Lo primero que le dijeron a la familia es que había muerto de un accidente de tráfico. Pero cuando su padre acudió al hospital y le dieron la vuelta al cuerpo inerte de su hijo, descubrió el orificio de un disparo. La bala nunca apareció. El joven malagueño Manuel García Caparrós se convirtió el 4 de diciembre de 1977 en una de las víctimas de la violencia policial que durante aquellos años acabó con la vida de decenas de ciudadanos en huelgas y protestas, tanto en los últimos años de la dictadura como en el momento en que la muerte de Franco no había acabado con la represión a pesar del relato idílico de una Transición pacífica que todavía tiene ecos hoy.

“Son víctimas que tenían una familia, padres, hermanos... Eran muy jóvenes y les quitaron la vida de una manera cruel por pensar diferente. Llevamos luchando 50 años para que no haya víctimas de primera y de segunda”, sostiene Dolores, una de las dos hermanas de Manuel. Ambas recibirán pronto la indemnización de 250.000 euros que les corresponde por ser familiares de quienes fallecieron “en defensa de las libertades y derechos democráticos” entre 1968 y 1978, tal y como reconoce el decreto recién convalidado por el Congreso que reactiva y amplía las ayudas puestas en marcha en su momento por la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La familia Caparrós, que se quedó entonces sin indemnización, es una de las que ahora sí encaja en el supuesto del nuevo decreto, que se tramitará como proyecto de ley para incluir una extensión temporal todavía mayor, hasta 1983, como ha exigido ERC. La norma nace con vocación de solventar las lagunas de la ley anterior, que dejó fuera a quienes hubieran sido asesinados o heridos más allá de 1977, y amplía las cantidades a percibir. “Es un orgullo haber podido lograr este reconocimiento”, apunta Dolores sobre su hermano, al que el Gobierno denegó el pasado febrero la condición de víctima del terrorismo.

Manuel murió de un disparo policial durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, pero nadie fue nunca juzgado por ello y el caso se cerró en 1986. Desde entonces, sus hermanas han peleado por mantener viva su memoria y acceder a la Justicia y por eso para ellas la indemnización es importante, pero no suficiente: “Nuestra familia se hundió, no hay dinero en el mundo que pueda pagar ese destrozo”. La mujer reconoce que, más allá de la ayuda, seguirá insistiendo en saber qué ocurrió realmente aquel día. “Mientras nosotras tengamos un soplo de vida, lucharemos por saber la verdad. Él acudió a la manifestación como uno más y fue el único que no volvió a casa”, apunta.

Aunque al decreto del Gobierno le queda aún por delante el trámite en el Congreso, ya son más de una decena las indemnizaciones que se han reconocido desde su entrada en vigor, según adelantó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Además de por fallecimiento, el nuevo texto estipula ayudas de 500.000 y 180.000 euros para quienes tienen gran incapacidad o incapacidad permanente absoluta derivadas de heridas sufridas en ese contexto. El decreto permite que quienes cobraron en su momento por la Ley de Memoria Histórica puedan solicitar ahora una compensación por la diferencia, aunque para calcularlo, la cantidad abonada anteriormente debe ser “actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero”, que es hoy superior que entonces.

Es lo que ha hecho Francisco Javier Almazán, hermano de Ángel, que murió en el hospital en diciembre de 1976 a causa de “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación” celebrada en Madrid contra la Ley para la Reforma Política, según destacó el ministro el otro día en el pleno. “Ha sido la primera vez que se ha dicho oficialmente que los autores fueron policías. Si lo hubieran reconocido en 1976 quizá no hubiera empezado esta pelea”, señala Francisco Javier, que en 1999 intentó que el Estado otorgara a Ángel el estatus de víctima del terrorismo sin éxito.

Sí fue reconocido como víctima del franquismo en una declaración de reparación que admitía que la protesta a la que acudió había sido “reprimida violentamente por la policía”, pero para Francisco Javier era importante que se afirmara oficialmente la responsabilidad en su muerte. Es algo que no se ha llegado a reconocer en sede judicial: en su momento, el caso lo juzgó la Jurisdicción Militar porque había integrantes de la Policía Armada implicados, lo que conllevó que la familia no pudiera tener un abogado en el proceso. Se interrogó a tres policías, pero a los días el caso se cerró apuntando a que no se podía demostrar la autoría de los hechos.

Mismos hilos, distintos casos

Las distintas caras de la historia comparten los mismos hilos que se entrelazan en otras, como si todas formaran parte de un mismo relato: las víctimas de esta violencia eran muy jóvenes, murieron en el transcurso de movilizaciones políticas en los últimos años de la dictadura o la Transición y sus familias tuvieron que enfrentarse a versiones oficiales alejadas de la realidad y a una Justicia que no les dio ni les da todavía respuesta. También a un olvido y a un silencio que aún hoy permanece. En todos los casos, las familias quedaron rotas y arrastraron un dolor y una falta de reconocimiento que ha empezado ahora a romperse, pero que llega tarde para muchos.

Cuando a Ángel el Estado le reconoció como víctima del franquismo, sus padres ya tenían Alzheimer y no llegaron a enterarse. “Bendito Alzheimer”, dice paradójicamente Francisco Javier. Porque “les borró la memoria y les hizo olvidar lo que había pasado. No he visto a mi madre tan feliz nunca”. Mientras Ángel estaba aún en el hospital después de la manifestación tras la que perdió la vida, a su familia le dijeron que estaba grave porque se había golpeado con una farola. “Mis padres fueron a verle a La Paz y cuando volvieron, mi madre dijo: nos lo han matao. Y qué razón tenía”, recuerda su hermano. Aguantó cinco días más.

Como tantos otros, Francisco Javier ha intentado en los últimos años reabrir la vía judicial y que se reconozca que fue un homicidio “enmarcado en los crímenes de lesa humanidad” del franquismo y años posteriores, pero se ha topado con el archivo de la querella. Por eso, más allá del decreto que otorga ayudas económicas a las víctimas, pelea por “el reconocimiento como verdad judicial” de lo sucedido, aunque no se condene a nadie. Un muro es también con lo que se ha encontrado judicialmente la familia de Víctor Pérez Elexpe, el joven comunista asesinado por un guardia civil en Portugalete en enero de 1975 mientras repartía folletos en solidaridad con una huelga.

“Exigimos dejar de ser víctimas de segunda, queremos los mismos derechos y consideración que las oficialmente llamadas víctimas del terrorismo. Nosotros también lo somos, de un terrorismo no reconocido pero no por ello menos grave y menos condenable: el terrorismo de Estado”, apuntan María Rosario, María José y Fermín Pérez Elexpe, hermanos de Víctor, en una respuesta conjunta por escrito en la que, a pesar de todo, agradecen el apoyo de los amigos, los compañeros de partido, los abogados y los sacerdotes que “acompañaron” a sus padres en “los momentos de dolor”.

En su caso, también han sido reconocidos ya por el Gobierno para recibir la diferencia de indemnización entre lo que cobraron en 2010 –actualizado a fecha de hoy– y lo aprobado ahora, pero coinciden con el resto en que “lo más importante” son “las indemnizaciones morales y judiciales” que aún están pendientes. “El dinero lo hemos usado, en parte, en tribunales, psicólogos y tratar de aprender a llevar una vida rota”, señalan al tiempo que recuerdan como, su otro hermano Ignacio falleció en 1996 tras “buscar refugió en la droga al no llegar a comprender nunca por qué no se podía hacer justicia”. “Destrozaron a la familia”, apuntan.

Los tres reclaman ahora una declaración institucional en las Cortes “que deslegitime el franquismo” y este tipo de crímenes: “Cada vez que nos niegan, vuelven a asesinar a nuestro hermano”, subrayan. Como en el resto de casos, hubo una primera versión que señaló “que había muerto en un enfrentamiento con el guardia civil Narciso San Juan del Rey, que era vecino y conocido del barrio –sostiene la familia–, pero hubo muchos testigos que acreditaron que Víctor no portaba ningún arma y no hubo ningún enfrentamiento, sino que le disparó por la espalda”. La vía judicial acabó con un sobreseimiento del caso.

La “responsabilidad” del Estado

La aprobación del decreto es celebrada por las familias y las asociaciones que las agrupan, sobre todo porque corrige la ausencia de indemnizaciones económicas en la Ley de Memoria Democrática, que nació en 2022 sin ellas. Sin embargo, la reflexión más compartida es la de que no es suficiente y apuntan a que estarán “vigilantes” ante su aplicación práctica. Además, reclaman que en el trámite como proyecto de ley se alargue el periodo de aplicación, tal y como ya ha acordado el PSOE con los partidos de izquierdas. Por su parte, PP y Vox votaron en contra de la reforma usando argumentos como que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede decir que no había libertad ni democracia”.

En la práctica, las cantidades que reconoce el decreto son algunas de las que se reconocen ya para las víctimas del terrorismo, pero estas reciben también una ayuda si tienen una incapacidad total o parcial, que son dos supuestos no reconocidos en esta norma. Algo que lleva a Andoni Txasko, una de las víctimas de las actuaciones de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco obreros, a señalar “las carencias” de las que a su juicio “peca” la normativa. “Hay otra mucha gente que fue herida y que tiene secuelas, pero no se las reconoce”, afirma Txasko, que fue indemnizado en 2010 porque, debido a la brutal paliza que le propino la policía horas después de la masacre, se ha quedado con un 2% de visión.

Txasko reconoce que las indemnizaciones “son un derecho”, pero recalca que “lo principal” para las víctimas es “el reconocimiento integral”. “No se puede vender que nos equiparan a las víctimas del terrorismo porque no es verdad”, dice el miembro de la Asociación 3 de marzo, que pone el foco en la “paradoja” que supone ser reconocidos como víctimas por la defensa de la democracia y por sufrir “una violencia que nunca debió producirse”, como figura en la declaración de reparación personal que él mismo ha recibido, pero “no reconocer la responsabilidad por parte del Estado en lo sucedido”. “Pedimos que se haga una declaración al más alto nivel admitiendo esto”, clama.

Esta y la reclamación del acceso a la justicia son también los ámbitos en los que está poniendo todos sus esfuerzos la familia de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que sigue buscando respuestas medio siglo después de su muerte. Sus hermanas han pedido la reparación económica a la que tienen derecho a la luz del nuevo decreto, pero sobre todo exigen saber la verdad. El joven murió el 5 de marzo de 1976 en Tarragona en una manifestación convocada en protesta precisamente por lo ocurrido en Vitoria dos días antes y, según la versión policial, falleció al caer al vacío desde una azotea cuando le perseguía la Policía Armada.

Su cuñado, José Antonio Giménez Giménez, estaba con él aquel día y vio como Juan Gabriel entraba en un portal seguido por dos agentes. Lo que pasó dentro no se sabe, pero recela del atestado policial, que es “un auténtico disparate” que incluye el supuesto recorrido que hizo el joven antes de caer, como “si hubiera saltado de ventana en ventana, incluso a otros edificios distantes a unos tres o cuatro metros”. El sumario judicial concluyó que había sido una muerte por accidente, pero ahora la familia ha pedido la exhumación del cadáver y un nuevo análisis forense, además de que confían en que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática revise el caso y pueda arrojar algo de luz. “Las indemnizaciones son importantes, pero después de 50 años resulta un poco secundario”, concluye José Antonio.

“Que no se mueva un varal”. La orden del capataz que pide que el movimiento sea tan mínimo que ni se note en la estructura que sostiene los palios de los pasos de Virgen es una expresión muy propia del mundo de las cofradías en Sevilla, pero alguna que otra vez también se usa fuera del ámbito de las hermandades con el sentido de que todo siga igual, que nada cambie. Y esto fue lo que pasó en la Semana Santa de 1976, que tras la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975 era en teoría la primera de la democracia pero en realidad fue la última del franquismo, sin prácticamente cambios. Eso sí, el contexto social y político iba poco a poco moviéndose, en medio de una galopante crisis económica que incluso lanzó a la calle a las amas de casa en protesta por el encarecimiento de la cesta de la compra.

“No se movió ni un varal, ni en Semana Santa ni en ningún otro tema”, abunda Isidoro Moreno Navarro, catedrático emérito de Antropología de la Universidad de Sevilla, uno de los primeros en enfocar desde esta disciplina el mundo de la religiosidad popular y en aquel abril de 1976 uno de los dirigentes del antifranquista Partido de los Trabajadores de España (PTE) en Andalucía (PTA). “Aquella Semana Santa no se notó absolutamente nada” la muerte del dictador no hacía ni cinco meses, “la represión y las autoridades eran las mismas porque querían hacer con Franco lo mismo que con el Cid Campeador”.

“En realidad fue la última Semana Santa del franquismo, había pasado muy poco tiempo y aquello seguía todo igual”, recuerda Antonio Zoido, historiador, presidente de la Fundación Machado y por entonces también con responsabilidades en el PTE, “todavía usábamos los nombres de guerra” en un partido que seguiría año y medio en la clandestinidad. Eran tiempos en los que los grises seguían muy presentes “y de vez en cuando mataban a alguien”, aunque “había ya huelgas y se veía que los sindicatos iban a ser los primeros en ser legalizados”.

Las cofradías, algo tercermundista

“No fue realmente una Semana Santa democrática, fue todavía predemocrática”, señala por su parte Manuel Jesús Roldán, autor La Semana Santa de la Transición (Sevilla, 1973-1982), de la editorial El Paseo. “Fueron unos días tranquilos, con las representaciones militares típicas” y en la que hubo una tensión a tres bandas: “la Iglesia era casi más demócrata que el propio régimen”, señala, pero se las tenía tiesas con las hermandades. El propio Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, “vino a decir que las cofradías eran algo propio del tercer mundo”. Aquello cayó como una bomba en Sevilla.

Pese a todo, los deseos de cambio son irrefrenables, con trabajadores y estudiantes como motores para materializarlo. El Domingo de Ramos fue el 11 de abril, después de un marzo intenso con protestas, huelgas y hasta una insospechada manifestación de amas de casa para protestar por la carestía de la cesta de la compra y reclamar subidas de sueldos para sus maridos, que eran los que trabajaban en un momento en el que la mujer no estaba precisamente incorporada al mercado laboral. Todo ello, señales de una decadencia estructural, económica y social, con los coletazos de la crisis del petróleo, el cierre de industrias, el paro y la inflación desbocados y con los condenados por su actividad política todavía en prisión.

“Es un año de incertidumbre en todo”, resume Moreno, del que el año pasado Almuzara reeditó sus estudios bajo el título genérico de La Semana Santa de Isidoro Moreno. “Hay mucho miedo” en general, incluida la posibilidad de “algún atentado de ETA o del Grapo a las cofradías más significadas”, pero no flota en el ambiente –ni mucho menos– el riesgo de un choque entre elementos de ultraderecha y ultraizquierda. “Es la última Semana Santa del franquismo, pero no del nacionalcatolicismo”, resalta, un movimiento que por cierto en Sevilla derivará en lo que define como un “municipal-cofradierismo insano” por el “parasitismo mutuo” entre las hermandades y la política local.

Movimientos cristianos socialistas

“Aquella Semana Santa viajé mucho por Andalucía por motivos políticos”, rememora Antonio Zoido, y es que, “como teníamos muchos militantes que eran profesores”, se aprovechaban los días festivos para tener reuniones comarcales. “Había movimientos cristianos que en buena parte eran socialistas y estaban muy metidos en las hermandades”, una corriente que no cristalizó en un partido propio mientras por estos lares florecían los curas obreros y “se compaginaban perfectamente las creencias marxistas con la pertenencia a una cofradía”.

“Las hermandades eran un mundo conservador pero los sindicalistas estaban también muy metidos”, enlaza Manuel Jesús Roldán, y se empieza a reivindicar un protagonismo más social de estas corporaciones más allá de su mera presencia en la calle. Hay una cofradía, por ejemplo, que rifa por entonces una televisión en color para recaudar fondos para ayudar a niños sin recursos, señal de que empiezan a cambiar las cosas cuando hasta entonces “su papel a lo largo del año era mucho más reducido, sólo litúrgico y sin salidas extraordinarias”.

En base a la nueva Ley de Régimen Local, Fernando Parias Merry había sido elegido alcalde de una Sevilla en plena sequía y con fuertes restricciones al consumo, mientras las barriadas más populares tienen problemas hasta con el alcantarillado y empiezan a surgir las asociaciones de vecinos. El andalucista Alejandro Rojas Marcos, por entonces dirigente de la Alianza Socialista de Andalucía (ASA), vuelve del exilio y da el 20 de febrero el que se tiene como primer mitin desde antes de la Guerra Civil, disfrazado de conferencia impulsada por el Grupo Organizador de Reuniones Culturales y Artísticas (Grupo Gorca), al que el acto le cuesta la apertura de un expediente por el Gobierno Civil. Un día antes, por cierto, se había izado la bandera andaluza en el balcón del Ayuntamiento hispalense.

“Más salarios para nuestros maridos”

Las huelgas de trabajadores municipales se liquidan poniendo directamente a soldados en esos puestos, pero lo que mejor evidencia cómo están las cosas es la ya apuntada protesta de las amas de casa, con sus carteles de Congelación de precios, Mercado libre o Más salarios para nuestros maridos. La manifestación se celebra el 1 de marzo, en plena Cuaresma, y según la crónica de Senda hacia el socialismo (órgano del comité provincial de Sevilla del PCE), participaron unas 400 mujeres que, cuando les quitaron las pancartas, “mantuvieron alzadas las bolsas de la compra vacías” para que quedara bien claro por qué se manifestaban.

Ya en febrero de 1977, cuando todavía estaba por celebrar una Semana Santa en la que sí que empezaron a ser evidentes los cambios, el vespertino Informaciones de Andalucía publica unas encuestas que el periodista Antonio Crespo envía a los líderes locales de todo el espectro político. “Ahí se ve que la diferencia no es tanto ideológica sino cómo se entiende la Semana Santa, si como algo religioso o como una fiesta popular con dimensión religiosa”, comenta Isidoro Moreno.

“En ese momento era una fiesta popular secuestrada por los sectores más de derechas para recalcar su carácter religioso”, continúa, cuando considera “de chiste” intentar separar lo religioso de lo cultural ya que “lo religioso es una parte de lo cultural”, defender lo contrario es “de una ignorancia supina” y “una monstruosidad en términos de antropología”. En este momento, “parte de la izquierda redefine su papel” con respecto a las hermandades, “pero otra sigue instalada en un anticlericalismo naif más propio del XIX”, unos “paleomarxistas” que aceptan la interpretación dominante de la derecha y no entienden que “laicidad no es igual que laicismo: uno no participa en la Semana Santa como cargo político sino como individuo”.

Iglesias de garaje versus parafernalia cofrade

Aquel mismo Domingo de Ramos, tira de memoria Antonio Zoido, se celebró una reunión del comité andaluz del Partido de los Trabajadores “y yo estaba como loco por acabar porque me iba a perder todas las cofradías”. A eso de las once de la noche, se levantó y dijo que se iba a ver la Hiniesta de recogida, a lo que le preguntó la esposa del secretario general si le podía acompañar. Allá que se fueron los dos a verla entrar en su templo y cuando se dio cuenta la mujer, “una catalana no creyente que nunca había visto una procesión en Sevilla”, estaba con lágrimas en los ojos y sin poder explicar por qué se había emocionado.

