La empleada del RCD Espanyol que denunció al futbolista Álvaro Aguado por agredirla sexualmente durante la fiesta de ascenso a Primera División del club en 2024 ha solicitado 10 años y medio de cárcel para el jugador.

Así consta en el escrito de acusación de la trabajadora, al que ha tenido acceso elDiario.es. Además de la pena de cárcel, la empleada pide que el jugador no se le pueda acercar a menos de 1.000 metros durante los diez años siguientes al tiempo de la condena así como una indemnización de 64.000 euros por daños morales y 19.000 por las secuelas y gastos psicológicos que le ha comportado el caso.

La petición de la abogada de la denunciante, Sònia Ricondo, es ligeramente superior a la de la Fiscalía, que reclamó nueve años de cárcel para Aguado y una indemnización de 65.000 euros.

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del club organizó una fiesta privada para celebrar el ascenso del Espanyol en la discoteca Opium de Barcelona. Al evento asistieron la denunciante y Aguado, que a día de hoy se encuentra sin equipo. La empleada presentó la denuncia unos meses más tarde, lo que ha impedido recoger las grabaciones del local.

En su escrito, la denunciante expone que Aguado se acercó a ella y “empezó a realizar tocamientos” no consentidos en su cuerpo, aprovechando que la sala estaba llena de gente bailando y en un contexto festivo. Ante la insistencia del jugador, agrega la acusación particular, la empleada rechazó los tocamientos y le advirtió: “No te pases ni un pelo que trabajo en el club”.

Unos minutos después, Aguado, según el escrito de acusación, cogió de la mano a la víctima, que se encontraba mareada por la ingesta de bebidas alcohólicas, y se la llevó de la sala de baile.

Un empleado de la discoteca les vio en la escalera del párquing, y les impidió el paso, con lo que el futbolista llevó a la denunciante a los baños masculinos. Allí, expone la acusación, el futbolista agredió sexualmente a la trabajadora del club, que se encontraba “en estado de shock” y “dolorida” y le pidió que parara y que no quería mantener relaciones sexuales.

Tras agredirla sexualmente, agrega la acusación particular, Aguada se vistió y le dijo a la denunciante “tú no me conoces y yo a ti tampoco, ¿vale?”. También preguntó “¿quién sale del baño primero?”, y procedió a abandonarlo.

La discoteca Opium no activó los protocolos previstos ante posibles agresiones sexuales ocurridas en el establecimiento, dado que la denunciante no comunicó lo sucedido al personal del local esa misma noche.

Cuando el caso se hizo público, el Espanyol tampoco activó ningún protocolo. La letrada Ricondo ha solicitado que en la vista comparezca como testigo el responsable del órgano de cumplimiento del club para que se ratifique en un informe que presentó a la jueza en el que justificaba la actuación de la entidad.

En su declaración como investigado, Aguado alegó que las relaciones fueron consentidas. Recientemente, en un vídeo colgado en su Instagram, el jugador expresó que quería que llegara ya el juicio, pues, en su opinión, permitirá “saber la verdad y quién es realmente la víctima”.

Según destacó la magistrada en su auto de procesamiento, la víctima “se ha mostrado sincera al relatar los hechos vividos”, pese a tener flashes de lo ocurrido durante la noche y admitir tener “recuerdos puntuales”, tal y como ocurre a veces con las denunciantes de delitos sexuales. En este caso, la denunciante todavía sufre consecuencias psicológicas de los hechos como insomnio o pesadillas.

La declaración de la denunciante, agregó la magistrada, “ha sido corroborada parcialmente por testigos”, al menos en cuanto a los momentos posteriores y anteriores a lo ocurrido en el baño. Destacó la jueza la existencia de whatsapps inmediatamente posteriores a los hechos que reflejan el “estado anímico” de la denunciante.

La Audiencia de Málaga ha condenado a 52 años de cárcel al sacerdote F.J.C.V.. 'padre Fran', al considerar probado que agredió sexualmente a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas para dejarlas inconscientes, y que también las grabó en ese estado. Además, se le impone que indemnice a cada una de las cuatro víctimas con distintas cantidades, de las cuales deberá responder subsidiariamente el Obispado de Málaga. la sentencia no es firme y puede ser recurrida.

En la sentencia, adelantada por Europa Press y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la Sala considera probado, tal y como señalaron la Fiscalía y las acusaciones particulares, que el acusado aprovechó “situaciones de amistad” con las víctimas, a las que había conocido en actividades religiosas, para ganarse su confianza y suministrarles una sustancia desconocida que les generaba una somnolencia tal que perdían la conciencia. Entonces, el sacerdote aprovechaba “satisfacer sus deseos sexuales, y sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima”.

Se le condena por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, con la circunstancia que agrava la pena de abuso de confianza, y se le impone 12 años de prisión por cada uno de estos delitos, además del alejamiento de estas víctimas durante 13 años en cada caso. Asimismo, se le condena por otro delito continuado de abuso sexual, también con la agravante de abuso de confianza, en relación con una cuarta víctima, por el que se le impone cuatro años de cárcel y la prohibición de acercarse durante cinco años.

También se le condena por cuatro delitos de continuados de descubrimiento y revelación de secretos y se le impone por cada uno tres años de prisión. Igualmente, en relación con los anteriores delitos, se le impone libertad vigilada por un periodo de siete años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

El acusado deberá indemnizar a las víctimas por las secuelas psíquicas y morales, según la sentencia, que no es firme; en concreto en las cantidades de 94.442 euros, 101.191 euros, 106.594 euros y 100.902 euros, haciendo un total de 403.129 euros. Unas cantidades de las que subsidiariamente deberá responder el Obispado de Málaga. El primer día de juicio, los abogados del Obispado trataron de revertir todo lo actuado pidiendo a los jueces que declararan la nulidad para poder practicar diligencias que supuestamente lo exonerarían de toda responsabilidad y que, según decían, no habían podido practicar. Solo tres días antes, el Obispo José Antonio Satué había pedido perdón y prometido que el Obispado colaboraría con la indemnización incluso aunque no fuese condenado. Esto, unido a la escasa diligencia en formalizar el aval que le había requerido la Audiencia, indignó a las acusaciones.

Los magistrados concluyen que su condición de cura fue esencial para cometer sus delitos, que no se pueden “desvincular” de su condición religiosa, porque es lo que le servía para ganarse la confianza de las víctimas: “No podemos asumir tal y como pretende la Diócesis de Málaga, separar lo ocurrido de la condición sacerdotal del acusado, ni por lo tanto parcelar o delimitar en función de los actos o momentos del día o de los actos lúdicos o religiosos a los que acudía, cual era su condición o el traje personal o religioso con el que se comportaba”. Además, muchos de los delitos se cometieron en viviendas del Obispado.

La fiscal y las acusaciones ejercidas por las cuatro víctimas solicitaban 72 años de prisión y 300.000 euros de indemnización para cada una de ellas.

Las víctimas no sabían nada

La sentencia recoge la trayectoria del 'Padre Fran' desde que ingresó como interno en septiembre de 2013. En 2016 fue ordenado diácono, y un año después, presbítero. En 2017 comenzó a ejercer el sacerdocio. Primero en Álora, Ardales y Carratraca (Málaga) y desde 2021 en Melilla. En todos esos años entabló múltiples relaciones de amistad durante actividades religiosas de convivencia o en romerías. Fue en ese “círculo de feligresía” como conoció a sus víctimas, que participaban de viajes con él y que en ocasiones dormían en viviendas a las que él les invitaba, alguna privativa y otras del Obispado en Málaga, Ardales o Melilla.

La sentencia considera probado que, aprovechando esa confianza, las drogaba con una sustancia desconocida, pero que adquiría porque era consumidor habitual de drogas, y una vez dormidas, las colocaba en diversas posturas y les realizaba tocamientos vaginales y anales, en ocasiones penetrándolas con los dedos o el pene, sacando fotografías o vídeos. “Tan manifiesta es la pérdida de conciencia, la nula capacidad intelectiva o cognitiva de entender lo que les estaba ocurriendo, que necesariamente hemos de concluir que ese estado había sido necesariamente inducido por el propio acusado”, recoge la sentencia.

Ninguna supo nada hasta muchos años después. En 2023, la Policía las llamó después de haber accedido a cientos de fotografías y vídeos que documentaban esos abusos, grabados por el propio 'Padre Fran', que había clasificado los archivos en carpetas con el nombre de sus víctimas. El shock para ellas fue absoluto, porque no recordaban nada.

Los archivos los había entregado la exnovia del 'Padre Fran', que mantenía una relación secreta con él. Los descubrió por casualidad buscando series en un disco duro externo que guardaba en un cajón del mueble del salón de su casa de Melilla, cuando él estaba de visita en Málaga por la Navidad de 2022.

Sin quiebra de la cadena de custodia

Tras informarle a él de su descubrimiento, ponerlo en conocimiento de un compañero de 'Padre Fran' y del vicario e intentar sin éxito hablar con el Obispo de Málaga, la mujer acabó mostrando el material a un Inspector de la Policía Nacional en Melilla seis meses después, en junio de 2023. El Policía se llevó parte de esos archivos en un dispositivo USB, y dio cuenta a la unidad especializada, que intervino el dispositivo poco después. La operación 'Pájaro Espino', que llevó a la detención del párroco, se desarrolló dos meses después, en septiembre, fecha desde la que permanecía en prisión provisional. Para entonces, 'Padre Fran' había regresado a Álora, donde el Obispado le había asignado la parroquía después de sacarlo de Melilla.

