciones administrativas impuestas por la Delegación del Gobierno a varios docentes y a un alumno a raíz de las movilizaciones de la pasada huelga educativa. El propio Candela ha reconocido que ha recibido una multa por su participación en una concentración frente a la que ya ha presentado las correspondientes alegaciones, al argumentar que el acto “era una rueda de prensa” y que “no existe el motivo por el que me han denunciado”.

El portavoz de STEPV ha expresado que mo le preocupa su multa en particular, sino las que han recibido otros docentes, “a quienes estamos asesorando y ayudando a presentar alegaciones”. En este sentido, ha calificado la actuación policial como un ataque coordinado. “Todo esto lo enmarcamos en una campaña de represión contra el profesorado, en este caso por parte de la Policía Nacional, que no vamos a tolerar”, ha afirmado.

La central sindical prevé solicitar formalmente a la Delegación del Gobierno la anulación de todos los expedientes sancionadores abiertos. “Vamos a pedirle que retire las multas, porque no tienen ningún sentido”, ha insistido Candela, quien ha remarcado además que “el único incidente que se produjo fue el empujón a una compañera jubilada por parte de un agente de policía”.

Calendario de protestas al inicio del curso

Ante esta situación, la organización sindical ya trabaja en la reactivación del conflicto educativo de cara al arranque del año académico. Candela ha anunciado que las protestas continuarán el próximo mes con marchas simultáneas en València, Castellón y Alicante el 12 de septiembre: “Hay que reactivar las movilizaciones e incorporar estas cuestiones de las que acabamos de hablar a la plataforma reivindicativa”. STEPV considera fundamental mantener la unidad de la comunidad educativa ante las administraciones para garantizar los derechos laborales y los proyectos pedagógicos. “Hay que mantener la presión al Gobierno autonómico”, ha concluido.

El conflicte educatiu valencià, que va viure un mes de vaga amb mobilitzacions multitudinàries a finals del curs passat, suma un nou episodi de tensió. La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha denunciat el que considera un exercici de “repressió administrativa i policial” contra el professorat participant en les mobilitzacions i jornades de vaga desenvolupades al maig i juny passat.

Segons el balanç difós per la coordinadora, fins ara consten un total de 14 sancions administratives dirigides a docents en vaga (dotze d'elles a títol individual i dues a un dels sindicats convocants). Les sancions van des dels 601 fins als 800 euros i l'import acumulat d'aquestes penalitzacions ascendeix a 8.600 euros, derivats d'actuacions policials en concentracions prèviament notificades i en piquets informatius. Des del col·lectiu assenyalen que aquestes multes busquen “desincentivar la lluita i infondre temor” entre el cos docent per dificultar l'exercici dels drets de reunió, manifestació i vaga.

Un dels afectats, segons recull l'agència EFE, és David Esteve, professor de Biologia i Geologia a la província d'Alacant, que ha rebut una notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador per una “infracció greu” que comportaria una multa de 800 euros incoada per la Delegació del Govern. El sindicat al qual pertany Esteve, CSO (Consell Sindical Obrer), ha decidit no pagar la multa perquè la considera un “acte polític per a tractar d'atemorir mobilitzacions futures” i la recorrerà “per no haver comés una infracció (no haver incitat a res ni haver tallat cap carrer)”.

La CADPV afegeix a aquestes sancions l'actitud de la Conselleria d'Educació i del Govern autonòmic, a qui retreu la seua “falta de voluntat negociadora”. Així mateix, l'organització denuncia la fixació d'uns serveis mínims que qualifica d'“abusius” —mesura que ja va motivar la presentació de recursos davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per part de les centrals sindicals— i l'intent d'implantar mecanismes de control del debat pedagògic a través de la modificació del Decret 80/2017 sobre convivència als centres educatius.

Per a amortir l'impacte econòmic de les penalitzacions, les assemblees mantindran activa la caixa de resistència i canalitzaran l'assessorament dels serveis jurídics sindicals amb l'objectiu d'evitar que cap participant assumisca els costos de manera individual.

