“Disfruta fijándose en las ciudades distintas que viven dentro de la misma ciudad. Muñecas rusas: más que barrio, ciudad dentro de la ciudad, casas y calles dentro de un vientre de ballena. María piensa en su barrio, en los edificios más antiguos, y piensa también en los bloques nuevos de tres o cuatro plantas, de fachadas iguales con ladrillo rojo, toldos estampados, creciendo hasta el cielo”. Esta cita de Las maravillas (2020), primera novela de la escritora Elena Medel, es una de las muchas que completan y contextualizan una exposición que ilustra la evolución de Madrid durante más de cuatro décadas a través de fotografías de sus cimientos.

Con el título Madrid en construcción. 1940-1985, la muestra en el complejo cultural El Águila parte de la desolación causada en la ciudad durante la Guerra Civil desatada por el golpe de Estado de 1936. La destrucción de los bombardeos franquistas y las batallas que arrasaron la urbe. Pero conforme avanzan las fotos, las citas y los textos explicativos, Madrid va recuperando a trompicones su pulso y su vida. A la Gran Vía vuelve su luz y el asfalto sustituye a las barricadas o los búnkeres. Madrid no vuelve a ser Madrid, es ya otra cosa marcada por el yugo del franquismo, pero la vida (y el urbanismo) se abren camino.

El trabajo comisarial de Carolina Aguado Serrano y Guillermo Enríquez de Salamanca González capta a la perfección esta evolución desde el atraso. Bajo la organización de la Subdirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, bucean en diversos archivos históricos para trenzar una breve historia de la arquitectura madrileña: la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, el Archivo General de la Administración, el Museo de Historia de Madrid o la agencia EFE.

Los fotógrafos más presentes en la colección son Juan Miguel Pando Barrero, Otto Wunderlich y Martín Santos Yubero. Sus objetivos y los del resto de autores atestiguan “el momento exacto en que algo está a punto de convertirse en otra cosa”, como recoge la descripción oficial de la muestra: la ruina en edificio, el barro en hormigón visto o la periferia en ciudad.

Así, las imágenes hilvanan el campo y el asfalto conforme el paisaje se moderniza. Los descampados dejan paso al paisaje vertical e industrial. La ciudad arrasada se transforma en otra bulliciosa, por los excesos de los poderosos en las zonas privilegiadas y por el hacinamiento de las familias más desfavorecidas en otras menos agraciadas. Áreas en expansión, como Batán y Puerta del Ángel al oeste o Carabanchel y Vallecas al sur, marcadas por los flujos migratorios desde Andalucía o Extremadura.

“La exposición nos presenta una narrativa visual con paisajes por hacer, que son historia de un territorio y reflejo de un Madrid que aprendió a construirse sobre la grieta abierta, la utopía de la arquitectura y la cruda supervivencia”, exponen los responsables de la muestra. Dicha narrativa comienza en 1940, cuando el millón de personas que por entonces residía en Madrid se movían por una ciudad golpeada casi en la totalidad de su entramado urbano.

Hay una serie de fotografías impresionantes de Pando Barrero que dan cuenta de los intentos por reconstruir la ciudad a toda prisa entre 1939 y 1940. En las imágenes superiores vemos la calle Ferraz o Altamirano con barricadas, la calle Quiñones en obras o la calle Princesa con un imponente búnker instalado en mitad de la vía. Las inferiores las muestran asfaltadas, tratando de dar una impresión de recomposición que todavía estaba muy lejos de llegar al país. Ojo también con la foto de la rehabilitación del viaducto de Segovia, de nuevo tomada en 1940.

Hablan los comisarios de la exposición de una “rápida reconstrucción durante la dictadura, que negaba la misma esencia de la destrucción”. Como si, más que avanzar, el régimen quisiera olvidar. Hacer desmemoria. Para ello, surgieron nuevos entornos como la Montaña del Príncipe Pío o la transformación del entorno de Moncloa. En el centro, la imagen de esplendor se intentó ofrecer a partir de 1950 con construcciones como la sede del Banco de Santander en la calle Alcalá.

Las instantáneas dan cuenta de los avances urbanos en Plaza de Castilla a lo largo de los cincuenta. Emergen hitos arquitectónicos como el estadio Santiago Bernabéu junto a la plaza de Lima (con una estampa con menor densidad de edificios colindantes que ahora debe añorar Florentino Pérez), la embajada de Estados Unidos en la calle Serrano o el pabellón de Canarias en la Feria del Campo de la Casa de Campo. Conexiones como la carretera de Alcobendas, con una foto que casi traslada al vértigo del momento. Pero también símbolos de la construcción del relato franquista. Una potente imagen muestra el andamiaje colocado junto al Arco de Moncloa durante la colocación del caballo que lo corona.

Los cincuenta y los sesenta son décadas en las que grandes estructuras de cara a la galería, con las que el franquismo trataba de dar una imagen de modernidad impostada, chocan con el urbanismo descontrolado o directamente improvisado. El Madrid de las obras de expansión de Barajas o de las brutalistas Torres Blancas de Avenida de América quiere dejar atrás, pero no puede, al de las casas cueva de La Bomba. El de los trenes habitados Legazpi. El de los asentamientos entre Delicias y La Chopera.

La arquitectura de los setenta presenta a un país que se actualiza antes en algunas infraestructuras antes que en su sistema democrático. El Centro Nacional de Promoción Profesional, la Universidad Autónoma de El Goloso o el Parque de Atracciones preconfiguran la España moderna.

El paso definitivo a ella llega con las últimas fotos, donde el color aparece para aportar una sensación de país renovado. El paseo de una mujer y dos niños por una carretera asfaltada de San Sebastián de los Reyes en 1980 da una idea de las nuevas periferias, donde el carácter obrero convive con ciertas comodidades progresivas. Igual de ilustrativa es la foto de La Vaguada, tomada en 1983, año de su apertura. Un centro comercial, a priori epítome del capitalismo, convertido a su vez en epicentro social, cultural y vecinal del Barrio del Pilar. El mejor ejemplo de un Madrid que intenta avanzar sin perder su esencia comunitaria

“El nuevo paisaje madrileño, siempre en construcción, estuvo marcado por una ordenación urbana apoyada en la idea de ciudad-capital y una nueva geografía humana, de la que se hizo eco la literatura y el cine”, recoge la descripción de la muestra en su web. Es la guinda perfecta a la exposición, porque puede que una imagen valga más que 1.000 palabras, pero las palabras aquí presentes están muy bien escogidas.

Algunos pasajes son costumbristas, como un diálogo de la obra Bajarse al moro (José Luis Alonso de Santos, 1985) en el que la extensión del Metro acorta la distancia física y emocional en una relación después de una mudanza a Móstoles. Otras son descripciones certeras, como la de los inicios de la americanización en algunos entornos que Rafael Sánchez Ferlosio retrata en El Jarama (1955), con una ilustrativa mención a “un Buick reluciente”.

Aunque quizá es la de Camilo José Cela en San Camilo, 1936 (1969) la cita que mejor engloba los cambios en un Madrid al que no detiene ni el horror: “La ciudad es como los perros, da muchas vueltas sobre sí misma antes de dormirse, y también como las liebres, que se duerme con el ojo alerta por si hay que salir huyendo. Tú a veces piensas que las ciudades pueden salir huyendo y borrarse. ¿Dónde está la ciudad? ¡Cualquiera lo sabe!”.

“Franco visita el Principado de Andorra, el pequeño país vecino, y allí saluda a todos los ministros. Cada uno, antes de estrechar la mano del dictador español, le anuncia su cargo. 'Aquí, el ministro de Economía'. 'Aquí, el ministro de Educación'. 'Aquí, el ministro de Guerra'. Al llegar a este último, Franco no puede disimular una sonrisita. Se vuelve a su ayudante y le comenta: 'Pero ¿un país tan pequeño para qué necesita un Ministerio de Guerra?'. Su ayudante le responde: '¿Y nosotros, general, para qué necesitamos un Ministerio de Justicia?'. Así reza uno de los chistes que han inundado de carcajadas el Auditorio Pilar Bardem de Rivas.

La broma forma parte del espectáculo Chistes contra Franco, uno de los más esperados de la nueva edición del Festival de las Ideas y la Cultura, que supone un inteligentísimo homenaje a quienes se jugaron la libertad recurriendo al humor para desafiar la dictadura franquista. La propuesta corre a cargo del historietista Darío Adanti, fundador de Mongolia, el artista Eugenio Merino y la actriz Eva Redondo, que recuperan los chascarrillos populares que se contaban en la clandestinidad durante el régimen en un acto de memoria disidente.

Así dice el primero de ellos, seleccionados de entre todos los que se escucharon en España durante la dictadura franquista y la Transición: “Un gobernador civil visita un instituto de enseñanza a los dos años de terminar la guerra. Interroga a los alumnos que en el bachillerato estudian la nueva asignatura Formación del Espíritu Nacional. El gobernador civil pregunta a uno de los alumnos: '¿Quién es su padre?'. '¡Franco!', responde el chaval. '¿Y quién es su madre?'. '¡La Falange!', responde el crío. 'Bien', sonríe el gobernador. 'Y a ver, chaval, ¿qué quieres ser de mayor?'. Y el crío responde: '¡Huérfano!'”.

“El humor supuso una venganza oculta frente al poder onmipotente y una crítica radical a la figura del dictador”, se ha señalado al comienzo del evento. Después, Adanti ha ido recitando algunas de las ocurrencias más divertidas de la época, estructurándolas por temas y cronología como la vida matrimonial del dictador, su ascenso al poder o su evolución en la política, y ha aprovechado la crítica con ingenio que hacen de la figura de Franco para convertirlas en una arma de resistencia. Teniendo en cuenta que sus autores tuvieron que mantenerse anónimos y que es posible que hubiera quien fuera castigado por alguno de estos chistes, se torna todavía más relevante traerlos ahora de vuelta.

Las bromas sobre los abusos del franquismo han estado acompañadas de la intervención de Eva Redondo, que se ha encargado de contextualizarlas con documentos y textos históricos que recuerdan la violencia del régimen. “¡Justicia!”, ha gritado uno de los asistentes tras una de las explicaciones de la dramaturga. Entre ellas, la intensa propaganda del dictador dentro de su estrategia de control social y represión, ya que Franco “fue consciente del valor instrumental del sello postal como un medio en el que podían configurarse mensajes ideológicos”.

El primer sello de Correos con la cara de Franco apareció en 1939 y mandaría a hacer nuevas versiones en 1955. Su imagen contribuyó a la construcción simbólica de la autoridad e intentó legitimar así la violencia al régimen. Y, de ahí, otro de los chistes: “Marchaba Franco por una calle cuando una apisonadora lo atropelló y le pasó por encima. El asustado conductor paró la máquina y le dijo a su ayudante: 'Baja rápido y mira la calzada, que creo que hemos aplastado algo'. El otro se apea, corre hasta detrás de la máquina, mira detrás del último rodillo y regresa a su puesto tranquilo: 'No, no ha sido nada, era solo un sello'”.

Todos los chascarrillos aparecen en el libro Los chistes de Franco, editado por P. García en 1977. El volumen se describe como un recopilatorio de aquellos que fueron “populares” y, entre los que se plasman en sus páginas, algunos fueron ocasiados por la larga y dura posguerra marcada por la miseria y el hambre que vivió España. “En cierta ocasión, Franco vuela sobre España acompañado en el avión por sus familiares más directos. Sobrevuelan pueblos y aldeas. Entonces, tiene una idea: '¿Qué te parece, Carmen, si ahora mismo cojo mil pesetas y los tiro por la ventanilla? Pueden caer en un pueblo y encontrarlas alguien. Habríamos hecho felices a un español', dice a su mujer”, cuenta el chascarrillo.

El chiste sigue así: “Doña Carmen mueve la cabeza asintiendo, pero sugiere una cosa mejor: 'Oye, Paco, ¿y si en vez de tirar un billete de mil tiras dos de 500? Lo encontrarán dos personas y entonces harás felices a dos españoles'. [...] Entonces el piloto, que ha escuchado y guardado silencio, propone: 'Yo tengo una idea mejor, excelencia. ¿Por qué no se tira usted del aparato y así hace felices a todos los españoles?'”. Hasta los hay con más connotación sexual. “Franco y su mujer están acostados en la cama. El caudillo duerme a pierna suelta, pero su esposa se encuentra desvelada por el picotazo del gusanillo sexual. Doña Carmen se le acerca y le susurra: 'Anda, Paco, ¡vamos a joder!'. Y Franco salta de la cama, corre a su despacho y se pone a firmar sentencias de muerte”, narra otro.

Un viaje hasta los últimos días del dictador

El espectáculo también ha repasado la historia de la pena de muerte de España, que vivió un proceso extraordinario en la dictadura con las 50.000 ejecuciones desde el 1 de abril de 1939 hasta 1950. “Lo peculiar es que, una vez finalizada la guerra, España prolongó los signos más brutales de lo que se consideraba incivilizado. La represión franquista de posguerra siguió atormentando y destruyendo la vida de millones de ciudadanos. Franco convirtió una institución penal excepcional, la pena de muerte, en un instrumento de guerra, terror, exterminio, castigo y venganza”, lee Eva Redondo.

Asimismo, casi medio millón de exiliados abandonaron forzosamente su tierra por el avance de las tropas de Franco y los pocos que regresaron antes de la muerte del dictador se encontraron con una realidad de persecución política y marginación social. También hay chiste para esto: “Un español vuelve a España al cabo del tiempo y charla con un familiar. '¿Y por aquí cómo estáis?', pregunta. 'Bah, no nos podemos quejar', le responden. 'Ah, entonces bien, ¿no?'. 'No, no, que no nos podemos quejar'”.

Ya hacia el final del acto, se abordaron los últimos días de vida del dictador. “Franco, a punto de morir en el hospital, se le aparece San Pedro y le dice: 'Francisco, que le dejo aquí las llaves y ya sube usted cuando le venga bien'”, dice una de las bromas que recita Darío Adanti. “En sus últimos días, Franco está internado en la habitación de la residencia de La Paz. Está en coma, entubado con el respirador artificial, con el reanimador cardíaco, bolsas de plasma, tubos de anestesia... Entonces, para sorpresa de todos los presentes, Franco abre los ojos, ve tubos por todas partes y dice: 'Queda inaugurada la decimoprimera feria nacional del plástico'”, reza el siguiente chiste. Y así concluye otro: “¿Cómo llaman a la carretera de El Pardo? La feria, porque al final está el tiovivo”.

Los chistes contra Franco llegan a Rivas y forman parte del FIC gracias al apoyo del Comisionado para la celeración de los 50 años de España en Libertad.

“Hubo cosas que cambiaron, pero no tantas”. Esta idea preconcebida con la que Francisco Pastor (Madrid, 1986) comenzó a escribir Vosotros no ha ido transmutando a base del trabajo colectivo. Porque si algo ha marcado la primera experiencia como dramaturgo de este periodista y reportero de televisión ha sido la labor en equipo. Su historia sobre los homosexuales que en 1976 quedaron fuera del primer decreto de Amnistía en plena Transición, ya que fueron tratados como presos comunes encarcelados mediante la Ley de Peligrosidad Social franquista, nació y se ha desarrollado al calor de los lazos tejidos por la comunidad LGTBI.

Fran es miembro de GMadrid, asociación sin ánimo de lucro que fomenta los espacios seguros “sin homofobia” a través del deporte, la música o la cultura. De hecho, algunos de los miembros del reparto se conocieron en el coro o en el grupo de senderismo. El autor entró en 2024 al de artes escénicas y en este segundo curso no se ha contentado con interpretar, sino que se ha lanzado a escribir una obra que ahora van a interpretar sus compañeros.

“Siempre me había apetecido escribir, aunque al principio te puede la timidez”, explica en conversación con Somos Madrid. El verano pasado comenzó a hilvanar una primera versión de 22 páginas que se ha ido ampliando hasta las 80, de forma que los 16 componentes del grupo (incluido él mismo) cuenten con un personaje cada uno. Todos ellos comandados por Rafael Molina (Madrid, 1980), tutor y profesor de arte dramático que colabora con GMadrid que ejerce de director en Vosotros no. “Sus clases son como las de Operación Triunfo”, describe Fran. Emociones a flor de piel, comentarios precisos y una sensibilidad que ya quisieran para sí los Javis.

El ambiente en los ensayos a solo una semana de la representación, que tiene lugar el viernes 26 de junio a las 19.00 en el centro cultural Lope de Vega (calle Concejo de Teverga, 1), es tan distendido como emocionado. Antes de ponerse manos a la obra, la mayoría del reparto se dedica a pegar carteles anunciándolo en los alrededores del local de ensayo, ubicado en la calle Libertad de Chueca. El nombre va que ni pintado.

En el proceso, van contando a este periódico cómo llegaron a GMadrid, qué opinan de sus personajes o cómo encaran estos últimos preparativos. Sergei Kosarev, de origen ruso, se enfrenta al reto de hacer de narrador. Tiene más texto que nadie, cosa que no le preocupa. Su español es fluido, aunque no pierde un ápice de acento, y va sobrado de alegría y de carisma. Jaime Iglesias llegó hace solo un mes para suplir una baja. Encarna a Herminio, el criado de un preso de clase alta llamado Benjamín (José Camacho). La escena entre ambos, representada durante la visita de este medio, ilustra las desigualdades existentes dentro de la desigualdad a cuenta de las cuestiones de clase o de procedencia (Jaime lleva su andalucismo por bandera y lo traslada a su personaje). También la vergüenza social con la que se trataban de reprimir maneras de ser, de querer y de sentirse.

El crisol de personajes incluye además diez presos (entre ellos un cura, dos enamorados que ven el mundo de formas muy distintas, un activista por los derechos igualitarios, una travesti, un hombre que no acepta quién es o un escritor de cartas que son también esperanza), tres policías (el demócrata, el franquista y el tibio) y un visitante que abandona a su pareja cuando descubre que el perdón o la libertad no le llegará con la muerte de Franco.

La implicación del elenco, desde el actor que da vida al personaje más pequeño hasta el que cuenta con más minutos, ha sido palpable desde que empezaron a ensayar la obra a comienzos de año. “Todos vinieron el primer día con su texto escrito y encuadernado. Me pareció increíble que se lo tomaran tan en serio”, cuenta Fran. “Nos lo podríamos haber tomado como un trabajo de clase, pero el trabajo colectivo ha dado a las cosas otra escala. Se nos ha ido de las manos, que diría Carles Tamayo”, añade. Todo en la obra es autogestionado, desde el vestuario o el atrezzo (pese a ello bastante cuidado) hasta la sala donde ensayar o la de la representación. Han complementado el pequeño presupuesto que les concede GMadrid con actividades con las que recaudar fondos, como una representación de monólogos hace unos meses.

Practican en ratos libres, por quedadas de los participantes en escenas concretas y hasta por audios de WhatsApp. Ese esfuerzo, junto a unas clases de Rafa que “sacaban unas cosas en las que yo no había pensado”, han sido para el autor el motor de un texto que con el paso del tiempo fue reforzando además la arquitectura que asienta su trama y su profundidad. Todo “al servicio del grupo, aunque a cambio de ello se hayan clasificado cosas del virtuosismo, cosa me da igual”. “Luego te apetece darle un regalito a la gente que conoces, te adaptas al romántico o al que le gusta hacer el tonto”, admite. “No sé qué sentiremos a partir del 26, si satisfacción o vacío. En cualquier caso, después nos encantaría llevarlo a más escenarios”, concluye Fran.

El látigo y la pluma

Gran admirador de las películas sobre la Guerra Civil, tenía claro que quería abordar la Memoria Histórica en su primer trabajo. En cuanto empezó a documentarse, decidió abordar el pasado, pero uno algo más reciente, el de las cuentas pendientes de una Transición modélica solo en el papel. “La Ley de Peligrosidad Social nos suena a las personas LGTBI. A partir de ahí empecé a documentarme en Internet y la biblioteca. También fue muy importante el libro El látigo y la pluma: homosexuales en la España de Franco [Fernando Olmeda, 2023], que tenía por casa”.

En su investigación, el periodista tuvo pronto claro que “es difícil sistematizar las violencias: el sistema que determinaba si te detenían por maricón o te lo dejaban en una multa era pura arbitrariedad”. Por ello, dice, “siempre te vas a encontrar alguien que te diga que no le hicieron nada”. Lo mismo ocurría con los encarcelamientos, algunos de apenas un mes y otros de hasta dos años. Cree que “había que perder el miedo a una historia en la que no se reconozca todo el mundo”. Lo compara con la pandemia, de la que “todos tenemos un recuerdo distinto”. Rubén Martín-Vas, que interpreta a Héctor (personaje en el armario), destaca los valores “teatrales pero también pedagógicos” de la pieza.

De hecho, subraya que “otra negociación cuando te documentas mucho es que la obra no te quede como una Wikipedia”. Así, “aunque sepas que en la radio sonaba Tú y yo de Cecilia, no puede entrar todo y hay que sacrificar”. No se quedaron fuera algunas revistas de prensa rozan que aportan un retrato muy certero de la esfera social española en la segunda mitad de los setenta.

Igual que no hay una historia absoluta con la que cualquier víctima pueda identificarse, no había presos perfectos que entiendan el mundo como lo hacemos hoy. Fran Pastor lo expone así: “Las relaciones en las cárceles eran muy distintas, muy crudas. No soñaban con una historia del amor al uso. Hubo un trabajo de suavizar mucho, al final somos un grupo de voluntarios y mostrar una realidad cruda nos queda grande. Tienes que negociar un poco, el código es el de 2026. En la obra los presos se decepcionan cuando descubren que no les van a dar la Amnistía. No pasó en la realidad, porque nunca esperaban que se les tratara como presos políticos en vez de comunes”.

En su cabeza estaba en todo momento “reflejar la diversidad del colectivo, también la conservadora, aunque que te duelen algunas cosas si eres de izquierdas”. Además, su investigación le ayudó a comprobar que la realidad no entiende solo de blancos y negros: “Descubrí que la homosexualidad se despenalizó antes en Alemania del Este o Checoslovaquia que en la Europa Occidental. En las primeras elecciones democráticas, ningún programa mencionaba la diversidad sexual. Incluso en los partidos de izquierdas podías sentirte poco bienvenido, aunque que luego cogieron esa bandera”.

40 años después, con una creciente ola reaccionaria que amenaza unos derechos que se dan por sentado mientras quedan otros por conquistar, Vosotros no rescata la historia de quienes se resignaban a su marginación no por inmovilismo sino por falta de horizontes. Una historia que mira al pasado y que precisamente por ello es más actual que nunca. Fran resume lo que ha cambiado en estas cuatro décadas con una anécdota más pedestre de los ensayos: “Como la obra está ambientada en el palomar de la cárcel de Carabanchel, cuando estamos un poco nerviosos o alterados comentamos que el palomar está revuelto”. Que la revuelta estalle sobre las tablas el próximo día 26.

Todo movimiento social está obligado a honrar y celebrar su genealogía para, esparciendo sus semillas al viento, tratar de reproducirla. Eso es lo que hará esta tarde el movimiento vecinal de Madrid. La FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) ha organizado a las 19.00 una marcha festiva en el entorno de la Puerta del Sol para recordar la manifestación del 22 de junio de 1976, la primera gran movilización vecinal autorizada tras la muerte del dictador.

