La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció este lunes en una entrevista en el programa La noche en 24 horas de TVE que la Fiscalía presentará su propio recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que condenó a su predecesor, Álvaro García Ortiz.

“Recientemente, me planteó la teniente fiscal del Tribunal Supremo [María Ángeles Sánchez Conde] su intención de interponer un recurso de amparo y, por lo tanto, lo que he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal del Supremo para la interposición de ese recurso”, afirmó Peramato. En paralelo, la Abogacía del Estado, que representó a García Ortiz en el proceso, tiene intención de presentar su propio recurso antes de que acabe el mes de marzo, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. 

El pasado febrero, el Tribunal Supremo rechazó anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado. El Alto Tribunal consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de una multa y una indemnización.

La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que solo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que darán ahora la Fiscalía y García Ortiz. En su recurso de nulidad ante el Supremo, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. 

La teniente fiscal del Supremo, por su parte, sostuvo que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

García Ortiz se incorporó hace unas semanas como fiscal a la Sección Social del Supremo tras la decisión de Peramato de no expulsarle de la carrera tras su condena. La fiscal general argumentó que, al no haber sido condenado a prisión, debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que solo pierden su condición si hay prisión.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura acogió la conferencia de la fiscal extremeña Inés Herreros Hernández con motivo de la celebración de San Raimundo de Peñafort, patrón de las y los juristas. En un auditorio cargado de simbolismo personal y profesional, la actual vocal del Consejo General del Poder Judicial ofreció una intervención marcada por la emoción y por una firme defensa del humanismo jurídico como eje vertebrador del Estado de derecho.

Herreros, nacida en Barcelona en 1974 en el seno de una familia cacereña y formada en esta misma Facultad entre 1992 y 1997, construyó su intervención como un recorrido vital. Desde sus años de estudiante hasta su paso por la Carrera Fiscal —a la que accedió en 2003— y su actual responsabilidad institucional, la jurista reivindicó una forma de ejercer el derecho que trascienda la aplicación “fría y aséptica” de la norma y sitúe la dignidad humana como fundamento y fin último del ordenamiento jurídico.

“La ley no puede convertirse en coartada de los poderes establecidos”, sostuvo ante el alumnado y el claustro, en una ponencia que combinó memoria personal, reflexión jurídica y posicionamiento público ante algunos de los grandes desafíos contemporáneos.

De Cáceres a Canarias: el choque con la realidad migratoria

Su primer destino como fiscal en Las Palmas de Gran Canaria marcó un punto de inflexión. Allí, explicó, se enfrentó a la realidad de las migraciones y de los menores extranjeros no acompañados. Describió situaciones de internamiento de familias en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y denunció déficits estructurales en la protección de menores.

Desde la Fiscalía impulsó actuaciones que, según relató, llevaron al cierre de siete centros de protección de menores en Gran Canaria y a la salida de familias completas de CIE. Aquellas decisiones, que defendió como coherentes con el principio de dignidad humana y el interés superior del menor, le costaron , según explicó, la retirada de sus competencias en esa materia durante un tiempo.

Esa etapa, lejos de suponer un repliegue, la llevó a profundizar en el estudio del impacto del derecho sobre personas situadas en los márgenes sociales: migrantes, víctimas de trata, personas empobrecidas o con problemas de salud mental. También reforzó su compromiso asociativo en la Unión Progresista de Fiscales, que presidió entre 2021 y 2023.

Memoria democrática y carencias educativas

Uno de los momentos más críticos de la intervención llegó al abordar lo que definió como una “gran carencia” en su formación: la ausencia de contenidos sobre la historia democrática española y extremeña. Desde su experiencia personal, creció frente al monumento conocido como la Cruz de los Caídos en Cáceres, lamentó haber tardado décadas en conocer episodios como la masacre de Badajoz, los campos de concentración franquistas en Extremadura o la existencia de más de 200 fosas comunes en la región.

Su paso en 2023 por la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática reforzó, afirmó, la convicción de que educar en democracia no es opcional. “La democracia no es una forma de organización política lineal que solo tiende a la mejora”, advirtió, subrayando la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones el valor y la fragilidad de las conquistas democráticas.

Perspectiva de género y transformación del derecho

Herreros también dedicó un amplio tramo de su intervención a la violencia de género, ámbito en el que se especializó a partir de 2012. Reconoció que durante años el sistema judicial trabajó sin formación específica suficiente y defendió que “sin perspectiva de género no hay eficacia” en la persecución de estos delitos.

En ese proceso de transformación profesional destacó su colaboración con la Fundación ECCA y su implicación en redes de juristas que incorporaron el análisis del artículo 14 de la Constitución, igualdad entre mujeres y hombres, como eje interpretativo transversal. Subrayó que la incorporación de nuevas miradas no ha supuesto desplazar las formas tradicionales, sino complementarlas para ofrecer un servicio público más justo y eficaz.

Afganistán, Sáhara y la crisis del orden internacional

La fiscal relató asimismo la operación impulsada desde la Unión Progresista de Fiscales tras la caída de Kabul en 2021 para facilitar el asilo en España a mujeres fiscales afganas perseguidas por los talibanes. Tras un año de gestiones infructuosas, viajó a Pakistán junto a otras juristas para recabar testimonios y presionar institucionalmente. Finalmente, lograron la llegada a España de 30 mujeres y sus familias.

Esa experiencia le sirvió para reflexionar sobre los “espacios de no-derecho” y sobre la necesidad de acción colectiva cuando las garantías fallan. En la misma línea, criticó la ineficacia del derecho internacional en conflictos como el Sáhara Occidental y lanzó una advertencia sobre Gaza, cuya situación calificó como una amenaza para la credibilidad de las democracias occidentales y del sistema internacional de derechos humanos.

“El respeto a la dignidad es nuestro único seguro de vida”

En el tramo final de la conferencia, Herreros apeló directamente al estudiantado. Reivindicó el estudio riguroso, el pensamiento crítico y el compromiso con el servicio público. “El respeto por la dignidad del ser humano es nuestro único seguro de vida”, afirmó.

El acto concluyó con un agradecimiento a la Facultad de Derecho y a la comunidad jurídica extremeña, y con una cita de José Saramago que sintetizó el sentido de su intervención: la memoria y la responsabilidad como pilares de la existencia democrática: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”.

La conferencia dejó en el aire una idea clara: el derecho, entendido como herramienta de transformación y no como mero engranaje técnico, sigue siendo un campo de disputa ética y política donde la dignidad humana debe ocupar el centro.

Elisa Mouliaá cambia de criterio y anuncia ahora a los medios que seguirá como acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra el exdiputado Íñigo Errejón. Ante las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, la actriz ha expresado su indignación con el reciente escrito de conclusiones en el que la Fiscalía afirma que “no hay delito”, al que ha atribuido su rectificación. “He decidido que voy a continuar adelante en el procedimiento porque es deleznable que la Fiscalía haya escrito un escrito de absolución diciendo que además sí hubo consentimiento”, ha dicho Mouliáa a los medios visiblemente nerviosa.

Mouliaá ha anunciado que va “a ir hasta el final”. La actriz ha asegurado que está sufriendo por atreverse a haber dicho “la verdad para proteger a las mujeres”. “No me he inventado una sola coma (...) Ninguna víctima se merece esto por haber dado la cara”, ha añadido. La actriz denunció en octubre de 2024 que el exdiputado la había agredido sexualmente tres años antes. Hace sólo seis días, Mouliaá había anunciado a través de sus redes sociales que renunciaba a seguir en la causa. En su mensaje adjuntaba un pantallazo de un escrito presentado al juzgado en el que alegaba “razones estrictamente personales y de salud”. 

Sin embargo, ese escrito no estaba firmado por su abogado y su procurador “como es preceptivo”, por lo que el instructor de la causa, Adolfo Carretero, requirió a la actriz que subsanara ese defecto para dar trámite a su petición de archivo. Le advirtió de que, si no lo hacía, el procedimiento continuaría al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado el escrito de acusación en el que había reclamado tres años de cárcel para que el fuera portavoz parlamentario de Sumar. 

El pasado noviembre, el juez Adolfo Carretero propuso sentar en el banquillo al exportavoz de Sumar al considerar que existen “indicios” de que agredió sexualmente a Mouliaá. Según el magistrado, propinó a la actriz “un beso inconsentido” y le realizó “tocamientos sexuales con un leve forcejeo”. Errejón impugnó esa decisión ante los jueces de la Audiencia Provincial, que tenían previsto reunirse este lunes para deliberar sobre su recurso. Los magistrados, sin embargo, optaron por dirigirse a Carretero para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación e instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

La Fiscalía también ha pedido el archivo de la causa y ha anunciado que, si finalmente hay juicio, pedirá su libre absolución. El Ministerio Público sostiene que no hay pruebas de que Errejón “fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante” de que ella no deseaba esa relación. En su escrito de conclusiones, del pasado enero y conocido esta semana, la fiscal afirma que la actriz no puso “oposición” cuando el exdiputado le dio un primer beso y que, después, él accedió cuando ella le dijo que parara porque no le estaba agradando un encuentro sexual debido a la “premura” y “vehemencia” con la que él estaba actuando. 

Este martes, el instructor había citado a Errejón para notificarle la apertura de juicio oral en su contra pero suspendió la citación por “seguridad jurídica”. La defensa del exparlamentario solicita la suspensión de una comparecencia judicial y el archivo definitivo de la causa basándose en la renuncia de la denunciante.

El posible indulto a Álvaro García Ortiz no le permitirá recuperar todo el dinero que ya ha abonado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso tras la condena de dos años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por la filtración de su confesión de fraude fiscal. La ley del indulto excluye la obligación de responder civilmente, lo que deja fuera la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia. Respecto a la pena de multa de 7.200 euros que García Ortiz también ha consignado ya, esa norma detalla que solo se le devolverá si lo recoge “expresamente” el decreto del Gobierno. 

Aunque el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, el perdón total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas— está supeditado a que haya un informe favorable del órgano sentenciador. En este caso, de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar las cantidades económicas que el ex fiscal general ya ha abonado ante el Tesoro Público. 

Además, aunque el Ejecutivo le concediera la medida de gracia total, se da por seguro que el ex fiscal general no regresará a la cúpula del Ministerio Público, donde le sustituyó Teresa Peramato. También seguirá abierta la vía del posible recurso de amparo al Tribunal Constitucional, donde su defensa buscará revertir la condena por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales. 

Miguel Ángel Cabellos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona, explica que el recurso de amparo ante el tribunal de garantías mantendría el sentido si el indulto es parcial, al quedar “una parte de las penas en pie”. Pero también en caso de perdón total porque “esa totalidad no puede abarcar la indemnización”. 

Informe del Supremo

Precisamente esta semana, el Ministerio de Justicia activó el procedimiento para estudiar una primera petición de indulto al solicitar al alto tribunal que realice su informe. Tras recabar la posición de la Fiscalía, los magistrados expondrán si consideran que hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. 

En caso de informe desfavorable, seguirá existiendo la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas las todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

Algunas fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el informe de la Sala de lo Penal será contrario al indulto, por lo que solo podrá ser parcial. Así, estas fuentes auguran que la inhabilitación podría quedarse en seis o 12 meses en lugar de los 24 que fijó la sentencia. Se da por hecho que García Ortiz no regresará en ningún caso a dirigir el Ministerio Público, lo que limita las consecuencias prácticas del indulto en un caso como este, en el que no hay pena de cárcel. 

