El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en la red social de su propiedad Truth Social que, con efecto inmediato, entrará en vigor un “alto el fuego energético” en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según Trump tanto las autoridades rusas como las ucranianas habrían aceptado el cese de ataques contra infraestructuras energéticas de su enemigo y les ha pedido que “no lo rompan”. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha declarado sentirse “sorprendido” por el anuncio del presidente de Estados Unidos.

La Casa Blanca tampoco ha detallado si Trump ha hablado por teléfono con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, antes de realizar el anuncio, que llega un día después de que el presidente estadounidense cargara contra Zelenski por autorizar los ataques ucranianos de las últimas semanas sobre refinerías rusas y asegurase que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

El presidente ucraniano, Zelenski, ha publicado en sus redes sociales que acaba de mantener conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, el presidente de Finlandia, Alex Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en las que han tratado “el alto el fuego energético” anunciado por Trump.

“Ucrania apoya el alto el fuego y es importante que Rusia lo apoye también. Estamos esperando detalles de la parte americana”, ha detallado Zelenski, quien ha agregado que, por su parte, “Ucrania siempre apoya completamente los pasos hacia la desescalada, la protección de vidas y las decisiones necesarias para acabar con la guerra y garantizar una paz duradera”.

Precisamente este domingo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había abierto la posibilidad de un cese de sus ataques contra infraestructura energética y especialmente petrolífera en Rusia si el país vecino aceptase una tregua de 60 días.

“Es posible detener los ataques contra la infraestructura energética hoy mismo pero Putin no quiere hacerlo. Ucrania estará dispuesta a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética. Cualquier medida de desescalada debe ser recíproca y estar respaldada por garantías reales”, dijo Zelenski en sus redes sociales.

Zelenski insistió en esta idea en una entrevista este domingo con la cadena de televisión estadounidense ABC: “Se lo dije al presidente Trump, a su equipo y a su gente varias veces: queremos la paz, estamos listos para un alto el fuego, estamos listos para comenzar con cualquier tipo de medidas de desescalada”, afirmó en el programa 'This Week'. “Y si los rusos quieren que no ataquemos su diésel, sus refinerías, etc., le pedimos al presidente Trump que les dé la señal de que no ataquen la infraestructura energética de Ucrania”.

Añadió que Ucrania está incluso dispuesta a organizar elecciones si Rusia respeta este hipotético alto el fuego de dos meses: “No nos ataquen. No maten a nuestros hijos. Dejaremos de atacar su diésel. Y creo que es un trato justo”.

A última hora del viernes, el presidente de Estados Unidos anunciaba un acuerdo con Rusia para la exportación de diésel de este país hacia el gigante norteamericano, desbloqueando las sanciones al petróleo ruso vigentes desde el inicio de la guerra de Ucrania. “Rusia entregará, en un breve plazo de tiempo, 3.000.000 de toneladas de gasóleo”, llegó a asegurar Donald Trump.

El anuncio, que no sentó nada bien en Ucrania, provocó una dura reacción del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien calificó de “injusto” e “impropio de un aliado” el acuerdo entre Trump y Putin.

“En el mismo momento en que nuestro equipo hablaba con el equipo estadounidense en Florida, en ese momento el presidente de EEUU tiene una conversación con el líder del Kremlin, con el líder de esta guerra, con el líder de esta agresión, y llega al acuerdo correspondiente por el que le da la posibilidad a Rusia de exportar diésel”, ha declarado Zelenski.

El presidente ucraniano señaló asimismo que el dinero que ingrese Putin por la venta del diésel exportado a EEUU irá a financiar la guerra en Ucrania.

El anuncio de Trump se produce después de que el 18 de septiembre firmara una ronda de sanciones contra Rusia con vistas a asfixiar la economía energética del país, que alimenta la guerra en Ucrania. A última hora de este sábado 10 de octubre, las autoridades rusas anunciaban el levantamiento parcial de la prohibición vigente de exportación de diésel tras este acuerdo anunciado por Donald Trump.

El Ejecutivo ruso indicó que la medida entra en vigor este sábado y “permitirá en la etapa actual dirigir al mercado mundial 500.000 toneladas de combustible diésel”. Y añadió que las compañías petroleras deben comenzar a contratar los suministros de diésel con los clientes extranjeros en coordinación con el Gobierno ruso.

