El Gobierno ha aprobado esta semana en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 700 plazas judiciales y fiscales para 2027 en España, de los que Euskadi recibirá quince nuevas plazas de jueces y siete de fiscales.

Según ha informado el Ejecutivo central, las nuevas plazas de jueces en Euskadi para el año próximo supondrán un aumento de la plantilla del 5,8% respecto a la actual, y los nuevos siete fiscales representarán un crecimiento del 6,7%. En dos años (2025 y 2026) se han creado 32 plazas judiciales (+13,2%), informa Europa Press.

De las quince nuevas plazas judiciales para Euskadi, catorce son para Tribunales de Instancia de localidades como Bilbao, Donostia, Vitoria o Barakaldo. La plaza restante será para la Audiencia Provincial de Bilbao. Por su parte, la creación de siete nuevas plazas de fiscales para Euskadi supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 6,7%, pasando de 104 a 111 miembros.

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha calificado de “indignante” que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que instruyó la causa por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, haya tenido que ser puesta bajo protección policial tras denunciar maniobras de intimidación que habrían incluido contactos con un clan del narcotráfico para amenazarla.

Durante una comparecencia ante los medios posterior a su reunión en Badajoz con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el máximo representante del Ministerio Público en la región se ha mostrado tajante al valorar la situación de la instructora. “Es indignante que una profesional como la jueza Beatriz Biedma deba verse en una situación de ser protegida por tener miedo en relación a sus bienes esenciales, a su persona y a su familia”, ha aseverado Montero Juanes.

En palabras del fiscal superior, la necesidad de desplegar medidas de seguridad para garantizar la integridad de una magistrada representa un verdadero “cañonazo en la línea de flotación del Estado de Derecho”.

Recurrirá la condena

En paralelo a la condena de las presiones sufridas por la jueza, Montero Juanes se ha referido a la estrategia procesal del Ministerio Fiscal en este caso, recordando que la posición institucional mantenida ha sido de carácter absolutorio. El fiscal superior ha subrayado que “es un error de base” asumir que la Fiscalía actúa exclusivamente como un órgano acusador, ya que su cometido legal le obliga tanto a ejercitar las acciones penales pertinentes como a oponerse a aquellas que considere infundadas.

En este sentido, ha precisado que el criterio técnico de la Fiscalía se sustenta en que “los hechos no están probados” y en que, en su caso, “determinados hechos no son constitutivos de delito”. Aunque la Audiencia Provincial de Badajoz dictó una resolución contraria a esta postura, Montero Juanes ha remarcado el “máximo respeto” de la institución hacia la decisión judicial, si bien ha confirmado la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) debido al “profundo desacuerdo” con el fallo. Asimismo, ha avanzado que, si el tribunal autonómico ratifica el criterio de la Audiencia, el Ministerio Público agotará la vía judicial acudiendo en casación ante el Tribunal Supremo.

El encuentro con el delegado del Gobierno ha servido también para hacer entrega de la Memoria anual de la Fiscalía, documento que recoge la evolución de la actividad judicial y de la delincuencia en la comunidad autónoma, y que en los próximos días será presentado formalmente ante el Ejecutivo regional y la Asamblea de Extremadura.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente de dos reales decretos para la creación en 2027 de 700 plazas judiciales, de ellas 33 para Canarias, y 200 de fiscales, de las que 13 corresponderán a las islas.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia ha detallado que las 33 nuevas plazas de jueces suponen un aumento de un 10% respecto a la plantilla actual de las islas y las 13 de fiscales, un incremento de un 5,3%.

De las 33 nuevas plazas judiciales para Canarias, cinco son para las Audiencias Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 27 son para Tribunales de Instancia de localidades como Arrecife, Las Palmas, La Orotava o Arona.

Por último, una plaza será de adscripción territorial (puede ser asignada por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente para cubrir distintas necesidades de la Administración de Justicia).

La creación de 13 nuevas plazas de fiscales para Canarias supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 8,9%, pasando de 146 a 159 miembros. 

Según el ministerio, la distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población).

Además, la nota señala que el ministerio lo trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente de dos reales decretos que darán luz verde a la creación de 700 plazas judiciales y fiscales en todo el país de cara al año 2027. En el ámbito territorial de La Rioja, esta medida se traducirá en la incorporación de dos nuevas plazas de jueces y una de fiscal, dentro de un paquete estatal destinado a aliviar las cargas de trabajo de la Administración de Justicia y mejorar la eficiencia en la atención a la ciudadanía.

Las dos nuevas plazas de la judicatura asignadas a la comunidad riojana irán destinadas al Tribunal de Instancia de Logroño. Con esta ampliación, la planta judicial riojana experimentará un incremento del 4,7 % respecto a su plantilla actual. El refuerzo se suma al proceso de expansión registrado entre los años 2025 y 2026, periodo en el que la región ya sumó cuatro plazas judiciales, lo que supuso un crecimiento acumulado del 9,8 %.

En el ámbito del Ministerio Fiscal, la creación de un nuevo puesto en La Rioja elevará la plantilla autonómica de 15 a 16 miembros, lo que representa un aumento del 6,6 %. A escala nacional, los decretos suponen un impulso significativo al sistema público de Justicia, con la creación de 500 plazas de jueces (+7,8 %) y 200 de fiscales (+6,6 %), cuya distribución se realiza sobre la base de criterios objetivos de litigiosidad, volumen de población y carga funcional de los distintos órganos.

Dentro de la reestructuración estatal impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la jurisdicción civil concentrará la mayor parte de los nuevos juzgados (172 plazas), seguida de la social (109) y la penal (69). Asimismo, 87 plazas se destinarán a reforzar órganos mixtos en provincias y localidades de menor tamaño, mientras que 42 puestos corresponderán a plazas de adscripción territorial, diseñadas con flexibilidad para desplazarse según evolucionen las necesidades del servicio.

En el plano social y de protección de los derechos de los colectivos más vulnerables, la convocatoria estatal reserva 11 plazas para Secciones de Violencia sobre la Mujer —jurisdicción que acumula un crecimiento del 55,4 % en la presente legislatura— y otras seis plazas para reforzar la protección especializada en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. El despliegue de las medidas forma parte del plan de transformación del servicio público judicial, que combina reformas organizativas, digitales y procesales.

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, la propuesta de distribución de plazas será trasladada al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, a los Tribunales Superiores de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia para recabar sus aportaciones antes de la implantación definitiva del nuevo mapa de recursos.

Castilla-La Mancha tendrá 21 plazas nuevas de jueces y 4 de fiscales para 2027, tal y como ha aprobado el Gobierno de España este martes en el Consejo de Ministros, con la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 700 plazas judiciales y fiscales para 2027.

Un primer Real Decreto con el que el Gobierno creará, por segunda vez, 500 plazas judiciales, lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 7,8%. Y un segundo Real Decreto con el que se crearán 200 plazas de fiscales y se incrementará la plantilla actual del Ministerio Fiscal en un 6,6%.

En dos años (2025 y 2026) se han creado 45 plazas judiciales en Castilla-La Mancha (+21,1%), tal y como ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La planta judicial de Castilla-La Mancha crecerá un 8,9% De las 21 nuevas plazas judiciales para Castilla-La Mancha, 16 son para Tribunales de Instancia de localidades como Guadalajara, Ciudad Real, Albacete o Toledo. Tres serán para audiencias provinciales y dos serán de adscripción territorial (pueden ser asignadas por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente para cubrir distintas necesidades de la Administración de Justicia).

De las 500 nuevas plazas de jueces creadas en toda España, 172 son para reforzar la jurisdicción civil, 109 para la social y 69 para la penal. 87 plazas se destinarán a órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia) situados en provincias y localidades más pequeñas y otras 42 son plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

Además, 11 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer. Seis plazas más son para reforzar las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. De forma novedosa, 8 plazas son para nuevas Presidencias liberadas de Tribunales de Instancia. Se trata de plazas que ya existen en las grandes ciudades españolas y que realizan en exclusiva funciones de unificación de criterios, coordinación y organización. Ahora se crean también en Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Por último, se crean 4 plazas en la Audiencia Nacional.

La creación de 4 nuevas plazas de fiscales para la Castilla-La Mancha supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 3,7%, pasando de 108 a 112 miembros. En total, se crean 200 nuevas plazas de fiscales que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población). El Ministerio la trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.

