“La violencia al estilo ICE también ocurre aquí”, en el corazón de la Unión Europea. Un grupo de ONG europeas han elaborado un informe donde documentan 80.865 devoluciones en caliente en las fronteras exteriores europeas como “una práctica sistemática y generalizada, ejecutada por autoridades estatales o con su conocimiento”.

El estudio ha sido realizado por una coalición de ONG internacionales entre las que están 11.11.11, We Are Monitoring, Hungarian Helsinki Committee, Lebanese Center for Human Rights, el Centre for Peace Studies, Sienos Grupė o Gribu palīdzēt bēgļiem.

Según estas organizaciones, un joven egipcio les explicó que “los arrojaron al río a las tres de la mañana”, cuando intentaba llegar a Europa por la ruta de los Balcanes a finales de 2025. Viajaba en un grupo de cuarenta personas, incluidos doce menores. Tras varios días de travesía, fueron “interceptados por agentes encapuchados de una unidad fronteriza”. Lo que siguió no fue un control migratorio, sino “un episodio de violencia, ya que fueron golpeados con porras y armas”. En plena madrugada, los trasladaron a un río helado en la frontera con Bosnia y Herzegovina. Les ordenaron “quitarse los zapatos y la ropa y, uno a uno, los empujaron al agua”.

“Había niños de diez años con nosotros”, relata el joven egipcio. “Los vi caer al río, heridos y temblando de frío”. El grupo logró alcanzar la otra orilla, pero no encontró asistencia médica, refugio ni acceso a procedimiento de asilo alguno. Este migrante asegura que el mensaje fue inequívoco: “Aquí no tenéis derechos”.

Las organizaciones sociales subrayan que “lejos de ser incidentes aislados o excesos individuales de agentes fronterizos, las devoluciones en caliente constituyen ”una práctica sistemática y generalizada, ejecutada por autoridades estatales o con su conocimiento“. Las ONG añaden que las 80.000 devoluciones en caliente ilegales en las fronteras exteriores de Europa ”solo representan la punta del iceberg, ya que hay otra mayoría que ocurren sin testigos, en alta mar o en zonas fronterizas remotas“.

En teoría, estas prácticas “vulneran el derecho europeo y la Convención de Ginebra sobre los Refugiados”, según recuerdan las ONG que han elaborado este informe. Las organizaciones defensoras de los migrantes subrayan que “el principio de no devolución, que prohíbe retornar a una persona sin una evaluación individual de sus necesidades de protección. Las expulsiones sumarias niegan el acceso al asilo y afectan a menores, enfermos y personas con derecho claro a protección internacional”.

“Violencia europea contra migrantes lejos de cámaras”

“La violencia europea contra las personas migrantes se produce, en gran medida, lejos de cámaras y periodistas, en zonas fronterizas cada vez más inaccesibles o más allá de sus propias fronteras. Esa combinación de deshumanización e impunidad es lo que hace que la política europea sea profundamente problemática”, apunta Anikó Bakonyi, directora del Programa de Refugiados del Hungarian Helsinki Committee.

Las ONG que han realizado este informe reprochan a los dirigentes europeos que haya “criticado con razón las detenciones masivas, internamientos y deportaciones ejecutadas por el servicio migratorio estadounidense, el Immigration and Customs Enforcement (ICE)”, pero que, a la vez, los Estados miembros han acelerado lo que las organizaciones sociales describen como una “carrera hacia el fondo: reducción de las capacidades de rescate marítimo, criminalización de trabajadores humanitarios y devoluciones sistemáticas hacia contextos inseguros”.

“Las imágenes son impactantes y la indignación está justificada. Pero ¿dónde está esa misma claridad moral cuando las autoridades fronterizas europeas maltratan, despojan y dejan morir a personas?”, puntualiza Flor Didden, experta en política migratoria de 11.11.11.

Según las ONG, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó en enero de 2025 que “las devoluciones ilegales en Grecia no son hechos aislados, sino una política sistemática”. Las organizaciones sociales denuncian que, a comienzos de febrero, “quince personas murieron después de que su embarcación ”colisionara“ con la guardia costera griega”. Además, ponen sobre la mesa un informe de Frontex, de julio de 2025, en el que se acusa a las autoridades de Bulgaria de “negligencia grave en la muerte de tres adolescentes egipcios”.

El mismo año en que el discurso antimigratorio vivía un nuevo avance en España, las llegadas irregulares de migrantes, aquellas colocadas por la derecha en el centro de su rechazo a la inmigración, se desplomaban. Mientras las intervenciones de líderes de PP y Vox criticaban una supuesta política española de “fronteras abiertas”, la realidad en el terreno evidenciaba un cambio de tendencia que los datos oficiales acabaron por confirmar: el número de entradas clandestinas a suelo español ha caído en 2025 hasta su nivel más bajo desde 2022, según los datos del Ministerio del Interior. 

El mayor descenso de las entradas irregulares hacia Europa se ha registrado en España, especialmente en la ruta hacia Canarias. Las llegadas clandestinas a suelo español han disminuido un 42,6% en 2025 con respecto al año anterior, alcanzando su cifra más baja desde 2019, según los datos del Ministerio del Interior. En el conjunto de la UE la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con 2024, sostienen los datos de Frontex. 

La travesía hacia el archipiélago canario, una de las más peligrosas para llegar a Europa y convertida durante el último lustro en la principal vía de entrada irregular a España, ha experimentado una brusca reducción en 2025. Si en 2024 alcanzaron las costas canarias en inestables embarcaciones 46.843 personas, el año pasado lo hicieron 17.788, un 62% menos. La caída en el flujo hacia suelo español es muy superior a la disminución del 1% detectado en Italia, cuyas duras políticas han sido mencionadas como ejemplo en repetidas ocasiones por parte de Alberto Núñez Feijóo.

Principal razón: acuerdo con Mauritania

El principal factor que explica la reducción del flujo migratorio hacia España se encuentra a cientos de kilómetros de suelo español: el aumento del control migratorio por parte de Mauritania tras distintos acuerdos firmados con la Unión Europea y el Gobierno español para frenar las salidas de migrantes desde su territorio a cambio de cientos de millones de euros. 

En los últimos años, el país africano pasó a ser uno de los principales puntos de salida de cayucos, desde donde se embarcaron la mayoría de migrantes llegados a Canarias en 2024, buena parte solicitantes de asilo malienses empujados por el conflicto en su país. En marzo de ese mismo año, la UE selló con Mauritania un pacto de cooperación en materia migratoria para frenar las salidas de cayucos hacia las islas a cambio de una financiación de 210 millones de euros, una política de “cooperación fronteriza” defendida por las autoridades españolas y europeas, pero muy criticada por organizaciones de defensa de la población migrante ante la falta de mecanismos de control en materia de derechos humanos. 

Un año y medio después, las llegadas a Canarias caían al mismo tiempo que aumentaban las redadas, abusos y detenciones arbitrarias contra la población migrante residente en Mauritania, según han documentado organizaciones como Human Rights Watch. La ONG documentó el pasado agosto los abusos cometidos por la policía, guardia costera, marina, gendarmería y el Ejército de Mauritania en operativos fronterizos y de control migratorio. “Estos incluyen tortura, violación y otras formas de violencia; acoso sexual; detenciones y arrestos arbitrarios; condiciones inhumanas de detención; tratos racistas; extorsión y robos; y expulsiones sumarias y colectivas”, recoge la investigación. “Las represiones y violaciones se vieron agravadas por el respaldo continuo de la Unión Europea y España a la externalización del control migratorio en Mauritania, mediante años de apoyo a las autoridades fronterizas y de migración del país”, concluyó el informe.

No es una estrategia nueva. “Históricamente, el número de llegadas irregulares desciende o va en aumento no tanto por un cambio en los países de orígenes, sino por el estado de la cuestión de las relaciones bilaterales con los países que acaban conteniendo las salidas de migrantes”, resume Blanca Garcés, investigadora senior del Área de Migraciones del CIDOB (Barcelona Centre for Internacional Affairs). “No se debe tanto a cambios de fondo de los cambios estructurales de los países de origen, sino si los países terceros, como Marruecos o Mauritania, están ejerciendo ese papel de guardianes desde fuera”, añade. 

Medida “a corto plazo”

Pese a que dichos acuerdos pueden detener los flujos por un tiempo, su impacto suele ser temporal. No es, recalca, una medida con efectos estables. “Aunque esa política sí suele reducir las llegadas por esas rutas, lo hace solo en el corto plazo”, analiza la experta de CIDOB, que señala las consecuencias negativas de la llamada “cooperación fronteriza”: “Es una estrategia con muchos costes. Tiene costes en derechos humanos, porque se delega un control migratorio bajo nuestra financiación pero sin vigilancia; pero también coste económico y político, porque siempre se hace a cambio de algo”. 

Pero cuando una ruta migratoria se cierra, pronto acaba abriéndose otra, sostienen los expertos. “Cuando los factores que empujan a emigrar siguen estando, al final se encuentran otras rutas, más peligrosas”, recuerda Garcés, que recuerda el ejemplo de Marruecos. El país magrebí, tras sendos acuerdos con España y la UE, en el que se incluía el cambio de posición española con respecto al Sáhara Occidental, las autoridades alauíes aumentaron su vigilancia fronteriza y la represión contra los migrantes en tránsito. “Marruecos empezó a aumentar el control y el flujo se fue desplazando hacia el sur hasta que Mauritania pasó a ser el principal punto de salida, lo que daba lugar a rutas más largas y peligrosas”, añade. “Son vasos comunicantes”. 

Actualmente, todavía no se ha percibido que se haya abierto de forma clara una nueva ruta con un volumen de migrantes considerable desde Mauritania. En el caso de los trayectos con destino a España, las travesías desde Argelia hasta Baleares han subido un 24,5%. Sin embargo, los perfiles de quienes suelen utilizar este camino no corresponden por el momento a los que solían atravesar el Atlántico rumbo a Canarias, apunta la investigadora Helena Maleno, fundadora de la ONG Caminando Fronteras. “La mayoría son argelinos, aunque desde hace dos años hay cada vez más presencia de subsaharianos, como somalíes o sudaneses que estaban en Túnez o Libia”, sostiene. Es decir, algunos de quienes trabajaban en ambos países a la espera de embarcarse a Italia, se han desplazado a Argelia para tratar de llegar a Europa pasando por Baleares. 

El descenso de llegadas irregulares a España no ha acabado con las muertes en el trayecto. Según el último balance de Caminando Fronteras, organización en contacto directo con familias de los migrantes desaparecidos y fallecidos, 3.090 personas perdieron la vida en las fronteras españolas entre el 1 de enero y el 15 de diciembre. Entre ellos 192 mujeres y 437 menores de edad. “El Gobierno español quiere vender como un éxito la reducción de llegadas, pero no es ningún triunfo porque no se ha protegido la vida de estas personas: las tragedias continúan y, en comparación con el año pasado, el porcentaje de muertes sigue aumentando”, cuestiona Maleno. Sus datos evidencian que, aunque los cruces han bajado, las condiciones extremas y los riesgos mortales en rutas como la argelina y canaria continúan atrapando a miles de personas migrantes en el mar.

Más inmigración, pero la que PP y Vox no critica

Que hayan bajado las llegadas irregulares no quiere decir que haya descendido la llegada de inmigrantes en España. En los últimos años el número de personas extranjeras residentes en España continúa en aumento, en lo que los sociólogos denominan ya como el último boom migratorio. Pero la mayoría no llega de manera clandestina por mar ni tierra, sino que aterriza en suelo español en avión con sus documentos en regla.

Mientras el discurso sobre inmigración de PP y Vox suele poner el foco en las entradas clandestinas de población africana, la mayoría de inmigrantes llegan a España a través de los aeropuertos y proceden de Latinoamérica. Aunque entran por un paso oficial con un visado de turista, buena parte de ellos acaban permaneciendo irregularmente cuando caduca su permiso de estancia. “8 de cada diez inmigrantes en situación irregular proceden de aeropuertos. Hay una singularidad muy particular: la irregularidad no va asociada a las llegadas irregulares. La mayoría llegan de forma regular”, dice la investigadora senior de CIDOB. 

El discurso antiinmigración, sin embargo, no suele reflejar esa dimensión de los flujos migratorios. “Los migrantes deseados por la derecha suelen ser los latinoamericanos, que constituyen la mayor parte de la situación irregular. Mientras que los que son problematizados suponen una ínfima parte de las personas sin papeles en España y la mayoría se encuentran de forma regular e incluso tienen la nacionalidad”, analiza Garcés, unas circunstancias que apuntan al racismo o la islamofobia vinculados a los mensajes imperantes en la extrema derecha.

Gráficos: Ainhoa Díez Ruiz.

El delegat del Govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha assegurat aquest dijous que l'agència europea Frontex vigila des de febrer les aigües que envolten l'arxipèlag en el marc de les seves operacions de control migratori en el sud del Mediterrani, després que el Govern de Marga Prohens (PP) li hagi acusat de “mentir” sobre el desplegament de la guàrdia fronterera. Rodríguez ha assenyalat que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va comunicar al setembre a l'Executiu balear, a través d'una carta remesa a la vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Estarellas, que els avions de l'agència europea vigilen en temps real des de febrer la mar balear.

El representant de l'Executiu central ha sortit al pas de les acusacions del Govern i de Vox i, en concret, ha criticat a Prohens i al president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, per “tergiversar” les declaracions que va realitzar el portaveu de Frontex, Chris Borowski, en la ràdio autonòmica IB3, en les quals va assenyalar que Espanya “no ha sol·licitat cap desplegament d'agents en Balears”. Rodríguez ha precisat que el Govern sí que va demanar que Frontex donés suport a les illes des de l'aire, un matís que el delegat considera clau per a desmuntar les acusacions i que acreditaria que la presència de l'agència en l'arxipèlag és “una veritat incontestable”.

“No hi ha cap incongruència entre el que va dir el portaveu de Frontex i el que hem mantingut des d'Interior”, ha insistit el delegat, qui ha respost amb ironia a les peticions de dimissió efectuades per PP i Vox: “Ni se m'ha passat pel cap. Estic tranquil i convençut del treball que realitzem. Només falta que demani el meu cessament l'uixer de la seu del PP”.

Rodríguez ha acusat a més el Govern d'usar la crisi migratòria “per a tapar altres debats més necessaris”, com l'accés a l'habitatge, les llistes d'espera sanitàries o la massificació turística. “Volen fer creure que el Govern central és responsable de l'increment dels fluxos migratoris, quan es tracta d'un fenomen global”, ha retret.

Rodríguez ha recordat, així mateix, que Frontex no intercepta ni retorna pasteres als seus llocs d'origen, sinó que localitza embarcacions i col·labora en els rescats per a traslladar a les persones migrants a ports segurs amb l'objectiu de salvar les seves vides. “Pensar que Frontex detindrà el flux migratori és una estupidesa”, ha sentenciat.

La polèmica va esclatar després que populars i extrema dreta acusessin al delegat del Govern aquest dimecres d'haver “mentit als ciutadans” i de “posar en evidència” al Govern central en un intent de “ocultar la inacció de l'Estat davant el repunt d'arribades irregulars” a les costes de Balears. El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, va criticar la “inoperància” de Rodríguez, asseverant que Frontex té 220 agents desplegats a Canàries i el sud de la Península i que si no estan operant en Balears es deu al fet que el Govern central, “com correspon a un Estat membre de la Unió Europea, no l'ha sol·licitat”.

Per part seva, la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, ha retret aquest mateix dijous al delegat del Govern que “avergonyeixi a tots” per haver estat, en la seva opinió, “desmentit” pel responsable de Frontex. Fernández li ha acusat de “mentir” en seu parlamentària, on va manifestar que Frontex té presència en l'arxipèlag, com ha tornat a ratificar Rodríguez.

El passat 14 d'octubre, el delegat del Govern va assenyalar, en una compareixença davant el Senat, que al novembre de 2024 l'Executiu central va sol·licitar que el treball de Frontex que es feia en la zona del Mediterrani occidental “pogués tenir una incidència en la zona del trànsit balear, en la zona de la Mar Balear cap a Algèria” i que “així és des de febrer de 2025”. “Quan es continua insistint que el Govern d'Espanya no demana Frontex o que Frontex pot significar gairebé una nova frontera que impedís l'arribada de pasteres, no s'està atenent la veritat. El problema és que es vol instal·lar en la ciutadania una sensació que Frontex pot aixecar una frontera en la mar Mediterrània que retorni les pasteres al seu origen, i això no és així i vostès ho saben”, va etzibar.

El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, ha asegurado este jueves que la agencia europea Frontex vigila desde febrero las aguas que rodean el archipiélago en el marco de sus operaciones de control migratorio en el sur del Mediterráneo, después de que el Govern de Marga Prohens (PP) le haya acusado de “mentir” sobre el despliegue de la guardia fronteriza. Rodríguez ha señalado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó en septiembre al Ejecutivo balear, a través de una carta remitida a la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, que los aviones de la agencia europea vigilan en tiempo real desde febrero el mar balear.

El representante del Ejecutivo central ha salido al paso de las acusaciones del Govern y de Vox y, en concreto, ha criticado a Prohens y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, por “tergiversar” las declaraciones que realizó el portavoz de Frontex, Chris Borowski, en la radio autonómica IB3, en las que señaló que España “no ha solicitado ningún despliegue de agentes en Balears”. Rodríguez ha precisado que el Gobierno sí pidió que Frontex diera apoyo a las islas desde el airea, un matiz que el delegado considera clave para desmontar las acusaciones y que acreditaría que la presencia de la agencia en el archipiélago es “una verdad incontestable”.

“No hay ninguna incongruencia entre lo que dijo el portavoz de Frontex y lo que hemos mantenido desde Interior”, ha insistido el delegado, quien ha respondido con ironía a las peticiones de dimisión efectuadas por PP y Vox: “Ni se me ha pasado por la cabeza. Estoy tranquilo y convencido del trabajo que realizamos. Solo falta que pida mi cese el ujier de la sede del PP”.

Rodríguez ha acusado además al Govern de usar la crisis migratoria “para tapar otros debates más necesarios”, como el acceso a la vivienda, las listas de espera sanitarias o la masificación turística. “Quieren hacer creer que el Gobierno central es responsable del incremento de los flujos migratorios, cuando se trata de un fenómeno global”, ha reprochado.

Rodríguez ha recordado, asimismo, que Frontex no intercepta ni devuelve pateras a sus lugares de origen, sino que localiza embarcaciones y colabora en los rescates para trasladar a las personas migrantes a puertos seguros con el objetivo de salvar sus vidas. “Pensar que Frontex va a detener el flujo migratorio es una estupidez”, ha sentenciado.

La polémica estalló después de que populares y extrema derecha lo acusaran este miércoles de haber “mentido a los ciudadanos” y de “poner en evidencia” al Gobierno central en un intento de “ocultar la inacción del Estado ante el repunte de llegadas irregulares” a las costas de Balears. El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, criticó la “inoperancia” de Rodríguez, aseverando que Frontex tiene 220 agentes desplegados en Canarias y el sur de la Península y que si no están operando en Balears se debe a que el Gobierno central, “como corresponde a un Estado miembro de la Unión Europea, no lo ha solicitado”.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, acusó a Rodríguez de ser “cómplice” de la “sustitución poblacional” que, en su opinión -y en línea del discurso de la extrema derecha- se está produciendo. “Nos están mintiendo a la cara”, espetó.

Por su parte, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha reprochado este mismo jueves al delegado del Gobierno que “avergüence a todos” al ser, en su opinión, “desmentido” por el responsable de Frontex. Fernández le ha acusado de “mentir” en sede parlamentaria, donde manifestó que Frontex tiene presencia en el archipiélago, como ha vuelto a ratificar Rodríguez.

El pasado 14 de octubre, el delegado del Gobierno señaló, en una comparecencia ante el Senado, que en noviembre de 2024 el Ejecutivo central solicitó que el trabajo de Frontex que se hacía en la zona del Mediterráneo occidental “pudiera tener una incidencia en la zona del tránsito balear, en la zona del Mar Balear hacia Argelia” y que “así es desde febrero de 2025”.

“Cuando se sigue insistiendo en que el Gobierno de España no pide Frontex o que Frontex puede significar casi una nueva frontera que impidiese la llegada de pateras, no se está atendiendo a la verdad. El problema es que se quiere instalar en la ciudadanía una sensación de que Frontex puede levantar una frontera en el mar Mediterráneo que devuelva las pateras a su origen, y eso no es así y ustedes lo saben”, zanjó.

Desde 2019, Omer vive escondido en Libia sin apenas salir de casa para evitar los constantes abusos sufridos por la población migrante en el país. El joven sudanés sufre diabetes pero no puede acceder a tratamiento médico. Quiere cruzar el Mediterráneo, pero aún no ha dado el paso de lanzarse al mar. Su mayor temor, cuenta, no es morir ahogado, sino ser detectado por Frontex y ser entregado a las milicias libias, con el riesgo de convertirse en víctima de crímenes de lesa humanidad como los sufridos por miles de migrantes en el país.

Con el apoyo de Refugiados en Libia y Front-Lex, Omer demandó a la Agencia Europea de la Guardia Fronteriza y Costera (Frontex) por “compartir rutinariamente la ubicación de las embarcaciones de refugiados con la guardia costera libia”, que acaba interceptando con violencia a los migrantes que, en muchas ocasiones, acaban en centros de detención donde se ha documentado tortura, violencia sexual, trabajo forzoso y encarcelamiento arbitrario.

“Morir en el mar es más compasivo que morir en uno de los centros de detención de las milicias, o que ser comerciado como si no fuéramos humanos”, dice Omer en una entrevista con elDiario.es. Con su testimonio, busca probar ante el TJUE los riesgos a los que se enfrentan los migrantes debido a la información enviada por la Agencia a los guardacostas libios, con el objetivo final de que Frontex deje de establecer comunicaciones con ellos.

Un año después de su denuncia, el joven ha conseguido lo que hasta ahora parecía imposible: que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligue a Frontex a comparecer por su cooperación con los guardacostas en operaciones de interceptación de migrantes en el Mediterráneo central.

Omer cuenta que abandonó su país, Sudán, cuando comenzaron las protestas contra el régimen de Omar al-Bashir. Pertenece a la tribu Fur, en Darfur, y durante sus años universitarios fue acosado y perseguido por su origen étnico. “Me acusaron de pertenecer a un grupo rebelde y me vi obligado a salir del país. No fue una elección, fue una necesidad”, explica. “No nos queda más opción que el mar”, añade el joven.

La historia de Omer refleja una realidad compartida por miles de personas atrapadas entre la violencia de sus países de origen y la política migratoria de la UE basada en ceder las labores de control fronterizo a terceros países, sin importar las vulneraciones de derechos humanos que conlleva.

Pese a su enfermedad, vive sin acceso a tratamiento médico. “Me he convertido en mi propio médico porque no hay doctores disponibles para personas como yo”, lamenta. Su certificado de solicitante de asilo emitido por ACNUR no ha servido para garantizarle ni atención sanitaria ni protección.

Precedentes judiciales

La denuncia de Omer, respaldada por la organización Front-Lex, se diferencia de casos anteriores que fueron rechazados por el Tribunal. En 2021 y 2022, dos demandas contra Frontex por operaciones conjuntas con Grecia en el mar Egeo fueron desestimadas al no considerar “cierto” el perjuicio a los demandantes. Según Iftach Cohen, jefe de litigios en Front-Lex “para que sus casos fueran admitidos, las víctimas debían estar sufriendo en ese momento una devolución, sin acceso a abogados ni posibilidad real de reclamar justicia”.

“Según las normas de admisibilidad del TJUE, el demandante debe poder demostrar que el perjuicio a su situación ya es ‘cierto’ para que la acción judicial sea admisible”, señala Cohen. En el caso de ST v Frontex, los jueces aceptaron dicha inadmisibilidad de Frontex porque no había “certeza de que ese cruce [del solicitante desde Turquía hacia Europa por el Mar Egeo], si tuviera que intentarse de nuevo, daría lugar a otro fracaso”.

Este modus operandi -que no se ha producido en este caso- crea “una situación sin salida para las víctimas que buscan acceso a la justicia: sus casos solo pueden ser admitidos cuando el perjuicio a su situación es cierto y ya estuvieran siendo objeto de una devolución en el mar, sin poder contactar con un abogado ni presentar una demanda judicial para hacer valer su derecho a la protección contra la devolución”, denuncia el abogado.

La principal diferencia entre el caso de Omer y los anteriores es que esta vez la denuncia no implica la participación de ningún Estado miembro de la UE. Tal y como explica el abogado a elDiario.es, “cuando un Estado de la UE está metido en la denuncia, Frontex argumenta que es el Estado el que se ve directamente afectado por la decisión de poner fin (o no) a la actividad. Por lo tanto, solo es admisible la acción judicial de ese Estado miembro, aunque esto conceda una impunidad de facto a Frontex porque nunca se le exigirían responsabilidades”. Grecia, a la vez que Italia o Malta, “no tienen interés en impugnar la presencia continuada de Frontex, ya que apoya la continuación de estas operaciones, incluso ante violaciones de derechos”.

Sin derechos y sin refugio

Libia no ha ratificado la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados. Sin embargo, la UE mantiene acuerdos de cooperación en materia migratoria con las autoridades del país. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años que estas colaboraciones contribuyen a que miles de personas sean devueltas a centros de detención donde enfrentan torturas, violencia sexual, extorsión y desapariciones.

“Desde una perspectiva legal, Frontex tiene obligaciones en materia de derechos humanos bajo la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Esto incluye el principio de no devolución”, explica Giulia Raimondo, investigadora en derecho internacional y europeo. La UE se escuda en que Libia no es signataria de la Convención de Ginebra para argumentar que no tiene autoridad sobre lo que allí ocurre, pese a colaborar y financiar a la Guardia Costera Libia para que los migrantes no lleguen a Europa. Es decir, su argumento le permite eludir el respeto de principios fundamentales como el de no devolución (non-refoulement) y el acceso a un procedimiento de asilo justo y eficaz, que sí están obligados a cumplir los Estados miembros dentro de su jurisdicción.

“La manera en que se fragmentan las responsabilidades entre Frontex, los Estados miembros y terceros países crea una brecha de rendición de cuentas”, denuncia Raimondo quien enfatiza que “al proporcionar coordenadas de embarcaciones a la Guardia Costera libia, Frontex desempeña un papel directo en permitir devoluciones a un país donde se sabe que los migrantes enfrentan tratos inhumanos”.

En teoría, ACNUR tiene presencia en Libia, pero su capacidad de acción es extremadamente limitada. Solo ofrece asistencia básica en algunas zonas de Trípoli. En el caso de Omer, ni siquiera eso ha estado disponible. Aunque cuenta con el certificado de solicitante de asilo, este documento no le ha permitido acceder a atención médica ni a una vía legal para solicitar protección internacional.

Para lograrlo, debería migrar a otros países fronterizos como Túnez. Pero incluso allí, según diversas organizaciones, los derechos sociales y la protección legal son prácticamente inexistentes para las personas refugiadas. La UE ha clasificado a Túnez como un posible “tercer país seguro”, aunque quienes permanecen allí en situación irregular pueden ser detenidos y expulsados, incluso abandonados en zonas fronterizas como Libia o desérticas.

La complicidad de la UE

La actuación de Frontex en el Mediterráneo central ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y rescate marítimo. La agencia, que opera con drones y vigilancia aérea, comparte información sobre embarcaciones en peligro con la Guardia Costera libia, lo que facilita las interceptaciones y devoluciones forzadas a un país donde no existe un sistema de asilo ni garantías mínimas de protección.

“El año pasado, la Organización Internacional para las Migraciones informó de que más de 21.000 personas fueron devueltas ilegalmente en el mar por la denominada Guardia Costera libia”, señala Giulia Messmer, portavoz de Sea-Watch, una de las ONG con presencia activa en la zona. “Frontex es consciente de su complicidad en crímenes internacionales. Las personas son secuestradas y devueltas a un ciclo malicioso de violencia que incluye tortura, abusos sexuales y desapariciones forzadas”, añade.

Según Messmer, en múltiples ocasiones Frontex ha contactado directamente con las autoridades libias incluso en zonas de búsqueda y rescate (SAR) bajo responsabilidad de Malta, sin informar a los barcos de rescate cercanos. “Eso es ilegal. No informar al barco más próximo a una embarcación en peligro, así como facilitar las devoluciones a un país como Libia, va en contra del derecho internacional”, afirma.

Desde Sea-Watch alertan de que las Fuerzas Armadas de Malta (AFM) estarían incumpliendo sistemáticamente su obligación de rescatar embarcaciones, facilitando en cambio su interceptación por parte de milicias libias. “Sospechamos firmemente que las AFM y las milicias libias colaboran para organizar interceptaciones dentro de la zona de búsqueda y salvamento maltesa”, denuncia Messmer, citando informes de su organización.

Además, critica que la práctica de entregar agua y combustible a personas migrantes sin rescatarlas empuja a las embarcaciones a salir de la zona SAR maltesa y alcanzar aguas italianas, donde serían responsabilidad de Roma.

“No hay ninguna garantía de que las personas que intentan huir de la guerra en Libia no sean interceptadas en el mar por milicias libias, incluida la denominada Guardia Costera”, concluye. Según la portavoz de Sea-Watch, estas estructuras mafiosas operan un “modelo de negocio criminal” con apoyo financiero de la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros, como Italia, con el objetivo de disuadir la migración, sin importar el coste humano.

El pasado 30 de julio, Sea Watch International informó a través de su cuenta oficial en X que detectó una embarcación –con 90 personas a bordo– en peligro de naufragio. El mensaje denuncia la muerte de dos menores y que una persona permanece desaparecida.

Según el hilo publicado, el equipo de Sea Watch localizó la embarcación en el Mediterráneo central y alertó con urgencia a Frontex, aunque sin confirmación inmediata de respuesta o intervención oficial. Según la organización, los barcos de rescate europeos podrían haber llegado en tres horas, pero “decidieron no hacerlo”. Paul Wagner, de la misma organización aseguró que Frontex es “una política asesina en acción: un homicidio deliberado y planificado de niños al mar”.

Cuando el exdirector de Frontex, Fabrice Leggeri, dimitió en abril de 2022, acorralado por las denuncias sobre las devoluciones en caliente de migrantes, lo hizo con una misiva en la que escribía: “Parece que el mandato de Frontex por el que he sido elegido y renovado en junio de 2019 ha sido modificado de forma silenciosa pero efectiva”. No solo no reconocía ningún error, sino que dejaba caer, de forma no tan velada, que todo lo que se había hecho era lo que se suponía que tenía que hacer.

El mismo Leggeri se sienta ahora en el Parlamento europeo tras haber sido elegido eurodiputado el pasado junio en las filas de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y es miembro de la comisión Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que es la encargada de vigilar sobre la agencia europea de control de fronteras. El desenlace reasume, de alguna manera, todas las contradicciones y las controversias que han acompañado a la agencia desde su creación, el 26 de octubre de hace 20 años.

El aniversario coincide con un momento en el que en Europa se vuelve a encender el debate sobre la política migratoria, con la extrema derecha que lleva la batuta en la búsqueda de “soluciones innovadoras” tan controvertidas como los centros de internamiento de migrantes que Italia acaba de estrenar en Albania. Y con una obsesión: aumentar y reforzar las operaciones de retorno. Este era uno de los objetivos del reglamento con el que, en 2019, se ampliaron las funciones y el presupuesto de la agencia. 

Pero, dos años y medio después de las dimisiones de Leggeri —que llegaron tras muchas denuncias y revelaciones sobre las complicidades de Frontex en violaciones de derechos humanos en la frontera, la escasa trasparencia sobre sus operaciones y la opacidad en la gestión de sus recursos— las sombras que rodeaban la agencia están lejos de disiparse, según los expertos e investigadores que han trabajado para arrojar luz sobre esas zonas grises. “La agencia sigue siendo bastante opaca, no quiero decir hermética, pero ciertamente opaca. Y hay mucha opacidad en torno a la toma de decisiones en los niveles más altos. Esto es algo con lo que hemos lidiado mis colegas y yo tratando de entender lo que está ocurriendo en su interior”, comenta Ludek Stavinoha, profesor asociado de la Universidad de East Anglia, de Reino Unido, y autor de algunas de las más importantes investigaciones realizadas en los últimos meses sobre las actividades de Frontex, sobre todo en los Balcanes. 

“¿Qué ha cambiado en estos dos años? En términos de gestión de la agencia, la retórica de[l nuevo director ejecutivo Hans] Leijtens ha cambiado. Hay un lenguaje diferente, al menos en lo que respecta a la voluntad de acabar con las devoluciones, de ser más transparentes, etcétera. Pero según mi experiencia, en la práctica, no ha cambiado mucho. La agencia sigue teniendo un grave problema de transparencia, es extremadamente difícil obtener información sobre los detalles de las operaciones y sobre cómo la agencia está respondiendo a las pruebas de violaciones de derechos fundamentales”, dice Stavinoha. También a raíz de las reclamaciones que él presentó, la Defensora del Pueblo Europea abrió varias investigaciones y llegó a la conclusión de que Frontex no ha actuado en conformidad con sus obligaciones de transparencia en virtud de la legislación de la UE.

Esa misma opacidad es la que denuncian las autoras de un reciente estudio del Centre Delàs d’Estudis per la Pau e Irídia-Centro por la Defensa de Derechos Humanos, que analiza la evolución del presupuesto, funciones y efectivos de la agencia europea de fronteras en los últimos años. “Llevo estudiando Frontex desde el 2017 y la información que encontramos es cada vez menos específica. En los presupuestos cambian el nombre de las partidas, como la que se destina a las operaciones de retorno, y hay menos detalles sobre las operaciones”, apunta Ainhoa Ruiz Benedicto, investigadora del Centre Delàs y de Bretxa Observatori, y autora del informe junto a los investigadores María Fraile y Sani Ladan.

Más dinero, menos transparencia

Para explicar cómo ha aumentado la financiación de la agencia en los últimos años, el estudio subraya que desde 2019 hasta 2022, el último ejercicio analizado, la dotación de la agencia fue en total de unos 2.000 millones de euros, que corresponde al 55,15% de la suma de todos los presupuestos desde su creación. Es decir, en esos cuatro años se gastó más que en los 13 años anteriores. Un incremento vertiginoso para un organismo que empezó con 6 millones de euros para el ejercicio de 2005 para llegar a los 845 millones presupuestados para 2023, de los cuales un 18 por ciento, más de 100 millones, se destinó a operaciones de retornos, según las memorias contables de la agencia. En 2005, para esta partida la dotación fue de 80.000 euros. Pero el dato de 2023 es importante incluso si se compara tan solo con el año anterior, cuando para los retornos se gastaron 67,8 millones de euros.

Y los planes a futuro son de expansión: el número de agentes del cuerpo permanente de la agencia, que son unos 2000 actualmente, está previsto que aumente hasta los 10.000 en 2027. Un crecimiento que no ha ido en paralelo al aumento de la transparencia. “Para entender de lo que estamos hablando, hay que pensar que en toda la Comisión europea trabajan 30.000 personas, es decir que Frontex llegará a tener un tercio de las dimensiones de la Comisión. Y todo esto está pasando sin que paralelamente haya aumentado la ‘accountability’, la rendición de cuentas de la agencia, que es cada vez más fuerte, pero cada vez más opaca”, dice Laura Salzano, investigadora de la Universidad de Barcelona especializara en derecho de la UE, que lleva años estudiando por qué Frontex ha podido seguir sorteando esa rendición de cuenta.

Una de las causas, explica, tiene que ver con las normas europeas sobre transparencia que se remontan a 2001 y que dificultan el acceso a la información porque “otorga a las mismas instituciones a las que se pide el acceso a los documentos el poder de decidir si lo conceden o no”. “La Comisión parece que se ha dado cuenta solo recientemente de que hay un problema con esto. Pero en realidad no parece ni un problema. Los Estados miembros están cómodos con la idea de que todo sea muy vago”, dice Salzano. La investigadora recuerda que, a día de hoy, ni siquiera se ha hecho público el informe de la Oficina Europa de Lucha contra el Fraude, que fue la gota que llevó a las dimisiones de Leggeri y del que se conoce solo lo que ha sido publicado después de una investigación de Der Spiegel, Le Monde y Lighthouse Reports.

En aquel documento se denunciaban, entre otras cosas, casos de devoluciones en caliente por parte de la guardia costera griega en el mar Egeo, mientras un avión de Frontex transmitía lo que estaba ocurriendo a su sede central de Varsovia. “La repetición de este tipo de acontecimientos (sic) se hace cada vez más difícil de afrontar”, había señalado un funcionario tras una de estas devoluciones. Pero había más. En una nota manuscrita del 16 de noviembre de 2020, mencionada en el informe, se afirmaba que la agencia había retirado a los aviones “para no ser testigo...”. Es decir, que la agencia de la UE, que está obligada a impedir las violaciones de los derechos fundamentales, miró deliberadamente hacia otro lado.

¿Quién controla al controlador?

“Las dimisiones de Leggeri fueron un logro, pero al final no ha habido ninguna consecuencia real, como podría ser una sentencia de la Corte de Justicia de la UE que dice que estas acciones son ilegales, que Frontex está ejecutando su mandato de manera ilegal. Pero hasta ahora nada de esto ha ocurrido”, añade Salzano. 

“Hasta ahora la Corte de Justicia ha comprado las motivaciones de la defensa de Frontex, que considera que solo es una simple agencia que de alguna manera ofrece servicios neutros y solamente técnicos a los Estados miembros. Pero está claro que no es así, empezando por el hecho de que la agencia cuenta con niveles de conocimiento y una capacidad de adquirir informaciones que los Estados no tienen. Y lo hace también por la opacidad de su papel. Pienso por ejemplo a las operaciones de 'debriefing' que hacen en los centros de identificación en Italia, donde realizan entrevistas informales, que son verdaderos interrogatorios a las personas recién llegadas”, comenta Adelaide Massini, investigadora de la ONG italiana Asociación de Estudios Jurídicos sobre inmigración (ASGI por sus siglas en italiano).

Mientras tanto, han aparecido nuevas denuncias. Dos investigaciones cofirmadas por Ludek Stavinoha, publicadas en los últimos meses por el Balkan Investigative Reporting Network, revelan cómo, eludiendo una vez más su mandato, los agentes fronterizos de la UE no denuncian las violaciones de derechos cometidas contra migrantes y refugiados en la frontera entre Albania y Grecia y que la agencia sigue haciendo la vista gorda ante las pruebas de abusos en la frontera entre Bulgaria y Turquía, con casos evidentes de devoluciones en caliente. 

Las investigaciones se basan en los informes internos de Frontex enviados por el Oficial de derechos fundamentales (FRO por sus siglas en inglés), una figura que se creó en 2019 para vigilar que la Agencia cumpliera sus obligaciones en materia de derechos fundamentales de conformidad con la legislación de la UE e internacional. La dotación financiera del FRO representa el 0,2 por ciento del presupuesto total de Frontex para 2023.

“El Oficial de derechos fundamentales hace un trabajo bastante bueno documentando las denuncias de violaciones de derechos humanos en las operaciones de Frontex. Es decir, la mayor parte del material que hemos obtenido en las investigaciones sobre Bulgaria y Albania procede básicamente de los documentos de esa oficina. Y estos llamados informes de incidentes graves proporcionan descripciones bastante detalladas, a menudo incluso gráficas de lo que ocurrió en incidentes específicos: x número de personas devueltas, desnudadas...etcétera. Ahora, otra cosa es cómo responde Frontex a esas pruebas”, comenta Stavinoha. “Todos estos informes se comparten con la dirección, con el director ejecutivo, con el consejo de administración, con la Comisión Europea. ¿Y qué pasa? Si nos fijamos en el caso de Bulgaria, por ejemplo, muy poco ha sucedido desde que se conocieran estas acusaciones muy graves”, añade. 

Inacción ante los naufragios

Y luego está el papel de Frontex en los casos de naufragios muy graves, como los que han ocurrido el 26 de febrero de 2023 frente a las costas de Cutro, en la región italiana de Calabria, donde murieron 94 personas, y el del pesquero Adriana, con a bordo más de 600 personas, se hundió frente a las costas griegas de Pylos. Solo 104 personas fueron rescatadas con vida. En ambos casos las investigaciones aún siguen. En el primero, la agencia, que estaba presente en el escenario del naufragio con una avioneta que señaló la presencia del velero, pero no lanzó una alerta de distress, no informó de que se trataba de una situación de socorro. A partir de allí y durante horas, antes del trágico desenlace, todo se trató como intervención de Law and enforcement, una operación de policía, y no una alerta SAR —Search and Rescue—, es decir una intervención de salvamento.

En el caso de Pylos, allí también una avioneta de Frontex siguió el Adriana. La Agencia tampoco emitió una alerta de socorro y, tras ofrecer cuatro veces ayuda a Grecia sin recibir respuesta, no hizo nada más. La Defensora del Pueblo Europea, en el informe que publicó tras una larga investigación meses después del naufragio, cuestionaba las reglas que impiden que Frontex actúe sin el consentimiento de las autoridades nacionales y lamentaba la inacción de la agencia. “Frontex fue renombrada en 2016 para incluir la designación de 'guardia costera', pero su mandato y el alcance de sus actividades no alcanzan lo que generalmente se entiende como la misión de un guardacostas”, escribió Emily O'Reilly. “No somos la agencia europea de búsqueda y rescate. Somos la agencia europea de la guardia de fronteras y costas”, replicó días más tarde el director ejecutivo de Frontex, Hans Lejtens. 

Frente a quien pide que su mandato o que se refuercen los mecanismos de control y transparencia, hay quien cree que Frontex es irreformable, como las 85 organizaciones que han firmado una carta dirigida a la presidenta de la Comisión europea, Ursula Von der Leyen, en la que piden la abolición de la agencia, a la que tachan de “experimento fallido” que “ha erosionado los valores y las ideas que la UE dice defender”. 

Las operaciones de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) en España han pasado a ser otro foco de críticas de la política migratoria del Gobierno por parte del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo acusa desde hace semanas al Ejecutivo de no haber pedido ayuda al organismo europeo en las labores de control migratorio en la ruta canaria, mientras el Ministerio del Interior defiende lo contrario. “Los aviones de Frontex no están volando a Canarias, debe haber una explicación, pero el Gobierno se niega a darla”, dijo el líder del PP este jueves durante su visita a la Eurocámara.

“España es el único país de Europa que no tiene política migratoria, no está luchando contra la inmigración irregular, no está activando la herramienta de Frontex, no tiene ningún acuerdo bilateral con países africanos para disminuir el éxodo de personas con las que trafican las mafias y España no deja volar a aviones Frontex en las Islas Canarias”, sentenció Feijóo, pese a que el Gobierno sí cuenta con acuerdos bilaterales en materia de migración -como con Senegal, Marruecos y Mauritania entre otros- y cuenta con apoyo de la agencia de fronteras para labores de inteligencia, pero no de control marítimo.

Detrás de las acusaciones lanzadas por el líder del PP este jueves, que entremezclan falsedades con medias verdades, sí hay una serie desencuentros entre Fernando Grande-Marlaska y Frontex, sobre cómo y dónde deberían activarse el despliegue de los barcos y aviones de la agencia -que acumula críticas por la falta de control en materia de derechos humanos- en su objetivo de frenar las llegadas de migrantes al Archipiélago.  Explicamos algunas claves.

¿Cuándo empezaron las acusaciones de no haber pedido ayuda a Frontex para frenar la migración?

El aumento del tono de las críticas se remonta a una comparecencia del director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, en el Parlamento Europeo, en la que aseguró que la agencia de fronteras podría desplegar más medios en Canarias pero, para ello, necesitaría una petición de ayuda formal por parte de España que, según defiende, no ha recibido. Sus declaraciones empujaron a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, presidida por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, a preguntar por carta al ministro Marlaska “por qué no hace uso de las herramientas de la UE para la gestión migratoria”.

El ministro del Interior respondió por escrito a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. En la carta, enviada a Zarzalejos como presidente de la comisión,  Grande-Marlaska detalló algunas de las peticiones de ayuda realizadas por España a las instituciones europeas para responder al aumento de la migración. 

Según detalla Marlaska en su escrito, desde el aumento del flujo migratorio por la ruta canaria registrado en 2020, el Gobierno solicitó el apoyo de las instituciones europeas a través de distintas vías. “Desde el primer momento, el Gobierno de España solicitó el apoyo de las Instituciones europeas. Obtuvo el de la Comisión europea, tanto público como financiero y, lo que es más importante, España consiguió movilizar un apoyo europeo para los países africanos de origen y tránsito, insuficiente, sin embargo”, responde el ministro. 

¿Cuál es el despliegue actual de Frontex en Canarias?

Actualmente, Frontex cuenta con 60 agentes movilizados en las Islas Canarias. Sus funciones principales están más ligadas a labores de identificación, investigación e inteligencia,  apoyando a España en el registro de migrantes y en la recopilación de información sobre redes de tráfico, confirman fuentes de Frontex y de Interior. Se encuentran en el terreno y realizan interrogatorios a las personas recién llegadas, ya sea a pie de puerto o en los centros donde los migrantes son retenidos durante las primeras 72 horas tras su llegada a España. 

 “Nuestros equipos están en el terreno ayudando a gestionar las llegadas y trabajando con las autoridades locales para combatir el crimen organizado involucrado en el tráfico de personas”, detalla a elDiario.es el portavoz de la agencia europea, Chris Borowski. 

¿Frontex tiene aviones o barcos desplegados en la ruta Canaria para frenar la migración hacia España?

No. Cuando el director ejecutivo de Frontex defiende que la Agencia podría enviar más medios en Canarias si España se lo pidiese, se refiere precisamente a la movilización barcos y aviones en aguas canarias, algo a lo que se opone el Ministerio del Interior. Pero esto no quiere decir que no haya pedido patrullas europeas para evitar las llegadas de migrantes por la ruta canaria. Interior quiere que este despliegue se produzca en aguas africanas, no en aguas españolas como defiende el organismo europeo.

Marlaska no considera necesario mandar medios de Frontex a aguas canarias, pues considera suficientes los medios con los que cuentan las fuerzas de seguridad del Estado y Salvamento Marítimo. Interior considera que, para evitar estas llegadas, “no sirve de nada” la incorporación de estos buques europeos en zona española: “Si hay migrantes en aguas españolas, Frontex no evitaría esas llegadas, solo se les podría rescatar y llevar a tierra”, sostienen fuentes ministeriales. “Y para rescatar ya contamos con Salvamento Marítimo y las fuerzas de seguridad del Estado”, añaden.

Donde el Ministerio sí ha solicitado la activación de buques y medios aéreos de Frontex es en aguas africanas, en las zonas colindantes a los países desde donde sale la mayoría de cayucos hacia Canarias (Mauritania, Gambia y Senegal), pues considera que esa es la estrategia más efectiva para “prevenir” las llegadas. 

“Las causas del incremento de llegadas a Canarias no se encuentran en España, sino en los países de origen y tránsito de la migración irregular, en Mauritania, Senegal y Gambia, desde donde proceden la mayoría de las embarcaciones. Por lo tanto, es en esas zonas donde es preciso reforzar la vigilancia preventiva”, sostienen fuentes de Interior. 

¿Por qué Frontex no manda entonces medios a aguas africanas como pide España?

Frontex podría desplegar sus buques en aguas españolas si se lo pide España, pero para introducirse en aguas de otros países necesita trámites que van más allá del Gobierno español y de la agencia de fronteras. Según el reglamento que rige el funcionamiento de Frontex, para ello la UE debe alcanzar un “acuerdo sobre el estatuto con el tercer país de que se trate”. 

“Para operar en aguas africanas necesitamos un acuerdo especial entre la UE y los países africanos implicados, como Mauritania, Gambia y Senegal”, explica el portavoz de Frontex. “Por el momento, estos acuerdos no existen y, sin ellos, no podemos trabajar sobre el terreno allí”. 

¿Cuál es el choque entre Marlaska y Frontex? 

En su carta al Parlamento Europeo, el ministro del Interior español se mostró crítico con las declaraciones del director ejecutivo de Frontex en Bruselas, pues niega que no haya solicitado apoyo de la Agencia para responder a la migración en Canarias. Según Marlaska, su departamento ha solicitado su apoyo en varias ocasiones pero “sus respuestas han sido decepcionantes”. 

Interior defiende que Frontex, como agencia europea de fronteras exteriores es la entidad que debe impulsar en la Comisión Europea el acuerdo que requiere su intervención en aguas africanas. “Frontex no lo ha alcanzado con ningún país africano del que parten las embarcaciones que llegan a Canarias”, lamenta Grande-Marlaska en su escrito. 

“A pesar de la falta de apoyo de Frontex en lo que Canarias necesita prioritariamente, seguiremos insistiendo en la necesidad de concentrar los esfuerzos en la prevención y por ello hemos reiterado nuestra petición a Frontex para que apoye a la UE, a España y a Canarias con medios de vigilancia en África, no en aguas de responsabilidad española”, reiteró el titular de Interior. “La falta de respuesta positiva a la petición de apoyo solicitada por España, no significa que España no haya solicitado, de manera reiterada, el apoyo de la agencia. Algo que fue posible y eficaz en el pasado, debiera serlo también hoy”. 

Por su parte, Frontex sostiene que, al no tener personalidad jurídica, a su organismo no le compete pedir a Bruselas dicho acuerdo. “Frontex está dispuesta a intervenir, pero corresponde a la Comisión Europea y a los gobiernos africanos negociar estos acuerdos”, responde un portavoz de la Agencia a elDiario.es. 

¿Frontex ha patrullado aguas africanas anteriormente para evitar las llegadas a España?

Sí, a través de la Operación Hera de vigilancia en aguas africanas, en Mauritania, Gambia y Senegal, impulsada en 2006 durante la denominada crisis de los cayucos en Canarias. La operación se extendió hasta 2018. El exdirector ejecutivo de Frontex, Gil Arias, explica a elDiario.es que entonces solo fue necesario el permiso formal de países como Senegal para enviar barcos y aviones de Frontex en países africanos. No obstante, tras la reforma del reglamento de la Agencia en 2019, la normativa obliga a cerrar un acuerdo especial con la Comisión Europea.

¿Qué tipo de críticas acumula Frontex?

En los últimos años, Frontex ha sido muy criticada por la falta de transparencia y el escaso control independiente de sus operaciones. La Agencia ha sido señalada por vulneraciones de derechos humanos durante algunas de sus actuaciones en aquellos países donde tiene permiso para realizar vigilancia marítima, como los abusos documentados en la ruta hacia Grecia, donde la agencia ha colaborado en la ejecución de devoluciones en caliente de potenciales solicitantes de asilo. El informe de la Agencia Antifraude de la UE (OLAF) concluyó que la agencia europea de fronteras de la UE fue cómplice de estas violaciones de derechos humanos.

El informe señaló que la dirección de Frontex ocultó a sus propios agentes repetidamente casos sospechosos de derechos fundamentales y les impidió trabajar, porque el organismo retiró su vigilancia aérea para dejar de registrar dichas violaciones. El estudio también documentó que la agencia cofinanció algunas de las entidades griegas que hicieron las devoluciones en caliente, engañó a los cuerpos encargados de supervisar la agencia. Aunque las devoluciones son “infracciones legales graves o persistentes”, Frontex no se retiró de las operaciones conjuntas tal y como prevé el reglamento de la agencia.

“Además de las denuncias por connivencia con las autoridades griegas en rechazos violentos en el Egeo, Frontex se enfrenta a las acusaciones por comunicar sistemáticamente a la guardia costera libia el emplazamiento de las embarcaciones de migrantes y refugiados localizadas en el Mediterráneo, violando el derecho internacional al entregar a los náufragos a un lugar no solo inseguro sino también criminal, donde sufren encierro, violaciones, torturas y muerte”, analiza un informe de la Fundación PorCausa. “Hay una preocupante cultura de la opacidad, de no informar sobre los incidentes de manera sistemática, lo que impide a la Agencia tener una imagen veraz de lo que sucede en el terreno*. Los potenciales incidentes graves sobre violaciones de derechos fundamentales”, añade el documento.

Front-Lex y Refugees in Libya, dos organizaciones que trabajan para la defensa del derecho humanitario internacional y la protección del migrante, han presentado una acción legal contra Frontex en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) por “no cumplir con sus obligaciones”. Su objetivo es que la agencia europea de control de las fronteras exteriores deje de establecer comunicaciones con los guardacostas libios que interceptan las embarcaciones de migrantes y los devuelven a Libia, donde corren el riesgo de ser víctimas de crímenes contra la humanidad.

La demanda ha sido posible gracias al testimonio de Omer (nombre ficticio), un joven de 29 años nacido en Darfur, Sudán, que desde 2019 reside en Libia escondido en un “gueto” y sin apenas salir de casa para no ser una víctima más de los abusos que se perpetúan en ese país contra la población migrante. “Los migrantes [en Libia] están en una situación mucho peor: esclavitud sexual, tortura, trabajo forzoso y maltrato, tanto cuando entran a Libia, cuando se van y cuando son devueltos”, explicaba en una entrevista a elDiario.es Chaloka Beyani, experto de la misión de la ONU sobre Libia.

Omer es solo uno de los 400.000 solicitantes de asilo que escaparon de Sudán y que se encuentran atrapados en Libia pero su caso ha permitido volver a poner en tela de juicio al sistema de protección de fronteras y control migratorio europeo.

Hace unos meses, fue diagnosticado de diabetes. Ante la imposibilidad de poder pagar un tratamiento y encontrar clínicas que sean discretas y solidarias con los solicitantes de asilo en Libia, Omer no está recibiendo una terapia adecuada para su enfermedad. Sin embargo, esta es solo una de las dificultades añadidas. “Nuestra preocupación no es morir en el mar”, cuenta uno de los migrantes que ha pasado por tres centros de detención en Libia y cuyo testimonio está incluido en la demanda presentada por las dos ONGs. “Nuestra preocupación es volver a la prisión donde vamos a estar oprimidos y torturados”. El miedo a ser devuelto a Libia es también la principal preocupación de Omer, como aseguró este solicitante a su abogado el pasado 31 de mayo. Omer tiene la intención inminente de cruzar el Mediterráneo de forma segura, pero para ello tiene que asegurarse de que Frontex no estará ahí para devolverlo del lugar en el que huye.

Según una investigación independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando una persona llega a Libia con el temor de ser perseguida en su país de origen corre el riesgo de ser detenida arbitrariamente en los centros de detención. Omer evita a toda costa salir de su refugio y de cualquier control que las milicias puedan hacer en la ciudad. Sin embargo, tras el diagnóstico de su enfermedad se ve obligado a salir de su casa con más frecuencia, lo que aumenta el riesgo de ser interceptado por los controles de la milicia.

La manipulación de Frontex

En la primera mitad de 2024, según la Organización Internacional para la Migración, 9.578 migrantes fueron devueltos a Libia, aunque esto viole el principio internacional de no devolución de personas que huyen de la persecución y crímenes contra la humanidad. Aunque Libia no es signataria de la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951, los países europeos sí que los son, con lo cual están obligados a cumplir esta obligación.

Gracias a la documentación aportada por Sea-Watch, la demanda cuenta con muestras evidentes de los malos tratos que ejerce la Guardia Costera en Libia contra las embarcaciones de solicitantes de asilo.

El pasado 10 de julio, la misión de Médicos Sin Fronteras que realizaba una operación de rescate fue testigo de cómo la milicia libia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA), financiada por el Estado, puso en peligro la vida de 87 personas. Las imágenes recopiladas en los anexos de la demanda documentan el pánico que cundió entre los migrantes hasta tal punto que muchos optaron por saltar de la embarcación.

Hace menos de un mes, el 21 de septiembre, el Seabird –uno de los aviones de reconocimiento aéreo que utiliza la ONG–, fue testigo de cómo la guardia costera de Libia disparaba contra una embarcación de migrantes.

“Sin las capacidades de vigilancia de Frontex, los libios no pueden detectar los barcos de refugiados en la zona SAR [Search and Rescue, búsqueda y rescate en inglés]. Así que dependen completamente de Frontex, Italia y Malta para que les proporcionen la localización de los barcos de refugiados en la zona SAR ”, cuenta el abogado Iftach Cohen, de Front-Lex.

En agosto de 2020, una embarcación de aproximadamente 30 personas estaba cerca de las aguas maltesas e italianas. Según pudo ver Sea-Watch, la embarcación se encontraba en una situación de “socorro”, lo que implica la necesidad de un rescate inminente para salvar la vida de las personas que están a bordo. La misma organización informó a la guardia costera maltesa y a la italiana. Pero fue la guardia costera de Libia la que interceptó el buque pese a que, en aquel momento, otros buques de rescate de organizaciones como Open Arms se encontraban en el Mediterráneo Central y disponibles para el rescate.

El departamento aéreo de Sea-Watch aseguró que antes de la interceptación pudo observar a los aviones de Frontex sobrevolando la misma zona. En ningún caso Frontex se puso en contacto con las ONGs que operaban en la zona para realizar el rescate y poder prevenir la devolución forzada de los migrantes a Libia.

“Nuestras pruebas demuestran que cuando Frontex detecta embarcaciones de refugiados fuera de las aguas territoriales europeas, como en la zona SAR libia, automáticamente las clasifica como embarcaciones en peligro”, explica Cohen. Esto les permite, según el derecho marítimo internacional, transferir inmediatamente toda la información –incluida la ubicación exacta– al centro de rescate competente.

Aunque en el caso mencionado los tripulantes de la embarcación sí que estaban en riesgo, una de las obligaciones de Frontex es impedir que estas personas vuelvan a los lugares donde están siendo torturadas. En ese sentido, la acusación advierte de la “manipulación” ejercida por Frontex, dado que es la institución europea quien determina si las embarcaciones están en peligro o no. “Vemos un patrón de casos en los que Frontex clasifica automáticamente los casos 'de socorro' cuando están fuera de las aguas territoriales europeas y hace todo lo contrario cuando esas embarcaciones se detectan dentro de la zona SAR o de las aguas territoriales de un Estado miembro”, denuncia Cohen. “Frontex no quiere salvar vidas, solo quieren evitar nuevas llegadas a territorio europeo”, enfatiza el abogado. En ese caso, si Frontex hubiera querido salvar las vidas de estas personas y protegerlas de crímenes y violaciones, añade, debería haber evitado su devolución en Libia.

Ejemplos destacados que también se recogen en la demanda son los casos del naufragio de Cutro (Italia), el peor naufragio de un barco de migrantes frente a las costas italianas desde 2013, en el que fallecieron 73 personas; o el de Pylos (Grecia), de una embarcación con más de 700 personas a bordo. Ninguna de estas embarcaciones –previamente detectadas por Frontex– fue calificada en situación de socorro, por lo que las autoridades italianas y griegas podrían no lanzar una operación SAR. Consecuentemente, el Defensor del Pueblo Europeo criticó a Frontex por no hacerlo, diciendo que fue una “decisión política”. De no haber sido así, la guardia costera italiana y griega tendrían que haber actuado permitiendo el desembarco de los migrantes en suelo europeo.

Recientemente, el 12 de enero de 2024, Hans Leijtens, director ejecutivo de Frontex, confirmó por escrito al presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) que se enviaron aproximadamente 2.200 correos desde Frontex al centro de coordinación de salvamento competente (RCC, por sus siglas en inglés) de Libia, transmitiendo coordenadas y otra información pertinente relativa a los buques en estado de emergencia en la región de búsqueda y salvamento del país norteafricano.

“La posición de Frontex, en esencia, es que tiene una única obligación legal: transmitir toda la información pertinente sobre una embarcación en peligro al RCC”, explica Cohen. Pero no es la única. Frontex tiene más de una obligación legal y entre ellas está la prohibición de devolver a personas rescatadas a lugares donde se enfrentarán a persecución o tortura. Se trata de una “obligación legal que se deriva del Derecho primario de la UE y que es de naturaleza constitucional”, repite Cohen.

Front-Lex y Refugees in Libya también denuncian el cinismo de Frontex y sus representantes. En abril de este año, Leijtens hizo las siguientes declaraciones en Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE): “Ojalá pudiera pararlo. Si tuviera una bala, seguro que la usaría. Pero solo puedo trabajar según el marco legal que tengo, por muy triste y decepcionante que suene, también para mí, si de lo que estamos hablando es de salvar vidas”. Y concluía: “Reconozco que nosotros, como Frontex, no queremos que acaben en Libia”.

Esta demanda es la tercera que se presenta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los demandantes esperan que prospere y que, en base a las pruebas aportadas, Frontex tenga la obligación legal de dejar de facilitar la localización de refugiados a los guardacostas libios.

En un contexto europeo marcado por una fuerte hostilidad contra los inmigrantes, ambas organizaciones enfatizan las condiciones de “asesinato, tortura, violación y esclavitud” a las que están sometidos en Libia. “Cualquier persona que se sienta cómoda estos días devolviendo a estos refugiados a Libia se habría sentido cómoda devolviendo a los refugiados judíos en la frontera a un territorio nazi”, enfatiza Cohen.

Duro rapapolvo plagado de advertencias de la Defensora del Pueblo de la UE a los 27 tras su investigación sobre el trágico naufragio en las costas griegas el pasado verano en el que cientos de personas migrantes perdieron la vida. La irlandesa Emily O’Reilly cuestiona las reglas que rigen el funcionamiento de Frontex (la agencia europea de guardia de fronteras y costas) y considera que su capacidad para salvar vidas en el mar está muy limitada por las órdenes de los estados miembros, a los que acusa de vulnerar los derechos humanos en esas situaciones.

La Defensora del Pueblo lamenta que la UE haya ido aniquilando las operaciones de rescate marítimo, primero con la desaparición de las impulsadas a nivel europeo y, después, con las “amenazas” de los estados miembros a las que ponen en marcha las ONG, como sucede en el caso de Italia. “Frontex fue renombrado en 2016 para incluir la designación de 'guardia costera', pero su mandato y el alcance de sus actividades no alcanzan lo que generalmente se entiende como la misión de un guardacostas”, expresa el informe publicado este miércoles: “Su capacidad para salvar vidas en riesgo se ve aún más limitada por el hecho de que son las autoridades de los Estados miembros las que dirigen y coordinan las misiones de búsqueda y salvamento”.

La crítica en este caso concreto va directamente al Gobierno griego. La catástrofe del pasado mes de junio comenzó con un aviso de las autoridades italianas a Frontex, que desplazó un avión a la zona en la que estaba el barco atestado de personas y sin chalecos salvavidas, según pudo confirmar. Volvió por falta de combustible y, a partir de ahí, como correspondía a las autoridades griegas la cooperación desapareció. “Según los documentos inspeccionados en el curso de esta investigación, Frontex solicitaría posteriormente, en cuatro ocasiones distintas, los días 13 y 14 de junio, actualizaciones y ofertas de asistencia a la RCC griega (centro de control de rescate martítimo), incluido el regreso para prestar asistencia en la vigilancia aérea. No recibió ninguna respuesta de las autoridades griegas a ninguna de estas comunicaciones”, señala el informe. 15 horas después del primer aviso del avistamiento, se produjo el naufragio en el que murieron unas 600 personas.

Aunque el informe no llega a exonerar a Frontex, al no haber podido confirmar si infringió alguna norma o procedimiento, en lo que es claro es que el marco legal actual es insuficiente para que la 'guardia costera' sea efectiva en el salvamento marítimo. “Sería necesario modificar las disposiciones de los planes operativos o las condiciones de servicio de las solicitudes de vigilancia aérea para que Frontex pueda cumplir mejor sus obligaciones en materia de derechos fundamentales, por ejemplo, manteniendo la vigilancia cuando lo considere necesario”, señala O’Reilly, que no ve “improbable” que se vuelvan a repetir tragedias como la de Adriana si se mantiene la legislación tal y como está.

“Si Frontex tiene dudas sobre el respeto de los derechos fundamentales por parte de un Estado miembro en el contexto de las operaciones de búsqueda y salvamento, el marco operativo actual dificulta la adopción de medidas independientes de acuerdo con esas dudas”, reconoce la Defensora del Pueblo, que admite que “lamentablemente, hay situaciones en las que Frontex tiene motivos para dudar de que algunos estados miembros cumplan sus obligaciones en materia de derechos fundamentales”.

“Habida cuenta de estas conclusiones y de la creciente preocupación por las persistentes violaciones de los derechos fundamentales por parte de un Estado miembro en sus operaciones de control fronterizo, Frontex debe considerar si se ha alcanzado el umbral para permitirle poner fin, retirar o suspender sus actividades con el Estado miembro en cuestión”, agrega el texto, que apunta a la “tensión entre el deber de Frontex de salvar vidas y la presión para evitar o disuadir a las personas de intentar cruzar el Mediterráneo”.

La Defensora del Pueblo no es ajena al cementerio en el que se está convirtiendo el Mediterráneo y emplaza a las instituciones europeas (Eurocámara, Consejo de la UE y Comisión) a crear una “comisión de investigación independiente” que permita proporcionar rspuestas a las “cuestiones sistémicas” de los movimientos migratorios por esa vía para extraer lecciones que impidan tragedias como la de Adriana.

La Agrupación Nacional (RN), el partido de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha fichado al que fue director de la agencia europea responsable del control de fronteras Frontex Fabrice Leggeri, que irá de número tres en su lista para las elecciones europeas de junio.

En una entrevista publicada este domingo por Le Journal du Dimanche, Leggeri, que tiene 55 años y estuvo al frente de Frontex de 2015 a 2022, explica que con su salto a la política su objetivo es “poner (su) experiencia y mis conocimientos al servicio de los franceses”. En cuanto a la elección del RN, la justifica porque dice estar “convencido de que es la opción que dará a los franceses la posibilidad de recuperar el control de su futuro”.

A su parecer, el partido de Le Pen “se distingue por su valor y su lucidez para identificar correctamente los problemas y proponer soluciones adaptadas”. Para esta formación, presidida ahora por el joven Jordan Bardella —que será el cabeza de lista para los comicios europeos—, la lucha contra la inmigración ha sido y sigue siendo su principal argumento político.

A ese respecto, Leggeri insiste en que “nuestro objetivo es recuperar el control de las fronteras, tanto las de la Unión Europea como las de Francia. El RN tiene un plan concreto y la capacidad para llevarlo a cabo”.

Ataques contra la Comisión Europea

“Estamos decididos —añade— a combatir la sumersión migratoria que ni la Comisión Europea ni los eurócratas consideran un problema, sino más bien un proyecto: Yo puedo dar testimonio de eso”.

Unos comentarios rechazados este lunes por Bruselas. La portavoz comunitaria de Interior, Anitta Hipper, explicó en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario que “las declaraciones hechas por Leggeri sobre la política de migración europea son equivocadas”. Sobre el hecho de que se vaya a presentar como parte de un partido de extrema derecha, la misma portavoz recordó que la Comisión “no hace comentarios sobre las decisiones de candidaturas de individuos implicados en las campañas electorales”.

Durante su mandato, Leggeri fue acusado de tolerar la devolución en caliente de inmigrantes. Su dimisión en abril de 2022 se produjo después de que la OLAF, el servicio antifraude europeo, hubiera lanzado una investigación disciplinaria por no respetar los procedimientos, haberse mostrado desleal con la UE y por una mala gestión de sus equipos.

“Las diferencias persistentes sobre la dirección pasada de la agencia, incluido en la investigación de la OLAF, mostraron que hacía falta una nueva dirección capaz de llevar a cabo correctamente el trabajo”, recordó la portavoz comunitaria. Valoró que la nueva dirección que está al frente de Frontex desde marzo de 2023 lleva a cabo su mandato con “competencia, transparencia e integridad”, lo que “ha marcado un nuevo comienzo” para la agencia.

El apoyo de Bardella

El presidente de Agrupación Nacional, Bardella, ha mostrado su apoyo a Leggeri, diciendo que fue “empujado a la dimisión” de la dirección de Frontex y “abandonado por Macron porque actuaba contra la sumersión de Europa”.

La candidatura de Bardella es claramente la favorita para acabar en primera posición en las elecciones de junio. Las encuestas le dan en torno al 30 % de los votos, 10 puntos porcentuales más que su inmediata seguidora, la del bloque que apoya al presidente francés, Emmanuel Macron.

Acuerdo tras cinco días de “suspensión temporal”. Según ha publicado El País este lunes, Frontex y el Ministerio del Interior han alcanzado un acuerdo para que la agencia europea de fronteras prosiga con su operación contra la inmigración en España después de una disputa por “cuestiones técnicas” que había llevado al organismo comunitario a amenazar con irse de España. De acuerdo con fuentes de Interior citadas por El País, el nudo tenía que ver con la resistencia española a “perder la titularidad y la responsabilidad” de los datos personales de los inmigrantes.

Así, el Ministerio del Interior y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) han firmado este lunes los planes operativos para las dos operaciones conjuntas que desarrollarán en 2024, una para el Mediterráneo occidental -la denominada Indalo- y otra que afecta a Canarias.

Con esta firma se retoma la colaboración con la agencia europea con la que España “mantiene desde hace años una estrecha cooperación en materia de inmigración irregular”, han señalado este lunes fuentes del Ministerio del Interior a Efe.

La preocupación por la posible retirada de Frontex llegó hasta el Gobierno canario. Por eso, el viernes envió una carta a la consejera canaria de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de esa comunidad, Nieves Lady Barreto, en la que destacaba la “normalidad” en la negociación Frontex y eliminaba cualquier duda sobre una hipotética retirada de esta agencia de España.

Según adelantó el jueves pasado El País, se había retrasado la firma del plan operativo propuesto por Frontex ante un desencuentro con las autoridades españolas relacionado con la protección de datos. Por esta razón, desde el miércoles pasado estaba suspendida la operación europea Operación Indalo contra la inmigración en el Mediterráneo y en Canarias, aunque las labores nacionales de vigilancia fronteriza continúan con normalidad.

El ministro del Interior recalcó el pasado jueves que la cuestión que llevó a Frontex a suspender sus operaciones en España es de carácter “técnico”, y ha confiado en que esté resuelta “en horas, más que en días”. “Estas cuestiones suelen acontecer todos los años a la hora de renovar todos los planes operativos de actuación entre Frontex y los distintos países de la Unión Europea donde existen los acuerdos, en este caso, España”, declaró el ministro a su llegada a la reunión informal de ministros del Interior de la Unión Europea que se celebraba en Bruselas.

El ministro del Interior reconoció que el desencuentro con Frontex se debía a una cuestión “técnica”, y no a una “operativa”. El ministro ha explicado que el pasado 18 de enero entró en vigor una modificación de las normas de protección de datos dentro de Frontex. “Esta circunstancia conlleva que haya que readaptar las propuestas de acuerdo a esos fines”, comentó, al tiempo que ha agregado que la propuesta de acuerdo de España “está en la mesa de Frontex”. 

Por su parte, Frontex negaba que la Agencia se plantera su marcha de España. Fuentes de la agencia europea de fronteras afirmaron a elDiario.es que la Agencia valoraba sus relaciones con España, “marcadas por el compromiso y la cooperación en la gestión de las fronteras exteriores de la UE”.

La Agencia insistía en que es habitual que en el contexto de la cooperación internacional las negociaciones sobre planes operativos ''requieran más tiempo para una discusión y un acuerdo exhaustivos''. Estas discusiones, añadían, son parte de los trabajos para garantizar que las operaciones se ajusten a las necesidades del Estado miembro y a los objetivos de Frontex. “España sigue siendo un socio clave para nosotros y nuestra colaboración se extiende a varias operaciones''.

La Justicia europea ha eximido a la agencia de fronteras de la UE (Frontex) de responsabilidad en los polémicos rechazos de refugiados sirios que se produjeron durante la crisis de 2016 cuando miles de personas fueron enviadas desde Grecia a Turquía. El Tribunal General de la UE (TGUE) considera que Frontex se limita a prestar apoyo técnico y operativo a los estados miembros en las operaciones de retorno y que son estos los que toman las decisiones.

Los jueces de Luxemburgo rechazan así el recurso presentado por varios refugiados sirios contra la agencia en el que reclamaban indemnizaciones por daños materiales (96.000 euros) y morales (40.000) por haber sido enviados a Turquía una vez que habían llegado a Grecia. Es operación, llevada a cabo por el Gobierno heleno conjuntamente con Frontex, impidió la tramitación de sus solicitudes de asilo. En el recurso, los refugiados sirios, que actualmente residen en Iraq, señalaban a la agencia de fronteras al considerar que su actuación vulneró la protección de los derechos fundamentales relativa a la protección internacional teniendo en cuenta la situación en su país de origen, asolado por la guerra.

Los refugiados sostenían que Frontex violó el principio de no devolución, vulneró el derecho de asilo, incumplió la prohibición de expulsiones colectivas, vulneró los derechos del menor, incumplió la prohibición de tratos degradantes y vulneró el derecho a una buena administración y el derecho a la tutela judicial efectiva con su participación en esa operación de retorno que fue avalada por los 27 en plena crisis de refugiados, cuando decenas de miles de personas salieron de Siria para tratar de salvar su vida en el continente europeo.

El TGUE considera que el portazo de la UE a decenas de miles de personas que fueron expulsadas a Turquía a través de un acuerdo con el que regaron de millones a ese país no fue, en todo caso, responsabilidad de Frontex. “Solamente tiene por misión prestar apoyo técnico y operativo a los Estados miembros. En cambio, los Estados miembros son los únicos competentes para evaluar el fundamento de las decisiones de retorno y examinar las solicitudes de protección internacional”, argumenta el tribunal en un comunicado sobre la sentencia.

“Los refugiados se equivocan al considerar que, de no haberse producido las supuestas deficiencias de Frontex, no habrían sido devueltos ilegalmente a Turquía y no habrían sufrido los daños materiales y morales que invocan, al haber obtenido la protección internacional deseada habida cuenta de la situación en Siria”, agregan los jueces en los argumentos para rechazar la solicitud de indemnización por los perjuicios sufridos.

“No puede considerarse que los daños materiales y morales alegados, que se derivan, por una parte, de los gastos efectuados para alquilar un alojamiento y amueblarlo en Turquía, los costes de pasadores de fronteras para desplazarse a Irak y los gastos de la vida diaria en este país y, por otra parte, del sentimiento de miedo y sufrimiento por su viaje, extremadamente difícil y peligroso, hacia Irak, se deban directamente del comportamiento que se imputa a Frontex”, dice el fallo, que puede recurrirse ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La actuación de Frontex está bajo sospecha después de que un informe de la la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) revelara infracciones sistemáticas de derechos cometidas en el Egeo. Esa investigación llevó a la dimisión de Frabrice Leggeri como director de Frontex al señalar el encubrimiento de malos tratos y devoluciones en caliente en el mar Egeo por parte de los funcionarios de la agencia de fronteras de la UE. Los escándalos llevaron al Parlamento Europeo a rechazar la gestión presupuestaria de la agencia el pasado año.

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Una vez constituidos los gobiernos de ayuntamientos y de parlamentos autonómicos en casi toda España, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo de Gobierno en un total de 135 municipios. La ultraderecha y su discurso machista, xenófobo y negacionista del cambio climático entra en el tablero de nuestras instituciones. 

Vuelve Nido de Rojos y Rojas para analizar lo que suponen estos pactos, lo que está pasando en Extremadura y qué estrategia hay detrás de que la líder popular, María Guardiola, anunciase que no pactará con Vox; cómo afecta en el escenario europeo y cómo se perfila la campaña para el próximo 23J con los periodistas Miquel Ramos, autor de “Antifascistas” y Patricia Simón, colaboradora en La Marea, y la politóloga Noelia Adánez. Puedes ver el programa completo en vídeo aquí:

Un programa en el que hacemos una parada especial en Grecia y también hablamos del último naufragio cerca de Canarias del que siguen llegando noticias. El pasado 14 de junio entre 700 y 750 personas naufragaron en el Mar Jónico en un pesquero abarrotado en el que intentaban llegar a Europa. Grecia ha recuperado 78 cadáveres. Hay 104 supervivientes. Ninguna mujer, ningún menor, aunque se cree que había unos 40 niños a bordo, y que pudieron morir, como ellas, atrapados en la bodega del barco. Es una de las mayores tragedias marítimas en un mar que se ha convertido en fosa común de una masacre a cámara lenta. Hablamos desde allí con la periodista Queralt Castillo para contar qué ha pasado, si hubo omisión de socorro y la responsabilidad de Frontex y las políticas migratorias europeas en estas muertes en las fronteras. 

El Parlamento Europeo se niega a aprobar la gestión presupuestaria de Frontex por sus escándalos y violaciones de derechos humanos con el voto de 345 eurodiputados, mientras 284 votaron en contra y 8 se abstuvieron. Así, el pleno critica la “magnitud de las serias faltas y otras irregularidades” que tuvieron lugar bajo el mandato de Fabrice Leggeri, el director ejecutivo de la agencia que dimitió en abril pasado tras el informe de la oficina europea antifraude (OLAF).

El informe de la Agencia Antifraude la UE (OLAF) muestra cómo la agencia europea de fronteras de la UE ha sido cómplice de estas violaciones de derechos humanos.

¿Por qué? Porque, según el informe, la dirección de Frontex ocultó a sus propios agentes repetidamente casos sospechosos de derechos fundamentales y les impidió trabajar; porque el organismo retiró su vigilancia aérea para dejar de registrar las violaciones; porque cofinanció algunas de las entidades griegas que hicieron las devoluciones en calientes; porque engañó a los cuerpos encargados de supervisar la agencia; y aunque las devoluciones son “infracciones legales graves o persistentes”, Frontex no se retiró de las operaciones conjuntas tal y como prevé el reglamento de la agencia.

La agencia, según los eurodiputados, no ha hecho lo necesario para garantizar la protección de los derechos fundamentales de migrantes y solicitantes de asilo y, según informaciones periodísticas, participó en las devoluciones ilegales de al menos 957 refugiados entre marzo de 2020 y septiembre de 2021.

Los eurodiputados han expresado su “estupor y profunda preocupación” por el caso del suicidio de una persona que trabajaba en la agencia, relacionado con supuestas prácticas de acoso sexual, y destacan que en 2020 se notificaron dentro de Frontex 17 casos de acoso sexual, de los que 15 fueron archivados sin más seguimiento.

El Parlamento Europeo, así mismo, saluda el nombramiento de una directora interina, en julio de 2022; las medidas correctivas adoptadas o planeadas y los cambios en el ámbito de los derechos fundamentales.

También reconoce el cambio en el estilo de gestión, para garantizar que “las personas no tengan miedo a denunciar las posibles irregularidades”, pero advierte de que los problemas de la agencia podrían ser de naturaleza “estructural” más profunda y no limitarse a la mala conducta de algunas personas, como defiende el consejo de administración de la agencia.

Operaciones en Hungría y Grecia

La Eurocámara lamenta que Frontex no haya cumplido algunas de las condiciones de informes previos sobre la gestión presupuestaria. En concreto, los eurodiputados insisten en que la agencia debe suspender de inmediato su participación en devoluciones de inmigrantes y solicitantes de asilo en Hungría, dada la situación del Estado de derecho en el país.

Respecto a Grecia, los eurodiputados están muy preocupados por las últimas revelaciones de que la jerarquía de Frontex tenía conocimiento de las devoluciones ilegales de personas en el país, y que personal de la agencia participara en las mismas. El texto insta a la Comisión a garantizar que esto no vuelva a suceder.

El Parlamento Europeo tiene la competencia en exclusiva de aprobar la forma en que los organismos de la UE ejecutan su presupuesto, tomando la decisión de conceder, aplazar o denegar la aprobación de la gestión.

Como autoridad en este ámbito, el resto de instituciones deben rendirle cuentas sobre cómo gastan los fondos públicos. Durante el procedimiento de aprobación de la gestión, el Parlamento Europeo comprueba la legalidad, la regularidad y la buena gestión financiera (incluida, por ejemplo, la eficiencia), y también evalúa hasta qué punto la institución en cuestión ha contribuido a la consecución de los objetivos políticos de la UE y ha actuado en consonancia con los valores de la UE.

El procedimiento de aprobación de la gestión se ha convertido en una herramienta importante para que el Parlamento Europeo compruebe cómo se han gastado los fondos públicos y cómo se han llevado a cabo los proyectos de la UE. En el pasado, el Parlamento Europeo se ha negado a aprobar la gestión de varias agencias y órganos de la UE, incluida la Comisión Europea en dos ocasiones, en 1984 y en 1998, esta última ocasión que finalmente condujo a la dimisión de la Comisión.

En 2016 y 2017, el Parlamento se negó a aprobar la gestión presupuestaria de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo en Malta, lo que condujo también a cambios en su gestión y estructura organizativa.

Violaciones de derechos. Devoluciones en caliente. Y malos tratos cometidos por los guardias de fronteras griegos en el mar Egeo, hasta el punto de lanzar personas refugiadas en balsas salvavidas inflables en medio del mar para que no pudieran ejercer su derecho a solicitar asilo. Son las acciones encubiertas por funcionarios de Frontex (agencia de fronteras de la UE), según constata un informe de más de 120 páginas que hizo dimitir al ex director Frabrice Leggeri y ahora ha salido a la luz a través de varios medios europeos, entre ellos Der Spiegel, medio que destapó el escándalo a través de una investigación conjunta (Lighthouse Reports, Der Spiegel, SRF Rundschau, Republik y Le Monde).

El informe de la Agencia Antifraude la UE (OLAF) revelado este jueves muestra cómo la agencia europea de fronteras de la UE, Frontex, ha sido cómplice de estas violaciones de derechos humanos.

¿Por qué? Porque, según el informe, la dirección de Frontex ocultó a sus propios agentes repetidamente casos sospechosos de derechos fundamentales y les impidió trabajar; porque el organismo retiró su vigilancia aérea para dejar de registrar las violaciones; porque cofinanció algunas de las entidades griegas que hicieron las devoluciones en calientes; porque engañó a los cuerpos encargados de supervisar la agencia; y aunque las devoluciones son “infracciones legales graves o persistentes”, Frontex no se retiró de las operaciones conjuntas tal y como prevé el reglamento de la agencia.

El informe habla de “mala conducta grave”, “falta de deber fiduciario”, “falta de liderazgo”... Según el texto, la dirección de Frontex no solo ignoró los indicios de violaciones de derechos humanos, sino que fue cómplice. El exdirector de Frontex Fabrice Leggeri y su equipo dieron instrucciones de mirar hacia otro lado para no presenciar devoluciones y encubrieron las prácticas ilegales de los funcionarios fronterizos griegos, según la investigación.

El presupuesto de Frontex ha seguido creciendo en los últimos años, desde los seis millones de euros iniciales hasta los 754 millones de euros actuales.

Según una investigación publicada por The Guardian, Frontex ha estado involucrada en las devoluciones de al menos 957 solicitantes de asilo en el mar Egeo entre marzo de 2020 y septiembre de 2021. Y de acuerdo con un informe del Parlamento Europeo, Frontex no estaba haciendo lo suficiente para que se respeten los derechos humanos en las fronteras europeas. Es más, se asegura que Frontex mira a otro lado ante actuaciones de países como Hungría, Croacia o Grecia contrarias a los derechos fundamentales en relación con las personas migrantes. “El grupo no encontró pruebas concluyentes sobre la realización directa de devoluciones en caliente y / o expulsiones colectivas por parte de Frontex en los casos de incidentes graves”, dicen las conclusiones del informe: “Sin embargo, la Agencia encontró pruebas que respaldan las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales en los Estados miembros con los que tenía una operación conjunta, pero no abordó ni dio seguimiento a estas violaciones de manera rápida, vigilante y eficaz. Como resultado, Frontex no evitó estas violaciones ni redujo el riesgo de futuras violaciones de los derechos fundamentales”.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) es la agencia con más presupuesto de la Unión Europea. Se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros a proteger Schengen, el espacio de libre circulación de la Unión Europea, pero desde entonces el despilfarro, la ineficacia, la opacidad y la impunidad han estado presentes en su gestión. 

La institución mantiene relaciones opacas con los grandes lobbies del control migratorio y hay una fuerte presión sobre investigadores, periodistas y activistas que denuncian devoluciones en caliente y violaciones sistemáticas de los derechos humanos consentidas y facilitadas por agentes de Frontex.

Analizamos la política migratoria europea que encarna esta agencia tras la dimisión de Fabrice Leggeri, hasta hace una semana jefe de Frontex, que está siendo investigado por la Oficina Europea Antifraude (OLAF) por acusaciones de abusos, conductas impropias y operaciones ilegales en un mandato repleto de denuncias de medios de comunicación y activistas.

La de Frontex es una historia opaca que analizamos con Gonzalo Fanjul, director de PorCausa, Luisa Izuzquiza, investigadora de “Frag Den Staat” que logró sentar a Frontex en el banquillo de la justicia europea por falta de transparencia y con Gil Arias, exdirector adjunto de Frontex.

Y hablamos con Idoia Moreno, ex enfermera jefe de la clínica de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados de Moria, en Lesbos, para conocer las consecuencias de estas políticas migratorias sobre el terreno: cómo es vivir atrapado en una isla desde la que se ve cómo se ejerce más y más violencia contra los que intentan ejercer su derecho a migrar.

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La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) es  la agencia con más presupuesto de la Unión Europea. Se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros a proteger Schengen, el espacio de libre circulación de la Unión Europea, pero desde entonces el despilfarro, la ineficacia, la opacidad y la impunidad han estado presentes en su gestión. 

La institución mantiene relaciones opacas con los grandes lobbies del control migratorio y hay una fuerte presión sobre investigadores, periodistas y activistas que denuncian devoluciones en caliente y violaciones sistemáticas de los derechos humanos consentidas y facilitadas por agentes de Frontex.

Analizamos la política migratoria europea que encarna esta agencia tras la dimisión de Fabrice Leggeri, hasta hace una semana jefe de Frontex, que está siendo investigado por la Oficina Europea Antifraude (OLAF) por acusaciones de abusos, conductas impropias y operaciones ilegales en un mandato repleto de denuncias de medios de comunicación y activistas.

La de Frontex es una historia opaca que analizamos con Gonzalo Fanjul, director de PorCausa, Luisa Izuzquiza, investigadora de “Frag Den Staat” que logró sentar a Frontex en el banquillo de la justicia europea por falta de transparencia y con Gil Arias, exdirector adjunto de Frontex.

Y hablamos con Idoia Moreno, ex enfermera jefe de la clínica de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados de Moria, en Lesbos, para conocer las consecuencias de estas políticas migratorias sobre el terreno: cómo es vivir atrapado en una isla desde la que se ve cómo se ejerce más y más violencia contra los que intentan ejercer su derecho a migrar

Nos despedimos con Darío Adanti y Silvia Sparks que celebran con nosotras el décimo aniversario de Mongolia, una revista que ha contado mucho esas noticias incómodas de las cloacas.

Dimite el director de Frontex. Acosado por las continuas revelaciones sobre casos de violaciones de derechos humanos en devoluciones en caliente en el mediterráneo, Fabrice Leggeri ha presentado este viernes su dimisión ante el consejo de administración de la guardia de fronteras de la UE. Según una nueva investigación publicada por The Guardian, Frontex ha estado involucrada en las devoluciones de al menos 957 solicitantes de asilo en el mar Egeo entre marzo de 2020 y septiembre de 2021.

En su carta de dimisión, Leggeri escribe: “Devuelvo mi mandato al Consejo de Administración, ya que parece que el mandato de Frontex en el que he sido elegido y renovado en junio de 2019 ha sido silenciosa pero efectivamente modificado”. La Comisión Europea, no obstante, afirma que el mandato no ha sido en absoluto modificado. Además, Leggeri en su carta pide usar sus vacaciones anuales restantes, un total de 61 días.

Mientras, está previsto que se publique en los próximos días este informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre las denuncias de la presunta implicación de la Frontex en devoluciones ilegales de migrantes en la frontera entre Turquía y Grecia.

El Consejo de Administración de Frontex ha explicado más tarde: “En vista de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) contra tres miembros del personal de Frontex, incluido el director ejecutivo de la agencia, el Consejo de Administración de Frontex se ha reunido los días 28 y 29 de abril de 2022 de forma extraordinaria para decidir los próximos pasos. En la reunión, el director ejecutivo tuvo la oportunidad de comentar las conclusiones del informe de la OLAF. El primer día de la reunión, declaró su renuncia a todas sus funciones con efecto inmediato y su intención de terminar su trabajo en la agencia. El Consejo de Administración tomó nota de sus intenciones y concluyó que, por lo tanto, el mandato había llegado a su fin. En vista de la dimisión del director ejecutivo, el consejo de administración decidió que ya no es necesario incoar nuevos procedimientos contra el director ejecutivo en relación con el informe de la OLAF de 15 de febrero de 2022, ya que el resultado de estos procedimientos no afectará a la posición de director ejecutivo”.

El consejo de administración ha nombrado a Aija Kalnaja, directora ejecutiva adjunta de mayor rango, sustituta de Leggeri hasta nombrar un director ejecutivo interino, a más tardar en la reunión del consejo de administración de junio de 2022: “A tal fin, el consejo de administración solicitó a la Comisión Europea que preparara con urgencia la publicación del puesto de director ejecutivo de Frontex”.

En una pregunta parlamentaria remitida en marzo a la Comisión Europea, el diputado de los Verdes Erik Marquardt aseguraba que, en el resumen de ese informe que se había proporcionado a los eurodiputados, la OLAF ha revelado que la cúpula de Frontex estaba al tanto de las violaciones de derechos humanos y “evitó reportarlas de manera deliberada”, informa Efe.

Frontex, la agencia mejor financiada de la UE, con un presupuesto de 758 millones de euros, está siendo investigada por denuncias de complicidad con las autoridades griegas en devoluciones ilegales de solicitantes de asilo, algo que la organización ha negado.

Ahora, una investigación conjunta de Lighthouse Reports, Der Spiegel, SRF Rundschau, Republik y Le Monde ha revelado la participación de Frontex en las devoluciones según su propia base de datos. Según la investigación, una solicitud de libertad de información (FoI, por sus siglas en inglés) encontró que la base de datos de informes de incidentes internos de la agencia, llamada Jora, registró avistamientos de devoluciones de solicitantes de asilo en el Egeo que los funcionarios etiquetaron como “prevención de salida”.

Frontex define esto como un incidente en el que las autoridades de un país no europeo detienen a los migrantes en el mar en sus aguas territoriales y los envían de regreso a su punto de partida.

Frontex proporcionó una versión con tachones de la base de datos, pero incluyó descripciones de 145 casos etiquetados como “prevención de salida”, que diferían de los informes de los mismos incidentes por parte de la guardia costera turca, testigos, documentos filtrados y otras fuentes confidenciales.

“La dimisión de Leggeri es una gran noticia, aunque Frontex no lo haya hecho oficial todavía. Se deben esclarecer inmediatamente todos los motivos que han llevado a esta decisión. Por su parte, la Comisión debe asumir su responsabilidad con respecto a Leggeri y esta agencia”, ha declarado la portavoz de IU en la Eurocámara, Sira Rego, miembro de la comisión que investigó la agencia por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos: “El problema de Frontex no es sólo Fabrice Leggeri, el problema de Frontex es estructural. Por ello, su dimisión no es suficiente y necesitamos un cambio total en la política migratoria de la UE”.

Según el informe publicado entonces por el Parlamento Europeo, Frontex no estaba haciendo lo suficiente para que se respeten los derechos humanos en las fronteras europeas. Es más, Frontex, según el informe del grupo de trabajo del Parlamento Europeo presentado este jueves, mira a otro lado ante actuaciones de países como Hungría, Croacia o Grecia contrarias a los derechos fundamentales en relación con las personas migrantes. Aún más, Frontex, según los eurodiputados, se queda tan lejos de sus obligaciones que sigue teniendo vacantes una veintena de puestos de trabajo de supervisores de derechos humanos. Y eso que el informe se ha elaborado sin convocar a las sesiones de Bruselas a víctimas de las violaciones de derechos humanos denunciadas por investigaciones periodísticas y de organizaciones humanitarias: incluso la evaluación interna de la agencia demostró que había casos en los que había participado Frontex en los que no podía descartarse violaciones de derechos fundamentales.

“El grupo no encontró pruebas concluyentes sobre la realización directa de devoluciones en caliente y / o expulsiones colectivas por parte de Frontex en los casos de incidentes graves”, dicen las conclusiones del informe: “Sin embargo, la Agencia encontró pruebas que respaldan las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales en los Estados miembros con los que tenía una operación conjunta, pero no abordó ni dio seguimiento a estas violaciones de manera rápida, vigilante y eficaz. Como resultado, Frontex no evitó estas violaciones ni redujo el riesgo de futuras violaciones de los derechos fundamentales”.

Alrededor de las cinco de la tarde del 4 de febrero, a unos 110 kilómetros al norte de Libia, un dron blanco de reconocimiento con una cámara en su parte inferior rodeó una patera con un centenar de migrantes a bordo, desesperados por cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Las imágenes de vigilancia de la cámara del avión se transmitieron en directo a una oficina en Varsovia, en Polonia, en la sede de Frontex, la agencia de vigilancia de fronteras de la Unión Europea.

La tensión en la balsa aumentaba a medida que se agotaba la paciencia y el espacio minúsculo abarrotado de personas sólo hacía el viaje más pesado. “La gente decía: 'Oye, ¿por qué me empujas?' '¡Quédate ahí!' 'Quédate ahí'”, cuenta Mohamed David Soumahoro, uno de los migrantes que iban a bordo de la patera. “El capo estaba allí para mantener el orden en esos momentos”.

Dos horas más tarde, gracias a estas imágenes de vigilancia, una embarcación de la guardia costera libia alcanzó a los migrantes y les ordenó que se detuvieran, a pesar de que estaban muy lejos de las aguas libias. Los agentes armados subieron entonces a los migrantes a bordo, los golpearon salvajemente y los llevaron de vuelta al único lugar al que no querían ir: los centros de detención de Libia.

Eficaz y brutal, la captura en el mar y el internamiento en tierra de estos migrantes es celebrada por los políticos de la Unión Europea como parte de una exitosa asociación con Libia en sus esfuerzos de “rescate humanitario” a través del Mediterráneo. Sin embargo, para muchos, la verdadera intención de esta campaña conjunta no es tanto salvar a los migrantes de morir ahogados como impedir que lleguen a las costas europeas.

Desde que comenzó la crisis de acogida de migrantes en 2015 y cientos de miles de personas empezaron a cruzar el mar Mediterráneo, las autoridades europeas han confiado en los libios para frenar el flujo. La UE no solo equipó y formó a los guardacostas libios, sino que también presionó a la organización marítima de las Naciones Unidas para que reconociera una zona ampliada de búsqueda y rescate para que Libia pudieran tener un mayor alcance frente a sus costas. El resultado de esta colaboración ha sido un descenso vertiginoso del número de personas que alcanzan Europa de forma irregular: unos 20.000 migrantes llegaron en los primeros siete meses de este año, frente a los 70.000 del mismo periodo en 2016.

La primera vez que Mohaned Almustafa intentó migrar a Europa desde su natal Sudán llegó a ver de cerca la playa de Malta. Después de tres días en el mar, su balsa se acercaba por fin a las costas europeas. Pero, antes de que pudieran desembarcar, los migrantes fueron capturados por la guardia costera de Libia y llevados a centros de detención donde “las milicias abrieron fuego indiscriminado contra los detenidos”, asegura Almustafa. “Vi cómo mataban a otros dos prisioneros delante de mis ojos. Incluso nuestras ropas y cuerpos estaban manchados con su sangre. Sentí su sangre caliente goteando en mi cuerpo. Los milicianos nos dijeron que iban a matarnos y a arrojar nuestros cuerpos al mar, y que nadie nos buscaría. Y, como dijeron, nadie ha buscado a los muertos cuyos cuerpos fueron arrojados al mar”.

Este estudiante de Medicina tuvo que abandonar la Universidad de Nyala, en Darfur, tras ser detenido por la policía y por la agencia de inteligencia sudanesa bajo el régimen de Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Entonces decidió emigrar a Europa para terminar sus estudios. Pero los guardacostas libios truncaron sus planes. “Empezaron a golpearnos con palos e incluso sacaron sus armas, pero por suerte estábamos en territorio maltés, así que no pudieron dispararnos. Siguieron golpeándonos durante un rato hasta que alguien de nuestro lado cayó al agua y murió”, dice Almustafa, que en junio fue rescatado por un barco de Médicos Sin Fronteras en su segundo intento de buscar una vida mejor al otro lado del Mediterráneo.

A bordo de ese barco de Médicos sin Fronteras, otros migrantes compartieron sus historias: testimonios de torturas, palizas y extorsiones a manos de la guardia costera libia.

Pero, sin el apoyo del reconocimiento aéreo de Frontex, los guardacostas libios estarían buscando con los ojos cerrados. Frontex lleva mucho tiempo negando la cooperación directa con Libia, un Estado fallido dirigido en gran parte por milicias. Insiste en que su único objetivo es salvar vidas, y afirma que sólo alerta directamente a las autoridades libias de las embarcaciones de migrantes en caso de verdadera emergencia.

“El derecho internacional obliga a todos los buques a prestar asistencia a cualquier persona que se encuentre en peligro... [Frontex] nunca ha cooperado directamente con las autoridades libias”, ha señalado un portavoz de la agencia de fronteras a The Outlaw Ocean Project, organización periodística sin ánimo de lucro con sede en Washington.

Cada vez hay más pruebas que demuestran lo contrario.

20 casos documentados

El año pasado, por ejemplo, Lighthouse Reports, una organización de vigilancia en Europa, documentó 20 casos en los que las aeronaves de Frontex se encontraban en las proximidades de embarcaciones de migrantes que posteriormente fueron capturadas por los guardacostas libios, como publicó elDiario.es. En una docena de esos casos, Lighthouse determinó que Frontex fue la primera en identificar los botes, lo que significa que, en virtud del derecho internacional, estaba obligada a notificar no sólo a los guardacostas libios, sino a la embarcación más cercana -gubernamental o comercial- para que rápidamente se pudiera llevar a cabo un rescate.

“Se puede distinguir un patrón claro”, afirman los investigadores de Lighthouse. “Se localizan embarcaciones en peligro, se producen comunicaciones entre los agentes europeos y la guardia costera libia. No se avisa a los barcos comerciales cercanos ni a los de las ONG, a pesar de su proximidad a situaciones urgentes en las que las embarcaciones están en peligro en mar abierto”. Aunque las cifras reales podrían ser muy superiores, esta muestra representativa demostró que Frontex estuvo presente y vigilando mientras al menos 91 personas desaparecían, y se presume que se ahogaron“.

Ese mismo año, The Guardian, en colaboración con Lighthouse, publicó la conversación real grabada entre un avión de vigilancia europeo y los guardacostas libios mientras éstos intentaban interceptar dos embarcaciones de migrantes. “Bien, señor, mi radar no es bueno, no es bueno, si se queda [sobre la embarcación] le seguiré”, dijo por radio al avión un capitán de la guardia costera libia. “Nos quedan aproximadamente cinco minutos en la estación”, apuntó el piloto del avión, mientras intentaba guiar a los guardacostas hacia las embarcaciones de migrantes. “Pasaremos por encima de la embarcación, el bote de goma, y encenderemos nuestras luces de aterrizaje”.

Hussein Baoumi, investigador de Amnistía Internacional sobre Libia, explica que no le sorprende que Frontex siga negando una relación formal con la guardia costera libia. “Quieren separarse de los aspectos más sucios de la contención de los migrantes”, mantiene Baoumi. “No importa. Están cooperando. Son directamente cómplices”.

La UE también ha negado haber financiado directamente el complejo de los centros de detención de migrantes en Libia, ha admitido sistemáticamente los abusos que se cometen en ellos y ha pedido mejoras. Sin embargo, hasta la fecha se ha resistido a los llamamientos para que ponga fin a su colaboración con Libia y tome medidas para rescatar a las personas atrapadas en las cárceles de migrantes del país.

Pero si la UE no financia la construcción de los centros de detención o el personal de sus guardias, el dinero europeo sí paga prácticamente todo lo demás en el sistema inhumano donde los migrantes son rutinariamente torturados, violados, retenidos ilegalmente y a veces asesinados. Una investigación de The Outlaw Ocean Project, que trabajó sobre el terreno en Trípoli, revela que Frontex pasa información de inteligencia al Gobierno italiano, que a su vez alerta a los guardacostas libios.

Uno de los migrantes devueltos, asesinado

La operación del 4 de febrero entregó a los migrantes de esa patera a la prisión más brutal de Libia, Al Mabani (“El edificio”, en árabe). Esta cárcel ha sido señalada en repetidas ocasiones como un lugar de extorsión rutinaria, violaciones y otros abusos. Aliou Candé era uno de los migrantes detectados por el dron de Frontex, devuelto a la costa libia. Había huido de Guinea Bissau por la crisis climática.

En un mensaje de audio al que ha tenido acceso The Outlaw Ocean, el migrante guineano, escondido en la cárcel de Al Mabani, pedía por última vez a su familia que enviara el rescate que necesitaba para ser liberado. Candé fue finalmente disparado y asesinado en este centro de detención. No se castigó a nadie por su muerte. Diplomáticos de la UE pidieron una investigación, pero luego guardaron silencio.

Las personas encerradas en esta prisión para migrantes nos hablaron de celdas tan abarrotadas que los detenidos tenían que dormir por turnos. Describían una sala especial en la que a veces se golpeaba a los migrantes mientras estaban colgados boca abajo de las vigas del techo.

Dónde va la financiación europea

A través de los drones y aviones de Frontex, la UE se encarga primero de detectar las embarcaciones y, a través de las autoridades italianas y maltesas, de entregar esta información a Libia. A continuación, los barcos adquiridos por la UE y operados por los guardacostas libios capturan a los migrantes y los devuelven a la costa.

La investigación de The Outlaw Ocean Project descubre que los fondos de la UE y de los Estados miembro, a veces canalizados a través de organizaciones de ayuda, financian la mayor parte de lo que ocurre después. Con ese dinero se compran los contenedores de transporte que sirven de oficinas portuarias para el personal de la guardia costera libia, y las tabletas electrónicas que utilizan los trabajadores humanitarios que realizan el recuento de los migrantes una vez que desembarcan en Trípoli.

Con este dinero se pagan muchos de los autobuses utilizados para transportar a los migrantes desde el puerto hasta los centros de detención. También las mantas, la ropa de invierno y las zapatillas que suelen recibir a su llegada. Los baños de algunos de los centros de detención, así como las duchas, los aseos, el jabón, los kits de higiene y el papel higiénico se han comprado con dinero de la UE. Lo mismo ocurre con los colchones donde duermen los migrantes detenidos.

El dinero de la UE ha financiado los todoterrenos que utilizan las autoridades migratorias libias para buscar a los migrantes si se escapan de la detención o cuando entran en Libia por el sur a través del desierto del Sahara. Cuando los migrantes detenidos enferman, a menudo las ambulancias que los llevan al hospital han sido compradas por la UE. Y cuando los migrantes mueren -al llegar a la orilla o durante la detención- el dinero de la UE suele costear las bolsas para los cadáveres y formar al personal libio en el manejo de los mismos de forma religiosamente respetuosa.

Gran parte de esta financiación es bien intencionada, e incluso salva vidas. Pero no se puede negar que la UE y sus Estados miembros sostienen financieramente el sistema por el que miles de migrantes son capturados y retenidos en condiciones espantosas en Libia.

Frontex, en el punto de mira

Y como Frontex es la punta de la lanza, cada vez se presta más atención al papel que desempeña y a la legalidad de su participación.

Una reciente investigación del Parlamento Europeo ha dado lugar a una lista de acusaciones contra la agencia. El informe concluyó que ha hecho la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por el personal de los guardacostas tanto de los países europeos como de los países asociados de África; que su propio sistema interno para recibir y actuar ante las denuncias de mala conducta era en sí mismo un fracaso; y que el director de la agencia, Fabrice Leggeri, no ha actuado ante cuatro años de advertencias lanzadas por el propio responsable del área de derechos humanos de su agencia.

