Las localidades toledanas de Villacañas y Ocaña acogerán estos días la exposición itinerante “La Transición en imágenes” con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha conmemora los 50 años del inicio de la Transición democrática en Castilla-La Mancha

Esta muestra sirve de homenaje y recuerdo “a quienes hicieron posible la recuperación de las libertades y trasladar a las nuevas generaciones que la democracia es una conquista colectiva que debemos seguir cuidando”, según afirma la Junta en un comunicado.

La selección de imágenes, que muestran la evolución de nuestra región en los últimos 50 años, se pueden visitar en la plaza de la Constitución de Villacañas y el paseo Julián Mata de Ocaña.

Se trata de una versión reducida de la gran muestra “La Transición Democrática en Castilla-La Mancha” que acoge el museo de Santa Fe de Toledo, para la que se ha realizado una selección de imágenes que muestran la evolución regional en estos 50 años que se ha adaptado al formato al aire libre.

Son 10 estructuras con dos paneles cada una, que se instalan en plazas y calles principales de los municipios a los que va a llegar como ya lo ha hecho en el caso de la provincia de Toledo en las localidades de Cebolla e Illescas, y que, tras Villacañas y Ocaña, se desplazará a Consuegra e Hinojosa de San Vicente.

“Quienes visiten esta selección de fotografías podrán viajar de la dictadura a la democracia y el nacimiento del autogobierno en Castilla-La Mancha y recordar o conocer como se construyeron desde nuestra región los principales acontecimientos políticos, sociales y culturales de este periodo en el que confluyeron dos procesos fundamentales como son la democracia y la autonomía”, explica la Junta.

El secretario general de la Presidencia, Javier Úbeda, y la delegada provincial de Igualdad en Toledo, Nuria Cogolludo, se han sumado a esta conmemoración que el Gobierno regional quiere acercar a los municipios castellanomanchegos compartiendo estos 50 años de democracia en la cercanía, a pie de calle, con los vecinos y vecinas de nuestros pueblos.

Así, Javier Úbeda ha visitado la exposición en la localidad de Villacañas, con su alcalde, Juan Ángel Almonacid, mientras que Nuria Cogolludo ha recorrido la muestra en la localidad de Ocaña, junto a su alcalde, Eduardo Jiménez.

Javier Úbeda y Nuria Cogolludo han puesto en valor el diálogo, la convivencia y la capacidad de alcanzar acuerdos como el mensaje protagonista de la conmemoración del 50 Aniversario de la Transición Democrática en Castilla-La Mancha que incluye un amplio y ambicioso programa, “50 años juntos”, con más de 500 actividades en las que se enmarca la exposición itinerante que acogen hasta el día 19 en Villacañas y Ocaña.

En el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas se conserva muy poca información de lo que fue el Patronato de Protección a la Mujer. No obstante, sus documentos evidencian algunos episodios que sufrieron las mujeres internadas en estos centros que la institución tenía en el Archipiélago. Las congregaciones religiosas encargadas de gestionarlos amasaron un cuantioso patrimonio inmobiliario con dinero público y trabajo esclavo. Un negocio cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. Uno de los documentos refleja la “justicia patriarcal”, como el arresto de 30 días para la amante de un guardia. 

El Patronato de Protección a la Mujer fue una institución franquista que duró hasta bien entrada la transición (1941-1985). Fue un mecanismo de represión y control gestionado por congregaciones religiosas que durante años encerró sin juicio a mujeres jóvenes, muchas menores, a las que consideraba rebeldes o que no cumplían con los valores católicos del régimen. En Canarias tuvo sus particularidades. 

Bajo la excusa de que el Estado pagaba subvenciones insuficientes para su manutención, las congregaciones religiosas obligaban a las internas a trabajar sin sueldo en talleres de costura, confección o de empaquetado. Eran mano de obra gratis, trabajadoras esclavas. Esta institución también practicó el robo de bebés. Pero no fue hasta 2012 cuando el libro Las desterradas hijas de Eva, de Consuelo García del Cid, empezó a sacar a la luz esta oscura realidad de estos reformatorios franquistas de mujeres. 

Documentos consultados por este periódico en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, fechados principalmente entre 1945 y 1953, desvelan la doble moral de una institución que se mostraba siempre al borde del colapso económico para chantajear al Estado pidiendo más dinero. 

En 1949, aunque la subvención total del Estado para la provincia de Las Palmas era de 56.000 pesetas, la partida presupuestada para internamientos era de solo 36.500 pesetas. Sin embargo, el gasto que decían que necesitaban para mantener a las mujeres encerradas rozaba las 45.000 pesetas. Para 1950 calculaban necesitar más de 68.100 pesetas anuales. Pero no para la manutención de las internas, sino para “sueldos de personal, material no inventariable, y alquiler de oficinas”.  

Lejos de proteger a las internas, las utilizaban como moneda de cambio. En noviembre de 1949, el secretario de la Junta de Las Palmas llegó a advertir por carta al gerente central en Madrid. “Si no llegan más fondos, nos obligarán, muy a pesar nuestro, a entrar en las Adoratrices escoba en mano, echando a la calle (al ”arroyo“) a la mayor parte de nuestras internadas”. Además, amenazaba con trasladar el conflicto al Gobernador Civil, al Obispo y al Nuncio del Papa.

Internas como moneda de cambio

Esta correspondencia, hasta ahora inédita, entre las juntas del Patronato provincial y estatal, revelan que los encierros no dependían de criterios sociales, sino puramente económicos, confesando que si se dispusiera de dinero al efecto, “serían muchos más los internamientos acordados”.

La mayoría de la correspondencia está firmada por Fernando Clavijo y del Castillo-Olivares, vicepresidente 1º de la Junta Provincial de Las Palmas, y en ocasiones por el secretario (particular), Joaquín Mª Aracil Barra. Y dirigidas al tesorero general o directamente a Francisco Javier Abella, gerente de la Junta Nacional del Patronato, con sede en el número 33 de la calle Núñez de Balboa de Madrid.

La presión por conseguir financiación llevó a la Junta a solicitar en 1951 y 1952 que se les cediera entre un 1% y un 2% de los impuestos recaudados en espectáculos públicos “frívolos y galantes tolerados por las autoridades”, argumentando que era de esos locales de donde procedía buena parte de las jóvenes que después debían “reeducar”.

Entre los pocos documentos que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas se encuentran algunos caso que revelan una justicia patriarcal y una desigualdad punitiva flagrante. La Junta provincial de Las Palmas presumió de resolver de forma exitosa el caso de un exguardia municipal que metió a su amante en el domicilio conyugal: “Intervinimos enérgica y prontamente, consiguiendo al momento, del Sr. Gobernador Civil, 30 días de arresto para dicha querida en la Prisión Provincial (a donde fue conducida por la Guardia Civil), una fuerte amonestación para el hombre culpable (que, ante nosotros, prometió firmemente la enmienda) y el restablecimiento de la paz en un hogar legítimo, en el que había hijos pequeños. Y así, muchísimos éxitos, altamente consoladores.” Ella fue un mes a prisión y él sólo tuvo que hacer una promesa de enmienda.

Control sobre el cuerpo de la mujer

Este control sobre la mujer era también físico y profundamente machista. Las jóvenes ingresaban a través de los llamados Centros de Observación y Clasificación. La primera fase del encierro consistía en aislar a las mujeres y someterlas a un minucioso escrutinio. Como atestiguan documentos del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, los médicos tenían la potestad de realizar reconocimientos ginecológicos en cualquier momento para comprobar si la joven había sido “desflorada”, es decir, si había perdido la virginidad. 

El resultado de este examen ginecológico era determinante para el destino de las reclusas. Si el médico certificaba la “desfloración”, la joven era clasificada en el grupo de “mujeres caídas” o “víctimas de prostitución”. Este grupo solía ser el más nutrido en los centros, llegando a representar el 40% de las internas. 

Según los relatos de investigadoras y supervivientes del Patronato en el ámbito nacional, el sistema era extraordinariamente cruel. Bastaba con ser etiquetada como “incompleta” para recibir el peor de los tratos y ser destinada a los reformatorios más duros, incluso si la pérdida de la virginidad se debía a que la joven había sido violada por su propio padre. 

En el libro Inmaculada: la muerte que precipitó el fin del patronato se recoge el testimonio de Rosa Berián, la última directora del centro del Patronato de San Fernando de Henares en Madrid, que cuenta “el caso de varias adolescentes provenientes de zonas rurales de Canarias que habían sido violadas por sus padres y habían tenido hijos de ellos. En este tipo de casos el modus operandi era sencillo: el bebe se quedaba con la familia y a ellas las mandaban a la península. De este modo las muchachas se veían recluidas, mientras sus violadores criaban a sus criaturas”.  

En el libro de las periodistas e investigadoras Marta García Carbonell, Esther López Barceló y María Palau Galdón se cuenta de modo excepcional, en una emotiva y rigurosa investigación, cómo la misteriosa muerte de Inmaculada Valderrama el 19 de septiembre de 1983 supuso el principio del fin de esta oscura institución. 

La red de centros del Patronato en Canarias

El colegio de Religiosas Adoratrices de Tafira (Plan de Loreto km 7) estaba dirigido por la congregación de las Adoratrices (Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad). La congregación tenía otro gran establecimiento en Tafira Alta para albergar hasta 150 jóvenes internadas. Además, crearon anexo a él un “Taller de Perseverancia” para acoger a las jóvenes que ya habían dejado de estar internadas. Las Adoratrices fueron quienes gestionaron la entrada de las jóvenes en el Patronato, llegando a tener un Centro de Clasificación y Observación, dependiente del Ministerio de Justicia, en 1982. 

El Cabildo de Gran Canaria entregó en 1962 una subvención directa de 200.000 pesetas a las Adoratrices para comprar una finca muy próxima al actual CECOPIN, de casi 14.000 metros cuadrados. Tras beneficiarse de diversas inyecciones de dinero proveniente del Estado durante la dictadura, las Adoratrices acordaron vender la misma parcela de vuelta al Cabildo en 2024 por 3,95 millones de euros.

El Internado de Oblatas, denominado Hogar Nuestra Señora del Rosario, era dirigido por las Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, quienes estuvieron catalogadas como una institución propia del Patronato. Tenía una capacidad de 60 plazas y funcionaba en régimen de internado. Su finalidad era la “reeducación” de las jóvenes.

En las Memorias de 1948 aparece la obra de las Javerianas en Las Palmas, de la que se dice que “los manuales de pedagogía correccional del Patronato la definen como una ”obra modernísima dedicada a la preservación y a orientar a las jóvenes en la vida de trabajo“.

Según documentos del Aula de Memoria Democrática, también hubo otras congregaciones que colaboraron con el Patronato, como las de Villa Teresita, una red de casa de acogida y reformatorios fundada en 1942, que actualmente sigue funcionando como asociación que ayuda a mujeres víctimas de trata y en situación de exclusión en Las Palmas de Gran Canaria.

La saturación de los centros o la negativa de las Adoratrices en Gran Canaria a recibir a jóvenes reincidentes obligó a las autoridades a costear el traslado y el internamiento de las jóvenes grancanarias a la Península o al internado de las Oblatas en Tenerife.

Las Oblatas también dirigían el Colegio de Santa María de Gracia, en La Laguna. En 1943 se presupuestó un aumento de 100 plazas para este recinto. También el Hogar-Taller La Purificación de María, ubicado en la calle Magistral Reyes Pérez, 18, en La Cuesta. Tenía 40 plazas en régimen de internado y estaba enfocada en la “preservación” de las menores.

En su interior se utilizaba el trabajo y la instrucción como herramienta de “reeducación”. En 1970, según documentos oficiales, se impartían cursos de auxiliares administrativas y de peluquería-manicura, pero investigadoras y supervivientes como Consuelo García del Cid sospechan que pudo ser un centro de trabajo esclavo. Entre 1970 y 1975 este Hogar-taller multiplicó por más de tres su valor, de 3.277.487 a 11.728.575 pesetas.

A pocos kilómetros, estaba la Maternidad Nuestra Señora de la Paz, en El Majuelo, La Laguna, dirigido por la congregación de las Religiosas Filipenses de San Pablo. Era una institución propia del Patronato con 50 plazas y funcionaba como “maternidad menores” en régimen de internado.

Las Memorias Económicas del Patronato registran cómo este Centro Maternal invirtió grandes cantidades de dinero a través de planes de desarrollo, en su construcción y equipamiento, pero no en la manutención ni en beneficio de las jóvenes. En enero de 1970 el valor del edificio en el inventario estatal era de 15.955.738 pesetas. Para 1973 había escalado hasta las 20.863.570 pesetas, reflejando un crecimiento continuo gracias a las inyecciones de dinero público.

Además, el Hospital Civil del Cabildo Insular lo llevaban las Hermanas de la Caridad. Actuaban como una institución auxiliar sin un número de plazas determinado, pero dentro de la red del Patronato y servía para el “estudio médico y tratamiento” de las jóvenes tuteladas que requerían ser “internadas por cuestiones de salud”.

Las mismas congregaciones siguen subvencionadas

Según la documentación revisada del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, se puede comprobar que el rastro económico de algunas de estas congregaciones ha continuado hasta nuestros días. Con fecha de 5 de enero de 2024, el Servicio Canario de Empleo (SCE) concedió de forma directa dos subvenciones de 164.128 euros, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, a la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor en Canarias, para programas de formación e inserción laboral dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y de trata.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno realizó un acto oficial de petición de perdón a las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer. Durante el acto 53 mujeres fueron reconocidas como víctimas oficiales, aunque fueron miles las que pasaron por la institución durante más de 40 años. Aquel día hicieron públicas un conjunto de reivindicaciones pendientes, como la entrega de expedientes “cuya promesa pública por parte de las congregaciones religiosas no se está cumpliendo”; el acceso a los libros de contabilidad donde constan los ingresos obtenidos a costa de su mano de obra esclava, y una la ley de bebés robados que “lleva esperando ocho años y no se ha movido nada”, aseguraron durante el acto.

El Recinto Ferial de Los Yébenes acogerá el próximo sábado 17 de octubre una jornada de música en directo que se prolongará desde la tarde hasta bien entrada la madrugada. Con la entrada libre y gratuita, la cita forma parte del programa '50 años juntos por la Constitución. Castilla-La Mancha y la Transición', con el que la Junta de Comunidades y las Cortes de Castilla-La Mancha conmemoran el medio siglo transcurrido desde aquellos años en los que el país emprendió el camino hacia la democracia, y se enmarca en el ciclo 'La música cambió el país'.

La programación arrancará a las 20:00 horas con la orquesta Conexión, una formación castellano-manchega que abrirá la noche con un repertorio pensado para todos los públicos. A partir de las 22:00 horas tomará el relevo La Misión, considerada una de las orquestas más potentes del panorama nacional, que llegará a Los Yébenes con un espectáculo de gran formato que se extenderá hasta la una de la madrugada. Una vez terminados los conciertos, la fiesta continuará con una sesión de DJ's, cuyo cartel se dará a conocer por separado.

Esta noche forma parte del programa que, entre septiembre de 2026 y abril de 2027, reúne 32 “grandes actuaciones” y más de 500 actividades repartidas por cerca de 200 localidades de las cinco provincias de la región, entre exposiciones, conciertos, foros, ciclos de cine, clubes de lectura y propuestas participativas que “invitan a recordar cómo se llegó hasta la España actual”, según señala el Ayuntamiento de Los Yébenes en un comunicado.

No había pasado ni un año de la muerte del dictador Francisco Franco. Era 22 de septiembre de 1976 cuando un grupo de policías irrumpió en una vivienda de un barrio obrero de Santa Cruz de Tenerife en un operativo que acabó con la muerte de un joven estudiante de magisterio de apenas 21 años llamado Bartolomé García Lorenzo. “El hecho desató unos días de protestas masivas que se saldaron con la detención de 27 personas y la convocatoria refrendada de huelga general”. Así lo cuenta el profesor de Historia de la Universidad de La Laguna (ULL) Domingo Garí en su libro El caso de Bartolomé García Lorenzo y otros estudios de la historia reciente. 

