Desde el escándalo de Matesa en la dictadura hasta el reciente caso Koldo, la corrupción en España ha demostrado ser un problema estructural capaz de sobrevivir a cualquier régimen o ideología. Así lo refleja el libro La corrupción en España: un problema enquistado (Tirant Lo Blanch) que acaban de publicar el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. 

El ensayo analiza las raíces de una lacra que nuestro sistema democrático no ha logrado erradicar al nivel de los países europeos más avanzados. Y detalla sus consecuencias en la economía, la eficiencia de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático. En esta entrevista telemática con elDiario.es, los autores proponen crear infraestructuras éticas, proteger a quienes denuncian y alcanzar un modelo donde la gestión pública equilibre la independencia de los técnicos con la visión de los políticos. 

Uno de los capítulos del libro se abre con el ‘caso Matesa’, el gran escándalo de corrupción del franquismo, y concluye con el ‘caso Koldo’. ¿La corrupción sobrevive a cualquier sistema político e ideología?

Fernando Jiménez: Pese a distintos regímenes políticos con distintos partidos en el poder, la corrupción pervive. Uno de los motivos para hacer este libro es ver la continuidad de los escándalos. Hay problemas estructurales que nunca se han tomado suficientemente en serio, pero tampoco pensamos que sean irresolubles. Países que hoy día son un ejemplo en el control de la corrupción, como los nórdicos, han pasado épocas de su historia donde la corrupción estaba muy presente y fueron capaces de construir instituciones que la desincentivan. Esa es la clave. 

Afirman que las prácticas corruptas enriquecieron a buena parte de los dirigentes franquistas y a los empresarios cercanos al régimen. Viéndolo así, parece que no hemos avanzado demasiado. 

Joaquim Bosch: En la última etapa del franquismo, España evolucionó hacia un Estado moderno, con servicios públicos, con presupuestos de cierta entidad, pero no lo hizo a través de un sistema democrático. Y por eso muchas de estas dinámicas arrancan en la dictadura. La manipulación de las decisiones urbanísticas o de la contratación pública, la construcción incontrolada del ámbito turístico que generó tantísimos beneficios, los tratos de favor… La pregunta es por qué nuestro sistema democrático, al menos hasta ahora, no ha sido capaz de cortar esto al nivel de las democracias europeas más avanzadas. 

Ustedes apuntan a que en la Transición no existió una voluntad política para romper con las redes clientelares y la contratación fraudulenta heredada del régimen. 

Fernando Jiménez: En la Transición, los partidos no tenían suficientes anclajes sociales debido a la despolitización del franquismo. En los primeros años, nombraron a mucha gente en la Administración. No se vio mal porque veníamos de una administración franquista donde se había hecho una fortísima depuración después de la guerra. El problema es que la capacidad de los partidos de atraer buenos profesionales cada vez ha sido menor debido al clientelismo y a que sus organizaciones juveniles se han convertido en una escuela de arribismo. Los partidos tendrían que haber apostado por la profesionalización de la Administración, pero no lo hicieron para salvaguardar sus equilibrios internos. 

Joaquim Bosch: En la Transición, los partidos no rompieron con la corrupción del franquismo porque, por un lado, sirvió para financiarse y para que sus dirigentes controlaran más esos espacios de poder. Y, por otro lado, hubo sectores empresariales que se enriquecieron gracias a esa corrupción y que luego pudieron seguir haciendo lo mismo en democracia, porque los partidos seguían necesitando corruptores. Cuando la corrupción impregna a las principales fuerzas políticas y genera unas dependencias de todo tipo, rectificarlo es muy complicado. 

De hecho, las leyes que han tratado de rectificar parcialmente todo esto se aprueban muy tarde. El delito de financiación irregular de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015. La Ley de Contratos del Sector Público no se reformó de manera sustancial hasta 2017. 

Fernando Jiménez: Se hace tarde y mal. La reforma de 2015 de la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas a los partidos, pero no a sus fundaciones, que se permiten sin límite de cantidad. La ley de contratos es complejísima y muy fácil de sortear. El problema es que las reformas se han hecho porque estábamos entre la espada y la pared, sin mucha convicción, debido a los incentivos que han tenido los partidos para seguir teniendo acceso a unos recursos a los que, de otra manera, no podrían acceder y, así, mantener la paz interna y el control por parte de sus dirigentes. 

Joaquim Bosch: Las redes clientelares de los partidos vienen de lejos, incluso antes del franquismo. Hay decenas de miles de cargos de partido en el Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas y fundaciones institucionales. Son espacios que tienen grandes efectos en los equilibrios internos de los partidos. El problema es que están ocupando espacios donde debería haber profesionales especializados y técnicos independientes e imparciales que alertaran de dinámicas de corrupción. Hay multitud de casos de corrupción en los que están implicados cargos de fontanería de partido. 

¿Qué soluciones proponen? 

Joaquim Bosch: Hay que reforzar la objetividad en la contratación pública, reforzar los controles internos para que puedan saltar alarmas, dificultar amistades peligrosas en materia de puertas giratorias u otro tipo de complicidades en el espacio público privado. También poner el foco en el ámbito empresarial para que haya sanciones reales y efectivas a las empresas que aparecen continuamente en los hechos probados de los casos de corrupción. Hay mecanismos legales que no harían tan fácil corromperse. Si solo lo dejamos en función de la loable honradez de los políticos, tenemos un grave problema. Las democracias europeas más avanzadas han generado infraestructuras éticas, han mejorado los mecanismos de transparencia y también han generado espacios de control y de vigilancia que aquí en España, en algunos ámbitos, brillan por su ausencia. 

Fernando Jiménez: Los partidos no pueden determinar los nombramientos de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. En Portugal, cuando estuvieron bajo el control de la Unión Europea en la Gran Recesión, crearon una comisión donde estaban universidades y empresas cazatalentos que hacían un filtro previo y seleccionaban solo tres perfiles para cada cargo y ya luego el político nombraba entre esos tres. Ese tipo de inventos cambiaría de la noche a la mañana este sistema tan perverso. 

¿Parte de la alternativa entonces es la tecnocracia? ¿No supone eso un déficit democrático?

Joaquim Bosch: Es evidente que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Aquí lo problemático sería dar a determinados cargos no elegidos democráticamente capacidad para marcar líneas de gestión. Los técnicos no pueden tomar decisiones de gestión de carácter político o de desarrollo de un programa, pero otra cosa es que espacios que tendrían que ser independientes e imparciales estén colonizados por los partidos.

Fernando Jiménez: Estamos en el punto absolutamente contrario, en la colonización política máxima, nos faltaría mucho por recorrer para llegar a la tecnocracia. Una Administración pública funciona bien cuando está dirigida por un técnico profesional y un político que está representando ahí el viento fresco de las opiniones ciudadanas en un determinado momento. Si tú dejas la Administración solo en manos de técnicos profesionales, aquello acaba asfixiándose. Es decir, acaba teniendo en cuenta los intereses particulares de los funcionarios. Hay que conseguir el equilibrio entre el interés del técnico y el interés del político. No es ir a la tecnocracia como solución, sino equilibrar las dos almas. 

Si los partidos hubieran hecho bien su papel y hubieran nombrado buenos profesionales próximos a ellos ideológicamente no estaríamos haciendo esta entrevista. El eslogan sería “menos Koldo y más Maurici Lucena”, presidente de Aena, quien rechazó borrar los vídeos de las cámaras del aeropuerto de Barajas de la visita de Delcy Rodríguez cuando se lo pidió [el entonces ministro] José Luis Ábalos. Alguien que sea próximo pero que tenga muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer y que sea un buen profesional. Si hubiéramos seguido teniendo los técnicos por los que apostaron en los años de la Transición seguro que no habría los niveles de corrupción que tenemos ahora. 

¿Por qué apenas han saltado alarmas internas en las administraciones ante grandes casos de corrupción? 

Joaquim Bosch: No podemos exigir tampoco heroicidades. Los pocos denunciantes de corrupción que han dado la cara han sufrido represalias que les han llevado a enormes perjuicios profesionales, económicos y familiares. Además, en las últimas décadas, los técnicos independientes e imparciales han sido arrinconados para colocar asesores que dicen a los políticos lo que quieren escuchar. 

Fernando Jiménez: Tenemos una directiva europea de protección de los informantes de corrupción y una ley española, pero que tiene muchos agujeros. Los funcionarios tienen mecanismos legales para denunciar, pero junto a ellos hay instituciones informales que desincentivan la denuncia temprana y esto es lo que hay que cambiar. Hay que proteger realmente a la gente que es conocedora del caso porque está dentro de la organización y que avisa a tiempo. 

Afirman que sin protección real, muy pocos se arriesgan a romper el silencio. Pero recientemente hemos visto al fiscal jefe Anticorrupción defendiendo que es “posible” aplicar una atenuante muy cualificada a un empresario —Víctor de Aldama— que ha emprendido una “colaboración con la Justicia” salpicada de bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas. ¿Es esa la vía? 

Joaquim Bosch: No habría corruptos sin corruptores y necesitamos enfoques contra la corrupción desde la perspectiva empresarial. En el caso de Aldama, la colaboración con la Justicia y la aplicación de una atenuante de confesión pueden llevar a que se practiquen atenuantes. La discusión es el alcance y si pueden llevar hasta una reducción de la pena que supondría que ni siquiera ingresara en prisión, lo que podría generar una percepción de impunidad. 

El tribunal va a tener que valorar esa posibilidad desde algunas dificultades porque la jurisprudencia indica que no basta con que haya una colaboración con la Justicia, sino que tiene que ser decisiva y esencial para perseguir el delito o desmantelar la actividad delictiva. Cuando Aldama empezó a colaborar con la Justicia ya había muchas pruebas, no es él el que desmantela todo. Además, la UCO lo sitúa en la cúspide de la organización. En todo caso, la aplicación de la atenuante es una competencia del tribunal. 

En cualquier estrategia anticorrupción son fundamentales los controles y contrapesos. Entre ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías... ¿La corrupción y las corruptelas permean también a esos órganos llamados a combatirla? 

Fernando Jiménez: Hemos tenido muchísimos ejemplos de corrupción policial y algunos casos de corrupción judicial. Evidentemente, eso exige que las organizaciones policiales, los jueces… tengan sus sistemas de integridad propios y adecuados al tipo de trabajo que hacen. Cuando tienes unos niveles de colonización política de la Administración tan grandes, esto se extiende incluso a aquellos cuerpos que son especialmente claves a la hora de perseguir la corrupción, como es la policía, la judicatura, la Fiscalía. Antes de aspectos técnicos de la lucha contra la corrupción, necesitamos acabar con el exceso de politización que tenemos en nuestras administraciones y, especialmente, en los órganos de control, en los contrapesos de la Administración. Eso es absolutamente clave.

Joaquim Bosch: Me preocupa la parte judicial de esos contrapesos. Nuestros altos tribunales generan problemas de falta de apariencia de imparcialidad porque hay demasiadas posibilidades de injerencia de las principales fuerzas políticas en la configuración de estos tribunales que, según dicen los organismos europeos, no están diseñados con criterios lo suficientemente objetivos de mérito y capacidad. Esto lleva a posibles presiones o situaciones que puedan generar dudas a la ciudadanía. 

¿Mejora la lucha contra la corrupción que se eliminen de los procesos a las acusaciones populares, como pretende imponer la reforma legislativa del Gobierno? 

Joaquim Bosch: En un país con la configuración institucional que tiene España, en el que la Fiscalía está muy vinculada al poder político, es peligroso dejar solo en manos del Ministerio Público la posible apertura de una causa. La acusación popular ha demostrado en muchos procedimientos que sigue siendo necesaria. También se han evidenciado disfunciones y actuaciones abusivas. Pero es posible regularla con sanciones en caso de actuaciones fraudulentas. Perderíamos bastante en la lucha contra la corrupción si la dejáramos fuera. A veces se piensa en determinadas acusaciones populares, pero hay que ver el conjunto. Han conseguido llevar adelante muchas investigaciones por corrupción y en conjunto su labor ha sido positiva.

En último lugar, les quería preguntar sobre el lawfare. ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Joaquim Bosch: El lawfare no es la regla general de actuación del Poder Judicial en nuestro país cuando hay causas de carácter político. Ha habido supuestos que han tenido condena, el más conocido es el de Salvador Alba. Y sí que hay casos en los que puede haber dudas razonables sobre una actuación judicial incorrecta. A los jueces de base solo nos pueden juzgar los altos tribunales, que son también los que juzgan a la gran mayoría de los políticos. Si queremos evitar la tentación del lawfare, cuanto más reforzados estén los altos tribunales en su apariencia de imparcialidad y en evitar que existan injerencias partidistas, será más difícil que se generen dinámicas de lawfare. Si un juez cree que puede actuar de manera indebida y no le va a ocurrir nada, estamos favoreciendo las dinámicas irregulares. 

La democracia no solo trajo el derecho al voto, sino también muchos otros derechos que hoy nos parecen lo normal: derechos cuyo valor pasa desapercibido, como si toda la vida hubieran estado ahí. Para la gran mayoría de quienes nacieron en España a partir de los años 80, la educación, la sanidad, la libertad sexual o el simple hecho de salir por la noche sin restricciones –ni horarias ni morales– forman parte de su vida cotidiana, llegándolos a contemplar con la distancia de quien hereda algo sin conocer su precio ni el esfuerzo colectivo que implicó, como si las luchas que los hicieron posibles pertenecieran a una historia que no les concierne. 

En la dictadura que algunos idealizan –porque no la vivieron en carne propia o por no haber nacido–, no había libertades políticas ni se podía vivir al margen de la moral católica. Cuando la democracia llegó, con sus luces y sus sombras, cada persona, hombre o mujer, empezó a imaginar un proyecto de vida propio, sin pedir permiso y, sobre todo, sin miedo a un régimen que castigaba cualquier disidencia política, social, religiosa, afectiva o sexual. El espacio público dejó de estar sometido al control policial y el espacio privado a la moral del confesionario. En la España que ahora habitamos, resultarían inconcebibles muchas situaciones que se vivieron en el franquismo. Nos hemos acostumbrado tan deprisa a los derechos que olvidamos que nada garantiza su permanencia. 

Los primeros derechos conquistados en democracia fueron los políticos y los civiles. Recuperar la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de manifestación supuso devolver a la ciudadanía lo que la dictadura había arrebatado. La legalización de los partidos políticos que hasta ese momento eran tachados de enemigos de España desactivó una lógica de persecución antidemocrática. La calle se convirtió en espacio de convivencia, las manifestaciones por la amnistía se mezclaron con las de los movimientos feministas, LGTBI y vecinales.

El derecho a decidir

La democracia no solo permitió ir a las urnas, sino que reconoció que la voz de cada persona tenía el mismo valor político y moral. El voto dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho que no distingue género, ideología ni clase social, aunque su universalidad plena siga siendo una tarea pendiente. De hecho, no ha sido hasta 2019 cuando las personas con discapacidad intelectual o psicosocial han podido votar por primera vez, al eliminarse una restricción anacrónica sostenida por el paternalismo capacitista. Sin embargo, esa democracia, que nació para devolver la voz a quienes no la tenían, sigue debiendo reconocimientos políticos, entre otras a quienes ya forman parte de nuestra comunidad, a cientos de miles de personas migradas a nuestro país que viven y trabajan en España y que siguen excluidas de ese derecho fundamental. 

La democracia no solo recuperó derechos políticos, también ha ido transformando la vida privada. Y fueron las mujeres quienes, al reclamar derechos de igualdad y autonomía, convirtieron esa libertad recién estrenada en una revolución que ha ido cambiando el país desde dentro. Durante los 40 años de dictadura franquista, el Estado y la Iglesia habían decidido por ellas: el cuerpo, la moral, la educación, el trabajo y el deseo. Al avanzar la democracia, dejaron de necesitar el permiso del varón para trabajar o abrir una cuenta, y empezaron a firmar sus propias decisiones. Cada conquista (el divorcio, el aborto, la igualdad laboral…) ha sido una conquista real, pero también simbólica: el derecho a decidir sobre la propia vida y los propios cuerpos, derechos que todavía se niegan a reconocer y respetar los movimientos más reaccionarios que anhelan recuperar el control sobre las mujeres, para gobernar sus vidas. Sin embargo, la igualdad que empezó a escribirse en el Código Civil, ha ido cambiando también la manera en la que el país mira a las mujeres. Sin embargo, aquel impulso de cambio que marcó los primeros tiempos de la democracia no siempre ha mantenido su fuerza y a fecha de hoy, persisten desigualdades estructurales (en el empleo, en los cuidados, en la representación política o en la violencia machista) que recuerdan que la igualdad legal no basta si no se traduce en igualdad efectiva, un recordatorio que no cae en saco roto gracias al movimiento feminista.

El camino de las mujeres abrió otras puertas. De la mano del feminismo, la democracia comenzó a reconocer otras realidades que habían sido silenciadas, reprimidas, tortuosas y encarceladas. Las personas LGTBIQ+ pasaron de ser perseguidas por la Ley de Peligrosidad Social (heredera de la de Vagos y Maleantes) a tener un lugar en la calle, la cultura y las leyes. En 1977, mientras los presos políticos salían de las cárceles, las personas homosexuales seguían dentro de ellas lo que provocó que centenares de personas marcharan en Barcelona reclamando “amnistía sexual”. La historia había empezado a cambiar con aquel primer Orgullo. En 1979 se despenalizó la homosexualidad, en 1982 la reasignación sexual dejó de ser delito y en 2005 España reconoció el matrimonio igualitario, afirmando que el amor y la familia no tienen una sola forma posible. En 2007 se aprobó la Ley de Identidad de Género, que permitió por primera vez el cambio registral de nombre y sexo sin necesidad de autorización judicial, si bien no permitía el cambio sin necesidad de autorización médica. No ha sido hasta el 2023 cuando se aprobó la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans que ha reconocido el derecho a la identidad y a la libre autodeterminación de género, incluyendo a la infancia y la adolescencia. 

A lo largo de esas décadas, la protección de las personas LGTBIQ+ se ha ido extendiendo también al ámbito laboral, educativo y penal. Desde la reforma del Código Penal que incorporó los delitos de odio como agravante por motivos de orientación sexual o identidad de género, hasta las leyes autonómicas que prohíben expresamente la discriminación en el trabajo, en la atención sanitaria o en la educación. España ha ido tejiendo un marco de igualdad que, aunque imperfecto, nos sitúa entre las democracias más avanzadas en equiparación de derechos entre las personas que son LGTBIQ+ y la que no lo son.

Sustituir tutela por autonomía

Esa misma lógica de igualar y equiparar los derechos de todas y todos ha guiado también los cambios en la respuesta social, que pasó de la beneficencia, el estigma y el castigo a un sistema de protección y de derechos. Los servicios sociales, la atención a la infancia, a las personas mayores y a las personas con discapacidad sustituyeron la vigilancia por el acompañamiento y la tutela por la autonomía. Supuso reconocer que la vulnerabilidad no es un fallo individual, sino una responsabilidad colectiva ante una vulneración de derechos. Las inclusas, los reformatorios y el Patronato de Protección de la Mujer –instituciones que durante décadas sirvieron para disciplinar la pobreza, la maternidad fuera del matrimonio o la disidencia moral– fueron desapareciendo a medida que la democracia se hacía cargo de sus sombras. 

Sin embargo, ahora que es tiempo de memoria y de reparación, se echa en falta que durante todos estos años apenas se haya prestado atención a quienes pasaron por esos lugares. Las víctimas de aquellas instituciones (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, todas ellas pobres o marginadas) siguen siendo invisibles, no solo por el silencio de la historia, sino por el de las propias instituciones y administraciones que, en base a los mismos sesgos de entonces, perpetúan hoy una forma de violencia institucional difícilmente justificable en una lógica de derechos humanos.

En los años ochenta y noventa, España construyó un sistema público de salud, educación y servicios sociales que situó a las personas en el centro. Se crearon las becas que permitieron a hijas e hijos de familias obreras llegar a la universidad. En 2006, la Ley de Dependencia reconoció que cuidar y ser cuidado también es un derecho. La ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) y la de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) marcaron un cambio de paradigma: todas las personas, sin distinción de edad o capacidad, debían ser reconocidas como sujetos de derechos. Ese mismo principio de autonomía y dignidad, se extendió también al tramo final de la vida con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (2021), que ha ampliado el horizonte de la libertad individual al reconocer el derecho a decidir sobre el propio final de vida. 

Sin democracia no hay derechos

Sin embargo, la democracia que derribó en las leyes tantas jerarquías mantiene abiertas las heridas del racismo estructural y del legado colonial a través de una ley de Extranjería que funciona como un muro interior y penaliza la irregularidad, precariza la vida y convierte la falta de papeles en una forma contemporánea de esclavitud y sometimiento. Ningún país es libre mientras niegue derechos a quienes ya forman parte de él.