Lo actos se han organizado con la ayuda del Comisionado 50 años de España en Libertad del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Incluirán una marcha desde Sol a Callao por Preciados –como en la manifestación original–, homenajes a los protagonistas, una actuación de los cantautores Luis y Pedro Pastor y un concierto del grupo Alameda de Osoulna.

La de Princesa no fue la primera gran manifestación autorizada pero sí una de especial relevancia. La primera había tenido lugar el 29 de febrero de 1976 en Badalona (incluso antes de la aprobación Ley de Reunión 17/1976, de 29 de mayo). En Madrid la primera manifestación vecinal legalizada había sido el 13 de marzo de ese mismo año en el barrio de Canillas bajo el lema “Basta de atascos y baches, queremos accesos”. El mismo día de la manifestación de Preciados, sin ir más lejos, se había producido una manifestación de estudiantes autorizada entre Iglesia y Cuatro Caminos. Sin embargo, la del 22 de junio supuso, por su magnitud, la irrupción del movimiento vecinal en el foco que da irrumpir 50.000 cuerpos en pleno centro de la ciudad. La manifestación estaba organizada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Madrid (hoy FRAVM) junto con otras entidades de la época.

En las pancartas que portaban los manifestantes se leían lemas como Menos fútbol y más escuelas, Enseñanza popular, Legalización de asociaciones, Abajo los topes salariales. Como se ve, asuntos que mezclaban el desarrollo territorial de los barrios con escenarios políticos de gran calado durante los años de la Transición. De hecho, la gran reclamación del momento, muy presente también esta vez, era la petición de amnistía.

Uno de los caballos de batalla de las asociaciones vecinales durante aquellos años fue su misma existencia legal: La legalización desigual que se venía produciendo de unas y otras agrupaciones de vecinos que, de facto, llevaban trabajando por sus respectivos barrios desde hacía años. Las que seguían esperando el sí, a veces desde hacía bastante tiempo, eran las conocidas como asociaciones “en trámite”.

La manifestación comenzó a las ocho y media de la tarde y estaba autorizada solo durante media hora. Posiblemente por el inesperado desborde ciudadano al que se asistía en pleno centro de la ciudad, la policía la cortó incluso antes. A menos cuarto, dio un toque para que la gente se disolviera en cinco minutos. Aunque la manifestación se deshizo pacíficamente, se produjeron los habituales altercados en las horas siguientes entre la policía –que lanzó botes de humo y realizó varias detenciones– y algunos manifestantes.

La manifestación de 1976, en realidad, no pudo llegar formalmente a Callao, ya que el gobernador civil franquista lo prohibió. En esta ocasión, cuando la marcha llegue al final de Preciados el delegado del Gobierno, Francisco Martín, la recibirá y la dejará pasar.

Poco ante de tomar el centro de la ciudad, el movimiento vecinal había reunido fuerzas en una poco conocida jornada campestre. Los colectivos de la Federación Vecinal, clubes juveniles y asociaciones de Amas de Casa organizaron en una arboleda de Aranjuez una “jornada festiva de convivencia vecinal”, con ecos del día de la tortilla de San Isidro.

Al terminar la asamblea que cerraba la jornada, la Guardia Civil cargó con fuerza contra los asistentes –unas 2500 personas, incluidos niños–. Esta agresión sirvió de espoleta para organizar una Semana Ciudadana conformada por decenas de actos culturales y auspiciada por decenas de asociaciones de barrios y ciudades de la región. El colofón de la semana de lucha y acumulación de fuerzas fue, precisamente, la manifestación del 22 de junio en la calle Preciados.

El niño con el puñito cerrado o una fotografía que se convirtió en símbolo del momento

Aquel 22 de junio, la gente se apretaba en la estrecha calle de Preciados, de Sol hasta Callao, y se desbordaba por todas las calles adyacentes. El público asistente era según las crónicas de la época, diverso, con asistentes de todas las edades y géneros.

César Lucas, jefe de fotografía de El País, captó la imagen de un niño sobre los hombros de su padre en medio de la multitud, con sonrisa franca y el puñito cerrado, que se ha convertido en una de las grandes imágenes de la Transición. Una instantánea que ha trascendido a la propia fecha que, de todas formas, refleja bien en ambiente pacífico que debió tener la manifestación vecinal.

Lucas estará presente este lunes en los actos de Callao junto con otros protagonistas de la época como Tino Calabuig, que rodó imágenes también icónicas de la época. Intervendrán dirigentes históricos del movimiento vecinal como Pepe Molina o abogadas que prestaban sus servicios a las asociaciones, como Paca Sauquillo, entre otros.

La prueba de que la imagen de Lucas es un documento cargado de historia es que, pasados los años, se hicieron los típicos artículos que buscaban a su protagonista. En 2006 el periódico El País reveló que el niño de la foto se llamaba Daniel Rivas Azcueta, tenía entonces 34 años y trabajaba como piloto. Rivas acudió a la manifestación con sus padres, que eran vecino de Guindalera, miembros del PCE, de CCOO y participantes en la Junta Democrática.

La fotografía armó revuelo en su momento. Basta recordar que la crónica del periódico ABC de la manifestación afirmaba que se vio algún puño en alto, pero fue anecdótico. Sin embargo, allí estaba un niño pequeño ejercitando el simbolismo político con su cuerpo, probablemente repitiendo lo que era un gesto habitual en su entorno. Cuenta Juan Luis Cebrián, que ejercía como director de El País, que un ministro protestó preguntando si la cabecera iba a apostar “por una España comunista”.

Durante aquellos años sucedieron muchas primeras veces y medio siglo después el movimiento vecinal busca renovar su influencia reivindicando su historia y reproduciendo una manifestación que en aquel momento parecía impenable.

Existe unha opinión moi común que sostén que o PSOE é a columna vertebral do sistema constitucional español ou, noutro xiro non meramente semántico, do réxime do setenta e oito. A monarquía, a unidade de España, o Concordato, o pacto social, todo o que soporta a estabilidade do poder, segundo esta opinión, susténtanse no PSOE. Se o PSOE cae, o enteiro edificio construído dende a Transición, cae.

Os que sosteñen ese criterio pertencen ao ramo da opinión pública de esquerdas que respira polas branquias do optimismo. Creo que non se lles pasa pola cabeza que o establishment, ou unha parte significativa del, xa pasou esa pantalla. A estas alturas debería estar claro que certas elites buscan que o PSOE caiga, e non, precisamente, para facer a ruptura democrática. Buscan derrubar ao réxime e destruír ao PSOE sen paliativos. Polo que sexa, hai quen non o ve.

Na lectura que fan do momento esas forzas consideran que é posible reescribir o pacto da Transición. Redefinir España. Ampliar o mercado e reducir o Estado. Privatizar e xibarizar o Estado do Benestar: sanidade, educación, pensións. Desregular, desregular. Desregular todo, dos controis alimentarios ás prácticas extorsionadoras das tecnolóxicas. Aumentar a desigualdade social construíndo un modelo á americana. Levar as súas últimas consecuencias a guerra cultural mediante a ventá de Overton para establecer un novo sentido común no que toda proposta progresista ou multicultural, por leve e discreta que sexa pareza extremadamente radical. Acabar co feminismo para dárlle voz á manosfera. Recentralizar. Que o Estado central decida todo. Que as Comunidades Autónomas sexan un floreiro inútil. Primar Madrid como operación política de Estado. Meter nunha gaiola de ferro os idiomas distintos do castelán. E así con todo.

Estamos vendo en directo como se está tratando de derrubar o que se dicía era o principal píar do réxime do setenta e oito porque o que se busca é un ciclo longo de poder da dereita e da extrema dereita. Ilegalizar partidos? Suprimir autonomías? Talvez. En todo caso, hai maneiras de conseguir o mesmo a través de certas viraxes e do uso irrestrito de leis autoritarias. Un ciclo de lustros de hexemonía conservadora abriría o paso a unha contrarreforma constitucional, non necesariamente formal, pero si pola vía dos feitos. A intención é reescribir a España que saíu da Transición. Conspiracións? Habelas, hainas.

Por suposto, despois do PSOE irán a polos seguintes na lista, como é natural. Aquí non se salva ninguén. Nin o BNG, nin o PNV, nin Sumar ou Podemos. Nin o obreiro da construción, nin o xubilado ou o profesor. Ninguén. Acabáronse o consenso e a concordia. O contexto mundial, con Trump, MAGA e os tecnobros nos Estados Unidos permite e favorece esa opción. E tamén o contexto da UE, na que fórmulas similares están gañando terreo por todas partes. Unha vez caído o consenso de posguerra estamos entrando noutra fase histórica na que o pasado non alumea o porvir. Se o PSOE implosiona, que paisaxe quedaría? Un PSOE felipista é, ao meu xuízo, imposible como fórmula de goberno. Ou moito me equivoco ou un PP no goberno apoiado dende o exterior polos socialistas non cabe en España. Descendería abruptamente en número de deputados e, aínda que se abrira un espazo maior á súa esquerda, hoxe en mínimos pola súa propia curtidade de miras, a suma estaría moi lonxe de poder constituírse como alternativa. Non representarían un perigo.

Quen che aplica a vía penal está afirmando dúas cousas: a primeira que pode facelo, que ten poder dabondo, que non está obrigado a negociar polas circunstancias. A segunda, que pode implementar unha situación política, económica e social, sen o teu concurso, nin o dos segmentos sociais que son o teu soporte. En certo modo, é extraer as consecuencias lóxicas do modo en que se resolveu o procés, que inhabilitou a Convérgencia como partido bisagra e fixo estoupar o sistema político catalán e, con el, un soporte básico do español. Quen che aplica a vía penal xulga que a correlación de forzas lle autoriza e que as forzas reactivas que pode desatar carecen de peso ou importancia.

Así están as cousas. Este é o contexto de fondo necesario para saber interpretar o momento.

Por primera vez hay un reconocimiento oficial de las víctimas mortales que la Policía, la Guardia Civil y la extrema derecha dejaron en España una vez aprobada la Constitución. El Gobierno acaba de hacer público el informe de la comisión de expertos que ha estudiado las vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1979 y 1983, como obligaba la Ley de Memoria Democrática. El trabajo identifica 63 casos y los sitúa en un marco de violencia política heredada de la dictadura, en un momento en el que aun diferentes actores se resistían a dejar ir el franquismo.

Los excesos policiales documentados —28 del total— se reparten por toda la geografía española y siguen patrones claros como la represión desproporcionada de manifestaciones o huelgas, las muertes en controles de carretera o en lugares de ocio. Varias de las víctimas lo fueron en bares o discotecas a raíz de simples discusiones. El modus operandi posterior más común fue el de mentir o incluso manipular pruebas para ocultar la verdad y los pocos casos que terminaban en condena solían derivar en penas casi testimoniales. Estos son algunos de los casos más destacados:

Ursino Gallego tenía 14 años cuando falleció en Parla (Madrid) en el transcurso de una manifestación vecinal por la escasez de servicios públicos. Según contó su familia, el chico ni siquiera participó en la manifestación, sino que había salido a comprar entradas para el cine y se acercó por curiosidad a la protesta cuando recibió en el pecho el impacto de la bala de goma que le mató. La versión oficial afirmó que Ursino formaba parte de “los grupos sediciosos que hostigaban a la fuerza pública” que, según su relato, no habría tenido más remedio que disparar. Nadie se sentó en el banquillo por este caso.

Eran las cuatro de la madrugada del 10 de junio de 1979 cuando Vicente Vadillo, un artista travesti de 32 años, era asesinado en la discoteca Apolo de Rentería (Gipuzkoa) por el policía nacional Antonio Caba. El agente, en estado de embriaguez, entró al local cuando ya estaba cerrado profiriendo gritos contra Euskadi y amenazando con “cargarse a algún vasco”. Vicente, conocido como Francis, le respondió: “Aquí me tienes a mí”. Fue entonces cuando Caba sacó la pistola y lo mató de un disparo en la cara. El caso, que fue el detonante de las primeras manifestaciones LGTBI en Gipuzkoa, llegó a juicio, pero el policía fue condenado a nueve meses de prisión y no entró en la cárcel.

Emilio Martínez y José Luis Montañés fueron asesinados en diciembre de 1979 en Madrid, durante la represión de una masiva manifestación estudiantil. Ambos recibieron los disparos efectuados por agentes de la Policía Nacional desde un jeep que había quedado aislado durante unos disturbios. Para justificarlo, la Policía manipuló las pruebas y llenó el coche de piedras en la Casa de Campo para fingir que habían sido víctimas de un apedreamiento. Un juez intentó procesar a tres agentes por homicidio, pero el caso acabó pasando a la Audiencia Provincial, presidida por un magistrado que solía exhibir un águila franquista en su solapa y que archivó la causa.

El pueblo de Feria (Badajoz) celebraba las fiestas de San Bartolomé (1980) cuando Joaquín Mendoza, de 17 años, fue asesinado. El joven se había apartado del bullicio junto a un primo y un amigo con la intención de hacer sus necesidades, un momento en el que el guardia civil Juan Martínez Píriz le disparó. El Instituto Armado emitió hasta tres comunicados con versiones falsas: que habían repelido un ataque terrorista efectuado con piedras, que el arma se disparó por un forcejeo o que Joaquín simplemente “cayó a unos metros” de la zona tras defecar. Según consta en el informe, el caso se cerró en 1991 con el pago de una indemnización a la familia. El guardia civil no fue apartado del cuerpo.

María Asensio Morales fue otra de las tantas víctimas consecuencia de la represión policial de protestas y huelgas. En este caso, en un pueblo de Almería, donde los vecinos protestaban por el desvío de agua de unos pozos locales. Mujeres y niños bloquearon el paso a los camiones al tiempo que los agentes recibieron la orden de disparar. María recibió el impacto de una bala de goma que le destrozó la cabeza, pero la versión oficial mintió y calificó el hecho de “accidente fortuito” asegurando que la mujer se habría golpeado al resbalarse o sufrir un empujón. Falleció tras diez días en la UVI, en marzo de 1981.

Nadie fue condenado por ello y el jefe de la comandancia de Almería, Carlos Castillo Quero, protagonizaría dos meses después el 'Caso Almería', en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados hasta la muerte al ser confundidos con miembros de ETA, aunque estaban en Almería por haber asistido a la comunión del hermano de uno de ellos. Se llamaban Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo. Castillo Quero fue condenado a 24 años de cárcel.

El último caso de los perpetrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incorporado al informe ocurrió el 19 de febrero de 1983, el único de ese año. Se trató del niño de dos años Juan Félix Domínguez, que murió en Toledo cuando la Guardia Civil disparó al coche en el que viajaba la familia tras pasar un control policial sin señalización. El padre escuchó repetidamente golpes en la chapa del vehículo, pero pensó que era una gamberrada y aceleró. Un agente abrió fuego, hirió a la madre y mató a Juan Félix, que iba en sus brazos. Enrique Gómez fue condenado a dos meses y un día de arresto y el pago de una indemnización a la familia.

Las víctimas de la ultraderecha

La extrema derecha, por su parte, mató fundamentalmente en Euskadi y Madrid, con claros objetivos ideológicos o con la excusa de “vengarse” por los asesinatos de ETA. Solían actuar en grupo en la vía pública o mediante secuestro. Solo una parte de las víctimas ahora reconocidas han sido consideradas oficialmente víctimas del terrorismo.

Entre los asesinatos identificados en el estudio están los de Manuel Álvarez y Victoria Arranz, de 69 y 64 años, víctimas de un incendio provocado en Valladolid por el Comando Antimarxista, que prendió fuego al edificio en el que vivían porque en la planta baja estaba la sede del Movimiento Comunista de Castilla y León. El comando ultraderechista reivindicó la acción con una llamada a la radio que finalizó con vivas a Franco y gritos de “¡Arriba España!”. La Jefatura Superior de Policía llegó a abrir diligencias, pero fueron archivadas.

La joven Ana Teresa Barrueta tenía 19 años cuando fue agredida sexualmente, torturada y asesinada el 9 de enero de 1980 a escasos 200 metros de su domicilio de Lujua (Bizkaia). La víctima fue atacada por miembros de Grupos Armados Españoles (GAE) cuando regresaba de clases de euskera, como hacía cada martes. Posteriormente, en el domicilio de la abogada feminista que estaba investigando el caso aparecieron las pintadas “Marxista. Cerda. Te vamos a violar”, con las siglas de Fuerza Nueva, el partido de extrema derecha liderado por Blas Piñar. Militantes de la formación asesinaron ese mismo año a Yolanda González en Madrid, otro de los casos incluidos.

Fuerza Joven, la rama juvenil del partido, también estuvo implicada en hechos violentos. Varios miembros adolescentes asesinaron el 28 de marzo de 1980 a Jorge Caballero, militante de la CNT, cuando salía del cine de ver La naranja mecánica. Los fascistas se fijaron en él porque llevaba una 'A' en la solapa, bordada por su madre. Le rodearon y apalearon hasta que Juan José Llobregat, apodado el Loco, hundió un machete en su pecho al grito de “¡anarquista de mierda!”. El asesino vive actualmente en República Dominicana, donde consiguió huir tras el crimen. La orden de busca y captura que pesaba sobre él fue anulada en 1999, cuando prescribió.

Felipe Sagarna Ormazábal (41), de profesión zapatero y simpatizante de Herri Batasuna, fue ejecutado de dos tiros en la cabeza en 1980 en Hernani. Fue abordado de madrugada por Ladislao Zabala e Ignacio María Iturbide, dos miembros del grupo terrorista de extrema derecha Batallón Vasco Español. Los dos hombres matarían poco después a Francisco Javier Ansa (36), hermano de un concejal del PNV. Este mismo comando llegó a perpetrar siete asesinatos y el Batallón Vasco Español en su conjunto es autor de once de los casos del informe, la cifra más alta atribuida a una misma organización.

Era taxista y no tenía ninguna actividad política conocida, pero Pablo Garayalde Jaureguizábal fue víctima en Berástegui (Gipuzkoa) de la organización terrorista de extrema derecha la Triple A, conocida como la Alianza Apostólica Anticomunista. El 2 de enero de 1982 fue secuestrado y asesinado tras salir a medianoche de casa para atender un servicio solicitado por teléfono.

Nueve horas más tarde su cadáver apareció con la cara destrozada de dos disparos con una escopeta de caza. El asesinato fue reivindicado por la Triple A, que alegó haberle confundido con otra persona. Desde el inicio, la Policía investigó diversas hipótesis, incluso tras asumir la autoría la extrema derecha, fuentes policiales llegaron a afirmar que no se descartaba que hubieran sido los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una organización armada activa en Euskadi en esos años.

Aquí puedes ver el listado completo de las víctimas identificadas en el documento:

Tras más de dos años de trabajo, la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar violaciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983 ya tiene cerrado su informe. Las conclusiones identifican a 63 víctimas mortales a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de grupos de extrema derecha enmarcadas en una violencia política heredera del franquismo durante la Transición.

El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978. La comisión que lo ha hecho ha estado formada por catedráticos de Derecho Penal, historiadores y otras voces expertas. El trabajo “trata de corregir” la “indefensión y falta de reconocimiento” de las víctimas, cuyas muertes en muchos casos no fueron investigadas ni juzgadas o no de forma rigurosa. De las 63 víctimas, 28 lo fueron a manos de la Policía o la Guardia Civil y el resto de la ultraderecha.

El texto explica que la Transición estuvo marcada por la violencia de diferentes actores —entre ellos, ETA, que fue el que más personas mató—, pero específicamente se detiene en aquellas prácticas “antidemocráticas” que tenían por objetivo mantener el régimen anterior o que estuvieran ligadas al mismo. En este marco, el estudio comprende las muertes cuya “causa directa” sea la actuación de agentes policiales mediante el “uso ilegal de la fuerza” y de grupos de extrema derecha que “pretendían frenar el avance democrático mediante el uso del terror”, muchas veces con la “tolerancia” de las autoridades.

El informe asume que la aprobación de la Constitución “no bastó por si sola” para terminar con las prácticas procedentes de la dictadura y asegura que la Transición fue “un espacio gris” en el que siguieron produciéndose intervenciones ilegales, excesos y abusos policiales en manifestaciones, protestas, comisarías, controles... El conocido como “gatillo fácil” es atribuido por los expertos a la falta de depuración de los cuerpos, lo que permitió que, ya en democracia, “se mantuvieran” este tipo de prácticas.

La comisión, que ha mantenido un intenso debate sobre qué casos incluir o no, ha decidido identificar a estas 63 víctimas en base a dos conceptos interpretados en sentido amplio, según el estudio: que lo fueran por luchar por la democracia y como “consecuencia” de un abuso de poder “fruto de un defectuoso y antidemocrático funcionamiento de las instituciones del Estado”. Por años, el más mortal fue 1980, con 28 asesinatos —20 de la ultraderecha—, seguido de 1979, con 22 asesinatos de los cuales 14 fueron a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El trabajo reconoce nueve casos en 1981, tres en 1982 y uno en 1983. Del total de 63 víctimas, nueve son mujeres.

Entre las muertes provocadas por grupos de extrema derecha figuran las de los jóvenes Yolanda González o Andrés García Fernández, apuñalado este último en 1979 a la salida de un cine del barrio Salamanca en Madrid, considerada “zona nacional” por estas bandas. El joven, de 18 años, era militante comunista. La mayoría de los casos incluidos ocurrieron en Madrid y en diferentes localidades de Euskadi, como la muerte de Liborio Arana, Manuel Santacoloma, María Paz y Pacífico Fica, en enero de 1980 como consecuencia de la explosión de una bomba a la puerta de un bar de Baracaldo cuyos dueños eran simpatizantes del PNV.

Los autores fueron miembros de Grupos Armados Españoles, una organización que cometió otros dos asesinatos. El Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza Nueva, el Frente de la Juventud, Falange o el Comando Antimarxista fueron otros de los grupos de extrema derecha que mataron en aquellos años a personas incluidas en el estudio.

En el caso de las actuaciones policiales, figuran muchas llevadas a cabo para reprimir huelgas, protestas o manifestaciones. Están reconocidos los casos de la ecologista Gladys del Estal, Vicente Vadillo, que murió en el contexto de una huelga laboral de transportistas o Ursino Gallego, un adolescente de 14 años que falleció por el impacto de una bala de goma durante una manifestación vecinal por la falta de suministro de agua en la localidad madrileña de Parla. Hay también varios casos enmarcados en controles de tráfico, “discusiones” o intentos de identificación. Figura, además, el caso Almería, en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados y asesinados al ser confundidos con miembros de ETA.

Sin las víctimas de los GAL

El estudio de estas vulneraciones de derechos hasta diciembre de 1983 soliviantó a la derecha durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. El expresidente José María Aznar llegó a decir que se trataba de una norma “hecha y pactada con terroristas” y el PP en su conjunto aseguró que se trataba de una concesión a EH Bildu para incluir a los etarras Lasa y Zabala, víctimas de los GAL, como víctimas del franquismo. En su momento, el Gobierno aseguró que no era el objetivo de la disposición y que las víctimas de la guerra sucia contra ETA quedarían fuera del estudio porque estaba pensado para víctimas que “trabajaron” por la consolidación democrática.