En España trabajan más de 3,6 millones de empleados públicos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora semestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Son uno de cada 10 asalariados —el 11%—, que sostienen los pilares del Estado del Bienestar. Hay más de 780.000 profesionales en el sistema sanitario público; cerca de 600.000 profesores y profesoras en centros públicos; 40.000 funcionarios de universidad; o más de 5.000 jueces y cerca de 3.000 fiscales; entre muchos otros.

En los últimos años, se han realizado en España grandes procesos de oposiciones, con el objetivo de estabilizar unas plantillas que, en muchos casos, sufrían altas tasas de temporalidad —Europa impuso rebajarla, como máximo, al 8%— y rejuvenecer los equipos —solo la administración central afronta la jubilación de 95.000 funcionarios en la próxima década—. Y, en noviembre, el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO acordaron una subida de sueldo del 11%, entre 2026, 2027 y 2028.

Pero, ¿cuánto cobran los empleados públicos? Dar una cifra exacta es complicado. Depende de la administración para la que trabajen —algunos dependen de los ministerios, otros de las comunidades autónomas y otros de las corporaciones locales, que establecen sus propios rangos salariales—, de la profesión, sus funciones y responsabilidad, los complementos que reciben, dónde están destinados, si realizan guardias o turnos especiales, su antigüedad...

A partir de aquí encontrarás las retribuciones brutas anuales de los empleados públicos españoles en su nivel de entrada —es decir, sin antigüedad—. Todos ellos han sido obtenidos de fuentes oficiales de cada comunidad, pero cada una utiliza formatos distintos que desde elDiario.es hemos homogeneizado para poder hacer una comparación. Puedes consultar la metodología completa aquí.

Así se distribuyen los salarios de los funcionarios en España

En el siguiente gráfico, cada círculo representa un puesto específico en cada comunidad. Su posición en el eje horizontal (o vertical si lees esto desde un móvil) muestra su salario bruto —sin antigüedad— y su color, el sector al que pertenece. El sueldo más bajo es el de un ordenanza en Castilla y León —14.600 euros al año—, mientras los más altos son los de magistrados y fiscales, por encima de los 88.000 euros al año, sin complementos.

También puede verse que el grueso de los salarios se concentra entre los 30.000 y los 50.000 euros —donde se acumulan más círculos, principalmente de docentes—. O el gran salto que se produce entre los médicos: los residentes (MIR), empiezan por debajo de los 20.000 euros brutos anuales —sin guardias— y los jefes de servicio o de sección, alcanzan los 70.000. También los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los militares se distribuyen por toda la gráfica. En otras palabras, en estos sectores las retribuciones pueden variar mucho dependiendo del puesto concreto.

Los puntos del siguiente gráfico muestras el tamaño de cada grupo y su sueldo mediano —colocadas todas las cuantías (y no el número de trabajadores) de menor a mayor, es la que se sitúa en la posición central—. Los sueldos más altos, los de jueces y fiscales, son también los menos habituales. Los más repetidos son los profesores no universitarios, 577.000, que suponen el 41,7% del personal analizado.

Precisamente, los profesores de Primaria y Secundaria comienzan el curso con protestas en varias partes del país y una convocatoria de huelga en Madrid, Catalunya y Andalucía. Aunque la reivindicación salarial late de fondo, estos profesionales reclaman principalmente mejores condiciones en las que ejercer su trabajo, como plantillas reforzadas, menos horas lectivas o reducción de ratios. De hecho, en Catalunya llegaron a rechazar un incremento salarial de 600 euros al mes, porque no iba acompañado de otras medidas.

Jueces y fiscales, los que más cobran

Los funcionarios que más cobran son los jueces y fiscales. Sin complementos ni antigüedad, su primer año ya cobran unos 60.300 euros brutos, que pueden llegar hasta los 88.800 si trabajan en localidades grandes, como Madrid o Barcelona. Con antigüedades, complementos y en puestos específicos, esta cantidad puede dispararse fácilmente por encima de los 100.000 euros al año. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, percibe anualmente 162.795 euros; sus vocales, más de 140.000; y el secretario general, 137.000. Todos ellos, sin antigüedad.

Son cifras bastante alejadas de las que perciben, por ejemplo, los ministros. La mayoría cobra entre 84.000 y 90.000 euros al año, aunque algunas, como la de Defensa, Margarita Robles, superan los 100.000. Su secretaria de Estado, María Amparo Valcarce, está en 149.000. De hecho, las secretarías y subsecretarías de Estado llevan aparejadas mayores retribuciones que los titulares de los departamentos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibió en 2025 cerca de 96.000 euros, 40.000 euros menos que su director de Gabinete, Diego Rubio.

La nómina de un juez o un fiscal no depende tanto de la comunidad, sino del tamaño de la localidad donde ejerce. En Madrid o Barcelona, cobran unos 88.000 euros, un 47% más que en un partido judicial pequeño (60.300 euros).

El salario mediano de jueces y fiscales fue de 75.000 euros en 2026. Ningún otro colectivo superó los 60.000 brutos ese ejercicio. El más cercano fue el de los médicos, con 57.000 euros —sin tener en cuenta guardias, considerando que tienen dedicación exclusiva y no trabajan en la privada y teniendo en cuenta a los MIR—.

El siguiente gráfico muestra el salario mediano de cada grupo en España. Utilizamos este cálculo para evitar las distorsiones de los valores poco habituales, pero inusualmente altos o bajos, aunque también se puede consultar la media en cada desplegable. La línea de puntos indica el salario mediano nacional de los casi 32 millones de asalariados españoles: 24.497 euros. Solo tres grupos de funcionarios están por debajo de este umbral: auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería — TCAE — y subalternos.

Diferencias por comunidades

Las grandes diferencias salariales entre profesionales del mismo rango se encuentran entre comunidades. El grueso del empleo público —profesores, sanitarios y administración— depende de los gobiernos autonómicos, que pueden definir sus propios sueldos y complementos. En el siguiente gráfico se muestra la diferencia entre la comunidad que menos paga de base a sus trabajadores y la que más. Se incluyen también policías y guardias civiles, porque cuentan con un complemento de destino importante, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en áreas como la sanidad, dependen del Ministerio.

Según los datos extraídos de fuentes oficiales por elDiario.es, un técnico superior puede cobrar hasta 21.000 euros más de Balears a Euskadi; un médico especialista gana 18.000 más al año en Ceuta que en Navarra; y un maestro de primaria, 8.000 más en Castilla-La Mancha que en Murcia.

Cuánto se puede progresar salarialmente

Los datos mostrados hasta ahora tienen en cuenta el salario de entrada, pero ¿cuánto puede progresar salarialmente un empleado público que llega al nivel más alto? La mayor diferencia se da entre los médicos. Hay más de 50.000 euros entre los 19.700 que cobra un residente de primer año y los 71.100 de un jefe de servicio.

Los médicos son los que más escalan, pero no son los únicos. Del militar de más bajo rango, al más alto hay más de 40.000 euros al año; en la Guardia Civil, 28.600; y en la carrera judicial, 28.500. Al otro lado están los maestros, que ganan apenas 7.400 euros más si llegan a directores; 9.800 más en el caso de secundaria; y 3.200 euros más para un administrativo que salta a jefe de negociado.

La longitud de ese salto entre el sueldo de entrada y la jefatura, también depende de la las comunidades. En medicina, por ejemplo, el sueldo de entrada es bastante similar en todo el territorio —entre el MIR que más cobra y el que menos hay 3.700 euros de diferencia—, pero en el nivel máximo, la diferencia puede multiplicarse por seis —hasta los 23.500—. De hecho, tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla —por la indemnización por residencia—, Murcia es la que mejor paga de base a sus médicos y Asturias, la que menos.

En profesores y administrativos pasa lo contrario: el recorrido es pequeño y similar en todas las comunidades. Llegar a director de instituto vale 12.300 euros más en Catalunya pero solo 8.400 en Extremadura. Pasar a jefe de negociado como administrativo vale 8.000 euros en Murcia y apenas 1.200 en Aragón.

En el siguiente gráfico pueden consultarse esos saltos, pero también cuanto cobran otros profesionales del mismo rango. Y comparar cuáles son los trabajadores mejor pagados en cada comunidad. Por ejemplo, Navarra es una de las comunidades que peor paga de base a sus sanitarios —aunque tiene complementos forales, infraestimados en la metodología—, pero de las que más retribuye a sus docentes en la pública.