Sobre el juicio que ahora recibe sentencia pesaban dos cuestiones clave: la primera, las dudas sobre la obtención y la posterior cadena de custodia de la principal prueba de cargo, que son las fotos y vídeos donde se ve a las víctimas, en algún vídeo la cara del sacerdote y su pene, identificado por los peritos. Esos archivos fueron copiados por su expareja, que aportó la copia a los investigadores. Peritos informáticos ratificaron que eran auténticos y confirmaron la fecha y la ubicación en que se habían registrado. Los jueces no tienen ninguna duda de la admisibilidad de la prueba y subrayan que ella accedía a la vivienda del cura, de la que tenía la llave, y que el disco duro no estaba oculto. Tampoco ven quiebra en la cadena de custodia hasta que llegó el material a poder de la Unidad especializada de la Policía, ni después, ni hay duda alguna de que el material no fue alterado. Resulta “grotesco”, dicen los jueces, que el acusado pretendiera reconocerse a sí mismo, pero no los hechos que protagoniza en alguno de los vídeos que se le mostró durante el juicio.

Otra cuestión que sobrevolaba el caso era el grado de conocimiento que tuvieron otros miembros de la Iglesia y, particularmente, el Obispo de Málaga entonces, Rafael Catalá, y si había indicios suficientes para acusar a alguien por encubrimiento. No se dio el caso, porque esa vía quedó cegada ya en fase de instrucción, porque la jueza no vio suficiente material. Un sacerdote, el vicario y una amiga escucharon el relato de la denunciante, pero ella nunca les mostró el material y ellos no la creyeron. Y el Obispo, que no llegó a recibir a la denunciante, reubicó al cura y lo mandó a un retiro espiritual, pero supuestamente por su relación de pareja, no por sus delitos.

Con todo, los magistrados critican la “inactividad” de la Iglesia ante lo que iba sabiendo: “Ya no sólo tenían conocimiento de lo inadecuado del comportamiento del acusado [en referencia a comportamientos impropios en despedidas de soltero], sino de la forma más específica de la existencia de una relación sentimental con la denunciante, y que ella refería cuanto menos de forma creíble haber visto videos o fotografías de contenido sexual”.

Los magistrados observan que la denunciante informó primero a la Iglesia, y bastante más tarde a la Policía, “de una forma un tanto incomprensible”, pues eran ellos quienes podían investigar los hechos, con “diligencia, rapidez y racionalidad”. “Quizás, la vinculación que la misma mantenía con la Iglesia, o la existencia de un conflicto personal en relación con sus sentimientos religiosos y/o afectivos empujaran a la misma a obrar en la forma indicada, que si bien ciertamente resulta difícilmente defendible”, señalan.

Los Mossos d'Esquadra han recibido una cuarta denuncia contra el productor de cine Xavier Atance, ya investigado después de que tres trabajadoras de su empresa le denunciaran por agresión sexual, según avanza El Periódico y han confirmado fuentes del cuerpo policial a la agencia ACN. Esta nueva denuncia se formalizó el pasado martes y los Mossos esperan recibir más, indican las mismas fuentes. Según El Periódico, hay otras tres mujeres que meditan denunciar al productor. Los Mossos detuvieron a Atance el pasado 10 de junio y la magistrada de la plaza 6 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barcelona decretó su libertad con medidas cautelares. La causa está abierta por los delitos de agresión sexual y acoso.

Tras la detención de principios de junio, la jueza emitió una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación con las víctimas, le retiró el pasaporte y le prohibió salir del territorio.

Atance había sido denunciado por tres trabajadoras de 24, 26 y 30 años, que habían relatado hechos ocurridos recientemente. Una de las denunciantes ha denunciado que el productor la violó en su domicilio cuando se encontraba en estado de semiinconciencia después de una noche de fiesta en la discoteca La Paloma.

Atance es responsable de la productora Benecé Produccions SL, empresa con una trayectoria de cerca de cuarenta años. Ha participado en la creación de películas como 'El cadáver de Anna Fritz' y 'Fènix 18-23', así como en documentales como 'Maragall y la luna' y 'El sueño de Sigena'. También ha trabajado en producciones para cadenas de televisión como 3Cat, RTVE y Betevé, además de colaborar con instituciones como el Ajuntament de Barcelona.

“Ninguna institución española sabe, ni de manera aproximada, cuántas sentencias se han dictado por los delitos sexuales más graves ni cuántas personas han sido juzgadas y condenadas por ello”.

Esta es la conclusión de una investigación de la Universitat de Girona (UdG) tras analizar las bases de datos sobre sentencias por estos tipos penales de las tres instituciones que los recogen: la Fiscalía General del Estado (FGE), el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS), dependiente del Ministerio de Justicia, y el Centro de Documentación del Poder Judicial (CENDOJ), que recopila resoluciones de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y el Tribunal Supremo.

El estudio, publicado en la Revista Española de Investigación Criminológica, revela las carencias a la hora de recopilar los datos, pese a que la última ley sobre delitos sexuales tenía un apartado específicamente dedicado a la necesidad de contar con encuestas y trabajos sobre “índices de condena y consecuencias” de la violencia sexual.

El catedrático de Derecho Penal y Criminología de la UdG, Daniel Varona, destaca que el objetivo del estudio no es criticar a las instituciones, sino que España se sitúe en la línea de los países europeos que mejor recogen las estadísticas de criminalidad.

La comparación de datos que Varona ha realizado junto a los profesores Steven Kemp y José María López Riba constata la disparidad entre las estadísticas de distintas instituciones, lo que, a juicio de los autores del estudio, implica que se infraestiman “de manera muy notable” las cifras penales para uno de los delitos de mayor relevancia. “Se recogen menos sentencias de las que realmente se dictan”, concluye Varona.

“En Inglaterra, las estadísticas del propio sistema judicial revelan que menos del 5% de las denuncias por violación terminan en condena, pero este porcentaje no podemos conocerlo oficialmente y con exactitud en España”, señala el catedrático.

ElDiario.es ha contactado con las tres instituciones comparadas en el estudio. El Ministerio de Justicia, del que depende el RCDS, ha indicado que no valora estudios académicos, mientras que la Fiscalía General sí ha admitido algunas dificultades en la recogida de datos.

Por su lado, el Poder Judicial explica que desde la entrada en vigor el año pasado de la nueva ley de organización judicial, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja.

En 2023, por ejemplo, la memoria anual de la Fiscalía reportó un total de 145 sentencias (59 por violación y 86 por abuso sexual); el Registro Central, apenas 82 entre ambos delitos; mientras que el CENDOJ alcanzó las 575 sentencias en España por delitos sexuales graves.

Cinco años antes ya había ocurrido algo parecido: la memoria de la FGE recopiló 105 sentencias por delitos sexuales graves, por 64 el RCDS y 214 el CENDOJ.

Incluso dentro del portal estadístico del Poder Judicial, que es la institución que más sentencias recoge, se han detectado déficits. Al poderse filtrar por Audiencias Provinciales, el estudio ha descubierto que Alicante, a pesar de ser la cuarta provincia más poblada de España, presenta en el CENDOJ cuatro veces menos sentencias de violación que la trigesimosexta, Navarra. Y Valencia, que es la tercera provincia en número de habitantes, registra la mitad de sentencias que la vigésima, Guipúzcoa.

Pese a que, en el conjunto de España, la Fiscalía registra menos sentencias que el Poder Judicial, en Alicante la proporción es inversa: en 2023, la memoria anual del Ministerio Público contabilizó siete sentencias en Alicante por delitos sexuales graves, por solo cinco del CENDOJ.

“Hay algunas Audiencias Provinciales que parece que son objetoras del CENDOJ”, advierte Varona, que no ve “manos negras” en estos déficits, sino “una cuestión mucho más pedestre” vinculada al funcionamiento ordinario de las oficinas judiciales.

Por ejemplo, Varona explica que en Catalunya la aplicación informática interna en la que se tramitan las sentencias no incluye su envío automático al CENDOJ, por lo que si el funcionario se olvida de activar la casilla que lo habilita, la resolución no llega a la base de datos central. “No es algo que requiera mucha inversión, simplemente se tendría que habilitar el envío por defecto en los programas informáticos”, expone.

Varona enfatiza que para solucionar los déficits detectados por el estudio en la recopilación de datos “es más necesaria una voluntad de cambio de las instituciones que grandes inversiones”. “Si todos ponemos un poco de nuestra parte, se puede mejorar”, agrega.

Es más, Varona lamenta que en España ninguna institución realice una encuesta nacional de victimización (de todos los delitos, no solo de los sexuales). Solo Barcelona tiene una buena encuesta de este tipo, resalta el experto, pero limitada al ámbito municipal. “Recoger mejor los datos con unas reglas comunes nos permitiría conocer la magnitud de los problemas”, asevera.

