Hay toda una familia en el banquillo, pero el juicio a los Pujol sigue centrándose en el primogénito. El primer mes de juicio se dedicó a repasar las hazañas empresariales de Jordi Pujol Ferrusola —está por ver si delictivas, pero solo posibles por su apellido. Febrero ha sido el mes para la cara B de muchos negocios lucrativos: el delito de blanqueo de capitales.

Durante toda la semana, el tribunal de la Audiencia Nacional se ha acostumbrado a escuchar “no sé quién es”. Ha sido la respuesta que han dado una veintena de hombres y mujeres a la pregunta de si conocían a Júnior. Como casi todo en el juicio a los Pujol, para encontrar el motivo de la comparecencia de estos testigos hay que retroceder décadas en el tiempo... y viajar hasta Andorra. En concreto, a la Banca Reig —más tarde Andbank— del principado.

Los nombres de estos testigos figuran en el sumario por las transferencias entre sus cuentas en Andorra a otras vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola y a su exesposa Mercè Gironès entre 1991 y 1996. Según la Fiscalía, se trata de operaciones simuladas que tenían como única finalidad ocultar la procedencia o el origen de las cantidades que ingresaba Júnior. La defensa lo niega.

Un solo ejemplo recogido en el sumario: entre marzo y julio de 1992, de la cuenta Anbank que compartía un matrimonio, salieron cuatro transferencias de 4,2, 5,2 y 7,2 millones y 300.000 pesetas a la de Júnior.

Más allá de desconocer al primogénito, las explicaciones que han dado los testigos han vuelto a poner de manifiesto que no todos somos iguales, y que en las fiestas de los ricos se vive muy por encima de las posibilidades de los pobres. La mera posesión de cuentas en Andorra por parte de ciudadanos catalanes acaudalados, que se ha llegado a presentar casi como una tradición por parte de sus beneficiarios, era impensable para una gran mayoría del país.

El testigo Josep Maria Montserrat dio cuenta al tribunal de la fiesta bancaria andorrana. “Los saldos no se controlaban, se pedía hora, subías [a Andorra] y te decían algo, pero nunca te llevabas ningún papel por razones obvias y te tenías que creer un poco lo que te decían”, explicó.

Hubo más. “Hicieron cosas extrañas con mi cuenta, chanchullos que no me gustaron nada”, apostilló. Eso sí, de la fiesta salió contento: “Tenía inversiones en fondos que fueron bastante bien, aunque la información que daban era muy parca y había que ser discretos, entre comillas”.

Para intentar desentrañar el misterio de la multiplicación de las transferencias andorranas, resultará clave un testigo que está en la lista propuesta por la Fiscalía pero que todavía no ha sido citado: Josep Maria Pallerola, el gestor en la banca andorrana de Jordi Pujol Ferrusola. Fue Pallerola quien, en un solo boleto de orden de transferencia, ordenó de golpe seis de las transferencias bajo sospecha.

Durante ese periodo Catalunya estaba gobernada por Jordi Pujol, acusado en el juicio pero cuyo nombre no aparece por ningún lado, por ahora. La disonancia entre las prédicas basadas en la honestidad y la austeridad que hacía Pujol en la Generalitat y lo que pasaba en su casa con su primogénito no tiene relevancia penal. Solo es el gran punto ciego —o el lugar donde se prefiere no mirar— en la operación de rehabilitación política del expresident en la que ha participado hasta Salvador Illa.

Aunque difícilmente termine con la imposición de las altas penas solicitadas por la Fiscalía, el juicio está siendo una atalaya privilegiada —con el permiso del paso del tiempo— para observar la cara B del pujolismo.

Esta semana, algunos testigos han abordado las sospechas de la Fiscalía de que Convergència —que no está acusada en el juicio— se pudo financiar irregularmente a través de créditos a empresas que trabajaban para sus campañas electorales, avalados por las cuentas en Andorra del hijo mayor del expresident. En su mayoría, han mantenido el silencio y la desmemoria.

El más relevante fue Manuel Giménez-Salinas, administrador de la empresa de publicidad Altraforma y que fue condenado por facilitar el pago de comisiones ilegales a Convergència en el caso Palau. Dijo no saber nada del préstamo de 50 millones que Altraforma firmó en 1999 con una banca andorrana, aunque admitió que el partido de Pujol les “echó una mano en algún momento” para obtener financiación cuando la empresa necesitaba dinero para pagar sus servicios en campañas electorales.

En cualquier caso, Giménez-Salinas dijo que los detalles sobre esas operaciones los podría dar la que fuera directora financiera Altraforma. Solo hay un pequeño problema: la exdirectiva falleció hace años. Un clásico en los juicios por corrupción.

Cuentan que un veterano político ligado durante décadas a Convergència y que, pese a haberla acompañado en el giro independentista, era muy crítico con la retórica movimentista de Junts y el desembarco de caras conocidas de otros ámbitos, se quejaba tras el procés diciendo: “¿Cuándo pasó que los frikis asaltaron este partido?”.

La pregunta era un dardo obvio hacia la llamada “generación 1-O”, la que se incorporó a la política después de 2017 de la mano de Carles Puigdemont, en parte barriendo a las anteriores. Pero también refleja la preocupación de la vieja guardia nacionalista por lo que podría ocurrir en un partido que prescindiese de aquellos que conocían la importancia del poder y tenían experiencia en ejercerlo.

Junts es hoy una formación claramente mermada en lo que a poder e influencia se refiere. Pese a que en los últimos dos años haya podido reinventarse como circunstancial ariete del empresariado catalán en el Congreso, ese papel siempre estuvo condicionado. Junts era deudor de una aritmética parlamentaria concreta y, además, necesitaba mantener su ascendente sobre el Gobierno, tal como le han advertido a la formación desde los sectores económicos en encuentros como el que desveló elDiario.es.

A eso hay que sumarle que la formación de Carles Puigdemont vive un momento de clara mengua en su representación política en contraste con épocas recientes. Más aún si se pone en comparación con el elevado peso institucional que llegó a tener Convergència en tiempos de máximo esplendor.

Al espacio político del nacionalismo catalán de centroderecha le ha pasado en la última década casi de todo. El procés, varias escisiones y mutaciones, luchas internas y una desenfrenada acción judicial que le ha obligado a hacer relevos a marchas forzadas y a tener que mirar a Waterloo para tomar cada decisión. Por si eso fuera poco, en los últimos años Junts también ha padecido la irrupción de una extrema derecha independentista.

Pero el ocaso institucional de Junts no puede explicarse sin tener en cuenta, también, la gestión errática de su propio espacio electoral, su incapacidad para encontrar líderes duraderos (lejos quedan Quim Torra, Laura Borràs o Jordi Puigneró) o su reiterada tendencia a aislarse hacia afuera y purgarse hacia adentro.

La ruptura del pacto de investidura entre Junts y el PSOE es el último capítulo en el que los postconvergentes vuelven a demostrar poco instinto por la conservación del poder institucional. Antes salieron del Govern de Pere Aragonès y rechazaron (o no fueron capaces de alcanzar) pactos municipales que les hubieran garantizado puestos en ayuntamientos y diputaciones. Hay que señalar, no obstante, que por el momento ninguno de los cargos conseguidos por Junts para organismos y empresas públicas del Estado ha anunciado su salida.

En el año 2014, Convergència era de largo el partido más influyente de la política catalana. Tenía la presidencia de la Generalitat, la del Parlament y la de las cuatro diputaciones, además de la gran alcaldía de Barcelona. También controlaba buena parte de los grandes ayuntamientos, como Girona, Sant Cugat, Reus, Mataró, Martorell, Manresa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Figueres. En el Congreso, la formación contaba con 16 asientos, cerca de su récord de 1993.

Las municipales de 2015, las que ganó Ada Colau en Barcelona y que iniciaron la ola de las alcaldías del cambio, fueron una tormenta dura para el poder de la antigua Convergència. Pero aún mantuvieron entonces buena parte de sus bastiones, impulsados sobre todo por la presidencia del Govern, que recayó en manos de Puigdemont en enero de 2016 tras las tortuosas negociaciones que descabalgaron a Artur Mas.

Visto con la perspectiva de una década, nada de lo que ocurrió después en Catalunya, ni tampoco en el espacio político de la antigua Convergència, ayudó electoralmente al nacionalismo conservador.

Después del 1-O, ERC experimentó una pujanza extraordinaria, que hizo mella a Junts tanto en ayuntamientos como en el Parlament y Congreso. Quim Torra demostró que no era una propuesta ganadora para defender una plaza tan sensible como la presidencia de la Generalitat y quizás Laura Borràs, tocada ya por un caso de corrupción que la acabaría apartando, tampoco era la mejor apuesta para las elecciones generales.

En 2021, Junts cedió por primera vez su liderazgo dentro del bloque independentista a ERC. Lo hizo cuando el PSC ya se había recompuesto de su larga crisis y estaba en disposición de ser “el primer partido de Catalunya”, tal como proclamaba Miquel Iceta. El independentismo de centroderecha aceptó, no sin tiranteces, entrar en un gobierno presidido por ERC, que acabó abandonando un año después.

El poder institucional de Junts mermaba. Pero en el partido el paso afuera se justificaba como una muestra de coherencia independentista que daría sus frutos más adelante. Algo que nunca acabó de pasar. En las municipales de mayo de 2023, Junts perdió votos, pero consiguió imponerse como primera fuerza en Barcelona de la mano de Xavier Trias. La situación en el ayuntamiento era enrevesada pues, para quitarle la vara municipal al exconvergente, solo servia un extraño pacto a tres que pusiese de acuerdo a PSC, Comuns y PP. Sin embargo esa operación acabó fructificando en torno a Jaume Collboni. Trias acabaría acusando a Illa y el alcalde de haberlo engañado.

Perdida Barcelona, el Govern y buena parte de las capitales de comarca, en las siguientes elecciones, primero generales y después autonómicas, Junts solo pudo esconder sus malos resultados poniéndolos en comparación con unos números aún más nefastos para ERC.

La situación actual del partido no es demasiado prometedora. En Parlament lidera la oposición, un espacio que, según el análisis que la propia Junts hace, les da poca visibilidad en el debate político catalán. Puigdemont trató de remediar esa situación en el último debate de política general, cuando exigió que el PSC de Salvador Illa votara algunas de sus propuestas como muestra de buena voluntad para un posible acercamiento. En Junts hablaban incluso de la posibilidad de mirarse los presupuestos catalanes con otros ojos. Pero la oferta no cuajó.

En el mundo municipal, Junts solo conserva ahora la alcaldía de una ciudad de más de 50.000 habitantes, Sant Cugat del Vallès, donde gobiernan con ERC. Tiene otros seis alcaldes en ciudades de más de 25.000 habitantes, cuatro de ellas capitales de comarca, como son Figueres, Vic, Igualada y Olot. Cuentan también con varios primeros ediles en ciudades medianas en la comarca del Maresme, además de la presidencia de la Diputación de Girona.

Pocas más líneas tiene la actual cuenta de resultados de un partido que llegó a parecer una dinastía pero que en los últimos años no ha parado de encoger hasta quedar en una posición bastante menguada. No queda nada de aquella apuesta por convertirse en una especie de movimiento social con el Consell per la República como bastión. Tampoco es hoy relevante el espacio internacional abierto por el equipo de Puigdemont en el plano político o judicial, en el que tantas esperanzas depositaron.

Junts, sobre todo desde la llegada de Jordi Turull a la sala de máquinas, es ahora un partido de toda la vida, de los que valen tanto como representación consiguen. La paradoja es que el ocaso institucional de Junts es una realidad con la que Puigdemont debe lidiar mientras, a la vez, hace frente al crecimiento entre su electorado de una formación como Aliança, que actúa como si enmendase la institucionalidad tradicional.

Lluís Prenafeta, el que fuera el hombre fuerte de Jordi Pujol para desplegar la Generalitat recuperada tras el franquismo, ha fallecido este martes a los 86 años. El todopoderoso secretario general de la Presidencia durante una década (1980-1990) deja un legado de construcción del mito del pujolismo, pero también de corrupción.

Mano derecha de Pujol durante años, Prenafeta fue clave en los primeros años de los 23 en los que Pujol estuvo al frente del Govern. La Generalitat era una administración por construir, no tenía hospitales, escuelas o cuerpo policial en su poder, y Prenafeta fue uno de los hombres que desplegó el autogobierno catalán.

También contribuyó a dos facetas clave del mandato de Pujol: fue uno de los cerebros detrás del nacimiento de TV3, una televisión nacida en 1983 y que lejos de contribuir a una visión folklórica de la autonomía, normalizó la presencia del catalán en los medios. Asimismo, fue uno de los hombres en la sombra que ensalzó la figura de Pujol y proyectarle más poder del que en realidad tenía mediante una intensa agenda internacional y reuniones con mandatarios extranjeros.

Como otros hombres fuertes del pujolismo, Prenafeta no escapó de la corrupción tras salir de la Generalitat. En la pasada década, admitió confesó su participación en la trama corrupta Pretoria: recibió un año y once meses de prisión, que no cumplió, por dos delitos de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales. A Prenafeta se le impuso una multa de 5,8 millones de euros.