Euskadi tiene la administración general mejor pagada del país, a todos los niveles. Un ordenanza vasco cobra casi el doble que uno de Castilla y León.

Y en los policías, la geografía marca la diferencia más notable, incluso más que el rango. Un policía de base en Melilla (37.365 euros) cobra prácticamente lo mismo que un inspector en la península (37.631 euros): el plus de residencia e insularidad de Ceuta, Melilla, Canarias o Euskadi, por el antiguo complemento por peligrosidad, vale casi lo mismo que dos ascensos.

Las guardias médicas, en el punto de mira

Las guardias que realizan los médicos han estado en los últimos meses en el punto de mira de los profesionales. El nuevo Estatuto Marco, pactado entre Sanidad y los sindicatos UGT, CFIS, CCOO y Satse, ha soliviantado a las organizaciones sindicales del ramo, que no están presentes en la mesa de negociación. El texto, que enfila su trámite parlamentario, reduce las horas de guardia máximas obligatorias de 24 a 17 horas —incluyendo la jornada ordinaria— e incluye la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

Sin embargo, al margen de otras demandadas —como un estatuto propio—, los sindicatos médicos reclaman una jornada semanal de 35 horas, como ocurre con el resto de empleados públicos, y que las horas de guardia se paguen por encima —y no más baratas, como ocurre ahora— de la hora ordinaria.

Estas jornadas extra permiten compensar sueldos exiguos en el caso de los médicos residentes y complementar salarios más elevados para los facultativos. Las comunidades autónomas son las que determinan cómo se organiza la jornada y a cuánto pagan cada guardia médica. Por ejemplo, en Balears, Castilla-La Mancha y Murcia, cuatro guardias al mes inflan la nómina anual en unos 38.000 euros. En Andalucía, son 27.000 euros más y en Madrid, casi 29.000.

Un especialista en Murcia con esas guardias llega a 100.158 euros —el único que supera los seis dígitos—; en Madrid, con el mismo esfuerzo, se queda en 81.225. Pesan más donde el salario base es más bajo: en Asturias y Navarra las guardias suman un +71%, es decir, casi igualan el sueldo.

En enfermería la historia es distinta: siete noches al mes suman de media 3.900 euros (un 12%). La comunidad que mejor paga las noches es Andalucía con una diferencia de 5.376 euros más si una enfermera realizase siete noches cada mes durante un año. Muy lejos de los 27.348 euros extra de un médico con las guardias, aunque Andalucía sea la comunidad que mejor paga las noches de enfermería y la que peor paga las guardias de los médicos.

De nuevo, estas cifras no tienen en cuenta la antigüedad. Según datos en poder de la OCDE, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la retribución media anual de un médico en España —con guardias, antigüedad y complementos, sin contar a los MIR— oscila entre los 88.000 anuales de un especialista en medicina familiar y comunitaria, hasta los 107.000 de un radiólogo; los 108.000 de un cirujano general y de aparato digestivo; o los 109.000 de un anestesista. Un pediatra cobraría, de media, 93.000 euros al año y un obstetra, 95.000. Los psiquiatras públicos percibirían 86.000 euros al año.

En cuanto al resto de profesionales sanitarios, una enfermera de atención primaria tiene un salario medio de 53.000 euros y en especializada, 48.000. Las auxiliares de enfermería reciben, de media, 31.000, según estás fuentes.

Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado este sábado su “honda preocupación” por la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas que han obtenido la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', una medida que juzgan desproporcionada, puesto que afecta a un derecho fundamental.

Así lo han trasladado a través de un comunicado conjunto en el que, si bien muestran su respeto hacia el alto tribunal, se alinean con la tesis expuesta por la magistrada María Alicia Millán Herrandis en el voto particular discrepante que ha emitido desmarcándose de la decisión adoptada por sus compañeros de sala.

De este forma, critican que las medidas cautelares adoptadas por el Supremo, atendiendo la petición de Vox y Iustitia Europa, proyectan sus efectos electorales sobre la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para desarrollar la 'ley de nietos' un documento que, recalcan, no ha sido impugnado “directa ni indirectamente” en este procedimiento.

Las dos asociaciones denuncian también que el Supremo priva del derecho constitucional de sufragio a personas que “son españolas en virtud de actos firmes, dictados por los órganos competentes con arreglo a la normativa vigente” y que lo hace, además, sin que el colectivo afectado “haya sido parte en el proceso y sin que se haya realizado un examen individualizado de su situación”.

Diferencia de trato entre españoles

Según la resolución judicial, estas personas no podrán votar hasta que el Supremo dicte sentencia salvo que acrediten que son descendientes de exiliados por motivos políticos. Para los jueces y fiscales progresistas, esta excepción “depende de una certificación” que los afectados “no pueden instar”, lo que genera “una diferencia de trato entre personas españolas de origen en función de la vía por la que accedieron a la nacionalidad, circunstancia que exige una especial cautela desde la perspectiva del principio de igualdad”.

Pero su principal crítica reside en la “proporcionalidad” de la medida al afectar esta “al ejercicio de derechos fundamentales”. En este contexto, se quejan de que, mientras “el riesgo” que se invoca el Supremo “se proyecta sobre procesos electorales futuros y todavía no convocados”, el “perjuicio que ocasiona la suspensión es, en cambio, inmediato y concreto”.

“Cuando una medida cautelar limita derechos fundamentales de un número muy elevado de personas, resulta necesario que la ponderación se realice con un rigor especialmente intenso”, enfatizan ambas asociaciones.

También destacan que la existencia de posiciones discrepantes, también en el seno de la JEC, pone de manifiesto la existencia de una “controversia interpretativa legítima” que, a su juicio, debe “resolverse en el enjuiciamiento del fondo, con plena contradicción y con todas las garantías”.

No hacer partidismo

En este contexto, dicen confiar en que el procedimiento, de tramitación preferente, “se resuelva con la mayor celeridad posible y, en todo caso, antes de que pueda convocarse cualquier proceso electoral”, como ha urgido también el Gobierno.

Además de reclamar que las dudas sobre la adecuación a la ley de la instrucción del Ministerio de Justicia se resuelvan mediante los cauces específicamente previstos para, exigen a las administraciones implicadas que ofrezcan “información clara y accesible” a las personas por la suspensión del derecho a voto y que este debate se afronte “con serenidad”, sin convertir “el censo electoral ni a las personas afectadas en objeto de confrontación partidista”.

“Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales reafirman su compromiso con la integridad de los procesos electorales y, con igual firmeza, con la garantía efectiva del derecho de sufragio de todas las personas que ostentan la nacionalidad española”, finaliza el comunicado.

Bolaños también cuestiona los argumentos jurídicos del Supremo

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha puesto en cuestión este sábado los argumentos que han llevado al Tribunal Supremo a suspender cautelarmente el derecho a voto. “El auto TS privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente”, ha asegurado.

Lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que se hace eco de este comunicado de JJpDD y la UPF. “Aquí los argumentos legales de JJpDD y UPF”, apunta Bolaños adjuntando el citado comunicado de las dos asociaciones progresistas. Además, el ministro vuelve a pedir “respetuosamente” al Supremo que “resuelva este tema antes de elecciones de 2027” e incide en que “el censo no puede alterarse sin base legal sólida”.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha afirmado en su discurso de la apertura del año judicial que la “descalificación personal” a jueces por parte de quienes ejercen “responsabilidades institucionales” supone un “instrumento de presión” sobre el ejercicio de la jurisdicción. Perelló también ha considerado de “extraordinaria gravedad” acusar a los jueces de actuar por razones políticas, una imputación que “puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”.

“Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Y si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor (...). No es admisible que la descalificación pública a los jueces se convierta en instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”, ha dicho Perelló.

Las palabras de la presidenta del Poder Judicial ante la cúpula de los tribunales españoles llegan después del último encontronazo entre el Gobierno y una parte de los jueces a raíz de la decisión del Supremo de frenar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. “No estamos a favor ni compartimos la resolución del Supremo”, dijo este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esa decisión.