La respuesta de las instituciones

Además de no comentar estudios académicos, desde el Ministerio de Justicia han considerado que la información contenida en el Registro “se considera suficiente para los objetivos para los que fue creado”. Sí han dado más explicaciones la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde la Fiscalía General han admitido que la variedad de sistemas de gestión informática en función de las comunidades autónomas “dificulta la recopilación de información estadística”.

Como la estadística de las memorias refleja tanto datos propios de la actividad de las fiscalías provinciales como de los procedimientos judiciales, “con carácter general resulta más difícil para las distintas fiscalías el control de la calidad estadística del detalle de la información, como es el caso de las sentencias”, explican fuentes de la FGE.

Desde la Fiscalía General, indican las mismas fuentes, se comprueba toda la información que remiten las fiscalías provinciales para realizar la memoria. Sin embargo, la FGE reconoce que no dispone de medios técnicos propios para comprobar “la exactitud de los datos estadísticos que se recopilan”, debido a los distintos sistemas de gestión informática, tal y como viene manifestando la propia institución en sus memorias.

La FGE, recuerdan desde la institución, ha pedido al Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) en varias ocasiones mejoras en la extracción automática de la información de los sistemas para su memoria, así como la necesidad de un mayor detalle en el desglose en la información estadística relativa a los delitos. También considera que hay que unificar los sistemas informáticos disponibles o, al menos, que el tratamiento de la información estadística sea uniforme.

Por su lado, fuentes del CGPJ explican que el CENDOJ no tiene una finalidad estadística de recuento de sentencias, sino que está concebido como una base de datos de consulta. En consecuencia, añaden, es posible que no estén todas las sentencias.

Desde el Poder Judicial también recuerdan que, desde la última reforma legal, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, como las agresiones sexuales, la trata u otros tipos penales recomendados por el Convenio de Estambul. Ello permitirá “una estadística más pormenorizada”, defienden desde la institución. Los datos se están empezando a recoger y la estadística “tendrá que ir mejorando”, agregan.

La gala de la segunda edición de Land Insitu, organizada por la Escuela de Reporteros de Andalucía y celebrada el jueves por la tarde en Sevilla, estuvo marcada por la denuncia contra Gustavo Fuentes, el exCEO de ADM, la gran productora audiovisual de Canal Sur, por presuntos delitos de agresión y acoso sexual, y acoso laboral.

José Yélamo, presentador de LaSexta Xplica, dedicó su premio en reconocimiento a la trayectoria profesional a la “compañera que ha dado el paso y denunciado al agresor, y a todas las compañeras periodistas que no lo pueden hacer porque tienen miedo de perder su trabajo”. También Pilar Crespo dedicó el premio por la labor social de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), que preside, a “todas las compañeras que han sido víctimas de un sistema que las ha protegido mal o no las ha protegido en absoluto”.

Los dos galardonados, Yélamo y Crespo (en representación de AAMMA), coincidieron en homenajear a la denunciante de Fuentes, hasta esta semana un hombre clave en el sector audiovisual andaluz, y a las mujeres que sufren comportamientos machistas en entornos laborales, los denuncien o no.

Lo hicieron en una gala de LAND, el clúster audiovisual andaluz que presidía Fuentes hasta que hasta que elDiario.es publicó, el pasado martes, que está siendo investigado por un juez de violencia sobre la mujer tras la denuncia de una extrabajadora de ADM, la productora que dirigía. La mujer recoge en su denuncia tres episodios de presuntas agresiones sexuales cometidas en 2013, 2021 y 2023, y actitudes reveladoras de presunto acoso sexual y laboral.

La denuncia se acompaña de siete declaraciones juradas de testigos de estos hechos, y de 175 páginas de mensajes de WhatsApp que apuntalan los indicios del comportamiento de Fuentes. Los mensajes recogen propuestas de encuentros privados (“A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”); y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”, a los que ella respondía con evasivas y réplicas secas, según la denuncia.

Yélamo ha incidido en estos mensajes en su discurso. “Lo primero que quiero decir es que me he dado cuenta de que en estos veinte años he tenido mucha suerte. Por ejemplo, de no haber tenido que soportar a un jefe baboso que me hiciera comentarios desafortunados; de no haber tenido que recibir mensajes fuera de tono; de no haberme sentido observado, vejado, agredido en mis años de trabajo”, ha dicho: “En definitiva, he tenido suerte de ser un hombre”.

Igual que Yélamo, Pilar Crespo se ha acordado de las mujeres que por miedo no denuncian este tipo de situaciones, erigiéndose en “altavoz de todas las mujeres que han sido silenciadas”. Crespo ha expresado su apoyo “a todas las que rompen el silencio,” cuya “valentía nos interpela a todas”, y ha dedicado el premio “a todas las compañeras que han sido víctimas de un sistema que las ha protegido mal o no las ha protegido en absoluto”.

Otras cinco extrabajadoras de la productora pidieron amparo a CCOO por acoso sexual y laboral siete meses antes de la denuncia penal al CEO. El sindicato estudió el caso pero no pudo intervenir porque ya no estaban en la empresa y la única que seguía no estaba convencida de denunciar. “Intentamos convencerlas de que había que tirar para adelante, pero estaban paralizadas por el miedo”, aseguró a este medio el delegado sindical, Pedro Corrientes. “Existía un miedo generalizado a hablar por la repercusión que podía tener en tu carrera profesional. Una mala llamada de Gustavo hacía que no te llamen en otro sitio. Puedes denunciar pero puedes perder tu trabajo”, relató una de esas trabajadoras a elDiario.es.

“Cese temporal” en LAND

El acto, celebrado en presencia de la consejera de Empleo Pilar Blanco, ha tenido lugar en el marco del segundo encuentro de LAND Insitu, un encuentro que trata de poner en contacto laboral a jóvenes con empresas, productoras, medios de comunicación y entidades vinculadas al sector audiovisual y digital.

El encuentro está organizado por la Escuela de Reporteros de Andalucía con el patrocinio de la Diputación de Sevilla y la participación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, y toma nombre de LAND, el Clúster Audiovisual de Andalucía, referente del sector y motor de colaboración entre empresas, instituciones y profesionales.

Hasta este martes, LAND estaba presidida por Gustavo Fuentes, que era también director general de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), participada al 47% por una empresa pública de la Junta de Andalucía y responsable de Andalucía Directo, entre otros formatos.

Fuentes, que ya había anunciado su intención de abandonar la dirección de LAND hace un mes, coincidiendo con su imputación, informó el martes al Comité Ejecutivo de su decisión de “abstenerse temporalmente del ejercicio efectivo de las funciones de la Presidencia”, con el objetivo de “preservar el normal funcionamiento de la entidad”.

Si tienes información de este u otros casos similares, ponte en contacto con nosotros a través del correo confidencial pistas@eldiario.es.

El Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND) ha relevado en sus funciones a Gustavo Fuentes, su hasta ahora presidente, investigado por un juez de violencia de género por los presuntos delitos de agresión y acoso sexual cometidos contra una periodista de la productora de la que es CEO. En un comunicado, LAND señala que Fuentes ha informado de su decisión de “abstenerse temporalmente” del ejercicio de sus funciones como Presidente, que asumirán los vicepresidentes, hasta que los órganos de gobierno adopten “las decisiones que correspondan”.

Tal y como ha desvelado elDiario.es Andalucía este martes, Fuentes está citado a declarar el próximo 25 de junio como investigado en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla a raíz de una denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por presuntos delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

La denuncia relata tres episodios de presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2013, 2021 y 2023, así como situaciones de presunto acoso sexual y laboral. El documento, al que este medio ha tenido acceso, se acompaña de siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) y 175 páginas de mensajes de WhatsApp que corroboran la versión de la denunciante, que ha preferido permanecer en el anonimato.

El presidente de LAND y director general de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), responsable de Andalucía Directo, entre otros formatos, niega los hechos. “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, aseguró a este periódico cuando fue cuestionado por estas acusaciones.

Presidente de LAND desde 2023

Desde 2023, Gustavo Fuentes es el presidente LAND, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza. Fuentes ya había anunciado a la Junta Directiva su decisión de abandonar la presidencia hace un mes, sin explicar los motivos ni aludir al procedimiento judicial por el que ya por entonces se le investigaba. El próximo 12 de junio está prevista la celebración de una Asamblea General Extraordinaria, tras las que se convocará un proceso electoral para renovar los órganos de gobierno.

LAND explica que ha sido Fuentes quien ha informado al Comité Ejecutivo de su decisión de “abstenerse temporalmente del ejercicio efectivo de las funciones de la Presidencia”, con el objetivo de “preservar el normal funcionamiento de la entidad”.

En su comunicado, LAND dice respetar las actuaciones judiciales y el principio de presunción de inocencia, al tiempo que reitera su “compromiso de tolerancia cero” frente a cualquier conducta que “pudiera resultar contraria a los derechos fundamentales de las personas, especialmente en materia de igualdad, acoso o violencia”. También subraya su compromiso con el mantenimiento de entornos profesionales seguros, respetuosos e inclusivos.

