Cuenta atrás para los caravanistas junto a la milla de oro de Málaga: “No podemos pagar un piso. Que digan dónde vamos”
En la jungla inmobiliaria de Málaga hay quien hace tiempo que encontró el hogar en una habitación multiusos sobre ruedas. “Aquí tengo el ventilador. El horno. La nevera. Mira, la televisión: la prendo para que veas que funciona. Tengo una placa solar de 12 voltios y esto lo transforma a 220”, describe Silvio, sentado en la cama, con acento argentino y estilo naturalista, tal y como lo haría un agente inmobiliario o un notario.
Él, que lleva 25 años en Málaga, se define como “clase obrera”, es repartidor de comida a domicilio a media jornada: dos horas y media a mediodía; dos horas y media por la noche. No es orgullo, pero tampoco siente vergüenza en decir que esta caravana es lo que él y María Rodríguez, que vive en la de enfrente, pueden pagarse. “Tenemos todas las comodidades. ¿Es pequeñito? Sí, pero nos adaptamos. Tenemos televisión, aunque no sea de 60 pulgadas”.
Son dos de los habitantes de las parcelas de Sacaba, en el extremo oriental de la capital de la Costa del Sol, a quienes si cumple lo previsto el Ayuntamiento expulsará este martes a las 7 de la mañana, alegando problemas “salubridad, gestión de residuos y convivencia”. Quienes aquí viven se revuelven. Rechazan la etiqueta de vividores y dicen que están al día con todo: se definen como trabajadores honrados, individuos, parejas y familias que no pueden permitirse pagar un alquiler en cualquier otro sitio de la ciudad, cuyos precios disparados llaman la atención hasta del Banco de España. De las grandes de España, esta es la ciudad que mayor esfuerzo económico exige para procurarse un techo.
“Somos gente de a pie: con un sustento, aunque nos veamos abocados a vivir así. No podemos tener una vivienda con los precios de hoy”, cuenta Rafa Sánchez, 54 años, con empleo estable en el aeropuerto, la puerta de entrada a la ciudad del turista internacional a la Costa del Sol, por donde pasaron 26,7 millones de personas en 2025. No aclara en qué empresa, igual que prefiere evitar aclarar qué tipo de funcionarios viven aquí, que también los hay, por miedo al estigma y las represalias.
Todos se describen como “vecinos” que, en lugar de una casa de ladrillo y cemento, invirtieron sus pocos ahorros en una caravana sobre ruedas que colocan donde les dejan. “Aquí hay muchas realidades: reponedores de supermercado, administrativos, trabajadores de la Sanidad, gente que ahora cobra menos porque está de baja; familias con niños, divorciados”, enumera: “Yo estoy contento con mi trabajo, pero no me da para 1.200 en gastos fijos al mes. Así que llevo aquí cinco años”, relata.
A pocos metros de áticos de cinco millones
El pasado viernes, el alcalde Francisco de la Torre (PP) anunció que deberán irse. Dijo entender su situación, que vinculó a la dificultad de encontrar vivienda asequible, pero insistió en que ese no era el lugar, y prometió que había puesto a los técnicos a encontrar una ubicación alternativa, antes de admitir que el asunto no tiene solución fácil, ni a corto plazo. Así que, por ahora, no hay alternativa.
La Plataforma Derecho a Techo ha registrado un escrito este lunes ante el juzgado de guardia, pidiendo paralizar el desalojo porque muchas de las caravanas son residencia “habitual y efectiva de familias en situación de vulnerabilidad”. Subrayan que la Constitución consagra la inviolabilidad del domicilio y recuerdan, además, que el Ayuntamiento no es el propietario de la parcela, así que no puede recuperar lo que no es suyo.
“Son vecinos y vecinas y esta es su única morada”, protesta Rosa Galindo, portavoz de la Plataforma, que lamenta que servicios sociales no haya visitado el lugar y que el Ayuntamiento no haya abierto una vía de diálogo con ellos. “Sólo les han dado un papelito de servicios operativos, como si fuesen muebles o basura. No es forma de tratar a las personas”. El portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento, Nico Sguiglia (Podemos) y el parlamentario de Adelante Andalucía Luis Rodrigo han responsabilizado de la situación al modelo de ciudad impulsado por el equipo de gobierno del PP.
Apenas a 300 metros, un puñado de grúas excavan el terreno para completar el desarrollo urbanístico de la zona, la nueva milla de oro de la capital malagueña. Muy cerca de donde se expulsará a las caravanas se venden áticos a millones, como los diseñados por François Leclerq para La Térmica Beach de Aedas Homes: son 755.000 euros por pisos de un dormitorio, y hasta cinco millones por el ático más lujoso. “Esto recuerda a lo que hacía Jesús Gil: expulsar a la gente humilde. Esto es un caramelo inmobiliario y quieren destinar la zona a viviendas de lujo. La limpieza es una excusa”, ha protestado Sguiglia.
