Sony dejará de producir videojuegos de PlayStation en formato físico a partir de 2028. Sus famosos discos, que acompañan a la firma desde la PlayStation 1 de 1994, pasarán a mejor vida y con ellos, las cajas que han servido de trofeo para millones de jugadores durante tres décadas. La empresa japonesa asegura que solo sigue “las preferencias de los consumidores y la industria” y, de hecho, podría ser emulada próximamente por la otra gran plataforma, Xbox. No obstante, la decisión pone fin a una era en los videojuegos y ha generado protestas tanto entre jugadores como entre las tiendas que los venden.

“A medida que las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general se alejan cada vez más de los discos físicos en favor de lo digital, la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation se interrumpirá a partir de enero de 2028”, ha comunicado Sony. “Después de esta fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en tiendas físicas únicamente en formato digital”, añade.

La firma japonesa afirma que la “transición no afecta a los juegos que ya se lanzaron o se lanzarán antes de enero de 2028 en formato físico”, pero sí aparecerá antes de esa fecha en sus principales buques insignias. El esperado GTA VI, que lleva 8 años en desarrollo y cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 19 de noviembre, no tendrá una versión física. La caja, que sí se venderá en tiendas, solo incluirá un código de descarga para el formato digital.

“Esta es una evolución natural para Sony Interactive Entertainment, que busca adaptarse a las tendencias de consumo, ya que la preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos. Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día”, añade Sony.

Aproximadamente el 85% de las ventas de videojuegos durante el último trimestre de Sony fueron digitales, según las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de marzo. Y si bien la empresa lo enfoca como una decisión meramente comercial, lo cierto es que la medida parece querer aliviar la presión sobre las acciones de la compañía, que habían caído un 20% desde que comenzó 2026.

Problemas en la mayor industria cultural

La industria de los videojuegos se ha convertido en la mayor industria cultural del planeta. Según los datos de la consultora IDC, su facturación se acerca ya a los 175.000 millones de euros al año, más que el cine y la música juntas. Sin embargo, sus dos gigantes, Sony y Xbox, atraviesan problemas económicos.

Sony arrastra el fracaso de la compra del estudio Bungie, autor de sagas como Halo y Destiny, por unos 3.000 millones de euros. Tras una serie de lanzamientos poco exitosos, las últimas cuentas de la compañía japonesa evidenciaron que el estudio le está suponiendo un agujero de pérdidas millonarias, de unos 480 millones de euros solo en el último trimestre. Una crisis similar atraviesa a su competencia Xbox, que esta semana anunció el despido de 3.400 trabajadores. “Nuestro negocio hoy no está sano. Operamos con márgenes entre tres y diez veces inferiores a los de plataformas y empresas similares”, justificó su consejera delegada.

El fin de los formatos físicos en ambas plataformas (diversas filtraciones apuntan a que las próximas vídeoconsolas de las dos marcas no incluirán ninguna versión con lector de discos) supone un alivio de costes. Los juegos digitales eliminan los costes de producción y distribución de discos, así como la necesidad de dejar margen para que los minoristas añadan su comisión.

En el caso de Sony, el anuncio supuso un respiro para sus acciones de casi un 8%, que ayudó a mitigar la caída arrastrada desde enero. Tras esa subida, su consejero delegado vendió la mitad de los títulos de la compañía que poseía, en una operación que le reportó casi 5 millones de dólares.

Los juegos digitales y la cuestión de la propiedad

La decisión de Sony de abandonar el formato físico ha reavivado el debate sobre la propiedad real de los videojuegos digitales. Aunque los usuarios pagan por ellos de igual forma a como lo hacen por los discos físicos, en la práctica lo que se adquiere es una licencia de uso vinculada a una cuenta y sometida a las condiciones de la plataforma. Esto implica que el acceso al juego depende de que el servicio siga operativo y de que el distribuidor mantenga los derechos necesarios para ofrecerlo.

Es precisamente este argumento el que ha expresado la cadena de tiendas Game para criticar la decisión de Sony. “Cada vez que desaparece una edición física, perdemos la libertad de disfrutar de nuestra afición tal y como queremos: la posibilidad de prestar un juego a un amigo, de revenderlo, de coleccionarlo, de conservarlo o, simplemente, de elegir dónde y cómo lo compramos, sin monopolios”, ha manifestado la empresa en un comunicado.

“Para millones de jugadores no es solo una caja en una estantería: son recuerdos, colecciones, ediciones especiales, historia del videojuego y, sobre todo, derechos como consumidores”, continúa Game: “Nos quieren hacer creer que esto es una evolución natural, pero nosotros creemos que el futuro no debería construirse eliminando opciones, sino ampliándolas. Digital y físico pueden convivir; de hecho, llevan años haciéndolo”.

Esta misma reivindicación se lee en foros y redes sociales de todo el mundo, con miles de aficionados llamando incluso al boicot contra Sony.

Protestas y llamamientos al boicot

Las cuentas oficiales en redes sociales de PlayStation quedaron en completo silencio durante varios días después del anuncio del fin de la producción del formato físico. Este martes retomaron las publicaciones, lo que fue aprovechado por decenas de miles de jugadores para expresar su disconformidad con su decisión.

La primera publicación en X del perfil de PlayStation acumula ya 65.000 respuestas con quejas, memes y críticas por el final de los discos, con miles de jugadores compartiendo imágenes que aseguran que “sin discos, no hay compra”.

La animosidad ha continuado en las siguientes publicaciones de la marca, que ha retomado su actividad de redes normal. “Las compras digitales son licencias, no propiedad. Sony puede revocar el acceso. Esto genera preocupaciones sobre la propiedad a largo plazo, la preservación de juegos, la reventa, el préstamo y la dependencia de servidores/tiendas”, reza la nota de la comunidad que los usuarios han incluido en una de las publicaciones, una herramienta de X mediante la cual se puede añadir contexto a un tuit sin el consentimiento de su autor original.

Las quejas han avivado también el debate sobre la preservación de los videojuegos como patrimonio cultural. A diferencia de un libro o una película en formato físico, un videojuego digital puede dejar de ser accesible cuando desaparecen las tiendas en línea, expiran los acuerdos de licencia o los servidores dejan de funcionar. Museos, investigadores y organizaciones dedicadas a conservar la historia del medio llevan años alertando de que buena parte del catálogo de videojuegos corre el riesgo de perderse simplemente porque las plataformas no tienen ningún incentivo económico para mantenerlos.

Es una preocupación que comparte por ejemplo Fran Cifaldi, fundador de Video Game History Foundation y una de las figuras más reconocidas en este ámbito. Tras el anuncio de Sony, el especialista sostuvo que, mientras la industria no ofrezca una vía legal para garantizar la conservación de los juegos, las copias no autorizadas seguirán siendo la única alternativa para preservar parte de ese legado. “Como director de una institución dedicada a la preservación de videojuegos históricos, y habiendo dedicado toda mi vida adulta a esta causa, puedo afirmar que esto es cierto. Hemos intentado colaborar con la organización gremial del sector para encontrar una vía legal, pero se niegan a ofrecer una alternativa viable”, ha afirmado.

La organización de consumidores Facua ha señalado a Vito Quiles por “su nuevo seudomedio a nombre de una sociedad que no existe”. Según explican, Quiles pide donaciones para su empresa Combativos SL —que se presenta como “la comunidad políticamente incorrecta más influyente del país”— para la “producción de contenido libre y becas para jóvenes”, pero ese dinero no va directamente a una cuenta bancaria asociada al negocio de Quiles, señala Facua.

Desde Facua afirman que el negocio del agitador ultra (Combativos.com) es propiedad de una empresa que no está dada de alta en el Registro Mercantil. Además, en la web omiten el domicilio y el NIF de su propietario, con lo que vulnera “las leyes de servicios digitales y protección de datos”. Por ello, Facua afirma que ha denunciado a Quiles ante la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos.

Según detalla la organización, como no se facilita la identidad real del propietario, su domicilio ni su NIF, Vito Quiles estaría vulnerando el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Además, dentro de la información del negocio que aparece en su página web, se indica que Combativos SL tiene como actividad principal el “comercio electrónico de productos relacionados con deportes de combate y artes marciales”. En el momento en que un usuario quiere realizar una donación desde la web del agitador ultra e introduce sus datos, la política de privacidad a la que se remite indica que el dinero va a la supuesta sociedad limitada de Quiles, pero la cuenta bancaria en la que después se invita a realizar el ingreso está a nombre del influencer y agitador.

El propio Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ha comunicado la denuncia de la organización en la red social X. Sánchez ya emprendió acciones legales contra Vito Quiles el pasado mes de abril, cuando reclamó nueve años de cárcel, 24.000 euros de multa y 60.000 euros de indemnización, acusándole de tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico en concurso con dos de injurias graves con publicidad. Rubén Sánchez señalaba a Quiles por acusarle de pederasta, proxeneta y líder mafioso.

Un decreto publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha modifica la estructura administrativa y el reparto de competencias dentro de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

Se trata, según el Ejecutivo regional de “optimizar” la gestión pública mediante la redistribución de ciertas funciones. Por ejemplo, clarifica las responsabilidades de la Dirección General de Salud Pública y abre dos áreas diferenciadas.

De esta forma separa las competencias en materia de salud pública de las de consumo, entre otras cosas para evitar confusiones.

En materia de salud pública realizará programas de prevención, asistencia y reinserción en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos. También vigilancia e intervención frente a zoonosis, toxiinfecciones alimentarias, brotes epidémicos y situaciones de riesgo, así como frente a enfermedades prevalentes, emergentes y reemergentes y gestionará de la red de alertas en salud pública.

Además, se ocupará de los riesgos para la salud derivados de la contaminación del medio ambiente.

Este departamento tiene la responsabilidad de gestionar la Red de Laboratorios de Salud Pública y competencias en salud laboral o en en sanidad mortuoria, entre otras.

Mientras, en Consumo debe elaborar los planes estratégicos y anuales para el diseño y desarrollo de las políticas de consumo, coordinar la red regional de recursos de atención a las personas consumidoras o vigilar el mercado, el control de la calidad y seguridad de los productos, bienes y servicios puestos a disposición de las personas consumidoras.

También debe gestionar la red alertas de consumo, del teléfono del consumidor y de entidades en el ámbito de la soberanía alimentaria y la agroecología para un consumo alimentario sostenible.

Asume mecanismos de mediación relacionados con la vivienda

Este área también se ocupará de establecer mecanismos eficaces de mediación, incluyendo los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual y sobreendeudamiento derivado de relaciones de consumo.

Debe organizar la Junta Arbitral de Consumo autonómica y coordinarla con los órganos de ámbito municipal e incluso promover el ejercicio de acciones judiciales en aquellos procedimientos que merezcan una atención especial por razón de la trascendencia de los derechos o por la alarma social generada, o si se aprecia indefensión o desprotección de las personas consumidoras.

Además, debe ocuparse de comprobar y verificar el cumplimiento de la conectividad ofertada por las empresas operadoras de telecomunicaciones, entre otras funciones.

El 'refuerzo' de la Secretaría General

El decreto confiere nuevas competencias en contratación a la Secretaría General que incorpora la facultad de tramitar y formalizar encargos a medios propios, con el fin de dotar de mayor “precisión” a las funciones de este órgano directivo.

Además, el Consejo de Salud, principal órgano de participación ciudadana, pasará a depender de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad. Hasta ahora estaba adscrito a la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria.