Un conflicte estructural a les aules

Les sancions s'emmarquen en el cicle de protestes que ha tensionat l'àmbit educatiu valencià. La comunitat escolar, per mitjà dels sindicats STEPV, CCOO, UGT, ANPE i CSIF —encara que aquests dos últims van acabar despenjant-se abans de la convocatòria de vaga i mobilitzacions—, va convocar a finals del curs passat diverses aturades i vagues per a mostrar el seu rebuig a les línies mestres de l'Administració autonòmica en matèria educativa.

Malgrat la desconvocatòria de les aturades el passat 12 de juny, cinc setmanes després que començara la vaga indefinida, els sindicats convocants consideren que no s'han produït avanços suficients en les reivindicacions del professorat: pujada de salaris, baixada de ràtios, millora d'infraestructures, augment de plantilles, millores en inclusió i Formació Professional, reducció de la càrrega burocràtica i recuperació del pes del valencià en l'educació pública valenciana. A penes es van produir alguns acords parcials en qüestions com la burocràcia o amb determinades plataformes (CSIF i ANPE) en matèria retributiva.

No obstant això, el desgast derivat de les mobilitzacions i de les sancions notificades no ha provocat que els docents abaixen la guàrdia i la CADPV ha advertit que l'inici del pròxim curs escolar no implicarà una tornada a la normalitat mentre persistisquen els greuges en l'ensenyament públic, per la qual cosa preveu la continuïtat de les mesures de pressió. En aquesta mateixa línia es van expressar el passat mes de juny els sindicats majoritaris, STEPV, CCOO i UGT, que ja van advertir que, si no hi ha avanços significatius en les negociacions amb la conselleria, reprendrien les mobilitzacions al setembre, coincidint amb el començament de curs.

El conflicto educativo valenciano, que vivió un mes de huelga con movilizaciones multitudinarias a finales del curso pasado, suma un nuevo episodio de tensión. La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha denunciado lo que considera un ejercicio de “represión administrativa y policial” contra el profesorado participante en las movilizaciones y jornadas de huelga desarrolladas en mayo y junio pasado.

Según el balance difundido por la coordinadora, hasta la fecha constan un total de 14 sanciones administrativas incoadas por la Delegación del Gobierno y que están dirigidas a docentes que participaron en las protestas desarrolladas con motivo de la huelga indefinida (doce de ellas a título individual y dos al STEPV, uno de los sindicatos convocantes). Las sanciones van desde los 601 hasta los 800 euros y el importe acumulado de estas penalizaciones asciende a 8.600 euros, derivados de actuaciones policiales en concentraciones previamente notificadas y en piquetes informativos. Desde el colectivo señalan que estas multas buscan “desincentivar la lucha e infundir temor” entre el cuerpo docente para dificultar el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y huelga.

Uno de los afectados, según recoge la agencia EFE es David Esteve, profesor de Biología y Geología en la provincia de Alicante, que ha recibido una notificación de acuerdo de iniciación de expediente sancionador por una “infracción grave” que conllevaría una multa de 800 euros incoada por la Delegación del Gobierno. El sindicato al que pertenece Esteve, CSO, (Consejo Sindical Obrero) ha decidido no pagar su multa por considerarla un “acto político para tratar de amedrentar movilizaciones futuras” y van a recurrirla “al no haber cometido una infracción (no haber incitado a nada ni cortado ninguna calle)”.

La CADPV suma a estas sanciones la actitud de la Conselleria de Educación y del Ejecutivo autonómico, a quien reprocha su “falta de voluntad negociadora”. Asimismo, la organización denuncia la fijación de unos servicios mínimos que califica de “abusivos” —medida que ya motivó la presentación de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por parte de las centrales sindicales— y el intento de implantar mecanismos de control del debate pedagógico a través de la modificación del Decreto 80/2017 sobre convivencia en los centros educativos.

Para amortiguar el impacto económico de las penalizaciones, las asambleas mantendrán activa la caja de resistencia y canalizarán el asesoramiento de los servicios jurídicos sindicales con el objetivo de evitar que ningún participante asuma los costes de manera individual.

Un conflicto en las aulas

Las sanciones se circunscriben en el ciclo de protestas que ha tensionado el ámbito educativo valenciano. La comunidad escolar, por medio de los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, ANPE y CSIF -aunque estos dos últimos acabaron por descolgarse antes de la convocatoria de huelga y movilizaciones-, convocó a final del pasado curso diversos paros y huelgas para mostrar su rechazo a las líneas maestras de la administración autonómica en materia educativa.

