El PP prepara una moción de censura contra el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, para presentarla “de manera inmediata” tras las últimas denuncias presentadas por dos militantes del PP por acoso sexual. Así lo ha anunciado el presidente del partido en Andalucía y también de la Junta, Juan Manuel Moreno, que la ha asegurado que se dará este paso si el regidor no dimite, y en este sentido señala que están reunidos con la dirección provincial del partido para proceder esta misma semana.

A preguntas de los periodistas en Bruselas, Moreno ha manifestado que la dirección del partido en la provincia de Cádiz “ha actuado de acuerdo con la dirección autonómica” y “de la única manera que se puede actuar, que ha sido pedirle al alcalde, que ya estaba suspendido de militancia desde hace un año y medio, su dimisión”.

“Como esa dimisión no se ha producido, pues hemos convocado a los concejales del grupo popular y de ellos 12 han tomado la decisión de seguir bajo la disciplina del PP y otros tres no”, ha recordado Moreno, que ha incidido en que si finalmente el alcalde no dimite se verán obligados a presentar una moción de censura.

El nuevo alcalde, del PP

A partir de ahí, Moreno ha manifestado que a su juicio le parece “algo importante” que en la moción de censura “se tiene que respetar el interés general de los ciudadanos y de los vecinos de Algeciras y para preservar el interés general de los vecinos de Algeciras se tiene que respetar la mayoría social que salió de la jornada en las pasadas elecciones municipales” de mayo de 2023.

Esto significa que “tiene que haber un alcalde del PP”, algo que, como ha apuntado, “sí respeta a Vox, que ha dicho que no tiene ningún interés en entrar en el gobierno”, lo cual “facilita, por así decirlo, esa posibilidad”.

En este sentido, ha añadido que “si a esa moción se quiere sumar también el PSOE, no hay ningún problema, aquí lo que se trata es de restablecer la normalidad institucional al Ayuntamiento de Algeciras lo antes posible”.

Finalmente, ha insistido en que, fruto de la reunión que se está produciendo en esta jornada, “es previsible, si no se produce la renuncia del alcalde, que se registre la moción de censura de manera inmediata en esta misma semana”.

PSOE y Adelante meten prisa

El caso de Landaluce continúa generando reacciones políticas como la del PSOE andaluz, cuya portavoz adjunta en el Parlamento, María Márquez, le ha reprochado este miércoles Moreno que todavía no se haya presentado la moción de censura. “Dicen que este tipo de casos se lee mejor en perspectiva, con la perspectiva histórica. No les quepa ninguna duda, estamos ante el caso Nevenka de Moreno”, haciendo hincapié en que el presidente andaluz “tapó” este caso durante “dos años”.

Sobre la moción de censura, Márquez se ha preguntado “¿qué más se tiene que saber para que Moreno firme la orden de que haya inmediatamente una moción?”, cuestionando que lo “mantenga” en su cargo. “Está a un clic, a una llamada de teléfono, a un mensaje. ¡Que haga algo! Pero el alcalde de Algeciras no puede seguir ni un segundo más en el cargo”, ha apremiado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Mari García, se ha preguntado que “¿cuántas mujeres tienen que denunciar a Landaluce para que este señor suelte la Alcaldía de Algeciras? ¿Cuántos ultimátums le tiene que dar el PP antes de tomar una medida concreta y real?”. De paso, ha afeado al PP que, “aunque ahora diga una cosa, no ha empezado a movilizarse hasta el día de ayer, cuando ya no es posible esconder sus vergüenzas, porque si hubieran podido seguirían escondiendo sus vergüenzas”.

Hasta hace muy poco tiempo José Ignacio Landaluce (Logroño, 1959) era uno de los grandes faros del PP andaluz. “Un referente dentro del mundo municipal”, le definió el líder Juanma Moreno en plena campaña a las municipales de 2023.

Por entonces, una información llevaba ya tiempo circulando por pasillos y despachos: decía que Landaluce hacía extrañas peticiones a sus concejalas y que incluso las manoseaba sin consentimiento. “Puso mi mano sobre su miembro”; “exige a las concejalas que le dejen ver cómo mean”; “esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo”.

Aquellas confesiones explosivas, contenidas en pantallazos de una conversación privada por WhatsApp de varias colaboradoras suyas, fueron saltando de móvil en móvil hasta que llegaron al agitador ultra Alvise Pérez, que las aireó a los cuatro vientos a finales de 2024. Casi un año más tarde, el PSOE las recogió, las certificó ante un notario y presentó una denuncia. Landaluce se tambaleó, luego se revolvió (tanto, que Alvise borró) y finalmente recuperó la firmeza negándolo todo. Le sostuvo su partido, que calificó las denuncias de bulo y se confió a su “referente”, mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo archivaba la denuncia contra él.

Hasta el lunes por la noche, cuando el PP gaditano, presidido por Bruno García, le pidió la dimisión. Dos nuevas denunciantes han contado al Tribunal Supremo y al propio partido que Landaluce las agredió sexualmente, forzándolas a tocarle los genitales o tocándolas él sin consentimiento. Una lo ha denunciado ante el Tribunal Supremo (por ser aforado hasta que se disolvieron las Cortes), relatando hechos presuntamente ocurridos en 2020 y 2021. La otra, una militante popular, acaba de relatar a la dirección una agresión sexual que habría ocurrido en su despacho el 10 de julio.

Landaluce no ha retrocedido. En respuesta, ha grabado en vídeo a dos trabajadores de Alcaldía. En primer plano, insistiendo en que nadie les coacciona, se dicen sorprendidos por la denuncia porque, dicen, la puerta del despacho del alcalde está siempre abierta. En otro vídeo, Landaluce vuelve a proclamar su presunción de inocencia y anuncia batalla hasta el final. Su caída está siendo lenta, por pasos. “Seguiré intentando luchar, pero ¡qué difícil me lo han puesto!”, dice revistiendo de una pátina de coraje su resistencia a abandonar el cargo.

En política desde que Moreno era un niño

El referente de Moreno es ahora un apestado al que el líder provincial quiere echar de su último cargo sin ni siquiera darle las gracias. Pero hace apenas un año era una figura antes poderosísima en el PP gaditano, donde formó un tándem histórico con la exalcaldesa de la capital Teófila Martínez.

Por eso, en él ha anidado también un resentimiento generacional. “Voy a luchar por la presión que se está ejerciendo desde mi partido y mis compañeros, no todos, que llevamos 16 años trabajando codo con codo. Llevo 42 años militando y me exigen que me vaya de la alcaldía”, lamenta.

Quieren echarlo quienes en su día lo admiraban, Bruno García y Juanma Moreno, niños de colegio cuando él ya se batía en una arena municipal por entonces refractaria al PP, como el resto de Andalucía. Era 1984 cuando Landaluce se afilió. En Algeciras habían gobernado comunistas y andalucistas. En el partido mandaban Fraga y Verstrynge. Moreno tenía 14 años y García, cinco.

Desde entonces, este licenciado en Medicina lo ha sido casi todo en el partido y con el partido: primero, concejal, de 1987 a 2001; después, diputado en el Congreso en tres legislaturas (2000-2004, 2008-2011 y 2011-2015); alcalde, desde 2011 hasta ahora (cuatro mandatos, tres con mayoría absoluta); y senador desde 2023. Arrasó en 2011, con más del 51% de los votos en un feudo, el segundo más poblado de la provincia de Cádiz, que en democracia sólo había conocido alcaldes socialistas, andalucistas o comunistas. Doce años después volvió a arrasar, con más del 53%. Todo lo consiguió desde la presidencia del PP de Algeciras, en la que se mantuvo durante más de un cuarto de siglo.

“Ya no es del PP”, pero lo sostenía el PP

A Landaluce le duele, porque quienes le quieren defenestrar son los mismos que le arroparon poniéndose de perfil hace apenas unos meses, cuando el PSOE llevó a la Fiscalía los pantallazos que hablaban de él y sus cosas. Aunque la filtración partió de dentro y las víctimas en aquellos mensajes eran tres concejalas del partido (Susana Pérez Custodio -actual presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar-, Eva Pajares -delegada provincial de Salud de la Junta de Andalucía- y Laura Ruiz), nadie en el PP alzó públicamente la voz. Y como el PSOE canalizó la denuncia y las víctimas no lo secundaron, Carolina España lo atribuyó a una estrategia socialista.

Hasta ahora, nadie de los suyos le había dado la espalda de esta manera. Ni siquiera cuando los rumores se pusieron a la luz. En diciembre de 2025, con el estruendo de los mensajes de sus propias colaboradoras expuestos ante Fiscalía y la opinión pública por el grupo municipal socialista, Moreno ganó tiempo: oficialmente, el PP le dio de lado cursando su suspensión de militancia y su paso al Grupo Mixto en el Senado. En realidad, el PP fijó un escenario ficticio: durante semanas, Moreno esquivó la cuestión de si Landaluce debía seguir siendo alcalde alegando que no podía hacer nada porque “ya no es del PP”, mientras lo sostenían 15 concejales del PP.

Se convirtió en un lastre para un partido que no puede volver a presentarlo, pero que no sabía cómo deshacerse de él sin causar un terremoto interno. Lo sueltan cuando no hay más remedio: sólo cuando Landaluce ha anunciado que se presentará a la reelección, previsiblemente contra el PP, el partido ha decidido dejarlo caer.