El informe retoma la cuestión y excluye a los miembros de grupos terroristas, que participaran en actividades dirigidas a “subvertir el orden constitucional” o murieran como consecuencia de la manipulación de explosivos. “Esto quiere decir que los miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español, del GAL o de las actuaciones policiales descontroladas no están abarcados en este análisis”, detalla el documento. La comisión también ha delimitado los casos a aquellos que tuvieron resultado de muerte debido, entre otras cosas, a la escasez de fuentes, pero recomienda que el estudio se amplíe en un futuro a casos de torturas, malos tratos o trato degradante.

Los expertos hacen dos recomendaciones más: que haya un reconocimiento institucional de estas víctimas, con “medidas mínimas” como la entrega de declaraciones de reparación como las que el Gobierno otorga a las víctimas del franquismo, que se les incluya en actos oficiales de memoria democrática o que se garantice que sus nombres e historias sean “nombradas y dignificadas públicamente”. Además, el trabajo aconseja la creación de un canal “permanente, accesible y seguro” que permita a familiares y asociaciones presentar casos para que puedan estudiarse e incorporarse.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que el estudio no es un documento “de sanción penal”, sino “de carácter histórico, jurídico y político” que tiene por objetivo “reconocer y reparar” estas violaciones de derechos humanos. Las mismas fuentes aseguran que, como primer paso, se reconocerá el derecho a recibir la indemnización que tramita actualmente el Congreso para familias de fallecidos por su lucha por la democracia. Eso siempre que no hayan recibido ya indemnización, algo que sí ha ocurrido con muchas de las víctimas de la ultraderecha, consideradas víctimas del terrorismo.

22 mil millones de euros

El segundo de los informes que también ha sido ya entregado es el que responde a la obligación de estudiar el grado de cobertura de la “reparación de carácter económico” dirigida a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil con el objetivo de recomendar posibles “déficits subsanables”. La comisión responsable del estudio estaba integrada por miembros de ministerios y comunidades autónomas y su conclusión principal es que desde la reinstauración de la democracia, España ha impulsado de forma “amplia, continua y progresiva” un sistema de reparación económica.

El informe ha revisado la normativa aprobada desde 1976 y ha identificado casi una veintena de Reales Decretos y leyes que impulsaron pensiones o indemnizaciones. Según las cifras aportadas en el trabajo, el total de dinero gastado por la Administración General del Estado ha sido un acumulado de 22.160 millones de euros. De acuerdo con estos datos, aportados sobre todo por el Ministerio de Hacienda,a más de medio millón de personas, 611.828, han recibido algún tipo de compensación económica hasta 2024.

Las ayudas se han dirigido fundamentalmente a militares republicanos y sus familias —tanto profesionales como no—, a aquellas personas que sufrieron mutilaciones por la Guerra Civil y a los llamados “niños de la guerra”, que fueron evacuados de España cuando eran menores de edad. También existe una pensión para los familiares de personas fusiladas o desaparecidas que, según los datos, han llegado a cobrar 113.095 personas —percibida actualmente por 3.582—.

En lo que respecta a las indemnizaciones, figuran dos tipos para personas que sufrieron prisión por motivos políticos y otras para presos que fueron encarcelados por ser LGTBI. En el primer caso, la han cobrado algo más de 60.000 personas y en el segundo, 116. El estudio, sin embargo, no ahonda en el importe de las ayudas o en la media de las pensiones recibidas. La ley estipula que los expresos debieron sufrir privación de libertad durante un mínimo de tres años para recibir una indemnización de 6.000 euros, a los que se añaden 1.202 euros por cada tres años adicionales.

El informe intenta arrojar luz sobre las ayudas aprobadas por las comunidades, pero no todas han respondido a la petición. Solo hay datos de Catalunya, Navarra, Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía —la única de la lista gobernada por el PP—. En total, las seis autonomías han gestionado prestaciones económicas “complementarias” a las del Estado central por casi 70 millones de euros, que han sido otorgadas a 26.231 personas.

La comisión hace algunas recomendaciones, pero solo habla explícitamente de ampliar las reparaciones económicas a los militares represaliados durante el tardofranquismo por su cercanía a posiciones democráticas, un ámbito que “no está plenamente cubierto”, según el texto. También menciona específicamente a las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer, de la represión por creencias religiosas, las represaliadas por su orientación sexual o las víctimas de “la psiquiatría franquista”. En estos casos, aconseja la realización de estudios “en profundidad” para conocer más a fondo su situación.

Las calles del Marqués de la Ensenada

El tercero de los informes aborda la represión y la situación histórica del pueblo gitano en España y concluye que ha existido una “represión institucional” contra este colectivo desde hace al menos seis siglos y que aún dura hoy. La comisión, compuesta por representantes del Gobierno y también de la sociedad civil, explica en su informe que el Estado “consideró la identidad gitana como una amenaza durante más de 500 años” y que su discriminación “se ha mantenido como una política normalizada y socialmente tolerada”.

El informe hace un repaso por la historia de esta exclusión, desde los Reyes Católicos hasta la actualidad, y aunque reconoce —y detalla— el “avance” en forma de normativa que se ha desarrollado en los últimos años, también hace varias propuestas con el objetivo de “dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Las recomendaciones hacen referencia a distintos ámbitos y se concretan en el impulso de una ley integral, la articulación de protocolos en las aulas, formación de operadores jurídicos, agentes policiales y profesorado o medidas para garantizar que la historia y cultura del pueblo gitano se estudia en las aulas, algo que debería ser obligatorio.

Una de las propuestas que más consenso generó en la comisión fue la de la retirada de calles y plazas dedicadas al Marqués de la Ensenada, que fue el responsable de la llamada Gran Redada, el intento de exterminio de los gitanos en España que se produjo en el siglo XVIII. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han señalado que, aunque el catálogo de retirada de símbolos franquistas no está pensado para estos casos, la idea del Gobierno es impulsar algo similar para que el nombre del Marqués de la Ensenada desaparezca del callejero.

El historiador extremeño Juan Sánchez González (Villanueva de la Serena, 1962) reivindica el reformismo y la complejidad de la Transición en un libro que reconstruye con precisión el surgimiento de la Extremadura política contemporánea, es decir, la transformación de una conciencia identitaria previa —más cultural que social— en un proyecto político articulado. Esta lectura, anclada en los matices y en la larga duración, sitúa el proceso extremeño dentro del entramado más amplio de la Transición española y subraya cómo aquella identidad difusa encontró, en aquellos años decisivos, su primera concreción institucional. Su nueva obra, España y Extremadura en Transición. Conversaciones con Enrique Sánchez de León, se presenta como un ejercicio de memoria crítica, análisis histórico y relato político que busca iluminar un periodo decisivo de la historia reciente desde una perspectiva regional hasta ahora insuficientemente explorada.

El punto de partida intelectual del libro queda ya anticipado por el propio Sánchez González cuando afirma: “Resulta decepcionante el estéril y casi siempre interesado presentismo detectable en interpretaciones de procesos históricos complejos”. Esta reflexión funciona como declaración de intenciones: el historiador propone alejarse de los relatos simplificados, de las visiones maniqueas y de las lecturas interesadas que, a su juicio, han distorsionado con frecuencia la comprensión de la Transición española.

Doctor en Historia Contemporánea y profesor titular de la Universidad de Extremadura, Sánchez González defiende la necesidad de recuperar “la escala de grises” y de contextualizar los procesos históricos sin caer en ensalzamientos ni vituperaciones. Su aproximación se fundamenta en la convicción de que la Transición no puede entenderse sin conectarla con el tardofranquismo, ni sin analizar las interrelaciones entre la primera y la segunda mitad de la década de los setenta. Para él, tanto los sectores reformistas del régimen como la oposición antifranquista desempeñaron papeles decisivos en un proceso que fue, ante todo, complejo, incierto y abierto.

Conversación de cinco años

Ese enfoque se materializa en el libro recién publicado a través de una extensa conversación mantenida durante aproximadamente cinco años con Enrique Sánchez de León, figura clave de la política extremeña y nacional. Su trayectoria —aperturista en el franquismo, reformista durante la Transición, procurador en las últimas Cortes franquistas, diputado, ministro, defensor del asociacionismo político, líder de AREX, Acción Regional Extremeña, el primer partido regionalista, y uno de los fundadores de UCD— ofrece un prisma privilegiado para comprender la evolución política de aquellos años. La obra no se limita a recoger entrevistas: reconstruye procesos, contrasta memorias y confronta la mirada del político con la del propio historiador.

Sánchez González explica que el libro surge también de un vacío historiográfico evidente. Aunque existe una amplia bibliografía sobre la transición del franquismo a la democracia en España, apenas se ha estudiado ese periodo en Extremadura. Resulta especialmente llamativa, señala, la ausencia de investigaciones sobre la etapa preautonómica extremeña, “sin la cual difícilmente cabe entender la Extremadura actual”. A ello se suma otro problema: la separación artificial entre la historia nacional y las historias regionales, concebidas “inexplicablemente como compartimientos estancos”. Con esta obra, el autor aspira a contribuir a superar esa fractura, integrando ambas perspectivas.

Una de las singularidades de la Transición en Extremadura fue, según el historiador, “el nacimiento de la Extremadura política”: la transformación de una identidad regional principalmente cultural en una realidad política concreta. Esa identidad, todavía difusa en los años setenta, tuvo que definirse en medio de tensiones interprovinciales, debates sobre el modelo autonómico y discusiones sobre el papel que la región debía desempeñar en el nuevo marco constitucional. “La Extremadura actual hunde sus raíces y mantiene, con levísimas modificaciones, la estructura institucional diseñada en aquellos momentos”, afirma Sánchez González, quien considera que la región debe afrontar sus desafíos actuales sin autocomplacencia y con capacidad para combinar cambios y permanencias. “Los retos siguen siendo considerables”, advierte, reclamando “más ilusión y valentía” tanto en el plano institucional como en el actitudinal.

No había ningún estudio específico sobre la etapa preautonómica extremeña, sin la cual difícilmente cabe entender la Extremadura actual

Proceso abierto

El libro dedica también un espacio relevante al papel de los movimientos ciudadanos y de la sociedad civil durante el proceso democrático. Sánchez González insiste en que “todos los sectores sociales estuvieron involucrados” en un cambio tan profundo como el de los años setenta, aunque rechaza las lecturas parciales o excluyentes que privilegian a unos actores sobre otros. “El proceso siempre estuvo abierto”, afirma. Las relaciones entre ciudadanía, organizaciones políticas y movimientos sociales generaron “confluencias y complementariedades” que, pese a los inevitables conflictos, hicieron posible el triunfo del reformismo frente a las alternativas más radicales, tanto inmovilistas como revolucionarias. La movilización ciudadana contribuyó “extraordinariamente al cambio político”, mientras que el liderazgo de determinadas organizaciones permitió encauzar tensiones y alcanzar consensos “difícilmente imaginables”.

El historiador dirige parte de su reflexión a las generaciones más jóvenes, a quienes invita a aproximarse a la Transición desde el conocimiento histórico y no desde prejuicios ideológicos. “Los procesos históricos son muy complejos porque en ellos interactúan circunstancias y múltiples actores”, recuerda. Y añade: “sin conocer los hechos y sus correspondientes contextos difícilmente puede resultar operativo el conocimiento del pasado”. A su juicio, muchas interpretaciones sectarias responden a “intereses presentistas” y desvirtúan la comprensión histórica. “El conocimiento histórico es útil, muy útil y necesario, si antes que ponerse al servicio de sus pasiones alimenta el entendimiento y con ello el espíritu crítico de los ciudadanos”, afirma.

El azar

Durante la investigación, Sánchez González asegura haber comprendido aún mejor “la importancia del azar y de las incertidumbres” en los procesos históricos. “Lo que acaba sucediendo no tenía necesariamente que haber sucedido”, resume, subrayando la contingencia y la fragilidad de los equilibrios políticos de la época.

El formato conversacional del libro fue una decisión consciente. El autor quería construir “un libro singular desde la óptica de la historia del tiempo presente”, una disciplina que necesita trabajar con testigos directos. No pretendía elaborar unas memorias ni una simple recopilación de entrevistas, sino reconstruir procesos y acontecimientos, ofreciendo al protagonista todos los elementos necesarios para “sortear los ruidos asociados a la inevitable evanescencia de la memoria”. La obra fue redactada íntegramente por Sánchez González, respetando “escrupulosamente los términos y giros” de las intervenciones de Sánchez de León, quien supervisó el texto completo antes de fallecer a los 90 años, cuando el proceso de edición ya estaba iniciado.

Sobre él, el historiador destaca “su disponibilidad y energía” para reconstruir una trayectoria política marcada por “vicisitudes, éxitos y contratiempos”, así como “la fortaleza de sus convicciones, su capacidad de liderazgo, su perseverancia y su resiliencia”. Incluso establece un paralelismo entre Sánchez de León y Adolfo Suárez: “Fueron, de alguna manera, hombres de transición para la transición”.

Currículo del autor

A lo largo de su trayectoria académica, Sánchez González ha impartido docencia en instituciones como la Universidad Paris IV-Sorbona, la Universidad Paris VIII-Vincennes-Saint Denis, la Università degli Studi L’Orientale de Nápoles o la Escuela Nacional de Antropología de México. Ha dirigido el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, los Cursos Internacionales de Verano de la UEx y el Servicio de Acción Cultural de la universidad, además de formar parte del primer Consejo de Administración de la CEXMA.

Entre sus principales líneas de investigación figuran el análisis del discurso político, el regionalismo extremeño, la historia contemporánea, los medios de comunicación y la formación de la opinión pública. Ha publicado estudios sobre ideología, prensa y mentalidades en la Extremadura contemporánea, así como trabajos sobre José López Prudencio y el regionalismo extremeño de los siglos XIX y XX.

Su último libro, España y Extremadura en Transición. Conversaciones con Enrique Sánchez de León, culmina años de investigación sobre la Historia del Tiempo Presente y sobre el papel desempeñado por Extremadura en el complejo tránsito del franquismo a la democracia. En definitiva, la publicaciónse erige como una invitación a mirar de frente un pasado decisivo sin nostalgias ni simplificaciones, reivindicando la fuerza del matiz y la necesidad de un análisis sereno. Al reconstruir el nacimiento de la Extremadura política y al dialogar con una figura tan central como Enrique Sánchez de León, Sánchez González no solo llena un vacío historiográfico: también recuerda que la democracia se construye desde la pluralidad, el compromiso y la conciencia histórica. Su obra interpela al presente, reclamando una ciudadanía capaz de pensar con rigor, de asumir la complejidad y de comprender que, como en toda transición, el futuro sigue siendo un territorio abierto que exige responsabilidad, memoria crítica y una voluntad firme de seguir avanzando.

Jon-Mirena Landa es catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco (UVP-EHU) y director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos. Especializado en violencia política, forma parte de la comisión para el reconocimiento de víctimas de abusos policiales en Euskadi, una iniciativa que ve exportable para abordar la escucha y reconocimiento de los represaliados del franquismo y la transición.

“No se trata de poner a unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados”, defiende Landa, que fue uno de los ponentes de unas jornadas de la Universitat de Girona sobre formas de reparar a víctimas que han encontrado un muro en los juzgados.

Ha investigado sobre las “víctimas invisibles” de violencia política en España. ¿Quiénes son?

Son las víctimas de violencia política del Estado tanto en la dinámica del contraterrorismo en el País Vasco como los opositores de la dictadura después de 1978. La dictadura se acabó, pero la tortura continuó, y de forma muy exagerada, en los años 80. Estas víctimas, que no son prototípicas, han sido negadas o tratadas de peor condición que las víctimas de ETA. No se trata de hacer una competición, pero en España ha habido unas víctimas de segunda, que no han conocido la justicia penal.

Un primer grupo de estas víctimas son las del contexto de la lucha antiterrorista. ¿Se han contabilizado?

Un primer informe del Gobierno vasco de 2013, tras el fin de la violencia letal de ETA, cifró en al menos 167 víctimas mortales y más de 1.100 heridos, bien por violencia de la Policía, bien por elementos contraterroristas que actuaban en colusión con las fuerzas de seguridad. En la actualidad se ha contabilizado ya a 240 víctimas.

Cuando hablamos de violencia de Estado en la lucha contra ETA la imagen automática son las víctimas del GAL y el caso Segundo Marey. ¿Al resto de víctimas se las ha reparado lo suficiente?

El GAL existió pero no solo es el GAL. En los 70 y los 80, grupos como el Batallón Vasco Español o la Triple A se dan el relevo en las reivindicaciones de violencia política. Y también se han identificado, claramente, elementos parapoliciales, o incontrolados, que cuentan con la aquiescencia del Estado para llevar a cabo su violencia política.

Hubo algunos casos excepcionales de enjuiciamiento, pero la gran bolsa de muertos, heridos y torturados no ha conocido la justicia penal, y no existen a nivel oficial. Lo que sí ha habido es un debate, tanto en el País Vasco como en Navarra, en el que se ha conseguido aprobar dos leyes para crear dos comisiones de valoración, similares a las impulsadas en relación con los abusos de la Iglesia, para generar una investigación y reparar a las víctimas.

En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política

¿Cómo ha sido este proceso?

Las comisiones nacieron tras una batalla por tierra, mar y aire en el plano jurídico contra ellas. Se decía que iban a actuar como jueces, y no es cierto. En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política. Se ha logrado que emerjan más damnificados, a los que se ha reconocido como víctimas. Se ha conseguido darles lo que más piden: algo de verdad. Las víctimas no reivindican tanto una indemnización, que también reciben, sino que quede constancia de que se les lesionó o torturó o a que a su familiar lo mataron.

¿Qué tipo de casos han visto las comisiones?

Pelotazos en manifestaciones, detenciones con gravísimas agresiones en los centros de detención, incluso con agresiones sexuales, controles de carretera con muertos… Todos esos excesos, abusos y violaciones graves de los derechos humanos, en su momento no se enjuiciaron porque la policía no investigó o se investigó lo mínimo, y los jueces y fiscales miraron para otro lado y no hicieron su trabajo, con lo que los procedimientos se dilataron, archivaron o prescribieron. Es un supuesto clásico en casos de excesos de los aparatos del Estado: el propio Estado se autoencubre y los tapa.

¿Su trabajo ayuda a la reconciliación en el País Vasco?

Se está logrando cierta verdad y reparación para estas víctimas. Se está logrando también cierta visibilidad, aunque mediáticamente bastante enclaustrada en el País Vasco y Navarra. Pero es un trabajo muy necesario para la reconciliación del tejido social: aquí no se trata de poner unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados.

A las víctimas de ETA pendientes de reparación, hay que repararlas y trabajar a su favor. Pero estas otras víctimas que estaban totalmente fuera de foco también merecen reparación y una respuesta. Seguramente en el contexto polarizador del terrorismo no se podía hacer, y por eso se hace ahora.

¿La labor de estas comisiones se puede comprender más desde Catalunya y otras periferias del Estado que desde Madrid?

No debería ser así porque no es una cuestión de ‘politiqueo’. No estoy hablando de un discurso o una labor que beneficie a un partido político u otro. Hemos reconocido ya a 240 víctimas, y decenas de ellas no tienen absolutamente nada que ver con ningún color político. Un día fueron detenidas, les metieron cuatro días en una comisaría y les destrozaron la vida con un derrumbe psiquiátrico irrecuperable. Eso tiene un impacto en la persona y su familia respecto, por ejemplo, la percepción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Si queremos una democracia en la que todos creamos en las instituciones, tendrá que atenderse también esta realidad. No es una realidad de suma cero: atender a estas víctimas no quita legitimidad a las de ETA. Las políticas de acompañamiento a las víctimas de ETA siguen siendo muy necesarias, pero en el pasado a su alrededor se generó un relato inaceptable para condenar al olvido otras violaciones de derechos humanos.

¿Por qué le ha costado tanto al Estado y a sus responsables políticos reconocer esta violencia?

Le sigue costando: la Ley de Memoria Democrática tiene una disposición adicional que por primera vez amplía el espectro del ámbito objetivo de la ley desde 1978 a 1983 para tratar la violencia que se produjo en la transición. Pero el Estado atiende de manera muy tímida a estas víctimas. Parece que va contra la democracia reconocer que a partir de la entrada en la Constitución se produjeron también violaciones graves de derechos humanos. En realidad, la grandeza de un Estado democrático no es el cuerpo formal de su democracia, sino cómo la ejerce. Y se ejerce reconociendo también aquellos derechos humanos que han quedado por el camino.

Aunque ha habido investigaciones, los represaliados del franquismo y la transición siguen encontrando un muro en la Justicia. ¿Un ejemplo a seguir para estas víctimas serían las comisiones que ha impulsado en el País Vasco?

Es un mecanismo previsto por la ley de Memoria, y tiene potencial, pero será real cuando se lo tomen en serio. Si no nos gusta el nombre de comisión de la verdad, le llamamos de otra manera. Pero lo que no puede ser es que estas personas no estén atendidas.

Más allá de la judicatura, donde se ha impuesto una doctrina muy conservadora (que no era la única posible) para no atender los estándares de derechos humanos y a las víctimas, hay un espacio intermedio que son los mecanismos de verdad, que se pueden instrumentar a través de leyes administrativas y expedientes que no tienen que ser fríos. Al contrario, pueden ser mecanismos que se llenen el corazón con lo que es la doctrina del derecho internacional y de los derechos humanos y llamen a las cosas por su nombre.

Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria

¿Por qué tarda tanto en moverse esta maquinaria institucional del Estado en memoria democrática?

Hay varias razones. Medio país no cree en esas leyes: cuando el PP ha llegado al poder en distintas instituciones, le ha quitado el presupuesto. Cancelaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que educaba a los alumnos en derechos humanos y era una sugerencia del Consejo de Europa, y nos debilitó. ¿Cómo se puede quitar la educación para la ciudadanía en un Estado democrático? Ello no quita la capacidad de los actuales responsables del Gobierno para impulsar la ley de Memoria, aunque habría que preguntárselo a ellos.

Por otro lado, históricamente en Europa la víctima de primera es precisamente la de la violencia del Estado a su máximo nivel: la víctima del Holocausto. Por contra, en España la víctima prototípica es la del terrorismo. Todo ello genera una contención por parte de medio país, que no quiere mirar a los ojos a la historia y que sigue, de alguna manera, convalidando una especie de historia de España como si la dictadura no fuera lo que fue. Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria.

Hay muchas víctimas que se quejan de las dificultades que les ponen los archivos para acceder a la documentación de sus detenciones.

Esto muestra donde estamos: hay leyes de víctimas bien articuladas jurídicamente, pero hay muchas instituciones que colaboran y otras muchas instituciones que no colaboran. En nuestra comisión de colaboración, cuando no colaboran lo decimos y se va haciendo presión.

¿Qué instituciones colaboran menos?

Los archivos militares. Muchas veces a la judicatura le cuesta, dice que no tiene medios y echan balones fuera. Pero incluso con la propia administración autonómica a veces no es todo tan claro.

¿Por qué?