España es hoy un país plural, hecho de muchas procedencias, lenguas, acentos y memorias. Pero también es cierto que la democracia no ha logrado traducir esa diversidad en igualdad de derechos. Sin embargo, en los últimos años, la desigualdad económica, el descrédito institucional y la expansión de discursos de odio están erosionando nuestra confianza en la necesidad de un sistema democrático. La crisis de 2008 y las políticas de austeridad recortaron derechos sociales y la pandemia puso a prueba la fortaleza de los servicios públicos y la fragilidad de las vidas sostenidas por los cuidados. El auge de la extrema derecha ha devuelto al debate público discursos que creíamos superados: el cuestionamiento de la violencia machista, la negación del cambio climático, la criminalización del feminismo o del movimiento LGTBI. Frente a esa ofensiva, conviene recordar que los derechos humanos son el esqueleto invisible de la democracia. 

La historia demuestra que el retroceso empieza siempre en los márgenes: cuando se cuestiona el derecho de las mujeres a decidir, el de las personas migrantes a ser protegidas o el de las minorías a existir, lo que se debilita no es solo su libertad, sino la de todos. La gran paradoja es que muchos de quienes hoy desconfían de la democracia lo hacen gracias a los derechos que ella les da: la libertad de expresión, la educación que los formó, la sanidad a la que acceden y el dinero público que les sostiene, no solo a través de ayudas sino pagando los sueldos de las y los funcionarios o a través de la financiación de colaboraciones público-privadas. Celebrar la democracia es señalar no solo los fallos sino también reconocer que el camino recorrido es fruto de luchas colectivas y que los derechos no se heredan, se ejercen.

Sobre las doce y media de la mañana del 28 de julio de 1977, el entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, entregó tres cartas al belga Henry Simonet, en el Palacio de Egmont, en Bruselas. Una por cada organización de la que España quería ser miembro: la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y la Comunidad de la Energía Nuclear. Lo que se llamaba entonces las Comunidades Europeas. Las cartas estaban escritas en español y firmadas por Adolfo Suárez, que había ganado las primeras elecciones de la nueva democracia unas semanas antes. 

Simonet, ministro de Exteriores que presidía entonces el Consejo, dijo que era un momento “histórico” también para la comunidad europea.

“España ha llegado en el día de hoy al final de un camino que iniciara el 9 de febrero de 1962 y que se vio obstaculizado por una serie de problemas políticos que hoy la joven democracia española ha sabido salvar”, escribía el diario ABC desde Bruselas. La “serie de problemas políticos” era la dictadura, que hacía impensable la integración de España en la organización de los gobiernos democráticos de Europa. El “camino” durante el franquismo se había quedado en la negociación de un acuerdo comercial. 

Las elecciones de 1977 habían dado al país un aire de esperanza. “Más allá de todas las reservas, parece que hay un amplio optimismo de que España irrumpirá pronto en el mundo como una nación sana, moderna y vital, en paz consigo misma y dispuesta a integrarse en una comunidad de estados avanzados con confianza y amistad”, escribía Flora Lewis, corresponsal del The New York Times desde Madrid.

“Todo está cambiando, rápidamente y con bastante fluidez; casi todo ha cambiado ya”, escribía también el filósofo Julián Marías en The New York Times en octubre de 1977. “Los años de Franco parecen increíblemente lejanos. Casi todo lo que parecía imposible ya ha sucedido. Lo prohibido ocupa ahora el primer plano: los partidos políticos, incluidos los comunistas; las elecciones, las huelgas, la autonomía regional; la Generalitat ya ha sido autorizada; las banderas de las distintas regiones ondean, la televisión gubernamental transmite programas en las lenguas minoritarias que coexisten con el español en algunas regiones”. 

Marías, que fue encarcelado en 1939 por no apoyar al franquismo y a quien el régimen prohibió después ejercer como profesor universitario, hablaba de “un cambio profundo y silencioso en la sociedad española” antes del final de la dictadura. Él creía que la llegada de la democracia era aceptar “la realidad” de “una clase media propia de un país europeo” marcada por las ganas de convivencia pacífica: “La concordia es más fuerte que el espíritu de discordia”.

La idea de que la sociedad ya había cambiado y era equiparable a la de los vecinos europeos era una constante. “La juventud española, entre las más liberales de Europa”, titulaba Diario 16 un artículo en noviembre de 1977. Con datos de una encuesta en grandes ciudades europeas, Diario 16 destacaba que los jóvenes españoles apoyaban más el divorcio, las relaciones sexuales entre solteros y la tolerancia que otros europeos de la misma generación. El artículo destacaba que los jóvenes españoles eran “menos machistas” que los franceses y los británicos porque el 90% decía que los hombres debían hacer “todas las faenas del hogar”, y eran junto a los suecos los que más de acuerdo estaban con la afirmación de que mujeres y hombres debían cobrar lo mismo por el mismo trabajo.

El ímpetu ibérico

La mayoría de la población tenía entonces menos de 35 años y el ímpetu ibérico –también en Portugal– contrastaba con cierta desilusión en otros países de Europa con democracias más veteranas, que sufrían la misma crisis económica que España y las mismas oleadas de violencia, pero sin la ilusión de la novedad. “Todos los días pasaban cosas. Es verdad que en una situación muy mala, con el terrorismo de ETA, con una crisis económica importante, pero vivías la política como una cosa muy positiva”, explica a elDiario.es Jaume Duch, hoy consejero de Exteriores de la Generalitat de Catalunya después de 35 años como funcionario en el Parlamento Europeo, donde empezó como asistente de una de las primeras eurodiputadas y llegó a ser director general de comunicación del Parlamento. 

Duch tenía 13 años cuando murió Francisco Franco y empezó la Universidad en Barcelona en plenas negociaciones de adhesión. Se apuntó al primer seminario universitario sobre las Comunidades Europeas de Barcelona mientras estudiaba Derecho Internacional Público. “La cronología me ayudó muchísimo”, dice.

La promesa de Europa era una inspiración para su generación, que vio un horizonte mucho más amplio del que tenía alrededor. “Lo primero que me atrajo fue la idea de que los europeos podemos hacer las cosas juntos”, recuerda Duch. “En ese momento se soñaba con una Europa mucho más integrada a la que tenemos ahora y la gente hablaba de los Estados Unidos de Europa o de la Unión de los pueblos. Era un lenguaje mucho más ambicioso. Esa idea me fascinaba. Ponía a España y luego a Cataluña dentro de España en una perspectiva diferente, mucho más de futuro, mucho más moderna”.

Las negociaciones de adhesión fueron más largas de lo previsto, en especial por la resistencia de Francia, que recelaba de la competencia de agricultores y pescadores españoles. También había reticencias por la supuesta “avalancha” de trabajadores españoles.

Las negociaciones empezaron formalmente en febrero de 1979 y España entró en el club comunitario en enero de 1986, en una organización que sobre todo ofrecía entonces las ventajas del mercado común, pero donde todavía no existía la libertad de movimiento.

La joven democracia española se había tenido que enfrentar a una deuda exterior récord y una inflación que en 1977 rozaba el 30%. En 1982, cuando Felipe González ganó las elecciones, la inflación todavía rondaba el 14%, el desempleo llegaba al 16% y las cuentas públicas estaban en números rojos inaceptables para Bruselas. En plena crisis, hasta el comercio con los vecinos europeos se había estancado, y España no lograba ya ni vender tanto carbón, su principal exportación. 

Y todo entre la incertidumbre, el terrorismo y el miedo de la vuelta del autoritarismo. 

“Los españoles a los que se les había pedido democratizar su vida política para poder ser admitidos en la Comunidad Europea, se encontraron después con que la Comunidad parecía más interesada en analizar su petición en términos de criterios económicos más que las credenciales constitucionales impecables de Madrid”, escribían Paul Preston y Denis Smyth en un libro sobre la adhesión para el ‘think-tank’ británico Chatham House publicado en 1984. “En contraste, la OTAN ya le había dado la bienvenida a la democratizada España en sus filas en 1982”.

La adhesión era una apuesta económica, pero para España también importaba el espaldarazo político que se concretaba por fin en una realidad. 

“Nuestra historia está en Europa y también fuera de Europa, pero en Europa estaremos todos. España va a acabar definitivamente con el complejo de inferioridad histórica que provocó su aislamiento y va a recuperar definitivamente su curso y su papel en Europa”, dijo en el Congreso de los Diputados en marzo de 1985 Fernando Morán, el ministro de Exteriores que firmó la entrada europea con el Gobierno de Felipe González.

Cuando España entró oficialmente en el club, Jaume Duch trabajaba en el servicio de prensa de Unió Democràtica de Catalunya, y en las elecciones de 1987 tras la entrada de España y Portugal, el partido consiguió un escaño. Su primera eurodiputada, Concepció Ferrer, buscaba a alguien que supiera “algo” de Europa y Duch, recién graduado y profesor en el seminario de Comunidades Europeas, empezó a trabajar con ella en los plenos en Estrasburgo. En 1989, Duch se presentó a las oposiciones para funcionarios de lengua española y portuguesa, quedó el primero y se mudó definitivamente a Bruselas.  

Desembarco en Bruselas

En los primeros años en el Parlamento, más pequeño y menos poderoso, recuerda la buena acogida de los nuevos. “Esa integración se hizo muy rápido. Recuerdo la alegría de la ampliación”, dice Duch. “Yo no vi ni rechazos ni situaciones extrañas. Al contrario, la sensación que tuve fue de que nos estaban esperando”.

Mientras llegaban los primeros funcionarios españoles como Duch a Bruselas y Estrasburgo, la generación que estudiaba entonces tenía a “Europa en el día a día”, como cuenta ahora a elDiario.es Miriam González Durántez, abogada especialista en comercio, que trabajó durante años en la Comisión Europea y fundadora de España Mejor, un proyecto en defensa de la transparencia y las reformas democráticas para 2025. “Fue el momento de la adhesión que tanto cambió España” y ella, que estudiaba en la Universidad pública de Valladolid, recuerda que “lo pedía todo”. Así consiguió una beca para estudiar en el Colegio de Europa de Brujas, cantera de funcionarios europeos, en una de las primeras promociones con España ya dentro de la Comunidad Europea. 

Entre sus primeros recuerdos de la democracia está el reparto de pegatinas naranjas y verdes de la UCD de Adolfo Suárez a las puertas de los cines de los pueblos. Lo que más nítido tiene de aquellos primeros años fue el miedo durante el intento de golpe de Estado en 1981. Su padre había sido uno de los primeros alcaldes de la democracia y eso suponía un riesgo extra.

“En el salón de nuestra casa teníamos puesta la radio, intentando coger Radio París para saber lo que estaba ocurriendo, para saber si teníamos que salir de ahí, si eso ponía en peligro la seguridad de los que habían estado muy activos en esos primeros años de democracia, como era mi padre”, recuerda González. 

El golpe del 23-F había sido, de hecho, un importante recordatorio de que la adhesión era mucho más que una ayuda económica para España, ya que las relaciones comerciales reforzadas con los socios comunitarios no eran, en realidad, tan novedosas.

A pesar de la falta de libertades, el aislamiento político de España no había derivado durante la dictadura en un aislamiento económico total. La imagen de la autarquía no se corresponde con los datos del comercio. 

Carbón, acero... y agricultura

“Pese al embargo político, las relaciones comerciales no se interrumpieron. Ningún país de Europa occidental dejó de comerciar con España después de la guerra civil, y después de 1945 España negoció acuerdos con varios países europeos”, explica Julio Crespo MacLennan, historiador y autor de ‘Spain and the Process of European Integration, 1957-85’, que publicó como académico en la Universidad de Oxford. La escasez después de la Segunda Guerra Mundial de productos agrícolas y materias primas hizo que España no estuviera del todo aislada del mercado común, que no interesaba a Franco cuando estaba centrado en el carbón y el acero, pero sí cuando se movió hacia la agricultura. 

La petición española formal de adhesión al mercado común en 1962 quedó aparcada y derivó en un acuerdo comercial firmado en 1970. Según las autoridades comunitarias, se trataba solo del “comienzo de un acercamiento económico”; según las españolas, era la demostración que “España pertenecía a Europa”. 

Cómo la idea de Europa fue calando se muestra en las encuestas de la época: en 1966, el 60% de los españoles mayores de 21 años ni siquiera tenía opinión sobre si España debía participar en el mercado común, según un sondeo del Instituto de Opinión Pública. Dos años después, los que no sabían o no contestaban eran el 33% y la mayoría estaba a favor de unirse al mercado común.

Pese a algún interés por Europa de sectores reformistas y los empresarios como Ramón Areces y Emilio Botín, el franquismo nunca dejó de rechazar el espíritu europeo de una conciencia común. Desde el primer gobierno, la dictadura “veía el europeísmo como sinónimo de democracia y de liberalismo”, escribe Crespo. En los primeros años de la posguerra, Franco siempre se refería a Europa con una hostilidad que contrastaba con halagos a los potenciales aliados en Estados Unidos y Latinoamérica. 

La oposición en el exilio combinaba a menudo el ideal europeísta con el anti-franquismo. Salvador de Madariaga, entre los fundadores del Colegio de Europa, intentó unificar los grupos alrededor de la idea de Europa. Sus conferencias en París y en Toulouse en los años 50 ayudaron a mantener el interés vivo por España en Europa.

Contra los fusilamientos de Franco

En cierto sentido, la cuestión española fue el primer empujón en la primigenia comunidad europea de nueve a convertirse en una organización más política y que abrazaba su función democratizadora como parte de su esencia.

Unos días después de los últimos fusilamientos de Franco el 27 de septiembre de 1975, los ministros de Exteriores europeos reunidos en Luxemburgo suspendieron las negociaciones comerciales con España como castigo al régimen, y ocho gobiernos retiraron sus embajadores como protesta (no lo hizo Irlanda, que dijo sufrir el terrorismo como España). El Gobierno francés, conservador, era reticente pero al final aceptó el gesto abanderado sobre todo por el Gobierno socialdemócrata de Países Bajos. El primer ministro holandés, Joop M. den Uyl, había encabezado la marcha contra los fusilamientos en Utrecht. 

La presión internacional no sirvió para salvar a los últimos fusilados, y el 1 de octubre el alcalde de Madrid, Miguel Ángel García-Lomas, llamó a la movilización “contra la injerencia extranjera” y Franco habló en sus discursos de la “conspiración masónica”. El eslogan “di ‘no’ a Europa” apareció en muros por la ciudad.

La solidaridad democrática desde las instituciones europeas era una novedad y fue recibida entonces como un cambio y un salto político. 

“De repente, la palabra ‘Europa’, que hasta ahora significaba aburrimiento para los jóvenes, tiene colores más atractivos”, escribía un editorial de Le Nouvel Observateur.

El impulso político que nació entonces a regañadientes arrancó la gran transformación de la Comunidad Europea hacia la integración y la libre circulación. En los años 80, incluso el Reino Unido, que apoyó la ampliación hacia el sur igual que luego la respaldaría hacia el este, ya veía argumentos más políticos que económicos en su defensa de la entrada de España.

“En un mundo incierto necesitamos un área de estabilidad en Europa Occidental, y la Comunidad Europea es la mejor manera de conseguirlo”, dijo la primera ministra británica, Margaret Thatcher, que apoyaba la entrada de España y puso como condición que se abriera el paso hacia Gibraltar.

Los primeros años de España en Europa coincidieron con la ebullición hasta el Tratado de Maastricht, firmado en 1992.

A Franco no le gustaba Europa. Pese al interés de sectores reformistas y de empresarios como Areces y Botín, el franquismo rechazaba el espíritu europeo de una conciencia común

“La sensación generalizada era de que todo iba a ir a mejor. Daba igual que hubiese dificultades, siempre iba a ir a mejor. Y, desde luego, pensábamos que los valores democráticos europeos, de cooperación, de multilateralismo siempre iban a estar ahí. Qué inocencia”, dice hoy Miriam González Durántez, que justo entonces se graduó en el Colegio de Europa, el sueño ideado por Salvador de Madariaga en Bélgica y por el que ya habían pasado varias promociones de españoles llegados de un país en libertad. 

En 1991, cuando ella llegó a Brujas, la democracia española ya no era una novedad, pero “se veía a España con interés, se admiraba la Transición”. Cuenta también que notó la brecha entre su educación universitaria pública de España y el “brillito” que tenían sus compañeros llegados de Oxford, Cambridge y otras universidades europeas. 

En su promoción, que lleva el nombre de Mozart, conoció a Nick Clegg, su futuro marido y viceprimer ministro del Reino Unido, el país que en gran medida impulsó el salto de aquellos años. “Margaret Thatcher empezó a decir que no. No obstante, fueron los juristas británicos los que concibieron la idea del mercado interior. Es decir, que todo iba en la buena dirección”, recuerda. Después de trabajar en la Organización Mundial del Comercio y en otros puestos en el sector privado, Miriam González empezó a trabajar en la Comisión Europea en la segunda mitad de los años 90, en un momento en que –considera– la Unión Europea dejó tareas sin completar antes de correr a la unión monetaria.

González desarrollaba sus funciones para la Comisión Europea en asuntos de comercio y de relaciones exteriores, donde España seguía teniendo un papel limitado. Después de dejar la Comisión, trabajó como abogada dedicada al comercio internacional en Londres, donde se mudó mientras Clegg estuvo en el Gobierno. Ahora, sopesa lanzar un nuevo partido político centrista en España.

¿Tanto tienes, tanto mandas?

Cree que la sensación de periferia de España ya no tiene que ver con los complejos del pasado ni con la posición geográfica. “Es por el nivel de renta per cápita”, explica González. Recuerda que aunque tras la ampliación de 2004 y 2008 España pasó a aportar más fondos de los que recibía, la Unión Europea siempre ha estado para hacer grandes transferencias de fondos a España más allá de los primeros años tras la adhesión, en especial durante la crisis de la zona euro y la pandemia. 

“No somos el peor caso. El peor caso sigue siendo Italia, que a pesar de ser un país fundador se le tiene que seguir haciendo transferencias de recursos del norte al sur”, explica González. “Si no estás entre los que aportan siempre, vas a tener menos capacidad de influir y de decidir. Eso es así. Cuanto más poder económico, más poder político tienes”. 

También duda de que España pueda ayudar a modernizar Europa cuando no es un ejemplo de transparencia y buenas prácticas dentro de casa. Y le preocupa especialmente en un momento en que cree que Europa está en peligro mientras muchos políticos no pasan de las buenas palabras.

Una UE cada vez más politizada

En sus giras por España con su asociación España Mejor, Miriam González suele tener reuniones abiertas con ciudadanos en ciudades y pueblos, con variedad de poblaciones por renta y educación, y dice que encuentra “una preocupación real por la democracia, mucho más que por la economía”. Le ha sorprendido “en un país que sigue siendo tan proeuropeo” cierta animadversión en particular hacia la Comisión Europea y su presidenta, Ursula von der Leyen. “Hay un punto de emocionalidad en esa crítica que es un poco raro”, comenta.

“Si no se empieza a apoyar la democracia, pero de manera básica, de manera organizada, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser una etapa muy complicada para los europeos”, dice. 

Jaume Duch comparte esta inquietud de González, en particular por el ascenso de la extrema derecha, que ataca de manera expresa los valores, derechos y “una manera de entender la sociedad” que encarna la Unión Europea. Pero también ve algo “positivo” incluso en la identificación de la presidenta de la Comisión Europea por el nombre.

“En cierto sentido, eso quiere decir que se está consiguiendo esa Europa política. Claro, cuando cuando todos hablábamos es que la Unión Europea tiene que ser política y no solo económica, estamos estamos hablando de que haya un gobierno europeo para lo bueno y para lo malo”, explica Duch. “Si tú quieres criticar a la Unión Europea, al final acabas criticando a Von der Leyen. ¿Por qué? Porque es tu referente europeo. En el fondo, eso es una batalla que ha ganado la politización de la propia Unión Europea”.

Aquella foto de César Lucas fue el símbolo de la victoria socialista de 1982. Felipe González y Alfonso Guerra unen sus manos para levantarlas en señal de triunfo desde una ventana del hotel Palace en la noche del 28 de octubre. González contó años después en varias ocasiones que estaba abrumado por la responsabilidad en ese momento. Pero el resultado arrollador –diez millones de votos, un 48,1 % y casi veintidós puntos de ventaja sobre Alianza Popular– no fue una total sorpresa para los dirigentes socialistas.

Se dijo que era el fin de la Transición por aquello de fijar un desenlace con el regreso de la izquierda al poder después de la larga noche que había comenzado en 1939. No es que lo de antes a partir de 1977 no fuera una democracia, pero al menos se había acabado el periodo en el que todo el sistema político estaba cubierto por andamios y señales de obras. El eslogan de la campaña –‘Por el cambio’– no es un prodigio de originalidad. Tiene más enjundia lo que responde González cuando le preguntan por su significado: “Que España funcione”. Parece de un pragmatismo casi decepcionante. Pero también es efectivo. España no funcionaba o al menos no lo hacía de la forma que esperaba la gente. No había Estado en ese momento que sirviera para construir una democracia o el que había no servía más que para ir tirando.

Hasta entonces había sido “Felipe” para todo el mundo. Julio Feo advierte a todos en Moncloa que a partir de entonces será “el presidente”. La revista Cambio16 lo certifica en portada con una foto de un serio y encorbatado González y el titular: “Bienvenido, señor presidente”. Los ministros se tratan de usted en el Consejo de Ministros, por muy amigos que sean. Guerra cuenta que un ministro, de indudable inocencia, preguntó en la primera reunión: “¿Y aquí cómo se vota?”. Le respondió que todos podrían debatir algunos asuntos, pero que la decisión última sería del presidente. El Gobierno, incluido su presidente, cuenta con 17 integrantes. Todos hombres. Era un tiempo en que estas cosas pasaban casi desapercibidas.

