Un tribunal de Roma ha fallado que los aumentos de precio en la suscripción a Netflix entre 2017 y 2024 han sido “ilegales” y “vejatorios” y ha reconocido el derecho de los usuarios a solicitar un reembolso o una reducción de sus tarifas.

La compañía de entretenimiento avanzó este viernes a EFE que impugnará esta sentencia, al considerar que sus condiciones no han contravenido la legislación italiana.

“Recurriremos esta decisión. En Netflix nuestros abonados están por encima de todo y nos tomamos muy en serio los derechos de los consumidores. Creemos que nuestras condiciones siempre han respetado la normativa y la praxis italianas”, afirmó un portavoz.

La Asociación Movimiento de Consumidores había acudido ante el Tribunal de Roma para denunciar como “vejatorias” unas cláusulas que han permitido a Netflix aumentar los precios de sus abonos entre 2017 y 2024 sin especificar el motivo del encarecimiento.

La sentencia, de 49 páginas, reconoce los cambios de precio en esos ochos años como “vejatorios” e “ilegítimos” para los espectadores y obliga a la devolución de dinero.

“La ilegalidad de las conductas anteriormente descritas, consistentes en la modificación unilateral del precio y de las condiciones normativas sin un motivo justificado indicado en el contrato, conlleva el derecho de cada consumidor que haya sufrido, en el marco de contratos suscritos desde 2017 hasta enero de 2024, el aumento de los precios y, desde 2017 hasta abril de 2025, modificaciones de las condiciones del servicio, a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas”, se lee en el fallo.

La sentencia también recoge el derecho a indemnización por daños y perjuicios.

Además Netflix deberá publicar la sentencia en su portal de internet y, en el plazo de 30 días, en las páginas de dos periódicos italianos, Il Corriere della Sera y el económico Il Sole 24 Ore.

La Asociación demandante ha confirmado en un comunicado que cada usuario que se haya visto perjudicado por esta práctica “tendrá derecho a una reducción del precio actual de la suscripción” o a la “devolución de las sumas indebidamente pagadas”.

Este fallo afecta a millones de personas en Italia, ya que se estima que en octubre de 2025 había en el país 5,4 millones de abonos.

El mayor reembolso al que se podrá aspirar es a aproximadamente 500 euros (576 dólares al cambio), en el caso de un cliente con perfil Premium que haya disfrutado de las series y películas de Netflix ininterrumpidamente desde 2017, según el cálculo del equipo legal de la asociación de consumidores.

Como alternativa, la sentencia impone a Netflix reducir el precio de las suscripciones actuales al mismo nivel que los aumentos.

“Por ejemplo, un cliente Premium que activó su abono en 2017 y que paga 19,99 euros (23,06 dólares) tiene derecho al mismo servicio por un precio de 11,99 euros (13,83 dólares), mientras que un cliente Standard que paga 11,99 euros deberá desembolsar 9,99 euros (11,52 dólares)”, afirma la asociación.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda de la Fundación Francisco Franco, a la que acusa de vulnerar la normativa vigente sobre protección de datos y por el “posible incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. Con esta son ya once las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha que la asociación ha denunciado en los últimos años. Las denuncias han sido presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

A través de su tienda online, la Fundación Francisco Franco, que está actualmente inmersa en el proceso de extinción iniciado por el Gobierno, vende artículos como libros, calendarios, cinturones, corbatas y medallas, entre otros accesorios, según señala Facua. “No obstante, no se proporciona información suficiente que permita identificar al responsable del tratamiento de los datos personales recabados de los usuarios, ni se informa sobre los derechos ARCO que los clientes pueden ejercer”, advierte.

Por lo tanto, la asociación entiende que se están “omitiendo datos esenciales, lo que supone una clara vulneración de las obligaciones legales de información al consumidor y genera una situación de falta de transparencia que puede provocar indefensión”. Según Facua, la fundación “se salta la obligación” de facilitar información sobre el tratamieno que hace de los datos de los compradores y de su derecho de acceso, rectificación, supresión o limitación al tratamiento, lo que, a su juicio, constituye una infracción de la Ley de Protección de Datos Personales.

Exaltación de la dictadura

La organización también pone el foco en la simbología “que ensalza la figura del dictador Francisco Franco” que reproducen los mensajes y las imágenes de los artículos. “Incorporan referencias explícitas a su persona, así como a emblemas y consignas vinculadas al régimen franquista y a la ideología fascista que lo sustentó”, apunta Facua en un comunicado.

La naturaleza de estos artículos, su presentación comercial y el contexto en el que se ofrecen al público, critica, “evidencian una finalidad de exaltación y normalización de ideologías y regímenes responsables de graves vulneraciones de derechos humanos, suponiendo un claro menosprecio hacia las víctimas y sus familias”.

Facua considera que la comercialización de este tipo de artículos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva mercantil o de libertad empresarial, sino también desde su impacto en la dignidad de las víctimas, en la preservación de la memoria democrática y en la salvaguarda de los valores de respeto, pluralismo y convivencia “que deben regir en una sociedad democrática”.

En este sentido, la organización de consumidores cree que la fundación puede estar vulnerando el artículo 62 de la Ley de Memoria Democrática, que califica como acciones muy graves “las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública” exalten la dictadura o sus dirigentes.

En base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para extinguirla concluyendo que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática. El proceso sigue actualmente su curso y, en última instancia, será un juez el que decida sobre ello. Hace dos semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la fundación de frenar el proceso.

Arreglar en lugar de sustituir no es solo una consigna de activistas políticos. Es un derecho reconocido por el Parlamento Europeo desde 2024. En ese momento aseguraron que cuando se averían dispositivos como televisores, lavadoras o teléfonos móviles, el consumidor podría exigir la reparación del dispositivo en lugar de reemplazarlo por uno nuevo. Uno de los motivos para mover ficha fueron los 62 millones de toneladas de basura electrónica que se generan al año según la ONU. Un millón de esos residuos se generan solo en España.

La norma busca garantizar a los consumidores que tengan acceso a piezas de recambio a un precio asequible y con poco tiempo de espera para que les compense más reparar sus electrodomésticos en lugar de comprar uno nuevo una vez que acabe la garantía hasta, por lo menos, diez años después de la fecha de compra. La intención es que el tiempo de reparación y su metodología no dependan únicamente de los fabricantes, sino que pueda gestionarse en talleres independientes. En España, existe un Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible aprobado por el Consejo de Ministros que va en línea de las normas europeas.

Durante todo estos años, la UE ha aprobado varias normas clave, como la Directiva del Derecho a Reparar, los reglamentos de ecodiseño para hacer los dispositivos más sostenibles o la regulación de baterías. Eso sí, desde Right to Repair, una coalición de 180 organizaciones europeas que luchan en defensa de la reparación, siguen viendo estas medidas como algo “limitado y fragmentario”. Argumentan que la reparación solo está garantizada para unos pocos productos, que los fabricantes aún dificultan las reparaciones, que los índices de reparabilidad están incompletos, que durante la garantía reparar no es prioritario y que el precio de las piezas de recambio es un gran agujero negro: Bruselas obliga a informar sobre el precio de las piezas y a que sea “razonable”, pero esa razonabilidad no está especificada con exactitud.

El derecho a reparar aún no es universal: depende del producto que sea, cuándo se puso a la venta y qué normativa específica le aplica. La obsolescencia programada también juega un papel crucial: “Es donde se ve la calidad de los materiales, cada vez peor”, señala María Durán, responsable del área de Recursos Naturales y Residuos en Amigos de la Tierra. Es algo que, indica, se observa en productos como lavadoras, secadoras, cámaras de fotos, ordenadores, impresoras o en la ropa.

Pero la UE garantiza el derecho a reparar. Desde Right to Repair han realizado una tabla filtrando los tipos de dispositivos con la normativa europea y si las normas están ya en vigor, debatiéndose o no se ha contemplado en absoluto. “Todavía estamos en una fase inicial en cuanto a la aplicación de estas medidas, y tenemos previsto trabajar más a partir de ahora en el seguimiento de las mejoras reales en materia de reparabilidad”, señala Ugo Vallauri, del equipo de Right to Repair. Él ve clave el reglamento de baterías, que entrará en vigor a partir de febrero de 2027: “Tiene el potencial de generar un impacto amplio gracias a su gran ámbito de aplicación, ya que se extiende a todos los productos que incorporan una batería. Estamos trabajando para garantizar que las exenciones a su aplicación sean lo más limitadas posible”. 

Desde Right to Repair engloban diferentes grupos de dispositivos. En los que sí está regulado el derecho a la reparación se puede esperar una mayor disponibilidad de repuestos; más información técnica disponible online tanto para reparadores como consumidores y mejoras en la durabilidad y en el soporte del software para electrónica. Según la normativa de la UE, hay incentivos para optar por la reparación, como vales y fondos y las plataformas en línea ayudan a los consumidores a encontrar servicios de reparación de proximidad y tiendas con bienes reacondicionados. 

La aplicación en los grandes electrodomésticos

Las lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos y hornos están bien cubiertos por normas de ecodiseño. A partir del 31 de julio de este año se refuerza la disponibilidad de piezas, la obligación de reparación y se establecerán precios más justos, aunque no se especifican. Para Right to Repair, son los productos con mejor derecho a reparar hoy en día junto a los teléfonos móviles. Eso sí, no tienen ninguna etiqueta o índice de reparabilidad.

Dispositivos electrónicos 

Los smartphones y tabletas ya tienen reglas sobre baterías y reparabilidad y cuentan con la etiqueta de reparabilidad. A partir del 31 de julio se establecerán los precios razonables, se refuerzan piezas, se garantizará la reparación ofrecida por el fabricante y se prohibirán los bloqueos de software también en televisiones. El reemplazo de baterías llegará en 2027 para las videoconsolas, los auriculares, los altavoces o los relojes inteligentes. Los colectivos en defensa del derecho a reparar piden una mejora para los ordenadores, que por ahora solo han aprobado las baterías reguladas reemplazables el 18 de febrero de 2027.

Lo mismo sucede con las impresoras, que muchas veces bloquean tinta de marcas ajenas al fabricante. “Llevamos demasiado tiempo esperando una normativa de ecodiseño para ordenadores, impresoras. Estos expedientes han estado paralizados durante mucho tiempo, y consideramos urgente que se finalicen”, señalan al respecto desde Right to Repair.

Pequeños electrodomésticos

Aquí se encuentran las cafeteras, aspiradoras, cepillos de dientes eléctricos, batidoras o tostadoras. Hay obligaciones que entran en vigor el 18 de febrero de 2027 como el cambio de baterías en cepillos y aspiradoras. Son los que menos coberturas tienen, pero es cierto que son los más fáciles de sustituir por precio y oferta.

Vehículos y movilidad

Las E-Bikes y los scooters mejorarán entre 2026 y 2027 en cuanto a reglas de baterías reemplazables, piezas y manuales. Además, se facilitarán las reparaciones en talleres especializados. Sin embargo, las bicicletas eléctricas y coches tienen muy poca regulación específica sobre reparación y aún no existe una norma clara. Los vehículos eléctricos ligeros empiezan a estar cubiertos; los coches, no tanto. 

En este sentido hay cierta polémica con empresas como Tesla. Sus baterías solo se pueden cambiar en talleres autorizados. En 2023 los clientes denunciaron a la empresa para evitar que solo los talleres oficiales realizaran las reparaciones. Una recomendación de Right to Repair al adquirir estos coches o bicicletas es verificar si las baterías son reemplazables con facilidad y durante cuántos años garantizan repuestos.

Otros productos

Aquí se engloban las herramientas de soldadura, equipos deportivos, juguetes, muebles, ropa… Su estado varía mucho. Algunas categorías como las herramientas eléctricas empiezan a recibir requisitos hacia 2027; otras como textiles, calzado o muebles, están menos reguladas en términos de reparación. El derecho a reparar está muy atrasado. “El fast fashion está abocando a un modelo de consumo de ropa de usar y tirar en el que las calidades son cada vez peores, incitando a un consumo desmesurado”, valora María Durán.

¿Sirve la norma realmente para cambiar algo?

