La Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión para el exjugador del RCD Espanyol Álvaro Aguado, al que acusa de agredir sexualmente a una trabajadora del club en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024. El Ministerio Pública reclama al futbolista una indemnización de 65.000 para la víctima por el daño moral causado y las secuelas psicológicas.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, adelantado por EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, Aguado, agredió a la empleada del club en el lavabo masculino de la discoteca Opium de Barcelona pese a que la denunciante se hallaba en “estado de shock” y mareada, le pidió que “parase” y que “no quería tener relaciones sexuales”.

Tras agredirla sexualmente, ahonda la fiscal, Aguado “cejó en su actitud, volvió a vestirse” y le dijo a la denunciante “tú no me conoces y yo a ti tampoco, ¿vale?”, tras lo que abandonaron el baño.

Los hechos se remontan al pasado 23 de junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del club organizó una fiesta privada para celebrar el ascenso del Espanyol en una discoteca de Barcelona. La trabajadora presentó la denuncia unos meses más tarde, lo que ha impedido recoger las grabaciones del local.

La discoteca Opium no activó los protocolos previstos ante posibles agresiones sexuales ocurridas en el establecimiento, dado que la denunciante no comunicó lo sucedido al personal del local esa misma noche. Cuando el caso se hizo público, el Espanyol tampoco activó ningún protocolo.

No obstante, la Fiscalía da credibilidad a la denuncia de la trabajadora del Espanyol y reclama nueve años de cárcel a Aguado, actualmente sin equipo, por un delito de agresión sexual, además de la prohibición de aproximación a 1.000 metros de la denunciante durante ocho años más a los que sea eventualmente condenado.

Según destacó la magistrada en su auto de procesamiento, la víctima “se ha mostrado sincera al relatar los hechos vividos”, pese a tener flashes de lo ocurrido durante la noche y admitir tener “recuerdos puntuales”, tal y como ocurre a veces con las denunciantes de delitos sexuales.

La declaración de la denunciante, agregó la magistrada, “ha sido corroborada parcialmente por testigos”, al menos en cuanto a los momentos posteriores y anteriores a lo ocurrido en el baño. Destaca la magistrada la existencia de whatsapps inmediatamente posteriores a los hechos que reflejan el “estado anímico” de la denunciante.

El informe forense, agregó la jueza, también constituye un “indicio suficiente” para procesar a Aguado por agresión sexual y “avala” la versión de la denunciante. Por su lado, Aguado, en su declaración judicial, admitió haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, si bien matizó que fueron consentidas. Según su versión, fue la empleada del club la que “se abalanzó” sobre él, y agregó que fueron al baño porque “no se encontraba bien”.

Un hombre ha pasado 13 meses en prisión acusado de un delito de agresión sexual, por el que la Fiscalía y la acusación particular pedían para él una pena de 14 años de cárcel, y el mismo día del juicio abandonó en libertad la sede de la Audiencia Provincial de Asturias porque el tribunal de la Sección Tercera no ha dado credibilidad al testimonio de la víctima.

Los magistrados creen que la mujer, que ha sido diagnosticada de esquizofrenia, se inventó la denuncia, ya que su declaración se caracteriza por “la falta de consistencia y lógica”.

La acogió en su casa

La denunciante tiene 23 años, pero los médicos valoraron que su mentalidad responde a la de una persona de unos “15 ó 16 años” con un grado de discapacidad reconocido administrativamente del 66%.

Debido a la mala relación que mantenía con su familia, la joven se fue a vivir con una amiga y en mayo de 2024, tras discutir con ésta, abandonó la vivienda que ambas compartían y fue acogida en su domicilio por el acusado, donde permaneció hasta febrero de 2025, en que dejó la casa y le denunció por agresión sexual.

De la denuncia, a la cárcel

El hombre ingresó como preso preventivo en el Centro Penitenciario de Asturias donde ha permanecido hasta que el pasado mes de marzo la Audiencia Provincial de Asturias decretó su puesta en libertad el mismo día del juicio, al que había entrado esposado y custodiado policialmente.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular interesaron para él la imposición de una pena de 14 años de cárcel, su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, remuneradas o no, que conllevasen contacto regular y directo con personas menores de cinco años superior a la duración de la pena de prisión que finalmente le fuera impuesta.

A estas peticiones sumaban una medida de libertad vigilada durante nueve años y una orden de alejamiento a menos de 300 metros de la víctima durante 15 años y el pago de una indemnización a ésta de 25.000 euros.

La prueba médica

El abogado defensor, Manuel Vicente Vallina Rodríguez, solicitó su libre absolución al negar que su representado fuera autor de delito alguno.

Los magistrados de la Sección Tercera han dado más credibilidad a la tesis de la defensa, entre otras razones porque ni los facultativos del servicio de Ginecología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que examinaron a la mujer, ni el médico forense que la reconoció apreció síntoma alguno de agresiones sexuales.

Comentarios en redes sociales

La Sala tampoco ha visto posible que fuera el mismo acusado quien subiera a la red social instagram unas declaraciones donde se reconocía como “el violador”.

El tribunal recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que en la fecha de la creación de su perfil, el acusado estaba ya en prisión provisional por lo que, argumenta, “en todo caso la derivación de esa manipulación informática es que se trataba de exponer al procesado como el violador, es decir, de perjudicarlo”.

Igualmente ha descartado que la denunciante sufriera problemas psicológicos si, tal y como ella relató, los supuestos episodios de agresiones sexuales se hubieran producido, puesto que señaló que “se prolongaron en el tiempo, durante nueve meses, e intensos al ser prácticamente a diario”.

La sentencia absolutoria

En este caso concreto, se remiten al informe médico forense que exponía que el estado anímico y emocional de la mujer era de “tranquilidad” y “sin preocupación por lo relatado/acontecido”.

A la vista de todas estas circustancias, los magistrados decretaron su puesta en libertad tras declarar su libre absolución.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

El juicio contra el profesor de Irún acusado de delitos de solicitud de favores sexuales, exhibicionismo y amenazas a tres menores ha continuado este miércoles en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y ha quedado ya visto para sentencia. Durante la sesión han testificado dos profesoras como testigos del docente, las dos víctimas restantes y, finalmente, el acusado. La Fiscalía ha seguido proponiendo 22 años de cárcel para el acusado.

Una de las profesoras conoce al acusado desde 2004. Lo que empezó siendo un trato entre colegas acabó en una amistad. Años más tarde, volvieron a coincidir en el instituto de Irún donde se sitúan los presuntos hechos. La otra docente lo conoció en el centro en 2023, al inicio del curso académico. Ambas han defendido que eran las víctimas quienes se acercaban constantemente al profesor durante los recreos. Han calificado a una de las chicas como “conflictiva” y han señalado que su dinámica con el docente llegaba a ser “molesta”, al no dejarles conversar con él. La amiga del acusado ha recordado que una de las víctimas se había cambiado de asignatura optativa para asistir a la que impartía el profesor.

Según su testimonio, entre las víctimas existía una competencia por ser la favorita del docente. El acusado ha explicado que siempre se ha encontrado con chicas que quieren ser “la elegida” frente a las demás. Ha afirmado que frenar la interacción con chicas “más lanzaditas y que no se cortan mucho” ha sido su “ruina”. También ha asegurado haber vivido más de ocho años de acoso laboral derivado de estas situaciones en distintos institutos, aunque es la primera vez que llega a juicio.

Por otra parte, el docente ha admitido haberse creado una cuenta pública y falsa en Instagram. Ha explicado que compartió su usuario con una de las víctimas porque ella se lo había pedido. A partir de entonces, su cuenta aumentó de seguidores con “cuentas falsas” que le pedían contenido sexual. Tras estas declaraciones, y debido a filtraciones de nombres de las víctimas por parte del acusado y su abogado, el público tuvo que abandonar la sala y la declaración continuó a puerta cerrada.

El abogado del acusado, Daniel Loza, ha defendido que la relación entre su cliente y las víctimas era de amistad, una en la que el profesor “se ha equivocado”. Ha insistido en que “no tenía mala intención” y que no ha sido correcto “tener un carácter infantil”, pero que equivocarse no es delito. Loza ha recordado que el docente ha sido bien valorado por los alumnos, incluida una de las víctimas. Ha solicitado la absolución del acusado o, en su defecto, una reducción de la pena.

En defensa de las víctimas, el fiscal, Jorge Bermúdez, ha mostrado a ambas profesoras una captura de pantalla. En ella constaba un mensaje del acusado para una de las víctimas: “¿Me ayudas a buscar una 'sugar baby'?”. La amiga del docente ha reconocido que, de haber visto ese mensaje en su momento, lo hubiese llevado a dirección. Por otro lado, la otra profesora ha considerado que, aunque no es una interacción común entre profesor y alumno, “no es una falta de respeto” y que podría faltar contexto.