En el último año a propósito de las polémicas e investigaciones judiciales que apuntan al PSOE y al entorno del Gobierno algunos miembros del Ejecutivo, como el Óscar Puente, han denunciado que el Gobierno es una víctima de una operación de algunos sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación para derribarlo “con métodos nada democráticos”. También diferentes miembros del Gobierno han expresado sus críticas contra el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que ha sentado en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por dos delitos en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.

Ante el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la Sala de Gobierno del Supremo, Perelló ha evitado hacer autocrítica tras los recientes sondeos que han revelado que seis de cada diez españoles creen que los jueces se dejan influir por su ideología política.

Así, Perelló ha insistido en que a pesar de las “descalificaciones” del Poder Judicial, los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales, en la aplicación del ordenamiento jurídico, en la tutela de los derechos y libertades “y en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad sea más justa y más digna”.

No obstante, Perelló sí ha pedido a los jueces “mesura” en sus intervenciones públicas. “La función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones. La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos”.

La rendición de cuentas de los fiscales

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha indicado este jueves durante el acto de apertura del año judicial que si bien la sociedad actual se caracteriza por “una creciente demanda de transparencia y por una legítima exigencia de rendición de cuentas a las instituciones públicas”, esto no puede confundirse “con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad”.

Ésta es la primera ocasión en que ha asistido a este acto como fiscal general dado que fue nombrada tras la dimisión en noviembre de 2025 del ex fiscal general Álvaro García Ortiz después de que fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación.

Sobre esa actuación del Ministerio Público que es objeto de crítica, Peramato ha añadido que en ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales “mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos” en los que se interviene. Y ha resaltado que a menudo “se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica” y que se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten “convenga a unos o a otros”.

“Los y las fiscales españoles desempeñan su trabajo en condiciones de enorme exigencia profesional, soportando cargas de trabajo crecientes y atendiendo asuntos de extraordinaria complejidad. Y lo hacen con discreción, con rigor y con una lealtad total y absoluta a los valores constitucionales que fundamentan nuestra convivencia democrática”, ha defendido.

Al hilo, la fiscal general ha apostillado que la fortaleza del Ministerio Fiscal “no descansa en quienes, de forma transitoria, ocupan puestos de responsabilidad” sino que se sustenta “en la integridad, la profesionalidad y la dedicación de quienes integran la carrera fiscal y, sobre todo, en el compromiso cotidiano de sus 2.804 miembros, que pronto serán más de 3.000, con el servicio público de la Justicia”.

Por otro lado, la fiscal general ha defendido la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que dará la batuta de las investigaciones a los fiscales. “El objetivo es reforzar las garantías de la ciudadanía. Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales. Y quien controla la legalidad de la investigación debe encontrarse plenamente desvinculado de las tareas investigadoras”, ha explicado para luego destacar que es necesario reformar el Estatuto de Ministerio Fiscal.

“Es justo reconocer que el proyecto de reforma de nuestro Estatuto constituye un importante paso adelante y una apuesta valiente”, ha añadido, para luego destacar que es necesario “desvincular el mandato de la persona titular de la Fiscalía General del Estado de la duración del Gobierno que la nombró”. Y ha destacado que los fiscales siguen precisando “más autonomía”: “Autonomía que incrementará nuestra apariencia de imparcialidad y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la Justicia”.

La fiscal general se ha referido también a los casos de corrupción que ha perseguido el Ministerio Público en este último año, pero sin hacer referencia expresa al caso Koldo que fue juzgado por el Supremo. Peramato ha indicado que este fenómeno “erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones” y, por tanto, constituye “una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española”. “La investigación y persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo”, ha indicado.

Peramato se ha referido también a la situación que se vive en Ceuta, donde los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada masiva de migrantes. “Trasladar un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta, que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras”, ha explicado.

En este sentido, Peramato ha llamado a “preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad”, algo que, ha añadido, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.

La fiscal general ha concluido su discurso citando a Manuel Azaña, quien fuera presidente de la República y que murió en el exilio: “La libertad no hace felices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres”. Peramato ha recalcado que la Justicia encuentra precisamente su razón de ser “en la protección de esa libertad, de la dignidad inherente a toda persona y de los derechos que de ella se derivan”.

Llamada de atención de la Comisión Europea a España por los casos de corrupción y la independencia del poder judicial. En el informe anual que elabora la institución europea sobre el Estado de Derecho, que va a ser presentado este viernes, se reprende al Gobierno de Pedro Sánchez por los limitados avances en la lucha contra la corrupción, según ha adelantado Politico.

Para Bruselas, el proyecto de Ley de Integridad Pública y el Plan Estatal contra la Corrupción no han tenido una aplicación eficaz y se le pide al Ejecutivo que haga un esfuerzo por la implementación de medidas para reducir los casos de corrupción. En este sentido se recuerda que es necesario la creación de un organismo supervisor independiente con competencias efectivas de investigación y sanción.

Hace un mes, El Tribunal Supremo condenó a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

El informe sobre el Estado de Derecho hace una llamada especial para el endurecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y de los requisitos de declaración de bienes de los altos cargos públicos.

El análisis de la Comisión Europea llega la misma semana en la que un tribunal ha condenado al hermano del presidente Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses o cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, siga por el procedimiento de jurado popular para determinar si es culpable de tráfico de influencias y malversación.

Tanto el presidente del Gobierno como varios ministros han comentado que los procedimientos judiciales en torno a los familiares de Pedro Sánchez tienen más que ver con motivaciones políticas y actuaciones de lawfare (utilización de la justicia con fines políticos) por parte de los jueces.

Además, Bruselas respalda, como ha hecho la Comisión de Venecia (órgano consultivo independiente del Consejo de Europa), que la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sea por parte de los jueces, sin pasar por el Parlamento.

Respecto a la independencia judicial, el informe destaca como positivo el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la instrucción de los delitos tal y como ocurre en la mayoría de países europeos, y la limitación de la acción popular, restringiendo los delitos que pueda ejercer esta acusación, aunque esta norma sigue en la Cámara Baja sin posibilidad de aprobarse.

En el informe también señala que el proyecto de ley destinado a aumentar la transparencia de las actividades de lobby sigue sin ser aprobado por el Congreso y que, consecuentemente, no hay avances en en la reforma de la regulación de los grupos de presión en España. La Comisión Europea ya había pedido a España que era urgente la creación de un registro público de carácter obligatorio para los lobistas.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 21 plazas de jueces y ocho de fiscales en Castilla-La Mancha, con lo que la plantilla judicial crece un histórico 9,7% y la fiscal un 8%. Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de esta comunidad. Es más, con este incremento se crearán, en un solo año, tantas plazas judiciales como en la última década: 21.

En toda España, el Gobierno crea 700 plazas de jueces y fiscales. A través de un Real Decreto, 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (+ 8,5%). Con un segundo Real Decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla actual en un 7,13%. La cifra también es inédita: en los últimos 15 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños lo ha calificado de “hito histórico” y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, o que “nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia” ni tampoco se habían destinado tantos recursos para su modernización.

La creación de 700 plazas de jueces y fiscales se enmarca en lo que el Ejecutivo central califica de “ambiciosa transformación de la Justicia” impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

La planta judicial de Castilla-La Mancha se amplía un 9,7%

De las 21 nuevas plazas de jueces para Castilla-La Mancha, 18 son para tribunales de instancia (TI), una para la Audiencia Provincial de Toledo y dos son de adscripción territorial, movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo. Entre los TI que se verán reforzados están los de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Ocaña, Illescas, Guadalajara, Cuenca, Puertollano, Ciudad Real y Albacete.

Del total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). 34 plazas más son de adscripción territorial y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. En total, la planta judicial, que cuenta con 5.887 plazas, crece un 8,5%. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

La ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo, más eficiente, permite crear una plaza judicial por 100.000 euros, lejos de los 500.000 euros que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500 plazas supone una inversión de alrededor de 55 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones de euros.

La plantilla de la Fiscalía en Castilla-La Mancha crece un 8%

La creación de ocho plazas de fiscales en Castilla-La Mancha supone una ampliación de la planta fiscal del 8% en esta comunidad.

En toda España se crean 200, que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos. Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos que permitirán la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales en España, de ellas siete plazas de jueces y cuatro de fiscales en Extremadura, con lo que la plantilla judicial crece un histórico 5,4% y la fiscal un 6,15% en la región.

Se trata de una cifra histórica que no se alcanzaba desde 1989; de hecho, durante la última década se han se han creado 13 plazas judiciales en total, según informa la Delegación del Gobierno en Extremadura.