La prueba de que sí podía actuar quedó a la vista de todos este lunes, cuando el PP actuó: el presidente del PP de Cádiz llamó a reunión y de allí salió un comunicado nocturno pidiendo al alcalde que dimita y exigiendo a los ediles populares que le retiren su apoyo. Este martes, doce de ellos abandonaron el equipo de gobierno. Vox ha anunciado ya que apoyaría una hipotética moción de censura contra él.

El Cristo de Medinaceli, “Regidor Perpetuo de Algeciras”

En este tiempo se convirtió en el hombre que en todos sitios estaba, tan capaz de inaugurar una farola como de acudir cada semana al Senado, mientras en los últimos tiempos abría frentes judiciales para limpiar su honor supuestamente mancillado por la prensa y los socialistas. Internamente, ha manejado su grupo con disciplina férrea, lo que explica los sinuosos caminos que han seguido las denuncias contra él.

Landaluce también ha sido capaz de entender el poder del folclore, religioso o no, como catalizador de la simpatía vecinal. Su última ocurrencia es nombrar al Cristo de Medinaceli “Regidor Perpetuo de Algeciras”. 10.000 euros habrá que pagarle a la Venerable Cofradía Salesiana de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Cautivo (Medinaceli) y María Santísima de la Esperanza por organizar el acto de nombramiento en el Ayuntamiento el próximo 24 de octubre, según ha informado Europa Sur.

En el vídeo en el que vuelve a proclamar su inocencia, Landaluce se dirige a los “vecinos”. Es un recurso habitual de quien ha perdido agarre en su propio partido. A Landaluce le votaron en 2023 casi 23.000 algecireños, el 53,14% del voto. No se puede descartar que recoja lo que le quede de apoyo popular en un nuevo partido de corte personalista. Es un escenario temido por el PP andaluz, porque hay precedentes e implica, muy probablemente, dejar la agrupación local hecha unos zorros: por el PP, ahí están los casos Martín Serón en Alhaurín el Grande (Málaga) o Juan Enciso en El Ejido (Almería); del PSOE, los de Carlos Sánchez en Bollullos Par del Condado (Huelva) o José Manuel Martín Alba en Alcaucín (Málaga).  

Como todos ellos, Landaluce se declara víctima. El hombre que lo fue todo se ve solo, apenas flanqueado por tres pretorianos. “Todos contra mí, qué casualidad que no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, mi muerte social”, proclama. Es probable que esté preparado para la batalla, porque hace tiempo que sabe que está solo, y que lo de ahora sólo es la escenificación del abandono en el momento oportuno. “Ya no es del PP”, dijo Moreno hace diez meses. La cuestión es hasta cuándo seguirá siendo alcalde.

El hombre acusado de hacer más de 8.000 fotografías y vídeos a niños desnudos en las playas de Santander y crear pornografía infantil con Inteligencia Artificial ha indicado que acudía a lugares públicos y sacaba imágenes para relajarse y “rebajar la ansiedad” que padecía, pero “de paisajes” y “no directamente a menores”. También ha negado que elaborara o modificara las instantáneas, sino que el material incautado lo bajaba de Internet, incluida una página rusa de IA, así como tampoco que haya “pagado a nadie” por el mismo, lo compartiera o contactara con menores.

“Antes me quito la vida que tocar a un menor”, ha afirmado este jueves en el juicio contra él, celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y que ha quedado visto para sentencia. Se enfrenta a diez años y diez meses de prisión que pide el fiscal, después de haber rechazado un acuerdo con esta parte que implicaba una rebaja a siete años de cárcel.

Está procesado por fotografiar y grabar a menores de 16 años cuando se bañaban o jugaban en arenales de la capital cántabra, ajenos a su presencia, y almacenar y manipular ese material para satisfacer su propio interés sexual, lo que constituye un delito continuado de elaboración de pornografía infantil y otro de posesión de ese material.

En la vista oral, en la que ha respondido solo a preguntas de su abogada, el enjuiciado ha afirmado que los archivos pornográficos eran exclusivamente para su uso personal. En este sentido, ha señalado que es homosexual, condición que no conoce “nadie”, ni siquiera en su empresa, en la que lleva trabajando 35 años, y ha expresado al respecto su preocupación ante la posibilidad de que sus compañeros se enterasen de ese extremo, pues según ha dicho “no lo iban a admitir” y cree así que le pueden despedir.

De acuerdo con su versión, después de tomar o grabar las imágenes, en vez de borrarlas las guardaba en un disco duro, que tenía “bajo llave” en su casa, y ha insistido en que “nunca” ha tocado ese material: “para nada”, ha zanjado, más allá del consumo personal.

Además, el implicado, que es técnico electrónico de profesión, ha alegado que está en tratamiento psicológico a raíz de esta causa, momento en el que ha detallado que toma hasta “cuatro pastillas” diarias, y ha apuntado que durante el mismo ha intentado suicidarse tres veces.

Ha añadido que no ha vuelto por los espacios que antes frecuentaba, sino que ahora le ha “dado por hacer otras cosas” para controlar la ansiedad, como reparar muebles en casa. Por último, ha asegurado que los niños ya no le “excitan” y ha manifestado que si ve a uno por la calle se aparta, por “la culpa que tengo”, ha explicado.

Desde 2008 hasta 2024

Según el fiscal, el hombre acudía de forma reiterada a las playas de Santander con varias cámaras suyas y, para “atender su propio ánimo libidinoso”, captó imágenes y grabó a menores no identificados que estaban en los arenales desnudos, “bañándose o jugando, ajenos a su presencia”. Después, almacenaba los vídeos y fotos que “año tras año” iba tomando en discos duros que guardaba en su domicilio. En el registro se encontraron carpetas con archivos clasificados por años, desde 2008 a 2024, cuando fue detenido, en el mes de julio.

Junto a ese material también almacenaba en el ordenador e igualmente “para su propio uso” otras imágenes en las que “se representaban de forma hiperrealista y confundible con la realidad menores de edad desnudos y posando provocativamente”, fotografías creadas mediante IA y descargadas de Internet.

Fue arrestado un día que acudió a la playa de El Sardinero y desde los Jardines de Piquío trataba de tomar imágenes de los menores y sus genitales. En ese momento, fue observado por un agente de movilidad que estaba fuera de servicio y que avisó a la Policía Local de Santander. El sospechoso huyó al ser descubierto y se subió en un autobús, donde le encontraron los agentes desplazados, que le requirieron para que se bajara del vehículo.

Pero se negó, trató de borrar los archivos y, cuando un policía le quitó la cámara, reaccionó violentamente y le agredió, motivo por el que fue procesado por delito de atentado a los agentes de la autoridad, y por lo el fiscal ha retirado ahora la acusación por ese ilícito.

Los efectivos que intervinieron han declarado en el plenario, como testigos y peritos, y también un experto propuesto por la defensa que analizó la conducta de su cliente, que padece trastorno adaptativo mixto, ansioso-depresivo. Según ha indicado, tenía falta de motivación, aislamiento y ansiedad, y esto último le llevaba a salir de casa a las playas para hacer fotos, lo que le producía “cierto alivio”, y con posterioridad sentía “excitación sexual” y “una culpa muy marcada” además.

Ha añadido que este patrón de conducta, sostenido precisamente por su interés sexual en menores, de entre 11 y 14 años de edad, se repetía en el tiempo, y ha precisado al respecto que el hombre podía tener “dificultad” para controlar su conducta, pero no “incapacidad”, pues puede haber una “reducción” de la capacidad de control pero no se “anula”.

En la prueba pericial también ha comparecido el policía encargado del atestado tras la entrada y registro del domicilio del acusado, que ha señalado que desde el principio se dieron cuenta de que era una persona con conocimientos de informática y que tenía programas y herramientas que no eran muy habituales y estaban más asociados a personas que hacen “una maldad”, ya que algunos se usan para pornografía infantil y otros para compartir archivos. De hecho, había una docena que se estaban “descargando” y “en disposición” de ser compartidos, ha precisado otro agente.

Un compañero más ha indicado sobre las imágenes supuestamente hechas con IA que se pueden confundir con otras reales (extremo que luego ha corroborado otro efectivo), y a preguntas de la defensa ha precisado que si bien han tenido más casos con fotos de menores en Santander, no de “esta magnitud de volumen”.

“No me hagáis esto, por favor”

El agente que observó al sospechoso el día de su detención ha testificado que la cámara tenía un zoom “muy grande” con el que seguía y grababa a un niño mientras se duchaba desnudo en la playa, y ha indicado que tras comprobar que no era familiar avisó a la Policía, que mandó una patrulla. Sus componentes arrestaron al implicado en el autobús en el que se subió, donde se produjo un forcejeo al quitarle la cámara cuando trataba de manipularla, tras lo que les pidió: “No me hagáis esto por favor”.

Y los policías que le trasladaron y custodiaron en el Hospital Valdecilla han coincidido en que les manifestó espontáneamente que era homosexual, que le gustaban los niños, que no lo sabía nadie y que le iban a echar del trabajo.

Su abogada ha solicitado que de cara a una eventual condena se tenga en cuenta la afección psicológica de su cliente y se le aplique la correspondiente atenuante o la eximiente incompleta, pues a su juicio tiene afectada la capacidad volitiva y no es capaz de controlar sus impulsos. Esta parte no discute el material pornográfico hallado y su posesión, en una cantidad “reprobable” además, pero sí que lo elaborara o compartiese.