El cambio se explica en “garantizar la coherencia organizativa, uniendo el órgano de participación con la unidad administrativa que debe impulsarlo y coordinarlo.

Cambios en el SESCAM

Además, el decreto introduce cambios en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en concreto se dispone un nuevo órgano de gestión para la Escuela de Salud y Cuidados para integrarla en el departamento que se ocupa de la estrategia de cuidados, seguridad del paciente y calidad del servicio de salud. Ahora pasará a formar parte de la Dirección General de Cuidados y Calidad.

Hasta ahora esta escuela dependía de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria.

La planificación de unas vacaciones suele centrarse en la búsqueda de alojamientos, la gestión de los transportes y el diseño de los itinerarios. Sin embargo, un elemento fundamental para garantizar el éxito y la viabilidad del desplazamiento es la correcta elección de una póliza de asistencia. Viajar con total tranquilidad empieza mucho antes de hacer la maleta: empieza al elegir bien el seguro de viaje, no todos los viajes son iguales ni necesitan las mismas coberturas, por lo que es clave saber cómo adaptar la póliza a cada aventura.

Contratar un seguro genérico sin evaluar el entorno es uno de los errores más habituales en la organización de un viaje. Factores como el coste de la asistencia médica en el país de destino, la duración del trayecto o el perfil de los acompañantes determinan de manera directa el tipo de protección que se requiere ante posibles imprevistos.

A nivel sanitario, el Ministerio de Sanidad respalda y difunde las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de cómo los viajeros se exponen a una gran variedad de riesgos en entornos desconocidos debido a factores como los cambios de altitud, las deficiencias en las redes de saneamiento o la exposición a enfermedades infecciosas.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la responsabilidad última de proteger la salud es del propio viajero. Por ello, recomienda ir a una consulta médica entre cuatro y ocho semanas antes del viaje para evaluar la necesidad de vacunas, tratamientos preventivos o la preparación de un botiquín. Además, la OMS recuerda que es obligatorio avisar a la aseguradora si ya tienes alguna enfermedad antes de viajar. También aconseja ir al médico al volver a casa si tienes fiebre o diarrea constante. Por todo esto, tener un buen seguro de viaje no es un lujo, sino una necesidad médica real para evitar gastos gigantes y problemas de traslado si te enfermas en el extranjero.

Cobertura según el tipo de destino

El ámbito geográfico es el factor más determinante a la hora de configurar una póliza, ya que las infraestructuras sanitarias y los costes legales varían drásticamente entre fronteras. En el caso de trazar rutas internacionales con múltiples paradas, se debe tomar siempre como referencia el destino más lejano, dado que cada categoría incluye la cobertura de las anteriores.

Consideraciones según la duración de las vacaciones

La variable temporal es el segundo pilar esencial para evaluar la viabilidad de una póliza. Conocer con exactitud las fechas de ida y vuelta es el primer paso indispensable, dado que los límites de días modifican los precios y la naturaleza del contrato.

Más allá de la elección de la póliza privada, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ofrece una herramienta indispensable a través de su apartado de Servicios al ciudadano. En esta sección, el organismo publica las Recomendaciones de viaje detalladas para cada país del mundo, proporcionando información específica sobre documentación y visados, condiciones de seguridad, requisitos de sanidad, normativas de divisas y teléfonos de interés en caso de emergencia.

El propio Ministerio lanza un aviso general tajante para concienciar a los viajeros: cualquier desplazamiento al extranjero se realiza siempre por cuenta y riesgo del particular, recordando que las prestaciones de la Seguridad Social española no operan fuera de nuestras fronteras (salvo las excepciones de la Tarjeta Sanitaria Europea) y que todos los gastos derivados de una hospitalización o una repatriación médica corren a cargo del propio ciudadano.

Por este motivo, las autoridades insisten en la recomendación de contar siempre con un seguro médico que cubra cualquier eventualidad y, de forma complementaria, registrar los datos personales en el Registro de viajeros oficial antes de partir para facilitar la localización y asistencia en caso de una emergencia grave en el país de destino.

Batalla abierta entre la Comisión Europea y Apple por los problemas del gigante estadounidense con su inteligencia artificial (IA). Un portavoz de la institución europea ha cargado este martes contra la compañía de la manzana al asegurar que “la decisión de no lanzar Siri AI en la Unión Europea es responsabilidad exclusiva de Apple, porque absolutamente nada en la Ley de Mercados Digitales (DMA) prohíbe a Apple introducir nuevos productos en la UE”.

El gigante tecnológico estadounidense había culpado a la regulación europea del retraso en el lanzamiento de la versión de Siri con inteligencia artificial para los iPhone y iPad en la Unión Europea durante la presentación de su nueva generación de Apple Intelligence, una profunda reestructuración de su sistema de IA desarrollada en colaboración con Google.

Desde la Comisión Europea se ha destacado que “lo que Apple no puede hacer, al igual que cualquier otro guardián de acceso (gatekeeper), es cerrar el mercado. No les corresponde decidir quién puede innovar en Europa, ni elegir qué herramientas de inteligencia artificial pueden utilizar los ciudadanos europeos y cuáles no. Y ahí es donde entra en juego la DMA y sus obligaciones de interoperabilidad. Si queremos innovar, contar con soluciones innovadoras y ofrecer más opciones a los usuarios, necesitamos una competencia justa y abierta entre los desarrolladores”.

“Estamos profundamente decepcionados de que nuestros usuarios de la UE no dispongan de Siri AI en el iPhone o el iPad cuando lancemos nuestras nuevas versiones de software a finales de este año”, declaró el vicepresidente de ingeniería de software, Craig Federighi.

Apple como guardián de acceso (gatekeeper) tecnológico, ya que controlan y operan los denominados servicios básicos de plataforma, den acceso a terceros al sistema y permitan la interoperabilidad para que haya más competencia libre en el mercado digital.

Apple fue “incapaz de desarrollar soluciones”

“¿Cuál es la verdadera historia detrás de este asunto? Apple simplemente fue incapaz de desarrollar soluciones de interoperabilidad que cumplieran los estándares esenciales de privacidad y seguridad de la UE. En lugar de intentar encontrar una solución de cumplimiento adecuada, Apple se limitó a solicitar a la Comisión Europea una exención de sus obligaciones de interoperabilidad en virtud de la DMA... Y que dicha exención se extendiera durante al menos 18 meses”, ha explicado un portavoz de la Comisión.

Bruselas ha insistido en que dicha exención “significaría que ningún agente de inteligencia artificial distinto de Siri AI —que, por cierto, está impulsado por Google— tendría las mismas oportunidades de ser elegido por los usuarios de iPhone. La legislación de la Unión Europea no es negociable. La Comisión no concederá exenciones, del mismo modo que un agente de policía no eximiría a un conductor de respetar los límites de velocidad”.

Los retrasos generalizados de Apple alrededor de la IA tienen más que ver con problemas tecnológicos que regulatorios. De hecho, la IA presentada este lunes con dos años de retraso es un asistente similar al que la mayoría de su competencia ya tiene disponible, pero cuyas funciones nunca llegaron a los usuarios.

La promoción del lanzamiento de Apple Intelligence fue demandada por publicidad engañosa, lo que ha obligado a la empresa a llegar a un acuerdo de 250 millones de dólares para indemnizar a los propietarios de iPhone por la falta de disponibilidad de las funciones en el momento de la compra.

Apple afirmó que no podía proporcionar una fecha para la disponibilidad de la actualización en la Unión Europea.

Ante las continuas interrupciones en el suministro de combustible de aviación por la guerra de Irán, la Comisión Europea ha recordado que “los pasajeros afectados por cancelaciones tienen derecho al reembolso, a un transporte alternativo o al regreso, a asistencia en el aeropuerto y a compensación en caso de cancelaciones de última hora”. Las aerolíneas está cancelando vuelos por la subida del precio del queroseno que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz por el conflicto del Oriente Medio.

El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha repetido varias veces el mensaje sobre el riesgo de suministro de queroseno para aviones, pero este tipo de transporte se quedó fuera del marco de ayudas propuesto por la Comisión para que los Estados miembros puedan subvencionar hasta el 70% de los costes adicionales de una empresa derivados del aumento del precio del combustible y de los fertilizantes para los sectores agrario, pesca, el transporte terrestre (carretera, ferrocarril y vías navegables interiores) y el transporte marítimo de corta distancia intra-UE.

Aunque las aerolíneas pueden quedar exentas de pagar compensación económica si pueden demostrar que la cancelación se debió a circunstancias extraordinarias, como una escasez local de combustible, Bruselas considera que “los altos precios del combustible no deben considerarse una circunstancia extraordinaria”.

“Las cancelaciones se deben a los precios del queroseno”

“En la situación actual, lo que estamos viendo —por ahora— es que todas las cancelaciones anunciadas se deben a los precios del queroseno, no a una escasez de combustible. Sigue siendo el derecho soberano y absoluto de cualquier empresa decidir cómo gestiona su actividad. En cualquier caso, los derechos de los pasajeros aéreos siguen aplicándose plenamente.En caso de cancelación, los pasajeros tienen derecho al reembolso, a la reubicación o al regreso, así como a asistencia en el aeropuerto y a compensación por cancelaciones de última hora”, ha comentado un miembro de la Comisión Europea.

La Comisión también recuerda que “no está permitido cobrar tasas adicionales con carácter retroactivo, como recargos por combustible”. El Reglamento de Servicios Aéreos exige que las aerolíneas muestren el precio final del billete desde el inicio, una obligación para “evitar que los pasajeros se enfrenten a costes inesperados”. Además, si se ofrecen vales como reembolso, el pasajero debe estar expresamente de acuerdo con recibirlos.

“No está justificado añadir un recargo por combustible”

Un portavoz de la Comisión Europea ha explicado que “según el Reglamento de Servicios Aéreos de la UE, cualquier persona o entidad que venda billetes de avión debe mostrar siempre el precio final que el pasajero pagará. Esto incluye todos los impuestos, tasas y cargos inevitables y previsibles en el momento de la compra. Y, desde hace varias semanas, los altos precios del combustible son totalmente previsibles. Por tanto, las aerolíneas pueden adaptar sus tarifas publicadas a la situación, pero no está justificado añadir un recargo por combustible a un billete después de que haya sido comprado”.

En el caso de los paquetes vacacionales, los organizadores pueden aumentar el precio si el contrato así lo estipula. Ahora bien, si el aumento es de hasta el 8%, no requiere el acuerdo del viajero, pero si el incremento supera este 8%, el viajero puede aceptar el nuevo precio o cancelar el contrato sin pagar ninguna penalización.

En los paquetes vacacionales, en caso de circunstancias extraordinarias inevitables antes de que comience el viaje, tanto el organizador como el viajero pueden rescindir el contrato y el viajero tiene derecho a un reembolso en 14 días.

Medidas para ayudar a las aerolíneas

Para afrontar el cierre de rutas, la Comisión ha aprobado que las aerolíneas queden exentas de la norma que les obliga a que el 90% de repostaje tengan que hacerlo en su aeropuerto de salida y solo el 10% en otros aeropuertos, establecida en ReFuelEU Aviation.

En cuanto a los slots aeroportuarios, las aerolíneas queda también exentas de las obligaciones habituales de uso de franjas horarias asignadas (slots) de aterrizaje y despegue debido a problemas de suministro de combustible en los aeropuertos, de manera que las líneas aéreas no serán penalizadas por no utilizar sus franjas horarias asignadas. Ahora bien, solo por escasez de combustible, la Comisión advierte de que el alto coste del combustible no es una excusa válida para no usar los slots.