De las siete nuevas plazas judiciales para Extremadura, cinco serán para los tribunales de instancia (TI) de Cáceres y Badajoz y dos para las Audiencia Provinciales de estas provincias extremeñas.

En el conjunto del país se crearán 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, que supondrá una ampliación “récord” de la planta judicial del 8,5 %, según ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Justicia, Félix Bolaños.

Según ha dicho, la medida es un “hito histórico” y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como ésta.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha detallado que se trata de un real decreto con el que el Gobierno crea 500 plazas de jueces, que implica una ampliación de la planta judicial del 8,5% y un segundo real decreto por el que se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla del Ministerio Fiscal en un 7,13%.

Con este aumento de la planta, Bolaños pretende que “los ciudadanos tengan resoluciones judiciales en plazos más breves” y que “los jueces tengan cargas de trabajo más razonables”.

De las 500 nuevas plazas de jueces, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4).

Otras 34 plazas son de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia.

Por territorios, las comunidades más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzos: Andalucía (95), Cataluña (91), Madrid (69) y Comunidad Valenciana (58). Porcentualmente, destacan Murcia y Canarias, con una ampliación del 11 %. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

El ministro ha detallado que los primeros jueces comenzarán a trabajar el 31 de diciembre de este año en los órganos judiciales; la segunda tanda lo hará el 1 junio de 2027 en los tribunales de instancia y el tercer bloque el 1 de noviembre de 2027, tal y como ha pedido el Consejo General del Poder Judicial.

Bolaños ha recordado que esta ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite crear una plaza judicial por alrededor de 100.000 euros, frente a los 500.000 que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500 plazas supone una inversión de alrededor de 55 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

Las 200 nuevas plazas de fiscales se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos.

Por territorios, los más beneficiados son Andalucía, con 38 nuevas plazas (7,4 %), Cataluña con 35 (8 %) y Madrid con 32 (9,3 %). Porcentualmente, la comunidad que más verá crecer su plantilla es Murcia, con 7 nuevos fiscales (9,7 %).

Dos directivos de empresas gasísticas imputados por los pagos al despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro se han negado este viernes a declarar ante el juez que instruye el caso, a la espera de que se resuelva qué órgano judicial es el competente para investigarlos.

Ante el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Tarragona han comparecido esta tarde Teresa R., ex secretaria general y después presidenta del consejo de la empresa Air Liquide España, y Jorge P., director de contabilidad e impuestos de la compañía, así como los representantes jurídicos de esta gasística y de Praxair, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Los directivos están investigados por un juez de Tarragona en el marco de la causa que tiene abierta contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ante los indicios de que cobró comisiones de empresas gasísticas a cambio de promover modificaciones legislativas favorables a sus intereses fiscales.

Los investigados, así como los representantes de las empresas imputadas como personas jurídicas, se han acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado mientras no se resuelva los recursos que varias defensas han planteado para que sea la Audiencia Nacional la que asuma el caso, por considerar que es este órgano el competente en la materia.

Esa misma estrategia es la que han mantenido la mayoría de directivos que hasta ahora han comparecido como investigados ante el juez instructor, quien todavía no ha citado a los principales socios del despacho Equipo Económico fundado por Montoro que supuestamente recibieron pagos de las empresas gasísticas a cambio de su influencia, ni tampoco al exministro.

El “rol nuclear” del exministro

El juez de Tarragona que investiga el caso sospecha que el exministro Cristóbal Montoro jugó un “rol nuclear” en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero, ya que era la “autoridad” que aseguraba una “ganancia cierta” a su despacho, Equipo Económico, “abusando” de su poder.

Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja como afiliado del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. 

José Ernesto Fernández afronta desde este martes su segunda etapa como fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Cuenca tras haber tomado posesión en la sala de vistas de la Audiencia Provincial.

Antes de su nombramiento ha explicado a los medios de comunicación que llega al cargo “con los mismos retos que hace quince años”, cuando ostentó esta posición entre 2010 y 2015 y confía en que “en algunas ocasiones, las segundas partes son buenas”.

Entre las preocupaciones con las que tendrá que lidiar están la falta de personal y están las carencias de personal y materiales de la Fiscalía de Cuenca. “Tenemos un déficit de funcionarios y de fiscales además de unos medios materiales que unas veces funcionan y otras, tampoco”, ha lamentado.

Faltan fiscales y personal funcionarial

Respecto al personal, ha señalado que de los nueve fiscales, hay una de baja maternal y ahora hay que cubrir la plaza vacante que él deja como nuevo jefe. Por lo tanto, les faltan dos personas “hasta que convoquen, a saber cuando”.

En cuanto a los funcionarios, hay diez y cuatro son interinos, “por lo que la estabilidad está comprometida”.

Preguntado por los cuestionamientos sobre la imparcialidad de la justicia en estos tiempos en los que hay procesos que apuntan incluso a personalidades vinculadas con el Gobierno de España, Fernández ha optado por no pronunciarse “porque bastante tengo con lo que tengo aquí como para meterme en asuntos que no me competen”, aunque confía en que sus compañeros “habrán actuado como tienen que hacerlo”.

Esta semana, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteri,a representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) ha puesto a manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. Aunque, por el momento, no hay ninguna denuncia formal presentada ante la Ertzaintza por este suceso. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, informan desde el Consistorio.

La declaración de Otaegi se ha producido concretamente este jueves a petición de la Fiscalía de Menores y el objetivo de esta ha sido verificar el contenido de las informaciones enviadas previamente a la Policía judicial. Según ha aclarado el Ayuntamiento de Errenteria en un comunicado, “la Fiscalía de Menores es la encargada de garantizar la adecuada protección de las personas menores y el objetivo, además de aclarar las informaciones recibidas, es ayudar a identificar posibles víctimas”. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, ha asegurado.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y una reunión con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, ha denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

La Audiencia Nacional investiga si el PSOE amparó y financió un entramado liderado por la exmilitante Leire Díez y por su ex ‘número tres’ Santos Cerdán con un objetivo: perjudicar a jueces, fiscales y guardias civiles que estuvieran investigando a miembros del partido, del Gobierno o al propio Pedro Sánchez y su entorno. El sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que la actividad frenética de Díez entrando y saliendo de casos judiciales, tejiendo alianzas con sus protagonistas y urdiendo planes para influir en investigaciones, viene de mucho más atrás. También evidencia que Leire Díez fracasó en su intento de poner en marcha un efecto dominó judicial con un propósito primordial descrito en sus agendas. “Que el PSOE salga bien de esto”. 

Un informe de la Guardia Civil contenido en el sumario repasa la trayectoria de Leire Díez como conspiradora y ubica el punto de partida en la pandemia de 2020. Para entonces había sido concejala en Vega de Pas (Cantabria), asesora de comunicación del partido entre 2015 y 2017 y en ese momento era jefa de comunicación de Enusa, empresa pública del sector nuclear.

En esos años empiezan sus primeras maniobras en torno al caso judicial de la mina de Aznalcóllar, en el que estaba imputado el entonces presidente de la SEPI Vicente Fernández, con quien mantenía una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público. Vicente Fernández dimitió tras su imputación, aunque el caso por el supuesto amaño de un concurso para adjudicar este yacimiento sevillano terminó en archivo. 

El sumario recoge que ya en esos años Leire Díez se interesó por el desarrollo del caso y en cómo beneficiar a Fernández, sobre todo ante cargos del PSOE y en particular ante la ministra María Jesús Montero. Las conversaciones recopiladas por la UCO no reflejan grandes planes ni conspiraciones para tumbar el caso de Aznalcóllar, pero sí profundiza en otras causas vinculadas al partido en Andalucía como los ERE e Isofotón. 

En esos primeros años ya hay apuntes que llaman la atención de los investigadores. Por ejemplo, dos reuniones con el jefe de la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Sevilla supuestamente para buscar información “que pudiera comprometer” a la magistrada Mercedes Alaya, instructora de los ERE. Leire Díez llegó incluso a grabar varios de estos encuentros. “¿Qué podemos destapar de ella? Necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y los demás los sigo yo con un libro”, decía al policía en uno de estos audios. 

“Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”, escribió en otro mensaje a Vicente Fernández. El atestado recoge más comentarios sobre estas causas que afectaban al socialismo andaluz: “Tengo la solución mediática para Isofotón”, dijo en relación con esta investigación sobre fraude millonario en ayudas públicas que acabó archivada en firme por el Tribunal Supremo. El caso Aznalcóllar también acabó en absolución y el Tribunal Constitucional dejó en la mínima expresión la sentencia de los ERE de Andalucía contra los principales consejeros condenados, aunque con argumentos alejados de las maniobras de Leire Díez. 

En aquellos primeros años de mensajes y planes, la exconcejala del PSOE en Cantabria tenía varios grupos de WhatsApp con personas implicadas en otras causas judiciales y que se consideraban afectadas por corruptelas de jueces y fiscales. Uno de ellos era Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. 

Con él y con la periodista Patricia López, hoy fallecida, empezó a recopilar información en un chat llamado “Azahar”. Allí elaboraron una carpeta llamada “Operación PSOE” donde empezaron a almacenar documentos relacionados con el caso Villarejo con los que pretendían documentar la existencia de una cloaca judicial, fiscal y policial. Una carpeta que, años después, cobraría un papel protagonista. En la primera mitad de 2022, Pérez Dolset entregó los documentos en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía con escaso éxito. 

Los informes del sumario no atribuyen una actividad especialmente intensa a Leire Díez entre 2022 y principios de 2024 en cuanto a la investigación judicial. Estuvo a sueldo de Correos y, según estudia otro juez de la Audiencia Nacional, integró otra trama distinta junto al citado Vicente Fernández y un empresario cercano a Santos Cerdán para cobrar comisiones por conseguir ayudas del Estado para determinadas empresas. 

Hasta entonces se había inmiscuido en casos que mayoritariamente afectaban al socialismo andaluz: los ERE, Aznalcóllar e Isofotón, con maniobras contra la jueza Mercedes Alaya, con pequeñas incursiones en el caso Villarejo de la mano del principal imputado del caso Zed. Pero todo cambió en la primera mitad de 2024. La trama que había empezado a especializarse en surfear casos judiciales delicados entró de lleno en el número 70 de la calle Ferraz.

El PSOE como financiador 

Cuando en abril de 2024 Pedro Sánchez amagó con dimitir ante “la campaña de acoso” contra su esposa, Cerdán puso a Leire Díez al frente de un operativo para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE, según la investigación judicial. “Me voy de urgencia a Madrid (... ). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, escribió la exmilitante a Vicente Fernández. Ambos se reunieron en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, con Pérez Dolset, el dirigente socialista y hoy secretario de Estado, Antonio Hernando y el entonces director de comunicación, Ion Antolín.

Antes de ese encargo, la exmilitante llevaba tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. Este apunte concuerda con las citadas actuaciones previas del grupo, centradas en casos ligados al socialismo andaluz o las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

Tras esa primera reunión durante los días de reflexión de Sánchez, la investigación documenta otros 39 encuentros. Al menos 22 de ellos se habrían realizado en la sede de Ferraz, lo que a juicio del juez evidencia que el partido sufragó la “logística” que soportó estas maniobras. El partido pagó también cuatro viajes a Leire Díez y uno a Pérez Dolset relacionados con estos movimientos contra quienes investigaban a sus dirigentes. 

Dos meses antes de esa primera reunión había estallado el ‘caso Koldo’ que, tiempo después, acabó llevándose por delante al propio Cerdán y a quien antes que él había dirigido la Secretaría de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Además, el juez Juan Carlos Peinado había abierto una causa contra la mujer del presidente y su hermano sería imputado unos meses después por el caso que ha acabado sentándolo en el banquillo. 

Uno de los objetivos de la trama fue precisamente “destruir” este proceso judicial. Para ello, Leire Díez contactó con Luis Sáenz de Tejada, un magistrado condenado y expulsado de la carrera por amenazar a su pareja y con el que acordó iniciar una estrategia de hostigamiento contra la instructora del caso, Beatriz Biedma. Sáenz de Tejada llegó a presentar una denuncia contra la jueza en la Fiscalía General del Estado que quedó en nada. También intentó sin éxito personarse en la causa como acusación popular y apartar del caso a la magistrada. El hermano del presidente, acusado de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, declara este jueves en el juicio que se celebra contra él en Badajoz. 

También buscaron información sobre Juan Carlos Peinado, el instructor del caso contra Begoña Gómez. Recurrieron, para ello, a Nervis Villalobos, un ex alto cargo venezolano había sido encarcelado por el polémico magistrado en una causa de blanqueo de capitales y que había llevado las irregularidades del caso hasta el Tribunal Constitucional. 

Otro de los objetivos de la trama fue el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable de la investigación contra Ábalos, el ex fiscal general o el hermano de Pedro Sánchez. “Si está muerto, mejor”, llegó a decir Leire Díez sobre él en una reunión en la que reclamaba información comprometedora de este mando a Alejandro Hamlyn, un empresario imputado en un caso macrofraude de más de 150 millones en los hidrocarburos. A cambio, le ofrecía supuestos pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que pudieran beneficiar su situación. El empresario no ha alcanzado por ahora pacto alguno con la Fiscalía y las acusaciones contra él se mantienen.

En busca de información sobre Balas, la exmilitante también se reunió con otros guardias civiles investigados en diferentes causas. Es el caso del comandante Rubén Villalba, al que ofreció pagarle la defensa en el caso Koldo y recuperar su carrera en el cuerpo. O de Juan Sánchez Yepes, imputado en otro caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de prebendas. A raíz de ese episodio con Yepes tuvo lugar la citada reunión con Hamlyn que propició la apertura de la primera investigación a Leire Díez en un juzgado de Madrid hace un año. 

El objetivo de la trama de desvelar las cloacas del Estado a través de documentación del caso Tándem -la que habían almacenado en esa carpeta llamada “Operación PSOE”- seguía más vivo todavía y Leire Díez maniobró, incluso, con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para buscar un pacto con la Fiscalía a cambio de su información. El pacto nunca se produjo y el fiscal encargado del caso rechazó varias veces hablar con su abogado. Díez se adentró incluso en las profundidades del caso Kitchen y habló con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy que es juzgado estos días por esa trama policial corrupta. 

De la familia de Sánchez a la operación Catalunya

Con el paso de los meses en ese judicialmente convulso 2024 Leire Díez y su grupo entraron en contacto con causas judiciales a priori alejadas del PSOE. Desde el 3% catalán hasta la amnistía pasando por la Operación Catalunya y la Banca Privada de Andorra. En noviembre de ese año Díez entró a formar parte de un grupo de WhatsApp llamado “Mas Martí - Girona” con varias personas, entre ellas, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell. 

Rosell había sido absuelto en 2019 de las acusaciones de blanqueo y comisiones ilegales por sus negocios en Brasil, pero también se sentía víctima de una Justicia corrupta y una Fiscalía dirigida. Sobre todo por los 645 días que pasó en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional en un caso por el que acabó absuelto. 

En ese grupo se juntaron dos personas movidas por el afán de ajustar cuentas con el fiscal anticorrupción José Grinda: Rosell y Pérez Dolset. Los mensajes de Leire Díez en esas fechas con Rosell son elocuentes: “A mí la fontanería se me da muy bien (...) hay que empezar por Grinda y la Fiscalía”. Ambos empresarios consideraban que el fiscal Grinda les había perjudicado en sus respectivas causas judiciales.

Leire Díez tenía un objetivo añadido: que Grinda proporcionara información comprometida sobre Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción, quien era el máximo responsable de investigaciones delicadas para el Gobierno como el caso Koldo. Luzón era considerado un enemigo a batir por el grupo de Leire Díez, ya entonces con el apoyo del PSOE.

Finalmente, fue el propio Grinda el que dejó por escrito cómo habían discurrido esas negociaciones y qué le habían ofrecido y reclamado. Fue en febrero de 2025 cuando, según su relato, tuvo un encuentro con el periodista Pere Rusiñol y este le hizo llegar, en una hoja, la oferta. Para él, un destino en el extranjero y la retirada de la demanda de una joven que afirmaba haber recibido un vídeo sexual suyo cuando ella era menor. Para el grupo, caza mayor: “Cualquier secreto o información confidencial relativo a su jefe que pudiera dar lugar a su destitución”. También le pidieron promover el archivo del caso Pujol, el 3%, el caso Zed que afectaba a Pérez Dolset, el caso BPA y el caso Duro Felguera, que será juzgado este año con Nervis Villalobos en el banquillo. Y que explicara el verdadero origen de la causa que encarceló a Sandro Rosell. 