Sin embargo, el fiscal ve “más que clara” la autoría de un delito continuado de elaboración de pornografía infantil, con imágenes “hiperrealistas”, y otro de posesión de un “notorio” número de archivos, fruto de un “conjunto probatorio” que se prolongó durante años.

Un hombre de 34 años ha admitido este jueves en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo/Uviéu, que hace tres años ofreció regalos, drogas y alcohol a dos adolescentes a cambio de sexo durante los periodos de tiempo en que permanecían fugadas de las instalaciones del centro de menores donde permanecían bajo la tutela de la administración del Principado de Asturias por su situación de vulnerabilidad.

Tras su reconocimiento explícito de los hechos imputados por la Fiscalía, el acusado ha sido condenado a tres años y dos días de cárcel y siete años de libertad vigilada por sendos delitos de corrupción de menores.

Sabía que eran menores

El acusado llegó a mantener relaciones sexuales con una adolescente de 17 años, mientras que no logró su propósito con una menor de 15 años ante la negativa de la joven a tener sexo con él.

La vista oral del juicio se ha celebrado esta mañana ante los magistrados de la Sección Tercera, en Oviedo/Uviéu y, en sede judicial, el acusado ha admitido que sabía que las víctimas eran menores de edad y residían en un centro de la comunidad autónoma.

Entradas a discotecas y alcohol

Con la intención de mantener relaciones sexuales con ellas durante los periodos en que éstas permanecían fugadas recurría a la entrega de regalos. En otras ocasiones, les ofrecía bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

El acusado ha reconocido que a la adolescente de 17 años le pagó entradas a discotecas y bebidas alcohólicas para tener sexo.

Orden de alejamiento

El tribunal ha impuesto al acusado por el delito de corrupción de menores hacia esta joven una pena de un año y un día de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cinco años.

El acusado también ha sido inhabilitado para cualquier empleo, profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante seis años y prohibición de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros a ella, a su domicilio y lugar de estudio o trabajo durante seis años.

Asimismo, tendrá que indemnizar a esta joven con el pago de una indemnización de 6.000 euros por los daños morales que le ha ocasionado.

Porros, cocaína y tatuaje

En el caso de la adolescente de 15 años, el acusado ha sido condenado por un delito de corrupción de menores con la agravación de menor de 16 años. La pena impuesta es de dos años y un día de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años, inhabilitación especial para cualquier empleo, profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante ocho años.

Además tendrá prohibido comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros a ella, y a su domicilio y lugar de estudio o trabajo durante seis años.

Un exrecluso de 27 años, considerado en medios policiales como un “peligroso depredador sexual”, ha regresado al Centro Penitenciario de Asturias acusado de dos tentativas de agresión sexual que no logró consumar gracias a la resistencia ofrecida por las víctimas. El joven apenas llevaba un mes en libertad tras haber cumplido una condena por hechos similares y pudo ser detenido en un amplio operativo policial desarrollado de forma conjunta por efectivos de Policía Nacional y Local.

Los investigadores establecieron un discreto dispositivo de vigilancia que ha permitido su captura en apenas 72 horas. Tras su detención, ha pasado a disposición de la magistrada titular del Juzgado número 5 de Avilés, especializado en materia de Violencia de Género y Agresiones Sexuales, quien ha acordado su ingreso en prisión provisional y sin fianza.

Actuó “con extrema violencia”

El detenido es conocido policialmente por su reincidencia en delitos de índole sexual. El pasado lunes, día 21, a primera hora de la mañana abordó a una joven “con extrema violencia” cuando se encontraba en el portal de un edificio del barrio de Puerta de la Villa, en Avilés.

El asaltante llevaba oculto el rostro para evitar ser identificado y no logró consumar la agresión porque se encontró con “la feroz resistencia de la víctima”, según ha explicado la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Seguidamente, emprendió una huida a la carrera.

Operativo policial de vigilancia

Unas horas más tarde, intentó agredir sexualmente a otra joven residente en la zona, aunque tampoco logró su propósito y finalmente escapó.

Efectivos de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés, en estrecha colaboración con la Policía Local, establecieron un discreto dispositivo de vigilancia en la zona.

“Observaba a nuevas víctimas”

El pasado jueves, día 24, los agentes lograron localizar al joven cuando “observaba adoptando una actitud de acecho a posibles nuevas víctimas”. Esta circunstancia desencadenó la rápida intervención policial para su detención.

Durante el arresto, el exrecluso negó rotundamente su participación en los hechos imputados.

Reiteración delictiva y riesgo de fuga

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado que el detenido apenas llevaba un mes en libertad tras haber cumplido una condena por delitos de la misma naturaleza.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado. El representante de la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza al considerar la gravedad de los hechos denunciados y al apreciar que en su caso concurría una alta reincidencia delictiva y riesgo de fuga. Su petición fue estimada por la magistrada y el arrestado ha regresado de nuevo al Centro Penitenciario de Asturias.

El condenado a 12 años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas de corta edad a las que cuidaba se enfrenta a la petición de prisión provisional que solicita para él la madre de las pequeñas, que ejerce la acusación particular.

La media se abordará en una vista que se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria el próximo viernes, 2 de octubre.

La sentencia, que no es firme, le consideró autor de dos delitos continuados de agresión sexual a menor de trece años, sin penetración y con abuso de superioridad. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal le impuso la prohibición de comunicar y acercarse a las víctimas durante ocho años, y una medida de libertad vigilada tras su salida de prisión de siete años.

Y en concepto de responsabilidad civil, el fallo acordó una indemnización de 30.0000 euros a una de las afectadas, y de 20.000 euros a la otra, por el daño moral que les causó y por las secuelas psicológicas permanentes que sufren.

Según los hechos que se recogían en la resolución judicial, el procesado trabajaba prestando servicios de limpieza en un bar donde la madre de las menores y su esposo eran cocineros.

“A raíz de la amistad surgida y como quiera que la pareja no tenía a nadie con quien dejarlas mientras trabajaban, el acusado se ofreció a cuidar de las hijas, haciéndolo unas veces en casa de estas y otras veces en su casa”, relata la sentencia.

Así las cosas, el acusado, a lo largo de tres años y “siendo conocedor de la ventaja que le procuraba ser amigo de la familia y con la confianza que a su vez ello comportaba en orden a la mayor facilidad en la realización de los hechos”, abusó de las menores, que entonces contaban entre tres y cinco años la pequeña, y entre cinco y nueve años la mayor.

El hombre actuaba por separado, sin que una conociera lo que le había hecho a la otra. La sentencia relata distintos hechos en los que el acusado se masturbaba delante de las menores, les pedía que lo hicieran ellas, les realizaba tocamientos y les mostraba en el móvil páginas de pornografía.

La Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de agentes de Asturias y Bilbao, ha detenido a más de una decena de personas en la comunidad tras una operación contra el tráfico de drogas y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de las cuales cinco han ingresado en prisión.

Estas detenciones se produjeron el pasado martes, cuando el operativo -compuesto por más de un centenar de agentes- realizó varios registros en los municipios de Argoños, Santoña, Bárcena de Cicero y Arnuero.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, los registros se efectuaron en domicilios y en dos antiguos locales de alterne. Además, los agentes incautaron 200 plantas de marihuana ya preparada en cogollos.

Las extrabajadoras de Julio Iglesias que han presentado una querella contra el cantante por varios delitos sexuales y laborales han enviado una carta dirigida a la Audiencia Nacional en la que piden que invesiguen “los hechos denunciados y que hemos puesto en su conocimiento”. “No estamos pidiendo algo excepcional o un favor. Estamos pidiendo que se nos reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia de las personas. Prometer cumplirlos no es suficiente y actuar es necesario”, dicen en la misiva, publicada en la página web de Women's Link, la organización que las represena.

En esa carta, Laura y Rebeca se presentan como “dos mujeres latinoamericanas fuertes, con sueños, con valentía y con la esperanza de encontrar justicia en dignidad”. “El 3 de septiembre, con la representación legal de Women’s Link, presentamos una querella ante su entidad, solicitando algo simple pero tan importante a la vez: que se investiguen los hechos que hemos denunciado y puesto en su conocimiento”, dicen.

“Todas las personas tenemos derecho a ser escuchadas con garantías y en un tiempo razonable. Tenemos derecho a que un tribunal de justicia decida sobre lo que nos pertenece por derecho. Sabemos que no estamos solas en esto y que el marco normativo nacional e internacional nos respalda. Por ello, autoridades de esta entidad legal, les pedimos que lo reconozcan e investiguen todo lo que hemos denunciado. Nos despedimos con la esperanza de ser escuchadas, y con la convicción de que exigir justicia no es un privilegio: es un derecho que no vamos a dejar de reclamar”, prosiguen las mujeres.

A comienzo de septiembre, Laura y Rebeca, que trabajaron en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas, presentaron una querella en la Audiencia Nacional en la que le acusan de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio. El relato de hechos es el mismo que contenía la denuncia que las mujeres presentaron ante la Fiscalía enero. Aunque en ese momento el Ministerio Público archivó la investigación al entender que España no es competente para investigar estos hechos ocurridos en el extranjero. Su opinión no es vinculante ni se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca ha llegado ante un juzgado, por lo que será el juez a que le ha correspondido el expediente, Antonio Piña, el que decida. 