Otras fuentes creen que el posible indulto —aunque sea parcial— sí puede suponer su blindaje en su nuevo destino en la Fiscalía de la Sala de lo Social del Supremo ante las impugnaciones que ya han empezado a llegar a la Fiscalía General. Entre ellas, la del propio González Amador, que ha recurrido el decreto por el que Peramato permitió el regreso a la carrera de García Ortiz con el argumento de que la pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión. 

Está por ver, además, si el empresario también recurrirá la concesión del indulto si finalmente se produce aunque fuentes del Supremo explican que su hipotético recurso no frenaría la ejecución del indulto. El catedrático Cabellos explica que podría hacerlo “alegando estar afectado en sus derechos e intereses legítimos”. Este jurista recuerda que el Supremo ha establecido en su jurisprudencia que quien ha ejercido en un proceso la acusación particular —como es el caso de González Amador— tiene un interés legítimo en que la pena se cumpla y, por tanto, tendría la necesaria legitimación para poder impugnar el indulto.

No sería el caso de las acusaciones populares personadas en la causa. El Supremo ya lo dejó claro en el caso de los indultos del procés tras los recursos presentados por varios partidos políticos. Entre ellos, Vox, que había sido acusación popular. “Haber sido parte en el previo proceso penal no entraña de manera ineludible que se produzca la afectación por la concesión del indulto, porque dicha afectación no surge (...) por la sentencia que impone la condena, sino de la resolución que otorga el indulto de la pena ya impuesta”, dijeron entonces los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

Además, el Supremo ha definido en varias sentencias hasta qué punto es recurrible esta medida de gracia. Por ejemplo, en la sentencia que anuló el indulto que el Gobierno de Mariano Rajoy había concedido a un conductor kamikaze, los magistrados de esa misma Sala afirmaron que su revisión no puede extenderse a “la decisión de indultar o no indultar”. 

En otra sentencia posterior, de 2018, la misma Sala dijo que el Gobierno es libre para elegir y valorar las razones de “justicia, equidad y utilidad pública” —los tres motivos recoge la ley— que les llevan aprobar esa medida. Y advirtieron, no obstante, que esas razones han de “guardar la necesaria coherencia con los hechos que constituyen su soporte fáctico” y esto sí puede ser comprobado para “descartar todo atisbo de arbitrariedad”. 

El Tribunal Constitucional ha anulado las sentencias del Tribunal Supremo que frenaron, hasta en dos ocasiones, el ascenso del fiscal Eduardo Esteban a la categoría de fiscal jefe de sala de menores. El pleno, con el voto en contra de los conservadores, ha estimado los recursos de este antiguo portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y critica que el Supremo tumbara su nombramiento sin explicar por qué los criterios de la entonces fiscal general, Dolores Delgado, no eran adecuados. Esas sentencias, concluye el Constitucional, perjudicaron a Esteban frente al candidato que promovía la asociación conservadora.

El ascenso de Eduardo Esteban es el primero de los múltiples choques que se dieron entre la sala tercera del Tribunal Supremo y la Fiscalía General. Los jueces tumbaron su nombramiento como fiscal de sala de menores de Esteban, que entre otros destinos había trabajado en el Tribunal Constitucional y había sido fiscal provincial de Madrid, destino en el que el PP llegó a acusarle de “acosar” al partido. La fiscal general, Dolores Delgado, volvió a ascender a Esteban y el Supremo, en una segunda sentencia, volvió a tumbar el ascenso.

La sala de lo contencioso estimó los recursos tanto de otro aspirante, José Miguel de la Rosa, como de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales que le había apoyado en varios intentos fallidos de ascenso. De la Rosa fue uno de los juristas invitados por el PP al Congreso de los Diputados en febrero del año pasado y fue fiscal jefe de la Secretaría Técnica, uno de los cargos más altos que se pueden ostentar dentro del Ministerio Público, con Consuelo Madrigal, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar durante los últimos tres años de Mariano Rajoy en el Gobierno.

El Tribunal Supremo anuló los dos ascensos de Eduardo Esteban apuntando directamente a los criterios que había esgrimido la fiscal general para primar su candidatura por encima de la de José Miguel de la Rosa. “No elijo un candidato, elijo un modelo”, llegó a justificar entonces Dolores Delgado. La propia Consuelo Madrigal, recordó, había sido fiscal de sala de menores durante más de un lustro sin tener experiencia en la materia. La respuesta del Supremo fue cuestionar las prioridades de Delgado y anular el ascenso de Eduardo Esteban.

Esas decisiones del Supremo no fueron unánimes. Pilar Teso, por ejemplo, firmó votos particulares en los que acusó a sus compañeros de sala de condicionar los nombramientos discrecionales de la Fiscalía. Ahora es el Tribunal Constitucional el que corrige por partida doble a esta sala del Supremo al entender que sus sentencias rechazaron el criterio de la fiscal general “sin explicitar otro parámetro jurídico de control que el perfil bien determinado de la plaza”. Es decir, sin explicar qué impedía a Delgado valorar de forma conjunta más criterios que la especialización en materia de menores.

Las sentencias del Supremo que por dos veces anularon el ascenso de Eduardo Esteban, concluye el Constitucional, se saltaron “el régimen legal de nombramiento discrecional” y dio un trato “desigualitario” a este candidato por estar menos especializado en menores que otros. El Supremo, zanja ahora el Constitucional, decidió que la mayor especialización era un “mérito excluyente”, perjudicando a Eduardo Esteban. La decisión, con ponencia de Ramón Sáez, ha salido adelante con los votos en contra del sector conservador y tras las abstenciones de Cándido Conde-Pumpido, que fue superior de Esteban, y de César Tolosa, que era juez del Supremo en ese momento.

La batalla entre el Supremo y la Fiscalía

Las dos sentencias que ahora anula el Tribunal Consitucional fueron el primero de muchos enfrentamientos entre la Fiscalía y la sala tercera del Tribunal Supremo durante los mandatos de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Estas dos resoluciones fueron recibidas con estupor en la calle Fortuny y fueron previas a las dos que anularon los ascensos de la propia Delgado, primero como fiscal de sala de lo militar y después de memoria democrática.

El mismo Constitucional tiene pendientes todavía los recursos que Delgado presentó contra las anulaciones de sus ascensos. Mientras tanto, el próximo paso será saber qué efectos prácticos tienen estas sentencias del tribunal de garantías en la situación de Eduardo Esteban, que tras su segundo ascenso fallido volvió a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. La sentencia explica que se le repone la categoría de fiscal de sala, pero no el puesto concreto de coordinador de menores que ya fue adjudicado a otro fiscal después.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cerró sin sanción más de la mitad de los expedientes disciplinarios abiertos a jueces y magistrados en 2024, último año del que existen datos disponibles. Durante ese ejercicio, el órgano de gobierno de los jueces abrió un total de 24 expedientes, de los que 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, principalmente por retrasos en la tramitación y resolución de procedimientos. Los 13 restantes fueron archivados, en su mayor parte porque no se acreditó que los hechos fueran susceptibles de reproche disciplinario o porque se trataba de jueces sustitutos que ya no formaban parte de la bolsa cuando se analizaron los hechos, según los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es. 

El órgano de gobierno de los jueces tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones.

Sin embargo, no es posible saber ni la identidad de los sancionados ni una somera descripción de los hechos que acarrearon las medidas disciplinarias. Fuentes del CGPJ sostienen que no procede publicar su identidad porque es un dato “reservado y sensible” y no existe ninguna norma que dé cobertura a su difusión. La ley del Poder Judicial establece que las sanciones se anotan en el expediente personal de cada juez, pero no prevé ningún tipo de publicidad al respecto. Esta misma norma contempla la cancelación de las anotaciones en un plazo determinado —que varía en función de la gravedad de la falta apreciada— y establece que esa cancelación “borrará el antecedente a todos los efectos”.

La sanción más grave impuesta en 2024 fue la suspensión de funciones durante un año en un caso considerado muy grave de “desatención o retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas”, según el artículo 417.9 de la ley del Poder Judicial. La Fiscalía pidió en ese caso una sanción superior, de un año y medio, pero la Comisión Disciplinaria acordó que fuera de 12 meses. Por ese mismo artículo fueron castigados con la suspensión de empleo y sueldo otros tres miembros de la carrera judicial, que fueron sancionados a cinco meses, cuatro meses y un mes, respectivamente.  

Además, hubo otras cinco sanciones consideradas graves que derivaron en multas económicas de entre 3.000 y 600 euros, en función de los hechos analizados. Cuatro lo fueron también por retrasos injustificados y una por incumplir la obligación de elaborar una relación de asuntos pendientes cuando se cambia de destino. Asimismo, se registraron otras dos sanciones leves que se sustanciaron con multas económicas. Una por el incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución, que fue multada con 400 euros. Y otra por desatención o desconsideración con los ciudadanos o con el personal del juzgado, que acarreó una multa de 300 euros. 

Respecto a los 13 expedientes archivados, cinco de ellos lo fueron porque no se acreditó que los hechos analizados tuvieran una responsabilidad disciplinaria. En otros cuatro casos, el archivo se produjo porque el expediente se había abierto contra jueces sustitutos y, en el momento de resolución, que suele ser meses después de que se inicie el procedimiento, ya no formaban parte de la bolsa. También hubo archivos por prescripción o por el hecho de que el juez investigado ya había perdido su condición de miembro de la carrera judicial o se encontraba aquejado de una enfermedad. 

La legislación establece que corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria la recepción de quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios. Si propone la apertura de un expediente debe dar traslado a la Comisión Disciplinaria, que tiene la última palabra sobre las sanciones. La decisión de no iniciar expediente o de archivar el ya iniciado requiere el examen de la Comisión Permanente. El magistrado Ricardo Conde ocupa desde 2017 el puesto de Promotor. Su mandato expiró cuando cesó el anterior CGPJ, pero fue elegido de nuevo en diciembre de 2024. 

Expedientes sin sanción

Uno de esos expedientes que acabaron sin sanción en 2024 fue el abierto al juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó en sus redes sociales “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “personificación del deshonor” al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y “siervo mentiroso patológico” al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

El argumento fue que no se había podido acreditar que hubieran invocado su condición profesional cuando vertió esos descalificativos en su perfil de Twitter y que se había limitado a hacer uso de su derecho a expresarse como mero ciudadano. Entonces, el órgano llegó incluso a pedir al legislador una revisión de los tipos disciplinarios contemplados en la ley del Poder Judicial para poder sancionar este tipo de conductas. 

Ante la ausencia de una regulación expresa, el órgano determinó que para cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional debían darse dos premisas: que el comentario tuviera carácter sancionable —una “falta grave de consideración respecto de los ciudadanos o instituciones”, por ejemplo— y que en el momento de hacerlo su autor hubiera invocado “expresamente” su condición profesional para avalar su opinión. 

Este juez se enfrenta ahora a la apertura de otro expediente por nuevos comentarios en sus redes en los que acusó a Sánchez de “golpismo” y llamó “Barbigoña” a su mujer, Begoña Gómez. Los votos de los vocales progresistas y de la presidenta Isabel Perelló obligaron el pasado octubre al Promotor a abrir un expediente a este magistrado. La mayoría de la Comisión Permanente rechazó su pretensión de archivar de plano la investigación abierta y no abrirle un expediente.  