La oposición al Gobierno de Moreno ha solicitado esta mañana explicaciones tanto a la Junta de Andalucía como a Canal Sur. María Jesús Montero ha pedido la comparecencia en el Parlamento andaluz de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, y de Juande Mellado, director general de la RTVA. La portavoz socialista ha acusado a algunos responsables de “ocultar” las denuncias: “Es fundamental saber desde cuándo conoce la Junta de Andalucía y Canal Sur estas denuncias que son tan graves”. “Queremos saber por qué lo han ocultado, por qué no han dado ningún tipo de indicación, por qué esta persona ha sido responsable del clúster audiovisual de Andalucía y ha dejado su cargo hace escasamente unos días”, ha añadido.

“El PP tiene que dar explicaciones. ¿Hizo algo la Junta para proteger a las trabajadoras? ¿Qué mecanismos y protocolos existían? ¿Por qué no han funcionado?”, se ha preguntado Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, en un mensaje en X. En la misma red, el portavoz de Adelante Andalucía ha calificado la información de “barbaridad impresentable”.

Los partidos de la oposición de izquierdas en Andalucía han pedido explicaciones al Gobierno de Moreno, ahora en funciones, por las presuntas agresiones y acoso sexual a una periodista cometidas por Gustavo Fuentes, director general de la principal productora de Canal Sur, responsable entre otros programas de Andalucía Directo, buque insignia de la cadena. El PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía quieren saber qué hicieron la Junta de Andalucía y Canal Sur para proteger a las trabajadoras de la empresa.

Fuentes está citado a declarar el próximo 25 de junio como investigado en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla a raíz de una denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por presuntos delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

Fuentes es director general de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), empresa público-privada en la que el Gobierno andaluz es el accionista mayoritario a través de la empresa pública Sandetel (47,81%). Desde 2023, Gustavo Fuentes también es el presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza. Hace un mes el directivo anunció por sorpresa a la Junta Directiva de LAND su decisión de abandonar la presidencia del clúster, sin aludir al procedimiento judicial en el que estaba envuelto.

Fuentes asegura que se trata de una “denuncia falsa” y niega los hechos: “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, ha asegurado a este periódico. El CEO de ADM ha explicado que informó de la imputación al Consejo de Administración de ADM, presidido por Sergio Gómez Rojas, director gerente de Sandetel (Junta de Andalucía), el director económico financiero de RTVA y otro directivo de Canal Sur Media. Hasta el momento, ni la Consejería de Presidencia (de la que depende Canal Sur) ni la de Igualdad han valorado la información desvelada este martes por elDiario.es.

“Es fundamental saber desde cuándo conoce la Junta”

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, ha exigido a Canal Sur y al Gobierno en funciones que expliquen desde cuándo conocían las denuncias. Montero ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia en el Parlamento Andaluz de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, y de Juande Mellado, director general de RTVA, advirtiendo de que “parece” que en los próximos días se conocerán denuncias de otras mujeres contra la misma persona. Además, la secretaria de Igualdad Olga Manzano ha exigido el cese de Fuentes como CEO de ADM.

Montero ha calificado de “gravísimo” el contenido de la información desvelada este martes por elDiario.es Andalucía, y ha sugerido que las denuncias contra Fuentes se conocían por algunos responsables “desde hace tiempo”: “Es fundamental saber desde cuándo conoce la Junta de Andalucía y Canal Sur estas denuncias que son tan graves”. En la misma línea, la diputada Rosa Rodríguez (Por Andalucía) ha denunciado la “pasividad” de la RTVA y del Gobierno andaluz.

“Queremos saber por qué lo han ocultado, por qué no han dado ningún tipo de indicación, por qué esta persona ha sido responsable del clúster audiovisual de Andalucía y ha dejado su cargo hace escasamente unos días, probablemente cuando un medio preguntó sobre este tema, no antes que se conocían estas presuntas denuncias”, ha señalado Montero, quien quiere saber si ha habido alguna investigación interna sobre el asunto.

“El PP tiene que dar explicaciones. ¿Hizo algo la Junta para proteger a las trabajadoras? ¿Qué mecanismos y protocolos existían? ¿Por qué no han funcionado?”, se ha preguntado Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, en un mensaje en X. En la misma red, el portavoz de Adelante Andalucía ha calificado la información de “barbaridad impresentable”.

Tres supuestas agresiones y mensajes de Whatsapp

La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, es prolija en detalles y viene acompañada de siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) que corroboran la versión de la denunciante y aportan testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

En ella se da cuenta de tres agresiones sexuales presuntamente ocurridas en 2013, 2021 y 2023, además de otros episodios de supuesto acoso sexual contenidos en decenas de mensajes de Whatsapp dirigidos por el denunciado a la denunciante, que ha preferido preservar el anonimato. “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”, le decía en esos mensajes, enviados a horas intempestivas, y que ella contestaba con evasivas y respuestas secas, según la denuncia.

El magistrado escuchará a Fuentes el próxmo 25 de junio, mismo día en el que están citados dos testigos propuestos por la denunciante: una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Además, el juez ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

Las autoridades italianas investigan una presunta agresión sexual en grupo a una estudiante universitaria española que se encontraba de intercambio Erasmus en Milán (norte de Italia), según informaron este lunes los medios locales.

La agresión ocurrió presuntamente durante la noche del pasado 22 al 23 de mayo, después de que la joven pasara una noche de fiesta en una discoteca de la periferia milanesa y fue atacada por un grupo de cuatro o cinco individuos.

Según las mismas fuentes, los presuntos agresores son un grupo de cuatro o cinco hombres que abordaron a la joven fuera del local y, posteriormente, la agredieron también en el interior de un automóvil al que la forzaron a subir.

Tras sufrir el ataque, la estudiante, acompañada por una amiga, se trasladó a un hospital de la ciudad donde los exámenes médicos pertinentes confirmaron la existencia de los abusos sexuales.

Posteriormente, la joven acudió a la policía para interponer una denuncia y explicar lo sucedido.

La Fiscalía de Milán y la Policía italiana han abierto una investigación y centran actualmente sus esfuerzos en identificar a los presuntos autores del delito.

La Policia Nacional ha detingut dos homes acusats d'agredir sexualment una dona que es trobava de vacances a Mallorca i que va aconseguir escapar del vehicle en el qual presumptament van ocórrer els fets per demanar auxili en un habitatge proper. L'autoritat judicial ha decretat l'ingrés provisional a la presó d'ambdós detinguts.

L'agressió es va produir la nit del passat 1 de maig a la localitat de Manacor. D'acord amb la informació proporcionada per la Policia, la víctima va entrar tota sola en un bar del municipi i va començar a conversar amb un home que es va apropar a la seva taula. Poc després s'hi va incorporar un segon individu, conegut del primer, i els tres van continuar prenent begudes junts.

La dona va relatar posteriorment que va començar a trobar-se malament després d'aixecar-se per anar al bany i tornar a la taula, on havia deixat la seva consumició. Segons la seva denúncia, va començar a patir símptomes que no es corresponien amb el consum normal de begudes alcohòliques. La Policia destaca que ambdós individus, just abans d'aixecar-se de la taula per abandonar el local, van insistir a la víctima perquè s'acabàs la consumició.

La víctima va explicar als investigadors que la seva intenció era demanar un taxi per tornar al seu hotel a causa del malestar que sentia. No obstant això, els dos homes es van oferir a acompanyar-la en cotxe, indicant que tenien el vehicle allà mateix.

A partir d'aquell moment, la dona va assegurar recordar únicament “flashes” del que havia succeït: segons va relatar, recordava haver pujat al cotxe i que es van aturar en un descampat, en una zona fosca i sense edificis. Pel que sembla, ambdós homes haurien aprofitat la situació en què es trobava per agredir-la sexualment a la part posterior del vehicle.

En un moment donat, la víctima va poder sortir corrents del vehicle, va creuar una carretera i va demanar auxili a la primera casa que va trobar. Els habitants de l'habitatge van alertar immediatament la Policia Nacional en veure l'estat en què es trobava la dona.

Un cop al lloc dels fets, els agents van traslladar la víctima a un centre hospitalari per activar el protocol d'atenció a víctimes d'agressió sexual i, posteriorment, la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) es va fer càrrec de la investigació.

Gràcies a la informació aportada per la denunciant, els investigadors van aconseguir identificar i localitzar els dos sospitosos en poc temps. La Policia també va intervenir el vehicle en què suposadament van ocórrer els fets per realitzar-hi una inspecció tecnicopolicial.

A més, durant la detenció d'un dels arrestats, els agents van trobar una caixa d'un medicament, un element que ara forma part de la investigació oberta sobre una possible submissió química. Els dos homes van ser posats a disposició judicial dilluns passat i el jutjat va decretar el seu ingrés provisional a presó.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer que se encontraba de vacaciones en Mallorca y que logró escapar del vehículo en el que presuntamente ocurrieron los hechos para pedir auxilio en una vivienda cercana. La autoridad judicial ha decretado el ingreso provisional en prisión de ambos detenidos.

La agresión se produjo la noche del pasado 1 de mayo en la localidad de Manacor. De acuerdo a la información proporcionada por la Policía, la víctima entró sola en un bar del municipio y comenzó a conversar con un hombre que se acercó a su mesa. Poco después se incorporó un segundo individuo, conocido del primero, y los tres continuaron tomando bebidas juntos.