Amnistía Internacional ha enviado una carta a la Fiscalía General del Estado en la que pide que reconsidere su postura sobre el caso Julio Iglesias para hacer posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”. “El objetivo es que reconsidere la decisión de no investigar los hechos denunciados por las extrabajadoras de Julio Iglesias. Consideramos que la decisión que tomó el Ministerio Público sobre la no competencia de la justicia española implica una interpretación muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul en cuanto a la persecución de delitos de violencia de género”, explica la responsable de campañas de derechos de las mujeres de la organización, Beatriz Martos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, argumenta Amnistía Internacional en su misiva dirigida a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, contempla en su artículo 23 la posibilidad de que la jurisdicción española conozca los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los acusados sean españoles, que los hechos sean punibles en el lugar en el que sucedieron y que no haya habido condena, absolución o indulto al respecto. La organización internacional tambiñen invoca el Convenio Estambul, “que da la potestad a los estados firmantes de perseguir delitos de violencia de género extraterritorialmente cuando son cometidos por ciudadanos de esos estados”, añadía Beatriz Martos.

La semana pasada, Women's Link elevaba el caso de Rebeca y Laura a la ONU tras los “incidentes que han comprometido la intimidad, seguridad y datos personales de Rebeca y Laura”. Ese compromiso alude a la publicación de varios vídeos en Okdiario de de las denunciantes durante su declaración ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero, en el cual se habían pixelado su rostro pero no se había modificado su voz.

En esta comunicación a diferentes instancias de la ONU, las abogadas de Rebeca y Laura expresaban “su preocupación de que el Estado español no cumpla con sus obligaciones de investigar los hechos denunciados”. La organización pide que la ONU solicite a España información sobre “cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, independiente, imparcial, diligente y exhaustiva” de los hechos que han puesto en conocimiento de la justicia.

Visto para sentencia el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija cuando la niña tenía poco más de tres años, y para el que se han solicitado 12 años de prisión y otras penas de inhabilitación y alejamiento, si bien su defensa ha pedido su absolución. La declaración de la menor, realizada durante la instrucción como prueba preconstituida, ha sido uno de los principales elementos examinados en una vista en la que también se han valorado informes médicos y psicológicos y las conclusiones de los profesionales que han intervenido en el caso.

El procedimiento se inició a raíz de unos hechos ocurridos en diciembre de 2023 en el domicilio familiar. Según ha relatado la propia madre, el 22 de diciembre regresó a casa después de que el padre hubiera permanecido a solas con la pequeña y, al asearla, observó restos de excrementos y dos pequeñas líneas de sangre en la zona genital. Horas después, la niña comenzó a quejarse de dolor y de que no podía orinar. Al preguntarle qué le ocurría, le contó que su padre le había hecho daño introduciéndole “un palo” en la vulva.

La madre decidió entonces llevarla al Hospital Materno-Infantil de Zaragoza. Esta secuencia coincide con la recogida posteriormente en el auto de procesamiento, que sitúa los hechos el 22 de diciembre de 2023 y señala que la menor tenía tres años.

En el hospital fue examinada por el médico forense, en colaboración con la pediatra y la cirujana pediátrica de guardia. La exploración constató un pequeño eritema inespecífico en el introito vaginal y que el himen estaba íntegro. La documentación judicial recoge asimismo que la niña presentó posteriormente dificultades para orinar sin que existiera una patología previa que las explicara.

Uno de los elementos fundamentales del procedimiento ha sido la propia declaración de la menor, realizada durante la instrucción y grabada como prueba preconstituida para evitar que tuviera que volver a relatar los hechos ante el tribunal.

El auto de procesamiento concedió especial relevancia a ese testimonio. La resolución señala que la niña relató que su padre le había hecho daño, identificó correctamente la parte de su cuerpo a la que se refería y manifestó que no era la primera vez que ocurría. La instructora puso este relato en relación con lo declarado por la madre y con la documentación médica y pericial incorporada a las actuaciones.

De hecho, la acusación particular había solicitado expresamente como prueba para el juicio la reproducción de la declaración preconstituida de la pequeña, especialmente a partir de un determinado momento de la grabación.

La documentación judicial recoge además un segundo episodio que la acusación situaba unos días antes, el 16 de diciembre de 2023, en el que presuntamente se habría utilizado un pequeño juguete de la niña, sin que constara la producción de lesiones.

Informes médicos y psicológicos

Durante el juicio también han tenido un peso relevante las diferentes periciales practicadas a lo largo del procedimiento. Entre las pruebas propuestas figuraban el médico forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), psicólogas adscritas al mismo organismo, profesionales de la Fundación Vicki Bernadet y otra psicóloga que había intervenido en el caso.

Algunos de esos informes abordan la sintomatología psicológica presentada por la menor y su evolución desde los hechos. Según explica la madre, su hija recibe desde 2025 atención psicológica especializada en la Fundación Vicki Bernadet.

La propia resolución que acordó el procesamiento advirtió de que la veracidad de las distintas declaraciones, el alcance de la documentación médica y la sintomatología observada no podían darse por determinados durante la instrucción, sino que debían ser valorados después de la práctica de las pruebas en el juicio oral.

Penas de prision, alejamiento e inhabilitación

Queda visto para sentencia el juicio en el que la Fiscalía ha mantenido durante el juicio la acusación por agresión sexual, aunque ha rebajado de 15 a 12 años de prisión su petición de condena. La reducción de dicha petición responde a que el Ministerio Público ha dejado de apreciar el carácter continuado del delito y no a una retirada de la acusación por los hechos enjuiciados.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía había calificado inicialmente los hechos como delito continuado de agresión sexual y reclamaba 15 años de cárcel. A la pena de prisión añadía inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y 10 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena.

El Ministerio Público solicitaba además medidas específicamente dirigidas a proteger a la menor: prohibición de aproximarse a ella a menos de 500 metros durante 20 años, así como de acercarse a su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar que frecuente, y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo.

A ello se sumaba la petición de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que conlleve contacto regular y directo con menores durante 20 años, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante el periodo interesado por la acusación.

La acusación particular había solicitado igualmente 15 años de prisión en sus conclusiones provisionales y planteaba, junto a la pena de cárcel, diferentes medidas de alejamiento, prohibición de comunicación, libertad vigilada e inhabilitación para actividades que implicaran contacto con menores.

Por su parte, la defensa del investigado ha solicitado la absolución tras argumentar que “la finalidad última de la denuncia es conseguir la custodia de la niña”.

Un agente de la Policía Nacional de La Rioja evitó que un grave incidente registrado durante las fiestas patronales de Arenillas de Nuño Pérez (Palencia), una pedanía de Villanuño de Valdavia, pudiera derivar en consecuencias aún más graves, según ha informado Policía Nacional a través de un comunicado.'El Violador de las Peregrinas' fue detenido por exhibicionismo.

El agente, que se encontraba de vacaciones y fuera de servicio, se percató de un grupo de madres estaba visiblemente alteradas, quienes le comunicaron que un hombre estaba exhibiendo sus genitales y masturbándose junto al parque infantil situado a escasos metros de la verbena, donde se encontraban numerosos menores.

Tras dirigirse al lugar, el policía encontró a un varón que coincidía plenamente con la descripción que le aportaron las vecinas. En ese momento el individuo trató de abandonar apresuradamente la zona. Ante su continua actitud evasiva el agente se identificó como miembro de la Policía Nacional mediante su placa-emblema y carné profesional, solicitándole su documentación e informándole de que debía permanecer en el lugar hasta la llegada de una patrulla de la Guardia Civil hasta que se dirimiese lo acaecido, cuya presencia había solicitado con anterioridad.

Agresión al agente

Mientras intentaba retenerlo el hombre mostró una actitud cada vez más agresiva llegando incluso a agredir al policía nacional. Ante esta situación, el agente se vio obligado a reducirlo y retenerlo, contando para ello con la colaboración de varios vecinos de la localidad, hasta la llegada de los efectivos de la Guardia Civil. Como consecuencia del forcejeo, el funcionario sufrió lesiones de carácter leve.

Durante la intervención, numerosos testigos manifestaron al agente que el mismo individuo era quien había realizado previamente actos obscenos delante de varios menores e, incluso, que había tratado de invitar a un niño a alejarse de la verbena, hechos que habían provocado una gran alarma entre las familias asistentes.

Una vez en el lugar, la Guardia Civil procedió a la plena identificación del individuo, se hizo cargo de la intervención e inició las correspondientes diligencias de investigación, que concluyeron con la detención del varón y su puesta a disposición judicial.

Condenado por agredir a peregrinas

El varón detenido, Iván F.F., es conocido por haber sido condenado por las agresiones sexuales cometidas contra varias peregrinas del Camino de Santiago. La investigación, iniciada en 2011 tras registrarse varias agresiones de similares características en distintos puntos del Camino a su paso por Palencia y León, permitió identificar al autor. La operación concluyó con su detención, ingreso en prisión y posterior condena por las agresiones sexuales.

La empleada del RCD Espanyol que denunció al futbolista Álvaro Aguado por agredirla sexualmente durante la fiesta de ascenso a Primera División del club en 2024 ha solicitado 10 años y medio de cárcel para el jugador.

Así consta en el escrito de acusación de la trabajadora, al que ha tenido acceso elDiario.es. Además de la pena de cárcel, la empleada pide que el jugador no se le pueda acercar a menos de 1.000 metros durante los diez años siguientes al tiempo de la condena así como una indemnización de 64.000 euros por daños morales y 19.000 por las secuelas y gastos psicológicos que le ha comportado el caso.

La petición de la abogada de la denunciante, Sònia Ricondo, es ligeramente superior a la de la Fiscalía, que reclamó nueve años de cárcel para Aguado y una indemnización de 65.000 euros.