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican que la Permanente consideró el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados, y que era la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que estimó conveniente derivar la decisión al órgano competente —la Comisión Disciplinaria— para que se pronuncie. Todavía no hay decisión al respecto. 

Una situación similar se dio el pasado octubre con el juez Eloy Velasco. De nuevo los vocales progresistas y la presidenta Perelló instaron al Promotor a abrirle un expediente por sus descalificaciones a la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”. Ese expediente también está pendiente de resolución.

Las diligencias contra el juez Peinado

En un estadio anterior se encuentra la investigación abierta al juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año y medio a la mujer del presidente del Gobierno. En este caso, la queja partió del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que denunció que el juez había actuado de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en ese caso y cuando, después, pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. 

El Promotor acordó el pasado junio abrir una diligencia informativa contra el magistrado, un paso casi automático cuando se recibe una denuncia. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados, que incluye la petición de informes a órganos judiciales. 

La diligencia informativa funciona como un filtro de seguridad: una fase preliminar que permite separar las quejas infundadas o sobre cuestiones puramente judiciales de aquellas conductas que realmente requieren un castigo disciplinario. De hecho, la mayoría de esas diligencias informativas se acaban archivando. En 2024, el promotor dictó 362 acuerdos de archivo y solo abrió 24 expedientes disciplinarios, de los que únicamente los 11 citados acabaron en sanción. 

En 2024, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa fue de 97 días. De abrirse expediente, la media de resolución está cercana a los 200 días. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, por lo que algunas fuentes dudan de que el procedimiento, en caso de expediente, pueda llegar a concluirse.

Tras la lectura completa de la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial seguida contra el que en ese momento era fiscal general del Estado, y sin ánimo de ser exhaustivo, por lo que excluyo el comentario sobre las cuestiones previas planteadas que serán importantes en sucesivas instancias, debo manifestar mi decepción con el relato de hechos de la mayoría, como con la valoración probatoria que conduce al pronunciamiento condenatorio anticipado por el tribunal en inusual y perturbadora práctica judicial. Resultaría agotador glosar toda la sentencia que incluye el voto discrepante de dos magistradas, partidarias de absolver al acusado, por lo que me centraré en dos cuestiones que me han llamado poderosamente la atención.

Tanto la mayoría proclive a la condena como las firmantes del voto particular efectúan sus propios relatos de hechos probados, siendo destacable la diferencia que existe en el detalle con el que se describe el momento exacto en que se atribuye a Álvaro García Ortiz la filtración del correo electrónico al periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos.

En el pronunciamiento de la mayoría –folios 18 in fine y folios 19 de la sentencia–, se resume el hecho de la siguiente manera: “La información recopilada, concretamente, el correo electrónico de 2 de febrero, fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte del Sr. García Ortiz, al periodista de la Cadena SER, D. Miguel Ángel Campos, lo que permitió que, en el programa Hora 25, se difundiera un avance informativo (23:25 horas) que afirmaba: '(...) El abogado del novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que se declara culpable para evitar el juicio”.

En el voto particular –folios 194 in fine y 195 de la sentencia–, se describe así el contacto de periodista y fiscal general del Estado: “D. Miguel Ángel Campos fue el primer periodista en difundir el contenido del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 y lo hizo a las 23:20 horas del 13 de marzo en el programa Hora 25 de la Cadena SER, tras conseguir que su fuente le autorizara a difundirlo, después de las 23 horas, y no sin antes, sobre las 21 h, intentar hablar con D. Carlos Neira, llamada que no fue atendida. D. Miguel Ángel Campos también intentó, previamente, a las 21:38 horas, contactar telefónicamente con el Fiscal General del Estado D. Álvaro García Ortiz, pero este ni atendió ni devolvió la llamada. Durante la noche del 13 de marzo y la madrugada del 14 de marzo de 2024 el Fiscal General del Estado no tuvo ningún tipo de comunicación con el periodista D. Miguel Ángel Campos. Sí consiguió, en cambio, el Sr. Campos hablar con Dña. Mar Hedo, quien se limitó a decirle que se publicaría una nota informativa al día siguiente. Esa misma información se la facilitó Dña. Mar Hedo a otros periodistas que también llamaron en esas horas a la Fiscalía General del Estado”. 

Uno y otro relato resultan de la percepción y valoración por parte de los integrantes del Tribunal de las pruebas practicadas en su presencia, resultando muy llamativo cómo el hecho que sustenta la condena es muy genérico y no entra en detalles, mientras que el que fundamenta la absolución minoritaria es muy preciso en determinar que periodista y fiscal no pudieron hablar y que la información de que se redactaría una nota informativa le fue transmitida no por Álvaro García Ortiz, sino por la persona encargada de su redacción con la colaboración reconocida del propio acusado.

Pero mucho más llamativa es la afirmación como hecho probado de que la filtración la hizo el fiscal general personalmente o a través de un tercero, cuando de la valoración probatoria que se recoge en la fundamentación jurídica ni siquiera se alude a quién pudiera ser ese tercero o tercera que actuó con indicación y control directo del acusado. Tan categórica y trascendente cuestión se deja ayuna de prueba, con lo que esa omisión cobra especial importancia para concluir que no concurrió prueba suficiente practicada en el plenario que sustente la condena del fiscal general del Estado sin infringir la doctrina que informa que la existencia de duda razonable obliga a un pronunciamiento absolutorio.  

Interesante es la cumplida fundamentación que la sentencia realiza acerca del derecho al secreto profesional de los periodistas que comparecieron ante el tribunal y manifestaron su voluntad de ejercer tal derecho sin revelar sus fuentes, aunque hubo pronunciamientos explícitos que excluían al acusado de tal condición de ser la fuente primigenia del secreto o la información reservada que la sentencia dice haberse quebrantado. La cita de abundante doctrina jurisprudencial relacionada con el respeto absoluto que la resolución dice hacer del derecho argumentado no impide al redactor, y consecuentemente a quienes con él comparten la decisión mayoritaria, distinguir, en el último párrafo de la fundamentación, entre testigos de primera categoría –los fiscales que no gozan de ese derecho y que, por tanto, deben responder a cuanto se les pregunta, pensando sin duda en el testimonio de Almudena Lastra, prueba de cargo incontestable– y testigos de segunda en cuanto pueden eludir aquella parte del interrogatorio que pueda afectar al derecho al que vengo haciendo referencia.

Si mi explicación no fuera lo suficientemente clara, me permito reproducir el párrafo concreto en que la sentencia descarga de valor probatorio al testimonio de los periodistas frente a otros testimonios que sustentan el pronunciamiento condenatorio:

“Estas consideraciones enmarcan de alguna forma y condicionan la valoración de esas testificales que, por lo demás, han ayudado también al Tribunal, como se verá, a formar su convicción. Pero no es idéntica la forma de enfrentarse a un interrogatorio de alguien consciente de su derecho al secreto y su deber protegido constitucionalmente de lealtad a sus fuentes, que la de otras personas que carecen de válvulas de escape similares y que declaran conscientes de su deber de contestar a todas las preguntas que se les dirijan sin poder eludirlas, tampoco con subterfugios. Y pensamos significadamente en los miembros del Ministerio fiscal que prestaron declaración: en ellos -tanto los que proporcionaron datos que favorecían la estrategia procesal del acusado, como algunos que aportaron elementos elocuentes que han alimentado la convicción de este Tribunal- es para este Tribunal muy difícil imaginar ni siquiera una concesión a la mendacidad, o apartamiento consciente y deliberado de la realidad. Sobra apostillar que en el acusado, en todo caso, ha de prevalecer su derecho constitucional a no declararse culpable”.

En el voto particular de las magistradas discrepantes se hace también cumplida referencia a la regulación legal y jurisprudencial sobre el derecho al secreto profesional de los periodistas y sobre el valor de su testimonio y sitúa el debate en su punto justo: con el subterfugio de testigos de primera y testigos de segunda, la sentencia mayoritaria evita pronunciarse sobre si la declaración de los profesionales de la información faltó a la verdad, lo que no pasa desapercibido para Ana Ferrer y Susana Polo, cuando en las páginas 207 in fine y 208 afirman: “Por último, conviene apuntar que (...) la sentencia mayoritaria no acuerda deducir testimonio contra los citados periodistas, pese, aunque no lo diga expresamente, a no creer sus afirmaciones, pues no se tienen en cuenta como prueba de descargo”.

Para qué atribuir un presunto delito de falso testimonio a quienes ejercen un derecho teniendo la posibilidad, bien que un tanto bizarra, de distinguir entre la calidad de unos y otros testigos. En el razonamiento contenido en los folios 145 y 146 de la resolución se afirma que no se discute la credibilidad de los periodistas, pero se niega su valor de prueba de descargo, sin dar la menor explicación de por qué la sospecha de una fiscal, Almudena Lastra, tiene superior valor probatorio, cuando una y otros tuvieron que jurar o prometer decir la verdad a lo que se les preguntara y debieron ser advertidos por el presidente del Tribunal acerca de las consecuencias de faltar a la verdad en causa penal. Al igual que con los testigos de alta y baja calidad, nos hallamos ante una categoría de nueva creación entre faltar a la verdad y no dudar de la credibilidad, pero negarla de facto, dando a entender que los periodistas faltaron a la verdad, sin vincular consecuencia legal alguna a dicha conducta.

Valgan todas estas consideraciones previas para llegar a la cuestión nuclear de la prueba que sustenta el pronunciamiento condenatorio, que no es otra que una sucesión de sospechas y suposiciones, que se califican de indicios y sobre los que se construye un relato de hechos que se dicen sancionables conforme a lo dispuesto en el artículo 417.1 del Código Penal. Despreciando la prueba directa constituida por la declaración de los periodistas que, antes del día de autos, tuvieron acceso al contenido del correo de fecha 2 de febrero entre Alberto González Amador, sin atreverse a afirmar que los periodistas mienten en lo declarado, con una fórmula novedosa consistente en no dudar de la credibilidad de su testimonio, para, a continuación despreciar absolutamente su relato sin justificar esa decisión.

El Tribunal mayoritario afirma que, para poder condenar, no debe aparecer de la prueba practicada duda razonable acerca de la culpabilidad del acusado: “Esta declaración parte, como hemos dicho, del examen de su licitud, de la regularidad en su práctica, de la inmediación, contradicción efectiva, publicidad y oralidad, y del sentido razonable de cargo, afirmando una declaración fáctica que incida sobre el hecho y la participación en el mismo de la persona acusada, sin albergar duda razonable, pues la duda, en el derecho penal, favorece al reo (principio in dubio pro reo)”.

De la testifical de los periodistas –insisto: en su condición de prueba directa– se desprende no ya una duda razonable, sino la convicción de que el fiscal general del Estado no filtró, por él o por persona interpuesta no identificada y sobre la que no se hace la menor valoración probatoria, información alguna sobre la que pesara el deber de sigilo que se dice quebrantado, y su desprecio por el Tribunal resulta en la infracción del principio general de que la duda debe favorecer al reo, lo que obligaba a la absolución de Álvaro García Ortiz del delito por el que ha sido condenado.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia contra el Fiscal General del Estado -hecho público en tiempo récord, antes incluso de redactarse la sentencia completa- es uno de esos momentos. Y, sinceramente, es difícil no ver en este gesto un golpe de Estado de puñetas, un avance decidido de un poder judicial que, -casualmente-, 50 años después de la muerte del sanguinario dictador, Franco, sigue funcionando con lógicas y lealtades que la Transición nunca se atrevió a tocar.