En la investigación subraya que el asalto se habría producido para capturar al aruquense Ángel Batista Cabrera, El Rubio, a quien se acusaba de haber asesinado al empresario tabacalero vinculado a la falange Eufemiano Fuentes. Los policías rodearon el edificio y dispararon con pistolas y metralletas. “El caso de Bartolomé García Lorenzo fue el resultado de una grave incompetencia cometida por los agentes implicados, sumado a una práctica policial propia de la época denominada gatillo fácil”, subraya Domingo Garí en su libro, donde concluye que “el juicio puso de manifiesto la debilidad del sistema judicial para castigar a los responsables del asesinato”, ya que las penas fueron irrisorias: los policías no pagaron con penas de cárcel ni vieron mermada su carrera profesional. 

“Bartolomé fue una víctima errada, un daño colateral del sistema de impunidad y de represión generalizada en el que operaban los cuerpos represivos de la dictadura”, apunta Garí, que añade en su libro que “el asunto se expande socialmente como protesta social y política porque el régimen a esas alturas está desgastado por la mayoría social”. 

La profesora de la facultad de Periodismo de la ULL Jenny del Pino García también ha investigado este crimen. En su trabajo Los sucesos locales en la prensa canaria durante la transición: El ametrallamiento de Bartolomé García Lorenzo ahonda en cómo la falta de información y las trabas impuestas por fuentes oficiales dificultaron el seguimiento del suceso por parte de la prensa canaria, que además se regía por la Ley Fraga, que obligaba a los medios a acatar la orden de divulgación de las notas provenientes de las autoridades. 

Jenny del Pino García, en conversación con este periódico, recuerda unas palabras de Miguel Delibes antes de la Ley Fraga que decía que “antes te obligaban a escribir lo que no sentías. Y ahora se conforman con prohibirte que escribas lo que sientes. Algo hemos ganado”. Por ello, señala que “después de la censura previa, el periodismo vio con buenos ojos la Ley Fraga, pero teníamos una ley que en su artículo dos nos decía que aquellas cuestiones que fueran contrarias a la Ley de Movimiento Nacional, al orden público, etcétera podría ser considerado un ataque hacia el orden y podría retirarse la publicación e incluso multarse tanto a su director que era responsable como al medio”. “Todavía también estaban obligados, los medios de comunicación a insertar las notas obligatorias del gobernador civil”, apunta. 

La profesora subraya que descubrió la figura de Bartolomé García Lorenzo por su análisis de los medios, mientras elaboraba su tesis, y se encontró con que la sociedad “se echó a la calle” ante la injusticia. De hecho, las multitudinarias protestas se produjeron tanto en Tenerife como en Gran Canaria y derivaron en una huelga general. Subraya que en Gran Canaria había en ese momento un seguimiento especial por el caso de El Rubio. 

García subraya que esa versión de que fue asesinado por el caso de El Rubio realmente nunca se pudo comprobar, nunca se comprobó que hubiera relación entre Antonia, la prima de Bartolomé (como se dijo durante ls investigación), y Ángel Batista Cabrera. “Los investigadores no sabemos a día de hoy por qué la policía acudió de paisano con ametralladora en mano y también pistolas y abrieron fuego con la primera persona que abrió la puerta”, señala. 

En el sumario del caso, que se recoge en el libro de Domingo Garí, se expone que Antonia contó que su primo abrió la puerta y que al ver la pistola y que nadie se identificó como policía cerró rápido y que ya herido de balas le dijo a su prima: “Tranca las puertas y coge a las niñas y después ”cuidado con el niño porque están entrando tiros en el dormitorio“. 

Jenny del Pino García subraya que hay que tener en cuenta el contexto social “muy convulso” del momento, pues en el año 1975 había muerto el dictador, y en septiembre de 1976 parecía “que nada había cambiado”: “La policía, la justicia, los gobernadores civiles vienen a ser los mismos. No teníamos todavía la Constitución española, pero la sociedad ya se estaba empezando a movilizar, quería cambios y quería cambios reales. Sobre todo en los barrios obreros era donde más movimientos sociales había, donde más intención de progresar tenía”, destaca. 

La profesora incide en que “no sabemos si fue una excusa mencionar a El Rubio o si de verdad estaban buscando una persona que sospechaban que estaba ahí, pero de sospechar que está ahí a hacer una redada y ametrallar a una persona, la primera que abre la puerta, hay un trecho. En todo caso, hay una actuación policial mal ejecutada. Y luego eso es lo que se traslada a la calle. Lo que se traslada a la calle se tergiversa, se prohíbe a los medios o a las fuentes que pueden dar información que se la den a los medios”, expone. 

Asimismo, remarca que no podemos “olvidar” el caso de Bartolomé, al que le gustaría que también se recordara por quien era: un estudiante de magisterio, “amante del montañismo, amante de la música, un joven que como describen sus hermanos, sus hermanas a día de hoy que quería comerse el mundo, que estaba apuntado en todas las actividades que podía, le gustaba estar en su barrio…” 

No fue una Transición modélica

Jenny Del Pino

“Lo que no podemos hacer es que esto se olvide. No es la única persona asesinada durante La Transición. No fue una Transición modélica, no fue una Transición pacífica y no fue una Transición de perdón en absoluto. Fue una Transición con mucho derramamiento de sangre. Estamos hablando del caso de Bartolomé, pero podríamos seguir añadiendo más casos, tanto en Canarias como en la Península”, subraya del Pino García, que recuerda el caso de Javier Fernández Quesada , en Tenerife o el de los abogados de Atocha, en Madrid.

Por ello la Universidad de La Laguna ha inaugurado una exposición titulada Bartolomé García Lorenzo. 1976-2026: 50 años de un asesinato policial que se puede visitar hasta el 30 de octubre y que incluye libros sobre este y otros “asesinatos derivados de la represión policial durante la Transición, así como periódicos y documentos que ayudan a comprender y contextualizar este hecho y sus consecuencias”, destaca la universidad.

Cabe recordar que este no es el único estudiante asesinado en la ULL durante la Transición. También se recuerda el caso de Javier Fernández Quesada, estudiante murió por impactos de bala de la Guardia Civil en la Universidad de La Laguna, en plena transición española y nadie pagó nunca por el crimen. 

Jenny del Pino García insiste en que es clave seguir recordando estos asesinatos. En el caso de Bartolomé “se cumplen 50 años. Creo que es un mínimo de justicia”. La profesora de Periodismo asegura que siempre dice a sus alumnos y alumnas que “lo primero que va a hacer una autoridad dictatorial es limitar la libertad de prensa. Es limitar a los periodistas. La información que debe llegar a la sociedad”. Por ello, es fundamental que estas historias se conozcan.

“Fíjense hoy hacer eso”. Con esa ironía se ha referido el exvicepresidente de Gobierno Alfonso Guerra al consenso que permitió aprobar la Constitución de 1978, antes de expresar sus dudas sobre si el PSOE actual votaría a favor del texto constitucional. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha sido igual de tajante: “Mi conclusión es que los líderes políticos de hoy no sabrían llevar un proceso como aquel”.

Así se han pronunciado los socialistas en un acto en Toledo para inaugurar la exposición 'La Transición en Castilla-La Mancha (1976-1983)', en el que también ha participado el que fuera ministro de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo-Sotelo, en la UCD, para pasar después al PP, Rodolfo Martín Villa.

Un conversatorio que se ha caracterizado por la “añoranza” y el “orgullo” por el periodo de la Transición democrática española, que ha servido para repasar los años en los que se fraguó la democracia y en el que ha habido numerosas alusiones a que “la falta de entendimiento” que se da en la política actual haría imposible alcanzar acuerdos políticos como aquellos a los que se llegó hace medio siglo.

Esa “añoranza” era confesada por Martín Villa en el arranque del acto, porque considera que fue “una época en la que los españoles pusimos lo mejor de nuestras cualidades”. El expolítico considera que, en la sociedad española de finales del 75, “casi todo era moderno menos el régimen político”.

Por su parte, Alfonso Guerra comenzaba destacando que la Transición fue posible porque hombres y mujeres que tenían planteamientos “muy diferentes, pero muy diferentes”, decidieron “ponerse de acuerdo y redactar una Constitución entre todos” que de 350 diputados solo tuvo seis votos en contra.

Además ha citado al hoy rey emérito Juan Carlos. En opinión de Guerra, tuvo una posición determinante para que no continuara la dictadura. “Si el rey decide la continuación del franquismo, todo esto tiene otra historia. Y como nadie quiere hoy decirlo porque cazó a un elefante”, ha afirmado.

Ha reconocido sin embargo “grandes momentos de convulsión a la hora de construir”, y pese a aquello, dice que fue un proceso “sencillo”, donde hubo un diálogo tranquilo entre el PSOE y la UCD. “Hay que pensar que en solo una noche le dimos la vuelta a 25 artículos que se habían aprobado malamente, porque no tenían el consenso de la mayoría. Por tanto, yo no recuerdo un momento de dificultad”, ha afirmado, para referirse después al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando “el Gobierno y el Parlamento fueron secuestrados por una banda de facinerosos”.

También ha subrayado que, de todos los partidos que participaron en el proceso de redacción de la Constitución, hoy solo queda uno, el PSOE, “y no estoy seguro de si ese partido ahora votaría a favor”.

Los líderes políticos actuales no sabrían llevar un proceso como el de la transición hoy en día

Emiliano García-Page

A continuación, ha tomado la palabra García-Page, quien también ha empleado una comparación entre el momento político actual y el que había hace 50 años. El presidente castellanomanchego ha llamado a la sociedad a “mirarse con orgullo” en el espejo de la Transición, señalando que él utiliza esa referencia para medir la salud del sistema democrático “por lo cerca o lejos que está este momento” con respecto al de aquel. “Mi conclusión es que los líderes políticos actuales no sabrían llevar un proceso como aquel hoy en día”, ha aseverado.

Además, el presidente castellanomanchego ha ensalzado a los líderes políticos que protagonizaron ese momento, de los que ha dicho que sin su “materia prima”, “altura de miras” o “capacidad personal”, todo el proceso hacia la democracia al salir de una dictadura, “no hubiera sido posible”, y que quienes afirman que personas como Santiago Carrillo, Felipe González o Manuel Fraga son grandes personalidades solo porque “tuvieron la suerte de estar en ese momento”, son aquellos “que han querido tumbar el régimen del 78 o les tienen envidia” o porque “les hubiera gustado protagonizar y respirar ese honor”.

El futuro de la Constitución del 78

En su intervención final, Guerra ha afirmado que, a pesar de que la Constitución va a cumplir 50 años en 2028, sigue siendo “seria, moderna e importante”, aunque ha reconocido que sí cambiaría algún aspecto de la misma.

“La más importante”, ha explicado, es incluir una cláusula de intangibilidad que “sí tienen” todas las constituciones democráticas. “Sin esta cláusula se puede cambiar desde el artículo 1 al 169”, algo de lo que ha culpado a “una ingenuidad” en el momento de elaboración“ y ha rematado su intervención asegurando que. Con una cláusula de intangibilidad, ”el problema que hemos tenido“ en Catalunya ”no hubiera existido“.

Por su parte, Martín Villa ha asegurado que en la política española actual “se prefiere jugar a ser nietos de una guerra civil”, cuando, en su opinión, “hay que ser hijos de la Constitución”.

El exministro se ha referido a la crisis migratoria de Ceuta. Cree que si la hubieran afrontado los grandes partidos que vivieron la Transición “el presidente del Gobierno hubiera llamado al jefe de la oposición para hablar del tema”, en alusión a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, protagonistas del momento actual.

Otra cosa que ha criticado es que hace medio siglo no se hubiera dado publicidad “a los escritos de los sistemas de información”, lo que a su juicio es “desnudar uno de los poderes” del Estado. “¿Cómo se van a fiar de nosotros el resto de las CNI que haya por ahí?”, se ha planteado.

El último turno de palabra ha sido para García-Page, que ha asegurado que se le hace “casi imposible imaginar” la celebración del 50 aniversario de la Constitución “con la realidad política actual”. “Se hablaría mucho más de los cambios y de quien no la apoya que de celebrar los 50 años”.

Hay muchos jóvenes albaceteños que probablemente hoy desconozcan que la hoy provincia de Albacete pertenecía históricamente a la Región de Murcia desde 1833 hasta 1978, que se constituyó como provincia propia y se integró en el régimen preautonómico de Castilla-La Mancha, que históricamente había sido Castilla La Nueva. Y quizás algunos otros no sepan que hasta la llegada de la transición democrática, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, las mujeres no podían hacer prácticamente nada sin el permiso de sus maridos. Como si no existieran.

Son solo dos apuntes, uno simbólico y otro de gran calado, de la enorme transformación que supuso para toda España, y en particular para lo que hoy es Castilla-La Mancha, la llegada de la democracia tras las cuatro décadas de dictadura franquista.

Y con motivo de los 50 años transcurridos desde la llegada de Adolfo Suárez a la Presidencia del Gobierno y la aprobación de la Ley para la Reforma Política, el instrumento jurídico fundamental ideado para desmontar las estructuras de la dictadura. Con este espíritu arranca la exposición La Transición en Castilla-La Mancha. La construcción de una nueva realidad e identidad (1976-1983), que se inaugura este martes, día 29 de septiembre, en Museo de Santa Fe de Toledo.

Esta exposición está comisariada por José Antonio Castellanos López, profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, director del Grupo de Investigación CLAVHISCON y decano de la Facultad de Letras de la UCLM; y por Álvaro Notario Sánchez, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y vicedecano de la Facultad de Letras de la UCLM.

Supone un recorrido a través del arte, los documentos históricos, las fotografías y los espacios audiovisuales inmersivos, por la historia de la comunidad autónoma, desde el final de la dictadura hasta las primeras elecciones a las Cortes autonómicas en 1983.

En el paso previo realizado este lunes para los medios de comunicación, al que han asistido el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y la consejera portavoz, Esther Padilla, entre otros cargos del Ejecutivo, los asistentes han podido conocer de primera mano los dos principales espacios de la muestra, divididos en diferentes etapas del proceso.

José Antonio Castellanos ha destacado que el objetivo principal de la muestra en mostrar a la ciudadanía, con criterios académicos, pero también pedagógicos todo lo que sucedió hace 50 años, haciendo hincapié en que fue un “doble proceso”. Primero, a nivel estatal, y segundo, en lo referente a la consecución del autogobierno para Castilla-La Mancha, “sumándose al carro del resto de territorios que lograron su autonomía”.

“Estamos hablando de un territorio desde el punto geográfico nunca antes había existido, las cinco provincias que hoy todos conocemos como Castilla-La Mancha nunca habían formado parte de una realidad política en la historia. Nos puede sonar la idea Castilla La Nueva, pero a lo mejor muchos no saben que durante el franquismo Albacete formaba parte de Murcia. Toda esa transformación van más allá de lo político y de lo geográfico, tienen que ver con lo identitario y lo cultural”, ha destacado.

La exposición dispone de más de 300 piezas, decenas de composiciones pictóricas, escultóricas, audiovisuales y fotográficas, además de cuatro “estaciones inmersivas”: espacios donde poder escuchar, tocar y visualizar diferentes etapas de esa transición. El comisario no ha querido destacar ninguna de ellas en especial, pero sí ha querido resaltar la combinación de la obra artística con un elemento “transmisor de la realidad” como son los testimonios que los documentales y los medios de comunicación dejaron de todo ese proceso.

El hecho de haber unido en la exposición tantas obras refleja asimismo un mensaje de consenso, el mismo que buscó conseguir la transición en el camino a la libertad

“Creemos firmemente que gracias a todo ello, en institutos, centros educativos y asociaciones, van a poder disfrutar mucho de la exposición”, ha destacado.

Por su parte, Álvaro Notario, otro de los comisarios de la muestra, ha puesto el acento en las más de 30 obras de arte que han cedido diferentes museos de titularidad autonómica y otros municipales. También ha destacado la colaboración de las entidades privadas y de coleccionistas particulares, que permitirán que puedan contemplarse por primera vez obras como 'Angustia' de Pepe Ortega, que abre la exposición.