“Las hermandades estaban todavía con una crisis que empezó en los años 60”, relata por su parte Manuel Jesús Roldán, ya que su parafernalia “chocaba con la estética post Vaticano II y lo que se llamó las iglesias de garaje, muy sencillas”. Las cofradías, curiosamente de las escasas entidades en los que se votaba democráticamente durante el franquismo, no esconden su miedo a una izquierda que está esperando su momento. “Estos acaban con la Semana Santa” es una frase muy repetida entonces, para después sorprenderse con que “había gente muy capillita” empezando por el primer alcalde democrático, el andalucista Luis Uruñuela.

Ese 1976 ya se permite abrir a los cines Viernes y Sábado Santo, algo impensable antes por el luto oficial por la muerte de Cristo, “e incluso se cuela alguna película de destape”, indica Roldán, y los temores anticofrades no sólo no se confirman sino que hay “una explosión espectacular de lo popular”. “Temían el debilitamiento del nacionacatolicismo y fue al revés, la etapa democrática activaría a las hermandades”, comparte Moreno, que sitúa en 1980 cuando de verdad se nota en la Semana Santa el nuevo periodo político. Eso será tras las elecciones municipales de 1979 y al abrigo del primer ayuntamiento democrático... formado por una coalición de partidos de izquierdas tras un pacto PSA, PSOE-A y PCE.

El Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley que regula las indemnizaciones a las víctimas o sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición. El texto, que ha contado con el apoyo en contra del Partido Popular y Vox y la abstención de Junts, reforma la Ley de Memoria Democrática para ampliar el margen temporal que ya estaba previsto en la anterior ley, la de 2007, que reconoció estas reparaciones hasta el 31 de diciembre de 1977. La idea inicial del Real Decreto era alargar la fecha un año más, hasta diciembre de 1978, pero un acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y ERC hará que el periodo se amplíe todavía más, hasta 1983, según confirman ambas partes.

El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, será ahora tramitado en el Congreso en forma de proyecto de ley para seguir debatiendo las exigencias de las formaciones de izquierdas como ERC, Bildu o Podemos, que han coincidido en reclamar la extensión temporal de la medida. Y eso porque 1983 es el límite que deja establecida la propia Ley de Memoria Democrática al reconocer las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron contra personas que peleaban “por la consolidación de la democracia”.

La reforma legal reconoce “el derecho a una indemnización” de 250.000 euros a los familiares de quienes fallecieron desde el 1 de enero de 1968 “en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos”, no pudiendo recibirlas aquellos que hubieran pertenecido a bandas o grupos armados terroristas. Para aquellas personas que fueron heridas y que hoy tienen reconocida una incapacidad por ese motivo, se recogen dos tipos de ayudas: una de 180.000 euros para quienes tienen incapacidad permanente absoluta y de 500.000 euros para los que tienen gran incapacidad.

En la práctica, estas cantidades son las que ya se reconocen para víctimas del terrorismo, según la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que incluye otros dos supuestos de incapacidad –total y parcial– no reconocidos en esta. Las víctimas del tardofranquismo no podrán recibir el pago si ya han recibido alguna otra compensación económica por los mismos hechos, aunque si es menor, podrá actualizarse y compensarse.

De esta forma se amplía el límite temporal y se actualizan las cantidades que ya puso en marcha la Ley de Memoria Histórica de 2007 en su momento y que iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. El nuevo texto reconoce que aquellas víctimas que hubieran recibido estas indemnizaciones entonces, pueden solicitar ahora una compensación por la diferencia. “El tiempo ha demostrado que el régimen de compensaciones de 2007 era insuficiente. No estamos hablando de números, sino de personas afectadas o sus familiares si es que han fallecido, de vidas truncadas y de sufimiento sin fin”, ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

“Tenemos una deuda con estas personas que dejaron su vida, su integridad física o los mejores años de sus vidas. Debemos reconocer el esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas que pelearon para que hoy disfrutemos de un sistema democrático habiendo dejado atrás la ignominia franquista”, ha apuntado Torres, que aunque ha reconocido que “desde el punto de vista económico” esa deuda “es impagable”, la intención es saldarla en la medida de lo posible mediante las indemnizaciones que regula el decreto.

El Gobierno dio luz verde a este Real Decreto al calor de las reclamaciones de las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. Varios portavoces andaluces de los partidos que han apoyado el texto han recordado el asesinato del joven y han rememorado las historias de otras tantas víctimas, en su mayoría asesinadas por actuaciones policiales durante la Transición, en huelgas, movilizaciones o protestas de díversa índole.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha avanzado que el Gobierno ha recibido ya medio centenera de solicitudes desde la entrada en vigor del Real Decreto y ha aceptado 15, entre ellas la de García Caparrós. También la de Víctor Manuel Pérez, que con 23 años fue asesinado de dos disparos por la espalda en Portugalete “por el mero hecho de repartir octavillas de una huelga”, o la de Amador Rey, que en marzo de 1972 “dejó viuda y tres hijos” tras ser asesinado por la policía franquista durante una huelga en Ferrol. Además, se ha aceptado la solicitud de la familia de Ángel Almazán, que murió en el hospital en 1976 por “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, ha apuntado Ángel Víctor Torres.

Una “aberración histórica”

Las formaciones políticas que han apoyado el Real Decreto han aplaudido la nueva medida, pero han coincidido en calificarla de “insuficiente”, sobre todo en lo que respecta al margen temporal que contempla el texto tal cual salió del Consejo de Ministros. “Sigue sin reconocer a todas las víctimas”, ha señalado la diputada de Bildu Isabel Pozueta, una petición que también han reclamado desde Podemos, el BNG o ERC. La formación catalana ha llegado a un acuerdo con el PSOE para “corregir” algunos puntos de la norma, según ha dicho durante el debate en el pleno el diputado Francesc Marc Álvaro Vidal y han confirmado ambas partes.

“Señor ministro, hay que hacer una revisión de los requisitos de acceso e hilar mucho más fino para evitar exclusiones injustificadas de víctimas. Los criterios tienen que estar clarísimos”, ha afirmado el parlamentario. Según han trasladado fuentes de ERC, el acuerdo con el Gobierno también pasa por la ampliación del plazo para presentar las solicitudes hasta los tres años desde la entrada en vigor del decreto frente al año contemplado ahora y la garantía de que casos como el de Salvador Puig Antich, ejecutado por el régimen franquista en 1974, también sean amparados.

Como es habitual en las medidas que tienen que ver con la memoria democrática, PP y Vox han cargado contra el Gobierno y el texto calificándolo de “despropósito jurídico y aberración histórica”, en palabras del diputado popular Pedro Muñoz Abrines. Tras denunciar “fraude procedimental” del Ejecutivo por reformar la Ley de Memoria Democrática vía Real Decreto, lo que a su juicio no se justifica por razones de urgencia, el parlamentario ha cuestionado el espíritu de la norma al defender que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede defender que no había democracia ni libertad” porque entonces “no existía Franco ni la dictadura”.

Más lejos ha ido Ignacio Hoces, de Vox, que ha asegurado que la oposición antifranquista “no luchaba por la democracia liberal” sino que partidos como el PSOE o el Partido Comunista “eran revolucionarios marxistas” y fueron “instrumentos de la ideología más totalitaria que ha visto Europa en el siglo XX”. Hoces ha nombrado el Real Decreto como un “nuevo episodio de la mentira histórica” de “la ziquierda y los separatistas” y ha vuelto a poner sobre la mesa a la banda terrorista ETA para justificar su oposición, algo que también ha hecho el representante del PP. “Olvidan lo de ayer pero recuerdan lo de hace 90 años. Son crueles con las víctimas de hoy”, ha sostenido.

En mayo, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) pondrá en marcha los servicios especializados para personas trans en su red de atención primaria. Habrá uno por cada territorio histórico. Estará disponible en el centro de salud del Casco Viejo de Donostia, en Gipuzkoa; en el ambulatorio de Deusto de Bilbao, en Bizkaia; y en el centro de salud Lakua-Arriaga de Vitoria, en Álava. Se trata de una de las medidas incluidas en la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi, presentada este jueves.

Este servicio ya había sido anunciado hace un año, el 31 de marzo de 2025, Día Internacional de la Visibilidad Trans. En aquel momento se indicó que se pondría en marcha a lo largo de 2025, sin concretar fechas. Hasta ahora, la atención sanitaria a personas trans se concentra en la Unidad de Identidad de Género (UIG) del hospital de Cruces, en Barakaldo.

El médico especialista Oskar Ayerdi ha explicado que el servicio permitirá realizar dos consultas iniciales con profesionales de enfermería y psicología. Estas tendrán como objetivo garantizar y planificar “un acompañamiento que respete las diversidades, la autodeterminación y las distintas necesidades que cada persona manifieste”.

Junto a este servicio, se plantea una “descentralización progresiva de determinados procedimientos”, entre los que destacan la terapia hormonal, algunas intervenciones quirúrgicas y la reproducción asistida. La unidad de Cruces se mantendrá como referencia para los casos de mayor complejidad.

La directora general de Osakidetza, Lorea Bilbao, ha señalado este jueves que la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi busca ofrecer un servicio “integral”. Para ello, se ha contado con más de 40 redactores: asociaciones, profesionales sanitarios y personas trans junto a sus familias. El documento tiene como objetivo que la Sanidad pública sea un espacio donde estas personas se sientan “escuchadas, respetadas y seguras”.

Ayerdi ha detallado que la guía incluye un recorrido histórico del tratamiento sanitario a las personas trans en Euskadi, una fotografía actual del servicio y un plan de acción. Ha señalado que el documento responde a las “necesidades de una sociedad cambiante” y que constituye “una forma de consolidar la unidad y la red”, facilitando la distribución de tareas.

La guía responde al artículo 22 de la ley aprobada en 2024 por el Parlamento Vasco. Precisamente esta misma semana se ha anunciado también que, al calor de ese texto, se ha decretado el 20 de noviembre como día de la memoria trans. La ley fijó que Osakidetza debería arbitrar “medidas adecuadas”, en colaboración con asociaciones, profesionales de la salud, personas trans y sus familias, “para asegurar el derecho del personal profesional a recibir formación específica en materia trans”. Y siempre desde el enfoque de la despatologización.

El periodista Fernando Ónega, cronista de la Transición española, ha muerto este martes a los 78 años. Según ha informado 65ymás, periódico del que era presidente, la capilla ardiente estará abierta este miércoles en la Casa de Galicia de Madrid.

Nacido en Mosteiro (Lugo) en 1947 se definía así: “Periodista y gallego, no sé en qué orden...”. Comenzó su carrera periodística en su Galicia natal, donde con 15 años empezó a escribir una página semanal en El progreso de Lugo. Fue en Madrid donde desarrolló gran parte de su carrera, llegando a ser director de prensa durante la presidencia de Adolfo Suárez.

Ónega escribió buena parte de los discursos de Suárez, entre ellos el emblemático Puedo prometer y prometo. Este fue uno de los discursos que han trascendido como uno de los símbolos de los años de la Transición.

Sus años con Suárez le permitieron conocer el poder “desde dentro” y la “grandeza” de algunas personas, como Santiago Carrillo, Felipe González o el propio presidente del Gobierno. Lo escribió en Puedo prometer y prometo. Mis años con Adolfo Suárez (Plaza y Janés, 2013), una especie de memorias mezcladas con la crónica de la trayectoria política, personal y sentimental de Suárez.

En la radio, inauguró el comentario político en mayo de 1978, en Hora 25 de la Cadena SER. En la SER y, después, en COPE llegaría a ser director de informativos. Y, en Onda Cero, director general. En esta última emisora, colaboró con Luis del Olmo, con Carlos Herrera, en Más de Uno y La Brújula. En televisión, ha sido director de varios programas en RTVE, así como director de relaciones externas de la cadena pública.

Siendo director de informativos de la Cadena SER vivió la cobertura del golpe de Estado del 23F, del que hace unas semanas se cumplieron 45 años. “Ese fue mi estreno radiofónico auténtico”, contaba en el podcast Maestros del Periodismo, de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). “Mantuvimos informada a la sociedad en todo momento”. Eso, la decisión de seguir emitiendo en directo, supuso, según Ónega, “un punto de inflexión en el periodismo tras 40 años de franquismo”.

En 2020 recibió su tercer Premio Ondas por su trayectoria profesional. El jurado reconoció “su fecunda carrera en la radio, tanto en su faceta directiva como ante el micrófono, desarrollada en las principales cadenas”. “Fue pionero de la incorporación de los espacios de opinión en la radio, y sigue todavía hoy aportando una mirada ponderada sobre la actualidad”.

Tras más de 30 años en Onda Cero, en septiembre de 2022, decidió retirarse de forma voluntaria. “Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana, me he olvidado de que había puentes, no he disfrutado de un solo puente en toda mi vida”, aseguró entonces.

Cada 3 de marzo, Vitoria-Gasteiz se detiene para recordar a Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, trabajadores asesinados en 1976 por parte de la Policía Armada, así como a las decenas de personas que resultaron heridas. No es una fecha más en nuestro calendario. Es una herida en nuestra memoria colectiva y, al mismo tiempo, un compromiso permanente con la verdad, la justicia y la reparación.

El comienzo de año de 1976 fue el inicio de un largo periodo de numerosas movilizaciones en toda España, con más de medio millón de trabajadores en huelga desde principios del mes de enero y que venían motivadas por dos reivindicaciones: la creación de un sindicato libre, independiente del sistema político franquista y la mejora de las condiciones laborales.

Y en Vitoria estas movilizaciones fueron especialmente activas, tanto por los propios trabajadores, como por las marchas organizadas y protagonizadas por sus mujeres, que recorrían diariamente las calles de la ciudad como muestra de apoyo a sus maridos.

Era un contexto en el que la libertad sindical y el derecho de huelga y reunión no estaban garantizados, ni se daban las garantías propias de un Estado de Derecho, alcanzadas en 1978 con la aprobación de la Constitución española.

Ese 3 de marzo de 1976, 5.000 trabajadores se encontraban dentro de la Iglesia de San Francisco de Asís celebrando la asamblea número 241 desde el día 1 de enero del mismo año, con el único objetivo de debatir y coordinar sus reivindicaciones laborales. En ese contexto de debate, de tertulias compartidas, de pensamiento colectivo, la Policía Armada decidió entrar a la iglesia lanzando gases lacrimógenos en su interior para desalojar a los trabajadores que se encontraban allí reunidos. Y cuando éstos intentaron salir y huir y, a pesar de estar completamente desprotegidos, la Policía decidió atacarles, produciéndose cargas y disparos con armas de fuego. El resultado ya es sabido por todos. 

Los hechos acaecidos en Vitoria ese día 3 de marzo de 1976 agitaron a todo el país, provocando un gran enfado social, reconociendo hasta el propio ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, que las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Armada fueron “lamentables”, aunque jamás asumiera ningún tipo de responsabilidad política, y justificando los actos en aras del mantenimiento del orden público. 

Hoy, medio siglo después, los derechos laborales forman parte del núcleo de nuestro Estado social y democrático de derecho. La negociación colectiva, la libertad sindical, el derecho de huelga y la protección frente a los riesgos laborales no son concesiones que nos hayan venido regaladas: son conquistas históricas. Conquistas que debemos cuidar cada día, desde el diálogo social, desde el cumplimiento de la ley y desde la responsabilidad compartida de empresas, trabajadores y administraciones.

Como subdelegada del Gobierno en Álava, y en nombre del Gobierno de España al que represento, quiero reafirmar nuestro compromiso con la memoria democrática y con el reconocimiento de las víctimas. 

Este compromiso con la memoria reciente y el respeto a los derechos humanos se materializa con iniciativas tales como la declaración de la Iglesia de San Francisco de Asís como Lugar de Memoria Democrática, impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España y publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 23 de febrero de 2026. Esta declaración busca preservar la memoria de aquellos hechos y promover la educación ciudadana sobre los valores democráticos. En un contexto en el que apenas se reconocían derechos básicos como el de reunión o asociación, la Iglesia de San Francisco funcionó como un lugar clave para el intercambio y la organización colectiva: un punto de encuentro fundamental para los trabajadores de Vitoria en una etapa marcada por la ausencia de libertades políticas y sindicales. 

La declaración como Lugar de Memoria implica la puesta en marcha de diversas medidas destinadas a su protección y valorización. Entre ellas se incluyen su adecuada identificación y señalización, la preservación de los elementos conmemorativos ya existentes y la promoción de iniciativas orientadas a la divulgación y contextualización histórica de los acontecimientos.

La historia demuestra que muchos de los avances sociales actuales fueron fruto de la organización y el sacrificio de trabajadores y trabajadoras que defendieron, incluso con su vida, la justicia social.

La mejor manera de honrar a quienes perdieron la vida aquel 3 de marzo es seguir trabajando por una sociedad más justa, donde el conflicto laboral encuentre siempre cauces democráticos y donde ninguna reivindicación legítima sea respondida con violencia. Es consolidar una cultura del trabajo digno, seguro y con derechos. Es garantizar que nunca más luchar por las clases trabajadoras pueda costar la vida.

La memoria no es un ejercicio del pasado; es una guía para el presente. Que el recuerdo de aquellos trabajadores nos interpele, nos una y nos obligue a estar a la altura de lo que representan: la dignidad del trabajo como fundamento de la democracia.

En uno de sus libros de memorias ('En busca del tiempo servido') así lo recordaba Manuel Fraga y no es inhabitual escuchar algo similar de algunos de los que estuvieron en ese conflicto que acabó dramática y violentamente aquel 3 de marzo de 1976. Estos días, un grupúsculo comunista invita a asistir a una charla titulada '50 años del soviet de Vitoria'. ¿Existió eso alguna vez?

Un soviet es, en principio, una manera de organizarse los trabajadores desde la base, de manera autónoma y mediante la democracia directa. En ese sentido, lo de Vitoria fue lo más parecido a un soviet. Los huelguistas se organizaron mediante asambleas, voto a mano alzada y comisiones representativas negociadoras. Lo hicieron porque, desde un principio, prescindieron del Sindicato Vertical, tanto por verlo ineficaz y contrario a sus intereses, como por presionar en esa línea sus dirigentes, entre los que eran minoría los partidarios del entrismo en ese organismo (el PCE y sus Comisiones Obreras afines). A partir de ahí, no tuvieron otra que acudir a los mecanismos primarios de reunión, debate, toma de acuerdos y traslado y negociación de estos: la democracia directa. No eran convencidos de las tesis consejistas de Rosa Luxemburg o de Anton Pannekoek, sino que acudieron a esa fórmula de manera instintiva. Y de ahí salieron sus dos dirigentes principales, Tomás Echave y Jesús Fernández Naves, representando respectivamente esas dos líneas autonomistas: la vanguardista marxista y la autoorganizativa más libertaria. Naves, de hecho, reconoció que la primera vez que leyó a Pannekoek fue estando ya en la cárcel, después de marzo.

Las ocho semanas de huelga vitoriana a comienzos de 1976 fueron un ejemplo de autoorganización obrera, desarrollando un sistema muy sofisticado, a la vez que simple, para sus más de seis mil huelguistas, sus familias y el resto de la ciudad. El organigrama de asambleas diversas; el delicado papel de sus representantes, a caballo entre el impulso vanguardista y la simple representación; las cajas de resistencia y el reparto establecido de ayudas según las diferentes situaciones familiares; el protagonismo de las mujeres de los trabajadores en la difusión y denuncia en la calle del conflicto; la conexión con la disposición de los no huelguistas que les apoyaban; la capacidad para resistir juntos y no declinar ante procesos localizados de negociación en algunas empresas; o la manera de convertir un conflicto laboral en otro popular que alcanzase a buena parte de la ciudadanía local son expresiones de esa alta calidad organizativa que lograron. Además, a cargo de una clase obrera que se estaba constituyendo en ese momento a partir de la experiencia que vivía, y de unos dirigentes que tampoco venían bregados por situaciones anteriores. No extraña que uno de los puntos de tensión entre la dirección de la huelga fuera por la mayor o menor confianza en la capacidad de aprendizaje de la clase obrera en su experiencia de conflicto. Los resultados prácticos respaldaban a los más partidarios de la autoorganización, en perjuicio de los vanguardistas.