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del club organizó una fiesta privada para celebrar el ascenso del Espanyol en la discoteca Opium de Barcelona. Al evento asistieron la denunciante y Aguado, que a día de hoy se encuentra sin equipo. La empleada presentó la denuncia unos meses más tarde, lo que ha impedido recoger las grabaciones del local.

En su escrito, la denunciante expone que Aguado se acercó a ella y “empezó a realizar tocamientos” no consentidos en su cuerpo, aprovechando que la sala estaba llena de gente bailando y en un contexto festivo. Ante la insistencia del jugador, agrega la acusación particular, la empleada rechazó los tocamientos y le advirtió: “No te pases ni un pelo que trabajo en el club”.

Unos minutos después, Aguado, según el escrito de acusación, cogió de la mano a la víctima, que se encontraba mareada por la ingesta de bebidas alcohólicas, y se la llevó de la sala de baile.

Un empleado de la discoteca les vio en la escalera del párquing, y les impidió el paso, con lo que el futbolista llevó a la denunciante a los baños masculinos. Allí, expone la acusación, el futbolista agredió sexualmente a la trabajadora del club, que se encontraba “en estado de shock” y “dolorida” y le pidió que parara y que no quería mantener relaciones sexuales.

Tras agredirla sexualmente, agrega la acusación particular, Aguada se vistió y le dijo a la denunciante “tú no me conoces y yo a ti tampoco, ¿vale?”. También preguntó “¿quién sale del baño primero?”, y procedió a abandonarlo.

La discoteca Opium no activó los protocolos previstos ante posibles agresiones sexuales ocurridas en el establecimiento, dado que la denunciante no comunicó lo sucedido al personal del local esa misma noche.

Cuando el caso se hizo público, el Espanyol tampoco activó ningún protocolo. La letrada Ricondo ha solicitado que en la vista comparezca como testigo el responsable del órgano de cumplimiento del club para que se ratifique en un informe que presentó a la jueza en el que justificaba la actuación de la entidad.

En su declaración como investigado, Aguado alegó que las relaciones fueron consentidas. Recientemente, en un vídeo colgado en su Instagram, el jugador expresó que quería que llegara ya el juicio, pues, en su opinión, permitirá “saber la verdad y quién es realmente la víctima”.

Según destacó la magistrada en su auto de procesamiento, la víctima “se ha mostrado sincera al relatar los hechos vividos”, pese a tener flashes de lo ocurrido durante la noche y admitir tener “recuerdos puntuales”, tal y como ocurre a veces con las denunciantes de delitos sexuales. En este caso, la denunciante todavía sufre consecuencias psicológicas de los hechos como insomnio o pesadillas.

La declaración de la denunciante, agregó la magistrada, “ha sido corroborada parcialmente por testigos”, al menos en cuanto a los momentos posteriores y anteriores a lo ocurrido en el baño. Destacó la jueza la existencia de whatsapps inmediatamente posteriores a los hechos que reflejan el “estado anímico” de la denunciante.

La Audiencia de Málaga ha condenado a 52 años de cárcel al sacerdote F.J.C.V.. 'padre Fran', al considerar probado que agredió sexualmente a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas para dejarlas inconscientes, y que también las grabó en ese estado. Además, se le impone que indemnice a cada una de las cuatro víctimas con distintas cantidades, de las cuales deberá responder subsidiariamente el Obispado de Málaga. la sentencia no es firme y puede ser recurrida.

En la sentencia, adelantada por Europa Press y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la Sala considera probado, tal y como señalaron la Fiscalía y las acusaciones particulares, que el acusado aprovechó “situaciones de amistad” con las víctimas, a las que había conocido en actividades religiosas, para ganarse su confianza y suministrarles una sustancia desconocida que les generaba una somnolencia tal que perdían la conciencia. Entonces, el sacerdote aprovechaba “satisfacer sus deseos sexuales, y sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima”.

Se le condena por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, con la circunstancia que agrava la pena de abuso de confianza, y se le impone 12 años de prisión por cada uno de estos delitos, además del alejamiento de estas víctimas durante 13 años en cada caso. Asimismo, se le condena por otro delito continuado de abuso sexual, también con la agravante de abuso de confianza, en relación con una cuarta víctima, por el que se le impone cuatro años de cárcel y la prohibición de acercarse durante cinco años.

También se le condena por cuatro delitos de continuados de descubrimiento y revelación de secretos y se le impone por cada uno tres años de prisión. Igualmente, en relación con los anteriores delitos, se le impone libertad vigilada por un periodo de siete años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

El acusado deberá indemnizar a las víctimas por las secuelas psíquicas y morales, según la sentencia, que no es firme; en concreto en las cantidades de 94.442 euros, 101.191 euros, 106.594 euros y 100.902 euros, haciendo un total de 403.129 euros. Unas cantidades de las que subsidiariamente deberá responder el Obispado de Málaga. El primer día de juicio, los abogados del Obispado trataron de revertir todo lo actuado pidiendo a los jueces que declararan la nulidad para poder practicar diligencias que supuestamente lo exonerarían de toda responsabilidad y que, según decían, no habían podido practicar. Solo tres días antes, el Obispo José Antonio Satué había pedido perdón y prometido que el Obispado colaboraría con la indemnización incluso aunque no fuese condenado. Esto, unido a la escasa diligencia en formalizar el aval que le había requerido la Audiencia, indignó a las acusaciones.

Los magistrados concluyen que su condición de cura fue esencial para cometer sus delitos, que no se pueden “desvincular” de su condición religiosa, porque es lo que le servía para ganarse la confianza de las víctimas: “No podemos asumir tal y como pretende la Diócesis de Málaga, separar lo ocurrido de la condición sacerdotal del acusado, ni por lo tanto parcelar o delimitar en función de los actos o momentos del día o de los actos lúdicos o religiosos a los que acudía, cual era su condición o el traje personal o religioso con el que se comportaba”. Además, muchos de los delitos se cometieron en viviendas del Obispado.

La fiscal y las acusaciones ejercidas por las cuatro víctimas solicitaban 72 años de prisión y 300.000 euros de indemnización para cada una de ellas.

Las víctimas no sabían nada

La sentencia recoge la trayectoria del 'Padre Fran' desde que ingresó como interno en septiembre de 2013. En 2016 fue ordenado diácono, y un año después, presbítero. En 2017 comenzó a ejercer el sacerdocio. Primero en Álora, Ardales y Carratraca (Málaga) y desde 2021 en Melilla. En todos esos años entabló múltiples relaciones de amistad durante actividades religiosas de convivencia o en romerías. Fue en ese “círculo de feligresía” como conoció a sus víctimas, que participaban de viajes con él y que en ocasiones dormían en viviendas a las que él les invitaba, alguna privativa y otras del Obispado en Málaga, Ardales o Melilla.

La sentencia considera probado que, aprovechando esa confianza, las drogaba con una sustancia desconocida, pero que adquiría porque era consumidor habitual de drogas, y una vez dormidas, las colocaba en diversas posturas y les realizaba tocamientos vaginales y anales, en ocasiones penetrándolas con los dedos o el pene, sacando fotografías o vídeos. “Tan manifiesta es la pérdida de conciencia, la nula capacidad intelectiva o cognitiva de entender lo que les estaba ocurriendo, que necesariamente hemos de concluir que ese estado había sido necesariamente inducido por el propio acusado”, recoge la sentencia.

Ninguna supo nada hasta muchos años después. En 2023, la Policía las llamó después de haber accedido a cientos de fotografías y vídeos que documentaban esos abusos, grabados por el propio 'Padre Fran', que había clasificado los archivos en carpetas con el nombre de sus víctimas. El shock para ellas fue absoluto, porque no recordaban nada.

Los archivos los había entregado la exnovia del 'Padre Fran', que mantenía una relación secreta con él. Los descubrió por casualidad buscando series en un disco duro externo que guardaba en un cajón del mueble del salón de su casa de Melilla, cuando él estaba de visita en Málaga por la Navidad de 2022.

Sin quiebra de la cadena de custodia

Tras informarle a él de su descubrimiento, ponerlo en conocimiento de un compañero de 'Padre Fran' y del vicario e intentar sin éxito hablar con el Obispo de Málaga, la mujer acabó mostrando el material a un Inspector de la Policía Nacional en Melilla seis meses después, en junio de 2023. El Policía se llevó parte de esos archivos en un dispositivo USB, y dio cuenta a la unidad especializada, que intervino el dispositivo poco después. La operación 'Pájaro Espino', que llevó a la detención del párroco, se desarrolló dos meses después, en septiembre, fecha desde la que permanecía en prisión provisional. Para entonces, 'Padre Fran' había regresado a Álora, donde el Obispado le había asignado la parroquía después de sacarlo de Melilla.

Sobre el juicio que ahora recibe sentencia pesaban dos cuestiones clave: la primera, las dudas sobre la obtención y la posterior cadena de custodia de la principal prueba de cargo, que son las fotos y vídeos donde se ve a las víctimas, en algún vídeo la cara del sacerdote y su pene, identificado por los peritos. Esos archivos fueron copiados por su expareja, que aportó la copia a los investigadores. Peritos informáticos ratificaron que eran auténticos y confirmaron la fecha y la ubicación en que se habían registrado. Los jueces no tienen ninguna duda de la admisibilidad de la prueba y subrayan que ella accedía a la vivienda del cura, de la que tenía la llave, y que el disco duro no estaba oculto. Tampoco ven quiebra en la cadena de custodia hasta que llegó el material a poder de la Unidad especializada de la Policía, ni después, ni hay duda alguna de que el material no fue alterado. Resulta “grotesco”, dicen los jueces, que el acusado pretendiera reconocerse a sí mismo, pero no los hechos que protagoniza en alguno de los vídeos que se le mostró durante el juicio.