Lo que está pasando no es un hecho aislado, ni un simple desacuerdo jurídico. Tiene el olor, el color y el ritmo de algo más grande. Lo ha dicho Esther Palomera: “Miedo es poco”. Y esta frase tan sencilla, me persigue desde que la he leído porque describe perfectamente la sensación de estar asistiendo a un movimiento coordinado, silencioso por momentos, pero implacable. Una ofensiva.

Ignacio Escolar también lo explica con claridad meridiana cuando dice que este proceso no es solo una resolución judicial cuestionable -que también-, sino el último episodio, por ahora, de una serie de decisiones adoptadas desde juzgados que se han convertido en trincheras ideológicas. Escolar habla de un “doble rasero” intolerable, de un patrón de actuación que, en vez de proteger la justicia, la utiliza como ariete político. Y la verdad es que cuesta no estar de acuerdo cuando vemos que determinadas causas se aceleran con una urgencia febril mientras otras se duermen en cajones que parecen no tener fondo.

Y es que todo encaja demasiado bien. El asalto político-mediático-judicial que lleva años fraguando la extrema derecha más rancia (PP) y el neofascismo de VOX se ha ido desplegando como una estrategia militar: primero desgastar, luego desacreditar y, finalmente, expulsar del tablero a quien se atreva a desafiar sus bulos, sus intereses o su poder. A veces lo hacen con lo que al principio parecen estridencias (“el que pueda hacer, que haga”), que luego ves que son órdenes precisas. Y otras lo hacen con la frialdad quirúrgica y la seguridad que da saber que tienen una gran parte del aparato judicial alineado con su proyecto (“va p’alante”). 

Pero lo que más duele, lo que más enfada, es la otra mitad de la historia: la izquierda ensimismada, fragmentada, entretenida en disputas internas sobre quién es más puro, más auténtico, más de izquierdas. Mientras la derecha afila las herramientas de su particular “golpe blando”, nosotros seguimos perdiendo un tiempo valiosísimo en debates estériles, incapaces de articular una respuesta conjunta ante un ataque que nos apunta directamente a todos los que representamos -o defendemos- cualquier mínimo avance social o democrático y aquí incluyo también a los nacionalistas.

Quien lo ha expresado con una claridad casi brutal ha sido Gabriel Rufián que no se ha quedado en la queja o la protesta moral sino que ha sabido ir más allá diciendo que, además de indignarnos, hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que no basta con lamentarse cada vez que un juez conservador toma una decisión con tintes políticos, sino que la solución pasa, en primer lugar, por transformar las estructuras que permiten estas anomalías. Y tiene razón. Hace falta una reforma profunda, valiente, que por fin democratice un poder judicial que lleva décadas funcionando sin control democrático real, impermeable a la renovación y colonizado por sectores ultraconservadores.

A esto se suma -y conviene escucharlo con atención- lo que ha señalado el ministro Óscar López que, con un tono más institucional, ha enviado un mensaje muy claro al decir que no se trata solo de valorar un fallo, sino de proteger las instituciones de maniobras que pueden alterar el equilibrio entre los poderes del Estado. López ha advertido de la gravedad del precedente, de lo que significa que un tribunal publique un fallo sin sentencia, de cómo esa práctica deteriora la confianza pública y puede convertirse en una herramienta para condicionar políticamente a la Fiscalía, al Gobierno o a cualquier institución incómoda para ciertos intereses. Su preocupación me ha parecido un aviso. Y no conviene ignorarlo.

Porque, además, hay algo profundamente simbólico en lo que está pasando. Cincuenta años después de la muerte del dictador, seguimos soportando un poder judicial donde ciertos nombres, ciertas estructuras y ciertas inercias actúan como si nunca hubiese habido ruptura democrática. Y, como me decía esta mañana una querida compañera, ya va siendo hora -hace décadas que lo es-, de afrontar ese elefante en medio de la sala: la Transición dejó sin tocar el poder judicial. Y ese error histórico vuelve ahora para mordernos con rabiosa ferocidad.

Lo inquietante es que hoy las amenazas a la democracia no llegan con tanques ni con marchas militares; llegan con togas, autos, filtraciones a medida y tiempos procesales que se ajustan con sospechosa exactitud a los calendarios políticos. Son golpes sin ruido, sin sangre… pero golpes, al fin y al cabo. Golpes de puñetas.

Y frente a eso no valen las medias tintas. Hace falta firmeza, unidad y una izquierda capaz de levantar la cabeza y responder con la fuerza democrática que este momento exige. No basta con indignarse en redes. No basta con discursos inflamados en el Congreso. Ni siquiera con artículos de opinión más o menos graves. Hay que organizarse, defender la separación de poderes de verdad y blindar las instituciones frente a quienes quieren apropiárselas, aunque es posible que ya vayamos tarde.

Porque, si no lo hacemos ahora, quizá dentro de unos años recordemos estos días y pensemos, como decía Palomera: “miedo es poco”.

El organigrama de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias se va completando con el nuevo equipo que encabeza el fiscal superior Gabriel Bernal del Castillo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en su edición de este viernes el decreto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del pasado 31 de octubre, por el que se nombra fiscal delegado de Delitos Económicos de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias al fiscal Javier Marqués Ouviaño.

Su nombramiento responde a la propuesta de designación efectuada por el fiscal superior para que ocupara el cargo que él mismo había desempeñado hasta su nombramiento al frente de la Fiscalía.

Era el candidato al cargo

Una vez que la plaza quedó vacante, el fiscal superior comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. La única solicitud presentada fue la de Javier Marqués Ouviaño.

El 7 de octubre, Gabriel Bernal presentó la propuesta de designación para que el fiscal Javier Marqués ocupara el cargo tras constatar que reunía los requisitos necesarios y teniendo en cuenta “sus acreditados y extensos méritos, capacidad y competencia en la materia”, según ha confirmado la Fiscalía asturiana.

Mediante un informe, fechado el pasado 21 de octubre, el fiscal de Sala de la Unidad Especializada de Delitos Económicos de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción a su designación e informó en el mismo sentido el Consejo Fiscal.

Un amplio currículo

Javier Marqués Ouviaño (Oviedo, 1977) ingresó en la carrera fiscal en 2005 y está destinado en Asturias desde el año 2007, adonde llegó tras una estancia de dos años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Entre otras funciones, desde su llegada al Principado desempeñó la labor de fiscal adjunto de Medio Ambiente y Urbanismo (entre 2007 y 2016), ha estado adscrito a la jurisdicción social y a varias especialidades de la jurisdicción penal, entre ellas menores, familia e incapacidades, y colaboró en la sección de Delitos Económicos. 

Especialidades

Es, además, miembro de la Sección de delitos contra la Administración Pública y fiscal delegado de Memoria Democrática y Derechos Humanos del Principado de Asturias.

Javier Marqués forma parte del Comité Técnico de la comunidad autónoma para la recuperación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Empieza la recta final del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se le investiga por un delito de revelación de secretos: el de la supuesta filtración de un correo electrónico de Alberto González Amador, en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso confesaba un fraude fiscal de 350.000 euros.

Este martes han declarado Eugenio Ribón Seisdedos, decano de la abogacía madrileña —que interpuso las primeras denuncias del caso—, Miguel Ángel Campos, redactor de tribunales de la Cadena SER, y José Manuel Romero, entonces subdirector de El País y hoy director adjunto de elDiario.es. Ambos periodistas han afirmado que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general. Por la tarde comparecerán los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que entraron en el despacho del fiscal general.

Junts decidió este lunes romper las relaciones con el PSOE, y asegura que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado. El respaldo del partido catalán a las cuentas tampoco estaba garantizado, de todas formas, y el Gobierno asegura que no ve “un cambio sustancial” en la posición de Puigdemont. “Vamos a trabajar como siempre, votación a votación”, dicen desde Moncloa.

Por otro lado, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado elecciones anticipadas en la comunidad para el 21 de diciembre, después de quedar en minoría en el Parlamento al perder el apoyo de Vox. Y este martes se ha reunido el Consejo de Ministros, que ha aprobado la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales, aparta de las acusaciones populares a los partidos políticos y reforma el Estatuto del Ministerio Fiscal.

La memoria de la Fiscalía vasca correspondiente al año 2024 recoge que desde el inicio de ese año la Ertzaintza ha realizado “una amplia campaña de prevención e incautación” en lugares de ocio del llamado “gas de la risa” u óxido nitroso, cuyo consumo se estaba “extendiendo en exceso” en el ocio nocturno de Vitoria. “Existía un gran desconocimiento de la nocividad de dicho consumo, de los efectos secundarios que podían padecerse, así como de la ilegalidad de su venta”, sostiene el documento, publicado el pasado septiembre.

Según informa la Ertzaintza, la comisaría de Vitoria ha iniciado desde 2023 tres investigaciones relacionadas con la compraventa de óxido nitroso. Como resultado, cuatro personas están siendo investigadas por un presunto delito contra la salud pública. La gravedad de estos datos ha llevado a la Policía vasca a poner el foco en su compraventa, al constituir esta un delito contra la salud pública. Hasta el momento se han abierto diligencias por tres delitos de este tipo en la capital vasca, tanto en el interior de locales de ocio nocturno, como en la vía pública, con el resultado de cuatro personas investigadas por los hechos. Su venta y consumo estaría tan integrado en dichos ambientes que se ofertaría junto al consumo de otras sustancias legales como el fumar tabaco en cachimbas, cuando, en realidad, se estaría incurriendo en un delito de tráfico de drogas.

El óxido nitroso es una sustancia cuyo uso está permitido tanto en la industria alimentaria como en la aeroespacial y, también, como medicamento de uso hospitalario bajo prescripción facultativa. Sin embargo, cada vez se está detectando más en las zonas de ocio, donde se utiliza de manera lúdica, lo que puede provocar diferentes reacciones en el organismo de la persona que lo consume tales como, entre otras, alucinaciones, desorientación o desmayos.

Por lo general, se vende en pequeños botes de plata y se inhala. Afecta de manera diferente, según la cantidad inhalada, el peso y estado de salud del consumidor, el nivel de tolerancia y la interacción con otras sustancias o medicamentos. Los efectos inmediatos del gas de la risa incluyen euforia, entumecimiento del cuerpo, sensación de sedación, mareos, risas incontroladas, descoordinación, visión borrosa, confusión, debilidad y cansancio. En los casos más graves se podría llegar a producir la muerte súbita.

En caso de una ingesta excesiva los riesgos son enormes. El efecto del gas puede llevar a una pérdida de presión arterial que puede desencadenar en un desmayo e infarto de miocardio o una hipoxia por falta de oxígeno. Además, el consumo prolongado puede llevar a efectos secundarios como la pérdida de memoria, déficit de vitamina B12, zumbidos en los oídos, entumecimiento de extremidades, espasmos, depresión, debilitamiento del sistema inmunológico, psicosis o dependencia psicológica.

Turismo cannábico de Francia

Otra de las cuestiones en las que pone el foco la Fiscalía, en este caso en Gipuzkoa, es en las asociaciones de consumo de cannabis, donde está permitido consumir dicha sustancia siempre y cuando se realice dentro de los locales que tienen las asociaciones y sean socios. Cuando no ha sido así, se ha investigado si realmente se trata de lugares para la adquisición o compra de cannabis y hachís bajo el subterfugio de haberse hecho previamente socio de la misma. En estos procedimientos, siguiendo la línea marcada en tres sentencias del Tribunal Supremo, se aplica ya junto al delito contra la salud pública, el de asociación ilícita con la consiguiente petición de disolución de la asociación.