El sumario revela que Leire Díez también maniobró para acercarse a esta joven. El propio Santos Cerdán llegó a reunirse con ella en la sede del PSOE y, supuestamente, le facilitaron un trabajo en una empresa municipal de Jaén. Las querellas y demandas de la joven, tanto penales como civiles, se archivaron. El proyecto del grupo era darle 300.000 euros por su silencio, el triple de lo que pedía en su demanda. No se llegó a consumar.

La trama intentó repetir la jugada con otro fiscal de perfil polémico: Ignacio Stampa. El fiscal que llegó a dirigir las pesquisas del caso Villarejo y que desde entonces denuncia que fue apartado de Anticorrupción de forma ilegal por parte de sus superiores. También se reunieron con él e intentaron, sin éxito, que les facilitara información comprometedora de Luzón. En esa reunión Leire Díez espetó otra de las frases determinantes del caso: “Soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto (...)”. También contestó “sí” cuando Stampa preguntó si era la “mano derecha” de Santos Cerdán. 

Ninguna de las dos maniobras para obtener trapos sucios de Luzón dio resultado. Los dos fiscales acudieron a sus respectivos superiores y la maniobra de la trama terminó judicializada ante un juzgado de Madrid. De forma reciente, Luzón ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García.  

El sumario del caso Leire consta de cientos de documentos, interrogatorios, mensajes, grabaciones y, al menos por el momento, el juez ha hecho propias las conclusiones de la UCO. Unas consideraciones que muestran cómo a lo largo de los años Leire Díez se especializó en conocer a fondo las causas judiciales que afectaban a su entorno, pero también a un PSOE que, a partir de 2024, y por orden de su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, supuestamente financió y sustentó su operación. 

Muy pocas de sus promesas fueron llevadas a efecto y ninguna causa judicial se cerró gracias a sus gestiones. Tampoco consiguió la información comprometedora que buscaba. Y ahora será la Audiencia Nacional la que decida si no fue solo una investigación para salvar a los socialistas de los casos emergentes, sino una forma de influir en las causas judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno del presidente. 

Las elecciones al Consejo Fiscal, órgano asesor de la fiscal general del Estado, han consolidado el dominio de la derecha. La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales ha mantenido sus seis vocales, mientras la Unión Progresista de Fiscales —que en el pasado presidió Teresa Peramato— se ha quedado con los dos representantes que tenía hasta el momento. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que llegó a pedir seis años de cárcel en el juicio contra Álvaro García Ortiz, conserva también un vocal. 

Tras la nueva cita con las urnas, a la que fueron llamados este martes casi 2.800 fiscales, el órgano mantiene la misma correlación de fuerzas de la época de Dolores Delgado. Precisamente la percepción de García Ortiz como un fiscal continuista del trabajo de Dolores Delgado –que contó con la oposición fiera de la facción conservadora de la carrera– engrasó desde el principio una relación conflictiva con el Consejo Fiscal. 

La actual fiscal general se encontrará con la misma aritmética de una mayoría de vocales que se oponen de manera casi sistemática a cualquier propuesta de nombramiento que proceda de la Unión Progresista de Fiscales o su entorno. Hasta ahora, Peramato ha optado por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también ha nombrado a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

El órgano cuenta con 12 miembros, de los que 3 son natos: la fiscal general del Estado, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite. En la jornada de este martes fueron elegidos los nueve vocales electivos propuestos por las asociaciones de fiscales. La participación alcanzó el 79,94%%.

Esta es la nueva composición del Consejo Fiscal:

Según una nota de prensa difundida por la Fiscalía General del Estado, los comicios se celebraron con normalidad en las 77 secciones electorales habilitadas, correspondientes a cada una de las fiscalías de comunidades autónomas, fiscalías provinciales y fiscalías de área.

La Sección de Madrid incluía a los fiscales de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía Antidroga, de la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, a los Fiscales de Sala Coordinadores en materias específicas así como a los Fiscales adscritos a estos. No incluía los fiscales destinados en las Fiscalías de área.

La circunscripción electoral es única para todo el territorio nacional y los electores podían elegir un máximo de seis vocales de entre los 15 candidatos presentados. Los fiscales que así lo han deseado han podido votar por correo, de forma previa a la jornada de votación. El recuento de este voto por correo se realizó al inicio del escrutinio.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado a las palabras del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el juicio del denominado 'caso mascarillas' indicando que el presidente del Gobierno no era “el número 1 de la trama”, señalando que “si el presidente del Gobierno fuera el número uno, estaría sentado en el banquillo”.

“Para mí es de perogrullo”, ha señalado el mandatario castellanomanchego ante preguntas de los medios durante la presentación del Plan de Acción por la Vivienda 2026-2030 realizada este miércoles en Toledo. “Creo que es evidente que los jueces y el fiscal hubieran procedido si hubieran visto indicios”, ha expuesto García-Page. “Lo demás son debates y críticas políticas”, ha añadido.

El mandatario autonómico ha argumentado que “no es el debate”, sino “la responsabilidad en los nombramientos”. “Todos estamos convencidos de que alguien te puede fallar”, ha afirmado, apuntando que “el problema de fondo es cuál es el espacio”.

“Cada uno entiende la responsabilidad política pues a juicio de conveniencia”, ha declarado.

“Inmensa carga probatoria”

Por otro lado, el presidente castellanomanchego ha relativizado el peso del juicio oral, apuntando que “el 90% de las sentencias de los tribunales, y se lo digo como abogado, no tienen que ver con el juicio oral”. “Realmente los juicios y las sentencias se basan en las aportaciones documentales”, ha continuado en este sentido.

“El problema de este pleito es que es inmensa la carga probatoria que han aportado los propios inculpados”, ha señalado García-Page, apuntando a “mensajes entre los imputados y reuniones indiscretas a la vista de todos”.

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, ha comunicado que propondrá al Gobierno la confirmación de Emilio Manuel Fernández García como Fiscal Superior de Castilla-La Mancha. Asimismo, ha propuesto a José Ernesto Fernández Pinós como Jefe de la Fiscalía provincial de Cuenca, en sustitución de María Isabel Gómez López, tras el paso de esta a la sección penal del Supremo.

Las propuestas llegan junto a otras 20 sugerencias realizadas por Peramato, tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal, para plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado a concurso 60 candidatos, según ha informado el Ministerio Fiscal por nota de prensa.

Más de 40 años de trayectoria como fiscal

Emilio Manuel Fernández García ingresó en la carrera fiscal en 1983, en la Fiscalía Provincial de Albacete. Entre 1987 y 2004 estuvo al frente de la Delegación de Menores para pasar al Servicio de Violencia sobre la Mujer durante los años 2004 a 2008, cuando compaginó estas funciones con las de Fiscal Delegado de Extranjería y el Servicio de Criminalidad Informática.

En 2006 accedió a la Tenencia de la Fiscalía de Castilla La Mancha. En el año 2008 pasó a desempeñar la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Albacete, que ejerció hasta el 2013 en que fue ascendido a la Jefatura de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, cargo en el que sigue hasta hoy.

Peramato ha destacado su trayectoria y voluntad de mejora de la institución, así como un plan de actuación que busca adaptar la institución al siglo XXI reforzando las nuevas tecnologías, la formación de las y los fiscales y la colaboración con instituciones y organismos.

Por su parte, José Ernesto Fernández Pinós ingresó en la carrera fiscal en 1990 y su primer destino fue en la Fiscalía Provincial de Barcelona, donde permaneció hasta 2010.

Allí desempeñó el cargo de Delegado de Criminalidad Informática. Es un experto en ciberdelincuencia a nivel europeo e imparte conferencias en diferentes países, además de su actividad docente en España. En 2010 se trasladó a la Fiscalía Provincial de Cuenca y asumió su Jefatura hasta 2015.

Posteriormente, ha sido el Delegado de Criminalidad Informática en esta provincia, asumiendo el servicio especial de la jurisdicción social. Teresa Peramato ha valorado su gran experiencia en esta Fiscalía y su plan de actuación.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propondrá al Gobierno el nombramiento de Jaime Serrano-Jover como nuevo fiscal superior de Canarias, plaza que estaba vacante tras dejar el puesto María Farnés Martínez.