La trama de la que formó parte Prenafeta invertía en terrenos municipales, esperaba a que un cambio de uso dictado por el ayuntamiento de Santa Coloma los revalorizara y, finalmente, venderlos a un precio superior. A cambio, se pagaron comisiones ilegales. Para ocultar las ganancias, además, los condenados tejieron un complejo entramado de empresas opacas en paraísos fiscales, como Suiza.

Durante su paso por la comisión Pujol del Parlament en 2015, Prenafeta defendió al expresidente catalán Jordi Pujol y negó haberse enriquecido con la política, pese a reconocer que regularizó dinero desde el extranjero.

“He sido amigo de Pujol, lo soy y lo seré”, dijo Prenafeta, solo pocos meses después de que la credibilidad del expresident saltara por los aires por la confesión de que había mantenido dinero sin regularizar durante años. Entonces Pujol mantenía unos pocos escuderos, al contrario que diez años después, cuando su figura va camino de una rehabilitación política completa pese a estar pendiente de juicio por corrupción.

En 2015, en cambio, muchos antiguos prohombres de Convergència estaban incómodos con su figura. No así Prenafeta, fiel hasta el final a su antiguo jefe. Ante los parlamentarios, Prenafeta se negó a hacer una “valoración moral” sobre el hecho de que la familia Pujol tuviera una fortuna oculta en Andorra. Por el contrario, reiteró el “gran respeto y admiración” que le merece la figura del expresidente de la Generalitat.

El exsecretario general de Presidencia admitió que cobró comisiones legales de Almstom y Siemens en el extranjero por las labores de intermediación que llevó a cabo para esas sociedades, pero insistió en que ya regularizó todo el dinero que tenía fuera de España.

El intento del Palau de la Música de recuperar el saqueo perpetrado por su antiguo mandamás, el fallecido Fèlix Millet, ha llevado al auditorio a comprar la mansión de su expoliador en L'Ametlla del Vallès (Barcelona), uno de los bienes embargados que la Justicia está subastando para intentar recuperar los 23 millones esquilmados por Millet. El objetivo del Palau es revender la finca.

La compra de la mansión Millet, adelantada por Catalunya Ràdio y confirmada a elDiario.es por una portavoz del Palau de la Música, se produjo en la segunda subasta de la finca después de que la primera quedara desierta. El Palau ha pagado 780.000 euros y espera poder venderla. La propiedad estaba tasada inicialmente en casi dos millones de euros.

La finca dispone de una parcela de más de 4,5 hectáreas, con una casa con dos plantas de 216 metros cuadrados cada una. La vivienda tiene ocho habitaciones y ocho aseos, y Millet construyó allí un auditorio. En el anuncio en la web de la empresa IAG, encargada de la subasta, también podían verse imágenes del interior: salas de estar, billar, piscina y jacuzzi y gimnasio.

No es la primera vez que el Palau compra uno de los bienes embargados a Millet para intentar venderlo y obtener un beneficio con el que intentar resarcirse del saqueo. El auditorio ya adquirió hace un tiempo un cuadro del pintor Ramon Casas propiedad de su antiguo mandamás.

El del Palau es el mayor caso de corrupción de la historia de Catalunya. Millet, ya fallecido, y su segundo, Fèlix Montull, saquearon durante años la institución, todo un símbolo de la burguesía y la cultura catalanas, y gastaron dinero del Palau en viajes de lujo, obras en sus casas (entre ellas, la mansión de L'Ametlla) y gastos personales como tabaco. Además, ayudaron a que el Palau fuera la cañería de la corrupción de Convergència: la institución sirvió para trasladar las comisiones ilegales de Ferrovial al partido a cambio de obra pública en el último gobierno de Jordi Pujol.

Desde hace un lustro, una vez el caso fue sentenciado en firme, la Audiencia de Barcelona está subastando los bienes embargados a Millet y Montull durante la investigación del caso para que el Palau pueda recuperar el saqueo. Tras un inicio a buen ritmo, con la subasta de pisos y casas en Menorca de los exmandamases del auditorio, el resarcimiento del saqueo se ha estancado en alrededor de 14 millones de los 23 esquilmados.

En paralelo, el Palau también ha denunciado a los antiguos responsables del auditorio por impedir la devolución del saqueo. Un juzgado de Barcelona mantiene investigadas a las dos hijas de Millet, a Montull, a su hija Gemma –también condenada pero que nunca ha llegado a entrar en prisión– así como su madre, Mercè Mir. También estuvo investigado Fèlix Millet, pero su fallecimiento extingue cualquier tipo de responsabilidad penal.

En un primer momento, el juez que entonces dirigía la investigación no logró encontrar a Clara y Laila Millet en Perth (Australia) y Madison (EEUU), ciudades a las que se mudaron tras descubrirse el escándalo en 2009. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, incluso llegó a mandar a un equipo de los Mossos d'Esquadra al funeral del saqueador del Palau de la Música en marzo de 2023 para entregarles su citación como investigadas, sin éxito.

Finalmente, ambas hermanas pidieron en 2023 declarar por videoconferencia desde Australia y EE UU, los países en que residen desde 2009. Laila Millet (no así Clara, que fue absuelta) fue condenada como responsable civil a título lucrativo del expolio. La comparecencia está prevista para el próximo mes de julio.

La otra causa abierta a los exresponsables del Palau por los problemas en la devolución del expolio terminó en absolución. La Audiencia de Barcelona exculpó a Montull y su esposa de haber ocultado el cobro de 31.500 euros de un alquiler para no devolver el saqueo a la entidad cultural.

La mujer del expresident de la Generalitat Jordi Pujol Marta Ferrusola ha fallecido este lunes a los 89 años, ha confirmado elDiario.es. Ferrusola, mucho más que la esposa de un president, padecía la enfermedad del alzheimer desde 2018.

Hija de una pareja de botiguers del Eixample (su padre tenía una tienda de tejidos), y casada con Jordi Pujol hace más de seis décadas, Ferrusola representó el poder en la sombra durante los 23 años que su marido ocupó la presidencia de la Generalitat. Su influencia mostró que tenía incidencia política propia y, en algunos aspectos, más conservadora que la de su marido.

Marta Ferrusola fue muy influyente en la trastienda de la Generalitat. Según explica la periodista Cristina Palomar, autora del libro 'Això és una dona! Retrato no autorizado de Marta Ferrusola', la esposa del president tenía capacidad para poner y quitar consellers, pues era quien daba la última palabra a la composición de los gobiernos catalanes.

No estuvo ajena a las polémicas. Por ejemplo, cuando fundó la empresa de jardinería Hidroplant y obtuvo contratos públicos de la Generalitat. Los charcos que pisó no fueron solo económicos. También exhibió actitudes muy conservadoras, clasistas y xenófobas.

“En un bajo una mezquita, cuando ya no tengan suficiente, plantarán una en Santa Maria del Mar si hace falta. [...] Càritas les da comida y ropa, se la tienen que dar pero a alguno también le tendrían que dar el billete para volver a casa”, afirmó en una ocasión. Después de que José Montilla fuera investido president de la Generalitat, Ferrusola manifestó al locutor Justo Molinero: “Un andaluz que tenga el nombre en castellano me molesta y mucho. Y además de hablar, tiene que hablar bien”.

Pese a sus salidas de tono, Ferrusola mantuvo siempre una arrolladora popularidad entre las bases nacionalistas catalanas que dieron mayoría tras mayoría a su marido durante casi dos décadas. Pujol y Ferrusola formaron un tándem casi imbatible que conocían todos los rincones del país.

Su refugio espiritual no era ni el Opus Dei ni el nacionalcatolicismo, sino el catolicismo popular simbolizado por el monasterio de Montserrat, escenario fundacional de Convergència en el tardofranquismo. Ferrusola también fue el apoyo esencial de su marido durante el paso de Pujol por la cárcel durante el franquismo por els 'fets del Palau', cuando le animó a no tomar el camino del exilio y contribuyó a forjar su mito entre las bases catalanistas.

Todo cambió con la confesión de su marido en 2014 de que había mantenido una herencia familiar oculta en Andorra durante toda su etapa en la presidencia de la Generalitat. El caso todavía se encuentra pendiente de juicio en la Audiencia Nacional más de tres años después de que la familia fuera procesada, a excepción de Ferrusola, que quedó exonerada por su alzheimer.

La investigación de la UDEF (muy cuestionada por las defensas del caso) desveló que los Pujol-Ferrusola obtuvieron un beneficio económico no justificado de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990.

En este plan preconcebido del que habla la UDEF, dos fueron los nombres claves. Uno, el de Jordi Pujol Ferrusola El otro, el de Marta Ferrusola. “Capellán de la parroquia” y “madre superiora”, según los nombres en clave que se daban ante la banca andorrana, dirigían con firmeza un imperio económico que, según su versión, venía de una herencia del abuelo Florenci Pujol.

David Madí i Cendrós (Barcelona, 1971) es uno de los personajes centrales del nacionalismo catalán de los últimos 25 años, aunque en buena parte desconocido por el gran público porque casi siempre se ha movido en la penumbra, lo que ha contribuido a exacerbar una imagen de todopoderoso poder en la sombra tanto por los que le idolatran como por los que le atribuyen todos los males: un Fouché catalán contemporáneo, nieto del rico empresario Joan B. Cendrós (1916-1986), mecenas del pujolismo y cofundador de Òmnium Cultural, y uno de los líderes de las nuevas generaciones convergentes que se conjuraron para jubilar a Jordi Pujol y ganar con ello ambición nacional, que alcanzaron el cenit de poder con Artur Mas, junto al que desencadenaron el procés, que luego se les escapó de las manos y les acabó devorando.

Madí fue la mano derecha de Mas durante casi tres lustros, hasta que en 2010 le dejó por fin instalado en la presidencia de la Generalitat y abrió una polémica carrera empresarial sin perder ni un ápice de su ascendente sobre él, con lo que muchas corporaciones -incluidas algunas de las más poderosas del Ibex35 con sede en Madrid- hacían cola para contratarle antes de que el procés lo dinamitara todo. Ahora publica Merecer la victoria, editado por Planeta (Destino en castellano, Columna en catalán), un recorrido personal por estos años salvajes con mucha y valiosa información para entenderlos -incluso cuando se discrepe fuertemente de sus valoraciones-, sobre todo desde la perspectiva de la parte catalanista de la clase dominante en Catalunya, y que busca explorar vías para deshacer los nudos que se han amontonado.

Se trata de un relato inhabitual, por su crudeza, que también aspira a derribar algunos de los tópicos más asentados del propio campo soberanista y por ello propone una explicación “para adultos”, que pasa por esquivar el maniqueísmo, que sitúa toda la culpa en el campo contrario, y por modificar el error garrafal de considerar que España es un Estado fallido, una premisa que condicionó buena parte el azaroso y a menudo improvisado desafío del procés, que Madí da por finiquitado.

¿Por qué pone a Winston Churchill en portada?

Soy un gran admirador y lector de Churchill. Me parece el gran líder democrático del siglo XX. Esta portada, modernizada, es el póster que se colgó en Londres, Deserve Victory [Merecer la victoria], durante el año y pico que resistieron en solitario ante el avance de las tropas nazis por Europa. El concepto me parece necesario contra el infantilismo del que a veces hace gala el catalanismo.

Pero después apenas lo cita ya en el libro. ¿Quizá no se atreve a ir hasta las últimas consecuencias de lo que insinúa?

Igual no le he convencido, pero este no es un tipo de libro de catalanet. Es un libro más anglosajón y churchilliano.

La frase emblemática de Churchill en este periodo es: “Sangre, sudor y lágrimas”. ¿Se puede culminar una independencia sin “sangre, sudor y lágrimas”?

En el libro explico el dilema que hubo después del 1 y el 3 de octubre y el debate sobre cómo continuábamos. Por un lado se plantea la revuelta pacífica: declarar la independencia y defenderla pacíficamente. Por el otro, convertir todo aquel capital político generado en energía política y convocar elecciones con lista única y reforzar la presión política. Pero no se elige ni una ni otra, sino una tercera opción, más improvisada y con menos base.

Siguiendo su lógica de independentismo para adultos: ¿se puede culminar una independencia unilateral sin sangre, sudor y lágrimas? ¿Sí o no?

En los países bálticos se hizo.

Siempre hay algún muerto.

La perfección no existe en ningún sentido.

En los países bálticos, como en otros casos de éxito, la independencia se logra aparejada a un cambio de bloque geopolítico. Pero imagino que usted, como “liberal” y “churchiliano”, no querrá salirse del bloque occidental, y pasarse al ruso o al chino, ¿no?

No hay ningún catalanista o soberanista que haya planteado en ningún momento pasar a un mundo de alianzas chinas o rusas, a pesar de que alguien se lo ha querido inventar. Es absolutamente falso. Lo que queremos los catalanes es la independencia dentro de Europa, con la vocación geoestratégica de ejercer de capital del Mediterráneo. Es básico dejarse de ingenuidades y de infantilismo.