Una semana después de las elecciones y antes del debate de investidura, ETA asesina al general Víctor Lago, jefe de la unidad más importante del Ejército, la División Acorazada Brunete. “Evidentemente, esta acción vale para ellos lo que veinte en el País Vasco”, dice a El País Manuel Ballesteros, jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista.

Los ministros de Economía en la primera década de González, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, representan una tendencia liberal que le acompaña en su presidencia. Lo que toca es construir un Estado de bienestar en el que la sanidad sea un derecho universal y se modernicen unas infraestructuras que son impropias de un país europeo. Para esto último, habrá que esperar al ingreso en la Comunidad Europea.

Antes de eso, habrá que cumplir con la promesa de un referéndum sobre la OTAN. El giro ya se intuía en el eslogan de 1981: ‘OTAN, de entrada, no’. La campaña en marzo de 1986 termina siendo un plebiscito sobre la figura de González. ¿Quién gestionará el ‘no’ a la OTAN?, avisa. En realidad, el partido ya no utiliza las siglas, sino que sólo habla de “Alianza Atlántica” en sus discursos. Alianza Popular intenta aprovechar el dilema y pide la abstención. “Soy un atlantista convencido, pero este es un referéndum fraudulento”, dice Manuel Fraga en una entrevista en ABC. Su intención es que la derrota fuerce la dimisión de González. Gana el ‘sí’ con el 56,8% de los votos y una participación del 59,4%.

Desde el primer momento, el Gobierno debe gestionar sus contradicciones. Impulsa una liberalización de la economía y devalúa la peseta en su primera reunión. Al mismo tiempo cumple promesas que benefician a los trabajadores. Aprueba la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. En una respuesta que recuerda a todo lo que ha hecho la patronal en los últimos 40 años, la CEOE prevé que será un desastre para la economía. Anuncia que tendrá “un coste teórico” de 180.000 millones de pesetas y exige que suponga una reducción equivalente de los salarios. Si los asalariados trabajan menos, tendrán que cobrar menos, dice.

La huelga general

La reconversión industrial termina por arruinar las relaciones entre el PSOE y el sindicato UGT. Puede que fuera inevitable en varios sectores, pero el coste social es inmenso. Se pierden de inmediato decenas de miles de puestos de trabajo. Pueblos y ciudades que viven de plantas industriales que ya no son rentables se quedan sin su principal fuente de empleo. Un plan de empleo juvenil termina causando el estallido. UGT y CCOO convocan una huelga general en 1988 que el Gobierno desdeña. Pero su éxito es espectacular. Las ciudades están vacías como si sus habitantes hubieran desaparecido.

En 1989, el rey Juan Carlos tiene un encuentro con el general Manglano, jefe del Cesid y uno de sus principales confidentes. Le cuenta que lleva años recibiendo dinero de Arabia Saudí. En primer lugar, “36 millones de dólares para la Transición”. Años después, un préstamo sin intereses de 50 millones que le permite obtener “una ganancia de 18 millones”. Las entregas se suceden. Entre donaciones y préstamos, que no está claro que se devolvieran, el jefe de Estado recibe financiación de una dictadura extranjera por valor de 136 millones de dólares. El Gobierno oculta a la opinión pública tanto su fortuna en el extranjero como sus infidelidades. El rey es intocable y como tal se le protege.

El 1992 es una fiesta. La Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona son el culmen de la euforia. Es “el año de España”, dice la revista norteamericana Newsweek. España es un país que ha dejado atrás los fantasmas de su pasado, coincide la prensa internacional, un ejemplo para los países de Europa del Este inmersos en la transición a la democracia. En ese año, la economía empieza a dar los primeros síntomas de agotamiento. Pronto llega el choque con la realidad. El índice de paro salta del 16,9% en 1991 al 20% un año después. Y sigue subiendo. El 23,8% en 1993 y una décima más en 1994. Políticamente, es mucho peor. Toda la corrupción incrustada en el sistema sale a la luz. El juez Baltasar Garzón vuelve a la Audiencia Nacional después de una breve incursión en la política y descubre que Amedo y Domínguez están dispuestos a cantar sobre los crímenes de los GAL. En la Ejecutiva Federal del PSOE en 1995, González define las investigaciones como una gran conspiración contra él: “Existe un intento claro de destrucción del Gobierno y toda la tarea hecha en estos años. La estrategia se parece mucho a la empleada contra Azaña en los años 30”. No le servirá de nada.

La huida de Luis Roldán y la condena de Mariano Rubio hunden la imagen de su Gobierno. En 1996 ya no quedan más trucos en la chistera y aun así el Partido Popular solo supera al PSOE por 290.000 votos. “Nunca una derrota había sido tan dulce y una victoria tan amarga”, dice González sonriendo en la noche electoral. Pero, por dulce que sea, sigue siendo una derrota.

Al igual que ahora el PP habla de desmontar el sanchismo cuando llegue al poder, Jose María Aznar presume de que ha llegado el momento de demoler el felipismo. Le acompaña una nutrida brigada mediática convencida de que Felipe González ha puesto en peligro a la democracia con su forma autocrática de gobernar, una acusación idéntica a la que se hace ahora a Pedro Sánchez. Como dice Luis María Anson en 1998, “se rozó la estabilidad del propio Estado” en la tarea de demolición: “La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a González con otras armas”.

ETA, Aznar y Miguel Ángel Blanco

Trece años, cinco meses y tres días de gobierno no son tan fáciles de borrar como quisieran. El PP se lo toma con calma y apuesta por centrarse en la liberalización de la economía. El buque insignia es la privatización de las empresas públicas como Telefónica, Tabacalera, Endesa y Repsol. Algunas de ellas caen en manos de amigos de Aznar o personas de su total confianza.

“España va bien”, repite Aznar en el Congreso, como si con su sola presencia hubiera enderezado el rumbo. Ayudada por el ciclo económico, España entra por una senda de crecimiento sostenido con gran creación de empleo y descenso de la inflación que facilita la entrada en el euro.

El Gobierno se enfrenta a un agravamiento de la amenaza terrorista cuando ETA pone en el punto de mira a concejales del PP y del PSOE. La tensión llega al punto más alto con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La respuesta popular es inmensa y garantiza al Gobierno que no sufrirá desgaste por mantener una línea dura contra ETA. La sorpresa salta cuando Aznar hace público en noviembre de 1998 que se van a iniciar negociaciones: “He autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco... de Liberación”. El PP se pliega a los deseos de su líder. Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, pide a las viudas de sus compañeros asesinados por ETA “un poco más de sacrificio por la paz”. Los contactos secretos con Herri Batasuna y luego con ETA en Ginebra no llevan a nada y la organización terrorista rompe la tregua.

La llegada del euro

Con la entrada en vigor del euro con España dentro, Aznar parece haber culminado sus aspiraciones. El naufragio del ‘Prestige’ y la catástrofe ecológica desnudan a un Gobierno convencido de que siempre se saldrá con la suya. Aznar no aprende la lección sobre los límites del poder y suma a España al grupo de países que apoya la invasión de Irak. Aun así, el PP está convencido de su victoria en 2004, esta vez con Mariano Rajoy de candidato. Las últimas encuestas de la campaña dan una ventaja de unos tres puntos al PP. Pero el 11M lo cambia todo. España sufre el mayor ataque terrorista de su historia tres días antes de las elecciones. El Gobierno decide que la autoría de ETA es lo único que le salvará y en poco más de 48 horas su plan se viene abajo. La derecha nunca aceptará que esa derrota tiene más que ver con sus errores y el ejercicio arrogante del poder que con los méritos del rival.

José Luis Rodríguez Zapatero entra en Moncloa sin ninguna experiencia previa en un Gobierno. Elige a 16 personas para su Consejo de Ministros, de las que siete son mujeres. Demuestra audacia al retirar las tropas españolas de Irak. Zapatero hace todo lo que Felipe González no quiso o no podía hacer, en especial sobre memoria histórica. La democracia ha vivido durante décadas sin tocar las estatuas y monumentos que tienen un carácter de homenaje al franquismo y al dictador. Hay que esperar hasta 2005 para que se retire la estatua ecuestre de Franco en Nuevos Ministerios en Madrid y tres años más tarde la de Santander. Entre medias, el Parlamento aprueba la ley de memoria histórica con la intención expresa de reparar el daño sufrido por las víctimas de la dictadura. El PP la denuncia por considerarla una forma de “reabrir heridas”, aunque nadie achaca a los españoles del presente los crímenes del pasado.

Las costuras del sistema político comienzan a agrietarse con la feroz oposición del PP a Jose Luis Rodrígez Zapatero, que se hace aún más dura cuando el presidente acepta negociar con ETA. Antes de los contactos, el PP ya está deslegitimando al Gobierno. Rajoy acusa al presidente de “traicionar a los muertos”. Zapatero no se deja intimidar. Hay que esperar a octubre de 2011 para que ETA haga público “el cese definitivo de su actividad armada”. La organización terrorista nunca consiguió los objetivos políticos que exigió a lo largo de su historia.

No es la convulsión creada por esas negociaciones la que hunde a Zapatero. “La economía va como un tiro”, había dicho en su primer mandato. Hasta que naufraga a partir de los efectos de la tormenta que se origina en EEUU con la quiebra de Lehman Brothers. No es un caso de simple contagio. La burbuja inmobiliaria ha desatado una loca carrera especulativa en muchas de las entidades financieras sin que el Banco de España haya hecho nada útil al respecto. La crisis de la deuda en el sur de Europa obliga a un fuerte recorte del gasto público que no impide que se doble la deuda pública hasta un 70% del PIB en 2011. El PSOE pierde el 38% de sus votos en las elecciones de ese año.

Mariano Rajoy recibe el poder sin hacer prácticamente nada y gracias a promesas que sabe que no podrá cumplir. “Cuando gobierne, bajará el paro”, había prometido en 2010. El desempleo seguirá subiendo hasta el 26,9% en el primer trimestre de 2013 y la deuda sobre el PIB hasta el 100%. La salida de la crisis es lenta y agónica.

La abdicación

A Juan Carlos de Borbón se le acaba la suerte. Su accidente en Botsuana en 2012 en un viaje en el que le acompaña su “amiga íntima” Corinna –así la definen los titulares– termina por hundir todo un escenario de mentiras y delitos. El monarca ha seguido recibiendo durante años dinero del Golfo Pérsico que oculta en Suiza con los mismos mecanismos de las organizaciones criminales internacionales. Solo un año antes de Botsuana afirma en su discurso de Nochebuena: “La justicia es igual para todos”. No para él, como pronto se comprobará. Su permanencia en el trono es tan tóxica que pone en peligro la supervivencia de la monarquía. Después de haberse negado a considerarlo, en 2014 presenta la abdicación y entrega la corona a su hijo Felipe.

El sistema autonómico era uno de los grandes logros de la nueva España surgida tras la Constitución de 1978. Todo descarrila con el desafío del ‘procés’. El Gobierno del PP y los indepes son dos trenes condenados a un choque frontal en 2017. Rajoy decide enviar a los antidisturbios para impedir el referéndum del 1-O. Sólo contribuye a que las imágenes de las cargas salgan en las televisiones de toda Europa. Carles Puigdemont ha desobedecido todos los autos del Tribunal Constitucional y hasta se ha hecho fotos con ellos. Al final, declara una independencia que dura ocho segundos y ofrece unas negociaciones que ya son imposibles. Huye a Bélgica mientras que otros como Oriol Junqueras se quedan para afrontar las consecuencias penales de sus actos. El juicio del procés en el Tribunal Supremo no es suficiente para cerrar esta historia. A partir de ese momento, Catalunya condiciona por completo la política española hasta nuestros días.

Las elecciones de 2015 abren un nuevo capítulo de la democracia española. Desaparece el bipartidismo que ha regido la alternancia en los gobiernos. El tótem del “consenso del 78” es ya historia. Las movilizaciones del 15M ya habían dado en 2011 el primer toque de atención. La España real estaba comunicando a la España oficial que había dejado de representarla en muchísimos asuntos. En los comicios, dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, reciben ocho millones y medio de votos y 109 escaños. Políticos como Rajoy creen que se trata de “una moda” y que la fragmentación del voto será un fenómeno pasajero. No pueden estar más equivocados.

Al igual que lo que ocurrió con Felipe González, la corrupción termina por dar el golpe definitivo al PP. Antes de llegar al poder, Rajoy había intentado presentar a su partido como una víctima, como hizo González en 1995. “Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular”, dice Rajoy en 2009 sobre la investigación judicial y policial de la Gürtel. Solo es el primer capítulo. Las finanzas internas del PP rebosan de dinero negro, como queda patente cuando se investiga a su tesorero, Luis Bárcenas, y se descubre que la caja B se ha empleado para la rehabilitación completa de la sede de la calle Génova, y luego están los sobresueldos en efectivo que ha recibido durante años la cúpula del partido.

La sentencia de la Gürtel recuerda a Rajoy que hay facturas en política que se pagan muchos años después. La moción de censura lleva a Pedro Sánchez al poder. Empieza una época en la que la política no deja de sorprender. Solo veinte meses antes, la carrera política de Sánchez parecía muerta y enterrada cuando se vio forzado a presentar su dimisión como líder del PSOE. No será la primera vez en que sus adversarios le subestimen.

Sánchez es de los políticos que se reinventan a sí mismos en función de la coyuntura. Intenta conseguir una mayoría con Ciudadanos y fracasa. Se rinde a los números tras los comicios de noviembre de 2019 y asume que solo puede gobernar con Unidas Podemos. Rechaza la amnistía de los políticos condenados por el procés al creer que le servirá con los indultos, pero luego la acepta para asegurarse el apoyo del partido de Puigdemont. La España que gobierna es muy diferente a la de los años ochenta. El pragmatismo de los tiempos de González pierde sentido. Ya no es tiempo de resignarse a lo posible, sino de buscar lo que antes parecía imposible, como una política feminista que no espera a que la sociedad evolucione poco a poco.

A partir de 2020, el Gobierno navega a través de circunstancias excepcionales, como la pandemia y los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Afronta también el último esfuerzo por salvar a la monarquía del legado de Juan Carlos. Felipe VI le retira los 200.000 euros anuales de asignación al quedar meridianamente claro, no por los tribunales españoles, que su padre conserva una fortuna en el exterior. La única manera de proteger la imagen de la monarquía es enviar a Juan Carlos a vivir al extranjero. Con todo el dinero que ha recibido de las monarquías del Golfo Pérsico, no es una sorpresa que elija los Emiratos Árabes.

La extrema derecha

España deja de ser la excepción europea. La extrema derecha, cuyo mayor capital es el rechazo a la inmigración, se convierte en la tercera fuerza política y el socio indispensable si la derecha quiere llegar al poder. El PP se lanza a una furiosa ofensiva contra el PSOE. También lo hizo contra González y Zapatero, pero esta vez declara que Pedro Sánchez es una amenaza real para la democracia. España vive una tensión insoportable en el sistema político. Mientras, la sociedad no alcanza ese nivel de confrontación y la economía se recupera de la pandemia y reduce el desempleo al nivel más bajo desde 2007.

La derecha pierde la oportunidad de las elecciones de 2023 que ya creía ganadas. Se decide a pintar a España como lo peor de Europa, precisamente cuando Francia y Reino Unido no pueden conjurar su crisis estructural y Alemania se sume en el pesimismo al ver que no levanta cabeza un modelo económico que pensaba que era indestructible. El futuro sí plantea un interrogante amenazante para la sociedad española. Los jóvenes se han acostumbrado a escuchar que vivirán peor que sus padres, no solo por el precio de la vivienda. Para conservar su legitimidad, la democracia no puede limitarse a asegurar la celebración de elecciones libres. Debe ofrecer una garantía de que el futuro será más próspero. De lo contrario, la historia demuestra que puedes recibir sorpresas desagradables.

Llegué a Madrid por primera vez a principios de 1970. Tenía 12 años y mi recuerdo es borroso y preciso al mismo tiempo: una ciudad lluviosa y triste, enredada en el humo de sus buses, con personas que se veían en blanco y negro, con personas que miraban hacia abajo, con personas que me contaban unas vidas que yo –que venía de una dictadura sudamericana– no podía creer: me sonaban a novelones del siglo XIX repletos de matrimonios fracasados pero ineludibles, de mujeres encerradas en sus casas –resignación y si dios quiere–, de muchachos que habían leído tan poquito, de primos que iban a un cumpleaños de 13 con corbata, de olor a frito y a tabaco de anoche y a sardinas. Era la ciudad que unos años después me encontré en uno de los mejores fragmentos de la literatura en castellano del siglo pasado: ese que empieza diciendo que “Hay ciudades tan descabaladas, tan faltas de sustancia histórica, tan traídas y llevadas por gobernantes arbitrarios, tan caprichosamente edificadas en desiertos, tan parcamente pobladas por una continuidad aprehensible de familias, tan lejanas de un mar o de un río, tan ostentosas en el reparto de su menguada pobreza…”.

En esos días viajé un poco por Castilla: carreteras de dos vías llenas de pozos y peligros, sus bares basurales, los campos trabajados con arados de bueyes, las boinas oscuras y los vestidos negros, esas manos: vi tantas manos hechas de raíces. En esos días uno de cada cuatro españoles vivía bajo la línea de pobreza, cada familia tenía al menos un parado y la emigración –a Francia y Alemania, Madrid y Cataluña– era la forma más habitual de buscarse una vida razonable. (En esos días el PIB per cápita argentino, con perdón, era 1.372 dólares y el español, 1.211. El año pasado el argentino fue 12.820 y el español, 33.500: uno se multiplicó por nueve; el otro, por 27.)

En esos días uno de cada ocho adultos españoles no sabía leer ni escribir y nueve de cada diez no habían ido más allá de la escuela primaria; solo el 3% había llegado a la universidad. En esos días no existía el divorcio ni la potestad de las madres sobre sus hijos y una mujer debía tener la autorización de su marido para trabajar o abrir una cuenta bancaria o salir de su ciudad; tampoco podía votar, pero nadie podía. En esos días se aprobó una ley –“de Peligrosidad Social”– que incluía penas de cinco años de cárcel para los homosexuales y la creación de dos cárceles: una en Badajoz, para los “pasivos”, y otra en Huelva para los “activos”; en ambas intentaban “curarlos” a fuerza de lobotomías y de electroshocks. 

En esos días, por supuesto, cualquier actividad política podía llevarte a la cárcel o, incluso, al pelotón de fusilamiento o el garrote vil. En esos días había infinidad de libros prohibidos y los diarios y revistas eran obsesivamente censurados. En esos días cualquier palabra pública contra el poder suponía un riesgo incalculable.

Y hoy recupero todos estos recuerdos porque en medio de mi viejazo general hay uno muy particular: las discusiones con jóvenes –últimamente la noción de joven abarca a casi todos– españoles que me dicen que su país se hunde. Es cierto: para quien lea los diarios o mire la televisión o escuche la radio, España se disuelve, pronto será una dictadura, ya es una dictadura, el grado de enfrentamiento es terminal, así no hay quien viva, huyamos ya. (A mí, ingenuo inveterado, este logro no deja de admirarme. Y lo mismo les sucede, en general, a amigos y colegas ñamericanos con quienes lo charlamos: la envidia nos corroe. 

Por eso estas líneas intentan ser un homenaje del humilde mundo sudaca a la invencible madre patria: sabemos que es laborioso, que es difícil, que requiere una dosis extrema de imaginación y sacrificio crear esta imagen de país destruido cuando las condiciones ayudan tan poco. Por eso mismo, nuestra admiración sin límites hacia quienes lo consiguen: partidos de oposición, prensa de ídem, trolls y rolls y sushis de basura, alarmistas de todos los colores, taxistas con o sin taxi, cuñados acuñados en cualquier material).

Y entonces todos estos jóvenes españoles, decíamos, que me explican que su reino se hunde, y sus reacciones cuando les digo que no conozco muchos ejemplos de cambio tan profundo y exitoso como el de este país en este medio siglo. Corea y ellos, les digo, y algunos se sorprenden, otros incluso se dan por ofendidos: les resulta más familiar y confortable el relato de la desgracia y decadencia. Y yo suelo decirles que sí, que por supuesto, que siempre hay buenas razones para criticar la propia sociedad, que siempre hay razones aún mejores para intentar cambiarla, pero que ningún análisis tiene sentido si no se basa en datos ciertos. Y que ellos no vivieron –pero, parece, tampoco estudiaron, tampoco les contaron– la España de sus abuelos y por eso no pueden valorar y disfrutar la enorme fortuna de vivir en un país donde la salud y la educación están garantizadas para todos, donde la violencia está entre las más bajas del mundo, donde casi todos comen lo que necesitan, donde los servicios públicos en general funcionan, donde pueden decir lo que cuernos se les canta, donde pueden oponerse sin gran riesgo a los que quieren cargarse todo lo anterior.

