La Diócesis pide la nulidad del juicio contra el excura de Málaga cuatro días después de ofrecerse a indemnizar a las víctimas

La Diócesis de Málaga pidió este lunes la nulidad de las actuaciones contra Francisco Javier C., padre Fran, acusado de haber sedado, violado y fotografiado a cuatro mujeres con las que mantenía una relación de amistad entre 2012 y 2018. La Diócesis participa en el juicio como responsable civil subsidiaria: en el caso de que se declarara la culpabilidad del exsacerdote podría quedar obligada a afrontar el pago de las indemnizaciones a las cuatro mujeres, fijada por la Fiscalía en 300.000 euros para cada una.

El letrado de la Iglesia pidió volver al comienzo de la investigación con el argumento de que la Diócesis debió ser llamada antes como posible responsable civil subsidiaria, y que al no haber sido así se vulnera la igualdad entre las partes. La petición del abogado, formulada como cuestión previa al inicio del juicio contra el exsacerdote, fue rebatida por la Fiscalía y por las acusaciones particulares, y rechazada in voce por el Presidente de la Sala de la Audiencia Provincial que juzga al padre Fran.

La petición ante los jueces contrasta con las promesas de restitución ofrecidas el pasado viernes por el actual Obispo de Málaga, José Antonio Satué, quien aseguró que la Diócesis “está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de los daños” producidos a las cuatro víctimas, incluso aunque no fuera condenada.

Aún se desconoce si el acusado podrá responder con su patrimonio de la condena económica que pudiera imponérsele, y el Obispado no ha formalizado el aval que anunció hace casi un año, que daría más seguridad de restitución que una póliza de seguros, según han subrayado los abogados de las víctimas, que han acusado a la Iglesia de poner “trabas” al insistir en una cuestión que ya fue resuelta: “Con sucesivos aplazamientos la Diócesis evita cumplir una resolución [el requerimiento para que preste fianza, bajo apercibimiento de embargo] y ahora pretende volver a suspender el juicio”, denunció uno de ellos.

Hechos ocurridos en la casa proporcionada por el Obispado

Francisco Javier C., de 37 años, está acusado de cuatro delitos de abuso sexual con penetración, cuatro de lesiones y cuatro de revelación de secretos, con las agravantes de abuso de confianza y alevosía. La Fiscalía pide para él 72 años de prisión.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado aprovechaba la relación de amistad y confianza con las víctimas, a las que conocía de encuentros de convivencia religiosa, para cometer los delitos. Compartían viajes y él las invitaba con frecuencia a dormir en casa de su madre o en su casa, cuando empezó a disfrutar de un domicilio propio que le proporcionaba el Obispado en la localidad malagueña de Ardales.  

Entonces, les suministraba algún tipo de narcótico, probablemente éxtasis líquido, que las dejaba en un estado de somnolencia que él aprovechaba para colocarlas en diferentes posiciones, penetrarlas con los dedos bucal, anal y vaginalmente y fotografiar y grabar esos momentos, según el relato de los hechos que hace la fiscal. Ninguna de ellas fue consciente de lo que él les hacía.

Algunos de estos hechos ocurrieron cuando ya era cura y en domicilios del Obispado. Francisco Javier fue ordenado sacerdote en 2017. Los hechos que se juzgan ocurrieron entre 2012 y 2018. Constan fotos y vídeos que documentan accesos carnales a las víctimas en 2017 y 2018.  

La Diócesis denuncia indefensión

Cuando se descubrieron los hechos, en septiembre de 2023, el Obispado trató de personarse como acusación particular (es decir, como víctima), pero fue rechazado tanto por la jueza de instrucción como por la propia Audiencia Provincial, en apelación. Más tarde, dictado ya el auto de procesamiento (es decir, en el cambio de la fase de instrucción a juicio) se personó como responsable civil subsidiario. Hoy su abogado ha comparecido acompañado del abogado de una aseguradora.

Para justificar su pretensión de dar marcha atrás a todo, el abogado del Obispado argumentó este lunes que el hecho de no haber podido participar en la investigación desde el primer momento con la condición de posible responsable subsidiario de la indemnización que pudiera establecerse le ha impedido proponer diligencias y pruebas que podrían eximirle de toda responsabilidad.

Esto habría provocado una vulneración de su derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, por lo que procedería la “nulidad insubsanable de todo lo actuado y la retroacción al momento inicial para que la Diócesis pueda defenderse en igualdad de condiciones”, según expuso.

El letrado sugirió que la Fiscalía había maniobrado para impedirle estar desde el comienzo con la condición que ahora tiene. “¿Por qué no se invitó a la diócesis a personarse como responsable civil subsidiario? Creemos que para evitar que pudiera pedir diligencias de investigación que aclarara si lo era o no. Se podían haber practicado diligencias que aclararan que la diócesis no tiene ninguna participación. Se vulneró claramente sus derechos constitucionales a la defensa”.

El Presidente ha recordado que se anuló inicialmente el auto de procesamiento para permitir la personación del Obispado, y recalcando que no hay indefensión efectiva porque ha podido proponer prueba para el juicio y presentar escrito de conclusiones.

“Como cristiana me sentí desamparada por la Iglesia”

Los hechos fueron descubiertos de forma casual en la Navidad de 2022 por su entonces pareja, que este lunes ha relatado su peripecia para poner en conocimiento de la Iglesia lo que había visto en el disco duro del padre Fran. “Como cristiana me sentí desamparada por la Iglesia”, ha dicho llorando.

Primero se lo contó al ayudante del padre Fran, luego al vicario (quien rechazó hasta cinco reuniones con ella y finalmente se enfadó cuando ella sugirió que estaba tratando de ocultar el caso, según ha relatado la mujer) y luego intentó relatarlo al entonces obispo, Jesús Catalá, sin conseguirlo. Le escribió cartas y le llamó por teléfono advirtiéndole de que había sido testigo de un delito que debía contarle en persona, y acabó presentándose en el Obispado. “No podía creer que me cerraran las puertas”, relató a los magistrados entre lágrimas.

Entre tanto, el padre Fran había sido trasladado de vuelta a la Península, primero a un retiro espiritual, y luego a un nuevo destino como párroco de El Burgo y Yunquera, dos pequeños pueblos de la Sierra de las Nieves, donde siguió ejerciendo el sacerdocio hasta pocos días antes de que la Policía lo detuviera en la llamada Operación Pájaro Espino, en el 11 de septiembre de 2023. Desde entonces está en prisión provisional.

El Obispado trató de llegar a una conformidad con las víctimas antes del juicio, que comenzó a celebrarse este mismo lunes. Este viernes, tres días antes de que comenzara el juicio, el actual Obispo, José Antonio Satué, pidió “perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en ésta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir”.

Satué avanzó que los abogados defenderían que la Diócesis no tiene responsabilidad, pero que si los tribunales declararan la culpabilidad del exsacerdote y exoneraran al Obispado, la Diócesis colaboraría en la reparación económica.