Sin ingenuidades, pues: vamos a imaginar que su admirado Churchill es presidente del Gobierno español durante el 1-O. Con lo que sabemos de él, ¿cómo cree que habría reaccionado?

Sin duda enviando las tropas.

¿Literalmente?

Literalmente. No tengo ninguna duda.

Seguramente soy el soberanista más pro-Madrid que hay

El independentismo en cambio considera que España es especialmente cafre.

Es un error. Soy un liberal y un soberanista, pero de ninguna manera un antiespañol ni anti-Madrid. Seguramente soy el soberanista más pro-Madrid que hay. Los líderes del independentismo no conocían suficientemente lo que era Madrid y España, que tiene una cultura del poder forjada a base de muchos siglos de guerras, violencias, guerras civiles, de un imperio que ya no existe pero se siente… En cualquier caso: una cultura de poder fuerte. La de los catalanes es muy diferente, porque nos ha tocado la parte de la historia de defendernos y no de atacar. Por tanto, la nuestra es una cultura de resistir y resistir es el contrario de ganar. En Catalunya tenemos que desarrollar una cultura del poder mucho más fuerte de la que tenemos.

Se habla de una represión brutal, cuando está a años luz de lo que usted mismo esperaría de su admirado Churchill.

Tampoco pueden obviarse los usos y costumbres de las épocas, por suerte. Miremos incluso 15 o 20 años atrás: la única diferencia entre el GAL-1, contra ETA, y el GAL-2, contra los independentistas, es que ahora no se mata a personas físicamente. Pero el montaje es el mismo en su diseño, en su forma de actuar, en su arquitectura judicial…

¿Todo son montajes?

El primer montaje es contra Pujol. Hablemos claro: su problema es que es un hombre de la Transición con un partido de la Transición. Y el pecado original de la Transición, que permite pasar de una dictadura a una democracia en tiempo récord, reposa en términos políticos en una bolsa enorme de financiación ilegal, que afecta a todos los partidos y a todas las constructoras, los bancos y, por encima de todo, a la monarquía. Visto con ojos de hoy puede parecer horrible, pero ayuda a explicar por qué no hubo un baño de sangre. Esto da un sistema político determinado, que hay que ir corrigiendo. En el caso de Pujol, que es el inicio de este GAL-2, el objetivo nunca ha sido limpiar el sistema, sino utilizar una parte de esto, que era menor que en otros, para romper el procés. Hay una reflexión estratégica detrás: el problema catalán siempre se ha afrontado con la famosa fórmula orteguiana de la conllevancia, y en un momento dado, siguiendo el patrón vasco, dicen que esto tiene que acabar y que hay que romperlos. Y a partir de ahí se actúa.

¿Por qué Pujol, si siempre habían pactado?

En términos de la cultura de poder de Madrid, que conozco bien, se considera que es un tema de Estado y deciden ir a por la cabeza. Pujol es la cabeza del elemento más peligroso de este asunto: si el partido de las clases medias de Catalunya bascula hacia este lado, tienen realmente un problema y quieren atajarlo.

Pero en Catalunya hay actuaciones poco escrupulosas acreditadas, también en la familia Pujol.

Evidentemente, no voy a ir de purista por la vida y sé que se cuecen habas en todas partes. Pero la vocación de la campaña es política. La amnistía se sitúa a partir de 2012, que es donde empiezan estas operaciones, todas con el mismo patrón, y que revelan un problema de calidad democrática enorme, que podemos ver también en el caso de Begoña Gómez: se repite el mismo modus operandi de un poder judicial en convivencia con los medios, que construyen casos.

Sin embargo, varias de estas causas de presunta corrupción en Catalunya resulta que las arrancan los Mossos.

Desgraciadamente, algunos practican los métodos sucios que hemos visto en los casos de Villarejo. Más pronto que tarde se empezará a saber.

El libro es muy duro con Josep Lluís Trapero y su etapa en los Mossos.

No me lo parece… Lo que cuento es que en una crisis nacional, y el procés lo es, todo el mundo hace política y en una democracia esto no tiene por qué ser malo. En el caso de los Mossos, creo que en el libro se explica por primera vez qué sucedió y ello ayuda a entender las posteriores perturbaciones que ha habido en el cuerpo.

¿Incluidas las causas judiciales?

Incluida alguna de las causas judiciales.

¿Qué habría podido hacer un cuerpo de Mossos más catalanista sin poner en riesgo la paz? Se trata de un cuerpo armado…

El pueblo catalán ha demostrado que en ningún momento iba a utilizar la violencia. Lo que acaba pasando el 1-O no era el escenario más probable. El Estado no había detectado la organización creada bajo radar para el referéndum, pero sabía que había 2.300 puntos de votación públicos y lo lógico era elegir 500 y en sus inmediaciones intervenir el material para invalidar la votación. Pero sucedió lo inesperado: toda la cadena de mandos del Estado afirmaba que no iba a votar nadie, pero hacen un gran ridículo y no intervienen nada. Aún no se ha explicado qué pasó ahí; ojalá algún día se sepa. Creo que esta situación precipita un ataque de nervios y ahí se da la orden de las porras, se pierde el control y podían pasar muchas cosas: que los catalanes tuvieran miedo y se retiraran, un escenario violento descontrolado o una resistencia pacífica, que es lo que pasó, sin estar prevista ni controlada. Es la demostración de que nadie en Catalunya quería violencia. En ninguna circunstancia.

¿Mereció la pena el procés, con el balance que arroja? CiU ya no existe, el nacionalismo acaba de cosechar los peores resultados desde 1980…

Esto de que CiU no existe… Convergència es un estado de ánimo y le aseguro que existe. En cualquier caso: el balance es muy simple: todos los sacrificios y todas las penurias merecían la pena si había independencia. ¿Hay independencia? No. Pues eso.

¿Imagina que verá usted algún nuevo envite al Estado?

Esto es una sesión continua. Y el catalanismo va a seguir siendo mayoritario. Ahora vendrá una época de reflexión y catarsis y el catalanismo puede cambiar de carril cuantas veces le convenga mientras siga avanzando. Pero evidentemente esta vía ha llegado al final de su recorrido.

¿Realmente está asumido esto?

Yo me dediqué muchos años a las elecciones y al análisis electoral y aprendí algo básico: todas las elecciones, sin excepción, tienen un mandato electoral, te guste o no. El mandato electoral de las últimas elecciones es el que es: el soberanismo ha perdido la mayoría en el Parlament por primera vez desde 1980 como fruto del último quinquenio cainita. Y del otro lado, el PSC ha aglutinado todas las fuerzas de los que quieren pasar página, pero sin una victoria suficiente. Por tanto, el mandato es: final de recorrido, pero entiéndanse. Equivocarse en el mandato electoral suele llevar a desastres.

¿Le ve cabida en el “mandato electoral” del 12-M la idea de “restitución” de Puigdemont?

Legítimamente, el president Puigdemont ha perseverado en esta idea. No tengo claro que una gran parte de la población de Catalunya lo perciba de forma similar. En cualquier caso, espero que pronto esté aquí y se haga cierto lo que se ha dicho tantas veces: se sacó de la política lo que era un problema político y se ha convertido en un desastre. Volvamos a la política, hagamos política.

¿Se puede volver a la política con los mismos protagonistas? ¿O deberían hacer un paso al lado los políticos vinculados al procés como el que hizo Artur Mas?

Básicamente, de los padres reales del 1-O ya no queda ni uno. No olvide que Puigdemont sale a la pista solo al final de un partido que empieza mucho antes. Y luego viene un quinquenio cainita, que lleva a esta situación. Estamos en una nueva fase, y las nuevas fases exigirán liderazgos nuevos. Esto se tiene que hacer con tranquilidad y con las estrategias bien trazadas.

El mandato electoral del 12-M obliga al PSC y a los soberanistas a entenderse

Las recetas de salida política que usted propone en su libro suenan a pujolismo.

Estamos ahí porque no hemos podido ganar y hay que aterrizarlo en la realidad. Pero discrepo de su observación: esta propuesta tiene muchas más implicaciones en términos de poder real y de estrategia en el Estado que la fase del pujolismo.

¿No es una nueva etapa, más ambiciosa, del mismo esquema pujolista?

Nuestra conjura generacional, hace más de 25 años, nunca fue la independencia, sino situar las cosas en el último peldaño. Siempre me he declarado soberanista, no independentista, que me parece un concepto antiguo. Soy partidario de “cuánto más poder, mejor”. Y aunque respeto mucho el pujolismo, esto ya es otra cosa: la expresión de las clases medias catalanas, que quieren autogobernarse, manejar los resortes del poder y que su finalidad sea la nación catalana y no España. Esto es lo que marca la diferencia.

Con la CUP es brutal en el libro.

Con razones.

¿Cuáles?

De la mayoría sociológica electoral hay una parte de fracción de partidos que corresponde a la CUP, que es la parte más tóxica y corrosiva del soberanismo. Responden a una mayoría social que votaría “sí” en un referéndum pero son de una esfera política incompatible. Yo soy anticomunista y liberal, pero me considero un buen estudioso de la historia de los diferentes comunismos y la CUP es una subespecie degradada de todo esto. Basan su ideología en una teoría revolucionaria de la desestabilización: ya no vamos a tomar el Palacio de Invierno ni hacer la revolución, sino que a través de la desestabilización hacen su arma de revolución. En todos los momentos importantes del procés han actuado bajo esta premisa, lo cual les hace operativamente inútiles.

¿Usted ha leído El eco de los pasos, la autobiografía del anarquista Joan Garcia Oliver?

No.

Es un libro de referencia en algunos sectores de la CUP, que entronca con la CNT, de gran arraigo histórico en Catalunya. Si lo hubiera leído quizá se le habría hecho evidente que su objetivo no era solo la independencia, sino también destruir al partido de la burguesía, y diría que esto último lo consiguieron, no? En el libro les llama ignorantes. ¿Y si los ignorantes eran ustedes al no entender bien esta tradición política?

No quiero que se ofendan, pero ahora están en cuatro diputados, que es el espacio normal en Catalunya de lo que es este tipo de generación del comunismo-litronero. Pero leeré El eco de los pasos.

Escribe que la CUP “estaba infiltrada por los cuatro costados por el CNI” ¿De dónde lo saca?

Es una constatación, además derivada de grabaciones del caso Tándem. Hay una conversación entre el secretario de Estado y Villarejo en la que le explica que le están informando en tiempo real de la asamblea de la CUP. Es un hecho.

¿Teme un golpe de Estado judicial para parar la amnistía?

En España existen muchos Villarejos, grandes y pequeños. Funcionarios que no sirven al Estado, sino que creen poseerlo: en la judicatura, en los cuerpos de seguridad, en la Agencia Tributaria, que es la digna heredera de la Inquisición española… Todos los demócratas deberían ponerse de acuerdo para hacer una ley de abuso de funcionario público porque se pueden destrozar muchas vidas con total impunidad. Hay que afrontarlo.

¿Pero da por hecho la amnistía, como parece que hacen muchos independentistas?

Se tiene que sancionar y publicar en pocos días y ya veremos. Sería gravísimo que se parara, pero la realidad es que uno de los poderes fundamentales del Estado, el judicial, se está manifestando en clara rebelión contra esta decisión democrática.

En España existen muchos Villarejos, grandes y pequeños

Siguiendo su idea de “independentismo para adultos”, quizá también se podría hablar de “capitalismo para adultos”. ¿No le parece ingenuo pretender representar a empresas estratégicas españolas, con fuertes vinculaciones con el Estado, y al mismo tiempo trabajar activamente para la independencia de Catalunya?

Todo el mundo hacía política y el mundo de la empresa también. Lo que pasa es que yo estaba en el lado perdedor, simplemente. Pero hablemos del “capitalismo para adultos”: tenemos una degradación importante de la vida política. Soy muy anglosajón: partidario de una política abierta, de que la gente entre y salga con facilidad. Hemos creado un sistema de casta política, porque el problema no es que el talento profesional que entra y sale, sino que se queden 25 o 30 años… No podemos dificultar tanto la salida de la política. Cuando se habla de puertas giratorias yo siempre digo: ¡puertas obligatorias!

¿Puertas obligatorias?

Si después de prestar un servicio público lo único que se puede hacer es de camarero en un bar, pues habrá que subvencionarle el resto de la vida. Esto es una estupidez y tenemos que optar por la sensatez. Aquí, con tanta incompatibilidad, hemos llevado a la política a un punto en el que es incapaz de captar talento. Otro tema: el de los familiares de los políticos, como el caso de Begoña Gómez. ¿Cómo solucionamos este debate? ¿Hasta qué grado de familiaridad? Es un debate sobre la calidad política y en España lo estamos convirtiendo en una política pobre, a la que solo podrán dedicarse aventureros, ricos o aspirantes al último escalafón funcionarial. Y soy firmemente partidario de la colaboración público-privada, con gente que conozca los dos mundos.

Apliquemos pues criterios anglosajones a la posición que usted tuvo en Endesa: ¿se imagina en el mundo anglosajón una empresa estratégica para el Estado con directivos que buscan la destrucción del Estado?