Además, ha propuesto a Ernesto José Vieira como teniente fiscal de la Fiscalía de la comunidad autónoma, en sustitución de Demetrio Pintado.

Peramato, una vez celebrado el Consejo Fiscal, propondrá un total de 22 nombramientos de altos cargos de la Fiscalía para su nombramiento por el Consejo de Ministros, según ha informado la Fiscalía General del Estado este jueves.

Según la Fiscalía, Peramato ha decidido en función de “criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación”.

Así ha acodado el nombramiento de María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid, lo que supone el relevo de Almudena Lastra, la fiscal que declaró contra Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados.

La plaza de fiscal jefe de Lugo no ha recibido candidaturas, por lo que tendrá que ser convocada de nuevo.

Como se esperaba, Lastra, que aspiraba a mantenerse en el puesto de fiscal superior de Madrid en el que lleva cinco años, será sustituida por María Isabel Martín López, desde 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general.

Peramato ha destacado su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia”, además de su plan de actuación “para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público”.

Una pieza clave en el equipo de la fiscal general del Estado será María José Osuna, nueva fiscal de Sala jefa de la Inspección Fiscal, tras cuatro años al frente de la Fiscalía de Tarragona. El teniente fiscal de la Inspección será Juan José Criado.

Otro nombramiento relevante será el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien llegó a estar investigada junto al anterior fiscal general en la causa por revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y que asciende al Tribunal Supremo como fiscal de lo Social.

Por su parte Pilar Fernández, mujer de García Ortiz, dejará la Fiscalía de Menores en Madrid para volver a Galicia, donde será la nueva teniente fiscal de la Fiscalía de la comunidad autónoma.

La fiscal de Sala jefa de la Sección Civil del Supremo seguirá siendo Pilar Martín Nájera, igual que Pedro Crespo seguirá al frente de la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Antonio Romeral seguirá como teniente fiscal en Anticorrupción.

Por su parte, María Eugenia Hernández Fernández obtiene plaza en la Audiencia Nacional.

El nuevo fiscal jefe de Baleares será Adrián Salazar, hasta ahora teniente fiscal en ese territorio; en Castilla-La Mancha sigue Emilio Fernández; en Aragón María Asunción Losada; y en Extremadura Francisco Javier Montero.

El nuevo fiscal provincial de Cuenca será José Ernesto Fernández; en Burgos se mantendrá José Fernández Mérida; en Castellón María Díaz Berbel.

Antonio Mateos será teniente fiscal de la Fiscalía de Extremadura; Carolina Santos, de la de Cantabria; y José Rogelio Muñoz seguirá en la de Andalucía.

Fuentes de la Fiscalía han destacado que de los 22 nombramientos hay seis de la Asociación de Fiscales, otros seis de la Unión Progresista de Fiscales, y el resto son no asociados.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, no ha revalidado en el cargo de fiscal superior de la Comunidad de Madrid a Almudena Lastra, la fiscal que apuntaló con su declaración en el juicio la condena de Álvaro García Ortiz. Tras oír al Consejo Fiscal este jueves, la máxima representante del Ministerio Público ha optado por que ese puesto lo ocupe a partir ahora la otra aspirante, la fiscal Isabel Martín, quien forma parte de la Secretaría Técnica, la sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado, desde 2018. 

Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a su predecesor por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha optado por no mantener en su puesto a una fiscal que tuvo un papel relevante en los acontecimientos que tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo de 2023 después de que elDiario.es revelara que la Fiscalía había denunciado a Alberto González Amador por fraude fiscal. 

En el juicio celebrado en el Tribunal Supremo, Lastra fue considerada la testigo más valiosa de las acusaciones por haber intuido que la filtración procedía de la Fiscalía General. Ante los magistrados, relató cómo en esas horas frenéticas sospechó claramente que la filtración procedía del organismo que dirigía García Ortiz: “Le dije: ¿has filtrado los correos?”. Después, reprochó a sus colaboradores que enviaran los correos al fiscal general: “¡Los van a filtrar!”. Explicó que era su sospecha, pero también reconoció que hablaba por intuición y sin pruebas al admitir que lo dijo “sin saber si lo habían filtrado o no”. 

No obstante, el tribunal utilizó su testimonio como un indicio incriminatorio. Los magistrados argumentaron que sus palabras demostraban que los propios subordinados del entonces fiscal general expresaron “recelos” a su actuación, advirtieron del peligro de revelar los datos y le reprocharon la filtración. Lastra fue afiliada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que Peramato fue presidenta, aunque se dio de baja hace algunos años por su desacuerdo con algunos nombramientos. También fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y estuvo en la Secretaría Técnica cuando Cándido Conde Pumpido era fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Cambios en Madrid y el Supremo

En su lugar, Peramato ha optado por colocar al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a la fiscal Isabel Martín, que tiene un puesto mucho menos antiguo que Lastra en el escalafón. Hasta ahora, Martín era responsable de formación de la carrera fiscal. Estuvo afiliada a la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, aunque se dio de baja en 2025, explican fuentes fiscales. Antes de llegar a Madrid, Martín fue fiscal jefe de área de Melilla, entre otros destinos.

Peramato ha destacado su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia, además de sus aptitudes de gestión y su conocimiento de las relaciones interinstitucionales”. También ha puesto en valor “su plan de actuación para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público”.

Por otro lado, la fiscal general ha optado por ascender al Tribunal Supremo a otra antigua colaboradora de su predecesor, Pilar Rodríguez, que era hasta ahora la fiscal provincial de Madrid. Rodríguez llegó a estar imputada en la causa contra García Ortiz, aunque la Sala de Apelación del Supremo archivó la causa contra ella. Sí declaró como testigo en el juicio, cuando se puso de manifiesto la tensa relación que mantiene con Lastra. 

Rodríguez defendió que “no hubo clandestinidad” al rendir cuentas a sus superiores sobre los correos que centraban la acusación contra el fiscal general. Y calificó de “exabrupto” la acusación de Lastra de una supuesta filtración. “Jamás me represento que nadie del Ministerio Fiscal vaya a proceder a hacer una filtración”, añadió. 

Tras la decisión tomada por Peramato, Rodríguez recalará ahora en la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, donde también tiene ahora su puesto García Ortiz. Rodríguez, que estaba en el cargo desde 2018, fue fiscal adscrita de Criminalidad Informática y entre 2004 y 2009 fue asesora en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, durante el Ejecutivo de Zapatero. 

La nueva fiscal de sala jefa de la Inspección Fiscal será María José Osuna, que en la actualidad era fiscal jefa de la Fiscalía de Tarragona. Los nombramientos también mantienen a Pilar Martín Nájera como fiscal de Sala jefa de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo y a Pedro Crespo como fiscal de sala jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

De Martín Nájera, Peramato ha destacado su “constante voluntad de mejora y evolución y su plan de actuación, en el que propone varias medidas para colocar a la Fiscalía del Tribunal Supremo como referente doctrinal nacional en el ámbito civil”. Y de Crespo, la fiscal señala su “profundo conocimiento de la Fiscalía” del Constitucional y de las materias de las que se ocupa. Además, “ha valorado su plan de actuación, en que propone cambios para la adecuación de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional al siglo XXI, con modificaciones encaminadas a la transparencia y pluralidad del órgano y a potenciar la especialización de sus miembros”.

Entre la batería de nombramientos de este jueves está también el de la fiscal Pilar Fernández como ‘número dos’ de la Fiscalía de Galicia. Fernández, que estaba destinada en la Fiscalía Provincial de Madrid en el área de Menores, es la mujer de García Ortiz. 

Fuentes de su equipo explican que, con esta nueva ronda de nombramientos, Peramato acaba de conformar su equipo de confianza tras los nombramientos de Julio Cano como fiscal jefe de la Secretaría Técnica y de Víctor Pillado como teniente fiscal de este mismo órgano. En la primera batería de designaciones optó por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también nombró a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

De los 22 nombramientos realizados este jueves seis son afiliados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), según fuentes fiscales. Estas mismas fuentes afirman que la fiscal general ha tratado de mantener un equilibrio en los nombramientos que se han basado en criterios de mérito y capacidad y que se ha buscado garantizar la paridad en las tenencias de las fiscalías de las comunidades autónomas.