Por su parte, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, indicó que esta decisión no afectará los intereses de los consumidores rusos. “En Rusia el diésel se produce a partir de crudo ruso en refinerías nacionales. Los volúmenes de producción nos permiten abastecer plenamente tanto el mercado interno como los volúmenes especificados para el suministro global”, sostuvo.

Hasta este sábado se mantenía vigente la prohibición de exportar gasóleo: para los productores se preveía como límite el 31 de octubre próximo, y para los no productores, hasta el 31 de enero de 2027. Sin embargo, se mantiene una prohibición total de exportar gasolina hasta el 31 de enero de 2027.

Los bombarderos de Kiev contra instalaciones energéticas han contribuido a una mayor escalada de los precios del diésel a nivel mundial, ya de por sí afectados por la guerra de Irán, debido al peso que Rusia tiene en las exportaciones globales de este combustible.

El encarecimiento de los hidrocarburos es uno de los temas que más preocupan actualmente en la Casa Blanca ante la impopularidad de Trump y el Partido Republicano a menos de un mes de que se celebren unas elecciones legislativas en las que la formación conservadora se arriesga a perder su exigua mayoría en el Congreso y el Senado estadounidenses.

Además, desde primera hora de este domingo, Ucrania y Rusia han continuado las hostilidades, en esta ocasión con ataques sobre infraestructura relacionada con servicios informáticos y centros de datos. Mientras el Ejército ucraniano lanzaba un ataque contra el gigante informático ruso Yandex, los rusos respondían con un ataque contra centros de datos de la región de Odesa, así como contra buques ucranianos estacionados en el Mar Negro.

Washington DC siempre ha sido la capital internacional de los grupos de presión. El lugar donde se apilan de manera compulsiva. La Puerta del Sol de los privilegiados que buscan mantener sus status quo. O, en su defecto, alcanzar beneficios directos de forma fulgurante y subrepticia. De hecho, los lobbies tienen calle propia en DC, K Street, la arteria urbana en la que se congregan para ejercer su influencia en el establishment americano. Pero no es el único distrito de acceso al lado Oeste de la Casa Blanca, donde se supone que se cuecen a fuego más o menos lento los designios de industrias o movimientos sociales y políticos como el Make America Great Again (MAGA).

Donald Trump ha desplazado, en su segundo mandato, parte de sus plácets de ingreso hacia Mar-a-Lago, su residencia familiar en, una maniobra con la que el dirigente republicano pretende seguir labrándose una imagen alejada —de eso alardea— del viejo orden institucional estadounidense.

Sin embargo, y pese al empeño trumpista por desviar su atención del círculo de Washington, los lobbies americanos, posiblemente los más activos y pudientes del planeta por su capacidad de interceder en la gestación de normas o la puesta en liza de iniciativas oficiales y de trasladar sus intereses más allá de las fronteras de EEUU, viven una etapa de esplendor. A rebufo de la agenda ultraconservadora MAGA.

La reciente reunión con los primeros espadas de las Big Oils sobre el veto exportador al diésel y la exigencia a Europa para que libere sus reservas de gas y gasóleo, esenciales para que opere el mix energético en una etapa de escaso almacenamiento en el Viejo Continente, con un invierno en ciernes y una escalada de precios energéticos surgida de la guerra de Irán instigada por el propio Trump, es un botón de muestra de la efervescencia que han tomado sus incursiones en el núcleo duro del inquilino de la Casa Blanca. Pero no ha sido la única señal de que algo se cuece en la sala de máquinas del ejecutivo americano a menos de un mes de las midterms.

También las Big tech se han aproximado al Despacho Oval. En esta ocasión, a cenar, con luz y taquígrafos. Para reclamar al presidente de la IA y los cripto-activos autorregulación en tiempos convulsos que les conceda inmunidad ante la hostil y archi-normativa Europa, que pretende, a los ojos de los jerarcas de Silicon Valley, alejarles del negocio tecnológico del viejo continente. O de las perversas y vetustas instituciones multilaterales, que instaurar supervisión a los avances de la IA.

En la lista de ilustres comensales, destacaron Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Greg Brockman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Alex Karp (Palantir), Jeff Bezos (Amazon) y Elon Musk (X, Tesla, SpaceX).

Ambos cónclaves ocurrieron en apenas 48 horas. Casi sin solución de continuidad. No en balde, la cita con las urnas de noviembre, en la que el Grand Old Party (GOP) de Trump no disfruta del beneplácito de los sondeos y varios de sus gobernadores y legisladores en ambas cámaras temen perder sus cargos, es ya inminente. Y los estrategas del partido admiten que el encarecimiento de los carburantes mengua la capacidad adquisitiva de los hogares y que la persistente inflación relega o condiciona las decisiones de consumo en las familias. 