Creo que no era mi caso.

Usted era delegado en Catalunya de Endesa, una empresa estratégica para España, y al mismo tiempo, como explica en el libro, recibía a gente de la CUP en Endesa con su fiambrera de gazpacho.

No lo diga así. En mi caso, como presidente del Consejo Territorial de Endesa en Catalunya, yo tenía la obligación de llevar las relaciones institucionales. Y este caso concreto de la CUP es en realidad al revés: retrasé varias veces la reunión porque temía que quisieran utilizarla para ocupar la sede con el colectivo de la pobreza energética. Las grandes compañías, contrariamente a lo que sostienen las teorías conspiranoicas, cuando llegan las elecciones rehúyen tanto como pueden tener connotaciones políticas porque las empresas no votan. Votan las personas y cada una es de su padre y de su madre.

¿Y cómo encajan los criterios anglosajones en Nubul, la consultoría que creó tras dejar a Mas en la presidencia de la Generalitat? Como queda claro en el libro, usted mantuvo una relación extraordinaria con el presidente Mas y muchos de sus clientes aspiraban a participar en licitaciones públicas de la Generalitat. Su activo principal era el acceso a Mas.

Pues parece que su criterio es muy empobrecedor para mí. Yo tengo un espectro bastante más amplio. Mi último cargo público fue en 2003, mi última incompatibilidad en 2005 y mi última militancia de partido en 2010. Y no he tenido ni un solo ingreso de una empresa pública en todos estos años en un país en que esto parece casi imposible.

¿No debería publicitarse cuando una empresa privada contrata a un consultor que es la puerta de entrada al presidente?

Seguramente usted no entiende mi filosofía en los muchos negocios que he hecho. No hay nada más democrático en un país que cómo se defienden los intereses privados. Tenemos administraciones absolutamente ineficaces y autistas, que toman decisiones catastróficas y que viven al margen del mundo de la empresa. Este modelo público-privado que tenemos en España no me gusta. El Estado tiene que hacer lo que le toca y nada más. Generar funcionarios no es generar riqueza.

El PNV comparece a las elecciones europeas del 9 de junio con la coalición CEUS, en la que está Coalición Canaria (CC) y otras formaciones pequeñas de Baleares o Galicia, aunque no ningún partido catalán. El 'procès' rompió los puentes con Junts y en los últimos meses se ha dado un acercamiento, si bien insuficiente para retomar las viejas alianzas que siempre existieron con la extinta CiU. Por el contrario, su gran rival, EH Bildu, sí acude en una candidatura compartida con el BNG pero también con ERC. Este sábado, sin embargo, el principal partido vasco ha querido mostrar que sí tiene aliados también en Catalunya y ha exhibido el apoyo de un centenar de excargos de CiU y de lo que luego fue el PDeCAT como Marta Pascal, Santi Vila o el propio David Bonvehí, que ocupa un puesto simbólico en la lista de CEUS.

En concreto, este sector “pragmático” del catalanismo que se siente “huérfano” ante la nueva deriva de Junts y articulado en torno a la plataforma Treballem per Catalunya ha suscrito un manifiesto pidiendo el voto para CEUS, cuya candidata es Oihane Agirregoitia. Al igual que EH Bildu hará campaña con ERC, están ya cerrados al menos dos mítines del PNV en Barcelona para los días 1 y 6 de junio con presencia de Andoni Ortuzar y Aitor Esteban, respectivamente. Antes, se irán desvelando todos los nombres de quienes pedirán el voto para CEUS desde ese espectro político, cuya representación actual en Catalunya se limita a una decena de alcaldías y dos centenares de ediles.

Encabezan este movimiento la exsecretaria general del PDeCAT y fundadora de una formación que simbólicamente se llamó PNC (Partido Nacionalista de Catalunya), Marta Pascal, y otro exdirigente del mismo sector, David Bonvehí. En 2017, ambos y el entonces consejero con Carles Puigdemont Santi Vila colaboraron de modo muy activo con la vía abierta por el lehendakari, Iñigo Urkullu, para mediar entre Madrid y Barcelona para evitar una declaración unilateral de independencia y el consiguiente 155. Se pueden leer aquí más datos sobre ello.

Las fuentes consultadas indican que Treballem per Catalunya es una “plataforma cívica” y no un partido. Añaden que la circunscripción única en España permite que quienes son nacionalistas pero se ven “huérfanos” por Junts, ERC y la CUP voten una candidatura “pragmática”, como definen al PNV. A la contra, al PNV le viene bien intentar sumar unos miles de papeletas adicionales en un contexto en que las encuestas no le garantizan el escaño. En 2019, CEUS apenas arañó 3.500 sufragios en las cuatro provincias catalanas, exactamente las mismas que en Madrid.

Desde este colectivo vinculado en el pasado a la extinta CiU entienden que el PNV defiende la oficialidad del catalán a nivel europeo y el impulso de la política industrial y agraria, que son dos de sus reivindicaciones. También una Unión Europea de los pueblos y no tanto de los Estados. Añaden que es necesario “defender en Europa un proyecto político englobado en la familia liberal-demócrata europea, donde el catalanismo político había perdido su voz en los últimos años”.

El extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar falleció este lunes a los 88 años, según ha confirmado este miércoles su abogado, Javier Melero, en El Món a RAC-1. Con la muerte de Osàcar se va el guardián de los secretos más turbios del partido que gobernó Catalunya más de dos décadas.

Osàcar siempre fue fiel al partido hasta que le tocó entrar en prisión por el caso Palau, del que fue el único convergente condenado porque la investigación no logró demostrar que políticos y dirigentes participaran en la trama. A cambio de lograr más rápidamente el tercer grado, Osàcar rompió el silencio que mantuvo durante una década en el caso Palau y tiró parcialmente de la manta en el caso del 3%, la otra gran causa de corrupción de Convergència que todavía está pendiente de juicio diez años después de iniciarse.

Al igual que los mandamases del Palau, Osàcar mantuvo negociaciones con la Fiscalía para rebajar las penas del caso. Pero a diferencia de los exjefes del auditorio él no llegó a un acuerdo previo al juicio con el Ministerio Público. Tampoco optó por revelar la corrupción del partido al tribunal e intentar así beneficiarse de un atenuante de confesión en la sentencia. “A estos señores de Ferrovial les he conocido en el juicio”, llegó a afirmar.

La Audiencia de Barcelona condenó a prisión a Osàcar por el caso Palau de la Música y ordenó decomisar 6,6 millones de euros a CDC por el cobro de comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de obras públicas del último Govern de Jordi Pujol y de Ayuntamientos convergentes. En junio de 2020, Osàcar ingresó en la prisión barcelonesa de Brians-2, para cumplir su condena.

Durante todo el juicio del Palau, que confirmó por primera vez judicialmente la corrupción de Convergència y contribuyó a su desaparición como partido, dirigentes como Artur Mas o Francesc Homs apoyaron de forma pública a Osàcar. “Entre la palabra de Millet y la de Osàcar, me fío de la de Osàcar”, llegó a proclamar Francesc Homs en 2017. No obstante, los ánimos se convirtieron en silencio una vez Osàcar resultó condenado y tuvo que ingresar en prisión por el Palau.

La Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido para representarle en unas jornadas internacionales sobre “ética judicial” al letrado Jordi Jané, que fue exconseller de Interior de Artur Mas y Carles Puigdemont y que está investigado por presunto blanqueo de capitales en la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en una pieza separada del conocido como caso del 3% que instruye el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

Las jornadas, “Ética judicial en Europa y el mundo árabe”, reunirán en Nápoles (Italia) los próximos 7 y 8 de marzo a destacados juristas en representación de los países de la Unión Europea y de los países árabes para reforzar los principios de la “independencia judicial” y el compromiso hacia los “más altos estándares éticos”.

El CGPJ ha seleccionado, a propuesta del director de la Escuela Judicial, el magistrado Jorge Jiménez, a dos juristas para representarle en las jornadas, impulsadas por la red euro-árabe de formación de jueces, Naciones Unidas y la red Global Judiciary Integrity Network: el magistrado Francisco Javier Pereda, miembro de la comisión de ética judicial del CGPJ, y al profesor de Derecho Constitucional y de la UE de la Escuela Judicial Jordi Jané. Este último, a pesar de su condición de investigado por presunto blanqueo de capitales para la financiación irregular de CDC, antecesor de Junts per Catalunya.

Un portavoz del CGPJ ha declinado responder las preguntas formuladas por el elDiario.es sobre la idoneidad de que el órgano de gobierno de los jueces designe a un investigado por corrupción para representarle en unas jornadas internacionales sobre “ética judicial” y se ha limitado a contestar: “Don Jordi Jané i Guasch fue designado profesor de la Escuela Judicial por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 20 de diciembre de 2021, fecha desde la que viene ejerciendo sus funciones en las mismas condiciones que el resto de integrantes del claustro del centro, con pleno respeto al derecho a la presunción de inocencia que establece el artículo 24.2 de la Constitución Española”.

Jané está investigado por supuesto blanqueo de capitales para la financiación irregular de CDC a través de una técnica conocida como “pitufeo”, mediante la cual dirigentes del partido de Artur Mas y Carles Puigdemont realizaban presuntamente donativos al partido “que inmediatamente les eran reembolsadas en efectivo” con el dinero de actividades supuestamente delictivas, según subraya el último escrito, presentado por el fiscal anticorrupción José Grinda al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que instruye la causa, con fecha del pasado 4 de febrero.

El escrito señala a ocho exdirigentes de CDC, entre ellos Jané, que supuestamente estaban coordinados con el extesorero del partido Daniel Osàcar y el exgerente Andreu Viloca para realizar donativos periódicos, de entre 2.000 y 3.000 euros cada vez, cantidades que luego recuperaban en efectivo.

En su declaración como investigado en 2020, Osàcar señaló a Jané como uno de los excargos del partido a quienes la formación devolvía la supuesta donación. Por contra, Viloca se desmarcó del extesorero y negó que existiera un sistema de donaciones para blanquear supuestas comisiones ilegales.

Los movimientos regulares de dinero objeto de la investigación se produjeron entre 2008 y 2010, una práctica que tanto el fiscal anticorrupción como el juez instructor señalan como presunto blanqueo de capitales que la formación habría recaudado de forma ilícita. En esa época, Jané era diputado de Convergència en el Congreso y vicepresidente cuarto de la Mesa.

Posteriormente, en 2015, fue nombrado por Artur Mas consejero de Interior de la Generalitat, cargo en el que fue ratificado después por Carles Puigdemont. El dirigente nacionalista que ahora representará al CGPJ en Nápoles dimitió del cargo, que incluía la dirección de los Mossos d’Esquadra, en julio de 2017, ya en la cuenta atrás para el referéndum independentista que el Govern había fijado para el 1 de octubre de ese año.

En 2021, Jané se incorporó como profesor de Derecho Constitucional a la Escuela Judicial del CGPJ, la entidad de formación de los magistrados, a pesar de constar ya como investigado por blanqueo en la causa del pitufeo de CDC. En junio de 2023, el magistrado Santiago Pedraz archivó la causa, pero el pasado octubre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó su reapertura atendiendo al recurso de la Fiscalía Anticorrupción, al apreciar indicios suficientes para retomar las pesquisas.

El reciente escrito del fiscal anticorrupción José Grinda ratificando la acusación contra Jané con fecha de 4 de febrero no ha alterado los planes del CGPJ ante el simposium internacional de juristas sobre “ética judicial”: el órgano de gobierno de los jueces, actualmente en funciones y con mayoría conservadora, enviará en representación suya a un exconsejero de Puigdemont acusado por la Fiscalía Anticorrupción de blanqueo de capitales en el supuesto entramado de financiación ilegal de Convergència. 

PNV y Junts han reencauzado claramente sus relaciones en los últimos meses. Andoni Ortuzar ha visitado a Carles Puigdemont en Waterloo y una delegación 'jeltzale' estuvo en la Diada del 11 de septiembre en Barcelona. También Jordi Turull ha estado en Sabin Etxea -precisamente trascendió la noticia de que Iñigo Urkullu no iba a ser el candidato estando el dirigente catalán reunido con Ortuzar- o incluso en la fiesta del Alderdi Eguna. Los puentes que se rompieron en 2017 cuando Urkullu sobre todo pero también otros dirigentes del PNV mediaron entre el entonces 'president' y Mariano Rajoy para frenar tanto la declaración unilateral de independencia como el 155 se han recompuesto, aunque Urkullu y Puigdemont nunca hayan vuelto a hablar. Sin embargo, fuentes de ambas formaciones no garantizan ni mucho menos que esta nueva etapa vaya a permitir retomar las coaliciones europeas con la extinta CiU de 2004, 2009 ó 2014 de cara a las elecciones ya convocadas para junio de este año.