La Comisión también ha recordado que hay flexibilidad para utilizar el queroseno Jet A, que se fabrica en Estados Unidos, frente al Jet A1, que es el ofrecido en los aeropuertos europeos.

En el caso de rutas esenciales, como las establecidas entre las islas Canarias, los Estados podrán hacer uso de cláusulas de flexibilidad en los contratos para adaptar frecuencias o indexar precios. En caso de emergencia, los países podrán seleccionar a una nueva aerolínea sin necesidad de licitación pública por un periodo de hasta siete meses. También se contemplan ayudas sociales para financiar hasta el 100% de los billetes de los residentes de regiones remotas.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado, con los votos a favor del PSOE y la abstención de PP y Vox, la reforma del Estatuto de las Personas Consumidoras, una modificación legal que actualiza el marco autonómico vigente desde 2019 para adaptarlo a la normativa estatal y europea, especialmente en materia sancionadora y de protección de derechos.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, de quien también dependen las competencias en materia de Consumo en la Administración regional, ha defendido que la reforma responde a la necesidad de ajustar el régimen sancionador autonómico a los cambios en la legislación nacional, que habían dejado obsoleta la normativa regional.

Según ha señalado, con el nuevo texto “se gana en seguridad jurídica y claridad normativa”, al adoptar las infracciones ya previstas a nivel estatal.

Además, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la protección de las personas consumidoras mediante mecanismos como el arbitraje de consumo y ha apelado al apoyo unánime de los grupos parlamentarios al considerar que la norma mejora la respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Más precisión  y posibilidad de indemnización

La modificación del Estatuto introduce una definición más precisa de las infracciones, diferenciando con ejemplos concretos cuáles son leves, graves o muy graves, con el objetivo de evitar interpretaciones ambiguas. Entre otras cuestiones, se consideran leves conductas como la falta de hojas de reclamaciones, mientras que se tipifican como graves fraudes en la información o características de productos y servicios, incluyendo la obsolescencia prematura o el uso de etiquetados engañosos.

Entre las infracciones muy graves se recogen situaciones como el corte de suministros básicos sin notificación previa o la subida de precios en contextos de emergencia o necesidad.

Uno de los principales avances del texto es la incorporación de la posibilidad de exigir la reposición de la situación alterada y la indemnización de daños y perjuicios en el propio procedimiento sancionador, lo que evita que los consumidores tengan que acudir a la vía judicial para reclamar compensaciones.

Críticas de PP y Vox

Desde el Grupo Socialista, Ángel Tomás Godoy ha defendido que la reforma impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page busca reforzar la protección de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha y ha subrayado que es fruto del consenso.

Ha destacado mejoras en información y derechos, especialmente en vivienda, así como un mayor peso de la inspección, la mediación y el arbitraje, junto al impulso del consumo sostenible.

El diputado de Vox Iván Sánchez ha rechazado la norma al considerar que no protege suficientemente a los consumidores y que se centra en “endurecer sanciones”, además de advertir de un “laberinto normativo” y carencias en el acceso digital.

Desde el Partido Popular, Juan Antonio Moreno ha criticado que el Ejecutivo regional “pierde una oportunidad clave”, especialmente en el ámbito sanitario.

Ha recordado que el PP presentó 13 enmiendas para mejorar el texto, muchas de ellas rechazadas, y ha lamentado que la ley no aborde la regulación de la publicidad sanitaria ni refuerce los controles frente a prácticas engañosas como los “productos milagro”.

En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no dé respuesta a problemas reales de los consumidores y ha defendido la necesidad de garantizar una protección más efectiva, con mayor control de las prácticas abusivas y medidas concretas que eviten fraudes en el mercado.

Un tribunal de Roma ha fallado que los aumentos de precio en la suscripción a Netflix entre 2017 y 2024 han sido “ilegales” y “vejatorios” y ha reconocido el derecho de los usuarios a solicitar un reembolso o una reducción de sus tarifas.

La compañía de entretenimiento avanzó este viernes a EFE que impugnará esta sentencia, al considerar que sus condiciones no han contravenido la legislación italiana.

“Recurriremos esta decisión. En Netflix nuestros abonados están por encima de todo y nos tomamos muy en serio los derechos de los consumidores. Creemos que nuestras condiciones siempre han respetado la normativa y la praxis italianas”, afirmó un portavoz.

La Asociación Movimiento de Consumidores había acudido ante el Tribunal de Roma para denunciar como “vejatorias” unas cláusulas que han permitido a Netflix aumentar los precios de sus abonos entre 2017 y 2024 sin especificar el motivo del encarecimiento.

La sentencia, de 49 páginas, reconoce los cambios de precio en esos ochos años como “vejatorios” e “ilegítimos” para los espectadores y obliga a la devolución de dinero.

“La ilegalidad de las conductas anteriormente descritas, consistentes en la modificación unilateral del precio y de las condiciones normativas sin un motivo justificado indicado en el contrato, conlleva el derecho de cada consumidor que haya sufrido, en el marco de contratos suscritos desde 2017 hasta enero de 2024, el aumento de los precios y, desde 2017 hasta abril de 2025, modificaciones de las condiciones del servicio, a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas”, se lee en el fallo.

La sentencia también recoge el derecho a indemnización por daños y perjuicios.

Además Netflix deberá publicar la sentencia en su portal de internet y, en el plazo de 30 días, en las páginas de dos periódicos italianos, Il Corriere della Sera y el económico Il Sole 24 Ore.

La Asociación demandante ha confirmado en un comunicado que cada usuario que se haya visto perjudicado por esta práctica “tendrá derecho a una reducción del precio actual de la suscripción” o a la “devolución de las sumas indebidamente pagadas”.

Este fallo afecta a millones de personas en Italia, ya que se estima que en octubre de 2025 había en el país 5,4 millones de abonos.

El mayor reembolso al que se podrá aspirar es a aproximadamente 500 euros (576 dólares al cambio), en el caso de un cliente con perfil Premium que haya disfrutado de las series y películas de Netflix ininterrumpidamente desde 2017, según el cálculo del equipo legal de la asociación de consumidores.

Como alternativa, la sentencia impone a Netflix reducir el precio de las suscripciones actuales al mismo nivel que los aumentos.

“Por ejemplo, un cliente Premium que activó su abono en 2017 y que paga 19,99 euros (23,06 dólares) tiene derecho al mismo servicio por un precio de 11,99 euros (13,83 dólares), mientras que un cliente Standard que paga 11,99 euros deberá desembolsar 9,99 euros (11,52 dólares)”, afirma la asociación.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda de la Fundación Francisco Franco, a la que acusa de vulnerar la normativa vigente sobre protección de datos y por el “posible incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. Con esta son ya once las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha que la asociación ha denunciado en los últimos años. Las denuncias han sido presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

A través de su tienda online, la Fundación Francisco Franco, que está actualmente inmersa en el proceso de extinción iniciado por el Gobierno, vende artículos como libros, calendarios, cinturones, corbatas y medallas, entre otros accesorios, según señala Facua. “No obstante, no se proporciona información suficiente que permita identificar al responsable del tratamiento de los datos personales recabados de los usuarios, ni se informa sobre los derechos ARCO que los clientes pueden ejercer”, advierte.

Por lo tanto, la asociación entiende que se están “omitiendo datos esenciales, lo que supone una clara vulneración de las obligaciones legales de información al consumidor y genera una situación de falta de transparencia que puede provocar indefensión”. Según Facua, la fundación “se salta la obligación” de facilitar información sobre el tratamieno que hace de los datos de los compradores y de su derecho de acceso, rectificación, supresión o limitación al tratamiento, lo que, a su juicio, constituye una infracción de la Ley de Protección de Datos Personales.

Exaltación de la dictadura

La organización también pone el foco en la simbología “que ensalza la figura del dictador Francisco Franco” que reproducen los mensajes y las imágenes de los artículos. “Incorporan referencias explícitas a su persona, así como a emblemas y consignas vinculadas al régimen franquista y a la ideología fascista que lo sustentó”, apunta Facua en un comunicado.

La naturaleza de estos artículos, su presentación comercial y el contexto en el que se ofrecen al público, critica, “evidencian una finalidad de exaltación y normalización de ideologías y regímenes responsables de graves vulneraciones de derechos humanos, suponiendo un claro menosprecio hacia las víctimas y sus familias”.

Facua considera que la comercialización de este tipo de artículos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva mercantil o de libertad empresarial, sino también desde su impacto en la dignidad de las víctimas, en la preservación de la memoria democrática y en la salvaguarda de los valores de respeto, pluralismo y convivencia “que deben regir en una sociedad democrática”.

En este sentido, la organización de consumidores cree que la fundación puede estar vulnerando el artículo 62 de la Ley de Memoria Democrática, que califica como acciones muy graves “las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública” exalten la dictadura o sus dirigentes.

En base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para extinguirla concluyendo que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática. El proceso sigue actualmente su curso y, en última instancia, será un juez el que decida sobre ello. Hace dos semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la fundación de frenar el proceso.

Arreglar en lugar de sustituir no es solo una consigna de activistas políticos. Es un derecho reconocido por el Parlamento Europeo desde 2024. En ese momento aseguraron que cuando se averían dispositivos como televisores, lavadoras o teléfonos móviles, el consumidor podría exigir la reparación del dispositivo en lugar de reemplazarlo por uno nuevo. Uno de los motivos para mover ficha fueron los 62 millones de toneladas de basura electrónica que se generan al año según la ONU. Un millón de esos residuos se generan solo en España.

La norma busca garantizar a los consumidores que tengan acceso a piezas de recambio a un precio asequible y con poco tiempo de espera para que les compense más reparar sus electrodomésticos en lugar de comprar uno nuevo una vez que acabe la garantía hasta, por lo menos, diez años después de la fecha de compra. La intención es que el tiempo de reparación y su metodología no dependan únicamente de los fabricantes, sino que pueda gestionarse en talleres independientes. En España, existe un Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible aprobado por el Consejo de Ministros que va en línea de las normas europeas.

Durante todo estos años, la UE ha aprobado varias normas clave, como la Directiva del Derecho a Reparar, los reglamentos de ecodiseño para hacer los dispositivos más sostenibles o la regulación de baterías. Eso sí, desde Right to Repair, una coalición de 180 organizaciones europeas que luchan en defensa de la reparación, siguen viendo estas medidas como algo “limitado y fragmentario”. Argumentan que la reparación solo está garantizada para unos pocos productos, que los fabricantes aún dificultan las reparaciones, que los índices de reparabilidad están incompletos, que durante la garantía reparar no es prioritario y que el precio de las piezas de recambio es un gran agujero negro: Bruselas obliga a informar sobre el precio de las piezas y a que sea “razonable”, pero esa razonabilidad no está especificada con exactitud.

El derecho a reparar aún no es universal: depende del producto que sea, cuándo se puso a la venta y qué normativa específica le aplica. La obsolescencia programada también juega un papel crucial: “Es donde se ve la calidad de los materiales, cada vez peor”, señala María Durán, responsable del área de Recursos Naturales y Residuos en Amigos de la Tierra. Es algo que, indica, se observa en productos como lavadoras, secadoras, cámaras de fotos, ordenadores, impresoras o en la ropa.