La Fiscalía ha seguido proponiendo 22 años de cárcel para el acusado. Su representante ha concluido que las conversaciones mantenidas entre el profesor y sus alumnas son “inapropiadas”. Además, ha recordado al magistrado que el informe forense recoge la página sugardaddy.eu dentro del historial de búsqueda del profesor en noviembre de 2023. También ha señalado que el acusado cambió a un teléfono móvil con un sistema operativo distinto al anterior, lo que imposibilitó acceder a la información del dispositivo previo. Ello lo ha considerado importante debido a que se trata de un profesor licenciado en Tecnologías.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha iniciado este martes el juicio contra un docente de Irún por la presunta comisión de delitos de solicitud de favores sexuales, exhibicionismo y amenazas a tres menores de entre 13 y 15 años, exalumnas suyas. El acusado se enfrenta ante una posible pena que ascienden los 22 años en prisión. En la primera sesión de la vista, se han presentado los testigos y una de las víctimas; este miércoles estarán las víctimas restantes y se cerrará el juicio con la declaración del acusado.

Según lo expuesto en esta primera vista, el acusado se creó una cuenta falsa en Instagram y se puso en contacto con alumnas específicas para hablar con ellas. Una de las profesoras testigo indicaba que, al principio, las víctimas desconocían quién estaba detrás de la cuenta, hasta que el acusado se lo confesó.

Un agente de la Ertzaintza ha testificado que las conversaciones mostraban contenidos de índole sexual. Ha destacado propuestas de parte del acusado para que fuese su 'sugar daddy', preguntas sobre la película '50 sombras de Grey', comentarios sobre el físico de las víctimas y amenazas ante la idea de contarle a otra persona sobre su dinámica. Otra docente que ha comparecido afirmaba que una de las chicas le había compartido su dirección y que temía de su presencia en ella. 

Los presuntos hechos fueron denunciados en diciembre de 2023, días antes de las vacaciones de Navidad. Dos profesoras del instituto de Irún fueron alertadas por alumnos cercanos a las víctimas y por dos de ellas. Acto siguiente, le comunicaron a la directora los hechos y, después de haber escuchado audios y leído las capturas, contactó con la Inspección de Educación. Esta última fue quien se comunicó con la Fiscalía.

Entendiendo que habían vacaciones, la Ertzaintza no actuó ante el acusado sino semanas después, el 8 de enero de 2024. El agente describía haber obtenido el móvil del acusado, mas no portaba ninguna conversación ya vista desde los móviles de las víctimas. Confirmó con expertos forenses que se trataba de un nuevo móvil y de otro sistema operativo.

El profesor no ha declarado aún en la vista, pero sí ha hablado a los medios de comunicación. En una declaración previa a la vista y fuera de la Audiencia, se ha escudado en que ha sufrido “quince años de acoso laboral”. Insistía en que él es quien ha recibido mensajes de sus alumnas de índole sexual y que necesitó “pedir ayuda” ante la situación. En los procesos penales, los acusados tienen derecho a mentir y a no incriminarse.

Sin embargo, una exalumna del acusado y no en Irún sino en Oiartzun, Claudia Pérez Artola, ha asegurado igualmente a los periodistas que él proyectaba porno en sus clases. Las chicas tenían entre 11 y 12 años cuando el profesor les preguntaba sobre su talla de sujetador y les comentaba cuestiones como “de mayor vas a ser un bollito”. Pérez Artola mostraba duda ante la declaración del acusado: “Por mucho que una niña de 11 años vaya detrás de ti hay una clara posición de poder y es él quien se tendría que apartar”.

El fiscal Jorge Bermúdez ha compartido, también fuera de la vista, que el ministerio público considera que “hay un límite entre lo que es un profesor cercano y que no es rígido, y un comportamiento que trata de llevar a las menores a un entorno claramente sexualizado”. Aunque el interés de la Fiscalía no sea “meter a una persona en la cárcel porque sí”, el portavoz ha defendido que el “ordenamiento jurídico está para ser respetado, para proteger a los menores, para proteger a las víctimas”.

El docente era responsable de 'Diversificación curricular' en el segundo ciclo de la ESO (alumnado de 15 y 16 años) en el instituto de Irún. Estas clases son para que alumnos con dificultades de aprendizaje alcancen la titulación bajo métodos adaptados y de mayor acompañamiento. El inspector de educación, Koldo Bañares, ha catalogado a estos menores como “vulnerables”, ante una pregunta de Bermúdez.

Previo a este empleo, el acusado fue sancionado por “conducta inadecuada” en un centro de Errenteria, en el curso académico 2017/2018. Bañares señalaba que aquello le abrió un “expediente disciplinario”. Por otra parte, el agente de la Ertzaintza informaba sobre conocer previamente al docente por un suicidio de una chica en Donostia, en 2018. Al parecer, el acusado le había compartido un vídeo en el que él realizaba actos de autoestimulación.

Els vuit acusats de la violació grupal ocorreguda a Magaluf (Calvià) l’agost de 2023 han acceptat condemnes que sumen un total de 72 anys de presó després d’admetre que aquell dia van acudir juntament amb la víctima a l’habitació de l’hotel on s’allotjava un d’ells, on, malgrat ser conscients de l’estat d’inconsciència en què es trobava la dona, la van despullar, la van sotmetre a tocaments de caràcter sexual i la van violar en múltiples ocasions.

Els membres del grup —set de nacionalitat francesa i un altre suís— s’han assegut aquest dilluns al banc dels acusats de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de les Illes Balears, on han arribat a un acord de conformitat amb les acusacions i han admès els fets, pels quals han estat condemnats com a autors de sis delictes d’agressió sexual i vuit contra la intimitat. En concret, dos dels processats han estat condemnats a 13 anys i tres mesos de presó, un a 13 anys, dos a 11 anys, un a sis anys i tres mesos i dos a dos anys i tres mesos.

En virtut d’aquest pacte, els vuit acusats, tots de nacionalitat francesa excepte un suís, han admès que el 14 d’agost de 2023 van acudir a l’habitació d’un hotel de Magaluf on s’allotjava un d’ells, acompanyats de la víctima.

Durant aproximadament mitja hora, els joves van agredir sexualment la dona, van fer comentaris obscens i van gravar amb els seus telèfons mòbils 21 vídeos que després van compartir a través d’una aplicació de missatgeria instantània.

Els vuit processats van ingressar a presó provisional pocs dies després dels fets. La Fiscalia, en un primer moment, sol·licitava que fossin condemnats a un total de 153 anys de presó i al pagament de 190.600 euros. Després de l’acord de conformitat, que contempla l’atenuant de reparació del dany al haver-se abonat ja la responsabilitat civil, les penes s’han vist rebaixades a un total de 72 anys i tres mesos de presó.

Les penes més baixes han recaigut en dos dels acusats, condemnats únicament per un delicte contra la intimitat a dos anys i tres mesos de presó. En l’extrem oposat se situen tres dels processats, sobre els quals han recaigut les condemnes més elevades: 13 anys i tres mesos de presó. A més del delicte contra la intimitat, han estat considerats responsables d’un delicte continuat d’agressió sexual amb accés carnal, amb la concurrència de violència i intimidació de caràcter degradant. La magistrada, al final de la vista, ha llegit ‘in voce’ la sentència condemnatoria.

La decisió sobre una eventual suspensió de les penes o l’aplicació de mesures alternatives queda ajornada al moment de l’execució de la sentència. Així mateix, en el cas dels cinc acusats que continuen en presó provisional, el temps que ja han passat a la presó serà descomptat del total de la condemna que finalment hagin de complir.

Cal recordar que, després de ser arrestats, el Jutjat d’Instrucció número 3 de Palma va decretar l’ingrés a presó provisional de sis dels acusats. Una setmana més tard van ser detinguts a França els dos agressors que faltaven per passar a disposició judicial.

Aquell mateix estiu van ser detinguts sis turistes d’entre 21 i 23 anys per una violació grupal a una altra jove en un hotel de Platja de Palma. Segons les investigacions, quatre d’ells haurien forçat la víctima a mantenir relacions sexuals, agressió que va ser gravada en un telèfon mòbil per un dels arrestats.

Després d’aquests successos, The New York Times assenyalava com “cada estiu” Magaluf (situat al municipi de Calvià i gestionat per Vox) es veu immers en “joves britànics en busca d’una bacanal” i arriben a definir aquest nucli mallorquí com una part del Regne Unit “situada al Mediterrani, amb l’excepció que és més sórdida que qualsevol altre lloc en els racons més lúgubres de Londres”. El rotatiu assegurava, fins i tot, que les agressions sexuals “són lamentablement comunes” a la zona i que la “nuditat pública” és tan “frequent” que als carrers es poden veure cartells que adverteixen que no portar roba comporta multes de fins a 400 euros.