Si, además, estallara la burbuja bursátil de los valores tecnológicos y sus billonarias inversiones acordadas por sus big tech, el panorama para el inversor minorista en Wall Street sería aún más oscuro y dañaría los intereses de un GOP absorto en la ideología MAGA. 

La vieja economía fósil ataca de nuevo...

La liturgia de estos dos lobbies duró apenas unos días, pero bastó para mostrar cómo funcionan los mercaderes de los grupos de presión en el templo americano. El de la vieja economía fósil se activó a finales de septiembre, con el diésel por encima de 6,50 dólares el galón y con Trump mostrando su intención de prohibir su exportación para frenar el precio doméstico y contener la creciente ira de agricultores, transportistas e industriales.

Los ejecutivos de las supermajors acudieron a velar por sus negocios internacionales. Le dijeron a Chris Wright, el zar de la Energía de Trump, que la idea de su jefe era descabellada porque toda intervención en los flujos energéticos globales traería más inflación a EEUU. Lo hicieron en boca de Darren Woods, CEO de ExxonMobil. Del encuentro salió la petición a Europa de que liberara sus stocks de gas y diésel, que finalmente aceptó en el G-7 a instancias de Francia. Pese a los reproches de analistas que ven en la medida más presión sobre las cuentas europeas al tener que prorrogar subsidios a la energía en una época de retorno a la austeridad y con primas de riesgo al acecho por exceso de endeudamiento. Irónica y especialmente contra el bono francés.

Pero “los lobistas son la mejor fuente de información que el dinero puede comprar”, como decía el difunto senador John McCain, adalid republicano, nada connivente con Trump. En Político ya describían los primeros movimientos del lobby fósil a comienzos de septiembre en un elocuente reportaje titulado All Hand On Deck: las manos sobre la mesa. Después de que el presidente acusara a ExxonMobil y Chevron de ganar demasiado dinero y ordenara investigar abusos de precios.

El nerviosismo del sector tenía una nítida base monetaria. Las exportaciones estadounidenses de crudo habían aumentado cerca de un 30% interanual, hasta unos 3,5 millones de barriles por día y las de productos refinados, incluido el diésel, en un 20%, por encima de 8 millones diarios.

El American Petroleum Institute —el lobby por antonomasia de la Big Oil— y las firmas dueñas de las refinerías insistieron en que cerrar esta válvula reduciría producción, alteraría el equilibrio entre combustibles y acabaría encareciendo los precios domésticos. La Casa Blanca sostuvo que no preparaba restricciones, pero la campaña preventiva ilustra hasta qué punto la industria trata de influir antes de que una opción política llegue siquiera a formalizarse.

La presión empresarial coincidió con el sentimiento republicano. Su senador Chuck Grassley y otros representantes de estados agrícolas reclamaron medidas para frenar el precio del diésel. Con advertencias de que el partido podía pagar la crisis en las urnas. La exigencia a los aliados europeos de hacer uso de sus reservas era el punto de encuentro entre dos grupos de interés próximos al GOP. Agricultores, industriales y familias que demandan carburantes a costes bajos y petroleras y plantas de refino dispuestas a no dejar de recibir su cuota exterior del negocio.

Por mucho que los expertos se afanen en situar el foco en la realidad. Como Bill Farren-Price, de Oxford Institute for Energy Studies, quien alerta de que generar un shock energético mediante una guerra en Oriente Próximo perjudica al consumidor estadounidense, a la economía mundial y al crecimiento de largo plazo de los propios mercados de petróleo y gas.

Pero la Big Oil dispone de una maquinaria permanente para hacerse escuchar. El gasto declarado en lobby de su industria alcanzó los 32 millones de dólares entre julio y septiembre pasados con American Petroleum Institute, Koch Industries, ExxonMobil y Chevron como protagonistas.

... y cede sus bártulos de influencia a la IA

La segunda señal de alarma de que los lobbies han estado en plena efervescencia este verano y lo estarán este otoño procede de la IA y su “moralmente vinculante” autorregulación que exige el tecno-feudalismo de Silicon Valley, según afirma Trump. Frente a la barbarie del normativismo público. Este pacto apela a controles internos, auditorías externas y vigilancia desde los propios consejos de administración. Sin sanciones ni mecanismos de cumplimiento por exigencia legal. La fórmula –aducen defensores y detractores– permite a la Casa Blanca decir que responde así a la creciente preocupación social por los riesgos de la IA sin imponer a Silicon Valley un marco federal que frene su voracidad innovadora.