La mujer relató posteriormente que empezó a encontrarse mal después de levantarse para ir al baño y regresar a la mesa, donde había dejado su consumición. Según su denuncia, comenzó a sufrir síntomas que no se correspondían con el consumo normal de bebidas alcohólicas. La Policía destaca que ambos individuos, justo antes de levantarse de la mesa para abandonar el local, insistieron a la víctima en que se terminase la consumición.

La víctima explicó a los investigadores que su intención era pedir un taxi para regresar a su hotel debido al malestar que sentía. Sin embargo, los dos hombres se ofrecieron a acompañarla en coche, indicando que tenían su coche allí mismo.

A partir de ese momento, la mujer aseguró recordar únicamente “flashes” de lo sucedido: según relató, recordó haber ido en el coche y que se pararon en un descampado en una zona oscura y sin edificios. Al parecer, ambos varones habrían aprovechado la situación en la que se encontraba para agredirla sexualmente en la parte trasera del vehículo.

En un momento dado, la víctima pudo salir a la carrera del vehículo, cruzó una carretera y pidió auxilio en la primera casa que encontró. Los moradores alertaron inmediatamente a la Policía Nacional al ver el estado en el que se encontraba la mujer.

Una vez allí, los agentes trasladaron a la víctima a un centro hospitalario para activar el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual y posteriormente la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación.

Gracias a la información aportada por la denunciante, los investigadores lograron identificar y localizar a los dos sospechosos en poco tiempo. La Policía también intervino el vehículo en el que supuestamente ocurrieron los hechos para realizar una inspección técnico-policial.

Además, durante la detención de uno de los arrestados, los agentes encontraron una caja de un medicamento, un elemento que ahora forma parte de la investigación abierta sobre una posible sumisión química. Los dos hombres fueron puestos a disposición judicial el pasado lunes y el juzgado decretó su ingreso provisional en prisión.

La Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión para el exjugador del RCD Espanyol Álvaro Aguado, al que acusa de agredir sexualmente a una trabajadora del club en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024. El Ministerio Pública reclama al futbolista una indemnización de 65.000 para la víctima por el daño moral causado y las secuelas psicológicas.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, adelantado por EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, Aguado, agredió a la empleada del club en el lavabo masculino de la discoteca Opium de Barcelona pese a que la denunciante se hallaba en “estado de shock” y mareada, le pidió que “parase” y que “no quería tener relaciones sexuales”.

Tras agredirla sexualmente, ahonda la fiscal, Aguado “cejó en su actitud, volvió a vestirse” y le dijo a la denunciante “tú no me conoces y yo a ti tampoco, ¿vale?”, tras lo que abandonaron el baño.

Los hechos se remontan al pasado 23 de junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del club organizó una fiesta privada para celebrar el ascenso del Espanyol en una discoteca de Barcelona. La trabajadora presentó la denuncia unos meses más tarde, lo que ha impedido recoger las grabaciones del local.

La discoteca Opium no activó los protocolos previstos ante posibles agresiones sexuales ocurridas en el establecimiento, dado que la denunciante no comunicó lo sucedido al personal del local esa misma noche. Cuando el caso se hizo público, el Espanyol tampoco activó ningún protocolo.

No obstante, la Fiscalía da credibilidad a la denuncia de la trabajadora del Espanyol y reclama nueve años de cárcel a Aguado, actualmente sin equipo, por un delito de agresión sexual, además de la prohibición de aproximación a 1.000 metros de la denunciante durante ocho años más a los que sea eventualmente condenado.

Según destacó la magistrada en su auto de procesamiento, la víctima “se ha mostrado sincera al relatar los hechos vividos”, pese a tener flashes de lo ocurrido durante la noche y admitir tener “recuerdos puntuales”, tal y como ocurre a veces con las denunciantes de delitos sexuales.

La declaración de la denunciante, agregó la magistrada, “ha sido corroborada parcialmente por testigos”, al menos en cuanto a los momentos posteriores y anteriores a lo ocurrido en el baño. Destaca la magistrada la existencia de whatsapps inmediatamente posteriores a los hechos que reflejan el “estado anímico” de la denunciante.

El informe forense, agregó la jueza, también constituye un “indicio suficiente” para procesar a Aguado por agresión sexual y “avala” la versión de la denunciante. Por su lado, Aguado, en su declaración judicial, admitió haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, si bien matizó que fueron consentidas. Según su versión, fue la empleada del club la que “se abalanzó” sobre él, y agregó que fueron al baño porque “no se encontraba bien”.

Un hombre ha pasado 13 meses en prisión acusado de un delito de agresión sexual, por el que la Fiscalía y la acusación particular pedían para él una pena de 14 años de cárcel, y el mismo día del juicio abandonó en libertad la sede de la Audiencia Provincial de Asturias porque el tribunal de la Sección Tercera no ha dado credibilidad al testimonio de la víctima.

Los magistrados creen que la mujer, que ha sido diagnosticada de esquizofrenia, se inventó la denuncia, ya que su declaración se caracteriza por “la falta de consistencia y lógica”.

La acogió en su casa

La denunciante tiene 23 años, pero los médicos valoraron que su mentalidad responde a la de una persona de unos “15 ó 16 años” con un grado de discapacidad reconocido administrativamente del 66%.

Debido a la mala relación que mantenía con su familia, la joven se fue a vivir con una amiga y en mayo de 2024, tras discutir con ésta, abandonó la vivienda que ambas compartían y fue acogida en su domicilio por el acusado, donde permaneció hasta febrero de 2025, en que dejó la casa y le denunció por agresión sexual.

De la denuncia, a la cárcel

El hombre ingresó como preso preventivo en el Centro Penitenciario de Asturias donde ha permanecido hasta que el pasado mes de marzo la Audiencia Provincial de Asturias decretó su puesta en libertad el mismo día del juicio, al que había entrado esposado y custodiado policialmente.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular interesaron para él la imposición de una pena de 14 años de cárcel, su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, remuneradas o no, que conllevasen contacto regular y directo con personas menores de cinco años superior a la duración de la pena de prisión que finalmente le fuera impuesta.

A estas peticiones sumaban una medida de libertad vigilada durante nueve años y una orden de alejamiento a menos de 300 metros de la víctima durante 15 años y el pago de una indemnización a ésta de 25.000 euros.

La prueba médica

El abogado defensor, Manuel Vicente Vallina Rodríguez, solicitó su libre absolución al negar que su representado fuera autor de delito alguno.

Los magistrados de la Sección Tercera han dado más credibilidad a la tesis de la defensa, entre otras razones porque ni los facultativos del servicio de Ginecología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que examinaron a la mujer, ni el médico forense que la reconoció apreció síntoma alguno de agresiones sexuales.

Comentarios en redes sociales

La Sala tampoco ha visto posible que fuera el mismo acusado quien subiera a la red social instagram unas declaraciones donde se reconocía como “el violador”.

El tribunal recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que en la fecha de la creación de su perfil, el acusado estaba ya en prisión provisional por lo que, argumenta, “en todo caso la derivación de esa manipulación informática es que se trataba de exponer al procesado como el violador, es decir, de perjudicarlo”.

Igualmente ha descartado que la denunciante sufriera problemas psicológicos si, tal y como ella relató, los supuestos episodios de agresiones sexuales se hubieran producido, puesto que señaló que “se prolongaron en el tiempo, durante nueve meses, e intensos al ser prácticamente a diario”.

La sentencia absolutoria

En este caso concreto, se remiten al informe médico forense que exponía que el estado anímico y emocional de la mujer era de “tranquilidad” y “sin preocupación por lo relatado/acontecido”.

A la vista de todas estas circustancias, los magistrados decretaron su puesta en libertad tras declarar su libre absolución.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

El juicio contra el profesor de Irún acusado de delitos de solicitud de favores sexuales, exhibicionismo y amenazas a tres menores ha continuado este miércoles en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y ha quedado ya visto para sentencia. Durante la sesión han testificado dos profesoras como testigos del docente, las dos víctimas restantes y, finalmente, el acusado. La Fiscalía ha seguido proponiendo 22 años de cárcel para el acusado.

Una de las profesoras conoce al acusado desde 2004. Lo que empezó siendo un trato entre colegas acabó en una amistad. Años más tarde, volvieron a coincidir en el instituto de Irún donde se sitúan los presuntos hechos. La otra docente lo conoció en el centro en 2023, al inicio del curso académico. Ambas han defendido que eran las víctimas quienes se acercaban constantemente al profesor durante los recreos. Han calificado a una de las chicas como “conflictiva” y han señalado que su dinámica con el docente llegaba a ser “molesta”, al no dejarles conversar con él. La amiga del acusado ha recordado que una de las víctimas se había cambiado de asignatura optativa para asistir a la que impartía el profesor.

Según su testimonio, entre las víctimas existía una competencia por ser la favorita del docente. El acusado ha explicado que siempre se ha encontrado con chicas que quieren ser “la elegida” frente a las demás. Ha afirmado que frenar la interacción con chicas “más lanzaditas y que no se cortan mucho” ha sido su “ruina”. También ha asegurado haber vivido más de ocho años de acoso laboral derivado de estas situaciones en distintos institutos, aunque es la primera vez que llega a juicio.

Por otra parte, el docente ha admitido haberse creado una cuenta pública y falsa en Instagram. Ha explicado que compartió su usuario con una de las víctimas porque ella se lo había pedido. A partir de entonces, su cuenta aumentó de seguidores con “cuentas falsas” que le pedían contenido sexual. Tras estas declaraciones, y debido a filtraciones de nombres de las víctimas por parte del acusado y su abogado, el público tuvo que abandonar la sala y la declaración continuó a puerta cerrada.

El abogado del acusado, Daniel Loza, ha defendido que la relación entre su cliente y las víctimas era de amistad, una en la que el profesor “se ha equivocado”. Ha insistido en que “no tenía mala intención” y que no ha sido correcto “tener un carácter infantil”, pero que equivocarse no es delito. Loza ha recordado que el docente ha sido bien valorado por los alumnos, incluida una de las víctimas. Ha solicitado la absolución del acusado o, en su defecto, una reducción de la pena.

En defensa de las víctimas, el fiscal, Jorge Bermúdez, ha mostrado a ambas profesoras una captura de pantalla. En ella constaba un mensaje del acusado para una de las víctimas: “¿Me ayudas a buscar una 'sugar baby'?”. La amiga del docente ha reconocido que, de haber visto ese mensaje en su momento, lo hubiese llevado a dirección. Por otro lado, la otra profesora ha considerado que, aunque no es una interacción común entre profesor y alumno, “no es una falta de respeto” y que podría faltar contexto.

La Fiscalía ha seguido proponiendo 22 años de cárcel para el acusado. Su representante ha concluido que las conversaciones mantenidas entre el profesor y sus alumnas son “inapropiadas”. Además, ha recordado al magistrado que el informe forense recoge la página sugardaddy.eu dentro del historial de búsqueda del profesor en noviembre de 2023. También ha señalado que el acusado cambió a un teléfono móvil con un sistema operativo distinto al anterior, lo que imposibilitó acceder a la información del dispositivo previo. Ello lo ha considerado importante debido a que se trata de un profesor licenciado en Tecnologías.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha iniciado este martes el juicio contra un docente de Irún por la presunta comisión de delitos de solicitud de favores sexuales, exhibicionismo y amenazas a tres menores de entre 13 y 15 años, exalumnas suyas. El acusado se enfrenta ante una posible pena que ascienden los 22 años en prisión. En la primera sesión de la vista, se han presentado los testigos y una de las víctimas; este miércoles estarán las víctimas restantes y se cerrará el juicio con la declaración del acusado.

Según lo expuesto en esta primera vista, el acusado se creó una cuenta falsa en Instagram y se puso en contacto con alumnas específicas para hablar con ellas. Una de las profesoras testigo indicaba que, al principio, las víctimas desconocían quién estaba detrás de la cuenta, hasta que el acusado se lo confesó.

Un agente de la Ertzaintza ha testificado que las conversaciones mostraban contenidos de índole sexual. Ha destacado propuestas de parte del acusado para que fuese su 'sugar daddy', preguntas sobre la película '50 sombras de Grey', comentarios sobre el físico de las víctimas y amenazas ante la idea de contarle a otra persona sobre su dinámica. Otra docente que ha comparecido afirmaba que una de las chicas le había compartido su dirección y que temía de su presencia en ella. 

Los presuntos hechos fueron denunciados en diciembre de 2023, días antes de las vacaciones de Navidad. Dos profesoras del instituto de Irún fueron alertadas por alumnos cercanos a las víctimas y por dos de ellas. Acto siguiente, le comunicaron a la directora los hechos y, después de haber escuchado audios y leído las capturas, contactó con la Inspección de Educación. Esta última fue quien se comunicó con la Fiscalía.

Entendiendo que habían vacaciones, la Ertzaintza no actuó ante el acusado sino semanas después, el 8 de enero de 2024. El agente describía haber obtenido el móvil del acusado, mas no portaba ninguna conversación ya vista desde los móviles de las víctimas. Confirmó con expertos forenses que se trataba de un nuevo móvil y de otro sistema operativo.

El profesor no ha declarado aún en la vista, pero sí ha hablado a los medios de comunicación. En una declaración previa a la vista y fuera de la Audiencia, se ha escudado en que ha sufrido “quince años de acoso laboral”. Insistía en que él es quien ha recibido mensajes de sus alumnas de índole sexual y que necesitó “pedir ayuda” ante la situación. En los procesos penales, los acusados tienen derecho a mentir y a no incriminarse.

Sin embargo, una exalumna del acusado y no en Irún sino en Oiartzun, Claudia Pérez Artola, ha asegurado igualmente a los periodistas que él proyectaba porno en sus clases. Las chicas tenían entre 11 y 12 años cuando el profesor les preguntaba sobre su talla de sujetador y les comentaba cuestiones como “de mayor vas a ser un bollito”. Pérez Artola mostraba duda ante la declaración del acusado: “Por mucho que una niña de 11 años vaya detrás de ti hay una clara posición de poder y es él quien se tendría que apartar”.

El fiscal Jorge Bermúdez ha compartido, también fuera de la vista, que el ministerio público considera que “hay un límite entre lo que es un profesor cercano y que no es rígido, y un comportamiento que trata de llevar a las menores a un entorno claramente sexualizado”. Aunque el interés de la Fiscalía no sea “meter a una persona en la cárcel porque sí”, el portavoz ha defendido que el “ordenamiento jurídico está para ser respetado, para proteger a los menores, para proteger a las víctimas”.

El docente era responsable de 'Diversificación curricular' en el segundo ciclo de la ESO (alumnado de 15 y 16 años) en el instituto de Irún. Estas clases son para que alumnos con dificultades de aprendizaje alcancen la titulación bajo métodos adaptados y de mayor acompañamiento. El inspector de educación, Koldo Bañares, ha catalogado a estos menores como “vulnerables”, ante una pregunta de Bermúdez.

Previo a este empleo, el acusado fue sancionado por “conducta inadecuada” en un centro de Errenteria, en el curso académico 2017/2018. Bañares señalaba que aquello le abrió un “expediente disciplinario”. Por otra parte, el agente de la Ertzaintza informaba sobre conocer previamente al docente por un suicidio de una chica en Donostia, en 2018. Al parecer, el acusado le había compartido un vídeo en el que él realizaba actos de autoestimulación.

Els vuit acusats de la violació grupal ocorreguda a Magaluf (Calvià) l’agost de 2023 han acceptat condemnes que sumen un total de 72 anys de presó després d’admetre que aquell dia van acudir juntament amb la víctima a l’habitació de l’hotel on s’allotjava un d’ells, on, malgrat ser conscients de l’estat d’inconsciència en què es trobava la dona, la van despullar, la van sotmetre a tocaments de caràcter sexual i la van violar en múltiples ocasions.

Els membres del grup —set de nacionalitat francesa i un altre suís— s’han assegut aquest dilluns al banc dels acusats de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de les Illes Balears, on han arribat a un acord de conformitat amb les acusacions i han admès els fets, pels quals han estat condemnats com a autors de sis delictes d’agressió sexual i vuit contra la intimitat. En concret, dos dels processats han estat condemnats a 13 anys i tres mesos de presó, un a 13 anys, dos a 11 anys, un a sis anys i tres mesos i dos a dos anys i tres mesos.

En virtut d’aquest pacte, els vuit acusats, tots de nacionalitat francesa excepte un suís, han admès que el 14 d’agost de 2023 van acudir a l’habitació d’un hotel de Magaluf on s’allotjava un d’ells, acompanyats de la víctima.

Durant aproximadament mitja hora, els joves van agredir sexualment la dona, van fer comentaris obscens i van gravar amb els seus telèfons mòbils 21 vídeos que després van compartir a través d’una aplicació de missatgeria instantània.

Els vuit processats van ingressar a presó provisional pocs dies després dels fets. La Fiscalia, en un primer moment, sol·licitava que fossin condemnats a un total de 153 anys de presó i al pagament de 190.600 euros. Després de l’acord de conformitat, que contempla l’atenuant de reparació del dany al haver-se abonat ja la responsabilitat civil, les penes s’han vist rebaixades a un total de 72 anys i tres mesos de presó.

Les penes més baixes han recaigut en dos dels acusats, condemnats únicament per un delicte contra la intimitat a dos anys i tres mesos de presó. En l’extrem oposat se situen tres dels processats, sobre els quals han recaigut les condemnes més elevades: 13 anys i tres mesos de presó. A més del delicte contra la intimitat, han estat considerats responsables d’un delicte continuat d’agressió sexual amb accés carnal, amb la concurrència de violència i intimidació de caràcter degradant. La magistrada, al final de la vista, ha llegit ‘in voce’ la sentència condemnatoria.

La decisió sobre una eventual suspensió de les penes o l’aplicació de mesures alternatives queda ajornada al moment de l’execució de la sentència. Així mateix, en el cas dels cinc acusats que continuen en presó provisional, el temps que ja han passat a la presó serà descomptat del total de la condemna que finalment hagin de complir.