Pero la UE garantiza el derecho a reparar. Desde Right to Repair han realizado una tabla filtrando los tipos de dispositivos con la normativa europea y si las normas están ya en vigor, debatiéndose o no se ha contemplado en absoluto. “Todavía estamos en una fase inicial en cuanto a la aplicación de estas medidas, y tenemos previsto trabajar más a partir de ahora en el seguimiento de las mejoras reales en materia de reparabilidad”, señala Ugo Vallauri, del equipo de Right to Repair. Él ve clave el reglamento de baterías, que entrará en vigor a partir de febrero de 2027: “Tiene el potencial de generar un impacto amplio gracias a su gran ámbito de aplicación, ya que se extiende a todos los productos que incorporan una batería. Estamos trabajando para garantizar que las exenciones a su aplicación sean lo más limitadas posible”. 

Desde Right to Repair engloban diferentes grupos de dispositivos. En los que sí está regulado el derecho a la reparación se puede esperar una mayor disponibilidad de repuestos; más información técnica disponible online tanto para reparadores como consumidores y mejoras en la durabilidad y en el soporte del software para electrónica. Según la normativa de la UE, hay incentivos para optar por la reparación, como vales y fondos y las plataformas en línea ayudan a los consumidores a encontrar servicios de reparación de proximidad y tiendas con bienes reacondicionados. 

La aplicación en los grandes electrodomésticos

Las lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos y hornos están bien cubiertos por normas de ecodiseño. A partir del 31 de julio de este año se refuerza la disponibilidad de piezas, la obligación de reparación y se establecerán precios más justos, aunque no se especifican. Para Right to Repair, son los productos con mejor derecho a reparar hoy en día junto a los teléfonos móviles. Eso sí, no tienen ninguna etiqueta o índice de reparabilidad.

Dispositivos electrónicos 

Los smartphones y tabletas ya tienen reglas sobre baterías y reparabilidad y cuentan con la etiqueta de reparabilidad. A partir del 31 de julio se establecerán los precios razonables, se refuerzan piezas, se garantizará la reparación ofrecida por el fabricante y se prohibirán los bloqueos de software también en televisiones. El reemplazo de baterías llegará en 2027 para las videoconsolas, los auriculares, los altavoces o los relojes inteligentes. Los colectivos en defensa del derecho a reparar piden una mejora para los ordenadores, que por ahora solo han aprobado las baterías reguladas reemplazables el 18 de febrero de 2027.

Lo mismo sucede con las impresoras, que muchas veces bloquean tinta de marcas ajenas al fabricante. “Llevamos demasiado tiempo esperando una normativa de ecodiseño para ordenadores, impresoras. Estos expedientes han estado paralizados durante mucho tiempo, y consideramos urgente que se finalicen”, señalan al respecto desde Right to Repair.

Pequeños electrodomésticos

Aquí se encuentran las cafeteras, aspiradoras, cepillos de dientes eléctricos, batidoras o tostadoras. Hay obligaciones que entran en vigor el 18 de febrero de 2027 como el cambio de baterías en cepillos y aspiradoras. Son los que menos coberturas tienen, pero es cierto que son los más fáciles de sustituir por precio y oferta.

Vehículos y movilidad

Las E-Bikes y los scooters mejorarán entre 2026 y 2027 en cuanto a reglas de baterías reemplazables, piezas y manuales. Además, se facilitarán las reparaciones en talleres especializados. Sin embargo, las bicicletas eléctricas y coches tienen muy poca regulación específica sobre reparación y aún no existe una norma clara. Los vehículos eléctricos ligeros empiezan a estar cubiertos; los coches, no tanto. 

En este sentido hay cierta polémica con empresas como Tesla. Sus baterías solo se pueden cambiar en talleres autorizados. En 2023 los clientes denunciaron a la empresa para evitar que solo los talleres oficiales realizaran las reparaciones. Una recomendación de Right to Repair al adquirir estos coches o bicicletas es verificar si las baterías son reemplazables con facilidad y durante cuántos años garantizan repuestos.

Otros productos

Aquí se engloban las herramientas de soldadura, equipos deportivos, juguetes, muebles, ropa… Su estado varía mucho. Algunas categorías como las herramientas eléctricas empiezan a recibir requisitos hacia 2027; otras como textiles, calzado o muebles, están menos reguladas en términos de reparación. El derecho a reparar está muy atrasado. “El fast fashion está abocando a un modelo de consumo de ropa de usar y tirar en el que las calidades son cada vez peores, incitando a un consumo desmesurado”, valora María Durán.

¿Sirve la norma realmente para cambiar algo?

Cambiar la batería estropeada de nuestros dispositivos puede alargar años su uso. Duplicar la vida útil de móviles y portátiles podría evitar hasta 28 millones de toneladas de CO₂ hasta el año 2040, según un informe del Instituto de Energía y Eficiencia de los Recursos de la Universidad de Zaragoza con Amigos de la Tierra. “El sector de la reparación en España aporta un gran valor ambiental, tanto por alargar la vida útil de los productos, como por el ahorro de materias primas, al no tener que comprar productos nuevos”, valora María Durán, quien organiza también junto a su asociación talleres para reparar dispositivos. Propone además reducir el 21% del IVA en las reparaciones al 10% para fomentar los cambios de consumo en la ciudadanía.

Desde Right to Repair buscan hacer la reparabilidad más horizontal: que los propios consumidores lo tengan más fácil. “Que abarquen una gama mucho más amplia de productos de consumo, desde electrodomésticos de cocina hasta equipos de audio. Solo alejándonos del enfoque por categorías individuales y abordando un abanico amplio de productos podremos acelerar la consecución de un derecho universal a la reparación”, declara Vallauri. 

Hay para quien el problema va más allá de poner parches. Ángel Zurdo, profesor de Sociología del Consumo en la UCM, habla de la insuficiencia de estas medidas por no considerarlas realmente intervencionistas. “Incluso si estas políticas regulatorias fueran iniciativas ambiciosas tendrían un impacto limitado con respecto a las dinámicas generales de obsolescencia en el consumo. El problema no es tanto la escasa reparabilidad de un iPhone sino la irrelevancia de la hipotética reparación en un sistema que exige el remplazo constante. Apple y el resto de marcas renuevan anualmente su oferta de móviles, esquema que hace totalmente intrascendente que el diseño de los nuevos dispositivos resulte ligeramente más eco-friendly”, concluye Zurdo. Para él, sin obsolescencia programada no existe la sociedad del consumo.

En los últimos años, los algoritmos han pasado de ser herramientas invisibles a convertirse en árbitros cotidianos de decisiones que afectan al día a día: desde hacer un examen a pasar un control adicional en el aeropuerto. Pero cuando algo sale mal, cuando un sistema automatizado discrimina, niega un servicio o trata datos sin garantías, empieza un recorrido que los expertos describen como un laberinto.

Un avance del informe de Political Watch, presentado bajo el paraguas de IA ciudadana —una plataforma integrada por 19 organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el entorno digital—, concluye que quienes sufren daños por sistemas de inteligencia artificial se enfrentan a normas fragmentadas, autoridades con competencias difusas y procedimientos que no garantizan su reparación.

El informe, que analiza qué ocurre cuando un sistema automatizado vulnera derechos, mapea por primera vez las vías de reclamación existentes y señala los puntos en los que el proceso se atasca. Tal y como apunta la portavoz de Political Watch y representante de IA ciudadana, Celia Zafra, “el problema no es ciencia ficción”. Se trata de la primera fase de un trabajo que busca diagnosticar los obstáculos actuales antes de proponer soluciones, explica.

Un sistema pensado para supervisar, no para reparar

Cuando una persona se ve perjudicada por un algoritmo, esta tiene derecho a reclamar. Pero en la práctica, según el documento adelantado, hacerlo implica recorrer un entramado institucional y legal complejo en el que no existe una “ventanilla clara” a la que acudir.

El análisis revisa el marco internacional, europeo y español aplicable y concluye que, pese a la abundancia de normas, la regulación resulta fragmentada. “Una misma vulneración algorítmica puede quedar cubierta por varias normas a la vez o, por el contrario, no encajar plenamente en ninguna” explica Zafra.

Según el informe, el diseño institucional actual prioriza el cumplimiento regulatorio por parte de empresas y administraciones, pero no siempre ofrece mecanismos efectivos para reparar a quienes sufren el daño. “Está pensado más para regular el mercado que para reparar a quien sufre el daño”, añade.

Detectar que el daño y falta de indemnizaciones

Desde la parte técnica, la investigadora Mireia Orra subraya que el primer obstáculo aparece incluso antes de iniciar cualquier reclamación: identificar que el perjuicio proviene de un sistema de inteligencia artificial. “Es muy difícil para una persona que no se dedica a temas de tecnología detectar de dónde proviene el daño”, apunta.

El informe recoge que la aplicación de tecnología afecta a derechos fundamentales que ya cuentan con garantías —como el derecho a no ser discriminado—, pero no siempre está claro si la persona afectada debe acudir a una autoridad de protección de datos, a una inspección sectorial o a ambas vías, lo que genera incertidumbre.

Otro de los puntos críticos, según la investigadora, es la fase de resolución. Las autoridades pueden determinar que se ha vulnerado un derecho y sancionar a la entidad responsable, pero no tienen potestad para fijar indemnizaciones, lo que obliga a iniciar nuevos procedimientos para reclamar compensaciones.

El informe advierte además de la dificultad para cuantificar daños como los derivados de vulneraciones de protección de datos, un terreno en el que no existen criterios claros y en los que “habrá un dilema para establecer una indemnización”, señala Orra.

También se documentan casos en los que entidades sancionadas continúan utilizando sistemas cuestionados, lo que —según el diagnóstico— evidencia que no siempre se corrigen los efectos de estas tecnologías. Como es el caso de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que pese a ser multada por utilizar reconocimiento facial en los exámenes, sigue utilizando ese sistema.

Plazos de prescripción y falta de coordinación

El informe subraya que es necesario revisar cómo funcionan los procedimientos, porque el plazo para reclamar puede agotarse mientras la autoridad aún está resolviendo el caso. Esto puede dejar a las personas afectadas sin opción de pedir una compensación incluso cuando se reconoce una vulneración. Como ejemplo, cita la sanción a Aena por el uso de reconocimiento facial en sus aeropuertos sin garantías adecuadas, donde el trámite del expediente no interrumpió el plazo de prescripción, por lo que ningún usuario ha sido indemnizado por ello.

El documento también identifica problemas de coordinación entre organismos, ya que al menos tres autoridades pueden recibir reclamaciones —como la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la autoridad competente en inteligencia artificial—. Cada una de las distintas autoridades con criterios propios, lo que puede provocar conflictos sobre quién debe tramitar una reclamación.

Orra concluye que “tenemos derechos digitales sobre el papel, pero no tenemos una ventanilla clara donde una persona pueda decir que un sistema de IA le ha perjudicado”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la multa de 96.000 euros que la Comunidad de Madrid impuso a la organizadora del festival Brava Madrid, Madrid Salvaje AIE, tras la denuncia de Facua-Consumidores en Acción por distintas cláusulas abusivas en las que incurrió en su edición de 2023, como imponer pulseras cashless como único método de pago y cobrar por la devolución del dinero no consumido.

La Sala desestimó el recurso de la organizadora del evento contra dicha sanción y al no ser recurrido la sanción ha adquirido firmeza, según consta en una resolución de la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de Madrid, a la que tuvo acceso Europa Press. El expediente se encuentra en fase de ejecución para el cobro de la sanción impuesta.

En octubre de 2025, la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la CAM comunicó a Facua que había impuesto una sanción de 96.000 euros por la comisión de dos infracciones administrativas graves. Por un lado, se sancionó la imposición de las pulseras cashless como “único sistema posible para la adquisición de productos” y, por el otro, la inclusión de “varias cláusulas limitativas de los derechos del consumidor” en sus condiciones generales.