Porque todavía se está sujeto a la arbitrariedad. Muchas veces depende de que un archivero te dé o no unos datos cuando hay una ley de víctimas que articula una comisión de valoración que tiene unos poderes investigativos tasados para poder recabar la documentación. Pero cuando emergen las personas reconocidas y se van conociendo sus historias de vida, la verdad empuja la verdad y es más difícil de tapar.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España. Es bueno que todos los abusos se limpien, no con una voluntad de estar constantemente con comisiones de clarificación, que también tienen que tener un tiempo tasado. Si se hace bien el trabajo, aunque no pueda hacerse todo pero quede limpio, la salud democrática mejorará.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España

¿Cómo podría tener éxito una comisión de este tipo a nivel estatal?

Lo primero sería tomársela en serio y que las personas que participaran fueran del máximo prestigio y que no sea para hacer un juego partidario. También tenemos que imbuirnos de la cultura del derecho internacional de los derechos humanos, que ha quedado demasiado fuera del foco (es otro daño colateral de la dictadura).

El derecho internacional de los derechos humanos no es para gente buena que tiene el corazón henchido de buenos deseos. La Constitución dice que hay que interpretar todas las leyes conforme a lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos. No lo han querido hacer los jueces, pues actuemos estratégicamente impulsando las leyes de víctimas y mejorando los mecanismos.

Muchas de las víctimas en el caso de las del tardofranquismo y transición ya están empezando a morirse.

Esto nos pasó en la comisión de valoración del País Vasco y es un drama. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de personas a las que funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos han torturado. Se trata de atender estándares asentados en todo nuestro entorno europeo que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

¿Cuáles son las consecuencias de no mirar con seriedad al pasado?

Comporta un lastre para hoy y para el futuro, por ejemplo en políticas en las que se necesitaría consenso y no lo hay. También en determinados cuerpos funcionariales: a veces, en ciertos sectores de la judicatura y la Fiscalía, hay una mirada de arrastre porque en su momento no se depuraron. ¿Por qué casi siempre hay mayoría conservadora en determinados cuerpos del Estado? ¿Representan a la pluralidad del país? Hay muchos deberes que no se atendieron y lastran el funcionamiento de las instituciones hoy, no solo en la violencia de motivación política, sino también a la hora de controlar los abusos policiales.

¿Estamos pagando las consecuencias del modelo de transición española, caracterizado por el olvido, en vez del argentino, donde se juzgó a los responsables de la dictadura?

Creo que sí. Hay muchas personas que tienen reservas respecto al Estado democrático por la experiencia que tuvieron con la Policía. Las historias negras que no se limpian dejan rastro en muchas personas que no van a confiar en las fuerzas de seguridad, lo que les dificultará convertirse en un cuerpo de proximidad y comunitario. Hay que atender a las víctimas y a sus familiares porque son espinas que están clavadas en las historias de vida de nuestros ciudadanos. Sacando esas espinas, conseguiremos recuperar el tejido social.

Desde el escándalo de Matesa en la dictadura hasta el reciente caso Koldo, la corrupción en España ha demostrado ser un problema estructural capaz de sobrevivir a cualquier régimen o ideología. Así lo refleja el libro La corrupción en España: un problema enquistado (Tirant Lo Blanch) que acaban de publicar el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. 

El ensayo analiza las raíces de una lacra que nuestro sistema democrático no ha logrado erradicar al nivel de los países europeos más avanzados. Y detalla sus consecuencias en la economía, la eficiencia de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático. En esta entrevista telemática con elDiario.es, los autores proponen crear infraestructuras éticas, proteger a quienes denuncian y alcanzar un modelo donde la gestión pública equilibre la independencia de los técnicos con la visión de los políticos. 

Uno de los capítulos del libro se abre con el ‘caso Matesa’, el gran escándalo de corrupción del franquismo, y concluye con el ‘caso Koldo’. ¿La corrupción sobrevive a cualquier sistema político e ideología?

Fernando Jiménez: Pese a distintos regímenes políticos con distintos partidos en el poder, la corrupción pervive. Uno de los motivos para hacer este libro es ver la continuidad de los escándalos. Hay problemas estructurales que nunca se han tomado suficientemente en serio, pero tampoco pensamos que sean irresolubles. Países que hoy día son un ejemplo en el control de la corrupción, como los nórdicos, han pasado épocas de su historia donde la corrupción estaba muy presente y fueron capaces de construir instituciones que la desincentivan. Esa es la clave. 

Afirman que las prácticas corruptas enriquecieron a buena parte de los dirigentes franquistas y a los empresarios cercanos al régimen. Viéndolo así, parece que no hemos avanzado demasiado. 

Joaquim Bosch: En la última etapa del franquismo, España evolucionó hacia un Estado moderno, con servicios públicos, con presupuestos de cierta entidad, pero no lo hizo a través de un sistema democrático. Y por eso muchas de estas dinámicas arrancan en la dictadura. La manipulación de las decisiones urbanísticas o de la contratación pública, la construcción incontrolada del ámbito turístico que generó tantísimos beneficios, los tratos de favor… La pregunta es por qué nuestro sistema democrático, al menos hasta ahora, no ha sido capaz de cortar esto al nivel de las democracias europeas más avanzadas. 

Ustedes apuntan a que en la Transición no existió una voluntad política para romper con las redes clientelares y la contratación fraudulenta heredada del régimen. 

Fernando Jiménez: En la Transición, los partidos no tenían suficientes anclajes sociales debido a la despolitización del franquismo. En los primeros años, nombraron a mucha gente en la Administración. No se vio mal porque veníamos de una administración franquista donde se había hecho una fortísima depuración después de la guerra. El problema es que la capacidad de los partidos de atraer buenos profesionales cada vez ha sido menor debido al clientelismo y a que sus organizaciones juveniles se han convertido en una escuela de arribismo. Los partidos tendrían que haber apostado por la profesionalización de la Administración, pero no lo hicieron para salvaguardar sus equilibrios internos. 

Joaquim Bosch: En la Transición, los partidos no rompieron con la corrupción del franquismo porque, por un lado, sirvió para financiarse y para que sus dirigentes controlaran más esos espacios de poder. Y, por otro lado, hubo sectores empresariales que se enriquecieron gracias a esa corrupción y que luego pudieron seguir haciendo lo mismo en democracia, porque los partidos seguían necesitando corruptores. Cuando la corrupción impregna a las principales fuerzas políticas y genera unas dependencias de todo tipo, rectificarlo es muy complicado. 

De hecho, las leyes que han tratado de rectificar parcialmente todo esto se aprueban muy tarde. El delito de financiación irregular de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015. La Ley de Contratos del Sector Público no se reformó de manera sustancial hasta 2017. 

Fernando Jiménez: Se hace tarde y mal. La reforma de 2015 de la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas a los partidos, pero no a sus fundaciones, que se permiten sin límite de cantidad. La ley de contratos es complejísima y muy fácil de sortear. El problema es que las reformas se han hecho porque estábamos entre la espada y la pared, sin mucha convicción, debido a los incentivos que han tenido los partidos para seguir teniendo acceso a unos recursos a los que, de otra manera, no podrían acceder y, así, mantener la paz interna y el control por parte de sus dirigentes. 

Joaquim Bosch: Las redes clientelares de los partidos vienen de lejos, incluso antes del franquismo. Hay decenas de miles de cargos de partido en el Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas y fundaciones institucionales. Son espacios que tienen grandes efectos en los equilibrios internos de los partidos. El problema es que están ocupando espacios donde debería haber profesionales especializados y técnicos independientes e imparciales que alertaran de dinámicas de corrupción. Hay multitud de casos de corrupción en los que están implicados cargos de fontanería de partido. 

¿Qué soluciones proponen? 

Joaquim Bosch: Hay que reforzar la objetividad en la contratación pública, reforzar los controles internos para que puedan saltar alarmas, dificultar amistades peligrosas en materia de puertas giratorias u otro tipo de complicidades en el espacio público privado. También poner el foco en el ámbito empresarial para que haya sanciones reales y efectivas a las empresas que aparecen continuamente en los hechos probados de los casos de corrupción. Hay mecanismos legales que no harían tan fácil corromperse. Si solo lo dejamos en función de la loable honradez de los políticos, tenemos un grave problema. Las democracias europeas más avanzadas han generado infraestructuras éticas, han mejorado los mecanismos de transparencia y también han generado espacios de control y de vigilancia que aquí en España, en algunos ámbitos, brillan por su ausencia. 

Fernando Jiménez: Los partidos no pueden determinar los nombramientos de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. En Portugal, cuando estuvieron bajo el control de la Unión Europea en la Gran Recesión, crearon una comisión donde estaban universidades y empresas cazatalentos que hacían un filtro previo y seleccionaban solo tres perfiles para cada cargo y ya luego el político nombraba entre esos tres. Ese tipo de inventos cambiaría de la noche a la mañana este sistema tan perverso. 

¿Parte de la alternativa entonces es la tecnocracia? ¿No supone eso un déficit democrático?

Joaquim Bosch: Es evidente que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Aquí lo problemático sería dar a determinados cargos no elegidos democráticamente capacidad para marcar líneas de gestión. Los técnicos no pueden tomar decisiones de gestión de carácter político o de desarrollo de un programa, pero otra cosa es que espacios que tendrían que ser independientes e imparciales estén colonizados por los partidos.

Fernando Jiménez: Estamos en el punto absolutamente contrario, en la colonización política máxima, nos faltaría mucho por recorrer para llegar a la tecnocracia. Una Administración pública funciona bien cuando está dirigida por un técnico profesional y un político que está representando ahí el viento fresco de las opiniones ciudadanas en un determinado momento. Si tú dejas la Administración solo en manos de técnicos profesionales, aquello acaba asfixiándose. Es decir, acaba teniendo en cuenta los intereses particulares de los funcionarios. Hay que conseguir el equilibrio entre el interés del técnico y el interés del político. No es ir a la tecnocracia como solución, sino equilibrar las dos almas. 

Si los partidos hubieran hecho bien su papel y hubieran nombrado buenos profesionales próximos a ellos ideológicamente no estaríamos haciendo esta entrevista. El eslogan sería “menos Koldo y más Maurici Lucena”, presidente de Aena, quien rechazó borrar los vídeos de las cámaras del aeropuerto de Barajas de la visita de Delcy Rodríguez cuando se lo pidió [el entonces ministro] José Luis Ábalos. Alguien que sea próximo pero que tenga muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer y que sea un buen profesional. Si hubiéramos seguido teniendo los técnicos por los que apostaron en los años de la Transición seguro que no habría los niveles de corrupción que tenemos ahora. 

¿Por qué apenas han saltado alarmas internas en las administraciones ante grandes casos de corrupción? 

Joaquim Bosch: No podemos exigir tampoco heroicidades. Los pocos denunciantes de corrupción que han dado la cara han sufrido represalias que les han llevado a enormes perjuicios profesionales, económicos y familiares. Además, en las últimas décadas, los técnicos independientes e imparciales han sido arrinconados para colocar asesores que dicen a los políticos lo que quieren escuchar. 

Fernando Jiménez: Tenemos una directiva europea de protección de los informantes de corrupción y una ley española, pero que tiene muchos agujeros. Los funcionarios tienen mecanismos legales para denunciar, pero junto a ellos hay instituciones informales que desincentivan la denuncia temprana y esto es lo que hay que cambiar. Hay que proteger realmente a la gente que es conocedora del caso porque está dentro de la organización y que avisa a tiempo. 

Afirman que sin protección real, muy pocos se arriesgan a romper el silencio. Pero recientemente hemos visto al fiscal jefe Anticorrupción defendiendo que es “posible” aplicar una atenuante muy cualificada a un empresario —Víctor de Aldama— que ha emprendido una “colaboración con la Justicia” salpicada de bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas. ¿Es esa la vía? 

Joaquim Bosch: No habría corruptos sin corruptores y necesitamos enfoques contra la corrupción desde la perspectiva empresarial. En el caso de Aldama, la colaboración con la Justicia y la aplicación de una atenuante de confesión pueden llevar a que se practiquen atenuantes. La discusión es el alcance y si pueden llevar hasta una reducción de la pena que supondría que ni siquiera ingresara en prisión, lo que podría generar una percepción de impunidad. 

El tribunal va a tener que valorar esa posibilidad desde algunas dificultades porque la jurisprudencia indica que no basta con que haya una colaboración con la Justicia, sino que tiene que ser decisiva y esencial para perseguir el delito o desmantelar la actividad delictiva. Cuando Aldama empezó a colaborar con la Justicia ya había muchas pruebas, no es él el que desmantela todo. Además, la UCO lo sitúa en la cúspide de la organización. En todo caso, la aplicación de la atenuante es una competencia del tribunal. 

En cualquier estrategia anticorrupción son fundamentales los controles y contrapesos. Entre ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías... ¿La corrupción y las corruptelas permean también a esos órganos llamados a combatirla? 

Fernando Jiménez: Hemos tenido muchísimos ejemplos de corrupción policial y algunos casos de corrupción judicial. Evidentemente, eso exige que las organizaciones policiales, los jueces… tengan sus sistemas de integridad propios y adecuados al tipo de trabajo que hacen. Cuando tienes unos niveles de colonización política de la Administración tan grandes, esto se extiende incluso a aquellos cuerpos que son especialmente claves a la hora de perseguir la corrupción, como es la policía, la judicatura, la Fiscalía. Antes de aspectos técnicos de la lucha contra la corrupción, necesitamos acabar con el exceso de politización que tenemos en nuestras administraciones y, especialmente, en los órganos de control, en los contrapesos de la Administración. Eso es absolutamente clave.

Joaquim Bosch: Me preocupa la parte judicial de esos contrapesos. Nuestros altos tribunales generan problemas de falta de apariencia de imparcialidad porque hay demasiadas posibilidades de injerencia de las principales fuerzas políticas en la configuración de estos tribunales que, según dicen los organismos europeos, no están diseñados con criterios lo suficientemente objetivos de mérito y capacidad. Esto lleva a posibles presiones o situaciones que puedan generar dudas a la ciudadanía. 

¿Mejora la lucha contra la corrupción que se eliminen de los procesos a las acusaciones populares, como pretende imponer la reforma legislativa del Gobierno? 

Joaquim Bosch: En un país con la configuración institucional que tiene España, en el que la Fiscalía está muy vinculada al poder político, es peligroso dejar solo en manos del Ministerio Público la posible apertura de una causa. La acusación popular ha demostrado en muchos procedimientos que sigue siendo necesaria. También se han evidenciado disfunciones y actuaciones abusivas. Pero es posible regularla con sanciones en caso de actuaciones fraudulentas. Perderíamos bastante en la lucha contra la corrupción si la dejáramos fuera. A veces se piensa en determinadas acusaciones populares, pero hay que ver el conjunto. Han conseguido llevar adelante muchas investigaciones por corrupción y en conjunto su labor ha sido positiva.

En último lugar, les quería preguntar sobre el lawfare. ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Joaquim Bosch: El lawfare no es la regla general de actuación del Poder Judicial en nuestro país cuando hay causas de carácter político. Ha habido supuestos que han tenido condena, el más conocido es el de Salvador Alba. Y sí que hay casos en los que puede haber dudas razonables sobre una actuación judicial incorrecta. A los jueces de base solo nos pueden juzgar los altos tribunales, que son también los que juzgan a la gran mayoría de los políticos. Si queremos evitar la tentación del lawfare, cuanto más reforzados estén los altos tribunales en su apariencia de imparcialidad y en evitar que existan injerencias partidistas, será más difícil que se generen dinámicas de lawfare. Si un juez cree que puede actuar de manera indebida y no le va a ocurrir nada, estamos favoreciendo las dinámicas irregulares. 

La democracia no solo trajo el derecho al voto, sino también muchos otros derechos que hoy nos parecen lo normal: derechos cuyo valor pasa desapercibido, como si toda la vida hubieran estado ahí. Para la gran mayoría de quienes nacieron en España a partir de los años 80, la educación, la sanidad, la libertad sexual o el simple hecho de salir por la noche sin restricciones –ni horarias ni morales– forman parte de su vida cotidiana, llegándolos a contemplar con la distancia de quien hereda algo sin conocer su precio ni el esfuerzo colectivo que implicó, como si las luchas que los hicieron posibles pertenecieran a una historia que no les concierne. 

En la dictadura que algunos idealizan –porque no la vivieron en carne propia o por no haber nacido–, no había libertades políticas ni se podía vivir al margen de la moral católica. Cuando la democracia llegó, con sus luces y sus sombras, cada persona, hombre o mujer, empezó a imaginar un proyecto de vida propio, sin pedir permiso y, sobre todo, sin miedo a un régimen que castigaba cualquier disidencia política, social, religiosa, afectiva o sexual. El espacio público dejó de estar sometido al control policial y el espacio privado a la moral del confesionario. En la España que ahora habitamos, resultarían inconcebibles muchas situaciones que se vivieron en el franquismo. Nos hemos acostumbrado tan deprisa a los derechos que olvidamos que nada garantiza su permanencia. 

Los primeros derechos conquistados en democracia fueron los políticos y los civiles. Recuperar la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de manifestación supuso devolver a la ciudadanía lo que la dictadura había arrebatado. La legalización de los partidos políticos que hasta ese momento eran tachados de enemigos de España desactivó una lógica de persecución antidemocrática. La calle se convirtió en espacio de convivencia, las manifestaciones por la amnistía se mezclaron con las de los movimientos feministas, LGTBI y vecinales.

El derecho a decidir

La democracia no solo permitió ir a las urnas, sino que reconoció que la voz de cada persona tenía el mismo valor político y moral. El voto dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho que no distingue género, ideología ni clase social, aunque su universalidad plena siga siendo una tarea pendiente. De hecho, no ha sido hasta 2019 cuando las personas con discapacidad intelectual o psicosocial han podido votar por primera vez, al eliminarse una restricción anacrónica sostenida por el paternalismo capacitista. Sin embargo, esa democracia, que nació para devolver la voz a quienes no la tenían, sigue debiendo reconocimientos políticos, entre otras a quienes ya forman parte de nuestra comunidad, a cientos de miles de personas migradas a nuestro país que viven y trabajan en España y que siguen excluidas de ese derecho fundamental. 

La democracia no solo recuperó derechos políticos, también ha ido transformando la vida privada. Y fueron las mujeres quienes, al reclamar derechos de igualdad y autonomía, convirtieron esa libertad recién estrenada en una revolución que ha ido cambiando el país desde dentro. Durante los 40 años de dictadura franquista, el Estado y la Iglesia habían decidido por ellas: el cuerpo, la moral, la educación, el trabajo y el deseo. Al avanzar la democracia, dejaron de necesitar el permiso del varón para trabajar o abrir una cuenta, y empezaron a firmar sus propias decisiones. Cada conquista (el divorcio, el aborto, la igualdad laboral…) ha sido una conquista real, pero también simbólica: el derecho a decidir sobre la propia vida y los propios cuerpos, derechos que todavía se niegan a reconocer y respetar los movimientos más reaccionarios que anhelan recuperar el control sobre las mujeres, para gobernar sus vidas. Sin embargo, la igualdad que empezó a escribirse en el Código Civil, ha ido cambiando también la manera en la que el país mira a las mujeres. Sin embargo, aquel impulso de cambio que marcó los primeros tiempos de la democracia no siempre ha mantenido su fuerza y a fecha de hoy, persisten desigualdades estructurales (en el empleo, en los cuidados, en la representación política o en la violencia machista) que recuerdan que la igualdad legal no basta si no se traduce en igualdad efectiva, un recordatorio que no cae en saco roto gracias al movimiento feminista.

El camino de las mujeres abrió otras puertas. De la mano del feminismo, la democracia comenzó a reconocer otras realidades que habían sido silenciadas, reprimidas, tortuosas y encarceladas. Las personas LGTBIQ+ pasaron de ser perseguidas por la Ley de Peligrosidad Social (heredera de la de Vagos y Maleantes) a tener un lugar en la calle, la cultura y las leyes. En 1977, mientras los presos políticos salían de las cárceles, las personas homosexuales seguían dentro de ellas lo que provocó que centenares de personas marcharan en Barcelona reclamando “amnistía sexual”. La historia había empezado a cambiar con aquel primer Orgullo. En 1979 se despenalizó la homosexualidad, en 1982 la reasignación sexual dejó de ser delito y en 2005 España reconoció el matrimonio igualitario, afirmando que el amor y la familia no tienen una sola forma posible. En 2007 se aprobó la Ley de Identidad de Género, que permitió por primera vez el cambio registral de nombre y sexo sin necesidad de autorización judicial, si bien no permitía el cambio sin necesidad de autorización médica. No ha sido hasta el 2023 cuando se aprobó la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans que ha reconocido el derecho a la identidad y a la libre autodeterminación de género, incluyendo a la infancia y la adolescencia. 

A lo largo de esas décadas, la protección de las personas LGTBIQ+ se ha ido extendiendo también al ámbito laboral, educativo y penal. Desde la reforma del Código Penal que incorporó los delitos de odio como agravante por motivos de orientación sexual o identidad de género, hasta las leyes autonómicas que prohíben expresamente la discriminación en el trabajo, en la atención sanitaria o en la educación. España ha ido tejiendo un marco de igualdad que, aunque imperfecto, nos sitúa entre las democracias más avanzadas en equiparación de derechos entre las personas que son LGTBIQ+ y la que no lo son.

Sustituir tutela por autonomía

Esa misma lógica de igualar y equiparar los derechos de todas y todos ha guiado también los cambios en la respuesta social, que pasó de la beneficencia, el estigma y el castigo a un sistema de protección y de derechos. Los servicios sociales, la atención a la infancia, a las personas mayores y a las personas con discapacidad sustituyeron la vigilancia por el acompañamiento y la tutela por la autonomía. Supuso reconocer que la vulnerabilidad no es un fallo individual, sino una responsabilidad colectiva ante una vulneración de derechos. Las inclusas, los reformatorios y el Patronato de Protección de la Mujer –instituciones que durante décadas sirvieron para disciplinar la pobreza, la maternidad fuera del matrimonio o la disidencia moral– fueron desapareciendo a medida que la democracia se hacía cargo de sus sombras. 

Sin embargo, ahora que es tiempo de memoria y de reparación, se echa en falta que durante todos estos años apenas se haya prestado atención a quienes pasaron por esos lugares. Las víctimas de aquellas instituciones (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, todas ellas pobres o marginadas) siguen siendo invisibles, no solo por el silencio de la historia, sino por el de las propias instituciones y administraciones que, en base a los mismos sesgos de entonces, perpetúan hoy una forma de violencia institucional difícilmente justificable en una lógica de derechos humanos.

En los años ochenta y noventa, España construyó un sistema público de salud, educación y servicios sociales que situó a las personas en el centro. Se crearon las becas que permitieron a hijas e hijos de familias obreras llegar a la universidad. En 2006, la Ley de Dependencia reconoció que cuidar y ser cuidado también es un derecho. La ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) y la de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) marcaron un cambio de paradigma: todas las personas, sin distinción de edad o capacidad, debían ser reconocidas como sujetos de derechos. Ese mismo principio de autonomía y dignidad, se extendió también al tramo final de la vida con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (2021), que ha ampliado el horizonte de la libertad individual al reconocer el derecho a decidir sobre el propio final de vida. 