A pesar de la desconvocatoria de los paros el pasado 12 de junio, cinco semanas después de que comenzara la huelga indefinida, los sindicatos convocantes consideran que no se han producido avances suficientes en las reivindicaciones del profesorado: subida de salarios, bajada de ratios, mejora de infraestructuras, aumento de plantillas, mejoras en inclusión y Formación Profesional, reducción de la carga burocrática y recuperar el peso del valenciano en la educación pública valenciana. Apenas se produjeron algunos acuerdos parciales en temas como la burocracia o con determinadas plataformas (CSIF y ANPE) en la cuestión retributiva.

No obstante, el desgaste derivado de las movilizaciones y de las sanciones notificadas, no ha provocado que los docentes bajen la guardia y la CADPV ha advertido de que el inicio del próximo curso escolar no implicará una vuelta a la normalidad mientras persistan los agravios en la enseñanza pública, por lo que prevé la continuidad de las medidas de presión. En esta misma línea se expresaron el pasado mes de junio los sindicatos mayoritarios, STEPV, CCOO y UGT, quienes ya advirtieron que, de no haber avances significativos en las negociaciones con la conselleria, se retomarían las movilizaciones en septiembre, coincidiendo con el comienzo de curso.

Hay horas de trabajo que aparecen en la nómina, horas que figuran en el registro horario y horas que, sencillamente, parece que no existen. No porque no se hayan trabajado, sino porque nadie las apunta, no se consideran horas extraordinarias o resulta difícil demostrar que lo fueron.

En España se realizan cada semana 6,43 millones de horas extraordinarias. De ellas, 2,54 millones no se pagan ni se compensan con descanso, según un análisis del Gabinete Económico de CCOO elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es el equivalente al empleo a jornada completa de unos 68.000 trabajadores.

El sindicato cifra en 436.000 las personas que realizan esas horas extraordinarias sin contraprestación, una media de 5,8 horas adicionales a la semana por trabajador afectado. Por lo que el 5% de la población asalariada hace horas extra cada semana, y de esas horas, el 40% no se pagan ni cotizan, pese a la obligación legal de registrar la jornada.

El problema tiene, además, una particularidad: no siempre se trata de empresas que carecen de registro horario. Desde 2019 todas las compañías están obligadas a registrar la jornada. La cuestión es si ese registro refleja realmente todo el tiempo trabajado y, sobre todo, si puede utilizarse después para demostrarlo.

Fichar no siempre significa demostrar cuánto se ha trabajado

La reforma de 2019 introdujo la obligación general de registrar la jornada, pero dejó sin determinar con suficiente precisión cómo debía hacerse ese registro para que resultara eficaz. Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, señala que ese es uno de los problemas de fondo: “Muchas empresas no hacen un registro veraz ni tampoco lo hacen de tal manera en la que luego ese registro se pueda comprobar si es cierto”. A su juicio, la reforma “ayudó poco a reducir las horas extra” porque no fijó un sistema suficientemente eficaz para acreditar el tiempo efectivamente trabajado, y ni siquiera está resultando “una herramienta eficaz en materia probatoria”.

El problema, resume el profesor, es “¿cómo demuestras que has hecho esas horas extraordinarias?”. En trabajos con horario fijo, superar la jornada es relativamente fácil de identificar. Pero en empleos con horarios flexibles, jornadas distribuidas de forma irregular o trabajo realizado fuera del centro, delimitar qué es exactamente una hora extraordinaria se complica mucho más. Y después hay que demostrarlo.

Ana Belén Muñoz Ruiz, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, introduce un matiz: el registro horario sí ha mejorado la posición de los trabajadores. “La existencia de registro horario es clave para que el trabajador pueda reclamar las horas extras no pagadas”, señala. Pero esa protección no es automática. Cuando existe un horario fijo y no hay registro, el Tribunal Supremo exige que el trabajador aporte indicios suficientes de un exceso de jornada; solo entonces la carga de la prueba pasa a la empresa, y aun así el trabajador debe concretar qué horas reclama.

En los horarios no fijos la situación cambia: una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2026 establece que, cuando no existe registro, es el empleador quien debe acreditar cuál fue realmente la jornada realizada. Es precisamente la función que debería cumplir el registro. La consecuencia es paradójica: existe la obligación legal de registrar el tiempo de trabajo, pero el registro puede no bastar para acreditar todo lo que efectivamente se ha trabajado.