Sin alternativas
Hasta hace cuatro años, muchos de quienes están hoy aquí tenían su sitio en la parcela de aparcamientos junto al Palacio de Deportes Martín Carpena. Allí contaban con servicios del Ayuntamiento, que había habilitado el espacio dotándolo de agua, luz y recogida de residuos. Pero Málaga se hizo con la celebración de la Copa Davis y encontró en ese lugar la ubicación idónea para las pistas. En noviembre de 2022 el Ayuntamiento los echó, y ya nunca les proporcionó ubicación alternativa.
Desde entonces, Málaga no tiene zona para caravanas. Las más cercanas, ambas privadas en Churriana y Rincón de la Victoria, están completas, y exigen el pago de 25 euros diarios, unos 750 euros al mes, que muchos aquí no pueden permitirse. Y el camping más barato se va a 900 euros al mes.
Muchos buscaron sitio en los alrededores y, con el paso de los meses, fueron reuniéndose en estas parcelas junto a los antiguos terrenos del Butano, justo antes del ramal más occidental de la desembocadura del Guadalhorce. En Sacaba: sí, el nombre lo dice todo. Son entre tres y cuatro parcelas privadas, y nadie tiene muy claro a quién pertenecen, así que ahora que se van a constituir como asociación han comenzado a indagar en el registro. Hablan de una gran empresa y algunos particulares. Tampoco el Ayuntamiento lo aclara, y se limita a asegurar que actúa “en colaboración con la propiedad del suelo”, sin explicar (pese a las preguntas) si los privados han instado el desalojo, si hay orden judicial o si es un desahucio administrativo fundamentado en algún motivo de orden público.
Lo único que tienen los vecinos son unas cuantas vallas de la Policía Local y un papel supuestamente municipal, sin sello ni referencia que lo identifique, donde se avisa que por “razones de limpieza y salubridad” deben retirar el vehículo, y si no lo hará la grúa. Cuando anunció la actuación, el Consistorio invocó también problemas de convivencia con los vecinos. Aún son visibles los restos de una caravana que ardió la semana pasada, supuestamente por una instalación eléctrica defectuosa.
¿Broncas? Las hay, claro, pero no más que en otros barrios y atribuibles, subrayan, a un tipo de campista diferente, el que está de paso. Según explican, ellos sí cuidan el lugar, miden al máximo el agua que consumen y hasta recogen de vez en cuando la basura que dejan los domingueros.
Sánchez ha elaborado un censo. Calcula que hay unas 140 personas trabajadores residiendo en caravanas en este lugar. Junto a este perfil, hay también personas en situación de exclusión, y quienes vienen a echar unos días. Incluso quienes aprovechan el campamento para instalar alrededor campas y tiendas de campaña. En esos casos es más probable que surjan problemas de convivencia: fiestas, peleas, fogatas. Un problema que no generan ellos y que no pueden resolver. Asegura Sánchez que ellos mismos han denunciado muchas veces, pero que la Policía no siempre acude. “Cuando se monta aquí la fiesta del siglo también nos molesta, lógicamente. Pero el que vive aquí no es ese tipo de persona incívica”.
“No queremos vivir gratis”
Sentado a la puerta de su caravana, Silvio degusta una tónica y rememora su historia. En 2006 se ató una hipoteca. La crisis lo arrastró al fondo, pero se enteró de la posibilidad de entregar su vivienda para saldar la deuda. Él mismo preparó su escrito. “Conseguí la dación pago y alquiler social”. Así estuvo durante 15 años, hasta que llegó otro golpe: “La pandemia nos arruinó”. Compró la autocaravana en cuanto se pudo salir del municipio. Primero se instalaron en Almayate, a 30 kilómetros. Pero le salía por un pico venir dos veces al día en moto. Este es un mundillo donde las noticias vuelan, y pronto se reubicaron aquí, donde lleva cuatro años.
Begoña Álvarez lleva siete años en Málaga y tres en Sacaba. Trabaja como consultora telefónica, pero ahora está de baja porque se rompió ambos brazos. Cuando la echaron de casa para subir el precio de su alquiler en La Palma se compró una Camper, y recuerda que al principio pasó miedo, pero luego fue encontrando su sitio e, incluso, un sentido de pertenencia: “Nosotros recogíamos la basura. Sólo pusieron contenedores hace dos meses”.
Ha venido a apoyarles Sandra Pérez, que vivió aquí con su pareja hasta hace poco. “Hemos llegado a pagar un alquiler por vivir a 40 minutos de Málaga, trabajando aquí”, recuerda. Compraron la autocaravana como último recurso, no para viajar o hacer turismo: para vivir aquí. Y así lo hicieron durante dos años. Ahora tienen una vivienda gracias a la ayuda familiar, y la caravana ha quedado para ocio, pero mantiene su apoyo a las vecinas con las que ha compartido todo, también peligros, como aquel día en que casi se les inunda todo.
“No podemos desaparecer. Somos una realidad”, observa Rafael Sánchez: “No queremos dar pena, limosna, vivir gratis en primera línea de playa… Nos vamos donde no molestemos, pero que nos digan dónde”.
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