No saberlo, no tenerlo en cuenta, es necedad, o su madre y abuela: la ignorancia, que no es más que la necedad cuando triunfa. El conocimiento del pasado cambia la percepción del presente. Nadie entenderá la mejora que significa que las personas no tengan más remedio que trabajar ocho horas por día si no sabe que, hace cien años, era habitual que trabajaran 13 o 14.

Insisto: el proceso español, aunque muchas mañanas la televisión lo disimule, es uno de los más exitosos de las últimas décadas. Insisto: no son razones para dejar la crítica de lado. Quizás incluso sean lo contrario: excelentes razones para entender que cuando esa crítica se ejerce sin miedo y sin descanso construye realidades como esta. Una que, aunque la mayoría insista en no saberlo, nos pone entre los países más privilegiados de la Tierra. 

Y no, como quisieron las tradiciones tradicionales españolas, por tener ningún poder sobre los otros; solo por poder vivir –no todos pero cada vez más, cada vez más– como nos merecemos.

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“Ay, no, muchacha, eso seguro es alguna bombona de gas que explotó”. Esto fue lo primero que pensó Yaritza Pérez la madrugada del 3 de enero, cuando los destellos y el estruendo la sacudieron en su casa frente al Helicoide, un centro de detención con numerosas denuncias de torturas en Caracas. Pero no era un accidente doméstico: comenzaba la operación que secuestró a Nicolás Maduro y dio lugar a la era de Delcy Rodríguez en el poder.

Tras 117 días de gestión, Yaritza —que vivió 17 años en la parroquia 23 de enero, un bastión emblemático del chavismo— no percibe el alivio prometido: “Yo, en realidad, no he visto ningún cambio. Yo veo que todo está igual. Todos estamos a la expectativa, a la espera de qué va a suceder de aquí al primero de mayo. Para mí, la presidenta encargada es como decir un adorno y el que está mandando es el otro señor, Donald Trump. Es un loco, yo no entiendo en qué estaba pensando la gente por allá, porque tú mandas en tu país, no en el de nosotros”, dice a elDiario.es.

Su testimonio toma el pulso a una transición que se debate entre el pragmatismo geopolítico de alto nivel y la precariedad extrema de la calle. Para evaluarla con rigor hay que responder tres preguntas: qué cambió de verdad, qué no se ha movido y qué empeoró.

Lo que ha cambiado

Para el economista Luis Vicente León, director de la firma encuestadora Datanálisis, este período no puede leerse como una gestión aislada, sino como una administración compartida o condicionada por la nueva arquitectura de licencias de Estados Unidos. El éxito político de Rodríguez, sostiene, reside en su rol de bisagra o power broker: ella es quien entiende lo que la Administración Trump exige y logra traducirlo al sistema interno del chavismo sin que se rompa el orden.

El giro pragmático macroeconómico, dice León, no puede negarse. La reforma a la Ley de Hidrocarburos representa un cambio real de modelo hacia la privatización de áreas antes intocables. El diputado Antonio Ecarri, miembro de la opositora fracción Libertad, confirma esa apertura desde dentro: “Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial. Trabajar en construir consenso es un gran logro después de 27 años. La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas”. La Asamblea Nacional incluye ahora 29 diputados de la oposición.

En materia de justicia, la Ley de Amnistía liberó de forma inmediata a 8.616 personas: quienes no entraban en ese supuesto podían recurrir ante la Comisión Especial de Seguimiento, presidida por el diputado Jorge Arreaza, que recibió más de 12.500 solicitudes y aprobó 12.187. Según el Foro Penal, 490 presos políticos quedaron fuera de ambas vías y siguen recluidos.

Lo que no ha cambiado

Ecarri señala que la estética del cambio no ha tocado la estructura: “El Estado hiperpresidencialista petrolero no es viable. Comparas la Constitución española y la venezolana y el presidente aquí tiene todas las atribuciones del rey, las comunidades autónomas y el Parlamento. Eso es como si tras la muerte de Franco, Suárez solo hubiese cambiado la elección del gran caudillo. Aquí hay sectores populares con hambre y una crisis muy difícil; el aumento debe ir para los más vulnerables porque el caos no le sirve a nadie”.

Juan González, activista en defensa de los derechos humanos y ex-preso político (el nombre es ficticio para evitar represalias), apunta en la misma dirección desde el terreno de los derechos civiles: “Los portales web siguen censurados y leyes como la Ley contra el Odio siguen vigentes. La pregunta es si se van a desmontar las dinámicas antidemocráticas o van a continuar. Hay un pequeño cambio en las fuerzas de seguridad, cierta contención, pero la dinámica de la amnistía sigue siendo selectiva”.

Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial [...] La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas

Antonio Ecarri — Diputado de la oposición

González también cuestiona la calidad de las liberaciones que sí se produjeron: “Es importante que se libere a la gente, pero fueron los mismos jueces que aplicaron las penas los que debieron amnistiar. Hay una dinámica no muy clara, no es automática, sino que responde a una decisión donde [los jueces] se pagan y se dan el vuelto; no se entienden las razones para decidir. Hay un sinsabor asociado, porque los procesos de designación de fiscalía y defensor [del pueblo] no cumplieron con los estándares de la Constitución. Algunos de los funcionarios designados eran agentes del Estado en instancias internacionales”.

Para él, además, que Rodríguez haya suspendido la Ley de Amnistía es una transgresión grave: ese instrumento lo aprobó la Asamblea Nacional y no corresponde a la presidenta fijar su vigencia. Al arrogarse esa decisión, la mandataria invade atribuciones que no le pertenecen y deja en evidencia la subordinación de los demás poderes. Yaritza Pérez lo resume con una imagen: “Para que pueda funcionar tiene que haber una limpieza en el Gobierno total, quitar a los mismos que están. Porque ella [la presidenta] ha movido a muchos ministros, pero los ha movido de un ministerio para otro; es la misma gente”. Sin embargo, muchos de los pesos pesados del anterior Gobierno han pasado a puestos de segundo nivel y la retórica política de Rodríguez también ha cambiado notablemente respecto a Maduro.

Lo que ha empeorado

León advierte el escollo más peligroso del período: “Hay una dualidad clara. Por un lado, la apertura petrolera ha inyectado optimismo macro: la gente siente que el país se mueve. Pero, por otro, la mejora no llega al bolsillo al mismo ritmo. Las inversiones son lentas. El ciudadano ve el llamado 'nuevo momento político' en las noticias, pero no en su cuenta bancaria, y eso genera una sensación de fragilidad. Más que deslastrarse de figuras, Rodríguez está vendiendo funcionalidad. Si la economía camina, el discurso cuaja; si se estanca, se percibirá como otra promesa más”.

Marta Torrealba, profesora y periodista, encarna esa desconexión desde dentro. Con una cesta de la compra que supera los 600 dólares, las condiciones de supervivencia en la academia son tan precarias que el pasado 24 de abril las 23 universidades nacionales se sumaron a un paro.

“El pasaje de bus supera el salario mínimo mensual. Hay pasajes que cuestan 140 bolívares, mientras el sueldo mínimo es de 130 bolívares (0,23 euros). Sé de profesores que quedan en deuda con la Universidad Central de Venezuela porque su sueldo es menor a lo que les descuentan por el seguro médico; otros renuncian a este beneficio porque simplemente no pueden pagarlo. El sueldo quincenal de un profesor jubilado puede ser de cuatro bolívares, eso no alcanza ni para comprar un caramelo, porque un caramelo cuesta cinco”, relata.

El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo [...] Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado

Marta Torrealba — Profesora y periodista

Torrealba describe un declive que borró los logros de décadas anteriores: “A principios de los 90, los profesionales teníamos ingresos respetables. Yo incluso pude adquirir un inmueble donde vivo y todavía en el año 2000 compré un automóvil. Podías ir de vacaciones tranquilamente y ayudar a tu familia. Ahora, la mayoría de los profesionales lo que hacemos es sobrevivir. No tengo gastos para entretenimiento ni ningún tipo de lujo y tengo dos trabajos, como muchos profesionales y técnicos”.

La rendición de cuentas es otra ausencia que denuncia con indignación: “Nos manejamos con una opacidad total. No sabemos si EEUU realmente puso los recursos en el fondo de fideicomiso por la venta de petróleo, ni cuánto ingresó por la venta del oro. Delcy dijo que ese dinero era para salarios y hospitales, pero cuando llegas a un hospital tienes que llevar hasta los insumos básicos, te piden una lista como de preescolar. El aumento que anuncian para el 1 de mayo va a ser una decepción; los venezolanos sienten que no va a compensar la inflación”.

La figura de Donald Trump, vista al comienzo por algunos como un libertador, también acusa el desgaste. “El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo, según una encuesta de Meganálisis. Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado. Al contrario, hay un declive fuerte del ingreso con un dólar que ya ronda los 500 bolívares”, afirma Torrealba. Y añade: “La nueva ministra de Educación Superior le dijo claramente al sector universitario que no había dinero para el aumento salarial. Mientras no se controle el dólar, ningún aumento va a servir. El control tiene que ser del dólar, no de precios; eso ya se ha ensayado y no sirve para nada”.

A la espera del 1 de mayo

Después de 117 días, lo que Rodríguez ha conseguido es algo más sutil que un cambio de gobierno: ha conseguido tiempo. Tiempo para que la apertura petrolera se asiente, tiempo para que Washington cobre lo que vino a cobrar, tiempo para que el malestar de la calle se administre sin estallar. El 1 de mayo, día para el que la presidenta encargada anunció un incremento salarial, será la primera prueba de hasta cuándo se puede pedir paciencia a un país que lleva tres años sin aumento salarial.

“Es la misma gente”, resume Yaritza Pérez. Y Marta Torrealba, en la otra punta de Caracas, sigue haciendo cuentas para saber si esta quincena le alcanzará para un caramelo.

Nieto de uno de los fundadores de la Falange, hijo de uno de sus grandes adversarios, sobrino de uno de los cantautores más contrarios al franquismo, y también de Carmen Martín Gaite y Rafael Sánchez Ferlosio; Máximo Pradera creció rodeado de intelectuales que forman parte de la historia de España, a quienes ha reunido en Memorias de un nieto confuso (Navona).

Un libro en el que el escritor, periodista y musicólogo defiende que “cada familia es un campo de batalla ideológico disfrazado de álbum fotográfico”. El autor indica que la única diferencia de la suya con la del resto, es que esta batalla la libraron en público. Ahora bien, igual que al resto, a los sucesores les ha tocado heredar un pasado incómodo y tener que decidir qué hacer con él. Su elección: “Convertir el plomo de la herencia franquista en el oro de la provocación democrática”.

¿Cómo ha llevado ser nieto de Rafael Sánchez Mazas, fundador de la Falange y uno de los autores del Cara al sol? Una canción que ahora no se usa tanto, pero a veces sí.

Y puede llegar a sonar más si las cosas se tuercen. A mi madre no le gustó nada [la novela de Javier Cercas] Soldados de Salamina, a mí más. Viene a decir que Sánchez Mazas fue el gran ideólogo de la Guerra Civil, que sin él no la habría habido porque no habrían tenido soporte ideológico para alzarse. Mi padre me dijo cuando le pregunté que era una licencia literaria de Cercas. El peso ideológico de mi abuelo fue más bien accesorio, en detallitos, en el grito de “arriba España”, el yugo y la flecha; pero tanto como ser el gran ideólogo de la sublevación militar como dice el libro, no.

¿Por qué decidió escribir este libro sobre su familia en este momento?

En mi anterior hablé sobre mi experiencia con el cáncer, El cáncer y la madre que lo parió, que fue muy gorda porque es enfrentarte con la muerte, aunque ya estoy bien. Te cambia la mentalidad respecto a todo, la vida, tu familia. Probablemente, sin haber atravesado la enfermedad no lo habría escrito, pero ahora sí. Entre que me ha cambiado mi forma de pensar y me lo ha pedido mucha gente, llegó el momento.

Usted utiliza la provocación. Figuras como Trump, Ayuso o Milei son ahora mismo los maestros de la misma, ¿qué lugar ocupa en la actualidad?

Hay provocación buena y mala. El otro día comenté un tuit de Elisa Beni que era provocación chunga, porque es de esos opinólogos que lo que pretenden es tener razón a toda costa. Sacó uno absolutamente infumable sobre el derecho al odio, por la frase que había dicho Carlos Baute de la mona [el cantante alentó a los gritos de “fuera la mona” referidos a Delcy Rodríguez en un evento]. Hacía una cosa que me pone muy nervioso que es asociar lo humano con lo visceral y lo chungo. Lo humano también es la compasión, la inteligencia, la quietud, el análisis. Ese “es que somos humanos” se utiliza cuando nos equivocamos o excedemos, y no. Una de las grandes virtudes del ser humano es la compasión por el otro.

Lo que yo intento es practicar una provocación que va a al subtexto. Ahora podría provocar mucho, y creo que lo voy a hacer, a Baute, porque ha salido como si fuera un angelito diciendo: “Ay, me he equivocado, no soy racista”, porque ha visto que incluso le puede afectar comercialmente en la venta de sus discos. Se nota cuando la petición de disculpas no es sincera, sino que obedece a intereses comerciales.

Antes el libro era un objeto más respetado, ahora saca libros hasta Paz Padilla

Máximo Pradera — Escritor, periodista, guionista y musicólogo

Vivimos entre mucho ruido y parece que muchas veces la burrada de turno es lo que queda y no tanto cómo podemos contrarrestarla e incluso qué hay detrás de ese mensaje.

Sí. En España se ha producido un fenómeno, cada vez más creciente, que pertenece a intereses empresariales. Una tertulia es muy barata en relación al precio tiempo que ocupas en antena en televisión. Se lleva a gente que a lo mejor es fuerte en un campo, pero se le obliga a opinar de cosas que a lo mejor no tiene ni puta idea. Gente que antes de ayer no sabía que existía el estrecho de Ormuz, se lo ha leído en Wikipedia el día anterior y lo suelta simplemente porque la empresa le está pagando. Y la empresa está encantada, porque está rellenando tiempo. No hay contenido, hay relleno.

Hay muchísimo tertuliano bocachancla que traen porque es director de algún medio, por quedar bien en cámara, porque anima el debate, pero hay mucho deterioro de lo que es el periodismo. Siempre digo que si a todos los que dan opiniones en tertulias les obligaras a buscar una noticia al mes, se acabarían en una hora, porque buscar noticias es mucho más difícil que soltar cualquier parida.

Por ejemplo, he oído a Pablo Iglesias, al que no tengo ningún tipo de problema en llamarle 'el colectas', porque hago ese tipo de provocación, meterse mucho con elDiario.es. Como que es el periodismo de pijoprogres, pero el tío lo que hace es opinar sobre muchos temas que son exclusivas de elDiario.es. Por lo menos, reconoce el trabajo de los periodistas.

Su bisabuelo Víctor Pradera, que sentó las bases de lo que posteriormente sería el franquismo, era una persona muy bien formada. ¿Pecamos al pensar que un votante de Vox tiene que ser una persona iletrada o menos formada? Entender que haber estudiado mucho no te hace necesariamente una persona más progresista.

Mi bisabuelo era un intelectual. No hace falta ser ignorante para ser retrógrado, pero ayuda mucho, sobre todo lo peligroso es que haya muchos retrógrados. El autoritarismo, el falangismo, el fascismo ha encontrado una forma muy eficaz de sabotear la democracia, que es el principio de que yo tengo derecho no solamente a mis propias opiniones, sino a mis propios hechos, que es la realidad alternativa. Y que eso se considere normal, como el terraplanismo o la homeopatía. 

En el libro ahonda en la relación que su abuelo Rafael Sánchez Mazas tuvo con Franco.

Una de las historias que cuento es que Rafael Sánchez Mazas, además de falangista, fue ministro sin cartera durante el primer año de posguerra. Como era una persona intelectualmente muy dotada, con formación, y Franco era un zote, un general chusquero que no tenía ni puta idea de nada; le aburría muchísimo. Sus consejos de ministros podían durar cuatro o cinco horas, era eterno. A Franco le empezó a tocar las narices que mi abuelo llegara tarde. Un día preguntó por él y dijo que no le pusieran silla.

En su último Consejo, mi abuelo entró una o dos horas tarde y se encontró que no tenía donde sentarse. Tuvo que ponerse de pie en un discreto segundo plano como un alumno díscolo castigado. Cuando acabó, se acercó a Franco y este le dijo que ya no hacía falta que viniera más.

Mi capacidad para tocar las narices la he heredado en parte de mi abuelo porque las tocaba muy bien. En ese sentido es admirable, y no se le reconoce esa capacidad en Soldados de Salamina. Tenía un amigo falangista, Mourlane Michelena, que era muy pedante. Una vez le dio un zasca delante de todo el mundo, por postureo: “Mourlane, con el tiempo y esfuerzo que dedica usted a aparentar una cultura que no tiene, bien podría haberse construido una de verdad”. Yo estaría diciendo esa frase todo el día a todo el mundo, ese “qué estás diciendo si no sabes de qué estás hablando”. Estás en puro postureo. Ese era mi abuelo.

También ayudó a salvar la vida a Miguel Hernández. Finalmente, murió de tisis en la prisión de Alicante, pero estuvieron a punto de fusilarle bastante antes en Madrid. Mi abuelo, que tenía el privilegio de sentarse en el Consejo de ministros dijo “le pido la gracia para un poeta”. Consiguió salvarle la vida. Aunque solo sea por eso ya merece un lugar en la historia. 

Hablábamos del Cara al sol porque su abuelo estuvo involucrado en su composición, pero también tiene a su tío, Chicho Sánchez Ferlosio, que fue todo lo contrario, creando canciones protesta en el franquismo. ¿Qué papel tuvieron entonces? ¿Siente que ahora hay canción protesta?

No hay canción protesta. Cuando me llevaba bien con Pablo Iglesias, cuando Podemos era la Patrulla-X, que estaba Bescansa, Errejón, Monedero, antes de que este se los fuera puliendo uno a uno; adapté una canción de Munárriz que se llamaba Vamos a decir que no, para uno de los mítines que iba a hacer en plena efervescencia del 15M. Estuve a punto de irla a cantar.

La música es un cohesionador de la gente. Funcionó de maravilla en los años sesenta, y ahora, los movimientos sobre todo de izquierdas, no tienen himnos. No se canta. Qué habría sido del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos sin Joan Baez y We Shall Overcome, las canciones que cantaban. Los echo mucho de menos. En el tardofranquismo hubo muchísima canción protesta, no solamente de Chicho Sánchez Ferlosio, sino de Aute, Rosa León, Paco Ibáñez, muchísima gente con talento que te daba ánimos con lo que cantaba, las letras y las músicas. La gente necesita cantar.

Cuando habla en el libro de su tía Carmen Martín Gaite señala que le enseñaron que la literatura puede construir en vez de destruir, ¿sigue pensando igual?

Se ha deteriorado bastante. El otro día salió una noticia diciendo que el 50% de libros de España no vende ni un solo ejemplar. Hay una sobrepublicación. Antes el libro era un objeto más de lujo en el sentido no de dinero, que también supongo que comprar libros nunca ha sido agradable para el bolsillo; pero era un objeto más respetado. Ahora saca libros hasta… me acuerdo de Paz Padilla yendo a una recepción del Cervantes como escritora y la reina saludándola. No sé, están ocurriendo cosas muy insólitas. El concepto de autor se ha abaratado.

Mi padre abarató el libro, en el sentido bueno de la palabra. Siempre que se habla de Javier Pradera se hace de su parte política, militante y periodística. Pero él fue muy importante a la hora de abaratar el libro en el sentido económico, porque Alianza, la editorial que ayudó a cofundar, puso al alcance de generaciones españoles libros importantísimos, a los que no teníamos acceso en los sesenta y setenta porque eran de tapa dura y valían una pasta. Desde Kafka, Hermann Hesse, Freud. Con el libro de bolsillo de Alianza Editorial. Me gusta reivindicar su papel en la historia de España porque pienso que el libro de bolsillo de Alianza Editorial también lo es.

Vídeo de la entrevista completa

Vídeo: Adrián Torrano

Lo primero que le dijeron a la familia es que había muerto de un accidente de tráfico. Pero cuando su padre acudió al hospital y le dieron la vuelta al cuerpo inerte de su hijo, descubrió el orificio de un disparo. La bala nunca apareció. El joven malagueño Manuel García Caparrós se convirtió el 4 de diciembre de 1977 en una de las víctimas de la violencia policial que durante aquellos años acabó con la vida de decenas de ciudadanos en huelgas y protestas, tanto en los últimos años de la dictadura como en el momento en que la muerte de Franco no había acabado con la represión a pesar del relato idílico de una Transición pacífica que todavía tiene ecos hoy.