Otra cuestión que sobrevolaba el caso era el grado de conocimiento que tuvieron otros miembros de la Iglesia y, particularmente, el Obispo de Málaga entonces, Rafael Catalá, y si había indicios suficientes para acusar a alguien por encubrimiento. No se dio el caso, porque esa vía quedó cegada ya en fase de instrucción, porque la jueza no vio suficiente material. Un sacerdote, el vicario y una amiga escucharon el relato de la denunciante, pero ella nunca les mostró el material y ellos no la creyeron. Y el Obispo, que no llegó a recibir a la denunciante, reubicó al cura y lo mandó a un retiro espiritual, pero supuestamente por su relación de pareja, no por sus delitos.

Con todo, los magistrados critican la “inactividad” de la Iglesia ante lo que iba sabiendo: “Ya no sólo tenían conocimiento de lo inadecuado del comportamiento del acusado [en referencia a comportamientos impropios en despedidas de soltero], sino de la forma más específica de la existencia de una relación sentimental con la denunciante, y que ella refería cuanto menos de forma creíble haber visto videos o fotografías de contenido sexual”.

Los magistrados observan que la denunciante informó primero a la Iglesia, y bastante más tarde a la Policía, “de una forma un tanto incomprensible”, pues eran ellos quienes podían investigar los hechos, con “diligencia, rapidez y racionalidad”. “Quizás, la vinculación que la misma mantenía con la Iglesia, o la existencia de un conflicto personal en relación con sus sentimientos religiosos y/o afectivos empujaran a la misma a obrar en la forma indicada, que si bien ciertamente resulta difícilmente defendible”, señalan.

Los Mossos d'Esquadra han recibido una cuarta denuncia contra el productor de cine Xavier Atance, ya investigado después de que tres trabajadoras de su empresa le denunciaran por agresión sexual, según avanza El Periódico y han confirmado fuentes del cuerpo policial a la agencia ACN. Esta nueva denuncia se formalizó el pasado martes y los Mossos esperan recibir más, indican las mismas fuentes. Según El Periódico, hay otras tres mujeres que meditan denunciar al productor. Los Mossos detuvieron a Atance el pasado 10 de junio y la magistrada de la plaza 6 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barcelona decretó su libertad con medidas cautelares. La causa está abierta por los delitos de agresión sexual y acoso.

Tras la detención de principios de junio, la jueza emitió una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación con las víctimas, le retiró el pasaporte y le prohibió salir del territorio.

Atance había sido denunciado por tres trabajadoras de 24, 26 y 30 años, que habían relatado hechos ocurridos recientemente. Una de las denunciantes ha denunciado que el productor la violó en su domicilio cuando se encontraba en estado de semiinconciencia después de una noche de fiesta en la discoteca La Paloma.

Atance es responsable de la productora Benecé Produccions SL, empresa con una trayectoria de cerca de cuarenta años. Ha participado en la creación de películas como 'El cadáver de Anna Fritz' y 'Fènix 18-23', así como en documentales como 'Maragall y la luna' y 'El sueño de Sigena'. También ha trabajado en producciones para cadenas de televisión como 3Cat, RTVE y Betevé, además de colaborar con instituciones como el Ajuntament de Barcelona.

“Ninguna institución española sabe, ni de manera aproximada, cuántas sentencias se han dictado por los delitos sexuales más graves ni cuántas personas han sido juzgadas y condenadas por ello”.

Esta es la conclusión de una investigación de la Universitat de Girona (UdG) tras analizar las bases de datos sobre sentencias por estos tipos penales de las tres instituciones que los recogen: la Fiscalía General del Estado (FGE), el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS), dependiente del Ministerio de Justicia, y el Centro de Documentación del Poder Judicial (CENDOJ), que recopila resoluciones de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y el Tribunal Supremo.

El estudio, publicado en la Revista Española de Investigación Criminológica, revela las carencias a la hora de recopilar los datos, pese a que la última ley sobre delitos sexuales tenía un apartado específicamente dedicado a la necesidad de contar con encuestas y trabajos sobre “índices de condena y consecuencias” de la violencia sexual.

El catedrático de Derecho Penal y Criminología de la UdG, Daniel Varona, destaca que el objetivo del estudio no es criticar a las instituciones, sino que España se sitúe en la línea de los países europeos que mejor recogen las estadísticas de criminalidad.

La comparación de datos que Varona ha realizado junto a los profesores Steven Kemp y José María López Riba constata la disparidad entre las estadísticas de distintas instituciones, lo que, a juicio de los autores del estudio, implica que se infraestiman “de manera muy notable” las cifras penales para uno de los delitos de mayor relevancia. “Se recogen menos sentencias de las que realmente se dictan”, concluye Varona.

“En Inglaterra, las estadísticas del propio sistema judicial revelan que menos del 5% de las denuncias por violación terminan en condena, pero este porcentaje no podemos conocerlo oficialmente y con exactitud en España”, señala el catedrático.

ElDiario.es ha contactado con las tres instituciones comparadas en el estudio. El Ministerio de Justicia, del que depende el RCDS, ha indicado que no valora estudios académicos, mientras que la Fiscalía General sí ha admitido algunas dificultades en la recogida de datos.

Por su lado, el Poder Judicial explica que desde la entrada en vigor el año pasado de la nueva ley de organización judicial, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja.

En 2023, por ejemplo, la memoria anual de la Fiscalía reportó un total de 145 sentencias (59 por violación y 86 por abuso sexual); el Registro Central, apenas 82 entre ambos delitos; mientras que el CENDOJ alcanzó las 575 sentencias en España por delitos sexuales graves.

Cinco años antes ya había ocurrido algo parecido: la memoria de la FGE recopiló 105 sentencias por delitos sexuales graves, por 64 el RCDS y 214 el CENDOJ.

Incluso dentro del portal estadístico del Poder Judicial, que es la institución que más sentencias recoge, se han detectado déficits. Al poderse filtrar por Audiencias Provinciales, el estudio ha descubierto que Alicante, a pesar de ser la cuarta provincia más poblada de España, presenta en el CENDOJ cuatro veces menos sentencias de violación que la trigesimosexta, Navarra. Y Valencia, que es la tercera provincia en número de habitantes, registra la mitad de sentencias que la vigésima, Guipúzcoa.

Pese a que, en el conjunto de España, la Fiscalía registra menos sentencias que el Poder Judicial, en Alicante la proporción es inversa: en 2023, la memoria anual del Ministerio Público contabilizó siete sentencias en Alicante por delitos sexuales graves, por solo cinco del CENDOJ.

“Hay algunas Audiencias Provinciales que parece que son objetoras del CENDOJ”, advierte Varona, que no ve “manos negras” en estos déficits, sino “una cuestión mucho más pedestre” vinculada al funcionamiento ordinario de las oficinas judiciales.

Por ejemplo, Varona explica que en Catalunya la aplicación informática interna en la que se tramitan las sentencias no incluye su envío automático al CENDOJ, por lo que si el funcionario se olvida de activar la casilla que lo habilita, la resolución no llega a la base de datos central. “No es algo que requiera mucha inversión, simplemente se tendría que habilitar el envío por defecto en los programas informáticos”, expone.

Varona enfatiza que para solucionar los déficits detectados por el estudio en la recopilación de datos “es más necesaria una voluntad de cambio de las instituciones que grandes inversiones”. “Si todos ponemos un poco de nuestra parte, se puede mejorar”, agrega.

Es más, Varona lamenta que en España ninguna institución realice una encuesta nacional de victimización (de todos los delitos, no solo de los sexuales). Solo Barcelona tiene una buena encuesta de este tipo, resalta el experto, pero limitada al ámbito municipal. “Recoger mejor los datos con unas reglas comunes nos permitiría conocer la magnitud de los problemas”, asevera.

La respuesta de las instituciones

Además de no comentar estudios académicos, desde el Ministerio de Justicia han considerado que la información contenida en el Registro “se considera suficiente para los objetivos para los que fue creado”. Sí han dado más explicaciones la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde la Fiscalía General han admitido que la variedad de sistemas de gestión informática en función de las comunidades autónomas “dificulta la recopilación de información estadística”.

Como la estadística de las memorias refleja tanto datos propios de la actividad de las fiscalías provinciales como de los procedimientos judiciales, “con carácter general resulta más difícil para las distintas fiscalías el control de la calidad estadística del detalle de la información, como es el caso de las sentencias”, explican fuentes de la FGE.

Desde la Fiscalía General, indican las mismas fuentes, se comprueba toda la información que remiten las fiscalías provinciales para realizar la memoria. Sin embargo, la FGE reconoce que no dispone de medios técnicos propios para comprobar “la exactitud de los datos estadísticos que se recopilan”, debido a los distintos sistemas de gestión informática, tal y como viene manifestando la propia institución en sus memorias.

La FGE, recuerdan desde la institución, ha pedido al Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) en varias ocasiones mejoras en la extracción automática de la información de los sistemas para su memoria, así como la necesidad de un mayor detalle en el desglose en la información estadística relativa a los delitos. También considera que hay que unificar los sistemas informáticos disponibles o, al menos, que el tratamiento de la información estadística sea uniforme.