Magaluf és coneguda a Europa per ser una de les meques del turisme d’excessos i del ‘balconing’. Es troba a Calvià, que compta amb la major planta hotelera de Mallorca (aglutina el 21% dels establiments) i que des de fa anys lluita per millorar l’oferta i la marca de la que molts consideren la “ciutat del pecat”, un enclavament amb epicentre al carrer Punta Ballena, ocupat per tot tipus de negocis vinculats a l’oci diürn i nocturn, on preval l’abús del consum de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents.

En la passada legislatura, el Govern va aprovar l’anomenada llei “contra el turisme d’excessos”, amb l’objectiu de canviar el model turístic de determinades zones de Mallorca i Eivissa. Entre elles, Magaluf; Platja de Palma i Llucmajor (totes elles a Mallorca) i Sant Antoni de Portmany (Eivissa). La norma va ser consensuada amb una part del sector hoteler, que veia amb preocupació com any rere any —i també després de l’aprovació de la llei— es succeïen les imatges de descontrol i desenfrenament juvenil en aquestes zones, dominades pel turisme britànic.

Los ocho acusados de la violación grupal ocurrida en Magaluf (Calvià) en agosto de 2023 han aceptado condenas que suman un total 72 años de prisión tras admitir que aquel día acudieron junto a la víctima a la habitación del hotel en el que se alojaba uno de ellos, donde, pese a ser conocedores del estado de inconsciencia en el que se encontraba la mujer, la desnudaron, la sometieron a tocamientos de carácter sexual y la violaron en múltiples ocasiones.

Los integrantes del grupo -siete de nacionalidad francesa y otro suizo- se han sentado este lunes en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears, donde han alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones y han admitido los hechos, por los que han sido condenados como autores de seis delitos de agresión sexual y ocho contra la intimidad. En concreto, dos de los procesados han sido sentenciados a 13 años y tres meses de prisión, uno a 13 años, dos a 11 años, uno a seis años y tres meses y dos a dos años y tres meses.

En virtud de este pacto, los ocho acusados, todos de nacionalidad francesa menos un suizo, han admitido que el 14 de agosto de 2023 acudieron a la habitación de un hotel de Magaluf en el que se alojaba uno de ellos acompañados de la víctima.

Durante aproximadamente media hora, los jóvenes agredieron sexualmente a la mujer, jalearon comentarios obscenos y grabaron con sus teléfonos móviles 21 vídeos que después compartieron a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Los ocho procesados ingresaron en prisión provisional pocos días después de que ocurrieran los hechos. La Fiscalía, en un principio, solicitaba que fueran condenados a un total de 153 años de prisión y al pago de 190.600 euros. Tras el acuerdo de conformidad, que contempla la circunstancia atenuante de reparación del daño al haberse abonado ya la responsabilidad civil, las penas se han visto rebajadas a un total de 72 años y tres meses de cárcel.

Las penas más bajas han recaído en dos de los acusados, condenados únicamente por un delito contra la intimidad a dos años y tres meses de prisión. En el extremo opuesto se sitúan tres de los procesados, sobre quienes han recaído las condenas más elevadas: 13 años y tres meses de cárcel. Además del delito contra la intimidad, han sido considerados responsables de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal, con la concurrencia de violencia e intimidación de carácter degradante. La magistrada, al final de la vista, ha leído 'in voce' la sentencia condenatoria.

La decisión sobre una eventual suspensión de las penas o la aplicación de medidas alternativas queda aplazada al momento de la ejecución de la sentencia. Asimismo, en el caso de los cinco acusados que permanecen en prisión provisional, el tiempo que ya han pasado en prisión será descontado del total de la condena que finalmente deban cumplir.

Cabe recordar que, tras ser arrestados, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma decretó el ingreso en prisión provisional de seis de los acusados. Una semana después fueron detenidos en Francia los dos agresores que faltaban por pasar a disposición judicial.

Ese mismo verano fueron detenidos seis turistas de entre 21 y 23 años por una violación grupal a otra joven en un hotel de Playa de Palma. Según las investigaciones, cuatro de ellos habrían forzado a la víctima a mantener relaciones sexuales, agresión que fue grabada en un teléfono móvil por uno de los arrestados.

Tras esos sucesos, The New York Times apuntaba cómo “cada verano” Magaluf (situado en el municipio de Calvià y gestionado por Vox) se ve arrastrada por “jóvenes británicos en busca de una bacanal” y llega definir este núcleo mallorquín como una parte de Reino Unido “situada en el Mediterráneo, con la excepción de que es más sórdida que cualquier otro lugar en los rincones más lúgubres de Londres”. El rotativo aseguraba, incluso, que las agresiones sexuales “son lamentablemente comunes” en la zona y que la “desnudez pública” es tan “frecuente” que en las calles se pueden ver carteles que advierten de que no llevar ropa conlleva multas de hasta 400 euros.

Magaluf es conocida en Europa por ser una de las mecas del turismo de excesos y el 'balconing'. Se ubicà en Calvià, que cuenta con la mayor planta hotelera de Mallorca (aglutina el 21% de establecimientos) y que desde hace años lucha por mejorar la oferta y la marca de la que muchos consideran la 'ciudad del pecado', un enclave con epicentro en la calle Punta Ballena copado por todo tipo de negocios vinculados al ocio diurno y nocturno en los que prevalece el abuso del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

En la pasada legislatura, el Govern aprobó la denominada ley “contra el turismo de excesos”, con el objetivo de cambiar el modelo turístico de determinadas zonas de Mallorca y Eivissa. Entre ellas, Magaluf; Platja de Palma y Llucmajor (todas ellas en Mallorca) y Sant Antoni de Portmany (Eivissa). La norma fue consensuada con una parte del sector hotelero, que veía con preocupación cómo año tras año -y también después de la aprobación de la ley- se sucedían las imágenes de descontrol y desenfreno juvenil en estas zonas, dominadas por el turismo británico.

El Ayuntamiento de Badajoz ha formalizado este 25 de febrero su adhesión a la campaña ‘La buena vecindad’, una iniciativa de la Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (ADHEX) que busca implicar a comunidades de vecinos, administradores de fincas y propietarios de viviendas en la detección de posibles casos de trata con fines de explotación sexual en la ciudad.

La firma de la declaración institucional ha tenido lugar en la sede del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Extremadura, en un acto en el que han intervenido la presidenta de ADHEX, Flor Fondón Salomón; el presidente del Colegio, Juan Antonio Martín Rodríguez; y el concejal delegado del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Mayores, Mujer y Participación Ciudadana, Juan Pérez Márquez, encargado de dar lectura al documento de apoyo municipal.

La campaña, financiada por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y desarrollada en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas, pone el foco en un fenómeno que, según han explicado sus impulsores, se ha desplazado en los últimos años desde los clubes hacia pisos y viviendas residenciales, muchas veces en régimen de alquiler o comercializadas como alojamientos turísticos.

En su intervención la presidenta de ADHEX ha situado la iniciativa en el marco de la defensa de los derechos humanos y del feminismo. Fondón ha comenzado subrayando que la trata con fines de explotación sexual “atraviesa nuestras calles, nuestros barrios y, a veces, nuestros propios portales”, aunque permanezca invisibilizada.

“Nos convoca una convicción clara: la explotación sexual no es un fenómeno marginal ni inevitable. Es una grave vulneración de los derechos humanos y una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y niñas”, ha afirmado. En su intervención, ha insistido en que no puede hablarse de libertad ni de igualdad real mientras existan mujeres explotadas bajo coacción, engaño, amenaza o abuso de vulnerabilidad.

Fondón ha advertido de que, especialmente tras la pandemia, se ha producido un desplazamiento de la explotación sexual desde los clubes hacia pisos y viviendas residenciales. “Este cambio no es casual: responde a la búsqueda de mayor invisibilidad, a la dificultad de control institucional y al abaratamiento de costes para quienes se lucran con los cuerpos de las mujeres”, ha señalado. Según ha explicado, estos entornos privados dificultan la detección y favorecen que la actividad pase desapercibida en comunidades donde los indicios pueden confundirse con simples molestias vecinales.

“Detrás de las puertas cerradas no hay conflictos de convivencia; hay, en muchos casos, mujeres retenidas contra su voluntad, sometidas a extorsión, a amenazas, a violencia. Mujeres que no se benefician de esa actividad, sino que son víctimas de redes y proxenetas”, ha declarado. No obstante, ha pedido actuar desde la prudencia y el respeto para evitar estigmatizaciones, especialmente hacia mujeres extranjeras o hacia quienes comparten vivienda. “No toda situación responde a la trata, y no toda mujer en contexto de prostitución está en la misma realidad. Pero cuando existan indicios, el silencio nunca puede ser la respuesta”, ha añadido.