“Son víctimas que tenían una familia, padres, hermanos... Eran muy jóvenes y les quitaron la vida de una manera cruel por pensar diferente. Llevamos luchando 50 años para que no haya víctimas de primera y de segunda”, sostiene Dolores, una de las dos hermanas de Manuel. Ambas recibirán pronto la indemnización de 250.000 euros que les corresponde por ser familiares de quienes fallecieron “en defensa de las libertades y derechos democráticos” entre 1968 y 1978, tal y como reconoce el decreto recién convalidado por el Congreso que reactiva y amplía las ayudas puestas en marcha en su momento por la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La familia Caparrós, que se quedó entonces sin indemnización, es una de las que ahora sí encaja en el supuesto del nuevo decreto, que se tramitará como proyecto de ley para incluir una extensión temporal todavía mayor, hasta 1983, como ha exigido ERC. La norma nace con vocación de solventar las lagunas de la ley anterior, que dejó fuera a quienes hubieran sido asesinados o heridos más allá de 1977, y amplía las cantidades a percibir. “Es un orgullo haber podido lograr este reconocimiento”, apunta Dolores sobre su hermano, al que el Gobierno denegó el pasado febrero la condición de víctima del terrorismo.

Manuel murió de un disparo policial durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, pero nadie fue nunca juzgado por ello y el caso se cerró en 1986. Desde entonces, sus hermanas han peleado por mantener viva su memoria y acceder a la Justicia y por eso para ellas la indemnización es importante, pero no suficiente: “Nuestra familia se hundió, no hay dinero en el mundo que pueda pagar ese destrozo”. La mujer reconoce que, más allá de la ayuda, seguirá insistiendo en saber qué ocurrió realmente aquel día. “Mientras nosotras tengamos un soplo de vida, lucharemos por saber la verdad. Él acudió a la manifestación como uno más y fue el único que no volvió a casa”, apunta.

Aunque al decreto del Gobierno le queda aún por delante el trámite en el Congreso, ya son más de una decena las indemnizaciones que se han reconocido desde su entrada en vigor, según adelantó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Además de por fallecimiento, el nuevo texto estipula ayudas de 500.000 y 180.000 euros para quienes tienen gran incapacidad o incapacidad permanente absoluta derivadas de heridas sufridas en ese contexto. El decreto permite que quienes cobraron en su momento por la Ley de Memoria Histórica puedan solicitar ahora una compensación por la diferencia, aunque para calcularlo, la cantidad abonada anteriormente debe ser “actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero”, que es hoy superior que entonces.

Es lo que ha hecho Francisco Javier Almazán, hermano de Ángel, que murió en el hospital en diciembre de 1976 a causa de “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación” celebrada en Madrid contra la Ley para la Reforma Política, según destacó el ministro el otro día en el pleno. “Ha sido la primera vez que se ha dicho oficialmente que los autores fueron policías. Si lo hubieran reconocido en 1976 quizá no hubiera empezado esta pelea”, señala Francisco Javier, que en 1999 intentó que el Estado otorgara a Ángel el estatus de víctima del terrorismo sin éxito.

Sí fue reconocido como víctima del franquismo en una declaración de reparación que admitía que la protesta a la que acudió había sido “reprimida violentamente por la policía”, pero para Francisco Javier era importante que se afirmara oficialmente la responsabilidad en su muerte. Es algo que no se ha llegado a reconocer en sede judicial: en su momento, el caso lo juzgó la Jurisdicción Militar porque había integrantes de la Policía Armada implicados, lo que conllevó que la familia no pudiera tener un abogado en el proceso. Se interrogó a tres policías, pero a los días el caso se cerró apuntando a que no se podía demostrar la autoría de los hechos.

Mismos hilos, distintos casos

Las distintas caras de la historia comparten los mismos hilos que se entrelazan en otras, como si todas formaran parte de un mismo relato: las víctimas de esta violencia eran muy jóvenes, murieron en el transcurso de movilizaciones políticas en los últimos años de la dictadura o la Transición y sus familias tuvieron que enfrentarse a versiones oficiales alejadas de la realidad y a una Justicia que no les dio ni les da todavía respuesta. También a un olvido y a un silencio que aún hoy permanece. En todos los casos, las familias quedaron rotas y arrastraron un dolor y una falta de reconocimiento que ha empezado ahora a romperse, pero que llega tarde para muchos.

Cuando a Ángel el Estado le reconoció como víctima del franquismo, sus padres ya tenían Alzheimer y no llegaron a enterarse. “Bendito Alzheimer”, dice paradójicamente Francisco Javier. Porque “les borró la memoria y les hizo olvidar lo que había pasado. No he visto a mi madre tan feliz nunca”. Mientras Ángel estaba aún en el hospital después de la manifestación tras la que perdió la vida, a su familia le dijeron que estaba grave porque se había golpeado con una farola. “Mis padres fueron a verle a La Paz y cuando volvieron, mi madre dijo: nos lo han matao. Y qué razón tenía”, recuerda su hermano. Aguantó cinco días más.

Como tantos otros, Francisco Javier ha intentado en los últimos años reabrir la vía judicial y que se reconozca que fue un homicidio “enmarcado en los crímenes de lesa humanidad” del franquismo y años posteriores, pero se ha topado con el archivo de la querella. Por eso, más allá del decreto que otorga ayudas económicas a las víctimas, pelea por “el reconocimiento como verdad judicial” de lo sucedido, aunque no se condene a nadie. Un muro es también con lo que se ha encontrado judicialmente la familia de Víctor Pérez Elexpe, el joven comunista asesinado por un guardia civil en Portugalete en enero de 1975 mientras repartía folletos en solidaridad con una huelga.

“Exigimos dejar de ser víctimas de segunda, queremos los mismos derechos y consideración que las oficialmente llamadas víctimas del terrorismo. Nosotros también lo somos, de un terrorismo no reconocido pero no por ello menos grave y menos condenable: el terrorismo de Estado”, apuntan María Rosario, María José y Fermín Pérez Elexpe, hermanos de Víctor, en una respuesta conjunta por escrito en la que, a pesar de todo, agradecen el apoyo de los amigos, los compañeros de partido, los abogados y los sacerdotes que “acompañaron” a sus padres en “los momentos de dolor”.

En su caso, también han sido reconocidos ya por el Gobierno para recibir la diferencia de indemnización entre lo que cobraron en 2010 –actualizado a fecha de hoy– y lo aprobado ahora, pero coinciden con el resto en que “lo más importante” son “las indemnizaciones morales y judiciales” que aún están pendientes. “El dinero lo hemos usado, en parte, en tribunales, psicólogos y tratar de aprender a llevar una vida rota”, señalan al tiempo que recuerdan como, su otro hermano Ignacio falleció en 1996 tras “buscar refugió en la droga al no llegar a comprender nunca por qué no se podía hacer justicia”. “Destrozaron a la familia”, apuntan.

Los tres reclaman ahora una declaración institucional en las Cortes “que deslegitime el franquismo” y este tipo de crímenes: “Cada vez que nos niegan, vuelven a asesinar a nuestro hermano”, subrayan. Como en el resto de casos, hubo una primera versión que señaló “que había muerto en un enfrentamiento con el guardia civil Narciso San Juan del Rey, que era vecino y conocido del barrio –sostiene la familia–, pero hubo muchos testigos que acreditaron que Víctor no portaba ningún arma y no hubo ningún enfrentamiento, sino que le disparó por la espalda”. La vía judicial acabó con un sobreseimiento del caso.

La “responsabilidad” del Estado

La aprobación del decreto es celebrada por las familias y las asociaciones que las agrupan, sobre todo porque corrige la ausencia de indemnizaciones económicas en la Ley de Memoria Democrática, que nació en 2022 sin ellas. Sin embargo, la reflexión más compartida es la de que no es suficiente y apuntan a que estarán “vigilantes” ante su aplicación práctica. Además, reclaman que en el trámite como proyecto de ley se alargue el periodo de aplicación, tal y como ya ha acordado el PSOE con los partidos de izquierdas. Por su parte, PP y Vox votaron en contra de la reforma usando argumentos como que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede decir que no había libertad ni democracia”.

En la práctica, las cantidades que reconoce el decreto son algunas de las que se reconocen ya para las víctimas del terrorismo, pero estas reciben también una ayuda si tienen una incapacidad total o parcial, que son dos supuestos no reconocidos en esta norma. Algo que lleva a Andoni Txasko, una de las víctimas de las actuaciones de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco obreros, a señalar “las carencias” de las que a su juicio “peca” la normativa. “Hay otra mucha gente que fue herida y que tiene secuelas, pero no se las reconoce”, afirma Txasko, que fue indemnizado en 2010 porque, debido a la brutal paliza que le propino la policía horas después de la masacre, se ha quedado con un 2% de visión.

Txasko reconoce que las indemnizaciones “son un derecho”, pero recalca que “lo principal” para las víctimas es “el reconocimiento integral”. “No se puede vender que nos equiparan a las víctimas del terrorismo porque no es verdad”, dice el miembro de la Asociación 3 de marzo, que pone el foco en la “paradoja” que supone ser reconocidos como víctimas por la defensa de la democracia y por sufrir “una violencia que nunca debió producirse”, como figura en la declaración de reparación personal que él mismo ha recibido, pero “no reconocer la responsabilidad por parte del Estado en lo sucedido”. “Pedimos que se haga una declaración al más alto nivel admitiendo esto”, clama.

Esta y la reclamación del acceso a la justicia son también los ámbitos en los que está poniendo todos sus esfuerzos la familia de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que sigue buscando respuestas medio siglo después de su muerte. Sus hermanas han pedido la reparación económica a la que tienen derecho a la luz del nuevo decreto, pero sobre todo exigen saber la verdad. El joven murió el 5 de marzo de 1976 en Tarragona en una manifestación convocada en protesta precisamente por lo ocurrido en Vitoria dos días antes y, según la versión policial, falleció al caer al vacío desde una azotea cuando le perseguía la Policía Armada.

Su cuñado, José Antonio Giménez Giménez, estaba con él aquel día y vio como Juan Gabriel entraba en un portal seguido por dos agentes. Lo que pasó dentro no se sabe, pero recela del atestado policial, que es “un auténtico disparate” que incluye el supuesto recorrido que hizo el joven antes de caer, como “si hubiera saltado de ventana en ventana, incluso a otros edificios distantes a unos tres o cuatro metros”. El sumario judicial concluyó que había sido una muerte por accidente, pero ahora la familia ha pedido la exhumación del cadáver y un nuevo análisis forense, además de que confían en que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática revise el caso y pueda arrojar algo de luz. “Las indemnizaciones son importantes, pero después de 50 años resulta un poco secundario”, concluye José Antonio.

“Que no se mueva un varal”. La orden del capataz que pide que el movimiento sea tan mínimo que ni se note en la estructura que sostiene los palios de los pasos de Virgen es una expresión muy propia del mundo de las cofradías en Sevilla, pero alguna que otra vez también se usa fuera del ámbito de las hermandades con el sentido de que todo siga igual, que nada cambie. Y esto fue lo que pasó en la Semana Santa de 1976, que tras la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975 era en teoría la primera de la democracia pero en realidad fue la última del franquismo, sin prácticamente cambios. Eso sí, el contexto social y político iba poco a poco moviéndose, en medio de una galopante crisis económica que incluso lanzó a la calle a las amas de casa en protesta por el encarecimiento de la cesta de la compra.

“No se movió ni un varal, ni en Semana Santa ni en ningún otro tema”, abunda Isidoro Moreno Navarro, catedrático emérito de Antropología de la Universidad de Sevilla, uno de los primeros en enfocar desde esta disciplina el mundo de la religiosidad popular y en aquel abril de 1976 uno de los dirigentes del antifranquista Partido de los Trabajadores de España (PTE) en Andalucía (PTA). “Aquella Semana Santa no se notó absolutamente nada” la muerte del dictador no hacía ni cinco meses, “la represión y las autoridades eran las mismas porque querían hacer con Franco lo mismo que con el Cid Campeador”.

“En realidad fue la última Semana Santa del franquismo, había pasado muy poco tiempo y aquello seguía todo igual”, recuerda Antonio Zoido, historiador, presidente de la Fundación Machado y por entonces también con responsabilidades en el PTE, “todavía usábamos los nombres de guerra” en un partido que seguiría año y medio en la clandestinidad. Eran tiempos en los que los grises seguían muy presentes “y de vez en cuando mataban a alguien”, aunque “había ya huelgas y se veía que los sindicatos iban a ser los primeros en ser legalizados”.

Las cofradías, algo tercermundista

“No fue realmente una Semana Santa democrática, fue todavía predemocrática”, señala por su parte Manuel Jesús Roldán, autor La Semana Santa de la Transición (Sevilla, 1973-1982), de la editorial El Paseo. “Fueron unos días tranquilos, con las representaciones militares típicas” y en la que hubo una tensión a tres bandas: “la Iglesia era casi más demócrata que el propio régimen”, señala, pero se las tenía tiesas con las hermandades. El propio Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, “vino a decir que las cofradías eran algo propio del tercer mundo”. Aquello cayó como una bomba en Sevilla.

Pese a todo, los deseos de cambio son irrefrenables, con trabajadores y estudiantes como motores para materializarlo. El Domingo de Ramos fue el 11 de abril, después de un marzo intenso con protestas, huelgas y hasta una insospechada manifestación de amas de casa para protestar por la carestía de la cesta de la compra y reclamar subidas de sueldos para sus maridos, que eran los que trabajaban en un momento en el que la mujer no estaba precisamente incorporada al mercado laboral. Todo ello, señales de una decadencia estructural, económica y social, con los coletazos de la crisis del petróleo, el cierre de industrias, el paro y la inflación desbocados y con los condenados por su actividad política todavía en prisión.

“Es un año de incertidumbre en todo”, resume Moreno, del que el año pasado Almuzara reeditó sus estudios bajo el título genérico de La Semana Santa de Isidoro Moreno. “Hay mucho miedo” en general, incluida la posibilidad de “algún atentado de ETA o del Grapo a las cofradías más significadas”, pero no flota en el ambiente –ni mucho menos– el riesgo de un choque entre elementos de ultraderecha y ultraizquierda. “Es la última Semana Santa del franquismo, pero no del nacionalcatolicismo”, resalta, un movimiento que por cierto en Sevilla derivará en lo que define como un “municipal-cofradierismo insano” por el “parasitismo mutuo” entre las hermandades y la política local.

Movimientos cristianos socialistas

“Aquella Semana Santa viajé mucho por Andalucía por motivos políticos”, rememora Antonio Zoido, y es que, “como teníamos muchos militantes que eran profesores”, se aprovechaban los días festivos para tener reuniones comarcales. “Había movimientos cristianos que en buena parte eran socialistas y estaban muy metidos en las hermandades”, una corriente que no cristalizó en un partido propio mientras por estos lares florecían los curas obreros y “se compaginaban perfectamente las creencias marxistas con la pertenencia a una cofradía”.

“Las hermandades eran un mundo conservador pero los sindicalistas estaban también muy metidos”, enlaza Manuel Jesús Roldán, y se empieza a reivindicar un protagonismo más social de estas corporaciones más allá de su mera presencia en la calle. Hay una cofradía, por ejemplo, que rifa por entonces una televisión en color para recaudar fondos para ayudar a niños sin recursos, señal de que empiezan a cambiar las cosas cuando hasta entonces “su papel a lo largo del año era mucho más reducido, sólo litúrgico y sin salidas extraordinarias”.

En base a la nueva Ley de Régimen Local, Fernando Parias Merry había sido elegido alcalde de una Sevilla en plena sequía y con fuertes restricciones al consumo, mientras las barriadas más populares tienen problemas hasta con el alcantarillado y empiezan a surgir las asociaciones de vecinos. El andalucista Alejandro Rojas Marcos, por entonces dirigente de la Alianza Socialista de Andalucía (ASA), vuelve del exilio y da el 20 de febrero el que se tiene como primer mitin desde antes de la Guerra Civil, disfrazado de conferencia impulsada por el Grupo Organizador de Reuniones Culturales y Artísticas (Grupo Gorca), al que el acto le cuesta la apertura de un expediente por el Gobierno Civil. Un día antes, por cierto, se había izado la bandera andaluza en el balcón del Ayuntamiento hispalense.

“Más salarios para nuestros maridos”

Las huelgas de trabajadores municipales se liquidan poniendo directamente a soldados en esos puestos, pero lo que mejor evidencia cómo están las cosas es la ya apuntada protesta de las amas de casa, con sus carteles de Congelación de precios, Mercado libre o Más salarios para nuestros maridos. La manifestación se celebra el 1 de marzo, en plena Cuaresma, y según la crónica de Senda hacia el socialismo (órgano del comité provincial de Sevilla del PCE), participaron unas 400 mujeres que, cuando les quitaron las pancartas, “mantuvieron alzadas las bolsas de la compra vacías” para que quedara bien claro por qué se manifestaban.

Ya en febrero de 1977, cuando todavía estaba por celebrar una Semana Santa en la que sí que empezaron a ser evidentes los cambios, el vespertino Informaciones de Andalucía publica unas encuestas que el periodista Antonio Crespo envía a los líderes locales de todo el espectro político. “Ahí se ve que la diferencia no es tanto ideológica sino cómo se entiende la Semana Santa, si como algo religioso o como una fiesta popular con dimensión religiosa”, comenta Isidoro Moreno.

“En ese momento era una fiesta popular secuestrada por los sectores más de derechas para recalcar su carácter religioso”, continúa, cuando considera “de chiste” intentar separar lo religioso de lo cultural ya que “lo religioso es una parte de lo cultural”, defender lo contrario es “de una ignorancia supina” y “una monstruosidad en términos de antropología”. En este momento, “parte de la izquierda redefine su papel” con respecto a las hermandades, “pero otra sigue instalada en un anticlericalismo naif más propio del XIX”, unos “paleomarxistas” que aceptan la interpretación dominante de la derecha y no entienden que “laicidad no es igual que laicismo: uno no participa en la Semana Santa como cargo político sino como individuo”.

Iglesias de garaje versus parafernalia cofrade

Aquel mismo Domingo de Ramos, tira de memoria Antonio Zoido, se celebró una reunión del comité andaluz del Partido de los Trabajadores “y yo estaba como loco por acabar porque me iba a perder todas las cofradías”. A eso de las once de la noche, se levantó y dijo que se iba a ver la Hiniesta de recogida, a lo que le preguntó la esposa del secretario general si le podía acompañar. Allá que se fueron los dos a verla entrar en su templo y cuando se dio cuenta la mujer, “una catalana no creyente que nunca había visto una procesión en Sevilla”, estaba con lágrimas en los ojos y sin poder explicar por qué se había emocionado.

“Las hermandades estaban todavía con una crisis que empezó en los años 60”, relata por su parte Manuel Jesús Roldán, ya que su parafernalia “chocaba con la estética post Vaticano II y lo que se llamó las iglesias de garaje, muy sencillas”. Las cofradías, curiosamente de las escasas entidades en los que se votaba democráticamente durante el franquismo, no esconden su miedo a una izquierda que está esperando su momento. “Estos acaban con la Semana Santa” es una frase muy repetida entonces, para después sorprenderse con que “había gente muy capillita” empezando por el primer alcalde democrático, el andalucista Luis Uruñuela.

Ese 1976 ya se permite abrir a los cines Viernes y Sábado Santo, algo impensable antes por el luto oficial por la muerte de Cristo, “e incluso se cuela alguna película de destape”, indica Roldán, y los temores anticofrades no sólo no se confirman sino que hay “una explosión espectacular de lo popular”. “Temían el debilitamiento del nacionacatolicismo y fue al revés, la etapa democrática activaría a las hermandades”, comparte Moreno, que sitúa en 1980 cuando de verdad se nota en la Semana Santa el nuevo periodo político. Eso será tras las elecciones municipales de 1979 y al abrigo del primer ayuntamiento democrático... formado por una coalición de partidos de izquierdas tras un pacto PSA, PSOE-A y PCE.

El Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley que regula las indemnizaciones a las víctimas o sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición. El texto, que ha contado con el apoyo en contra del Partido Popular y Vox y la abstención de Junts, reforma la Ley de Memoria Democrática para ampliar el margen temporal que ya estaba previsto en la anterior ley, la de 2007, que reconoció estas reparaciones hasta el 31 de diciembre de 1977. La idea inicial del Real Decreto era alargar la fecha un año más, hasta diciembre de 1978, pero un acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y ERC hará que el periodo se amplíe todavía más, hasta 1983, según confirman ambas partes.

El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, será ahora tramitado en el Congreso en forma de proyecto de ley para seguir debatiendo las exigencias de las formaciones de izquierdas como ERC, Bildu o Podemos, que han coincidido en reclamar la extensión temporal de la medida. Y eso porque 1983 es el límite que deja establecida la propia Ley de Memoria Democrática al reconocer las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron contra personas que peleaban “por la consolidación de la democracia”.

La reforma legal reconoce “el derecho a una indemnización” de 250.000 euros a los familiares de quienes fallecieron desde el 1 de enero de 1968 “en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos”, no pudiendo recibirlas aquellos que hubieran pertenecido a bandas o grupos armados terroristas. Para aquellas personas que fueron heridas y que hoy tienen reconocida una incapacidad por ese motivo, se recogen dos tipos de ayudas: una de 180.000 euros para quienes tienen incapacidad permanente absoluta y de 500.000 euros para los que tienen gran incapacidad.

En la práctica, estas cantidades son las que ya se reconocen para víctimas del terrorismo, según la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que incluye otros dos supuestos de incapacidad –total y parcial– no reconocidos en esta. Las víctimas del tardofranquismo no podrán recibir el pago si ya han recibido alguna otra compensación económica por los mismos hechos, aunque si es menor, podrá actualizarse y compensarse.