Las ocho semanas de huelga vitoriana a comienzos de 1976 fueron un ejemplo de autoorganización obrera, desarrollando un sistema muy sofisticado, a la vez que simple, para sus más de seis mil huelguistas, sus familias y el resto de la ciudad

Pero, además de ser una forma de organizarse en un conflicto, un soviet es un instrumento de intervención política revolucionaria. Así fue en la historia. En este punto es más complicado asignarle la denominación. El conflicto vitoriano fue laboral 'sensu stricto' y su politización fue posterior a él. Durante el franquismo, cualquier demanda social tornaba en política por la propia incapacidad e indisposición del régimen. Se pedía un paso de peatones, la policía disolvía la manifestación vecinal, detenía a algún portavoz y la cosa devenía en una impugnación de la dictadura. Así se politizaron también los obreros vitorianos, pero las demandas durante el conflicto no se salieron del marco laboral. No hay constancia de otras más políticas. Estas aparecen meses después, cuando la Transición arranca de verdad, cuando la calle se agita todavía más y cuando las vanguardias partidarias se manifiestan en su lenguaje sin limitaciones, cosa que sí respetaron durante la huelga para mantener la unidad.

En ese sentido, la radicalidad organizativa no tiene su correspondiente política porque no aspiró a transformar nada más allá que sus condiciones de trabajo, y las vanguardias tuvieron un tiempo limitado para incidir en esa experiencia. Fue después cuando esto comenzó. Los huelguistas impugnaron el Vertical e impusieron la lógica de la negociación directa. Así fue después de marzo, cuando se acordó empresa a empresa la tabla reivindicativa que llevaban. Pero no hubo ninguna propuesta revolucionaria y ni siquiera política, como, por otra parte, fue la tónica de la mayoría de los conflictos laborales de ese instante y en ese lugar. Después, se insiste, se añadieron otros ingredientes, y en otros lugares, como las provincias vascas del norte, ya aparecían con antelación estos en sus demandas, pero aquí y entonces no fue así.

De hecho, este tema lo reflexionan los libros de memorias políticas de protagonistas de la huelga (Echave, Val del Olmo) y lo comentaron otros en entrevistas o charlas (Naves, Olabarría). Los de partidos trotskistas o maoístas también le dieron vueltas (Iñaki Martín, Juanjo San Sebastián, Alberto Martínez de Lahidalga, los hermanos Ruiz, Subiés). Los del PCE (Lecuona, Otaegui) se vieron en minoría y se apartaron de ese debate, sin ni siquiera entablar o insistir en otro alternativo. En general, con la evidente excepción de los asamblearios estrictos y antipartido, se lamentaron de no haber dirigido más el conflicto, de no haberlo derivado a una mayor confrontación, y se reservaron la experiencia para traducirla políticamente en favor de sus demandas durante la Transición. Ahí se politiza fuertemente la situación vitoriana y el recuerdo de marzo, todavía en los términos del radicalismo sindical, que no de la nacionalización del mismo, muy posterior y con otros agentes casi por completo ausentes en su origen.

La historia y la memoria del Tres de Marzo son por eso complejas de conciliar. Se recuerda un proceso muy radical en sus formas, trágico en su resolución, antagónico del relato transicional. Pero lo hace en una construcción memorial donde, además de aparecer un nacionalismo vasco ajeno a aquello, se actualiza sobre la base de que aquel radicalismo persistió en el tiempo, cosa discutible. La experiencia vitoriana radicalizó y extremó después las relaciones laborales locales, pero no solo por ella, sino por el lugar donde se desarrollaban. Ahí, por ejemplo, ejerció más influencia el entorno de violencia terrorista y de violencia social mantenido en la segunda mitad de los años setenta y en los ochenta. O derivó en esa segunda década el protagonismo de una lucha sindical radicalizada a los trabajadores de Michelin, cuando estos no habían participado directamente de la experiencia de Marzo. 

Ahora, al cabo de cincuenta años, se plantea qué recordar de aquello: si solo ese radicalismo y el de quienes se atrincheraron en él después para impugnar ese tránsito a una democracia, con sus añadidos terroristas en la práctica y ultranacionalistas en el objetivo final, o si cabe incorporar la memoria de quienes lo tienen como una tragedia en el marco de esa transición de un régimen de dictadura a otro de democracia que defienden. La primera fórmula puede ser más ajustada a lo sucedido —aunque solo en parte, porque sobran los añadidos exóticos posteriores— y la segunda es más integradora y coherente con el tipo de sociedad en que todos vivimos (incluidos los resistentes).

No ha sido un camino fácil, durante años partidos mayoritarios e instituciones intentaron pasar página y silenciar la lucha y la matanza de Vitoria en 1976 porque contradecían su relato de una Transición que ni fue modélica ni pacífica. Hoy hay consenso en considerar que esa lucha, y la solidaridad que generó, fue determinante para hacer fracasar los intentos de reformar el franquismo e impulsó de forma decisiva las libertades. Sin embargo, los dirigentes obreros renunciaron a la ruptura democrática propiciando una Transición que mantuvo intactos resortes del poder franquista y legitimó la injusticia y la impunidad con las víctimas. 

Cien mil personas participamos en el funeral de los tres primeros asesinados aquel aciago día, la mayor manifestación contra la dictadura fascista que se resistía a morir matando. Durante el recorrido, miles de brazos se alzaban haciendo el signo de victoria. La brutal intervención policial no pudo empañar el éxito de una huelga general que consiguió el apoyo de todo el pueblo de Vitoria con una clase trabajadora que durante dos meses demostró su capacidad de lucha y sacrificio enfrentándose a una patronal intransigente enriquecida bajo la dictadura gracias a leyes criminales y una represión sistemática del movimiento obrero.

Pagamos un precio muy alto, pero los asesinatos de Pedro María, Francisco, Romualdo, José y Bienvenido, acribillados a quemarropa al disolver la Policía una asamblea obrera, concitaron la solidaridad de medio millón de personas en la huelga general más importante de Euskal Herria, y amplia contestación en el Estado y en el mundo, con dos nuevos asesinatos en Basauri y Tarragona.

Los asesinatos de Vitoria fueron terrorismo de Estado y no una “respuesta policial abusiva”, como ha declarado recientemente una dirigente del partido socialista. Esa sutil diferencia impide que se consideren delitos de lesa humanidad, que ni prescriben ni pueden ser amnistiados, y establece víctimas de primera y de segunda categoría. Sin órdenes o autorización del Gobierno franquista, el gobernador civil no hubiera violado el concordato de 1953 con la Santa Sede, que prohibía entrar en las iglesias, ni la Policía hubiera intervenido tan fría y premeditadamente.

Además, las instrucciones de “no os importe matar”, dadas cuando Manuel Fraga y Rodolfo Martin Villa eran ministros de Interior, avalan que fueron crímenes de Estado. No fueron los únicos. Hubo más de cien asesinatos de trabajadores y personas de izquierdas, como el de los Sanfermines de 1978, desde la muerte de Franco hasta que se aprobó la Constitución. Por eso, es necesario que el Gobierno de España reconozca, pública y políticamente, que existió violencia de Estado. 

Defendiendo lo más básico; poder elegir a nuestros representantes, un sueldo decente, y una jornada laboral digna, conquistamos las libertades ejerciéndolas, y nos enfrentamos al poder económico que tenía a su servicio el sindicato vertical, las instituciones, las leyes, los medios de comunicación y la Policía. Nos golpearon, nos despidieron, nos detuvieron, nos torturaron, nos balearon, nos asesinaron. Pero no pudieron doblegarnos.

No nos regalaron nada, todo hubo que conquistarlo. Conseguimos romper los topes salariales, mejoras laborales, reconocimiento de asambleas y Comisiones Representativas, readmisión de despedidos, garantizar el puesto de trabajo a los detenidos, que se potenciarán las asociaciones de vecinos y se pusiera en pie un movimiento propio de las mujeres, pero después hubo que seguir luchando porque bajo el capitalismo ninguna mejora es estable ni permanente. 

Hoy sobran razones para seguir peleando. El constante incremento de los ritmos de trabajo aumenta las bajas laborales por trastornos mentales, la subida de los precios adelgaza los salarios en favor de los beneficios del capital. Interminables cadenas de subcontrataciones recaen en las empresas con empleos más precarios, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, la jornada aumenta porque se obliga a meter horas extras que en muchos casos no se pagan, los precios de la vivienda están por las nubes debido a la especulación, la sanidad, la educación o la dependencia se deterioran y se privatizan, el fraude y la elusión fiscal de las grandes empresas son endémicos, y la desigualdad es creciente. 

La crisis del capitalismo y la disputa por la hegemonía imperialista incrementan el militarismo y la agresividad, las migraciones masivas, el negacionismo climático de la extrema derecha, la dictadura de las plataformas digitales, la degradación del planeta, o los planes para hacer negocios con los genocidios y el sufrimiento de millones de personas, mientras se aplican leyes, como la ley mordaza, que criminalizan la protesta y atacan de raíz derechos que han costado sangre, sudor, y lágrimas conseguir. Sin embargo, la clase trabajadora seguimos ocupando la centralidad social y económica, y la historia enseña que podemos ocupar también la centralidad política, impulsando cambios profundos en la sociedad.

Ahora mismo, en Euskadi, más de 50 empresas o sectores afectando a miles de trabajadores están en huelga. El movimiento pensionista lucha para mejorar las pensiones de miseria de miles de mujeres que no cotizaron lo suficiente por dedicarse a tareas de cuidados, de menores y personas dependientes, porque el PSE-EE y PNV ni siquiera permiten que se debata en el Parlamento Vasco, a pesar de haber recogido más de 145.000 firmas de apoyo.

El próximo día 17 de marzo hay una convocatoria de huelga general en Euskal Herria en favor de un salario mínimo de 1.500 euros, lo que beneficiará a mujeres, personas migradas y jóvenes, y reducirá la pobreza y la precariedad. Buen momento para recuperar lecciones del 3 de marzo. La organización, la solidaridad, la unidad de acción o la extensión y coordinación de las luchas, mientras seguimos defendiendo la verdad, la justicia, la reparación y un Memorial del 3 de marzo que contribuya a conseguir esos objetivos.

El Gobierno ha desclasificado este miércoles los documentos que hasta ahora permanecías secretos sobre el 23F, algo más de 150 documentos con informes, conversaciones telefónicas y detalles de la intentona golpista que acabó en fracaso. Hemos elaborado esta guía para navegar por las diferentes informaciones que han salido de esa documentación, que contiene detalles como el papel de los espías, la desazón de la mujer de Tejero o las alusiones al rey Juan Carlos.

Los rumores sobre Juan Carlos: “Tiene un avión para huir”

Hay muchas alusiones al rey Juan Carlos en los documentos, pero ninguna clara sobre su participación en el golpe, pese a lo mucho que se ha especulado estos años. De hecho, esas mismas especulaciones comenzaron ya inmediatamente tras el golpe, como recoge este documento sin ninguna firma que identifique su autoría o procedencia. El informe, de diez páginas, recoge esa “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” entre los que se encuentra que el rey tenía “un avión para huir de España” o que “envió a sus hijos a Inglaterra” antes del golpe de Estado.

El rey en el plan de los golpistas: “Un objetivo a abatir y anular”

El monarca aparece también mencionado en varias ocasiones en un texto, de noviembre de 1980, plantea distintos escenarios para el derrocamiento del Gobierno de Adolfo Suárez. En un documento anexo posterior al intento de golpe de Estado se analiza la opinión de una facción del ejército que señala los riesgos de “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, cuando ha frustrado por televisión las posibilidades de éxito del golpe de Tejero. Es un auténtico mapa de posibilidades para el golpe y de opciones para el futuro cuando ya había fracasado. Puedes leerlo aquí.

Las llamadas: “¿Has visto qué asco de Ejército tenemos?”

Una de las principales expectativas sobre los documentos desclasificados este miércoles eran las transcripciones sobre el inmenso tráfico de llamadas que se produjo aquella noche. Pero lo cierto es que no están las que se produjeron desde el interior del Congreso, o las que mantuvo el rey con las capitanías generales.

Sí se ha publicado un extenso documento con las llamadas de una protagonista inesperada de la noche del 23F: la mujer de Antonio Tejero, Carmen Díez. No soltó el teléfono aquella noche, preocupada por su marido, protagonista ya de un golpe fracasado, y al que se refiere con una ristra de descalificativos: “El tonto desgraciado, lo han dejado solo”. Hemos reunido aquí las conversaciones más importantes de Díez, que constituyen un documento fundamental para entender lo que ocurrió aquella noche, en la que en a cada minuto se distanciaban aún más las expecativas iniciales de la realidad.

Pero hay más conversaciones interesantes. Por ejemplo, la que mantuvieron el general Carlos Iniesta con el golpista Juan García Carrés, o una entre dos soldados sobre la toma de RTVE, que pudo acabar en tragedia: “El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”.

Espías que pillaron a otros espías

Se esperaba que los documentos de hoy incluyeran informes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el anterior CNI, y aunque ninguno recoge los movimientos previos al golpe (lo más interesante), hay uno fundamental: el que revela la “participación activa” de seis de sus agentes en el 23F.

El informe dice directamente que “se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos”. Fueron seis en total: cuatro de ellos nunca fueron procesados en la causa judicial que investigó los hechos, mientras que de los dos restantes, uno fue condenado y el otro absuelto. Puedes leer aquí este informe elaborado por espías sobre las actividades golpistas de otros espías.

Prisiones saturadas, militares católicos y un PCE monárquico

Los documentos de este martes, aunque no han arrojado nuevas claves sobre el golpe, sí que contienen innumerables detalles sobre aquella noche y sobre la tensión que se vivió en el país los meses posteriores. Hay anécdotas curiosas, como que se arrestó a tantos oficiales que no cabían en la prisión militar, que el PCE estaba muy preocupado por el futuro de la monarquía, o las tensiones dentro del Ejército: “El ambiente en los cuarteles se está enrareciendo”.

De hecho, un documento secreto de la época alertaba de que los soldados podía distanciarse “peligrosamente” de sus mandos y la Constitución. Hasta el punto de que se diseña un plan para recuperar el control con nuevos mandos militares, que debían ser “católicos con evidencias” pero sin “afinidades políticas”. Aquí están el resto de requisitos.

Teófilo del Valle Pérez tenía 20 años cuando un policía le mató el 24 de febrero de 1976. Se convirtió en la primera víctima mortal por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la Transición, aunque le seguirían decenas de ellas más. Trabajaba en una fábrica de bolsos en Elda (Alicante). En esos días, una fuerte huelga del sector del calzado sacudía la comarca. La represión era constante. El joven huía de los agentes cuando le dispararon seis tiros por la espalda. Dos impactaron en su cuerpo y acabaron con su vida. La justicia militar instruyó el caso. Daniel Aroca del Rey, el agente que disparó, terminó absuelto.

La familia nunca tuvo noticias de la investigación, se la mantuvo al margen, intentando silenciarla. Tampoco han recibido compensación alguna por el crimen, ni mucho menos justicia por el terrible suceso. La Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) ha intentado reabrir el caso. Ahora que se cumplen 50 años de los hechos, el juzgado ha pospuesto la declaración tanto de Aroca como de Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en aquel momento y posterior ministro del Interior hasta 1979.

Manuel de Juan Navarro es investigador y cineasta. También una de las personas que mejor conoce lo sucedido con Teófilo del Valle tras su extenso proceso de documentación para preparar el documental Las tres muertes de Teófilo del Valle. Según contextualiza, la exportación del calzado en aquellos años significaba una entrada de divisas a España muy importante, comparada a las del turismo y las remesas enviadas por los emigrados.

La zona de Elda era de las más potentes para el calzado, y lo era por las largas jornadas de trabajo que sufrían unos obreros extenuados y un ritmo de producción febril, pero también por desarrollar una actividad muy dinámica en cuanto a reivindicaciones laborales y protestas sociales. “En esta comarca se producía el 80% de calzado español y los representantes elegidos en las fábricas no eran reconocidos por el Sindicato Vertical”, explica De Juan.

Dos jornadas de lucha terminan en muerte

Las jornadas de reivindicación se sucedían en Elda. El lunes 23 de febrero de 1976, miles de trabajadores se asamblearon en la plaza central del pueblo, dedicada a Emilio Castelar. El cineasta estaba allí, lo vivió en primera persona. “Éramos unas 3.000 personas y la Policía Armada estaba preparada, vigilándonos todo el rato mientras subíamos en manifestación hacia Petrer [municipio cercano a Elda], para concentrarnos delante del edificio del Sindicato Vertical”, añade De Juan, a quien la familia Del Valle le ha otorgado poderes judiciales para actuar en su nombre.

Las cargas fueron brutales. “La Policía produjo una situación de caos increíble”, recuerda el cineasta. Él ha tenido acceso a los informes policiales de aquella actuación, donde los agentes reflejaron que los trabajadores les atacaron con piedras y no tuvieron otro remedio que intervenir. De Juan zanja rápido el asunto: “Lo que dicen es una mentira tras otra”.

El 24 de febrero se paró en algunas fábricas de Elche, pero no en Elda ni Petrer. Los trabajadores de estas localidades, sin embargo, intentaron realizar una asamblea en la plaza Castelar, aunque la Policía Militar lo evitó. La tarde terminó con carreras de los obreros delante de los agentes. “Sobre las 22.00 horas se empezaron a retirar. Imagino que los mandos policiales estaban cansados de perseguirnos tanto tiempo”, sostiene el investigador.

Los policías marchaban ya en autobuses cuando un último grupo de trabajadores muy jóvenes les insultaron y les lanzaron una piedra. El sargento Laureano Ballesteros mandó bajar a los agentes. “El material antidisturbios ya lo habían guardado, así que algunos policías salieron con la pistola en la mano”, recalca De Juan. En ese momento, Aroca disparó hasta seis tiros por la espalda a Teófilo del Valle, quien entonces trabajaba en la fábrica de bolsos Soler de Elda, en el barrio de la Tafalera. Una bala le entró por un tobillo, y le hizo caer, y otra le penetró el cráneo por la nuca, lo que le dejó herido de muerte.

En las inmediaciones se oyeron más disparos, aunque presumiblemente fueron al aire. Otro agente se acercó a Teófilo y le intentó realizar un torniquete en la pierna. “En cuanto vio su cabeza supo que el chaval iba a morirse”, opina el cineasta. El joven de 20 años no llegó con vida al hospital.

El tribunal militar absuelve al policía

El juez que instruyó el caso llegó a la conclusión de que Aroca tiró a matar. “Según la transcripción literal de su primera declaración, aceptó ante el magistrado que había disparado al cuerpo. Al día siguiente, aleccionado por sus superiores, lo negó y dijo que el juez le obligó a confesar”, recuerda De Juan. Decretaron prisión provisional y el caso pasó a disposición del juzgado militar.