La Fiscalía constata, además, que dada la situación fronteriza de Gipuzkoa, la existencia de ciudadanos franceses que cruzan la frontera para adquirir cannabis o hachís en España en las propias asociaciones de cannabis en las que figuran como socios, para, a continuación, regresar a Francia con dicha sustancia, sin consumirla de forma inmediata en el interior de la asociación. Esa práctica es ilícita.

Isabel Díaz Ayuso y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, llevan año y medio desacreditando a los jueces y fiscales que han investigado por fraude fiscal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde la fiscal provincial de Madrid hasta la jueza que ha enviado a Alberto González Amador al banquillo, los ataques de las caras visibles de la Comunidad de Madrid chocan con el discurso del Partido Popular y se suceden ante la pasividad de las asociaciones mayoritarias y conservadoras de jueces y fiscales y del Consejo General del Poder Judicial. 

El último ataque ha llegado a través de la cuenta de la red social X de Miguel Ángel Rodríguez, donde el jefe de gabinete de Ayuso acostumbra a comentar o vaticinar la actualidad de las causas judiciales con dimensión política con expresiones como “pa’lante”. En esta ocasión, ha cargado contra la jueza Carmen Rodríguez-Medel por abrir juicio oral a González Amador, acusado de defraudar 350.000 euros usando facturas falsas.

“Resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto”, escribió Rodríguez. Menos de 24 horas después, el PP de Feijóo desautorizaba las palabras al decir que no creían en el “lawfare”. Por el momento, solo dos asociaciones judiciales han realizado comunicados en defensa de esta magistrada tras el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez: la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. La Asociación Profesional de la Magistratura, que ha cargado con dureza y de forma pública cuando políticos como Pedro Sánchez han criticado a jueces, ha optado por guardar silencio. 

Rodríguez-Medel es la última en una larga lista de funcionarios en recibir los ataques del entorno de Ayuso por su relación con la causa de fraude fiscal de su pareja. La magistrada, provisionalmente encargada de tramitar estas diligencias, ha protagonizado diversas investigaciones relevantes en la última década. Imputó y llevó a juicio a Cristina Cifuentes por el caso Máster desvelado por elDiario.es, también trató sin éxito de que se abriera una causa al exlíder del PP Pablo Casado por otro título dudoso, y finalmente lideró la causa judicial en la que investigó al Gobierno de Pedro Sánchez por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, en las primeras semanas de pandemia. 

La jueza a la que Miguel Ángel Rodríguez define ahora como “hermanita” de un mando de la Guardia Civil ascendido el año pasado fue, por tanto, la magistrada que abrió una causa contra el entonces delegado del Gobierno de Madrid a instancias de un abogado estafador por permitir esa concentración feminista. La causa terminó archivada, pero, por el camino, supuso una de las mayores crisis de la Guardia Civil en democracia y fue usada por el PP y Vox como munición política contra el Gobierno en la pandemia. 

Sin respuesta del Poder Judicial

No se espera que el último embate de Rodríguez tenga respuesta por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya presidenta, Isabel Perelló, sí pidió frenar las “descalificaciones” a los jueces poco después de que el presidente del Gobierno afirmara que algunos miembros de la carrera judicial “hacen política”. Lo hizo en el acto solemne de la apertura judicial, donde insistió en que esas críticas “son inoportunas y rechazables”. Y después de que el bloque conservador del órgano le pidiera visibilizar su “rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo” a raíz de las citadas palabras que Sánchez. 

Las palabras del jefe de gabinete de Ayuso no han gustado a la mayoría de los vocales progresistas, que consideran que “debilitan la confianza en la independencia del Poder Judicial y generan confusión en la ciudadanía al ignorar las reglas básicas del funcionamiento de tribunales”. No obstante, distintas fuentes reconocen que en ningún momento ha estado encima de la mesa la posibilidad de promover ninguna acción coordinada dentro del órgano para reprobar estas consideraciones.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el sentir mayoritario dentro de este sector es que los jueces son servidores públicos que deben estar a expensas de la “crítica razonable”. Y, aunque enmarcan las declaraciones de Rodríguez en un “ataque directo” y “poco acorde con la lealtad institucional” que deberían tener todos los cargos públicos, no creen que el órgano deba reaccionar cada vez que desde el ámbito político se hagan apreciaciones sobre el trabajo de los jueces.

De Hacienda a la fiscal de Madrid

Ayuso y su entorno, con y sin micrófonos, se lanzaron a atacar a cualquier empleado público relacionado con el caso de su pareja la misma mañana en que elDiario.es desveló que había sido denunciado por fraude fiscal. El primer objetivo fue Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y superior jerárquica del fiscal que investigó y denunció al empresario. 

La presidenta madrileña cuestionaba veladamente la posición de la Fiscalía en el caso de su pareja horas antes de que su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, pusiera en circulación el gran bulo del caso: que un fiscal había ofrecido un pacto silencioso a González Amador para zanjar el caso de forma discreta, pero que se había retirado por “órdenes de arriba”. Rodríguez difundió entre decenas de periodistas la mentira poco después de que la presidenta regional pusiera la sombra de la duda sobre Rodríguez. 

Las críticas contra la Fiscalía, desde el fiscal general hasta el fiscal del caso, se han sucedido durante meses sin que la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales o el Consejo Fiscal hayan emitido ningún tipo de comunicado en defensa de sus compañeros. También se han enmarcado en una estrategia más amplia: asegurar que González Amador está siendo “asediado por todo el poder de un Estado” a través de una “inspección fiscal salvaje” y una Fiscalía a la que ha acusado en decenas de ocasiones de actuar a las órdenes de Pedro Sánchez para perjudicar su carrera política a través de su pareja. 

Este mismo martes Ayuso ha insistido en que todo fue una “inspección fiscal” y ha intentado dar a entender que la causa judicial contra su pareja ha avanzado a medida que ha sido necesario para el Gobierno opacar los avances judiciales de las causas contra el fiscal general, la esposa o el hermano de Pedro Sánchez. Los métodos de Ayuso y su entorno chocan con la estrategia del Partido Popular y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que han hecho de su supuesto respaldo a los jueces uno de los ejes de su tarea de oposición al Gobierno.

El fiscal de Medio Ambiente va a iniciar una segunda ronda de responsabilidad ambiental en lo concerniente a los daños ocasionados al Mar Menor y exigirá a la Comunidad que unas diez empresas, de carácter agrícola y ganadero, restauren los perjuicios producidos en la laguna. Así lo ha avanzado este jueves el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, con motivo de la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024.

Precisamente, ha destacado que el apartado de medio ambiente y urbanismo es la sección de la Fiscalía de Murcia donde más diligencias se incoan, con un total de 217, la mayoría de ellas en Murcia y tan solo siete en Cartagena, lo que supone un 34,83% del total.

En lo concerniente al Mar Menor, ha recordado que la primera sentencia fue de conformidad por imprudencia grave y se rebajó la pena a los límites legales.

No obstante, ha señalado que se está a la espera de que la Audiencia Provincial fije fecha para celebrar el juicio oral principal, el más voluminoso, que se ha incoado en el Juzgado de Instrucción de Murcia y que, por el tema del Mar Menor, se derivaron 36 diligencias previas para diferentes autores de conductas de contaminación, de laS que se han formulado diez escritos de acusación por el fiscal, solicitando el archivo en cuatro supuestos.

También se está persiguiendo el tema de contaminación acústica, con dos escritos de acusación y ha recordado que ya consta que de las diez empresas que se iniciaron en esa primera vía de actuación “prácticamente han sido sancionadas todas por parte de la Comunidad en vía administrativa”.

Por el Mar Menor se presentaron en 2024 cuatro escritos de acusación por vertidos ilegales procedentes de desalobradoras, con 36 diligencias incoadas (14 en Cartagena y 22 en San Javier), de las que se formuló escrito de acusación para 10 casos y el archivo de 4, ha reiterado.

Agresiones sexuales a menores

Las agresiones sexuales por parte de adultos a menores de 16 años han aumentado hasta un 131% en los dos últimos años, mientras que los delitos contra la libertad sexual entre menores en ese mismo periodo han crecido un 207%, ha advertido José Luis Díaz Manzanera.

El fiscal ha apuntado que este incremento se debe a que los menores tienen un acceso “cada vez más temprano” a las nuevas tecnologías. Díaz Manzanera se ha mostrado partidario de legislar un mínimo de edad para tener acceso a las redes sociales, al tiempo que hacer responsables a los padres de dichos delitos. En Australia, donde se ha aprobado la legislación más estricta al respecto, los menores no pueden usarlas hasta cumplir 16.

Las nuevas tecnologías también dificultan la investigación policial, ya que “es fácil darse de alta y baja” en redes sociales como Instagram, Facebook o X, lo cual permite “la usurpación de la personalidad”. Por otro lado, al producirse estos ciberdelitos en empresas internacionales, como es el caso de Google en Estados Unidos, se retrasan “mucho” las respuestas a las pesquisas llevadas a cabo por la policía.

Menos delitos de violencia contra la mujer, más pulseras telemáticas

El año pasado, en cambio, se registraron menos delitos relacionados con la violencia contra la mujer, un 7% menos que el curso previo, “según los datos registrados en el programa Fortuny”. Manzanera ha subrayado que de las 55 sentencias absolutorias, la mayoría se han debido al “silencio de la víctima o falta de acusación particular”.

Por otra parte, sí que ha habido un aumento de las pulseras GPS, un dispositivo telemático que usan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para comprobar que se cumplen las órdenes de alejamiento entre víctima y agresor. En la Región, 207 personas llevan este dispositivo. El aumento en el uso de estos dispositivos no es óbice para que también se hayan registrado problemas técnicos que conducen a que las víctimas renuncien a la aplicación de dicha medida.

El Gobierno central ha creado una plaza de juez y fiscal en Murcia y lo mismo en Cartagena para asumir el aumento de carga que se producirá a partir de octubre en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, ya que también juzgarán asuntos que “no se correspondan a las relaciones de pareja o expareja, como es el caso de la trata”. Manzanera se ha lamentado de que estuviera prevista otra plaza en Lorca que, finalmente, se ha asignado a Catalunya.

La comunidad con el menor número de funcionarios

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia es “la primera de España en carga de trabajo y la décima en número proporcional de fiscales”, ha subrayado Díaz Manzanera. A pesar de que la plantilla de fiscales ha aumentado a 70, más otros ocho de refuerzo, “faltan al menos diez fiscales más para equipararnos a la media nacional”.

En cuanto a los funcionarios, la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España con una “ratio” de funcionario-fiscal de 0,45 cuando la media es de 0,64.

Como “éxito rotundo” ha calificado Díaz Manzanera la campaña de apertura de la Fiscalía a la sociedad murciana: el fiscal jefe de Murcia ha explicado a “casi 20.000 chavales” en los centros educativos cómo funciona esta institución, subrayando especialmente “el principio de igualdad” entre sexos, razas o religión.

El fiscal superior de la Región espera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sea “absuelto” en el juicio oral tras la apertura realizada por el magistrado Ángel Hurtado. Díaz Manzanera considera que dicho proceso no afecta a la Fiscalía regional, aunque ha reconocido que este procesamiento “puede afectar a la imagen institucional”.