De esta forma se amplía el límite temporal y se actualizan las cantidades que ya puso en marcha la Ley de Memoria Histórica de 2007 en su momento y que iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. El nuevo texto reconoce que aquellas víctimas que hubieran recibido estas indemnizaciones entonces, pueden solicitar ahora una compensación por la diferencia. “El tiempo ha demostrado que el régimen de compensaciones de 2007 era insuficiente. No estamos hablando de números, sino de personas afectadas o sus familiares si es que han fallecido, de vidas truncadas y de sufimiento sin fin”, ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

“Tenemos una deuda con estas personas que dejaron su vida, su integridad física o los mejores años de sus vidas. Debemos reconocer el esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas que pelearon para que hoy disfrutemos de un sistema democrático habiendo dejado atrás la ignominia franquista”, ha apuntado Torres, que aunque ha reconocido que “desde el punto de vista económico” esa deuda “es impagable”, la intención es saldarla en la medida de lo posible mediante las indemnizaciones que regula el decreto.

El Gobierno dio luz verde a este Real Decreto al calor de las reclamaciones de las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. Varios portavoces andaluces de los partidos que han apoyado el texto han recordado el asesinato del joven y han rememorado las historias de otras tantas víctimas, en su mayoría asesinadas por actuaciones policiales durante la Transición, en huelgas, movilizaciones o protestas de díversa índole.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha avanzado que el Gobierno ha recibido ya medio centenera de solicitudes desde la entrada en vigor del Real Decreto y ha aceptado 15, entre ellas la de García Caparrós. También la de Víctor Manuel Pérez, que con 23 años fue asesinado de dos disparos por la espalda en Portugalete “por el mero hecho de repartir octavillas de una huelga”, o la de Amador Rey, que en marzo de 1972 “dejó viuda y tres hijos” tras ser asesinado por la policía franquista durante una huelga en Ferrol. Además, se ha aceptado la solicitud de la familia de Ángel Almazán, que murió en el hospital en 1976 por “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, ha apuntado Ángel Víctor Torres.

Una “aberración histórica”

Las formaciones políticas que han apoyado el Real Decreto han aplaudido la nueva medida, pero han coincidido en calificarla de “insuficiente”, sobre todo en lo que respecta al margen temporal que contempla el texto tal cual salió del Consejo de Ministros. “Sigue sin reconocer a todas las víctimas”, ha señalado la diputada de Bildu Isabel Pozueta, una petición que también han reclamado desde Podemos, el BNG o ERC. La formación catalana ha llegado a un acuerdo con el PSOE para “corregir” algunos puntos de la norma, según ha dicho durante el debate en el pleno el diputado Francesc Marc Álvaro Vidal y han confirmado ambas partes.

“Señor ministro, hay que hacer una revisión de los requisitos de acceso e hilar mucho más fino para evitar exclusiones injustificadas de víctimas. Los criterios tienen que estar clarísimos”, ha afirmado el parlamentario. Según han trasladado fuentes de ERC, el acuerdo con el Gobierno también pasa por la ampliación del plazo para presentar las solicitudes hasta los tres años desde la entrada en vigor del decreto frente al año contemplado ahora y la garantía de que casos como el de Salvador Puig Antich, ejecutado por el régimen franquista en 1974, también sean amparados.

Como es habitual en las medidas que tienen que ver con la memoria democrática, PP y Vox han cargado contra el Gobierno y el texto calificándolo de “despropósito jurídico y aberración histórica”, en palabras del diputado popular Pedro Muñoz Abrines. Tras denunciar “fraude procedimental” del Ejecutivo por reformar la Ley de Memoria Democrática vía Real Decreto, lo que a su juicio no se justifica por razones de urgencia, el parlamentario ha cuestionado el espíritu de la norma al defender que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede defender que no había democracia ni libertad” porque entonces “no existía Franco ni la dictadura”.

Más lejos ha ido Ignacio Hoces, de Vox, que ha asegurado que la oposición antifranquista “no luchaba por la democracia liberal” sino que partidos como el PSOE o el Partido Comunista “eran revolucionarios marxistas” y fueron “instrumentos de la ideología más totalitaria que ha visto Europa en el siglo XX”. Hoces ha nombrado el Real Decreto como un “nuevo episodio de la mentira histórica” de “la ziquierda y los separatistas” y ha vuelto a poner sobre la mesa a la banda terrorista ETA para justificar su oposición, algo que también ha hecho el representante del PP. “Olvidan lo de ayer pero recuerdan lo de hace 90 años. Son crueles con las víctimas de hoy”, ha sostenido.

En mayo, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) pondrá en marcha los servicios especializados para personas trans en su red de atención primaria. Habrá uno por cada territorio histórico. Estará disponible en el centro de salud del Casco Viejo de Donostia, en Gipuzkoa; en el ambulatorio de Deusto de Bilbao, en Bizkaia; y en el centro de salud Lakua-Arriaga de Vitoria, en Álava. Se trata de una de las medidas incluidas en la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi, presentada este jueves.

Este servicio ya había sido anunciado hace un año, el 31 de marzo de 2025, Día Internacional de la Visibilidad Trans. En aquel momento se indicó que se pondría en marcha a lo largo de 2025, sin concretar fechas. Hasta ahora, la atención sanitaria a personas trans se concentra en la Unidad de Identidad de Género (UIG) del hospital de Cruces, en Barakaldo.

El médico especialista Oskar Ayerdi ha explicado que el servicio permitirá realizar dos consultas iniciales con profesionales de enfermería y psicología. Estas tendrán como objetivo garantizar y planificar “un acompañamiento que respete las diversidades, la autodeterminación y las distintas necesidades que cada persona manifieste”.

Junto a este servicio, se plantea una “descentralización progresiva de determinados procedimientos”, entre los que destacan la terapia hormonal, algunas intervenciones quirúrgicas y la reproducción asistida. La unidad de Cruces se mantendrá como referencia para los casos de mayor complejidad.

La directora general de Osakidetza, Lorea Bilbao, ha señalado este jueves que la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi busca ofrecer un servicio “integral”. Para ello, se ha contado con más de 40 redactores: asociaciones, profesionales sanitarios y personas trans junto a sus familias. El documento tiene como objetivo que la Sanidad pública sea un espacio donde estas personas se sientan “escuchadas, respetadas y seguras”.

Ayerdi ha detallado que la guía incluye un recorrido histórico del tratamiento sanitario a las personas trans en Euskadi, una fotografía actual del servicio y un plan de acción. Ha señalado que el documento responde a las “necesidades de una sociedad cambiante” y que constituye “una forma de consolidar la unidad y la red”, facilitando la distribución de tareas.

La guía responde al artículo 22 de la ley aprobada en 2024 por el Parlamento Vasco. Precisamente esta misma semana se ha anunciado también que, al calor de ese texto, se ha decretado el 20 de noviembre como día de la memoria trans. La ley fijó que Osakidetza debería arbitrar “medidas adecuadas”, en colaboración con asociaciones, profesionales de la salud, personas trans y sus familias, “para asegurar el derecho del personal profesional a recibir formación específica en materia trans”. Y siempre desde el enfoque de la despatologización.

El periodista Fernando Ónega, cronista de la Transición española, ha muerto este martes a los 78 años. Según ha informado 65ymás, periódico del que era presidente, la capilla ardiente estará abierta este miércoles en la Casa de Galicia de Madrid.

Nacido en Mosteiro (Lugo) en 1947 se definía así: “Periodista y gallego, no sé en qué orden...”. Comenzó su carrera periodística en su Galicia natal, donde con 15 años empezó a escribir una página semanal en El progreso de Lugo. Fue en Madrid donde desarrolló gran parte de su carrera, llegando a ser director de prensa durante la presidencia de Adolfo Suárez.

Ónega escribió buena parte de los discursos de Suárez, entre ellos el emblemático Puedo prometer y prometo. Este fue uno de los discursos que han trascendido como uno de los símbolos de los años de la Transición.

Sus años con Suárez le permitieron conocer el poder “desde dentro” y la “grandeza” de algunas personas, como Santiago Carrillo, Felipe González o el propio presidente del Gobierno. Lo escribió en Puedo prometer y prometo. Mis años con Adolfo Suárez (Plaza y Janés, 2013), una especie de memorias mezcladas con la crónica de la trayectoria política, personal y sentimental de Suárez.

En la radio, inauguró el comentario político en mayo de 1978, en Hora 25 de la Cadena SER. En la SER y, después, en COPE llegaría a ser director de informativos. Y, en Onda Cero, director general. En esta última emisora, colaboró con Luis del Olmo, con Carlos Herrera, en Más de Uno y La Brújula. En televisión, ha sido director de varios programas en RTVE, así como director de relaciones externas de la cadena pública.

Siendo director de informativos de la Cadena SER vivió la cobertura del golpe de Estado del 23F, del que hace unas semanas se cumplieron 45 años. “Ese fue mi estreno radiofónico auténtico”, contaba en el podcast Maestros del Periodismo, de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). “Mantuvimos informada a la sociedad en todo momento”. Eso, la decisión de seguir emitiendo en directo, supuso, según Ónega, “un punto de inflexión en el periodismo tras 40 años de franquismo”.

En 2020 recibió su tercer Premio Ondas por su trayectoria profesional. El jurado reconoció “su fecunda carrera en la radio, tanto en su faceta directiva como ante el micrófono, desarrollada en las principales cadenas”. “Fue pionero de la incorporación de los espacios de opinión en la radio, y sigue todavía hoy aportando una mirada ponderada sobre la actualidad”.

Tras más de 30 años en Onda Cero, en septiembre de 2022, decidió retirarse de forma voluntaria. “Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana, me he olvidado de que había puentes, no he disfrutado de un solo puente en toda mi vida”, aseguró entonces.

Cada 3 de marzo, Vitoria-Gasteiz se detiene para recordar a Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, trabajadores asesinados en 1976 por parte de la Policía Armada, así como a las decenas de personas que resultaron heridas. No es una fecha más en nuestro calendario. Es una herida en nuestra memoria colectiva y, al mismo tiempo, un compromiso permanente con la verdad, la justicia y la reparación.

El comienzo de año de 1976 fue el inicio de un largo periodo de numerosas movilizaciones en toda España, con más de medio millón de trabajadores en huelga desde principios del mes de enero y que venían motivadas por dos reivindicaciones: la creación de un sindicato libre, independiente del sistema político franquista y la mejora de las condiciones laborales.

Y en Vitoria estas movilizaciones fueron especialmente activas, tanto por los propios trabajadores, como por las marchas organizadas y protagonizadas por sus mujeres, que recorrían diariamente las calles de la ciudad como muestra de apoyo a sus maridos.

Era un contexto en el que la libertad sindical y el derecho de huelga y reunión no estaban garantizados, ni se daban las garantías propias de un Estado de Derecho, alcanzadas en 1978 con la aprobación de la Constitución española.

Ese 3 de marzo de 1976, 5.000 trabajadores se encontraban dentro de la Iglesia de San Francisco de Asís celebrando la asamblea número 241 desde el día 1 de enero del mismo año, con el único objetivo de debatir y coordinar sus reivindicaciones laborales. En ese contexto de debate, de tertulias compartidas, de pensamiento colectivo, la Policía Armada decidió entrar a la iglesia lanzando gases lacrimógenos en su interior para desalojar a los trabajadores que se encontraban allí reunidos. Y cuando éstos intentaron salir y huir y, a pesar de estar completamente desprotegidos, la Policía decidió atacarles, produciéndose cargas y disparos con armas de fuego. El resultado ya es sabido por todos. 

Los hechos acaecidos en Vitoria ese día 3 de marzo de 1976 agitaron a todo el país, provocando un gran enfado social, reconociendo hasta el propio ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, que las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Armada fueron “lamentables”, aunque jamás asumiera ningún tipo de responsabilidad política, y justificando los actos en aras del mantenimiento del orden público. 

Hoy, medio siglo después, los derechos laborales forman parte del núcleo de nuestro Estado social y democrático de derecho. La negociación colectiva, la libertad sindical, el derecho de huelga y la protección frente a los riesgos laborales no son concesiones que nos hayan venido regaladas: son conquistas históricas. Conquistas que debemos cuidar cada día, desde el diálogo social, desde el cumplimiento de la ley y desde la responsabilidad compartida de empresas, trabajadores y administraciones.

Como subdelegada del Gobierno en Álava, y en nombre del Gobierno de España al que represento, quiero reafirmar nuestro compromiso con la memoria democrática y con el reconocimiento de las víctimas. 

Este compromiso con la memoria reciente y el respeto a los derechos humanos se materializa con iniciativas tales como la declaración de la Iglesia de San Francisco de Asís como Lugar de Memoria Democrática, impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España y publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 23 de febrero de 2026. Esta declaración busca preservar la memoria de aquellos hechos y promover la educación ciudadana sobre los valores democráticos. En un contexto en el que apenas se reconocían derechos básicos como el de reunión o asociación, la Iglesia de San Francisco funcionó como un lugar clave para el intercambio y la organización colectiva: un punto de encuentro fundamental para los trabajadores de Vitoria en una etapa marcada por la ausencia de libertades políticas y sindicales. 

La declaración como Lugar de Memoria implica la puesta en marcha de diversas medidas destinadas a su protección y valorización. Entre ellas se incluyen su adecuada identificación y señalización, la preservación de los elementos conmemorativos ya existentes y la promoción de iniciativas orientadas a la divulgación y contextualización histórica de los acontecimientos.

La historia demuestra que muchos de los avances sociales actuales fueron fruto de la organización y el sacrificio de trabajadores y trabajadoras que defendieron, incluso con su vida, la justicia social.

La mejor manera de honrar a quienes perdieron la vida aquel 3 de marzo es seguir trabajando por una sociedad más justa, donde el conflicto laboral encuentre siempre cauces democráticos y donde ninguna reivindicación legítima sea respondida con violencia. Es consolidar una cultura del trabajo digno, seguro y con derechos. Es garantizar que nunca más luchar por las clases trabajadoras pueda costar la vida.

La memoria no es un ejercicio del pasado; es una guía para el presente. Que el recuerdo de aquellos trabajadores nos interpele, nos una y nos obligue a estar a la altura de lo que representan: la dignidad del trabajo como fundamento de la democracia.

En uno de sus libros de memorias ('En busca del tiempo servido') así lo recordaba Manuel Fraga y no es inhabitual escuchar algo similar de algunos de los que estuvieron en ese conflicto que acabó dramática y violentamente aquel 3 de marzo de 1976. Estos días, un grupúsculo comunista invita a asistir a una charla titulada '50 años del soviet de Vitoria'. ¿Existió eso alguna vez?

Un soviet es, en principio, una manera de organizarse los trabajadores desde la base, de manera autónoma y mediante la democracia directa. En ese sentido, lo de Vitoria fue lo más parecido a un soviet. Los huelguistas se organizaron mediante asambleas, voto a mano alzada y comisiones representativas negociadoras. Lo hicieron porque, desde un principio, prescindieron del Sindicato Vertical, tanto por verlo ineficaz y contrario a sus intereses, como por presionar en esa línea sus dirigentes, entre los que eran minoría los partidarios del entrismo en ese organismo (el PCE y sus Comisiones Obreras afines). A partir de ahí, no tuvieron otra que acudir a los mecanismos primarios de reunión, debate, toma de acuerdos y traslado y negociación de estos: la democracia directa. No eran convencidos de las tesis consejistas de Rosa Luxemburg o de Anton Pannekoek, sino que acudieron a esa fórmula de manera instintiva. Y de ahí salieron sus dos dirigentes principales, Tomás Echave y Jesús Fernández Naves, representando respectivamente esas dos líneas autonomistas: la vanguardista marxista y la autoorganizativa más libertaria. Naves, de hecho, reconoció que la primera vez que leyó a Pannekoek fue estando ya en la cárcel, después de marzo.

Las ocho semanas de huelga vitoriana a comienzos de 1976 fueron un ejemplo de autoorganización obrera, desarrollando un sistema muy sofisticado, a la vez que simple, para sus más de seis mil huelguistas, sus familias y el resto de la ciudad. El organigrama de asambleas diversas; el delicado papel de sus representantes, a caballo entre el impulso vanguardista y la simple representación; las cajas de resistencia y el reparto establecido de ayudas según las diferentes situaciones familiares; el protagonismo de las mujeres de los trabajadores en la difusión y denuncia en la calle del conflicto; la conexión con la disposición de los no huelguistas que les apoyaban; la capacidad para resistir juntos y no declinar ante procesos localizados de negociación en algunas empresas; o la manera de convertir un conflicto laboral en otro popular que alcanzase a buena parte de la ciudadanía local son expresiones de esa alta calidad organizativa que lograron. Además, a cargo de una clase obrera que se estaba constituyendo en ese momento a partir de la experiencia que vivía, y de unos dirigentes que tampoco venían bregados por situaciones anteriores. No extraña que uno de los puntos de tensión entre la dirección de la huelga fuera por la mayor o menor confianza en la capacidad de aprendizaje de la clase obrera en su experiencia de conflicto. Los resultados prácticos respaldaban a los más partidarios de la autoorganización, en perjuicio de los vanguardistas.

Las ocho semanas de huelga vitoriana a comienzos de 1976 fueron un ejemplo de autoorganización obrera, desarrollando un sistema muy sofisticado, a la vez que simple, para sus más de seis mil huelguistas, sus familias y el resto de la ciudad

Pero, además de ser una forma de organizarse en un conflicto, un soviet es un instrumento de intervención política revolucionaria. Así fue en la historia. En este punto es más complicado asignarle la denominación. El conflicto vitoriano fue laboral 'sensu stricto' y su politización fue posterior a él. Durante el franquismo, cualquier demanda social tornaba en política por la propia incapacidad e indisposición del régimen. Se pedía un paso de peatones, la policía disolvía la manifestación vecinal, detenía a algún portavoz y la cosa devenía en una impugnación de la dictadura. Así se politizaron también los obreros vitorianos, pero las demandas durante el conflicto no se salieron del marco laboral. No hay constancia de otras más políticas. Estas aparecen meses después, cuando la Transición arranca de verdad, cuando la calle se agita todavía más y cuando las vanguardias partidarias se manifiestan en su lenguaje sin limitaciones, cosa que sí respetaron durante la huelga para mantener la unidad.

En ese sentido, la radicalidad organizativa no tiene su correspondiente política porque no aspiró a transformar nada más allá que sus condiciones de trabajo, y las vanguardias tuvieron un tiempo limitado para incidir en esa experiencia. Fue después cuando esto comenzó. Los huelguistas impugnaron el Vertical e impusieron la lógica de la negociación directa. Así fue después de marzo, cuando se acordó empresa a empresa la tabla reivindicativa que llevaban. Pero no hubo ninguna propuesta revolucionaria y ni siquiera política, como, por otra parte, fue la tónica de la mayoría de los conflictos laborales de ese instante y en ese lugar. Después, se insiste, se añadieron otros ingredientes, y en otros lugares, como las provincias vascas del norte, ya aparecían con antelación estos en sus demandas, pero aquí y entonces no fue así.

De hecho, este tema lo reflexionan los libros de memorias políticas de protagonistas de la huelga (Echave, Val del Olmo) y lo comentaron otros en entrevistas o charlas (Naves, Olabarría). Los de partidos trotskistas o maoístas también le dieron vueltas (Iñaki Martín, Juanjo San Sebastián, Alberto Martínez de Lahidalga, los hermanos Ruiz, Subiés). Los del PCE (Lecuona, Otaegui) se vieron en minoría y se apartaron de ese debate, sin ni siquiera entablar o insistir en otro alternativo. En general, con la evidente excepción de los asamblearios estrictos y antipartido, se lamentaron de no haber dirigido más el conflicto, de no haberlo derivado a una mayor confrontación, y se reservaron la experiencia para traducirla políticamente en favor de sus demandas durante la Transición. Ahí se politiza fuertemente la situación vitoriana y el recuerdo de marzo, todavía en los términos del radicalismo sindical, que no de la nacionalización del mismo, muy posterior y con otros agentes casi por completo ausentes en su origen.

La historia y la memoria del Tres de Marzo son por eso complejas de conciliar. Se recuerda un proceso muy radical en sus formas, trágico en su resolución, antagónico del relato transicional. Pero lo hace en una construcción memorial donde, además de aparecer un nacionalismo vasco ajeno a aquello, se actualiza sobre la base de que aquel radicalismo persistió en el tiempo, cosa discutible. La experiencia vitoriana radicalizó y extremó después las relaciones laborales locales, pero no solo por ella, sino por el lugar donde se desarrollaban. Ahí, por ejemplo, ejerció más influencia el entorno de violencia terrorista y de violencia social mantenido en la segunda mitad de los años setenta y en los ochenta. O derivó en esa segunda década el protagonismo de una lucha sindical radicalizada a los trabajadores de Michelin, cuando estos no habían participado directamente de la experiencia de Marzo. 

Ahora, al cabo de cincuenta años, se plantea qué recordar de aquello: si solo ese radicalismo y el de quienes se atrincheraron en él después para impugnar ese tránsito a una democracia, con sus añadidos terroristas en la práctica y ultranacionalistas en el objetivo final, o si cabe incorporar la memoria de quienes lo tienen como una tragedia en el marco de esa transición de un régimen de dictadura a otro de democracia que defienden. La primera fórmula puede ser más ajustada a lo sucedido —aunque solo en parte, porque sobran los añadidos exóticos posteriores— y la segunda es más integradora y coherente con el tipo de sociedad en que todos vivimos (incluidos los resistentes).

No ha sido un camino fácil, durante años partidos mayoritarios e instituciones intentaron pasar página y silenciar la lucha y la matanza de Vitoria en 1976 porque contradecían su relato de una Transición que ni fue modélica ni pacífica. Hoy hay consenso en considerar que esa lucha, y la solidaridad que generó, fue determinante para hacer fracasar los intentos de reformar el franquismo e impulsó de forma decisiva las libertades. Sin embargo, los dirigentes obreros renunciaron a la ruptura democrática propiciando una Transición que mantuvo intactos resortes del poder franquista y legitimó la injusticia y la impunidad con las víctimas. 

Cien mil personas participamos en el funeral de los tres primeros asesinados aquel aciago día, la mayor manifestación contra la dictadura fascista que se resistía a morir matando. Durante el recorrido, miles de brazos se alzaban haciendo el signo de victoria. La brutal intervención policial no pudo empañar el éxito de una huelga general que consiguió el apoyo de todo el pueblo de Vitoria con una clase trabajadora que durante dos meses demostró su capacidad de lucha y sacrificio enfrentándose a una patronal intransigente enriquecida bajo la dictadura gracias a leyes criminales y una represión sistemática del movimiento obrero.

Pagamos un precio muy alto, pero los asesinatos de Pedro María, Francisco, Romualdo, José y Bienvenido, acribillados a quemarropa al disolver la Policía una asamblea obrera, concitaron la solidaridad de medio millón de personas en la huelga general más importante de Euskal Herria, y amplia contestación en el Estado y en el mundo, con dos nuevos asesinatos en Basauri y Tarragona.

Los asesinatos de Vitoria fueron terrorismo de Estado y no una “respuesta policial abusiva”, como ha declarado recientemente una dirigente del partido socialista. Esa sutil diferencia impide que se consideren delitos de lesa humanidad, que ni prescriben ni pueden ser amnistiados, y establece víctimas de primera y de segunda categoría. Sin órdenes o autorización del Gobierno franquista, el gobernador civil no hubiera violado el concordato de 1953 con la Santa Sede, que prohibía entrar en las iglesias, ni la Policía hubiera intervenido tan fría y premeditadamente.

Además, las instrucciones de “no os importe matar”, dadas cuando Manuel Fraga y Rodolfo Martin Villa eran ministros de Interior, avalan que fueron crímenes de Estado. No fueron los únicos. Hubo más de cien asesinatos de trabajadores y personas de izquierdas, como el de los Sanfermines de 1978, desde la muerte de Franco hasta que se aprobó la Constitución. Por eso, es necesario que el Gobierno de España reconozca, pública y políticamente, que existió violencia de Estado. 

Defendiendo lo más básico; poder elegir a nuestros representantes, un sueldo decente, y una jornada laboral digna, conquistamos las libertades ejerciéndolas, y nos enfrentamos al poder económico que tenía a su servicio el sindicato vertical, las instituciones, las leyes, los medios de comunicación y la Policía. Nos golpearon, nos despidieron, nos detuvieron, nos torturaron, nos balearon, nos asesinaron. Pero no pudieron doblegarnos.

No nos regalaron nada, todo hubo que conquistarlo. Conseguimos romper los topes salariales, mejoras laborales, reconocimiento de asambleas y Comisiones Representativas, readmisión de despedidos, garantizar el puesto de trabajo a los detenidos, que se potenciarán las asociaciones de vecinos y se pusiera en pie un movimiento propio de las mujeres, pero después hubo que seguir luchando porque bajo el capitalismo ninguna mejora es estable ni permanente. 

Hoy sobran razones para seguir peleando. El constante incremento de los ritmos de trabajo aumenta las bajas laborales por trastornos mentales, la subida de los precios adelgaza los salarios en favor de los beneficios del capital. Interminables cadenas de subcontrataciones recaen en las empresas con empleos más precarios, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, la jornada aumenta porque se obliga a meter horas extras que en muchos casos no se pagan, los precios de la vivienda están por las nubes debido a la especulación, la sanidad, la educación o la dependencia se deterioran y se privatizan, el fraude y la elusión fiscal de las grandes empresas son endémicos, y la desigualdad es creciente. 

La crisis del capitalismo y la disputa por la hegemonía imperialista incrementan el militarismo y la agresividad, las migraciones masivas, el negacionismo climático de la extrema derecha, la dictadura de las plataformas digitales, la degradación del planeta, o los planes para hacer negocios con los genocidios y el sufrimiento de millones de personas, mientras se aplican leyes, como la ley mordaza, que criminalizan la protesta y atacan de raíz derechos que han costado sangre, sudor, y lágrimas conseguir. Sin embargo, la clase trabajadora seguimos ocupando la centralidad social y económica, y la historia enseña que podemos ocupar también la centralidad política, impulsando cambios profundos en la sociedad.

Ahora mismo, en Euskadi, más de 50 empresas o sectores afectando a miles de trabajadores están en huelga. El movimiento pensionista lucha para mejorar las pensiones de miseria de miles de mujeres que no cotizaron lo suficiente por dedicarse a tareas de cuidados, de menores y personas dependientes, porque el PSE-EE y PNV ni siquiera permiten que se debata en el Parlamento Vasco, a pesar de haber recogido más de 145.000 firmas de apoyo.

El próximo día 17 de marzo hay una convocatoria de huelga general en Euskal Herria en favor de un salario mínimo de 1.500 euros, lo que beneficiará a mujeres, personas migradas y jóvenes, y reducirá la pobreza y la precariedad. Buen momento para recuperar lecciones del 3 de marzo. La organización, la solidaridad, la unidad de acción o la extensión y coordinación de las luchas, mientras seguimos defendiendo la verdad, la justicia, la reparación y un Memorial del 3 de marzo que contribuya a conseguir esos objetivos.

El Gobierno ha desclasificado este miércoles los documentos que hasta ahora permanecías secretos sobre el 23F, algo más de 150 documentos con informes, conversaciones telefónicas y detalles de la intentona golpista que acabó en fracaso. Hemos elaborado esta guía para navegar por las diferentes informaciones que han salido de esa documentación, que contiene detalles como el papel de los espías, la desazón de la mujer de Tejero o las alusiones al rey Juan Carlos.

Los rumores sobre Juan Carlos: “Tiene un avión para huir”

Hay muchas alusiones al rey Juan Carlos en los documentos, pero ninguna clara sobre su participación en el golpe, pese a lo mucho que se ha especulado estos años. De hecho, esas mismas especulaciones comenzaron ya inmediatamente tras el golpe, como recoge este documento sin ninguna firma que identifique su autoría o procedencia. El informe, de diez páginas, recoge esa “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” entre los que se encuentra que el rey tenía “un avión para huir de España” o que “envió a sus hijos a Inglaterra” antes del golpe de Estado.

El rey en el plan de los golpistas: “Un objetivo a abatir y anular”

El monarca aparece también mencionado en varias ocasiones en un texto, de noviembre de 1980, plantea distintos escenarios para el derrocamiento del Gobierno de Adolfo Suárez. En un documento anexo posterior al intento de golpe de Estado se analiza la opinión de una facción del ejército que señala los riesgos de “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, cuando ha frustrado por televisión las posibilidades de éxito del golpe de Tejero. Es un auténtico mapa de posibilidades para el golpe y de opciones para el futuro cuando ya había fracasado. Puedes leerlo aquí.

Las llamadas: “¿Has visto qué asco de Ejército tenemos?”

Una de las principales expectativas sobre los documentos desclasificados este miércoles eran las transcripciones sobre el inmenso tráfico de llamadas que se produjo aquella noche. Pero lo cierto es que no están las que se produjeron desde el interior del Congreso, o las que mantuvo el rey con las capitanías generales.

Sí se ha publicado un extenso documento con las llamadas de una protagonista inesperada de la noche del 23F: la mujer de Antonio Tejero, Carmen Díez. No soltó el teléfono aquella noche, preocupada por su marido, protagonista ya de un golpe fracasado, y al que se refiere con una ristra de descalificativos: “El tonto desgraciado, lo han dejado solo”. Hemos reunido aquí las conversaciones más importantes de Díez, que constituyen un documento fundamental para entender lo que ocurrió aquella noche, en la que en a cada minuto se distanciaban aún más las expecativas iniciales de la realidad.

Pero hay más conversaciones interesantes. Por ejemplo, la que mantuvieron el general Carlos Iniesta con el golpista Juan García Carrés, o una entre dos soldados sobre la toma de RTVE, que pudo acabar en tragedia: “El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”.

Espías que pillaron a otros espías

Se esperaba que los documentos de hoy incluyeran informes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el anterior CNI, y aunque ninguno recoge los movimientos previos al golpe (lo más interesante), hay uno fundamental: el que revela la “participación activa” de seis de sus agentes en el 23F.

El informe dice directamente que “se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos”. Fueron seis en total: cuatro de ellos nunca fueron procesados en la causa judicial que investigó los hechos, mientras que de los dos restantes, uno fue condenado y el otro absuelto. Puedes leer aquí este informe elaborado por espías sobre las actividades golpistas de otros espías.

Prisiones saturadas, militares católicos y un PCE monárquico

Los documentos de este martes, aunque no han arrojado nuevas claves sobre el golpe, sí que contienen innumerables detalles sobre aquella noche y sobre la tensión que se vivió en el país los meses posteriores. Hay anécdotas curiosas, como que se arrestó a tantos oficiales que no cabían en la prisión militar, que el PCE estaba muy preocupado por el futuro de la monarquía, o las tensiones dentro del Ejército: “El ambiente en los cuarteles se está enrareciendo”.

De hecho, un documento secreto de la época alertaba de que los soldados podía distanciarse “peligrosamente” de sus mandos y la Constitución. Hasta el punto de que se diseña un plan para recuperar el control con nuevos mandos militares, que debían ser “católicos con evidencias” pero sin “afinidades políticas”. Aquí están el resto de requisitos.

Teófilo del Valle Pérez tenía 20 años cuando un policía le mató el 24 de febrero de 1976. Se convirtió en la primera víctima mortal por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la Transición, aunque le seguirían decenas de ellas más. Trabajaba en una fábrica de bolsos en Elda (Alicante). En esos días, una fuerte huelga del sector del calzado sacudía la comarca. La represión era constante. El joven huía de los agentes cuando le dispararon seis tiros por la espalda. Dos impactaron en su cuerpo y acabaron con su vida. La justicia militar instruyó el caso. Daniel Aroca del Rey, el agente que disparó, terminó absuelto.

La familia nunca tuvo noticias de la investigación, se la mantuvo al margen, intentando silenciarla. Tampoco han recibido compensación alguna por el crimen, ni mucho menos justicia por el terrible suceso. La Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) ha intentado reabrir el caso. Ahora que se cumplen 50 años de los hechos, el juzgado ha pospuesto la declaración tanto de Aroca como de Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en aquel momento y posterior ministro del Interior hasta 1979.

Manuel de Juan Navarro es investigador y cineasta. También una de las personas que mejor conoce lo sucedido con Teófilo del Valle tras su extenso proceso de documentación para preparar el documental Las tres muertes de Teófilo del Valle. Según contextualiza, la exportación del calzado en aquellos años significaba una entrada de divisas a España muy importante, comparada a las del turismo y las remesas enviadas por los emigrados.

La zona de Elda era de las más potentes para el calzado, y lo era por las largas jornadas de trabajo que sufrían unos obreros extenuados y un ritmo de producción febril, pero también por desarrollar una actividad muy dinámica en cuanto a reivindicaciones laborales y protestas sociales. “En esta comarca se producía el 80% de calzado español y los representantes elegidos en las fábricas no eran reconocidos por el Sindicato Vertical”, explica De Juan.

Dos jornadas de lucha terminan en muerte

Las jornadas de reivindicación se sucedían en Elda. El lunes 23 de febrero de 1976, miles de trabajadores se asamblearon en la plaza central del pueblo, dedicada a Emilio Castelar. El cineasta estaba allí, lo vivió en primera persona. “Éramos unas 3.000 personas y la Policía Armada estaba preparada, vigilándonos todo el rato mientras subíamos en manifestación hacia Petrer [municipio cercano a Elda], para concentrarnos delante del edificio del Sindicato Vertical”, añade De Juan, a quien la familia Del Valle le ha otorgado poderes judiciales para actuar en su nombre.

Las cargas fueron brutales. “La Policía produjo una situación de caos increíble”, recuerda el cineasta. Él ha tenido acceso a los informes policiales de aquella actuación, donde los agentes reflejaron que los trabajadores les atacaron con piedras y no tuvieron otro remedio que intervenir. De Juan zanja rápido el asunto: “Lo que dicen es una mentira tras otra”.

El 24 de febrero se paró en algunas fábricas de Elche, pero no en Elda ni Petrer. Los trabajadores de estas localidades, sin embargo, intentaron realizar una asamblea en la plaza Castelar, aunque la Policía Militar lo evitó. La tarde terminó con carreras de los obreros delante de los agentes. “Sobre las 22.00 horas se empezaron a retirar. Imagino que los mandos policiales estaban cansados de perseguirnos tanto tiempo”, sostiene el investigador.

Los policías marchaban ya en autobuses cuando un último grupo de trabajadores muy jóvenes les insultaron y les lanzaron una piedra. El sargento Laureano Ballesteros mandó bajar a los agentes. “El material antidisturbios ya lo habían guardado, así que algunos policías salieron con la pistola en la mano”, recalca De Juan. En ese momento, Aroca disparó hasta seis tiros por la espalda a Teófilo del Valle, quien entonces trabajaba en la fábrica de bolsos Soler de Elda, en el barrio de la Tafalera. Una bala le entró por un tobillo, y le hizo caer, y otra le penetró el cráneo por la nuca, lo que le dejó herido de muerte.

En las inmediaciones se oyeron más disparos, aunque presumiblemente fueron al aire. Otro agente se acercó a Teófilo y le intentó realizar un torniquete en la pierna. “En cuanto vio su cabeza supo que el chaval iba a morirse”, opina el cineasta. El joven de 20 años no llegó con vida al hospital.

El tribunal militar absuelve al policía

El juez que instruyó el caso llegó a la conclusión de que Aroca tiró a matar. “Según la transcripción literal de su primera declaración, aceptó ante el magistrado que había disparado al cuerpo. Al día siguiente, aleccionado por sus superiores, lo negó y dijo que el juez le obligó a confesar”, recuerda De Juan. Decretaron prisión provisional y el caso pasó a disposición del juzgado militar.

La familia intentó actuar. José Antonio del Valle, hermano de Teófilo, vive en Uruguay y tiene 78 años, pero no olvida: “Nosotros siempre pensamos que una bala le había matado de rebote. Hasta que no conocimos a Manuel de Juan que hizo el documental y comenzó a investigar, no supimos que lo asesinaron vilmente”. Su padre intentó estar presente en el juicio mediante un abogado, pero la jurisdicción militar no se lo permitió.

El consejo de guerra tuvo lugar el 6 de julio. Todo iba demasiado rápido. En la vista no se habló de por qué Aroca había decidido disparar seis veces por la espalda. El debate se centró en si la bala que quedó alojada en la nuca había sido un rebote. El fiscal militar reconoció que la documentación atestiguaba que el agente había disparado sin tomar las precauciones y que había cometido un homicidio imprudente. Pedían dos años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la profesión y el pago de 650.000 pesetas como indemnización a la familia Del Valle.

Todo parecía que la sentencia se tornaría condenatoria para Aroca. El dictamen recogía todo lo ya explicitado, pero también un último considerando. Como Aroca había actuado en cumplimiento de su deber, se le aplicó un eximente y procedieron a su absolución. El agente salió en libertad y reingresó en el cuerpo policial, la familia Del Valle jamás fue indemnizada y, en definitiva, no se hizo justicia al crimen.

José Antonio, el hermano mayor de Teófilo, recuerda en conversación con elDiario.es que la familia nunca supo nada. “Mis padres se murieron sin conocer lo que realmente había ocurrido”, se lamenta al teléfono henchido de rabia e impotencia. Ahora, 50 años después, afirma con seriedad que “Franco se había muerto hacía apenas tres meses antes y todas las estructuras de la dictadura seguían operando”.

Martín Villa intenta posponer su declaración

La esperanza es lo último que se pierde, responde José Antonio al preguntarle por el nuevo proceso judicial. Jacinto Lara, abogado de Ceaqua, explica los pormenores de la querella interpuesta en Elda en abril de 2024 y que puede traer algo de verdad y justicia a la familia Del Valle. Por primera vez, la jueza que instruía el caso llamó a declarar en calidad de investigados, los antiguos imputados, a Martín Villa y Aroca. Hay otros querellados, aunque algunos han fallecido y otros todavía están en proceso de ser localizados.

La declaración de los investigados debería haberse realizado en noviembre de 2025 por videoconferencia. El antiguo ministro lo haría desde Madrid y el policía que disparó las balas que mataron a Teófilo desde Albacete. Por cuestiones estrictamente tecnológicas del juzgado, la comparecencia tuvo que posponerse, explica Lara. La magistrada fijó una nueva fecha para las declaraciones, que esta vez tendrían que ser presencialmente en Elda, para este 4 de febrero. Tampoco tuvieron lugar.

La defensa de Martín Villa ya había recurrido la admisión a trámite de la querella. “La jueza se basó en el derecho internacional y en la no prescripción de estos crímenes de lesa humanidad, además de en el derecho que establece a la investigación la Ley de Memoria Democrática y un informe a favor presentado por el fiscal de Memoria”, se explaya el mismo Lara. Este primer recurso de reforma fue desestimado por la jueza.

Martín Villa siguió intentando no sentarse delante de la jueza. Interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante el noviembre pasado. En él solicitó que su declaración como investigado se suspendiera cautelarmente hasta la resolución del recurso. La representación de Aroca, el expolicía, se adhirió a ello. La jueza no dio curso al escrito y mantuvo las declaraciones para principios de febrero, y la defensa del antiguo ministro insistió.

En ese momento, días antes del 4 de febrero, cambió la jueza que llevaba el caso y un nuevo magistrado se hizo con su instrucción. La primera decisión que tomó fue dejar en el aire la declaración de los dos investigados hasta que sus recursos se resuelvan en la Audiencia Provincial de Alicante. Lara remarca que ellos también han interpuesto un recurso de reforma ante el juez por esta última decisión. Entienden que no existe cobertura jurídica alguna para acordar la suspensión cautelar de los testimonios. Si el nuevo magistrado mantiene su decisión, elevarán el recurso a la Audiencia Provincial de Alicante.

El abogado de Ceaqua acepta que este tipo de cambios de jueces son habituales, aunque “resulta cuanto menos sorprendente” que justo ahora, que por primera vez dos personas iban a testificar investigadas por crímenes franquistas, el nuevo magistrado cambie de postura. Por su parte, José Antonio afronta con determinación estos momentos en los que se cumplen cinco décadas del primer muerto por parte de la Policía durante la Transición, su hermano Teófilo: “Aquello fue una cosa terrible y nunca se ha hecho justicia. Uno no quiere venganza, quiere justicia”.

El golpe de Estado del 23F no fue un hecho puntual, sino el desenlace trágico de la conspiración permanente en la que vivía España desde la muerte del dictador, con una incipiente democracia asediada por sectores militares, económicos, políticos y mediáticos que se resistían a que el país recuperara las libertades. El asalto al Congreso de los Diputados por tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, fue la puesta en escena de una asonada que se venía preparando desde hacía meses. 

Si para la historiografía oficial la transición fue un periodo modélico de nuestra historia, el golpe del 23F fue un “accidente”, un suceso aislado protagonizado por un grupo reducido de militares nostálgicos del franquismo, que fracasó gracias a la lealtad mayoritaria del Ejército y a la actuación decidida del rey Juan Carlos I. Sin embargo, las pruebas han acabado refutando el relato. 

Un documento hallado en el archivo personal de Alberto Oliart (ministro de Defensa entre 1981 y 1982) afirma que solo tres de los 11 capitanes generales se mantuvieron leales a la Constitución. El resto permaneció a la espera del discurrir de los acontecimientos y si, como estaba previsto, la División Acorazada Brunete (DAC) hubiese tomado Madrid, la mayoría se habrían sumado. Arribistas de la patria que se hicieron demócratas al fracasar el golpe.  

En cuanto a la actuación decidida del rey, su primera intervención pública en televisión para condenar el golpe se produjo a la 1.14 horas de la madrugada del día 24, siete horas después del asalto al Congreso. Minutos antes el general Alfonso Armada, desde hacía días segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, había abandonado la Cámara tras fracasar su intento de dirigirse a sus señorías para ofrecerse como presidente de un Gobierno de concentración. 