Por su lado, fuentes del CGPJ explican que el CENDOJ no tiene una finalidad estadística de recuento de sentencias, sino que está concebido como una base de datos de consulta. En consecuencia, añaden, es posible que no estén todas las sentencias.

Desde el Poder Judicial también recuerdan que, desde la última reforma legal, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, como las agresiones sexuales, la trata u otros tipos penales recomendados por el Convenio de Estambul. Ello permitirá “una estadística más pormenorizada”, defienden desde la institución. Los datos se están empezando a recoger y la estadística “tendrá que ir mejorando”, agregan.

La gala de la segunda edición de Land Insitu, organizada por la Escuela de Reporteros de Andalucía y celebrada el jueves por la tarde en Sevilla, estuvo marcada por la denuncia contra Gustavo Fuentes, el exCEO de ADM, la gran productora audiovisual de Canal Sur, por presuntos delitos de agresión y acoso sexual, y acoso laboral.

José Yélamo, presentador de LaSexta Xplica, dedicó su premio en reconocimiento a la trayectoria profesional a la “compañera que ha dado el paso y denunciado al agresor, y a todas las compañeras periodistas que no lo pueden hacer porque tienen miedo de perder su trabajo”. También Pilar Crespo dedicó el premio por la labor social de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), que preside, a “todas las compañeras que han sido víctimas de un sistema que las ha protegido mal o no las ha protegido en absoluto”.

Los dos galardonados, Yélamo y Crespo (en representación de AAMMA), coincidieron en homenajear a la denunciante de Fuentes, hasta esta semana un hombre clave en el sector audiovisual andaluz, y a las mujeres que sufren comportamientos machistas en entornos laborales, los denuncien o no.

Lo hicieron en una gala de LAND, el clúster audiovisual andaluz que presidía Fuentes hasta que hasta que elDiario.es publicó, el pasado martes, que está siendo investigado por un juez de violencia sobre la mujer tras la denuncia de una extrabajadora de ADM, la productora que dirigía. La mujer recoge en su denuncia tres episodios de presuntas agresiones sexuales cometidas en 2013, 2021 y 2023, y actitudes reveladoras de presunto acoso sexual y laboral.

La denuncia se acompaña de siete declaraciones juradas de testigos de estos hechos, y de 175 páginas de mensajes de WhatsApp que apuntalan los indicios del comportamiento de Fuentes. Los mensajes recogen propuestas de encuentros privados (“A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”); y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”, a los que ella respondía con evasivas y réplicas secas, según la denuncia.

Yélamo ha incidido en estos mensajes en su discurso. “Lo primero que quiero decir es que me he dado cuenta de que en estos veinte años he tenido mucha suerte. Por ejemplo, de no haber tenido que soportar a un jefe baboso que me hiciera comentarios desafortunados; de no haber tenido que recibir mensajes fuera de tono; de no haberme sentido observado, vejado, agredido en mis años de trabajo”, ha dicho: “En definitiva, he tenido suerte de ser un hombre”.

Igual que Yélamo, Pilar Crespo se ha acordado de las mujeres que por miedo no denuncian este tipo de situaciones, erigiéndose en “altavoz de todas las mujeres que han sido silenciadas”. Crespo ha expresado su apoyo “a todas las que rompen el silencio,” cuya “valentía nos interpela a todas”, y ha dedicado el premio “a todas las compañeras que han sido víctimas de un sistema que las ha protegido mal o no las ha protegido en absoluto”.

Otras cinco extrabajadoras de la productora pidieron amparo a CCOO por acoso sexual y laboral siete meses antes de la denuncia penal al CEO. El sindicato estudió el caso pero no pudo intervenir porque ya no estaban en la empresa y la única que seguía no estaba convencida de denunciar. “Intentamos convencerlas de que había que tirar para adelante, pero estaban paralizadas por el miedo”, aseguró a este medio el delegado sindical, Pedro Corrientes. “Existía un miedo generalizado a hablar por la repercusión que podía tener en tu carrera profesional. Una mala llamada de Gustavo hacía que no te llamen en otro sitio. Puedes denunciar pero puedes perder tu trabajo”, relató una de esas trabajadoras a elDiario.es.

“Cese temporal” en LAND

El acto, celebrado en presencia de la consejera de Empleo Pilar Blanco, ha tenido lugar en el marco del segundo encuentro de LAND Insitu, un encuentro que trata de poner en contacto laboral a jóvenes con empresas, productoras, medios de comunicación y entidades vinculadas al sector audiovisual y digital.

El encuentro está organizado por la Escuela de Reporteros de Andalucía con el patrocinio de la Diputación de Sevilla y la participación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, y toma nombre de LAND, el Clúster Audiovisual de Andalucía, referente del sector y motor de colaboración entre empresas, instituciones y profesionales.

Hasta este martes, LAND estaba presidida por Gustavo Fuentes, que era también director general de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), participada al 47% por una empresa pública de la Junta de Andalucía y responsable de Andalucía Directo, entre otros formatos.

Fuentes, que ya había anunciado su intención de abandonar la dirección de LAND hace un mes, coincidiendo con su imputación, informó el martes al Comité Ejecutivo de su decisión de “abstenerse temporalmente del ejercicio efectivo de las funciones de la Presidencia”, con el objetivo de “preservar el normal funcionamiento de la entidad”.

Si tienes información de este u otros casos similares, ponte en contacto con nosotros a través del correo confidencial pistas@eldiario.es.

El Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND) ha relevado en sus funciones a Gustavo Fuentes, su hasta ahora presidente, investigado por un juez de violencia de género por los presuntos delitos de agresión y acoso sexual cometidos contra una periodista de la productora de la que es CEO. En un comunicado, LAND señala que Fuentes ha informado de su decisión de “abstenerse temporalmente” del ejercicio de sus funciones como Presidente, que asumirán los vicepresidentes, hasta que los órganos de gobierno adopten “las decisiones que correspondan”.

Tal y como ha desvelado elDiario.es Andalucía este martes, Fuentes está citado a declarar el próximo 25 de junio como investigado en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla a raíz de una denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por presuntos delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

La denuncia relata tres episodios de presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2013, 2021 y 2023, así como situaciones de presunto acoso sexual y laboral. El documento, al que este medio ha tenido acceso, se acompaña de siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) y 175 páginas de mensajes de WhatsApp que corroboran la versión de la denunciante, que ha preferido permanecer en el anonimato.

El presidente de LAND y director general de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), responsable de Andalucía Directo, entre otros formatos, niega los hechos. “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, aseguró a este periódico cuando fue cuestionado por estas acusaciones.

Presidente de LAND desde 2023

Desde 2023, Gustavo Fuentes es el presidente LAND, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza. Fuentes ya había anunciado a la Junta Directiva su decisión de abandonar la presidencia hace un mes, sin explicar los motivos ni aludir al procedimiento judicial por el que ya por entonces se le investigaba. El próximo 12 de junio está prevista la celebración de una Asamblea General Extraordinaria, tras las que se convocará un proceso electoral para renovar los órganos de gobierno.

LAND explica que ha sido Fuentes quien ha informado al Comité Ejecutivo de su decisión de “abstenerse temporalmente del ejercicio efectivo de las funciones de la Presidencia”, con el objetivo de “preservar el normal funcionamiento de la entidad”.

En su comunicado, LAND dice respetar las actuaciones judiciales y el principio de presunción de inocencia, al tiempo que reitera su “compromiso de tolerancia cero” frente a cualquier conducta que “pudiera resultar contraria a los derechos fundamentales de las personas, especialmente en materia de igualdad, acoso o violencia”. También subraya su compromiso con el mantenimiento de entornos profesionales seguros, respetuosos e inclusivos.

La oposición al Gobierno de Moreno ha solicitado esta mañana explicaciones tanto a la Junta de Andalucía como a Canal Sur. María Jesús Montero ha pedido la comparecencia en el Parlamento andaluz de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, y de Juande Mellado, director general de la RTVA. La portavoz socialista ha acusado a algunos responsables de “ocultar” las denuncias: “Es fundamental saber desde cuándo conoce la Junta de Andalucía y Canal Sur estas denuncias que son tan graves”. “Queremos saber por qué lo han ocultado, por qué no han dado ningún tipo de indicación, por qué esta persona ha sido responsable del clúster audiovisual de Andalucía y ha dejado su cargo hace escasamente unos días”, ha añadido.

“El PP tiene que dar explicaciones. ¿Hizo algo la Junta para proteger a las trabajadoras? ¿Qué mecanismos y protocolos existían? ¿Por qué no han funcionado?”, se ha preguntado Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, en un mensaje en X. En la misma red, el portavoz de Adelante Andalucía ha calificado la información de “barbaridad impresentable”.

Los partidos de la oposición de izquierdas en Andalucía han pedido explicaciones al Gobierno de Moreno, ahora en funciones, por las presuntas agresiones y acoso sexual a una periodista cometidas por Gustavo Fuentes, director general de la principal productora de Canal Sur, responsable entre otros programas de Andalucía Directo, buque insignia de la cadena. El PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía quieren saber qué hicieron la Junta de Andalucía y Canal Sur para proteger a las trabajadoras de la empresa.