Tras esta entente cordiale se ha desplegado toda una maquinaria de influencia. El lobby de la IA, el nuevo K Street tecnológico, ha desembolsado 112 millones de dólares a sus firmas de presión en el primer semestre de 2026; más de la mitad —unos 60 millones— en los meses estivales, su récord trimestral, según datos de Bloomberg Government que cita a Meta Microsoft, Anthropic y Nvidia como sus principales clientes. 

De momento, busca virar el rumbo del relato regulatorio desde un supuesto intervencionismo estatal —cuánto pueden los poderes públicos vigilar a las tecnológicas y a su IA— hasta situarlo en un punto de gravedad nunca visto: quién debe escribir las reglas y verificar su cumplimiento. Tom Wheeler, del Center for Technology Innovation de Brookings y antiguo presidente de la Federal Communications Commission (FCC), el regulador del mercado de las telecomunicaciones americano, avisa de que el pacto permite a las compañías diseñar sus propios controles, elegir a sus evaluadores y decidir si sus procedimientos resultan efectivos sin obligación de entregar resultados a una autoridad pública ni de imposición externa a cualquier medida correctoras.

Es decir, que las compañías se convierten simultáneamente en legislador, inspector y árbitro. En un momento en el que el propio Congreso americano empieza a explorar vías distintas, con una serie de iniciativas bipartidistas para establecer responsabilidades civiles y penales por posibles daños provocados por la IA.

Marcus Bokkerink, expresidente de la británica Competition and Markets Authority, va incluso más allá al alertar de que “no corresponde a las empresas que fabrican productos designar a sus propios evaluadores” y, en una clara alusión a las bigtechs americanas, critica que “unos pocos gigantes no deben diseñar reglas de juego que podrían terminar consolidando sus posiciones de dominio y dificultando la entrada de nuevos competidores más pequeños”.

Un bumerán de presiones

Pero el petróleo y la IA no son los únicos focos de influencia latente en EEUU. OpenLobby, una plataforma de datos que rastrea el menudeo de los lobbies, cifra en 2.740 millones de dólares en facturas declaradas por estas prácticas con más de 12.600 lobistas activos entre enero y junio. Camino de otro récord anual como en 2025. Desde movimientos para influir en la confección de los presupuestos a otros dirigidos a dibujar el futuro mapa impositivo, la porción privada de la Sanidad y un amplio abanico de sectores. Todos, con mayor o menores arsenales monetarios.

Farmacéuticas, firmas manufactureras y de comercio, de las industrias militar, financiera o de la distribución, alimentación, agrícolas, automovilísticas, transporte, telecos, inmobiliarias o entes profesionales compiten por un más rápido acceso a una Casa Blanca capaz de alterar aranceles, contratos públicos, leyes o decisiones ejecutivas. En busca de metas y desafíos concretos.

En esta arquitectura, K Street continúa ejerciendo su poder. Hace uso del viejo modus operandi de influir desde despachos jurídicos, asociaciones empresariales, comités del Congreso, agencias o funcionarios y reguladores. Ballard Partners, firma fundada por Brian Ballard, histórico aliado de Trump, ha declarado más de 30 millones de dólares de ingresos por lobby federal en cada uno de los dos primeros trimestres de 2026, líder del sector. Mientras firmas de colaboradores del universo trumpista captan cada vez más porciones del pastel. A cambio de conocimiento en Public Affairs. Aunque, sobre todo, por usar sus tentáculos con el círculo íntimo del presidente.

En este contexto, Mar-a-Lago añade una dimensión distinta. La residencia de Trump en Florida funciona simultáneamente como espacio privado, negocio y escenario político. Organizaciones dedicadas a visar conflictos de interés han documentado decenas de actos de grupos políticos y empresariales en ella. “Cuando la diplomacia se vincula a la marca personal del presidente como si perteneciera a una administración concreta, EEUU acaba erosionando su credibilidad” alerta Stephen Wertheim, de Carnegie Endowment, sobre las procesiones a Mar-a-Lago antes de alejar cualquier vínculo con Camp David, residencia federal y sede de acuerdos diplomáticos de alto nivel durante más de medio siglo, al que quieren equiparar los acólitos de la versión Trump 2.0.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este sábado contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a cuenta de los bombardeos de Kiev sobre refinerías rusas y después de las críticas de Zelenski al mandatario estadounidense por su acuerdo sobre el diésel con el presidente ruso Vladímir Putin y consideró que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Estas declaraciones de Trump a los medios en el exterior de la Casa Blanca se producen después de que la delegación enviada por Kiev a Florida para mantener conversaciones con los enviados especiales estadounidenses para Ucrania adelantara su regreso y horas después de que el propio Trump anunciara que autorizará las operaciones rusas con diésel hasta abril para controlar la subida global de precios.

“Le dijimos 'puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías', porque ese es un problema mundial que él está causando. Y quiere crear problemas para el mundo, problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del combustible diésel en todo el mundo”, argumentó Trump antes de partir a Tennessee, donde ofrecerá un mitin para las legislativas.

Trump afirmó que Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para cerrar la guerra de Ucrania, conflicto que consideró que “comenzó debido a la incompetencia”.

“Nunca debió haber empezado. No habrían perdido ya el 30 % de su país”, dijo del Gobierno ucraniano.

“Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, señaló Trump, que concluyó diciendo que cree que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Zelenski ya criticó el viernes el acuerdo entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, y calificó el pacto de “injusto” e “impropio de un aliado”.

El acuerdo permitirá a Rusia exportar millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense e internacionales pese a las sanciones en vigor de Washington sobre el sector energético ruso que pesan sobre Moscú desde el arranque de la guerra en 2022.

Kiril Dmítriev, emisario ruso para la cooperación económica con Estados Unidos, celebró este viernes el llamamiento de Trump a cambiar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, porque “quiere causar problemas a todo el mundo”.

“El presidente Trump se suma a quienes creen que Ucrania necesita un liderazgo realmente centrado en la paz, y no en el belicismo de Zelenski”, escribió en su cuenta de X, al señalar que “la diplomacia del diésel dejó al descubierto a Zelenski”.

Ucrania atacó una terminal petrolera rusa en la víspera del acuerdo

Precisamente esta madrugada, Ucrania atacó una terminal petrolera en la sureña región rusa de Rostov pese al acuerdo de suministro de diésel alcanzado la víspera entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, según informaron hoy las autoridades y medios independientes.

Según el canal de Telegram independiente ruso Astra, en Rostov en el Don, la capital regional, se desató un incendio en la terminal petrolera Yug Rusí, encargada del almacenamiento y bombeo de combustible de la refinería Neftezhájinsk, instalación que ya había sido alcanzada por drones ucranianos el pasado 9 de julio.

Durante el ataque nocturno, en el que fueron derribados más de cien drones, también “resultó dañado un puente ferroviario”, según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Yuri Slúsar.

“Se detuvo el tránsito de trenes en ambas direcciones. Se verifica la información sobre posibles víctimas. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos”, indicó. Posteriormente señaló que durante el ataque fueron heridas seis personas y dañados varios edificios y casas particulares. Se desató un incendio en un edificio en construcción en la localidad de Batáisk.

Además, en el mar de Azov fueron atacados dos buques, sin que se reportasen víctimas.

El ataque contra la instalación petrolera rusa tiene lugar apenas horas después de que Trump y Putin acordaran en una conversación telefónica que Rusia suministrará petróleo y derivados a los mercados estadounidense y mundial, para bajar los precios del diésel en el mercado internacional.

Poco antes, Trump anunció en su red Truth Social que durante “una conversación sumamente exitosa” con Putin se acordó que “Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después”.

Trump añadió que, “además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente —en un breve plazo— 3.000.000 de toneladas de combustible diésel”.

El anuncio llega en un momento de máxima preocupación en la Casa Blanca y en el Partido Republicano por los datos que marcan las encuestas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y que dan una ventaja de unos siete puntos a los demócratas, especialmente por el malestar ciudadano por el alto precio de la gasolina y las dificultades para afrontar el coste de la vida.

Mientras, la decisión de Putin se produce después de que en los últimos meses Rusia sufriera un grave déficit de combustible, que provocó grandes colas en las gasolineras, debido a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas.

Todo ello, en medio de exigencias del jefe de la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que cese unilateralmente los ataques contra las refinerías rusas, ya que esto afecta a los precios del diésel.

Aunque son la causa principal de cambio climático, los gobiernos pagan ahora mucho más en subvenciones al petróleo, el gas o el carbón que el año en el que se firmó el Acuerdo de París. O dicho de otra manera: destinan actualmente mucho más dinero público a financiar la producción y uso de los combustibles fósiles que provocan la crisis que ese acuerdo pretende atajar.