Posteriormente, la organizadora del evento interpuso un recurso ante la decisión de la administración madrileña. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, sin embargo, ha determinado recientemente la “caducidad” del recurso interpuesto por Madrid Salvaje dado que “no presentó la demanda en el plazo legalmente concedido”.

Facua volvió a denunciar al Brava Madrid en 2024 por la imposición de las pulseras cashless y por quedarse con parte del dinero sobrante, entre otras irregularidades. En 2025 la ha denunciado de nuevo por impedir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida adquirida en el exterior, lo que en la práctica supone la imposición indirecta de servicios accesorios no solicitados, además de una limitación de los derechos de los usuarios y un desequilibrio en las relaciones contractuales en detrimento del consumidor.

También ha denunciado a la promotora este año por negarse a devolver el dinero de las entradas a aquellos asistentes que lo solicitaron después de que el evento tuviera que modificar su cartel después de que varios artistas anunciaran que finalmente no participarían en el festival. Además, la asociación ha logrado una sentencia que ha confirmado la abusividad y declarado nulas las cláusulas que la misma promotora impuso en otro de los festivales que organiza: el Madrid Salvaje.

El juez ha prohibido a la empresa que reitere en estas prácticas, que consistían en impedir en entrar con comida y bebida del exterior e imponer tres euros por devolver el dinero consumido de las pulseras cashless. Esta sentencia está pendiente de recurso ante la audiencia provincial.

Brava Madrid ha protagonizado durante los últimos años varias polémicas relacionadas con los derechos de los consumidores. En el año 2023, la edición sancionada por el uso exclusivo del cashless, cobró 9 euros por cada billete de autobús que la EMT puso a disposición del festival, un servicio que el consistorio había anunciado que sería “gratuito”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que las compañías aéreas deben reembolsar la comisión de un intermediario tras la cancelación de un billete de avión. Aunque ya había jurisprudencia europea sobre la devolución del coste de los billetes, ahora el alto tribunal de la UE aclara que no es necesario que la compañía aérea conozca el importe exacto de la comisión de intermediación para dejar de estar obligado a su reembolso, ya que de lo contrario, se debilitaría la protección de los pasajeros y se reduciría el atractivo de recurrir a los servicios de un intermediario.

Los magistrados argumentan que cuando la compañía aérea acepta que el intermediario emita y expida billetes de avión en nombre y por cuenta de dicha compañía, se supone que conoce necesariamente la práctica comercial del intermediario de cobrar una comisión de intermediación. De esta manera, dicho cobro es un elemento “inevitable” del precio del billete de avión y debe considerarse autorizado por la compañía aérea.

Este caso se inició cuando varios viajeros compraron en el portal de reservas de la agencia de viajes Opodo billetes de avión para un vuelo de ida y vuelta de la compañía aérea KLM entre Viena (Austria) y Lima (Perú). Tras cancelarse los vuelos, KLM les reembolsó el importe que habían pagado, una vez deducidos aproximadamente 95 euros que Opodo les había facturado como comisión de intermediación.

Los pasajeros afectados cedieron sus posibles derechos de reembolso a una asociación de protección de los consumidores. Dicha asociación alegó, ante los tribunales austriacos, que el reembolso del coste de los billetes de avión por la compañía aérea en cuestión debía incluir la comisión de intermediación facturada a los pasajeros, como en este caso, por una agencia de viajes que actúa en calidad de intermediaria de la misma compañía aérea.

KLM, por el contrario, sostuvo que no está obligada a reembolsar la comisión de intermediación impugnada, puesto que ignoraba su cobro y más aún su importe.

El Tribunal Supremo de lo Civil y Penal austríaco remitió la consulta al Tribunal de Justicia de la UE, ya que el conocimiento o desconocimiento de la comisión por parte del transportista aéreo podría dar lugar a diferentes interpretaciones.

Tras la campaña navideña, muchos usuarios esperan impacientes los prometidos descuentos de las rebajas de enero, una fecha señalada en el calendario de los consumidores, que esperan encontrar alguna oportunidad, bien por necesidad o porque quieren darse algún capricho para comenzar 2026. Sin embargo, las asociaciones de consumidores alertan de algunas trampas, como descuentos falsos o publicidad engañosa, entre otros.

Facua recuerda que la ley plantea como requisito que, al menos la mitad de los artículos, tengan descuentos para poder publicitar que un comercio está de rebajas. En el caso de la Asociación Española de Consumidores (Asescon), llama a hacer un consumo “consciente” y aconseja adquirir productos seleccionados previamente para evitar, por ejemplo, la compra de productos de escasa calidad fabricados expresamente para estas fechas. 

Rebajas de enero bajo la lupa

En cualquier periodo de descuentos, también en las populares rebajas de enero, todas las asociaciones aconsejan evitar gastos superiores a los permitidos por la economía familiar. Estas entidades invitan a comprar solo lo necesario, controlar el gasto que se va realizando, no dejarse llevar por impulsos y evitar ir de compras como forma de ocio.

Sin embargo, si necesitamos o queremos comprar durante las rebajas, ofrecen una serie de consejos. El primero, elegir productos seleccionados antes del comienzo del período de rebajas, lo que permite conocer el precio anterior a la rebaja y evitar caer en la compra de productos de escasa calidad fabricados expresamente para estas fechas. Esto último es una cuestión no permitida por la legislación vigente, recuerda Asescon en un comunicado.

En este tiempo de descuentos, esta asociación ofrece una serie de consejos:

Además, Facua añade que la ley plantea como requisito que, al menos la mitad de los artículos, tengan descuentos para poder publicitar que un comercio está de rebajas. También pone el foco en las promociones del 70 %, que pueden inducir a confusión. De hecho, plantea que hay veces que se limitan a cinco o seis productos en toda la tienda, lo que supone “publicidad engañosa” y las autoridades competentes pueden llegar a sancionar por esta práctica. 

Acaba el año, y en un país que hace tiempo que rebasó el umbral de los mil festivales por temporada es más que razonable que algunos se cancelen. En 2025 ha ocurrido más de veinte veces. Entre los afectados, las ediciones del Reggaeton Beach Festival en Marbella y Oropesa de Mar, la escala madrileña de Locos Por La Música, el Negrita Fest de Salamanca, la última fecha de Vive Jaén Music Fest y los festivales Brisadela, Wimen, Iberia Festival, Rocanrola, Iceberg, Reus Music Fest, Off BCN, Sunlight Festival, Estéreo Live, Love To Rock, Bridge District Festival, Montgorock…

Las razones más habituales son las condiciones climatológicas o la escasa venta de entradas. Algunos festivales han aducido también “factores externos”. Es el caso del Pirata Murcia, donde el factor externo era la campaña de Vox para que Soziedad Alkohólika no actuase en él. Otros, como el Sunlight de El Puerto de Santa María, se han escudado en “la retirada del apoyo institucional”. El Madritallica de Malagón (Ciudad Real) no llegó a celebrarse debido a “una estafa relacionada con la producción del evento”. El Cueva de Nerja, por una razón de insólito peso: “falta de tiempo para organizarlo”. Aun así, la excusa más rocambolesca la aportó el My Playlist Fest. En su caso fueron “circunstancias fuera de nuestro control relacionadas con la convivencia de varios eventos en el espacio de los exteriores del Estadio de la Cartuja”. Traducción: este evento iba a reunir a Café Quijano, Íñigo Quintero y Despistaos el mismo día que el rapero argentino Duki actuaba en el interior del estadio de La Cartuja.

Devolución automática… o no

En la mayoría de casos, el descalabro se resuelve retornando automáticamente el importe de las entradas, pero no siempre es así. Y el goteo de festivales que dificultan el reembolso del dinero obligando al público a reclamarlo en un plazo de tiempo reducido o que, simplemente, se quedan el dinero no deja de crecer. No es, en absoluto, una práctica habitual, pero tampoco es algo muy puntual. Es una dinámica silenciosa que se concreta, sobre todo, cuando la promotora entra en concurso de acreedores y los espectadores quedan desamparados a la espera de una devolución que nunca llega. Y el caso no salta a la luz a menos que los afectados se organicen en plataformas o presenten reclamaciones a asociaciones de consumidores y departamento de consumo de sus comunidades autónomas.

En 2025, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido una treintena de reclamaciones relacionadas con los festivales catalanes Wimen y Reus Music Fest, los valencianos Rocanrola e Iberia Festival y el madrileño Locos por la Música. En todos estos casos, el motivo fue la no devolución del importe de las entradas una vez cancelados. En Facua han recibido aún más quejas y en mayo ya denunciaron a la promotora del Reggaeton Beach Festival por limitar a solo 15 días el tiempo para reclamar la devolución del dinero de las ediciones de Oropesa y Marbella. Ambas citas se cancelaron en abril aunque estaba previsto que se celebrasen entre finales de junio y principios de julio.

El Reus Music Fest cambió de fechas su segunda edición y finalmente se suspendió por “la incompatibilidad de las fechas propuestas con diversos artistas del cartel inicialmente programados”. El festival aseguró que reembolsaría el importe a las personas que enviasen en el plazo de diez días su nombre completo y código de compra a una dirección de email de la ticketera. El comunicado ofrecía incluso un número de teléfono, pero el dinero no llegó. Varias personas se organizaron desde la cuenta de instagram Afectats.rmf y tramitaron su reclamación a través de la Agència Catalana de Consum. El estamento público recibió 27 reclamaciones, aunque el número de entradas era más elevado “porque en cada una de las 27 reclamaciones se pedía la devolución de varias entradas”, informan desde la ACC. La entidad asumió la mediación con la empresa y logró que los consumidores recuperasen el dinero de las entradas. Desde la plataforma Afectats.rmf confirman los hechos: “Han ido pagando con cuentagotas”.

La ticketera se lava las manos

El 17 y 18 de octubre iban a celebrarse en la Caja Mágica de Madrid los festivales Iceberg y Locos Por La Música. Miguel Minieri compró entradas para el primero, pero a dos semanas de abrir puertas, la promotora lo suspendió “por motivos de viabilidad económica”. Los compradores recibieron un mensaje más claro, pero menos tranquilizador. “Daños económicos ocasionados por la cancelación del evento” impedían “en este momento la devolución de las entradas”. El término “en este momento” se ha revelado tan elástico que a Miguel nadie le ha devuelto nada. “Hablar con el promotor es imposible”, lamenta.

Las gestiones con la ticketera tampoco han dado fruto: “Se lava las manos diciendo que solo es el intermediario y que no tiene capacidad legal ni operativa para devolvernos el dinero”, explica. Miguel usa el plural porque varios amigos compraron entradas y porque le han contactado una decena más de espectadores en la misma situación. Dos meses después, se desvanecen las esperanzas y flaquean las fuerzas. “Tienen nuestro dinero y no parece que nos lo vayan a devolver a corto plazo. Si siguen así, habrá que denunciarles. Pero por 38 euros da un poco de pereza ponerte con burocracia. Creo que juegan un poco con eso”, intuye Miguel.