El enfrentamiento de parte de los jueces con el Gobierno adquiere una nueva dimensión y alcanza a la Corona. La derecha política y judicial ha aprovechado el acto oficial de inicio de curso de los tribunales que se celebra este viernes para promover una nueva ofensiva contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Los principales representantes del PP invitados, con Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, han declinado asistir a un evento presidido por el rey Felipe VI, mientras algunas asociaciones y vocales conservadores del Poder Judicial han reclamado excluir no solo al fiscal general, que está a punto de sentarse en el banquillo para ser juzgado por revelación de secretos, también a los propios miembros del Ejecutivo.

Sánchez reiteró el pasado lunes en una entrevista en TVE una idea que ya había expresado previamente: que una minoría de jueces utiliza los tribunales para “hacer política”. Repitió la declaración al día siguiente, esta vez en el diario británico ‘The Guardian’. La reacción de las asociaciones judiciales, excepto la progresista, fue acusar al presidente del Gobierno de faltar el respeto a los jueces por atribuirles motivaciones políticas. Feijóo también elevó el tono y dijo que Sánchez es “un peligro para España” por “declarar la guerra” a los jueces. 

El PP anunció el miércoles por la tarde la decisión de Feijóo de plantar al jefe del Estado en ese acto. En un principio, el partido alegó problemas de agenda. En concreto, “un compromiso previamente adquirido” que coincide en fecha con el acto institucional que se celebra en la sede del Tribunal Supremo. Ese “compromiso” previo no es otro que un mitin organizado por Ayuso en Arganda del Rey, un municipio del sureste de Madrid.

La causa que tiene al fiscal general al borde del banquillo parte de la supuesta filtración de información confidencial precisamente de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, quien afronta peticiones de hasta cuatro años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsedad documental. Ayer mismo, poco antes del anuncio del plante de Feijóo, la pareja de Ayuso presentó el último recurso que le separa del juicio.

Este jueves Feijóo modificó la cronología y aseguró en declaraciones a la prensa que la invitación del Supremo les llegó “en julio”, casi a la vez que el propio tribunal confirmó “la decisión de procesar al fiscal general”. “El 30 o 31 de julio comunicamos [al Supremo] que entendíamos que no procedía nuestra presencia”, añadió. Y concluyó: “Adicionalmente, propusimos la fecha de inicio del curso en Madrid para ese día”. Es decir, que el acto oficial estaba convocado con anterioridad al del PP de Madrid. Feijóo justificó su ausencia, además, porque entiende que “dentro de las funciones constitucionales del jefe de la oposición no está asistir” a este evento. “No es un mandato”, añadió. 

Más allá de que la Constitución no menciona siquiera la figura de “jefe de la oposición”, Feijóo no es el único dirigente del PP que se ausentará este viernes. Los populares han declinado que los máximos representantes de las instituciones donde gobiernan tampoco acudan. No asistirá la propia Ayuso, que ha enviado en su lugar a su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Miguel Ángel García y al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio. 

Al acto tampoco irá el presidente del Senado y cuarta autoridad del Estado, Pedro Rollán, quien ha alegado “un tema familiar”, pese a que también informó al Supremo de su ausencia ya en julio. Cierra la nómina de ausentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien no avisó hasta el mismo miércoles.

Todos ellos han reiterado en las últimas horas las habituales declaraciones contra el Gobierno. “No puedo validar los ataques y difamaciones del presidente a determinados jueces”, aseguró este jueves Feijóo. “La presencia del fiscal general es una provocación” añadió. “No están a la altura, no merecen estar en los cargos”, sostuvo Almeida. También tuvieron palabras contra Bolaños, al que acusaron de no defender a los jueces. La presencia de los tres se convirtió este jueves en el motivo de la ausencia del PP.

La reacción del Poder Judicial  

Al plantón de Feijóo y otros dirigentes del partido siguió la reacción casi acompasada de las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales y de los vocales del Poder Judicial elegidos a iniciativa del PP. El propio jefe de la derecha española lo verbalizó en su comparecencia ante los medios en una escuela infantil de Guadalajara. 

A primera hora del jueves, las principales asociaciones de la derecha judicial afirmaron en un comunicado que la asistencia de García Ortiz al acto del Supremo “constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado” y le pidieron que no acudiera “por respeto” al rey y a quienes integran las carreras judicial y fiscal. 

Horas después trascendió la ofensiva de los vocales del CGPJ elegidos a iniciativa del PP, que reclamaron por carta a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que pidiera al fiscal general que se ausentara del acto, además de solicitar que apartara al ministro Bolaños de los estrados del Supremo en los que se sitúan el rey Felipe VI y el resto de altas autoridades.

Tras días de conversaciones en los que se llegó a barajar la idea de no asistir, el grupo conservador optó por la “única vía posible” para evidenciar su malestar sin incomodar al jefe del Estado, afirma una fuente de la derecha judicial. Y eso a pesar de que su misiva involucraba directamente al rey al reclamar de forma expresa a la presidenta que le informara de la “situación a efectos de la adecuada coordinación institucional”. 

El propio monarca recibió el miércoles en el Palacio de la Zarzuela al fiscal general, que le entregó la memoria en un acto institucional que se celebra cada septiembre antes de la apertura de los tribunales. En su carta, los vocales pedían el veto de García Ortiz dadas las “actuales circunstancias”, en referencia a su procesamiento. Pero la petición no se quedó ahí. También reclamaron a la presidenta del CGPJ que visibilizara su “rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en los estrados”. Se referían, en este punto, a las palabras de Sánchez sobre los jueces. 

Fuentes judiciales cuestionan el movimiento de estos vocales por la compleja situación institucional en la que deja a la presidenta del CGPJ y del Supremo, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue elegida pero que ha evitado posicionarse con la izquierda en las cuestiones más controvertidas. “Es un papel muy ingrato”, sostiene una fuente del grupo progresista.

Al cierre de esta edición, la carta no había tenido respuesta pública por parte de Perelló. En el grupo conservador asumen que la presidenta desplegará este viernes un discurso netamente institucional, aunque esperan que deslice alguna alusión velada que pueda interpretarse como una crítica a las declaraciones de Sánchez que fueron respaldadas después por Bolaños. 

Es habitual que la presidenta haga en sus discursos alusiones genéricas a la importancia de la independencia judicial, aunque sin referirse a cuestiones concretas. El pasado junio, después de que el Gobierno enmarcara la causa del fiscal general en la ofensiva “de algunos jueces” contra el Sánchez, Perelló afirmó que “cuestionar” a “jueces concretos” es “impropio” de una democracia, aunque evitó referirse a esa alusión del Ejecutivo. 

En el bloque progresista, por su parte, esperan que Perelló haga un discurso medido, que contribuya a calmar los ánimos y ponga en valor el trabajo realizado en este primer año de mandato. Vocales de este sector creen que, de lo contrario, la presidenta “entraría en una dinámica que no le va a beneficiar”. La mayoría de los vocales de este bloque suscribieron este jueves una carta en la que respaldaban la presencia de García Ortiz y Bolaños y reclamaban “lealtad constitucional”. 

A pesar de las informaciones que los últimos días han abordado la posibilidad de algún tipo de plante que mostrara el malestar por la asistencia del fiscal general al acto sin que supusiera un desplante al rey, todas las fuentes consultadas descartan acciones evidentes de boicot. “Con la carta de los vocales se ha hecho todo lo que se podía hacer”, resume una fuente de la derecha judicial. 

El rey, avisado el mismo miércoles

Feijóo dijo el jueves que, además de avisar al Tribunal Supremo, informó a “la Casa”, en referencia a Felipe VI, quien preside el acto de inicio del año judicial y en nombre de quien se imparte justicia en España, según la Constitución. La Casa del Rey confirma que, efectivamente, fueron informados de la ausencia. Pero, según Zarzuela, el PP avisó este miércoles, el mismo día en el que se remitió el comunicado a los medios.

Y hasta ahí llega la reacción oficial de la Casa del Rey. “No vamos a hacer comentarios”, apuntan desde Zarzuela a elDiario.es. “El rey preside el acto solemne porque es su obligación. El PP se puso en contacto ayer mismo [por el miércoles] y comunicó que no iba a asistir”, zanjan las mismas fuentes.

Feijóo se esforzó el jueves en mostrar en público su “absoluto respeto” y “lealtad” a Felipe VI. Pero no es la primera vez que el líder del PP se ausenta de un acto presidido por el rey. El pasado junio se borró del evento organizado por el Real Instituto Elcano para conmemorar el 40º aniversario de la adhesión de España a la UE. También entonces alegó la presencia de Pedro Sánchez como motivo para plantar al jefe del Estado.

“El factor humano está detrás de la mayor parte de los incendios forestales, ya sea de manera accidental, intencionada o negligente”, explica año tras año la Fiscalía de Medio Ambiente. Sin embargo, aunque los siniestros investigados policialmente se cuentan por miles cada curso, los sospechosos identificados y las sentencias judiciales son escasas.

En general, dos tercios de todos los siniestros que se registran son conatos de menos de una hectárea o “carecen de interés policial”, dicen los fiscales, bien porque no presentaron carácter de delito, no tuvieron incidencia sobre la seguridad ciudadana o no afectaron a terceras personas.

Pero aun así, la siniestralidad es tan alta y es tan alto el porcentaje de siniestros que han sido causados por humanos que, tras filtrar los incendios, todavía son varios miles los que sí requieren investigación –este jueves la Guardia Civil ha informado de que el “efecto lupa” de unos residuos acumulados sin autorización están detrás del incendio Puercas (Zamora)–.

Las causas humanas de un incendio van desde los accidentes –en los que no era previsible que se provocara–, a las negligencias –cuando se realiza una actividad que puede terminar en fuego o no se han tomado medidas de seguridad– o la intención, es decir, “acciones cuyo fin es la generación de un incendio” como la quema de rastrojos o clareos de pastos sin autorización.

En 2020, por ejemplo, la Guardia Civil investigó más de 3.000 incendios, pero esclareció 827 y pudo detener o investigar a 360 sospechosos: uno por cada 9 siniestros investigados. En 2019, fue uno por cada siete (investigaron 2.800 y esclarecieron 797). En 2018 fue un detenido o investigado por cada cinco siniestros indagados. Los datos aparecen en las memorias de la Fiscalía de Medio Ambiente de aquellos años –en las más recientes la información de esclarecimiento no aparece–.

“Queda mucho por hacer en cuanto a la respuesta al delito de incendio y la impunidad”, reflexiona la responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla, quien recuerda que el Código Penal “prevé penas de hasta 20 años de prisión, pero los jueces nunca, hasta ahora, han impuesto una condena de esa dimensión”.

Algunos juristas añaden que el tipo de incendio forestal está descrito en el Código Penal de una manera excesivamente “difusa”, lo que deja un margen de discrecionalidad que puede derivar en penas leves o incluso absoluciones.

Queda mucho por hacer en cuanto a la respuesta al delito de incendio y la impunidad. Es fundamental que haya mayor dotación y esfuerzo para la investigación. Que la Guardia Civil y los agentes forestales puedan investigar porque, si no, lo que tenemos es ruido

Mónica Parrilla — Responsable de la campaña de incendios de Greenpeace

El abogado especializado en medio ambiente Eduardo Gil cuenta que el “derecho ambiental –y una buena práctica jurídica– deberían actuar como herramientas para terminar con la impunidad en los casos de delitos ecológicos e incendios forestales”. Y añade que “conseguir condenas efectivas y una constructiva jurisprudencia haría de cortafuegos para evitar nuevos incendios y posibilitaría condenas ejemplares para sus responsables”.