Fuentes está citado a declarar el próximo 25 de junio como investigado en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla a raíz de una denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por presuntos delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

Fuentes es director general de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), empresa público-privada en la que el Gobierno andaluz es el accionista mayoritario a través de la empresa pública Sandetel (47,81%). Desde 2023, Gustavo Fuentes también es el presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza. Hace un mes el directivo anunció por sorpresa a la Junta Directiva de LAND su decisión de abandonar la presidencia del clúster, sin aludir al procedimiento judicial en el que estaba envuelto.

Fuentes asegura que se trata de una “denuncia falsa” y niega los hechos: “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, ha asegurado a este periódico. El CEO de ADM ha explicado que informó de la imputación al Consejo de Administración de ADM, presidido por Sergio Gómez Rojas, director gerente de Sandetel (Junta de Andalucía), el director económico financiero de RTVA y otro directivo de Canal Sur Media. Hasta el momento, ni la Consejería de Presidencia (de la que depende Canal Sur) ni la de Igualdad han valorado la información desvelada este martes por elDiario.es.

“Es fundamental saber desde cuándo conoce la Junta”

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, ha exigido a Canal Sur y al Gobierno en funciones que expliquen desde cuándo conocían las denuncias. Montero ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia en el Parlamento Andaluz de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, y de Juande Mellado, director general de RTVA, advirtiendo de que “parece” que en los próximos días se conocerán denuncias de otras mujeres contra la misma persona. Además, la secretaria de Igualdad Olga Manzano ha exigido el cese de Fuentes como CEO de ADM.

Montero ha calificado de “gravísimo” el contenido de la información desvelada este martes por elDiario.es Andalucía, y ha sugerido que las denuncias contra Fuentes se conocían por algunos responsables “desde hace tiempo”: “Es fundamental saber desde cuándo conoce la Junta de Andalucía y Canal Sur estas denuncias que son tan graves”. En la misma línea, la diputada Rosa Rodríguez (Por Andalucía) ha denunciado la “pasividad” de la RTVA y del Gobierno andaluz.

“Queremos saber por qué lo han ocultado, por qué no han dado ningún tipo de indicación, por qué esta persona ha sido responsable del clúster audiovisual de Andalucía y ha dejado su cargo hace escasamente unos días, probablemente cuando un medio preguntó sobre este tema, no antes que se conocían estas presuntas denuncias”, ha señalado Montero, quien quiere saber si ha habido alguna investigación interna sobre el asunto.

“El PP tiene que dar explicaciones. ¿Hizo algo la Junta para proteger a las trabajadoras? ¿Qué mecanismos y protocolos existían? ¿Por qué no han funcionado?”, se ha preguntado Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, en un mensaje en X. En la misma red, el portavoz de Adelante Andalucía ha calificado la información de “barbaridad impresentable”.

Tres supuestas agresiones y mensajes de Whatsapp

La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, es prolija en detalles y viene acompañada de siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) que corroboran la versión de la denunciante y aportan testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

En ella se da cuenta de tres agresiones sexuales presuntamente ocurridas en 2013, 2021 y 2023, además de otros episodios de supuesto acoso sexual contenidos en decenas de mensajes de Whatsapp dirigidos por el denunciado a la denunciante, que ha preferido preservar el anonimato. “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”, le decía en esos mensajes, enviados a horas intempestivas, y que ella contestaba con evasivas y respuestas secas, según la denuncia.

El magistrado escuchará a Fuentes el próxmo 25 de junio, mismo día en el que están citados dos testigos propuestos por la denunciante: una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Además, el juez ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

Las autoridades italianas investigan una presunta agresión sexual en grupo a una estudiante universitaria española que se encontraba de intercambio Erasmus en Milán (norte de Italia), según informaron este lunes los medios locales.

La agresión ocurrió presuntamente durante la noche del pasado 22 al 23 de mayo, después de que la joven pasara una noche de fiesta en una discoteca de la periferia milanesa y fue atacada por un grupo de cuatro o cinco individuos.

Según las mismas fuentes, los presuntos agresores son un grupo de cuatro o cinco hombres que abordaron a la joven fuera del local y, posteriormente, la agredieron también en el interior de un automóvil al que la forzaron a subir.

Tras sufrir el ataque, la estudiante, acompañada por una amiga, se trasladó a un hospital de la ciudad donde los exámenes médicos pertinentes confirmaron la existencia de los abusos sexuales.

Posteriormente, la joven acudió a la policía para interponer una denuncia y explicar lo sucedido.

La Fiscalía de Milán y la Policía italiana han abierto una investigación y centran actualmente sus esfuerzos en identificar a los presuntos autores del delito.

La Policia Nacional ha detingut dos homes acusats d'agredir sexualment una dona que es trobava de vacances a Mallorca i que va aconseguir escapar del vehicle en el qual presumptament van ocórrer els fets per demanar auxili en un habitatge proper. L'autoritat judicial ha decretat l'ingrés provisional a la presó d'ambdós detinguts.

L'agressió es va produir la nit del passat 1 de maig a la localitat de Manacor. D'acord amb la informació proporcionada per la Policia, la víctima va entrar tota sola en un bar del municipi i va començar a conversar amb un home que es va apropar a la seva taula. Poc després s'hi va incorporar un segon individu, conegut del primer, i els tres van continuar prenent begudes junts.

La dona va relatar posteriorment que va començar a trobar-se malament després d'aixecar-se per anar al bany i tornar a la taula, on havia deixat la seva consumició. Segons la seva denúncia, va començar a patir símptomes que no es corresponien amb el consum normal de begudes alcohòliques. La Policia destaca que ambdós individus, just abans d'aixecar-se de la taula per abandonar el local, van insistir a la víctima perquè s'acabàs la consumició.

La víctima va explicar als investigadors que la seva intenció era demanar un taxi per tornar al seu hotel a causa del malestar que sentia. No obstant això, els dos homes es van oferir a acompanyar-la en cotxe, indicant que tenien el vehicle allà mateix.

A partir d'aquell moment, la dona va assegurar recordar únicament “flashes” del que havia succeït: segons va relatar, recordava haver pujat al cotxe i que es van aturar en un descampat, en una zona fosca i sense edificis. Pel que sembla, ambdós homes haurien aprofitat la situació en què es trobava per agredir-la sexualment a la part posterior del vehicle.

En un moment donat, la víctima va poder sortir corrents del vehicle, va creuar una carretera i va demanar auxili a la primera casa que va trobar. Els habitants de l'habitatge van alertar immediatament la Policia Nacional en veure l'estat en què es trobava la dona.

Un cop al lloc dels fets, els agents van traslladar la víctima a un centre hospitalari per activar el protocol d'atenció a víctimes d'agressió sexual i, posteriorment, la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) es va fer càrrec de la investigació.

Gràcies a la informació aportada per la denunciant, els investigadors van aconseguir identificar i localitzar els dos sospitosos en poc temps. La Policia també va intervenir el vehicle en què suposadament van ocórrer els fets per realitzar-hi una inspecció tecnicopolicial.

A més, durant la detenció d'un dels arrestats, els agents van trobar una caixa d'un medicament, un element que ara forma part de la investigació oberta sobre una possible submissió química. Els dos homes van ser posats a disposició judicial dilluns passat i el jutjat va decretar el seu ingrés provisional a presó.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer que se encontraba de vacaciones en Mallorca y que logró escapar del vehículo en el que presuntamente ocurrieron los hechos para pedir auxilio en una vivienda cercana. La autoridad judicial ha decretado el ingreso provisional en prisión de ambos detenidos.

La agresión se produjo la noche del pasado 1 de mayo en la localidad de Manacor. De acuerdo a la información proporcionada por la Policía, la víctima entró sola en un bar del municipio y comenzó a conversar con un hombre que se acercó a su mesa. Poco después se incorporó un segundo individuo, conocido del primero, y los tres continuaron tomando bebidas juntos.

La mujer relató posteriormente que empezó a encontrarse mal después de levantarse para ir al baño y regresar a la mesa, donde había dejado su consumición. Según su denuncia, comenzó a sufrir síntomas que no se correspondían con el consumo normal de bebidas alcohólicas. La Policía destaca que ambos individuos, justo antes de levantarse de la mesa para abandonar el local, insistieron a la víctima en que se terminase la consumición.

La víctima explicó a los investigadores que su intención era pedir un taxi para regresar a su hotel debido al malestar que sentía. Sin embargo, los dos hombres se ofrecieron a acompañarla en coche, indicando que tenían su coche allí mismo.

A partir de ese momento, la mujer aseguró recordar únicamente “flashes” de lo sucedido: según relató, recordó haber ido en el coche y que se pararon en un descampado en una zona oscura y sin edificios. Al parecer, ambos varones habrían aprovechado la situación en la que se encontraba para agredirla sexualmente en la parte trasera del vehículo.

En un momento dado, la víctima pudo salir a la carrera del vehículo, cruzó una carretera y pidió auxilio en la primera casa que encontró. Los moradores alertaron inmediatamente a la Policía Nacional al ver el estado en el que se encontraba la mujer.

Una vez allí, los agentes trasladaron a la víctima a un centro hospitalario para activar el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual y posteriormente la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación.

Gracias a la información aportada por la denunciante, los investigadores lograron identificar y localizar a los dos sospechosos en poco tiempo. La Policía también intervino el vehículo en el que supuestamente ocurrieron los hechos para realizar una inspección técnico-policial.

Además, durante la detención de uno de los arrestados, los agentes encontraron una caja de un medicamento, un elemento que ahora forma parte de la investigación abierta sobre una posible sumisión química. Los dos hombres fueron puestos a disposición judicial el pasado lunes y el juzgado decretó su ingreso provisional en prisión.