Sin democracia no hay derechos

Sin embargo, la democracia que derribó en las leyes tantas jerarquías mantiene abiertas las heridas del racismo estructural y del legado colonial a través de una ley de Extranjería que funciona como un muro interior y penaliza la irregularidad, precariza la vida y convierte la falta de papeles en una forma contemporánea de esclavitud y sometimiento. Ningún país es libre mientras niegue derechos a quienes ya forman parte de él.

España es hoy un país plural, hecho de muchas procedencias, lenguas, acentos y memorias. Pero también es cierto que la democracia no ha logrado traducir esa diversidad en igualdad de derechos. Sin embargo, en los últimos años, la desigualdad económica, el descrédito institucional y la expansión de discursos de odio están erosionando nuestra confianza en la necesidad de un sistema democrático. La crisis de 2008 y las políticas de austeridad recortaron derechos sociales y la pandemia puso a prueba la fortaleza de los servicios públicos y la fragilidad de las vidas sostenidas por los cuidados. El auge de la extrema derecha ha devuelto al debate público discursos que creíamos superados: el cuestionamiento de la violencia machista, la negación del cambio climático, la criminalización del feminismo o del movimiento LGTBI. Frente a esa ofensiva, conviene recordar que los derechos humanos son el esqueleto invisible de la democracia. 

La historia demuestra que el retroceso empieza siempre en los márgenes: cuando se cuestiona el derecho de las mujeres a decidir, el de las personas migrantes a ser protegidas o el de las minorías a existir, lo que se debilita no es solo su libertad, sino la de todos. La gran paradoja es que muchos de quienes hoy desconfían de la democracia lo hacen gracias a los derechos que ella les da: la libertad de expresión, la educación que los formó, la sanidad a la que acceden y el dinero público que les sostiene, no solo a través de ayudas sino pagando los sueldos de las y los funcionarios o a través de la financiación de colaboraciones público-privadas. Celebrar la democracia es señalar no solo los fallos sino también reconocer que el camino recorrido es fruto de luchas colectivas y que los derechos no se heredan, se ejercen.

Sobre las doce y media de la mañana del 28 de julio de 1977, el entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, entregó tres cartas al belga Henry Simonet, en el Palacio de Egmont, en Bruselas. Una por cada organización de la que España quería ser miembro: la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y la Comunidad de la Energía Nuclear. Lo que se llamaba entonces las Comunidades Europeas. Las cartas estaban escritas en español y firmadas por Adolfo Suárez, que había ganado las primeras elecciones de la nueva democracia unas semanas antes. 

Simonet, ministro de Exteriores que presidía entonces el Consejo, dijo que era un momento “histórico” también para la comunidad europea.

“España ha llegado en el día de hoy al final de un camino que iniciara el 9 de febrero de 1962 y que se vio obstaculizado por una serie de problemas políticos que hoy la joven democracia española ha sabido salvar”, escribía el diario ABC desde Bruselas. La “serie de problemas políticos” era la dictadura, que hacía impensable la integración de España en la organización de los gobiernos democráticos de Europa. El “camino” durante el franquismo se había quedado en la negociación de un acuerdo comercial. 

Las elecciones de 1977 habían dado al país un aire de esperanza. “Más allá de todas las reservas, parece que hay un amplio optimismo de que España irrumpirá pronto en el mundo como una nación sana, moderna y vital, en paz consigo misma y dispuesta a integrarse en una comunidad de estados avanzados con confianza y amistad”, escribía Flora Lewis, corresponsal del The New York Times desde Madrid.

“Todo está cambiando, rápidamente y con bastante fluidez; casi todo ha cambiado ya”, escribía también el filósofo Julián Marías en The New York Times en octubre de 1977. “Los años de Franco parecen increíblemente lejanos. Casi todo lo que parecía imposible ya ha sucedido. Lo prohibido ocupa ahora el primer plano: los partidos políticos, incluidos los comunistas; las elecciones, las huelgas, la autonomía regional; la Generalitat ya ha sido autorizada; las banderas de las distintas regiones ondean, la televisión gubernamental transmite programas en las lenguas minoritarias que coexisten con el español en algunas regiones”. 

Marías, que fue encarcelado en 1939 por no apoyar al franquismo y a quien el régimen prohibió después ejercer como profesor universitario, hablaba de “un cambio profundo y silencioso en la sociedad española” antes del final de la dictadura. Él creía que la llegada de la democracia era aceptar “la realidad” de “una clase media propia de un país europeo” marcada por las ganas de convivencia pacífica: “La concordia es más fuerte que el espíritu de discordia”.

La idea de que la sociedad ya había cambiado y era equiparable a la de los vecinos europeos era una constante. “La juventud española, entre las más liberales de Europa”, titulaba Diario 16 un artículo en noviembre de 1977. Con datos de una encuesta en grandes ciudades europeas, Diario 16 destacaba que los jóvenes españoles apoyaban más el divorcio, las relaciones sexuales entre solteros y la tolerancia que otros europeos de la misma generación. El artículo destacaba que los jóvenes españoles eran “menos machistas” que los franceses y los británicos porque el 90% decía que los hombres debían hacer “todas las faenas del hogar”, y eran junto a los suecos los que más de acuerdo estaban con la afirmación de que mujeres y hombres debían cobrar lo mismo por el mismo trabajo.

El ímpetu ibérico

La mayoría de la población tenía entonces menos de 35 años y el ímpetu ibérico –también en Portugal– contrastaba con cierta desilusión en otros países de Europa con democracias más veteranas, que sufrían la misma crisis económica que España y las mismas oleadas de violencia, pero sin la ilusión de la novedad. “Todos los días pasaban cosas. Es verdad que en una situación muy mala, con el terrorismo de ETA, con una crisis económica importante, pero vivías la política como una cosa muy positiva”, explica a elDiario.es Jaume Duch, hoy consejero de Exteriores de la Generalitat de Catalunya después de 35 años como funcionario en el Parlamento Europeo, donde empezó como asistente de una de las primeras eurodiputadas y llegó a ser director general de comunicación del Parlamento. 

Duch tenía 13 años cuando murió Francisco Franco y empezó la Universidad en Barcelona en plenas negociaciones de adhesión. Se apuntó al primer seminario universitario sobre las Comunidades Europeas de Barcelona mientras estudiaba Derecho Internacional Público. “La cronología me ayudó muchísimo”, dice.

La promesa de Europa era una inspiración para su generación, que vio un horizonte mucho más amplio del que tenía alrededor. “Lo primero que me atrajo fue la idea de que los europeos podemos hacer las cosas juntos”, recuerda Duch. “En ese momento se soñaba con una Europa mucho más integrada a la que tenemos ahora y la gente hablaba de los Estados Unidos de Europa o de la Unión de los pueblos. Era un lenguaje mucho más ambicioso. Esa idea me fascinaba. Ponía a España y luego a Cataluña dentro de España en una perspectiva diferente, mucho más de futuro, mucho más moderna”.

Las negociaciones de adhesión fueron más largas de lo previsto, en especial por la resistencia de Francia, que recelaba de la competencia de agricultores y pescadores españoles. También había reticencias por la supuesta “avalancha” de trabajadores españoles.

Las negociaciones empezaron formalmente en febrero de 1979 y España entró en el club comunitario en enero de 1986, en una organización que sobre todo ofrecía entonces las ventajas del mercado común, pero donde todavía no existía la libertad de movimiento.

La joven democracia española se había tenido que enfrentar a una deuda exterior récord y una inflación que en 1977 rozaba el 30%. En 1982, cuando Felipe González ganó las elecciones, la inflación todavía rondaba el 14%, el desempleo llegaba al 16% y las cuentas públicas estaban en números rojos inaceptables para Bruselas. En plena crisis, hasta el comercio con los vecinos europeos se había estancado, y España no lograba ya ni vender tanto carbón, su principal exportación. 

Y todo entre la incertidumbre, el terrorismo y el miedo de la vuelta del autoritarismo. 

“Los españoles a los que se les había pedido democratizar su vida política para poder ser admitidos en la Comunidad Europea, se encontraron después con que la Comunidad parecía más interesada en analizar su petición en términos de criterios económicos más que las credenciales constitucionales impecables de Madrid”, escribían Paul Preston y Denis Smyth en un libro sobre la adhesión para el ‘think-tank’ británico Chatham House publicado en 1984. “En contraste, la OTAN ya le había dado la bienvenida a la democratizada España en sus filas en 1982”.

La adhesión era una apuesta económica, pero para España también importaba el espaldarazo político que se concretaba por fin en una realidad. 

“Nuestra historia está en Europa y también fuera de Europa, pero en Europa estaremos todos. España va a acabar definitivamente con el complejo de inferioridad histórica que provocó su aislamiento y va a recuperar definitivamente su curso y su papel en Europa”, dijo en el Congreso de los Diputados en marzo de 1985 Fernando Morán, el ministro de Exteriores que firmó la entrada europea con el Gobierno de Felipe González.

Cuando España entró oficialmente en el club, Jaume Duch trabajaba en el servicio de prensa de Unió Democràtica de Catalunya, y en las elecciones de 1987 tras la entrada de España y Portugal, el partido consiguió un escaño. Su primera eurodiputada, Concepció Ferrer, buscaba a alguien que supiera “algo” de Europa y Duch, recién graduado y profesor en el seminario de Comunidades Europeas, empezó a trabajar con ella en los plenos en Estrasburgo. En 1989, Duch se presentó a las oposiciones para funcionarios de lengua española y portuguesa, quedó el primero y se mudó definitivamente a Bruselas.  

Desembarco en Bruselas

En los primeros años en el Parlamento, más pequeño y menos poderoso, recuerda la buena acogida de los nuevos. “Esa integración se hizo muy rápido. Recuerdo la alegría de la ampliación”, dice Duch. “Yo no vi ni rechazos ni situaciones extrañas. Al contrario, la sensación que tuve fue de que nos estaban esperando”.

Mientras llegaban los primeros funcionarios españoles como Duch a Bruselas y Estrasburgo, la generación que estudiaba entonces tenía a “Europa en el día a día”, como cuenta ahora a elDiario.es Miriam González Durántez, abogada especialista en comercio, que trabajó durante años en la Comisión Europea y fundadora de España Mejor, un proyecto en defensa de la transparencia y las reformas democráticas para 2025. “Fue el momento de la adhesión que tanto cambió España” y ella, que estudiaba en la Universidad pública de Valladolid, recuerda que “lo pedía todo”. Así consiguió una beca para estudiar en el Colegio de Europa de Brujas, cantera de funcionarios europeos, en una de las primeras promociones con España ya dentro de la Comunidad Europea. 

Entre sus primeros recuerdos de la democracia está el reparto de pegatinas naranjas y verdes de la UCD de Adolfo Suárez a las puertas de los cines de los pueblos. Lo que más nítido tiene de aquellos primeros años fue el miedo durante el intento de golpe de Estado en 1981. Su padre había sido uno de los primeros alcaldes de la democracia y eso suponía un riesgo extra.

“En el salón de nuestra casa teníamos puesta la radio, intentando coger Radio París para saber lo que estaba ocurriendo, para saber si teníamos que salir de ahí, si eso ponía en peligro la seguridad de los que habían estado muy activos en esos primeros años de democracia, como era mi padre”, recuerda González. 

El golpe del 23-F había sido, de hecho, un importante recordatorio de que la adhesión era mucho más que una ayuda económica para España, ya que las relaciones comerciales reforzadas con los socios comunitarios no eran, en realidad, tan novedosas.

A pesar de la falta de libertades, el aislamiento político de España no había derivado durante la dictadura en un aislamiento económico total. La imagen de la autarquía no se corresponde con los datos del comercio. 

Carbón, acero... y agricultura

“Pese al embargo político, las relaciones comerciales no se interrumpieron. Ningún país de Europa occidental dejó de comerciar con España después de la guerra civil, y después de 1945 España negoció acuerdos con varios países europeos”, explica Julio Crespo MacLennan, historiador y autor de ‘Spain and the Process of European Integration, 1957-85’, que publicó como académico en la Universidad de Oxford. La escasez después de la Segunda Guerra Mundial de productos agrícolas y materias primas hizo que España no estuviera del todo aislada del mercado común, que no interesaba a Franco cuando estaba centrado en el carbón y el acero, pero sí cuando se movió hacia la agricultura. 

La petición española formal de adhesión al mercado común en 1962 quedó aparcada y derivó en un acuerdo comercial firmado en 1970. Según las autoridades comunitarias, se trataba solo del “comienzo de un acercamiento económico”; según las españolas, era la demostración que “España pertenecía a Europa”. 

Cómo la idea de Europa fue calando se muestra en las encuestas de la época: en 1966, el 60% de los españoles mayores de 21 años ni siquiera tenía opinión sobre si España debía participar en el mercado común, según un sondeo del Instituto de Opinión Pública. Dos años después, los que no sabían o no contestaban eran el 33% y la mayoría estaba a favor de unirse al mercado común.

Pese a algún interés por Europa de sectores reformistas y los empresarios como Ramón Areces y Emilio Botín, el franquismo nunca dejó de rechazar el espíritu europeo de una conciencia común. Desde el primer gobierno, la dictadura “veía el europeísmo como sinónimo de democracia y de liberalismo”, escribe Crespo. En los primeros años de la posguerra, Franco siempre se refería a Europa con una hostilidad que contrastaba con halagos a los potenciales aliados en Estados Unidos y Latinoamérica. 

La oposición en el exilio combinaba a menudo el ideal europeísta con el anti-franquismo. Salvador de Madariaga, entre los fundadores del Colegio de Europa, intentó unificar los grupos alrededor de la idea de Europa. Sus conferencias en París y en Toulouse en los años 50 ayudaron a mantener el interés vivo por España en Europa.

Contra los fusilamientos de Franco

En cierto sentido, la cuestión española fue el primer empujón en la primigenia comunidad europea de nueve a convertirse en una organización más política y que abrazaba su función democratizadora como parte de su esencia.

Unos días después de los últimos fusilamientos de Franco el 27 de septiembre de 1975, los ministros de Exteriores europeos reunidos en Luxemburgo suspendieron las negociaciones comerciales con España como castigo al régimen, y ocho gobiernos retiraron sus embajadores como protesta (no lo hizo Irlanda, que dijo sufrir el terrorismo como España). El Gobierno francés, conservador, era reticente pero al final aceptó el gesto abanderado sobre todo por el Gobierno socialdemócrata de Países Bajos. El primer ministro holandés, Joop M. den Uyl, había encabezado la marcha contra los fusilamientos en Utrecht. 

La presión internacional no sirvió para salvar a los últimos fusilados, y el 1 de octubre el alcalde de Madrid, Miguel Ángel García-Lomas, llamó a la movilización “contra la injerencia extranjera” y Franco habló en sus discursos de la “conspiración masónica”. El eslogan “di ‘no’ a Europa” apareció en muros por la ciudad.

La solidaridad democrática desde las instituciones europeas era una novedad y fue recibida entonces como un cambio y un salto político. 

“De repente, la palabra ‘Europa’, que hasta ahora significaba aburrimiento para los jóvenes, tiene colores más atractivos”, escribía un editorial de Le Nouvel Observateur.

El impulso político que nació entonces a regañadientes arrancó la gran transformación de la Comunidad Europea hacia la integración y la libre circulación. En los años 80, incluso el Reino Unido, que apoyó la ampliación hacia el sur igual que luego la respaldaría hacia el este, ya veía argumentos más políticos que económicos en su defensa de la entrada de España.

“En un mundo incierto necesitamos un área de estabilidad en Europa Occidental, y la Comunidad Europea es la mejor manera de conseguirlo”, dijo la primera ministra británica, Margaret Thatcher, que apoyaba la entrada de España y puso como condición que se abriera el paso hacia Gibraltar.

Los primeros años de España en Europa coincidieron con la ebullición hasta el Tratado de Maastricht, firmado en 1992.

A Franco no le gustaba Europa. Pese al interés de sectores reformistas y de empresarios como Areces y Botín, el franquismo rechazaba el espíritu europeo de una conciencia común

“La sensación generalizada era de que todo iba a ir a mejor. Daba igual que hubiese dificultades, siempre iba a ir a mejor. Y, desde luego, pensábamos que los valores democráticos europeos, de cooperación, de multilateralismo siempre iban a estar ahí. Qué inocencia”, dice hoy Miriam González Durántez, que justo entonces se graduó en el Colegio de Europa, el sueño ideado por Salvador de Madariaga en Bélgica y por el que ya habían pasado varias promociones de españoles llegados de un país en libertad. 

En 1991, cuando ella llegó a Brujas, la democracia española ya no era una novedad, pero “se veía a España con interés, se admiraba la Transición”. Cuenta también que notó la brecha entre su educación universitaria pública de España y el “brillito” que tenían sus compañeros llegados de Oxford, Cambridge y otras universidades europeas. 

En su promoción, que lleva el nombre de Mozart, conoció a Nick Clegg, su futuro marido y viceprimer ministro del Reino Unido, el país que en gran medida impulsó el salto de aquellos años. “Margaret Thatcher empezó a decir que no. No obstante, fueron los juristas británicos los que concibieron la idea del mercado interior. Es decir, que todo iba en la buena dirección”, recuerda. Después de trabajar en la Organización Mundial del Comercio y en otros puestos en el sector privado, Miriam González empezó a trabajar en la Comisión Europea en la segunda mitad de los años 90, en un momento en que –considera– la Unión Europea dejó tareas sin completar antes de correr a la unión monetaria.

González desarrollaba sus funciones para la Comisión Europea en asuntos de comercio y de relaciones exteriores, donde España seguía teniendo un papel limitado. Después de dejar la Comisión, trabajó como abogada dedicada al comercio internacional en Londres, donde se mudó mientras Clegg estuvo en el Gobierno. Ahora, sopesa lanzar un nuevo partido político centrista en España.

¿Tanto tienes, tanto mandas?

Cree que la sensación de periferia de España ya no tiene que ver con los complejos del pasado ni con la posición geográfica. “Es por el nivel de renta per cápita”, explica González. Recuerda que aunque tras la ampliación de 2004 y 2008 España pasó a aportar más fondos de los que recibía, la Unión Europea siempre ha estado para hacer grandes transferencias de fondos a España más allá de los primeros años tras la adhesión, en especial durante la crisis de la zona euro y la pandemia. 

“No somos el peor caso. El peor caso sigue siendo Italia, que a pesar de ser un país fundador se le tiene que seguir haciendo transferencias de recursos del norte al sur”, explica González. “Si no estás entre los que aportan siempre, vas a tener menos capacidad de influir y de decidir. Eso es así. Cuanto más poder económico, más poder político tienes”. 

También duda de que España pueda ayudar a modernizar Europa cuando no es un ejemplo de transparencia y buenas prácticas dentro de casa. Y le preocupa especialmente en un momento en que cree que Europa está en peligro mientras muchos políticos no pasan de las buenas palabras.

Una UE cada vez más politizada

En sus giras por España con su asociación España Mejor, Miriam González suele tener reuniones abiertas con ciudadanos en ciudades y pueblos, con variedad de poblaciones por renta y educación, y dice que encuentra “una preocupación real por la democracia, mucho más que por la economía”. Le ha sorprendido “en un país que sigue siendo tan proeuropeo” cierta animadversión en particular hacia la Comisión Europea y su presidenta, Ursula von der Leyen. “Hay un punto de emocionalidad en esa crítica que es un poco raro”, comenta.

“Si no se empieza a apoyar la democracia, pero de manera básica, de manera organizada, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser una etapa muy complicada para los europeos”, dice. 

Jaume Duch comparte esta inquietud de González, en particular por el ascenso de la extrema derecha, que ataca de manera expresa los valores, derechos y “una manera de entender la sociedad” que encarna la Unión Europea. Pero también ve algo “positivo” incluso en la identificación de la presidenta de la Comisión Europea por el nombre.

“En cierto sentido, eso quiere decir que se está consiguiendo esa Europa política. Claro, cuando cuando todos hablábamos es que la Unión Europea tiene que ser política y no solo económica, estamos estamos hablando de que haya un gobierno europeo para lo bueno y para lo malo”, explica Duch. “Si tú quieres criticar a la Unión Europea, al final acabas criticando a Von der Leyen. ¿Por qué? Porque es tu referente europeo. En el fondo, eso es una batalla que ha ganado la politización de la propia Unión Europea”.

Aquella foto de César Lucas fue el símbolo de la victoria socialista de 1982. Felipe González y Alfonso Guerra unen sus manos para levantarlas en señal de triunfo desde una ventana del hotel Palace en la noche del 28 de octubre. González contó años después en varias ocasiones que estaba abrumado por la responsabilidad en ese momento. Pero el resultado arrollador –diez millones de votos, un 48,1 % y casi veintidós puntos de ventaja sobre Alianza Popular– no fue una total sorpresa para los dirigentes socialistas.

Se dijo que era el fin de la Transición por aquello de fijar un desenlace con el regreso de la izquierda al poder después de la larga noche que había comenzado en 1939. No es que lo de antes a partir de 1977 no fuera una democracia, pero al menos se había acabado el periodo en el que todo el sistema político estaba cubierto por andamios y señales de obras. El eslogan de la campaña –‘Por el cambio’– no es un prodigio de originalidad. Tiene más enjundia lo que responde González cuando le preguntan por su significado: “Que España funcione”. Parece de un pragmatismo casi decepcionante. Pero también es efectivo. España no funcionaba o al menos no lo hacía de la forma que esperaba la gente. No había Estado en ese momento que sirviera para construir una democracia o el que había no servía más que para ir tirando.

Hasta entonces había sido “Felipe” para todo el mundo. Julio Feo advierte a todos en Moncloa que a partir de entonces será “el presidente”. La revista Cambio16 lo certifica en portada con una foto de un serio y encorbatado González y el titular: “Bienvenido, señor presidente”. Los ministros se tratan de usted en el Consejo de Ministros, por muy amigos que sean. Guerra cuenta que un ministro, de indudable inocencia, preguntó en la primera reunión: “¿Y aquí cómo se vota?”. Le respondió que todos podrían debatir algunos asuntos, pero que la decisión última sería del presidente. El Gobierno, incluido su presidente, cuenta con 17 integrantes. Todos hombres. Era un tiempo en que estas cosas pasaban casi desapercibidas.

Una semana después de las elecciones y antes del debate de investidura, ETA asesina al general Víctor Lago, jefe de la unidad más importante del Ejército, la División Acorazada Brunete. “Evidentemente, esta acción vale para ellos lo que veinte en el País Vasco”, dice a El País Manuel Ballesteros, jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista.

Los ministros de Economía en la primera década de González, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, representan una tendencia liberal que le acompaña en su presidencia. Lo que toca es construir un Estado de bienestar en el que la sanidad sea un derecho universal y se modernicen unas infraestructuras que son impropias de un país europeo. Para esto último, habrá que esperar al ingreso en la Comunidad Europea.

Antes de eso, habrá que cumplir con la promesa de un referéndum sobre la OTAN. El giro ya se intuía en el eslogan de 1981: ‘OTAN, de entrada, no’. La campaña en marzo de 1986 termina siendo un plebiscito sobre la figura de González. ¿Quién gestionará el ‘no’ a la OTAN?, avisa. En realidad, el partido ya no utiliza las siglas, sino que sólo habla de “Alianza Atlántica” en sus discursos. Alianza Popular intenta aprovechar el dilema y pide la abstención. “Soy un atlantista convencido, pero este es un referéndum fraudulento”, dice Manuel Fraga en una entrevista en ABC. Su intención es que la derrota fuerce la dimisión de González. Gana el ‘sí’ con el 56,8% de los votos y una participación del 59,4%.

Desde el primer momento, el Gobierno debe gestionar sus contradicciones. Impulsa una liberalización de la economía y devalúa la peseta en su primera reunión. Al mismo tiempo cumple promesas que benefician a los trabajadores. Aprueba la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. En una respuesta que recuerda a todo lo que ha hecho la patronal en los últimos 40 años, la CEOE prevé que será un desastre para la economía. Anuncia que tendrá “un coste teórico” de 180.000 millones de pesetas y exige que suponga una reducción equivalente de los salarios. Si los asalariados trabajan menos, tendrán que cobrar menos, dice.

La huelga general

La reconversión industrial termina por arruinar las relaciones entre el PSOE y el sindicato UGT. Puede que fuera inevitable en varios sectores, pero el coste social es inmenso. Se pierden de inmediato decenas de miles de puestos de trabajo. Pueblos y ciudades que viven de plantas industriales que ya no son rentables se quedan sin su principal fuente de empleo. Un plan de empleo juvenil termina causando el estallido. UGT y CCOO convocan una huelga general en 1988 que el Gobierno desdeña. Pero su éxito es espectacular. Las ciudades están vacías como si sus habitantes hubieran desaparecido.

En 1989, el rey Juan Carlos tiene un encuentro con el general Manglano, jefe del Cesid y uno de sus principales confidentes. Le cuenta que lleva años recibiendo dinero de Arabia Saudí. En primer lugar, “36 millones de dólares para la Transición”. Años después, un préstamo sin intereses de 50 millones que le permite obtener “una ganancia de 18 millones”. Las entregas se suceden. Entre donaciones y préstamos, que no está claro que se devolvieran, el jefe de Estado recibe financiación de una dictadura extranjera por valor de 136 millones de dólares. El Gobierno oculta a la opinión pública tanto su fortuna en el extranjero como sus infidelidades. El rey es intocable y como tal se le protege.

El 1992 es una fiesta. La Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona son el culmen de la euforia. Es “el año de España”, dice la revista norteamericana Newsweek. España es un país que ha dejado atrás los fantasmas de su pasado, coincide la prensa internacional, un ejemplo para los países de Europa del Este inmersos en la transición a la democracia. En ese año, la economía empieza a dar los primeros síntomas de agotamiento. Pronto llega el choque con la realidad. El índice de paro salta del 16,9% en 1991 al 20% un año después. Y sigue subiendo. El 23,8% en 1993 y una décima más en 1994. Políticamente, es mucho peor. Toda la corrupción incrustada en el sistema sale a la luz. El juez Baltasar Garzón vuelve a la Audiencia Nacional después de una breve incursión en la política y descubre que Amedo y Domínguez están dispuestos a cantar sobre los crímenes de los GAL. En la Ejecutiva Federal del PSOE en 1995, González define las investigaciones como una gran conspiración contra él: “Existe un intento claro de destrucción del Gobierno y toda la tarea hecha en estos años. La estrategia se parece mucho a la empleada contra Azaña en los años 30”. No le servirá de nada.

La huida de Luis Roldán y la condena de Mariano Rubio hunden la imagen de su Gobierno. En 1996 ya no quedan más trucos en la chistera y aun así el Partido Popular solo supera al PSOE por 290.000 votos. “Nunca una derrota había sido tan dulce y una victoria tan amarga”, dice González sonriendo en la noche electoral. Pero, por dulce que sea, sigue siendo una derrota.

Al igual que ahora el PP habla de desmontar el sanchismo cuando llegue al poder, Jose María Aznar presume de que ha llegado el momento de demoler el felipismo. Le acompaña una nutrida brigada mediática convencida de que Felipe González ha puesto en peligro a la democracia con su forma autocrática de gobernar, una acusación idéntica a la que se hace ahora a Pedro Sánchez. Como dice Luis María Anson en 1998, “se rozó la estabilidad del propio Estado” en la tarea de demolición: “La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a González con otras armas”.

ETA, Aznar y Miguel Ángel Blanco

Trece años, cinco meses y tres días de gobierno no son tan fáciles de borrar como quisieran. El PP se lo toma con calma y apuesta por centrarse en la liberalización de la economía. El buque insignia es la privatización de las empresas públicas como Telefónica, Tabacalera, Endesa y Repsol. Algunas de ellas caen en manos de amigos de Aznar o personas de su total confianza.

“España va bien”, repite Aznar en el Congreso, como si con su sola presencia hubiera enderezado el rumbo. Ayudada por el ciclo económico, España entra por una senda de crecimiento sostenido con gran creación de empleo y descenso de la inflación que facilita la entrada en el euro.

El Gobierno se enfrenta a un agravamiento de la amenaza terrorista cuando ETA pone en el punto de mira a concejales del PP y del PSOE. La tensión llega al punto más alto con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La respuesta popular es inmensa y garantiza al Gobierno que no sufrirá desgaste por mantener una línea dura contra ETA. La sorpresa salta cuando Aznar hace público en noviembre de 1998 que se van a iniciar negociaciones: “He autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco... de Liberación”. El PP se pliega a los deseos de su líder. Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, pide a las viudas de sus compañeros asesinados por ETA “un poco más de sacrificio por la paz”. Los contactos secretos con Herri Batasuna y luego con ETA en Ginebra no llevan a nada y la organización terrorista rompe la tregua.

La llegada del euro

Con la entrada en vigor del euro con España dentro, Aznar parece haber culminado sus aspiraciones. El naufragio del ‘Prestige’ y la catástrofe ecológica desnudan a un Gobierno convencido de que siempre se saldrá con la suya. Aznar no aprende la lección sobre los límites del poder y suma a España al grupo de países que apoya la invasión de Irak. Aun así, el PP está convencido de su victoria en 2004, esta vez con Mariano Rajoy de candidato. Las últimas encuestas de la campaña dan una ventaja de unos tres puntos al PP. Pero el 11M lo cambia todo. España sufre el mayor ataque terrorista de su historia tres días antes de las elecciones. El Gobierno decide que la autoría de ETA es lo único que le salvará y en poco más de 48 horas su plan se viene abajo. La derecha nunca aceptará que esa derrota tiene más que ver con sus errores y el ejercicio arrogante del poder que con los méritos del rival.

José Luis Rodríguez Zapatero entra en Moncloa sin ninguna experiencia previa en un Gobierno. Elige a 16 personas para su Consejo de Ministros, de las que siete son mujeres. Demuestra audacia al retirar las tropas españolas de Irak. Zapatero hace todo lo que Felipe González no quiso o no podía hacer, en especial sobre memoria histórica. La democracia ha vivido durante décadas sin tocar las estatuas y monumentos que tienen un carácter de homenaje al franquismo y al dictador. Hay que esperar hasta 2005 para que se retire la estatua ecuestre de Franco en Nuevos Ministerios en Madrid y tres años más tarde la de Santander. Entre medias, el Parlamento aprueba la ley de memoria histórica con la intención expresa de reparar el daño sufrido por las víctimas de la dictadura. El PP la denuncia por considerarla una forma de “reabrir heridas”, aunque nadie achaca a los españoles del presente los crímenes del pasado.

Las costuras del sistema político comienzan a agrietarse con la feroz oposición del PP a Jose Luis Rodrígez Zapatero, que se hace aún más dura cuando el presidente acepta negociar con ETA. Antes de los contactos, el PP ya está deslegitimando al Gobierno. Rajoy acusa al presidente de “traicionar a los muertos”. Zapatero no se deja intimidar. Hay que esperar a octubre de 2011 para que ETA haga público “el cese definitivo de su actividad armada”. La organización terrorista nunca consiguió los objetivos políticos que exigió a lo largo de su historia.

No es la convulsión creada por esas negociaciones la que hunde a Zapatero. “La economía va como un tiro”, había dicho en su primer mandato. Hasta que naufraga a partir de los efectos de la tormenta que se origina en EEUU con la quiebra de Lehman Brothers. No es un caso de simple contagio. La burbuja inmobiliaria ha desatado una loca carrera especulativa en muchas de las entidades financieras sin que el Banco de España haya hecho nada útil al respecto. La crisis de la deuda en el sur de Europa obliga a un fuerte recorte del gasto público que no impide que se doble la deuda pública hasta un 70% del PIB en 2011. El PSOE pierde el 38% de sus votos en las elecciones de ese año.

Mariano Rajoy recibe el poder sin hacer prácticamente nada y gracias a promesas que sabe que no podrá cumplir. “Cuando gobierne, bajará el paro”, había prometido en 2010. El desempleo seguirá subiendo hasta el 26,9% en el primer trimestre de 2013 y la deuda sobre el PIB hasta el 100%. La salida de la crisis es lenta y agónica.

La abdicación

A Juan Carlos de Borbón se le acaba la suerte. Su accidente en Botsuana en 2012 en un viaje en el que le acompaña su “amiga íntima” Corinna –así la definen los titulares– termina por hundir todo un escenario de mentiras y delitos. El monarca ha seguido recibiendo durante años dinero del Golfo Pérsico que oculta en Suiza con los mismos mecanismos de las organizaciones criminales internacionales. Solo un año antes de Botsuana afirma en su discurso de Nochebuena: “La justicia es igual para todos”. No para él, como pronto se comprobará. Su permanencia en el trono es tan tóxica que pone en peligro la supervivencia de la monarquía. Después de haberse negado a considerarlo, en 2014 presenta la abdicación y entrega la corona a su hijo Felipe.

El sistema autonómico era uno de los grandes logros de la nueva España surgida tras la Constitución de 1978. Todo descarrila con el desafío del ‘procés’. El Gobierno del PP y los indepes son dos trenes condenados a un choque frontal en 2017. Rajoy decide enviar a los antidisturbios para impedir el referéndum del 1-O. Sólo contribuye a que las imágenes de las cargas salgan en las televisiones de toda Europa. Carles Puigdemont ha desobedecido todos los autos del Tribunal Constitucional y hasta se ha hecho fotos con ellos. Al final, declara una independencia que dura ocho segundos y ofrece unas negociaciones que ya son imposibles. Huye a Bélgica mientras que otros como Oriol Junqueras se quedan para afrontar las consecuencias penales de sus actos. El juicio del procés en el Tribunal Supremo no es suficiente para cerrar esta historia. A partir de ese momento, Catalunya condiciona por completo la política española hasta nuestros días.

Las elecciones de 2015 abren un nuevo capítulo de la democracia española. Desaparece el bipartidismo que ha regido la alternancia en los gobiernos. El tótem del “consenso del 78” es ya historia. Las movilizaciones del 15M ya habían dado en 2011 el primer toque de atención. La España real estaba comunicando a la España oficial que había dejado de representarla en muchísimos asuntos. En los comicios, dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, reciben ocho millones y medio de votos y 109 escaños. Políticos como Rajoy creen que se trata de “una moda” y que la fragmentación del voto será un fenómeno pasajero. No pueden estar más equivocados.

Al igual que lo que ocurrió con Felipe González, la corrupción termina por dar el golpe definitivo al PP. Antes de llegar al poder, Rajoy había intentado presentar a su partido como una víctima, como hizo González en 1995. “Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular”, dice Rajoy en 2009 sobre la investigación judicial y policial de la Gürtel. Solo es el primer capítulo. Las finanzas internas del PP rebosan de dinero negro, como queda patente cuando se investiga a su tesorero, Luis Bárcenas, y se descubre que la caja B se ha empleado para la rehabilitación completa de la sede de la calle Génova, y luego están los sobresueldos en efectivo que ha recibido durante años la cúpula del partido.

La sentencia de la Gürtel recuerda a Rajoy que hay facturas en política que se pagan muchos años después. La moción de censura lleva a Pedro Sánchez al poder. Empieza una época en la que la política no deja de sorprender. Solo veinte meses antes, la carrera política de Sánchez parecía muerta y enterrada cuando se vio forzado a presentar su dimisión como líder del PSOE. No será la primera vez en que sus adversarios le subestimen.

Sánchez es de los políticos que se reinventan a sí mismos en función de la coyuntura. Intenta conseguir una mayoría con Ciudadanos y fracasa. Se rinde a los números tras los comicios de noviembre de 2019 y asume que solo puede gobernar con Unidas Podemos. Rechaza la amnistía de los políticos condenados por el procés al creer que le servirá con los indultos, pero luego la acepta para asegurarse el apoyo del partido de Puigdemont. La España que gobierna es muy diferente a la de los años ochenta. El pragmatismo de los tiempos de González pierde sentido. Ya no es tiempo de resignarse a lo posible, sino de buscar lo que antes parecía imposible, como una política feminista que no espera a que la sociedad evolucione poco a poco.

A partir de 2020, el Gobierno navega a través de circunstancias excepcionales, como la pandemia y los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Afronta también el último esfuerzo por salvar a la monarquía del legado de Juan Carlos. Felipe VI le retira los 200.000 euros anuales de asignación al quedar meridianamente claro, no por los tribunales españoles, que su padre conserva una fortuna en el exterior. La única manera de proteger la imagen de la monarquía es enviar a Juan Carlos a vivir al extranjero. Con todo el dinero que ha recibido de las monarquías del Golfo Pérsico, no es una sorpresa que elija los Emiratos Árabes.

La extrema derecha

España deja de ser la excepción europea. La extrema derecha, cuyo mayor capital es el rechazo a la inmigración, se convierte en la tercera fuerza política y el socio indispensable si la derecha quiere llegar al poder. El PP se lanza a una furiosa ofensiva contra el PSOE. También lo hizo contra González y Zapatero, pero esta vez declara que Pedro Sánchez es una amenaza real para la democracia. España vive una tensión insoportable en el sistema político. Mientras, la sociedad no alcanza ese nivel de confrontación y la economía se recupera de la pandemia y reduce el desempleo al nivel más bajo desde 2007.

La derecha pierde la oportunidad de las elecciones de 2023 que ya creía ganadas. Se decide a pintar a España como lo peor de Europa, precisamente cuando Francia y Reino Unido no pueden conjurar su crisis estructural y Alemania se sume en el pesimismo al ver que no levanta cabeza un modelo económico que pensaba que era indestructible. El futuro sí plantea un interrogante amenazante para la sociedad española. Los jóvenes se han acostumbrado a escuchar que vivirán peor que sus padres, no solo por el precio de la vivienda. Para conservar su legitimidad, la democracia no puede limitarse a asegurar la celebración de elecciones libres. Debe ofrecer una garantía de que el futuro será más próspero. De lo contrario, la historia demuestra que puedes recibir sorpresas desagradables.

Llegué a Madrid por primera vez a principios de 1970. Tenía 12 años y mi recuerdo es borroso y preciso al mismo tiempo: una ciudad lluviosa y triste, enredada en el humo de sus buses, con personas que se veían en blanco y negro, con personas que miraban hacia abajo, con personas que me contaban unas vidas que yo –que venía de una dictadura sudamericana– no podía creer: me sonaban a novelones del siglo XIX repletos de matrimonios fracasados pero ineludibles, de mujeres encerradas en sus casas –resignación y si dios quiere–, de muchachos que habían leído tan poquito, de primos que iban a un cumpleaños de 13 con corbata, de olor a frito y a tabaco de anoche y a sardinas. Era la ciudad que unos años después me encontré en uno de los mejores fragmentos de la literatura en castellano del siglo pasado: ese que empieza diciendo que “Hay ciudades tan descabaladas, tan faltas de sustancia histórica, tan traídas y llevadas por gobernantes arbitrarios, tan caprichosamente edificadas en desiertos, tan parcamente pobladas por una continuidad aprehensible de familias, tan lejanas de un mar o de un río, tan ostentosas en el reparto de su menguada pobreza…”.

En esos días viajé un poco por Castilla: carreteras de dos vías llenas de pozos y peligros, sus bares basurales, los campos trabajados con arados de bueyes, las boinas oscuras y los vestidos negros, esas manos: vi tantas manos hechas de raíces. En esos días uno de cada cuatro españoles vivía bajo la línea de pobreza, cada familia tenía al menos un parado y la emigración –a Francia y Alemania, Madrid y Cataluña– era la forma más habitual de buscarse una vida razonable. (En esos días el PIB per cápita argentino, con perdón, era 1.372 dólares y el español, 1.211. El año pasado el argentino fue 12.820 y el español, 33.500: uno se multiplicó por nueve; el otro, por 27.)

En esos días uno de cada ocho adultos españoles no sabía leer ni escribir y nueve de cada diez no habían ido más allá de la escuela primaria; solo el 3% había llegado a la universidad. En esos días no existía el divorcio ni la potestad de las madres sobre sus hijos y una mujer debía tener la autorización de su marido para trabajar o abrir una cuenta bancaria o salir de su ciudad; tampoco podía votar, pero nadie podía. En esos días se aprobó una ley –“de Peligrosidad Social”– que incluía penas de cinco años de cárcel para los homosexuales y la creación de dos cárceles: una en Badajoz, para los “pasivos”, y otra en Huelva para los “activos”; en ambas intentaban “curarlos” a fuerza de lobotomías y de electroshocks. 

En esos días, por supuesto, cualquier actividad política podía llevarte a la cárcel o, incluso, al pelotón de fusilamiento o el garrote vil. En esos días había infinidad de libros prohibidos y los diarios y revistas eran obsesivamente censurados. En esos días cualquier palabra pública contra el poder suponía un riesgo incalculable.

Y hoy recupero todos estos recuerdos porque en medio de mi viejazo general hay uno muy particular: las discusiones con jóvenes –últimamente la noción de joven abarca a casi todos– españoles que me dicen que su país se hunde. Es cierto: para quien lea los diarios o mire la televisión o escuche la radio, España se disuelve, pronto será una dictadura, ya es una dictadura, el grado de enfrentamiento es terminal, así no hay quien viva, huyamos ya. (A mí, ingenuo inveterado, este logro no deja de admirarme. Y lo mismo les sucede, en general, a amigos y colegas ñamericanos con quienes lo charlamos: la envidia nos corroe. 

Por eso estas líneas intentan ser un homenaje del humilde mundo sudaca a la invencible madre patria: sabemos que es laborioso, que es difícil, que requiere una dosis extrema de imaginación y sacrificio crear esta imagen de país destruido cuando las condiciones ayudan tan poco. Por eso mismo, nuestra admiración sin límites hacia quienes lo consiguen: partidos de oposición, prensa de ídem, trolls y rolls y sushis de basura, alarmistas de todos los colores, taxistas con o sin taxi, cuñados acuñados en cualquier material).

Y entonces todos estos jóvenes españoles, decíamos, que me explican que su reino se hunde, y sus reacciones cuando les digo que no conozco muchos ejemplos de cambio tan profundo y exitoso como el de este país en este medio siglo. Corea y ellos, les digo, y algunos se sorprenden, otros incluso se dan por ofendidos: les resulta más familiar y confortable el relato de la desgracia y decadencia. Y yo suelo decirles que sí, que por supuesto, que siempre hay buenas razones para criticar la propia sociedad, que siempre hay razones aún mejores para intentar cambiarla, pero que ningún análisis tiene sentido si no se basa en datos ciertos. Y que ellos no vivieron –pero, parece, tampoco estudiaron, tampoco les contaron– la España de sus abuelos y por eso no pueden valorar y disfrutar la enorme fortuna de vivir en un país donde la salud y la educación están garantizadas para todos, donde la violencia está entre las más bajas del mundo, donde casi todos comen lo que necesitan, donde los servicios públicos en general funcionan, donde pueden decir lo que cuernos se les canta, donde pueden oponerse sin gran riesgo a los que quieren cargarse todo lo anterior.

No saberlo, no tenerlo en cuenta, es necedad, o su madre y abuela: la ignorancia, que no es más que la necedad cuando triunfa. El conocimiento del pasado cambia la percepción del presente. Nadie entenderá la mejora que significa que las personas no tengan más remedio que trabajar ocho horas por día si no sabe que, hace cien años, era habitual que trabajaran 13 o 14.

Insisto: el proceso español, aunque muchas mañanas la televisión lo disimule, es uno de los más exitosos de las últimas décadas. Insisto: no son razones para dejar la crítica de lado. Quizás incluso sean lo contrario: excelentes razones para entender que cuando esa crítica se ejerce sin miedo y sin descanso construye realidades como esta. Una que, aunque la mayoría insista en no saberlo, nos pone entre los países más privilegiados de la Tierra. 

Y no, como quisieron las tradiciones tradicionales españolas, por tener ningún poder sobre los otros; solo por poder vivir –no todos pero cada vez más, cada vez más– como nos merecemos.

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“Ay, no, muchacha, eso seguro es alguna bombona de gas que explotó”. Esto fue lo primero que pensó Yaritza Pérez la madrugada del 3 de enero, cuando los destellos y el estruendo la sacudieron en su casa frente al Helicoide, un centro de detención con numerosas denuncias de torturas en Caracas. Pero no era un accidente doméstico: comenzaba la operación que secuestró a Nicolás Maduro y dio lugar a la era de Delcy Rodríguez en el poder.

Tras 117 días de gestión, Yaritza —que vivió 17 años en la parroquia 23 de enero, un bastión emblemático del chavismo— no percibe el alivio prometido: “Yo, en realidad, no he visto ningún cambio. Yo veo que todo está igual. Todos estamos a la expectativa, a la espera de qué va a suceder de aquí al primero de mayo. Para mí, la presidenta encargada es como decir un adorno y el que está mandando es el otro señor, Donald Trump. Es un loco, yo no entiendo en qué estaba pensando la gente por allá, porque tú mandas en tu país, no en el de nosotros”, dice a elDiario.es.

Su testimonio toma el pulso a una transición que se debate entre el pragmatismo geopolítico de alto nivel y la precariedad extrema de la calle. Para evaluarla con rigor hay que responder tres preguntas: qué cambió de verdad, qué no se ha movido y qué empeoró.

Lo que ha cambiado

Para el economista Luis Vicente León, director de la firma encuestadora Datanálisis, este período no puede leerse como una gestión aislada, sino como una administración compartida o condicionada por la nueva arquitectura de licencias de Estados Unidos. El éxito político de Rodríguez, sostiene, reside en su rol de bisagra o power broker: ella es quien entiende lo que la Administración Trump exige y logra traducirlo al sistema interno del chavismo sin que se rompa el orden.

El giro pragmático macroeconómico, dice León, no puede negarse. La reforma a la Ley de Hidrocarburos representa un cambio real de modelo hacia la privatización de áreas antes intocables. El diputado Antonio Ecarri, miembro de la opositora fracción Libertad, confirma esa apertura desde dentro: “Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial. Trabajar en construir consenso es un gran logro después de 27 años. La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas”. La Asamblea Nacional incluye ahora 29 diputados de la oposición.

En materia de justicia, la Ley de Amnistía liberó de forma inmediata a 8.616 personas: quienes no entraban en ese supuesto podían recurrir ante la Comisión Especial de Seguimiento, presidida por el diputado Jorge Arreaza, que recibió más de 12.500 solicitudes y aprobó 12.187. Según el Foro Penal, 490 presos políticos quedaron fuera de ambas vías y siguen recluidos.

Lo que no ha cambiado

Ecarri señala que la estética del cambio no ha tocado la estructura: “El Estado hiperpresidencialista petrolero no es viable. Comparas la Constitución española y la venezolana y el presidente aquí tiene todas las atribuciones del rey, las comunidades autónomas y el Parlamento. Eso es como si tras la muerte de Franco, Suárez solo hubiese cambiado la elección del gran caudillo. Aquí hay sectores populares con hambre y una crisis muy difícil; el aumento debe ir para los más vulnerables porque el caos no le sirve a nadie”.

Juan González, activista en defensa de los derechos humanos y ex-preso político (el nombre es ficticio para evitar represalias), apunta en la misma dirección desde el terreno de los derechos civiles: “Los portales web siguen censurados y leyes como la Ley contra el Odio siguen vigentes. La pregunta es si se van a desmontar las dinámicas antidemocráticas o van a continuar. Hay un pequeño cambio en las fuerzas de seguridad, cierta contención, pero la dinámica de la amnistía sigue siendo selectiva”.

Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial [...] La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas

Antonio Ecarri — Diputado de la oposición

González también cuestiona la calidad de las liberaciones que sí se produjeron: “Es importante que se libere a la gente, pero fueron los mismos jueces que aplicaron las penas los que debieron amnistiar. Hay una dinámica no muy clara, no es automática, sino que responde a una decisión donde [los jueces] se pagan y se dan el vuelto; no se entienden las razones para decidir. Hay un sinsabor asociado, porque los procesos de designación de fiscalía y defensor [del pueblo] no cumplieron con los estándares de la Constitución. Algunos de los funcionarios designados eran agentes del Estado en instancias internacionales”.

Para él, además, que Rodríguez haya suspendido la Ley de Amnistía es una transgresión grave: ese instrumento lo aprobó la Asamblea Nacional y no corresponde a la presidenta fijar su vigencia. Al arrogarse esa decisión, la mandataria invade atribuciones que no le pertenecen y deja en evidencia la subordinación de los demás poderes. Yaritza Pérez lo resume con una imagen: “Para que pueda funcionar tiene que haber una limpieza en el Gobierno total, quitar a los mismos que están. Porque ella [la presidenta] ha movido a muchos ministros, pero los ha movido de un ministerio para otro; es la misma gente”. Sin embargo, muchos de los pesos pesados del anterior Gobierno han pasado a puestos de segundo nivel y la retórica política de Rodríguez también ha cambiado notablemente respecto a Maduro.

Lo que ha empeorado

León advierte el escollo más peligroso del período: “Hay una dualidad clara. Por un lado, la apertura petrolera ha inyectado optimismo macro: la gente siente que el país se mueve. Pero, por otro, la mejora no llega al bolsillo al mismo ritmo. Las inversiones son lentas. El ciudadano ve el llamado 'nuevo momento político' en las noticias, pero no en su cuenta bancaria, y eso genera una sensación de fragilidad. Más que deslastrarse de figuras, Rodríguez está vendiendo funcionalidad. Si la economía camina, el discurso cuaja; si se estanca, se percibirá como otra promesa más”.

Marta Torrealba, profesora y periodista, encarna esa desconexión desde dentro. Con una cesta de la compra que supera los 600 dólares, las condiciones de supervivencia en la academia son tan precarias que el pasado 24 de abril las 23 universidades nacionales se sumaron a un paro.

“El pasaje de bus supera el salario mínimo mensual. Hay pasajes que cuestan 140 bolívares, mientras el sueldo mínimo es de 130 bolívares (0,23 euros). Sé de profesores que quedan en deuda con la Universidad Central de Venezuela porque su sueldo es menor a lo que les descuentan por el seguro médico; otros renuncian a este beneficio porque simplemente no pueden pagarlo. El sueldo quincenal de un profesor jubilado puede ser de cuatro bolívares, eso no alcanza ni para comprar un caramelo, porque un caramelo cuesta cinco”, relata.

El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo [...] Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado

Marta Torrealba — Profesora y periodista

Torrealba describe un declive que borró los logros de décadas anteriores: “A principios de los 90, los profesionales teníamos ingresos respetables. Yo incluso pude adquirir un inmueble donde vivo y todavía en el año 2000 compré un automóvil. Podías ir de vacaciones tranquilamente y ayudar a tu familia. Ahora, la mayoría de los profesionales lo que hacemos es sobrevivir. No tengo gastos para entretenimiento ni ningún tipo de lujo y tengo dos trabajos, como muchos profesionales y técnicos”.

La rendición de cuentas es otra ausencia que denuncia con indignación: “Nos manejamos con una opacidad total. No sabemos si EEUU realmente puso los recursos en el fondo de fideicomiso por la venta de petróleo, ni cuánto ingresó por la venta del oro. Delcy dijo que ese dinero era para salarios y hospitales, pero cuando llegas a un hospital tienes que llevar hasta los insumos básicos, te piden una lista como de preescolar. El aumento que anuncian para el 1 de mayo va a ser una decepción; los venezolanos sienten que no va a compensar la inflación”.

La figura de Donald Trump, vista al comienzo por algunos como un libertador, también acusa el desgaste. “El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo, según una encuesta de Meganálisis. Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado. Al contrario, hay un declive fuerte del ingreso con un dólar que ya ronda los 500 bolívares”, afirma Torrealba. Y añade: “La nueva ministra de Educación Superior le dijo claramente al sector universitario que no había dinero para el aumento salarial. Mientras no se controle el dólar, ningún aumento va a servir. El control tiene que ser del dólar, no de precios; eso ya se ha ensayado y no sirve para nada”.

A la espera del 1 de mayo

Después de 117 días, lo que Rodríguez ha conseguido es algo más sutil que un cambio de gobierno: ha conseguido tiempo. Tiempo para que la apertura petrolera se asiente, tiempo para que Washington cobre lo que vino a cobrar, tiempo para que el malestar de la calle se administre sin estallar. El 1 de mayo, día para el que la presidenta encargada anunció un incremento salarial, será la primera prueba de hasta cuándo se puede pedir paciencia a un país que lleva tres años sin aumento salarial.

“Es la misma gente”, resume Yaritza Pérez. Y Marta Torrealba, en la otra punta de Caracas, sigue haciendo cuentas para saber si esta quincena le alcanzará para un caramelo.

Nieto de uno de los fundadores de la Falange, hijo de uno de sus grandes adversarios, sobrino de uno de los cantautores más contrarios al franquismo, y también de Carmen Martín Gaite y Rafael Sánchez Ferlosio; Máximo Pradera creció rodeado de intelectuales que forman parte de la historia de España, a quienes ha reunido en Memorias de un nieto confuso (Navona).

Un libro en el que el escritor, periodista y musicólogo defiende que “cada familia es un campo de batalla ideológico disfrazado de álbum fotográfico”. El autor indica que la única diferencia de la suya con la del resto, es que esta batalla la libraron en público. Ahora bien, igual que al resto, a los sucesores les ha tocado heredar un pasado incómodo y tener que decidir qué hacer con él. Su elección: “Convertir el plomo de la herencia franquista en el oro de la provocación democrática”.

¿Cómo ha llevado ser nieto de Rafael Sánchez Mazas, fundador de la Falange y uno de los autores del Cara al sol? Una canción que ahora no se usa tanto, pero a veces sí.

Y puede llegar a sonar más si las cosas se tuercen. A mi madre no le gustó nada [la novela de Javier Cercas] Soldados de Salamina, a mí más. Viene a decir que Sánchez Mazas fue el gran ideólogo de la Guerra Civil, que sin él no la habría habido porque no habrían tenido soporte ideológico para alzarse. Mi padre me dijo cuando le pregunté que era una licencia literaria de Cercas. El peso ideológico de mi abuelo fue más bien accesorio, en detallitos, en el grito de “arriba España”, el yugo y la flecha; pero tanto como ser el gran ideólogo de la sublevación militar como dice el libro, no.

¿Por qué decidió escribir este libro sobre su familia en este momento?

En mi anterior hablé sobre mi experiencia con el cáncer, El cáncer y la madre que lo parió, que fue muy gorda porque es enfrentarte con la muerte, aunque ya estoy bien. Te cambia la mentalidad respecto a todo, la vida, tu familia. Probablemente, sin haber atravesado la enfermedad no lo habría escrito, pero ahora sí. Entre que me ha cambiado mi forma de pensar y me lo ha pedido mucha gente, llegó el momento.

Usted utiliza la provocación. Figuras como Trump, Ayuso o Milei son ahora mismo los maestros de la misma, ¿qué lugar ocupa en la actualidad?

Hay provocación buena y mala. El otro día comenté un tuit de Elisa Beni que era provocación chunga, porque es de esos opinólogos que lo que pretenden es tener razón a toda costa. Sacó uno absolutamente infumable sobre el derecho al odio, por la frase que había dicho Carlos Baute de la mona [el cantante alentó a los gritos de “fuera la mona” referidos a Delcy Rodríguez en un evento]. Hacía una cosa que me pone muy nervioso que es asociar lo humano con lo visceral y lo chungo. Lo humano también es la compasión, la inteligencia, la quietud, el análisis. Ese “es que somos humanos” se utiliza cuando nos equivocamos o excedemos, y no. Una de las grandes virtudes del ser humano es la compasión por el otro.

Lo que yo intento es practicar una provocación que va a al subtexto. Ahora podría provocar mucho, y creo que lo voy a hacer, a Baute, porque ha salido como si fuera un angelito diciendo: “Ay, me he equivocado, no soy racista”, porque ha visto que incluso le puede afectar comercialmente en la venta de sus discos. Se nota cuando la petición de disculpas no es sincera, sino que obedece a intereses comerciales.

Antes el libro era un objeto más respetado, ahora saca libros hasta Paz Padilla

Máximo Pradera — Escritor, periodista, guionista y musicólogo

Vivimos entre mucho ruido y parece que muchas veces la burrada de turno es lo que queda y no tanto cómo podemos contrarrestarla e incluso qué hay detrás de ese mensaje.

Sí. En España se ha producido un fenómeno, cada vez más creciente, que pertenece a intereses empresariales. Una tertulia es muy barata en relación al precio tiempo que ocupas en antena en televisión. Se lleva a gente que a lo mejor es fuerte en un campo, pero se le obliga a opinar de cosas que a lo mejor no tiene ni puta idea. Gente que antes de ayer no sabía que existía el estrecho de Ormuz, se lo ha leído en Wikipedia el día anterior y lo suelta simplemente porque la empresa le está pagando. Y la empresa está encantada, porque está rellenando tiempo. No hay contenido, hay relleno.

Hay muchísimo tertuliano bocachancla que traen porque es director de algún medio, por quedar bien en cámara, porque anima el debate, pero hay mucho deterioro de lo que es el periodismo. Siempre digo que si a todos los que dan opiniones en tertulias les obligaras a buscar una noticia al mes, se acabarían en una hora, porque buscar noticias es mucho más difícil que soltar cualquier parida.

Por ejemplo, he oído a Pablo Iglesias, al que no tengo ningún tipo de problema en llamarle 'el colectas', porque hago ese tipo de provocación, meterse mucho con elDiario.es. Como que es el periodismo de pijoprogres, pero el tío lo que hace es opinar sobre muchos temas que son exclusivas de elDiario.es. Por lo menos, reconoce el trabajo de los periodistas.

Su bisabuelo Víctor Pradera, que sentó las bases de lo que posteriormente sería el franquismo, era una persona muy bien formada. ¿Pecamos al pensar que un votante de Vox tiene que ser una persona iletrada o menos formada? Entender que haber estudiado mucho no te hace necesariamente una persona más progresista.

Mi bisabuelo era un intelectual. No hace falta ser ignorante para ser retrógrado, pero ayuda mucho, sobre todo lo peligroso es que haya muchos retrógrados. El autoritarismo, el falangismo, el fascismo ha encontrado una forma muy eficaz de sabotear la democracia, que es el principio de que yo tengo derecho no solamente a mis propias opiniones, sino a mis propios hechos, que es la realidad alternativa. Y que eso se considere normal, como el terraplanismo o la homeopatía. 

En el libro ahonda en la relación que su abuelo Rafael Sánchez Mazas tuvo con Franco.

Una de las historias que cuento es que Rafael Sánchez Mazas, además de falangista, fue ministro sin cartera durante el primer año de posguerra. Como era una persona intelectualmente muy dotada, con formación, y Franco era un zote, un general chusquero que no tenía ni puta idea de nada; le aburría muchísimo. Sus consejos de ministros podían durar cuatro o cinco horas, era eterno. A Franco le empezó a tocar las narices que mi abuelo llegara tarde. Un día preguntó por él y dijo que no le pusieran silla.

En su último Consejo, mi abuelo entró una o dos horas tarde y se encontró que no tenía donde sentarse. Tuvo que ponerse de pie en un discreto segundo plano como un alumno díscolo castigado. Cuando acabó, se acercó a Franco y este le dijo que ya no hacía falta que viniera más.

Mi capacidad para tocar las narices la he heredado en parte de mi abuelo porque las tocaba muy bien. En ese sentido es admirable, y no se le reconoce esa capacidad en Soldados de Salamina. Tenía un amigo falangista, Mourlane Michelena, que era muy pedante. Una vez le dio un zasca delante de todo el mundo, por postureo: “Mourlane, con el tiempo y esfuerzo que dedica usted a aparentar una cultura que no tiene, bien podría haberse construido una de verdad”. Yo estaría diciendo esa frase todo el día a todo el mundo, ese “qué estás diciendo si no sabes de qué estás hablando”. Estás en puro postureo. Ese era mi abuelo.

También ayudó a salvar la vida a Miguel Hernández. Finalmente, murió de tisis en la prisión de Alicante, pero estuvieron a punto de fusilarle bastante antes en Madrid. Mi abuelo, que tenía el privilegio de sentarse en el Consejo de ministros dijo “le pido la gracia para un poeta”. Consiguió salvarle la vida. Aunque solo sea por eso ya merece un lugar en la historia. 

Hablábamos del Cara al sol porque su abuelo estuvo involucrado en su composición, pero también tiene a su tío, Chicho Sánchez Ferlosio, que fue todo lo contrario, creando canciones protesta en el franquismo. ¿Qué papel tuvieron entonces? ¿Siente que ahora hay canción protesta?

No hay canción protesta. Cuando me llevaba bien con Pablo Iglesias, cuando Podemos era la Patrulla-X, que estaba Bescansa, Errejón, Monedero, antes de que este se los fuera puliendo uno a uno; adapté una canción de Munárriz que se llamaba Vamos a decir que no, para uno de los mítines que iba a hacer en plena efervescencia del 15M. Estuve a punto de irla a cantar.

La música es un cohesionador de la gente. Funcionó de maravilla en los años sesenta, y ahora, los movimientos sobre todo de izquierdas, no tienen himnos. No se canta. Qué habría sido del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos sin Joan Baez y We Shall Overcome, las canciones que cantaban. Los echo mucho de menos. En el tardofranquismo hubo muchísima canción protesta, no solamente de Chicho Sánchez Ferlosio, sino de Aute, Rosa León, Paco Ibáñez, muchísima gente con talento que te daba ánimos con lo que cantaba, las letras y las músicas. La gente necesita cantar.

Cuando habla en el libro de su tía Carmen Martín Gaite señala que le enseñaron que la literatura puede construir en vez de destruir, ¿sigue pensando igual?

Se ha deteriorado bastante. El otro día salió una noticia diciendo que el 50% de libros de España no vende ni un solo ejemplar. Hay una sobrepublicación. Antes el libro era un objeto más de lujo en el sentido no de dinero, que también supongo que comprar libros nunca ha sido agradable para el bolsillo; pero era un objeto más respetado. Ahora saca libros hasta… me acuerdo de Paz Padilla yendo a una recepción del Cervantes como escritora y la reina saludándola. No sé, están ocurriendo cosas muy insólitas. El concepto de autor se ha abaratado.

Mi padre abarató el libro, en el sentido bueno de la palabra. Siempre que se habla de Javier Pradera se hace de su parte política, militante y periodística. Pero él fue muy importante a la hora de abaratar el libro en el sentido económico, porque Alianza, la editorial que ayudó a cofundar, puso al alcance de generaciones españoles libros importantísimos, a los que no teníamos acceso en los sesenta y setenta porque eran de tapa dura y valían una pasta. Desde Kafka, Hermann Hesse, Freud. Con el libro de bolsillo de Alianza Editorial. Me gusta reivindicar su papel en la historia de España porque pienso que el libro de bolsillo de Alianza Editorial también lo es.

Vídeo de la entrevista completa

Vídeo: Adrián Torrano

Lo primero que le dijeron a la familia es que había muerto de un accidente de tráfico. Pero cuando su padre acudió al hospital y le dieron la vuelta al cuerpo inerte de su hijo, descubrió el orificio de un disparo. La bala nunca apareció. El joven malagueño Manuel García Caparrós se convirtió el 4 de diciembre de 1977 en una de las víctimas de la violencia policial que durante aquellos años acabó con la vida de decenas de ciudadanos en huelgas y protestas, tanto en los últimos años de la dictadura como en el momento en que la muerte de Franco no había acabado con la represión a pesar del relato idílico de una Transición pacífica que todavía tiene ecos hoy.

“Son víctimas que tenían una familia, padres, hermanos... Eran muy jóvenes y les quitaron la vida de una manera cruel por pensar diferente. Llevamos luchando 50 años para que no haya víctimas de primera y de segunda”, sostiene Dolores, una de las dos hermanas de Manuel. Ambas recibirán pronto la indemnización de 250.000 euros que les corresponde por ser familiares de quienes fallecieron “en defensa de las libertades y derechos democráticos” entre 1968 y 1978, tal y como reconoce el decreto recién convalidado por el Congreso que reactiva y amplía las ayudas puestas en marcha en su momento por la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La familia Caparrós, que se quedó entonces sin indemnización, es una de las que ahora sí encaja en el supuesto del nuevo decreto, que se tramitará como proyecto de ley para incluir una extensión temporal todavía mayor, hasta 1983, como ha exigido ERC. La norma nace con vocación de solventar las lagunas de la ley anterior, que dejó fuera a quienes hubieran sido asesinados o heridos más allá de 1977, y amplía las cantidades a percibir. “Es un orgullo haber podido lograr este reconocimiento”, apunta Dolores sobre su hermano, al que el Gobierno denegó el pasado febrero la condición de víctima del terrorismo.

Manuel murió de un disparo policial durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, pero nadie fue nunca juzgado por ello y el caso se cerró en 1986. Desde entonces, sus hermanas han peleado por mantener viva su memoria y acceder a la Justicia y por eso para ellas la indemnización es importante, pero no suficiente: “Nuestra familia se hundió, no hay dinero en el mundo que pueda pagar ese destrozo”. La mujer reconoce que, más allá de la ayuda, seguirá insistiendo en saber qué ocurrió realmente aquel día. “Mientras nosotras tengamos un soplo de vida, lucharemos por saber la verdad. Él acudió a la manifestación como uno más y fue el único que no volvió a casa”, apunta.

Aunque al decreto del Gobierno le queda aún por delante el trámite en el Congreso, ya son más de una decena las indemnizaciones que se han reconocido desde su entrada en vigor, según adelantó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Además de por fallecimiento, el nuevo texto estipula ayudas de 500.000 y 180.000 euros para quienes tienen gran incapacidad o incapacidad permanente absoluta derivadas de heridas sufridas en ese contexto. El decreto permite que quienes cobraron en su momento por la Ley de Memoria Histórica puedan solicitar ahora una compensación por la diferencia, aunque para calcularlo, la cantidad abonada anteriormente debe ser “actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero”, que es hoy superior que entonces.

Es lo que ha hecho Francisco Javier Almazán, hermano de Ángel, que murió en el hospital en diciembre de 1976 a causa de “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación” celebrada en Madrid contra la Ley para la Reforma Política, según destacó el ministro el otro día en el pleno. “Ha sido la primera vez que se ha dicho oficialmente que los autores fueron policías. Si lo hubieran reconocido en 1976 quizá no hubiera empezado esta pelea”, señala Francisco Javier, que en 1999 intentó que el Estado otorgara a Ángel el estatus de víctima del terrorismo sin éxito.

Sí fue reconocido como víctima del franquismo en una declaración de reparación que admitía que la protesta a la que acudió había sido “reprimida violentamente por la policía”, pero para Francisco Javier era importante que se afirmara oficialmente la responsabilidad en su muerte. Es algo que no se ha llegado a reconocer en sede judicial: en su momento, el caso lo juzgó la Jurisdicción Militar porque había integrantes de la Policía Armada implicados, lo que conllevó que la familia no pudiera tener un abogado en el proceso. Se interrogó a tres policías, pero a los días el caso se cerró apuntando a que no se podía demostrar la autoría de los hechos.

Mismos hilos, distintos casos

Las distintas caras de la historia comparten los mismos hilos que se entrelazan en otras, como si todas formaran parte de un mismo relato: las víctimas de esta violencia eran muy jóvenes, murieron en el transcurso de movilizaciones políticas en los últimos años de la dictadura o la Transición y sus familias tuvieron que enfrentarse a versiones oficiales alejadas de la realidad y a una Justicia que no les dio ni les da todavía respuesta. También a un olvido y a un silencio que aún hoy permanece. En todos los casos, las familias quedaron rotas y arrastraron un dolor y una falta de reconocimiento que ha empezado ahora a romperse, pero que llega tarde para muchos.

Cuando a Ángel el Estado le reconoció como víctima del franquismo, sus padres ya tenían Alzheimer y no llegaron a enterarse. “Bendito Alzheimer”, dice paradójicamente Francisco Javier. Porque “les borró la memoria y les hizo olvidar lo que había pasado. No he visto a mi madre tan feliz nunca”. Mientras Ángel estaba aún en el hospital después de la manifestación tras la que perdió la vida, a su familia le dijeron que estaba grave porque se había golpeado con una farola. “Mis padres fueron a verle a La Paz y cuando volvieron, mi madre dijo: nos lo han matao. Y qué razón tenía”, recuerda su hermano. Aguantó cinco días más.

Como tantos otros, Francisco Javier ha intentado en los últimos años reabrir la vía judicial y que se reconozca que fue un homicidio “enmarcado en los crímenes de lesa humanidad” del franquismo y años posteriores, pero se ha topado con el archivo de la querella. Por eso, más allá del decreto que otorga ayudas económicas a las víctimas, pelea por “el reconocimiento como verdad judicial” de lo sucedido, aunque no se condene a nadie. Un muro es también con lo que se ha encontrado judicialmente la familia de Víctor Pérez Elexpe, el joven comunista asesinado por un guardia civil en Portugalete en enero de 1975 mientras repartía folletos en solidaridad con una huelga.

“Exigimos dejar de ser víctimas de segunda, queremos los mismos derechos y consideración que las oficialmente llamadas víctimas del terrorismo. Nosotros también lo somos, de un terrorismo no reconocido pero no por ello menos grave y menos condenable: el terrorismo de Estado”, apuntan María Rosario, María José y Fermín Pérez Elexpe, hermanos de Víctor, en una respuesta conjunta por escrito en la que, a pesar de todo, agradecen el apoyo de los amigos, los compañeros de partido, los abogados y los sacerdotes que “acompañaron” a sus padres en “los momentos de dolor”.

En su caso, también han sido reconocidos ya por el Gobierno para recibir la diferencia de indemnización entre lo que cobraron en 2010 –actualizado a fecha de hoy– y lo aprobado ahora, pero coinciden con el resto en que “lo más importante” son “las indemnizaciones morales y judiciales” que aún están pendientes. “El dinero lo hemos usado, en parte, en tribunales, psicólogos y tratar de aprender a llevar una vida rota”, señalan al tiempo que recuerdan como, su otro hermano Ignacio falleció en 1996 tras “buscar refugió en la droga al no llegar a comprender nunca por qué no se podía hacer justicia”. “Destrozaron a la familia”, apuntan.

Los tres reclaman ahora una declaración institucional en las Cortes “que deslegitime el franquismo” y este tipo de crímenes: “Cada vez que nos niegan, vuelven a asesinar a nuestro hermano”, subrayan. Como en el resto de casos, hubo una primera versión que señaló “que había muerto en un enfrentamiento con el guardia civil Narciso San Juan del Rey, que era vecino y conocido del barrio –sostiene la familia–, pero hubo muchos testigos que acreditaron que Víctor no portaba ningún arma y no hubo ningún enfrentamiento, sino que le disparó por la espalda”. La vía judicial acabó con un sobreseimiento del caso.

La “responsabilidad” del Estado

La aprobación del decreto es celebrada por las familias y las asociaciones que las agrupan, sobre todo porque corrige la ausencia de indemnizaciones económicas en la Ley de Memoria Democrática, que nació en 2022 sin ellas. Sin embargo, la reflexión más compartida es la de que no es suficiente y apuntan a que estarán “vigilantes” ante su aplicación práctica. Además, reclaman que en el trámite como proyecto de ley se alargue el periodo de aplicación, tal y como ya ha acordado el PSOE con los partidos de izquierdas. Por su parte, PP y Vox votaron en contra de la reforma usando argumentos como que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede decir que no había libertad ni democracia”.

En la práctica, las cantidades que reconoce el decreto son algunas de las que se reconocen ya para las víctimas del terrorismo, pero estas reciben también una ayuda si tienen una incapacidad total o parcial, que son dos supuestos no reconocidos en esta norma. Algo que lleva a Andoni Txasko, una de las víctimas de las actuaciones de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco obreros, a señalar “las carencias” de las que a su juicio “peca” la normativa. “Hay otra mucha gente que fue herida y que tiene secuelas, pero no se las reconoce”, afirma Txasko, que fue indemnizado en 2010 porque, debido a la brutal paliza que le propino la policía horas después de la masacre, se ha quedado con un 2% de visión.

Txasko reconoce que las indemnizaciones “son un derecho”, pero recalca que “lo principal” para las víctimas es “el reconocimiento integral”. “No se puede vender que nos equiparan a las víctimas del terrorismo porque no es verdad”, dice el miembro de la Asociación 3 de marzo, que pone el foco en la “paradoja” que supone ser reconocidos como víctimas por la defensa de la democracia y por sufrir “una violencia que nunca debió producirse”, como figura en la declaración de reparación personal que él mismo ha recibido, pero “no reconocer la responsabilidad por parte del Estado en lo sucedido”. “Pedimos que se haga una declaración al más alto nivel admitiendo esto”, clama.

Esta y la reclamación del acceso a la justicia son también los ámbitos en los que está poniendo todos sus esfuerzos la familia de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que sigue buscando respuestas medio siglo después de su muerte. Sus hermanas han pedido la reparación económica a la que tienen derecho a la luz del nuevo decreto, pero sobre todo exigen saber la verdad. El joven murió el 5 de marzo de 1976 en Tarragona en una manifestación convocada en protesta precisamente por lo ocurrido en Vitoria dos días antes y, según la versión policial, falleció al caer al vacío desde una azotea cuando le perseguía la Policía Armada.

Su cuñado, José Antonio Giménez Giménez, estaba con él aquel día y vio como Juan Gabriel entraba en un portal seguido por dos agentes. Lo que pasó dentro no se sabe, pero recela del atestado policial, que es “un auténtico disparate” que incluye el supuesto recorrido que hizo el joven antes de caer, como “si hubiera saltado de ventana en ventana, incluso a otros edificios distantes a unos tres o cuatro metros”. El sumario judicial concluyó que había sido una muerte por accidente, pero ahora la familia ha pedido la exhumación del cadáver y un nuevo análisis forense, además de que confían en que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática revise el caso y pueda arrojar algo de luz. “Las indemnizaciones son importantes, pero después de 50 años resulta un poco secundario”, concluye José Antonio.

“Que no se mueva un varal”. La orden del capataz que pide que el movimiento sea tan mínimo que ni se note en la estructura que sostiene los palios de los pasos de Virgen es una expresión muy propia del mundo de las cofradías en Sevilla, pero alguna que otra vez también se usa fuera del ámbito de las hermandades con el sentido de que todo siga igual, que nada cambie. Y esto fue lo que pasó en la Semana Santa de 1976, que tras la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975 era en teoría la primera de la democracia pero en realidad fue la última del franquismo, sin prácticamente cambios. Eso sí, el contexto social y político iba poco a poco moviéndose, en medio de una galopante crisis económica que incluso lanzó a la calle a las amas de casa en protesta por el encarecimiento de la cesta de la compra.

“No se movió ni un varal, ni en Semana Santa ni en ningún otro tema”, abunda Isidoro Moreno Navarro, catedrático emérito de Antropología de la Universidad de Sevilla, uno de los primeros en enfocar desde esta disciplina el mundo de la religiosidad popular y en aquel abril de 1976 uno de los dirigentes del antifranquista Partido de los Trabajadores de España (PTE) en Andalucía (PTA). “Aquella Semana Santa no se notó absolutamente nada” la muerte del dictador no hacía ni cinco meses, “la represión y las autoridades eran las mismas porque querían hacer con Franco lo mismo que con el Cid Campeador”.

“En realidad fue la última Semana Santa del franquismo, había pasado muy poco tiempo y aquello seguía todo igual”, recuerda Antonio Zoido, historiador, presidente de la Fundación Machado y por entonces también con responsabilidades en el PTE, “todavía usábamos los nombres de guerra” en un partido que seguiría año y medio en la clandestinidad. Eran tiempos en los que los grises seguían muy presentes “y de vez en cuando mataban a alguien”, aunque “había ya huelgas y se veía que los sindicatos iban a ser los primeros en ser legalizados”.

Las cofradías, algo tercermundista

“No fue realmente una Semana Santa democrática, fue todavía predemocrática”, señala por su parte Manuel Jesús Roldán, autor La Semana Santa de la Transición (Sevilla, 1973-1982), de la editorial El Paseo. “Fueron unos días tranquilos, con las representaciones militares típicas” y en la que hubo una tensión a tres bandas: “la Iglesia era casi más demócrata que el propio régimen”, señala, pero se las tenía tiesas con las hermandades. El propio Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, “vino a decir que las cofradías eran algo propio del tercer mundo”. Aquello cayó como una bomba en Sevilla.

Pese a todo, los deseos de cambio son irrefrenables, con trabajadores y estudiantes como motores para materializarlo. El Domingo de Ramos fue el 11 de abril, después de un marzo intenso con protestas, huelgas y hasta una insospechada manifestación de amas de casa para protestar por la carestía de la cesta de la compra y reclamar subidas de sueldos para sus maridos, que eran los que trabajaban en un momento en el que la mujer no estaba precisamente incorporada al mercado laboral. Todo ello, señales de una decadencia estructural, económica y social, con los coletazos de la crisis del petróleo, el cierre de industrias, el paro y la inflación desbocados y con los condenados por su actividad política todavía en prisión.

“Es un año de incertidumbre en todo”, resume Moreno, del que el año pasado Almuzara reeditó sus estudios bajo el título genérico de La Semana Santa de Isidoro Moreno. “Hay mucho miedo” en general, incluida la posibilidad de “algún atentado de ETA o del Grapo a las cofradías más significadas”, pero no flota en el ambiente –ni mucho menos– el riesgo de un choque entre elementos de ultraderecha y ultraizquierda. “Es la última Semana Santa del franquismo, pero no del nacionalcatolicismo”, resalta, un movimiento que por cierto en Sevilla derivará en lo que define como un “municipal-cofradierismo insano” por el “parasitismo mutuo” entre las hermandades y la política local.

Movimientos cristianos socialistas

“Aquella Semana Santa viajé mucho por Andalucía por motivos políticos”, rememora Antonio Zoido, y es que, “como teníamos muchos militantes que eran profesores”, se aprovechaban los días festivos para tener reuniones comarcales. “Había movimientos cristianos que en buena parte eran socialistas y estaban muy metidos en las hermandades”, una corriente que no cristalizó en un partido propio mientras por estos lares florecían los curas obreros y “se compaginaban perfectamente las creencias marxistas con la pertenencia a una cofradía”.

“Las hermandades eran un mundo conservador pero los sindicalistas estaban también muy metidos”, enlaza Manuel Jesús Roldán, y se empieza a reivindicar un protagonismo más social de estas corporaciones más allá de su mera presencia en la calle. Hay una cofradía, por ejemplo, que rifa por entonces una televisión en color para recaudar fondos para ayudar a niños sin recursos, señal de que empiezan a cambiar las cosas cuando hasta entonces “su papel a lo largo del año era mucho más reducido, sólo litúrgico y sin salidas extraordinarias”.

En base a la nueva Ley de Régimen Local, Fernando Parias Merry había sido elegido alcalde de una Sevilla en plena sequía y con fuertes restricciones al consumo, mientras las barriadas más populares tienen problemas hasta con el alcantarillado y empiezan a surgir las asociaciones de vecinos. El andalucista Alejandro Rojas Marcos, por entonces dirigente de la Alianza Socialista de Andalucía (ASA), vuelve del exilio y da el 20 de febrero el que se tiene como primer mitin desde antes de la Guerra Civil, disfrazado de conferencia impulsada por el Grupo Organizador de Reuniones Culturales y Artísticas (Grupo Gorca), al que el acto le cuesta la apertura de un expediente por el Gobierno Civil. Un día antes, por cierto, se había izado la bandera andaluza en el balcón del Ayuntamiento hispalense.

“Más salarios para nuestros maridos”

Las huelgas de trabajadores municipales se liquidan poniendo directamente a soldados en esos puestos, pero lo que mejor evidencia cómo están las cosas es la ya apuntada protesta de las amas de casa, con sus carteles de Congelación de precios, Mercado libre o Más salarios para nuestros maridos. La manifestación se celebra el 1 de marzo, en plena Cuaresma, y según la crónica de Senda hacia el socialismo (órgano del comité provincial de Sevilla del PCE), participaron unas 400 mujeres que, cuando les quitaron las pancartas, “mantuvieron alzadas las bolsas de la compra vacías” para que quedara bien claro por qué se manifestaban.

Ya en febrero de 1977, cuando todavía estaba por celebrar una Semana Santa en la que sí que empezaron a ser evidentes los cambios, el vespertino Informaciones de Andalucía publica unas encuestas que el periodista Antonio Crespo envía a los líderes locales de todo el espectro político. “Ahí se ve que la diferencia no es tanto ideológica sino cómo se entiende la Semana Santa, si como algo religioso o como una fiesta popular con dimensión religiosa”, comenta Isidoro Moreno.

“En ese momento era una fiesta popular secuestrada por los sectores más de derechas para recalcar su carácter religioso”, continúa, cuando considera “de chiste” intentar separar lo religioso de lo cultural ya que “lo religioso es una parte de lo cultural”, defender lo contrario es “de una ignorancia supina” y “una monstruosidad en términos de antropología”. En este momento, “parte de la izquierda redefine su papel” con respecto a las hermandades, “pero otra sigue instalada en un anticlericalismo naif más propio del XIX”, unos “paleomarxistas” que aceptan la interpretación dominante de la derecha y no entienden que “laicidad no es igual que laicismo: uno no participa en la Semana Santa como cargo político sino como individuo”.

Iglesias de garaje versus parafernalia cofrade

Aquel mismo Domingo de Ramos, tira de memoria Antonio Zoido, se celebró una reunión del comité andaluz del Partido de los Trabajadores “y yo estaba como loco por acabar porque me iba a perder todas las cofradías”. A eso de las once de la noche, se levantó y dijo que se iba a ver la Hiniesta de recogida, a lo que le preguntó la esposa del secretario general si le podía acompañar. Allá que se fueron los dos a verla entrar en su templo y cuando se dio cuenta la mujer, “una catalana no creyente que nunca había visto una procesión en Sevilla”, estaba con lágrimas en los ojos y sin poder explicar por qué se había emocionado.

“Las hermandades estaban todavía con una crisis que empezó en los años 60”, relata por su parte Manuel Jesús Roldán, ya que su parafernalia “chocaba con la estética post Vaticano II y lo que se llamó las iglesias de garaje, muy sencillas”. Las cofradías, curiosamente de las escasas entidades en los que se votaba democráticamente durante el franquismo, no esconden su miedo a una izquierda que está esperando su momento. “Estos acaban con la Semana Santa” es una frase muy repetida entonces, para después sorprenderse con que “había gente muy capillita” empezando por el primer alcalde democrático, el andalucista Luis Uruñuela.

Ese 1976 ya se permite abrir a los cines Viernes y Sábado Santo, algo impensable antes por el luto oficial por la muerte de Cristo, “e incluso se cuela alguna película de destape”, indica Roldán, y los temores anticofrades no sólo no se confirman sino que hay “una explosión espectacular de lo popular”. “Temían el debilitamiento del nacionacatolicismo y fue al revés, la etapa democrática activaría a las hermandades”, comparte Moreno, que sitúa en 1980 cuando de verdad se nota en la Semana Santa el nuevo periodo político. Eso será tras las elecciones municipales de 1979 y al abrigo del primer ayuntamiento democrático... formado por una coalición de partidos de izquierdas tras un pacto PSA, PSOE-A y PCE.

El Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley que regula las indemnizaciones a las víctimas o sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición. El texto, que ha contado con el apoyo en contra del Partido Popular y Vox y la abstención de Junts, reforma la Ley de Memoria Democrática para ampliar el margen temporal que ya estaba previsto en la anterior ley, la de 2007, que reconoció estas reparaciones hasta el 31 de diciembre de 1977. La idea inicial del Real Decreto era alargar la fecha un año más, hasta diciembre de 1978, pero un acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y ERC hará que el periodo se amplíe todavía más, hasta 1983, según confirman ambas partes.

El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, será ahora tramitado en el Congreso en forma de proyecto de ley para seguir debatiendo las exigencias de las formaciones de izquierdas como ERC, Bildu o Podemos, que han coincidido en reclamar la extensión temporal de la medida. Y eso porque 1983 es el límite que deja establecida la propia Ley de Memoria Democrática al reconocer las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron contra personas que peleaban “por la consolidación de la democracia”.

La reforma legal reconoce “el derecho a una indemnización” de 250.000 euros a los familiares de quienes fallecieron desde el 1 de enero de 1968 “en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos”, no pudiendo recibirlas aquellos que hubieran pertenecido a bandas o grupos armados terroristas. Para aquellas personas que fueron heridas y que hoy tienen reconocida una incapacidad por ese motivo, se recogen dos tipos de ayudas: una de 180.000 euros para quienes tienen incapacidad permanente absoluta y de 500.000 euros para los que tienen gran incapacidad.

En la práctica, estas cantidades son las que ya se reconocen para víctimas del terrorismo, según la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que incluye otros dos supuestos de incapacidad –total y parcial– no reconocidos en esta. Las víctimas del tardofranquismo no podrán recibir el pago si ya han recibido alguna otra compensación económica por los mismos hechos, aunque si es menor, podrá actualizarse y compensarse.

De esta forma se amplía el límite temporal y se actualizan las cantidades que ya puso en marcha la Ley de Memoria Histórica de 2007 en su momento y que iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. El nuevo texto reconoce que aquellas víctimas que hubieran recibido estas indemnizaciones entonces, pueden solicitar ahora una compensación por la diferencia. “El tiempo ha demostrado que el régimen de compensaciones de 2007 era insuficiente. No estamos hablando de números, sino de personas afectadas o sus familiares si es que han fallecido, de vidas truncadas y de sufimiento sin fin”, ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

“Tenemos una deuda con estas personas que dejaron su vida, su integridad física o los mejores años de sus vidas. Debemos reconocer el esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas que pelearon para que hoy disfrutemos de un sistema democrático habiendo dejado atrás la ignominia franquista”, ha apuntado Torres, que aunque ha reconocido que “desde el punto de vista económico” esa deuda “es impagable”, la intención es saldarla en la medida de lo posible mediante las indemnizaciones que regula el decreto.

El Gobierno dio luz verde a este Real Decreto al calor de las reclamaciones de las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. Varios portavoces andaluces de los partidos que han apoyado el texto han recordado el asesinato del joven y han rememorado las historias de otras tantas víctimas, en su mayoría asesinadas por actuaciones policiales durante la Transición, en huelgas, movilizaciones o protestas de díversa índole.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha avanzado que el Gobierno ha recibido ya medio centenera de solicitudes desde la entrada en vigor del Real Decreto y ha aceptado 15, entre ellas la de García Caparrós. También la de Víctor Manuel Pérez, que con 23 años fue asesinado de dos disparos por la espalda en Portugalete “por el mero hecho de repartir octavillas de una huelga”, o la de Amador Rey, que en marzo de 1972 “dejó viuda y tres hijos” tras ser asesinado por la policía franquista durante una huelga en Ferrol. Además, se ha aceptado la solicitud de la familia de Ángel Almazán, que murió en el hospital en 1976 por “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, ha apuntado Ángel Víctor Torres.

Una “aberración histórica”

Las formaciones políticas que han apoyado el Real Decreto han aplaudido la nueva medida, pero han coincidido en calificarla de “insuficiente”, sobre todo en lo que respecta al margen temporal que contempla el texto tal cual salió del Consejo de Ministros. “Sigue sin reconocer a todas las víctimas”, ha señalado la diputada de Bildu Isabel Pozueta, una petición que también han reclamado desde Podemos, el BNG o ERC. La formación catalana ha llegado a un acuerdo con el PSOE para “corregir” algunos puntos de la norma, según ha dicho durante el debate en el pleno el diputado Francesc Marc Álvaro Vidal y han confirmado ambas partes.

“Señor ministro, hay que hacer una revisión de los requisitos de acceso e hilar mucho más fino para evitar exclusiones injustificadas de víctimas. Los criterios tienen que estar clarísimos”, ha afirmado el parlamentario. Según han trasladado fuentes de ERC, el acuerdo con el Gobierno también pasa por la ampliación del plazo para presentar las solicitudes hasta los tres años desde la entrada en vigor del decreto frente al año contemplado ahora y la garantía de que casos como el de Salvador Puig Antich, ejecutado por el régimen franquista en 1974, también sean amparados.

Como es habitual en las medidas que tienen que ver con la memoria democrática, PP y Vox han cargado contra el Gobierno y el texto calificándolo de “despropósito jurídico y aberración histórica”, en palabras del diputado popular Pedro Muñoz Abrines. Tras denunciar “fraude procedimental” del Ejecutivo por reformar la Ley de Memoria Democrática vía Real Decreto, lo que a su juicio no se justifica por razones de urgencia, el parlamentario ha cuestionado el espíritu de la norma al defender que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede defender que no había democracia ni libertad” porque entonces “no existía Franco ni la dictadura”.

Más lejos ha ido Ignacio Hoces, de Vox, que ha asegurado que la oposición antifranquista “no luchaba por la democracia liberal” sino que partidos como el PSOE o el Partido Comunista “eran revolucionarios marxistas” y fueron “instrumentos de la ideología más totalitaria que ha visto Europa en el siglo XX”. Hoces ha nombrado el Real Decreto como un “nuevo episodio de la mentira histórica” de “la ziquierda y los separatistas” y ha vuelto a poner sobre la mesa a la banda terrorista ETA para justificar su oposición, algo que también ha hecho el representante del PP. “Olvidan lo de ayer pero recuerdan lo de hace 90 años. Son crueles con las víctimas de hoy”, ha sostenido.

En mayo, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) pondrá en marcha los servicios especializados para personas trans en su red de atención primaria. Habrá uno por cada territorio histórico. Estará disponible en el centro de salud del Casco Viejo de Donostia, en Gipuzkoa; en el ambulatorio de Deusto de Bilbao, en Bizkaia; y en el centro de salud Lakua-Arriaga de Vitoria, en Álava. Se trata de una de las medidas incluidas en la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi, presentada este jueves.

Este servicio ya había sido anunciado hace un año, el 31 de marzo de 2025, Día Internacional de la Visibilidad Trans. En aquel momento se indicó que se pondría en marcha a lo largo de 2025, sin concretar fechas. Hasta ahora, la atención sanitaria a personas trans se concentra en la Unidad de Identidad de Género (UIG) del hospital de Cruces, en Barakaldo.

El médico especialista Oskar Ayerdi ha explicado que el servicio permitirá realizar dos consultas iniciales con profesionales de enfermería y psicología. Estas tendrán como objetivo garantizar y planificar “un acompañamiento que respete las diversidades, la autodeterminación y las distintas necesidades que cada persona manifieste”.

Junto a este servicio, se plantea una “descentralización progresiva de determinados procedimientos”, entre los que destacan la terapia hormonal, algunas intervenciones quirúrgicas y la reproducción asistida. La unidad de Cruces se mantendrá como referencia para los casos de mayor complejidad.

La directora general de Osakidetza, Lorea Bilbao, ha señalado este jueves que la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi busca ofrecer un servicio “integral”. Para ello, se ha contado con más de 40 redactores: asociaciones, profesionales sanitarios y personas trans junto a sus familias. El documento tiene como objetivo que la Sanidad pública sea un espacio donde estas personas se sientan “escuchadas, respetadas y seguras”.

Ayerdi ha detallado que la guía incluye un recorrido histórico del tratamiento sanitario a las personas trans en Euskadi, una fotografía actual del servicio y un plan de acción. Ha señalado que el documento responde a las “necesidades de una sociedad cambiante” y que constituye “una forma de consolidar la unidad y la red”, facilitando la distribución de tareas.

La guía responde al artículo 22 de la ley aprobada en 2024 por el Parlamento Vasco. Precisamente esta misma semana se ha anunciado también que, al calor de ese texto, se ha decretado el 20 de noviembre como día de la memoria trans. La ley fijó que Osakidetza debería arbitrar “medidas adecuadas”, en colaboración con asociaciones, profesionales de la salud, personas trans y sus familias, “para asegurar el derecho del personal profesional a recibir formación específica en materia trans”. Y siempre desde el enfoque de la despatologización.