Entre 2013 y 2023, los fiscales de medio ambiente presentaron una media de 172 acusaciones al año por delito de incendio forestal. Los jueces y magistrados dictaron en ese mismo periodo un promedio anual de 121 sentencias condenatorias y unas 32 absolutorias.

La cuestión es que un presunto delito que puede aparecer en cualquier punto de un territorio de unas 28 millones de hectáreas de superficie forestal como tiene España presenta escollos: “Es bien conocido que los incendios son hechos de difícil indagación y sobre los que concurren además dificultades probatorias específicas”, puede leerse en una instrucción de la Fiscalía General del Estado.

La doctrina fiscal detalla cómo en materia de incendios “convergen distintas modalidades de actuación delictiva y ante unas casi infinitas motivaciones del fuego y de su extensión, la propia destrucción que el incendio provoca hace desaparecer parte o la totalidad de las evidencias que pueden llevar a descubrir a los responsables”.

El derecho ambiental –y una buena práctica jurídica– deberían actuar como herramientas para terminar con la impunidad en los casos de delitos de incendios forestales. Las condenas efectivas y una constructiva jurisprudencia harían de cortafuegos para evitar nuevos incendios

Eduardo Gil — Abogado ambientalista

Así que, aunque las instrucciones indican que los fiscales “procurarán que las investigaciones policiales y judiciales se ejecuten con exhaustividad, vigilando especialmente el acopio y preparación adecuada del material probatorio para el acto del juicio oral”, las dificultades hacen que “el resultado de la investigación policial puede resultar desalentador”.

En este sentido, durante el decenio 2006-2015 (el último periodo con datos definitivos del Ministerio de Transición Ecológica), de los 69.000 incendios intencionados, pudieron identificarse 1.300 causantes.

Con todo, el letrado Eduardo Gil relata que, según su experiencia del día a día en los juzgados, “los equipos de investigación de incendios forestales acreditan cada vez con mayor precisión la intencionalidad del incendio y quiénes han sido los autores”. Y que, a medida que se avanza en “la especialización” de los investigadores, “aumenta el número de casos en los que se consiguen pruebas de cargo”.

Por su parte, Mónica Parrilla insiste en que “es fundamental que haya mayor dotación y esfuerzo para la investigación. Para que sea eficaz, coordinada y con medios que pongan a disposición de la justicia a los presuntos culpables. Que el Seprona de la Guardia Civil y los agentes forestales puedan investigar porque, si no, lo que tenemos es ruido”.

El Ministerio de Justicia se ha dirigido por carta a las asociaciones de jueces y fiscales que este jueves se quejaban de que no se les hubiera detraído el sueldo correspondiente por su huelga de hace un mes. El secretario de Estado, Manuel Olmedo, recuerda en esta misiva que es el “pagador” pero no el “empleador” de estos funcionarios y lamenta que “no existen mecanismos autónomos para conocer de manera fehaciente y oficial el nombre de las personas que hicieron huelga esos días” e invita a estas asociaciones, la mayoría de corte conservador, a enviar un listado de jueces y fiscales para poder restar ese dinero de su nómina.

Todas las asociaciones y fiscales, salvo la Unión Progresista de Fiscales y Juezas y Jueces para la Democracia, fueron a la huelga con paros convocados entre el 1 y el 3 de julio. Una protesta contra las reformas recientes impulsadas por el departamento que dirige Félix Bolaños: los cambios en el acceso a ambas carreras, y la reforma de la regulación de la Fiscalía para facilitar que los fiscales se hagan con las investigaciones en el futuro. También por abrir la puerta a regularizar a más de un millar de jueces sustitutos.

Las asociaciones convocantes cifraron el seguimiento de la huelga en un 70% mientras que desde el Ministerio de Justicia se planteó un problema: no había manera de saber de forma fehaciente y exacta cuántos jueces y fiscales habían hecho huelga. Ese problema se trasladó a otro de los puntos básicos de una huelga: sería a coste cero para los juristas. El antecedente de la huelga de 2018 recordaba que la Audiencia Nacional terminó obligando a Justicia a devolver 200 euros a cada juez al no ser el competente.

Este jueves, el Ministerio de Félix Bolaños ha comunicado públicamente cuántos jueces y fiscales comunicaron formalmente su adhesión a los paros y, por tanto, los que perderán esa fracción de su sueldo: un juez y 28 fiscales. La respuesta de las asociaciones convocantes fue un comunicado acusando al Ministerio de un “burdo ejercicio de propaganda y manipulación”. No detraerles el sueldo, añadían, “no solo transmite a la ciudadanía la falsa impresión de que esta huelga no ha tenido efectos económicos, sino que también invisibiliza nuestra movilización”.

La respuesta del secretario de Estado ha llegado por carta a primera hora de este viernes. Recuerda que los datos que han difundido vienen del Consejo General del Poder Judicial –que recordó que a día de hoy una huelga de jueces y fiscales “carece de soporte normativo”– y de la Fiscalía, además de las gerencias territoriales del Ministerio.

“Esto impide cualquier detracción de haberes adicional a las antes mencionadas”, añade el comunicado remitido este viernes a las asociaciones que secundaron la huelga. E invita a estas asociaciones a remitir listados “verificados y autorizados” si los tienen “tal y como han manifestado públicamente”. “Les solicitamos que lo envíen al CGPJ y la Fiscalía General o bien directamente a este Ministerio a la mayor brevedad para proceder a la deducción de salario”.

El Ministerio de Justicia que dirige el Félix Bolaños ha informado de que solo un juez y 28 fiscales han comunicado oficialmente su participación en la huelga que tuvo lugar del 1 al 3 de julio contra varias reformas del Gobierno en materia de Justicia, renunciando así a su salario y a la cotización a la Seguridad Social por no haber trabajado.

La huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Pero en el caso de jueces y fiscales está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. Por ejemplo, son los propios huelguistas los que fijan los servicios mínimos. En las cinco convocatorias previas —con gobiernos del PP y del PSOE— quienes las secundaron no perdieron la parte del salario correspondiente a ese día, como le ocurre al resto de trabajadores. Su paro sólo quedó reflejado a efectos estadísticos. Lo mismo ha ocurrido en esta ocasión salvo para las 29 personas que sí han informado de su participación.

En un comunicado, Justicia ha detallado que transcurrido un mes desde el paro convocado por diferentes asociaciones judiciales y fiscales, un total de 29 personas han comunicado oficialmente su participación, entre ellos un juez, que informó directamente a las gerencias territoriales del Ministerio, y de 28 fiscales, que lo hicieron a la Fiscalía General del Estado.

En total, según la información obtenida por el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía, “el número de personas que secundaron el paro y a quienes se les practicará la correspondiente deducción salarial” son un juez de un total de 6.259 (un 0,01%); y 28 fiscales de un total de 3.185 (un 0,87%), de los cuales 19 lo secundaron 3 días, 1 lo secundó 2 días y 8 lo secundaron tan solo 1 día.

“Como es sabido, el derecho a huelga implica algunos deberes para cualquier persona trabajadora. Uno de ellos es comunicar que se secunda la protesta al organismo pagador, ya que la huelga supone la suspensión de la relación laboral, por lo que no se percibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social durante ese período”, ha recordado Justicia en su escrito.

Por ello, el Ministerio solicitó al CGPJ y a la Fiscalía que se le informase de los jueces y fiscales que no acudían a su puesto de trabajo entre el 1 y el 3 de julio con el fin de conocer el seguimiento de la convocatoria y “detraer el salario de quienes la secundasen”.

“Una comunicación imprescindible, además, para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el Ministerio es el organismo pagador de sus nóminas y, consecuentemente, quien tiene que practicar la correspondiente detracción de haberes”, han proseguido desde la cartera que dirige Félix Bolaños.

Las asociaciones dicen que hubo in 70% de seguimiento

El 0,1% y el 0,87% de jueces y fiscales que han comunicado el seguimiento de la huelga contrasta con la cifra aportada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) --todas menos las progresistas--, en que fue de un 70%.

En un comunicado conjunto, las convocantes del paro explicaron que “esta estimación se fundamenta en los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de secundar la huelga”.

En cambio, Justicia, apoyándose en “los datos oficiales facilitados al Ministerio por los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, referidos al conjunto del territorio de cada una de sus comunidades autónomas”, situó el seguimiento total de la huelga en un 31%.

Las asociaciones protestaron contra las reformas del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía al entender que atentan contra la independencia judicial y, por ende, contra el Estado de Derecho, algo que el departamento que dirige Félix Bolaños niega, al tiempo que insiste en que los cambios son “imprescindibles” para modernizar la administración de justicia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado no han recabado datos sobre el seguimiento de la primera jornada de huelga convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales, lo que impide al Ministerio de Justicia descontar el salario a quienes han secundado el paro. Ante la ausencia de datos oficiales, las entidades convocantes elevan la participación al 75% de los jueces y fiscales que estaban este martes en activo, si bien la jornada transcurrió con normalidad en una parte significativa de los juzgados y fiscalías del país, tal y como ha podido comprobar elDiario.es. El Gobierno ha mostrado su “respeto” a la huelga y ha reiterado su defensa de la “reforma modernizadora” impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que antes de las 14 horas de este martes le informaran de los jueces y fiscales que han secundado la huelga convocada por todas las asociaciones menos las progresistas. El objetivo era “conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden”. Según el Ministerio, esta comunicación “es necesaria para asegurar el buen uso de los fondos públicos”, ya que el ministerio es el organismo pagador, afirman fuentes gubernamentales. Fuentes de Justicia han explicado que a las 18 horas “ni el CGPJ, ni la Fiscalía, ni las asociaciones de jueces y fiscales han comunicado al Ministerio ningún dato de una sola persona que haya secundado el paro”.

La Comisión Permanente del CGPJ se reunió el lunes y acordó mantener el criterio adoptado en el pleno el pasado jueves, que determinó que el ejercicio de este derecho por parte de los jueces carece de “soporte” legal y dio por no “anunciada” la convocatoria. La Fiscalía General del Estado adoptó una posición similar. Ninguna de estas instituciones está recabando datos de participación. El CGPJ se ha limitado a reclamar a los tribunales autonómicos que den cuenta de las incidencias que estimen oportunas.

Sin esos datos, el Ministerio de Justicia no podrá descontar los salarios a los huelguistas. En una rueda de prensa, los portavoces de las asociaciones convocantes han defendido que se les debería detraer ese dinero. “Es lo que exigimos desde el año 2009”, ha dicho María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

El CGPJ se aparta así del criterio seguido en la última huelga de jueces y fiscales, que tuvo lugar en 2018, cuando era ministra Dolores Delgado (PSOE). El órgano puso en conocimiento del Ministerio los datos de quienes participaron en la huelga, extraídos de los que estos habían remitido a los órganos de gobierno. Entonces, Justicia descontó por primera vez el salario a quienes secundaron la protesta, pero la Audiencia Nacional falló que el Ministerio no era “competente” para hacerlo y obligó a devolver esas cantidades. El departamento que dirige Félix Bolaños pretendía ahora descontar esos salarios con el argumento de que es imprescindible “para asegurar el buen uso de los fondos públicos”.