La familia intentó actuar. José Antonio del Valle, hermano de Teófilo, vive en Uruguay y tiene 78 años, pero no olvida: “Nosotros siempre pensamos que una bala le había matado de rebote. Hasta que no conocimos a Manuel de Juan que hizo el documental y comenzó a investigar, no supimos que lo asesinaron vilmente”. Su padre intentó estar presente en el juicio mediante un abogado, pero la jurisdicción militar no se lo permitió.

El consejo de guerra tuvo lugar el 6 de julio. Todo iba demasiado rápido. En la vista no se habló de por qué Aroca había decidido disparar seis veces por la espalda. El debate se centró en si la bala que quedó alojada en la nuca había sido un rebote. El fiscal militar reconoció que la documentación atestiguaba que el agente había disparado sin tomar las precauciones y que había cometido un homicidio imprudente. Pedían dos años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la profesión y el pago de 650.000 pesetas como indemnización a la familia Del Valle.

Todo parecía que la sentencia se tornaría condenatoria para Aroca. El dictamen recogía todo lo ya explicitado, pero también un último considerando. Como Aroca había actuado en cumplimiento de su deber, se le aplicó un eximente y procedieron a su absolución. El agente salió en libertad y reingresó en el cuerpo policial, la familia Del Valle jamás fue indemnizada y, en definitiva, no se hizo justicia al crimen.

José Antonio, el hermano mayor de Teófilo, recuerda en conversación con elDiario.es que la familia nunca supo nada. “Mis padres se murieron sin conocer lo que realmente había ocurrido”, se lamenta al teléfono henchido de rabia e impotencia. Ahora, 50 años después, afirma con seriedad que “Franco se había muerto hacía apenas tres meses antes y todas las estructuras de la dictadura seguían operando”.

Martín Villa intenta posponer su declaración

La esperanza es lo último que se pierde, responde José Antonio al preguntarle por el nuevo proceso judicial. Jacinto Lara, abogado de Ceaqua, explica los pormenores de la querella interpuesta en Elda en abril de 2024 y que puede traer algo de verdad y justicia a la familia Del Valle. Por primera vez, la jueza que instruía el caso llamó a declarar en calidad de investigados, los antiguos imputados, a Martín Villa y Aroca. Hay otros querellados, aunque algunos han fallecido y otros todavía están en proceso de ser localizados.

La declaración de los investigados debería haberse realizado en noviembre de 2025 por videoconferencia. El antiguo ministro lo haría desde Madrid y el policía que disparó las balas que mataron a Teófilo desde Albacete. Por cuestiones estrictamente tecnológicas del juzgado, la comparecencia tuvo que posponerse, explica Lara. La magistrada fijó una nueva fecha para las declaraciones, que esta vez tendrían que ser presencialmente en Elda, para este 4 de febrero. Tampoco tuvieron lugar.

La defensa de Martín Villa ya había recurrido la admisión a trámite de la querella. “La jueza se basó en el derecho internacional y en la no prescripción de estos crímenes de lesa humanidad, además de en el derecho que establece a la investigación la Ley de Memoria Democrática y un informe a favor presentado por el fiscal de Memoria”, se explaya el mismo Lara. Este primer recurso de reforma fue desestimado por la jueza.

Martín Villa siguió intentando no sentarse delante de la jueza. Interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante el noviembre pasado. En él solicitó que su declaración como investigado se suspendiera cautelarmente hasta la resolución del recurso. La representación de Aroca, el expolicía, se adhirió a ello. La jueza no dio curso al escrito y mantuvo las declaraciones para principios de febrero, y la defensa del antiguo ministro insistió.

En ese momento, días antes del 4 de febrero, cambió la jueza que llevaba el caso y un nuevo magistrado se hizo con su instrucción. La primera decisión que tomó fue dejar en el aire la declaración de los dos investigados hasta que sus recursos se resuelvan en la Audiencia Provincial de Alicante. Lara remarca que ellos también han interpuesto un recurso de reforma ante el juez por esta última decisión. Entienden que no existe cobertura jurídica alguna para acordar la suspensión cautelar de los testimonios. Si el nuevo magistrado mantiene su decisión, elevarán el recurso a la Audiencia Provincial de Alicante.

El abogado de Ceaqua acepta que este tipo de cambios de jueces son habituales, aunque “resulta cuanto menos sorprendente” que justo ahora, que por primera vez dos personas iban a testificar investigadas por crímenes franquistas, el nuevo magistrado cambie de postura. Por su parte, José Antonio afronta con determinación estos momentos en los que se cumplen cinco décadas del primer muerto por parte de la Policía durante la Transición, su hermano Teófilo: “Aquello fue una cosa terrible y nunca se ha hecho justicia. Uno no quiere venganza, quiere justicia”.

El golpe de Estado del 23F no fue un hecho puntual, sino el desenlace trágico de la conspiración permanente en la que vivía España desde la muerte del dictador, con una incipiente democracia asediada por sectores militares, económicos, políticos y mediáticos que se resistían a que el país recuperara las libertades. El asalto al Congreso de los Diputados por tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, fue la puesta en escena de una asonada que se venía preparando desde hacía meses. 

Si para la historiografía oficial la transición fue un periodo modélico de nuestra historia, el golpe del 23F fue un “accidente”, un suceso aislado protagonizado por un grupo reducido de militares nostálgicos del franquismo, que fracasó gracias a la lealtad mayoritaria del Ejército y a la actuación decidida del rey Juan Carlos I. Sin embargo, las pruebas han acabado refutando el relato. 

Un documento hallado en el archivo personal de Alberto Oliart (ministro de Defensa entre 1981 y 1982) afirma que solo tres de los 11 capitanes generales se mantuvieron leales a la Constitución. El resto permaneció a la espera del discurrir de los acontecimientos y si, como estaba previsto, la División Acorazada Brunete (DAC) hubiese tomado Madrid, la mayoría se habrían sumado. Arribistas de la patria que se hicieron demócratas al fracasar el golpe.  

En cuanto a la actuación decidida del rey, su primera intervención pública en televisión para condenar el golpe se produjo a la 1.14 horas de la madrugada del día 24, siete horas después del asalto al Congreso. Minutos antes el general Alfonso Armada, desde hacía días segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, había abandonado la Cámara tras fracasar su intento de dirigirse a sus señorías para ofrecerse como presidente de un Gobierno de concentración. 

El general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, cargo en el que había sustituido precisamente a Armada, cuenta en sus declaraciones sumariales en la causa que a las nueve de la noche del día 23 el monarca habló con Armada, “y después de una conversación que dura varios minutos Su Majestad me pasa el teléfono para que siga hablando con él”. Sabino revela que Armada le hizo partícipe de su disposición a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del Gobierno para solucionar la situación. Una propuesta que él trasladó al monarca para, acto seguido, “transmitiendo la orden del rey, que está presente, digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre del rey (…) En modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de Su Majestad el rey”.

Armada se reunió en el Congreso con Tejero, que al conocer la composición del Gobierno que el general pretendía proponer a la Cámara, integrado por representantes de todos los partidos salvo los nacionalistas, le impidió entrar en el hemiciclo. El teniente coronel esperaba que el golpe diera paso a una Junta Militar, se sintió engañado y, con su oposición y sin pretenderlo, hizo fracasar el golpe. 

Más allá de refutar los dos pilares sobre los que se sustenta aún hoy la versión oficial sobre el fracaso del golpe, el análisis de la investigación sumarial permite afirmar que la misma no tuvo nunca la intención de desvelar todos sus meandros. Se conformó con condenar a sus protagonistas televisivos, a los que los ciudadanos pudieron ver a través de la pantalla de televisión encañonando con sus fusiles al Gobierno y a los representantes de la soberanía popular, y tomando la capital del Turia en un tétrico desfile de carros de combate. 

Alberto Oliart, nombrado ministro de Defensa tras el golpe, da cuenta de ello en sus memorias cuando relata la visita que le giró a su despacho el juez instructor, José María García Escudero, de 64 años. “Me planteó que podía procesar a toda la División Acorazada Brunete (Madrid) y a toda la División Maestrazgo (Valencia), cerca de ocho mil hombres, o solo a los 33 jefes, oficiales y altos mandos que actuaron ese día. Sin dudarlo, le dije, mire usted, señor juez, lo que hay que hacer es procesar a la jefatura solamente. Bajo mi responsabilidad, tome esto como una orden”. 

Una decisión que Oliart asegura fue refrendada por el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y por el propio rey, a quien acudió a ver a La Zarzuela. De manera que al arrancar la investigación y sin conocer el alcance del golpe ya había una decisión tomada: juzgar y condenar solo a los más significados y exonerar al resto. La obediencia debida y la excusa absolutoria fueron los argumentos jurídicos en los que el instructor sustentó su decisión.

Oliart compareció en un pleno secreto del Congreso de los Diputados tres semanas después del golpe para informar de la marcha de las investigaciones. Durante su intervención afirmó que 114 personas que eran citadas en las conversaciones telefónicas intervenidas y 154 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al margen de los guardias civiles que asaltaron el Congreso, estaban siendo investigadas por su presunta implicación en la asonada. Una investigación de cuyos resultados nunca se dio traslado al juez, que en el resumen de la causa al dar por concluida su investigación, tan solo cuatro meses después de iniciada, decía: “Este juzgado no ha recibido como consecuencia de tales actuaciones ninguna clase de datos o informaciones que aconsejen actuar contra civiles”. Claro, que tampoco él hizo requerimiento alguno sobre dichas pesquisas.

Escuchas selectivas

Uno de los asuntos más controvertidos de la instrucción sumarial son las intervenciones telefónicas que Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, ordenó aquella noche para intentar descubrir todas las implicaciones del golpe. La Policía “pinchó” los teléfonos del ultraderechista Juan García Carrés, a la larga el único civil condenado, del domicilio del teniente coronel Tejero, del general en la reserva Carlos Iniesta Cano, director de la Guardia Civil entre 1972 y 1974, y de otros integrantes del búnker de los que se sospechaban conspiraban contra la democracia. De todas ellas hay constancia documental en la causa, si bien las transcripciones aluden a conversaciones mantenidas a partir de la 1:14 horas de la madrugada del día 24, tras el mensaje televisivo del rey, sin que de las siete horas previas transcurridas desde el asalto al Congreso haya constancia alguna. 

Laína ordenó al delegado del Gobierno en Telefónica, Julio Camuñas Fernández-Luna, intervenir también los teléfonos del Congreso para conocer las conversaciones que Tejero mantenía y recibía del exterior mientras mantuvo secuestrada a la Cámara. Pese a ello, estas grabaciones no existen oficialmente, aunque al menos una copia de ellas está en poder de la familia del entonces número dos del Ministerio del Interior. 

El juicio por el 23F se celebró un año después del golpe durante 48 jornadas que concluyeron con un indulgente fallo del tribunal militar, que condenó a 22 de los procesados y absolvió a los 11 restantes. El tribunal justificó su benévola sentencia aduciendo “las circunstancias personales de honorabilidad, cualidades de mando y espíritu militar; brillante historial y acreditado patriotismo y fidelidad a la Corona” de los condenados. Al día siguiente el Consejo de Ministros acordó recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, que terminaría elevando la mayoría de las penas.

El general Armada, condenado inicialmente a seis años por conspiración, lo fue como cabeza de la rebelión militar junto a Milans del Bosch y vio quintuplicada su pena inicial, hasta los treinta años de reclusión. Fue indultado en 1988 por el gobierno de Felipe González, tras ocho años de reclusión. El otro cabecilla del golpe, Milans del Bosch, obtuvo la libertad condicional en julio de 1990, tras nueve años encerrado, y Antonio Tejero fue excarcelado en diciembre de 1996, tras quince años en prisión, aunque desde 1993 disfrutaba del tercer régimen penitenciario, que le permitía ir a prisión solo a dormir. El resto de los golpistas no cumplió más de cinco años de prisión efectiva. 

Han transcurrido ya 44 años de los hechos y ninguno de los gobiernos del PSOE o PP ha tenido la voluntad política necesaria para hacer públicos los documentos que nos permitan conocer todos los extremos de lo ocurrido. Sobre el fallo judicial, elevado a la categoría de verdad irrefutable, se sostiene aún hoy el irrefutable relato oficial de lo ocurrido. 

Han transcurrido 45 años de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 y los españoles seguimos sin conocer toda la verdad de lo ocurrido. La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar que enjuició a los golpistas fijó para la posteridad una versión oficial a través del fallo judicial, según el cual el golpe de Estado fue obra de un grupo reducido de militares que fracasó gracias a la actuación decidida del rey Juan Carlos I y a la lealtad mayoritaria del Ejército a la Constitución. La realidad es que los meandros del suceso más grave de nuestra democracia desde el levantamiento militar que en 1936 acabó con la Segunda República y dio paso a cuatro décadas de dictadura siguen siendo un secreto de Estado.

La justicia militar rechazó recabar la versión del monarca, siquiera por escrito, sobre lo ocurrido aquel día, privándonos del testimonio de quien la historiografía oficial señala como el hombre que salvó a nuestra joven democracia. Ha sido el propio interesado quien en un reciente libro de memorias (Reconciliación. Editorial Planeta, 2025) nos desvele el papel que jugó, autoerigiéndose en el artífice principal, si no el único, del fracaso del golpe. “Aquella tarde, MI proyecto político estuvo en peligro, y el destino de todos los españoles en MIS manos. ¿Sería capaz de salvar la democracia que habíamos construido entre todos con una esperanza de renovación?”, se pregunta el emérito.

El rey escribe que conocía el creciente descontento que existía en los cuarteles por la legalización del PCE, el enemigo declarado del Ejército durante la Guerra Civil; el desarrollo del Estado autonómico, que los militares interpretaban como una ruptura de su indisoluble unidad de la patria, y el terrorismo de ETA, que había señalado a los militares y las fuerzas de la Seguridad del Estado como objetivos prioritarios, pero que nunca sospechó que fuese a producirse un levantamiento militar. Consumado el golpe con el asalto del Congreso de los Diputados por más de tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por los tanques del teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la región, el rey refiere de manera somera su febril actividad de aquella noche, dando órdenes por teléfono para hacer fracasar el golpe. “Hablaba con aplomo y persuasión, porque sabía que estaba en juego el destino de la Corona y del país”, escribe.

En una de esas llamadas habló con quien había sido su preceptor, secretario general de la Casa Real y en aquel momento era segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Alfonso Armada Comyn, a la postre condenado como uno de los líderes de la asonada. Una conversación que resulta definitoria del papel del monarca. Juan Carlos I afirma que cuando Armada le pidió autorización para ir al Congreso a negociar con Tejero le contestó: “No te doy ningún permiso, y no vayas allí en mi nombre”, entrecomilla el monarca sus propias palabras.

No es eso, sin embargo, lo que sostiene el general Sabino Fernández Campo, sucesor de Armada como secretario general de la Casa del Rey, que vivió aquellas horas con él en el Palacio de la Zarzuela. En una declaración por escrito ante el juez instructor de la causa sostiene que sobre las nueve de la noche del 23F el monarca telefoneó al general Armada y que “después de una conversación que dura varios minutos, Su Majestad me pasa el teléfono para que siga hablando con él. Armada me expone, para que se lo traslade al rey, que la situación es grave, más grave de lo que puede deducirse del estado de cosas en la III Región Militar (Valencia). Se refiere a otras regiones que pueden adoptar la misma postura, me pone de manifiesto la tensión que existe en el Congreso, que puede acabar en una verdadera masacre, y añade que es preciso evitar la división del Ejército. Para ello me sugiere trasladarse al Palacio del Congreso y, en nombre del rey, establecer las conversaciones y realizar las gestiones que conduzcan a la liberación del Gobierno y de los diputados”.

Sabino relata que trasladó a su compañero la dificultad que entrañaba su misión, a lo que Armada respondió que estaba dispuesto a intentarlo “sacrificándome si es necesario y ofreciéndome a ocupar la Presidencia del Gobierno a fin de buscar la forma de terminar con la tensión y evitar un final sangriento”. El secretario general de la Casa del Rey asegura que trasladó al monarca la propuesta de Armada y, acto seguido, “transmitiendo la orden del rey, que está presente, digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre de su Majestad” (Sumario 2/81, tomo 9, folios 2.281 a 2.301).

Aún va más lejos Sabino, que para que no queden dudas de que fue el rey quien autorizó a Armada a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del Gobierno escribe lo siguiente en su declaración judicial: “En modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera, pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de Su Majestad el rey”. La versión contraria a la dada ahora por el emérito en sus memorias.

Como apostilla, dos datos: El tribunal que juzgó a los golpistas no autorizó la comparecencia del general Sabino Fernández Campo como testigo en la vista oral, y la sentencia condenatoria atribuye al general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), la autorización al general Armada para acudir al Congreso, haciendo caso omiso del testimonio del primero.

El relato empieza a gestarse

Lo ocurrido después es conocido, el general Armada se presentó en la Cámara al filo de la medianoche para hablar con Tejero y pedirle que retirase a sus hombres del hemiciclo para dirigirse a los diputados sin la amenaza de las armas y proponerse como presidente del Gobierno. El teniente coronel de la Benemérita quiso saber la composición del futuro Ejecutivo, y al contarle Armada que de él formarían parte representantes de todos los partidos políticos, salvo los nacionalistas, le echó de forma destemplada por proponerle “una chapuza de categoría”, según palabras del propio Tejero. “Para cambiar el nombre de Calvo-Sotelo por el suyo no hacía falta el campanazo que he dado”, declaró ante el juez.

Él esperaba una Junta Militar y aquella componenda le pareció inaceptable. Fue su negativa a que Armada se dirigiera al pleno la que hizo fracasar el golpe. Y aunque sea un ejercicio de historia contrafactual, cabe preguntarse qué habría ocurrido si Tejero hubiese accedido a las pretensiones de Armada. El miércoles 25 de febrero, al día siguiente de la liberación del Gobierno y de los diputados, el pleno de la Cámara Baja continuó con la sesión de investidura interrumpida y eligió a Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, que en su alocución agradeció “el firme pulso de Su Majestad el rey de España, que ha garantizado el orden constitucional y ha asegurado nuestra liberación”, y alabó “la lealtad y disciplina del conjunto de las Fuerzas Armadas, que han obedecido con gran patriotismo a Su Majestad”.

Comenzaba a gestarse la versión oficial del golpe, en la que insistiría fechas después, el martes 17 de marzo, el ministro de Defensa, Alberto Oliart, quien compareció ante la Cámara para dar cuenta de las investigaciones practicadas hasta ese momento, y cuantificó en un increíble 99,40% la lealtad y obediencia a la Constitución y al rey de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado. La sentencia judicial fijó definitivamente la versión oficial del golpe.

Ahora, 45 años después, el rey emérito reconoce que “de los 11 capitanes generales, calculo que la mitad apoyaba la rebelión, pero no se atrevían a desobedecer”, y un documento obrante en el archivo particular del ministro Oliart recoge que solo tres de los 11 capitanes generales fueron leales al rey y a la Constitución; el resto se mantuvo a la espera del discurrir de los acontecimientos. Hasta el propio general Alfonso Armada dijo años después que a sus compañeros de armas “lo que les importaba era si aquello (el golpe) iba para adelante o no. Lo que dijera el rey no les preocupaba, suponían que acataría lo que sucediera en esa primera hora. Los capitanes generales no preguntaban lo que opinaba el rey, sino: Oye, ¿esto tiene visos de salir adelante o no? (…) Mi impresión es que por lo menos una parte estaban felices de que el golpe triunfase”, según consta en El 23F. Conversaciones con Alfonso Armada, de José Manuel Cuenca Toribio (Actas Editorial, 2001).