Cambiar la batería estropeada de nuestros dispositivos puede alargar años su uso. Duplicar la vida útil de móviles y portátiles podría evitar hasta 28 millones de toneladas de CO₂ hasta el año 2040, según un informe del Instituto de Energía y Eficiencia de los Recursos de la Universidad de Zaragoza con Amigos de la Tierra. “El sector de la reparación en España aporta un gran valor ambiental, tanto por alargar la vida útil de los productos, como por el ahorro de materias primas, al no tener que comprar productos nuevos”, valora María Durán, quien organiza también junto a su asociación talleres para reparar dispositivos. Propone además reducir el 21% del IVA en las reparaciones al 10% para fomentar los cambios de consumo en la ciudadanía.

Desde Right to Repair buscan hacer la reparabilidad más horizontal: que los propios consumidores lo tengan más fácil. “Que abarquen una gama mucho más amplia de productos de consumo, desde electrodomésticos de cocina hasta equipos de audio. Solo alejándonos del enfoque por categorías individuales y abordando un abanico amplio de productos podremos acelerar la consecución de un derecho universal a la reparación”, declara Vallauri. 

Hay para quien el problema va más allá de poner parches. Ángel Zurdo, profesor de Sociología del Consumo en la UCM, habla de la insuficiencia de estas medidas por no considerarlas realmente intervencionistas. “Incluso si estas políticas regulatorias fueran iniciativas ambiciosas tendrían un impacto limitado con respecto a las dinámicas generales de obsolescencia en el consumo. El problema no es tanto la escasa reparabilidad de un iPhone sino la irrelevancia de la hipotética reparación en un sistema que exige el remplazo constante. Apple y el resto de marcas renuevan anualmente su oferta de móviles, esquema que hace totalmente intrascendente que el diseño de los nuevos dispositivos resulte ligeramente más eco-friendly”, concluye Zurdo. Para él, sin obsolescencia programada no existe la sociedad del consumo.

En los últimos años, los algoritmos han pasado de ser herramientas invisibles a convertirse en árbitros cotidianos de decisiones que afectan al día a día: desde hacer un examen a pasar un control adicional en el aeropuerto. Pero cuando algo sale mal, cuando un sistema automatizado discrimina, niega un servicio o trata datos sin garantías, empieza un recorrido que los expertos describen como un laberinto.

Un avance del informe de Political Watch, presentado bajo el paraguas de IA ciudadana —una plataforma integrada por 19 organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el entorno digital—, concluye que quienes sufren daños por sistemas de inteligencia artificial se enfrentan a normas fragmentadas, autoridades con competencias difusas y procedimientos que no garantizan su reparación.

El informe, que analiza qué ocurre cuando un sistema automatizado vulnera derechos, mapea por primera vez las vías de reclamación existentes y señala los puntos en los que el proceso se atasca. Tal y como apunta la portavoz de Political Watch y representante de IA ciudadana, Celia Zafra, “el problema no es ciencia ficción”. Se trata de la primera fase de un trabajo que busca diagnosticar los obstáculos actuales antes de proponer soluciones, explica.

Un sistema pensado para supervisar, no para reparar

Cuando una persona se ve perjudicada por un algoritmo, esta tiene derecho a reclamar. Pero en la práctica, según el documento adelantado, hacerlo implica recorrer un entramado institucional y legal complejo en el que no existe una “ventanilla clara” a la que acudir.

El análisis revisa el marco internacional, europeo y español aplicable y concluye que, pese a la abundancia de normas, la regulación resulta fragmentada. “Una misma vulneración algorítmica puede quedar cubierta por varias normas a la vez o, por el contrario, no encajar plenamente en ninguna” explica Zafra.

Según el informe, el diseño institucional actual prioriza el cumplimiento regulatorio por parte de empresas y administraciones, pero no siempre ofrece mecanismos efectivos para reparar a quienes sufren el daño. “Está pensado más para regular el mercado que para reparar a quien sufre el daño”, añade.

Detectar que el daño y falta de indemnizaciones

Desde la parte técnica, la investigadora Mireia Orra subraya que el primer obstáculo aparece incluso antes de iniciar cualquier reclamación: identificar que el perjuicio proviene de un sistema de inteligencia artificial. “Es muy difícil para una persona que no se dedica a temas de tecnología detectar de dónde proviene el daño”, apunta.

El informe recoge que la aplicación de tecnología afecta a derechos fundamentales que ya cuentan con garantías —como el derecho a no ser discriminado—, pero no siempre está claro si la persona afectada debe acudir a una autoridad de protección de datos, a una inspección sectorial o a ambas vías, lo que genera incertidumbre.

Otro de los puntos críticos, según la investigadora, es la fase de resolución. Las autoridades pueden determinar que se ha vulnerado un derecho y sancionar a la entidad responsable, pero no tienen potestad para fijar indemnizaciones, lo que obliga a iniciar nuevos procedimientos para reclamar compensaciones.

El informe advierte además de la dificultad para cuantificar daños como los derivados de vulneraciones de protección de datos, un terreno en el que no existen criterios claros y en los que “habrá un dilema para establecer una indemnización”, señala Orra.

También se documentan casos en los que entidades sancionadas continúan utilizando sistemas cuestionados, lo que —según el diagnóstico— evidencia que no siempre se corrigen los efectos de estas tecnologías. Como es el caso de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que pese a ser multada por utilizar reconocimiento facial en los exámenes, sigue utilizando ese sistema.

Plazos de prescripción y falta de coordinación

El informe subraya que es necesario revisar cómo funcionan los procedimientos, porque el plazo para reclamar puede agotarse mientras la autoridad aún está resolviendo el caso. Esto puede dejar a las personas afectadas sin opción de pedir una compensación incluso cuando se reconoce una vulneración. Como ejemplo, cita la sanción a Aena por el uso de reconocimiento facial en sus aeropuertos sin garantías adecuadas, donde el trámite del expediente no interrumpió el plazo de prescripción, por lo que ningún usuario ha sido indemnizado por ello.

El documento también identifica problemas de coordinación entre organismos, ya que al menos tres autoridades pueden recibir reclamaciones —como la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la autoridad competente en inteligencia artificial—. Cada una de las distintas autoridades con criterios propios, lo que puede provocar conflictos sobre quién debe tramitar una reclamación.

Orra concluye que “tenemos derechos digitales sobre el papel, pero no tenemos una ventanilla clara donde una persona pueda decir que un sistema de IA le ha perjudicado”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la multa de 96.000 euros que la Comunidad de Madrid impuso a la organizadora del festival Brava Madrid, Madrid Salvaje AIE, tras la denuncia de Facua-Consumidores en Acción por distintas cláusulas abusivas en las que incurrió en su edición de 2023, como imponer pulseras cashless como único método de pago y cobrar por la devolución del dinero no consumido.

La Sala desestimó el recurso de la organizadora del evento contra dicha sanción y al no ser recurrido la sanción ha adquirido firmeza, según consta en una resolución de la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de Madrid, a la que tuvo acceso Europa Press. El expediente se encuentra en fase de ejecución para el cobro de la sanción impuesta.

En octubre de 2025, la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la CAM comunicó a Facua que había impuesto una sanción de 96.000 euros por la comisión de dos infracciones administrativas graves. Por un lado, se sancionó la imposición de las pulseras cashless como “único sistema posible para la adquisición de productos” y, por el otro, la inclusión de “varias cláusulas limitativas de los derechos del consumidor” en sus condiciones generales.

Posteriormente, la organizadora del evento interpuso un recurso ante la decisión de la administración madrileña. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, sin embargo, ha determinado recientemente la “caducidad” del recurso interpuesto por Madrid Salvaje dado que “no presentó la demanda en el plazo legalmente concedido”.

Facua volvió a denunciar al Brava Madrid en 2024 por la imposición de las pulseras cashless y por quedarse con parte del dinero sobrante, entre otras irregularidades. En 2025 la ha denunciado de nuevo por impedir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida adquirida en el exterior, lo que en la práctica supone la imposición indirecta de servicios accesorios no solicitados, además de una limitación de los derechos de los usuarios y un desequilibrio en las relaciones contractuales en detrimento del consumidor.

También ha denunciado a la promotora este año por negarse a devolver el dinero de las entradas a aquellos asistentes que lo solicitaron después de que el evento tuviera que modificar su cartel después de que varios artistas anunciaran que finalmente no participarían en el festival. Además, la asociación ha logrado una sentencia que ha confirmado la abusividad y declarado nulas las cláusulas que la misma promotora impuso en otro de los festivales que organiza: el Madrid Salvaje.

El juez ha prohibido a la empresa que reitere en estas prácticas, que consistían en impedir en entrar con comida y bebida del exterior e imponer tres euros por devolver el dinero consumido de las pulseras cashless. Esta sentencia está pendiente de recurso ante la audiencia provincial.

Brava Madrid ha protagonizado durante los últimos años varias polémicas relacionadas con los derechos de los consumidores. En el año 2023, la edición sancionada por el uso exclusivo del cashless, cobró 9 euros por cada billete de autobús que la EMT puso a disposición del festival, un servicio que el consistorio había anunciado que sería “gratuito”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que las compañías aéreas deben reembolsar la comisión de un intermediario tras la cancelación de un billete de avión. Aunque ya había jurisprudencia europea sobre la devolución del coste de los billetes, ahora el alto tribunal de la UE aclara que no es necesario que la compañía aérea conozca el importe exacto de la comisión de intermediación para dejar de estar obligado a su reembolso, ya que de lo contrario, se debilitaría la protección de los pasajeros y se reduciría el atractivo de recurrir a los servicios de un intermediario.

Los magistrados argumentan que cuando la compañía aérea acepta que el intermediario emita y expida billetes de avión en nombre y por cuenta de dicha compañía, se supone que conoce necesariamente la práctica comercial del intermediario de cobrar una comisión de intermediación. De esta manera, dicho cobro es un elemento “inevitable” del precio del billete de avión y debe considerarse autorizado por la compañía aérea.

Este caso se inició cuando varios viajeros compraron en el portal de reservas de la agencia de viajes Opodo billetes de avión para un vuelo de ida y vuelta de la compañía aérea KLM entre Viena (Austria) y Lima (Perú). Tras cancelarse los vuelos, KLM les reembolsó el importe que habían pagado, una vez deducidos aproximadamente 95 euros que Opodo les había facturado como comisión de intermediación.

Los pasajeros afectados cedieron sus posibles derechos de reembolso a una asociación de protección de los consumidores. Dicha asociación alegó, ante los tribunales austriacos, que el reembolso del coste de los billetes de avión por la compañía aérea en cuestión debía incluir la comisión de intermediación facturada a los pasajeros, como en este caso, por una agencia de viajes que actúa en calidad de intermediaria de la misma compañía aérea.

KLM, por el contrario, sostuvo que no está obligada a reembolsar la comisión de intermediación impugnada, puesto que ignoraba su cobro y más aún su importe.

El Tribunal Supremo de lo Civil y Penal austríaco remitió la consulta al Tribunal de Justicia de la UE, ya que el conocimiento o desconocimiento de la comisión por parte del transportista aéreo podría dar lugar a diferentes interpretaciones.

Tras la campaña navideña, muchos usuarios esperan impacientes los prometidos descuentos de las rebajas de enero, una fecha señalada en el calendario de los consumidores, que esperan encontrar alguna oportunidad, bien por necesidad o porque quieren darse algún capricho para comenzar 2026. Sin embargo, las asociaciones de consumidores alertan de algunas trampas, como descuentos falsos o publicidad engañosa, entre otros.

Facua recuerda que la ley plantea como requisito que, al menos la mitad de los artículos, tengan descuentos para poder publicitar que un comercio está de rebajas. En el caso de la Asociación Española de Consumidores (Asescon), llama a hacer un consumo “consciente” y aconseja adquirir productos seleccionados previamente para evitar, por ejemplo, la compra de productos de escasa calidad fabricados expresamente para estas fechas. 

Rebajas de enero bajo la lupa

En cualquier periodo de descuentos, también en las populares rebajas de enero, todas las asociaciones aconsejan evitar gastos superiores a los permitidos por la economía familiar. Estas entidades invitan a comprar solo lo necesario, controlar el gasto que se va realizando, no dejarse llevar por impulsos y evitar ir de compras como forma de ocio.