Tienen nuestro dinero y no parece que nos lo vayan a devolver a corto plazo. Si siguen así, habrá que denunciarles. Pero por 38 euros da un poco de pereza ponerte con burocracia. Juegan un poco con eso

Wind And Tide Music SL, promotora del Iceberg Festival, también organizaba la edición madrileña de Locos Por La Música, un encuentro de bandas de pop-rock español de los años 80 y 90 ideado por la promotora Los Felices Existen y de la que este año también se han celebrado ediciones en Cáceres, Valladolid y Valencia. En OCU recibieron 18 reclamaciones relacionadas con este evento, cifra que estimaron demasiado baja para emprender una demanda colectiva. Aunque cada festival es un mundo distinto, esperan recibir “entre cincuenta y cien” para iniciar una demanda. En este caso, todas las personas contactadas para este reportaje aseguran que al final ha recuperado su dinero. Algunas, de puro rebote. “A través de una de las bandas que formaban parte del cartel, a la que conocía personalmente, conseguí agilizar los trámites”, desvela Emilio.

“No disponemos de fondos”

La primera edición del Wimen no pudo acabar peor. Iba a ser un ciclo de conciertos protagonizado exclusivamente por mujeres y distribuido en distintas salas barcelonesas a lo largo de octubre. Se celebraron los del primer fin de semana, con María José Llergó entre otras, pero cuando hubo que encarar el segundo, el más surtido de programación, la estrategia se mostró fallida. Muchas actuaciones se contraprogramaban entre sí, de modo que la venta de entradas nunca llegó a despegar y finalmente se suspendió todo el ciclo. Tras el comunicado oficial, el promotor aclaró la situación a los poseedores de entradas. La frase definitiva estaba remarcada en negrita: “No disponemos de fondos para efectuar el reembolso de las entradas del concierto que adquiriste”. Palma y su amiga compraron un par para ver a Concha Buika en el Poble Espanyol. Todavía esperan su dinero. “Estoy muy indignada”, suelta, ante lo que considera “una estafa en toda regla”. El promotor, José María Farfán, alias ‘El Mago’, ha desaparecido. 

Aun en el supuesto de que las promotoras reembolsen el dinero de las entradas al público, algunas no devuelven los gastos de gestión. Así lo descubrieron los afectados del festival barcelonés Off BCN cuando la ticketera Resident Advisor no retornó esa parte del importe. Y, los del Madritallica de Malagón (Ciudad Real), a quienes la promotora ya advirtió con antelación que no los devolvería. En Facua recuerdan que no es legal retener esa parte del importe de la entrada y también remarcan que “más allá del importe de las entradas, los usuarios tienen derecho a reclamar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la cancelación. En este sentido, si hay necesidad de anular noches de hotel o transporte contratados previamente, tendrían derecho a reclamarlo”.

Ninguna irregularidad registrada este año en cuanto a la no devolución del dinero de las entradas de festivales cancelados puede ser considerada excepcional. En 2022 se produjo uno de los casos más sonados de los últimos años: la cancelación del festival Diversity de Valencia en el que iban a actuar Christina Aguilera, Karol G e Iggy Pop. En 2023 Facua ya denunció al festival Salamanca Vive por no devolver el dinero de las entradas al público, pero la multa impuesta por la Junta de Castilla y León fue de 1.800 euros, cifra que la Federación de Asociaciones de Consumidores y de Usuarios de Andalucía calificó de “absolutamente ridícula”. Solo medio año antes, Facua había conseguido mediante otro proceso judicial que el gobierno vasco multase con 60.000 euros a la promotora que había organizado la gira de conciertos Modern Talking y Sandra cancelados en Bilbao, Sevilla y Badalona. Y ni siquiera tan voluminosa sanción ha significado que toda la gente que compró esas entradas haya recuperado su dinero. 

Si en 2024 la ACC recibió 56 reclamaciones relacionadas con cancelación de conciertos, en 2025 la cifra ha ascendido hasta 73. En OCU reciben cada verano “reclamaciones por la devolución del saldo restante de la pulsera, por cambios de cartel sin información previa y sin compensación, por la prohibición de entrar con comida y bebida del exterior, etc.”, pero perciben que en los festivales se reclama menos que en otros ámbitos de consumo. Intuyen dos motivos: “los asistentes suelen ser jóvenes” y “el importe a reclamar es una cuantía escasa”. La denuncia que Facua presentó ante la Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía por el breve plazo de tiempo que ofrecía al público para recuperar el dinero de sus entradas tras la cancelación del Reggaeton Beach Festival tendrá un lento recorrido, pero insisten en que es el único camino para recuperar el dinero y erradicar los abusos por parte de los festivales. Ese, y que las administraciones públicas dicten sentencias menos tibias y más ejemplarizantes.

Visitas limitadas a un máximo de 40 horas (diurnas) al mes, prohibición de invitar a alguien a dormir y veto al consumo de alcohol en cualquier cantidad y en todas las estancias. Estas son algunas de las condiciones que se imponen para alquilar una habitación en un piso compartido en una ciudad gallega. Un contrato reciente de esta modalidad, que hace unos años era una rareza en Galicia, recoge estos y otros requisitos para poder tener acceso a una vivienda.

El recurso a alquilar una única habitación en lugar de un piso completo va ganando espacio en las ciudades gallegas. La situación suele darse por vulnerabilidad y falta de alternativas. Un estudio de 2023 del portal inmobiliario Fotocasa concluía que el 44% de las personas que comparten piso se ven abocadas a ello porque no se pueden permitir otra cosa, en un contexto en el que los precios de los alquileres no dejan de subir.

Según los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia, que se basan en las cifras de las fianzas depositadas, el alquiler sigue una curva ascendente en la última década. El precio medio en 2015 era de 363,1 euros mensuales. Los datos provisionales de 2024 indican que ha escalado a 553,7 euros (un 52,5% más) y el adelanto de 2025 refleja que la tendencia no se frena y la media es ya de 593,7 euros al mes. Los precios son más elevados en las principales ciudades: la media supera los 732 euros mensuales en A Coruña; los 693 en Vigo; los 663 en Pontevedra y los 657 en Santiago. En Lugo, la cifra está por encima de los 575; en Ourense roza los 564 y en Ferrol pasa de 555 euros.

El contrato al que ha tenido acceso elDiario.es, se firmó el pasado mes de septiembre en una de las principales ciudades de Galicia. Fija una renta de 250 euros mensuales por una de las habitaciones del piso, una cifra que se sitúa lejos de lo que se pide por un cuarto en las grandes ciudades españolas, pero que supone, para el casero, ingresos superiores a la media de los alquileres al multiplicar la cantidad por el número de estancias. Varias de las cláusulas que aparecen en este documento afectan a derechos básicos y podrían considerarse abusivas.

El Sindicato de Inquilinas de Vigo expone, en respuesta a preguntas de elDiario.es, que se encuentran con muchas personas que, incluso teniendo trabajo, no pueden acceder a un alquiler de una vivienda completa por las condiciones actuales, especialmente en algunas de las ciudades gallegas. En las dificultades para acceder a un piso se unen la falta de oferta, unos precios en máximos históricos —y que siguen creciendo— y requisitos “cada vez más exigentes” para quien quiere arrendar una vivienda.

“En combinación con salarios precarios, intermitentes o directamente falta de empleo, se genera que cada vez más personas se vean obligadas a acudir a este tipo de alquiler por habitaciones”, expone y agrega que algunos caseros son conocedores de esto y “exigen alquileres abusivos”, incluso en espacios que no cumplen los mínimos de habitabilidad. El sindicato avisa de que, “dependiendo de la emergencia en la que se vea la persona, acepta condiciones precarias (mal estado de conservación, limitación de acceso, no poder utilizar zonas comunes o que el casero entre cuando quiera)”.

El despacho Xoán Antón Pérez Lema Avogados e Consultores pone el foco en siete puntos de este contrato que ve problemáticos, algunos de ellos por establecer prohibiciones de forma ambigua, sin un criterio claro, o indemnizaciones que no atienden a los costes reales. Por ejemplo, apunta a una cláusula que fija que la indemnización por ocupación indebida será de 100 euros al día. La penalización, dice, es “desproporcionada” y no tiene una relación directa con el perjuicio real. También objeta que no se definan criterios objetivos o un procedimiento concreto para evaluar las “molestias o falta notoria de salubridad” por una limpieza deficiente que el contrato incluye como causa de cancelación anticipada.

Sin conversaciones altas... sin definir cuándo son altas

En el apartado de normas de convivencia, el contrato fija que ni en la habitación ni en las zonas comunes se permiten “ni música alta, ni televisión alta, ni conversaciones altas, ni ruidos altos en general (especialmente por la noche)”, pero no establece cómo se mide ese volumen ni cómo se considera que el nivel es demasiado. También indica que está “expresamente prohibido fumar y consumo de alcohol u otras substancias ilícitas en las zonas comunes y privadas (sic)” y establece unas normas restrictivas para invitados: “No se permite que las visitas de la parte arrendataria se queden a dormir (siempre en la habitación de la parte arrendataria). No se permiten visitas diurnas por más de 40 horas al mes”.

El despacho de abogados consultado considera que hay una limitación “desproporcionada” del derecho a la intimidad y a la vida privada del inquilino y que quien pone en alquiler la propiedad “no puede prohibir visitas razonables ni controlar el tiempo que permanecen, salvo que altere la convivencia o el uso pactado”. También matiza otro punto que dice que el casero podrá entrar en la vivienda siempre que lo desee y que permanezca en las zonas comunes o en las habitaciones que no estén alquiladas. El contrato añade que el propietario puede acceder a los cuartos con inquilino para reparaciones, altas y bajas de suministros o “control de salubridad” avisando con 24 horas de antelación, si el motivo no es urgente. La habitación, recuerda el bufete, “es el domicilio del arrendatario” y no se puede entrar al mismo “sin consentimiento expreso, salvo orden judicial o emergencia real”.

El trigésimo quinto aniversario del Consorcio Provincial de Consumo de Albacete, hoy denominado Servicio Provincial de Atención Ciudadana y Consumo de Albacete, debería invitar a reflexionar sobre el valor de una iniciativa que, en su día, fue pionera y hoy representa un modelo consolidado de servicio público al ciudadano.

Lo que comenzó en 1990 como un pequeño proyecto provincial orientado a la defensa de los derechos del consumidor, se ha transformado en un sistema eficaz y cercano que atiende a 75 municipios, muchos de ellos rurales, salvando con su estructura desigualdades históricas en el acceso a la protección y la información.

Resulta fácil valorar los aciertos con el paso del tiempo, pero conviene recordar que en los primeros años de la década de 1990 hablar de políticas de consumo en el ámbito local era casi una osadía. La creación del Consorcio Provincial de Consumo de Albacete supuso apostar por una idea avanzada: que los derechos de los consumidores formaban parte esencial de la justicia social y de la igualdad entre territorios. Fue una iniciativa que entendió el consumo no como un simple acto económico, sino como un ejercicio de ciudadanía.

Tres décadas y media después, las políticas de consumo se han convertido en una pieza estructural del Estado del Bienestar. Gracias a ellas, la mediación ha sustituido al conflicto, la transparencia ha ganado terreno a la opacidad comercial y la educación al consumidor se ha integrado en la cultura cívica.

El Consorcio albacetense ha sido ejemplo de esta evolución, destacando por su profesionalización, su atención personalizada y su capacidad de innovación: el servicio de telepresencia, que permite la atención directa mediante videollamada, ha reducido la brecha digital en las zonas rurales y colocado a la provincia en la vanguardia de la administración cercana e inclusiva.

El tiempo ha confirmado lo que algunos intuimos hace 35 años: que la defensa del consumidor era, en realidad, una defensa de nuestra democracia. Cada reclamación atendida, cada conflicto resuelto o cada euro recuperado en favor de los ciudadanos (más de 1,5 millones solo en 2024), son el testimonio del impacto real de esta política pública. Cuando los responsables de la Diputación provincial en aquellos momentos apostamos por su creación intentábamos ver más allá de la simple coyuntura administrativa y creo que se supo anticipar una necesidad social que hoy resulta incuestionable.

El reconocimiento nacional que este año ha recibido el Consorcio, el Premio José María Roncero al Mejor Proyecto de Protección del Consumidor, además de su inclusión entre las Mejores Prácticas en materia de Consumo de 2022 por el Gobierno regional, es algo más que una distinción institucional: es una validación colectiva, una forma de decir que la constancia, la innovación y la sensibilidad social dan frutos. La entidad, hoy integrada en el Consorcio de Atención Ciudadana, demuestra que una gestión basada en la proximidad y la equidad territorial puede ser también sinónimo de modernidad y de eficacia.

En definitiva, este aniversario no celebra solo una fecha, sino una convicción: la de que los derechos de los consumidores son una parte esencial del progreso social. Y que, en Albacete, hace 35 años, hubo quienes comprendieron que protegerlos era construir una provincia más justa, más consciente y humana.

La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas, entre las que estarían prohibir el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, prohibir que los y las asistentes a un festival puedan salir y acceder de nuevo al recinto libremente y no admitir en algunos casos la devolución del reembolso de la cantidad sobrante de las pulseras cashless utilizadas para la adquisición de bienes dentro del festival.

La empresa afectada organiza estos festivales en diferentes Comunidades Autónomas de nuestro país, razón que habilita a la Dirección General de Consumo para intervenir y abrir el expediente. Según señala este organismo, estas prácticas, de constatarse, serían prácticas abusivas en tanto en cuanto supondrían una infracción del artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En caso de ser calificadas como infracciones muy graves, serían penalizadas con multas de entre 100.001 euros y 1 millón de euros.

Las posibles prácticas abusivas

Las prácticas que Consumo considera que podrían ser abusivas y sujetas a investigación son por un lado, prohibir de forma expresa y generalizada el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, sin que existan alimentos, bebidas o sustancias que impliquen un peligro de salud pública que justifique la prohibición, ya que según la ley de defensa del consumidor, los asistentes tienen derecho a llevar su propia comida y bebida a los recintos siempre que estos sean abiertos. La prohibición se habría efectuado tras el registro de los y las asistentes. En caso de no estar estos de acuerdo, se les habría denegando el derecho de acceso de forma potencialmente arbitraria.

En segundo lugar, la Dirección General de Consumo investigará si a los asistentes a los diferentes eventos de la promotora se les impidió salir y acceder de nuevo al recinto del festival con total libertas, obligándoles a abonar una cantidad adicional en caso de que tuviesen que salir de forma voluntaria o imperativa.

Finalmente Consumo sospecha que la promotora estableció como obligatorio un sistema de pago a través de pulseras cashless para poder hacer pagos dentro del recinto, algo legal. Sin embargo, al fin de los eventos no admitió la devolución del reembolso de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima, e impuso gastos de gestión para llevar a cabo el reembolso; así como estableció un tiempo limitado para que los asistentes puedan hacer uso de este reembolso.

Tras la apertura de este expediente sancionador, se abre ahora un periodo máximo de 9 meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de DDSS, Consumo y A2030, recordando que la iniciación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.

Dicen que los 30 son los nuevos 20, pero cuidado con la crisis de los 40; a los 25 te piden diez años de experiencia laboral, pero a los 35 estás sobrecualificado para el puesto; a los 50 la clave es reinventarse, pero que no parezca que no asumes que ya no tienes 30; y a los 60 te felicitan porque no los aparentas. La edad es una presión constante a la hora de relacionarnos e incluso a veces una razón de exclusión. 

Esther Polo había organizado una noche de reencuentro con sus amigas después de no verse en todo el verano, pero el plan, en la conocida sala madrileña Florida Park, se frustró al llegar a la puerta. “La chica de relaciones públicas con la que hablé ya me había advertido de que podía ser que no nos dejaran entrar, por un cambio de política que estaban implementando de no dejar pasar a mayores de 35, pero la verdad es que no me lo terminé de creer porque nunca me había pasado algo así y ya conocía el lugar”, cuenta Polo. 

Al intentar pasar le dijeron que su código QR no era válido, sin proponer ninguna solución ni permitir la mediación de la persona de relaciones públicas que lo había generado. “Yo entonces les dije: ‘¿En serio no me vais a dejar entrar por ser mayor de 35?’. Para que supieran que sabía lo que estaban haciendo. Y ahí miraron al de seguridad, que me dijo que tenía que abandonar la cola”.

La reacción de Esther Polo fue grabar un vídeo y contar en su cuenta de Instagram, y después en TikTok, lo que había pasado. No se dedica profesionalmente a las redes ni cuenta con una gran comunidad de seguidores, por lo que no contaba con superar las 300.000 visualizaciones y recibir cientos de comentarios. 

“La verdad es que no pensé en pedir una hoja de reclamaciones porque no buscaba conflicto y al final tampoco te apetece entrar en un sitio en el que no quieren que estés, pero pensé en ponerme a grabar para que otras personas no pasaran por ese mal trago, porque trasladan la responsabilidad al cliente, como si tú hubieras hecho algo mal o te estuvieras intentando colar”, reconoce Polo.

Si te interesa atraer a un público joven hay mil maneras de enfocar el producto para hacerlo atractivo para esa edad sin caer en la discriminación

“Creo que el vídeo ha tenido éxito porque mucha gente ha empatizado o ha vivido experiencias similares. Hay mucha vida después de los 30. Yo tengo 44 años y me siento plena y me encanta salir de fiesta por la noche, pero es triste que te traten como si no tuvieras valor por tu edad”, opina Polo. Además, como experta en marketing, resalta la mala estrategia: “Si te interesa atraer a un público joven, hay mil maneras de enfocar el producto para hacerlo atractivo para esa edad sin caer en la discriminación”. 

“Nos pasó lo mismo la misma noche”, coincide Christian Herrera. “Estuvimos celebrando un cumpleaños en los Kioscos [la zona de terraza del local en la que se hace el ‘tardeo’], cuando cerró fuimos a la Galería [el espacio de restaurante y coctelería del mismo recinto] y, más tarde, al intentar entrar en la discoteca, el portero nos dijo que la persona de relaciones públicas que conocíamos ya no trabaja allí, que había cambiado el dueño y que el ambiente de dentro de la sala eran menores de 30”, relata. Él y su grupo de amigos, de entre 40 y 46 años, no cumplían con el perfil. “Igualmente intentamos pasar para tomar un par de consumiciones dentro, pero nos dijo muy amablemente que no podía ser, así que acabó la noche y nos fuimos a casa”.

Una fuente del entorno de la sala confirma el cambio de tendencia del local en las últimas semanas aunque niega el veto del local por razones de edad: “Hay una nueva dirección que quiere darle un giro a la sala y han despedido a los antiguos relaciones públicas, ahora son todos bastante jovencitos y están en el ambiente de los colegios mayores. El público anterior que teníamos era mayor y ahora estamos empezando a trabajar con un público nuevo, entonces, cuando viene el público que solía venir simplemente se les informa de que ahora el público es muy joven, no se les prohíbe la entrada, pero se les informa de que se les va a cobrar una entrada de 30 euros, que la música ya no es la misma y que va a estar rodeado de gente de una edad media de 25 años”. “Nuestra obligación es que sepan que ya no es el ambiente que ellos conocen de los últimos nueve años, para que no crean que les estafamos, pero muchos clientes se lo toman mal y ha habido denuncias policiales”, aclaran.

Tanto Polo como Herrera aseguran que a ellos en ningún momento se les ofreció la opción de entrar, ni pagando una entrada más cara ni tras informar del cambio en la media de edad de la clientela. 

Absolutamente todas las discotecas de Madrid están enfocadas a un público concreto y se intenta filtrar porque en el momento en que mezclas públicos, hay problemas y peleas

Andrea Castillo, que prefiere que no se publique su verdadero nombre, ha vivido situaciones muy similares en otros locales de Madrid. “Me ha pasado en Blondie Club y en Gabana, utilizan la excusa de que no funciona el QR, pero el relaciones públicas nos había advertido de que si no nos dejaban entrar era por una cuestión relativa a la edad, y es verdad que nunca me había pasado antes”, comenta. “A varias amigas les ha pasado alguna vez que no las dejen entrar en ciertos sitios por apariencia. Yo suelo ir bien vestida y creo que es claramente por la edad, pero nunca nos hemos planteado pedir la hoja de reclamaciones”.

Desde el entorno de Florida Park aseguran que “no es una moda de ahora, es una cosa de toda la vida”. “Absolutamente todas las discotecas de Madrid están enfocadas a un público concreto y se intenta filtrar porque en el momento en que mezclas públicos, hay problemas y peleas”, argumentan. elDiario.es ha intentado por diferentes medios contactar con las discotecas Blondie Club y Gabana, para conocer su versión, sin obtener respuesta.

¿Es legal que no permitan entrar?

“Estos locales, como los bares y restaurantes, tienen reservado el derecho de admisión, son locales privados que pueden decidir denegar la entrada a alguien. Sin embargo, esa denegación de entrada tiene que ser siempre por criterios objetivos, que tienen que estar informados de manera visible, y siempre respetando el artículo 14 de la Constitución Española, que apunta al derecho a la Igualdad”, explica Esther Lorente, abogada especialista en derecho de Consumo. 

No pueden prohibirte la entrada por tener determinada edad, siempre que seas mayor de 18, igual que no pueden hacerlo por pertenecer a una etnia o por tu condición sexual

Esther Llorente — Abogada especializada en derecho de consumo

Que te digan que no entras porque no les da la gana no es una razón objetiva, sin embargo, tener una actitud violenta o estar ebrio sí puede impedirte el paso. Por otro lado, el artículo 14 recoge que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

“No pueden prohibirte la entrada por tener determinada edad, siempre que seas mayor de 18, igual que no pueden hacerlo por pertenecer a una etnia o por tu condición sexual”, aclara Lorente. “Sí pueden tener un código de vestimenta concreto, siempre que esté comunicado a la comunidad autónoma y visible, y aplique por igual a todos los clientes”. Además, si hay conflicto entre el derecho de admisión y el derecho a la no discriminación, siempre va a primar el segundo, por ser un derecho fundamental. 

¿Qué puedo hacer si me pasa?

Si te encuentras con una situación discriminatoria de este tipo, lo primero es pedir la hoja de reclamaciones. “La tienen que facilitar de manera obligatoria, es el canal para hacer una queja formal”, apunta la abogada Lorente. “Si aun así no te la dan, tampoco pasa nada, puedes llamar a la policía local para que se persone en el lugar, que es bastante efectivo. Pero si no tienes ganas de follones o de quedarte más tiempo allí, puedes recoger los datos del local, descargarte en tu casa la hoja y poner la reclamación diciendo que además no te han querido dar la hoja de reclamaciones”, explica la abogada, que resalta la importancia de incluir cualquier fotografía o prueba de la discriminación.

La exclusión por edad ha saltado también al sector turístico. La organización FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la cadena de hostales Onefam Hostels por limitar el check-in a personas con edades entre los 18 y los 45 años. La empresa, con establecimientos en Madrid, Barcelona y Sevilla, aboga por un ambiente de comunidad y fomenta la interacción entre los huéspedes con eventos y cenas comunes.

“Todos son usos abusivos del derecho de admisión claramente sancionables”, afirma Rubén Sánchez, portavoz y secretario general de FACUA, que aclara que anunciar claramente la restricción no legaliza el abuso. “Además, en el caso de hoteles y hostales, pueden reclamarse daños y perjuicios económicos. Imagina que tienes que buscar alojamiento alternativo porque reservaste y cuando se enteran de tu edad no te dejan entrar. El gasto extra es reclamable, e incluso daños morales”. 

Para Polo, este caso que ha ido narrando en sus redes sociales, trasciende a la anécdota de su noche frustrada: “Esto no va en concreto de esta discoteca, ni de lo que me pasó a mí, esto va sobre cómo en nuestra sociedad estamos tratando la diversidad y el tipo de sociedad que queremos construir entre todos”.

Las imágenes se repiten cada poco tiempo en los telediarios: estaciones abarrotadas de viajeros que se aglomeran a la espera de un tren que sale con retraso; miles de personas inquietas que ven cómo pasan las horas en un vagón sin luz, después de “un exceso de tensión en la red”, según sabrán después por declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; usuarios pidiendo información a operarios de Renfe ante el enésimo incidente y efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil que se dirigen a un convoy que estará detenido durante horas —no se sabe cuántas— para proporcionar agua y bocadillos a quienes lo ocupan. Todas estas representaciones pueden corresponder a un episodio concreto o a varios que suceden a menudo.

En los últimos meses se han producido incidencias como la odisea de pasar 12 horas en un AVE de Sevilla a Madrid por un fallo en el suministro eléctrico, cuando el viaje suele tardar menos de tres horas; una avería en los trenes que conectan Murcia y la Comunitat Valenciana con Chamartín; otra en Camp de Tarragona, que causó retrasos a finales de junio en la alta velocidad entre Barcelona y Madrid; el robo de cable que dejó en mayo a más de 16.000 viajeros afectados por fuertes demoras o la más reciente concatenación de retrasos en la alta velocidad que une Madrid con Andalucía. Estos son sólo algunos ejemplos de “fallos que antes se producían esporádicamente y ahora son habituales”, según dice a elDiario.es Carlos Perfecto, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España.

Pablo es uno de los afectados. Usa el tren al menos tres días a la semana para desplazarse desde Palencia, donde vive, a Madrid, donde se encuentra su centro de trabajo. Desde su ciudad, apunta, “no hay muchas frecuencias y, cuando se producen retrasos, llego tarde al trabajo”. En algunas ocasiones más puntuales, tiene que tomar trenes a otras ciudades y lo hace con ciertas reservas. “Antes era superseguro ir en AVE porque sabía que iba a llegar a mi hora y que la probabilidad de incidencias era prácticamente nula, pero eso ahora ha cambiado”, y es por ello que ha tenido que alterar sus rutinas a la hora de viajar. Ahora llega a las estaciones “con muchísimo más margen” ante los “líos monumentales” que presencia cada pocas jornadas. “Hay veces que he tenido que quedarme a dormir en casas de familiares en Madrid y, en otras ocasiones, he ido directamente en coche a Barajas para asegurarme de que no va a pasar nada”, cuenta.

Antes era superseguro ir en AVE porque sabía que iba a llegar a mi hora y que la probabilidad de incidencias era prácticamente nula, pero eso ahora ha cambiado

Pablo — usuario frecuente de la alta velocidad

Él es uno de los usuarios de los abonos de tren financiados parcialmente por el Gobierno Central y el de Castilla y León. Destaca que los retrasos que se producen en trenes de larga distancia que llegan desde la Comunitat Valenciana “inciden en los viajeros habituales de abono que venimos a Madrid a trabajar”, y pide que Palencia, León y Zamora cuenten con “trenes Avant, como los que tienen Valladolid y Ciudad Real, para que los trabajadores usemos esos trenes y no ocupemos plaza de viajeros de larga distancia, y de paso no nos comamos los retrasos habituales de estos trenes”.

Como Pablo, hay muchos pasajeros descontentos. De acuerdo con datos de la última auditoría de cuentas de Renfe, correspondientes a 2024, la satisfacción de los usuarios ha empeorado en varios aspectos: la nota que le dan a la puntualidad de los trenes de alta velocidad de Renfe pasa del 8,1 al 6,8; la información que se da cuando hay retrasos, del 7,3 al 5,3; y la limpieza de los trenes del 8,3 al 7,4.

Los retrasos en las llegadas de los AVE-Larga Distancia han aumentado desde 2020, tanto los de menos de 60 minutos (de un 12,62% a un 18,49%, a pesar de que son 7 puntos menos que en 2023), como los de más de una hora y menos de dos (de 0,57% a 1,33%) y los de más de dos horas (se han duplicado, del 0,26% al 0,45%, aunque también inferiores a 2023). En Media Distancia, en cambio, los retrasos de menos de una hora, los más habituales, han experimentado un notable descenso con respecto a ejercicios anteriores.

Y eso ha llevado a que algunos ciudadanos dejen de optar por el tren –o al menos, se lo piensen más– como primera opción cuando tienen que viajar. Diana Vicente es una de las antiguas pasajeras que ya ha desechado el servicio ferroviario y se decanta ahora por el autobús. En julio del año pasado, ella y su novio compraron por internet un billete de tren para ir de Gijón a Castellón. “En el correo, nos incluyeron la ubicación del andén desde el que salía. Fuimos a ese lugar, quisimos preguntar si estábamos en la localización correcta, pero no había nadie ni nos cogían el teléfono. Nos quedamos en el andén, pasó el tren y no paró”, recuerda. Después les indicarían en la estación central de la ciudad asturiana que se trataba “de un error”.

No encontraron plaza en ningún tren que les acercase de Gijón a Madrid o a Valencia. Quisieron poner una reclamación, pero el servidor de Renfe dejó de funcionar y tuvieron que esperar para solicitar la devolución del importe del billete. Finalmente, reservaron dos plazas en un Blablacar de Gijón a Madrid y, desde allí, tomaron un tren a Castellón, que “también salió tarde”. Habían decidido “ir en tren porque era más cómodo y acabamos viajando en un Seat Ibiza cargado de maletas”, declara esta joven.

Todavía, dice Vicente, no han respondido a su reclamación. El enfado de los usuarios en los últimos dos años también se observa en el número de requerimientos presentados. Renfe ha pasado de recibir unas 143.000 interpelaciones escritas presentadas, tanto en 2020 como en 2021, a más de 350.000 en 2023 y más de 320.000 el año pasado. Un dato relevante: el plazo medio de contestación en días casi se ha duplicado, de casi 37 jornadas a casi 67, siempre según datos de la auditoría de cuentas de Renfe más reciente.

María y Leandro viven en Logroño y se desplazaron a Madrid para ver a su hija durante la penúltima semana de julio. Para ello, descartaron viajar con Renfe, a pesar de que les salía “muy barato” con los descuentos a mayores de 60 años que les otorga la Tarjeta Dorada. La razón: llevaban varias semanas viendo cómo el conocido como “tren chispita” que conecta La Rioja con varias capitales de provincia registraba en su interior una temperatura superior a los 32ºC y una humedad relativa de más del 45%. “Para eso, fuimos en bus y nos quitamos de problemas”, indica este matrimonio al medio.

En los últimos años, las vías de alta velocidad han pasado de estar ocupadas únicamente por Renfe a sostener la carga de los trenes de Avlo, la low cost de la compañía pública, Ouigo, procedente de Francia, e Iryo, de capital italiano. Los corredores han experimentado cómo aumentaba progresivamente el número de viajeros y, con ello, los problemas en los desplazamientos por la incapacidad de la catenaria de alimentar a cada vez más trenes. Desde Adif, señalaban hace unas semanas a la Cadena SER que la cifra global de incidencias en el sistema ferroviario no está aumentando, sino que lo que crece es el número de viajeros y, con él, “el impacto de cada percance”.

“Los nuevos actores que han entrado ahora mismo en la competencia son bienvenidos, pero lo que está claro es que han roto la normalidad en el uso y en la gestión de Renfe”, sostiene Perfecto. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España asegura que una de las cuestiones que están asumiendo los usuarios es que “la liberalización quizás se haya hecho demasiado rápido, de manera demasiado interesada y sin la previsión de estaciones, flujos, oferta comercial o demanda”. Cuando en otros países europeos como Francia, Alemania o Inglaterra “están renacionalizando lo que tienen y fortaleciendo el servicio público”, en España, dice, la dinámica es “liberalizar todo”.

Habíamos decidido ir en tren porque era más cómodo y acabamos viajando en un Seat Ibiza cargado de maletas

Diana Vicente — usuaria

El influencer Helio Roque (@helioroque_), que centra gran parte de su contenido en redes sociales en comentar curiosidades, historia y desajustes en el funcionamiento de los medios de transporte, opina que “Renfe no está dando un buen servicio y esa es una realidad que no se puede negar”. “Las críticas están justificadas, porque los servicios siempre se pueden mejorar. La puntualidad, los precios y que los trenes no se queden parados en medio de la nada son reproches totalmente aceptables”, apunta.

Este “crítico con Renfe por mi condición de extremeño” –según se define– opina en que no sólo los desplazamientos de larga distancia están registrando problemas, sino que el servicio de Cercanías también ha perdido fiabilidad. “Las personas suelen utilizar más el metro o el autobús porque la Renfe te puede dejar tirado. Es significativo meterse a las 8 de la mañana en X (antes Twitter) y ver que ya hay decenas de personas diciendo que el servicio no funciona. ¿Cuántas veces se nos ha escuchado?”, pregunta.

“La gente está muy harta con el tren, en especial quienes lo cogemos cada día como trabajadores. Es muy difícil justificar a tus jefes o a tu empresa que hoy llegas media hora, una hora y media o dos más tarde”, ejemplifica Pablo, el residente en Palencia que se desplaza con frecuencia a Madrid para acudir a su oficina. La condición de servicio público de Renfe, dice, debe “garantizar que los viajeros lleguemos puntuales a nuestro destino”, mientras que, con los operadores privados, “si te quedas sin tren, te dicen: 'Lo siento, te buscas la vida”. Sin embargo, el servicio público no está respondiendo y, además, opina Carlos Perfecto, “cada vez está peor”.

El 1 de julio de 2024, entró en vigor la actualización de la compensación por retrasos en los servicios de Renfe de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity. La operadora pública pasó de reembolsar el 50% del precio del billete a los viajeros cuyos trenes se hubiesen demorado más de 15 minutos y el 100%, si eran más de 30 minutos, a devolver la mitad del precio en los trayectos que se retrasasen más de 60 minutos y la totalidad si superaban la hora y media de retraso. Para Pablo, este cambio en la política de Renfe lleva al viajero a percibir que “ya no hay un compromiso de llegar a tiempo”, lo que lleva al tren “a perder la fiabilidad que tenía antes”. “Da una imagen de marca pésima”, opina Helio Roque, porque “ya asumen que no van a comprometerse con la puntualidad”.

Este influencer apunta además que, para las zonas en las que Ouigo e Iryo no están presentes porque “no les sale rentable como empresas”, Renfe tendría que “dar cobertura, pero no lo hace correctamente y es una tortura”. Por ello, entiende “que la gente elija otros medios de transporte”, como el autobús o el avión, que difícilmente les van “a dejar tirados”. Carlos Perfecto se muestra pesimista con esta situación: “Si meten más actores o siguen aumentando la idea de liberalizar, vamos a tener un problema serio. Yo no tengo ninguna esperanza de que esto vaya a mejor, todo lo contrario”.