La negativa del CGPJ y de la Fiscalía a recabar datos provoca también que las únicas cifras de seguimiento existentes sean las de las asociaciones convocantes, que han afirmado que han secundado el paro el 75% de los jueces y fiscales que están en activo este martes (eliminando jueces sustitutos, bajas, enfermedades, licencias o servicios especiales). Del Barco ha explicado que el dato ofrecido se basa en el número de 'emails' que han recibido en la cuenta de correo electrónico habilitada por el comité de huelga de parte de los jueces y fiscales que han decidido comunicarlo. Se trataba de una comunicación personal y voluntaria.

Normalidad en los juzgados

A pesar de la elevada cifra de seguimiento facilitada por los convocantes, juzgados y tribunales han afrontado esta primera jornada de huelga con aparente normalidad. En el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se han practicado diligencias, declaraciones y juicios previstos en la agenda. Los tres juicios previstos para este martes en el tribunal especial se han celebrado sin ninguna incidencia.

En los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid la incertidumbre ha marcado esta primera jornada. Ni abogados ni funcionarios han recibido comunicaciones oficiales sobre el funcionamiento de los distintos juzgados: “Estaremos así todo el día, con declaraciones cada 20 minutos sin saber si se podrán celebrar o no”, comentan dos trabajadores sentados en el vestíbulo de la segunda planta, “uno me acaba de avisar por WhatsApp, no viene”, comentan. Desde allí, explican, van recabando información y transmitiéndola a quienes pasan por la zona.

Pese a la huelga, muchos juzgados han mantenido su actividad con normalidad, y los servicios mínimos —como los relacionados con detenidos, presos, menores o los juzgados de guardia— están garantizados. Según el seguimiento que se está haciendo desde la oficina del Colegio de Abogados, sólo tienen constancia de ocho de los 54 jueces que se hayan sumado hoy a la huelga, aunque algunos abogados sospechan que habría magistrados que la estén haciendo de manera encubierta.

Curiosamente, la movilización de jueces y fiscales no ha sido lo que más ha alterado la imagen habitual del edificio de Plaza Castilla. Por todas las plantas cuelgan carteles que anuncian la cacerolada convocada a las 11 de la mañana por CCOO en protesta contra la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que afecta al conjunto de los funcionarios judiciales. “Somos los obreros de los juzgados”, gritaban algo más de una decena de asistentes. “Nosotros somos 45.000 trabajadores y trabajadoras que somos los que hacemos posible, por supuesto con los jueces, los letrados y los fiscales, que esta administración de justicia que funcione y sin embargo, estamos ninguneados”, denuncia la portavoz de CCOO en los juzgados de Plaza Castilla.

Mientras tanto, sólo un cartel en todo el inmueble —en la puerta de la sala de vistas del juzgado de instrucción número 37— avisa: “este juez/a está en huelga porque quiere una Justicia profesional, independiente e imparcial al servicio de la ciudadanía”. Pasadas las 9:30 de la mañana, un abogado y su cliente acaban de saber que su declaración ha sido suspendida. El letrado cuenta que ayer, adelantándose a lo que pudiese pasar hoy, preguntó si se podría llevar a cabo dicha declaración. Nadie pudo confirmarlo, por lo que su cliente, un hombre de ochenta años con movilidad reducida, ha tenido que desplazarse esta mañana hasta el juzgado para que, finalmente, su declaración sea retrasada al mes de octubre.

No se trata del único letrado que se ha intentado adelantar a lo que pudiese ocurrir en los próximos días. No obstante, la única recomendación que reciben por parte de los funcionarios es presentarse en los juzgados con normalidad y esperar allí a ser notificados. Desde la delegación de UGT, lamentan que “todo aquello que se suspenda hoy, quedará en las mesas de los funcionarios para nuevos señalamientos en unas agendas ya de por sí muy apretadas, entorpeciendo un poco más el servicio público de justicia”

Resignación entre los abogados

En la Ciudad de la Justicia de Barcelona, uno de los pocos signos visibles de la huelga ha sido el cartel que el juzgado de instrucción 25 ha colgado en la puerta de una sala de vistas. En él se anunciaba que los juicios de delitos leves quedaban suspendidos.

Los abogados que no habían sido avisados previamente por el juzgado se lo tomaban con resignación, toda vez que la suspensión de un juicio no es algo ni mucho menos infrecuente en su día a día. “Que te suspendan un juicio o una declaración suele ocurrir casi todas las semanas, con o sin huelga”, comentaba un abogado en los pasillos del edificio judicial barcelonés.

Menos resignada estaba otra letrada, que ha preferido mantener el anonimato tras ver cómo una videoconferencia con un juzgado de instrucción de Madrid en huelga se suspendía. “Entiendo y defiendo el derecho a huelga, pero no costaría nada avisar antes a los profesionales. El efecto de la huelga sería el mismo, pero ahora le tengo que explicar al cliente que la declaración se pasa a octubre porque ayer del juzgado no me quisieron decir nada”, lamentaba la abogada.

En la mayoría del resto de juzgados de instrucción de Barcelona el ambiente era de normalidad: abogados y testigos esperaban a entrar en las declaraciones en los pasillos y los procuradores fotocopiaban las causas como en un día normal. A falta de datos oficiales, la incidencia de la huelga ha variado mucho en función del juzgado: según fuentes jurídicas, los tres juzgados sociales de Girona sí han suspendido las vistas.

Jueces y fiscales protagonizan a partir de este martes la sexta huelga de la democracia con tres días consecutivos de paros. La convocatoria parte de todas las asociaciones —menos las dos progresistas—, que ven una amenaza a los “principios básicos del Estado de Derecho” en los proyectos con los que el Ejecutivo pretende modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía. Los convocantes piden una retirada total de esos proyectos, que también incluyen medidas como el blindaje por ley de becas para opositores.

En diferentes comunicados hechos públicos en los últimos días, las asociaciones han esgrimido sus argumentos para unas jornadas de paro a las que precedió una concentración ante el Tribunal Supremo el pasado sábado a la que decenas de jueces y fiscales acudieron con las togas que tienen la obligación de vestir en los actos procesales. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado de “infundados” los motivos de la protesta y ha defendido que “ni una sola línea de las reformas de la Justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho”.

El plan para hacer fijos a mil jueces interinos

En el centro de la polémica está el plan para regularizar a un millar de jueces y fiscales sustitutos que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. El proyecto prevé un proceso abierto y no se limita a quienes han desempeñado esas funciones dentro de las carreras judicial y fiscal, aunque sí está pensado “especialmente” para quienes llevan años en esta situación. Los aspirantes deberán acreditar cinco años de ejercicio profesional jurídico para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Ningún juez sustituto logrará una plaza directamente.

Según las asociaciones, este proceso “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios”. Y otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras las prácticas, sin equipararse en exigencia al proceso ordinario del turno libre, que requiere una preparación superior a los cinco años de media. En el Ejecutivo defienden que se celebrará un concurso-oposición de acuerdo a los criterios de “igualdad, mérito y capacidad fijados por el Tribunal Constitucional” y aseguran que la estabilización viene obligada por la Comisión Europea. En paralelo, el Gobierno ha asegurado que convocará 1.440 plazas del turno libre en los próximos tres años.

Este plan es criticado también por la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que no secunda la huelga. Según esta asociación se deberían exigir al menos diez años de experiencia profesional —tal y como se contempla para la entrada por el llamado cuarto turno que existe desde 1985— y el proceso debería limitarse únicamente a quienes han desempeñado tareas de jueces sustitutos.

La reforma del Estatuto fiscal

El otro gran proyecto que los convocantes piden retirar es la nueva redacción del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ya estaba prevista en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que incluye una transferencia de funciones de jueces a fiscales y que pasarán a dirigir las investigaciones y a decidir los pasos a dar para esclarecer los delitos. La reforma establece que el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y ya no coincidirá con el del Gobierno. También reduce las funciones del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público en el que la mayoría de sus miembros son elegidos por sus compañeros, entre otras medidas.

Las asociaciones creen que la reforma del Estatuto de la Fiscalía supone “un grave retroceso en la autonomía del Ministerio Fiscal”. Sostienen que se da incluso pasos atrás, al “incrementar injustificadamente” el poder del fiscal general del Estado “sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”.

También han criticado que se proponga precisamente ahora, en un momento convulso en el Ministerio Público, con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo tras la querella que presentó la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero esta reforma no entrará en vigor hasta el año 2028 y, en consecuencia, no afectará a García Ortiz, que deberá dejar su cargo, como tarde, en julio de 2027.

La “excelencia” en el acceso a la carrera

Uno de los pilares del proyecto de Justicia es una reforma integral del actual modelo de oposiciones del turno libre, en el que prima la capacidad de memorizar normas jurídicas a través de la superación de un test y dos ejercicios orales. La nueva regulación suprime una de las dos pruebas orales e introduce una prueba escrita y anonimizada que consistirá en un caso práctico, tal y como ocurre en otros cuerpos como los notarios, los registradores o los abogados del Estado.

Según los convocantes, el cambio supone “rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial” e “introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. Fuentes del Ejecutivo reiteran que las pruebas memorísticas —un examen tipo test y una prueba oral— no se eliminan. Y que lo que se hace es introducir un caso práctico que permite evaluar otras aptitudes necesarias para el ejercicio de la jurisdicción, como la capacidad de redacción, la argumentación jurídica o la aplicación del derecho a casos concretos.

El centro público de preparación de opositores

La reforma también acaba con la preparación de oposiciones como un negocio eminentemente privado, en el que siguen existiendo pagos en B. Así, pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. Además, el objetivo es que el CEJ llegue a acuerdos con otros entes provinciales para que los opositores que no residan en la capital tengan la oportunidad de acudir allí para preparar parte de sus oposiciones.

Los convocantes cuestionan que se pretende crear “un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales”. En el Gobierno insisten en que la voluntad es que el CEJ se convierta en un lugar asequible y con presencia en todo el territorio para preparar las oposiciones. Pero ni será obligatorio prepararlas allí ni se intervendrá en los contenidos de la preparación de cada preparador que preste allí sus servicios. Tampoco se hará ninguna selección para crear un cuerpo de preparadores.

Los cambios en el órgano que vela por la ética de los jueces

Los convocantes cuestionan la politización de la Comisión de Ética Judicial, un órgano independiente del CGPJ cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial. En la actualidad está compuesta por seis jueces elegidos de forma directa por sus compañeros. Estos seis jueces eligen, a su vez, a un académico experto en ética o filosofía del derecho. Este modelo ha provocado que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos. Este órgano avaló las concentraciones de jueces vestidos con togas contra la amnistía.

El proyecto amplía la composición de este órgano con un total de cuatro catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral que serán designados por el Congreso y el Senado. Para lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada diputado o senador votará a un solo candidato y resultarán elegidos los dos que obtengan el mayor número de votos. Los jueces, que seguirán siendo elegidos por sus compañeros, seguirán siendo mayoría con un total de cinco representantes.

Coto a las subvenciones de las asociaciones

La reforma también prohíbe todo tipo de patrocinio o subvención privada para las asociaciones profesionales judiciales, que ya reciben dinero público para su mantenimiento. El Gobierno argumenta que ese dinero privado puede comprometer su apariencia de imparcialidad. La mayoría de las asociaciones mantienen convenios con el Banco Santander, de quien aseguran recibir importes “muy pequeños” dedicados a formación.

Las asociaciones rebaten que “no se refuerza la independencia limitando las fuentes de financiación, sin contemplar incremento de las permitidas” y afirman que el incremento de cuotas de asociados desincentiva la asociación de un colectivo que tiene prohibido por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación.