“Constanza conoce mis costumbres, mis preferencias a la hora de comer, mis dolencias, mis alegrías, mis cuitas. En nuestra intimidad, Constanza me modela, me posee más y más, añade nuestro día a su vasta sabiduría sobre mí”. Así describe el físico teórico José Ignacio Latorre (Barcelona, 1959), director del Center for Quantum Technologies en Singapur, a su asistente de inteligencia artificial (IA). Ella es una de las protagonistas de su nuevo libro, Un nuevo contrato social (Ed. Rosamerón), un ensayo científico con reflexiones humanistas.

“Al principio del libro explico cómo me ayuda, todo lo que hace, y le voy atribuyendo las funciones que tendrá en un futuro a medida que pasan los capítulos”, cuenta en una conversación con elDiario.es durante una de sus visitas a España, donde regresa varias veces al año para ver a su familia.

El título de su nuevo ensayo hace referencia a la necesidad de reformular el contrato propuesto por Jean-Jacques Rousseau en 1762 para convivir en paz y de forma ética. “Sirvió para empezar a estructurar nuestra sociedad, pero lo ha hecho de forma insuficiente. La especie humana ha evolucionado, ahora somos muchos más; y hay máquinas muy potentes, que en su época no existían. También hemos empezado a dañar de verdad el planeta, porque en su época apenas había contaminación”, explica el también autor de Cuántica y Ética para máquinas.

No solo debemos considerar la inclusión de la IA en nuestro nuevo pacto social, sino también la naturaleza como un sujeto con derechos

El nuevo libro del físico y excatedrático de la Universidad de Barcelona parte de una premisa: cuando cambian los sujetos del mundo, debe cambiar el contrato. La irrupción de la inteligencia artificial en el siglo XXI supone una gran disrupción, pero también la toma de conciencia sobre la necesidad de cuidar el entorno. En ese sentido, subraya, “el contrato de Rousseau es obsoleto porque hay otros personajes”.

“No solo debemos considerar la inclusión de la IA en nuestro nuevo pacto social, sino también la naturaleza como un sujeto con derechos”. Su propuesta se articula en tres partes: un contrato civil, un contrato natural y un contrato inteligente. Dejar fuera del nuevo pacto a las máquinas o la naturaleza desembocará, advierte, en un “estrepitoso fracaso”.

Para este referente internacional en computación cuántica e inteligencia artificial, urge la redacción del nuevo pacto social a tres bandas por muchos motivos. Uno de los más inquietantes es el creciente “desencanto con la democracia”, un sentimiento que está favoreciendo el auge de opciones populistas. “Estamos viendo cómo se puede saltar de la extrema izquierda a la extrema derecha, sin ningún problema, porque en realidad no se vota contra un partido en concreto, sino contra un sistema de gobernanza que no responde a sus necesidades”, sostiene el experto.

Con todo, se muestra optimista al considerar que esta inteligencia no humana puede ayudar a construir una sociedad mejor, con menos corrupción y menos burocracia asfixiante: “Puede formar parte de las comisiones dedicadas a los concursos públicos, junto a humanos expertos, como garante de neutralidad. No cabe duda: la corrupción pasará a ser un mal del pasado cuando una IA bien entrenada tome el control de la administración. Y también permitirá una ventanilla única, cruzando diferentes datos, aunque todo esto debe hacerse de manera progresiva, paso a paso, de manera que se puedan revertir errores que seguro se producirán”.

Quedarse atrás

Mientras la humanidad avanza muy lentamente, la tecnología da pasos agigantados. Latorre diferencia en su libro tres niveles actuales de inteligencia artificial moderada. “La generativa, que genera contenidos como textos, vídeos o fotos a base de instrucciones o ‘prompts’; la agentiva, que ya es proactiva y realiza acciones por ti; y la razonante, la que se dota de bucles de pensamiento”.

¿Qué va a pasar con las personas que tienen una edad intermedia, cuyo trabajo no es manual, sino intelectual? Pues que, si no se suben al carro y trabajan con la IA, se convertirán en un cero a la izquierda

Después de la moderada, llegará la inteligencia artificial general, que superará a los humanos en todas sus capacidades, “algo que, honestamente, pensaba que llegaría en 2050 y ahora creo que podría suceder en tres años”, apunta. “En ese momento, la inteligencia artificial empezará a mejorarse a sí misma y llegará la superinteligencia artificial”, explica Latorre, quien advierte de los peligros de quedarse atrás.

“¿Qué va a pasar con las personas que tienen una edad intermedia, cuarenta y pico años, cuyo trabajo no es manual, sino intelectual? Pues esas personas —continúa el experto—, si no se suben al carro y trabajan con la IA, se convertirán en un cero a la izquierda”.

En el libro avanza una “lista negra” de profesiones destinadas a desaparecer, en un contexto en el que surgirán nuevos oficios sobre la marcha. “Toda disrupción produce este tipo de problemas. Cuando llegó la Revolución Industrial, las personas mayores se quedaron fuera, los jóvenes fueron explotados, los ríos se contaminaron y las ciudades se llenaron de polución. Se hizo una transición tan rápida que todo fueron errores”, asegura.

Latorre apunta que generación vivirá algo similar con la transición a la inteligencia artificial general. “No tanto los jóvenes, que se adaptan con facilidad”, advierte Latorre, quien considera inútil intentar competir con esta tecnología. Se trata, dice, de “aprovecharla como humanos para aumentarse mutuamente”.

Un tasa para pagar pensiones

Si no hay puestos de trabajo para todos, plantea en el libro, la inteligencia artificial debería contribuir a la sostenibilidad humana del sistema. En otras palabras, pagar las pensiones. Porque la IA, tras la firma del nuevo contrato social, tendrá derechos y obligaciones.

En este sentido, propone un modelo en el que los beneficios derivados de la automatización se repartan en tres partes: un tercio destinado al fondo de pensiones, otro a la mejora de los propios sistemas de IA y el resto como beneficio empresarial puro. “Eso hace sostenible tanto el tránsito al futuro para los humanos, como para las máquinas que se mantienen mejoradas. Porque ir afinando la IA será caro, muy caro”.

Ese es, precisamente, otro de los retos del futuro inmediato: hacer accesible la IA a toda la sociedad. Porque ahora mismo no está al alcance de todo el mundo y, previsiblemente, vaticina, “no lo va a estar nunca y la división en la sociedad se acentuará”. La intervención de algún organismo supraestatal para garantizar el acceso a esta tecnología se antoja clave, si bien Latorre se muestra escéptico.

“Las directrices de la Unión Europea en materia de IA no son más que un manual de buenas prácticas. Se han dado los primeros pasos para legislar la entrada de la IA en nuestra sociedad, pero es insuficiente. En mi opinión, tenemos que empezar a nivel de país. Ya estuve en un Consejo Asesor de inteligencia artificial del Ministerio [de Asuntos Económicos y Transformación Digital] y ya vi lo que pasaba: se elevaban nuestras ideas y entraban en un saco gigante en Europa”.

Corporaciones y ética

Tampoco ayudan, añade, los intereses puramente económicos de los tecno-oligarcas, si bien prefiere no meter a todas las grandes corporaciones tecnológicas en el mismo saco. Tampoco a sus profesionales. “Google, por ejemplo, es mucho más decente que otras. Y Anthropic se negó a participar en la creación de armas autónomas para el ejército de EEUU. Existe una gradación. Y nadie lo dice —continúa Latorre—, pero Musk se ha quedado sin ingenieros de alto nivel. Se han ido todos. Y cuando te quedas solo con profesionales de segunda fila, no eres nadie. Realmente, se está produciendo una fuga de cerebros de EEUU, principalmente por un tema de conciencia y ética. Yo ya he contratado a tres, en cuestión de meses”.

A pesar de las incertidumbres que genera la inteligencia artificial, y volviendo al nuevo contrato social que propone su ensayo, Latorre sostiene que todavía estamos a tiempo de pulir los grandes errores del pasado y alcanzar un nivel de gobierno ético, transparente y sostenible con la ayuda de la tecnología más avanzada. “Legislemos a favor del fin, no en contra del instrumento”, apostilla.

En las salas de reunión del Ayuntamiento de Tivissa (Tarragona) el pasado jueves compartieron mesa arquitectos, ingenieros y concejales con un joven equipo de futuras promesas de la geología europea. Se volcaron sobre mapas y gráficos que hasta entonces les parecían indescifrables. Todo con un fin muy claro; estar preparados para un futuro terremoto. Nadie sabe cuándo llegará, pero sí saben que es inevitable que suceda. La cuestión es evitar daños catastróficos.

Tivissa es un pueblo situado muy cerca de dos fallas sísmicas activas, las de Burgar y del Camp de Tarragona. Pero la actividad de las placas en este punto concreto del mapa comporta un riesgo añadido. A pocas decenas de kilómetros de su núcleo se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, así como la presa de Riudecanyes.

La zona ya ha sufrido grandes terremotos; el último fue en 1845, mucho antes de la inauguración de las plantas energéticas. En aquella ocasión, el sismo fue de 5,1 en la escala Richter, una intensidad muy parecida al del mayor que ha sufrido España en lo que va de siglo. El paralelismo se encuentra en Lorca, donde en 2011 un terremoto de 5,5 dejó nueve muertos y más de trescientos heridos. Las consecuencias, de haber tenido dos centrales nucleares cerca, habrían sido mucho peores.

Al contrario de lo que podría parecer, que hayan pasado casi dos siglos desde el último gran sismo en Tivissa no es señal de que el peligro haya pasado; al contrario. “Cuanto más pasa del último, más cerca estamos del siguiente”, asegura María Ortuño, geóloga, profesora de la UB y miembro de RISKNAT, un grupo de investigación catalán que estos días está colaborando con un proyecto europeo que forma a futuros especialistas en prevención de riesgos ante desastres naturales. Para ello, el equipo está visitando diversas zonas críticas y Tivissa ha sido una de las escogidas. 

El proyecto TREADS está pensado para formar profesionales en la prevención de riesgos, un campo en el que España “está muy poco preparada”, apunta Ortuño. “Tenemos la gran suerte de no haber tenido terremotos recientes que hayan causado grandes daños”, expone la especialista, pero también añade que no hay que dejarse engañar por esta calma.

En la península Ibérica hay terremotos de gran magnitud —de 6 o más en la escala Richter—, una vez cada siglo, aproximadamente. El último de estas características se registró en Andalucía en 1884. Desde entonces, el territorio se encuentra en una anomalía porque no se ha vuelto a repetir. Por eso, Ortuño insiste en que “hay que ponerse las pilas”.

Los expertos de RISKNAT aseguran que la formación y la prevención son esenciales. Tanto, que apuntan que el terremoto de Lorca podría haber reducido exponencialmente la mortalidad si se hubiera preparado mejor a la población. “Invirtiendo unas pocas horas al año en recordar a la gente qué hacer en caso de terremoto, se podría haber salvado mucha gente”, explica Ortuño, quien estima que seis de las nueve víctimas mortales de Lorca se podrían haber evitado.

Las fallas activas y las centrales nucleares

Vandellós y Ascó se construyeron en 1967 y 1971 respectivamente, antes de que se tuviera constancia de la existencia de las fallas que pasan por sus cercanías. No fue hasta el desastre de la central japonesa de Fukushima en 2011, causado por un terremoto y el tsunami consecuente, que se empezaron a buscar riesgos sísmicos cerca de estas infraestructuras.

La central nuclear de Vandellós está a menos de 200 metros de la falla del Camp, una falla activa que puede producir sismos de hasta magnitud 6,5. Por otra parte, Ascó está en un terreno inundable del río Ebro, lo que supone un riesgo añadido en caso de sismo por la fluidificación del terreno —efecto que se da cuando una zona altamente saturada de agua actúa como líquido en reacción a un esfuerzo sísmico—.

Aun así, estos casos no son los únicos de centrales nucleares cerca de fallas activas. También en Japón, donde los sismos son usuales y cuentan con una amplia experiencia en prevención de riesgos, se encuentran las centrales de Kashiwazaki-Kariwa y Hamaoka, que tuvieron que hacer varias pausas en su funcionamiento para mejorar las infraestructuras, con esta última sumando más de 14 años sin operar.  

Para llegar a la prevención de Japón hace falta primero conocer el riesgo que hay. “El sísmico se basa en tres factores: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad”, explica Marc Ollé, investigador predoctoral en la UB y miembro de RISKNAT.

“La geología sirve para entender el fenómeno que genera un peligro para la sociedad”, explica Ollé. Los geólogos usan diversos métodos para estudiar el peligro de una zona, desde experimentos para ver las propiedades de la roca y el comportamiento de las fallas hasta modelos numéricos con la probabilidad de ocurrencia de terremotos futuros. “Estudiamos dónde hay fallas, cómo se comportan y, en caso de estar activas, qué efectos generarían”, apunta el geólogo. Con todo, aunque no es factible predecir cuándo va a producirse un sismo, sí se puede prevenir dónde va a ser y cómo.

Una vez detectada la peligrosidad, la responsabilidad recae en las normativas urbanísticas y arquitectónicas. En especial son las infraestructuras críticas, como hospitales, escuelas o industrias peligrosas, en las que debería haber un mayor cuidado para asegurar la resistencia a sismos. Pero la realidad es que, aunque exista una normativa, “siempre que puede, el cliente intenta economizar la construcción”, según apunta la arquitecta Laura Pallisé.

Es por eso que, ante este escenario, en el que hay infraestructuras críticas construidas sobre fallas y elementos arquitectónicos que no están totalmente adaptados, la formación de la población se convierte en el principal factor para reducir riesgos. 

Algunos consejos que la especialista deja en caso de terremoto son: “No salir, a no ser que sea una construcción muy bajita, ya que esos edificios raramente se derrumban. Incluso si colapsa, hay sitios seguros, triángulos de la vida, en cada sala”. También añade la importancia de tener planes familiares en caso de sismo que incluyan un punto de reunión en caso de caída de las comunicaciones y una repartición de las responsabilidades respecto a las personas dependientes.

Por parte del Ayuntamiento de Tivissa, el regidor Eduard Cavallé encargado de los servicios territoriales del municipio, asegura que se pondrán las pilas. “Hace poco aprobamos el documento de protección civil municipal”, explica, “hay que informar a la gente, pero sin alarmar a nadie”.

El Comité de Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) ha reprochado al catedrático de Ciencia Política y exvicerrector de la universidad, Jordi Matas, que difundiera en un acto público el nombre y apellido de la estudiante que lo denunció por acoso sexual en 2017.

En un comunicado emitido el miércoles, el Comité recuerda a Matas y a los profesores de su entorno (sin citarlos) que su conducta “vulnera gravemente” el protocolo de la universidad contra el acoso sexual y les recuerda el deber de mantener el anonimato de los denunciantes así como de las personas que las acompañan o apoyan, tanto durante como después del procedimiento.

“Este compromiso es vinculante y su incumplimiento puede derivar en actuaciones disciplinarias”, recuerda el comunicado remitido a toda la plantilla y revisado por elDiario.es.

Una alumna a la que iba a tutorizar el trabajo de final de grado denunció a Matas por acoso sexual ante la UB en marzo de 2017. La estudiante aseguró que el catedrático le mandaba mensajes subidos de tono y que, entre otros aspectos, le había confesado en su despacho que había tenido dos sueños eróticos con ella.

El caso fue archivado por una comisión formada por tres hombres. El rector del momento, Joan Elías, publicó una resolución que le eximía de cualquier responsabilidad y concluía que el comportamiento de Matas “había podido ser contraria a los valores éticos y deontológicos exigibles” al profesorado de la UB.

Una investigación de elDiario.es, publicada en diciembre de 2023, reveló los cientos de mensajes que Matas había intercambiado con esta alumna así como los seguimientos que el docente llevó a cabo a la estudiante cuando ella decidió cortar el contacto con él.

La publicación del reportaje generó una ola de protestas en la universidad que le forzó a renunciar a su puesto de vicerrector y a diversos cargos en otros organismos públicos. Actualmente ejerce de coordinador del Plan de dinamización lingüística de la UB.

Matas demandó pocos meses después tanto a elDiario.es como a la alumna que había relatado su experiencia en el reportaje. El juez, sin embargo, avaló la investigación de este periódico porque transmitía “información contrastada” sustentada en “hechos documentados” y entrevistas “a varios testigos”. El fallo le impuso el pago de las costas del proceso y Matas recurrió la sentencia (todavía no hay fallo de la Audiencia Provincial al respecto).

Desde el pasado verano, tanto Matas como su entorno han difundido de manera reiterada el nombre de esta estudiante en actos de la universidad así como en un evento público celebrado el pasado julio en apoyo al catedrático. Matas y un grupo de docentes que lo apoyan consideran que el profesor fue “víctima de una campaña difamatoria” y llevan meses pidiendo al rector de la UB, Joan Guàrdia, la restitución del politólogo como vicerrector.

Tanto en ese acto como en una entrevista posterior, Matas ha cargado contra elDiario.es y ha acusado al antiguo rector, Joan Elías, de filtrar su caso a los medios para perjudicarle a él y al independentismo. Los ataques del catedrático y algunos profesores afines también se han dirigido contra la estudiante que lo denunció así como contra el profesor de Economía que la atendió en un primer momento y le recomendó presentar una queja formal.

El Comité de Empresa también apoya en su comunicado a este docente, al que Matas ha acusado en diversas ocasiones de simpatizar con la ultraderecha y de haber apoyado a la estudiante solo para perjudicar al catedrático. El texto destaca que este profesor “cumplió con su deber preceptivo” de acompañar a personas que podrían haber sufrido acoso.

El mediodía del 13 de marzo de 1970, el legendario cantante Ramón Pelegero Sanchis, más conocido por su nombre artístico Raimon, ofreció un concierto en la facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Con canciones cargadas de mensajes políticos en oposición al régimen franquista, el cantante valenciano reunió a unas 5.000 personas en el vestíbulo del edificio, en apoyo a los trabajadores de AEG Telefunken de Terrassa, despedidos tras una de las huelgas más importantes de la época.

Este concierto se convirtió en uno de los actos más significativos de la facultad durante los últimos años del franquismo, una etapa en la que el movimiento estudiantil estaba especialmente activo en términos de movilización y compromiso político. La exposición 'Derecho a la resistencia. Una facultad comprometida con la democracia' en la Universitat de Barcelona, disponible hasta el 29 de mayo, rememora los episodios más relevantes de la Facultad de Derecho entre 1970 y 1976.

Durante esta última etapa de la dictadura, la Facultad de Derecho fue escenario de distintas asambleas políticas y actos culturales. Todo ello a pesar del vacío de poder en la institución, que entonces carecía de decano debido a las restricciones impuestas por el régimen.

Otro día histórico fue el 3 de febrero de 1976, cuando más de 4.000 personas asistieron a una asamblea multitudinaria a favor de la amnistía de los presos políticos, con Arias Navarro aún al frente del régimen. Según la comisaria de la muestra, Rosa Ana Alija, esta fecha sirve como eje de la exposición.

Aunque la asamblea era estudiantil, también participaron personas ajenas al alumnado. Se celebró dos días después de la multitudinaria manifestación del 1 de febrero, que se replicaría el día 8, terminando con disturbios. Estas protestas allanaron el terreno para que, un año y medio más tarde, se aprobara la Ley de Amnistía.

Cinco años sin decano como resistencia

Coincidiendo con esta asamblea, Manuel Jiménez de Parga –exministro de Trabajo del Gobierno de Adolfo Suárez y expresidente del Tribunal Constitucional–, tomó posesión como decano tras cinco años sin un titular oficialmente reconocido. A diferencia de lo habitual, el acto se celebró en el aula magna de la facultad y no en el rectorado. “Se quiso subrayar así la excepcionalidad de la situación”, apunta Alija.

Jiménez de Parga había sido elegido por la Junta de la Facultad en 1970, pero el régimen no ratificó el nombramiento por considerarlo un perfil “incómodo”, entre otras razones “por su vinculación con la defensa de los presos políticos”, señala la comisaria. Esto abrió un periodo de excepcionalidad institucional, que incluso derivó en el cierre temporal de la facultad en 1972, ya que ningún catedrático quería asumir un cargo ratificado por el franquismo.

Ante esta situación, el Gobierno franquista solicitó una terna, es decir, tres candidatos propuestos a la Junta de la Facultad. La particularidad fue que, por primera vez en la historia de España, los estudiantes participaron en la elección de los aspirantes. Sin embargo, el Ministerio tampoco aceptó la propuesta, y la situación permaneció en el limbo hasta la toma de posesión de De Parga en 1976, tras la asamblea proamnistía.

Movimiento estudiantil, actos culturales y prensa

Paralelamente al conflicto institucional, la Facultad vivió una intensa actividad política estudiantil iniciada a finales de los años sesenta, con la capuchinada como punto de inflexión, donde se creó el Sindicato Democrático de Estudiantes. De hecho, el nivel de movilización del alumnado fue uno de los motivos por los que el régimen trasladó la facultad de Derecho desde el centro de la ciudad hacia la Diagonal, tras los Hechos del Paraninfo en 1957.

Las asambleas y actos políticos eran frecuentes, a pesar de la represión franquista. En ocasiones, las fuerzas del orden entraban en el recinto. Varios estudiantes fueron detenidos y encarcelados por su participación en protestas.

Uno de los actos culturales más característicos eran los llamados “juicios bufos”, espectáculos satíricos en los que los estudiantes criticaban tanto la vida académica como la situación política. Celebrados anualmente por los alumnos de los últimos cursos, podían tener un tono “muy mordaz” contra el régimen, convirtiéndose en uno de los pocos eventos públicos donde se podía criticar al franquismo, aunque de forma más o menos sutil, resalta Alija.

No obstante, en 1971, se prohibió uno de esos actos y unos 4.000 estudiantes protestaron en el interior de la facultad y a lo largo de la Diagonal, protesta que acabaría disuelta por la policía.

Tras la aprobación de la Ley de Prensa de 1966, aumentó, aunque de forma limitada, la pluralidad ideológica en la actividad editorial estudiantil, con boletines y publicaciones de distintas tendencias, muchos de ellos anónimos. 

Otro de los caballos de batalla de los estudiantes fue el acceso a la universidad para personas de clases populares. Las pruebas de acceso eran consideradas elitistas, ya que requerían conocimientos de idiomas modernos como inglés, alemán o francés, que solo estaban al alcance de familias de clase alta. En 1974, la Junta de la Facultad decidió por unanimidad oponerse a la realización de estas pruebas para estudiar Derecho.

Esta última etapa del franquismo, sin embargo, no fue especialmente violenta dentro de la facultad en comparación con otras anteriores, explica Alija. Durante estos años, el régimen promovió iniciativas aperturistas como la Ley de Asociaciones Políticas, la Ley de Huelga y una mayor tolerancia informativa en los medios de comunicación, modificando la Ley de Prensa de 1966, en un intento de mejorar su imagen ante la comunidad internacional. 

Sin embargo, la represión seguía siendo evidente en muchos ámbitos y la sociedad estaba cada vez más concienciada de ello. “Antes de preparar la exposición, nos dimos cuenta de que en esa época había una gran demanda de democracia desde la facultad, mucho más exigente que los años anteriores”, concluye Alija.

La Fiscalía de Barcelona ha encomendado a la unidad central de agresiones sexuales y a las unidades de los Mossos d'Esquadra especializadas en sectas y en agresiones sexuales la investigación de la denuncia del rector de la Universitat de Barcelona (UB) contra el grupo CREA del catedrático Ramón Flecha.

Las pesquisas van a cargo de la nueva sección de la Fiscalía especializada de delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes, así como otros colectivos vulnerables y perfiles delictivos complejos, según ha informado el Ministerio Público en un comunicado.

La Fiscalía ha encargado la investigación a un equipo conjunto policial de Mossos d'Esquadra especializado, la unidad central de agresiones sexuales, y al área central de análisis y elaboración de inteligencia de la comisaría general de información. Se trata de unidades “con experiencia en delitos contra la libertad sexual y en el análisis de dinámicas de control coercitivo y estructuras grupales cerradas”, enfatiza el Ministerio Público.

El pasado 22 de diciembre, la UB anunció que su informe interno había detectado hechos “muy graves” que podrían ser constitutivos “de conductas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias” y que eso encajaría con la existencia de un “grupo coercitivo de alto control”. Un día después, el CREA comunicó su disolución.

Conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, o prácticas vejatorias e intimidatorias son algunos los hechos relatados por personas que formaron parte del CREA, tal y como informó elDiario.es en una investigación conjunta con RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre.

El informe de la UB dio credibilidad a las denunciantes y consideró el CREA como un “grupo coercitivo de alto control”, con Flecha a la cabeza. El CREA fue creado en 1991 por Flecha como un centro de investigación del ámbito de la educación y posteriormente se especializó también en violencia sexual.

Además de apartar temporalmente a Flecha de sus funciones, la UB ha suspendido de su trabajo a otros dos docentes de la cúpula de CREA y ha retirado los honores a otro catedrático vinculado al grupo.

Las denunciantes han manifestado en un comunicado su “satisfacción y confianza” en el inicio del proceso, que consideran que supone un aval a la “credibilidad” de sus relatos y a la gravedad de los hechos. Así lo han expresado las 16 personas que denunciaron el caso en la UB a través de un mensaje difundido por sus abogadas, Eva Pérez Nanclares y Violeta Assiego. 

“Poder relatar los hechos tal y como ocurrieron y comprobar que profesionales especializados, tanto en el ámbito universitario como judicial, reconocen su gravedad y los consideran merecedores de investigación, tiene un efecto positivo en la toma de conciencia y reparación”, celebran. 

Con todo, asumen que el avance de la investigación puede reactivar el hostigamiento y la intimidación que lamentan que sufren por parte tanto de Flecha como de otros académicos del grupo. Aun así, confían en el trabajo de la Fiscalía. “Es el momento de acabar con la impunidad de décadas”, sentencian.

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha comenzado a investigar la denuncia que la Universitat de Barcelona (UB) presentó el 22 de diciembre contra el catedrático Ramón Flecha y su grupo de investigación CREA. Según ha podido saber elDiario.es, la Fiscalía admite a trámite la denuncia e inicia una investigación para decidir si lleva el caso ante un juzgado y, en ese caso, con qué cargos.

El 22 de diciembre, la UB anunciaba que su informe interno había detectado hechos “muy graves” que podrían ser constitutivos “de conductas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias” y que eso encajaría con la existencia de un “grupo coercitivo de alto control”. Aunque el centro no ha concluido todavía su investigación interna, decidía elevar su primer informe a la Fiscalía como medida cautelar. Un día después, el CREA anunciaba su disolución.

Fuentes de la Fiscalía de Barcelona confirman que las diligencias de investigación se llevarán a cabo por la nueva sección que se encagará de los casos de violencia sexual así como de violencia a la infancia y la adolescencia.

Ademas de la denuncia ante la Fiscalía, la UB apartaba a otros tres profesores vinculados al grupo CREA. Ramón Flecha ya fue suspendido como catedrático emérito el pasado julio, después de que una investigación de elDiario.es junto con RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre desvelara el testimonio de varias subordinadas que señalaban que Flecha las coaccionaba para tener sexo, darle masajes o hacerle tareas domésticas mientras sus carreras profesionales dependían de él. Fue entonces cuando la Universitat de Barcelona inició una investigación interna.

Como parte de las medidas cautelares, la UB también ha congelado los méritos académicos y profesionales que están bajo sospecha por la investigación al grupo CREA para que, de momento, no se tengan en cuenta en los procesos de selección del profesorado. Incluyen también medidas de acompañamiento psicológico para todas las afectadas del centro, así como el traslado de la información del caso a otras universidades donde el grupo de investigación tiene presencia.

El informe que la UB presentó a la Fiscalía cuenta con el testimonio de 16 personas e incluye una evaluación pericial psicológica de la fiabilidad de los testimonios.

El grupo académico Community on Research on Excellence for All (CREA), fundado por el catedrático investigado Ramón Flecha, ha anunciado el fin de su actividad tras enviar la Universitat de Barcelona (UB) el caso a la Fiscalía. La institución halló indicios de que funcionaba como un “grupo coercitivo de alto control” después de recabar el testimonio de hasta 11 denunciantes en una comisión de investigación. 

El CREA ha comunicado la decisión un día después de que se conocieran las medidas cautelares adoptadas por la universidad ante el informe preliminar del comité que investiga a Flecha y a los responsables de su grupo académico. El expediente interno lo abrió el campus al conocerse los testimonios destapados por elDiario.es –junto con RTVE, Ràdio 4 e Infolibre– de varias académicas subordinadas de Flecha que le acusaban de pedirles masajes, sexo o tareas domésticas. 

Además de apartar temporalmente entonces a Flecha de sus funciones, este lunes la UB dio a conocer que suspendía de su trabajo a otros dos docentes de la cúpula de CREA y retiraba los honores a otro catedrático vinculado al grupo. Además, constataba que el relato de 11 denunciantes –a las que se han sumado otras cinco– podría incluir conductas de “coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias”. 

En su comunicado, CREA, que fue fundado en los 90 centrado en la investigación académica del ámbito educativo, y que viró hacia campos como el de la violencia de género, ha anunciado su fin. “Con el objetivo prioritario de evitar más perjuicios profesionales a nuestros integrantes y proteger su integridad personal, comunicamos la decisión de finalizar la red CREA con efectos inmediatos”, señalan en un comunicado. Como es habitual hasta ahora, atribuyen las denuncias de las numerosas afectadas a una campaña de acoso contra ellos.

Como red de académicos, el CREA, que tiene base en la UB, cuenta con miembros en una amplia variedad de facultades de toda España. Sin embargo, la UB asegura que desde 2015 este no es técnicamente un grupo de investigación de su universidad.

La Universitat de Barcelona (UB) ha decidido llevar el caso del catedrático Ramón Flecha a la Fiscalía y ha apartado a otros tres profesores vinculados con su grupo académico tras recoger el testimonio de 11 denunciantes (Flecha ya fue suspendido temporalmente como doctor emérito en julio). La medida cautelar se ha adoptado después de que la comisión que investiga los hechos remitiera un informe preliminar al rector tras constatar la veracidad de las acusaciones. 

El informe, con fecha 19 de diciembre, incluye una evaluación pericial psicológica de la fiabilidad de las víctimas, y concluye que los hechos que relatan dentro del grupo de investigación CREA son “muy graves”. “Podrían ser constitutivos de conductas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias”, detallan fuentes del centro. Y añaden que esto encajaría con la existencia de un “grupo coercitivo de alto control”, es decir, con el funcionamiento como secta que ya se denunció años atrás. 

La UB decidió abrir una investigación a Flecha y a su grupo de investigación, el CREA, después de que elDiario.es junto con otros tres medios (RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre) publicara una reportaje en el que varias subordinadas suyas en la universidad le acusaran de pedirles masajes, sexo o tareas domésticas. 11 víctimas presentaron una denuncia interna en la UB, una cifra que meses después se ha elevado ya a 16. Una de las medidas cautelares que adoptó entonces la institución fue suspender cautelarmente al catedrático de sus funciones. 

Las nuevas medidas adoptadas por la UB incluyen principalmente la denuncia en la Fiscalía, ya materializada este lunes, y la suspensión de trabajo –no de sueldo– de dos profesoras (Personal Docente Investigador) del grupo así como la suspensión de la condición de catedrático honorario de una tercera persona. A esto se le añade la suspensión temporal del propio Flecha cuando se inició la investigación el pasado mes de julio. 

Como parte de las medidas cautelares que el centro toma ahora, tras la existencia de ese informe premiliar, está la congelación de los méritos académicos y profesionales que están bajo sospecha por la investigación del CREA y que no se tengan en cuenta en los procesos de selección del profesorado. Asimismo, se añaden medidas de acompañamiento psicológico para todas las afectadas de la UB, así como el traslado de la información del caso a otras universidades donde este grupo académico tiene presencia.

“Los hechos declarados son de una gravedad injustificable, son hechos intolerables y repulsivos, que vulneran la dignidad y el respeto que cualquier persona merece”, ha declarado la UB en un comunicado. En él, lamentan “profundamente” el “sufrimiento” y el “dolor” causados a las personas denunciantes. 

Apoyo a las víctimas

Las acusaciones contra Flecha desveladas por este diario desataron un alud de apoyo a las víctimas entre colectivos universitarios y grupos de investigación. La Generalitat llegó incluso a suspender también de forma cautelar una distinción otorgada a Marta Soler, directora del CREA y defensora sin tapujos del catedrático señalado. Los colectivos universitarios pedían que se la apartase de la dirección que ocupa del Departamento de Sociología, pero por ahora no ha trascendido si ella es una de las suspendidas.

El grupo académico CREA, fundado por Flecha, ya había sido acusado anteriormente de funcionar como una secta dentro de la universidad. La primera vez fue en 2004 y la segunda, en 2016. Aun así, la Fiscalía archivó entonces el caso al no hallar suficientes indicios de delito. 

Tras conocerse las recientes acusaciones contra Flecha, otra de las derivadas que adquirió el caso es la del presunto fraude académico. Flecha publicó como propio un artículo sobre acoso sexual elaborado por una investigadora, tal como destapó este diario. Posteriormente, el CSIC lo eliminó de sus ránkings al detectar irregularidades en sus citas.

Tras conocerse las suspensión de la cúpula académica del CREA, las víctimas se han mostrado satisfechas. “Sienten que se empieza a hacer justicia”, ha declarado Violeta Assiego, abogada que representa a las 16 denunciantes junto con su compañera Eva Pérez Nanclares. “Hace un año estaban viendo cómo salir de un grupo de coerción, y ahora ven que se las ha escuchado”, ha manifestado Assiego, que ha añadido además el respaldo que supone un comunicado de la UB que reconoce que esto nunca debió haber pasado.

Asimismo, Assiego ha celebrado que decisiones como esta permiten “abrir camino” en otras universidades donde se han producido acusaciones de acoso parecidas. “Para que dejen de ser equidistantes ante los hechos”, ha afirmado.

El grupo de investigación CREA, actualmente bajo la lupa de la Universitat de Barcelona (UB), creó un comité de ética propio, integrado por sus académicos y sin comunicarlo a la institución, con el que supuestamente validaba sus proyectos y que mencionaba hasta hace poco en numerosos de sus artículos científicos. Según ha podido saber elDiario.es, esta es una de las cuestiones que se investiga en el expediente interno abierto por el rector el pasado mes de julio, a raíz de las denuncias de varias académicas contra Ramón Flecha –el catedrático que fundó esa comunidad académica– por pedirles masajes y sexo mientras era su jefe. 

Bajo el nombre “Comité de Ética del CREA”, aparece referido en numerosos artículos publicados en distintas revistas científicas hasta 2025. Todos ellos elaborados por investigadores que pertenecían o están vinculados a este grupo, según ha podido comprobar este diario. Sin embargo, la creación de este organismo alternativo no se comunicó a la Universidad, que ya cuenta con un comité oficial para evaluar los aspectos éticos de los proyectos de investigación que se impulsan en el campus. Tampoco consta su existencia en la Red de Comités de Ética de las universidades españolas. 

Lo que investiga ahora la UB es si todos los artículos científicos de CREA que incluyen este sello, el de haber superado la validación del comité de ética alternativa, eludieron el oficial, un requisito necesario en determinados proyectos en los que participan personas ajenas a la Universidad. elDiario.es ha tratado de ponerse en contacto con la catedrática Marta Soler, directora del grupo CREA y actualmente jefa de Departamento de Sociología de la UB, para aclararlo, pero no ha obtenido respuesta.

Una de las particularidades de este comité no oficial es que estaba integrado por seis académicos del propio CREA o vinculados al grupo. A fecha de enero de 2025, figuraba como directora Soler. 

“La creación del comité de CREA responde a la obsesión de Ramón Flecha por publicar artículos científicos en revistas científicas, que se agudizó tras la pandemia”, señala una persona que perteneció al grupo y que pide no revelar su identidad. Asegura además que el catedrático emérito, al que la UB suspendió de sus funciones en julio, ideó esta fórmula porque en los comités de ética oficiales “iban muy lentos”.

“Es un comité endogámico si lo utilizan para sus miembros”, sostiene un experto en publicaciones científicas. “Bajo ese prisma, podrían utilizar un comité internacional si el universitario es lento”, añaden.

Desde hace años, las universidades españolas cuentan con comités de ética a los que hay que someter los proyectos de investigación en los que participan personas ajenas a la academia antes de llevarlos a cabo. Históricamente, estaban orientados a las ramas de ciencia y medicina, pero de un tiempo a esta parte se aplican también a las ciencias sociales. Y según señalan distintos académicos consultados, cada vez más las revistas científicas exigen para publicar en ellas que se acredite haber superado estas revisiones de carácter ético. 

¿Cuándo hay que someter los trabajos a revisión? “Si la investigación implica directamente a personas, material de origen humano, o sus datos”, señala la UB, “el personal investigador implicado es responsable de solicitar y obtener el informe favorable de la Comisión de Bioética”. En el caso de los artículos de CREA, la mayoría de los consultados por este diario están elaborados a partir de encuestas o conversaciones entre terceros, ya sean docentes de universidad, estudiantes u otros profesionales. 

La UB mantiene abierto un expediente a Flecha y al CREA a raíz de la denuncia contra el catedrático de varias académicas, destapado elDiario.es (junto con RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre). La comisión investiga no solo las conductas de Flecha, entre ellas pedir masajes y sexo a sus subordinadas, sino también actuaciones del grupo CREA “y otros miembros de la comunidad”, de carácter “vejatorio o intimidatorio” y que incluyen manipulación y control de las supuestas víctimas.

Cabe recordar que en años anteriores trascendieron denuncias contra este grupo de investigación por funcionar como una secta. Las últimas fueron en 2016, pero la Fiscalía acabó archivándolas. 

El Comité de Ética alternativo no es el único organismo que ha abierto CREA para impulsar sus propias investigaciones y las carreras académicas de algunos de sus miembros. En 2007 se creó Hipatia Editorial SLNE –que en 2022 se transformó en Hipatia Press–, un grupo que gestiona hoy 17 revistas científicas en las que publican habitualmente miembros de CREA, incluido Flecha, según una investigación de Infolibre.

Hipatia nació con un amigo íntimo del catedrático, Iñaki Santa Cruz, como administrador único. Así estuvo hasta 2022, cuando cambió su forma legal y ahora está presidida por una docente biógrafa de Flecha. Además, en los equipos editoriales de la mayoría de las publicaciones hay varios miembros de CREA. De esta forma, el entorno de Flecha ha creado un grupo editorial para publicar y difundir el trabajo del grupo de investigación que dirige él mismo.

La presunta irregularidad que supone la creación del Comité de Ética propio puede tener consecuencias a corto plazo más allá de la UB. La revista Sage, que publicó uno de los artículos validados por ese organismo (The Impact of Dialogic Teacher Training on Students’ Peer Intervention to Address School Violence), le ha comunicado a la Oficina de Integridad Científica española, que denunció el caso, que ha remitido la queja al departamento correspondiente para que lo investigue. 

Y no es el único revés a CREA en este ámbito. La misma revista Sage, que publicó un artículo firmado por el catedrático, pero que, según desveló este diario, había escrito una compañera, ha anunciado que está investigando la autoría del texto y ha advertido de que sobre el trabajo pesa en este momento una expression of concern (“expresión de preocupación”, en español, que es un estadio previo a la retractación de un artículo), una fórmula con la que las revistas advierten de que un artículo puede ser problemático.

“El editor es consciente de las amplias preocupaciones que suscitan los autores de este artículo y, en consecuencia, incluye esta expresión de preocupación en dicho artículo mientras la revista y el editor llevan a cabo una investigación”, advierte Sage.

La Universitat de Barcelona (UB) ha retirado un despacho en la Facultad de Educación al grupo de investigación CREA, fundado por el catedrático que ha sido acusado recientemente de acoso, Ramon Flecha. El espacio era utilizado por un grupo de docentes que pertenecen a esta red académica, pero según ha podido saber elDiario.es, desde el decanato se les trasladó la necesidad de vaciar el despacho con fecha límite este mes de octubre. 

Entre el fin de semana y este mismo lunes, decenas de bolsas con material del despacho de CREA han llenado el pasillo a la espera de ser lanzadas o trasladadas a otro lugar. Fuentes de la UB, que han defendido siempre que la universidad se desvinculó de este grupo en 2020, justifican la decisión por considerar este despacho una “rémora del pasado que no se había corregido”. “Llevaba años con un uso muy residual”, precisan fuentes de la institución. 

“No tenía ningún sentido que un grupo de investigación ajeno a la UB tuviese un espacio en una facultad de la universidad”, añaden. En los próximos días el espacio se convertirá en una sala de bienestar y de lactancia para los miembros de la facultad.

El CREA (Community of Research on Excellence for All) lo fundó Flecha a principios de los 90 y cuenta con su nucleo duro en la UB. No tanto en la Facultad de Educación, sino principalmente en la de Sociología, cuya jefa de Departamento, Marta Soler, es al mismo tiempo directora del CREA. 

Desde que elDiario.es destapó las acusaciones contra Flecha –junto con RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre–, tanto Soler como otros integrantes de este grupo han defendido abiertamente a Flecha. Además, han acusado a las víctimas y a quienes les dan voz de protagonizar una campaña de difamación. 

Al margen de los testimonios que aseguran que Flecha les pidió masajes y sexo mientras era su jefe, tanto este catedrático –al que retiraron la condición de emérito cautelarmente– como el CREA han sido acusados anteriormente de funcionar como una secta dentro de la universidad. La primera vez fue en 2004 y la segunda, en 2016. Aun así, la Fiscalía archivó el caso al no hallar suficientes incidios de delito.

Desde 2020, la UB asegura haberse desvinculado oficialmente de este grupo, aunque sigue contando con numerosos docentes y académicos en la universidad. Una realidad que llevó a decenas de estudiantes a formalizar una queja por “adoctrinamiento” en sus clases. 

La UB creó a inicios de curso la comisión para investigar las denuncias públicas de al menos 11 testimonios contra Flecha. La idea es que se desarrolle a lo largo de 2026. La Universidad no ha dado a conocer los nombres de las tres personas integrantes de la comisión, alegando confidencialidad y la necesidad de aislarles de la presión. Sí ha detallado que son una doctora en derecho, experta en derecho penal y bioética; una doctora en psicología clínica, experta en salud mental, y un doctor en psicología clínica, experto en violencia.

El catedrático de la Universitat de Barcelona Ramón Flecha, investigado internamente por acoso por varias mujeres, ha eliminado 7.170 citas “irregulares” de su currículum después de que este periódico publicara que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se disponía a expulsarlo de su clasificación anual de científicos españoles.

Flecha ha borrado “en cinco minutos” un 28% de su producción, que ha pasado de registrar 25.490 citas a 18.320, según ha informado el entorno del investigador al Laboratorio de Cibermetría del CSIC. Esta corrección ha tenido el efecto inmediato de que el investigador volverá a aparecer en el ránking del Consejo, ha confirmado a este diario el responsable de la clasificación, Isidro Aguillo.

El catedrático se había adjudicado en su perfil de Google Scholar –que, a diferencia de otros índices, que son automáticos, lo gestiona cada científico– todas las citas de un puñado de libros de los que ha escrito solo un capítulo, inflando de esa manera su currículum, lo que había llevado al Laboratorio a anunciar que lo iba a sacar del ránking por irregularidades, según había adelantado en X la Oficina Española de Integridad en la Investigación.

Pese a haber retirado 7.000 citas, Flecha seguirá apareciendo en la parte alta del campo de Sociología, confirma Aguillo, porque las más de 18.000 que mantiene son un número “muy alto”. Además, el científico todavía está en disposición de volver a añadir a su perfil los capítulos de los libros que ha escrito, lo que le permitirá sumar alguna más.

Lo que no ha cambiado con esta revisión del currículum es que la producción científica de Flecha relativa a la violencia de género es inferior a lo que él mismo se adjudicaba. El catedrático dice ser el científico número uno del mundo en cuanto a citas en la materia, pero un análisis detallado de su currículum realizado por el Laboratorio de Cibermetría del CSIC revela que realmente su productividad en esta materia es menor.

Según explica Aguillo, Flecha atribuye todas las citas a sus trabajos como si fueran de violencia de género cuando realmente “casi ninguno” de ellos tiene que ver con esa temática. En el perfil del catedrático, el primer trabajo (el que más citas tiene) es sobre aprendizaje en personas adultas, el segundo sobre aprendizaje, hay de pedagogía social, planteamientos de pedagogía crítica, inclusión y cohesión social, teoría sociológica... enumera Aguillo.

“Ninguna de las 20 primeras temáticos por las que es citado tiene que ver con la violencia de género”, explicaba el director del Laboratorio del CSIC, y solo esas ya suman 10.000 citas. Hasta la mañana de este lunes había que irse hasta la públicación número 29 en número de citas para encontrar un artículo sobre el tema, que suma 231 citas. Ahora ese trabajo está el número 20. “Los trabajos de Flecha sobre violencia de género son un porcentaje muy bajo” de su producción, “es un tema secundario” para él, añade Aguillo.

Como en el caso general de las citas infladas ahora corregidas, Aguillo sostiene que no hay lugar al “error u omisión” cuando Flecha se autodefine como el científico número uno en violencia de género “porque sabe que no lo es”. “Está utilizando un dato falso para ponerse una medalla que sabe que no le corresponde. Que asuma esas citas como si fueran de violencia de género es un error intencionado”, ironiza el responsable del Laboratorio de Cibermetría del CSIC.

La Universitat de Barcelona anunció en julio la apertura de una investigación sobre el catedrático, al que suspendió como emérito cautelarmente. El anuncio se produjo después de que elDiario.es, junto a RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre, publicara una investigación en la que varias mujeres relataban cómo Flecha les pedía masajes, sexo y su participación en tareas domésticas mientras él mantenía sobre ellas una clara relación de superioridad jerárquica. La investigación reveló que este patrón de comportamiento había sucedido durante más de dos décadas.

elDiario.es también reveló en julio que Flecha había publicado como propio un artículo sobre acoso sexual que, en realidad, había sido elaborado por una investigadora que formaba parte de su equipo. Ese 'paper' permitió a Flecha aparecer en una revista científica internacional de prestigio sobre violencia de género y aumentar su número de citas académicas.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) va a sacar a Ramón Flecha, el catedrático de la Universitat de Barcelona investigado internamente por acoso por varias mujeres, de su ránking de científicos españoles por “irregularidades con las citas”. Flecha asegura en sus perfiles ser el “número n.º 1 (ranking mundial) en Gender Violence [violencia de género]”, un hecho que no era cierto: el Laboratorio de Cibermetría del CSIC ha comprobado que los trabajos sobre violencia de género son un porcentaje muy bajo de su producción.

Según adelantó en X la Oficina Española de Integridad en Investigación y ha confirmado a este periódico el responsable del Laboratorio de Cibermetría del CSIC, Isidro F. Aguillo, el investigador de la UB se ha adjudicado en su perfil de Google Scholar todas las citas de varios libros de los que ha escrito solo un capítulo, inflando de esa manera su currículum. En el mundo de la investigación, el número de citas de un científico es un indicador de su calidad. Cuantas más citas tienen sus trabajos, más prestigio tiene el investigador.

A Aguillo le sorprende la maniobra de Flecha porque “no lo necesita”, ya que tiene varios miles de citas (una cifra muy elevada) sin contar las que no le corresponden. Tampoco hay lugar al error o la omisión, continúa el documentalista, porque, a diferencia de otros índices que son automáticos, el perfil de Google Scholar lo elabora cada investigador si quiere y le añade sus trabajos a mano. Sí hay una opción de automatización una vez creado, pero también es responsabilidad del científico controlarlo.

Según el Laboratorio de Cibermetría, Flecha dice tener 25.490 citas en su perfil de Google Scholar cuando la búsqueda por autor devuelve 14.900. “Esta cifra ya es muy alta de por sí”, se sorprende Aguillo de la maniobra de Flecha, “ya está entre los primeros de España sin necesidad de irse a 25.000. No tiene justificación”, insiste el documentalista.

Este periódico ha preguntado a Ramón Flecha por estas irregularidades, pero no ha obtenido respuesta. La Universitat de Barcelona anunció en julio la apertura de una investigación sobre el catedrático, al que suspendió como emérito cautelarmente. El anuncio se produjo después de que elDiario.es, junto a RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre, publicara una investigación en la que varias mujeres relataban cómo Flecha les pedía masajes, sexo y su participación en tareas domésticas mientras él mantenía sobre ellas una clara relación de superioridad jerárquica. La investigación reveló que este patrón de comportamiento había sucedido durante más de dos décadas.

elDiario.es también reveló en julio que Flecha había publicado como propio un artículo sobre acoso sexual que, en realidad, había sido elaborado por una investigadora que formaba parte de su equipo. Ese 'paper' permitió a Flecha aparecer en una revista científica internacional de prestigio sobre violencia de género y aumentar su número de citas académicas.

No es el n.º1 en violencia de género

La investigación a Flecha por parte del Laboratorio de Cibermetría también ha revelado que el catedrático de la UB no es el científico número uno del mundo en investigación de violencia de género, como asegura él mismo en sus perfiles de redes sociales.

Según explica Aguillo, Flecha atribuye todas las citas a sus trabajos como si fueran de violencia de género cuando realmente “casi ninguno” de ellos tiene que ver con esa temática. Si se observa el perfil del catedrático, el primer trabajo (el que más citas tiene) es sobre aprendizaje en personas adultas, el segundo sobre aprendizaje, hay de pedagogía social, planteamientos de pedagogía crítica, inclusión y cohesión social, teoría sociológica... enumera Aguillo. “Ninguna de las 20 primeras temáticos por las que es citado tiene que ver con la violencia de género”, sostiene el director del Laboratorio del CSIC, y solo esas ya suman 10.000 citas. Hay que irse hasta la publicación número 29 en número de citas para encontrar un artículo sobre el tema, que suma 231 citas. “Los trabajos de Flecha sobre violencia de género son un porcentaje muy bajo” de su producción, “es un tema secundario” para él, añade Aguillo.

Como en el caso general de las citas infladas, Aguillo sostiene que no hay lugar al “error u omisión” cuando Flecha se autodefine como el científico número uno en violencia de género “porque sabe que no lo es”. “Está utilizando un dato falso para ponerse una medalla que sabe que no le corresponde. Que asuma esas citas como si fueran de violencia de género es un error intencionado”, ironiza.

Un artículo 'robado'

Después de la publicación de la investigación sobre Ramón Flecha, las abogadas de un grupo de 14 personas que en el último año han abandonado CREA, el grupo de investigación que fundó Flecha y que hasta hace poco estaba vinculado a la UB, se reunieron con los servicios jurídicos de la universidad para comunicarles lo que ya les habían trasladado un mes antes por carta: la “gravedad de las situaciones vividas” por sus clientas mientras pertenecían a su equipo. Las letradas han ido aportando al centro información y documentación que se ha ido sumando al expediente de la investigación.

elDiario.es reveló que Ramón Flecha había publicado como propio un artículo sobre acoso sexual que, en realidad, había sido elaborado por una investigadora cuyo nombre jamás ha aparecido en la firma. “Cuando doblegan tu voluntad, como él lo hizo durante años, puedes llegar a ceder ante estas presiones, a no reaccionar… pero eso no quita que sigue siendo un abuso”, explicaba la autora de la investigación a elDiario.es

Las acusaciones contra el catedrático Ramón Flecha por parte de varias de sus subordinadas en la Universidad, que relataban cómo les pidió masajes y sexo, desataron el pasado julio una cascada de rechazo dentro y fuera de la Universitat de Barcelona (UB), por parte de docentes, grupos de investigación y facultades. Con la vuelta a las clases, y después de que la institución abriera una investigación, ahora son los estudiantes los que se han sumado a las quejas contra su figura y la del grupo académico que fundó y lideró, el Community of Research on Excellence for All (CREA). Varios miembros de CREA son profesores en Sociología, entre ellos la propia jefa del Departamento, Marta Soler, que es actualmente la directora del grupo de investigación fundado por Flecha y que le ha defendido públicamente de las acusaciones.

Una cincuentena de estudiantes del grado de Sociología de la UB han dirigido recientemente una carta a la decana de la Facultad de Economía y Empresa –de la que depende su departamento– para denunciar que en las clases que imparten docentes del grupo CREA se ensalza repetidamente y sin justificación académica la figura de Flecha. De esta forma, los alumnos piden que se investigue en una comisión interna las “prácticas” de este grupo, “incluido el adoctrinamiento en las aulas”, según recoge la misiva a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Los estudiantes, organizados de manera informal, transmitieron cuatro demandas a la decana, con quien también mantuvieron una reunión presencial. En primer lugar, piden que no se “blanquee” a Flecha en las aulas mientras no se cierre la investigación. También piden que se indague en ese adoctrinamiento que denuncian y que, si la institución no puede ponerle fin, que se aparte a los docentes de CREA. Por último, reclaman también apartar a la directora de este grupo, Marta Soler, que es al mismo tiempo la jefa del Departamento de Sociología, y que ha defendido a Flecha tras las acusaciones destapadas por elDiario.es junto a RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre.

Desde la UB confirman haber recibido el testimonio de estos estudiantes, y aseguran que la decana está “alineada” con sus preocupaciones y que mantiene contacto fluido con ellos. “Los estudiantes explican que hay profesores vinculados a CREA que aprovechan las clases para difundir argumentario CREA y para defender la figura de Flecha, y que esto les hace sentir incómodos”, constatan fuentes de la institución sobre estas quejas, algunas de las cuales se han tramitado también a través del Buzón de Integridad, Convivencia y Ética de la UB. 

Ante estas quejas, que han emergido en paralelo a la denuncia de varias mujeres sobre los comportamientos del catedrático, fuentes de la Universidad aseguran que la comisión interna que investiga a Flecha será una “macrocausa” que analizará “todos los hilos”. Sin embargo, añaden al mismo tiempo, no pueden intervenir en lo que dicen o no los docentes en las aulas. “Existe la libertad de cátedra”, apuntan. Además, subrayan que quien asigna los docentes es el Departamento, y este está actualmente dirigido por la directora de CREA, Marta Soler. “El decanato no puede interceder, debe ser el propio departamento quien decida el relevo en la dirección”, prosiguen fuentes de la dirección del campus. 

En paralelo a la demanda estudiantil, este martes la Asamblea Feminista de la UB hizo público un comunicado en el que también piden ampliar el foco y suspender de “funciones de poder o dirección” no solo a Soler, sino a otros docentes de CREA que dirigen grupos de investigación y doctorados. Además, y tras destapar elDiario.es que Flecha publicó como propio un artículo escrito por otra investigadora, cuestionan la calidad científica y académica de CREA y piden a la Universidad que retire “pseudodiarios” de este grupo de su repositorio digital.

Respecto al CREA, fundado por Flecha, cabe recordar que fue denunciado en el pasado en al menos dos ocasiones (2004 y 2016) por funcionar de forma sectaria con elevados grados de manipulación psicológica. Aun así, la Fiscalía archivó el caso al no hallar suficientes elementos para hablar de delitos. El grupo está integrado por docentes de distintas universidades, con presencia significativa en Sociología en la UB, donde sus miembros imparten varias asignaturas. Con todo, oficialmente la UB asegura haberse desvinculado de este grupo.

Ensalzar a Flecha y sus teorías

En conversación con este diario, una decena de estudiantes detallan ejemplos del “adoctrinamiento” del que hablaban en su carta, un problema que aseguran que existe en Sociología desde hace años. Entre otras quejas, señalan que en las seis materias que les imparten los profesores integrantes de CREA las sesiones no se ciñen al Plan Docente. 

“Si el profesor es de CREA, en todas las clases, independientemente de la asignatura, hace por hablar de Flecha, ensalzar sus teorías y decir que es el mejor”, explican. Lo curioso, añaden, es que en esa misma asignatura de otro turno –mañana o tarde–, y por lo tanto impartida por otro docente, nada de eso se menciona. “Algunos alumnos intentamos rebatir o criticar sus teorías en el aula, pero no lo aceptan o te giran directamente la cara”, comenta otro estudiante. Ninguno de ellos quiere dar su nombre por temor a que sus quejas conlleven represalias en sus expedientes académicos.

“Como forman parte de la asignatura, sus autores y contenidos son materia de examen y se deja claro su importancia. Puede haber penalizaciones si no se menciona a autores como Ramón Flecha cuando se habla de los principales cambios del siglo XXI en materia de sociología”, relatan en la misiva. 

Además, tanto en el documento como en conversación con este diario relatan un clima de miedo entre el profesorado que no forma parte de CREA y al que han trasladado anteriormente estas situaciones. “Se deja entrever que el profesorado no puede dar su opinión abiertamente por miedo a las represalias de las personas de CREA que ocupan puestos de poder”, afirman. “Esto, como alumnos del grado, nos parece inaceptable”, zanjan.

Flecha se presenta a día de hoy en sus redes sociales como “número 1 en gender violence”. A lo largo de su trayectoria académica, ha publicado numerosos artículos y desarrollado la teoría sobre la sociología dialógica, y también en el campo de la educación con las comunidades de aprendizaje. Más recientemente, tanto él como CREA han centrado su campo de estudio en la violencia de género. En cuanto a las acusaciones destapadas por elDiario.es, las niega y asegura que son campañas para difamarlo. 

La comisión, en marcha

En paralelo a las demandas de los estudiantes, la UB asegura que la comisión que debe investigar a Flecha a partir de los testimonios de al menos 11 personas ha empezado a andar. “La comisión se nombró a finales de verano y empezó a trabajar la primera semana de septiembre; en diciembre se definirá el calendario de 2026 en función de los avances que hayan hecho durante el trimestre”, apuntan. 

La Universidad no ha dado a conocer los nombres de las tres personas integrantes de la comisión, alegando confidencialidad y la necesidad de aislarles de la presión. Sí ha detallado que son una doctora en derecho, experta en derecho penal y bioética; una doctora en psicología clínica, experta en salud mental, y un doctor en psicología clínica, experto en violencia. Fuentes de la institución confirman además que les están llegando peticiones e información en las últimas semanas que van a remitir a ese grupo de expertos para ver si lo incorporan.

La Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona (UB) se ha sumado este lunes al número creciente de voces académicas que exigen abrir una investigación al catedrático emérito Ramón Flecha por las acusaciones de varias mujeres de pedirles sexo y masajes mientras era su jefe. Estos testimonios, destapados por elDiario.es (junto con Infolibre, RTVE Noticias y Ràdio4-RNE), señalaronn prácticas coercitivas de ese docente entre los años 2000 y la actualidad.

En un acuerdo rubricado este lunes, la Junta de la Facultad de Educación, que está integrada por una cuarentena de docentes, ha decidido sumarse al manifiesto de la Asamblea Feminista de la universidad, que exige no solo la apertura de una investigación por parte de la UB, sino también “medidas cautelares” como la “suspensión” de cualquier función académica de la que goce a día de hoy Flecha.

El posicionamiento de la Facultad de Educación adquiere relevancia sobre todo al suponer uno de los ámbitos con mayor presencia de investigadores del grupo que lideró Flecha, el CREA (Community of Research on Excellence for All), al que pertenecían las mujeres que ahora le señalan. Según la UB, este grupo de investigación no está adscrito a la universidad de 2020, pero gran parte de sus integrantes sí son académicos y docentes en este campus. En Educación, por ejemplo, pero sobre todo en el Departamento de Sociología, que dirige Marta Soler, a su vez actual directora de CREA.

En este sentido, el manifiesto no solo pide apartar cautelarmente a Flecha, sino también a Soler, de cualquier función de dirección y gobierno mientras se esclarecen los hechos. Hasta ahora, la directora de CREA ha defendido abiertamente al catedrático y asegura que las acusaciones forman parte de una campaña de difamación.

La publicación de los distintos testimonios que señalan a Flecha ha provocado que decenas de académicos de distintas universidades, así como entidades sociales o colectivos feministas, hayan reclamado a la UB que mueva ficha. También ha provocado que el Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat retirara de forma temporal a su directora, Marta Soler, un reconocimiento a la excelencia que justamente le otorgó la semana pasada.

Por ahora, la UB ha insistido en que CREA ya no está adscrito a la universidad y alegan que no han abierto ninguna investigación porque no han recibido denuncias formales. Ya en 2016 el mismo grupo fue señalado por varios exmiembros por funcionar como una secta, pero la Fiscalía acabó archivando el caso. Con todo, justo estos días la universidad también ha cancelado el uso de sus instalaciones para un congreso que organizaba en septiembre este grupo, titulado Conferencia Europea Sobre Violencia Doméstica.

En cuanto a la Junta de la Facultad de Educación, de su breve comunicado destaca no solo la adhesión al manifiesto de la Asamblea Feminista, sino también a una carta publicada por el catedrático jubilado Jaume Trilla, y que fue objeto de acusaciones por parte de integrantes de CREA (que denunció y ganó en los juzgados). Trilla critica que la universidad desatendiera durante años los rumores “persistentes” sobre las prácticas de Flecha. “La presunción de estas prácticas sectarias y sexuales atribuidas a CREA y a su líder se ha prolongado a lo largo de muchos años, lo que quiere decir que la actuación de las autoridades académicas durante todo este período o no ha existido o, como mínimo, ha sido claramente insuficiente”, alega.

La carta de Trilla –suscrita por los miembros de la Junta de la Facultad– acusa a la UB de haberse inhibido e incluso haber sido cómplice en ocasiones de CREA, y critica la reacción de sus actuales dirigentes. “Con todo lo que ya se ha difundido en los medios de comunicación es suficiente y de sobra para que las autoridades universitarias tomen, por si mismas y de forma urgente, las actuaciones necesarias para investigar los hechos y actuar en consecuencia”, concluye.

El Departamento de Universidades de la Generalitat ha suspendido de forma cautelar una distinción otorgada esta misma semana a la académica Marta Soler, directora del grupo de investigación CREA al que pertenece Ramón Flecha, acusado por distintas mujeres de pedir sexo y masajes mientras era su jefe. La decisión llega menos de 48 horas después del acto en el que se le otorgó el reconocimiento a una Trayectoria de Excelencia dentro del programa de profesorado universitario Serra Húnter.

La Administración catalana justifica la suspensión cautelar por las informaciones de los testimonios que señalan a Flecha, desvelados por elDiario.es junto con Infolibre, RTVE Noticias y Ràdio4-RNE. Según Universidades, estos casos ponen en cuestión la “solidez” de la propuesta que hizo la Universitat de Barcelona (UB) para que se premiara a Soler. “En coherencia con los criterios de rigor, calidad y ejemplaridad que rigen el programa, el Departamento considera necesario suspender cautelarmente este reconocimiento”, añaden en un breve comunicado.

En este sentido, añade Universidades que es una decisión que adoptan “desde la responsabilidad y la prudencia institucional”. “No disponemos de la información necesaria para valorar con garantías la idoneidad de la candidatura”, sentencian.

Soler recibió el reconocimiento –un premio simbólico a la trayectoria, que no tiene dotación económica ni consecuencias administrativas– junto con otros 35 docentes y académicos este miércoles de la mano de la consellera Núria Montserrat, en un acto en el Palau Robert de Barcelona. Los galardonados lo eran propuesta de cada universidad. En su caso, de la UB.

Marta Soler es actualmente directora del Departamento de Sociología de la Universitat de Barcelona (UB) y desde hace años está también al frente del grupo de investigación CREA (Community of Researchers on Excellence for All), que antes lideró Flecha y que estuvo adscrito a la UB hasta 2020. El grupo ya fue acusado de funcionar como una secta en 2016, pero la Fiscalía archivó el caso.

A raíz de la aparición de testimonios de al menos seis mujeres en elDiario.es que señalan a Flecha por pedirles masajes y sexo, Soler ha optado por defender al catedrático emérito. No solo niega las acusaciones, sino que asegura que forman parte de una campaña de difamación contra CREA por dedicarse ese grupo a la investigación sobre violencia de género.

En paralelo, desde que salieron a la luz las acusaciones contra Flecha, decenas de profesores de la UB y de otras universidades, así como entidades feministas y sociales, han reclamado a la universidad que abra una investigación “independiente” sobre las prácticas del catedrático emérito. Lo han hecho a través de un manifiesto impulsado por la Asamblea Feminista de la universidad en el que se exige también que se aparte a Soler de las funciones de dirección y gobierno mientras se tramita ese procedimiento. “La posibilidad de que puedan influir [en referencia a ella o a Flecha] directamente o indirectamente en las condiciones académicas, laborales o de evaluación de las personas afectadas o testimonios justifica su cese preventivo”, señalan.

La Universitat de Barcelona (UB) ha comunicado a Ramón Flecha y al equipo de investigación del que forma parte (CREA -Community of Research on Excellence for All) que no podrán utilizar ninguna de sus instalaciones para celebrar un congreso europeo sobre “violencia doméstica” que han organizado a comienzos de septiembre, tal y como ha podido saber elDiario.es. CREA, el grupo investigador que creó en los 90 el catedrático emérito de la UB Ramón Flecha, es el organizador de la 'Conferencia Europea sobre Violencia Doméstica' que tendrá lugar en Barcelona del 3 al 5 de septiembre y que iba a celebrarse en instalaciones de la Universitat de Barcelona. Tras la publicación de una investigación conjunta entre elDiario.es, TVE junto a RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre, la UB ha cancelado el uso de sus instalaciones, aunque se resiste a abrir una investigación.

Los testimonios de un grupo de mujeres sobre el comportamiento de su catedrático emérito Ramón Flecha señalan que el investigador creaba un ambiente envolvente, con premios y castigos académicos, que desembocaba en masajes y sexo, según el relato de las afectadas, mientras mantenía una clara relación de superioridad jerárquica sobre ellas. También les pedía limpiar su casa, llevar a lavar el coche, planchar o preparar su maleta, de acuerdo a estos testimonios. Él era el líder del grupo de investigación CREA del que ellas formaban parte y, en ocasiones, era su director de tesis o parte del tribunal que juzgaría su trabajo de investigación para convertirse en doctoras.

Los relatos describen este tipo de comportamientos a lo largo de dos décadas, desde comienzos de los 2000 hasta casi la actualidad. Además, dos abogadas, en representación de 14 personas que han abandonado CREA en el último año, se dirigieron por carta al rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guardiá Olmos, el pasado 17 de junio para advertirles de “la gravedad de las situaciones vividas” por sus representadas. Sin embargo, la Universidad considera que, al no existir una queja formal en la propia Universidad, “no tiene constancia de hechos actuales”.

La decisión contradice el contenido de su propio protocolo “para la prevención, detección y actuación contra las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, de identidad de género o de orientación sexual, y otras conductas machistas o LGTBIQ+ fóbicas”, aprobado el 13 de mayo de 2022. En ese protocolo, la UB manifiesta “su política de tolerancia cero” y “su compromiso institucional”, que se concreta por ejemplo en “promover una cultura de prevención contra las conductas de acoso y las conductas machistas” o “elevar quejas, denunciar, investigar y, en su caso, sancionar, de acuerdo con lo previsto en este protocolo, cualquier conducta que pueda ser constitutiva de acoso, discriminación o violencia”.

La Universitat asegura que, al no haber llegado una queja formal cursada tal y como aparece en su protocolo, no puede iniciar la investigación. Sin embargo, el documento asegura que no solo las personas afectadas pueden presentar la queja o denuncia, sino que también las personas “con responsabilidades académicas y/o administrativas” o “terceras personas que hayan tenido conocimiento directo o indirecto de alguna de las conductas descritas en el Protocolo” pueden hacerlo. Así mismo, consta que si durante el “impulso del procedimiento” hay personas afectadas o testigos que no se presentan a las citaciones, “se podrá continuar de oficio la tramitación del procedimiento, siempre que queden garantizados los derechos de defensa de todas las partes”.

Preguntada por este hecho, la UB insiste en que no tiene constancia de hechos actuales. “Para poder actuar de oficio, el rector necesita tener conocimiento al menos indiciariamente de unos hechos concretos, de la persona que denuncia y de la persona denunciada. En el caso que nos ocupa, la UB no dispone de ninguna denuncia actual, solo de las denuncias de 2006 y 2016 que ya se elevaron a Fiscalía, fueron archivadas y actualmente en materia administrativa (que es la competencia que corresponde a la Universidad) son hechos prescritos”, aseguran.

Una carta al rector

En el último año, al menos 24 personas han abandonado CREA. Varias de ellas han buscado asesoramiento legal ante el temor de que su salida supusiera algún tipo de represalia. En la carta fechada el 17 de junio y dirigida al rector de la Universitat de Barcelona, dos abogadas, en representación legal de un grupo de 14 exmiembros de CREA, advierte de “la gravedad de las situaciones vividas” por sus representadas “durante su pertenencia a la red CREA”. En la misiva, las abogadas cuentan que algunas de sus clientas “relatan haber mantenido relaciones sexuales con el Sr. Ramón Flecha en un contexto de clara desigualdad jerárquica —en calidad de alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas— y bajo un patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral”.