A la luz de informaciones que apuntan ya a una candidatura separada, fuentes oficiales del PNV indican que no tienen “nada que comentar” a este respecto al menos hasta la primera reunión del Euzkadi Buru Batzar (EBB) en 2024, prevista para el lunes 8 de enero. Otras fuentes internas asumen ya que es perfectamente plausible que los nacionalistas vascos tengan que hacer como en 2019, es decir, liderar una candidatura conjunta con Coalición Canaria (CC) y otros partidos pequeños de Galicia, Baleares o Valencia. En Navarra el PNV está integrado en Geroa Bai. En este lustro se ha reconfigurado ese espacio con el surgimiento del partido propio Socialverdes liderado por la expresidenta Uxue Barkos, aunque no hay dudas de que formará parte de la misma plancha.

Desde Junts indican que, en efecto, “hay una nueva relación” con el PNV, que nunca rompió con los otros partidos surgidos de los restos de la antigua CDC, como el PDeCAT. “Se ha recuperado una relación normal y también de coordinación en temas de Congreso y de Senado”, señalan desde Catalunya. Pero una posible coalición es otro tema. “Si vamos juntos, bien; y, si no, no pasa nada. No hay nada decidido y todo está un poco verde. No hay prisa tampoco y ellos tienen antes otras elecciones”, abundan estas fuentes en referencia a unas autonómicas para las que no hay fecha pero que podrían celebrarse en abril. Preguntados por los otros posibles socios, particularmente por CC, un partido que votó a favor del 155 y que ha criticado duramente a Junts hasta fechas muy recientes, esta formación recalca: “Nosotros sólo hablamos con el PNV”.

Las elecciones europeas se celebran en España con circunscripción única. Son las más proporcionales en cuanto al reparto de escaños en función de los votos obtenidos pero también las más complicadas para los partidos de ámbitos territoriales acotados, aunque pueden rascar apoyos en provincias donde habitualmente no se presentan. En 2019, la coalición del PNV y CC, llamada CEUS, logró retener el escaño. En 2024 se repartirán más escaños, 61. En 2019 la entonces candidata, Izaskun Bilbao, salvó el asiento con 54 en juego, que luego subieron a 59 por efecto del Brexit. CEUS llegó al 2,82% de los votos. Junts sacó dos escaños de inicio y subieron a tres con el reparto posterior a la salida de los electos británicos del legislativo comunitario. Con los votos de las elecciones generales, PNV y CC podrían sacar un escaño también sin Junts.

El porcentaje es otro elemento relevante porque Europa exige ya a los estados fijar un mínimo para entrar a la Eurocámara. El listón es una realidad en los procesos internos. Es del 3% habitualmente pero llega al 5% en las municipales. La horquilla ha de ir entre el 2% y el 5% en países con más de 35 eurodiputados, como es el caso de España. En una de las cláusulas pactadas entre el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez los nacionalistas arrancaron a los socialistas potestad para poder decidir sobre esa cifra en caso de que haya “necesidad” de aplicarla, aunque apuestan por no tocar el asunto salvo que se articulen circunscripciones de ámbito inferior al estatal. “El PSOE se compromete a no impulsar ninguna modificación de la LOREG, y en caso de extraordinaria necesidad, lo hará con acuerdo previo con EAJ-PNV”, se estipuló.

El PNV encarará las europeas después del examen de las autonómicas. En 2023 se vio una tendencia descendente tanto en las municipales y forales de mayo como en las generales de julio. Como adición, los nacionalistas siempre han obtenido peores datos en generales o europeas, lo que achacan a la fuerza tractora de los grandes partidos y al alejamiento del debate del foco vasco. Las europeas, en este sentido, serán la segunda vuelta de las generales y evaluarán medidas como la amnistía.

Las bases del PNV están votando estos días los nombres propuestos por el partido para una lista europea. Es un proceso simultáneo al que hará a Imanol Pradales candidato a lehendakari y en el que se ratifican también las listas al Parlamento Vasco, con Bakartxo Tejeria aspirando a una cuarta legislatura como presidenta de la Cámara vasca. Ante la retirada de Izaskun Bilbao tras tres legislaturas en Europa, no hay un nombre que sobresalga entre las varias decenas propuestos. Presentados en orden alfabético, figuran Daniel Innerarity, Xabier Ezeizabarrena, Mikel Burzako, Rakel Molina, Luis Javier Tellería o Luke Uribe-Etxebarria. Está previsto que el sistema de doble vuelta termine para el día de San Sebastián, el 20 de enero.

Lo que sí se da por hecho es que EH Bildu y ERC volverán a concurrir en coalición. Ambas formaciones mantienen una estrecha relación desde hace años e incluso hicieron actos conjuntos en las generales. Bajo la marca Ahora Repúblicas y con Oriol Junqueras como cabeza de lista, la confluencia en la que también se incluía el BNG gallego llegó a tres escaños, dos de ERC y uno de EH Bildu, Pernando Barrena, que relevó a Josu Juaristi por unos mensajes “fuera de lugar y sin consentimiento” a su expareja. ERC ha sido el socio más habitual de EA, formación ahora integrada en EH Bildu, aunque en 1999 el PNV (y EA) fueron de la mano con ERC.

El nacionalismo vasco en la historia de las europeas

2019: El PNV lideró la coalición CEUS, conformada también por CC y las formaciones socias de Geroa Bai en Navarra, además de por el PI de Baleares, Demòcrates de Valencia y Compromiso por Galicia. Units, partido heredero de Unió, apoyó desde fuera a CEUS aunque esté integrado en el PSC. Con Izaskun Bilbao como candidata, lograron 633.000 votos, menos del 3% del total. EH Bildu participó de Ahora Repúblicas con ERC y BNG. Obtuvo el 5,58% y 1,2 millones de sufragios.

2014: El PNV concurrió con CiU y CC bajo la marca CEU y con el catalán Ramón Tremosa al frente. La coalición sumó 851.971 votos, el 5,42%, y tres escaños, un tope histórico. Uno de ellos fue para el PNV, con Bilbao de referente. ERC, en solitario, logró dos asientos en Estrasburgo. EH Bildu, de reciente creación, logró representación merced a una alianza con el BNG llamada Los Pueblos Deciden.

2009: PNV, CiU y CC sumaron con CEU 808.246 papeletas (5,10%) y obtuvieron dos escaños. La electa del PNV fue Bilbao, que acaba de dejar la presidencia del Parlamento Vasco. Dos de las formaciones de EH Bildu, entonces inexistente, Aralar y EA, se coaligaron con ERC y el BNG en Europa de los Pueblos. El candidato era Oriol Junqueras. Les apoyaron 394.938 personas, lo que valió un escaño. La izquierda abertzale, entonces ilegalizada, pidió el voto para Iniciativa Internacionalista, que llegó a ser tercera fuerza en Gipuzkoa, aunque no logró escaños.

2004: Fue el año de Galeusca, la coalición del PNV con CiU y BNG. ¿El resultado? Un 5,15% del voto (798.816) y dos escaños. CC concurrió con partidos andaluces o extremeños y se quedó fuera. EA fue en la plancha de ERC y Aralar en solitario. La Justicia ilegalizó la marca que pretendió presentar la izquierda abertzale, HZ.

1999: En las últimas elecciones del siglo XX, el PNV compareció a las europeas con EA y con ERC. PNV y EA operaban de la mano entonces en la política vasca. Coalición Nacionalista Europa de los Pueblos obtuvo 613.968 votos, un 2,90% y dos escaños. CiU, en solitario, logró tres asientos y CC dos con los andaluces. La izquierda abertzale (bajo la marca EH) sumó 306.923 votos, suficientes para un escaño.

1994: El PNV de Jon Gangoiti lideró una plancha con CC, Coalición Galega o Unió Mallorquina. Lograron 518.532 votos, el 2,79%. Se tradujo en dos escaños. CiU fue en solitario, con tres escaños y siendo cuarta fuerza de España. El lehendakari Carlos Garaikoetxea fracasó con una alianza llamada Por la Europa de los Pueblos con ERC y Tierra Comunera de Castilla. HB tampoco obtuvo escaño en solitario.

1989: En las primeras elecciones europeas como tales, el PNV lideró una coalición con otras formaciones minoritarias de Galicia, Canarias o Castilla y León. Jon Gangoiti logró un escaño y 295.047 votos. Quedó cerca una marca encabezada por Euskadiko Ezkerra, el partido que acabó fusionado con el PSE en 1993. Juan María Bandrés logró un acta. También sacó escaño Garaikoetxea. La joven EA fue de la mano de ERC y PNG, luego integrante del BNG. Fue superada por HB, que sacó en solitario un escaño con Txema Montero.

1987: Coincidiendo con municipales, autonómicas y forales, se eligieron a los primeros europarlamentarios españoles. Estos comicios los ganó en Euskadi la izquierda abertzale bajo la marca HB. El PNV iba en una marca llamada Unión Europeísta con el PGN, Partido Galeguista Nacionalista. No obtuvo escaño, como tampoco EE. Sí lo logró la recién nacida EA de la mano de ERC y con Garaikoetxea como referencia.

El juez de Barcelona que investiga el 'caso Voloh' ha archivado la causa abierta contra el empresario y ex alto cargo de Convergència David Madí y dos empresarios más por presunto tráfico de influencias en dos operaciones empresariales sobre los VTC y la compañía Aigües de Catalunya.

Según el magistrado, “la presunta influencia que pretendía tener, no era tal”, puesto que ambos negocios no se acabaron concretando, según consta en la interlocutoria avanzada por 'El Periódico'. “A la vista del desastroso resultado de las gestiones, si se ejerció influencia, no reunió el requisito de ser al menos potencialmente idónea para alterar la voluntad de un miembro de la administración”, dice el escrito. Madí fue detenido por la Guardia Civil en octubre de 2020

Junto con Madí también fueron arrestados e investigados otros miembros del considerado 'Estado mayor' del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por su supuesta implicación en la financiación del proceso soberanista, incluso apuntando a una posible influencia rusa.

En la interlocutoria, el magistrado Joaquín Aguirre explica que la Guardia Civil hizo seguimientos a Madí en una decena de visitas a la Generalitat entre octubre de 2019 y octubre de 2020 a las consellerías de Interior, Territorio y Empresa o a la Agencia Catalana del Agua. Algunas de estas reuniones “no constan en el registro de grupos de interés”. El magistrado recuerda que los encuentros con cargos políticos tienen que estar anotados en este registro, “cosa que no solía suceder con Madí”. En otros casos, las anotaciones son “sumamente generales”, de forma que “no cumplen el requisito de transparencia para el cual se dictó la legislación sobre grupo de interés”.

En el caso de las VTC, apunta el magistrado, la nueva licencia para estos vehículos se otorgó a una empresa competidora vinculada a ERC, cuando Madí “ejercía su ámbito de influencia más bien en la esfera del antigua CDC, actualmente JuntsxCat”. Las gestiones del que fue hombre de confianza de Artur Mas, recalca, fueron “tan deficientes” que Rafael García-Tapia, también investigado y consejero delegado de la empresa de VTC Moove, presentó al juzgado un documento por el cual Madí, a través de un representante, le exigía la cantidad de 43.650 euros, que, según parece, se le dejó a deber “ante el fracaso” de sus gestiones. El juez añade que fue “patente” durante la declaración de este directivo que “la relación entre ellos no había acabado tal como esperaba, ni había gustado”.

Las indagaciones también han alcanzado el intento de Madí, entonces presidente de Aigües de Catalunya, filial de Global Omnium, holding que tiene como empresa principal Aigües de València, para controlar Aigües de Barcelona (Agbar). En este sentido, el juez argumenta que los “términos de la declaración” del máximo directivo de Global Omnium, Eugenio Calabuig, “fueron parecidos” a los del consejero delegado de Moove y que, “a través de la consulta de registros públicos”, consta que el ex alto cargo de CDC fue cesado como presidente de Aigües de Catalunya, “de forma que la relación entre ellos acabó de la peor manera”.

El juez relata que, “ante la debilidad constatada de la influencia de Madí”, no hay que tomar declaración “a las personalidades políticas” con que se entrevistó. La resolución concreta: “No quiere decir esto que David Madí no lo intentara, pero sí que no le debían de hacer el menor caso y que tratarían la visita con una deferencia meramente protocolaria”. Este “escasísimo grado de influencia sobre los políticos”, añade el magistrado, “se desprende de la fatal finalización” de la relación entre el excargo convergente y los directivos de Movee y Aigües de Catalunya, “los cuales rompieron toda relación comercial”.

Madí también se vio vinculado a la presunta trama rusa del proceso a raíz de una conversación encontrada en el teléfono de Víctor Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de CDC, y en que este hacía referencia a una supuesta ayuda, tanto económica como con personal militar, por parte de Rusia en una hipotética Catalunya independiente, así como la creación de una plataforma de criptomonedas. En su declaración ante el juez Aguirre, Madí aseguró que no dio credibilidad a las afirmaciones de Terradellas.

Nueva imputación contra el empresario y exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado a Madí y a otros siete empresarios por “irregularidades” en la adjudicación de un concurso público de 2014 sobre transporte sanitario en ambulancias.