Concluye Juan Carlos I en el capítulo de sus memorias dedicado al golpe de Estado que sigue teniendo “preguntas y dudas sobre la forma en que se desarrollaron los acontecimientos y el papel que asumieron algunos”, aunque no dice quiénes, contradiciendo a quienes llevan años tratando de convencernos de que los hechos probados de la sentencia judicial son la verdad de lo ocurrido.

La madrugada del 20 de noviembre de 1980, en el quinto aniversario de la muerte de Francisco Franco, tres jóvenes del entorno marginal de Mataró, en Barcelona, tuvieron la desgracia de cruzarse con un grupo ultraderechista en busca de alcohol y violencia. Su cabecilla, Salvador Durán, militante de las juventudes de Fuerza Nueva, les cosió a balazos en un bosque cercano, aunque uno de ellos logró escapar. 

Las víctimas se llamaban Juana Caso, de 25 años y con un hijo, y José Muñoz El Esquinao, de 16. Antonio Camacho El Quin, de 15, fue el que sobrevivió y denunció el asesinato. 

Sus nombres no suelen figurar en las listas y estudios sobre violencia política durante la Transición, puesto que de inicio se consideró un ajuste de cuentas en los bajos fondos de Mataró. Después de que algunos historiadores los hayan recogido en el capítulo de dudas respecto al terrorismo ultra, ahora el libro Dos morts i mig (editorial Pòrtic) trata de ahondar en el crimen y en los hilos que lo conectan con la trama neofascista que operó en la zona en aquellos años. 

“Es un crimen político, no ordinario, por todos los elementos que lo rodean: desde la fecha, a la condición de militantes de tipo escuadrista de Fuerza Joven [juventudes de Fuerza Nueva], a que aquella noche buscaban hacer algún atentado político, y a sus conexiones con la Guardia Civil”, argumenta Damià del Clot, abogado, exalcalde de Vilassar de Mar y autor del libro junto con el periodista Albert Calls. 

El autor del asesinato, Salvador Durán, era por entonces un dirigente comarcal de Fuerza Joven que ya tenía antecedentes por robo y tenencia ilícita de armas, además de un historial de infiltraciones en los movimientos de izquierdas. “Era un chaval de un barrio periférico de Mataró con carácter violento, al que no le daban miedo las armas, y que se movía en ambientes de extrema derecha”, resume Del Clot. 

La noche de los asesinatos, Durán, de 25 años, iba acompañado de su mujer y de dos jóvenes menores de edad. Uno de ellos, Cristóbal García, era también de las juventudes de Fuerza Nueva. Al volante de su coche los llevó a pegar tiros al blanco en una finca de la localidad de Òrrius, después a beber por bares de la zona y, finalmente, a pasar dos o tres veces con el vehículo por delante del Ateneo Libertario de Mataró. 

La sentencia, dictada en 1982, y que condenó a Durán a 75 años de cárcel, recoge que esa parada buscaba hacer pintadas en el local o arrancar carteles. La Fiscalía defendió que iban a la caza de izquierdistas. En todo caso, no había nadie en el Ateneo, pero entonces se cruzaron con los tres jóvenes que serían sus víctimas: Juana Caso, José Muñoz y Antonio Camacho. Les propusieron pegar un palo a algún camello, según recogió el fallo, y luego asaltar alguna casa de la zona. Ellos aceptaron. Pero tras dejar a su mujer en casa, Durán les condujo en realidad a un bosque cercano, en el término de Cabrera de Mar.

Los dos amigos de Durán aseguraron ante el juez que pensaban que iba a pegarles una paliza. Pero este encañonó a José Muñoz y a Antonio Camaño con una carabina y les disparó a menos de tres metros “con ánimo de matarlos”, dictó el magistrado. El primero cayó muerto, mientras que el segundo logró huir. Durán dijo entonces que había usado un arma de fogueo, que todo era una broma, y condujo a sus dos compañeros y a Juana de vuelta al coche. Antes de llegar, por la espalda ejecutó a la joven.

En su libro, Del Clot y Calls insisten en el carácter político del asesinato también por el perfil de las víctimas. No eran militantes de izquierdas, pero sí pertenecían a sectores marginales de la sociedad contra los que la extrema derecha también atentaba. La Fiscalía lo mencionó durante el juicio. “Actuaban movidos por un afán de agredir y eliminar izquierdistas, delincuentes y drogadictos”, escriben.

David Ballester, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y especializado en la violencia política durante la Transición, recogió el caso en su obra Vides truncades. En un informe reciente remitido a la secretaría de Estado de Memoria Histórica sobre terrorismo de la extrema derecha o parapolicial en esa época, cuantifica 63 víctimas y a estas dos del Maresme las coloca en el apartado de “dudosos”. 

“No existen unos criterios claros aceptados por todos los historiadores”, precisa Ballester. El crimen, explica, se consideró de tipo social. Pero añade: “Es cierto que en esa época en Madrid había grupos de extrema derecha cuyas víctimas no solo eran de izquierdas, sino también gente que dormía en bancos, sintecho, del mundo de la droga, y en general a los que consideraban indeseables”. 

La historiadora Sophie Baby, en El mito de la Transición pacífica, no los menciona entre los 140 muertos por violencia política en 1980, el año más sangriento de ese período. En 1980. Terrorismo contra la Transición, Xavier Casals describe el caso como “espontaneísmo armado”. Quien sí los menciona como víctimas políticas es Mariano Sánchez Soler en La transición sangrienta. 

Los lazos con policías y nazis

El día siguiente de los asesinatos, Antonio Camacho, el adolescente herido de bala que pudo escapar, denunció desde el hospital, y a las pocas horas detuvieron a Durán y a García. Las horas posteriores al crimen ayudan a entender cuáles eran las conexiones políticas de su autor. El 20 de noviembre, Durán pasó la mañana en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Argentona. 

Lo confirmó él mismo durante el juicio, al asegurar que fue a pedirles un coche para poder acudir a la misa franquista en la cercana Capilla del Cristo Rey. Aseguró también Durán que era confidente de la policía para cuestiones relacionadas con las drogas y el terrorismo. Por ello, el juez instructor llegó a pinchar el teléfono del cuartel de Argentona, pero no siguió con el caso al ser trasladado a otra localidad. 

Años después, ya desde la cárcel y con una larga condena, Durán se decidió a hablar. En enero de 1984 reconoció al periodista Juanjo Caballero, de La Vanguardia, que se sentía abandonado por sus antiguos compañeros y que iba a contar todo lo que sabía. Aparecía retratado junto a su “santuario facha” en la cárcel Modelo de Barcelona.

Un mes después, en febrero, volvió a prestar declaración ante el juez, se reconoció culpable y su relato provocó la detención de un guardia civil, Antonio Cuadrada y la entrada y registro en su domicilio y en otro piso –en ambos se hallaron armas sin licencia–. Además, se registró una finca, Can Vinyamata, en Òrrius, donde Durán aseguró que iban a hacer prácticas de tiro y que guardaban parte de su arsenal. Ese terreno era propiedad de Hans Breuer, un ex oficial nazi refugiado en Catalunya, y otra de las piezas de la trama ultra local. Sin embargo, las pesquisas policiales no hallaron nada allí. 

Ante la periodista Cristina Gallachs, de TVE, Durán llegó a confesar la trama ultra previa al asesinato. Dijo haberse reunido el 19 de noviembre “con tres miembros de la Guardia Civil y con dos inspectores de policía”, según recogió El País, para diseñar represalias contra el Ateneo Libertario de Mataró. También que le facilitaron las armas –que nunca aparecieron– y que una la devolvió. 

“El móvil más plausible es que esta gente, que eran escuadristas, trataban de hacer puntos ante la extrema derecha de Mataró”, concluye Del Clot, en un contexto previo al golpe de Estado del 23F en el que el único civil que acabó condenado, Juan García Carrés, era también de la comarca del Maresme. 

Con todo, la investigación judicial quedó en nada. El 11 de marzo de 1986, Durán fue apuñalado en la cárcel de Lleida por dos sicarios. Su pista se pierde a partir de entonces, y los autores no han conseguido aclarar si cumplió toda la condena y si sigue vivo.

Cuando la dictadura franquista empezó a abrirse al mundo —esto es, al capitalismo global y a las seducciones de EEUU—, el cine español imaginó una suerte de contrapeso en la figura veterana de Paco Martínez Soria. Sus personajes no terminaban de verlo claro, y la resistencia a diversos cambios socioculturales devenía el centro de comedias como El turismo es un gran invento o La ciudad no es para mí. Enfatizando, claro, su carácter de “hombre de pueblo”, suspicaz ante las sucesivas mutaciones de esa ciudad a la que le empujaba el éxodo rural. Lo curioso es que, paralelamente, la industria ya había descubierto a otro zaragozano castizo sin tantos reparos con la modernidad.

Fernando Esteso, maño como él, desfiló en los años 70 por los platós televisivos portando igualmente una boina, un garrote y un marcado acento. Pero, a diferencia de Martínez Soria, lo hizo con una alegría contagiosa. Y es que, por mucho apego que mantuviera al terruño —o a una idea especialmente caricaturesca de él—, el personaje mediático de Esteso había descubierto una gran oportunidad en esta nueva España a cuyo dictador le quedaba poco tiempo de vida. Porque lo que más le importaba era el hedonismo, las mujeres, las oportunidades de ligue, y tan pronto como podía convertir esta pulsión en discurso cómico —canciones como El Bellotero Pop o, por supuesto, La Ramona—, sería capaz de mutar en un ciudadano perfectamente integrado y pícaro.

Porque Esteso representó, en similar medida a José Sacristán y Alfredo Landa —de quien devino indiscutible sucesor a finales de los 70—, una cierta idea de España. Una historia paralela que acaba de terminar con el fallecimiento de Esteso a los 80 años de edad, y que merece la pena revisar en busca de claves idiosincráticas. Más o menos trasnochadas, escasamente reivindicables, aunque desde luego vitales en la constitución de ese españolito que sigue acechando como un espectro, entre Berlanga y Santiago Segura, lo que entendemos como comedia nacional.

Virilidad a la española

Esteso se subió a un escenario con apenas seis años, empujado por la profesión de sus padres. Venía de una familia de artistas y de una amplia educación en las variedades, que le permitiría hacer de todo una vez se trasladara a Madrid a mediados de los 60. Las obras de teatro dieron paso rápidamente a la televisión, donde Esteso ya tenía pulido su personaje de maño y no quería limitarse a las canciones bufonescas: también protagonizó sketches icónicos de la época —como el del Coñac La Parra, “el que lo bebe la agarra”— y resultó ser un imitador bastante intuitivo, llegando a parodiar en adelante los modismos de Raphael, Bertín Osborne o Luis Aguilé.

Con Aguilé colaboró de hecho en una interpretación conjunta muy celebrada de Es una lata el trabajar, asentando al mismo tiempo la evolución lógica de su maño trasplantado: esto es, el “galán fallido”, el hombre bajito y salido que contrastaba burlonamente con la impronta latin lover. Un protagonista cercano a este galán fallido, más en la senda de Alfredo Landa que de Arturo Fernández. Películas como Onofre (1974) o Pepito Piscinas (1978) no dejan de militar en la escuela del landismo, una vez Landa ya se permitía juguetear críticamente con esta imagen en El puente de Juan Antonio Bardem (1977). Aunque a Esteso no le interesaban demasiado esta clase de ejercicios, y todo condujo de forma orgánica a que capitaneara el destape junto al actor Antonio Ozores, a su hermano el hiperactivo director Mariano Ozores (fallecido en 2025) y, por supuesto, Andrés Pajares.

Los vientos liberales que recorrían el Estado español, definitivamente asentados con la muerte de Francisco Franco y el desarrollo de la Transición, tuvieron su cara más comercialmente provecta en este puñado de comedias ozorianas, que Esteso y Pajares protagonizaron juntos o por separado. Su providencial unión en Los bingueros (1979) había sido la explosión definitiva, y el cuño de una lograda química con Pajares que maridaba con guiños a la actualidad política del momento, un ritmo rapidísimo de producción y la abundancia de chicas ligeras de ropa. 

Fue la fórmula a seguir en sucesivos éxitos como Los energéticos (1979), Yo hice a Roque III (1980) —cuya llegada a salas motivó el retraso del estreno de El imperio contraataca en España para no competir con una dupla tan intimidante—, Los liantes, Los chulos (1981) o Padre no hay más que dos (1982), el curioso acercamiento del cine de Mariano Ozores al público infantil. La gracia de estas películas era situar a la pareja en escenarios variopintos sin que, curiosamente, se mantuviera una dinámica concreta o unos caracteres determinados. Esteso podía ser alternativamente el ingenuo o manipulador —el payaso tonto o el listo—, del mismo modo que podía serlo Pajares.

Lo importante era verlos juntos, si bien a Esteso tampoco le iba mal en solitario con trabajos que compartían fórmula. Tanto él como Pajares protagonizaron una comedia sobre la legalización del divorcio en España —Esteso hizo Caray con el divorcio, Pajares ¡Qué gozada de divorcio!—, y el ocasional interés de Esteso por la parodia desencadenó títulos tan estimables como Al este del Oeste (1983) y ¡Qué tía la CIA! (1985). Fijándose respectivamente en el western y el cine de espías, Esteso reafirmaba al mismo tiempo algo muy propio del españolito: su asumida inferioridad frente a los sofisticados moldes del cine estadounidense, ya practicada con Roque III reflejándose en Rocky.

Decadencia y resurgir

Las películas de Esteso y Pajares arrasaron comercialmente rodeadas, por lo general, del desprecio de la crítica. “La crítica hacía lo suyo y nosotros lo nuestro: hacer reír y llenar los cines”, declararía Esteso años más tarde. La fórmula, sin embargo, mostró síntomas de agotamiento avanzados los 80, coincidiendo con las florecientes inquietudes creativas de Pajares. Pese a que el dúo había vivido una cumbre de tantas al representar La extraña pareja en el madrileño Teatro Calderón, entrados los 90 nos topamos con que, mientras Pajares ganaba un Goya por trabajar con Carlos Saura en ¡Ay, Carmela!, Esteso se empeñaba en mantener vivo el destape con El amor sí tiene cura (1991). 

Así que, de forma inevitable, empezó a parecer una figura trasnochada. Ahora sí, incapaz de adaptarse a esta nueva contemporaneidad —como le pasaba de forma simultánea a Mariano Ozores, con la polémica golpeando su sitcom El sexólogo—, y sin nuevas inquietudes más allá de la comedia en la que llevaba dos décadas embarcado. Fue entonces, hacia 1993, cuando creyó ver una gran oportunidad en un contrato con Telecinco que contemplaba la producción de una sitcom y un especial de Fin de Año, además de ejercer de presentador en La ruleta de la fortuna. Todo parecía abonado para mantener su relevancia mediática, pero fue justo lo que precipitó su declive.

Esteso no estuvo ni un año presentando La ruleta de la fortuna cuando Telecinco le despidió sin previo aviso, alegando su “estado de deterioro físico y mental”. El cómico se pasaría el resto de los 90 batallando con la cadena en los tribunales, hasta que en 2001 obtuvo una indemnización de un millón de euros… sin que esto enderezara su situación. Esteso había sido condenado al ostracismo, retirándose a Torrevieja y asaltando esporádicamente la actualidad con noticias como la preparación de película de Esteso y Pajares a la vieja usanza parodiando un éxito de la época: en 2006, frente a El código Da Vinci, se anunció el regreso de la pareja en El código Aparinci. No cuajó.

Afortunadamente, Esteso sí pudo disfrutar de un resurgir tardío. Fue alrededor de 2011. En paralelo a grabar un remix de La Ramona con King África que sería la canción del verano, Esteso apareció abrazado a Pajares en el tradicional spot de Campofrío: uno titulado Cómicos que reunía a las grandes estrellas del humor patrio para homenajear a Gila por su reciente muerte. Fue también cuando Santiago Segura le dio un pequeño papel en Torrente 4: Lethal Crisis, y Esteso pudo volver a dedicarse a la comedia: Segura aumentó su papel en la siguiente Torrente 5: Operación Eurovegas mientras José Mota empezaba a reclutarle para algunos de sus especiales de Nochevieja. 

Lo más curioso de estos últimos años es cómo Esteso —al margen de las colaboraciones con cómicos de otra generación, muy conscientes de su legado— alternó el cine de bajísimo presupuesto con propuestas de autor… y sin que la comedia fuera un requisito indispensable. Porque sí, en 2016 protagonizó Re-emigrantes —filme con presupuesto de guerrilla que, a su modo, abordaba las consecuencias de la crisis económica a través de una familia que tenía que volverse al pueblo— y más tarde tuvo un papel en la serie de Movistar Plus+ Justo antes de Cristo, aunque también se vio atado a dos cineastas antagónicos: Agustí Villaronga y el más desconocido Alfredo Contreras.

Con Villaronga pudo emular a Pajares al obtener un papel en una aplaudida película sobre la Guerra Civil (Incierta gloria, en 2017), además repetir en su último filme antes de morir (Loli Tormenta, de 2023). Con Contreras, por otra parte, Esteso brilló como único actor de renombre en proyectos extremadamente humildes que se adentraban en la fantasía y la ciencia ficción sin salir del perímetro de Murcia. Fue en Luces, Burga y en su última película como actor, Laberinto de sombras (2024). 

Un epílogo estrafalario, inclasificable, que bien puede representar una crisis de identidad nacional o, simplemente, el contradictorio testamento de un afable payaso que en cierto momento dejó de intuir de qué quería reírse su país. 

Un año más, las manos temblorosas y los abrazos han tomado la palabra en la plaza Soledad Torres Acosta de Madrid, donde una placa recuerda a Arturo Ruiz. En ese lugar, hace ahora 49 años, Guerrilleros de Cristo Rey asesinaron a este joven granadino que dijo adiós a la vida con tan solo 19 años. Se manifestaba por la amnistía para los presos políticos en aquellas calles convulsas de 1977. El hombre que disparó, José Ignacio Fernández Guaza, huyó de España en connivencia con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para los que trabajaba. Ha vivido casi medio siglo con una identidad falsa en Argentina.

Ni este Gobierno ni ningún otro ha posibilitado un juicio todavía pendiente con la verdad, la justicia y la reparación, pese a haberse promulgado una Ley de Memoria Democrática, denuncian las organizaciones memorialistas. La movilización de esta mañana ha contado con la presencia de la directora general de Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, así como diversos representantes de Más Madrid y Podemos.

Huida con la connivencia del Estado

Pasaban apenas unos minutos de las 12.00 horas cuando en torno a un centenar de personas se han arremolinado bajo la placa instalada en recuerdo de Arturo durante el mandato de Manuela Carmena como alcaldesa de la capital. Miguel Ángel Ruiz, hermano de Arturo, recuerda cómo ese día 23 fue el inicio de lo que pasó a la historia como la Semana Negra de enero. Al asesinato de Arturo, estudiante y albañil, le siguieron el de la estudiante Mari Luz Nájera por el impacto de un bote de humo lanzado por la Policía un día después para dispersar una manifestación, precisamente, pidiendo justicia para Arturo. La misma noche del 24 de enero se perpetró la masacre de los Abogados de Atocha.

“Los asesinos de mi hermano tenían el consentimiento del Gobierno. Martín Villa [ministro del Interior por aquel entonces], ya había advertido de que se reprimiría duramente la manifestación, y así lo hicieron”, añade Miguel Ángel desde Logroño, donde ha acudido a otro acto en memoria de los asesinados durante la Transición.

Los presentes esta mañana en la concentración saben perfectamente que Guaza no estaba solo. Jorge Cesarsky era el propietario de la pistola disparada, ligado a la Dirección General de Seguridad y al grupúsculo filofascista Fuerza Nueva. El proceso judicial contra él terminó con una condena por delito de terrorismo y tenencia ilícita de armas. Debería haber pasado seis años en prisión, pero tan solo cumplió uno. Salió en libertad gracias a la Ley de Amnistía, esa que Arturo Ruiz reclamaba en las calles.

Sin embargo, Guaza huyó gracias a la ayuda de la Guardia Civil. La relación entre el pistolero y el aparato del Estado se hizo aún más patente cuando la hermana de Guaza declaró ante el juez que “realizaban funciones que la Policía no podía hacer”. Además, su pareja declaró también ante el magistrado, en 1977, que Guaza trabajaba para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En 2023, Guaza reconoció sin ningún atisbo de arrepentimiento ser la persona que terminó con la vida de Arturo Ruiz, según una crónica de El País.

El juicio en Argentina, la última esperanza

Miguel Ángel recuerda cómo su hermano era uno de esos tantos jóvenes que salieron a la calle a manifestarse por la instauración de la democracia en España. “Y se cruzó con este asesino, y lo mató”, comenta. Este abogado retirado, a sus 72 años, denuncia que fue el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien decidió archivar definitivamente la causa. “No nos lo comunicaron a ningún familiar ni a ninguna de las partes personadas en el proceso”, critica el hermano de Arturo.

Ninguno de los recursos que han interpuesto ante el Tribunal Constitucional español ni ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo han surtido efecto. Solo les queda la causa abierta en Argentina, donde la jueza Servini investiga a España por posibles crímenes de lesa humanidad durante la Transición. Pero Miguel Ángel no confía demasiado: “La cosa no avanza porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional se niega a trasladar toda la información que obra en su poder. Aquí ya puede cambiar el gobierno, o en la Fiscalía General, que el ocultamiento seguirá vigente como algo estructural del Estado”.

Defraudados con el Gobierno progresista

El presidente del Colectivo de Olvidades de la Transición (COT), Javier Almazán, quien también ha participado en el homenaje, sostiene que “la Justicia no quiere esclarecer estos casos porque eso sería descubrir que hubo un Estado criminal que amparaba a grupos de extrema derecha”, tal y como ha comentado a elDiario.es. Según su perspectiva, el Gobierno no reclama la extradición de Guaza, que nunca llegó a ser juzgado, porque así se descubriría que trabajaba para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Javier es hermano de Ángel Almazán, a quien en diciembre de 1976 mataron varios policías de una paliza cuando apenas tenía 18 años. Se manifestaba por el referéndum de la reforma política. Así se han desvelado hasta casi 300 casos, por el momento, de personas que murieron en aquellos años a manos de policías, guardias civiles o grupúsculos de extrema derecha. Nada nuevo ha salido a la luz con este Gobierno progresista. “Nos ha defraudado, porque solo han querido cubrir el tema con legislación, una cosa de mínimos que ni siquiera se cumple, para cerrarlo”, exclama el presidente del COT.

La impunidad como característica de la Transición

Él mismo ha leído un comunicado al final del homenaje a Arturo Ruiz, convertido también desde hace unos años en recuerdo y abrazo a Manuel Ruiz, hermano que falleció en 2023 y cuyos últimos años de vida dedicó a la lucha por la verdad y la memoria con una particular mirada. Javier se ha decantado por la lírica. “Otros, los de las pistolas y las porras, recibieron perdón, absolución e indulgencia. Para Arturo, el despreciable olvido de los canallas. / Tu asesino huyó con la ayuda de otros verdugos vestidos de uniforme. / Observados de cerca, no había diferencias entre ellos”.

Después de que el Sindicato de Estudiantes recordara a Arturo, Luis Suárez Carreño, activista por la memoria, también ha tomado la palabra hoy: “Si hay un elemento que define la transición de la dictadura a la democracia tutelada en este país es el de la impunidad para los crímenes de Estado”, ha comenzado. También ha añadido que recordar a Arturo Ruiz “es un deber de justicia y memoria, y también una necesidad democrática como ejemplo para jóvenes como él, ahora tan vulnerables social e ideológicamente”. “La memoria es un arma antifascista”, ha concluido.

Blanca Ruiz, hermana de Arturo, ha agradecido a los presentes su solidaridad, y ha recordado muy emocionada tanto a Arturo como Manuel. Otra de las protagonistas de la jornada ha sido Olga Gutiérrez, viuda de Manuel, que con su habitual forma de crear comunidad en momentos difíciles y emotivos como este ha recibido el abrazo infinito y el cariño inmenso de todos los que la rodeaban. Ella ha sido la que ha recibido un retrato de Arturo realizado por una de las personas que ha acudido a la concentración.

Las voces de los integrantes de la Solfónica se han elevado sobre el ruido de las obras que rodeaban el enclave y de un helicóptero que sobrevolaba la zona. En torno a las 13.00 horas, con el calor de un acto de esta magnitud metido en el cuerpo, la convocatoria ha terminado con la entonación de ‘Canto a la libertad’. Un año más, estos soldados de la memoria han vuelto a sacar sus armas: la palabra, la solidaridad y la lucha por la justicia. Seguirán las manos temblorosas y las miradas de cariño. Es el peaje a pagar porque la llama de la memoria no se consuma.

La crisis había estallado en 2008. Marisa Flórez esperaba al presidente José Luis Rodríguez Zapatero para hacer una entrevista. Él pasó por encima de una grieta en la acera y ella disparó la cámara. Ahí está foto, pensó. La metáfora de que todo se resquebrajaba. La fotógrafa y editora de El País durante casi cuatro décadas también estaba allí cuando Rafael Alberti y Dolores Ibárruri, La Pasionaria, bajaban las escaleras en el Congreso, cuando Manuel Fraga se durmió en el escaño después de una noche en vela de negociación política o mientras retrataba el silencio en el impresionante duelo del entierro de los abogados laboralistas de Atocha.

Testigo de la Transición política desde la dictadura a la democracia y de la historia reciente de España, Flórez creció viendo cine con su abuela, y de ahí nació su vocación por la fotografía. La veterana fotoperiodista llega este martes a Santander para protagonizar el segundo ciclo de referentes femeninas en la Universidad de Cantabria, con una charla que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en el Paraninfo, y que coincide con la exposición 'La historia revelada. Fotoperiodismo y transición española (1975-1982)' que se nutre de su trabajo gráfico.

Como autora de algunas de las fotografías más icónicas de la transición, ahora que se celebran los 50 años de la llegada de la democracia, ¿qué papel cree que jugaron esas imágenes en ese proceso democratizador?

Lo que jugaron fueron los acontecimientos, las imágenes realmente son producto de lo que estaba ocurriendo en el país. El paso del tiempo da la importancia que tienen a las imágenes, es cuestión de tiempo y los hechos que ocurrieron en aquel momento pasan a ser importantes por mil razones, han quedado congelados esos momentos en las imágenes y han pasado a formar parte de la historia de España.

¿Cuando se toma una fotografía se es consciente de la trascendencia que tiene o las imágenes van cobrando vida propia?

Claro. Yo siempre digo que en el momento de hacerlas estás trabajando, intentando que la fotografía sea primera página al día siguiente en el periódico y que realmente sea la mejor posible, que llegue al lector con toda la información que se pueda dar. La importancia o no importancia depende de que ese hecho que estás retratando cobre la importancia que le dan el tiempo y los acontecimientos posteriores.

Dice usted que hay que saber mirar, pero también escuchar a los protagonistas de las fotos...

Desde mi punto de vista, escuchar es importante siempre, en cualquier faceta de la vida, es un aprendizaje continuo y constante. Escuchando siempre sacas algo. Y más que saber mirar es que cada uno tenemos una mirada que es la que nos diferencia. Hay veces que me encantaría poder tener más información de los actos y las entrevistas que he tenido que hacer porque con más información puedes llegar más al fondo. En una entrevista me gusta poder escuchar el mayor tiempo posible, no hacer las fotos y marcharme. Procuro que me permitan estar el mayor tiempo posible, porque cuando escuchas a alguien percibes más matices en el personaje y puedes trasmitir más, siempre de una forma subjetiva porque nunca todo lo que estás viendo es lo verdadero, pero sí es verdadero lo que tú percibes aunque sea subjetivamente. Es la forma más honesta y veraz de poder trasmitir al lector lo que está ocurriendo.

Una anécdota que atestigua que le gusta escuchar es que en la entrevista con el presidente Ceausescu estuvo de rodillas medio escondida para poder hacer las fotografías.

En aquellos años, en la Rumanía de Ceausescu, fue una entrevista complicada. Iba a hacer la entrevista con el director de El País, que era Juan Luis Cebrián. En principio me dijeron: solo tres fotos. Y yo respondí: “No, por favor, permítanme estar durante la entrevista”. Al final propuse: “Mire, yo me arrodillo aquí en una esquina, no voy a molestar, no se va a notar que estoy aquí”. Y, sí, me permitieron estar durante toda la entrevista y eso me sirvió para poder hacer bastantes imágenes, poder ver de qué forma podía trasmitir lo que yo veía en él. El periodismo no es pasar por un sitio, hacer tres disparos e irte. De entrada es prepararte, aunque a veces es imposible porque no tienes el tiempo necesario o suceden acontecimientos inesperados. Pero cuando son reportajes o entrevistas más o menos en agenda el periodista gráfico, igual que un redactor, tiene que ir informado.

Cuando se entrevista a un dictador, cuando retrata a personas crueles que hacen daño a la gente, ¿el fotógrafo cae en la tentación de mostrar esa oscuridad en la fotografía?

No creo. Yo no voy a juzgar, aunque está claro es que un dictador. No es una cuestión de ir buscando a ver cómo puedo hacer lo peor que tenga este individuo. Tampoco lo contrario, en el caso de una persona que te cae muy bien. Creo que es más buscar ese perfil que tú descubres en ese personaje, algo que realmente es novedoso, no la típica foto de alguien. Buscar algo más allá de lo que se ve a simple vista.

Entre los numerosos momentos que ha retratado están algunos duros, como el entierro de los abogados de Atocha. ¿Cómo recuerda ese momento?

Es uno de los días más terribles. La noche del asesinato, el 24 de enero de 1977, que fue una de las peores noches que he pasado en mi vida a la hora de trabajar. Tremenda. Corrían listas negras de nombres, el país se jugaba mucho, se estaban viviendo unos momentos muy duros y fue un trabajo duro y con cierto miedo. Luego el entierro... Posiblemente, el que más me ha impactado. Había un silencio absoluto, una masa de gente en silencio, sin un grito en contra de nada. A la organización del Partido Comunista en ese momento le sirvió para que se dieran cuenta de que había que legalizarlo. Ese control sobre la gente y la organización ayudó mucho a la legalización del partido. Además es que eran momentos en los que ocurrían cosas completamente novedosas. Unos años donde salías a la calle por la mañana y ocurrían miles de cosas que no te esperabas y que nunca habías vivido. Fue apasionante, pero también muy duro.

Qué difícil retratar el silencio, trasmitir esa sensación en una fotografía. ¿Cómo se consigue?

Sí. Yo lo intenté. En una de las fotografías interiores el presidente del Tribunal Supremo de aquel momento, Pedro Rius, estaba sobre los féretros, estaba realmente abatido. Era una sensación general de desencanto. Fueron golpes muy duros de los que parecía que nunca íbamos a salir.

Tiene una fotografía poco divulgada de una manifestación a favor del aborto en 1977. Mientras todos los objetivos miraban a la calle, usted miraba hacia arriba. Desde una ventana se ve a dos personas mayores en su casa con el puño levantado.

Efectivamente había una manifestación en la calle y en un momento dado me fijé en el balcón de un matrimonio que estaban con ganas de participar, de estar ahí. Él levantaba el puño pero no pasaban de la ventana hacia fuera, con una sensación de cierto temor, de miedo. La fotografía retrata que había libertad para poder decir lo que piensas, pero también esa prevención porque todavía existía el miedo. Eso es lo que narra esta instantánea.

Pasaron cosas como aquellos carretes que se quedan en el Congreso durante el Golpe de Estado del 23F de los que nunca se supo... ¿Cómo lo recuerda?

Nunca tuvimos idea de qué pasó. Salvo que afortunadamente dos compañeros, Pérez Barriopedro y Hernández de León, lograron sacar los suyos. Pero el resto no. Pasados unos años yo sí que intenté averiguar dónde podían estar porque hubiera sido muy interesante. Todos los fotógrafos que estábamos allí habíamos hecho fotos, cada uno desde el lugar donde se encontraba. Si hubiéramos podido hacer una recopilación de ese material hubiera sido muy interesante. Diferente gente desde diferentes lugares haciendo el mismo momento, que es la entrada de Tejero en el hemiciclo, que era donde nosotros estábamos, encerrados para que los diputados no entraran ni salieran hasta que terminara la votación para elegir presidente del Gobierno a Calvo Sotelo. Los fotógrafos estábamos dentro, a ambos lados de la Presidencia. En los lugares que pregunté nunca nos dijeron nada. No sé si ese material fue directamente a la basura o lo velaron o desapareció. Nunca lo supe. No me dieron respuesta.

Usted ha trabajado como editora gráfica. ¿Cuál es el límite de lo publicable y lo que no lo es? ¿Se ha censurado en alguna ocasión?

El límite de lo publicable es el respeto por la información y el morbo queda fuera de cualquier expresión gráfica. Y el respeto por el periodismo, por la información y por el periodismo. Fotografiar para dejar en ridículo o molestar a alguien, para manipular, no es periodismo, es otra cosa. Pero hay guerras, hambre y muerte. No todas las informaciones que nos toca hacer son el baile de Montecarlo. Pero una cosa es infomar de una forma veraz, con la verdad por delante, y otra el respeto por la fotografía. Por muy dura que sea la información no tiene por qué haber censura. Susan Sontang decía que una fotografía que muestra algo terrible puede ser igualmente bella. La violencia, el crimen, el terror... se pueden publicar e incluso tienen una extraña atracción estética. Con verdad y respeto puedes publicar cualquier imagen.

¿En la tragedia del 11M se evitaron las imágenes más duras?

Yo estaba trabajando para El País y en ese momento me llegaron imágenes impresionantes y que dimos en exclusiva. Una de un compañero fotógrafo, Pablo Torres, de aquel tren que estaba llegando a la estación. Él iba en otro detrás y pudo hacer la fotografía. Hubo otra de un tren que estaba ya dentro de la estación. De ese tren nunca he visto una imagen. Nada más que dos rollos de diapositivas que me llevó una persona que quería que se publicasen sin su nombre. No quería notoriedad. Las vi y eran tremendas. Era tan espantoso, los cuerpos por las ventanillas hacia afuera, que era simplemente el horror y solo pudimos publicar una. Podría ver esa imagen un familiar sin saber que esta persona había fallecido. El respeto es fundamental. Esté vivo o muerto es una persona. Es de las imágenes más duras que han pasado por mi mesa de trabajo.

En tiempos de desinformación y con las herramientas de la Inteligencia Artificial dispuestas a alterar o inventar nuevas realidades, ¿cómo puede defenderse la fotografía de los filtros, los selfies y la IA? ¿Cómo podremos distinguir una foto real de una falsa?

Es complicado. La IA no es que sea el futuro, es que está ahí. Pero sigo pensando que las máquinas de fotografía han cambiado muchísimo, se pueden hacer maravillas, pero todavía el ojo humano es capaz de captar matices e imágenes y de ver matices, cosas que enseñan algo y, sobre todo, es capaz de trasmitir sentimientos. Es como un cuadro. Una imagen tiene que trasmitir emociones y eso espero que durante mucho tiempo sea patrimonio de quien está detrás de una cámara. Eso es fundamental para el espectador, para el lector, para quien la mira. La perfección no es ni la belleza ni la verdad. Hacer cosas cada vez más perfectas no tiene nada que ver con un trabajo donde buscas trasmitir verdad, sensaciones.

Ahora todos los ciudadanos llevan en el bolsillo un teléfono con cámara de fotos. ¿Todo contenido visual de Instagram y de redes se puede llamar o considerar fotografía?

Me parece maravillosa la socialización de la fotografía y que todo el mundo sea capaz de hacer fotos y disfrute. Pero un fotógrafo no es una persona que tiene un teléfono móvil. Yo también puedo cantar y eso no significa que sea cantante. No tiene nada que ver. La fotografía es una profesión y el fotógrafo un profesional. Otra cosa es alguien que disfruta y lo pasa bien teniendo recuerdos en una cámara y hay algunos buenísimos. Pero un fotógrafo es alguien que vive de esto, que es capaz de transmitir. Es una forma de vida el ser fotoperiodista. Una elección.

Una elección que, en su caso, siendo mujer, era poco frecuente cuando empezó a trabajar en prensa. ¿Se ha encontrado mayores dificultades?

Yo no he tenido nunca mucho problema, pero era una sociedad muy machista. Había lugares institucionales o lugares públicos donde decían: “¿Dónde va usted?”. Pues a hacer fotos, estoy acreditada. “Es que aquí no entran mujeres”, decían. “Bueno, pues entonces mañana no saldrá esta información en mi periódico”. Entonces ya se lo planteaban de otra manera. Soy una profesional que represento a un medio. Lo bueno que he tenido es que en los medios que he trabajado siempre han respetado eso y no ha ocurrido que alguna vez que alguien ha dicho que yo no puedo ir hayan mandado a un fotógrafo que sea hombre. Han dicho: “No se hace”. Y eso es fundamental. Cuando te respetan a ti es fácil que se vayan abriendo puertas. A nivel de compañeros no se me ha planteado nunca ningún conflicto.

El primer día del año Isidro Hoyos caminó hacia un horizonte sin vuelta atrás hacia el lugar que espera a los hombres buenos, el cielo que tantó predicó. La esquela se acompañaba de una fotografía suya -un rostro afable tocado con una visera- y una leyenda que llamaba la atención: Isidro Hoyos Gutiérrez, sacerdote y abogado de Comisiones Obreras. Dos sustantivos antagónicos desde el punto de vista contemporáneo que hace algunas décadas ya resultaba extraordinariamente transgresor.

El día 30 cobraba y ya tenía fila en la parroquia de gente necesitada a la que iba dando dinero. “Lo entregaba todo”, recuerda su compañero de Comisiones Obreras Paco Cobián. Siempre estaba a disposición de los demás. Todas las familias recurrían a él para cualquier asunto. “Austero para sí mismo, generoso con los demás”, añade el sacerdote y amigo Avelino Seco.

Isidro Hoyos fue uno de los curas obreros que desafiaron la conexión de la Iglesia católica con la dictadura de Franco. Uno de los sacerdotes que luchaban por la democracia y que se ganaban el sueldo trabajando en la fábricas o en la construcción. Junto a otros referentes como Alberto Pico en el Barrio Pesquero, Ernesto Bustio en el barrio San Francisco, o Saturnino Bárcena y Avelino Seco en la zona del actual Paseo Altamira influyeron determinamente en varias generaciones de vecinos de barrios santanderinos de la periferia.

Murió a los 91 años en Cantabria y su funeral se celebró en la iglesia de San Pío X, la parroquia que echó a andar junto con Avelino Seco, otro de los curas obreros de Cantabria con quien compartió amistad y una forma de concebir la religión muy ajena al púlpito convencional. Lo fundamental no eran los templos, sino la comunidad, la vida en los barrios. Juntos compartieron experiencias laborales, hasta llegaron a ejercer de representantes de productos alimenticios para sacar un sueldo.

Isidro Hoyos nació en 1934 en Reinosilla, un pueblo de Valdeolea, en una familia que trabajaba el campo. Cuando se convirtió en sacerdote en el año 1957 ya tenía claro cómo quería ejercer: como un obrero. Renunció a su salario y se puso a trabajar en el Puerto de Santander. Después pasó por algunas fábricas mientras seguía dando misa. En esos escenarios se implicó en la defensa de los derechos laborales hasta el punto de que se hizo la carrera de Derecho en la universidad a distancia y ejerció de abogado en el sindicato Comisiones Obreras.

Trabajó mucho en la constitución y el desarrollo del movimiento obrero “y dejó mucha impronta en la gente del sindicato”, reconoce Cobián, quien era secretario general cuando Isidro comenzó a trabajar en la asesoría jurídica. A las siete de la mañana ya estaba trabajando. Preparaba meticulosamente las demandas -el abogado Chiqui Sarabia se inició profesionalmente junto a él en el sindicato- pero había una línea roja. “Decía que no iba a juicios porque eso de tratar de señoría a otras personas le fastidiaba un poco”, evoca su amigo Paco. En uno de los congresos del sindicato participó con un trabajo sobre la ética de las personas. “Así era Isidro”, subraya Cobián. “Muy conciliador, pero a la vez muy enérgico”, añade Seco.

Después de jubilarse del sindicato con 65 años vino su aventura sacerdotal en Cuba. Allí estuvo al frente de la parroquia en el barrio de Alamar, una especie de ciudad dormitorio de las afueras de La Habana. Fue otro sacerdote cántabro, Mariano Arroyo, desplazado en Chile durante dos décadas, el que le animó a formar parte de la misión.

Siempre que venía a Cantabria traía café para los amigos. “Isidro, con lo que sabes que me gustan los puros habanos y nunca me has traído ninguno”, bromeó Avelino Seco en una ocasión. Compró una caja de cigarros en cuanto llegó a Cuba... pero cuando un año después volvió a Cantabria se habían hecho polvo.

Isidro desembarcó en la isla en el año 2000. Años después llegó Eduardo de la Fuente. Los tres forjaron una estrecha relación hasta que sucedió una tragedia. Sus dos compañeros sacerdotes fueron asesinados de manera misteriosa en La Habana.

Eduardo fue el primero en morir. Apareció de madrugada estrangulado en una carretera de las afueras de la capital cubana. Cinco meses después el humo que salía de la casa parroquial en la que vivía Mariano Arroyo alertó a sus vecinos. El cuerpo del sacerdote ardía, maniatado y amordazado, con un golpe en la cabeza y varias cuchilladas. Sus restos están enterrados en Cabezón de la Sal, su pueblo natal. En ambos asesinatos los cuerpos aparecieron con las huellas de las manos y los pies quemadas.

Ambas muertes, extrañas y violentas, sucedidas el mismo día del mismo mes, metieron el miedo en el cuerpo de Isidro Hoyos, único superviviente del trío. “En mi tierra dicen que no hay dos sin tres”, declaró a los medios de comunicación. “Nunca me hubiera imaginado que nos podría pasar algo así. Es como una película de suspense. Como la novela esa de Agatha Christie en la que van cayendo unos tras otros. Una horrible pesadilla”, aseguraba en una entrevista pocos días después con voz entrecortada por teléfono desde la casa de unos amigos.

Isidro regresó a Cantabria hace nueve años. “Lo trajimos cuando su memoria empezaba a flaquear”, recuerda Avelino Seco, amigo y compañero durante más de treinta años en la parroquia santanderina de San Pío X, que crearon juntos en uno de los barrios, entonces periféricos, de Santander.

Uno de los últimos recuerdos de su amigo es una conversación de camino a Corbán, donde residió en sus últimos días. Le contaba que su hermana había sacado billetes de ida y vuelta para un último viaje a Cuba que hizo con sus sobrinos. “Nosotros siempre hemos sido muy autónomos, ¿verdad?”, espetó a Avelino. “Pues ahora me quieren quitar la autonomía: yo volveré cuando me dé la gana”.

Suena la música que anuncia el final del recreo en el instituto público Comercio, en Logroño. El aula empieza a llenarse –al final serán una veintena de alumnos y alumnas de Bachillerato– pero lo que podría ser una clase más de Historia va a convertirse en otra cosa. Hay algo en el aire que la hace diferente, y no solo porque hay un invitado especial. Se respiran ganas, una expectativa contenida por asomarse a un tema que saben importante y a la vez polémico. Cruzan miradas, intercambian sonrisas algo nerviosas: quieren esta conversación que les han anunciado y que con 16 y 17 años sienten que llega tarde. Muy tarde.

La profesora Reyes Iglesias da comienzo a la lección como quien oficia de maestra de ceremonias, con una pregunta con la que puede conocer al público y a la vez garantizarse su interés: “¿Qué sabéis sobre la Guerra Civil, la dictadura de Franco y la Transición?”, suelta. Podría ser una pregunta retórica, porque ella, como la mayor parte de los profesores españoles, saben de sobra la respuesta. Pero aun así les da la palabra a los adolescentes, les regala la voz con la que reclamar un lugar que los tenga en cuenta en lugar de señalarlos. Y esa voz ruge en el aula, unánime: “No sabemos nada”.

Alicia, 16 años y mirada firme, se arranca con una reivindicación: “Es un tema que se da muy tarde. Hay gente que no llega a segundo de Bachillerato y se queda sin conocer la historia de su país”. Otras cabezas asienten. Ella se envalentona, argumenta: “En cuarto de la ESO te la dan muy por encima; las guerras mundiales son importantes, pero lo nuestro también”. Y en una sola frase señala el camino de ida y vuelta entre el ayer y el mañana. “Es una base para el futuro. Después de muchos años de represión, todavía se nota el miedo en mucha gente que ha vivido la posguerra y eso no debería ignorarse”, defiende.

Un par de asientos a su derecha, Asier apunta otro de los elementos que sobrevolará toda la charla: las dificultades para tratar el asunto en el aula no son solo curriculares. “Hay profesores y alumnos que no quieren dar ese tema por la controversia que puede generar”, señala con voz grave y pausada, para acabar con una sentencia que camina entre la resignación y el cabreo: “La consecuencia que eso genera es que cada vez hay más división y enfrentamiento porque no sabemos nada”, añade.

El aula enmudece con el relato del invitado que les acompaña. Antonio Sarabia es nieto y sobrino de fusilados, y pertenece a la asociación memorialista La Barranca. Sus dos abuelos y sus dos tíos acabaron su corta vida en una fosa común, y sus dos abuelas fueron duramente represaliadas. Sarabia narra con la voz de su familia los horrores de la época más oscura de nuestra historia reciente. Alicia, Victoria, Asier, Darío, Aya, Aritz, Sulemán, Lara y Manuela no le quitan los ojos de encima.

Todos en la clase escuchan con atención mientras cuenta que en La Rioja no hubo frente de guerra, pero que más de 2.000 personas fueron asesinadas y muchas más encarceladas, perseguidas o represaliadas. Les explica que cuando los sublevados ya no podían fusilar en la tapia del cementerio de Logroño porque las familias se agolpaban para despedir a sus seres queridos, decidieron ejecutar los asesinatos en un paraje perdido en el entorno de Lardero, en La Barranca. Cuatrocientos asesinatos en apenas dos meses del año 36.

“El 1 de noviembre de ese mismo año un grupo de mujeres decide ir a La Barranca a buscar la fosa en la que estaban sus maridos. Cruzan el río a pie, se enfrentan a la Guardia Civil y logran pasar la alambrada de espino. Desde entonces, no dejaron de ir nunca”, sigue el relato. “Con los años se consiguió dignificar el lugar haciendo un cementerio civil. Yo iba con mis abuelas y ahora llevo a mis hijos”, comparte Antonio.

Se hace un breve silencio antes de que Antonio retome la palabra. “Es importante que se recuerde para que no se repita. Sin odio ni rencor, pero con memoria. Porque yo en el colegio nunca estudié nada de lo que sucedió en la dictadura, ni tampoco estudiábamos la República”, dice. Y ahí la de Antonio encuentra una decena de voces adolescentes: “Nosotros tampoco”, contestan casi a la vez.

Puede que eso explique la encuesta publicada por el CIS este octubre que concluye que uno de cada cinco españoles considera que los años de la dictadura fueron “buenos o muy buenos para España”. Además, para el 17,3% de los encuestados el actual régimen democrático es “peor” que el franquismo. De todos los resultados, destaca que uno de cada tres encuestados que no eran mayores de edad en las últimas elecciones considera que los años de la dictadura franquista fueron “positivos” para España.

Si siempre se señala la educación como motor de cambio de la sociedad, los especialistas apuntan que es justamente ahí donde se ven la mayor parte de las carencias. Aunque algunos responsables políticos pretendan hacer creer que hablar de derechos humanos es una forma de politización de las aulas, desde el profesorado todavía surgen algunas iniciativas para derribar este muro de silencio, incluso miedo, que les acecha con mayor ahínco desde hace unos años.

Hay gente de mi edad, de 30 años o menos, que todavía dicen que lo mejor para España sería una dictadura, sin derechos ni libertades. Si supieran realmente lo que fue el franquismo no dirían ese tipo de cosas

Beatriz García — historiadora

Ejemplo de ello son las unidades didácticas que la editorial Plaza y Valdés ha publicado en los últimos años, tituladas La historia silenciada (2022), La memoria histórica democrática de las mujeres (2023) y Represión franquista, resistencia antifranquista y memoria histórica democrática de las mujeres (2025). Beatriz García, una de sus autoras, defiende que trabajos de este tipo son necesarios porque “España no ha corregido las políticas de memoria del franquismo”. Esta profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de León (ULE) se refiere así a los 40 años de dictadura en los que se llevaron a cabo unas políticas “muy claras de memoria” que dieron “una propaganda ultranegativa de lo que fue un sistema democrático como la Segunda República, y que con la vuelta de la democracia no se ha corregido”.

El alumnado de Bachillerato del IES Comercio de Logroño está de acuerdo. Darío, un chico alto y delgado que se sienta junto a la ventana, tiene claro que el problema radica en el sistema educativo. “Si este temario tan importante se pasa por encima, luego se escuchan las opiniones que se escuchan entre grupos y amigos y también entre políticos”, comienza. “Discursos obsoletos que no están adecuados al tiempo presente ni a la sociedad diversa que tenemos; aquí mismo hay alumnos de distintos orígenes con su propia historia. Ese discurso de odio se populariza porque te ves amenazado de manera absurda”, analiza.

Somos los más vulnerables y nos atacan con mensajes indirectos en TikTok e Instagram, metiéndonos esas ideas en la cabeza sin que nos demos ni cuenta

Patricia — alumna del IES Comercio

“Yo no veo ningún tipo de amenaza en un compañero por el hecho de que sea pakistaní o colombiano”, continúa Darío. A su derecha precisamente se sienta Daniel, de Bolivia, y a su izquierda Aya, de Marruecos. “Es que además saben dónde atacar –añade Patricia desde el otro extremo del aula– somos los más vulnerables y nos atacan con mensajes indirectos en TikTok e Instagram, metiéndonos esas ideas en la cabeza sin que nos demos ni cuenta”. Todos coinciden además en que problemas como el precio de la compra o la vivienda hacen que la gente más joven se vaya a los extremos pensando que peor no podemos estar y que tal vez sean la solución.

Reconocen que tienen amigos que piensan que con Franco se vivía mejor. “Ni ellos ni sus padres han vivido la dictadura ni conocen nada. Hablan de la economía pero no de la represión y los asesinatos. Pero es que yo con 16 años lo que tengo es miedo de que vuelva”, confiesa Patricia. “También ese discurso de superioridad de grupo les atrae”, añade Alicia, que se ha quitado la chaqueta y muestra ahora una camiseta de Iron Maiden, “sobre todo en la juventud, cuando quieres tener una identidad”. Cree, sin embargo, que se comete el error de intentar cambiar el mundo mirando hacia el pasado en vez de inventar nuevas fórmulas de futuro.

Preferir una dictadura

La historiadora Beatriz García entiende la verdad como el derecho que es, y argumenta que como tal no se le puede arrebatar al alumnado. “No podemos quedarnos en explicar la Guerra Civil diciendo que hubo dos bandos que se mataron entre ellos y que luego se dieron un abrazo de concordia y se olvidaron tantos años marcados por la represión que legitimó tanto la dictadura”, asevera.

De esta manera, poder explicar con mayor detalle la historia más reciente de España a las generaciones más jóvenes es una forma de reforzar la democracia actual, según entienden las autoras de las guías pedagógicas. “Ahora hay gente de mi edad, de 30 años o menos, que todavía dicen que lo mejor para España sería una dictadura, sin derechos ni libertades. Si supieran realmente lo que fue el franquismo no dirían ese tipo de cosas”, se queja García.

Hay países como Alemania en los que se han censurado determinadas actitudes e ideas, pero en España se permiten cosas como ver a alguien saludando como Franco o cantando canciones franquistas sin ningún tipo de consecuencia

Alicia — alumna del IES Comercio

Explicar con detalle la Segunda República, el golpe de Estado, la Guerra Civil y la Transición supone otra forma de crear pensamiento crítico entre el alumnado, según esta docente universitaria. De esta manera, los más jóvenes podrían dudar de todo lo que les dice su influencer o youtuber de referencia y aplacar de alguna forma el “memoricidio”, tal y como lo denominan los especialistas consultados, que todavía impregna la sociedad española.

Enrique Javier Díez, catedrático de la Facultad de Educación de la ULE y otro de los autores de las unidades didácticas, apunta que lo que sucede en la educación española está íntimamente ligado a lo ocurrido en la Transición: “Todas las democracias del entorno europeo se fundaron en el antifascismo, y es algo que reconocen como valioso. Aquí, la democracia se fundó sobre el olvido del pasado”. El también autor de La asignatura pendiente. La memoria histórica democrática en los libros de texto escolares (Plaza y Valdés, 2020) exclama que “si la ley de Memoria Democrática no llega a calar en la ley de educación, se estarán tejiendo las mimbres que posibilitan el auge del neofascismo actual, que cada vez se extiende en las generaciones más jóvenes”.

En clase, Alicia, con apenas 17 años, también redunda en esa idea. “Hay países como Alemania en los que se han censurado determinadas actitudes e ideas, pero en España ha habido libre albedrío y se permiten cosas que no deberían ser permitidas como ver a alguien saludando como Franco o cantando canciones franquistas sin ningún tipo de consecuencia”, dice indignada. “Los discursos fascistas y genocidas se aferran a la idea de libertad, a que somos un país libre y podemos decir lo que queramos”, añade Patricia, “¿pero realmente debemos permitir que se divulguen este tipo de discursos e ideas? Tal vez esa es la pregunta”. Aya, una alumna de origen marroquí, asiente: “Cualquiera puede decirte cualquier cosa”.

Docentes “valientes” que explican la memoria

“Muchos docentes se han educado en unos estándares que aún están por superar, y así es muy difícil que España pueda recuperar su historia”, comenta Desirée Rodríguez, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género. Para ella, el nivel de profundidad con el que se abordan estos contenidos depende únicamente de la conciencia política y de clase del profesorado. ¿Resultado? En muchas ocasiones lo que se enseña es muy básico.

“También influye el tiempo. Al siglo XX se llega al final del curso, con la lengua fuera. No se profundiza en cuestiones como que en España hubo cientos de campos de concentración o en la violencia específica que sufrieron las mujeres”, ilustra Beatriz García, historiadora de la ULE.

García coincide en que muchos profesores de Historia actuales todavía se criaron en un entorno de “silencio y olvido”, y que eso pesa. “Si un docente habla por ejemplo de bando nacional o no explica qué significaba 'dar un paseo', estaría interpretando la historia igual que se hizo desde el golpe de Estado”, afirma.

Pero es que la cosa va más allá. Hay profesores que directamente prefieren pasar por alto el temario. La historiadora considera “valientes” a los docentes que deciden explicar este periodo histórico con detalle. “En la universidad no nos pasa tanto, por la libertad de cátedra, pero en los institutos las cosas han cambiado mucho en los últimos años”, apunta García. El catedrático de Educación Javier Díez es más contundente y asegura que “en los claustros se respira miedo”.

“Yo en cuarto no di nada de la historia de España explica Manuela, que hasta este punto había permanecido en silencio– y en mi clase la gente que más voz tenía eran de los que querían la vuelta de Franco, con 15 años, sin ser conscientes de lo que era la dictadura. Eso era como una 'minirrepresión' dentro de la clase, porque los que opinábamos distinto no podíamos decir nada y el profesor decidió no dar el tema por miedo a discusiones en clase, porque se metían contigo si pensabas diferente”.

Necesitamos estudiarlo más y mejor porque llegamos a un punto en el que empezamos a opinar sin saber nada y tu opinión al final depende de tu familia. Necesitamos formación porque no tenemos datos ni para rebatir

Ángela — alumna del IES Comercio

Su compañera Lara, sentada justo frente a ella, cree que esas píldoras de la historia más reciente de España deberían empezar desde Primaria. “Hasta el final de cuarto de la ESO no sabemos ni quién fue Primo de Rivera, ni que entre esas dos dictaduras hubo una República”, señala. “Yo vengo de una familia de militares, por un lado, y de una familia que piensa diferente por el otro. Si en el colegio no te explican lo bueno y lo malo de cada cosa, es difícil tener un criterio formado”.

“Necesitamos estudiarlo más y mejor porque llegamos a un punto en el que empezamos a opinar sin saber nada –añade Ángela, justo a su lado– y tu opinión al final depende de tu familia. Necesitamos formación porque no tenemos datos ni para rebatir”. Aritz desearía también que se hablase de este tema más en las casas y se acabase con eso de que “en la mesa no se habla ni de trabajo ni de política” porque llegan a las redes sociales con 12 o 13 años “totalmente vacíos, sin tener ni idea y vulnerables a cualquier falsedad”. “Y así llegas a escuchar barbaridades como que con Franco se vivía mejor, que actualmente vivimos en una dictadura o que la Guerra Civil la empezó la Segunda República”, remacha.

Antonio Sarabia, el memorialista, lanza una pregunta a los jóvenes: “¿Creéis que si actualmente viviéramos en una dictadura podríamos estar en esta clase debatiendo como lo estamos haciendo?”. Todos lo tienen claro.

Franco, ese 'bro'

“Asistimos impasibles a una banalización del mal, donde chavales se refieren a Franco como ese ‘bro’. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla”, argumenta Javier Díez. Desde su punto de vista, lo que se necesita es voluntad política. A pesar de que la ley de Memoria Democrática recoge en su articulado que el currículum escolar y los libros de texto deben incluir la represión del régimen, la lucha antifranquista y la recuperación de la memoria, así como la formación de todo el profesorado en torno a estos temas, esto no se llega a materializar en los colegios e institutos.

“Por otro lado, tenemos una ley educativa, la LOMLOE, que simplemente blanquea el holocausto que se cometió en España durante aquellos años, tal y como lo denomina Paul Preston”, enfatiza Díez. Él mismo se pregunta cómo es posible que la chavalada salga de la educación obligatoria sabiendo más del genocidio que sufrieron los judíos y apenas nada del que sufrieron sus bisabuelos y abuelos, quizá apenas a escasos kilómetros de los pupitres que ocupan día tras día. “En lugar de visitar tanto Auschwitz, podrían llevarles a los campos de concentración que hubo en España”, propone.

En La Rioja miles de alumnos han visitado ya el memorial de La Barranca, escuchando las historias de los propios descendientes de aquellas familias asesinadas y represaliadas. “Yo nunca antes había escuchado todas esas historias”, confiesa Aya. “Sabía quién era Franco, pero no sabía todo eso que sucedió”. Y reivindica que se comparta esta parte de la historia de España también con los migrantes e hijos de migrantes que saben poco y nada de ella. “Son ciudadanos, y votan”, señala. “A mí en clase, al referirse a esa etapa solo me han hablado de riqueza, de autarquía, del crecimiento industrial de los años 60 –añade su compañero Aritz,– pero de pobreza, hambre y cartillas de racionamiento solo he oído hablar en mi casa”.

La adolescencia señala a la clase política

El catedrático Enrique Javier Díez cree que los responsables políticos que dirigen la educación en España “parecen seguir subordinados al nacionalcatolicismo franquista, esa herencia que permea todavía hoy los currículums”. Denuncia que los contenidos escolares continúan apoyando de manera sibilina la teoría de la equidistancia, no muestran el papel protagonista de la Iglesia católica en la represión, ni aparecen los responsables del régimen que, casi de un día para otro, se convirtieron en acérrimos demócratas, como Manuel Fraga Iribarne o Rodolfo Martín Villa.

Los adolescentes del IES Comercio de Logroño tienen clara su opinión sobre la clase política actual. No se sienten representados y lamentan que el debate se haya reducido al insulto, la burla y la descalificación. “El Congreso parece una clase de tercero de la ESO”, comentan con sonrisas burlonas. “Llegamos a aplaudir a Rufián por decir auténticas obviedades. Y eso es porque los demás ni siquiera hacen eso”, dice uno. “Es que ni siquiera sabemos lo que piensan”, añade otra. “Yo tengo claro que cuando pueda iré a votar, pero cada día tengo menos claro a quién. Al final se acaba votando por miedo a lo contario”, añade un tercero.

Desde su pupitre, Alicia, una de las alumnas más activas durante toda la sesión, es tajante: “No tenemos ni idea de política”. Pero también mira hacia dentro y entona el mea culpa. “En parte es culpa de los ciudadanos. Nos aferramos a sistemas del pasado a ver si funcionan otra vez y eso es imposible. Hay que plantear nuevos sistemas, tener ganas de cambiar y mirar al futuro y eso va para los jóvenes y también para la gente mayor. Atraer a gente nueva a la política, proponer cosas diferentes. Al final la historia va de cambiar a través de revoluciones pacíficas”, zanja, “como ciudadanos tenemos cierta culpa, ponemos a los políticos ahí con nuestro voto y tenemos que tener claro que nosotros somos el futuro y tenemos que cambiarlo, exigir y luchar por uno mejor”.

Ángel de la Calle (Molinillo de la Sierra, Salamanca, 1958) es un verso suelto en el cómic español. Muy vinculado a la literatura y en la organización de la Semana Negra de Gijón desde hace años, se inició como dibujante en su juventud, durante los años 70, en diversos fanzines y revistas underground. En los años 80 publicó en algunas de las revistas más importantes, como Comix Internacional o Zona 84. Los años 90 no le fueron muy propicios, pero, ya en el nuevo milenio, suya fue una de las obras que pueden considerarse inaugurales en la etapa de la novela gráfica: Modotti. Una mujer del siglo XX (2003-2005), sobre la célebre fotógrafa, traducida a varios idiomas.

A ese cómic le siguió Pinturas de guerra (2017), que le valió el premio a la mejor obra española en el Salón del Cómic de Barcelona. Esta “trilogía sobre la cultura española”, en palabras del propio autor, se cierra ahora con La caja de Pandora. Vivir y morir en la transición (Garbuix Books, 2025), un cómic en el que vuelve la vista a su adolescencia militante en las Juventudes Comunistas y que construye un diálogo entre presente y pasado.

Aunque son frecuentes las obras que abordan la Guerra Civil y la dictadura, no resulta habitual encontrar cómics sobre la Transición. Ángel de la Calle apunta en conversación con este medio que “durante unos años fue un tema que no interesaba tocar demasiado”. “Hacen falta editoriales que tengan el valor de publicar este tipo de libros, muy políticos —prosigue—. Pero también estamos en un momento en el que el cómic tiene una deriva quizás un poco más banal en los temas que trata, probablemente como reflejo de la sociedad”.

El hilo conductor de la obra es la búsqueda por parte del Ángel de la Calle que protagoniza el cómic, en clave autoficcional, de un dibujante perdido de la Transición, Juan Ángel. Erróneamente, el Diccionario del cómic español y su uso (2000), coordinado por el escritor y teórico Jesús Cuadrado, le atribuía a Ángel de la Calle el nombre de Juan Ángel como uno de sus pseudónimos, lo cual lo motivó a intentar encontrarlo. “El error tiene cierto sentido, porque los dos estábamos más o menos en la misma época y en Gijón. Él era tachista y yo puntillista, además. Yo también hacía cosas al principio relacionadas con la poesía visual y con un tipo de cómic más vanguardista para la época, como él”, explica De la Calle.

“Pero me quedé pensando que ahí había una historia”, añade. Cuando empezó a indagar, descubrió que no había ninguna información en internet, y, al preguntar a gente de la época, nadie sabía nada, o pensaban que era el propio Ángel de la Calle. “Revolví entre las cajas que tengo con panfletos y fanzines de esa época y fui detectando las pocas historias que publicó, y me di cuenta de que había mucho más de lo que parecía, ya que reflejaba otra cosa, otra cara de la misma generación a la que yo pertenecía”, explica el dibujante. La producción de Juan Ángel se limita a un puñado de historias cortas, pero que aparecen en “obras básicas para entender el movimiento underground en España”, como la revista Star o Purita.

Relacionado de algún modo con el poeta Haro Ibars, Juan Ángel es autor de una obra disidente, de difícil encaje en el tiempo inmediatamente posterior a la Transición. “A través de él podía hablar del cambio político y social, pero también confrontarlo con lo que estaba haciendo yo en esa época”, explica el dibujante. Así, la obra se mueve entre los años 2010, con un maduro Ángel de la Calle indagando sobre el paradero de Juan Ángel, y mediados de los años 70, con su versión adolescente participando en las protestas contra el franquismo, pero a punto de abandonar el cómic más comprometido para publicar historias más fantásticas en las nuevas revistas que iban a surgir.

“Y así llego a la dialéctica de apocalípticos (Juan Ángel) e integrados (yo)”, afirma. “Es evidente que yo de integrado no tuve nada, porque no alcancé el éxito, pero esto no es un libro de historia, sino una novela”, matiza De la Calle. “Yo soy tanto personaje como narrador, y como narrador puedo añadir partes de la historia a la que no llega el personaje”, añade. Así, se introduce una coda en la que muestra el destino de Juan Ángel durante los años 80.

Cuestionar la Transición

En estos días de conmemoraciones por el 50 aniversario de la muerte de Franco, se reaviva el debate en torno a la Transición y su supuesto carácter modélico y pacífico. Ángel de la Calle cuestiona esa visión al centrarse en la sociedad civil y en la militancia de a pie, precisamente lo que suele olvidar cierto discurso sobre el periodo, que escoge centrarse en unas pocas figuras políticas. “Eso no fue verdad”, afirma rotundamente De la Calle. “Cuatro o cinco tipos podían ser los que decidían, pero había una ebullición en ese momento en el país, pidiendo algo diferente. Yo en ese momento solo llevaba un año en las Juventudes Comunistas, pero los que eran mayores que yo estaban igual. La gente estaba en la calle: si no, habría sido imposible la reforma. Pero, como dice uno de los personajes, la izquierda no tenía nada pensado cuando muriera Franco”, explica el autor.

“Había ilusión por el cambio, aunque hoy sabemos que Estados Unidos nunca iba a permitir una revolución de los claveles como en Portugal, y estaba decidido cómo iba a ser nuestra Transición”, desarrolla De la Calle. Sin embargo, el autor de La caja de Pandora también habla del miedo de una generación marcada por la incertidumbre. “La clave es el miedo que teníamos todos. Esos fanzines que hacíamos eran ilegales. Ahora los podrán llevar al Reina Sofía, pero entonces los llevaron a juicio”, ironiza.

En ese juego entre la ilusión y el miedo se explica el título de la obra: “Algunos esperaban que la Transición fuera como la lámpara de Aladino, que la frotabas y salía el genio para concederte deseos. Pero lo que pasó fue más bien la caja de Pandora, que se abrió y salió toda la peste del mundo, y solo quedó la esperanza. Y cuando tienes esperanza, tienes miedo”. El curso de los acontecimientos tras la muerte del dictador y la aplicación de una reforma pactada y paulatina desanimó a gran parte de la militancia de izquierdas.

La gente cayó en lo que se ha dado en llamar desencanto, en alusión a la película de Jaime Chávarri El desencanto (1976) sobre la familia Panero, tal y como se explica en el propio cómic, en el que ese proceso tiene un lugar importante, y en el que se muestran diversas conversaciones que sintetizan las diferentes posturas en torno a la estrategia que siguió la izquierda. Y, más concretamente, el Partido Comunista, que renunció a la bandera republicana y aceptó la monarquía como garante de la democracia. “Cuarenta años vagando por el desierto y al final no hay nada”: así resume De la Calle la vivencia de toda una generación de luchadores antifranquistas. “Esa es la historia del PCE —continúa—, pero sin ellos no habría habido ni siquiera la reforma pactada. Entonces el PSOE no era nada, y los demás grupos comunistas orbitaban en torno al propio PCE”.

“¿Cómo le explicas tú a alguien que se ha comido diez años de cárcel para ahora aceptar la bandera de Franco?”, se pregunta el autor de Modotti. “Yo no lo puedo explicar”, confiesa. Se trata de una generación a la que “se le pidió que olvidaran demasiadas cosas, hasta olvidarse de ellos mismos”, en palabras de De la Calle, que pone de ejemplo a los cantautores antifranquistas. “El viaje de Ítaca (1976) de Lluís Llach fue el disco más vendido de su año; pero, poco después, ya había pasado de moda”.

Y lo que queda tras esos años, en opinión de Ángel de la Calle, es la diversión pura, desideologizada. “Cuando llegó la Movida, solo quedó la parte que más le interesaba al poder, la diversión, lo brillante. Si ves a los protagonistas de la Movida, salvo Pedro Almodóvar, casi todos han acabado siendo del Partido Popular. Triunfa el colorín y el oropel, cuando más bien es una etapa absolutamente gris”, resume el dibujante. Pero también lo hace extensible a la cultura de la propia Transición, que atravesaría un gran cambio. “Vázquez Montalbán pasó de ser el gran escritor de izquierdas de la época a hacer libros hablando de comidas. Adquiere más fama como culé y gourmet. Eso es lo que va quedando”, lamenta.

El cómic no permaneció ajeno a esas dinámicas: tal y como se aprecia en las páginas de La caja de Pandora, las nuevas revistas del bum del cómic adulto, salvo excepciones, apostaron por contenidos menos comprometidos políticamente, y más centrados en la ciencia ficción, la aventura o el terror. Diversión y escapismo a los que los autores como Ángel de la Calle tuvieron que adaptarse. “Era inevitable que en el cómic nos pusiéramos a hacer otro tipo de obras, porque era lo que había”, recuerda. “Estábamos teniendo un retroceso, de hecho. Hasta que apareció Maus, de Art Spiegelman, y los autores de L’Association en Francia, que reinventaron el cómic desde la autobiografía, buscando el realismo desesperadamente”, reflexiona.

Cuando hablamos de la Transición, de la Guerra Civil o incluso de Felipe V, hablamos de ahora: la historia tiene que estar en el centro de la actualidad

Ángel de la Calle — Dibujante

Ángel de la Calle es de los pocos autores, junto con Carlos Giménez, Max y algunos más, que continúan en activo desde los años 70. Y eso le da cierta perspectiva: “Yo he tenido la suerte de estar en el movimiento underground y en el de la novela gráfica, y me parece que aquellos polvos trajeron estos lodos, hay mucha relación. Pero en medio había que descomprimir, era necesario, seguramente, ese cambio de rumbo, tras la conciencia de haber sido derrotados”.

Hoy, el dibujante defiende la necesidad de discutir el relato edulcorado de la Transición que les llega a los jóvenes —“que es el de Cuéntame, la serie que encargó Aznar para imponer una sola versión”—, así como la necesidad de la historia para entender el presente: “Cuando hablamos de la Transición, de la Guerra Civil o incluso de Felipe V, hablamos de ahora: la historia tiene que estar en el centro de la actualidad”. Con eso en mente, la lectura de su cómic se vuelve un tanto amarga, con todos esos protagonistas que dejan atrás la militancia y se integran en el sistema, pero también con aquellos que nunca lo hicieron y pagaron el precio.

“La historia de la Transición, como decía Haro Ibars, es la historia de una generación bífida: o acababas ministro, o acababas muerto en un portal con una dosis de heroína”, sentencia De la Calle. Sin embargo, el autor también defiende que, tras la llegada de la democracia, siempre se mantuvo un cierto movimiento de resistencia. “Aunque no ha tenido voz”, matiza. “Algunos no nos desencantamos nunca, lo que pasa es que éramos conscientes de que íbamos perdiendo”, concluye el dibujante.

Nos asomamos a un nuevo año en medio de una época marcada por el avance del discurso autoritario, por el individualismo tramposo, por la idea permanente de la necesidad de luchar por ser el penúltimo y siempre tener alguien por debajo al que pisar o al que adelantar , por la carrera por mantenerse dentro de una cerca cada vez más pequeña que separa a las personas con derechos de las personas sin ellos.

Estados Unidos ha explicitado una estrategia de seguridad que, bajo el liderazgo de Trump y en connivencia con Putin, busca apuntalar a la extrema derecha, erosionar el ya frágil orden democrático-liberal europeo e intervenir en América Latina —de Venezuela al conjunto de la región— para frenar la influencia de China.

Al mismo tiempo, en el estado español vivimos tiempos de incertidumbre, con una derecha y una extrema derecha fuertes, con un discurso reaccionario muy consolidado; con un golpe judicial que ha acabado con el fiscal general sin una sola prueba; con escándalos de corrupción nauseabundos vinculados a dirigentes del PSOE; con un machismo, aunque no sea novedad que aflora en las estructuras de poder (hasta en la modélica Transición) y que no es ajeno a ninguna organización política, tampoco a las de la izquierda alternativa. Un machismo al que no se ha sabido responder, y frente al cual no se ha estado a la altura de los derechos que se reivindican ni de la fuerza histórica del movimiento feminista.

Vivimos en un país donde la macroeconomía va como un tiro, donde las cuentas de resultados de las empresas baten récords, donde los salarios suben… pero donde la gente vive asfixiada por los precios de la vivienda y la alimentación, por la falta de un horizonte de tranquilidad y de una seguridad humana real. Una situación que hoy algunos partidos del poder —también en Euskadi, también el PNV— instrumentalizan, utilizando problemas reales de nuestras ciudades y barrios (las más seguras en términos delincuenciales de la UE) como chivo expiatorio, señalando a los más pobres y a los más desaventajados de nuestra sociedad en lugar de afrontar los problemas de raíz: el deterioro de los servicios públicos, la pérdida de calidad de vida, la crisis de la vivienda que sufren las personas jóvenes y la clase trabajadora, también en Euskadi, y la ruptura de un horizonte de esperanza que podamos mínimamente acariciar con las manos.

En este contexto, asistimos además a un riesgo real de descomposición interna del Partido Socialista. Y no nos engañemos: el Partido Socialista es un partido de orden, un partido de sistema. Un partido que, de manera excepcional, se encuentra hoy situado en un marco que ofrece a las fuerzas de la izquierda alternativa y a las fuerzas plurinacionales una oportunidad de oro para arrancar derechos y conquistas.

Toca preguntarse, entonces, el para qué. Para qué la izquierda está o apoya gobiernos. Es momento de darle respuesta con las tareas pendientes.

No se han producido avances reales en el plano democrático: la democratización profunda del Estado sigue pendiente; una justicia que no se ha querido reformar a costa de un alto precio; la democratización del sistema mediático; o una reforma del sistema electoral que se diseñó para el turnismo bipartidista.

Es cierto que se han dado avances reales en el plano social: con la reforma laboral, en el salario mínimo, en leyes sociales y en vivienda. Avances reales, sí, pero claramente insuficientes. Como lo es, por ejemplo, la negativa del PSOE a una prórroga automática de los 630.000 contratos de alquiler que deberán renovarse en 2026 y que amenazan con convertirse en una carga absolutamente inasumible para cientos de miles de familias.

Por eso no es cierto que estemos en un momento de malmenorismo, de mantenernos por el miedo a lo que vendrá. Vivimos el momento en el que “hay hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente” que diría Raymond Willians, Este es el momento en el que las izquierdas deben insistir en una vía de democratización profunda del Estado y de redistribución de la riqueza. De arañar cada conquista posible para que nuestra gente viva mejor.

El futuro no existe, es hoy. Y queremos transformar la sociedad ahora. Pero eso no significa renunciar ni a una sola de las conquistas que podamos lograr para que la gente viva un poco mejor; para que cada familia, cada persona autónoma, cada trabajador y trabajadora, cada estudiante, cada mujer, cada persona migrante pueda vivir un poco mejor. Ese es, hoy, el único sentido que puede tener el gobierno de coalición progresista.

Esa es la ventana de oportunidad. Esa es la reacción que tenemos que impulsar ahora, no mañana cuando probablemente sea demasiado tarde.

Por eso, frente a quienes dicen —como Campofrío— que estamos polarizados, decimos con claridad: no estamos polarizados, nos están atacando. Van a por todas y todos los que dependemos de una nómina para subsistir. Van a por las feministas, a por las personas migradas, a por las personas trans, a por todas las disidencias, por cualquiera que se atreva a pensar por sí misma.

Van a por todo.

Y frente a eso, no tenemos que estar polarizados: tenemos que estar unidos. Unidos en la diversidad absoluta de las fuerzas de la izquierdas federal y soberanista, de los movimientos sociales, del sindicalismo hasta las activistas por la vivienda o por la tierra y con el feminismo en el eje central.

Es tiempo de programas mínimos. De conquistar cada voto y cada escaño. De construir una mayoría progresista, plurinacional y democrática que no entregue ni un solo resorte más de poder —del poco que aún no tienen— a la derecha y a la extrema derecha.

Y toca pringarse. Toca mancharse las manos. Toca tener mirada larga, generosidad y valentía. Toca trascender la mirada corta de los despachos y las sedes de la mayoría de los partidos. Toca imaginar y pensar en grande. Es tiempo de frentes amplios, también aquí, en Euskadi.

No hay otra tarea que deba distraernos del objetivo principal: abrir brecha, conquistar derechos sociales y democráticos y, sí, que la gente viva mejor.