Cal recordar que, després de ser arrestats, el Jutjat d’Instrucció número 3 de Palma va decretar l’ingrés a presó provisional de sis dels acusats. Una setmana més tard van ser detinguts a França els dos agressors que faltaven per passar a disposició judicial.

Aquell mateix estiu van ser detinguts sis turistes d’entre 21 i 23 anys per una violació grupal a una altra jove en un hotel de Platja de Palma. Segons les investigacions, quatre d’ells haurien forçat la víctima a mantenir relacions sexuals, agressió que va ser gravada en un telèfon mòbil per un dels arrestats.

Després d’aquests successos, The New York Times assenyalava com “cada estiu” Magaluf (situat al municipi de Calvià i gestionat per Vox) es veu immers en “joves britànics en busca d’una bacanal” i arriben a definir aquest nucli mallorquí com una part del Regne Unit “situada al Mediterrani, amb l’excepció que és més sórdida que qualsevol altre lloc en els racons més lúgubres de Londres”. El rotatiu assegurava, fins i tot, que les agressions sexuals “són lamentablement comunes” a la zona i que la “nuditat pública” és tan “frequent” que als carrers es poden veure cartells que adverteixen que no portar roba comporta multes de fins a 400 euros.

Magaluf és coneguda a Europa per ser una de les meques del turisme d’excessos i del ‘balconing’. Es troba a Calvià, que compta amb la major planta hotelera de Mallorca (aglutina el 21% dels establiments) i que des de fa anys lluita per millorar l’oferta i la marca de la que molts consideren la “ciutat del pecat”, un enclavament amb epicentre al carrer Punta Ballena, ocupat per tot tipus de negocis vinculats a l’oci diürn i nocturn, on preval l’abús del consum de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents.

En la passada legislatura, el Govern va aprovar l’anomenada llei “contra el turisme d’excessos”, amb l’objectiu de canviar el model turístic de determinades zones de Mallorca i Eivissa. Entre elles, Magaluf; Platja de Palma i Llucmajor (totes elles a Mallorca) i Sant Antoni de Portmany (Eivissa). La norma va ser consensuada amb una part del sector hoteler, que veia amb preocupació com any rere any —i també després de l’aprovació de la llei— es succeïen les imatges de descontrol i desenfrenament juvenil en aquestes zones, dominades pel turisme britànic.

Los ocho acusados de la violación grupal ocurrida en Magaluf (Calvià) en agosto de 2023 han aceptado condenas que suman un total 72 años de prisión tras admitir que aquel día acudieron junto a la víctima a la habitación del hotel en el que se alojaba uno de ellos, donde, pese a ser conocedores del estado de inconsciencia en el que se encontraba la mujer, la desnudaron, la sometieron a tocamientos de carácter sexual y la violaron en múltiples ocasiones.

Los integrantes del grupo -siete de nacionalidad francesa y otro suizo- se han sentado este lunes en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears, donde han alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones y han admitido los hechos, por los que han sido condenados como autores de seis delitos de agresión sexual y ocho contra la intimidad. En concreto, dos de los procesados han sido sentenciados a 13 años y tres meses de prisión, uno a 13 años, dos a 11 años, uno a seis años y tres meses y dos a dos años y tres meses.

En virtud de este pacto, los ocho acusados, todos de nacionalidad francesa menos un suizo, han admitido que el 14 de agosto de 2023 acudieron a la habitación de un hotel de Magaluf en el que se alojaba uno de ellos acompañados de la víctima.

Durante aproximadamente media hora, los jóvenes agredieron sexualmente a la mujer, jalearon comentarios obscenos y grabaron con sus teléfonos móviles 21 vídeos que después compartieron a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Los ocho procesados ingresaron en prisión provisional pocos días después de que ocurrieran los hechos. La Fiscalía, en un principio, solicitaba que fueran condenados a un total de 153 años de prisión y al pago de 190.600 euros. Tras el acuerdo de conformidad, que contempla la circunstancia atenuante de reparación del daño al haberse abonado ya la responsabilidad civil, las penas se han visto rebajadas a un total de 72 años y tres meses de cárcel.

Las penas más bajas han recaído en dos de los acusados, condenados únicamente por un delito contra la intimidad a dos años y tres meses de prisión. En el extremo opuesto se sitúan tres de los procesados, sobre quienes han recaído las condenas más elevadas: 13 años y tres meses de cárcel. Además del delito contra la intimidad, han sido considerados responsables de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal, con la concurrencia de violencia e intimidación de carácter degradante. La magistrada, al final de la vista, ha leído 'in voce' la sentencia condenatoria.

La decisión sobre una eventual suspensión de las penas o la aplicación de medidas alternativas queda aplazada al momento de la ejecución de la sentencia. Asimismo, en el caso de los cinco acusados que permanecen en prisión provisional, el tiempo que ya han pasado en prisión será descontado del total de la condena que finalmente deban cumplir.

Cabe recordar que, tras ser arrestados, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma decretó el ingreso en prisión provisional de seis de los acusados. Una semana después fueron detenidos en Francia los dos agresores que faltaban por pasar a disposición judicial.

Ese mismo verano fueron detenidos seis turistas de entre 21 y 23 años por una violación grupal a otra joven en un hotel de Playa de Palma. Según las investigaciones, cuatro de ellos habrían forzado a la víctima a mantener relaciones sexuales, agresión que fue grabada en un teléfono móvil por uno de los arrestados.

Tras esos sucesos, The New York Times apuntaba cómo “cada verano” Magaluf (situado en el municipio de Calvià y gestionado por Vox) se ve arrastrada por “jóvenes británicos en busca de una bacanal” y llega definir este núcleo mallorquín como una parte de Reino Unido “situada en el Mediterráneo, con la excepción de que es más sórdida que cualquier otro lugar en los rincones más lúgubres de Londres”. El rotativo aseguraba, incluso, que las agresiones sexuales “son lamentablemente comunes” en la zona y que la “desnudez pública” es tan “frecuente” que en las calles se pueden ver carteles que advierten de que no llevar ropa conlleva multas de hasta 400 euros.

Magaluf es conocida en Europa por ser una de las mecas del turismo de excesos y el 'balconing'. Se ubicà en Calvià, que cuenta con la mayor planta hotelera de Mallorca (aglutina el 21% de establecimientos) y que desde hace años lucha por mejorar la oferta y la marca de la que muchos consideran la 'ciudad del pecado', un enclave con epicentro en la calle Punta Ballena copado por todo tipo de negocios vinculados al ocio diurno y nocturno en los que prevalece el abuso del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

En la pasada legislatura, el Govern aprobó la denominada ley “contra el turismo de excesos”, con el objetivo de cambiar el modelo turístico de determinadas zonas de Mallorca y Eivissa. Entre ellas, Magaluf; Platja de Palma y Llucmajor (todas ellas en Mallorca) y Sant Antoni de Portmany (Eivissa). La norma fue consensuada con una parte del sector hotelero, que veía con preocupación cómo año tras año -y también después de la aprobación de la ley- se sucedían las imágenes de descontrol y desenfreno juvenil en estas zonas, dominadas por el turismo británico.

El Ayuntamiento de Badajoz ha formalizado este 25 de febrero su adhesión a la campaña ‘La buena vecindad’, una iniciativa de la Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (ADHEX) que busca implicar a comunidades de vecinos, administradores de fincas y propietarios de viviendas en la detección de posibles casos de trata con fines de explotación sexual en la ciudad.

La firma de la declaración institucional ha tenido lugar en la sede del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Extremadura, en un acto en el que han intervenido la presidenta de ADHEX, Flor Fondón Salomón; el presidente del Colegio, Juan Antonio Martín Rodríguez; y el concejal delegado del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Mayores, Mujer y Participación Ciudadana, Juan Pérez Márquez, encargado de dar lectura al documento de apoyo municipal.

La campaña, financiada por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y desarrollada en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas, pone el foco en un fenómeno que, según han explicado sus impulsores, se ha desplazado en los últimos años desde los clubes hacia pisos y viviendas residenciales, muchas veces en régimen de alquiler o comercializadas como alojamientos turísticos.

En su intervención la presidenta de ADHEX ha situado la iniciativa en el marco de la defensa de los derechos humanos y del feminismo. Fondón ha comenzado subrayando que la trata con fines de explotación sexual “atraviesa nuestras calles, nuestros barrios y, a veces, nuestros propios portales”, aunque permanezca invisibilizada.

“Nos convoca una convicción clara: la explotación sexual no es un fenómeno marginal ni inevitable. Es una grave vulneración de los derechos humanos y una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y niñas”, ha afirmado. En su intervención, ha insistido en que no puede hablarse de libertad ni de igualdad real mientras existan mujeres explotadas bajo coacción, engaño, amenaza o abuso de vulnerabilidad.

Fondón ha advertido de que, especialmente tras la pandemia, se ha producido un desplazamiento de la explotación sexual desde los clubes hacia pisos y viviendas residenciales. “Este cambio no es casual: responde a la búsqueda de mayor invisibilidad, a la dificultad de control institucional y al abaratamiento de costes para quienes se lucran con los cuerpos de las mujeres”, ha señalado. Según ha explicado, estos entornos privados dificultan la detección y favorecen que la actividad pase desapercibida en comunidades donde los indicios pueden confundirse con simples molestias vecinales.

“Detrás de las puertas cerradas no hay conflictos de convivencia; hay, en muchos casos, mujeres retenidas contra su voluntad, sometidas a extorsión, a amenazas, a violencia. Mujeres que no se benefician de esa actividad, sino que son víctimas de redes y proxenetas”, ha declarado. No obstante, ha pedido actuar desde la prudencia y el respeto para evitar estigmatizaciones, especialmente hacia mujeres extranjeras o hacia quienes comparten vivienda. “No toda situación responde a la trata, y no toda mujer en contexto de prostitución está en la misma realidad. Pero cuando existan indicios, el silencio nunca puede ser la respuesta”, ha añadido.

Prevención

La presidenta de ADHEX ha explicado que la campaña tiene un enfoque preventivo e informativo y que no busca generar alarma, sino conciencia. Se facilitarán materiales dirigidos a administradores y administradoras de fincas, comunidades de vecinos y vecinas, propietarios de viviendas y gestores de alojamientos turísticos para que puedan reconocer posibles señales de alerta y sepan cómo canalizar la información de manera segura hacia entidades especializadas o fuerzas y cuerpos de seguridad.

Para Fondón, la implicación institucional es “irrenunciable”. Ha recordado que las administraciones locales tienen la obligación de proteger los derechos fundamentales y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, y ha valorado que el Ayuntamiento de Badajoz exprese su apoyo público a la campaña y se comprometa a difundirla a través de sus canales oficiales.

En la parte final de su intervención, ha situado la trata en un contexto estructural más amplio. Ha señalado la desigualdad, la feminización de la pobreza y el racismo como factores que incrementan la vulnerabilidad de muchas mujeres, y ha apuntado directamente a la existencia de una demanda de prostitución que sostiene económicamente el sistema de explotación. “Si hablamos con honestidad, debemos reconocer que sin demanda no hay negocio”, ha afirmado.

“Hoy damos un paso importante para que Badajoz sea una ciudad que no mire hacia otro lado”, ha concluido. “La buena vecindad no es solo saludarse en el portal; es comprometerse con la dignidad y la libertad de las mujeres que pueden estar siendo explotadas a escasos metros de nuestras casas”.

Tras las intervenciones, los representantes de las tres entidades han firmado de manera protocolaria el documento, en un gesto con el que, según han destacado, Badajoz pretende reforzar su compromiso institucional contra la trata y la explotación sexual y promover una “buena vecindad” entendida como implicación activa en la defensa de la dignidad y la libertad de las mujeres.

El futbolista del PSG Achraf Hakimi será juzgado en Francia acusado de violar a una joven en febrero de 2023, según han confirmado este martes a la agencia francesa AFP la abogada del jugador internacional marroquí y la Fiscalía de Nanterre.

A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años acudió a una comisaría, donde declaró haber sido agredida sexualmente en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (en la periferia de París), pero no quiso presentar una denuncia formal.

Desde la comisaría dieron entonces aviso a la Fiscalía de Créteil, que fue la primera que se encargó de caso antes de trasladárselo a la de Nanterre, que es la que ha abierto la investigación y ha enviado a juicio al futbolista.

El PSG, tras conocer esta información, respaldó a su defensa y le mostró su apoyo. “El club apoya al jugador, que ha negado firmemente las acusaciones, y confía en la justicia. El PSG es una institución que promueve el respeto dentro y fuera del terreno de juego”, recogía entonces el diario francés 'Le Parisien'.

Según una fuente policial citada por AFP, la acusación particular encabezada por la abogada Rachel-Flore Pardo aseguró que el jugador había besado a la joven, y le había hecho tocamientos sin su consentimiento antes de violarla. Por el momento, la acusación no ha hecho comentarios sobre la decisión de llevar el caso a juicio.

El futbolista marroquí nacido en Madrid, que fue formado en las categorías inferiores del Real Madrid, llegando a jugar 17 partidos oficiales con el equipo español, fichó después por el Borussia de Dortmund antes de recalar en el equipo de la capital francesa. Tras conocerse la decisión de llevarle a juicio, el jugador ha reaccionado a ella en X y ha asegurado que, “hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa”. “Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, ha añadido.

Su defensa, encabezada por la abogada Fanny Colin, asegura que se ordena en juicio basándose en una acusación “sustentada únicamente en la palabra de una mujer” y acusa a la víctima de haber puesto “obstáculos” a las investigaciones por rechazar pruebas médicas o de ADN o que se analizase su teléfono móvil.

La defensa del futbolista considera que “los dos peritajes psicológicos” de la víctima habrían revelado una supuesta “falta de lucidez sobre los hechos” y asegura que intentó ocultar presuntos mensajes privados con una de sus amigas. Sin embargo, tras las diligencias ordenadas por la Fiscalía, la abogada de la víctima rechazó que existiera “nada” en el expediente que pudiera suponer “un intento de extorsión”, como trataba de alegar la defensa.

“No toleraremos ninguna campaña de desprestigio o desestabilización, como desgraciadamente sigue ocurriendo aún con demasiada frecuencia con las mujeres que tienen el valor de denunciar las violaciones de las que son víctimas”, añadió la abogada de la víctima.

El PSG no se ha pronunciado por el momento sobre la apertura de juicio al lateral zurdo, en una información que llega un día antes de su partido de dieciseisavos de final frente al Mónaco.

El ya ex director adjunto operativo de la Policía José Ángel González incluyó el pasado año en la lista de comisarios reconocidos con la más alta distinción a su asesor, Fernando Óscar San Juan, a quien la víctima acusa de participar en las coacciones y encubrimiento de su violación por parte del número dos de la Policía. La Medalla de Plata, como se conoce en la institución, es un polémico reconocimiento que se reparte entre los miembros de la cúpula de la Policía en el último tramo de su carrera, o cuando se jubilan, y conlleva un 15% adicional a su salario de por vida.

El reconocimiento a San Juan se produjo en octubre de 2025, unos meses después de que González perpetrara la presunta violación y de que su asesor llamara en varias ocasiones a la víctima, una agente del Cuerpo, para ofrecerle un puesto a cambio de su silencio. elDiario.es ha tenido acceso a un documento restringido en el que la Dirección General de la Policía justifica los méritos para la concesión de la condecoración que los sindicatos policiales consideran la construcción de un relato para esconder un reparto de premios entre la escala superior en detrimento de los agentes de base.

En ese documento se dice que San Juan “ha demostrado tener una actuación ejemplar y extraordinaria en el marco de los cometidos asignados desde su nombramiento en su puesto en 2018, bajo la directa dirección del director adjunto operativo [el dimitido González], en sus funciones como asesor mediante el diseño de importantes dispositivos y eventos”. En este sentido, la resolución menciona la cumbre de la OTAN de 2022, la Presidencia de España del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 los Juegos Olímpicos de París, el dispositivo tras la DANA y el apagón eléctrico de 2025.

San Juan ha hecho carrera en los últimos años a la sombra del comisario acusado de violación. Junto a él estuvo en la Jefatura Superior de Melilla y en un destino anterior de González en Valladolid. Según recoge la querella, el comisario Óscar San Juan llamó en cinco ocasiones a la víctima en julio de 2025 –la presunta agresión sexual se produjo en abril– sin que esta atendiera el teléfono.

Finalmente, el 13 de ese mes, la denunciante y San Juan mantuvieron una conversación que fue grabada por la primera y cuyo audio se ha adjuntado a la querella, según escribe el abogado de la víctima. En la misma, San Juan “le propuso textualmente que ”elija a qué destino/puesto de trabajo quiero ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap“.

La querella añade: “En ese momento, la víctima le manifestó expresamente que lo sucedido no iba a quedar así y que tendría las consecuencias procedentes por las agresiones, faltas de respeto y abusos sufridos por José Ángel González, a lo que el citado San Juan contestó: ”Que no sabe de qué hablo y que solo me llama para saber mis intereses“, añadiendo literalmente: ”Tú me llamas porque él te ha dicho que me llames“. La víctima respondió: ”No contesto a su proposición“.

Los sindicatos policiales han plantado batalla judicial a las concesiones de este tipo de medallas obteniendo resoluciones a su favor, pero el ministro del Interior ha vuelto a concederlas. En octubre de 2025, junto a San Juan fueron condecorados con la Medalla de Plata al menos otros siete comisarios. La decisión de la concesión de ese tipo de medallas se adopta en el ámbito de la Dirección General de la Policía y lleva la firma del ministro de Interior. 

En la resolución por la que se premia a Óscar San Juan, cuyo cese ha anunciado esta mañana el ministro del Interior, se dice que el comisario tiene “una alta capacidad de trabajo, gestión y dirección, demostrando total abnegación, con dedicación absoluta que han contribuido al prestigio de la Corporación”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este miércoles que ha pedido una información reservada sobre San Juan por sus presuntas coacciones hacia la denunciante ofreciéndole cualquier puesto en la Policía. “Se está estudiando y he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales”, ha expuesto.