Prevención

La presidenta de ADHEX ha explicado que la campaña tiene un enfoque preventivo e informativo y que no busca generar alarma, sino conciencia. Se facilitarán materiales dirigidos a administradores y administradoras de fincas, comunidades de vecinos y vecinas, propietarios de viviendas y gestores de alojamientos turísticos para que puedan reconocer posibles señales de alerta y sepan cómo canalizar la información de manera segura hacia entidades especializadas o fuerzas y cuerpos de seguridad.

Para Fondón, la implicación institucional es “irrenunciable”. Ha recordado que las administraciones locales tienen la obligación de proteger los derechos fundamentales y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, y ha valorado que el Ayuntamiento de Badajoz exprese su apoyo público a la campaña y se comprometa a difundirla a través de sus canales oficiales.

En la parte final de su intervención, ha situado la trata en un contexto estructural más amplio. Ha señalado la desigualdad, la feminización de la pobreza y el racismo como factores que incrementan la vulnerabilidad de muchas mujeres, y ha apuntado directamente a la existencia de una demanda de prostitución que sostiene económicamente el sistema de explotación. “Si hablamos con honestidad, debemos reconocer que sin demanda no hay negocio”, ha afirmado.

“Hoy damos un paso importante para que Badajoz sea una ciudad que no mire hacia otro lado”, ha concluido. “La buena vecindad no es solo saludarse en el portal; es comprometerse con la dignidad y la libertad de las mujeres que pueden estar siendo explotadas a escasos metros de nuestras casas”.

Tras las intervenciones, los representantes de las tres entidades han firmado de manera protocolaria el documento, en un gesto con el que, según han destacado, Badajoz pretende reforzar su compromiso institucional contra la trata y la explotación sexual y promover una “buena vecindad” entendida como implicación activa en la defensa de la dignidad y la libertad de las mujeres.

El futbolista del PSG Achraf Hakimi será juzgado en Francia acusado de violar a una joven en febrero de 2023, según han confirmado este martes a la agencia francesa AFP la abogada del jugador internacional marroquí y la Fiscalía de Nanterre.

A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años acudió a una comisaría, donde declaró haber sido agredida sexualmente en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (en la periferia de París), pero no quiso presentar una denuncia formal.

Desde la comisaría dieron entonces aviso a la Fiscalía de Créteil, que fue la primera que se encargó de caso antes de trasladárselo a la de Nanterre, que es la que ha abierto la investigación y ha enviado a juicio al futbolista.

El PSG, tras conocer esta información, respaldó a su defensa y le mostró su apoyo. “El club apoya al jugador, que ha negado firmemente las acusaciones, y confía en la justicia. El PSG es una institución que promueve el respeto dentro y fuera del terreno de juego”, recogía entonces el diario francés 'Le Parisien'.

Según una fuente policial citada por AFP, la acusación particular encabezada por la abogada Rachel-Flore Pardo aseguró que el jugador había besado a la joven, y le había hecho tocamientos sin su consentimiento antes de violarla. Por el momento, la acusación no ha hecho comentarios sobre la decisión de llevar el caso a juicio.

El futbolista marroquí nacido en Madrid, que fue formado en las categorías inferiores del Real Madrid, llegando a jugar 17 partidos oficiales con el equipo español, fichó después por el Borussia de Dortmund antes de recalar en el equipo de la capital francesa. Tras conocerse la decisión de llevarle a juicio, el jugador ha reaccionado a ella en X y ha asegurado que, “hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa”. “Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, ha añadido.

Su defensa, encabezada por la abogada Fanny Colin, asegura que se ordena en juicio basándose en una acusación “sustentada únicamente en la palabra de una mujer” y acusa a la víctima de haber puesto “obstáculos” a las investigaciones por rechazar pruebas médicas o de ADN o que se analizase su teléfono móvil.

La defensa del futbolista considera que “los dos peritajes psicológicos” de la víctima habrían revelado una supuesta “falta de lucidez sobre los hechos” y asegura que intentó ocultar presuntos mensajes privados con una de sus amigas. Sin embargo, tras las diligencias ordenadas por la Fiscalía, la abogada de la víctima rechazó que existiera “nada” en el expediente que pudiera suponer “un intento de extorsión”, como trataba de alegar la defensa.

“No toleraremos ninguna campaña de desprestigio o desestabilización, como desgraciadamente sigue ocurriendo aún con demasiada frecuencia con las mujeres que tienen el valor de denunciar las violaciones de las que son víctimas”, añadió la abogada de la víctima.

El PSG no se ha pronunciado por el momento sobre la apertura de juicio al lateral zurdo, en una información que llega un día antes de su partido de dieciseisavos de final frente al Mónaco.

El ya ex director adjunto operativo de la Policía José Ángel González incluyó el pasado año en la lista de comisarios reconocidos con la más alta distinción a su asesor, Fernando Óscar San Juan, a quien la víctima acusa de participar en las coacciones y encubrimiento de su violación por parte del número dos de la Policía. La Medalla de Plata, como se conoce en la institución, es un polémico reconocimiento que se reparte entre los miembros de la cúpula de la Policía en el último tramo de su carrera, o cuando se jubilan, y conlleva un 15% adicional a su salario de por vida.

El reconocimiento a San Juan se produjo en octubre de 2025, unos meses después de que González perpetrara la presunta violación y de que su asesor llamara en varias ocasiones a la víctima, una agente del Cuerpo, para ofrecerle un puesto a cambio de su silencio. elDiario.es ha tenido acceso a un documento restringido en el que la Dirección General de la Policía justifica los méritos para la concesión de la condecoración que los sindicatos policiales consideran la construcción de un relato para esconder un reparto de premios entre la escala superior en detrimento de los agentes de base.

En ese documento se dice que San Juan “ha demostrado tener una actuación ejemplar y extraordinaria en el marco de los cometidos asignados desde su nombramiento en su puesto en 2018, bajo la directa dirección del director adjunto operativo [el dimitido González], en sus funciones como asesor mediante el diseño de importantes dispositivos y eventos”. En este sentido, la resolución menciona la cumbre de la OTAN de 2022, la Presidencia de España del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 los Juegos Olímpicos de París, el dispositivo tras la DANA y el apagón eléctrico de 2025.

San Juan ha hecho carrera en los últimos años a la sombra del comisario acusado de violación. Junto a él estuvo en la Jefatura Superior de Melilla y en un destino anterior de González en Valladolid. Según recoge la querella, el comisario Óscar San Juan llamó en cinco ocasiones a la víctima en julio de 2025 –la presunta agresión sexual se produjo en abril– sin que esta atendiera el teléfono.

Finalmente, el 13 de ese mes, la denunciante y San Juan mantuvieron una conversación que fue grabada por la primera y cuyo audio se ha adjuntado a la querella, según escribe el abogado de la víctima. En la misma, San Juan “le propuso textualmente que ”elija a qué destino/puesto de trabajo quiero ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap“.

La querella añade: “En ese momento, la víctima le manifestó expresamente que lo sucedido no iba a quedar así y que tendría las consecuencias procedentes por las agresiones, faltas de respeto y abusos sufridos por José Ángel González, a lo que el citado San Juan contestó: ”Que no sabe de qué hablo y que solo me llama para saber mis intereses“, añadiendo literalmente: ”Tú me llamas porque él te ha dicho que me llames“. La víctima respondió: ”No contesto a su proposición“.

Los sindicatos policiales han plantado batalla judicial a las concesiones de este tipo de medallas obteniendo resoluciones a su favor, pero el ministro del Interior ha vuelto a concederlas. En octubre de 2025, junto a San Juan fueron condecorados con la Medalla de Plata al menos otros siete comisarios. La decisión de la concesión de ese tipo de medallas se adopta en el ámbito de la Dirección General de la Policía y lleva la firma del ministro de Interior. 

En la resolución por la que se premia a Óscar San Juan, cuyo cese ha anunciado esta mañana el ministro del Interior, se dice que el comisario tiene “una alta capacidad de trabajo, gestión y dirección, demostrando total abnegación, con dedicación absoluta que han contribuido al prestigio de la Corporación”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este miércoles que ha pedido una información reservada sobre San Juan por sus presuntas coacciones hacia la denunciante ofreciéndole cualquier puesto en la Policía. “Se está estudiando y he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales”, ha expuesto.

El magnate Elon Musk impulsó un giro estratégico en su compañía de inteligencia artificial, xAI, para permitir la generación de contenido sexualmente explícito con el objetivo de aumentar el tiempo de uso de su chatbot, Grok, ignorando advertencias internas sobre riesgos éticos y legales, según reveló una investigación de The Washington Post.

De acuerdo con documentos y testimonios de antiguos empleados obtenidos por el rotativo, los trabajadores de xAI fueron obligados a firmar una cláusula de exención de responsabilidad para trabajar con material “sensible, violento y sexual”.