El general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, cargo en el que había sustituido precisamente a Armada, cuenta en sus declaraciones sumariales en la causa que a las nueve de la noche del día 23 el monarca habló con Armada, “y después de una conversación que dura varios minutos Su Majestad me pasa el teléfono para que siga hablando con él”. Sabino revela que Armada le hizo partícipe de su disposición a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del Gobierno para solucionar la situación. Una propuesta que él trasladó al monarca para, acto seguido, “transmitiendo la orden del rey, que está presente, digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre del rey (…) En modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de Su Majestad el rey”.

Armada se reunió en el Congreso con Tejero, que al conocer la composición del Gobierno que el general pretendía proponer a la Cámara, integrado por representantes de todos los partidos salvo los nacionalistas, le impidió entrar en el hemiciclo. El teniente coronel esperaba que el golpe diera paso a una Junta Militar, se sintió engañado y, con su oposición y sin pretenderlo, hizo fracasar el golpe. 

Más allá de refutar los dos pilares sobre los que se sustenta aún hoy la versión oficial sobre el fracaso del golpe, el análisis de la investigación sumarial permite afirmar que la misma no tuvo nunca la intención de desvelar todos sus meandros. Se conformó con condenar a sus protagonistas televisivos, a los que los ciudadanos pudieron ver a través de la pantalla de televisión encañonando con sus fusiles al Gobierno y a los representantes de la soberanía popular, y tomando la capital del Turia en un tétrico desfile de carros de combate. 

Alberto Oliart, nombrado ministro de Defensa tras el golpe, da cuenta de ello en sus memorias cuando relata la visita que le giró a su despacho el juez instructor, José María García Escudero, de 64 años. “Me planteó que podía procesar a toda la División Acorazada Brunete (Madrid) y a toda la División Maestrazgo (Valencia), cerca de ocho mil hombres, o solo a los 33 jefes, oficiales y altos mandos que actuaron ese día. Sin dudarlo, le dije, mire usted, señor juez, lo que hay que hacer es procesar a la jefatura solamente. Bajo mi responsabilidad, tome esto como una orden”. 

Una decisión que Oliart asegura fue refrendada por el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y por el propio rey, a quien acudió a ver a La Zarzuela. De manera que al arrancar la investigación y sin conocer el alcance del golpe ya había una decisión tomada: juzgar y condenar solo a los más significados y exonerar al resto. La obediencia debida y la excusa absolutoria fueron los argumentos jurídicos en los que el instructor sustentó su decisión.

Oliart compareció en un pleno secreto del Congreso de los Diputados tres semanas después del golpe para informar de la marcha de las investigaciones. Durante su intervención afirmó que 114 personas que eran citadas en las conversaciones telefónicas intervenidas y 154 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al margen de los guardias civiles que asaltaron el Congreso, estaban siendo investigadas por su presunta implicación en la asonada. Una investigación de cuyos resultados nunca se dio traslado al juez, que en el resumen de la causa al dar por concluida su investigación, tan solo cuatro meses después de iniciada, decía: “Este juzgado no ha recibido como consecuencia de tales actuaciones ninguna clase de datos o informaciones que aconsejen actuar contra civiles”. Claro, que tampoco él hizo requerimiento alguno sobre dichas pesquisas.

Escuchas selectivas

Uno de los asuntos más controvertidos de la instrucción sumarial son las intervenciones telefónicas que Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, ordenó aquella noche para intentar descubrir todas las implicaciones del golpe. La Policía “pinchó” los teléfonos del ultraderechista Juan García Carrés, a la larga el único civil condenado, del domicilio del teniente coronel Tejero, del general en la reserva Carlos Iniesta Cano, director de la Guardia Civil entre 1972 y 1974, y de otros integrantes del búnker de los que se sospechaban conspiraban contra la democracia. De todas ellas hay constancia documental en la causa, si bien las transcripciones aluden a conversaciones mantenidas a partir de la 1:14 horas de la madrugada del día 24, tras el mensaje televisivo del rey, sin que de las siete horas previas transcurridas desde el asalto al Congreso haya constancia alguna. 

Laína ordenó al delegado del Gobierno en Telefónica, Julio Camuñas Fernández-Luna, intervenir también los teléfonos del Congreso para conocer las conversaciones que Tejero mantenía y recibía del exterior mientras mantuvo secuestrada a la Cámara. Pese a ello, estas grabaciones no existen oficialmente, aunque al menos una copia de ellas está en poder de la familia del entonces número dos del Ministerio del Interior. 

El juicio por el 23F se celebró un año después del golpe durante 48 jornadas que concluyeron con un indulgente fallo del tribunal militar, que condenó a 22 de los procesados y absolvió a los 11 restantes. El tribunal justificó su benévola sentencia aduciendo “las circunstancias personales de honorabilidad, cualidades de mando y espíritu militar; brillante historial y acreditado patriotismo y fidelidad a la Corona” de los condenados. Al día siguiente el Consejo de Ministros acordó recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, que terminaría elevando la mayoría de las penas.

El general Armada, condenado inicialmente a seis años por conspiración, lo fue como cabeza de la rebelión militar junto a Milans del Bosch y vio quintuplicada su pena inicial, hasta los treinta años de reclusión. Fue indultado en 1988 por el gobierno de Felipe González, tras ocho años de reclusión. El otro cabecilla del golpe, Milans del Bosch, obtuvo la libertad condicional en julio de 1990, tras nueve años encerrado, y Antonio Tejero fue excarcelado en diciembre de 1996, tras quince años en prisión, aunque desde 1993 disfrutaba del tercer régimen penitenciario, que le permitía ir a prisión solo a dormir. El resto de los golpistas no cumplió más de cinco años de prisión efectiva. 

Han transcurrido ya 44 años de los hechos y ninguno de los gobiernos del PSOE o PP ha tenido la voluntad política necesaria para hacer públicos los documentos que nos permitan conocer todos los extremos de lo ocurrido. Sobre el fallo judicial, elevado a la categoría de verdad irrefutable, se sostiene aún hoy el irrefutable relato oficial de lo ocurrido. 

Han transcurrido 45 años de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 y los españoles seguimos sin conocer toda la verdad de lo ocurrido. La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar que enjuició a los golpistas fijó para la posteridad una versión oficial a través del fallo judicial, según el cual el golpe de Estado fue obra de un grupo reducido de militares que fracasó gracias a la actuación decidida del rey Juan Carlos I y a la lealtad mayoritaria del Ejército a la Constitución. La realidad es que los meandros del suceso más grave de nuestra democracia desde el levantamiento militar que en 1936 acabó con la Segunda República y dio paso a cuatro décadas de dictadura siguen siendo un secreto de Estado.

La justicia militar rechazó recabar la versión del monarca, siquiera por escrito, sobre lo ocurrido aquel día, privándonos del testimonio de quien la historiografía oficial señala como el hombre que salvó a nuestra joven democracia. Ha sido el propio interesado quien en un reciente libro de memorias (Reconciliación. Editorial Planeta, 2025) nos desvele el papel que jugó, autoerigiéndose en el artífice principal, si no el único, del fracaso del golpe. “Aquella tarde, MI proyecto político estuvo en peligro, y el destino de todos los españoles en MIS manos. ¿Sería capaz de salvar la democracia que habíamos construido entre todos con una esperanza de renovación?”, se pregunta el emérito.

El rey escribe que conocía el creciente descontento que existía en los cuarteles por la legalización del PCE, el enemigo declarado del Ejército durante la Guerra Civil; el desarrollo del Estado autonómico, que los militares interpretaban como una ruptura de su indisoluble unidad de la patria, y el terrorismo de ETA, que había señalado a los militares y las fuerzas de la Seguridad del Estado como objetivos prioritarios, pero que nunca sospechó que fuese a producirse un levantamiento militar. Consumado el golpe con el asalto del Congreso de los Diputados por más de tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por los tanques del teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la región, el rey refiere de manera somera su febril actividad de aquella noche, dando órdenes por teléfono para hacer fracasar el golpe. “Hablaba con aplomo y persuasión, porque sabía que estaba en juego el destino de la Corona y del país”, escribe.

En una de esas llamadas habló con quien había sido su preceptor, secretario general de la Casa Real y en aquel momento era segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Alfonso Armada Comyn, a la postre condenado como uno de los líderes de la asonada. Una conversación que resulta definitoria del papel del monarca. Juan Carlos I afirma que cuando Armada le pidió autorización para ir al Congreso a negociar con Tejero le contestó: “No te doy ningún permiso, y no vayas allí en mi nombre”, entrecomilla el monarca sus propias palabras.

No es eso, sin embargo, lo que sostiene el general Sabino Fernández Campo, sucesor de Armada como secretario general de la Casa del Rey, que vivió aquellas horas con él en el Palacio de la Zarzuela. En una declaración por escrito ante el juez instructor de la causa sostiene que sobre las nueve de la noche del 23F el monarca telefoneó al general Armada y que “después de una conversación que dura varios minutos, Su Majestad me pasa el teléfono para que siga hablando con él. Armada me expone, para que se lo traslade al rey, que la situación es grave, más grave de lo que puede deducirse del estado de cosas en la III Región Militar (Valencia). Se refiere a otras regiones que pueden adoptar la misma postura, me pone de manifiesto la tensión que existe en el Congreso, que puede acabar en una verdadera masacre, y añade que es preciso evitar la división del Ejército. Para ello me sugiere trasladarse al Palacio del Congreso y, en nombre del rey, establecer las conversaciones y realizar las gestiones que conduzcan a la liberación del Gobierno y de los diputados”.

Sabino relata que trasladó a su compañero la dificultad que entrañaba su misión, a lo que Armada respondió que estaba dispuesto a intentarlo “sacrificándome si es necesario y ofreciéndome a ocupar la Presidencia del Gobierno a fin de buscar la forma de terminar con la tensión y evitar un final sangriento”. El secretario general de la Casa del Rey asegura que trasladó al monarca la propuesta de Armada y, acto seguido, “transmitiendo la orden del rey, que está presente, digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre de su Majestad” (Sumario 2/81, tomo 9, folios 2.281 a 2.301).

Aún va más lejos Sabino, que para que no queden dudas de que fue el rey quien autorizó a Armada a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del Gobierno escribe lo siguiente en su declaración judicial: “En modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera, pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de Su Majestad el rey”. La versión contraria a la dada ahora por el emérito en sus memorias.

Como apostilla, dos datos: El tribunal que juzgó a los golpistas no autorizó la comparecencia del general Sabino Fernández Campo como testigo en la vista oral, y la sentencia condenatoria atribuye al general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), la autorización al general Armada para acudir al Congreso, haciendo caso omiso del testimonio del primero.

El relato empieza a gestarse

Lo ocurrido después es conocido, el general Armada se presentó en la Cámara al filo de la medianoche para hablar con Tejero y pedirle que retirase a sus hombres del hemiciclo para dirigirse a los diputados sin la amenaza de las armas y proponerse como presidente del Gobierno. El teniente coronel de la Benemérita quiso saber la composición del futuro Ejecutivo, y al contarle Armada que de él formarían parte representantes de todos los partidos políticos, salvo los nacionalistas, le echó de forma destemplada por proponerle “una chapuza de categoría”, según palabras del propio Tejero. “Para cambiar el nombre de Calvo-Sotelo por el suyo no hacía falta el campanazo que he dado”, declaró ante el juez.

Él esperaba una Junta Militar y aquella componenda le pareció inaceptable. Fue su negativa a que Armada se dirigiera al pleno la que hizo fracasar el golpe. Y aunque sea un ejercicio de historia contrafactual, cabe preguntarse qué habría ocurrido si Tejero hubiese accedido a las pretensiones de Armada. El miércoles 25 de febrero, al día siguiente de la liberación del Gobierno y de los diputados, el pleno de la Cámara Baja continuó con la sesión de investidura interrumpida y eligió a Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, que en su alocución agradeció “el firme pulso de Su Majestad el rey de España, que ha garantizado el orden constitucional y ha asegurado nuestra liberación”, y alabó “la lealtad y disciplina del conjunto de las Fuerzas Armadas, que han obedecido con gran patriotismo a Su Majestad”.

Comenzaba a gestarse la versión oficial del golpe, en la que insistiría fechas después, el martes 17 de marzo, el ministro de Defensa, Alberto Oliart, quien compareció ante la Cámara para dar cuenta de las investigaciones practicadas hasta ese momento, y cuantificó en un increíble 99,40% la lealtad y obediencia a la Constitución y al rey de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado. La sentencia judicial fijó definitivamente la versión oficial del golpe.

Ahora, 45 años después, el rey emérito reconoce que “de los 11 capitanes generales, calculo que la mitad apoyaba la rebelión, pero no se atrevían a desobedecer”, y un documento obrante en el archivo particular del ministro Oliart recoge que solo tres de los 11 capitanes generales fueron leales al rey y a la Constitución; el resto se mantuvo a la espera del discurrir de los acontecimientos. Hasta el propio general Alfonso Armada dijo años después que a sus compañeros de armas “lo que les importaba era si aquello (el golpe) iba para adelante o no. Lo que dijera el rey no les preocupaba, suponían que acataría lo que sucediera en esa primera hora. Los capitanes generales no preguntaban lo que opinaba el rey, sino: Oye, ¿esto tiene visos de salir adelante o no? (…) Mi impresión es que por lo menos una parte estaban felices de que el golpe triunfase”, según consta en El 23F. Conversaciones con Alfonso Armada, de José Manuel Cuenca Toribio (Actas Editorial, 2001).

Concluye Juan Carlos I en el capítulo de sus memorias dedicado al golpe de Estado que sigue teniendo “preguntas y dudas sobre la forma en que se desarrollaron los acontecimientos y el papel que asumieron algunos”, aunque no dice quiénes, contradiciendo a quienes llevan años tratando de convencernos de que los hechos probados de la sentencia judicial son la verdad de lo ocurrido.

La madrugada del 20 de noviembre de 1980, en el quinto aniversario de la muerte de Francisco Franco, tres jóvenes del entorno marginal de Mataró, en Barcelona, tuvieron la desgracia de cruzarse con un grupo ultraderechista en busca de alcohol y violencia. Su cabecilla, Salvador Durán, militante de las juventudes de Fuerza Nueva, les cosió a balazos en un bosque cercano, aunque uno de ellos logró escapar. 

Las víctimas se llamaban Juana Caso, de 25 años y con un hijo, y José Muñoz El Esquinao, de 16. Antonio Camacho El Quin, de 15, fue el que sobrevivió y denunció el asesinato. 

Sus nombres no suelen figurar en las listas y estudios sobre violencia política durante la Transición, puesto que de inicio se consideró un ajuste de cuentas en los bajos fondos de Mataró. Después de que algunos historiadores los hayan recogido en el capítulo de dudas respecto al terrorismo ultra, ahora el libro Dos morts i mig (editorial Pòrtic) trata de ahondar en el crimen y en los hilos que lo conectan con la trama neofascista que operó en la zona en aquellos años. 

“Es un crimen político, no ordinario, por todos los elementos que lo rodean: desde la fecha, a la condición de militantes de tipo escuadrista de Fuerza Joven [juventudes de Fuerza Nueva], a que aquella noche buscaban hacer algún atentado político, y a sus conexiones con la Guardia Civil”, argumenta Damià del Clot, abogado, exalcalde de Vilassar de Mar y autor del libro junto con el periodista Albert Calls. 

El autor del asesinato, Salvador Durán, era por entonces un dirigente comarcal de Fuerza Joven que ya tenía antecedentes por robo y tenencia ilícita de armas, además de un historial de infiltraciones en los movimientos de izquierdas. “Era un chaval de un barrio periférico de Mataró con carácter violento, al que no le daban miedo las armas, y que se movía en ambientes de extrema derecha”, resume Del Clot. 

La noche de los asesinatos, Durán, de 25 años, iba acompañado de su mujer y de dos jóvenes menores de edad. Uno de ellos, Cristóbal García, era también de las juventudes de Fuerza Nueva. Al volante de su coche los llevó a pegar tiros al blanco en una finca de la localidad de Òrrius, después a beber por bares de la zona y, finalmente, a pasar dos o tres veces con el vehículo por delante del Ateneo Libertario de Mataró. 

La sentencia, dictada en 1982, y que condenó a Durán a 75 años de cárcel, recoge que esa parada buscaba hacer pintadas en el local o arrancar carteles. La Fiscalía defendió que iban a la caza de izquierdistas. En todo caso, no había nadie en el Ateneo, pero entonces se cruzaron con los tres jóvenes que serían sus víctimas: Juana Caso, José Muñoz y Antonio Camacho. Les propusieron pegar un palo a algún camello, según recogió el fallo, y luego asaltar alguna casa de la zona. Ellos aceptaron. Pero tras dejar a su mujer en casa, Durán les condujo en realidad a un bosque cercano, en el término de Cabrera de Mar.

Los dos amigos de Durán aseguraron ante el juez que pensaban que iba a pegarles una paliza. Pero este encañonó a José Muñoz y a Antonio Camaño con una carabina y les disparó a menos de tres metros “con ánimo de matarlos”, dictó el magistrado. El primero cayó muerto, mientras que el segundo logró huir. Durán dijo entonces que había usado un arma de fogueo, que todo era una broma, y condujo a sus dos compañeros y a Juana de vuelta al coche. Antes de llegar, por la espalda ejecutó a la joven.

En su libro, Del Clot y Calls insisten en el carácter político del asesinato también por el perfil de las víctimas. No eran militantes de izquierdas, pero sí pertenecían a sectores marginales de la sociedad contra los que la extrema derecha también atentaba. La Fiscalía lo mencionó durante el juicio. “Actuaban movidos por un afán de agredir y eliminar izquierdistas, delincuentes y drogadictos”, escriben.

David Ballester, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y especializado en la violencia política durante la Transición, recogió el caso en su obra Vides truncades. En un informe reciente remitido a la secretaría de Estado de Memoria Histórica sobre terrorismo de la extrema derecha o parapolicial en esa época, cuantifica 63 víctimas y a estas dos del Maresme las coloca en el apartado de “dudosos”. 

“No existen unos criterios claros aceptados por todos los historiadores”, precisa Ballester. El crimen, explica, se consideró de tipo social. Pero añade: “Es cierto que en esa época en Madrid había grupos de extrema derecha cuyas víctimas no solo eran de izquierdas, sino también gente que dormía en bancos, sintecho, del mundo de la droga, y en general a los que consideraban indeseables”. 

La historiadora Sophie Baby, en El mito de la Transición pacífica, no los menciona entre los 140 muertos por violencia política en 1980, el año más sangriento de ese período. En 1980. Terrorismo contra la Transición, Xavier Casals describe el caso como “espontaneísmo armado”. Quien sí los menciona como víctimas políticas es Mariano Sánchez Soler en La transición sangrienta. 

Los lazos con policías y nazis

El día siguiente de los asesinatos, Antonio Camacho, el adolescente herido de bala que pudo escapar, denunció desde el hospital, y a las pocas horas detuvieron a Durán y a García. Las horas posteriores al crimen ayudan a entender cuáles eran las conexiones políticas de su autor. El 20 de noviembre, Durán pasó la mañana en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Argentona. 

Lo confirmó él mismo durante el juicio, al asegurar que fue a pedirles un coche para poder acudir a la misa franquista en la cercana Capilla del Cristo Rey. Aseguró también Durán que era confidente de la policía para cuestiones relacionadas con las drogas y el terrorismo. Por ello, el juez instructor llegó a pinchar el teléfono del cuartel de Argentona, pero no siguió con el caso al ser trasladado a otra localidad. 

Años después, ya desde la cárcel y con una larga condena, Durán se decidió a hablar. En enero de 1984 reconoció al periodista Juanjo Caballero, de La Vanguardia, que se sentía abandonado por sus antiguos compañeros y que iba a contar todo lo que sabía. Aparecía retratado junto a su “santuario facha” en la cárcel Modelo de Barcelona.

Un mes después, en febrero, volvió a prestar declaración ante el juez, se reconoció culpable y su relato provocó la detención de un guardia civil, Antonio Cuadrada y la entrada y registro en su domicilio y en otro piso –en ambos se hallaron armas sin licencia–. Además, se registró una finca, Can Vinyamata, en Òrrius, donde Durán aseguró que iban a hacer prácticas de tiro y que guardaban parte de su arsenal. Ese terreno era propiedad de Hans Breuer, un ex oficial nazi refugiado en Catalunya, y otra de las piezas de la trama ultra local. Sin embargo, las pesquisas policiales no hallaron nada allí. 

Ante la periodista Cristina Gallachs, de TVE, Durán llegó a confesar la trama ultra previa al asesinato. Dijo haberse reunido el 19 de noviembre “con tres miembros de la Guardia Civil y con dos inspectores de policía”, según recogió El País, para diseñar represalias contra el Ateneo Libertario de Mataró. También que le facilitaron las armas –que nunca aparecieron– y que una la devolvió. 

“El móvil más plausible es que esta gente, que eran escuadristas, trataban de hacer puntos ante la extrema derecha de Mataró”, concluye Del Clot, en un contexto previo al golpe de Estado del 23F en el que el único civil que acabó condenado, Juan García Carrés, era también de la comarca del Maresme. 

Con todo, la investigación judicial quedó en nada. El 11 de marzo de 1986, Durán fue apuñalado en la cárcel de Lleida por dos sicarios. Su pista se pierde a partir de entonces, y los autores no han conseguido aclarar si cumplió toda la condena y si sigue vivo.