Esta nueva investigación contra Madí deriva de una de las piezas todavía abiertas del caso del 3%. Si bien en la pieza general, que juzgará adjudicaciones de obra pública de Convergència a cambio de comisiones para financiar ilegalmente el partido, Madí no está imputado, las nuevas causas abiertas a raíz del caso principal sí han alcanzado al exhombre de confianza de Artur Mas.

El pasado mes de octubre Madí fue condenado a 14 meses de cárcel como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental en una trama de facturas falsas derivada del caso del 3% conocida como el 'caso Triacom'. En paralelo al juicio por delito fiscal, la Audiencia Nacional también investiga si las producciones que Triacom realizó para TV3 también sirvieron para financiar irregularmente a Convergència.

En la nueva causa, el juez investiga la adjudicación de la Generalitat, en la que habría intermediado Madí, a Ambulancias Egara, que desde 2015 gestiona el transporte sanitario en varias zonas de Catalunya. El concurso de los servicios de transporte sanitario en la modalidad urgente y no urgente lo ganó Egara formando una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras sociedades.

Además de Madí, el juez ha citado como investigados a los otros siete empresarios que participaron en la adjudicación para los próximos 26 y 27 de abril.

Fundada en 1984 por Jaime Simon Planas (1937-2019), Ambulancias Egara gestiona desde 2006 el transporte Sanitario Urgente y No Urgente del Servicio Catalán de Salud, inicialmente en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental, y desde 2015 en Lleida, Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre.

Además, a mediados de 2020 pasó a ser el proveedor de referencia en Aragón con la UTE Transalud para la prestación de servicio transporte sanitario no urgente e inició la actividad en Andorra con Ambulancias Valira.

Fèlix Millet ha muerto, pero sus bienes se seguirán vendiendo para poder devolver al Palau de la Música el saqueo que perpetró en vida. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado este viernes que las propiedades embargadas al expresidente del Palau se seguirán subastando para completar los 23 millones de euros que debe recibir el auditorio.

En un comunicado, el TSJC ha recordado que la responsabilidad civil de Millet (esto es, devolver el saqueo) “no está extinguida” pese a su fallecimiento. El tribunal ha comunicado que las dos próximas propiedades de Millet que se venderán serán una finca en l’Ametlla del Vallès (Barcelona) y tasada en más de 1,9 millones de euros y un cuadro tasado en más de 200.000 euros.

Millet falleció este jueves a los 87 años de edad en una residencia, en la que por su deteriorado estado de salud cumplía la condena de 9 años y 8 meses de cárcel por el expolio que perpetró junto a Jordi Montull. Los dos condenados han devuelto ya 13 de los 23 millones de euros del Palau de la Música que destinaron a gastos personales, viajes y obras en sus casas.

El Palau fue el mayor caso de corrupción de la historia de Catalunya y puso fin al oasis catalán al declararse probado que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) recibió 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a través del auditorio.

Al margen de sus bienes embargados, las hijas de Millet serán responsables de devolver las deudas de su padre con la Justicia si aceptan la herencia. Cabe recordar que el Derecho Civil Catalán establece que una herencia no se puede aceptar parcialmente sino toda en su conjunto y que los herederos serán responsables con sus propios bienes de las deudas contraídas por parte de quienes heredan.

Además, la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de ejecutar la sentencia y recuperar los fondos saqueados, ha acordado la designación de un administrador judicial para la liquidación de la sociedad Bonomia, de la que son accionistas la familia Millet Vallés. Esta mercantil, inactiva, es propietaria de 13 inmuebles embargados, a cuya venta se procederá en los próximos meses.

“Que a Fèlix le gustaba mucho el dinero lo sabíamos todos, pero no entiendo cómo se le pasó por la cabeza 'eso'”. La frase la dijo en Rac-1 Pat Millet, hermana de Fèlix Millet, y “eso” es haber saqueado más de 20 millones del Palau de la Música para dedicarlos a uso y disfrute personal: lingotes de oro, viajes, obras en casa o efectivo para tabaco. Este jueves ha muerto a los 87 años Fèlix Millet, el ladrón burgués que ayudó a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cobrar corruptos porcentajes de hasta el 4%, comisión personal mediante.

El apellido Millet ya era célebre antes del caso Palau por formar parte de una de una de las familias emblemáticas de la burguesía catalana. Ahora pasará a la historia asociado a la causa de corrupción más grave que ha sufrido Catalunya en las últimas décadas.

El reposo eterno le ha llegado a Millet en la residencia donde estaba ingresado por una enfermedad incurable. Allí cumplía, en tercer grado, la condena de nueve años y ocho meses de cárcel por el expolio que perpetró en el Palau. Antes había permanecido más de dos años en prisión.

A lo largo de este tiempo la Justicia ha hecho esfuerzos para recuperar el dinero que saquearon Millet y su número dos, Jordi Montull. Ya condenados y cuando tocó devolver el saqueó, los dos exmandamases realizaron ejercicios de ocultación de sus rentas que les valieron nuevas imputaciones judiciales. Millet muere con solo la mitad del saqueo devuelto.

La vida de Millet se puede resumir en dos etapas. El entorno privilegiado y burgués en el que creció derivó en el ostracismo provocado por su latrocinio. Mientras el saqueo se producía, muchos de los que después lo condenarían socialmente prefirieron mirar hacia otro lado. Nadie roba tantos millones sin un entorno que, por lo menos, haga ver que no pasa nada. Millet se creía el más listo, pero cayó.

El hombre que en su niñez jugaba con el Rolls Royce de las tías del conde de Godó ha pasado los últimos años de su vida alejado a la fuerza del mundo de las élites catalanas en el que nació y destacó. El propio Millet lo resumía así en el libro L'Oasi Català (Planeta, 2001): “Somos unas cuatrocientas personas que nos encontramos en todas partes y siempre somos los mismos. Nos encontramos en el Palau, en el Liceu, hay un núcleo familiar y nos vemos coincidiendo en muchos sitios, seamos o no parientes”. Eran los años dorados.

Hablar de ascenso social en Millet sería un error, pues ya nació en el Olimpo de los patronos de Barcelona. La familia labró su fortuna en el sector textil, pero sin renunciar a las inquietudes culturales. Su tío abuelo Lluís Millet fue uno de los fundadores del Orfeó Català, entidad que más de un siglo después Fèlix Millet contribuiría a saquear.

Su padre, Fèlix Millet i Maristany, fue un renombrado empresario de tendencias políticas democristianas, que como tantos otros se pasó a Burgos al estallar la Guerra Civil. Presidió el Banco Popular y cofundó la aseguradora Chasyr y Banca Catalana, además de presidir el Orfeó.

Lo que sí hizo Millet hijo fue sublimar el talento natural de los de su clase para acumular cargos empresariales y en entidades tan representativas como el F.C. Barcelona. Cumpliendo con lo que la burguesía espera de sus vástagos, se casó con Marta Vallès, heredera de la papelera Guarro y de un ingente patrimonio familiar. Vallès falleció en 2018.

Los primeros negocios de Millet se sitúan en Fernando Poo, enclave colonial español en Guinea Ecuatorial. Como muchos patricios catalanes, el padre de Millet explotaba plantaciones de café y cacao en Guinea, y el hijo acabó siendo el gerente de la compañía agrícola e industrial de Fernando Poo hasta que la colonia obtuvo la independencia en 1968. Millet regresó a Catalunya.

A mediados de los 80 Millet tuvo su primer encontronazo con la justicia: pasó dos semanas en prisión provisional por la estafa que perpetró en Renta Catalana, inmobiliaria dirigida por los hermanos Ignacio y Antonio María Baquer y de la que formaba parte del consejo desde 1974.

Millet lo fue todo en Catalunya. Se sentó en consejo de La Caixa, de Agrupació Mútua, de la sociedad del Gran Teatre del Liceu y de la fundación del F.C. Barcelona, entre otras empresas y fundaciones. Incluso hizo una intentona, sin éxito, de asociarse con sectores catalanistas para desbancar a Josep Lluís Núñez de la presidencia del Barça. Desde 1990 hasta 2009 comandó el Palau y al Orfeó Català.

Bajo el liderazgo de Fèlix Millet, el Palau llegó a competir con el Liceu como lugar de reunión predilecto de las élites. También tuvo tiempo para saquearlo. En su gestión absolutamente personalista y déspota –la confusión sobre qué dinero correspondía al Palau, la Fundación o el Orfeó era total y quitó el sueño a los investigadores– mantuvo al Palau como símbolo del catalanismo, lo que no le impidió acercarse a la FAES y a José María Aznar para buscar subvenciones del Ministerio de Cultura.

Ya fuera de su pedestal, durante los casi cuatro meses que duró el juicio, acusaciones y defensas coincidían en que Millet conservaba la lucidez de antaño aunque su estado de salud físico fuera delicado por los más de ochenta años que le contemplaban y agravado por los cuatro paquetes de tabaco que consumía a diario. “Tiene la columna vertebral como una culebra”, plañía su hermana Pat en una entrevista que forma parte ya de la memoria histórica del audiovisual en Catalunya.

En agasajar a políticos y empresarios, Millet no tenía rival. Pero detrás de los focos, racaneaba el dinero de los viajes a los 'cantaires' del Orfeó, aduciendo que invitar a estrellas de la música clásica requería de muchos fondos. Todo ello mientras los billetes de 500 euros sin declarar a Hacienda entraban y salían del Palau a toda velocidad y el auditorio era “la cañería”, en palabras del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, a través de la que Ferrovial pagó comisiones a Convergència a cambio de obra pública.

De todas sus gestas corruptas, destaca el haber cargado el coste del convite de la boda de su hija a las cuentas del Palau y cobrar la mitad del evento al consuegro. A la boda acudieron consellers de la Generalitat de la época, financieros y empresarios. El refranero popular proporciona explicaciones sencillas: la avaricia rompe el saco. A Millet simplemente lo pillaron.

El pujolismo, tan denostado por sus adversarios y en los últimos años también por muchos de sus afines, vuelve a estar de moda. No solo porque cada vez en más círculos se reivindica abiertamente la figura de Jordi Pujol, a quien se intenta resarcir pese a estar pendiente de juicio tras haber confesado que fue durante décadas un evasor fiscal. También existe una pugna por ocupar el papel de partido transversal que jugó Convergència durante 23 años.   

La periodista Núria Orriols acaba de publicar ‘Convergència. Metamorfosi o extinció’ (Angle Editorial), un ensayo en el que revisa la evolución del partido y cómo ahora tanto desde la izquierda como la derecha se intenta ocupar su espacio. “Pujol consiguió la fórmula de la Coca-Cola de la política catalana”, resume con acierto Orriols. Esa misma receta, la de convertirse en referente del catalanismo, es la que buscan tanto ERC como el PSC y evidentemente una parte de Junts, la formación en la que hay más convergentes, empezando por su secretario general, Jordi Turull, y también otros que lo son aunque intenten disimularlo. 

El regreso de Xavier Trias como alcaldable de Barcelona presentándose como máximo defensor de Convergència, escondiendo las siglas de Junts en su campaña, evitando manifestarse rodeado de esteladas en contra de la cumbre hispano-francesa y no participando tampoco del apoyo a Laura Borràs en las puertas del juzgado, son la máxima expresión de cómo un sector del partido de Puigdemont quiere regresar a lo que fue. 

Trias repite una y otra vez la palabra “orden”. Orden puertas adentro y como catecismo electoral. Nada que ver con algunos de los episodios que su partido ha protagonizado en los últimos tiempos con imágenes como la de Borràs fotografiándose en una manifestación prohibida por los Mossos cuando Junts aún estaba en el Govern. 

Dirigentes como Jaume Giró o Victòria Alsina, recién llegados pero que se han significado por su interés en reconstruir la imagen de Pujol y el espíritu de Convergència “actualizado”, trabajan para que los sectores más radicales queden arrinconados. Son persistentes y a la vez conscientes de que su estrategia ya topó y puede volver a colisionar con la que tenga Carles Puigdemont. Sucedió con la salida del Govern, que el expresident alentó desde Bruselas y que Turull asumió como la única alternativa para evitar que el partido se fracturase en dos. 

Mientras Junts intenta aclararse, ERC ha ocupado el papel que el pujolismo jugó siempre en Madrid, con la diferencia de que los republicanos no darían apoyo a un gobierno del PP. El famoso ‘peix al cove’ del que presumía Pujol es el que aplica ahora el partido de Junqueras. Aprovechar la debilidad del PSOE para sacar lo que pueda aunque no lo explican así y rechazan la comparación con Convergència. Cuando se les plantea, la primera respuesta siempre es recordar que ERC sigue siendo un partido limpio de corrupción mientras que el de Pujol no solo fue condenado por el caso Palau sino que tiene aún causas pendientes como la del 3% que se investiga en la Audiencia Nacional o la que sienta a Laura Borràs en el banquillo por presuntamente haber fraccionado contratos para beneficiar a un amigo en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

Sin llegar a prometer un Govern “business friendly”, como hizo Artur Mas en su primer discurso de investidura, los socialistas catalanes se han erigido como el partido preferido por los sectores empresariales catalanes. El PSC nunca ha tenido muchos problemas de interlocución con el mundo económico, entre otras cosas porque ha ocupado importantes parcelas de poder a través de los principales ayuntamientos y la Diputación de Barcelona. Pero ahora, tras la metamorfosis de Convergència en siglas diversas y la desestabilización que supuso el procés, Salvador Illa se ha convertido en el favorito de las élites económicas, esas que tienen aversión al independentismo, algunas de las cuales impulsaron a Ciudadanos, y que hacen campaña a favor de Trias y Jaume Collboni para evitar que Ada Colau siga en la alcaldía de Barcelona.