La UB subraya que sus Servicios Jurídicos ya se han puesto en contacto con las abogadas que les enviaron la misiva “para conocer a fondo estos indicios y poder dar los pasos pertinentes”. Las abogadas, por su parte, valoran la disposición del centro, pero subraya que la campaña de desprestigio que sufren algunas de sus representadas por su decisión de desvincularse de CREA genera “un clima de miedo” que dificulta que puedan acudir a los mecanismos administrativos habituales. “No puede trasladarse exclusivamente a nuestras clientas la carga de activar los mecanismos existentes, más aún en un contexto en el que están siendo objeto de una campaña pública de desprestigio encabezada por el propio Ramón Flecha”, señalan.

“Los testimonios recogidos relatados en los reportajes publicados por RTVE, elDiario.es, InfoLibre y RNE – Radio 4, basados en hechos coincidentes, no describen incidentes aislados, sino un patrón prolongado de coerción sexual y subordinación jerárquica encubierta bajo vínculos académicos. Esta realidad exige una respuesta que trascienda los protocolos formales. No estamos ante hechos individuales, sino ante un esquema sistemático que requiere una mirada estructural y una intervención decidida por parte de la institución. Por ello, entendimos —y seguimos entendiendo— que el Rector, como máxima autoridad académica y responsable del buen gobierno universitario, es quien debía tener conocimiento directo de esta situación y actuar en consecuencia”, dice el comunicado de las abogadas que representan a 14 personas que abandonaron por CREA.

Por su parte, la Universitat de Barcelona asegura que CREA no está vinculado a su estructura académica desde 2020, si bien todos los correos de contacto que maneja CREA, así como el dominio de su página web, pertenecen a la UB. La universidad señala que ya han activado la desvinculación de su dominio tanto de la página web como del correo de CREA.

Otros mecanismos

La UB tiene, además, un Código Ético, cuya última modificación es de 2024. “Las relaciones sexoafectivas entre el personal docente e investigador y el alumnado se consideran, en todos los casos, claramente asimétricas, con un evidente componente de superioridad del primer colectivo hacia el segundo. Para evitar situaciones de abuso y/o de conflicto de interés en el proceso de evaluación y supervisión, estas relaciones se consideran una mala praxis profesional y, por tanto, contrarias a los principios de este Código”, dice en su artículo 6.

Más allá del protocolo de la Universidad, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado incluye la posibilidad de incoar un procedimiento de información reservada “de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario” cuando haya indicios de un comportamiento susceptible de ser una falta disciplinaria. El Reglamento incluye como falta grave el abuso de autoridad y, como muy grave, “toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La investigadora y experta en protocolos contra el acoso en las universidades Paula Martín Peláez explica que, como administración pública, una universidad debe abrir un procedimiento de información reservada si tiene indicios de que se están produciendo hechos que pueden ser constitutivos de falta disciplinaria y/o delito. “Es un procedimiento previo a la incoación de un expediente disciplinario, es una manera abrir una investigación para indagar. Se nombra a un instructor y se investiga los hechos, se puede llamar a personas del departamento, por ejemplo. Si se concluye que hay una falta o delito, entonces sí se necesita que las víctimas lo ratifiquen”, prosigue. En cualquier caso, Martín Peláez considera que la Universitat de Barcelona cuenta ya con suficientes indicios como para abrir una investigación según su protocolo interno.

La plataforma de estudiantes contra la violencia machista y la Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) han reclamado este miércoles al rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, el “cese inmediato” del catedrático Jordi Matas a raíz del caso de acoso denunciado por una estudiante.

En una concentración ante el rectorado, los estudiantes han denunciado la “ineficacia de los protocolos” contra el acoso de la UB, que en el caso de Matas concluyó que la conducta del docente “había podido ser contraria a los valores éticos y deontológicos exigibles” al profesorado de la UB. La denuncia interna de la estudiante, no obstante, se cerró con una reprimenda verbal a Matas.

“Lejos de mostrar una postura ejemplar, la UB optó por continuar apoyando a Matas, incluyéndola en la candidatura de Joan Guàrdia como rector”, lamentan los estudiantes en un comunicado, en el que también destacan que la demanda que interpuso el catedrático contra la estudiante y elDiario.es por destapar el caso se ha saldado “a favor” de la joven y este periódico.

La gestión de la UB del caso Matas también ha provocado críticas en el seno del profesorado. El docente del departamento de Economía Álvaro Chioi denunció que en la última reunión del Claustro de la UB de la semana pasada uno de sus miembros habló de “represión injusta” hacia el profesor; otro intervino pidiendo la restitución del profesor como vicerrector al tratarse de una “persecución política” y otra explicitó públicamente el nombre y apellido de la exalumna y cuestionó la labor del juez.

En su sentencia que desestimó la demanda de Matas, el juez avaló íntegramente la investigación publicada por elDiario.es que desveló que el catedrático y ex vicerrector de la Universitat de Barcelona (UB) mandó mensajes “de carácter íntimo” a una alumna, a la que le explicó que había tenido un sueño erótico con ella e incluso llegó a seguir por la facultad cuando la estudiante decidió cortar la comunicación con el docente.

La sentencia, que es recurrible, consideró que el reportaje tenía “intención informativa”, estaba “apoyado en datos objetivos sustancialmente veraces” y que el autor de la investigación “transmitió información contrastada” sustentada en “hechos documentados” y entrevistas “a varios testigos”. El fallo impone al catedrático el pago de las costas del proceso.

Además del cese de Matas, los estudiantes han reclamado la revisión “exhaustiva” de los protocolos contra el acoso sexual y la violencia machista con la participación estudiantil y que la UB sea un entorno “realmente seguro para todas”.

Según su página de profesor en la web del centro, Matas es director del departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la UB. Tras publicar elDiario.es la investigación, Matas sí fue cesado por el Govern, en enero de 2024, del cargo que ocupaba como miembro del consejo rector del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el instituto demoscópico de la Generalitat de Catalunya.

Un juez ha avalado íntegramente la investigación publicada por elDiario.es que desveló que el catedrático y ex vicerrector de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Matas mandó mensajes “de carácter íntimo” a una alumna, a la que le explicó que había tenido un sueño erótico con ella e incluso llegó a seguir por la facultad cuando la estudiante decidió cortar la comunicación con el docente.

La sentencia, que es recurrible, considera que el reportaje tenía “intención informativa”, estaba “apoyado en datos objetivos sustancialmente veraces” y que el autor de la investigación “transmitió información contrastada” sustentada en “hechos documentados” y entrevistas “a varios testigos”. El fallo impone al catedrático el pago de las costas del proceso.

En el momento de la publicación del reportaje, en diciembre de 2023, Matas era vicerrector de la UB, cargo al que renunció para “defender su honorabilidad” y presentar acciones legales contra la exestudiante que relató los hechos a elDiario.es, contra la directora adjunta del periódico, Neus Tomàs, y contra Pol Pareja, el redactor que elaboró la investigación. Matas reclamó una indemnización de 80.000 euros a elDiario.es y de 20.000 a la alumna.

El juez considera que los mensajes que el docente mandó a su alumna, que tenía 21 años en el momento de los hechos y a la que le iba a tutorizar el Trabajo de Final de Grado, fueron de “carácter íntimo, afectivo y seductor” y tenían una “connotación claramente afectiva o implícitamente sexual inapropiada en una relación profesor-alumna”. Añade el magistrado que los WhatsApps que le mandó Matas y que publicó este medio “pueden interpretarse como coercitivos”.

“Es relevante que la demandada, con el transcurso del tiempo, se sintiera incómoda y vulnerada”, prosigue la sentencia, que rechaza que la relación entre Matas y la estudiante pudiera calificarse de “amistad”, tal y como sostenía el catedrático en su demanda.

“Existía una tutela o calificación por parte del actor [Jordi Matas] y por tanto la relación no es neutral sino asimétrica, ya que en ese marco hay una posibilidad real de influencia, de presión por parte del profesor”, añade el juez.

“La situación de desequilibrio genera que la alumna no esté siempre en condiciones de emitir un consentimiento libre, precisamente por la autoridad académica del profesor, que es quien tiene la obligación de garantizar a la alumna una relación estrictamente profesional y un ambiente seguro”, remacha.

El fallo también considera “contrastado” que Matas siguió a la alumna por la facultad, llegándola a esperar en la puerta del bar, cuando esta decidió cortar la comunicación con el catedrático y apartarse de él después de que Matas le confesara, en su despacho, el episodio del sueño erótico.

El juez también exime a la exalumna de cualquier responsabilidad por haber relatado a petición de elDiario.es su versión de lo ocurrido y lo enmarca en su derecho a la libertad de expresión.

La joven llegó a denunciar a Matas por acoso sexual ante la Unidad de Igualdad de la UB en 2017, pero una comisión formada por tres hombres desestimó el caso y lo cerró con una reprimenda verbal al docente. “La resolución adoptada por la UB de que no existió indicio de acoso por parte del Sr. Matas no evita que con posterioridad la prensa pueda investigar los mismos [hechos]”, añade el fallo.

Sobre la relevancia informativa de lo desvelado, a pesar de haber ocurrido hace más de un lustro, el veredicto señala que los hechos seguían teniendo “trascendencia pública” y “habían pasado desapercibidos, pese a la relevancia que tenían”.

Como ejemplo, señala las protestas que se convocaron y la repercusión que tuvo el reportaje en otros medios. También el hecho de que la propia UB, apenas dos meses después de su publicación, modificara su código ético para considerar “mala praxis” las relaciones sexoafectivas entre docentes y alumnos.

El fallo recuerda, a su vez, que el propio rector de la UB, Joan Guàrdia, citó en su despacho a la estudiante en abril de 2021, dos días antes de nombrar a Matas como vicerrector, para hablar del asunto, tal y como desveló esta redacción. “Se trata de hechos que años después de que tuvieran lugar tenían relevancia para los propios gestores de la universidad”, concluye el magistrado.

Bulos contra la estudiante que denunció a Matas ante la UB

Mientras ha durado el proceso judicial contra elDiario.es y la joven que relató su caso en el reportaje, la exestudiante ha sido objeto de ataques con falsedades en más de una ocasión por parte de distinto personal de la universidad.

Al menos dos empleados de la UB han difundido en reuniones públicas de la UB el bulo de que la exalumna se había retractado en sede judicial de sus acusaciones contra Matas, un hecho totalmente falso y que, según fuentes consultadas, también difundían en privado algunos profesores del departamento de Políticas de la UB.

“Nos preocupa la sensación de abandono del Dr. Matas en un momento en que está a punto de resolverse la demanda que él presentó”, aseguró en el Consejo de Gobierno del Rectorado del pasado 9 de octubre Jordi Guilleumes, técnico de información de la universidad. “Precisamente ahora que la presunta víctima ha afirmado ante el juez que no hubo ningún acoso”.

Pocos meses después, en el claustro del 18 de diciembre, fue una profesora de la Facultad de Farmacia, Mireia Oliva, la que difundió el mismo bulo, insistiendo en la mentira de que la exalumna se había retractado en sede judicial de sus acusaciones.

“El año pasado una publicación en un medio digital puso en cuestión la honorabilidad del Dr. Matas y de paso la actuación de la universidad que archivó por falta de fundamentos una queja presentada en 2017”, afirmó Oliva, leyendo un comunicado en nombre del sindicato Intersindical. “Curiosamente la presunta víctima, en un escrito presentado ante el juez, acabó desmintiendo las acusaciones”, añadió, insistiendo en la falsedad.

Cuando, en el claustro del 18 de junio de 2024, un profesor reprochó al rector de la UB, Joan Guàrdia, que no se hubiera tomado ninguna decisión más dura contra el catedrático, después de que más de 100 profesores firmaran una carta pidiendo su cese, y criticó los hechos que se le atribuían a Matas, Guàrdia se manifestó de la siguiente manera:

“El Dr. Matas ha iniciado sus acciones legales a las cuales todo ciudadano tiene derecho y por lo tanto estaremos atentos a la finalización de este proceso judicial”, afirmó el rector. “De mientras, debemos defender la integridad de las personas y, sobre todo, no hacer afirmaciones de las cuales alguien, en algún momento, se va a tener que arrepentir”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la UB, que ha rechazado pronunciarse sobre la sentencia alegando que la universidad no ha formado parte de este proceso judicial.

“El Dr. Matas está ejerciendo su actividad académica en la UB porque no ha sido nunca sancionado”, señala una fuente oficial. “La investigación interna de 2017 concluyó con el archivo y nadie lo recurrió ni se produjo ninguna demanda por la vía judicial”.

Actualmente Matas ejerce de coordinador del “Segundo plan de Dinamización lingüística de la universidad” y, según la UB, la reciente sentencia que avala el reportaje de elDiario.es “no afecta en ningún sentido esta situación”.

La Universitat de Barcelona (UB) ha suspendido durante 18 meses de funciones y sueldo a un profesor de literatura por haber mantenido relaciones con al menos una de sus alumnas, entre otros hechos. En una resolución firmada por el rector, el centro le atribuye una “falta muy grave” por haberse aprovechado de su condición de profesor para “obtener un beneficio indebido”, según han informado a este periódico fuentes conocedoras del caso.

El profesor lleva suspendido de forma cautelar desde septiembre de 2023, después de que la alumna presentara una denuncia por acoso sexual ante la Unidad de Igualdad de la UB. Paralelamente, la estudiante acudió a los Mossos y a la justicia, que desestimó hasta en dos ocasiones el caso al considerar que se trató de una relación consentida.

El último archivo se dictó el pasado marzo, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona señaló en un auto, al que tuvo acceso elDiario.es, que en ninguno de los encuentros hubo “falta de consentimiento” ni el uso de “violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad” respecto a la denunciante.

El auto de la Audiencia, con todo, mantenía la puerta abierta a una sanción administrativa al recordar que los “criterios sobre la existencia de situaciones de acoso sexual” que puedan recoger los protocolos en empresas, centros docentes o administraciones “no tienen por qué ser coincidentes con los que informan la jurisdicción penal”.

Tras el revés judicial, la alumna denunció su caso con un comunicado publicado en redes sociales. “Quiero denunciar acercamientos, comentarios fuera de tono, insinuaciones, acoso y tocamientos en su despacho”, escribió la alumna. “Insistencias de demandas sexuales y diversas intimidaciones hasta el punto de obligarme (cerrando las ventanas y la puerta con llave y asegurándose de que no había nadie cerca) a tener sexo en tres ocasiones distintas”, aseguró.

El docente respondió con otro comunicado en el que aseguraba ser víctima de una “persecución” y una “campaña de desprestigio, calumnias, insultos y amenazas” que le hacían sentir “impotencia e indefensión”, ya que se le acusaba de unos delitos que según la justicia no había cometido.

Tras la presentación de la denuncia interna a la UB, hubo siete alumnas más que también se sumaron al procedimiento y señalaron haber sufrido hechos similares. Dos de estas presuntas víctimas no pudieron formar parte del proceso porque los hechos ya habían prescrito, aseguran las mismas fuentes.

Tras 10 meses de instrucción en las que se han analizado mensajes, correos y el relato de más de 15 testimonios (10 de ellos aportados por parte del profesor sancionado), la universidad ha considerado que el profesor cometió la mencionada falta muy grave y así lo ha considerado en la resolución que ha firmado el rector, Joan Guàrdia, entregada la semana pasada y que todavía es recurrible por parte del profesor.

Las fuentes consultadas señalan que el cambio en el código ético que implementó la universidad el pasado marzo, cuando pasó a considerar “mala praxis” las relaciones sexoafectivas entre profesores y alumnos, ha facilitado la adopción de una medida de este calado.

El cambio en el código ético llegó pocos meses después de que elDiario.es revelara en una investigación los mensajes que el entonces vicerrector del centro, Jordi Matas, mandó a una alumna a la que le iba a tutorizar el trabajo de final de grado, años antes de acceder al cargo de vicerrector. Matas dimitió de su puesto al cabo de pocos días de la publicación del reportaje para “poder emprender sin limitaciones institucionales” acciones legales contra elDiario.es.

La sequía histórica que padecía Catalunya ha llegado a su fin. Así de claro lo expresa Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universitat de Barcelona (UB) y uno de los principales expertos en climatología del país. Tras más de tres años de falta de lluvias y pérdida progresiva de reservas en los embalses, que obligaron a la Generalitat a decretar por primera vez el estado de emergencia hídrica en 2024, la situación mejoró ligeramente ese año. Pero este marzo, en apenas quince días de precipitaciones el estado de los pantanos de las cuencas internas ha dado un vuelco: han pasado del 30% al 50%. 

¿Cómo valora el episodio de lluvias de los últimos días en Catalunya? ¿Cuánto hace que no se registraban estas precipitaciones? 

Ha sido una acumulación de episodios. Desde principios de la primavera climatológica, que abarca de marzo a mayo, hemos visto episodios generales de lluvias que, sin tener un carácter torrencial, se han ido acumulando de forma regular, no compulsiva. Ha tenido un carácter –entre comillas– más atlántico que mediterráneo. ¡Es que hemos visto lloviznar y sirimiri! Además, ha sido muy repartida por el territorio, sobre todo en las cabeceras de los ríos de las cuencas internas, que estaban muy escasas desde hacía mucho tiempo. Si hace justo un año, en marzo de 2024, el agua en los embalses llegó a un mínimo de un 14%, el resto del año ya fue más razonable en cuanto a lluvias y en muchos lugares se alcanzaron los valores medios. Y ahora con las últimas lluvias los embalses han acumulado bastantes reservas y han dado un salto que no veíamos desde 2021.  

Con los datos de los embalses en la mano, que ya rebasan el 50%, técnicamente y en casi toda Catalunya estaríamos fuera de lo que se considera como sequía hidrológica. 

La sequía en Catalunya, que ha durado tres años y algo más, ha finalizado. En mi opinión, la doy por finalizada. Tenemos un incremento muy llamativo del agua embalsada, que además que va a continuar, porque la dinámica es de lluvia y hay una cantidad considerable de nieve almacenada.

Para mí la sequía tiene cinco facetas. En cuanto a la pluviométrica, se están normalizando los valores promedio de lluvias. Hidrológicamente, el repunte de agua embalsada es importante. En cuanto a los ecosistemas, de 2021 a marzo de 2024 los bosques sufrieron mucho, pero ya no estamos en esas condiciones. Sobre la sequía agraria o edáfica, ahora el suelo tiene la sazón y humedad que le corresponde por el momento del año. Y por último, la sequía socioeconómica: si quedan restricciones habría que levantarlas. Pero dicho esto, hay que añadir que el peligro de la naturaleza llamado sequía seguirá presente. Es consustancial al clima mediterráneo y con el cambio climático el fenómeno será más frecuente y más intenso

De la sequía que Catalunya deja atrás no existen precedentes. 

Los años 1822, 1823 y 1824 tuvieron un carácter parecido en cuando a escasez de lluvia. Remontarse dos siglos para encontrar un caso igual lo convierte en excepcional. Pero insisto en que el fenómeno de la sequía está ahí y conviene no olvidarlo.

¿Un período de lluvias constantes como el que estamos viviendo en Catalunya es algo poco habitual? La última vez que se llenaron los embalses fue en 2020 con el temporal Glòria. 

El Gloria fue un temporal extraordinario. Regó en tres o cuatro días todo el territorio de forma copiosísima. Las cantidades fueron enormes. En este caso han sido días repetidos. ¿Es probable o improbable? De vez en cuando se dan estas anomalías, ahora en forma de depresiones y borrascas una tras otra entrando desde el Atlántico. Ha llovido mucho en Andalucía occidental, en el occidente de la península, en parte de Castilla… Esto de vez en cuando ocurre, igual que a veces tenemos anomalías de otro signo, como las anticiclónicas. No es muy frecuente, pero ocurre de vez en cuando, tampoco es extraordinario. 

¿Y cómo se presenta esta primavera y verano en cuanto a precipitaciones?

Para ello miramos las predicciones estacionales, que son para los tres próximos meses aproximadamente en cuanto a temperatura y lluvia. Pero tienen un alto grado de incertidumbre. Para abril y mayo se ve que la temperatura será superior a la normal, pero sobre la lluvia no dicen gran cosa. Nada especial. Alguno dice que abril puede ser más lluvioso: ojalá, pero tiene un alto grado de incertidumbre. 

El peligro de la naturaleza llamado sequía seguirá presente. Es consustancial al clima mediterráneo y con el cambio climático el fenómeno será más frecuente y más intenso

Hablemos de futuras sequías en un territorio como el catalán. ¿Con la emergencia climática padeceremos más sequías y más intensas?

En el Mediterráneo, donde podemos insertar casi toda España, todos los modelos climáticos anuncian que no podemos esperar más lluvias que las actuales. Por lo tanto, habrá que ser muy cuidadosos con la gestión de los recursos hídricos. Porque aunque llegue a llover lo mismo, como la temperatura va a seguir subiendo, habrá menos recursos hídricos en el suelo, porque habrá más evaporación. 

Suele decir usted que los modelos climáticos con el calentamiento global no son muy claros en cuanto a la evolución de las lluvias. 

De lo que no hay duda con el cambio climático es que la temperatura va a seguir aumentando. Sobre la lluvia en el Mediterráneo, es posible que tienda a disminuir. Pero aunque se mantenga como ahora, el resultado es que habrá menos recurso hídrico disponible, porque una superficie más cálida es más evaporante. 

¿De la actual sequía histórica cree que hemos aprendido algo como sociedad?  

Sí, ya lo creo. Cuando la humanidad se ve sometida a riesgos importantes y duraderos queda una huella, aunque la memoria humana pueda ser corta. La anterior gran sequía, la de 2008, dejó una reducción del consumo de agua en Barcelona. Los técnicos que gestionan el agua en Catalunya son buenos y capaces, aunque quienes toman las decisiones son los políticos y ahí podríamos ser más críticos. 

¿Qué cree que habría que mejorar concretamente de la gestión del agua durante la escasez de los últimos tres años?

De entrada, hay que trabajar por la sequía en los momentos de bondad pluviométrica. Ahora que tenemos una época buena, lo que hay que hacer en primer lugar es evitar y reparar las pérdidas de las redes de distribución de agua. En muchos municipios todavía suponen porcentajes muy considerables que se pierden. Esto hay que reducirlo al mínimo. En el caso de Catalunya, hay un plan con un horizonte para la próxima década para construir una nueva planta desaladora, para aprovechar mejor los acuíferos, para potabilizar el agua del río Besòs… Si se aplica este plan, seremos menos dependientes del agua de la lluvia y de los embalses. 

Hay que trabajar por la sequía en los momentos de bondad pluviométrica. Ahora que tenemos una época buena, lo que hay que hacer en primer lugar es evitar y reparar las pérdidas de las redes de distribución de agua

Algunas entidades cuestionan que seamos capaces de seguir con aumentos de población y sobre todo de actividad económica que demanda más agua, cuando en el futuro lo que tendremos serán más períodos de escasez. 

Lo podemos visualizar en el sector económico del turismo, con importancia fundamental en España. Recibimos 90 millones de visitantes el año pasado, el doble de nuestra población, y el turismo demanda agua. El problema del agua tiene incidencia en todos los sectores económicos, pero si seguimos aumentando el número de turistas de forma desmesurada, el territorio, incluida el agua, será insuficiente para satisfacer la demanda. Esto obliga a planificar el territorio incluyendo la planificación hídrica y la energética. Agua, energía y territorio van de la mano, son indisolubles. El problema del agua tiene que ver con qué país pensamos para el futuro.