El propio Tribunal Supremo ha mostrado hasta qué punto puede pesar esa ausencia de registro. En una sentencia de abril de 2026 sobre el fallecimiento por infarto de una teletrabajadora, la empresa no pudo aportar un registro horario detallado que probara a qué hora había terminado su jornada. Ante esa falta de prueba, el tribunal concluyó que el episodio se produjo mientras la afectada seguía trabajando y calificó la muerte como accidente laboral.

El coste económico del trabajo que 'no existe'

Más allá de las horas que no aparecen en los registros, importa lo que deja de percibir el trabajador y lo que pierden las arcas públicas. CCOO calcula que el coste de esas horas no reconocidas asciende a 3.378 millones de euros anuales entre salarios, cotizaciones sociales e impuestos que dejan de ingresarse: una media de 7.696 euros anuales por persona afectada.

Por sectores, la educación concentra el mayor volumen de horas extra no pagadas, seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública. En términos relativos (el porcentaje de trabajadores afectados dentro de cada sector) destacan las actividades financieras y de seguros, la propia educación, y la edición y producción de contenidos.

Para CCOO no es solo un problema de derechos laborales: la práctica “altera la competencia entre empresas”, porque quien no paga las horas trabajadas soporta costes inferiores a quien sí cumple la normativa. El sindicato reclama reforzar el control para acabar con lo que considera “una de las principales formas de abuso laboral”.

Educación, donde la hora extra ni siquiera se llama así

Educación es, según CCOO, el sector que concentra un mayor volumen de horas extraordinarias no remuneradas, y también está entre los que registran mayor porcentaje de trabajadores afectados. Pero en el profesorado no siempre existe conciencia de que ese tiempo adicional sean “horas extra”: preparar clases en casa, corregir exámenes por la noche, responder correos de familias o elaborar informes se vive, a menudo, como parte asumida del trabajo docente, aunque se haga fuera del horario formal.

Héctor Adsuar López, representante del profesorado de la enseñanza pública en el sindicato, describe una frontera especialmente difícil de trazar. El horario del profesorado se divide en horario lectivo directo con alumnado, horario complementario de permanencia (guardias, reuniones) y 7,5 horas semanales de horario no fijo o irregular para preparación, corrección y elaboración de informes.

Ese tiempo, sostiene, “no es suficiente para realizar todas las tareas necesarias con garantías” y obliga a trabajar más: calcula que el horario real del profesorado público se sitúa “como poco por encima de las 42 horas y llega a las 48”, frente a las 37,5 semanales que constituyen el máximo teórico en la función pública.

A los elevados ratios y el seguimiento individualizado de alumnos se suman tareas administrativas y funciones de coordinación que, según Adsuar, se han ido incorporando sin más recursos ni tiempo específico: “No existe un registro horario que cuantifique temporalmente todas esas tareas del profesorado fuera de su horario lectivo y complementario”.

Manuel Maldonado, profesor de Matemáticas en el colegio Sagrado Corazón, pone cifras a esa parte invisible: “Normalmente pueden ser de 10 a 15 horas semanales, pero en épocas de evaluaciones te puedes ir a 20 sin problemas”. Ahí se incluyen tareas como buscar y adaptar materiales, reprogramar clases según el ritmo de cada grupo, corregir exámenes o preparar contenidos para alumnos con adaptaciones curriculares; si además se ejerce de tutor, se suman las llamadas y correos con las familias.

“La accesibilidad que te da el correo electrónico ha multiplicado el número de contactos de las familias con el tutor”, apunta, y aplicado a una clase de 28 o 30 alumnos, el volumen se convierte en una carga considerable que en época de exámenes puede llevar a trabajar hasta altas horas de la noche o sacrificar el fin de semana. Aun así, Maldonado admite una cierta normalización de esa dedicación adicional en su profesión: “Uno ya ha de ser consciente de que una dedicación extra se ha de llevar a cabo”.

La percepción de Xavier Nalda, profesor de Física y Matemáticas de Bachillerato en el colegio Jesús María, es distinta, y por eso resulta reveladora. Nalda tiene un contrato de 30 horas semanales y no identifica como horas extraordinarias buena parte del trabajo que hace fuera de ese horario: “Yo tengo un contrato de 30 horas y cobro por estas 30 horas y ya está”.

Reconoce que prepara clases y corrige exámenes antes de entrar al colegio y algunos fines de semana, “por costumbre”, pero no cree que deba remunerarse: “No entiendo que eso sean horas extra”. A su juicio son tareas que históricamente han formado parte de la profesión docente y que cada profesor organiza como puede; sí coincide, eso sí, en señalar la burocracia (informes, adaptaciones, documentación) como uno de los grandes problemas del trabajo docente, por el tiempo que resta a la relación directa con los alumnos.

Entre ambas percepciones hay una frontera que explica buena parte de las llamadas horas extra invisibles: para unos, trabajar por la tarde o desde casa forma parte natural de la profesión; para otros, esas mismas tareas representan una sobrecarga de 10 a 15 horas semanales que debería contabilizarse.

La cuestión jurídica, sin embargo, no puede resolverse solo preguntando si el profesor cree que está haciendo horas extra: la pregunta relevante es si ese tiempo constituye trabajo efectivo, si forma parte de la jornada exigible, si supera los límites establecidos y si existe una manera objetiva de acreditarlo.

Un registro digital reforzado para intentar eliminar la zona gris

El Gobierno tiene previsto llevar en septiembre al Consejo de Ministros la reforma del registro horario, después del acuerdo entre los ministerios de Trabajo y Economía para salvar las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. El organismo consultor había cuestionado que un real decreto pudiera imponer determinadas obligaciones, así como algunos aspectos del acceso a los datos.

La norma mantiene como líneas principales un registro completamente digital e interoperable y la posibilidad de facilitar el control del cumplimiento de la jornada a la Inspección de Trabajo, atacando así una de las debilidades del sistema actual: que el registro exista sobre el papel, pero no permita comprobar de forma fiable la jornada realmente realizada.

Ana Belén Muñoz Ruiz cree que una de las mejoras posibles pasa precisamente por que el registro digital gane protagonismo: “Ayudaría que se modificara la normativa del registro horario para que solo sea válido el registro digital”. Pero avisa de que registrar las horas puede no bastar para abordar todo el problema, porque hay sectores en los que la sobrecarga laboral no se traduce fácilmente en una sucesión de entradas y salidas.

Por eso plantea complementar el control horario con mecanismos que midan la carga de trabajo: en Educación, por ejemplo, no basta con contar cuánto tiempo permanece un docente en el centro si buena parte de sus tareas se hace en casa. “Esta perspectiva más amplia de la realidad lleva a que una sobrecarga laboral implique una mayor intensificación del trabajo”, explica.

La otra pieza: sanciones e Inspección de Trabajo

El profesor Todolí apunta a otro problema: los incentivos económicos para cumplir la norma. A su juicio, las sanciones actuales son insuficientes: “En muchos casos es más caro cumplir que incumplir y pagar la sanción”. Propone endurecerlas y, sobre todo, individualizarlas, siguiendo el modelo aplicado a los contratos temporales fraudulentos en la reforma laboral de 2021: que cada incumplimiento genere una sanción propia y no una única multa a la empresa por una práctica repetida.

Muñoz Ruiz coincide en la importancia de reforzar la actuación inspectora, aunque considera que las sanciones económicas actuales (el incumplimiento del registro se tipifica como infracción grave, según el artículo 7.5 de la LISOS) responden a una graduación razonable desde el principio de proporcionalidad.

Según la memoria anual de la Inspección de Trabajo de 2024, publicada en 2025, el tiempo de trabajo representa el 47,8% de las infracciones detectadas en materia de relaciones laborales. Las campañas específicas sobre horas extraordinarias han dado resultados importantes, señala la profesora, aunque sería útil dotar a la Inspección de más medios.

El problema de fondo no cabe entero en un reloj

Para un trabajador que quiera reclamar horas extraordinarias no abonadas, el tiempo también juega en contra: el plazo general para reclamar cantidades salariales es de un año. Ana Belén Muñoz Ruiz recomienda empezar, cuando sea posible, por las vías internas de la empresa y la representación de los trabajadores, acudir después a la Inspección de Trabajo y, si el problema persiste, plantear la reclamación judicial.

La cuestión es que muchos trabajadores no reclaman mientras la relación laboral es normal: “Con carácter general, el trabajador parece que decide reclamar las horas extras cuando la relación laboral ya está dañada y se va a producir una salida de la organización”. La existencia de representación sindical puede cambiar esa ecuación, especialmente en empresas con estructuras para vigilar el cumplimiento de la jornada.

Adsuar sostiene que, en el caso docente, la solución pasa por reducir ratios, aumentar plantillas, incorporar apoyos y especialistas y reducir la burocracia: una reducción formal de jornada, avisa, no resolverá nada si las tareas de cada docente siguen siendo las mismas. “Si no se incrementan las plantillas, cualquier reducción de jornada no será realmente efectiva y seguirán existiendo exceso horario y sobrecarga”, afirma.

Ese es el reto que la nueva regulación del registro horario tendrá que afrontar a partir de septiembre: conseguir que el tiempo de trabajo deje de depender de si alguien lo apunta, lo reconoce o considera que “forma parte de la profesión”.

Este medio ha intentado contactar en varias ocasiones con CEOE y Adecco para recabar su valoración sobre los datos de CCOO y la situación del registro horario, sin obtener respuesta. Desde ambas organizaciones se ha indicado que los contactos habituales se encuentran de vacaciones.

Jason Arday, el académico que dimitió la semana pasada como profesor de la Universidad de Cambridge, ha sido hallado muerto en su domicilio del sur de Londres. La Policía Metropolitana informó de que los agentes acudieron a su domicilio alertados por el servicio de ambulancias de Londres, pasadas las 15.00 horas del viernes.

Un portavoz de la Policía Metropolitana ha explicado que “un hombre de 41 años fue declarado muerto en el lugar de los hechos”. “Se ha informado a sus familiares más cercanos y los agentes les están prestando apoyo. En este momento, su muerte está siendo tratada como inesperada, pero no se considera sospechosa. El caso está siendo investigado por agentes de la unidad de mando del centro-sur de la Policía Metropolitana. Se preparará un informe para el forense”, han detallado.

El servicio de ambulancias de Londres fue el primer servicio de emergencias en llegar al lugar. La persona encontrada en el interior de la vivienda no respondía. En esta fase de la investigación, la policía considera que ninguna otra persona estuvo implicada en su muerte.

La familia de Arday ha asegurado en un comunicado: “Jason fue objeto de una campaña de acoso continuado durante más de tres años desde que aceptó el puesto de catedrático en la Universidad de Cambridge, por parte de quienes no escatimaron esfuerzos en su empeño por desacreditarlo. La campaña de desinformación fue demasiado para Jason, que era un hombre amable y que siempre quería ver lo mejor en todo el mundo”.

“Estamos conmocionados por haber perdido a este increíble padre, pareja, hermano, tío e hijo. No haremos más comentarios en este momento, salvo para pedir a la prensa que nos deje en paz y que ponga fin a la campaña de acoso que se ha llevado a cabo contra Jason y su familia durante demasiado tiempo”, han detallado en el texto.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha asegurado que está “devastado por la familia y los amigos de Jason Arday”. “Se enfrentó a un acoso público inaceptable y a una campaña de abusos. Sé que muchos londinenses estarán enfadados y consternados esta noche. Jason Arday fue víctima de una perniciosa campaña de escarnio público que otras personas en su posición sencillamente no habrían tenido que soportar. Su muerte fue una tragedia, pero, una vez más, debería servir de llamada de atención para todos nosotros”, ha afirmado.

Arday fue nombrado profesor de Sociología de la Educación en Cambridge en 2023 y se convirtió en el catedrático negro más joven de la historia de la universidad. Sin embargo, dimitió la semana pasada en medio de una fuerte polémica por acusaciones de plagio y de incoherencias en sus declaraciones sobre su trayectoria profesional y sus logros.

En un comunicado en el que anunció su dimisión, Arday afirmó que escribía “con profunda tristeza para presentar mi dimisión, con efecto inmediato, de mi puesto en la Universidad de Cambridge y en Jesus College” y que “cuando acepté el extraordinario honor de convertirme en catedrático de Sociología en Cambridge, fue, sin ninguna duda, el mayor privilegio profesional de mi vida”.

Arday afirmó que se había visto obligado a dimitir porque las “acusaciones, especulaciones y comentarios públicos incesantes han tenido un profundo impacto en mí y en las personas a las que quiero”.

La catedrática Deborah Prentice, rectora de Cambridge, ha afirmado en un comunicado que están “profundamente entristecidos al conocer esta trágica noticia”: “Nuestras más sinceras condolencias a la familia y los amigos de Jason Arday en este momento increíblemente difícil”.

La Universidad de Durham, donde Arday trabajó entre 2019 y 2021, ha asegurado también que están “conmocionados y profundamente entristecidos al conocer la muerte de Jason Arday”. “En Durham se le recuerda como una persona amable y afectuosa que buscaba activamente promover oportunidades para los estudiantes de doctorado. Queremos expresar nuestras más profundas condolencias a su familia, que está en nuestros pensamientos”, han dicho en un comunicado,

El ascenso de Arday hasta ocupar una prestigiosa cátedra fue extraordinario. Arday afirmó que había sido no verbal hasta los 11 años, por lo que necesitó una amplia terapia del habla y del lenguaje, y que no había aprendido a leer ni escribir hasta los 18. Esta historia de vida contribuyó a que fuera elegido como uno de los portadores de la antorcha de la llama de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

Después de terminar sus estudios escolares, Arday continuó formándose y posteriormente completó un doctorado en Educación en la Liverpool John Moores University en 2015. Después se sucedieron varios puestos académicos que culminó con una cátedra en la Universidad de Glasgow y otra en Cambridge.

Las acusaciones de plagio

Inicialmente, Arday fue acusado de plagiar el trabajo de otro académico para su tesis doctoral. Sin embargo, negó las acusaciones y una investigación llevada a cabo por la Liverpool John Moores University a principios de este año ratificó su decisión de concederle el doctorado.

Pero otros elementos de su historia personal fueron cuestionados cada vez con mayor intensidad, entre ellos sus afirmaciones sobre haber recaudado cantidades extraordinarias de dinero para obras benéficas y sobre sus hazañas en carreras de larga distancia. También se puso en duda si realmente había sido no verbal durante su infancia.

Sin embargo, todas estas afirmaciones tuvieron poco impacto en el mundo académico en un principio. Sin embargo, después de defender inicialmente a Arday como víctima de una campaña de difamación, a medida que surgieron nuevas preguntas sobre su trayectoria académica, la universidad comenzó a moderar su respaldo.

El 5 de agosto, Cambridge anunció que llevaría a cabo una investigación interna después de afirmar que habían recibido “nueva información” sobre sus títulos académicos y nombramientos honoríficos, así como lo que describió como “varias denuncias en curso relativas a conductas académicas indebidas”. El Jesus College, del que Arday era miembro, anunció que también realizaría una investigación.

Las universidades de Cambridge y Glasgow iniciaron investigaciones sobre Arday

Aunque la Universidad de Cambridge afirmó que Arday permanecería en su puesto y seguiría recibiendo apoyo, Arday anunció inmediatamente su dimisión.

A finales de la semana pasada, la Universidad de Glasgow también anunció que también investigaría las credenciales académicas de Arday.

La polémica ha provocado una considerable indignación dentro de la comunidad académica de Cambridge, tanto entre los partidarios de Arday como entre quienes afirmaban que la universidad se había equivocado al nombrarlo para un puesto de semejante prestigio. Después de resistirse a las peticiones de altos cargos de la universidad para llevar a cabo una investigación independiente, Prentice cedió a principios de esta semana y afirmó que reconocía “la indignación y la ansiedad en torno a este caso tan perjudicial y difícil”.

Lo describió como una anomalía que no debería utilizarse para poner en duda las capacidades de los miembros de su personal pertenecientes a minorías étnicas.

Las memorias de Arday, tituladas Great and Unfortunate Things, se publicaron esta semana en Estados Unidos por el sello editorial de Simon & Schuster, y está previsto que se publiquen en el Reino Unido a finales de este mes. Un portavoz de la editorial ha declarado que “Simon & Schuster está profundamente entristecida por la noticia de la trágica muerte de Jason Arday y expresa sus condolencias a su familia en estos momentos devastadores”.