Illa ha desempolvado proyectos urbanísticos que se habían descartado por su impacto medioambiental, hace bandera de las políticas de seguridad y considera que en la capital catalana hay que abrir una nueva etapa pese a que el PSC sigue formando parte del equipo de gobierno de Colau. Justo lo que quieren escuchar muchos antiguos votantes de Pujol.

“Es muy triste ver cómo habéis usado el reglamento de la Cámara española para vetar el sueño del independentismo catalán”, esgrimió hace unos días la diputada de Junts en el Congreso Pilar Calvo contra el PNV, al que acusaban de frenar el intento de lograr la oficialidad de todas las selecciones deportivas diferenciadas de las españolas al haber logrado arañar al Gobierno central equipos vascos propios en surf y pelota. Al discurso le siguió un duro comunicado de la formación de Andoni Ortuzar y la constatación de que las relaciones del principal partido vasco con los herederos más significativos de la extinta Convergència quedan ya lejos de las que existieron en otros tiempos.

Desde Sabin Etxea, cuartel general del PNV, rebajan a “anecdótica” la pugna más reciente en torno a la Ley del Deportes y destacan que la propia Calvo ya matizó sus palabras en una intervención posterior en comisión, también en la Cámara baja. Constan igualmente declaraciones de ella a 'El Nacional' en las que lamenta el alcance de la polémica. Insisten en el PNV que dirigentes como Jordi Turull o Josep Rull son “amigos”. De hecho en el Alderdi Eguna de septiembre, la gran fiesta 'jeltzale', hicieron una acogida especial para el segundo tras su excarcelación. El PNV tampoco ha dejado de acudir a celebrar la Diada cada 11 de septiembre. Pero, políticamente, es evidente que hace tiempo que el espacio posconvergente principal se ha alejado del PNV.

“Con Junts compartimos muchas cosas, como la aspiración final de reconocimiento nacional de Euskadi y de Catalunya. Pero la perseguimos con diferentes estrategias. Ellos maximalistas y nosotros progresivas y pragmáticas”, explican portavoces oficiales del PNV. Formalmente, la histórica alianza con Convergència se ha trasladado a entendimiento con el PDeCAT. Tanto Ortuzar como el lehendakari, Iñigo Urkullu, mantienen también una relación de mucha cercanía y complicidad con Marta Pascal, ahora secretaria general de un partido extraparlamentario llamado significativamente PNC y cuyo color corporativo es el verde.

“En Junts ha entrado gente con el 'procés' que no estaba antes en política. Carles Puigdemont recogió gente. La diputada que intervino en el Congreso, por ejemplo, no ha tenido nunca relación con nosotros, es de la cuota de Puigdemont”, explica un cargo del PNV como clave para explicar lo sucedido. Recuerda también que ya en las elecciones europeas de 2019 no hubo coalición, como era tradición desde la creación de Galeusca en 2004 entre el PNV, CiU y el BNG, los primeros en bajarse al girar claramente a la izquierda. Era inimaginable para el nacionalismo institucional vasco, después de lo ocurrido en 2017, ir en una candidatura conjunta encabezada por Puigdemont. En solitario con Coalición Canaria -que apoyó en el Senado el 155- y otros socios minoritarios, el PNV llegó a conseguir algunos votos en Catalunya, del orden de 3.000.

Lo que ocurrió en 2017 es de dominio público. El Govern de Puigdemont impulsó un referéndum y a ello le siguió la declaración unilateral de independencia y la consiguiente suspensión de la autonomía con el 155. También lo es que el PNV bajó al barro para mediar entre Madrid y Barcelona. Lo hicieron en primera persona Ortuzar y, sobre todo, Urkullu, que ha recopilado todas esas memorias y las ha entregado a varios archivos vascos y catalanes para su libre consulta. Se pueden leer aquí.

“Me dice, con testigos, que al día siguiente no quería proceder a la DUI en el Parlament”, llegó a escribir Urkullu, que se sintió traicionado por el entonces president. “He sentido la confusión permanente por parte del president Puigdemont”, añadió. Y dejó también por escrito sobre la independencia y el 155: “O algunos están calculando mal todo o la estulticia ha llegado a límites espeluznantes donde todos perdemos y la casa común europea tiene un boquete de proporciones más considerables que la salida de España del euro”. Urkullu llegó a acudir como testigo al Tribunal Supremo durante el juicio del 'procés'.

En 2018, el PNV fue decisivo para que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy. “Estimado presidente! Sabes que me tienes a tu disposición para ayudar en lo que en mi mano esté en relación a Catalunya”, le escribió a Pedro Sánchez. También le contó que no quería recibir al sucesos del ya fugado Puigdemont, Quim Torra. “Me veo en la situación de aceptar el encuentro recibirlo. Lo pongo en tu conocimiento por su consideras que deba transmitir algún mensaje y/o reflexionemos sobre ello”, planteó Urkullu al nuevo inquilino de La Moncloa.

Ahora, en cambio, Ajuria Enea tiene una relación muy fluida con ERC y con Pere Aragonès. De hecho, está ya prevista una visita del segundo a las cercanías de Vitoria para un acto de las comunidades pirenaicas y en el que se espera un encuentro bilateral con Urkullu. Ya hubo una cita similar el pasado año en Catalunya. El PNV y ERC -con EA- llegaron a concurrir en coalición a las europeas de 1999 pero históricamente era una formación más relacionada con las izquierdas nacionalistas, principalmente con EA y ahora ya con EH Bildu en su conjunto.

“El socio era Unió”

La relación del PNV y de CiU se fraguó con el mismo inicio del período constitucional. Cuenta el veterano 'jeltzale' Iñaki Anasagasti que, en todo caso, el conocido como Grupo Vasco del Congreso no aceptó estar representado por el convergente Miquel Roca en la ponencia constituyente. “No nos queríamos meter en el saco de CiU y dijimos que no. No nos fiábamos de Roca, un tío brillante en la tribuna pero políticamente dudoso”, explica Anasagasti sobre quien años después ejerció como abogado de la hija del jefe del Estado, Cristina de Borbón, cuando fue procesada por la corrupción de su marido, Iñaki Urdangarin.

En 1996, tanto el PNV como CiU secundaron la alternativa de José María Aznar frente a Felipe González, la primera etapa del PP al frente del Gobierno de España. De 1998 es la Declaración de Barcelona en la que ambos partidos y otras siglas nacionalistas reclamaron un cambio en el modelo de Estado. Y en 2004, 2009 y 2014 se forjaron coaliciones electorales para ir juntos a las europeas. En medio de un trabajo compartido y coordinado, Anasagasti recuerda como único gran momento de tensión el apoyo de CiU a la Ley de Partidos, la que posibilitó la ilegalización de la izquierda abertzale y a lo que se oponía el PNV.

CiU era la suma de Convergència y de Unió, más conservadora. “Nosotros jugábamos con los dos, con Jordi Pujol y Artur Mas por un lado y con Josep Antoni Duran i Lleida por otro”, explica Anasagasti, aunque puntualiza que el “socio preferente” era Unió.  “Estábamos juntos en la internacional democristiana, mientras que Convergència estaba en la liberal. Unió es un partido histórico, nacido en la República. [Manuel] Carrasco Formiguera, exiliado de Barcelona, fue delegado de la Generalitat ante el Gobierno de Euzkadi. Era conocido del lehendakari [José Antonio de Aguirre] y fue detenido en un barco en la costa vasca para luego ser fusilado. Ahí empieza todo”, recuerda Anasagasti sobre los lazos históricos con la U de CiU. “Duran i Lleida, cuando el PNV se dividió por la escisión de EA y tuvimos un resultado desastroso en las elecciones de 1987, estuvo toda la noche con nosotros en el hotel Villa de Bilbao de la Gran Vía”, agradece sobre el exlíder de aquel partido y exportavoz de CiU durante años en Madrid. Los restos de Unió ahora se llaman Units per Avançar y están integrados en el PSC. Su presidente, Albert Batlle, es teniente de alcalde en Barcelona. Y el secretario general, Ramón Espadaler, es diputado en el Parlament. La relación con el PNV es mínima.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a juicio a las formaciones políticas PdeCat y CDC y los ex tesoreros de esta última Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por el denomiado caso 3%, la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda la apertura de juicio oral respecto de un total de treinta personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y de dieciséis personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero.

El auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

Organización criminal, fraude a la administración, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho. Es la pluralidad de delitos a los que se enfrentan la treintena de acusados por el caso 3% de Convergència, entre los que destacan el extesorero Andreu Viloca y el exconseller Germà Gordó y pesos pesados del mundo empresarial catalán como el constructor Jordi Sumarroca. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 21, 18 y 10 años de cárcel respectivamente.

Los antiguos dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) afrontan el juicio del caso 3% divididos: mientras Viloca y Gordó han rechazado confesar la trama y se enfrentan a decenas de años de cárcel, otros exresponsables del partido como el extesorero Daniel Osàcar y el exjefe económico Francesc Sànchez sí han admitido los hechos y han logrado evitar ya antes del juicio su ingreso en prisión. El fiscal pide para ellos que paguen una multa y que realicen trabajos en beneficio de la comunidad.

En su escrito, adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal José Grinda pide además que Convergència actualmente en fase de liquidación, y su sucesora, el PDeCAT, paguen tres millones de euros en multas como responsables del sistema de financiación ilegal de la formación nacionalista.

Más de dos años después de que Gordó y los demás investigados del caso fueran procesados, la Fiscalía ha formalizado su acusación. En los últimos meses Anticorrupción ha mantenido conversaciones con algunos de los imputados, que han logrado sustanciales rebajas de pena a cambio de confesar su participación en la trama.

Del total de 30 acusados, diez han llegado a pactos con la Fiscalía para reconocer los hechos a cambio de evitar su ingreso en prisión. Entre ellos destacan Osàcar, ya condenado por el caso Palau y que confesó en el 3% para lograr el tercer grado, y Sànchez. De ambos el fiscal destaca además que han aportado datos para “esclarecer otros hechos investigados en piezas separadas”, en referencia a la manta de la que tiró Osàcar en relación al blanqueo de capitales de donaciones.

Destaca el fiscal que Gordó tuvo un papel de “dirección” en la trama, que luego ejecutaban los extesoreros y los trabajadores del partido. El esquema de “financiación ilegal”, según el relato del fiscal, tenía varías ramificaciones. Por un lado, el exconseller y el resto de acusados del partido monitorizaban las obras públicas que iban a lanzar la Generalitat y varios ayuntamientos convergentes, para luego negociar con los empresarios las adjudicaciones y asegurarse que las recibían. Todo ello a cambio de una donación de los constructores a Convergència.

Pero las donaciones de constructores a Convergència no solo estaban vinculadas a un concurso concreto, sino que también se realizaban, explica el fiscal, para “crear o mantener una buena relación con el partido y, así, ser tomados en cuenta” para futuras obras públicas. Es decir, una suerte de peaje ilegal para poder empezar a ser considerado para construir obra pública en Catalunya.

El sistema de donaciones a cambio de obra pública estaba “normalizado” en Convergència y “se sostuvo en el tiempo a pesar del relevo de las personas que lo integraban y a pesar de las advertencias de irregularidad de las que eran informados los responsables.”, abunda el fiscal. Para el fiscal, el paso de Convergència al PDeCAT en 2016 fue un mero intento de “desconectarse de las responsabilidades” penales que ya sobrevolaban al partido con el caso Palau y el 3%.

Pesos pesados de política y economía

Las obras amañadas incluyen tanto algunas que se licitaron desde el Govern de Artur Mas como de una decena de ayuntamientos convergentes, como por el ejemplo el de Barcelona durante la etapa de Xavier Trias. Además de los acusados provenientes de Convergència, en el banquillo se sentarán otros pesos pesados del mundo político y empresarial catalán. Es el caso del que fuera mano derecho de Trias en el consistorio barcelonés, Antoni Vives –ya condenado en otra causa de corrupción. El fiscal pide para él seis años y diez meses de cárcel.

También están acusados el actual director general de Fira de Barcelona y exgerente de la empresa de obra pública del consistorio, Constantí Serrallonga; el expresidente del Puerto de Barcelona Sixte Cambra; los exjefes de la empresa de obra pública de la Generalitat Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell; y el constructor Jordi Sumarroca, heredero de una de las sagas empresariales históricamente vinculadas al pujolismo. Las penas solicitadas van de los 10 años de cárcel para Sumarroca y Rosell a los cinco para Cambra y Quer y a los cuatro años y medio para Serrallonga.