En una entrevista concedida a The Outlaw Ocean Project a finales de octubre, un alto cargo de Frontex ha afirmado que Leggeri había participado en un juego calculado y poco sincero durante años. El director de la agencia pedía “pruebas” de mala conducta por parte de las agencias fronterizas de la UE como condición para empezar a actuar, mientras no se aseguraba de que se investigaran de forma contundente las denuncias de los posibles abusos, ha añadido la misma fuente.

El alto funcionario subrayó que ya no confiaban en que Frontex cumpliera con su obligación más esencial: asegurarse de que se respetaran los derechos de algunas de las personas más vulnerables del mundo. Según afirmó, las emociones furiosas y volátiles despertadas en Europa en relación con la cuestión de la aplicación de la migración habían erosionado la independencia de Frontex.

“No querían entender”

“La influencia de la política es un problema cuando se gestiona la cuestión de derechos humanos fundamentales”, ha dicho el funcionario. “Incluso si su participación en la devolución de migrantes a Libia es indirecta, Frontex puede estar violando la legislación de la UE”.

“No hay interés”, ha lamentado el funcionario sobre Leggeri y sus otros ayudantes de mayor rango: “No importaba lo que les dijeras. No querían entender”. Leggeri se negó a dar declaraciones en repetidas ocasiones.

Este año, varias personas migrantes han presentado dos casos históricos contra Frontex ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la principal autoridad judicial de la UE. El primer caso, presentado en mayo, afirma que Frontex lleva mucho tiempo actuando en contra de su obligación de denunciar y detener los abusos criminales contra los migrantes que buscan asilo en Europa. El caso alega que dos personas -un chico congoleño de 17 años llamado Jeancy Kmbenga y una mujer de Burundi que pidió permanecer en el anonimato- formaban parte de un grupo de 13 ciudadanos que fue acorralado por las autoridades griegas tras llegar a la isla griega de Lesbos. Dicen que fueron trasladados a la fuerza a un barco de la guardia costera y devueltos al mar antes de ser abandonados en un bote salvavidas, para acabar de nuevo en Turquía.

Las acusaciones en el segundo caso, presentado en octubre, son posiblemente aún más condenatorias para Frontex. El caso alega que una familia siria, con cuatro niños pequeños de entre uno y siete años, fue deportada de Grecia en 2016 sin que se le diera acceso a un procedimiento de asilo, y fue devuelta a Turquía en un vuelo organizado por Frontex, con los cuatro niños pequeños separados de sus padres, mientras el personal de Frontex miraba. La familia fue detenida al aterrizar en Turquía y ahora vive en el norte de Irak.

Estos casos llevan por primera vez a Frontex ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Derechos humanos y Frontex

En un informe publicado el pasado verano, Human Rights Watch hizo una detallada acusación sobre la actuación de Frontex, su cultura organizativa y su liderazgo. “Frontex ha fracasado repetidamente en la adopción de medidas efectivas cuando se le han presentado denuncias de violaciones de los derechos humanos”, recalca Eva Cossé, investigadora de Europa Occidental en Human Rights Watch. “Su rápido crecimiento hasta convertirse en una agencia ejecutiva de la UE, con mayores poderes, financiación y responsabilidades legales, hace aún más urgente que Frontex ponga en marcha herramientas eficaces para salvaguardar los derechos fundamentales”.

Creada en 2004, Frontex tiene ahora un presupuesto de más de 500 millones de euros y emplea a más de 1.400 personas, incluida una fuerza uniformada de unos 600 agentes. La agencia está dirigida por un consejo de administración formado por representantes de Estados miembros y de la Comisión Europea. En teoría, hay una serie de mecanismos por los que Frontex podría rendir cuentas, pero rara vez se ha enfrentado a una verdadera sanción. Obtener información básica de la agencia, incluso para un miembro del Parlamento Europeo, es difícil: “Tenemos verdaderos problemas con la falta de transparencia”, denuncia Tineke Strik, miembro holandés del Parlamento Europeo.

En su análisis sobre la historia del trabajo de Frontex, Human Rights Watch aduce que, según sus propios estatutos, la agencia tiene la facultad de suspender o poner fin a las operaciones de las agencias fronterizas de la UE que hayan cometido abusos contra los migrantes. Pero, en toda su historia nunca lo ha hecho, según Human Rights Watch.

En los últimos meses, se ha pedido la dimisión de Leggeri como director ejecutivo de Frontex en repetidas ocasiones. Recientemente, manifestantes se congregaron frente a las oficinas de Frontex en Bruselas para pedir la supresión de la agencia. En una carta dirigida a su personal, Leggeri, que trabajó en la aplicación de la ley de inmigración como miembro del Ministerio del Interior francés, calificó las protestas de “campaña de odio” y prometió emprender acciones legales.

En junio, Human Rights Watch envió a los máximos responsables de la agencia lo que, en su opinión, eran pruebas de faltas graves cometidas o pasadas por alto por Frontex en tres países europeos. Todavía no ha recibido respuesta. La organización acusó a Frontex de un cínico juego semántico al eludir su responsabilidad por los abusos cometidos tanto en el Mediterráneo como en el Mar Egeo.

“A lo largo de los años, Frontex se ha apoyado en su función de coordinación y en su falta de autoridad ejecutiva para eludir su responsabilidad en materia de derechos humanos”, escribió Human Rights Watch. “En diciembre de 2020, el director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, dijo al Parlamento Europeo que no había pruebas de la implicación de Frontex en los abusos en el Egeo y que sólo los Estados miembros tenían autoridad para tomar decisiones operativas, lo que implicaba que no se podía responsabilizar a Frontex.”

Frontex, bajo presión, ordenó una revisión interna de sus operaciones. Sus propios investigadores ofrecieron una crítica mordaz a los sistemas de la agencia para informar de los problemas en sus filas. Los investigadores afirmaron que la agencia tenía que reconocer sus fallos y recomendaron lo que equivalía a una revisión de la cultura de la agencia en lo que respecta a sus responsabilidades para identificar y actuar en relación con las violaciones de los derechos humanos. Sugirió que Frontex se encargara de grabar en vídeo el trabajo de aplicación de la ley realizado por los Estados miembros de la UE y lo conservara para su investigación.

En junio, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes que durante años había formado parte de una junta independiente de asesores de Frontex, se retiró del grupo. Arguyendo que se sentía ignorada y marginada, la organización, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados, dijo que había llegado a dudar del papel de Frontex en “una sociedad civil”.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude también abrió una investigación sobre Frontex para examinar las acusaciones de fraude, los casos de trato ilegal a los inmigrantes que se les devuelve y los problemas de acoso en el lugar de trabajo, pero las acusaciones concretas no se han hecho públicas. Tanto Frontex como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude confirmaron que se estaba llevando a cabo una investigación, pero no ofrecieron más detalles. “Están actuando con mucha cautela”, dijo Strik. “Pero hablé con ellos en agosto y esperan terminar en unos meses”.

El trabajo de Frontex con Libia, por supuesto, forma parte de un impulso europeo mucho más amplio y costoso para externalizar la aplicación de las leyes de inmigración a terceros países. La UE ha enviado miles de millones a países como Libia, Níger, Túnez y otros, aparentemente para ayudarles a mejorar las condiciones en sus países y así limitar la necesidad de que la gente huya. Sin embargo, decenas de millones de esos dólares se han destinado a endurecer la legislación en materia de inmigración y a dotar de poder a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en esos países.

En julio, Amnistía Internacional publicó su último y terrible informe sobre la situación de los migrantes en Libia. Señalaba que los guardacostas libios, a menudo alertados por Frontex de la existencia de migrantes que intentan llegar a Europa, se apresuran a interceptar las embarcaciones de los migrantes y a capturar a los que van a bordo, a veces disparando con armas de fuego a las balsas o botes, y en ocasiones haciéndolos zozobrar. En febrero, por ejemplo, los guardacostas dispararon contra una balsa, perforándola y haciendo que se hundiera. Cinco personas se ahogaron mientras los guardacostas filmaban con sus teléfonos móviles, según el documento.

Frontex es seguramente consciente de las preocupaciones que desde hace tiempo suscita la guardia costera libia a la que asiste regularmente. La guardia costera, que en realidad es una mezcla de autoridades portuarias locales, lleva años trabajando en concierto con las milicias del país, muchas de las cuales están implicadas en el tráfico de personas. De hecho, el jefe de la agencia gubernamental libia que supervisa la represión de los migrantes ha admitido abiertamente en una serie de entrevistas recientes que existe corrupción en las filas de la guardia costera.

El alto funcionario de Frontex que ha hablado con The Outlaw Ocean Project aseguró que habían dejado claro que hacer cualquier tipo de negocio con los guardacostas libios era impensable, en parte porque Europa “no tenía ni idea” de la integridad de los que decían pertenecer a estos equipos de vigilancia marítima. La situación era demasiado confusa y opaca en Libia, un país dividido que aún lucha por salir de años de guerra civil.

“Es imposible investigar quién es quién”, dijo.

*Este artículo se publica en colaboración con The Outlaw Ocean Project, una organización sin ánimo de lucro dedicada al periodismo de investigación sobre los crímenes que ocurren en los océanos.

Frontex no hace lo suficiente para que se respeten los derechos humanos en las fronteras europeas. Es más, Frontex, según el informe del grupo de trabajo del Parlamento Europeo presentado este jueves, mira a otro lado ante actuaciones de países como Hungría, Croacia o Grecia contrarias a los derechos fundamentales en relación con las personas migrantes. Aún más, Frontex, según los eurodiputados, se queda tan lejos de sus obligaciones que sigue teniendo vacantes una veintena de puestos de trabajo de supervisores de derechos humanos. Y eso que el informe se ha elaborado sin convocar a las sesiones de Bruselas a víctimas de las violaciones de derechos humanos denunciadas por investigaciones periodísticas y de organizaciones humanitarias: incluso la evaluación interna de la agencia demostró que había casos en los que había participado Frontex en los que no podía descartarse violaciones de derechos fundamentales.

Y, a pesar de eso, el informe, que ha contado con el apoyo general de los grupos en la comisión de Libertades Civiles, salvo The Left, no cita con nombres y apellidos al director de la agencia, cuya dimisión tampoco pide.

“El grupo no encontró pruebas concluyentes sobre la realización directa de devoluciones en caliente y / o expulsiones colectivas por parte de Frontex en los casos de incidentes graves”, dicen las conclusiones del informe: “ Sin embargo, la Agencia encontró pruebas que respaldan las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales en los Estados miembros con los que tenía una operación conjunta, pero no abordó ni dio seguimiento a estas violaciones de manera rápida, vigilante y eficaz. Como resultado, Frontex no evitó estas violaciones ni redujo el riesgo de futuras violaciones de los derechos fundamentales”.

El socialista español Javier Moreno ha afirmado que “el director de Frontex siente la presión”, a raíz del informe presentado. “Estas investigaciones tratan de corregir fallos del pasado y a encarrilar a Frontex. Una de nuestras principales prioridades debe ser siempre salvar vidas en el mar, pero los esfuerzos desordenados y descoordinados de búsqueda y rescate han puesto en peligro la vida de las personas. Por eso, el grupo de control recomienda que Frontex, la Comisión y los Estados miembros se coordinen mejor y trabajen mano a mano para responder a las necesidades de búsqueda y salvamento”.

“El informe encuentra enormes deficiencias en la capacidad de Frontex para cumplir con sus obligaciones de respetar los derechos fundamentales”, afirma Moreno: “La demora en la contratación de observadores de derechos fundamentales es claramente un obstáculo importante para el trabajo de la agencia para garantizar el cumplimiento. La mala gestión de Frontex en este ámbito es una preocupación considerable para nuestro grupo, especialmente cuando el director Leggeri tiene los ojos puestos en la expansión del personal en otras partes de la organización”.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Sira Rego, miembro también del grupo de escrutinio a Frontex, ha sido más crítica con las conclusiones del informe, que considera insuficiente. “No es extraño que el informe diga que no se han encontrado pruebas sobre la participación de Frontex en devoluciones en caliente: PPE, Renew y la extrema derecha no han permitido la comparecencia de víctimas de la actuación de Frontex en las fronteras y de las ONG que trabajan en el terreno. Los testimonios de los campos de detención griegos que visitamos la semana pasada no dejan dudas de que Frontex hace devoluciones en caliente y vulnera los derechos humanos”. 

“El informe es crítico con Leggeri, pero ni siquiera le nombra”, destaca Rego: “Leggeri debe dimitir hoy. Es la única recomendación posible en estos momentos. Pero la dimisión de Leggeri no es suficiente. Hay un reconocimiento implícito de que Frontex vulnera los derechos humanos en nuestras fronteras y una Agencia de la UE que hace eso no puede seguir funcionando así. En cualquier caso, no se trata de pedirle a Frontex que se porte mejor. Frontex es una herramienta de las políticas migratorias de la UE. Es esto lo que debe cambiar, porque nuestras fronteras se han convertido en una zona de suspensión de los derechos humanos y del derecho a asilo. La única posición común sobre asilo que tiene la UE es el bloqueo. El bloqueo de cientos de miles de personas en campos de detención donde son maltratados a diario”.

La presidenta del grupo de trabajo, la popular maltesa Roberta Metsola, ha reconocido: “No es un informe perfecto, no hemos podido examinar todos los aspectos, que tienen que ver con aspectos delicados sobre denuncias de violaciones de derechos fundamentales. El grupo no ha encontrado pruebas concretas de que se haya participado en devoluciones, pero sí de que Frontex debería haber actuado ante denuncias de violaciones de derechos. Tiene que haber garantía de protección de fronteras con respeto de derechos fundamentales. Hay que ser muy escrupulosos con estas personas”.

La ponente del informe, la verde alemana Tineke Stirk, ha afirmado que desde hace años hay “denuncias de violaciones de derechos humanos, que van al alza, y el reglamento establece la obligación de Frontex en relación con el respeto de los derechos humanos. Una de las conclusiones del grupo de trabajo es que no ha protegido los derechos fundamentales, no ha prevenido este tipo de irregularidades”.

Stirk ha reconocido que “no se han podido investigar las alegaciones, pero sí cómo ha reaccionado Frontex ante casos concretos. No ha habido pruebas de lo que ha hecho Frontex directamente en los casos de devoluciones en caliente, pero sí se han encontrado indicios de violaciones en Estados miembros en los que no hizo nada al respecto. Se fió de las negativas griegas, por ejemplo. No es suficiente ni mucho menos. La situación de los derechos fundamentales no se ha tenido suficientemente en cuenta”.

Patryk Tomasz Jaki, polaco del ECR, el grupo de Vox, ha defendido el papel de Frontex en la sala: “Se usan muchos pretextos para denigrar y abolir la organización. No hay pruebas de que Frontex o su director hayan participado en acciones dudosas. Se habla poco de que Frontex cada vez funciona y trabaja mejor. Trabajan para la seguridad de la UE. Frontex es una organización necesaria y el director necesita más apoyo”.