Sin embargo, si necesitamos o queremos comprar durante las rebajas, ofrecen una serie de consejos. El primero, elegir productos seleccionados antes del comienzo del período de rebajas, lo que permite conocer el precio anterior a la rebaja y evitar caer en la compra de productos de escasa calidad fabricados expresamente para estas fechas. Esto último es una cuestión no permitida por la legislación vigente, recuerda Asescon en un comunicado.

En este tiempo de descuentos, esta asociación ofrece una serie de consejos:

Además, Facua añade que la ley plantea como requisito que, al menos la mitad de los artículos, tengan descuentos para poder publicitar que un comercio está de rebajas. También pone el foco en las promociones del 70 %, que pueden inducir a confusión. De hecho, plantea que hay veces que se limitan a cinco o seis productos en toda la tienda, lo que supone “publicidad engañosa” y las autoridades competentes pueden llegar a sancionar por esta práctica. 

Acaba el año, y en un país que hace tiempo que rebasó el umbral de los mil festivales por temporada es más que razonable que algunos se cancelen. En 2025 ha ocurrido más de veinte veces. Entre los afectados, las ediciones del Reggaeton Beach Festival en Marbella y Oropesa de Mar, la escala madrileña de Locos Por La Música, el Negrita Fest de Salamanca, la última fecha de Vive Jaén Music Fest y los festivales Brisadela, Wimen, Iberia Festival, Rocanrola, Iceberg, Reus Music Fest, Off BCN, Sunlight Festival, Estéreo Live, Love To Rock, Bridge District Festival, Montgorock…

Las razones más habituales son las condiciones climatológicas o la escasa venta de entradas. Algunos festivales han aducido también “factores externos”. Es el caso del Pirata Murcia, donde el factor externo era la campaña de Vox para que Soziedad Alkohólika no actuase en él. Otros, como el Sunlight de El Puerto de Santa María, se han escudado en “la retirada del apoyo institucional”. El Madritallica de Malagón (Ciudad Real) no llegó a celebrarse debido a “una estafa relacionada con la producción del evento”. El Cueva de Nerja, por una razón de insólito peso: “falta de tiempo para organizarlo”. Aun así, la excusa más rocambolesca la aportó el My Playlist Fest. En su caso fueron “circunstancias fuera de nuestro control relacionadas con la convivencia de varios eventos en el espacio de los exteriores del Estadio de la Cartuja”. Traducción: este evento iba a reunir a Café Quijano, Íñigo Quintero y Despistaos el mismo día que el rapero argentino Duki actuaba en el interior del estadio de La Cartuja.

Devolución automática… o no

En la mayoría de casos, el descalabro se resuelve retornando automáticamente el importe de las entradas, pero no siempre es así. Y el goteo de festivales que dificultan el reembolso del dinero obligando al público a reclamarlo en un plazo de tiempo reducido o que, simplemente, se quedan el dinero no deja de crecer. No es, en absoluto, una práctica habitual, pero tampoco es algo muy puntual. Es una dinámica silenciosa que se concreta, sobre todo, cuando la promotora entra en concurso de acreedores y los espectadores quedan desamparados a la espera de una devolución que nunca llega. Y el caso no salta a la luz a menos que los afectados se organicen en plataformas o presenten reclamaciones a asociaciones de consumidores y departamento de consumo de sus comunidades autónomas.

En 2025, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido una treintena de reclamaciones relacionadas con los festivales catalanes Wimen y Reus Music Fest, los valencianos Rocanrola e Iberia Festival y el madrileño Locos por la Música. En todos estos casos, el motivo fue la no devolución del importe de las entradas una vez cancelados. En Facua han recibido aún más quejas y en mayo ya denunciaron a la promotora del Reggaeton Beach Festival por limitar a solo 15 días el tiempo para reclamar la devolución del dinero de las ediciones de Oropesa y Marbella. Ambas citas se cancelaron en abril aunque estaba previsto que se celebrasen entre finales de junio y principios de julio.

El Reus Music Fest cambió de fechas su segunda edición y finalmente se suspendió por “la incompatibilidad de las fechas propuestas con diversos artistas del cartel inicialmente programados”. El festival aseguró que reembolsaría el importe a las personas que enviasen en el plazo de diez días su nombre completo y código de compra a una dirección de email de la ticketera. El comunicado ofrecía incluso un número de teléfono, pero el dinero no llegó. Varias personas se organizaron desde la cuenta de instagram Afectats.rmf y tramitaron su reclamación a través de la Agència Catalana de Consum. El estamento público recibió 27 reclamaciones, aunque el número de entradas era más elevado “porque en cada una de las 27 reclamaciones se pedía la devolución de varias entradas”, informan desde la ACC. La entidad asumió la mediación con la empresa y logró que los consumidores recuperasen el dinero de las entradas. Desde la plataforma Afectats.rmf confirman los hechos: “Han ido pagando con cuentagotas”.

La ticketera se lava las manos

El 17 y 18 de octubre iban a celebrarse en la Caja Mágica de Madrid los festivales Iceberg y Locos Por La Música. Miguel Minieri compró entradas para el primero, pero a dos semanas de abrir puertas, la promotora lo suspendió “por motivos de viabilidad económica”. Los compradores recibieron un mensaje más claro, pero menos tranquilizador. “Daños económicos ocasionados por la cancelación del evento” impedían “en este momento la devolución de las entradas”. El término “en este momento” se ha revelado tan elástico que a Miguel nadie le ha devuelto nada. “Hablar con el promotor es imposible”, lamenta.

Las gestiones con la ticketera tampoco han dado fruto: “Se lava las manos diciendo que solo es el intermediario y que no tiene capacidad legal ni operativa para devolvernos el dinero”, explica. Miguel usa el plural porque varios amigos compraron entradas y porque le han contactado una decena más de espectadores en la misma situación. Dos meses después, se desvanecen las esperanzas y flaquean las fuerzas. “Tienen nuestro dinero y no parece que nos lo vayan a devolver a corto plazo. Si siguen así, habrá que denunciarles. Pero por 38 euros da un poco de pereza ponerte con burocracia. Creo que juegan un poco con eso”, intuye Miguel.

Tienen nuestro dinero y no parece que nos lo vayan a devolver a corto plazo. Si siguen así, habrá que denunciarles. Pero por 38 euros da un poco de pereza ponerte con burocracia. Juegan un poco con eso

Wind And Tide Music SL, promotora del Iceberg Festival, también organizaba la edición madrileña de Locos Por La Música, un encuentro de bandas de pop-rock español de los años 80 y 90 ideado por la promotora Los Felices Existen y de la que este año también se han celebrado ediciones en Cáceres, Valladolid y Valencia. En OCU recibieron 18 reclamaciones relacionadas con este evento, cifra que estimaron demasiado baja para emprender una demanda colectiva. Aunque cada festival es un mundo distinto, esperan recibir “entre cincuenta y cien” para iniciar una demanda. En este caso, todas las personas contactadas para este reportaje aseguran que al final ha recuperado su dinero. Algunas, de puro rebote. “A través de una de las bandas que formaban parte del cartel, a la que conocía personalmente, conseguí agilizar los trámites”, desvela Emilio.

“No disponemos de fondos”

La primera edición del Wimen no pudo acabar peor. Iba a ser un ciclo de conciertos protagonizado exclusivamente por mujeres y distribuido en distintas salas barcelonesas a lo largo de octubre. Se celebraron los del primer fin de semana, con María José Llergó entre otras, pero cuando hubo que encarar el segundo, el más surtido de programación, la estrategia se mostró fallida. Muchas actuaciones se contraprogramaban entre sí, de modo que la venta de entradas nunca llegó a despegar y finalmente se suspendió todo el ciclo. Tras el comunicado oficial, el promotor aclaró la situación a los poseedores de entradas. La frase definitiva estaba remarcada en negrita: “No disponemos de fondos para efectuar el reembolso de las entradas del concierto que adquiriste”. Palma y su amiga compraron un par para ver a Concha Buika en el Poble Espanyol. Todavía esperan su dinero. “Estoy muy indignada”, suelta, ante lo que considera “una estafa en toda regla”. El promotor, José María Farfán, alias ‘El Mago’, ha desaparecido. 

Aun en el supuesto de que las promotoras reembolsen el dinero de las entradas al público, algunas no devuelven los gastos de gestión. Así lo descubrieron los afectados del festival barcelonés Off BCN cuando la ticketera Resident Advisor no retornó esa parte del importe. Y, los del Madritallica de Malagón (Ciudad Real), a quienes la promotora ya advirtió con antelación que no los devolvería. En Facua recuerdan que no es legal retener esa parte del importe de la entrada y también remarcan que “más allá del importe de las entradas, los usuarios tienen derecho a reclamar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la cancelación. En este sentido, si hay necesidad de anular noches de hotel o transporte contratados previamente, tendrían derecho a reclamarlo”.

Ninguna irregularidad registrada este año en cuanto a la no devolución del dinero de las entradas de festivales cancelados puede ser considerada excepcional. En 2022 se produjo uno de los casos más sonados de los últimos años: la cancelación del festival Diversity de Valencia en el que iban a actuar Christina Aguilera, Karol G e Iggy Pop. En 2023 Facua ya denunció al festival Salamanca Vive por no devolver el dinero de las entradas al público, pero la multa impuesta por la Junta de Castilla y León fue de 1.800 euros, cifra que la Federación de Asociaciones de Consumidores y de Usuarios de Andalucía calificó de “absolutamente ridícula”. Solo medio año antes, Facua había conseguido mediante otro proceso judicial que el gobierno vasco multase con 60.000 euros a la promotora que había organizado la gira de conciertos Modern Talking y Sandra cancelados en Bilbao, Sevilla y Badalona. Y ni siquiera tan voluminosa sanción ha significado que toda la gente que compró esas entradas haya recuperado su dinero. 

Si en 2024 la ACC recibió 56 reclamaciones relacionadas con cancelación de conciertos, en 2025 la cifra ha ascendido hasta 73. En OCU reciben cada verano “reclamaciones por la devolución del saldo restante de la pulsera, por cambios de cartel sin información previa y sin compensación, por la prohibición de entrar con comida y bebida del exterior, etc.”, pero perciben que en los festivales se reclama menos que en otros ámbitos de consumo. Intuyen dos motivos: “los asistentes suelen ser jóvenes” y “el importe a reclamar es una cuantía escasa”. La denuncia que Facua presentó ante la Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía por el breve plazo de tiempo que ofrecía al público para recuperar el dinero de sus entradas tras la cancelación del Reggaeton Beach Festival tendrá un lento recorrido, pero insisten en que es el único camino para recuperar el dinero y erradicar los abusos por parte de los festivales. Ese, y que las administraciones públicas dicten sentencias menos tibias y más ejemplarizantes.

Visitas limitadas a un máximo de 40 horas (diurnas) al mes, prohibición de invitar a alguien a dormir y veto al consumo de alcohol en cualquier cantidad y en todas las estancias. Estas son algunas de las condiciones que se imponen para alquilar una habitación en un piso compartido en una ciudad gallega. Un contrato reciente de esta modalidad, que hace unos años era una rareza en Galicia, recoge estos y otros requisitos para poder tener acceso a una vivienda.

El recurso a alquilar una única habitación en lugar de un piso completo va ganando espacio en las ciudades gallegas. La situación suele darse por vulnerabilidad y falta de alternativas. Un estudio de 2023 del portal inmobiliario Fotocasa concluía que el 44% de las personas que comparten piso se ven abocadas a ello porque no se pueden permitir otra cosa, en un contexto en el que los precios de los alquileres no dejan de subir.

Según los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia, que se basan en las cifras de las fianzas depositadas, el alquiler sigue una curva ascendente en la última década. El precio medio en 2015 era de 363,1 euros mensuales. Los datos provisionales de 2024 indican que ha escalado a 553,7 euros (un 52,5% más) y el adelanto de 2025 refleja que la tendencia no se frena y la media es ya de 593,7 euros al mes. Los precios son más elevados en las principales ciudades: la media supera los 732 euros mensuales en A Coruña; los 693 en Vigo; los 663 en Pontevedra y los 657 en Santiago. En Lugo, la cifra está por encima de los 575; en Ourense roza los 564 y en Ferrol pasa de 555 euros.

El contrato al que ha tenido acceso elDiario.es, se firmó el pasado mes de septiembre en una de las principales ciudades de Galicia. Fija una renta de 250 euros mensuales por una de las habitaciones del piso, una cifra que se sitúa lejos de lo que se pide por un cuarto en las grandes ciudades españolas, pero que supone, para el casero, ingresos superiores a la media de los alquileres al multiplicar la cantidad por el número de estancias. Varias de las cláusulas que aparecen en este documento afectan a derechos básicos y podrían considerarse abusivas.

El Sindicato de Inquilinas de Vigo expone, en respuesta a preguntas de elDiario.es, que se encuentran con muchas personas que, incluso teniendo trabajo, no pueden acceder a un alquiler de una vivienda completa por las condiciones actuales, especialmente en algunas de las ciudades gallegas. En las dificultades para acceder a un piso se unen la falta de oferta, unos precios en máximos históricos —y que siguen creciendo— y requisitos “cada vez más exigentes” para quien quiere arrendar una vivienda.

“En combinación con salarios precarios, intermitentes o directamente falta de empleo, se genera que cada vez más personas se vean obligadas a acudir a este tipo de alquiler por habitaciones”, expone y agrega que algunos caseros son conocedores de esto y “exigen alquileres abusivos”, incluso en espacios que no cumplen los mínimos de habitabilidad. El sindicato avisa de que, “dependiendo de la emergencia en la que se vea la persona, acepta condiciones precarias (mal estado de conservación, limitación de acceso, no poder utilizar zonas comunes o que el casero entre cuando quiera)”.

El despacho Xoán Antón Pérez Lema Avogados e Consultores pone el foco en siete puntos de este contrato que ve problemáticos, algunos de ellos por establecer prohibiciones de forma ambigua, sin un criterio claro, o indemnizaciones que no atienden a los costes reales. Por ejemplo, apunta a una cláusula que fija que la indemnización por ocupación indebida será de 100 euros al día. La penalización, dice, es “desproporcionada” y no tiene una relación directa con el perjuicio real. También objeta que no se definan criterios objetivos o un procedimiento concreto para evaluar las “molestias o falta notoria de salubridad” por una limpieza deficiente que el contrato incluye como causa de cancelación anticipada.

Sin conversaciones altas... sin definir cuándo son altas

En el apartado de normas de convivencia, el contrato fija que ni en la habitación ni en las zonas comunes se permiten “ni música alta, ni televisión alta, ni conversaciones altas, ni ruidos altos en general (especialmente por la noche)”, pero no establece cómo se mide ese volumen ni cómo se considera que el nivel es demasiado. También indica que está “expresamente prohibido fumar y consumo de alcohol u otras substancias ilícitas en las zonas comunes y privadas (sic)” y establece unas normas restrictivas para invitados: “No se permite que las visitas de la parte arrendataria se queden a dormir (siempre en la habitación de la parte arrendataria). No se permiten visitas diurnas por más de 40 horas al mes”.

El despacho de abogados consultado considera que hay una limitación “desproporcionada” del derecho a la intimidad y a la vida privada del inquilino y que quien pone en alquiler la propiedad “no puede prohibir visitas razonables ni controlar el tiempo que permanecen, salvo que altere la convivencia o el uso pactado”. También matiza otro punto que dice que el casero podrá entrar en la vivienda siempre que lo desee y que permanezca en las zonas comunes o en las habitaciones que no estén alquiladas. El contrato añade que el propietario puede acceder a los cuartos con inquilino para reparaciones, altas y bajas de suministros o “control de salubridad” avisando con 24 horas de antelación, si el motivo no es urgente. La habitación, recuerda el bufete, “es el domicilio del arrendatario” y no se puede entrar al mismo “sin consentimiento expreso, salvo orden judicial o emergencia real”.

El trigésimo quinto aniversario del Consorcio Provincial de Consumo de Albacete, hoy denominado Servicio Provincial de Atención Ciudadana y Consumo de Albacete, debería invitar a reflexionar sobre el valor de una iniciativa que, en su día, fue pionera y hoy representa un modelo consolidado de servicio público al ciudadano.

Lo que comenzó en 1990 como un pequeño proyecto provincial orientado a la defensa de los derechos del consumidor, se ha transformado en un sistema eficaz y cercano que atiende a 75 municipios, muchos de ellos rurales, salvando con su estructura desigualdades históricas en el acceso a la protección y la información.

Resulta fácil valorar los aciertos con el paso del tiempo, pero conviene recordar que en los primeros años de la década de 1990 hablar de políticas de consumo en el ámbito local era casi una osadía. La creación del Consorcio Provincial de Consumo de Albacete supuso apostar por una idea avanzada: que los derechos de los consumidores formaban parte esencial de la justicia social y de la igualdad entre territorios. Fue una iniciativa que entendió el consumo no como un simple acto económico, sino como un ejercicio de ciudadanía.

Tres décadas y media después, las políticas de consumo se han convertido en una pieza estructural del Estado del Bienestar. Gracias a ellas, la mediación ha sustituido al conflicto, la transparencia ha ganado terreno a la opacidad comercial y la educación al consumidor se ha integrado en la cultura cívica.

El Consorcio albacetense ha sido ejemplo de esta evolución, destacando por su profesionalización, su atención personalizada y su capacidad de innovación: el servicio de telepresencia, que permite la atención directa mediante videollamada, ha reducido la brecha digital en las zonas rurales y colocado a la provincia en la vanguardia de la administración cercana e inclusiva.

El tiempo ha confirmado lo que algunos intuimos hace 35 años: que la defensa del consumidor era, en realidad, una defensa de nuestra democracia. Cada reclamación atendida, cada conflicto resuelto o cada euro recuperado en favor de los ciudadanos (más de 1,5 millones solo en 2024), son el testimonio del impacto real de esta política pública. Cuando los responsables de la Diputación provincial en aquellos momentos apostamos por su creación intentábamos ver más allá de la simple coyuntura administrativa y creo que se supo anticipar una necesidad social que hoy resulta incuestionable.

El reconocimiento nacional que este año ha recibido el Consorcio, el Premio José María Roncero al Mejor Proyecto de Protección del Consumidor, además de su inclusión entre las Mejores Prácticas en materia de Consumo de 2022 por el Gobierno regional, es algo más que una distinción institucional: es una validación colectiva, una forma de decir que la constancia, la innovación y la sensibilidad social dan frutos. La entidad, hoy integrada en el Consorcio de Atención Ciudadana, demuestra que una gestión basada en la proximidad y la equidad territorial puede ser también sinónimo de modernidad y de eficacia.

En definitiva, este aniversario no celebra solo una fecha, sino una convicción: la de que los derechos de los consumidores son una parte esencial del progreso social. Y que, en Albacete, hace 35 años, hubo quienes comprendieron que protegerlos era construir una provincia más justa, más consciente y humana.

La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas, entre las que estarían prohibir el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, prohibir que los y las asistentes a un festival puedan salir y acceder de nuevo al recinto libremente y no admitir en algunos casos la devolución del reembolso de la cantidad sobrante de las pulseras cashless utilizadas para la adquisición de bienes dentro del festival.

La empresa afectada organiza estos festivales en diferentes Comunidades Autónomas de nuestro país, razón que habilita a la Dirección General de Consumo para intervenir y abrir el expediente. Según señala este organismo, estas prácticas, de constatarse, serían prácticas abusivas en tanto en cuanto supondrían una infracción del artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En caso de ser calificadas como infracciones muy graves, serían penalizadas con multas de entre 100.001 euros y 1 millón de euros.

Las posibles prácticas abusivas

Las prácticas que Consumo considera que podrían ser abusivas y sujetas a investigación son por un lado, prohibir de forma expresa y generalizada el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, sin que existan alimentos, bebidas o sustancias que impliquen un peligro de salud pública que justifique la prohibición, ya que según la ley de defensa del consumidor, los asistentes tienen derecho a llevar su propia comida y bebida a los recintos siempre que estos sean abiertos. La prohibición se habría efectuado tras el registro de los y las asistentes. En caso de no estar estos de acuerdo, se les habría denegando el derecho de acceso de forma potencialmente arbitraria.

En segundo lugar, la Dirección General de Consumo investigará si a los asistentes a los diferentes eventos de la promotora se les impidió salir y acceder de nuevo al recinto del festival con total libertas, obligándoles a abonar una cantidad adicional en caso de que tuviesen que salir de forma voluntaria o imperativa.

Finalmente Consumo sospecha que la promotora estableció como obligatorio un sistema de pago a través de pulseras cashless para poder hacer pagos dentro del recinto, algo legal. Sin embargo, al fin de los eventos no admitió la devolución del reembolso de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima, e impuso gastos de gestión para llevar a cabo el reembolso; así como estableció un tiempo limitado para que los asistentes puedan hacer uso de este reembolso.

Tras la apertura de este expediente sancionador, se abre ahora un periodo máximo de 9 meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de DDSS, Consumo y A2030, recordando que la iniciación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.

Dicen que los 30 son los nuevos 20, pero cuidado con la crisis de los 40; a los 25 te piden diez años de experiencia laboral, pero a los 35 estás sobrecualificado para el puesto; a los 50 la clave es reinventarse, pero que no parezca que no asumes que ya no tienes 30; y a los 60 te felicitan porque no los aparentas. La edad es una presión constante a la hora de relacionarnos e incluso a veces una razón de exclusión. 

Esther Polo había organizado una noche de reencuentro con sus amigas después de no verse en todo el verano, pero el plan, en la conocida sala madrileña Florida Park, se frustró al llegar a la puerta. “La chica de relaciones públicas con la que hablé ya me había advertido de que podía ser que no nos dejaran entrar, por un cambio de política que estaban implementando de no dejar pasar a mayores de 35, pero la verdad es que no me lo terminé de creer porque nunca me había pasado algo así y ya conocía el lugar”, cuenta Polo. 

Al intentar pasar le dijeron que su código QR no era válido, sin proponer ninguna solución ni permitir la mediación de la persona de relaciones públicas que lo había generado. “Yo entonces les dije: ‘¿En serio no me vais a dejar entrar por ser mayor de 35?’. Para que supieran que sabía lo que estaban haciendo. Y ahí miraron al de seguridad, que me dijo que tenía que abandonar la cola”.

La reacción de Esther Polo fue grabar un vídeo y contar en su cuenta de Instagram, y después en TikTok, lo que había pasado. No se dedica profesionalmente a las redes ni cuenta con una gran comunidad de seguidores, por lo que no contaba con superar las 300.000 visualizaciones y recibir cientos de comentarios. 

“La verdad es que no pensé en pedir una hoja de reclamaciones porque no buscaba conflicto y al final tampoco te apetece entrar en un sitio en el que no quieren que estés, pero pensé en ponerme a grabar para que otras personas no pasaran por ese mal trago, porque trasladan la responsabilidad al cliente, como si tú hubieras hecho algo mal o te estuvieras intentando colar”, reconoce Polo.

Si te interesa atraer a un público joven hay mil maneras de enfocar el producto para hacerlo atractivo para esa edad sin caer en la discriminación

“Creo que el vídeo ha tenido éxito porque mucha gente ha empatizado o ha vivido experiencias similares. Hay mucha vida después de los 30. Yo tengo 44 años y me siento plena y me encanta salir de fiesta por la noche, pero es triste que te traten como si no tuvieras valor por tu edad”, opina Polo. Además, como experta en marketing, resalta la mala estrategia: “Si te interesa atraer a un público joven, hay mil maneras de enfocar el producto para hacerlo atractivo para esa edad sin caer en la discriminación”. 

“Nos pasó lo mismo la misma noche”, coincide Christian Herrera. “Estuvimos celebrando un cumpleaños en los Kioscos [la zona de terraza del local en la que se hace el ‘tardeo’], cuando cerró fuimos a la Galería [el espacio de restaurante y coctelería del mismo recinto] y, más tarde, al intentar entrar en la discoteca, el portero nos dijo que la persona de relaciones públicas que conocíamos ya no trabaja allí, que había cambiado el dueño y que el ambiente de dentro de la sala eran menores de 30”, relata. Él y su grupo de amigos, de entre 40 y 46 años, no cumplían con el perfil. “Igualmente intentamos pasar para tomar un par de consumiciones dentro, pero nos dijo muy amablemente que no podía ser, así que acabó la noche y nos fuimos a casa”.

Una fuente del entorno de la sala confirma el cambio de tendencia del local en las últimas semanas aunque niega el veto del local por razones de edad: “Hay una nueva dirección que quiere darle un giro a la sala y han despedido a los antiguos relaciones públicas, ahora son todos bastante jovencitos y están en el ambiente de los colegios mayores. El público anterior que teníamos era mayor y ahora estamos empezando a trabajar con un público nuevo, entonces, cuando viene el público que solía venir simplemente se les informa de que ahora el público es muy joven, no se les prohíbe la entrada, pero se les informa de que se les va a cobrar una entrada de 30 euros, que la música ya no es la misma y que va a estar rodeado de gente de una edad media de 25 años”. “Nuestra obligación es que sepan que ya no es el ambiente que ellos conocen de los últimos nueve años, para que no crean que les estafamos, pero muchos clientes se lo toman mal y ha habido denuncias policiales”, aclaran.

Tanto Polo como Herrera aseguran que a ellos en ningún momento se les ofreció la opción de entrar, ni pagando una entrada más cara ni tras informar del cambio en la media de edad de la clientela. 

Absolutamente todas las discotecas de Madrid están enfocadas a un público concreto y se intenta filtrar porque en el momento en que mezclas públicos, hay problemas y peleas

Andrea Castillo, que prefiere que no se publique su verdadero nombre, ha vivido situaciones muy similares en otros locales de Madrid. “Me ha pasado en Blondie Club y en Gabana, utilizan la excusa de que no funciona el QR, pero el relaciones públicas nos había advertido de que si no nos dejaban entrar era por una cuestión relativa a la edad, y es verdad que nunca me había pasado antes”, comenta. “A varias amigas les ha pasado alguna vez que no las dejen entrar en ciertos sitios por apariencia. Yo suelo ir bien vestida y creo que es claramente por la edad, pero nunca nos hemos planteado pedir la hoja de reclamaciones”.

Desde el entorno de Florida Park aseguran que “no es una moda de ahora, es una cosa de toda la vida”. “Absolutamente todas las discotecas de Madrid están enfocadas a un público concreto y se intenta filtrar porque en el momento en que mezclas públicos, hay problemas y peleas”, argumentan. elDiario.es ha intentado por diferentes medios contactar con las discotecas Blondie Club y Gabana, para conocer su versión, sin obtener respuesta.

¿Es legal que no permitan entrar?

“Estos locales, como los bares y restaurantes, tienen reservado el derecho de admisión, son locales privados que pueden decidir denegar la entrada a alguien. Sin embargo, esa denegación de entrada tiene que ser siempre por criterios objetivos, que tienen que estar informados de manera visible, y siempre respetando el artículo 14 de la Constitución Española, que apunta al derecho a la Igualdad”, explica Esther Lorente, abogada especialista en derecho de Consumo. 

No pueden prohibirte la entrada por tener determinada edad, siempre que seas mayor de 18, igual que no pueden hacerlo por pertenecer a una etnia o por tu condición sexual

Esther Llorente — Abogada especializada en derecho de consumo

Que te digan que no entras porque no les da la gana no es una razón objetiva, sin embargo, tener una actitud violenta o estar ebrio sí puede impedirte el paso. Por otro lado, el artículo 14 recoge que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

“No pueden prohibirte la entrada por tener determinada edad, siempre que seas mayor de 18, igual que no pueden hacerlo por pertenecer a una etnia o por tu condición sexual”, aclara Lorente. “Sí pueden tener un código de vestimenta concreto, siempre que esté comunicado a la comunidad autónoma y visible, y aplique por igual a todos los clientes”. Además, si hay conflicto entre el derecho de admisión y el derecho a la no discriminación, siempre va a primar el segundo, por ser un derecho fundamental. 

¿Qué puedo hacer si me pasa?

Si te encuentras con una situación discriminatoria de este tipo, lo primero es pedir la hoja de reclamaciones. “La tienen que facilitar de manera obligatoria, es el canal para hacer una queja formal”, apunta la abogada Lorente. “Si aun así no te la dan, tampoco pasa nada, puedes llamar a la policía local para que se persone en el lugar, que es bastante efectivo. Pero si no tienes ganas de follones o de quedarte más tiempo allí, puedes recoger los datos del local, descargarte en tu casa la hoja y poner la reclamación diciendo que además no te han querido dar la hoja de reclamaciones”, explica la abogada, que resalta la importancia de incluir cualquier fotografía o prueba de la discriminación.

La exclusión por edad ha saltado también al sector turístico. La organización FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la cadena de hostales Onefam Hostels por limitar el check-in a personas con edades entre los 18 y los 45 años. La empresa, con establecimientos en Madrid, Barcelona y Sevilla, aboga por un ambiente de comunidad y fomenta la interacción entre los huéspedes con eventos y cenas comunes.

“Todos son usos abusivos del derecho de admisión claramente sancionables”, afirma Rubén Sánchez, portavoz y secretario general de FACUA, que aclara que anunciar claramente la restricción no legaliza el abuso. “Además, en el caso de hoteles y hostales, pueden reclamarse daños y perjuicios económicos. Imagina que tienes que buscar alojamiento alternativo porque reservaste y cuando se enteran de tu edad no te dejan entrar. El gasto extra es reclamable, e incluso daños morales”. 

Para Polo, este caso que ha ido narrando en sus redes sociales, trasciende a la anécdota de su noche frustrada: “Esto no va en concreto de esta discoteca, ni de lo que me pasó a mí, esto va sobre cómo en nuestra sociedad estamos tratando la diversidad y el tipo de sociedad que queremos construir entre todos”.

Las imágenes se repiten cada poco tiempo en los telediarios: estaciones abarrotadas de viajeros que se aglomeran a la espera de un tren que sale con retraso; miles de personas inquietas que ven cómo pasan las horas en un vagón sin luz, después de “un exceso de tensión en la red”, según sabrán después por declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; usuarios pidiendo información a operarios de Renfe ante el enésimo incidente y efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil que se dirigen a un convoy que estará detenido durante horas —no se sabe cuántas— para proporcionar agua y bocadillos a quienes lo ocupan. Todas estas representaciones pueden corresponder a un episodio concreto o a varios que suceden a menudo.

En los últimos meses se han producido incidencias como la odisea de pasar 12 horas en un AVE de Sevilla a Madrid por un fallo en el suministro eléctrico, cuando el viaje suele tardar menos de tres horas; una avería en los trenes que conectan Murcia y la Comunitat Valenciana con Chamartín; otra en Camp de Tarragona, que causó retrasos a finales de junio en la alta velocidad entre Barcelona y Madrid; el robo de cable que dejó en mayo a más de 16.000 viajeros afectados por fuertes demoras o la más reciente concatenación de retrasos en la alta velocidad que une Madrid con Andalucía. Estos son sólo algunos ejemplos de “fallos que antes se producían esporádicamente y ahora son habituales”, según dice a elDiario.es Carlos Perfecto, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España.

Pablo es uno de los afectados. Usa el tren al menos tres días a la semana para desplazarse desde Palencia, donde vive, a Madrid, donde se encuentra su centro de trabajo. Desde su ciudad, apunta, “no hay muchas frecuencias y, cuando se producen retrasos, llego tarde al trabajo”. En algunas ocasiones más puntuales, tiene que tomar trenes a otras ciudades y lo hace con ciertas reservas. “Antes era superseguro ir en AVE porque sabía que iba a llegar a mi hora y que la probabilidad de incidencias era prácticamente nula, pero eso ahora ha cambiado”, y es por ello que ha tenido que alterar sus rutinas a la hora de viajar. Ahora llega a las estaciones “con muchísimo más margen” ante los “líos monumentales” que presencia cada pocas jornadas. “Hay veces que he tenido que quedarme a dormir en casas de familiares en Madrid y, en otras ocasiones, he ido directamente en coche a Barajas para asegurarme de que no va a pasar nada”, cuenta.

Antes era superseguro ir en AVE porque sabía que iba a llegar a mi hora y que la probabilidad de incidencias era prácticamente nula, pero eso ahora ha cambiado

Pablo — usuario frecuente de la alta velocidad

Él es uno de los usuarios de los abonos de tren financiados parcialmente por el Gobierno Central y el de Castilla y León. Destaca que los retrasos que se producen en trenes de larga distancia que llegan desde la Comunitat Valenciana “inciden en los viajeros habituales de abono que venimos a Madrid a trabajar”, y pide que Palencia, León y Zamora cuenten con “trenes Avant, como los que tienen Valladolid y Ciudad Real, para que los trabajadores usemos esos trenes y no ocupemos plaza de viajeros de larga distancia, y de paso no nos comamos los retrasos habituales de estos trenes”.

Como Pablo, hay muchos pasajeros descontentos. De acuerdo con datos de la última auditoría de cuentas de Renfe, correspondientes a 2024, la satisfacción de los usuarios ha empeorado en varios aspectos: la nota que le dan a la puntualidad de los trenes de alta velocidad de Renfe pasa del 8,1 al 6,8; la información que se da cuando hay retrasos, del 7,3 al 5,3; y la limpieza de los trenes del 8,3 al 7,4.

Los retrasos en las llegadas de los AVE-Larga Distancia han aumentado desde 2020, tanto los de menos de 60 minutos (de un 12,62% a un 18,49%, a pesar de que son 7 puntos menos que en 2023), como los de más de una hora y menos de dos (de 0,57% a 1,33%) y los de más de dos horas (se han duplicado, del 0,26% al 0,45%, aunque también inferiores a 2023). En Media Distancia, en cambio, los retrasos de menos de una hora, los más habituales, han experimentado un notable descenso con respecto a ejercicios anteriores.

Y eso ha llevado a que algunos ciudadanos dejen de optar por el tren –o al menos, se lo piensen más– como primera opción cuando tienen que viajar. Diana Vicente es una de las antiguas pasajeras que ya ha desechado el servicio ferroviario y se decanta ahora por el autobús. En julio del año pasado, ella y su novio compraron por internet un billete de tren para ir de Gijón a Castellón. “En el correo, nos incluyeron la ubicación del andén desde el que salía. Fuimos a ese lugar, quisimos preguntar si estábamos en la localización correcta, pero no había nadie ni nos cogían el teléfono. Nos quedamos en el andén, pasó el tren y no paró”, recuerda. Después les indicarían en la estación central de la ciudad asturiana que se trataba “de un error”.

No encontraron plaza en ningún tren que les acercase de Gijón a Madrid o a Valencia. Quisieron poner una reclamación, pero el servidor de Renfe dejó de funcionar y tuvieron que esperar para solicitar la devolución del importe del billete. Finalmente, reservaron dos plazas en un Blablacar de Gijón a Madrid y, desde allí, tomaron un tren a Castellón, que “también salió tarde”. Habían decidido “ir en tren porque era más cómodo y acabamos viajando en un Seat Ibiza cargado de maletas”, declara esta joven.

Todavía, dice Vicente, no han respondido a su reclamación. El enfado de los usuarios en los últimos dos años también se observa en el número de requerimientos presentados. Renfe ha pasado de recibir unas 143.000 interpelaciones escritas presentadas, tanto en 2020 como en 2021, a más de 350.000 en 2023 y más de 320.000 el año pasado. Un dato relevante: el plazo medio de contestación en días casi se ha duplicado, de casi 37 jornadas a casi 67, siempre según datos de la auditoría de cuentas de Renfe más reciente.

María y Leandro viven en Logroño y se desplazaron a Madrid para ver a su hija durante la penúltima semana de julio. Para ello, descartaron viajar con Renfe, a pesar de que les salía “muy barato” con los descuentos a mayores de 60 años que les otorga la Tarjeta Dorada. La razón: llevaban varias semanas viendo cómo el conocido como “tren chispita” que conecta La Rioja con varias capitales de provincia registraba en su interior una temperatura superior a los 32ºC y una humedad relativa de más del 45%. “Para eso, fuimos en bus y nos quitamos de problemas”, indica este matrimonio al medio.