La empresa, además, advirtió a su propio equipo de que la exposición a este contenido podría resultar “traumatizante” y causar “estrés psicológico”.

Según el medio, tras dejar su cargo como consultor en el Gobierno de Donald Trump la pasada primavera, Musk se centró en la popularidad de Grok, para escalar posiciones frente a competidores más populares como ChatGPT o Gemini.

La estrategia del director ejecutivo de Tesla parece haber dado resultados comerciales: las descargas de Grok aumentaron un 72 % en las primeras tres semanas de enero de 2026, situándose en el “top 10” de la tienda de aplicaciones de Apple.

Sin embargo, este crecimiento se ha sustentado en funciones polémicas, como el lanzamiento de “compañeros de IA” eróticos. Según el código fuente verificado por el Post, uno de estos bots, llamado “Ani”, fue programado para ser “extremadamente celosa” y estar “siempre un poco excitada”.

Este cambio de filosofía también se hizo público el mes pasado cuando Grok generó una oleada de imágenes de “desnudos” no consensuados, utilizando a mujeres reales en poses sexuales o en ropa interior.

Organizaciones como el Center for Countering Digital Hate estiman que la herramienta generó unas 23.000 imágenes sexualizadas que parecen representar a menores.

Ante estas acusaciones, Musk negó tener conocimiento de imágenes de menores desnudos producidas por su IA.

“Grok se negará a producir cualquier contenido ilegal. Si ocurre algo inesperado por un ataque informático, solucionamos el error de inmediato”, afirmó el empresario.

La tendencia de desnudar a personas reales ha provocado la apertura de investigaciones por parte de la Comisión Europea, el regulador de comunicaciones del Reino Unido y la Fiscalía General de California.

Las autoridades investigan si la plataforma viola las leyes contra la creación de imágenes íntimas no consensuadas y material de abuso sexual infantil. 

Sara tenía 12 años y estaba en 6º de Primaria cuando Víctor, que había sido su profesor de música hasta ese curso, la contactó a través de Instagram. Lo hizo bajo dos perfiles falsos –'Gordi' y 'Chato'–, desde los que empezó a hablar con ella presentándose como un apoyo emocional frente a “sus problemas”. Después comenzó a pedirle fotos y vídeos de contenido sexual que Sara (nombre ficticio) le envió. La situación se alargó durante un tiempo, hasta que ella insistió en que le revelase su verdadera identidad. Un día de 2021, Víctor, que tenía entonces 45 años, le escribió para que acudiera al aula de música del colegio y allí descubrió quién era. La chica “se quedó en estado de shock”, una situación que derivó en que, a partir de ese momento, el docente abusara de ella sexualmente en varias ocasiones. Tres meses después, Sara contó en el centro educativo lo que había ocurrido y denunció.

El caso es uno de los incluidos por Save the Children en un nuevo informe en el que analiza la violencia sexual contra la infancia en el entorno digital. El estudio aporta datos de las denuncias registradas y revela que en 2024 fueron 1.078, casi tres al día y un 13% más que hace dos años, según el Informe de Cibercriminalidad del Ministerio del Interior. Es “la punta del iceberg”, recalca la organización, de un problema que afecta de forma desproporcionada a los niños, niñas y adolescentes: ellos son las víctimas del 84,2% del total de de denuncias por delitos sexuales online.

Los datos han sido incorporados al estudio, que analiza 23 sentencias recientes dictadas por casos del conocido como grooming. El objetivo de dibujar una panorámica del fenómeno y para ello aborda este delito como aquel por el que una persona adulta contacta con un menor de edad por medios electrónicos con el fin de hacerle participar en cualquier actividad sexual. Por ejemplo, obtener materiales de contenido sexual o generar cualquier tipo de encuentro tanto en el plano digital como físico, tal y como le ocurrió a Sara, que fue agredida sexualmente por el profesor en cuatro ocasiones, una en el centro educativo y tres más fuera.

El contacto suele producirse en redes sociales, plataformas de videojuegos o canales de streaming y los agresores emplean un modus operandi característico de la violencia sexual hacia la infancia que tiene que ver con ganarse su confianza, coaccionarles y manipularles al tiempo que tratan de aislar a las víctimas para asegurar su impunidad. Según consta en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oursense contra Víctor, él era “perfectamente conocedor” de la situación de “fragilidad emocional” de Sara, que debido a una “grave problemática familiar” tenía conductas autolíticas. Unas circunstancias de la que el agresor “se aprovechó”.

Save the Children advierte en su informe de que Internet se ha convertido en un espacio más “para ejercer violencia” y ha dado lugar a formas “propias del entorno digital”, aunque apunta a que el incremento de denuncias no significa per se que haya un empeoramiento de la situación, sino que “es una señal” de que “el problema empieza a visibilizarse”.

Uno de cada cuatro familiares

De las 23 sentencias que ha analizado la organización, que es la segunda vez que presenta un estudio de estas características tras la edición de hace dos años, extrae conclusiones como la edad media de las víctimas, que se sitúa en los 13 años. Además, en el 60,7% de los casos la víctima era una niña y en todos el agresor es un hombre, en su inmensa mayoría sin antecedentes penales. De ellos, solo uno de cada tres son personas que las víctimas no conocen mientras que la mayoría pertenecen a su entorno: el 25%, uno de cada cuatro, son miembros de su propia familia.

La ONG es consciente de que la muestra no es representativa, pero concibe el informe como un acercamiento al estado de la situación del fenómeno. Entre otras dimensiones, ha analizado cómo suele destaparse el abuso y ha concluido que casi en la mitad de los casos, el 43,7%, es la madre la que interpone la denuncia, seguida de las propias víctimas (37,5%) y de los padres, algo que ocurre en el 12% de los fallos evaluados. Sara presentó ella misma la denuncia ante la Guardia Civil acompañada por su padre después de un último episodio en el que Víctor usó una gran violencia contra ella, según consta en el fallo.

Desde que se inició el proceso hasta que hubo sentencia condenatoria contra el exprofesor de música, pasaron tres años, que es la duración de más de la mitad de los casos (60,7%), de los cuales el 14,3% superó los cinco años de duración. Solo el 35% se resolvió en menos de dos años.

La ONG destaca que el 65% de los chicos, chicas y adolescentes tuvieron que narrar más de dos veces lo ocurrido antes del juicio, una práctica que hace que la víctima “tenga que repetir la violencia sufrida”, lo que “unido a procesos judiciales que se alargan” puede conllevar un riesgo de revictimización y “obstaculizar” el proceso de recuperación de ella y de su entorno, explica Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children.

En el 65% de los casos, las sentencias terminan en condena mientras que las absoluciones se deben principalmente a que no se consideró que concurran todos los elementos exigidos en el tipo penal o a falta de pruebas. La Audiencia Provincial de Ourense condenó a Víctor a la pena de 13 años y medio de prisión tanto por forzar a la chica a que enviara material sexual por Internet como por agredirla sexualmente en repetidas ocasiones. En general, la pena más impuesta (en el 71,4 % de los casos) fue de más de tres años.

La organización ha aprovechado el informe para reclamar la implantación de juzgados especializados en violencia contra la infancia, una previsión que incluyó con tres años de retraso la Ley de Eficiencia de la Justicia aprobada en diciembre de 2024. El junio siguiente el Gobierno autorizó la creación de tres: uno en Málaga, otro en Barcelona y otro en Madrid, algo que para la ONG es “claramente insuficiente”. Además, pide formación especializada y transversal para todos los operadores jurídicos, incluida la Fiscalía, con el objetivo de “asegurar una atención adecuada, eficaz y centrada en los derechos de la infancia y la adolescencia”.

También la organización reclama que la violencia sexual contra las niñas y chicas sea juzgada en este tipo de juzgados y no en los de Violencia sobre la Mujer, algo que en su momento anunció el Gobierno que ocurriría debido a que estos órganos han empezado a encargarse de los delitos sexuales fuera del ámbito de la pareja o expareja. Las niñas “tienen necesidades específicas” diferentes a las de las adultas y separar a chicos y chicas “supondría en la práctica un trato desigual” si son tramitados por juzgados diferentes, apunta la ONG.

Según la organización, los menores de edad se relacionan con Internet “desde edades tempranas” y más de la mitad lo usan de manera habitual desde los 11 años. Por eso, pone el foco en la necesidad de extender una educación basada en “el uso seguro y responsable” de las redes sociales sumada a la formación “afectivo sexual integral” que aborde “de manera adaptada a cada edad” cuestione como el consentimiento, la privacidad o el impulso de herramientas “para establecer límites” en los entornos digitales.

El comediante y actor inglés Russell Brand compareció este martes ante la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, por videoconferencia desde Estados Unidos acusado dos nuevos delitos sexuales, incluyendo uno de violación.

El actor ya fue acusado el año pasado de cinco delitos de esa índole: dos de violación, uno de atentado contra el pudor y dos de agresión sexual, presuntamente cometidos entre 1999 y 2005 y que involucran a cuatro mujeres, pero los negó en su momento ante los tribunales.

En una vista judicial de hoy, el intérprete de 50 años compareció desde EEUU para responder por un cargo adicional de violación y uno de agresión sexual, ambos presuntamente cometidos en 2009. Con una camisa vaquera con varios botones desabrochados, Brand solo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento durante la vista judicial que duró seis minutos.

El tribunal le concedió la libertad bajo fianza pero deberá comparecer en persona ante el Tribunal de la Corona de Southwark, sur de la capital británica, el próximo 17 de febrero. Se espera que el juicio contra Brand dé comienzo el 3 de junio de este año en la corte de Southwark y que se prolongue durante ocho semanas, hasta el 25 de julio.

El juez de Madrid Adolfo Carretero propone sentar en el banquillo al exdiputado Íñigo Errejón al considerar que existen “indicios” de que agredió sexualmente de la actriz Elisa Mouliaá, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. El magistrado considera que los hechos pueden ser constitutivos del antiguo delito de abuso sexual porque el exdiputado de Sumar “no empleó la violencia o intimidación”. Los hechos denunciados por la actriz se remontan a octubre de 2021, antes de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí que integró toda la violencia sexual bajo la denominación de agresión.

El auto que da cierre a la instrucción recoge que Errejón “dio un beso inconsentido, realizó tocamientos sexuales con un leve forcejeo e intentó un tocamiento sexual”, aunque desistió “ante la oposición de la víctima”. Mouliaá y Errejón comparecieron por primera vez en sede judicial el 16 de enero después de que en octubre de 2024 la presentadora denunciara al exdiputado. Errejón abandonó la política en octubre de 2024 tras recibir acusaciones de acoso machista. Su defensa recurrirá la decisión.

En su denuncia, Mouliaá relató haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón al menos en tres ocasiones en la misma noche de octubre de 2021, antes, durante y después de una fiesta a la que acudieron en casa de unos amigos de ella. Errejón reconoció que quedó con Mouliaá, pero insistió en que todo fue consentido.

En su resolución, el juez Carretero otorga credibilidad al relato de la denunciante, que constituye el principal “indicio probatorio” ante la ausencia de testigos presenciales de unos hechos que se habrían producido en la intimidad. El magistrado considera que su declaración fue “coherente en lo esencial” aunque no recordara algunos “detalles secundarios”, como si la habitación donde se habrían producido parte de los tocamientos tenía o no pestillo. Admite que la sometió a un “largo y exhaustivo” interrogatorio, en el que llegó a preguntarle si había denunciado por despecho. Y que ella “mantuvo la coherencia” y explicó que si no respondió a uno de los presuntos abusos —como sí hizo ante el tercer episodio— fue porque estaba “aturdida” y “bloqueada” ante la situación.

Existen, además, algunos testimonios de referencia, como el de su padre y de dos amigas; así como pruebas periciales. Entre ellas, el informe del psiquiatra que trató a la presentadora antes y después de los hechos y a quien comentó tres días después de verse con Errejón que había tenido un “problema” con un famoso político que no le quiso detallar y que tenía ansiedad por ello. Además, este profesional detectó que la actriz tenía estrés postraumático en una sesión “muy posterior a los hechos”.

El juez afirma que el hecho de que Mouliaá dijera por teléfono a una amiga que le parecía que los hechos no eran delito, pero que tenía que denunciar “no supone que no lo sean”. “La denunciante no es experta en Derecho ni tiene que calificar los hechos, bastando que los exponga, como ha hecho”, escribe el magistrado.

“Los indicios existen”

La resolución concluye que “los indicios existen” y que “no han sido totalmente desvirtuados” por la versión de Errejón y por la prueba documental y pericial que presentó su defensa. El exdiputado reconoció que “la besó en el ascensor, la toqueteó y manoseó en la fiesta y empezó a tocarla en su casa”, pero todo ello con su consentimiento y sin que la notase bebida. También afirmó que permitió que se fuera cuando quiso “con la mayor normalidad”.

Según el auto, Errejón defendió que la denuncia no es cierta y que se debía al “afán de notoriedad” de Mouliaá para lucrarse en los medios a su costa, ya que su carrera como actriz no iba bien. Su defensa aportó una conversación de WhatsApp con la actriz después de los presuntos hechos que el instructor considera “intrascendente”. De hecho, el juez recuerda que varios peritos explicaron en el juzgado que es “frecuente” que mujeres maltratadas o abusadas mantengan contactos con sus agresores “por dependencia emocional” o para que se disculpen de sus actos o les pidan perdón.

Carretero entiende también que el hecho de que Mouliaá acudiera cobrando a platós de televisión no resta credibilidad a su testimonio, pues esas intervenciones no difieren de lo dicho en sede judicial. Y subraya que la denunciante tiene “derecho” a “contar su intimidad como quiera en un Estado democrático”.

La defensa del exdiputado recurrirá la decisión del magistrado al considerar que su auto “ignora” el resultado de las pruebas practicadas y las “reinterpreta de forma alejada de la realidad”. Asimismo, el entorno de Errejón entiende que el juez justifica “de forma incomprensible e insólita” las supuestas “contradicciones” de la denunciante y obvia lo declarado por los “testigos imparciales” que estuvieron presentes en la fiesta y se apoya únicamente en los testigos de parte propuestos por la denunciante, que no estuvieron presentes en la misma.

Desde el colectivo de mujeres Itaia han denunciado “varios casos de sumisión química” en Arrasate-Mondragón durante las fiestas de Maritxu Kajoi celebradas el pasado 3 de octubre. En el mismo sentido y en las mismas fechas, en redes sociales, se ha alertado de que en Aretxabaleta, otro municipio guipuzcoano de la misma comarca, ha habido “casos de gente poniendo burundanga en la bebida, sobre todo a chicas para robarles”. No obstante, desde el Departamento de Seguridad aseguran a este periódico que “la Ertzaintza trató dos supuestos casos” de sumisión química en las fiestas de Maritxu Kajoi, pero que “tras seguir el protocolo de atención establecido en estos casos, se comprobó que no eran ciertos y no se habían producido como las supuestas víctimas relataban en un primer momento”. “Del mismo modo, cabe destacar que tampoco se interpuso ninguna denuncia en relación con tales hechos”, aclaran.

Alertas como estas suelen ser recurrentes, sobre todo en redes sociales, sin embargo, sobre los casos de sumisión química detectados en toda Euskadi, desde el Departamento de Seguridad detallan que no se realiza “una explotación estadística de la casuística dentro del conjunto de agresiones sexuales”. “No obstante, con la información de la que disponemos, no nos consta ningún caso reciente utilizando la sumisión química”, confirman a elDiario.es Euskadi.

A pesar de que comúnmente se relacionan este tipo de delitos con el ocio nocturno, según la última memoria sobre hallazgos toxicológicos en agresiones sexuales con sospecha de sumisión química del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses publicado en 2022 -último informe conocido- en 716 del total de los 950 casos en los que se dispuso de la información sobre el lugar en que ocurrieron los hechos, fue en los domicilios particulares donde predominantemente se produjeron (51,9%), seguido de los lugares de ocio (14,17%) y de la vía pública (11,9%).

No existe una constancia documentada de que haya habido ningún incremento de agresiones sexuales con sumisión química

Olga Rodríguez Marcos — Abogada especialista en violencia de género

Para Olga Rodríguez Marcos, abogada especialista en violencia de género, una cosa es “que se evidencien los casos para poner mecanismos frente a este tipo de agresiones y otra cosa que se extienda la idea y se insista en ello para provocar terror sexual”. “No existe una constancia documentada de que haya habido ningún incremento de agresiones sexuales con sumisión química ni que haya un número de casos alto mantenido en el tiempo y, de haberlos, se producen en contextos familiares, íntimos y de relaciones personales. Maridos sobre mujeres, hermanos sobre hermanas o padres sobre hijas. En los entornos de ocio o lúdicos no parece que estén ocurriendo”, reconoce.

A la abogada esta situación le recuerda al relato de los pinchazos ocurrido en 2022 y del que ya por aquel entonces expertas pedían cautela ante la posibilidad de que fuera una “estrategia de adoctrinamiento” a las mujeres mediante el pánico y la sensación de inseguridad en el espacio público. En aquel caso, Ana Burgos, investigadora de Noctámbulas, un observatorio que estudia la violencia sexual en entornos de ocio nocturno y consumo de drogas, reclamaba cautela y pedía esperar a los datos concluyentes y al devenir de las investigaciones para no alimentar la alarma. “Independientemente de que haya o no sumisión química, está siendo una estrategia de adoctrinamiento de las mujeres porque nos asusta y nos genera pánico. El objetivo es disciplinar a las mujeres, controlarlas y ordenarlas según el sistema patriarcal lo ha entendido: ellas en el espacio doméstico y sometidas, ellos en el espacio público y libres”, señalaba a elDiario.es.

“Como en el caso de los pinchazos, las alertas sobre casos de sumisión química sin comprobar, son otra forma de intento de control, amedrentamiento o de intentar limitar y controlar la vida de las mujeres. El mero hecho de que esa idea circule me parece incluso paternalista porque es un intento de estar metiendo miedo a las mujeres continuamente y evitando que salgan libremente. Una cosa es que se evidencien los casos para poner mecanismos y otra distinta que se extienda la idea y se insista en ello. Yo creo que esto último hace flaco favor porque genera incertidumbre y una imagen infantiloide y vulnerable de las víctimas”, lamenta Rodríguez Marcos.

Cuando las mujeres empiezan a tener libertad irrumpe el relato del miedo, del terror sexual

Nerea Baroja — Doctora en Feminismos y Géneros

Nerea Barjola es otra de las expertas que trabaja sobre los relatos mediáticos y cómo influyen en el terror sexual de las mujeres. “Cada generación de mujeres tiene un relato mediático y social que hace que tenga el terror sexual en el cuerpo. Para las jóvenes nacidas en los 80 fue el crimen de Alcàsser, pero es algo que lleva ocurriendo desde hace siglos e incluso milenios. Ahí está el caso de Jack el Destripador en 1888, que fue aleccionador, un aviso a aquellas mujeres que utilizaban el espacio público por la noche. Cuando las mujeres empiezan a tener libertad irrumpe el relato del miedo, del terror sexual”, relató la investigadora en su conferencia 'Los feminicidios y las violencias sexuales como relatos políticos de disciplinamiento y control: el caso Alcàsser y la construcción del terror y el peligro sexual', en el III Congreso de Periodismo Feminista organizado por Pikara Magazine en Bilbao.

Según detalló Barjola, que recoge estas ideas en su libro 'Microfisica sexista del poder', a lo largo de la historia los medios de comunicación han ido recogiendo un relato de que la violencia sexual “ocurre porque ocurre” y “puede pasar todo el rato”. “Nos llaman locas por estar todo el día pensando que nos van a atacar, pero constantemente estamos recibiendo mensajes en los que nos alertan de que no podemos volver a casa solas, ni borrachas, porque beber puede hacer que no controlemos. Así, consiguen que nos controlemos, no salgamos hasta tarde solas e incluso pensemos qué ropa vestir para salir a la calle y, cuando ocurre una agresión sexual nos avisan de qué debemos hacer para que no nos ocurra a nosotras”, señaló.

Independientemente de que haya o no sumisión química, está siendo una estrategia de adoctrinamiento de las mujeres porque nos asusta y nos genera pánico

Ana Burgos — Antropóloga y periodista feminista

“Hacen que haya una diferenciación entre lo que les pasa a las mujeres que se portan bien y a las que se portan mal, toman el espacio público y hacen suya la noche. Ahí entra en juego lo que se denomina como elemento transgresor, que son esas cosas que hacemos y no deberíamos. En el crimen de Alcàsser fue el autostop, pero puede ser el alcohol, la noche o la forma de vestir. Convierten a nuestros cuerpos dóciles por un lado, mientras que por el otro justifican la violencia sexual y crean una impunidad alrededor del agresor, muchas veces difuminando su imagen”, aseveró.

¿Qué se debe hacer para evitar el terror sexual relacionado con la sumisión química? Según Rodríguez Marcos, la clave está en “revisar los protocolos”. “Lo que se debería hacer es revisar los protocolos para que las mujeres que piensen que han sufrido ese tipo de agresión lo tengan más fácil para denunciar, protocolos más claros en los entornos hospitalarios para detectar con un amplio espectro las posibles sustancias químicas que se han utilizado para llevar a cabo la agresión, pero sacarlo sin un contexto y una base puede resultar contraproducente”, concluye la abogada.

Una jueza de Barcelona ha procesado al exfutbolista del R.C.D. Espanyol Álvaro Aguado (actualmente sin equipo) por la presunta comisión de un delito de agresión sexual a una empleada del club en una discoteca durante la fiesta por el ascenso a primera división de la entidad en 2024. La decisión judicial acerca el juicio al jugador, a la espera de que la Fiscalía y la trabajadora presenten sus escritos de acusación.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada acuerda el procesamiento de Aguado y, tal y como marcan los trámites del procedimiento judicial de sumario (el que corresponde a las posibles penas más elevadas), fija una declaración indagatoria del futbolista para el próximo 3 de noviembre. Además, le impone una fianza de 5.000 euros.

A criterio de la magistrada, “existen indicios del delito de agresión sexual”. El primero, la declaración de la denunciante, de quien la jueza no duda de su credibilidad y destaca que mantuvo la misma versión de los hechos tanto en su comparecencia ante los Mossos d'Esquadra como en el juzgado. El segundo, la declaración del propio Aguado, quien alegó que existieron relaciones, pero consentidas.

Además, la magistrada destaca los informes forenses, compatibles con la tesis de la agresión sexual, y las testificales de otros empleados del club que estuvieron en la fiesta en la discoteca Opium de Barcelona que “corroboran” la versión de la denunciante sobre los momentos anteriores y posteriores a la violación denunciada.

Los hechos se remontan al pasado 23 de junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del club organizó una fiesta privada para celebrar el ascenso del Espanyol en una discoteca de Barcelona. Fue en uno de los baños de la discoteca donde se habría producido la agresión sexual.

La trabajadora presentó la denuncia unos meses más tarde, lo que ha impedido recoger las grabaciones del local. Tampoco la discoteca Opium activó los protocolos previstos ante posibles agresiones sexuales ocurridas en el establecimiento, dado que la denunciante no comunicó lo sucedido al personal del local esa misma noche.

Según destaca la magistrada, la víctima “se ha mostrado sincera al relatar los hechos vividos”, pese a tener flashes de lo ocurrido durante la noche y admitir tener “recuerdos puntuales”, tal y como ocurre a veces con las denunciantes de delitos sexuales.

La declaración de la denunciante, agrega la magistrada, “ha sido corroborada parcialmente por testigos”, al menos en cuanto a los momentos posteriores y anteriores a lo ocurrido en el baño. Destaca la magistrada la existencia de whatsapps inmediatamente posteriores a los hechos que reflejan el “estado anímico” de la denunciante.

El informe forense, ahonda la jueza, también constituye un “indicio suficiente” para procesar a Aguado por agresión sexual y “avala” la versión de la denunciante.

Por su lado, Aguado, en su declaración judicial, admitió haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, si bien matizó que fueron consentidas. Según su versión, fue la empleada del club la que “se abalanzó” sobre él, y agregó que fueron al baño porque “no se encontraba bien”.

Aguado también contó a la magistrada que fue el club quien le informó de que había una denuncia por agresión sexual contra él, aunque el anuncio no fue acompañado de la apertura de ningún protocolo de violencia sexual ni de ninguna medida.

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un varón de 28 años de edad como presunto autor de un delito de revelación de secretos y pornografía infantil, al hallarse en su poder material pornográfico creado con inteligencia artificial a partir de imágenes reales de 26 mujeres, algunas de ellas menores de edad.

La investigación de la Policía Nacional se inició en agosto de este mismo año, cuando se recibió la denuncia de la madre de dos víctimas, debido a que había detectado la existencia de un canal en el que se difundían imágenes de contenido sexual, creadas con inteligencia artificial, en las que aparecían los rostros de sus hijas, según explica la Policía Nacional.

Posteriormente, se identificaron más víctimas, todas vinculadas entre ellas por relaciones familiares, de amistad o laboral, por lo que se sospechaba que el autor pudiera tener alguna conexión personal con ellas.

Los indicios obtenidos llevaron hasta un varón de la ciudad de Toledo, de 28 años de edad, que había mantenido una relación personal con una de las víctimas. En el registro que se realizó en su domicilio se hallaron varios teléfonos, uno de los cuales contenía fotografías y vídeos de carácter sexual, creados con herramientas de inteligencia artificial a partir de imágenes reales de las víctimas que el detenido obtenía de las redes sociales.

Además, se hallaron imágenes reales de otra de las víctimas, que aunque fueron captadas con su consentimiento, se difundieron sin conocimiento de la víctima a través de un canal que él mismo administraba y en el que hacía encuestas y votaciones respecto de los vídeos, instando a los usuarios a su participación para crear más contenido.

La Audiencia Provincial de Asturias ha dejado visto para sentencia este jueves el juicio contra un acusado por la presunta agresión sexual a una menor de 14 años, con la que convivía, y a la que previamente suministró drogas, según la versión de la Fiscalía, para anular su voluntad.

El Ministerio Fiscal ha sostenido en la vista oral que la menor había manifestado su rechazo a mantener relaciones sexuales, hasta en dos ocasiones, por lo que, ante la falta de consentimiento, el acusado habría aprovechado que se encontraba drogada para consumar la agresión sexual.

La menor no quería tener relaciones

Según el relato de la Fiscalía, el acusado inició entre abril y junio de 2023 una relación de convivencia en Oviedo y Gijón con la menor, que era su pareja.

Durante el tiempo que estuvo con ella, le facilitó sustancias “probablemente estupefacientes” para vencer su rechazo a mantener relaciones sexuales con la víctima. Ella tenía 14 años y él 31.

Una orden de alejamiento

Desde agosto de 2023, cuando se denunciaron los hechos, el acusado tiene prohibido aproximarse a menos de 500 metros a la menor y comunicarse con ella por cualquier medio.

La Fiscalía le imputa su autoría en un delito continuado de agresión sexual y pide una pena de 15 años de prisión, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros durante 20 años a la menor, a su domicilio, lugar de trabajo u otro frecuentado por ella, aunque no se encuentre en ellos, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo.

Libertad vigilada

Además, ha solicitado la imposición de una medida de libertad vigilada a cumplir con posterioridad a la pena privativa de libertad, durante siete años.

La Fiscalía reclama igualmente la inhabilitación especial del acusado para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no remuneradas, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad, durante 20 años; e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años.

La petición de indemnización

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la menor con 20.000 euros, más los intereses legales correspondientes.

El juicio se celebró esta mañana ante el tribunal de la Sección Tercera, con sede en Oviedo, y ha quedado visto para sentencia.

El juicio por violar y grabar las agresiones sexuales a una menor tutelada por la Generalitat no será el único que afronte T.L. El juez ha procesado al pederasta que formó una red de prostitución de menores y de distribución de pornografía infantil desde su piso del Raval de Barcelona en una segunda causa, en la que se han constatado agresiones sexuales a al menos cuatro menores de 16 años.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Francisco Miralles, tras una exhaustiva investigación, acuerda procesar a T.L. y a otro hombre, F.M., al constatar que ambos podrían ser autores de “múltiples” delitos de agresión sexual sobre personas menores de 16 años, así como de inducción a la prostitución y distribución de pornografía con menores de edad.

Para otros cuatro investigados, el caso ha quedado archivado ya que, si bien mantuvieron conversaciones pedófilas con el líder de la red de pederastia, o bien no han sido identificadas por las víctimas en los vídeos o bien no existen más indicios para atribuirles agresiones sexuales. A uno de ellos sí se le ha abierto otra causa al localizarse en su teléfono contenido pornográfico infantil.

La Fiscalía comunicará en las próximas semanas cuántos años de cárcel pide para cada uno en esta segunda causa después de que en la primera, en la que únicamente está acusado T.L., el Ministerio Público le reclame 107 años de cárcel. Además, hay una tercera causa, todavía en fase de instrucción y con el mismo protagonista, la misma víctima (la menor tutelada por la Generalitat) y otros hombres que la violaron.

Según expone el juez, entre 2016 y 2022 el jefe de la trama de pederastia contactó con diferentes hombres menores de edad para después agredirles sexualmente y grabar en vídeo las agresiones. En cuatro de las víctimas que han declarado en la causa se repite una misma circunstancia: las agresiones empezaron cuando tenían menos de 16 años, la edad que fija la ley para el consentimiento sexual.

Con uno de los chicos, indica el juez, T.L. “mantuvo de forma repetida y habitual” relaciones sexuales desde que el menor tuvo 14 hasta que cumplió los 16 años , y le llegó a ofrecer dinero a cambio de las agresiones. A otro menor al que habría violado entre los 14 y 17 años de edad, además, T.L. también le habría ofrecido drogas además de dinero.

Otras dos víctimas contaban solo con 15 años cuando empezaron las agresiones, mientras que en otras tres se produjeron cuando tenían más de 16 años. En estas tres últimas, precisa el juez, las relaciones sexuales fueron consentidas por parte de las víctimas, pero no así su grabación.

“Los indicios que existen en la causa son más que suficientes para procesar al investigado, al constar en las grabaciones de los actos sexuales indicados y la filiación de varias de las víctimas”, resume el magistrado, que destaca que las cuatro víctimas menores de 16 años en el momento de las violaciones “han manifestado de forma clara y contundente” que mantuvieron relaciones sexuales con T.L. “y han dado detalles suficientes del modo en que ocurrieron los hechos”.

Respecto al otro procesado, el juez indica que aparece en chats con el líder de la red y que los vídeos incautados a T.L. lo sitúan en hasta ocho agresiones sexuales, aunque solo dos de las víctimas menores de 16 años lo han identificado de forma clara como autor de sus agresiones.

Las fiestas del Pilar tendrán ocho espacios seguros donde se ofrecerá asesoramiento para prevenir “todo tipo de violencias” y también se brindará asistencia en los casos que se puedan producir de ambos sexos. Además se informará sobre los perjuicios del consumo del alcohol y las drogas. Estos espacios sustituyen a los puntos violeta que el Gobierno del PP acordó con Vox suprimir, como ya sucedió con el Vive Latino. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a los populares de “irresponsables”.

Estos ocho espacios seguros se ubicarán en la plaza del Pilar, el recinto ferial, el Espacio Zity, la Estación del Norte, el Jardín de Invierno, la Fiesta Viral Light –para adolescentes–, el Popyrock en plaza de Merino, y los foodtrucks del parque de San Pablo. El objetivo es crear una red de espacios seguros que mejoren la calidad de los eventos festivos y que ayuden a prevenir situaciones de gravedad.

Estos servicios cumplirán una doble función, según el Gobierno municipal. Por un lado, actuarán como punto de información y sensibilización para fomentar comportamientos saludables y libres de violencia. Por otro lado, ofrecerán apoyo y asesoramiento, derivando a los recursos adecuados a las personas que hayan sufrido “cualquier tipo de violencia, situación que atente contra su salud, violencia sexual, agresiones sexistas o violencia por su identidad”.

Se amplía de esta forma las situaciones que se atenderán y se trabajarán además la reducción de riesgos en el uso de sustancia psicoactivas, relaciones sexuales o conducción bajos efectos del alcohol.

La finalidad es “fomentar un ocio seguro y saludable promoviendo la convivencia”, ha subrayado la consejera municipal de Servicios Sociales, Marian Orós, durante la presentación de la campaña dirigida a las fiestas del Pilar que “son las mejores de España”.

Sobre el cambio de denominación de puntos violeta –donde se atendía a mujeres– a espacios seguros –en los tiene cabida la atención a cualquier persona que haya sufrido una agresión, además del aspecto preventivo–, Orós ha comentado que para este tipo de eventos festivos más masivos “es más eficaz juntar las violencias sexistas” al argumentar que “puede haber otros problemas” como la sumisión química que también “para ejercer otras violencias o robar, además de que se previene del uso del alcohol”. “El espacio seguro es positivo”, ha zanjado

Al respecto, ha apuntado que si un chico puede sufrir una agresión sexual “por qué no atenderlo también en ese espacio seguro” para indicar que se intentará que la campaña llegue a las entidades para hacer un trabajo de difusión y que sean unas fiestas “seguras y divertidas para todos”.

Críticas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto de manifiesto la “deriva del Partido Popular hacia posiciones cada vez más reaccionarias”, en respuesta a la eliminación de los puntos violeta de las Fiestas del Pilar. “Yo creo que es muy irresponsable esa deriva del PP hacia posiciones cada vez más reaccionarias”, ha afirmado.

En esta misma línea, Redondo ha llamado “a la centralidad” del PP, y ha dicho que los “retrocesos” vienen “impuestos” por el “miedo” de los de Feijóo a que “le coma la tostada” Vox.

“La sociedad no quiere violencia machista. La sociedad lucha contra la violencia de género. La sociedad está exigiendo a los políticos que sigamos avanzando en igualdad y frente a la violencia”, ha argumentado.

Los ataques también han llegado desde el grupo municipal del PSOE. Su portavoz, Lola Ranera, ha pedido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que “llame de una vez las cosas por su nombre” y “deje de blanquear” a Vox a la hora de hablar de violencia de género.

“Chueca ha decidido este año eliminar los puntos violeta. Parece que para ella, ya no es necesario visibilizar a la mujer por el hecho de ser mujer, es decir, no se cree la violencia de género”, ha criticado, al tiempo que ha recordado que Zaragoza es ya de las pocas ciudades españolas que no se ha adherido al Sistema Viogén.