“Toda esa colaboración y el haber conseguido que por primera vez se puedan contemplar todas juntas reflejan asimismo un mensaje de consenso, el mismo que buscó conseguir la transición en el camino a la libertad”, ha subrayado.

En la exposición se recogen asimismo objetos originales, reproducciones facsimilares de diferentes archivos, y bibliotecas, y en su visita por todas las capitales de provincia, también se podrán ver diferentes piezas relacionadas especialmente con cada lugar. Por ejemplo en la “estación inmersiva” dedicada a los quioscos, los periódicos de la época que contaron la transición serán toledanos mientras la exposición esté en esta ciudad, pero se cambiarán por otros provinciales en cada territorio.

“Es un homenaje que queremos hacer creemos que es realmente todo un homenaje el que se quiere hacer también con la exposición a cada una de las provincias, cada una de las capitales, sin querer dejarnos nada en el tintero. Aunque evidentemente al ser una época tan reciente, vivida por todas las generaciones pasadas y casi presentes, pues realmente será una exposición en la que todo el mundo tenga algo que aportar y todo el mundo tenga una opinión al respecto y que vea que falta algo de su pueblo, de su localidad o de su entorno más próximo.

Durante el paso previo, las personas asistentes han podido conocer de primera mano todo este proceso y asistir al estreno de las primeras performances realizadas por el grupo de teatro Narea Producciones, el encargado de las visitas dramatizadas, especialmente para jóvenes, con el objetivo de “vivir una experiencia más inmersiva”.

Esta ha sido una de ellas, denominada '15J. Castilla-La Mancha, vota por la libertad. Escenas de una transición':

En el resto, las representaciones se han centrado en conocer todo el proceso de transición democrática. Una con un diálogo entre un quiosquero de la época con un señor algo reacio a los cambios, al que consigue convencer de la importancia en el avance de las libertades; y otra a través de una mujer que, tras dejar de planchar camisas, le cuenta a su marido todo el progreso que la transición trae para el género femenino: el divorcio, el derecho al aborto, vestirse libremente, estudiar y trabajar, y en general, la posibilidad de “existir sin tener pedir permiso” porque “la democracia nos devolvió la voz”.

Tras su inauguración oficial, la exposición se mantendrá abierta al público en el convento de Santa Fe de Toledo hasta el 25 de octubre. Posteriormente, recorrerá el resto de las capitales de provincia llegando a Albacete, al Museo Provincial del 2 de noviembre al 6 de diciembre de 2026; a Guadalajara, al Palacio del Infantado del 14 de diciembre de 2026 al 17 de enero de 2027; a Ciudad Real, al Convento de la Merced del 1 de febrero al 7 de marzo de 2027 y, finalmente, a Cuenca al espacio Princesa Zaida del 22 de marzo al 25 de abril de 2027, aunque las fechas están sujetas a cambios.

La muestra se articula en tres salas. Las dos primeras dedicadas a la muestra y la tercera a un espacio con gamificación, con cuatro instalaciones interactivas que, a través de hologramas y juegos, permiten terminar la visita con una experiencia más inmersiva. La exposición concluye con un espacio audiovisual e interactivo concebido para ampliar la experiencia del visitante.

El recorrido se organiza en torno a cuatro ámbitos temáticos sobre la España en transición, el nacimiento de Castilla-La Mancha como comunidad autónoma, el nuevo paisaje social que surge en este periodo y la confluencia con movimientos culturales y artistas.

Por un lado, el bloque sobre la España de la transición, sitúa al visitante en el contexto nacional en el que se desarrollaron los acontecimientos: la represión política, las demandas de libertad, el papel desempeñado por la Corona, la acción reformista de los gobiernos de Adolfo Suárez, la aprobación de la Constitución de 1978 o las amenazas representadas por el terrorismo y el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 permiten comprender la magnitud de los cambios que experimentó la sociedad española en aquellos años decisivos.

En el bloque enfocado a la nueva autonomía, se aborda el proceso mediante el cual la región fue adquiriendo una realidad política e institucional propia en el marco del nuevo Estado de las Autonomías. Esta sección invita a reflexionar sobre cómo las regiones no son únicamente realidades heredadas del pasado, sino también construcciones históricas surgidas de procesos políticos, sociales y culturales concretos.

Asimismo, se ha construido un bloque sobre el nuevo paisaje social que surge en este periodo. En él se analizan las transformaciones que afectaron a la vida cotidiana. La emigración, el crecimiento urbano, la crisis económica, las movilizaciones obreras, la ampliación de los espacios de participación ciudadana son algunos de los temas.

Tendrá un lugar destacado el protagonismo de las mujeres en este proceso con su creciente incorporación al ámbito educativo, laboral y político, así como el surgimiento de asociaciones y movimientos feministas; y también da cabida a reivindicaciones frente a la represión y la discriminación de las identidades sexuales.

De Pepe Ortega a Rafael Canogar

Se ha diseñado un bloque con la mirada de artistas como Pepe Ortega, Juan Genovés, Manuel López-Villaseñor, Juan D'Opazo o Rafael Canogar, entre otros, que ofrece algunas de las principales sensibilidades artísticas del periodo. Por último, en el apartado sobre cultura e identidades en transformación, se explora el modo en que la democratización favoreció nuevas formas de creación.

Surgieron o se consolidaron iniciativas como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Al mismo tiempo, destaca la producción literaria de autores como Francisco Nieva, Antonio Buero Vallejo o Francisco García Pavón; y la modernización cultural que se manifestó en ámbitos como la arquitectura y el diseño, representados por Miguel Fisac y Manuel Piña; en el cine por Pedro Almodóvar y José Luis Cuerda; y en la consolidación de nuevos espacios para la difusión artística.

Se incluye, además, la muestra 'La Transición a través de jóvenes ilustradores' en la que 10 ilustradores de Castilla-La Mancha releen la Transición con su propio lenguaje gráfico, en una muestra integrada dentro de la exposición principal. La muestra recorrerá las cinco sedes de la exposición central.

Esta exposición paralela reúne el trabajo de 10 ilustradores de la región: Adela Cabañas (Tomelloso), José María Grueso Araque 'Chema Arake' (La Roda), Consolación Escribano 'Coco' (Quintanar del Rey), Antonio Mancheño Lucas 'El Manchas', Eva Pérez (Guadalajara), Javier García Martínez 'Javi Cohen' (Villasequilla), María José López Cerro (La Roda), Mercedes Camacho (Almuradiel), Mercedes Juan (Toledo) y Miguel Ángel Díaz 'Ekim'. Cada uno aporta una mirada propia sobre el periodo, tendiendo un puente entre la memoria de aquellos años y los lenguajes visuales de hoy.

La exposición también ha contado con un comité científico compuesto por Francisco Alía Miranda, Juan Carlos Buitrago Oliver, Francisco José Cerceda Cañizares, Ramón Vicente Díaz del Campo Martín Mantero, Víctor Iniesta Sepúlveda, Alba Nueda Lozano, Pedro José Trujillo Arrogante y Ángel Ramón del Valle Calzado. La exposición ha sido coordinadora por María Teresa Zahonero Martínez, del Servicio de Museos, Exposiciones y Difusión del Patrimonio Cultural de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.

Catalunya era un problema para las élites de la transición. Y no solo por la cuestión nacional. Era el territorio del Estado donde más fuerza tenían los partidos de izquierda y donde más crudo se mostraba el conflicto social amordazado por la dictadura. ¿Cómo es posible que el primer president de la Generalitat salido de las urnas tras el franquismo fuera un banquero conservador como Jordi Pujol? Eloi Gummà contesta a esta pregunta en De l'antifranquisme al pujolisme (Akal).

Como buen historiador, Gummà anticipa una respuesta de varios factores, empezando por los errores de la propia izquierda (esa variable constante de la historia). En la obra, sin embargo, emerge uno de los aspectos menos destacados en las biografías oficiales sobre el ascenso al poder de Pujol: el apoyo decisivo que recibió de la patronal Foment del Treball y de los sectores económicos que tenían miedo a una Generalitat con consellers del PSC y el PSUC.

“El pujolismo fue una reacción empresarial que reagrupó a todas las fuerzas conservadoras, los poderes económicos y la patronal para evitar que las izquierdas ganaran la Generalitat. Pujol fue su voto útil”, explica Gummà en conversación con elDiario.es.

Pujol fue el dirigente más hábil, estratégicamente, del tardofranquismo y la transición

La obra de Gummà, muy documentada y abundante en citas de los personajes que marcaron la transición en Catalunya, desmonta el mito de Pujol (que sus 23 años de hegemonía contribuyeron a edificar) como personaje nacido para ser president. Gummà aporta una nueva mirada y sitúa al expresident en la dinámica española y en el contexto internacional de la época: el fin de la paz social de posguerra y el inicio del neoliberalismo.

“Pujol fue el dirigente más hábil, estratégicamente, del tardofranquismo y la transición”, destaca Gummà, para quien la mirada crítica al pujolismo no es incompatible con constatar que el expresident fue un animal político.

El historiador cuenta que, Pujol, que fue un preso político de la dictadura, sabe que la hegemonía en el antifranquismo es de las izquierdas y que no tiene la suficiente fuerza para contrarrestarlas. Y acepta muchos de los consensos de socialistas y comunistas, para irritación de Josep Tarradellas o Adolfo Suárez. Los resultados electorales de las generales y las municipales de 1977 y 1979 lo confirmarían: la izquierda arrasó en Catalunya y Convergència obtuvo resultados modestos.

Gummà rescata los documentos fundacionales de Convergència, que incluso hablan de socializar partes de la economía y abogan por una transformación social. “Son un síntoma de hasta qué punto la sociedad catalana de la época estaba escorada a la izquierda”.

Todo cambió antes de las elecciones al Parlament de 1980, cuando el fundador de Convergència se sube al carro del anticomunismo. “Pujol cogió a la izquierda con el pie cambiado”, remarca Gummà. El futuro president leyó bien la decepción con los resultados de la transición que llevó a la primera de varias desafecciones de la izquierda.

Además de romper la, hasta entonces, alianza del antifranquismo catalán, Pujol empieza a ser autocrítico con los opositores a la dictadura y culpa a sindicatos y partidos progresistas de haber lanzado expectativas inalcanzables.

“A Pujol no le gustaba el compromesso storico [la alianza entre comunistas y democracia cristiana impulsada por el PCI en Italia] y mantuvo que era un riesgo muy grande que la fuerza más importante de la izquierda en Catalunya fuera el PSUC”, recuerda Gummà.

Pujol no era el primer nombre que manejaron las élites. “Desconfiaban de él por su anterior relación con los comunistas, pero termina siendo el único hombre posible para derrotar a la izquierda. La patronal apuesta por Pujol porque no puede apostar por nadie más”, relata el historiador.

La “Operación Foment”, explica Gummà, consistió en que la patronal financió directamente a Convergència y Esquerra y el resto de fuerzas conservadoras a cambio de la moderación de sus programas electorales. Además, en una acción inédita, Foment hizo una campaña propia antes de los comicios con publicidad en los periódicos, folletos y revistas.

“En total, Foment del Treball se gastó 700 millones de pesetas en la campaña de las catalanas de 1980”, resalta Gummà. Al otro lado, los esfuerzos fueron más modestos: socialistas y comunistas apenas pudieron destinar 100 millones a la campaña. No fueron unas elecciones en igualdad de condiciones.

“Fue una campaña del miedo, dirigida a instalar el mensaje de que si ganaba la izquierda, Catalunya iba a caer en la ruina y los empresarios se marcharían. Hasta el propio presidente de Foment dijo que había sido la mayor intervención de una patronal europea en unas elecciones democráticas”, asevera el historiador.

Hay dos nombres a recordar en esta historia: Carlos Ferrer Salat y Ramon Trias Fargas. El primero, empresario farmacéutico y gran reorganizador de la élite económica en España tras el franquismo, presidió Foment, fundó la CEOE y contactó con Pujol en los 60 “para formar una nueva clase de dirigentes catalanes burgueses, pero alejados del servilismo de muchos de ellos con el régimen”, cuenta Gummà.

Trias Fargas fue un intelectual y el principal importador a España de las tesis neoliberales de la escuela de Chicago. Estuvo alineado con Ferrer Salat en la necesidad de crear una nueva clase dirigente afín. “En su artículo 'Empresarios de España, uníos', Trias Fargas resalta la importancia de que los empresarios se reagrupen alrededor de líderes sin vinculación con la dictadura porque si no la izquierda arrasaría en la transición”, detalla Gummà.

Para muestra de la hegemonía de la izquierda y su posterior derrota, el partido que fundó alguien tan de derechas como Trias Fargas en la transición: Esquerra Democràtica de Catalunya. “Si no decías que eras de izquierda, no pintabas nada”, remacha Gummà. Trias Fargas fue el primer conseller de Economía de la Generalitat de Pujol.

Pujol dejó escrito su alejamiento de los comunistas en su histórico artículo en La Vanguardia de diciembre de 1979 'Sant Pancraç, doneu-nos feina i salut' [San Pancracio, dadnos trabajo y salud]. Al tiempo que admitía haber sido “el más importante de los banqueros catalanes”, se presentaba heredero de “la pequeña burguesía catalana adicta al trabajo” y empezaba a dibujar la línea roja de quién era o no catalán, una de las señas de sus 23 años en la Generalitat: “El catalanismo político es el que no supedita el país a la lucha de clases”.

El antifranquismo en Catalunya no solo quería conseguir la autonomía, sino terminar con las élites económicas del franquismo

Para Gummà, el paso de Pujol por el poder fue la implantación del neoliberalismo en Catalunya. Es una tesis provocadora, que enfadará a los convergentes de todos los partidos a los que dedica el libro, pero interesante.

No es que Pujol desmantelara un Estado del Bienestar (inexistente, por otro lado, en la España posfranquista) como hizo Margaret Thatcher en el Reino Unido, sino que su presidencia enterró la hegemonía progresista del catalanismo y logró que calara en buena parte de la ciudadanía el mensaje de que los valores de la izquierda eran incompatibles con Catalunya.

Gummà cuenta cómo el expresident “redefinió desde el poder que la esencia de la catalanidad son los valores de orden, sentido común y propiedad privada, es decir, valores conservadores, y que, en cambio, los valores de la izquierda eran sucursalistas”. En otras palabras, con Pujol se crea el mito de la Catalunya armónica donde todo el mundo acepta su clase social sin rechistar.

“Se ha acabado imponiendo un relato que consiste en que Pujol era una persona predestinada a presidir Catalunya, que tenía una visión de reconstruir el país y que solo siguió este camino, pero la historia no es así”, lamenta Gummà. La construcción del mito pujolista, agrega el historiador, ha marginado el “componente social del antifranquismo” en Catalunya, en especial la Assemblea de Catalunya, así como la tensión social y la lucha de clases de la época.

“El antifranquismo en Catalunya no solo quería conseguir la autonomía, sino terminar con las élites económicas del franquismo e instaurar una democracia real y participativa”, apostilla Gummà. El libro del historiador permite conocer la Catalunya que pudo ser, pero no fue, y los poderosos movimientos que lo impidieron.

Se cumple medio siglo de una de las Diadas más recordadas en Catalunya: la de Sant Boi de Llobregat. El primer 11 de septiembre tras la muerte de Franco congregó a decenas de miles de catalanes en esta localidad metropolitana, y este miércoles, dos días antes de la Diada de 2026, autoridades y protagonistas de aquella fecha han querido recorcarlo y reivindicar la vigencia de algunas de sus reivindicaciones.

En un acto de conmemoración conducido por los periodistas Manuel Campo Vidal y Àngels Barceló, el president Salvador Illy ha destacado la “fragilidad” de las instituciones y del sistema democrático cuando se cumplen 50 años de aquella Diada, y ha afirmado que “ninguna conquista es irreversible” y que “los derechos y las libertades hay que cultivarlos”. “Cuesta muchos años y esfuerzo ganarlos y poco tiempo perderlos”, ha alertado.

Por su parte, el abogado y político Miquel Roca, uno de los oradores en aquella histórica Diada de 1976, ha reivindicado el valor de la “unidad” y el “respeto a la diversidad” en el esfuerzo por “preservar” la libertad. “Catalunya nos necesita a todos en nuestra lucha”, ha afirmado.

El president ha advertido de que es fácil creer que el camino hacia la democracia fue “plácido”, pero ha hecho un llamamiento a no “banalizar” lo conseguido hasta ahora. “Vivimos en un momento que exige el mismo ímpetu que inundó Sant Boi en 1976”, ha afirmado, antes de alertar de que hoy el principal “elemento diferenciador” en política es entre demócratas y autoritarios.

Ante esta realidad, ha defendido la necesidad de alejarse del derrotismo para recuperar el “compromiso democrático” de aquella Diada de hace 50 años. Por ello, el presidente ha reclamado conservar las “convicciones profundas”, mejorar las “condiciones materiales” de la ciudadanía y profundizar en la “convivencia democrática” de las diferentes opciones políticas.

Illa también ha reivindicado el espíritu “unitario” de la movilización por la Diada de 1976. “La libertad que se reclamaba en Sant Boi no era la de unos pocos, era la de todos los que soñaban con un futuro en esta tierra, vinieran de donde vinieran”, ha dicho. Por ello, ha afirmado que el Onze de Setembre de este año debe conservar el mismo “espíritu” que hace 50 años y ser “abierto a todo aquel que quiera sumarse”.

Según el president, la primera Diada después de la dictadura fue “uno de los episodios más alentadores” que ha vivido Catalunya, ya que Sant Boi se convirtió “en el corazón” del país. “Fue el epicentro donde todas las energías democráticas del país se reunieron bajo un mismo clamor. Había una voluntad que no cabía en unas siglas: la voluntad irrefrenable de acabar con 40 años de dictadura y abrir paso a la democracia”, ha defendido.

Roca ha hecho un llamamiento a la unidad con un mensaje “integrador”. “Catalunya somos todos, y Catalunya será del pueblo o no será”, ha expresado, antes de añadir que el país necesita a “toda su gente” para hacer frente a los retos de la actualidad, entre los que se encuentra la preservación de la libertad.

“Hace 50 años decíamos que queríamos la libertad para conservarla. Este sigue siendo nuestro compromiso”, ha asegurado. Según el abogado, Catalunya es “sinónimo” de libertad, y ambos conceptos son “indisociables”. Roca también ha compartido una advertencia: “La lucha por preservar la libertad no acaba nunca”, ha dicho, y ha hecho un llamamiento a los oyentes a “comprometerse” y “servirla para siempre”.

Sobre la movilización de 1976, Roca ha explicado que aquella cita histórica no debe recordarse “desde la nostalgia, sino desde la satisfacción por el trabajo bien hecho”. Los organizadores de aquella Diada en Sant Boi fueron “pioneros en la lucha por las libertades democráticas y la recuperación de las instituciones de gobierno”, ha dicho, motivo por el cual ha defendido la necesidad de “ratificar la fidelidad” a aquellos principios.

Por su parte, la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha argumentado que aquella Diada convirtió su ciudad “en el epicentro de las reivindicaciones y los anhelos de todo un pueblo”. Según ha dicho, aquella movilización abrió “un nuevo camino” para Catalunya, y Moret ha defendido que los habitantes de Sant Boi son hoy “herederos del espíritu del 76”. “Somos conscientes del papel que la historia nos ha deparado”, ha afirmado.

La de Sant Boi fue la primera celebración pública del Onze de Setembre después de la dictadura, celebrada cuando solo habían pasado diez meses desde la muerte de Francisco Franco y cuando el régimen todavía mantenía en pie buena parte de sus estructuras. Prevista inicialmente en el parque de la Ciutadella de Barcelona, el Gobierno Civil acabó trasladándola al municipio del Baix Llobregat, donde reunió a decenas de miles de asistentes.

La Diputación de Valladolid (gobernada por el PP) ha decidido cerrar una exposición sobre la Transición este jueves, cuando estaba prevista su inauguración. 'La Otra Transición vallisoletana' incluía artefactos artísticos, documentación histórica y maquetas vinculadas a los movimientos vecinales de finales de la dictadura. Es la segunda vez que un artista denuncia intentos de censura -por parte de Vox hace unos meses- en la Administración provincial.

El artista denuncia la censura por parte de la Administración provincial, un extremo que niega el área de Cultura, que atribuye esta decisión a que el artista “no ha permitido conocer el contenido de todos los elementos” hasta que estaban instalados. “Si no hubiera cumplido, no me habrían dejado colocar la exposición [con la participación de trabajadores públicos], no hubieran puesto el cartel de la fachada ni la bandera de tela”, se defiende el artista, Íñigo Varona, en declaraciones a elDiario.es.

En concreto, Varona explica que le instaron a que retirara las piezas relativas a las agresiones y atentados de la extrema derecha, incluidos recortes de periódico del famoso reportaje de Interviú que introdujo el término 'Fachadolid' en el imaginario colectivo, un término que introdujo a través de un azulejado que la Diputación no quería en su sala de exposiciones.

Trabajadores de la Diputación le solicitaron que eliminara parte de la exposición [Cultura no ha querido concretar qué parte] y, cuando Varona se ha negado, han decidido no inaugurar la muestra porque se pretendía retirar parte de la muestra “por motivos ideológicos”.

Cultura niega que se trate de censura

El departamento de Cultura niega que se trate de censura y destacan el trabajo artístico de Varona, aunque defienden que no se ha atenido a las normas. “Le concedimos una beca artística sobre las barriadas en transición, pero no nos ha permitido conocer el contenido de todos los elementos hasta que se ha montado. Se ha saltado todos los procedimientos y quería exponer piezas no relacionadas con el objeto del proyecto de la beca”, ha defendido la jefa de servicio de Cultura de la Diputación de Valladolid, Paz Malfaz.

Además, argumentan desde Cultura que las imágenes que envió el artista no eran de buena calidad, aunque dieran una idea de la exposición. “En ningún momento me pidieron más fotografías, y entregué también un listado de las obras y fotos”, replica Varona, que asegura que, aunque no se vieran todas las piezas, sí se podían ver los recortes de las fotografías de la época que quería incluir. El artista explica también que la Diputación le envió un número de teléfono del contacto que debía tener para la impresión de los carteles directamente, sin supervisión provincial.

“Es una decisión política”

“Se pensaron que no iba a reaccionar, pero esta mañana he ido con unos compañeros de CGT de manera simbólica para intentar que abrieran la exposición”, explica Varona. En ese momento, los diputados provinciales del PSOE han tenido constancia de este altercado y han bajado a respaldarle. También ha recibido el apoyo de Valladolid Toma La Palabra.

El portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha calificado esta situación de “censura previa”. “Si la exposición iba a inaugurarse, ha cumplido todos los criterios técnicos del área de cultura, por tanto, es incuestionable que esto es una decisión política”, ha señalado a través de una nota de prensa.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática firman un convenio para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática, a través de la cual definirán líneas de investigación en diferentes temáticas del ámbito de actuación de la misma. Así lo ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuyo convenio tendrá vigencia hasta la finalización de las actividades programadas, y en todo caso, el 30 de noviembre de 2027.

El objetivo de esta institución es desarrollar la cooperación entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, promoviendo la difusión de todos los aspectos de interés común entre ambas. Por otro lado, proyectar actividades dentro y fuera de los campus universitarios para enlazar con un amplio conjunto de demandas sociales y políticas en torno al reconocimiento de la memoria democrática; así como favorecer la difusión y el avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que, además de su indudable interés académico e historiográfico, afectan a la cultura cívica e histórica del conjunto de la sociedad española.

La financiación de esta Cátedra se hará con una aportación máxima de 100.000 euros por parte del Gobierno de España, así como otros 100.000 euros desde la UCLM, para los dos años de vigencia del convenio (2026 y 2027).

Investigación y actividades

En primer lugar se aprobará la dirección de la Cátedra a propuesta de la Universidad de Castilla-La Mancha, que procurará la participación del estudiantado de la Cátedra en actividades organizadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en calidad de oyentes y ponentes.

Se organizarán foros y encuentros entre el estudiantado de esta y otras cátedras de Memoria Democrática establecidas en las universidades públicas y se facilitará y asesorará al estudiantado de la Cátedra el acceso a la documentación pública que se refiera al periodo de la dictadura franquista.

De igual forma, se promoverá la celebración de congresos científicos, seminarios y jornadas de difusión, se promoverán actividades formativas, de reconocimiento y vínculos con proyectos de investigación I+D, se presentarán libros y guías didácticas relacionadas con la memoria democrática, se proyectarán materiales visuales y documentales relacionados con la memoria democrática.

La Cátedra también estudiará el tratamiento de los años de la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición en el sistema educativo procurando establecer colaboraciones con institutos y grupos escolares, se presentarán unidades didácticas en colaboración con institutos y grupos escolares y se fomentarán la creación de redes de memoria con grupos de investigación de otras universidades.

Se estudiará y difundirá la persecución que sufrió el pueblo gitano, así como el Patronato de la Mujer durante la época de estudio de la Cátedra. Cualesquiera otras que quepan dentro del objeto de este convenio.

Se creará una página web específica para la Cátedra a la que podrá accederse desde la web de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que se incluirán los datos esenciales respecto a la finalidad, actividades y órganos responsables de la Cátedra, así como las Memorias anuales de actividades.

La Dirección de la Cátedra elaborará un registro de dedicación mensual que sirva de soporte documental a la Memoria Económica anual.

Uno de los platos más característicos de la cocina española es, sin duda, la tortilla de patatas. Esta receta de apenas tres ingredientes (con permiso de quienes odien la cebolla) nació a finales del siglo XIX como una manera de hacer más apetitosa la carestía que se vivía en los campos y los pueblos. Supieron crear un icono gastronómico con ingredientes propios de las clases más pobres.

Pero esos mismos huevos y patatas llegaron a convertirse en un alimento de lujo pocos años después. Cuando empezó la Guerra Civil, el hambre fue otro campo de batalla: la falta de alimentos y las enfermedades derivadas mataron a más personas en la retaguardia que las balas y bombas en el frente.

Las políticas de racionamiento pronto hicieron mella en las cocinas, pero muchas familias se empecinaron en seguir poniendo tortilla de patatas sobre sus mesas. Aunque fuera sin huevos y con patatas “simuladas”. Este plato, que de tortilla sólo tiene el nombre, es un verdadero ejercicio de imaginación y una muestra de cómo las madres y abuelas intentaban que, al sentarse a la mesa, los suyos vieran los platos que acostumbraban a comer antes de que empezaran a estallar las bombas. Y, aunque fuera sólo por un momento, olvidaran la guerra y el hambre.

Los huevos se substituían por legumbre hervida de más y bien batida o con una masa hecha de harina y agua. Y las patatas se cambiaban por albedos (la membrana blanca de las naranjas) o pan remojado cuando se tenía la suerte de contar con él. “Lo que ocurría en las cocinas fue un verdadero ejercicio de supervivencia, inventiva y de amor”, asegura la periodista y cocinera Berta Álvarez, quien ha recopilado en el libro Recetas de guerra (Kailas) decenas de elaboraciones desde la Segunda República hasta la Transición. Su obra es más que un recetario; es un documento histórico que se ayuda de la gastronomía para explicar desde un prisma diferente cómo fueron aquellos años marcados por el hambre y la desnutrición.

Muchos de los alimentos que hoy se consideran básicos se reservaban para alimentar a los enfermos por ser ricos en proteínas o hidratos, y el resto de la ciudadanía tenía que ingeniárselas sin ellos. En esa lista, por supuesto, también estaban la carne y el pescado, así que el recetario familiar se tuvo que reinventar casi desde cero dando mucho peso a las legumbres y a los cereales, que eran la base de pucheros con poca gracia y substancia. Pero, siempre que podían, las mujeres que estaban tras los fogones, se las ingeniaban para emular platos de antes con lo que tenían.

Los calamares a la romana se convirtieron en aros de cebolla; la pulpa del membrillo se cambió por harina y agua aromatizadas con mosto; y ante la falta de azúcar, los postres pasaron a consistir en pétalos de rosa o girasol fritos. “Algunas de estas opciones no estaban mal; otras eran terribles. Pero lo que buscaba entonces era engañar a la cabeza, más que al paladar, para que se viera sobre la mesa un plato que hiciera olvidar”, relata Álvarez.

Esta periodista madrileña que con los años se reconvirtió a cocinera y hoy, tras pasar por Le Cordon Bleu, ostenta el título de Chef en Pastelería, ha recreado todas y cada una de las recetas que recoge en su libro. Las ilustra con imágenes que son como bodegones, en los que la vajilla Duralex es omnipresente y la decoración, propia de cada época, aporta pistas sobre las inquietudes de quienes se sentaban alrededor de esos platos. “Probar estas recetas despierta conciencias y hace tomar perspectiva”, resalta la cocinera.

“¡Respetad a los gatos!”

El origen de muchas de las recetas de este libro se encuentran en las notas y libretas de Pilar, la tía abuela de Álvarez, que empezó a recopilarlas en 1913. En ellas se ve cómo la aparición de ciertos electrodomésticos y la variedad de alimentos de la Segunda República contrastó tremendamente con la hambruna y escasez que empezó con la Guerra y se alargó hasta bien entrada la Transición.

Pero aunque la inventiva de Pilar era mucha, no fue suya la idea de sustituir la capacidad aglutinante del huevo -y sus proteínas- por las legumbres, y tampoco se le ocurrió aromatizar las gachas para que parecieran membrillo. Esos trucos aparecieron en las revistas de cocina de la época, en las que los cocineros pasaron de enseñar recetas suculentas a maneras de subsistir, combinando los alimentos lo mejor posible para suplir carencias nutricionales y, también, animando a mantener el placer por la comida.

Uno de ellos fue el reconocido gastrónomo catalán Ignasi Doménech, quien editó la revista El Gorro Blanco desde principios de siglo hasta el fin de la guerra y escribió cerca de una veintena de obras y recetarios. Él, que se formó en las cocinas de caros y finos restaurantes, acabó acompañando a miles de amas de casa que se las veían crudas para alimentar a los suyos. Tanto, que todavía hoy se le recuerda por su libro Cocina de recursos (1938).

En esa obra se relata de manera cruda el desabastecimiento de la guerra, así como las opciones con los diversos alimentos que se podían conseguir en cada lugar. Porque no era lo mismo estar en una ciudad que en el campo, donde el cultivo, la pesca y la caza -aunque fuera a pequeña escala- podían dar algo de tregua. Y, por supuesto, tampoco era lo mismo estar en una zona tomada por el bando sublevado que en otra que resistía el azote del fascismo.

Las recetas que recupera Álvarez en su libro vienen de Madrid y de Zaragoza, dos ciudades que permiten ver bien las diferencias. La autora deja claro que, independientemente de las manos que gobernaran la zona, hubo hambre en toda España durante aquellos años. Pero sí apunta en que algunas capitales, especialmente Barcelona y Madrid, fueron pozos de “miseria”.

Para muestra, la figura del sustanciero, un hombre que iba casa por casa con un hueso de jamón que, a cambio de unas pesetas, lo introducía unos minutos en el caldo para saborizarlo. La carne era un bien escaso, tanto que hasta el pollo se convirtió en un alimento de lujo y muchas casas no tuvieron más remedio que echar a la cazuela los animales que tenían a mano, entre ellos gatos y perros.

“No quedó un solo gato en Madrid”, reza uno de los testimonios que Álvarez recoge al final de su libro y que cuenta que muchas casas se vieron obligadas a colgar en sus puertas y escalaras carteles que instaran a respetar la vida de estos animales. No sólo porque fueran las mascotas queridas de algunos, sino también porque mantenían a raya la plaga de ratas que transmitían enfermedades y se colaban en las ya muy exiguas despensas.

Del menú del día al Nesquik

El hambre no acabó con el fin de la guerra. El final de la carestía dependió -como en muchos otros ámbitos- del carnet y la clase social de la familia a la que se pregunte, pero se puede establecer 1952 como un año de inflexión. Fue cuando se dijo adiós a las cartillas de racionamiento.

A partir de finales de la década, España se abrió al mundo y eso comportó que diversas empresas quisieran expandir sus oportunidades de mercado. Así fue como llegaron marcas como Coca-Cola o Bimbo a hacerse un hueco en las despensas. Otras empezaron a disputar el reinado de productos nacionales, como fue el caso de Nesquik y Colacao o el de la batalla entre el jamón de York o el jamón serrano.

“Entre uno y otro no hay ni punto de comparación, pero, de repente, lo de fuera estaba más rico”, recuerda Álvarez, que marca en esos años el inicio del “desprestigio” de la comida regional. La proliferación de restaurantes de otros países coincidió con la pérdida de popularidad de los bares que ofrecían el menú del día (un invento, dicho sea de paso, del ministro de Turismo franquista, Manuel Fraga).

Todo ello propició que se empezara a dejar de lado recetas tradicionales que, por otro lado, recordaban a las épocas de hambruna y guerra. Un ejemplo de ello está en las lentejas, uno de los platos menos apreciados de la gastronomía española. “Sobre el papel, no tiene sentido porque están ricas y son muy nutritivas. Quizás tiene que ver con el recuerdo que tiene la gente de ellas, que ha hecho que el rechazo se transmita generación tras generación”, apunta la chef.

De hecho, una de las recetas más socorridas durante los primeros años de la Guerra fueron las lentejas Negrín, de color muy oscuro que solían estar en sacos repletos de insectos. El nombre viene de que quien fue el último presidente de la República, que recomendó estas legumbres, a las que llamaba “píldoras de resistencia” o “vitaminas para el cerebro”, por sus propiedades.

“Claro que hay cosas que traen malos recuerdos, pero no podemos dejar de lado esas recetas ni menospreciarlas”, apunta Álvarez. Ella defiende la riqueza y calidad de la comida tradicional española, pero también alerta del peligro de olvidar el hambre que pasaron nuestros padres y abuelas. “Tenemos guerras a menos de tres horas de avión y nunca se sabe... Hay lecciones que es mejor conservar”, zanja la chef.

Te recomendamos un podcast de De eso no se habla, el podcast de Isabel Cadenas Cañón. En España, en 1977, hubo una ley de amnistía que perdonó los delitos de intencionalidad política cometidos en el pasado. Y así, en nuestro país, se decidió que esta era la fórmula para mirar hacia adelante y olvidar el pasado. También se definieron los límites de la memoria, de lo que convenía recordar y lo que no, y se trazaron líneas que no se podían cruzar.

Pero hubo una película, y un director, que se atrevió a cruzar esas líneas. Y lo pagó muy, muy caro. El episodio de hoy habla sobre un silencio que, quizá sin que lo sepas, marcó la manera en la que hablamos sobre nuestro pasado reciente… o no. El primer “de eso no se habla” de la democracia.

De eso no se habla es un podcast documental dirigido por Isabel Cadenas Cañón que une los puntos entre los silencios individuales y colectivos. Ha ganado los premios más importantes del audio en español y se ha convertido en referencia del periodismo sonoro: una voz íntima que lleva cinco años abriendo los silencios sobre los que se asienta nuestro país.

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Enlace al episodio: Jornaleros. Cara A: Rocío

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“Disfruta fijándose en las ciudades distintas que viven dentro de la misma ciudad. Muñecas rusas: más que barrio, ciudad dentro de la ciudad, casas y calles dentro de un vientre de ballena. María piensa en su barrio, en los edificios más antiguos, y piensa también en los bloques nuevos de tres o cuatro plantas, de fachadas iguales con ladrillo rojo, toldos estampados, creciendo hasta el cielo”. Esta cita de Las maravillas (2020), primera novela de la escritora Elena Medel, es una de las muchas que completan y contextualizan una exposición que ilustra la evolución de Madrid durante más de cuatro décadas a través de fotografías de sus cimientos.

Con el título Madrid en construcción. 1940-1985, la muestra en el complejo cultural El Águila parte de la desolación causada en la ciudad durante la Guerra Civil desatada por el golpe de Estado de 1936. La destrucción de los bombardeos franquistas y las batallas que arrasaron la urbe. Pero conforme avanzan las fotos, las citas y los textos explicativos, Madrid va recuperando a trompicones su pulso y su vida. A la Gran Vía vuelve su luz y el asfalto sustituye a las barricadas o los búnkeres. Madrid no vuelve a ser Madrid, es ya otra cosa marcada por el yugo del franquismo, pero la vida (y el urbanismo) se abren camino.

El trabajo comisarial de Carolina Aguado Serrano y Guillermo Enríquez de Salamanca González capta a la perfección esta evolución desde el atraso. Bajo la organización de la Subdirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, bucean en diversos archivos históricos para trenzar una breve historia de la arquitectura madrileña: la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, el Archivo General de la Administración, el Museo de Historia de Madrid o la agencia EFE.

Los fotógrafos más presentes en la colección son Juan Miguel Pando Barrero, Otto Wunderlich y Martín Santos Yubero. Sus objetivos y los del resto de autores atestiguan “el momento exacto en que algo está a punto de convertirse en otra cosa”, como recoge la descripción oficial de la muestra: la ruina en edificio, el barro en hormigón visto o la periferia en ciudad.

Así, las imágenes hilvanan el campo y el asfalto conforme el paisaje se moderniza. Los descampados dejan paso al paisaje vertical e industrial. La ciudad arrasada se transforma en otra bulliciosa, por los excesos de los poderosos en las zonas privilegiadas y por el hacinamiento de las familias más desfavorecidas en otras menos agraciadas. Áreas en expansión, como Batán y Puerta del Ángel al oeste o Carabanchel y Vallecas al sur, marcadas por los flujos migratorios desde Andalucía o Extremadura.

“La exposición nos presenta una narrativa visual con paisajes por hacer, que son historia de un territorio y reflejo de un Madrid que aprendió a construirse sobre la grieta abierta, la utopía de la arquitectura y la cruda supervivencia”, exponen los responsables de la muestra. Dicha narrativa comienza en 1940, cuando el millón de personas que por entonces residía en Madrid se movían por una ciudad golpeada casi en la totalidad de su entramado urbano.

Hay una serie de fotografías impresionantes de Pando Barrero que dan cuenta de los intentos por reconstruir la ciudad a toda prisa entre 1939 y 1940. En las imágenes superiores vemos la calle Ferraz o Altamirano con barricadas, la calle Quiñones en obras o la calle Princesa con un imponente búnker instalado en mitad de la vía. Las inferiores las muestran asfaltadas, tratando de dar una impresión de recomposición que todavía estaba muy lejos de llegar al país. Ojo también con la foto de la rehabilitación del viaducto de Segovia, de nuevo tomada en 1940.

Hablan los comisarios de la exposición de una “rápida reconstrucción durante la dictadura, que negaba la misma esencia de la destrucción”. Como si, más que avanzar, el régimen quisiera olvidar. Hacer desmemoria. Para ello, surgieron nuevos entornos como la Montaña del Príncipe Pío o la transformación del entorno de Moncloa. En el centro, la imagen de esplendor se intentó ofrecer a partir de 1950 con construcciones como la sede del Banco de Santander en la calle Alcalá.

Las instantáneas dan cuenta de los avances urbanos en Plaza de Castilla a lo largo de los cincuenta. Emergen hitos arquitectónicos como el estadio Santiago Bernabéu junto a la plaza de Lima (con una estampa con menor densidad de edificios colindantes que ahora debe añorar Florentino Pérez), la embajada de Estados Unidos en la calle Serrano o el pabellón de Canarias en la Feria del Campo de la Casa de Campo. Conexiones como la carretera de Alcobendas, con una foto que casi traslada al vértigo del momento. Pero también símbolos de la construcción del relato franquista. Una potente imagen muestra el andamiaje colocado junto al Arco de Moncloa durante la colocación del caballo que lo corona.

Los cincuenta y los sesenta son décadas en las que grandes estructuras de cara a la galería, con las que el franquismo trataba de dar una imagen de modernidad impostada, chocan con el urbanismo descontrolado o directamente improvisado. El Madrid de las obras de expansión de Barajas o de las brutalistas Torres Blancas de Avenida de América quiere dejar atrás, pero no puede, al de las casas cueva de La Bomba. El de los trenes habitados Legazpi. El de los asentamientos entre Delicias y La Chopera.

La arquitectura de los setenta presenta a un país que se actualiza antes en algunas infraestructuras antes que en su sistema democrático. El Centro Nacional de Promoción Profesional, la Universidad Autónoma de El Goloso o el Parque de Atracciones preconfiguran la España moderna.

El paso definitivo a ella llega con las últimas fotos, donde el color aparece para aportar una sensación de país renovado. El paseo de una mujer y dos niños por una carretera asfaltada de San Sebastián de los Reyes en 1980 da una idea de las nuevas periferias, donde el carácter obrero convive con ciertas comodidades progresivas. Igual de ilustrativa es la foto de La Vaguada, tomada en 1983, año de su apertura. Un centro comercial, a priori epítome del capitalismo, convertido a su vez en epicentro social, cultural y vecinal del Barrio del Pilar. El mejor ejemplo de un Madrid que intenta avanzar sin perder su esencia comunitaria

“El nuevo paisaje madrileño, siempre en construcción, estuvo marcado por una ordenación urbana apoyada en la idea de ciudad-capital y una nueva geografía humana, de la que se hizo eco la literatura y el cine”, recoge la descripción de la muestra en su web. Es la guinda perfecta a la exposición, porque puede que una imagen valga más que 1.000 palabras, pero las palabras aquí presentes están muy bien escogidas.

Algunos pasajes son costumbristas, como un diálogo de la obra Bajarse al moro (José Luis Alonso de Santos, 1985) en el que la extensión del Metro acorta la distancia física y emocional en una relación después de una mudanza a Móstoles. Otras son descripciones certeras, como la de los inicios de la americanización en algunos entornos que Rafael Sánchez Ferlosio retrata en El Jarama (1955), con una ilustrativa mención a “un Buick reluciente”.

Aunque quizá es la de Camilo José Cela en San Camilo, 1936 (1969) la cita que mejor engloba los cambios en un Madrid al que no detiene ni el horror: “La ciudad es como los perros, da muchas vueltas sobre sí misma antes de dormirse, y también como las liebres, que se duerme con el ojo alerta por si hay que salir huyendo. Tú a veces piensas que las ciudades pueden salir huyendo y borrarse. ¿Dónde está la ciudad? ¡Cualquiera lo sabe!”.

“Franco visita el Principado de Andorra, el pequeño país vecino, y allí saluda a todos los ministros. Cada uno, antes de estrechar la mano del dictador español, le anuncia su cargo. 'Aquí, el ministro de Economía'. 'Aquí, el ministro de Educación'. 'Aquí, el ministro de Guerra'. Al llegar a este último, Franco no puede disimular una sonrisita. Se vuelve a su ayudante y le comenta: 'Pero ¿un país tan pequeño para qué necesita un Ministerio de Guerra?'. Su ayudante le responde: '¿Y nosotros, general, para qué necesitamos un Ministerio de Justicia?'. Así reza uno de los chistes que han inundado de carcajadas el Auditorio Pilar Bardem de Rivas.

La broma forma parte del espectáculo Chistes contra Franco, uno de los más esperados de la nueva edición del Festival de las Ideas y la Cultura, que supone un inteligentísimo homenaje a quienes se jugaron la libertad recurriendo al humor para desafiar la dictadura franquista. La propuesta corre a cargo del historietista Darío Adanti, fundador de Mongolia, el artista Eugenio Merino y la actriz Eva Redondo, que recuperan los chascarrillos populares que se contaban en la clandestinidad durante el régimen en un acto de memoria disidente.

Así dice el primero de ellos, seleccionados de entre todos los que se escucharon en España durante la dictadura franquista y la Transición: “Un gobernador civil visita un instituto de enseñanza a los dos años de terminar la guerra. Interroga a los alumnos que en el bachillerato estudian la nueva asignatura Formación del Espíritu Nacional. El gobernador civil pregunta a uno de los alumnos: '¿Quién es su padre?'. '¡Franco!', responde el chaval. '¿Y quién es su madre?'. '¡La Falange!', responde el crío. 'Bien', sonríe el gobernador. 'Y a ver, chaval, ¿qué quieres ser de mayor?'. Y el crío responde: '¡Huérfano!'”.

“El humor supuso una venganza oculta frente al poder onmipotente y una crítica radical a la figura del dictador”, se ha señalado al comienzo del evento. Después, Adanti ha ido recitando algunas de las ocurrencias más divertidas de la época, estructurándolas por temas y cronología como la vida matrimonial del dictador, su ascenso al poder o su evolución en la política, y ha aprovechado la crítica con ingenio que hacen de la figura de Franco para convertirlas en una arma de resistencia. Teniendo en cuenta que sus autores tuvieron que mantenerse anónimos y que es posible que hubiera quien fuera castigado por alguno de estos chistes, se torna todavía más relevante traerlos ahora de vuelta.

Las bromas sobre los abusos del franquismo han estado acompañadas de la intervención de Eva Redondo, que se ha encargado de contextualizarlas con documentos y textos históricos que recuerdan la violencia del régimen. “¡Justicia!”, ha gritado uno de los asistentes tras una de las explicaciones de la dramaturga. Entre ellas, la intensa propaganda del dictador dentro de su estrategia de control social y represión, ya que Franco “fue consciente del valor instrumental del sello postal como un medio en el que podían configurarse mensajes ideológicos”.

El primer sello de Correos con la cara de Franco apareció en 1939 y mandaría a hacer nuevas versiones en 1955. Su imagen contribuyó a la construcción simbólica de la autoridad e intentó legitimar así la violencia al régimen. Y, de ahí, otro de los chistes: “Marchaba Franco por una calle cuando una apisonadora lo atropelló y le pasó por encima. El asustado conductor paró la máquina y le dijo a su ayudante: 'Baja rápido y mira la calzada, que creo que hemos aplastado algo'. El otro se apea, corre hasta detrás de la máquina, mira detrás del último rodillo y regresa a su puesto tranquilo: 'No, no ha sido nada, era solo un sello'”.

Todos los chascarrillos aparecen en el libro Los chistes de Franco, editado por P. García en 1977. El volumen se describe como un recopilatorio de aquellos que fueron “populares” y, entre los que se plasman en sus páginas, algunos fueron ocasiados por la larga y dura posguerra marcada por la miseria y el hambre que vivió España. “En cierta ocasión, Franco vuela sobre España acompañado en el avión por sus familiares más directos. Sobrevuelan pueblos y aldeas. Entonces, tiene una idea: '¿Qué te parece, Carmen, si ahora mismo cojo mil pesetas y los tiro por la ventanilla? Pueden caer en un pueblo y encontrarlas alguien. Habríamos hecho felices a un español', dice a su mujer”, cuenta el chascarrillo.

El chiste sigue así: “Doña Carmen mueve la cabeza asintiendo, pero sugiere una cosa mejor: 'Oye, Paco, ¿y si en vez de tirar un billete de mil tiras dos de 500? Lo encontrarán dos personas y entonces harás felices a dos españoles'. [...] Entonces el piloto, que ha escuchado y guardado silencio, propone: 'Yo tengo una idea mejor, excelencia. ¿Por qué no se tira usted del aparato y así hace felices a todos los españoles?'”. Hasta los hay con más connotación sexual. “Franco y su mujer están acostados en la cama. El caudillo duerme a pierna suelta, pero su esposa se encuentra desvelada por el picotazo del gusanillo sexual. Doña Carmen se le acerca y le susurra: 'Anda, Paco, ¡vamos a joder!'. Y Franco salta de la cama, corre a su despacho y se pone a firmar sentencias de muerte”, narra otro.

Un viaje hasta los últimos días del dictador

El espectáculo también ha repasado la historia de la pena de muerte de España, que vivió un proceso extraordinario en la dictadura con las 50.000 ejecuciones desde el 1 de abril de 1939 hasta 1950. “Lo peculiar es que, una vez finalizada la guerra, España prolongó los signos más brutales de lo que se consideraba incivilizado. La represión franquista de posguerra siguió atormentando y destruyendo la vida de millones de ciudadanos. Franco convirtió una institución penal excepcional, la pena de muerte, en un instrumento de guerra, terror, exterminio, castigo y venganza”, lee Eva Redondo.

Asimismo, casi medio millón de exiliados abandonaron forzosamente su tierra por el avance de las tropas de Franco y los pocos que regresaron antes de la muerte del dictador se encontraron con una realidad de persecución política y marginación social. También hay chiste para esto: “Un español vuelve a España al cabo del tiempo y charla con un familiar. '¿Y por aquí cómo estáis?', pregunta. 'Bah, no nos podemos quejar', le responden. 'Ah, entonces bien, ¿no?'. 'No, no, que no nos podemos quejar'”.

Ya hacia el final del acto, se abordaron los últimos días de vida del dictador. “Franco, a punto de morir en el hospital, se le aparece San Pedro y le dice: 'Francisco, que le dejo aquí las llaves y ya sube usted cuando le venga bien'”, dice una de las bromas que recita Darío Adanti. “En sus últimos días, Franco está internado en la habitación de la residencia de La Paz. Está en coma, entubado con el respirador artificial, con el reanimador cardíaco, bolsas de plasma, tubos de anestesia... Entonces, para sorpresa de todos los presentes, Franco abre los ojos, ve tubos por todas partes y dice: 'Queda inaugurada la decimoprimera feria nacional del plástico'”, reza el siguiente chiste. Y así concluye otro: “¿Cómo llaman a la carretera de El Pardo? La feria, porque al final está el tiovivo”.

Los chistes contra Franco llegan a Rivas y forman parte del FIC gracias al apoyo del Comisionado para la celeración de los 50 años de España en Libertad.

“Hubo cosas que cambiaron, pero no tantas”. Esta idea preconcebida con la que Francisco Pastor (Madrid, 1986) comenzó a escribir Vosotros no ha ido transmutando a base del trabajo colectivo. Porque si algo ha marcado la primera experiencia como dramaturgo de este periodista y reportero de televisión ha sido la labor en equipo. Su historia sobre los homosexuales que en 1976 quedaron fuera del primer decreto de Amnistía en plena Transición, ya que fueron tratados como presos comunes encarcelados mediante la Ley de Peligrosidad Social franquista, nació y se ha desarrollado al calor de los lazos tejidos por la comunidad LGTBI.

Fran es miembro de GMadrid, asociación sin ánimo de lucro que fomenta los espacios seguros “sin homofobia” a través del deporte, la música o la cultura. De hecho, algunos de los miembros del reparto se conocieron en el coro o en el grupo de senderismo. El autor entró en 2024 al de artes escénicas y en este segundo curso no se ha contentado con interpretar, sino que se ha lanzado a escribir una obra que ahora van a interpretar sus compañeros.

“Siempre me había apetecido escribir, aunque al principio te puede la timidez”, explica en conversación con Somos Madrid. El verano pasado comenzó a hilvanar una primera versión de 22 páginas que se ha ido ampliando hasta las 80, de forma que los 16 componentes del grupo (incluido él mismo) cuenten con un personaje cada uno. Todos ellos comandados por Rafael Molina (Madrid, 1980), tutor y profesor de arte dramático que colabora con GMadrid que ejerce de director en Vosotros no. “Sus clases son como las de Operación Triunfo”, describe Fran. Emociones a flor de piel, comentarios precisos y una sensibilidad que ya quisieran para sí los Javis.

El ambiente en los ensayos a solo una semana de la representación, que tiene lugar el viernes 26 de junio a las 19.00 en el centro cultural Lope de Vega (calle Concejo de Teverga, 1), es tan distendido como emocionado. Antes de ponerse manos a la obra, la mayoría del reparto se dedica a pegar carteles anunciándolo en los alrededores del local de ensayo, ubicado en la calle Libertad de Chueca. El nombre va que ni pintado.

En el proceso, van contando a este periódico cómo llegaron a GMadrid, qué opinan de sus personajes o cómo encaran estos últimos preparativos. Sergei Kosarev, de origen ruso, se enfrenta al reto de hacer de narrador. Tiene más texto que nadie, cosa que no le preocupa. Su español es fluido, aunque no pierde un ápice de acento, y va sobrado de alegría y de carisma. Jaime Iglesias llegó hace solo un mes para suplir una baja. Encarna a Herminio, el criado de un preso de clase alta llamado Benjamín (José Camacho). La escena entre ambos, representada durante la visita de este medio, ilustra las desigualdades existentes dentro de la desigualdad a cuenta de las cuestiones de clase o de procedencia (Jaime lleva su andalucismo por bandera y lo traslada a su personaje). También la vergüenza social con la que se trataban de reprimir maneras de ser, de querer y de sentirse.

El crisol de personajes incluye además diez presos (entre ellos un cura, dos enamorados que ven el mundo de formas muy distintas, un activista por los derechos igualitarios, una travesti, un hombre que no acepta quién es o un escritor de cartas que son también esperanza), tres policías (el demócrata, el franquista y el tibio) y un visitante que abandona a su pareja cuando descubre que el perdón o la libertad no le llegará con la muerte de Franco.

La implicación del elenco, desde el actor que da vida al personaje más pequeño hasta el que cuenta con más minutos, ha sido palpable desde que empezaron a ensayar la obra a comienzos de año. “Todos vinieron el primer día con su texto escrito y encuadernado. Me pareció increíble que se lo tomaran tan en serio”, cuenta Fran. “Nos lo podríamos haber tomado como un trabajo de clase, pero el trabajo colectivo ha dado a las cosas otra escala. Se nos ha ido de las manos, que diría Carles Tamayo”, añade. Todo en la obra es autogestionado, desde el vestuario o el atrezzo (pese a ello bastante cuidado) hasta la sala donde ensayar o la de la representación. Han complementado el pequeño presupuesto que les concede GMadrid con actividades con las que recaudar fondos, como una representación de monólogos hace unos meses.

Practican en ratos libres, por quedadas de los participantes en escenas concretas y hasta por audios de WhatsApp. Ese esfuerzo, junto a unas clases de Rafa que “sacaban unas cosas en las que yo no había pensado”, han sido para el autor el motor de un texto que con el paso del tiempo fue reforzando además la arquitectura que asienta su trama y su profundidad. Todo “al servicio del grupo, aunque a cambio de ello se hayan clasificado cosas del virtuosismo, cosa me da igual”. “Luego te apetece darle un regalito a la gente que conoces, te adaptas al romántico o al que le gusta hacer el tonto”, admite. “No sé qué sentiremos a partir del 26, si satisfacción o vacío. En cualquier caso, después nos encantaría llevarlo a más escenarios”, concluye Fran.

El látigo y la pluma

Gran admirador de las películas sobre la Guerra Civil, tenía claro que quería abordar la Memoria Histórica en su primer trabajo. En cuanto empezó a documentarse, decidió abordar el pasado, pero uno algo más reciente, el de las cuentas pendientes de una Transición modélica solo en el papel. “La Ley de Peligrosidad Social nos suena a las personas LGTBI. A partir de ahí empecé a documentarme en Internet y la biblioteca. También fue muy importante el libro El látigo y la pluma: homosexuales en la España de Franco [Fernando Olmeda, 2023], que tenía por casa”.

En su investigación, el periodista tuvo pronto claro que “es difícil sistematizar las violencias: el sistema que determinaba si te detenían por maricón o te lo dejaban en una multa era pura arbitrariedad”. Por ello, dice, “siempre te vas a encontrar alguien que te diga que no le hicieron nada”. Lo mismo ocurría con los encarcelamientos, algunos de apenas un mes y otros de hasta dos años. Cree que “había que perder el miedo a una historia en la que no se reconozca todo el mundo”. Lo compara con la pandemia, de la que “todos tenemos un recuerdo distinto”. Rubén Martín-Vas, que interpreta a Héctor (personaje en el armario), destaca los valores “teatrales pero también pedagógicos” de la pieza.

De hecho, subraya que “otra negociación cuando te documentas mucho es que la obra no te quede como una Wikipedia”. Así, “aunque sepas que en la radio sonaba Tú y yo de Cecilia, no puede entrar todo y hay que sacrificar”. No se quedaron fuera algunas revistas de prensa rozan que aportan un retrato muy certero de la esfera social española en la segunda mitad de los setenta.

Igual que no hay una historia absoluta con la que cualquier víctima pueda identificarse, no había presos perfectos que entiendan el mundo como lo hacemos hoy. Fran Pastor lo expone así: “Las relaciones en las cárceles eran muy distintas, muy crudas. No soñaban con una historia del amor al uso. Hubo un trabajo de suavizar mucho, al final somos un grupo de voluntarios y mostrar una realidad cruda nos queda grande. Tienes que negociar un poco, el código es el de 2026. En la obra los presos se decepcionan cuando descubren que no les van a dar la Amnistía. No pasó en la realidad, porque nunca esperaban que se les tratara como presos políticos en vez de comunes”.

En su cabeza estaba en todo momento “reflejar la diversidad del colectivo, también la conservadora, aunque que te duelen algunas cosas si eres de izquierdas”. Además, su investigación le ayudó a comprobar que la realidad no entiende solo de blancos y negros: “Descubrí que la homosexualidad se despenalizó antes en Alemania del Este o Checoslovaquia que en la Europa Occidental. En las primeras elecciones democráticas, ningún programa mencionaba la diversidad sexual. Incluso en los partidos de izquierdas podías sentirte poco bienvenido, aunque que luego cogieron esa bandera”.

40 años después, con una creciente ola reaccionaria que amenaza unos derechos que se dan por sentado mientras quedan otros por conquistar, Vosotros no rescata la historia de quienes se resignaban a su marginación no por inmovilismo sino por falta de horizontes. Una historia que mira al pasado y que precisamente por ello es más actual que nunca. Fran resume lo que ha cambiado en estas cuatro décadas con una anécdota más pedestre de los ensayos: “Como la obra está ambientada en el palomar de la cárcel de Carabanchel, cuando estamos un poco nerviosos o alterados comentamos que el palomar está revuelto”. Que la revuelta estalle sobre las tablas el próximo día 26.

Todo movimiento social está obligado a honrar y celebrar su genealogía para, esparciendo sus semillas al viento, tratar de reproducirla. Eso es lo que hará esta tarde el movimiento vecinal de Madrid. La FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) ha organizado a las 19.00 una marcha festiva en el entorno de la Puerta del Sol para recordar la manifestación del 22 de junio de 1976, la primera gran movilización vecinal autorizada tras la muerte del dictador.

Lo actos se han organizado con la ayuda del Comisionado 50 años de España en Libertad del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Incluirán una marcha desde Sol a Callao por Preciados –como en la manifestación original–, homenajes a los protagonistas, una actuación de los cantautores Luis y Pedro Pastor y un concierto del grupo Alameda de Osoulna.

La de Princesa no fue la primera gran manifestación autorizada pero sí una de especial relevancia. La primera había tenido lugar el 29 de febrero de 1976 en Badalona (incluso antes de la aprobación Ley de Reunión 17/1976, de 29 de mayo). En Madrid la primera manifestación vecinal legalizada había sido el 13 de marzo de ese mismo año en el barrio de Canillas bajo el lema “Basta de atascos y baches, queremos accesos”. El mismo día de la manifestación de Preciados, sin ir más lejos, se había producido una manifestación de estudiantes autorizada entre Iglesia y Cuatro Caminos. Sin embargo, la del 22 de junio supuso, por su magnitud, la irrupción del movimiento vecinal en el foco que da irrumpir 50.000 cuerpos en pleno centro de la ciudad. La manifestación estaba organizada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Madrid (hoy FRAVM) junto con otras entidades de la época.

En las pancartas que portaban los manifestantes se leían lemas como Menos fútbol y más escuelas, Enseñanza popular, Legalización de asociaciones, Abajo los topes salariales. Como se ve, asuntos que mezclaban el desarrollo territorial de los barrios con escenarios políticos de gran calado durante los años de la Transición. De hecho, la gran reclamación del momento, muy presente también esta vez, era la petición de amnistía.

Uno de los caballos de batalla de las asociaciones vecinales durante aquellos años fue su misma existencia legal: La legalización desigual que se venía produciendo de unas y otras agrupaciones de vecinos que, de facto, llevaban trabajando por sus respectivos barrios desde hacía años. Las que seguían esperando el sí, a veces desde hacía bastante tiempo, eran las conocidas como asociaciones “en trámite”.

La manifestación comenzó a las ocho y media de la tarde y estaba autorizada solo durante media hora. Posiblemente por el inesperado desborde ciudadano al que se asistía en pleno centro de la ciudad, la policía la cortó incluso antes. A menos cuarto, dio un toque para que la gente se disolviera en cinco minutos. Aunque la manifestación se deshizo pacíficamente, se produjeron los habituales altercados en las horas siguientes entre la policía –que lanzó botes de humo y realizó varias detenciones– y algunos manifestantes.

La manifestación de 1976, en realidad, no pudo llegar formalmente a Callao, ya que el gobernador civil franquista lo prohibió. En esta ocasión, cuando la marcha llegue al final de Preciados el delegado del Gobierno, Francisco Martín, la recibirá y la dejará pasar.

Poco ante de tomar el centro de la ciudad, el movimiento vecinal había reunido fuerzas en una poco conocida jornada campestre. Los colectivos de la Federación Vecinal, clubes juveniles y asociaciones de Amas de Casa organizaron en una arboleda de Aranjuez una “jornada festiva de convivencia vecinal”, con ecos del día de la tortilla de San Isidro.

Al terminar la asamblea que cerraba la jornada, la Guardia Civil cargó con fuerza contra los asistentes –unas 2500 personas, incluidos niños–. Esta agresión sirvió de espoleta para organizar una Semana Ciudadana conformada por decenas de actos culturales y auspiciada por decenas de asociaciones de barrios y ciudades de la región. El colofón de la semana de lucha y acumulación de fuerzas fue, precisamente, la manifestación del 22 de junio en la calle Preciados.

El niño con el puñito cerrado o una fotografía que se convirtió en símbolo del momento

Aquel 22 de junio, la gente se apretaba en la estrecha calle de Preciados, de Sol hasta Callao, y se desbordaba por todas las calles adyacentes. El público asistente era según las crónicas de la época, diverso, con asistentes de todas las edades y géneros.

César Lucas, jefe de fotografía de El País, captó la imagen de un niño sobre los hombros de su padre en medio de la multitud, con sonrisa franca y el puñito cerrado, que se ha convertido en una de las grandes imágenes de la Transición. Una instantánea que ha trascendido a la propia fecha que, de todas formas, refleja bien en ambiente pacífico que debió tener la manifestación vecinal.

Lucas estará presente este lunes en los actos de Callao junto con otros protagonistas de la época como Tino Calabuig, que rodó imágenes también icónicas de la época. Intervendrán dirigentes históricos del movimiento vecinal como Pepe Molina o abogadas que prestaban sus servicios a las asociaciones, como Paca Sauquillo, entre otros.

La prueba de que la imagen de Lucas es un documento cargado de historia es que, pasados los años, se hicieron los típicos artículos que buscaban a su protagonista. En 2006 el periódico El País reveló que el niño de la foto se llamaba Daniel Rivas Azcueta, tenía entonces 34 años y trabajaba como piloto. Rivas acudió a la manifestación con sus padres, que eran vecino de Guindalera, miembros del PCE, de CCOO y participantes en la Junta Democrática.

La fotografía armó revuelo en su momento. Basta recordar que la crónica del periódico ABC de la manifestación afirmaba que se vio algún puño en alto, pero fue anecdótico. Sin embargo, allí estaba un niño pequeño ejercitando el simbolismo político con su cuerpo, probablemente repitiendo lo que era un gesto habitual en su entorno. Cuenta Juan Luis Cebrián, que ejercía como director de El País, que un ministro protestó preguntando si la cabecera iba a apostar “por una España comunista”.

Durante aquellos años sucedieron muchas primeras veces y medio siglo después el movimiento vecinal busca renovar su influencia reivindicando su historia y reproduciendo una manifestación que en aquel momento parecía impenable.

Existe unha opinión moi común que sostén que o PSOE é a columna vertebral do sistema constitucional español ou, noutro xiro non meramente semántico, do réxime do setenta e oito. A monarquía, a unidade de España, o Concordato, o pacto social, todo o que soporta a estabilidade do poder, segundo esta opinión, susténtanse no PSOE. Se o PSOE cae, o enteiro edificio construído dende a Transición, cae.

Os que sosteñen ese criterio pertencen ao ramo da opinión pública de esquerdas que respira polas branquias do optimismo. Creo que non se lles pasa pola cabeza que o establishment, ou unha parte significativa del, xa pasou esa pantalla. A estas alturas debería estar claro que certas elites buscan que o PSOE caiga, e non, precisamente, para facer a ruptura democrática. Buscan derrubar ao réxime e destruír ao PSOE sen paliativos. Polo que sexa, hai quen non o ve.

Na lectura que fan do momento esas forzas consideran que é posible reescribir o pacto da Transición. Redefinir España. Ampliar o mercado e reducir o Estado. Privatizar e xibarizar o Estado do Benestar: sanidade, educación, pensións. Desregular, desregular. Desregular todo, dos controis alimentarios ás prácticas extorsionadoras das tecnolóxicas. Aumentar a desigualdade social construíndo un modelo á americana. Levar as súas últimas consecuencias a guerra cultural mediante a ventá de Overton para establecer un novo sentido común no que toda proposta progresista ou multicultural, por leve e discreta que sexa pareza extremadamente radical. Acabar co feminismo para dárlle voz á manosfera. Recentralizar. Que o Estado central decida todo. Que as Comunidades Autónomas sexan un floreiro inútil. Primar Madrid como operación política de Estado. Meter nunha gaiola de ferro os idiomas distintos do castelán. E así con todo.

Estamos vendo en directo como se está tratando de derrubar o que se dicía era o principal píar do réxime do setenta e oito porque o que se busca é un ciclo longo de poder da dereita e da extrema dereita. Ilegalizar partidos? Suprimir autonomías? Talvez. En todo caso, hai maneiras de conseguir o mesmo a través de certas viraxes e do uso irrestrito de leis autoritarias. Un ciclo de lustros de hexemonía conservadora abriría o paso a unha contrarreforma constitucional, non necesariamente formal, pero si pola vía dos feitos. A intención é reescribir a España que saíu da Transición. Conspiracións? Habelas, hainas.

Por suposto, despois do PSOE irán a polos seguintes na lista, como é natural. Aquí non se salva ninguén. Nin o BNG, nin o PNV, nin Sumar ou Podemos. Nin o obreiro da construción, nin o xubilado ou o profesor. Ninguén. Acabáronse o consenso e a concordia. O contexto mundial, con Trump, MAGA e os tecnobros nos Estados Unidos permite e favorece esa opción. E tamén o contexto da UE, na que fórmulas similares están gañando terreo por todas partes. Unha vez caído o consenso de posguerra estamos entrando noutra fase histórica na que o pasado non alumea o porvir. Se o PSOE implosiona, que paisaxe quedaría? Un PSOE felipista é, ao meu xuízo, imposible como fórmula de goberno. Ou moito me equivoco ou un PP no goberno apoiado dende o exterior polos socialistas non cabe en España. Descendería abruptamente en número de deputados e, aínda que se abrira un espazo maior á súa esquerda, hoxe en mínimos pola súa propia curtidade de miras, a suma estaría moi lonxe de poder constituírse como alternativa. Non representarían un perigo.

Quen che aplica a vía penal está afirmando dúas cousas: a primeira que pode facelo, que ten poder dabondo, que non está obrigado a negociar polas circunstancias. A segunda, que pode implementar unha situación política, económica e social, sen o teu concurso, nin o dos segmentos sociais que son o teu soporte. En certo modo, é extraer as consecuencias lóxicas do modo en que se resolveu o procés, que inhabilitou a Convérgencia como partido bisagra e fixo estoupar o sistema político catalán e, con el, un soporte básico do español. Quen che aplica a vía penal xulga que a correlación de forzas lle autoriza e que as forzas reactivas que pode desatar carecen de peso ou importancia.

Así están as cousas. Este é o contexto de fondo necesario para saber interpretar o momento.

Por primera vez hay un reconocimiento oficial de las víctimas mortales que la Policía, la Guardia Civil y la extrema derecha dejaron en España una vez aprobada la Constitución. El Gobierno acaba de hacer público el informe de la comisión de expertos que ha estudiado las vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1979 y 1983, como obligaba la Ley de Memoria Democrática. El trabajo identifica 63 casos y los sitúa en un marco de violencia política heredada de la dictadura, en un momento en el que aun diferentes actores se resistían a dejar ir el franquismo.

Los excesos policiales documentados —28 del total— se reparten por toda la geografía española y siguen patrones claros como la represión desproporcionada de manifestaciones o huelgas, las muertes en controles de carretera o en lugares de ocio. Varias de las víctimas lo fueron en bares o discotecas a raíz de simples discusiones. El modus operandi posterior más común fue el de mentir o incluso manipular pruebas para ocultar la verdad y los pocos casos que terminaban en condena solían derivar en penas casi testimoniales. Estos son algunos de los casos más destacados:

Ursino Gallego tenía 14 años cuando falleció en Parla (Madrid) en el transcurso de una manifestación vecinal por la escasez de servicios públicos. Según contó su familia, el chico ni siquiera participó en la manifestación, sino que había salido a comprar entradas para el cine y se acercó por curiosidad a la protesta cuando recibió en el pecho el impacto de la bala de goma que le mató. La versión oficial afirmó que Ursino formaba parte de “los grupos sediciosos que hostigaban a la fuerza pública” que, según su relato, no habría tenido más remedio que disparar. Nadie se sentó en el banquillo por este caso.

Eran las cuatro de la madrugada del 10 de junio de 1979 cuando Vicente Vadillo, un artista travesti de 32 años, era asesinado en la discoteca Apolo de Rentería (Gipuzkoa) por el policía nacional Antonio Caba. El agente, en estado de embriaguez, entró al local cuando ya estaba cerrado profiriendo gritos contra Euskadi y amenazando con “cargarse a algún vasco”. Vicente, conocido como Francis, le respondió: “Aquí me tienes a mí”. Fue entonces cuando Caba sacó la pistola y lo mató de un disparo en la cara. El caso, que fue el detonante de las primeras manifestaciones LGTBI en Gipuzkoa, llegó a juicio, pero el policía fue condenado a nueve meses de prisión y no entró en la cárcel.

Emilio Martínez y José Luis Montañés fueron asesinados en diciembre de 1979 en Madrid, durante la represión de una masiva manifestación estudiantil. Ambos recibieron los disparos efectuados por agentes de la Policía Nacional desde un jeep que había quedado aislado durante unos disturbios. Para justificarlo, la Policía manipuló las pruebas y llenó el coche de piedras en la Casa de Campo para fingir que habían sido víctimas de un apedreamiento. Un juez intentó procesar a tres agentes por homicidio, pero el caso acabó pasando a la Audiencia Provincial, presidida por un magistrado que solía exhibir un águila franquista en su solapa y que archivó la causa.

El pueblo de Feria (Badajoz) celebraba las fiestas de San Bartolomé (1980) cuando Joaquín Mendoza, de 17 años, fue asesinado. El joven se había apartado del bullicio junto a un primo y un amigo con la intención de hacer sus necesidades, un momento en el que el guardia civil Juan Martínez Píriz le disparó. El Instituto Armado emitió hasta tres comunicados con versiones falsas: que habían repelido un ataque terrorista efectuado con piedras, que el arma se disparó por un forcejeo o que Joaquín simplemente “cayó a unos metros” de la zona tras defecar. Según consta en el informe, el caso se cerró en 1991 con el pago de una indemnización a la familia. El guardia civil no fue apartado del cuerpo.

María Asensio Morales fue otra de las tantas víctimas consecuencia de la represión policial de protestas y huelgas. En este caso, en un pueblo de Almería, donde los vecinos protestaban por el desvío de agua de unos pozos locales. Mujeres y niños bloquearon el paso a los camiones al tiempo que los agentes recibieron la orden de disparar. María recibió el impacto de una bala de goma que le destrozó la cabeza, pero la versión oficial mintió y calificó el hecho de “accidente fortuito” asegurando que la mujer se habría golpeado al resbalarse o sufrir un empujón. Falleció tras diez días en la UVI, en marzo de 1981.

Nadie fue condenado por ello y el jefe de la comandancia de Almería, Carlos Castillo Quero, protagonizaría dos meses después el 'Caso Almería', en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados hasta la muerte al ser confundidos con miembros de ETA, aunque estaban en Almería por haber asistido a la comunión del hermano de uno de ellos. Se llamaban Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo. Castillo Quero fue condenado a 24 años de cárcel.

El último caso de los perpetrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incorporado al informe ocurrió el 19 de febrero de 1983, el único de ese año. Se trató del niño de dos años Juan Félix Domínguez, que murió en Toledo cuando la Guardia Civil disparó al coche en el que viajaba la familia tras pasar un control policial sin señalización. El padre escuchó repetidamente golpes en la chapa del vehículo, pero pensó que era una gamberrada y aceleró. Un agente abrió fuego, hirió a la madre y mató a Juan Félix, que iba en sus brazos. Enrique Gómez fue condenado a dos meses y un día de arresto y el pago de una indemnización a la familia.

Las víctimas de la ultraderecha

La extrema derecha, por su parte, mató fundamentalmente en Euskadi y Madrid, con claros objetivos ideológicos o con la excusa de “vengarse” por los asesinatos de ETA. Solían actuar en grupo en la vía pública o mediante secuestro. Solo una parte de las víctimas ahora reconocidas han sido consideradas oficialmente víctimas del terrorismo.

Entre los asesinatos identificados en el estudio están los de Manuel Álvarez y Victoria Arranz, de 69 y 64 años, víctimas de un incendio provocado en Valladolid por el Comando Antimarxista, que prendió fuego al edificio en el que vivían porque en la planta baja estaba la sede del Movimiento Comunista de Castilla y León. El comando ultraderechista reivindicó la acción con una llamada a la radio que finalizó con vivas a Franco y gritos de “¡Arriba España!”. La Jefatura Superior de Policía llegó a abrir diligencias, pero fueron archivadas.

La joven Ana Teresa Barrueta tenía 19 años cuando fue agredida sexualmente, torturada y asesinada el 9 de enero de 1980 a escasos 200 metros de su domicilio de Lujua (Bizkaia). La víctima fue atacada por miembros de Grupos Armados Españoles (GAE) cuando regresaba de clases de euskera, como hacía cada martes. Posteriormente, en el domicilio de la abogada feminista que estaba investigando el caso aparecieron las pintadas “Marxista. Cerda. Te vamos a violar”, con las siglas de Fuerza Nueva, el partido de extrema derecha liderado por Blas Piñar. Militantes de la formación asesinaron ese mismo año a Yolanda González en Madrid, otro de los casos incluidos.

Fuerza Joven, la rama juvenil del partido, también estuvo implicada en hechos violentos. Varios miembros adolescentes asesinaron el 28 de marzo de 1980 a Jorge Caballero, militante de la CNT, cuando salía del cine de ver La naranja mecánica. Los fascistas se fijaron en él porque llevaba una 'A' en la solapa, bordada por su madre. Le rodearon y apalearon hasta que Juan José Llobregat, apodado el Loco, hundió un machete en su pecho al grito de “¡anarquista de mierda!”. El asesino vive actualmente en República Dominicana, donde consiguió huir tras el crimen. La orden de busca y captura que pesaba sobre él fue anulada en 1999, cuando prescribió.

Felipe Sagarna Ormazábal (41), de profesión zapatero y simpatizante de Herri Batasuna, fue ejecutado de dos tiros en la cabeza en 1980 en Hernani. Fue abordado de madrugada por Ladislao Zabala e Ignacio María Iturbide, dos miembros del grupo terrorista de extrema derecha Batallón Vasco Español. Los dos hombres matarían poco después a Francisco Javier Ansa (36), hermano de un concejal del PNV. Este mismo comando llegó a perpetrar siete asesinatos y el Batallón Vasco Español en su conjunto es autor de once de los casos del informe, la cifra más alta atribuida a una misma organización.

Era taxista y no tenía ninguna actividad política conocida, pero Pablo Garayalde Jaureguizábal fue víctima en Berástegui (Gipuzkoa) de la organización terrorista de extrema derecha la Triple A, conocida como la Alianza Apostólica Anticomunista. El 2 de enero de 1982 fue secuestrado y asesinado tras salir a medianoche de casa para atender un servicio solicitado por teléfono.

Nueve horas más tarde su cadáver apareció con la cara destrozada de dos disparos con una escopeta de caza. El asesinato fue reivindicado por la Triple A, que alegó haberle confundido con otra persona. Desde el inicio, la Policía investigó diversas hipótesis, incluso tras asumir la autoría la extrema derecha, fuentes policiales llegaron a afirmar que no se descartaba que hubieran sido los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una organización armada activa en Euskadi en esos años.

Aquí puedes ver el listado completo de las víctimas identificadas en el documento:

Tras más de dos años de trabajo, la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar violaciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983 ya tiene cerrado su informe. Las conclusiones identifican a 63 víctimas mortales a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de grupos de extrema derecha enmarcadas en una violencia política heredera del franquismo durante la Transición.

El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978. La comisión que lo ha hecho ha estado formada por catedráticos de Derecho Penal, historiadores y otras voces expertas. El trabajo “trata de corregir” la “indefensión y falta de reconocimiento” de las víctimas, cuyas muertes en muchos casos no fueron investigadas ni juzgadas o no de forma rigurosa. De las 63 víctimas, 28 lo fueron a manos de la Policía o la Guardia Civil y el resto de la ultraderecha.

El texto explica que la Transición estuvo marcada por la violencia de diferentes actores —entre ellos, ETA, que fue el que más personas mató—, pero específicamente se detiene en aquellas prácticas “antidemocráticas” que tenían por objetivo mantener el régimen anterior o que estuvieran ligadas al mismo. En este marco, el estudio comprende las muertes cuya “causa directa” sea la actuación de agentes policiales mediante el “uso ilegal de la fuerza” y de grupos de extrema derecha que “pretendían frenar el avance democrático mediante el uso del terror”, muchas veces con la “tolerancia” de las autoridades.

El informe asume que la aprobación de la Constitución “no bastó por si sola” para terminar con las prácticas procedentes de la dictadura y asegura que la Transición fue “un espacio gris” en el que siguieron produciéndose intervenciones ilegales, excesos y abusos policiales en manifestaciones, protestas, comisarías, controles... El conocido como “gatillo fácil” es atribuido por los expertos a la falta de depuración de los cuerpos, lo que permitió que, ya en democracia, “se mantuvieran” este tipo de prácticas.

La comisión, que ha mantenido un intenso debate sobre qué casos incluir o no, ha decidido identificar a estas 63 víctimas en base a dos conceptos interpretados en sentido amplio, según el estudio: que lo fueran por luchar por la democracia y como “consecuencia” de un abuso de poder “fruto de un defectuoso y antidemocrático funcionamiento de las instituciones del Estado”. Por años, el más mortal fue 1980, con 28 asesinatos —20 de la ultraderecha—, seguido de 1979, con 22 asesinatos de los cuales 14 fueron a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El trabajo reconoce nueve casos en 1981, tres en 1982 y uno en 1983. Del total de 63 víctimas, nueve son mujeres.

Entre las muertes provocadas por grupos de extrema derecha figuran las de los jóvenes Yolanda González o Andrés García Fernández, apuñalado este último en 1979 a la salida de un cine del barrio Salamanca en Madrid, considerada “zona nacional” por estas bandas. El joven, de 18 años, era militante comunista. La mayoría de los casos incluidos ocurrieron en Madrid y en diferentes localidades de Euskadi, como la muerte de Liborio Arana, Manuel Santacoloma, María Paz y Pacífico Fica, en enero de 1980 como consecuencia de la explosión de una bomba a la puerta de un bar de Baracaldo cuyos dueños eran simpatizantes del PNV.

Los autores fueron miembros de Grupos Armados Españoles, una organización que cometió otros dos asesinatos. El Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza Nueva, el Frente de la Juventud, Falange o el Comando Antimarxista fueron otros de los grupos de extrema derecha que mataron en aquellos años a personas incluidas en el estudio.

En el caso de las actuaciones policiales, figuran muchas llevadas a cabo para reprimir huelgas, protestas o manifestaciones. Están reconocidos los casos de la ecologista Gladys del Estal, Vicente Vadillo, que murió en el contexto de una huelga laboral de transportistas o Ursino Gallego, un adolescente de 14 años que falleció por el impacto de una bala de goma durante una manifestación vecinal por la falta de suministro de agua en la localidad madrileña de Parla. Hay también varios casos enmarcados en controles de tráfico, “discusiones” o intentos de identificación. Figura, además, el caso Almería, en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados y asesinados al ser confundidos con miembros de ETA.

Sin las víctimas de los GAL

El estudio de estas vulneraciones de derechos hasta diciembre de 1983 soliviantó a la derecha durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. El expresidente José María Aznar llegó a decir que se trataba de una norma “hecha y pactada con terroristas” y el PP en su conjunto aseguró que se trataba de una concesión a EH Bildu para incluir a los etarras Lasa y Zabala, víctimas de los GAL, como víctimas del franquismo. En su momento, el Gobierno aseguró que no era el objetivo de la disposición y que las víctimas de la guerra sucia contra ETA quedarían fuera del estudio porque estaba pensado para víctimas que “trabajaron” por la consolidación democrática.

El informe retoma la cuestión y excluye a los miembros de grupos terroristas, que participaran en actividades dirigidas a “subvertir el orden constitucional” o murieran como consecuencia de la manipulación de explosivos. “Esto quiere decir que los miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español, del GAL o de las actuaciones policiales descontroladas no están abarcados en este análisis”, detalla el documento. La comisión también ha delimitado los casos a aquellos que tuvieron resultado de muerte debido, entre otras cosas, a la escasez de fuentes, pero recomienda que el estudio se amplíe en un futuro a casos de torturas, malos tratos o trato degradante.

Los expertos hacen dos recomendaciones más: que haya un reconocimiento institucional de estas víctimas, con “medidas mínimas” como la entrega de declaraciones de reparación como las que el Gobierno otorga a las víctimas del franquismo, que se les incluya en actos oficiales de memoria democrática o que se garantice que sus nombres e historias sean “nombradas y dignificadas públicamente”. Además, el trabajo aconseja la creación de un canal “permanente, accesible y seguro” que permita a familiares y asociaciones presentar casos para que puedan estudiarse e incorporarse.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que el estudio no es un documento “de sanción penal”, sino “de carácter histórico, jurídico y político” que tiene por objetivo “reconocer y reparar” estas violaciones de derechos humanos. Las mismas fuentes aseguran que, como primer paso, se reconocerá el derecho a recibir la indemnización que tramita actualmente el Congreso para familias de fallecidos por su lucha por la democracia. Eso siempre que no hayan recibido ya indemnización, algo que sí ha ocurrido con muchas de las víctimas de la ultraderecha, consideradas víctimas del terrorismo.

22 mil millones de euros

El segundo de los informes que también ha sido ya entregado es el que responde a la obligación de estudiar el grado de cobertura de la “reparación de carácter económico” dirigida a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil con el objetivo de recomendar posibles “déficits subsanables”. La comisión responsable del estudio estaba integrada por miembros de ministerios y comunidades autónomas y su conclusión principal es que desde la reinstauración de la democracia, España ha impulsado de forma “amplia, continua y progresiva” un sistema de reparación económica.

El informe ha revisado la normativa aprobada desde 1976 y ha identificado casi una veintena de Reales Decretos y leyes que impulsaron pensiones o indemnizaciones. Según las cifras aportadas en el trabajo, el total de dinero gastado por la Administración General del Estado ha sido un acumulado de 22.160 millones de euros. De acuerdo con estos datos, aportados sobre todo por el Ministerio de Hacienda,a más de medio millón de personas, 611.828, han recibido algún tipo de compensación económica hasta 2024.

Las ayudas se han dirigido fundamentalmente a militares republicanos y sus familias —tanto profesionales como no—, a aquellas personas que sufrieron mutilaciones por la Guerra Civil y a los llamados “niños de la guerra”, que fueron evacuados de España cuando eran menores de edad. También existe una pensión para los familiares de personas fusiladas o desaparecidas que, según los datos, han llegado a cobrar 113.095 personas —percibida actualmente por 3.582—.

En lo que respecta a las indemnizaciones, figuran dos tipos para personas que sufrieron prisión por motivos políticos y otras para presos que fueron encarcelados por ser LGTBI. En el primer caso, la han cobrado algo más de 60.000 personas y en el segundo, 116. El estudio, sin embargo, no ahonda en el importe de las ayudas o en la media de las pensiones recibidas. La ley estipula que los expresos debieron sufrir privación de libertad durante un mínimo de tres años para recibir una indemnización de 6.000 euros, a los que se añaden 1.202 euros por cada tres años adicionales.

El informe intenta arrojar luz sobre las ayudas aprobadas por las comunidades, pero no todas han respondido a la petición. Solo hay datos de Catalunya, Navarra, Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía —la única de la lista gobernada por el PP—. En total, las seis autonomías han gestionado prestaciones económicas “complementarias” a las del Estado central por casi 70 millones de euros, que han sido otorgadas a 26.231 personas.

La comisión hace algunas recomendaciones, pero solo habla explícitamente de ampliar las reparaciones económicas a los militares represaliados durante el tardofranquismo por su cercanía a posiciones democráticas, un ámbito que “no está plenamente cubierto”, según el texto. También menciona específicamente a las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer, de la represión por creencias religiosas, las represaliadas por su orientación sexual o las víctimas de “la psiquiatría franquista”. En estos casos, aconseja la realización de estudios “en profundidad” para conocer más a fondo su situación.

Las calles del Marqués de la Ensenada

El tercero de los informes aborda la represión y la situación histórica del pueblo gitano en España y concluye que ha existido una “represión institucional” contra este colectivo desde hace al menos seis siglos y que aún dura hoy. La comisión, compuesta por representantes del Gobierno y también de la sociedad civil, explica en su informe que el Estado “consideró la identidad gitana como una amenaza durante más de 500 años” y que su discriminación “se ha mantenido como una política normalizada y socialmente tolerada”.

El informe hace un repaso por la historia de esta exclusión, desde los Reyes Católicos hasta la actualidad, y aunque reconoce —y detalla— el “avance” en forma de normativa que se ha desarrollado en los últimos años, también hace varias propuestas con el objetivo de “dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Las recomendaciones hacen referencia a distintos ámbitos y se concretan en el impulso de una ley integral, la articulación de protocolos en las aulas, formación de operadores jurídicos, agentes policiales y profesorado o medidas para garantizar que la historia y cultura del pueblo gitano se estudia en las aulas, algo que debería ser obligatorio.

Una de las propuestas que más consenso generó en la comisión fue la de la retirada de calles y plazas dedicadas al Marqués de la Ensenada, que fue el responsable de la llamada Gran Redada, el intento de exterminio de los gitanos en España que se produjo en el siglo XVIII. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han señalado que, aunque el catálogo de retirada de símbolos franquistas no está pensado para estos casos, la idea del Gobierno es impulsar algo similar para que el nombre del Marqués de la Ensenada desaparezca del callejero.

El historiador extremeño Juan Sánchez González (Villanueva de la Serena, 1962) reivindica el reformismo y la complejidad de la Transición en un libro que reconstruye con precisión el surgimiento de la Extremadura política contemporánea, es decir, la transformación de una conciencia identitaria previa —más cultural que social— en un proyecto político articulado. Esta lectura, anclada en los matices y en la larga duración, sitúa el proceso extremeño dentro del entramado más amplio de la Transición española y subraya cómo aquella identidad difusa encontró, en aquellos años decisivos, su primera concreción institucional. Su nueva obra, España y Extremadura en Transición. Conversaciones con Enrique Sánchez de León, se presenta como un ejercicio de memoria crítica, análisis histórico y relato político que busca iluminar un periodo decisivo de la historia reciente desde una perspectiva regional hasta ahora insuficientemente explorada.

El punto de partida intelectual del libro queda ya anticipado por el propio Sánchez González cuando afirma: “Resulta decepcionante el estéril y casi siempre interesado presentismo detectable en interpretaciones de procesos históricos complejos”. Esta reflexión funciona como declaración de intenciones: el historiador propone alejarse de los relatos simplificados, de las visiones maniqueas y de las lecturas interesadas que, a su juicio, han distorsionado con frecuencia la comprensión de la Transición española.

Doctor en Historia Contemporánea y profesor titular de la Universidad de Extremadura, Sánchez González defiende la necesidad de recuperar “la escala de grises” y de contextualizar los procesos históricos sin caer en ensalzamientos ni vituperaciones. Su aproximación se fundamenta en la convicción de que la Transición no puede entenderse sin conectarla con el tardofranquismo, ni sin analizar las interrelaciones entre la primera y la segunda mitad de la década de los setenta. Para él, tanto los sectores reformistas del régimen como la oposición antifranquista desempeñaron papeles decisivos en un proceso que fue, ante todo, complejo, incierto y abierto.

Conversación de cinco años

Ese enfoque se materializa en el libro recién publicado a través de una extensa conversación mantenida durante aproximadamente cinco años con Enrique Sánchez de León, figura clave de la política extremeña y nacional. Su trayectoria —aperturista en el franquismo, reformista durante la Transición, procurador en las últimas Cortes franquistas, diputado, ministro, defensor del asociacionismo político, líder de AREX, Acción Regional Extremeña, el primer partido regionalista, y uno de los fundadores de UCD— ofrece un prisma privilegiado para comprender la evolución política de aquellos años. La obra no se limita a recoger entrevistas: reconstruye procesos, contrasta memorias y confronta la mirada del político con la del propio historiador.

Sánchez González explica que el libro surge también de un vacío historiográfico evidente. Aunque existe una amplia bibliografía sobre la transición del franquismo a la democracia en España, apenas se ha estudiado ese periodo en Extremadura. Resulta especialmente llamativa, señala, la ausencia de investigaciones sobre la etapa preautonómica extremeña, “sin la cual difícilmente cabe entender la Extremadura actual”. A ello se suma otro problema: la separación artificial entre la historia nacional y las historias regionales, concebidas “inexplicablemente como compartimientos estancos”. Con esta obra, el autor aspira a contribuir a superar esa fractura, integrando ambas perspectivas.

Una de las singularidades de la Transición en Extremadura fue, según el historiador, “el nacimiento de la Extremadura política”: la transformación de una identidad regional principalmente cultural en una realidad política concreta. Esa identidad, todavía difusa en los años setenta, tuvo que definirse en medio de tensiones interprovinciales, debates sobre el modelo autonómico y discusiones sobre el papel que la región debía desempeñar en el nuevo marco constitucional. “La Extremadura actual hunde sus raíces y mantiene, con levísimas modificaciones, la estructura institucional diseñada en aquellos momentos”, afirma Sánchez González, quien considera que la región debe afrontar sus desafíos actuales sin autocomplacencia y con capacidad para combinar cambios y permanencias. “Los retos siguen siendo considerables”, advierte, reclamando “más ilusión y valentía” tanto en el plano institucional como en el actitudinal.

No había ningún estudio específico sobre la etapa preautonómica extremeña, sin la cual difícilmente cabe entender la Extremadura actual

Proceso abierto

El libro dedica también un espacio relevante al papel de los movimientos ciudadanos y de la sociedad civil durante el proceso democrático. Sánchez González insiste en que “todos los sectores sociales estuvieron involucrados” en un cambio tan profundo como el de los años setenta, aunque rechaza las lecturas parciales o excluyentes que privilegian a unos actores sobre otros. “El proceso siempre estuvo abierto”, afirma. Las relaciones entre ciudadanía, organizaciones políticas y movimientos sociales generaron “confluencias y complementariedades” que, pese a los inevitables conflictos, hicieron posible el triunfo del reformismo frente a las alternativas más radicales, tanto inmovilistas como revolucionarias. La movilización ciudadana contribuyó “extraordinariamente al cambio político”, mientras que el liderazgo de determinadas organizaciones permitió encauzar tensiones y alcanzar consensos “difícilmente imaginables”.

El historiador dirige parte de su reflexión a las generaciones más jóvenes, a quienes invita a aproximarse a la Transición desde el conocimiento histórico y no desde prejuicios ideológicos. “Los procesos históricos son muy complejos porque en ellos interactúan circunstancias y múltiples actores”, recuerda. Y añade: “sin conocer los hechos y sus correspondientes contextos difícilmente puede resultar operativo el conocimiento del pasado”. A su juicio, muchas interpretaciones sectarias responden a “intereses presentistas” y desvirtúan la comprensión histórica. “El conocimiento histórico es útil, muy útil y necesario, si antes que ponerse al servicio de sus pasiones alimenta el entendimiento y con ello el espíritu crítico de los ciudadanos”, afirma.

El azar

Durante la investigación, Sánchez González asegura haber comprendido aún mejor “la importancia del azar y de las incertidumbres” en los procesos históricos. “Lo que acaba sucediendo no tenía necesariamente que haber sucedido”, resume, subrayando la contingencia y la fragilidad de los equilibrios políticos de la época.

El formato conversacional del libro fue una decisión consciente. El autor quería construir “un libro singular desde la óptica de la historia del tiempo presente”, una disciplina que necesita trabajar con testigos directos. No pretendía elaborar unas memorias ni una simple recopilación de entrevistas, sino reconstruir procesos y acontecimientos, ofreciendo al protagonista todos los elementos necesarios para “sortear los ruidos asociados a la inevitable evanescencia de la memoria”. La obra fue redactada íntegramente por Sánchez González, respetando “escrupulosamente los términos y giros” de las intervenciones de Sánchez de León, quien supervisó el texto completo antes de fallecer a los 90 años, cuando el proceso de edición ya estaba iniciado.

Sobre él, el historiador destaca “su disponibilidad y energía” para reconstruir una trayectoria política marcada por “vicisitudes, éxitos y contratiempos”, así como “la fortaleza de sus convicciones, su capacidad de liderazgo, su perseverancia y su resiliencia”. Incluso establece un paralelismo entre Sánchez de León y Adolfo Suárez: “Fueron, de alguna manera, hombres de transición para la transición”.

Currículo del autor

A lo largo de su trayectoria académica, Sánchez González ha impartido docencia en instituciones como la Universidad Paris IV-Sorbona, la Universidad Paris VIII-Vincennes-Saint Denis, la Università degli Studi L’Orientale de Nápoles o la Escuela Nacional de Antropología de México. Ha dirigido el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, los Cursos Internacionales de Verano de la UEx y el Servicio de Acción Cultural de la universidad, además de formar parte del primer Consejo de Administración de la CEXMA.

Entre sus principales líneas de investigación figuran el análisis del discurso político, el regionalismo extremeño, la historia contemporánea, los medios de comunicación y la formación de la opinión pública. Ha publicado estudios sobre ideología, prensa y mentalidades en la Extremadura contemporánea, así como trabajos sobre José López Prudencio y el regionalismo extremeño de los siglos XIX y XX.

Su último libro, España y Extremadura en Transición. Conversaciones con Enrique Sánchez de León, culmina años de investigación sobre la Historia del Tiempo Presente y sobre el papel desempeñado por Extremadura en el complejo tránsito del franquismo a la democracia. En definitiva, la publicaciónse erige como una invitación a mirar de frente un pasado decisivo sin nostalgias ni simplificaciones, reivindicando la fuerza del matiz y la necesidad de un análisis sereno. Al reconstruir el nacimiento de la Extremadura política y al dialogar con una figura tan central como Enrique Sánchez de León, Sánchez González no solo llena un vacío historiográfico: también recuerda que la democracia se construye desde la pluralidad, el compromiso y la conciencia histórica. Su obra interpela al presente, reclamando una ciudadanía capaz de pensar con rigor, de asumir la complejidad y de comprender que, como en toda transición, el futuro sigue siendo un territorio abierto que exige responsabilidad, memoria crítica y una voluntad firme de seguir avanzando.