En los últimos años, las vías de alta velocidad han pasado de estar ocupadas únicamente por Renfe a sostener la carga de los trenes de Avlo, la low cost de la compañía pública, Ouigo, procedente de Francia, e Iryo, de capital italiano. Los corredores han experimentado cómo aumentaba progresivamente el número de viajeros y, con ello, los problemas en los desplazamientos por la incapacidad de la catenaria de alimentar a cada vez más trenes. Desde Adif, señalaban hace unas semanas a la Cadena SER que la cifra global de incidencias en el sistema ferroviario no está aumentando, sino que lo que crece es el número de viajeros y, con él, “el impacto de cada percance”.

“Los nuevos actores que han entrado ahora mismo en la competencia son bienvenidos, pero lo que está claro es que han roto la normalidad en el uso y en la gestión de Renfe”, sostiene Perfecto. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España asegura que una de las cuestiones que están asumiendo los usuarios es que “la liberalización quizás se haya hecho demasiado rápido, de manera demasiado interesada y sin la previsión de estaciones, flujos, oferta comercial o demanda”. Cuando en otros países europeos como Francia, Alemania o Inglaterra “están renacionalizando lo que tienen y fortaleciendo el servicio público”, en España, dice, la dinámica es “liberalizar todo”.

Habíamos decidido ir en tren porque era más cómodo y acabamos viajando en un Seat Ibiza cargado de maletas

Diana Vicente — usuaria

El influencer Helio Roque (@helioroque_), que centra gran parte de su contenido en redes sociales en comentar curiosidades, historia y desajustes en el funcionamiento de los medios de transporte, opina que “Renfe no está dando un buen servicio y esa es una realidad que no se puede negar”. “Las críticas están justificadas, porque los servicios siempre se pueden mejorar. La puntualidad, los precios y que los trenes no se queden parados en medio de la nada son reproches totalmente aceptables”, apunta.

Este “crítico con Renfe por mi condición de extremeño” –según se define– opina en que no sólo los desplazamientos de larga distancia están registrando problemas, sino que el servicio de Cercanías también ha perdido fiabilidad. “Las personas suelen utilizar más el metro o el autobús porque la Renfe te puede dejar tirado. Es significativo meterse a las 8 de la mañana en X (antes Twitter) y ver que ya hay decenas de personas diciendo que el servicio no funciona. ¿Cuántas veces se nos ha escuchado?”, pregunta.

“La gente está muy harta con el tren, en especial quienes lo cogemos cada día como trabajadores. Es muy difícil justificar a tus jefes o a tu empresa que hoy llegas media hora, una hora y media o dos más tarde”, ejemplifica Pablo, el residente en Palencia que se desplaza con frecuencia a Madrid para acudir a su oficina. La condición de servicio público de Renfe, dice, debe “garantizar que los viajeros lleguemos puntuales a nuestro destino”, mientras que, con los operadores privados, “si te quedas sin tren, te dicen: 'Lo siento, te buscas la vida”. Sin embargo, el servicio público no está respondiendo y, además, opina Carlos Perfecto, “cada vez está peor”.

El 1 de julio de 2024, entró en vigor la actualización de la compensación por retrasos en los servicios de Renfe de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity. La operadora pública pasó de reembolsar el 50% del precio del billete a los viajeros cuyos trenes se hubiesen demorado más de 15 minutos y el 100%, si eran más de 30 minutos, a devolver la mitad del precio en los trayectos que se retrasasen más de 60 minutos y la totalidad si superaban la hora y media de retraso. Para Pablo, este cambio en la política de Renfe lleva al viajero a percibir que “ya no hay un compromiso de llegar a tiempo”, lo que lleva al tren “a perder la fiabilidad que tenía antes”. “Da una imagen de marca pésima”, opina Helio Roque, porque “ya asumen que no van a comprometerse con la puntualidad”.

Este influencer apunta además que, para las zonas en las que Ouigo e Iryo no están presentes porque “no les sale rentable como empresas”, Renfe tendría que “dar cobertura, pero no lo hace correctamente y es una tortura”. Por ello, entiende “que la gente elija otros medios de transporte”, como el autobús o el avión, que difícilmente les van “a dejar tirados”. Carlos Perfecto se muestra pesimista con esta situación: “Si meten más actores o siguen aumentando la idea de liberalizar, vamos a tener un problema serio. Yo no tengo ninguna esperanza de que esto vaya a mejor, todo lo contrario”.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a los principales parques de atracciones ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por “impedir la entrada con comida y bebida con el objeto de forzar que se adquiera en los establecimientos o máquinas expendedoras del interior de los recintos, a precios mucho más caros”.

La asociación ha pedido a la Dirección General de Consumo la apertura de expedientes sancionadores a Isla Mágica, Parque Warner, Port Aventura y Terra Mítica, al considerar que con estas prácticas vulneran el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Facua ha realizado un seguimiento sobre las prácticas de los grandes parques temáticos europeos para comprobar que “en ellos no se producen estos abusos en el ejercicio del derecho de admisión”.

“Así, no ocurre en Disneyland París y Parc Astérix, en Francia, Europa-Park, en Alemania, Legoland Windsor Resort, en Reino Unido ni en el Parque de los Jardines de Tivoli, en Dinamarca. En todos ellos se permite acceder con comida y bebida”, asegura.

En este contexto, apunta que Parque Warner alega unas injustificadas “razones de higiene y seguridad” en los términos de acceso publicados en su web, mientras que Terra Mítica argumenta también que lo hace por “salubridad”, “motivos de higiene y seguridad alimentaria”.

Por su parte, Isla Mágica y Port Aventura no exponen las causas por las que no permite entrar con bebida y con comida preparada en casa o comprada fuera de los parques.

Facua advierte de que esta limitación “no obedece a la necesidad de preservar la seguridad ni la higiene dentro del parque ni a ninguna otra causa objetiva, sino exclusivamente a motivaciones económicas y al afán de obtener mayores beneficios, forzando a los consumidores a adquirir bienes de consumo dentro del parque a precios notablemente superiores a los que podrían encontrar en el mercado, restringiendo su libertad de elección y causándoles un perjuicio económico”.

Una actividad complementaria

En sus denuncias, la asociación argumenta que la actividad principal de estas empresas es la de establecimientos recreativos en su modalidad de parques de atracciones y temáticos. Así, apunta que el servicio de restauración “es una actividad complementaria, que no forma parte del precio de la entrada para el servicio contratado por los usuarios visitantes, lo que convierte la práctica descrita en una imposición indirecta de servicios accesorios no solicitados, además de una limitación de los derechos de los usuarios y un desequilibrio en las relaciones contractuales en detrimento del consumidor”. “Y es que comer y beber dentro del parque sí esta permitido, prohibiéndose únicamente si los alimentos no son adquiridos dentro del parque”, añade.

Así, Facua advierte de que la prohibición del acceso con comida y bebida es una práctica abusiva tipificada en el artículo 86.7 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece como tales las cláusulas que prevean la imposición de cualquier “renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario”.

Asimismo, la asociación considera que representa una cláusula abusiva prohibida por el artículo 82.1 de la ley ya que, “en contra de las exigencias de la buena fe”, causa “un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes” en perjuicio del consumidor. El mismo artículo indica que son abusivas las cláusulas que “limiten los derechos del consumidor” y “resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato”.

De hecho, Facua señala en sus denuncias que los parques incurren en la imposición indirecta de “servicios accesorios no solicitados”, práctica prohibida en el artículo 89.4 de la ley. Y es que, teniendo en cuenta que el número de horas que permanecen en los recintos, los consumidores se ven obligados a adquirir en su interior los productos necesarios para satisfacer las necesidades de alimentación e hidratación.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que avala que los afectados por cláusulas suelo en sus hipotecas presenten demandas colectivas. La Sala de lo Civil, después de elevar el caso a Europa, rechaza el último recurso de varias decenas de bancos y cajas contra una decisión judicial que declaró abusivas las cláusulas presentes en contratos hipotecarios de 800 personas representadas por ADICAE. Los jueces reconocen que, con el paso del tiempo, los consumidores pudieron tener más conocimiento de lo que era una cláusula suelo, pero en ningún caso antes de que el Supremo dijera por primera vez en 2013 que podían ser abusivas.

El pleito presentado por ADICAE en nombre de unos 800 afectados contra hasta 40 bancos y cajas llevó al Supremo a elevar una cuestión prejudicial en 2022. Para entonces la doctrina española ya señalaba desde hace casi diez años que ese tipo de cláusulas hipotecarias podían llegar a ser abusivas, por ejemplo si el consumidor no fue correctamente informado, pero la nueva pregunta planteaba qué hacer con una demanda colectiva de cientos de personas.

La respuesta positiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó el año pasado y el Supremo explica ahora que es viable presentar este tipo de macrodemandas, teniendo en cuenta que las cláusulas suelo de los distintos bancos eran muy parecidas: “Atendida su redacción y finalidad limitativa de la variabilidad del interés remuneratorio, tienen suficiente grado de similitud”.

También explica que es “imposible” examinar caso por caso la percepción que cada usuario tuvo de su cláusula, ya que “el público afectado es muy amplio y heterogéneo, dadas la multitud de entidades y el extenso lapso temporal”. Los jueces, por tanto, deben recurrir a la “ficción jurídica” del “consumidor medio”.

La solución de la Sala Civil es “indicar un momento exacto a partir del cual el consumidor medio pudo cambiar su percepción sobre las consecuencias reales de la aplicación de la cláusula suelo y lo que para él significaba su inclusión en el contrato”. Una fecha que, como mínimo, no llegó hasta su primera sentencia de mayo de 2013, cuando los jueces dijeron por primera vez que esas cláusulas debían ser sometidas a un control de transparencia y podían llegar a ser consideradas abusivas. En el caso concreto de esta demanda, que fue planteada en el año 2010, “la sala concluye que ninguna trascendencia tendría el cambio de percepción del consumidor medio en relación con las consecuencias de la cláusula suelo”, rechazando los últimos recursos de los bancos.

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado por la mínima una propuesta de modificación del reglamento que regula los derechos de los pasajeros de las compañías aéreas que supone un endurecimiento de los requisitos por los que pueden solicitar indemnizaciones en caso de retrasos de los vuelos. Además, el texto que ha salido adelante en la reunión de ministros de Transporte abre la puerta a avalar que las compañías aéreas cobren por la maleta de mano que se llevan en la cabina, una práctica que hasta ahora la justicia europea había rechazado y por la que España ha sancionado a varias compañías 'low cost' por esa práctica.

El texto, que ahora se somete al escrutinio y aprobación por parte del Parlamento Europeo, abre la puerta a que las aerolíneas cobren por las maletas de mano al hacer referencia a “posibles tasas adicionales aplicadas por el transporte de equipaje facturado y no facturado” así como al establecimiento de la gratuidad en el caso de un ítem de carácter personal.

Fuentes del Consejo explican que lo que aborda el reglamento es la gratuidad de equipaje como bolsos, maletines o fundas de ordenador mientras que deja en manos de las aerolíneas la decisión sobre el cobro por el equipaje de otros tamaños.

“Las asociaciones de consumidores ya señalaron que las compañías aéreas debían dejar de cobrar a los pasajeros por su equipaje de mano al presentar una denuncia ante las autoridades de protección de los consumidores y la Comisión Europea el pasado mes de mayo. Tales prácticas son contrarias a las normas de la UE y a la jurisprudencia de los tribunales superiores de la UE, que establecen que el equipaje de mano es un aspecto esencial del transporte de los pasajeros. Por el contrario, el texto adoptado por el Consejo legitima el cobro por un equipaje de mano de tamaño razonable”, lamenta el director de la asociación de consumidores europeos, Agustín Reyna.

La iniciativa supone ampliar el umbral de horas por las que los viajeros pueden exigir indemnizaciones y que actualmente estaba en tres horas: pasará a ser de cuatro horas en el caso de los vuelos de hasta 3.500 kilómetros y de seis horas en el caso de los vuelos largos.

La modificación del reglamento, que también avala que las aerolíneas cobren a los pasajeros por llevar la maleta de mano en la cabina, ha salido adelante con el rechazo de España, Alemania, Portugal y Eslovenia, además de la abstención de Estonia y Austria. La negociación se ha prolongado más allá de los previsto durante la reunión de los ministros de Transportes ante la enorme división en el seno de la UE, ya que había países que pretendían ampliar aún más las horas de retraso perjudicando los derechos de los pasajeros en beneficio de las aerolíneas.

La presidencia polaca ha tenido que poner varios textos sobre la mesa de los ministros para lograr la mayoría necesaria (quince países de la UE que representen al menos al 65% de la población europea) y lo ha hecho con un estrecho margen. “Lo que han hecho es hacer posible algo que parecía imposible. Enhorabuena”, Ahora el Parlamento Europeo podrá enmendar el texto.

Pero el gran asunto que ha sido objeto de disputa entre los 27 tiene que ver con las indemnizaciones por el retraso de los vuelos, que hasta ahora estaban fijadas a partir de tres horas de dilación. Las indemnizaciones que ha acordado el Consejo de la UE son 300 euros para los vuelos de hasta 3.500 kilómetros que se retrasen a partir de cuatro horas y 500 euros en el caso de los vuelos largos. Los países que inicialmente querían mantenerse en las tres horas para la compensación y que han cedido justifican su cambio en el compromiso de que se incluirá un formulario automático para que los pasajeros reciban la indemnización.

La patronal de las aerolíneas ha presionado a los gobiernos para que se ampliara al máximo el umbral de horas por el que los pasajeros obtienen indemnización. El argumento de las compañías es que no les sale a cuenta operar un vuelo que sufre un retraso si igualmente va a tener que pagar a los viajeros.

“Cuando se produce una incidencia que afecta a la programación de un vuelo, con los consiguientes retrasos, el principal objetivo de los pasajeros es llegar a su destino, no recibir una indemnización. Si se da más tiempo de respuesta a las aerolíneas se darán más opciones de operar un avión de sustitución o buscar tripulación, es decir, se darán más facilidades para proseguir con la operación y evitar las cancelaciones, que es un perjuicio mayor”, explica el presidente de Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara.

El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 ha dejado una importante huella en millones de hogares y empresas en todo el territorio español. El corte de suministro, que afectó a varios sectores, ha generado inquietud entre los consumidores, que se preguntan sobre sus derechos y qué pasos deben seguir para reclamar por los daños sufridos.

En medio de la confusión, las organizaciones de consumidores como FACUA y OCU han dado algunas pautas sobre cómo proceder ante este tipo de incidentes, recordando que las circunstancias excepcionales dificultan la posibilidad de obtener compensaciones inmediatas. A pesar de ello, los afectados tienen opciones y deben estar informados sobre cómo presentar reclamaciones de manera efectiva.

Uno de los principales perjuicios ha sido la pérdida de alimentos debido a la interrupción de la cadena de frío, pero también se han registrado daños en electrodomésticos y alteraciones en los planes de transporte.

Ante esta situación, el portavoz de la OCU (Unión de Consumidores), Enrique García, destacó en una entrevista en Radio 5 (RNE) que las empresas no estarían obligadas a indemnizar a los usuarios en casos de apagones de este tipo, ya que la interrupción del servicio se considera fuera de su control.

Sin embargo, las organizaciones siguen recomendando a los consumidores que guarden las pruebas que puedan demostrar los perjuicios sufridos, ya que estas pruebas serán fundamentales si se decide presentar una reclamación formal ante las autoridades competentes.

¿Qué pasos seguir para reclamar los daños?

Los consumidores afectados por el apagón deben seguir ciertos pasos fundamentales para presentar una reclamación ante las empresas responsables o, en su caso, ante los tribunales de consumo. Las organizaciones de consumidores insisten en que lo primero que debe hacer cualquier afectado es recopilar todas las pruebas posibles que puedan demostrar los daños sufridos.

“Es esencial que los consumidores guarden los recibos de productos dañados, como alimentos y electrodomésticos, y que documenten las circunstancias en las que ocurrió el apagón”, señala Enrique García, portavoz de la OCU.

El proceso comienza con la recopilación de pruebas documentales, como facturas, informes técnicos de los electrodomésticos dañados, fotografías de los daños y cualquier otro tipo de documentación que pueda demostrar el perjuicio sufrido.

Estas pruebas no solo son cruciales para sustentar una posible reclamación, sino que también son necesarias si el consumidor decide acudir a la vía judicial en caso de que no reciba una compensación por parte de las empresas correspondientes. Las organizaciones como FACUA y OCU han resaltado que la falta de pruebas podría dificultar enormemente la posibilidad de obtener una respuesta favorable.

Si los daños están relacionados con productos o servicios adicionales, como los daños en electrodomésticos o la pérdida de alimentos, los consumidores también pueden presentar reclamaciones ante las aseguradoras si tienen una póliza que cubra este tipo de incidentes. En general, las empresas tienen un plazo para responder a las reclamaciones, por lo que es importante presentar las solicitudes lo antes posible.

¿Es posible obtener compensación por los daños sufridos?

Una de las principales preocupaciones de los afectados por el apagón es si las empresas de servicios están obligadas a indemnizar por los daños sufridos. Según las declaraciones de Enrique García, “la empresa no está obligada a indemnizar por un apagón, ya que este tipo de situaciones se consideran excepcionales”. Esto significa que, en principio, los consumidores no tienen derecho a recibir compensación por los daños causados por un evento que no está dentro del control de las compañías de servicios.

Sin embargo, subrayan que los usuarios no deben desistir de presentar sus reclamaciones, incluso si las probabilidades de obtener una indemnización son reducidas. Las reclamaciones deben basarse en las pruebas recopiladas, y en el caso de que la empresa responsable no responda adecuadamente.

En cuanto a los daños derivados de fluctuaciones de tensión, como los daños en electrodomésticos, las compañías podrían asumir una compensación si se demuestra que estas fluctuaciones fueron causadas por un fallo en el sistema eléctrico.

Las aseguradoras también juegan un papel importante en este tipo de situaciones, ya que muchos seguros de hogar incluyen coberturas por daños derivados de cortes de electricidad. FACUA aconseja a los consumidores que revisen sus pólizas para determinar si están cubiertos por estos daños.

La situación del transporte: ¿se puede reclamar?

El apagón también afectó a los medios de transporte, como los vuelos, trenes y otros servicios de transporte, que se vieron interrumpidos por la falta de electricidad. En este sentido, las organizaciones de consumidores han aclarado que las empresas de transporte no están obligadas a indemnizar a los pasajeros afectados por los retrasos y cancelaciones causadas por el apagón. Según la OCU, “la empresa transportista no está obligada a buscar alojamiento o compensación, aunque podría hacerlo si la situación lo exige”.

Aunque las compañías de transporte no son responsables por los daños causados directamente por el apagón, los consumidores aún pueden presentar reclamaciones por los inconvenientes sufridos si el apagón alteró significativamente sus planes de viaje. Sin embargo, las asociaciones de consumidores aclaran que esto dependerá de las políticas de cada empresa.

Las reclamaciones podrían incluir la solicitud de un reembolso parcial por los billetes no utilizados o el alojamiento adicional necesario debido a la cancelación de viajes, aunque no existen garantías de que estas reclamaciones sean atendidas favorablemente.

Las recomendaciones de FACUA y OCU son las siguientes: los consumidores afectados por alteraciones en el transporte deben guardar todos los documentos relacionados con sus viajes, como billetes, recibos de alojamiento y cualquier otro gasto derivado del apagón, para poder presentar una reclamación formal si lo desean.

Hasta que no se conozcan las causas del apagón eléctrico, no se sabrá hasta qué punto se puede reclamar, ha informado este martes la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), que ha recomendado guardar todas las pruebas de los daños sufridos hasta conocer el origen del problema.

En principio, las distribuidoras eléctricas son responsables del suministro, pero pueden eludir esta responsabilidad si el corte estuvo motivado por causas de fuerza mayor o por un sabotaje, ha informado este martes la organización de consumidores. Por ello, dado que aún no se descarta ninguna posibilidad, “es pronto para afirmar taxativamente si podemos o no reclamar”.

No obstante, ha aclarado, aunque las empresas eléctricas no fueran finalmente responsables de la interrupción del servicio, tampoco se puede exigir a los consumidores que paguen por los servicios no recibidos durante el apagón. Por tanto, ha indicado la UCE, “sí tenemos derecho a recibir el reintegro del billete o la reubicación en otro medio de transporte lo más rápidamente posible”. Además, si un pasajero se encuentra atrapado, por ejemplo, en un tren durante el apagón, tiene derecho a que la empresa le proporcione asistencia, alimentos, bebidas e incluso alojamiento si fuera necesario.

Por contra, si el motivo de la cancelación del viaje es la falta de energía, las compañías de transporte como trenes o aviones no están obligadas a indemnizar por las cancelaciones, dado que se trata de una circunstancia extraordinaria, tal y como establece el reglamento europeo.

Respecto a los daños en el hogar, como los productos que se hayan perdido en el congelador al descongelarse por falta de electricidad, es “muy recomendable” que los afectados acumulen pruebas de los daños, como fotografías o informes de los electrodomésticos averiados, en caso de que el apagón haya sido causado por una subida de tensión al restablecerse el servicio.

Además, la Unión de Consumidores recomienda revisar el seguro del hogar, ya que algunos contratos incluyen cobertura para daños derivados de apagones de luz accidentales.

Por último, y siempre que el motivo del apagón no sea causa de fuerza mayor, se tiene derecho a una reducción en la siguiente factura del 20 por ciento por la primera hora de corte, y otro 2 por ciento por cada hora adicional. 

Sábado, 5 de mayo de 2018. Álvaro Artiles, vecino de Agüimes, en Gran Canaria, compra un televisor de la multinacional Samsung valorado en poco más de 1.500 euros. Es una tele de pantalla plana de 55 pulgadas, capaz de reproducir más de mil millones de colores con cualquier nivel de brillo y un estilo “elegante y minimalista en estado puro”, según la propia marca. El producto viene con una garantía de dos años, pero Artiles adquiere un extra de tres años más por precaución.

El televisor es instalado. Y en principio parece ir todo bien. Pero no tarda en aparecer un parpadeo constante en la pantalla que distorsiona la imagen y hace imposible ver cualquier producto, hasta llegar incluso a reiniciarse cada dos por tres. Era “el típico problema”, dice Artiles, que empezó “molestando un poco” y con el tiempo acabó “siendo insoportable”.

El hombre trató de arreglarlo solicitando asistencia técnica a Samsung. Muestra que dentro de la propia tele existe un procedimiento interno que permite hacerlo, en el que seleccionas el tipo de percance y añades tu número de teléfono. Luego “ellos [los técnicos] te llaman y se conectan a la tele de manera remota”.

Al inicio, cuenta, la empresa le dijo que “el problema se debía a la mala conexión de red”. Eso se solucionó. Pero el parpadeo, sin embargo, continuó, y después de que los trabajadores de Samsung intervinieran “varias veces”, le reconocieron que no podían solventar la avería y que tenía que contactar con Worten, la tienda de electrodomésticos y electrónica donde compró la tele, “estando por una semana fuera de la garantía”. Artiles envió el correo a Worten el 12 de mayo de 2023.

El establecimiento, como era de esperar, le recordó que la garantía del producto ya se había extinguido y que cualquier reparación “sería bajo presupuesto”. Así que Artiles volvió a escribir a Samsung, esta vez para que le mandara un listado donde constaran “todas las solicitudes de asistencia técnica” que había pedido para su tele. De ese modo Worten podría asistirle de manera gratuita con el inconveniente que tiene su tele “desde hace años, pero que atribuía a la conexión de Internet”.

Y es aquí cuando comienza un nuevo contratiempo. Samsung no responde a esta última petición de Artiles, quien decide entonces acudir a la Asociación de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) para que esta, en su defensa, envíe un escrito formal a la marca en los mismos términos. El documento es remitido el 6 de julio de 2023.

La misiva recuerda que el hombre, dentro del periodo de garantía, ha contactado “en múltiples ocasiones” con el servicio técnico de Samsung, “trasladando que su televisión tenía una avería”. Por parte de la empresa, continúa el escrito, “han atendido estas solicitudes”, no obstante, el problema “persiste”, y ahora Artiles ha reclamado a la compañía el historial de reparaciones practicadas, “la empresa se niega a aportar esta documentación con el fin de eludir cualquier responsabilidad”.

FACUA pidió a Samsung que aportara “de forma inmediata” los partes de asistencia técnica y que arreglara la avería del televisor que “tuvo su origen dentro del periodo de garantía y nunca fue resuelta”. Pero esta respondió el 13 de enero de 2025, es decir, año y medio después de la reclamación formal, que no iba a complacer ninguna de las peticiones de Artiles por dos motivos, fundamentalmente.

El primero y más relevante es que no puede entregar el historial de reparaciones puesto que, “al haber transcurrido más de un año desde la ejecución de las llamadas a nuestro Servicio de Atención al Cliente, y dado que por protocolo interno las llamadas se eliminan al año”, le resulta inviable. Y con respecto a la demanda de reparar el dispositivo en garantía, contesta que tampoco puede porque “en la actualidad el equipo se encuentra fuera de garantía, que es de dos años”, obviando que en el caso de Artiles realmente era de cinco.

“Le comunicamos que si el televisor presenta alguna incidencia y el reclamante lo considera oportuno, podrá ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial para que puedan realizar un presupuesto de reparación”, termina la respuesta.

Un año de conservación de datos, ¿es suficiente? 

La réplica de Samsung es el último capítulo de la aciaga historia de la tele de Artiles. Ahora mismo “está ahí, muerta del asco”, lamenta él, quien considera pisoteados sus derechos como consumidor. Tras consultar a expertos en la materia, el caso ilustra algunas ambigüedades dentro de la normativa de protección de datos y de cómo las empresas a veces la utilizan “para justificar lo que hacen”, en palabras de Luis Fajardo, doctor en Derecho Civil en la Universidad de La Laguna (ULL).

En la web que detalla su política de privacidad, Samsung no especifica el intervalo exacto en el que conserva los datos de sus clientes. Tan solo dice que no los mantendrá “más tiempo del que sea necesario para la finalidad para la que se recabaron” y añade que tomará “las medidas adecuadas” para retenerlos de acuerdo con tres criterios específicos: durante el tiempo en que utiliza la información para proporcionar un servicio; “de conformidad con lo establecido por la ley” o un contrato; y, de nuevo, “únicamente durante el tiempo necesario para la finalidad para la que se recabó (…) o para fines estadísticos, sujeto a las garantías pertinentes”. 

La política de la empresa no es por gusto. Está basada en el principio de limitación del plazo de conservación de datos, establecido en el artículo 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que señala explícitamente que la información personal no puede conservarse “más tiempo del necesario para los fines del tratamiento”. Que Samsung haya decidido que ese periodo es de un año es una decisión arbitraria, pero legal.

“La ley no concreta. Manda lo que diga la política de privacidad y todo se basa en eso, en las políticas internas de las empresas. Y me he encontrado tantas cosas…”, reflexiona Manuela Battaglini, abogada y directora ejecutiva de la consultora de ética digital Transparent Internet.

“Es un tema controvertido, porque existen prescripciones de datos diferentes y siempre hay que ir mirando con lupa. No pido que haya un límite idéntico para todos, pero sí unas directrices”, ahonda en la misma línea Idaira Hernández Peraza, miembro de la consultoría especializada en protección de datos y compliance legal Peraza Consultores. “Reconozco que es difícil encorsetarlo todo, de ahí la dificultad para aplicar el reglamento”.

Elegir un plazo de un año u otro es interpretativo. Para Samsung es suficiente. Pero para las asociaciones en defensa de los usuarios, no. O por lo menos en el caso de Artiles. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cree que él estaría en su derecho de reclamar contra la eliminación de la conversación y solicitar la reparación del televisor “o, en su defecto, el reembolso del precio pagado” porque, en su opinión, la eliminación de información personal “no te puede perjudicar para el ejercicio de acciones legales”.

La OCU argumenta que, si el plazo de garantía del televisor de Artiles es de un lustro, borrar los datos pasado el año te deja “en situación de indefensión si las pruebas que tienes para acreditar tu derecho consisten precisamente en la grabación de la conversación con el servicio de atención al cliente”. Artiles pidió los partes de asistencia justo después de que acabara la garantía. Al menos con la información de los últimos doce meses habría bastado. Pero Samsung tardó un año y medio en responder para decir que no los puede entregar.

“Es una práctica habitual que las empresas digan que no reclamaste durante el periodo de garantía si no tienes ningún comprobante”, apunta Rubén Sánchez, secretario general de FACUA. El también portavoz de la asociación reconoce que la ley permite borrar los datos personales tras un año, pero que “luego está efectivamente la limitación del ejercicio de derechos”. Aunque no está todo perdido.

El doctor en Derecho Civil de la ULL Luis Fajardo señala que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) exige a las empresas “dejar resguardo de forma inmediata” de cualquier actividad comercial derivada de una compra, como puede ser la reparación del producto adquirido, y firmar ese certificado de manera electrónica.

Fajardo no cree que este sea “un caso de privacidad de datos” más allá, incide, “de que se suele usar la protección de datos para justificar lo que se hace”. Samsung “no tiene que borrar los datos en un año”. Los borra después de ese tiempo “porque así lo considera. Y un año no es un plazo suficiente [en este caso], pues la conservación tiene que ir en sintonía con las circunstancias de para qué se tiene esa información”.

Aparte de eso, continúa el experto, la empresa debe notificar las reparaciones a “alguna cuenta asociada” del consumidor, porque de lo contrario solo se estarían reservando en una herramienta que “controla exclusivamente el proveedor y no deja huella”. “Si yo quiero probar un contrato, pero es la otra parte quien lo tiene y quien lo custodia y quien lo puede borrar cuando quiere, pues no hay garantías”, indica Fajardo.  

“Es habilitar un servicio para que las cosas se hagan como quiere la empresa”, reitera el doctor en Derecho Civil de la ULL. “No puedes cuestionar el caso concreto porque no tienes pruebas. Pero sí las tienes de cómo funciona el servicio. Puedes auditar el televisor y decir que efectivamente hay un servicio de atención al cliente que no ofrece prueba ninguna, que no le da ningún comprobante…” Si eso se acredita, remacha Fajardo, “pesa sobre usted [la empresa] el problema, entonces, arréglemelo”.

El abogado especializado en Derecho Tecnológico Samuel Parra también explica que, incluso habiéndose terminado el plazo de garantía del dispositivo, Samsung tendría que retener el historial de reparaciones y conversaciones “seguramente un año o dos”, el tiempo en el que el consumidor “puede ejercer acciones” legales.

“Creo que debe ejercitar su derecho de acceso a la información, a sus datos, y pedir copia de todo lo que tengan”, cocluye Fajardo. “Hay un problema de prueba. Y como mucho, lo que podría conseguir este señor es que la Agencia de Protección de Datos le ponga una multa a Samsung si así lo considera por no haber conservado los datos como le obligaba la ley”, termina Parra.

Canarias Ahora preguntó a Samsung más detalles sobre su política de privacidad y el tratamiento del caso de Artiles, pero hasta la fecha de la publicación de este artículo no ha habido respuesta.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibió y tramitó en 2024 un total de 8.196 gestiones ciudadanas, de las que 7.075 fueron consultas y 1.121, reclamaciones, tal y como se detalla en la memoria presentada esta mañana por la concejala delegada de Consumo, Laura Rivas.

El 86,32% de las gestiones realizadas por el equipo que conforma la OMIC fueron labores de asesoría y respuesta ante dudas y consultas sobre diferentes ámbitos; mientras que el 13,68% se centraron en el apoyo y gestión de reclamaciones de los consumidores.

De las 8.196 gestiones realizadas el año pasado, los meses de enero y febrero fueron los que registraron una mayor actividad, con 1.035 y 823 gestiones, respectivamente, coincidiendo con el período de fin de las rebajas de principio de año. Por otro lado, junio y diciembre fueron los meses con menos actividad, con 491 y 439 gestiones, respectivamente.

El usuario tipo de la OMIC, que responde al perfil de una mujer (65%) de entre 30 y 65 años (74,93%), acude a la oficina a través de diferentes cauces, tanto presenciales como digitales.

De este modo, la mayoría de las consultas y reclamaciones ciudadanas, 3.654, fueron atendidas de forma presencial (un 44,58% del total), 3.405 por vía telefónica (41,54%), 983 a través de la web (12%), 120 a través del canal en whatsapp (1,46%) y 34 realizadas mediante la sede electrónica (0,41%).

Contratos de telecomunicaciones y compra de electrodomésticos

De las 8.196 gestiones realizadas en 2024, el 76,65 % (6.282) se han centrado en el sector servicios, mientras que el 23,35% restante (1.914) han tratado sobre servicios contratados. En este sentido, en cuanto a la compra de bienes, destacan las consultas y reclamaciones derivadas de la compra de electrodomésticos y teléfonos móviles (377), seguidos por la venta a distancia (366) y de vehículos de segunda mano (326).

Respecto a la contratación de servicios, la mayoría de las gestiones se centran servicios de telefonía móvil, telefonía fija e internet (1.252), que suponen aproximadamente el 15,3% del global y que deriva de la digitalización del consumo y la contratación digital.

Le siguen después las reclamaciones del sector bancario con créditos rápidos y financiación al consumo (555 reclamaciones), sobre todo en centros de belleza y dentales que cesan en su actividad. Los contratos para el suministro de gas y la electricidad siguen siendo principales focos de reclamación, con 421 y 408, respectivamente.

Existen otros temas recurrentes, como el incremento unilateral, abusivo y no informado de la subida de las primas en los seguros; las diagnosis incorrectas que dan lugar a reparaciones innecesarias en talleres de vehículos; o las prácticas irregulares en la entrega de paquetes en los servicios de transporte de mercancías y mensajería, algo directamente proporcional al aumento del comercio electrónico.

Por todo ello, ha añadido, “a lo largo de 2024 se organizaron diferentes jornadas informativas, como las específicas sobre esta materia realizadas para personas mayores en la sede de Cruz Roja. Actividades que se suman a otras divulgativas como las visitas de diferentes centros educativos de la ciudad a la sede de la OMIC, sesiones de teatro infantil sobre el consumo responsable en el Auditorio del Ayuntamiento o publicaciones periódicas en el periódico municipal ‘De Buena Fuente’, entre otras iniciativas informativas y de concienciación”, ha señalado la concejala Laura Rivas.

 El viernes 14, jornada sobre derechos del consumidor

Con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se celebra el 15 de marzo, el Espacio Lagares acogerá el viernes 14 la jornada ‘Derechos del consumidor en el comercio electrónico y tradicional’. La jornada, abierta al público hasta completar aforo, se celebrará entre las 10:00 y las 13:15 horas, aproximadamente.

Tras la apertura por parte del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la primera conferencia (10:15 horas) se centrará en la digitalización del consumo y las compras online, con diferentes consejos y casos prácticos. Será ofrecida por José María Fernández, jefe de sección de Consumo del Gobierno de La Rioja.

La segunda ponencia (11:00 horas) será impartida por Ramón Vila y Gemma Ichaso, subinspector y oficial de la Policía Nacional, respectivamente, y se centrará en la ciberdelincuencia y cómo prevenirla.

La última intervención (12:15 horas), correrá a cargo de Francisco Sáez, inspector de consumo y comercio del Gobierno de La Rioja y tratará sobre los derechos del consumidor.

 Cómo contactar con la OMIC

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) cumplió el pasado mes de diciembre 38 años en el Ayuntamiento de Logroño atendiendo los problemas de consumo con que se encuentran los logroñeses y logroñesas.

Ubicada en la planta baja del Ayuntamiento de Logroño, los consumidores y consumidoras pueden ponerse en contacto con la Oficina Municipal de Información al Consumidor a través de las siguientes vías: