Esta semana, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteri,a representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) ha puesto a manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. Aunque, por el momento, no hay ninguna denuncia formal presentada ante la Ertzaintza por este suceso. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, informan desde el Consistorio.

La declaración de Otaegi se ha producido concretamente este jueves a petición de la Fiscalía de Menores y el objetivo de esta ha sido verificar el contenido de las informaciones enviadas previamente a la Policía judicial. Según ha aclarado el Ayuntamiento de Errenteria en un comunicado, “la Fiscalía de Menores es la encargada de garantizar la adecuada protección de las personas menores y el objetivo, además de aclarar las informaciones recibidas, es ayudar a identificar posibles víctimas”. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, ha asegurado.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y una reunión con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, ha denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

La Audiencia Nacional investiga si el PSOE amparó y financió un entramado liderado por la exmilitante Leire Díez y por su ex ‘número tres’ Santos Cerdán con un objetivo: perjudicar a jueces, fiscales y guardias civiles que estuvieran investigando a miembros del partido, del Gobierno o al propio Pedro Sánchez y su entorno. El sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que la actividad frenética de Díez entrando y saliendo de casos judiciales, tejiendo alianzas con sus protagonistas y urdiendo planes para influir en investigaciones, viene de mucho más atrás. También evidencia que Leire Díez fracasó en su intento de poner en marcha un efecto dominó judicial con un propósito primordial descrito en sus agendas. “Que el PSOE salga bien de esto”. 

Un informe de la Guardia Civil contenido en el sumario repasa la trayectoria de Leire Díez como conspiradora y ubica el punto de partida en la pandemia de 2020. Para entonces había sido concejala en Vega de Pas (Cantabria), asesora de comunicación del partido entre 2015 y 2017 y en ese momento era jefa de comunicación de Enusa, empresa pública del sector nuclear.

En esos años empiezan sus primeras maniobras en torno al caso judicial de la mina de Aznalcóllar, en el que estaba imputado el entonces presidente de la SEPI Vicente Fernández, con quien mantenía una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público. Vicente Fernández dimitió tras su imputación, aunque el caso por el supuesto amaño de un concurso para adjudicar este yacimiento sevillano terminó en archivo. 

El sumario recoge que ya en esos años Leire Díez se interesó por el desarrollo del caso y en cómo beneficiar a Fernández, sobre todo ante cargos del PSOE y en particular ante la ministra María Jesús Montero. Las conversaciones recopiladas por la UCO no reflejan grandes planes ni conspiraciones para tumbar el caso de Aznalcóllar, pero sí profundiza en otras causas vinculadas al partido en Andalucía como los ERE e Isofotón. 

En esos primeros años ya hay apuntes que llaman la atención de los investigadores. Por ejemplo, dos reuniones con el jefe de la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Sevilla supuestamente para buscar información “que pudiera comprometer” a la magistrada Mercedes Alaya, instructora de los ERE. Leire Díez llegó incluso a grabar varios de estos encuentros. “¿Qué podemos destapar de ella? Necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y los demás los sigo yo con un libro”, decía al policía en uno de estos audios. 

“Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”, escribió en otro mensaje a Vicente Fernández. El atestado recoge más comentarios sobre estas causas que afectaban al socialismo andaluz: “Tengo la solución mediática para Isofotón”, dijo en relación con esta investigación sobre fraude millonario en ayudas públicas que acabó archivada en firme por el Tribunal Supremo. El caso Aznalcóllar también acabó en absolución y el Tribunal Constitucional dejó en la mínima expresión la sentencia de los ERE de Andalucía contra los principales consejeros condenados, aunque con argumentos alejados de las maniobras de Leire Díez. 

En aquellos primeros años de mensajes y planes, la exconcejala del PSOE en Cantabria tenía varios grupos de WhatsApp con personas implicadas en otras causas judiciales y que se consideraban afectadas por corruptelas de jueces y fiscales. Uno de ellos era Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. 

Con él y con la periodista Patricia López, hoy fallecida, empezó a recopilar información en un chat llamado “Azahar”. Allí elaboraron una carpeta llamada “Operación PSOE” donde empezaron a almacenar documentos relacionados con el caso Villarejo con los que pretendían documentar la existencia de una cloaca judicial, fiscal y policial. Una carpeta que, años después, cobraría un papel protagonista. En la primera mitad de 2022, Pérez Dolset entregó los documentos en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía con escaso éxito. 

Los informes del sumario no atribuyen una actividad especialmente intensa a Leire Díez entre 2022 y principios de 2024 en cuanto a la investigación judicial. Estuvo a sueldo de Correos y, según estudia otro juez de la Audiencia Nacional, integró otra trama distinta junto al citado Vicente Fernández y un empresario cercano a Santos Cerdán para cobrar comisiones por conseguir ayudas del Estado para determinadas empresas. 

Hasta entonces se había inmiscuido en casos que mayoritariamente afectaban al socialismo andaluz: los ERE, Aznalcóllar e Isofotón, con maniobras contra la jueza Mercedes Alaya, con pequeñas incursiones en el caso Villarejo de la mano del principal imputado del caso Zed. Pero todo cambió en la primera mitad de 2024. La trama que había empezado a especializarse en surfear casos judiciales delicados entró de lleno en el número 70 de la calle Ferraz.

El PSOE como financiador 

Cuando en abril de 2024 Pedro Sánchez amagó con dimitir ante “la campaña de acoso” contra su esposa, Cerdán puso a Leire Díez al frente de un operativo para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE, según la investigación judicial. “Me voy de urgencia a Madrid (... ). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, escribió la exmilitante a Vicente Fernández. Ambos se reunieron en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, con Pérez Dolset, el dirigente socialista y hoy secretario de Estado, Antonio Hernando y el entonces director de comunicación, Ion Antolín.

Antes de ese encargo, la exmilitante llevaba tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. Este apunte concuerda con las citadas actuaciones previas del grupo, centradas en casos ligados al socialismo andaluz o las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

Tras esa primera reunión durante los días de reflexión de Sánchez, la investigación documenta otros 39 encuentros. Al menos 22 de ellos se habrían realizado en la sede de Ferraz, lo que a juicio del juez evidencia que el partido sufragó la “logística” que soportó estas maniobras. El partido pagó también cuatro viajes a Leire Díez y uno a Pérez Dolset relacionados con estos movimientos contra quienes investigaban a sus dirigentes. 

Dos meses antes de esa primera reunión había estallado el ‘caso Koldo’ que, tiempo después, acabó llevándose por delante al propio Cerdán y a quien antes que él había dirigido la Secretaría de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Además, el juez Juan Carlos Peinado había abierto una causa contra la mujer del presidente y su hermano sería imputado unos meses después por el caso que ha acabado sentándolo en el banquillo. 

Uno de los objetivos de la trama fue precisamente “destruir” este proceso judicial. Para ello, Leire Díez contactó con Luis Sáenz de Tejada, un magistrado condenado y expulsado de la carrera por amenazar a su pareja y con el que acordó iniciar una estrategia de hostigamiento contra la instructora del caso, Beatriz Biedma. Sáenz de Tejada llegó a presentar una denuncia contra la jueza en la Fiscalía General del Estado que quedó en nada. También intentó sin éxito personarse en la causa como acusación popular y apartar del caso a la magistrada. El hermano del presidente, acusado de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, declara este jueves en el juicio que se celebra contra él en Badajoz. 

También buscaron información sobre Juan Carlos Peinado, el instructor del caso contra Begoña Gómez. Recurrieron, para ello, a Nervis Villalobos, un ex alto cargo venezolano había sido encarcelado por el polémico magistrado en una causa de blanqueo de capitales y que había llevado las irregularidades del caso hasta el Tribunal Constitucional. 

Otro de los objetivos de la trama fue el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable de la investigación contra Ábalos, el ex fiscal general o el hermano de Pedro Sánchez. “Si está muerto, mejor”, llegó a decir Leire Díez sobre él en una reunión en la que reclamaba información comprometedora de este mando a Alejandro Hamlyn, un empresario imputado en un caso macrofraude de más de 150 millones en los hidrocarburos. A cambio, le ofrecía supuestos pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que pudieran beneficiar su situación. El empresario no ha alcanzado por ahora pacto alguno con la Fiscalía y las acusaciones contra él se mantienen.

En busca de información sobre Balas, la exmilitante también se reunió con otros guardias civiles investigados en diferentes causas. Es el caso del comandante Rubén Villalba, al que ofreció pagarle la defensa en el caso Koldo y recuperar su carrera en el cuerpo. O de Juan Sánchez Yepes, imputado en otro caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de prebendas. A raíz de ese episodio con Yepes tuvo lugar la citada reunión con Hamlyn que propició la apertura de la primera investigación a Leire Díez en un juzgado de Madrid hace un año. 

El objetivo de la trama de desvelar las cloacas del Estado a través de documentación del caso Tándem -la que habían almacenado en esa carpeta llamada “Operación PSOE”- seguía más vivo todavía y Leire Díez maniobró, incluso, con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para buscar un pacto con la Fiscalía a cambio de su información. El pacto nunca se produjo y el fiscal encargado del caso rechazó varias veces hablar con su abogado. Díez se adentró incluso en las profundidades del caso Kitchen y habló con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy que es juzgado estos días por esa trama policial corrupta. 

De la familia de Sánchez a la operación Catalunya

Con el paso de los meses en ese judicialmente convulso 2024 Leire Díez y su grupo entraron en contacto con causas judiciales a priori alejadas del PSOE. Desde el 3% catalán hasta la amnistía pasando por la Operación Catalunya y la Banca Privada de Andorra. En noviembre de ese año Díez entró a formar parte de un grupo de WhatsApp llamado “Mas Martí - Girona” con varias personas, entre ellas, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell. 

Rosell había sido absuelto en 2019 de las acusaciones de blanqueo y comisiones ilegales por sus negocios en Brasil, pero también se sentía víctima de una Justicia corrupta y una Fiscalía dirigida. Sobre todo por los 645 días que pasó en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional en un caso por el que acabó absuelto. 

En ese grupo se juntaron dos personas movidas por el afán de ajustar cuentas con el fiscal anticorrupción José Grinda: Rosell y Pérez Dolset. Los mensajes de Leire Díez en esas fechas con Rosell son elocuentes: “A mí la fontanería se me da muy bien (...) hay que empezar por Grinda y la Fiscalía”. Ambos empresarios consideraban que el fiscal Grinda les había perjudicado en sus respectivas causas judiciales.

Leire Díez tenía un objetivo añadido: que Grinda proporcionara información comprometida sobre Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción, quien era el máximo responsable de investigaciones delicadas para el Gobierno como el caso Koldo. Luzón era considerado un enemigo a batir por el grupo de Leire Díez, ya entonces con el apoyo del PSOE.

Finalmente, fue el propio Grinda el que dejó por escrito cómo habían discurrido esas negociaciones y qué le habían ofrecido y reclamado. Fue en febrero de 2025 cuando, según su relato, tuvo un encuentro con el periodista Pere Rusiñol y este le hizo llegar, en una hoja, la oferta. Para él, un destino en el extranjero y la retirada de la demanda de una joven que afirmaba haber recibido un vídeo sexual suyo cuando ella era menor. Para el grupo, caza mayor: “Cualquier secreto o información confidencial relativo a su jefe que pudiera dar lugar a su destitución”. También le pidieron promover el archivo del caso Pujol, el 3%, el caso Zed que afectaba a Pérez Dolset, el caso BPA y el caso Duro Felguera, que será juzgado este año con Nervis Villalobos en el banquillo. Y que explicara el verdadero origen de la causa que encarceló a Sandro Rosell. 

El sumario revela que Leire Díez también maniobró para acercarse a esta joven. El propio Santos Cerdán llegó a reunirse con ella en la sede del PSOE y, supuestamente, le facilitaron un trabajo en una empresa municipal de Jaén. Las querellas y demandas de la joven, tanto penales como civiles, se archivaron. El proyecto del grupo era darle 300.000 euros por su silencio, el triple de lo que pedía en su demanda. No se llegó a consumar.

La trama intentó repetir la jugada con otro fiscal de perfil polémico: Ignacio Stampa. El fiscal que llegó a dirigir las pesquisas del caso Villarejo y que desde entonces denuncia que fue apartado de Anticorrupción de forma ilegal por parte de sus superiores. También se reunieron con él e intentaron, sin éxito, que les facilitara información comprometedora de Luzón. En esa reunión Leire Díez espetó otra de las frases determinantes del caso: “Soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto (...)”. También contestó “sí” cuando Stampa preguntó si era la “mano derecha” de Santos Cerdán. 

Ninguna de las dos maniobras para obtener trapos sucios de Luzón dio resultado. Los dos fiscales acudieron a sus respectivos superiores y la maniobra de la trama terminó judicializada ante un juzgado de Madrid. De forma reciente, Luzón ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García.  

El sumario del caso Leire consta de cientos de documentos, interrogatorios, mensajes, grabaciones y, al menos por el momento, el juez ha hecho propias las conclusiones de la UCO. Unas consideraciones que muestran cómo a lo largo de los años Leire Díez se especializó en conocer a fondo las causas judiciales que afectaban a su entorno, pero también a un PSOE que, a partir de 2024, y por orden de su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, supuestamente financió y sustentó su operación. 

Muy pocas de sus promesas fueron llevadas a efecto y ninguna causa judicial se cerró gracias a sus gestiones. Tampoco consiguió la información comprometedora que buscaba. Y ahora será la Audiencia Nacional la que decida si no fue solo una investigación para salvar a los socialistas de los casos emergentes, sino una forma de influir en las causas judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno del presidente. 

Las elecciones al Consejo Fiscal, órgano asesor de la fiscal general del Estado, han consolidado el dominio de la derecha. La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales ha mantenido sus seis vocales, mientras la Unión Progresista de Fiscales —que en el pasado presidió Teresa Peramato— se ha quedado con los dos representantes que tenía hasta el momento. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que llegó a pedir seis años de cárcel en el juicio contra Álvaro García Ortiz, conserva también un vocal. 

Tras la nueva cita con las urnas, a la que fueron llamados este martes casi 2.800 fiscales, el órgano mantiene la misma correlación de fuerzas de la época de Dolores Delgado. Precisamente la percepción de García Ortiz como un fiscal continuista del trabajo de Dolores Delgado –que contó con la oposición fiera de la facción conservadora de la carrera– engrasó desde el principio una relación conflictiva con el Consejo Fiscal. 

La actual fiscal general se encontrará con la misma aritmética de una mayoría de vocales que se oponen de manera casi sistemática a cualquier propuesta de nombramiento que proceda de la Unión Progresista de Fiscales o su entorno. Hasta ahora, Peramato ha optado por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también ha nombrado a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

El órgano cuenta con 12 miembros, de los que 3 son natos: la fiscal general del Estado, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite. En la jornada de este martes fueron elegidos los nueve vocales electivos propuestos por las asociaciones de fiscales. La participación alcanzó el 79,94%%.

Esta es la nueva composición del Consejo Fiscal:

Según una nota de prensa difundida por la Fiscalía General del Estado, los comicios se celebraron con normalidad en las 77 secciones electorales habilitadas, correspondientes a cada una de las fiscalías de comunidades autónomas, fiscalías provinciales y fiscalías de área.

La Sección de Madrid incluía a los fiscales de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía Antidroga, de la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, a los Fiscales de Sala Coordinadores en materias específicas así como a los Fiscales adscritos a estos. No incluía los fiscales destinados en las Fiscalías de área.

La circunscripción electoral es única para todo el territorio nacional y los electores podían elegir un máximo de seis vocales de entre los 15 candidatos presentados. Los fiscales que así lo han deseado han podido votar por correo, de forma previa a la jornada de votación. El recuento de este voto por correo se realizó al inicio del escrutinio.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado a las palabras del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el juicio del denominado 'caso mascarillas' indicando que el presidente del Gobierno no era “el número 1 de la trama”, señalando que “si el presidente del Gobierno fuera el número uno, estaría sentado en el banquillo”.

“Para mí es de perogrullo”, ha señalado el mandatario castellanomanchego ante preguntas de los medios durante la presentación del Plan de Acción por la Vivienda 2026-2030 realizada este miércoles en Toledo. “Creo que es evidente que los jueces y el fiscal hubieran procedido si hubieran visto indicios”, ha expuesto García-Page. “Lo demás son debates y críticas políticas”, ha añadido.

El mandatario autonómico ha argumentado que “no es el debate”, sino “la responsabilidad en los nombramientos”. “Todos estamos convencidos de que alguien te puede fallar”, ha afirmado, apuntando que “el problema de fondo es cuál es el espacio”.

“Cada uno entiende la responsabilidad política pues a juicio de conveniencia”, ha declarado.

“Inmensa carga probatoria”

Por otro lado, el presidente castellanomanchego ha relativizado el peso del juicio oral, apuntando que “el 90% de las sentencias de los tribunales, y se lo digo como abogado, no tienen que ver con el juicio oral”. “Realmente los juicios y las sentencias se basan en las aportaciones documentales”, ha continuado en este sentido.

“El problema de este pleito es que es inmensa la carga probatoria que han aportado los propios inculpados”, ha señalado García-Page, apuntando a “mensajes entre los imputados y reuniones indiscretas a la vista de todos”.

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, ha comunicado que propondrá al Gobierno la confirmación de Emilio Manuel Fernández García como Fiscal Superior de Castilla-La Mancha. Asimismo, ha propuesto a José Ernesto Fernández Pinós como Jefe de la Fiscalía provincial de Cuenca, en sustitución de María Isabel Gómez López, tras el paso de esta a la sección penal del Supremo.

Las propuestas llegan junto a otras 20 sugerencias realizadas por Peramato, tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal, para plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado a concurso 60 candidatos, según ha informado el Ministerio Fiscal por nota de prensa.

Más de 40 años de trayectoria como fiscal

Emilio Manuel Fernández García ingresó en la carrera fiscal en 1983, en la Fiscalía Provincial de Albacete. Entre 1987 y 2004 estuvo al frente de la Delegación de Menores para pasar al Servicio de Violencia sobre la Mujer durante los años 2004 a 2008, cuando compaginó estas funciones con las de Fiscal Delegado de Extranjería y el Servicio de Criminalidad Informática.

En 2006 accedió a la Tenencia de la Fiscalía de Castilla La Mancha. En el año 2008 pasó a desempeñar la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Albacete, que ejerció hasta el 2013 en que fue ascendido a la Jefatura de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, cargo en el que sigue hasta hoy.

Peramato ha destacado su trayectoria y voluntad de mejora de la institución, así como un plan de actuación que busca adaptar la institución al siglo XXI reforzando las nuevas tecnologías, la formación de las y los fiscales y la colaboración con instituciones y organismos.

Por su parte, José Ernesto Fernández Pinós ingresó en la carrera fiscal en 1990 y su primer destino fue en la Fiscalía Provincial de Barcelona, donde permaneció hasta 2010.

Allí desempeñó el cargo de Delegado de Criminalidad Informática. Es un experto en ciberdelincuencia a nivel europeo e imparte conferencias en diferentes países, además de su actividad docente en España. En 2010 se trasladó a la Fiscalía Provincial de Cuenca y asumió su Jefatura hasta 2015.

Posteriormente, ha sido el Delegado de Criminalidad Informática en esta provincia, asumiendo el servicio especial de la jurisdicción social. Teresa Peramato ha valorado su gran experiencia en esta Fiscalía y su plan de actuación.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propondrá al Gobierno el nombramiento de Jaime Serrano-Jover como nuevo fiscal superior de Canarias, plaza que estaba vacante tras dejar el puesto María Farnés Martínez.

Además, ha propuesto a Ernesto José Vieira como teniente fiscal de la Fiscalía de la comunidad autónoma, en sustitución de Demetrio Pintado.

Peramato, una vez celebrado el Consejo Fiscal, propondrá un total de 22 nombramientos de altos cargos de la Fiscalía para su nombramiento por el Consejo de Ministros, según ha informado la Fiscalía General del Estado este jueves.

Según la Fiscalía, Peramato ha decidido en función de “criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación”.

Así ha acodado el nombramiento de María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid, lo que supone el relevo de Almudena Lastra, la fiscal que declaró contra Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados.

La plaza de fiscal jefe de Lugo no ha recibido candidaturas, por lo que tendrá que ser convocada de nuevo.

Como se esperaba, Lastra, que aspiraba a mantenerse en el puesto de fiscal superior de Madrid en el que lleva cinco años, será sustituida por María Isabel Martín López, desde 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general.

Peramato ha destacado su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia”, además de su plan de actuación “para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público”.

Una pieza clave en el equipo de la fiscal general del Estado será María José Osuna, nueva fiscal de Sala jefa de la Inspección Fiscal, tras cuatro años al frente de la Fiscalía de Tarragona. El teniente fiscal de la Inspección será Juan José Criado.

Otro nombramiento relevante será el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien llegó a estar investigada junto al anterior fiscal general en la causa por revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y que asciende al Tribunal Supremo como fiscal de lo Social.

Por su parte Pilar Fernández, mujer de García Ortiz, dejará la Fiscalía de Menores en Madrid para volver a Galicia, donde será la nueva teniente fiscal de la Fiscalía de la comunidad autónoma.

La fiscal de Sala jefa de la Sección Civil del Supremo seguirá siendo Pilar Martín Nájera, igual que Pedro Crespo seguirá al frente de la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Antonio Romeral seguirá como teniente fiscal en Anticorrupción.

Por su parte, María Eugenia Hernández Fernández obtiene plaza en la Audiencia Nacional.

El nuevo fiscal jefe de Baleares será Adrián Salazar, hasta ahora teniente fiscal en ese territorio; en Castilla-La Mancha sigue Emilio Fernández; en Aragón María Asunción Losada; y en Extremadura Francisco Javier Montero.

El nuevo fiscal provincial de Cuenca será José Ernesto Fernández; en Burgos se mantendrá José Fernández Mérida; en Castellón María Díaz Berbel.

Antonio Mateos será teniente fiscal de la Fiscalía de Extremadura; Carolina Santos, de la de Cantabria; y José Rogelio Muñoz seguirá en la de Andalucía.

Fuentes de la Fiscalía han destacado que de los 22 nombramientos hay seis de la Asociación de Fiscales, otros seis de la Unión Progresista de Fiscales, y el resto son no asociados.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, no ha revalidado en el cargo de fiscal superior de la Comunidad de Madrid a Almudena Lastra, la fiscal que apuntaló con su declaración en el juicio la condena de Álvaro García Ortiz. Tras oír al Consejo Fiscal este jueves, la máxima representante del Ministerio Público ha optado por que ese puesto lo ocupe a partir ahora la otra aspirante, la fiscal Isabel Martín, quien forma parte de la Secretaría Técnica, la sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado, desde 2018. 

Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a su predecesor por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha optado por no mantener en su puesto a una fiscal que tuvo un papel relevante en los acontecimientos que tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo de 2023 después de que elDiario.es revelara que la Fiscalía había denunciado a Alberto González Amador por fraude fiscal. 

En el juicio celebrado en el Tribunal Supremo, Lastra fue considerada la testigo más valiosa de las acusaciones por haber intuido que la filtración procedía de la Fiscalía General. Ante los magistrados, relató cómo en esas horas frenéticas sospechó claramente que la filtración procedía del organismo que dirigía García Ortiz: “Le dije: ¿has filtrado los correos?”. Después, reprochó a sus colaboradores que enviaran los correos al fiscal general: “¡Los van a filtrar!”. Explicó que era su sospecha, pero también reconoció que hablaba por intuición y sin pruebas al admitir que lo dijo “sin saber si lo habían filtrado o no”. 

No obstante, el tribunal utilizó su testimonio como un indicio incriminatorio. Los magistrados argumentaron que sus palabras demostraban que los propios subordinados del entonces fiscal general expresaron “recelos” a su actuación, advirtieron del peligro de revelar los datos y le reprocharon la filtración. Lastra fue afiliada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que Peramato fue presidenta, aunque se dio de baja hace algunos años por su desacuerdo con algunos nombramientos. También fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y estuvo en la Secretaría Técnica cuando Cándido Conde Pumpido era fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Cambios en Madrid y el Supremo

En su lugar, Peramato ha optado por colocar al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a la fiscal Isabel Martín, que tiene un puesto mucho menos antiguo que Lastra en el escalafón. Hasta ahora, Martín era responsable de formación de la carrera fiscal. Estuvo afiliada a la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, aunque se dio de baja en 2025, explican fuentes fiscales. Antes de llegar a Madrid, Martín fue fiscal jefe de área de Melilla, entre otros destinos.

Peramato ha destacado su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia, además de sus aptitudes de gestión y su conocimiento de las relaciones interinstitucionales”. También ha puesto en valor “su plan de actuación para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público”.

Por otro lado, la fiscal general ha optado por ascender al Tribunal Supremo a otra antigua colaboradora de su predecesor, Pilar Rodríguez, que era hasta ahora la fiscal provincial de Madrid. Rodríguez llegó a estar imputada en la causa contra García Ortiz, aunque la Sala de Apelación del Supremo archivó la causa contra ella. Sí declaró como testigo en el juicio, cuando se puso de manifiesto la tensa relación que mantiene con Lastra. 

Rodríguez defendió que “no hubo clandestinidad” al rendir cuentas a sus superiores sobre los correos que centraban la acusación contra el fiscal general. Y calificó de “exabrupto” la acusación de Lastra de una supuesta filtración. “Jamás me represento que nadie del Ministerio Fiscal vaya a proceder a hacer una filtración”, añadió. 

Tras la decisión tomada por Peramato, Rodríguez recalará ahora en la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, donde también tiene ahora su puesto García Ortiz. Rodríguez, que estaba en el cargo desde 2018, fue fiscal adscrita de Criminalidad Informática y entre 2004 y 2009 fue asesora en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, durante el Ejecutivo de Zapatero. 

La nueva fiscal de sala jefa de la Inspección Fiscal será María José Osuna, que en la actualidad era fiscal jefa de la Fiscalía de Tarragona. Los nombramientos también mantienen a Pilar Martín Nájera como fiscal de Sala jefa de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo y a Pedro Crespo como fiscal de sala jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

De Martín Nájera, Peramato ha destacado su “constante voluntad de mejora y evolución y su plan de actuación, en el que propone varias medidas para colocar a la Fiscalía del Tribunal Supremo como referente doctrinal nacional en el ámbito civil”. Y de Crespo, la fiscal señala su “profundo conocimiento de la Fiscalía” del Constitucional y de las materias de las que se ocupa. Además, “ha valorado su plan de actuación, en que propone cambios para la adecuación de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional al siglo XXI, con modificaciones encaminadas a la transparencia y pluralidad del órgano y a potenciar la especialización de sus miembros”.

Entre la batería de nombramientos de este jueves está también el de la fiscal Pilar Fernández como ‘número dos’ de la Fiscalía de Galicia. Fernández, que estaba destinada en la Fiscalía Provincial de Madrid en el área de Menores, es la mujer de García Ortiz. 

Fuentes de su equipo explican que, con esta nueva ronda de nombramientos, Peramato acaba de conformar su equipo de confianza tras los nombramientos de Julio Cano como fiscal jefe de la Secretaría Técnica y de Víctor Pillado como teniente fiscal de este mismo órgano. En la primera batería de designaciones optó por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también nombró a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

De los 22 nombramientos realizados este jueves seis son afiliados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), según fuentes fiscales. Estas mismas fuentes afirman que la fiscal general ha tratado de mantener un equilibrio en los nombramientos que se han basado en criterios de mérito y capacidad y que se ha buscado garantizar la paridad en las tenencias de las fiscalías de las comunidades autónomas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas fiscales que el Gobierno creará y convocará este 2026.

De estas 200 nuevas plazas, ocho se crearán en Castilla-La Mancha, lo que supondrá un incremento del 8% de su plantilla actual.

Se trata de “la mayor creación de plazas fiscales de la historia” y supondrá un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal del 7,13%, al pasar de 2.804 plazas a 3.004. La propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas.

El Ministerio de Justicia invertirá más de 22,5 millones de euros en crear estas 200 plazas de fiscales para mejorar y agilizar el Servicio Público de Justicia y la iniciativa se enmarca en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un modelo organizativo “más moderno y eficiente” ya que, detalla este departamento, “si crear un antiguo juzgado unipersonal tenía un coste aproximado de 500.000 euros, con los tribunales de instancia se pueden crear plazas judiciales gastando cinco veces menos”.

Castilla-La Mancha tendrá también 21 plazas judiciales nuevas

El ministro ha destacado que esta creación récord de plazas fiscales se suma a la también histórica creación de plazas judiciales, 500 este 2026, que supondrá un incremento del 8,5% de la planta judicial en nuestro país.

En Castilla-La Mancha se crearán 21 plazas de jueces para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia, que también se crearán este 2026.

Se trata de la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Castilla-La Mancha.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas fiscales que el Gobierno creará y convocará este 2026. Se trata de la mayor creación de plazas fiscales de la historia y supondrá un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal del 7,13 por ciento, al pasar de 2.804 plazas a 3.004.

En una atención a medios realizada junto a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, el ministro ha subrayado que se crearán plazas fiscales en todas las comunidades autónomas y órganos centrales y que la propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas. De estas 200 nuevas plazas, una se creará en La Rioja, lo que supondrá un incremento del 7,14 por ciento de su plantilla actual. Y además, La Rioja tambien tendrá dos plazas judiciales nuevas.

Dos plazas judiciales para reforzar los tribunales

El ministro ha destacado que esta creación récord de plazas fiscales se suma a la también histórica creación de plazas judiciales, 500 este 2026, que supondrá un incremento del 8,5 por ciento de la planta judicial en nuestro país. En La Rioja se crearán dos plazas de jueces para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia, que también se crearán este 2026.

Una inversión de más de 22,5 millones en una creación récord de plazas fiscales En total, el Ministerio invertirá más de 22,5 millones de euros en crear estas 200 plazas de fiscales para mejorar y agilizar el Servicio Público de Justicia. Un hito más de la mayor transformación de la Justicia en décadas.

Este récord en la creación de plazas, tanto de jueces como de fiscales, es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un modelo organizativo más moderno y eficiente. Si crear un antiguo juzgado unipersonal tenía un coste aproximado de 500.000 euros, con los tribunales de instancia se pueden crear plazas judiciales gastando cinco veces menos.

La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que vaya a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En un recurso contra esa decisión del magistrado, el fiscal José Manuel San Baldomero reclama el sobreseimiento para la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos investigados dado que considera que “no hay delito”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal carga contra el juez Peinado y critica que haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”.

También cuestiona la forma de instruir del magistrado: “Echando la vista atrás, en los dos años de instrucción, a la vista de las resoluciones judiciales dictadas, no hemos comprendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias”. No obstante, también apunta que, aunque no sean delito, hay “determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente” y que “resulta necesario huir de situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos y la desviación de poder”.

El fiscal trata de rebatir las atribuciones que hace el juez para intentar llevar a juicio a Begoña Gómez. Respecto al delito de tráfico de influencias, recuerda que para que exista este delito debe haber una “presión moral” eficiente sobre un funcionario y un beneficio económico que no se da en este caso, dado que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense y que centra la imputación por este delito no era remunerada.

“Aparte de ser un caso de corrupción poco rentable, induce a evidente confusión: no hay beneficio por retribuciones derivadas de la Cátedra TSC creada el 30 de octubre de 2020. La retribución es cero”, subraya.

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. “Entendemos que estamos ante una mera conjetura, una hipótesis carente de base, surgida de la nada en esta fase para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente”, sostiene.

Además, el fiscal considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra en una universidad pública, ya que este artículo del Código Penal está diseñado para proteger la competencia en el sector estrictamente privado. “Creemos que el tipo penal resulta tan forzado como los intentos de deformar los hechos para que encajen en él”, puede leerse en su escrito.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el representante del Ministerio Público afirma que el producto en sí, el software, “no fue registrado a su nombre, ni parece que existiera intención de hacerlo”. Y añade que el uso que hubiera podido hacerse de ese software en páginas y dominios registrados a nombre Begoña Gómez cuando todavía estaba en período de pruebas no constituye un delito de apropiación indebida.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, el fiscal rechaza que el uso de la asistente para realizar gestiones de la cátedra sea malversación. Afirma que no existe un “perjuicio” para las arcas públicas, que no hay una regulación concreta y normativa respecto de la asistente del cónyuge de presidente del Gobierno y que la asesora cumplió estrictamente con las funciones de su cargo.

En otro escrito, el fiscal reclama de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y afirma que en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al Fiscal nuevamente a fin de formular escrito de conclusiones provisionales, donde reclamará la absolución de Begoña Gómez, la asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Petición de 24 años de prisión

La defensa de Begoña Gómez reclamó el pasado lunes a la instancia superior que anule el auto de Peinado. En su escrito, la defensa de la mujer del presidente del Gobierno calificaba de “absolutamente inaceptable” la comparación que hizo el magistrado de Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII.

En el escrito, su abogado, Antonio Camacho, afirmaba que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”. Y cuestionaba la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación.

Por su parte, la acusación popular dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír ha solicitado una pena de 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 años de prisión para la asistente y seis años para el empresario.

En el escrito sostiene que desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa “aumentó la proyección institucional” de Begoña Gómez así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados. Apunta que, de esa forma, pudo acceder a directivos de grandes empresas gracias a esos “vínculos personales” y que también “accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios”.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció este lunes en una entrevista en el programa La noche en 24 horas de TVE que la Fiscalía presentará su propio recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que condenó a su predecesor, Álvaro García Ortiz.

“Recientemente, me planteó la teniente fiscal del Tribunal Supremo [María Ángeles Sánchez Conde] su intención de interponer un recurso de amparo y, por lo tanto, lo que he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal del Supremo para la interposición de ese recurso”, afirmó Peramato. En paralelo, la Abogacía del Estado, que representó a García Ortiz en el proceso, tiene intención de presentar su propio recurso antes de que acabe el mes de marzo, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. 

El pasado febrero, el Tribunal Supremo rechazó anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado. El Alto Tribunal consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de una multa y una indemnización.

La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que solo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que darán ahora la Fiscalía y García Ortiz. En su recurso de nulidad ante el Supremo, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. 

La teniente fiscal del Supremo, por su parte, sostuvo que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

García Ortiz se incorporó hace unas semanas como fiscal a la Sección Social del Supremo tras la decisión de Peramato de no expulsarle de la carrera tras su condena. La fiscal general argumentó que, al no haber sido condenado a prisión, debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que solo pierden su condición si hay prisión.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura acogió la conferencia de la fiscal extremeña Inés Herreros Hernández con motivo de la celebración de San Raimundo de Peñafort, patrón de las y los juristas. En un auditorio cargado de simbolismo personal y profesional, la actual vocal del Consejo General del Poder Judicial ofreció una intervención marcada por la emoción y por una firme defensa del humanismo jurídico como eje vertebrador del Estado de derecho.

Herreros, nacida en Barcelona en 1974 en el seno de una familia cacereña y formada en esta misma Facultad entre 1992 y 1997, construyó su intervención como un recorrido vital. Desde sus años de estudiante hasta su paso por la Carrera Fiscal —a la que accedió en 2003— y su actual responsabilidad institucional, la jurista reivindicó una forma de ejercer el derecho que trascienda la aplicación “fría y aséptica” de la norma y sitúe la dignidad humana como fundamento y fin último del ordenamiento jurídico.

“La ley no puede convertirse en coartada de los poderes establecidos”, sostuvo ante el alumnado y el claustro, en una ponencia que combinó memoria personal, reflexión jurídica y posicionamiento público ante algunos de los grandes desafíos contemporáneos.

De Cáceres a Canarias: el choque con la realidad migratoria

Su primer destino como fiscal en Las Palmas de Gran Canaria marcó un punto de inflexión. Allí, explicó, se enfrentó a la realidad de las migraciones y de los menores extranjeros no acompañados. Describió situaciones de internamiento de familias en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y denunció déficits estructurales en la protección de menores.

Desde la Fiscalía impulsó actuaciones que, según relató, llevaron al cierre de siete centros de protección de menores en Gran Canaria y a la salida de familias completas de CIE. Aquellas decisiones, que defendió como coherentes con el principio de dignidad humana y el interés superior del menor, le costaron , según explicó, la retirada de sus competencias en esa materia durante un tiempo.

Esa etapa, lejos de suponer un repliegue, la llevó a profundizar en el estudio del impacto del derecho sobre personas situadas en los márgenes sociales: migrantes, víctimas de trata, personas empobrecidas o con problemas de salud mental. También reforzó su compromiso asociativo en la Unión Progresista de Fiscales, que presidió entre 2021 y 2023.

Memoria democrática y carencias educativas

Uno de los momentos más críticos de la intervención llegó al abordar lo que definió como una “gran carencia” en su formación: la ausencia de contenidos sobre la historia democrática española y extremeña. Desde su experiencia personal, creció frente al monumento conocido como la Cruz de los Caídos en Cáceres, lamentó haber tardado décadas en conocer episodios como la masacre de Badajoz, los campos de concentración franquistas en Extremadura o la existencia de más de 200 fosas comunes en la región.

Su paso en 2023 por la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática reforzó, afirmó, la convicción de que educar en democracia no es opcional. “La democracia no es una forma de organización política lineal que solo tiende a la mejora”, advirtió, subrayando la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones el valor y la fragilidad de las conquistas democráticas.

Perspectiva de género y transformación del derecho

Herreros también dedicó un amplio tramo de su intervención a la violencia de género, ámbito en el que se especializó a partir de 2012. Reconoció que durante años el sistema judicial trabajó sin formación específica suficiente y defendió que “sin perspectiva de género no hay eficacia” en la persecución de estos delitos.

En ese proceso de transformación profesional destacó su colaboración con la Fundación ECCA y su implicación en redes de juristas que incorporaron el análisis del artículo 14 de la Constitución, igualdad entre mujeres y hombres, como eje interpretativo transversal. Subrayó que la incorporación de nuevas miradas no ha supuesto desplazar las formas tradicionales, sino complementarlas para ofrecer un servicio público más justo y eficaz.

Afganistán, Sáhara y la crisis del orden internacional

La fiscal relató asimismo la operación impulsada desde la Unión Progresista de Fiscales tras la caída de Kabul en 2021 para facilitar el asilo en España a mujeres fiscales afganas perseguidas por los talibanes. Tras un año de gestiones infructuosas, viajó a Pakistán junto a otras juristas para recabar testimonios y presionar institucionalmente. Finalmente, lograron la llegada a España de 30 mujeres y sus familias.

Esa experiencia le sirvió para reflexionar sobre los “espacios de no-derecho” y sobre la necesidad de acción colectiva cuando las garantías fallan. En la misma línea, criticó la ineficacia del derecho internacional en conflictos como el Sáhara Occidental y lanzó una advertencia sobre Gaza, cuya situación calificó como una amenaza para la credibilidad de las democracias occidentales y del sistema internacional de derechos humanos.

“El respeto a la dignidad es nuestro único seguro de vida”

En el tramo final de la conferencia, Herreros apeló directamente al estudiantado. Reivindicó el estudio riguroso, el pensamiento crítico y el compromiso con el servicio público. “El respeto por la dignidad del ser humano es nuestro único seguro de vida”, afirmó.

El acto concluyó con un agradecimiento a la Facultad de Derecho y a la comunidad jurídica extremeña, y con una cita de José Saramago que sintetizó el sentido de su intervención: la memoria y la responsabilidad como pilares de la existencia democrática: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”.

La conferencia dejó en el aire una idea clara: el derecho, entendido como herramienta de transformación y no como mero engranaje técnico, sigue siendo un campo de disputa ética y política donde la dignidad humana debe ocupar el centro.

Elisa Mouliaá cambia de criterio y anuncia ahora a los medios que seguirá como acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra el exdiputado Íñigo Errejón. Ante las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, la actriz ha expresado su indignación con el reciente escrito de conclusiones en el que la Fiscalía afirma que “no hay delito”, al que ha atribuido su rectificación. “He decidido que voy a continuar adelante en el procedimiento porque es deleznable que la Fiscalía haya escrito un escrito de absolución diciendo que además sí hubo consentimiento”, ha dicho Mouliáa a los medios visiblemente nerviosa.

Mouliaá ha anunciado que va “a ir hasta el final”. La actriz ha asegurado que está sufriendo por atreverse a haber dicho “la verdad para proteger a las mujeres”. “No me he inventado una sola coma (...) Ninguna víctima se merece esto por haber dado la cara”, ha añadido. La actriz denunció en octubre de 2024 que el exdiputado la había agredido sexualmente tres años antes. Hace sólo seis días, Mouliaá había anunciado a través de sus redes sociales que renunciaba a seguir en la causa. En su mensaje adjuntaba un pantallazo de un escrito presentado al juzgado en el que alegaba “razones estrictamente personales y de salud”. 

Sin embargo, ese escrito no estaba firmado por su abogado y su procurador “como es preceptivo”, por lo que el instructor de la causa, Adolfo Carretero, requirió a la actriz que subsanara ese defecto para dar trámite a su petición de archivo. Le advirtió de que, si no lo hacía, el procedimiento continuaría al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado el escrito de acusación en el que había reclamado tres años de cárcel para que el fuera portavoz parlamentario de Sumar. 

El pasado noviembre, el juez Adolfo Carretero propuso sentar en el banquillo al exportavoz de Sumar al considerar que existen “indicios” de que agredió sexualmente a Mouliaá. Según el magistrado, propinó a la actriz “un beso inconsentido” y le realizó “tocamientos sexuales con un leve forcejeo”. Errejón impugnó esa decisión ante los jueces de la Audiencia Provincial, que tenían previsto reunirse este lunes para deliberar sobre su recurso. Los magistrados, sin embargo, optaron por dirigirse a Carretero para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación e instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

La Fiscalía también ha pedido el archivo de la causa y ha anunciado que, si finalmente hay juicio, pedirá su libre absolución. El Ministerio Público sostiene que no hay pruebas de que Errejón “fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante” de que ella no deseaba esa relación. En su escrito de conclusiones, del pasado enero y conocido esta semana, la fiscal afirma que la actriz no puso “oposición” cuando el exdiputado le dio un primer beso y que, después, él accedió cuando ella le dijo que parara porque no le estaba agradando un encuentro sexual debido a la “premura” y “vehemencia” con la que él estaba actuando. 

Este martes, el instructor había citado a Errejón para notificarle la apertura de juicio oral en su contra pero suspendió la citación por “seguridad jurídica”. La defensa del exparlamentario solicita la suspensión de una comparecencia judicial y el archivo definitivo de la causa basándose en la renuncia de la denunciante.

El posible indulto a Álvaro García Ortiz no le permitirá recuperar todo el dinero que ya ha abonado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso tras la condena de dos años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por la filtración de su confesión de fraude fiscal. La ley del indulto excluye la obligación de responder civilmente, lo que deja fuera la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia. Respecto a la pena de multa de 7.200 euros que García Ortiz también ha consignado ya, esa norma detalla que solo se le devolverá si lo recoge “expresamente” el decreto del Gobierno. 

Aunque el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, el perdón total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas— está supeditado a que haya un informe favorable del órgano sentenciador. En este caso, de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar las cantidades económicas que el ex fiscal general ya ha abonado ante el Tesoro Público. 

Además, aunque el Ejecutivo le concediera la medida de gracia total, se da por seguro que el ex fiscal general no regresará a la cúpula del Ministerio Público, donde le sustituyó Teresa Peramato. También seguirá abierta la vía del posible recurso de amparo al Tribunal Constitucional, donde su defensa buscará revertir la condena por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales. 

Miguel Ángel Cabellos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona, explica que el recurso de amparo ante el tribunal de garantías mantendría el sentido si el indulto es parcial, al quedar “una parte de las penas en pie”. Pero también en caso de perdón total porque “esa totalidad no puede abarcar la indemnización”. 

Informe del Supremo

Precisamente esta semana, el Ministerio de Justicia activó el procedimiento para estudiar una primera petición de indulto al solicitar al alto tribunal que realice su informe. Tras recabar la posición de la Fiscalía, los magistrados expondrán si consideran que hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. 

En caso de informe desfavorable, seguirá existiendo la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas las todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

Algunas fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el informe de la Sala de lo Penal será contrario al indulto, por lo que solo podrá ser parcial. Así, estas fuentes auguran que la inhabilitación podría quedarse en seis o 12 meses en lugar de los 24 que fijó la sentencia. Se da por hecho que García Ortiz no regresará en ningún caso a dirigir el Ministerio Público, lo que limita las consecuencias prácticas del indulto en un caso como este, en el que no hay pena de cárcel. 

Otras fuentes creen que el posible indulto —aunque sea parcial— sí puede suponer su blindaje en su nuevo destino en la Fiscalía de la Sala de lo Social del Supremo ante las impugnaciones que ya han empezado a llegar a la Fiscalía General. Entre ellas, la del propio González Amador, que ha recurrido el decreto por el que Peramato permitió el regreso a la carrera de García Ortiz con el argumento de que la pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión. 

Está por ver, además, si el empresario también recurrirá la concesión del indulto si finalmente se produce aunque fuentes del Supremo explican que su hipotético recurso no frenaría la ejecución del indulto. El catedrático Cabellos explica que podría hacerlo “alegando estar afectado en sus derechos e intereses legítimos”. Este jurista recuerda que el Supremo ha establecido en su jurisprudencia que quien ha ejercido en un proceso la acusación particular —como es el caso de González Amador— tiene un interés legítimo en que la pena se cumpla y, por tanto, tendría la necesaria legitimación para poder impugnar el indulto.

No sería el caso de las acusaciones populares personadas en la causa. El Supremo ya lo dejó claro en el caso de los indultos del procés tras los recursos presentados por varios partidos políticos. Entre ellos, Vox, que había sido acusación popular. “Haber sido parte en el previo proceso penal no entraña de manera ineludible que se produzca la afectación por la concesión del indulto, porque dicha afectación no surge (...) por la sentencia que impone la condena, sino de la resolución que otorga el indulto de la pena ya impuesta”, dijeron entonces los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

Además, el Supremo ha definido en varias sentencias hasta qué punto es recurrible esta medida de gracia. Por ejemplo, en la sentencia que anuló el indulto que el Gobierno de Mariano Rajoy había concedido a un conductor kamikaze, los magistrados de esa misma Sala afirmaron que su revisión no puede extenderse a “la decisión de indultar o no indultar”. 

En otra sentencia posterior, de 2018, la misma Sala dijo que el Gobierno es libre para elegir y valorar las razones de “justicia, equidad y utilidad pública” —los tres motivos recoge la ley— que les llevan aprobar esa medida. Y advirtieron, no obstante, que esas razones han de “guardar la necesaria coherencia con los hechos que constituyen su soporte fáctico” y esto sí puede ser comprobado para “descartar todo atisbo de arbitrariedad”. 

El Tribunal Constitucional ha anulado las sentencias del Tribunal Supremo que frenaron, hasta en dos ocasiones, el ascenso del fiscal Eduardo Esteban a la categoría de fiscal jefe de sala de menores. El pleno, con el voto en contra de los conservadores, ha estimado los recursos de este antiguo portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y critica que el Supremo tumbara su nombramiento sin explicar por qué los criterios de la entonces fiscal general, Dolores Delgado, no eran adecuados. Esas sentencias, concluye el Constitucional, perjudicaron a Esteban frente al candidato que promovía la asociación conservadora.

El ascenso de Eduardo Esteban es el primero de los múltiples choques que se dieron entre la sala tercera del Tribunal Supremo y la Fiscalía General. Los jueces tumbaron su nombramiento como fiscal de sala de menores de Esteban, que entre otros destinos había trabajado en el Tribunal Constitucional y había sido fiscal provincial de Madrid, destino en el que el PP llegó a acusarle de “acosar” al partido. La fiscal general, Dolores Delgado, volvió a ascender a Esteban y el Supremo, en una segunda sentencia, volvió a tumbar el ascenso.

La sala de lo contencioso estimó los recursos tanto de otro aspirante, José Miguel de la Rosa, como de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales que le había apoyado en varios intentos fallidos de ascenso. De la Rosa fue uno de los juristas invitados por el PP al Congreso de los Diputados en febrero del año pasado y fue fiscal jefe de la Secretaría Técnica, uno de los cargos más altos que se pueden ostentar dentro del Ministerio Público, con Consuelo Madrigal, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar durante los últimos tres años de Mariano Rajoy en el Gobierno.

El Tribunal Supremo anuló los dos ascensos de Eduardo Esteban apuntando directamente a los criterios que había esgrimido la fiscal general para primar su candidatura por encima de la de José Miguel de la Rosa. “No elijo un candidato, elijo un modelo”, llegó a justificar entonces Dolores Delgado. La propia Consuelo Madrigal, recordó, había sido fiscal de sala de menores durante más de un lustro sin tener experiencia en la materia. La respuesta del Supremo fue cuestionar las prioridades de Delgado y anular el ascenso de Eduardo Esteban.

Esas decisiones del Supremo no fueron unánimes. Pilar Teso, por ejemplo, firmó votos particulares en los que acusó a sus compañeros de sala de condicionar los nombramientos discrecionales de la Fiscalía. Ahora es el Tribunal Constitucional el que corrige por partida doble a esta sala del Supremo al entender que sus sentencias rechazaron el criterio de la fiscal general “sin explicitar otro parámetro jurídico de control que el perfil bien determinado de la plaza”. Es decir, sin explicar qué impedía a Delgado valorar de forma conjunta más criterios que la especialización en materia de menores.

Las sentencias del Supremo que por dos veces anularon el ascenso de Eduardo Esteban, concluye el Constitucional, se saltaron “el régimen legal de nombramiento discrecional” y dio un trato “desigualitario” a este candidato por estar menos especializado en menores que otros. El Supremo, zanja ahora el Constitucional, decidió que la mayor especialización era un “mérito excluyente”, perjudicando a Eduardo Esteban. La decisión, con ponencia de Ramón Sáez, ha salido adelante con los votos en contra del sector conservador y tras las abstenciones de Cándido Conde-Pumpido, que fue superior de Esteban, y de César Tolosa, que era juez del Supremo en ese momento.

La batalla entre el Supremo y la Fiscalía

Las dos sentencias que ahora anula el Tribunal Consitucional fueron el primero de muchos enfrentamientos entre la Fiscalía y la sala tercera del Tribunal Supremo durante los mandatos de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Estas dos resoluciones fueron recibidas con estupor en la calle Fortuny y fueron previas a las dos que anularon los ascensos de la propia Delgado, primero como fiscal de sala de lo militar y después de memoria democrática.

El mismo Constitucional tiene pendientes todavía los recursos que Delgado presentó contra las anulaciones de sus ascensos. Mientras tanto, el próximo paso será saber qué efectos prácticos tienen estas sentencias del tribunal de garantías en la situación de Eduardo Esteban, que tras su segundo ascenso fallido volvió a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. La sentencia explica que se le repone la categoría de fiscal de sala, pero no el puesto concreto de coordinador de menores que ya fue adjudicado a otro fiscal después.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cerró sin sanción más de la mitad de los expedientes disciplinarios abiertos a jueces y magistrados en 2024, último año del que existen datos disponibles. Durante ese ejercicio, el órgano de gobierno de los jueces abrió un total de 24 expedientes, de los que 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, principalmente por retrasos en la tramitación y resolución de procedimientos. Los 13 restantes fueron archivados, en su mayor parte porque no se acreditó que los hechos fueran susceptibles de reproche disciplinario o porque se trataba de jueces sustitutos que ya no formaban parte de la bolsa cuando se analizaron los hechos, según los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es. 

El órgano de gobierno de los jueces tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones.

Sin embargo, no es posible saber ni la identidad de los sancionados ni una somera descripción de los hechos que acarrearon las medidas disciplinarias. Fuentes del CGPJ sostienen que no procede publicar su identidad porque es un dato “reservado y sensible” y no existe ninguna norma que dé cobertura a su difusión. La ley del Poder Judicial establece que las sanciones se anotan en el expediente personal de cada juez, pero no prevé ningún tipo de publicidad al respecto. Esta misma norma contempla la cancelación de las anotaciones en un plazo determinado —que varía en función de la gravedad de la falta apreciada— y establece que esa cancelación “borrará el antecedente a todos los efectos”.

La sanción más grave impuesta en 2024 fue la suspensión de funciones durante un año en un caso considerado muy grave de “desatención o retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas”, según el artículo 417.9 de la ley del Poder Judicial. La Fiscalía pidió en ese caso una sanción superior, de un año y medio, pero la Comisión Disciplinaria acordó que fuera de 12 meses. Por ese mismo artículo fueron castigados con la suspensión de empleo y sueldo otros tres miembros de la carrera judicial, que fueron sancionados a cinco meses, cuatro meses y un mes, respectivamente.  

Además, hubo otras cinco sanciones consideradas graves que derivaron en multas económicas de entre 3.000 y 600 euros, en función de los hechos analizados. Cuatro lo fueron también por retrasos injustificados y una por incumplir la obligación de elaborar una relación de asuntos pendientes cuando se cambia de destino. Asimismo, se registraron otras dos sanciones leves que se sustanciaron con multas económicas. Una por el incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución, que fue multada con 400 euros. Y otra por desatención o desconsideración con los ciudadanos o con el personal del juzgado, que acarreó una multa de 300 euros. 

Respecto a los 13 expedientes archivados, cinco de ellos lo fueron porque no se acreditó que los hechos analizados tuvieran una responsabilidad disciplinaria. En otros cuatro casos, el archivo se produjo porque el expediente se había abierto contra jueces sustitutos y, en el momento de resolución, que suele ser meses después de que se inicie el procedimiento, ya no formaban parte de la bolsa. También hubo archivos por prescripción o por el hecho de que el juez investigado ya había perdido su condición de miembro de la carrera judicial o se encontraba aquejado de una enfermedad. 

La legislación establece que corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria la recepción de quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios. Si propone la apertura de un expediente debe dar traslado a la Comisión Disciplinaria, que tiene la última palabra sobre las sanciones. La decisión de no iniciar expediente o de archivar el ya iniciado requiere el examen de la Comisión Permanente. El magistrado Ricardo Conde ocupa desde 2017 el puesto de Promotor. Su mandato expiró cuando cesó el anterior CGPJ, pero fue elegido de nuevo en diciembre de 2024. 

Expedientes sin sanción

Uno de esos expedientes que acabaron sin sanción en 2024 fue el abierto al juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó en sus redes sociales “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “personificación del deshonor” al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y “siervo mentiroso patológico” al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

El argumento fue que no se había podido acreditar que hubieran invocado su condición profesional cuando vertió esos descalificativos en su perfil de Twitter y que se había limitado a hacer uso de su derecho a expresarse como mero ciudadano. Entonces, el órgano llegó incluso a pedir al legislador una revisión de los tipos disciplinarios contemplados en la ley del Poder Judicial para poder sancionar este tipo de conductas. 

Ante la ausencia de una regulación expresa, el órgano determinó que para cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional debían darse dos premisas: que el comentario tuviera carácter sancionable —una “falta grave de consideración respecto de los ciudadanos o instituciones”, por ejemplo— y que en el momento de hacerlo su autor hubiera invocado “expresamente” su condición profesional para avalar su opinión. 

Este juez se enfrenta ahora a la apertura de otro expediente por nuevos comentarios en sus redes en los que acusó a Sánchez de “golpismo” y llamó “Barbigoña” a su mujer, Begoña Gómez. Los votos de los vocales progresistas y de la presidenta Isabel Perelló obligaron el pasado octubre al Promotor a abrir un expediente a este magistrado. La mayoría de la Comisión Permanente rechazó su pretensión de archivar de plano la investigación abierta y no abrirle un expediente.  

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican que la Permanente consideró el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados, y que era la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que estimó conveniente derivar la decisión al órgano competente —la Comisión Disciplinaria— para que se pronuncie. Todavía no hay decisión al respecto. 

Una situación similar se dio el pasado octubre con el juez Eloy Velasco. De nuevo los vocales progresistas y la presidenta Perelló instaron al Promotor a abrirle un expediente por sus descalificaciones a la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”. Ese expediente también está pendiente de resolución.

Las diligencias contra el juez Peinado

En un estadio anterior se encuentra la investigación abierta al juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año y medio a la mujer del presidente del Gobierno. En este caso, la queja partió del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que denunció que el juez había actuado de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en ese caso y cuando, después, pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. 

El Promotor acordó el pasado junio abrir una diligencia informativa contra el magistrado, un paso casi automático cuando se recibe una denuncia. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados, que incluye la petición de informes a órganos judiciales. 

La diligencia informativa funciona como un filtro de seguridad: una fase preliminar que permite separar las quejas infundadas o sobre cuestiones puramente judiciales de aquellas conductas que realmente requieren un castigo disciplinario. De hecho, la mayoría de esas diligencias informativas se acaban archivando. En 2024, el promotor dictó 362 acuerdos de archivo y solo abrió 24 expedientes disciplinarios, de los que únicamente los 11 citados acabaron en sanción. 

En 2024, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa fue de 97 días. De abrirse expediente, la media de resolución está cercana a los 200 días. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, por lo que algunas fuentes dudan de que el procedimiento, en caso de expediente, pueda llegar a concluirse.

Tras la lectura completa de la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial seguida contra el que en ese momento era fiscal general del Estado, y sin ánimo de ser exhaustivo, por lo que excluyo el comentario sobre las cuestiones previas planteadas que serán importantes en sucesivas instancias, debo manifestar mi decepción con el relato de hechos de la mayoría, como con la valoración probatoria que conduce al pronunciamiento condenatorio anticipado por el tribunal en inusual y perturbadora práctica judicial. Resultaría agotador glosar toda la sentencia que incluye el voto discrepante de dos magistradas, partidarias de absolver al acusado, por lo que me centraré en dos cuestiones que me han llamado poderosamente la atención.

Tanto la mayoría proclive a la condena como las firmantes del voto particular efectúan sus propios relatos de hechos probados, siendo destacable la diferencia que existe en el detalle con el que se describe el momento exacto en que se atribuye a Álvaro García Ortiz la filtración del correo electrónico al periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos.

En el pronunciamiento de la mayoría –folios 18 in fine y folios 19 de la sentencia–, se resume el hecho de la siguiente manera: “La información recopilada, concretamente, el correo electrónico de 2 de febrero, fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte del Sr. García Ortiz, al periodista de la Cadena SER, D. Miguel Ángel Campos, lo que permitió que, en el programa Hora 25, se difundiera un avance informativo (23:25 horas) que afirmaba: '(...) El abogado del novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que se declara culpable para evitar el juicio”.

En el voto particular –folios 194 in fine y 195 de la sentencia–, se describe así el contacto de periodista y fiscal general del Estado: “D. Miguel Ángel Campos fue el primer periodista en difundir el contenido del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 y lo hizo a las 23:20 horas del 13 de marzo en el programa Hora 25 de la Cadena SER, tras conseguir que su fuente le autorizara a difundirlo, después de las 23 horas, y no sin antes, sobre las 21 h, intentar hablar con D. Carlos Neira, llamada que no fue atendida. D. Miguel Ángel Campos también intentó, previamente, a las 21:38 horas, contactar telefónicamente con el Fiscal General del Estado D. Álvaro García Ortiz, pero este ni atendió ni devolvió la llamada. Durante la noche del 13 de marzo y la madrugada del 14 de marzo de 2024 el Fiscal General del Estado no tuvo ningún tipo de comunicación con el periodista D. Miguel Ángel Campos. Sí consiguió, en cambio, el Sr. Campos hablar con Dña. Mar Hedo, quien se limitó a decirle que se publicaría una nota informativa al día siguiente. Esa misma información se la facilitó Dña. Mar Hedo a otros periodistas que también llamaron en esas horas a la Fiscalía General del Estado”. 

Uno y otro relato resultan de la percepción y valoración por parte de los integrantes del Tribunal de las pruebas practicadas en su presencia, resultando muy llamativo cómo el hecho que sustenta la condena es muy genérico y no entra en detalles, mientras que el que fundamenta la absolución minoritaria es muy preciso en determinar que periodista y fiscal no pudieron hablar y que la información de que se redactaría una nota informativa le fue transmitida no por Álvaro García Ortiz, sino por la persona encargada de su redacción con la colaboración reconocida del propio acusado.

Pero mucho más llamativa es la afirmación como hecho probado de que la filtración la hizo el fiscal general personalmente o a través de un tercero, cuando de la valoración probatoria que se recoge en la fundamentación jurídica ni siquiera se alude a quién pudiera ser ese tercero o tercera que actuó con indicación y control directo del acusado. Tan categórica y trascendente cuestión se deja ayuna de prueba, con lo que esa omisión cobra especial importancia para concluir que no concurrió prueba suficiente practicada en el plenario que sustente la condena del fiscal general del Estado sin infringir la doctrina que informa que la existencia de duda razonable obliga a un pronunciamiento absolutorio.  

Interesante es la cumplida fundamentación que la sentencia realiza acerca del derecho al secreto profesional de los periodistas que comparecieron ante el tribunal y manifestaron su voluntad de ejercer tal derecho sin revelar sus fuentes, aunque hubo pronunciamientos explícitos que excluían al acusado de tal condición de ser la fuente primigenia del secreto o la información reservada que la sentencia dice haberse quebrantado. La cita de abundante doctrina jurisprudencial relacionada con el respeto absoluto que la resolución dice hacer del derecho argumentado no impide al redactor, y consecuentemente a quienes con él comparten la decisión mayoritaria, distinguir, en el último párrafo de la fundamentación, entre testigos de primera categoría –los fiscales que no gozan de ese derecho y que, por tanto, deben responder a cuanto se les pregunta, pensando sin duda en el testimonio de Almudena Lastra, prueba de cargo incontestable– y testigos de segunda en cuanto pueden eludir aquella parte del interrogatorio que pueda afectar al derecho al que vengo haciendo referencia.

Si mi explicación no fuera lo suficientemente clara, me permito reproducir el párrafo concreto en que la sentencia descarga de valor probatorio al testimonio de los periodistas frente a otros testimonios que sustentan el pronunciamiento condenatorio:

“Estas consideraciones enmarcan de alguna forma y condicionan la valoración de esas testificales que, por lo demás, han ayudado también al Tribunal, como se verá, a formar su convicción. Pero no es idéntica la forma de enfrentarse a un interrogatorio de alguien consciente de su derecho al secreto y su deber protegido constitucionalmente de lealtad a sus fuentes, que la de otras personas que carecen de válvulas de escape similares y que declaran conscientes de su deber de contestar a todas las preguntas que se les dirijan sin poder eludirlas, tampoco con subterfugios. Y pensamos significadamente en los miembros del Ministerio fiscal que prestaron declaración: en ellos -tanto los que proporcionaron datos que favorecían la estrategia procesal del acusado, como algunos que aportaron elementos elocuentes que han alimentado la convicción de este Tribunal- es para este Tribunal muy difícil imaginar ni siquiera una concesión a la mendacidad, o apartamiento consciente y deliberado de la realidad. Sobra apostillar que en el acusado, en todo caso, ha de prevalecer su derecho constitucional a no declararse culpable”.

En el voto particular de las magistradas discrepantes se hace también cumplida referencia a la regulación legal y jurisprudencial sobre el derecho al secreto profesional de los periodistas y sobre el valor de su testimonio y sitúa el debate en su punto justo: con el subterfugio de testigos de primera y testigos de segunda, la sentencia mayoritaria evita pronunciarse sobre si la declaración de los profesionales de la información faltó a la verdad, lo que no pasa desapercibido para Ana Ferrer y Susana Polo, cuando en las páginas 207 in fine y 208 afirman: “Por último, conviene apuntar que (...) la sentencia mayoritaria no acuerda deducir testimonio contra los citados periodistas, pese, aunque no lo diga expresamente, a no creer sus afirmaciones, pues no se tienen en cuenta como prueba de descargo”.

Para qué atribuir un presunto delito de falso testimonio a quienes ejercen un derecho teniendo la posibilidad, bien que un tanto bizarra, de distinguir entre la calidad de unos y otros testigos. En el razonamiento contenido en los folios 145 y 146 de la resolución se afirma que no se discute la credibilidad de los periodistas, pero se niega su valor de prueba de descargo, sin dar la menor explicación de por qué la sospecha de una fiscal, Almudena Lastra, tiene superior valor probatorio, cuando una y otros tuvieron que jurar o prometer decir la verdad a lo que se les preguntara y debieron ser advertidos por el presidente del Tribunal acerca de las consecuencias de faltar a la verdad en causa penal. Al igual que con los testigos de alta y baja calidad, nos hallamos ante una categoría de nueva creación entre faltar a la verdad y no dudar de la credibilidad, pero negarla de facto, dando a entender que los periodistas faltaron a la verdad, sin vincular consecuencia legal alguna a dicha conducta.

Valgan todas estas consideraciones previas para llegar a la cuestión nuclear de la prueba que sustenta el pronunciamiento condenatorio, que no es otra que una sucesión de sospechas y suposiciones, que se califican de indicios y sobre los que se construye un relato de hechos que se dicen sancionables conforme a lo dispuesto en el artículo 417.1 del Código Penal. Despreciando la prueba directa constituida por la declaración de los periodistas que, antes del día de autos, tuvieron acceso al contenido del correo de fecha 2 de febrero entre Alberto González Amador, sin atreverse a afirmar que los periodistas mienten en lo declarado, con una fórmula novedosa consistente en no dudar de la credibilidad de su testimonio, para, a continuación despreciar absolutamente su relato sin justificar esa decisión.

El Tribunal mayoritario afirma que, para poder condenar, no debe aparecer de la prueba practicada duda razonable acerca de la culpabilidad del acusado: “Esta declaración parte, como hemos dicho, del examen de su licitud, de la regularidad en su práctica, de la inmediación, contradicción efectiva, publicidad y oralidad, y del sentido razonable de cargo, afirmando una declaración fáctica que incida sobre el hecho y la participación en el mismo de la persona acusada, sin albergar duda razonable, pues la duda, en el derecho penal, favorece al reo (principio in dubio pro reo)”.

De la testifical de los periodistas –insisto: en su condición de prueba directa– se desprende no ya una duda razonable, sino la convicción de que el fiscal general del Estado no filtró, por él o por persona interpuesta no identificada y sobre la que no se hace la menor valoración probatoria, información alguna sobre la que pesara el deber de sigilo que se dice quebrantado, y su desprecio por el Tribunal resulta en la infracción del principio general de que la duda debe favorecer al reo, lo que obligaba a la absolución de Álvaro García Ortiz del delito por el que ha sido condenado.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia contra el Fiscal General del Estado -hecho público en tiempo récord, antes incluso de redactarse la sentencia completa- es uno de esos momentos. Y, sinceramente, es difícil no ver en este gesto un golpe de Estado de puñetas, un avance decidido de un poder judicial que, -casualmente-, 50 años después de la muerte del sanguinario dictador, Franco, sigue funcionando con lógicas y lealtades que la Transición nunca se atrevió a tocar.

Lo que está pasando no es un hecho aislado, ni un simple desacuerdo jurídico. Tiene el olor, el color y el ritmo de algo más grande. Lo ha dicho Esther Palomera: “Miedo es poco”. Y esta frase tan sencilla, me persigue desde que la he leído porque describe perfectamente la sensación de estar asistiendo a un movimiento coordinado, silencioso por momentos, pero implacable. Una ofensiva.

Ignacio Escolar también lo explica con claridad meridiana cuando dice que este proceso no es solo una resolución judicial cuestionable -que también-, sino el último episodio, por ahora, de una serie de decisiones adoptadas desde juzgados que se han convertido en trincheras ideológicas. Escolar habla de un “doble rasero” intolerable, de un patrón de actuación que, en vez de proteger la justicia, la utiliza como ariete político. Y la verdad es que cuesta no estar de acuerdo cuando vemos que determinadas causas se aceleran con una urgencia febril mientras otras se duermen en cajones que parecen no tener fondo.

Y es que todo encaja demasiado bien. El asalto político-mediático-judicial que lleva años fraguando la extrema derecha más rancia (PP) y el neofascismo de VOX se ha ido desplegando como una estrategia militar: primero desgastar, luego desacreditar y, finalmente, expulsar del tablero a quien se atreva a desafiar sus bulos, sus intereses o su poder. A veces lo hacen con lo que al principio parecen estridencias (“el que pueda hacer, que haga”), que luego ves que son órdenes precisas. Y otras lo hacen con la frialdad quirúrgica y la seguridad que da saber que tienen una gran parte del aparato judicial alineado con su proyecto (“va p’alante”). 

Pero lo que más duele, lo que más enfada, es la otra mitad de la historia: la izquierda ensimismada, fragmentada, entretenida en disputas internas sobre quién es más puro, más auténtico, más de izquierdas. Mientras la derecha afila las herramientas de su particular “golpe blando”, nosotros seguimos perdiendo un tiempo valiosísimo en debates estériles, incapaces de articular una respuesta conjunta ante un ataque que nos apunta directamente a todos los que representamos -o defendemos- cualquier mínimo avance social o democrático y aquí incluyo también a los nacionalistas.

Quien lo ha expresado con una claridad casi brutal ha sido Gabriel Rufián que no se ha quedado en la queja o la protesta moral sino que ha sabido ir más allá diciendo que, además de indignarnos, hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que no basta con lamentarse cada vez que un juez conservador toma una decisión con tintes políticos, sino que la solución pasa, en primer lugar, por transformar las estructuras que permiten estas anomalías. Y tiene razón. Hace falta una reforma profunda, valiente, que por fin democratice un poder judicial que lleva décadas funcionando sin control democrático real, impermeable a la renovación y colonizado por sectores ultraconservadores.

A esto se suma -y conviene escucharlo con atención- lo que ha señalado el ministro Óscar López que, con un tono más institucional, ha enviado un mensaje muy claro al decir que no se trata solo de valorar un fallo, sino de proteger las instituciones de maniobras que pueden alterar el equilibrio entre los poderes del Estado. López ha advertido de la gravedad del precedente, de lo que significa que un tribunal publique un fallo sin sentencia, de cómo esa práctica deteriora la confianza pública y puede convertirse en una herramienta para condicionar políticamente a la Fiscalía, al Gobierno o a cualquier institución incómoda para ciertos intereses. Su preocupación me ha parecido un aviso. Y no conviene ignorarlo.

Porque, además, hay algo profundamente simbólico en lo que está pasando. Cincuenta años después de la muerte del dictador, seguimos soportando un poder judicial donde ciertos nombres, ciertas estructuras y ciertas inercias actúan como si nunca hubiese habido ruptura democrática. Y, como me decía esta mañana una querida compañera, ya va siendo hora -hace décadas que lo es-, de afrontar ese elefante en medio de la sala: la Transición dejó sin tocar el poder judicial. Y ese error histórico vuelve ahora para mordernos con rabiosa ferocidad.

Lo inquietante es que hoy las amenazas a la democracia no llegan con tanques ni con marchas militares; llegan con togas, autos, filtraciones a medida y tiempos procesales que se ajustan con sospechosa exactitud a los calendarios políticos. Son golpes sin ruido, sin sangre… pero golpes, al fin y al cabo. Golpes de puñetas.

Y frente a eso no valen las medias tintas. Hace falta firmeza, unidad y una izquierda capaz de levantar la cabeza y responder con la fuerza democrática que este momento exige. No basta con indignarse en redes. No basta con discursos inflamados en el Congreso. Ni siquiera con artículos de opinión más o menos graves. Hay que organizarse, defender la separación de poderes de verdad y blindar las instituciones frente a quienes quieren apropiárselas, aunque es posible que ya vayamos tarde.

Porque, si no lo hacemos ahora, quizá dentro de unos años recordemos estos días y pensemos, como decía Palomera: “miedo es poco”.

El organigrama de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias se va completando con el nuevo equipo que encabeza el fiscal superior Gabriel Bernal del Castillo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en su edición de este viernes el decreto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del pasado 31 de octubre, por el que se nombra fiscal delegado de Delitos Económicos de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias al fiscal Javier Marqués Ouviaño.

Su nombramiento responde a la propuesta de designación efectuada por el fiscal superior para que ocupara el cargo que él mismo había desempeñado hasta su nombramiento al frente de la Fiscalía.

Era el candidato al cargo

Una vez que la plaza quedó vacante, el fiscal superior comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. La única solicitud presentada fue la de Javier Marqués Ouviaño.

El 7 de octubre, Gabriel Bernal presentó la propuesta de designación para que el fiscal Javier Marqués ocupara el cargo tras constatar que reunía los requisitos necesarios y teniendo en cuenta “sus acreditados y extensos méritos, capacidad y competencia en la materia”, según ha confirmado la Fiscalía asturiana.

Mediante un informe, fechado el pasado 21 de octubre, el fiscal de Sala de la Unidad Especializada de Delitos Económicos de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción a su designación e informó en el mismo sentido el Consejo Fiscal.

Un amplio currículo

Javier Marqués Ouviaño (Oviedo, 1977) ingresó en la carrera fiscal en 2005 y está destinado en Asturias desde el año 2007, adonde llegó tras una estancia de dos años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Entre otras funciones, desde su llegada al Principado desempeñó la labor de fiscal adjunto de Medio Ambiente y Urbanismo (entre 2007 y 2016), ha estado adscrito a la jurisdicción social y a varias especialidades de la jurisdicción penal, entre ellas menores, familia e incapacidades, y colaboró en la sección de Delitos Económicos. 

Especialidades

Es, además, miembro de la Sección de delitos contra la Administración Pública y fiscal delegado de Memoria Democrática y Derechos Humanos del Principado de Asturias.

Javier Marqués forma parte del Comité Técnico de la comunidad autónoma para la recuperación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Empieza la recta final del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se le investiga por un delito de revelación de secretos: el de la supuesta filtración de un correo electrónico de Alberto González Amador, en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso confesaba un fraude fiscal de 350.000 euros.

Este martes han declarado Eugenio Ribón Seisdedos, decano de la abogacía madrileña —que interpuso las primeras denuncias del caso—, Miguel Ángel Campos, redactor de tribunales de la Cadena SER, y José Manuel Romero, entonces subdirector de El País y hoy director adjunto de elDiario.es. Ambos periodistas han afirmado que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general. Por la tarde comparecerán los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que entraron en el despacho del fiscal general.