La jueza requiere toda la documentación del restaurante de lujo adjudicado a la nuera del alcalde de Estepona
La jueza de instrucción que investiga al alcalde de Estepona y una de sus concejalas de confianza por la adjudicación del restaurante del Mirador del Carmen a una empresa de su nuera ha requerido al Ayuntamiento para que le entregue toda la documentación que tenga en relación con este asunto. Además, ha acordado suspender la declaración del regidor, José María García Urbano (PP), hasta que haya recabado toda esa documentación: expedientes urbanísticos, de ejecución y control, económicos o de cualquier otro tipo relacionados con la concesión.
El juzgado de instrucción 4 de Estepona investiga a José María García Urbano (PP) por un presunto delito de tráfico de influencias, tras recibir una denuncia de Fiscalía por este caso, desvelado por elDiario.es Andalucía hace ahora tres años. Junto a él están investigados la concejala Ana Velasco, los técnicos municipales que intervinieron en la licitación y la pareja de su hijo, Nadia Odeh Núñez, administradora única de Inversiones Delmar 2022, que se hizo con el espacio en junio de 2023. Inversiones Delmar había sido creada apenas unos meses antes, no tenía experiencia en el sector, y estaba domiciliada en el despacho profesional en Málaga de Salvador Pedraza, quien también es concejal del PP en Estepona.
El fiscal cree que es “evidente” que la adjudicataria “carecía absolutamente de solvencia económica y profesional”, lo que pone en cuestión por qué obtuvo la concesión. En realidad, la mesa de contratación se basó únicamente en un criterio subjetivo: una “carta de intenciones no acreditadas”, según el fiscal, con la oferta gastronómica que pretendía ofrecer. Menos de un año después de recibir el local, Nadia Odeh Núñez vendió las participaciones de su empresa a un conocido empresario esteponero. El pliego prohíbe expresamente la cesión a terceros de la concesión sin autorización del Ayuntamiento.
A petición de la Fiscalía, la jueza pide ahora al Consistorio que le entregue todo lo que tenga en relación a este asunto, y lo detalla en una providencia a la que ha tenido acceso este medio: expedientes urbanísticos, incluyendo licencia de obras, proyecto técnico, actas de replanteo, certificado final de obra y licencia de apertura; expedientes de control, lo que abarca actas de inspección, informes de seguimiento de la concesión, expedientes sancionadores o resoluciones sobre incumplimientos; expedientes económicos, como la liquidación del canon, justificantes de pago, requerimientos o informes de intervención; y, en fin, cualquier otro relacionado con la concesión, como modificaciones de uso, cesiones o transmisiones de la concesión, incidencias o expediente de reversión.
Además, acuerda suspender la declaración como investigado del alcalde, hasta ahora prevista para el próximo 17 de julio, hasta contar con toda la documentación. Es la tercera ocasión en que el regidor evita su comparecencia ante la jueza de este caso. En su día, evitó dar explicaciones al Pleno, y se limitó a señalar que no podía haber nada ilegal porque lo que había desvelado este medio constaba en el Registro Mercantil, y por tanto no se ocultaba.
Declaración del subinspector de la UDEF
En cambio, se mantiene para el 17 de julio la declaración del subinspector del Grupo I de Blanqueo de la Policía Nacional, que firma el informe de la UDEF incorporado a las diligencias.
La UDEF ha indagado en las cuentas los vástagos del alcalde, de Núñez y del beneficiario final de la adjudicación y ha descubierto que García Urbano aportó 20.000 euros a cada uno de sus dos hijos en concepto de “donación” apenas una semana antes de que se constituyera la sociedad. Los agentes sospechan que ese dinero es el que Núñez usó como fianza para participar en la licitación, a la que sólo se presentó otra oferta, en el último minuto, y cuyo contenido económico era idéntico al de Inversiones Delmar. Los agentes creen que la adjudicataria es una empresa creada ad hoc con el único objetivo de “enmascarar” el beneficiario final de la concesión.
Ubicado en las tres últimas plantas (con acceso privado a un mirador al Mediterráneo en la última) del Mirador del Carmen, un edificio a pie de playa en cuya construcción el Ayuntamiento ha invertido 16,3 millones de dinero público, el local paga un canon de 27.000 euros anuales. Sale a 5,35 euros por metro cuadrado, una bicoca para la zona, a poca distancia del Puerto, recién restaurada y abierta al turismo, donde los precios pueden quintuplicarse. Se da la circunstancia, además, de que hasta ahora no consta que la adjudicataria haya pagado ese jugoso canon. Un informe municipal aportado al juzgado ya señaló que no tenía licencia de apertura ni había abonado ninguna de las dos anualidades transcurridas desde 2023.
La torre aloja un conservatorio de música, un auditorio, una biblioteca y una sala de exposiciones que ha expuesto obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, Fundación MAPFRE o la Fundación Zuloaga. El restaurante fue abierto en septiembre de 2024 bajo el nombre comercial de Cielo Skybar, y hoy forma parte de un exitoso grupo hostelero de la ciudad.
Además de por este asunto, García Urbano es investigado por otro juzgado de instrucción de la localidad por la contratación para el Ayuntamiento de una “amiga íntima” con la que había mantenido una relación y que nunca fue a trabajar. En este caso volvió a declarar hace 15 días para asegurar que la mujer reportaba verbalmente ante él sus supuestos trabajos, que ella niega que hiciera, y que hasta ahora carecen de cualquier acreditación documental. El juez ve “indicios suficientes” de delito para ir a juicio y está previsto que las acusaciones (PSOE, Vox y Fiscalía) presenten próximamente sus escritos de acusación por presuntos delitos de malversación y prevaricación.
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