Toda la voracidad para saquear se ha convertido en lentitud cuando ha tocado devolver el dinero. Un juez de Barcelona investiga a los expoliadores del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, por ocultar ingresos para eludir el pago de las indemnizaciones al auditorio. Es la segunda causa abierta a Millet y Montull por el mismo motivo. En esta nueva investigación se les han sumado sus hijas, Laila y Clara Millet, y Gemma Montull –también condenada pero que nunca ha llegado a entrar en prisión– así como su madre, Mercè Mir.

El del Palau es el mayor caso de corrupción de la historia de Catalunya hasta la fecha. Afectó a una de las instituciones más emblemáticas de la burguesía catalana, y al todopoderoso Fèlix Millet, expresidente del auditorio y heredero del selecto club de patricios barceloneses. Además del expolio, la Justicia certificó que el Palau fue la cañería a través de la que Convergència ingresó comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de obra pública.

La causa del Palau también muestra que la sentencia firme de un caso no es ni mucho menos su final. Empieza entonces la denominada fase de ejecución, en la que se llevan a la práctica las condenas firmadas sobre el papel. En los casos de corrupción, es el momento de que los condenados devuelvan el dinero saqueado y paguen las correspondientes multas a Hacienda, si no lo han hecho ya antes. El del Palau de la Música es un ejemplo práctico de las dificultades que puede encontrar un tribunal para cerrar definitivamente una causa.

La fase de ejecución del caso Palau, iniciada hace dos años, ha sido un campo de minas. Para empezar, la liquidación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha impedido recuperar los 6,6 millones de euros que el partido cobró en comisiones ilegales de Ferrovial a través del auditorio. La Justicia ha descartado por ahora que Junts devuelva las comisiones ilegales cobradas por Convergència.

La otra pata del expolio tampoco está siendo fácil de recuperar. El antiguo mandamás del Palau y su segundo también han traído de cabeza a la Justicia para intentar recuperar el saqueo de 23 millones que perpetraron al auditorio y dedicaron a gastos personales, viajes de lujo y obras en sus casas. Ya se han vendido diversas fincas y quedan varias por subastar, pero el monto recuperado no alcanza todavía la mitad del expolio.

Pese a que desde 2009, cuando estalló el escándalo, Millet y Montull tienen los bienes embargados, la recuperación del saqueo está siendo difícil. Las negociaciones entre los condenados y el Palau para la devolución del expolio han fracasado. Hace unos meses, la Audiencia de Barcelona, encargada de ejecutar la sentencia desde que el Supremo la confirmara en 2020, descubrió que parte de los bienes de lujo embargados a Millet habían desaparecido y que Montull había declarado a Hacienda (pero no al tribunal) el alquiler de una vivienda pese a que antes había asegurado que su único sustento era su pensión de jubilación.

Ahora a ambos se les ha abierto una tercera causa por presunto alzamiento de bienes después de que la acusación del Palau de la Música, que ejercen los letrados Laura Parés y Marc Molins, haya descubierto que Millet y Montull habrían ocultado a la Justicia ingresos que obtendrían de alquilar a sus respectivas hijas viviendas de su propiedad que estaban embargadas.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez cita como investigados a los Montull para el próximo 16 de noviembre y a los Millet para una semana más tarde.

Los contratos de alquiler habrían dado a las hijas supuestos derechos de adquisición preferente cuando las casas fueran subastadas y además los alquileres se habrían pactado a precios más bajos para ralentizar las indemnizaciones al auditorio. Fuentes de la defensa alegan en cambio que Gemma Montull no ha obtenido beneficio alguno de ese alquiler y que en caso de haber querido comprar la casa todo el dinero también habría terminado en el Palau, ya que también tiene todos sus bienes e ingresos embargados para hacer frente a las indemnizaciones.

Aunque solo Gemma Montull fue sentenciada a una pena de cárcel (que logró eludir) por su papel más destacado en el saqueo, tanto las dos hijas de Millet como la esposa de Montull, ahora imputadas, también fueron condenadas a indemnizar al Palau por beneficiarse del expolio de sus familiares. Célebre fue el caso de la boda de Clara Millet, celebrada y pagada con dinero del Palau pese a que después su padre pidió la mitad del dinero a su consuegro.

Fiscalía pide dos años de cárcel para Montull

Millet y Montull, de 86 y 80 años respectivamente, permanecen en prisión desde junio de 2020 y constituyen dos de los presos de mayor edad del sistema penitenciario. La Generalitat concedió a Montull la semilibertad a finales del año pasado, pero la Justicia lo revocó. Antes de las nuevas pesquisas en el juzgado de instrucción 12 de Barcelona, los dos antiguos responsables del Palau, a quienes el Gobierno denegó el indulto, ya tenían abiertas dos causas por eludir la devolución del saqueo.

La de Millet por los bienes desaparecidos de su mansión todavía sigue en fase en instrucción, pero en la de Montull la Fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación. Anticorrupción solicita dos años de cárcel para Montull y Mir por eludir la devolución del saqueo ocultando a la Justicia el cobro de 31.500 euros de alquiler de una de las fincas embargadas en la causa del expolio del auditorio.

La fiscal mantiene que Montull y su mujer decidieron alquilar la vivienda de El Masnou (Barcelona), propiedad de Mir desde 2001 pero cuyo arrendamiento se repartía el matrimonio, “sin poner en conocimiento” de la Justicia el cobro del alquiler. El matrimonio, según la acusación, tuvo “evidente intención de no hacer frente” a la devolución del saqueo del Palau, y por ello ocultó el alquiler de la vivienda “puestos de común y previo acuerdo y teniendo pleno conocimiento de las cantidades económicas a las que fueron condenados, y con evidente intención de no hacer frente a las mismas”.

“Con pleno conocimiento de que la finca estaba embargada y que ésta sería ofrecida en subasta pública”, agrega la fiscal, Mir firmó el contrato de arrendamiento de la vivienda advirtiendo al inquilino de la situación judicial de la casa. Desde enero de 2020 a septiembre de 2021 el matrimonio percibió un alquiler por valor total de 31.500 euros. El contrato se rompió a instancias del inquilino ante la subasta de la vivienda y de las sucesivas notificaciones judiciales que recibía.

La línea roja legal que según la Fiscalía traspasó Montull es que no puso a disposición de la Justicia los 31.500 euros que cobró de alquiler, pese a que sí lo hizo constar en su declaración de IRPF. En el mismo periodo en que no dijo nada del alquiler, Montull presentó un “plan de pago” a la Audiencia de Barcelona, desvelado por este diario, en el que se ofrecía a pagar al Palau 500 euros al mes para devolver su parte del saqueo de 23 millones. En ese plan Montull alegó que sus únicos ingresos provenían de su pensión de jubilación.

El dinero, para el Palau

Ahora la Fiscalía reclama que el matrimonio devuelva como indemnización los 31.500 euros cobrados como alquiler y que ese dinero vaya a la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, que juzgó el caso Palau, para que el auditorio pueda resarcirse del saqueo. Para Montull y Mir la Fiscalía pide dos años de cárcel y multa de 9.720 euros por un delito de frustración en la ejecución, y una pena alternativa de seis meses si la condena se impone por el mismo delito de alzamiento de bienes pero en su modalidad menos grave.

Por su lado, Millet está a la espera de si resulta procesado por el mismo delito tras la desaparición de varios objetos de valor que habían sido embargados para resarcir a la entidad cultural por el expolio. La Audiencia de Barcelona autorizó la entrada de peritos en la mansión de L'Ametlla del Vallès (Barcelona) donde vive Millet para tasar las 44 obras de arte que se le embargaron durante la instrucción de la causa y descubrieron que faltaba un piano de cola, un cabezal de cama del siglo XVIII, dos colmillos de marfil labrados y una decena de figuras de animales también de marfil.

Posteriormente, la defensa informó al juzgado de que había encontrado el piano y el cabezal de cama en la casa de la esposa de Millet, fallecida en 2018, y el exmandamás del Palau alegó ante la jueza que el resto de piezas le fueron sustraídas en un robo.

En el juicio del Palau, Millet y Montull delataron a Convergència, en un acuerdo con la Fiscalía para que les rebajara las penas por la confesión, y explicaron que la constructora Ferrovial pagaba comisiones de hasta el 4%, de las que el partido se quedaba un 2,5% y el resto Millet y Montull como intermediarios. Ahora no hay manta de la que tirar y para lograr un pacto con la Fiscalía tendrán que reconocer que eludieron la devolución del saqueo.

La magistrada del juzgado penal 23 de Barcelona ha condenado al empresario y exdirigente de Convergència David Madí a 14 meses de cárcel como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental en la trama de facturas falsas derivada del caso del 3%, ha adelantado El Periódico y ha confirmado elDiario.es.

Al ser la condena inferior a dos años y no tener antecedentes penales, Madí no entrará en prisión. Su defensa recurrirá ante la Audiencia de Barcelona la sentencia, que también le impone una multa de 219.750 euros y la prohibición de obtener subvenciones e incentivos fiscales durante el periodo de la condena.

El fiscal Pedro Castro pedía para Madí dos años de cárcel en una causa en la que también han resultado condenados el exgerente de TV3 y de la productora Triacom Oriol Carbó, que también está investigado en el caso 3% en la Audiencia Nacional, y otros cuatro empresarios acusados de emitir facturas falsas por trabajos ficticios para la productora. Las penas oscilan entre los ocho y los 14 meses de cárcel.

El caso se complicó para Madí toda vez que Carbó, el principal acusado, y el empresario Juan Manuel Parra, que fue condenado a 8 meses de cárcel por el pago de comisiones a CDC a través del Palau de la Música, admitieron el fraude a cambio de ver rebajadas sus penas, como así ha sido.

En el juicio, Parra explicó que el partido le “obligó” a emitir facturas falsas a Triacom, una productora de TV3, si quería cobrar los servicios que prestó para su campañas electoral de 2020 en los comicios al Parlament: “O lo tomas o lo dejas, me dijeron”. Madí y el resto de empresarios también estaban acusados de acusados de emitir facturas falsas por trabajos ficticios para la productora.

Sin embargo, la jueza concluye que no ha queda probado que Para “se hubiera visto compelido a emitir las facturas simuladas para Triacom como único medio para poder cobrar unos servicios prestados a Convergencia ni que hubiera agotado todas las posibilidades lícitas para cobrar estos servicios”.

El caso ahora sentenciado fue remitido en su día por la jueza a la Audiencia Nacional para que formara parte del caso del 3% sobre presunto pago de comisiones a Convergència –en una decisión que después revocó la Audiencia de Barcelona–, al entender que esas mismas facturas falsas sirvieron para financiar irregularmente a la extinta formación.

El juicio estuvo marcado por el reproche de Madí al fiscal por tener, según su opinión, poco conocimiento del mundo empresarial. En su informe final el fiscal afeó al exconvergente su “contundencia en la incoherencia” así como su “falta de credibilidad” a la hora de negar el fraude, al tiempo que consideró “un acto de fe” la tesis exculpatoria de la antigua mano de Artur Mas, esta es, que los trabajos que Madí facturó a Triacom sí fueron reales.

La sentencia en cambio acoge la tesis de la Fiscalía y concluye que las facturas que las empresas de Madí giraron a Triacom por servicios de consultoría y comunicación en realidad no se produjeron, sino que tan solo sirvieron para que la firma audiovisual, productora de los programas de TV3 “El Gran Dictat” y “Fish and Chips”, pudiera aumentar sus gastos deducibles y así reducir el pago de IVA y del impuesto de sociedades en 2011.

La jueza explica la falsedad de las facturas de Madí a Triacom no solo porque los servicios cobrados no llegaron a realizarse, sino porque incluso hay servicios prestados antes de la constitución legal de una de las empresas de la antigua mano derecha de Artur Mas. IKI CAT, empresa propiedad de Madí facturó 105.000 euros a Triacom en diciembre de 2011 por una supuesta campaña de comunicación para la Junta de Accionista de Gas Natural que se había celebrado en abril, es decir, tres meses antes de la constitución de la firma del exdirigente convergente.

Tampoco “existieron”, abunda la juez, los servicios facturados por Madí a Telefónica, habida cuenta de que el empresario no pudo “concretar quién elaboró el video para o a qué empresa o profesional autónomo subcontrató, en su caso, la elaboración”, pese al mismo tiempo alegar el exdirigente de Convergència que fue necesario un helicóptero para captar las imágenes del edificio. “Ante la imposibilidad de ofrecer una respuesta lógica, [Madí] afirmó que se trata de una interpretación distinta de lo que pone literalmente en las facturas, lo que evidencia que los conceptos por los que facturó la sociedad que administraba, no existieron”, resalta la sentencia.

La consultora NUBUL, propiedad también de Madí, giró a Triacom otros 60.000 euros en dos facturas por servicios de consultoría estratégica que en realidad tampoco llegaron a prestarse, agrega la magistrada, que destaca que la firma no tenía “infraestructura”.

No es la única causa penal en la que está inmerso Madí. El exidirigente de Convergència, miembro del grupo de dirigentes que organizó el referéndum del 1-O junto al Govern, está imputado en el caso Voloh por presunto tráfico de influencias al abrigo del procés.