Si en ese 2015 las subvenciones directas llegaron 330.000 millones de dólares, cinco años después, en 2020, los subsidios directos sumaron 450.000 millones. Para 2024 —tras pasar por un pico de un billón en 2022— llegaron a 730.000 millones, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Este 2026, “las subvenciones directas van camino de alcanzar otra vez el billón de dólares y podrían llegar a 1,4 billones si el barril de crudo costara 110 dólares”, según ha calculado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

A pesar del diagnóstico científico, la dependencia del petróleo o el gas se ha dejado sentir implacablemente desde que estalló la guerra en Ucrania (2022) y le siguió el ataque de EEUU e Israel a Irán en Oriente Próximo (2026).

Así que, esta misma semana, el Gobierno ha decidido prorrogar las ayudas directas a la gasolina y el diésel en España —además de limitar la tarifa del gas—. La subvención consiste en una rebaja fiscal en el Impuesto Especial de Hidrocarburos: 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre.

Cuando tienes el poder dentro del sistema energético creado durante más de cien años y acaparas las ayudas, es muy difícil que las energías alternativas entren en el mercado

Pep Canadell — científico jefe del Centro de Investigaciones Científicas de Australia

El científico jefe del Centro Nacional de Investigación Científica de Australia (CSIRO), Pep Canadell, explica que “cuando tienes el poder dentro del sistema energético creado durante más de cien años y acaparas las ayudas, es muy difícil que las energías alternativas entren en el mercado”. Hay que tener en cuenta que la situación en el mundo es bastante diferente a España —que tiene diversas fuentes de energía— “en muchas partes los combustibles fósiles son el 80% o más de la energía”, aclara Canadell que también es director ejecutivo de Global Carbon Budget.

Detrás de las ayudas en España está el temor a la inflación. De hecho, el IPC escaló hasta el 4,9% en septiembre empujado por el precio de los combustibles. El coordinador del área de energía y clima en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, afirma que “de alguna forma, estas reducciones contienen el descontento de la población y evitan una presión social mayor para que las energéticas ajusten sus precios cuando bajan sus costos como sí hacen cuando incrementan los precios”. Y añade: “Vemos que grandes corporaciones tienen beneficios millonarios que apenas son gravados por lo que son las clases populares las que absorben el impacto del alza de los combustibles fósiles”.

Ambos conflictos bélicos han servido para que las petroleras den la vuelta a la imagen de los combustibles fósiles: de causa de un gran problema mundial como es el cambio climático a solución para tener seguridad energética. Y, a caballo de ese relato, las petroleras baten récords de beneficios en 2026.

Detrás de todas estas ayudas públicas encontramos que, en 2025, las emisiones mundiales de CO₂ por usar combustibles fósiles marcaron un nuevo récord histórico: 38.100 millones de toneladas. Un incremento del 1,1%. Ese y otros gases son los que, al acumularse en la atmósfera, atrapan el calor del sol, generan el calentamiento global del planeta y, de ahí, la alteración del clima que ya padecemos: olas de calor, sequías, tormentas más violentas, inundaciones o incendios forestales inextinguibles.

Cada vez que llega una crisis energética se repite el mismo dilema para los gobiernos. “Las subvenciones están pensadas para proteger a los consumidores al mantener los precios más bajos, pero conlleva un coste sustancial”, explican los análisis del FMI. No solo fiscales, al exprimir los presupuestos, sino que también “empeoran el cambio climático y la salud”.

Además, repite el FMI, “no están bien orientados hacia las rentas más bajas ya que el 20% de los hogares más pobres solo reciben 20 céntimos de cada dólar destinado a subvencionar combustibles”.

“Claro que hay buenas razones para estos subsidios —opina Pep Canadell— pero miles de millones cada año colocan al petróleo, el gas o el carbón en una situación de ventaja competitiva muy grande. Se está produciendo una transformación energética, pero el ritmo así es muy lento”.

La presión del 'petrolobby'

El responsable de clima, energía y transporte de Greenpeace, José Luis García Ortega, considera que el Gobierno “ha cedido a las presiones del lobby de los combustibles fósiles” y aboga por que ese dinero se destinara “a apoyar a la población para defenderse de la dependencia de los combustibles fósiles. Las subvenciones a la gasolina y el gasoil deberían usarse para ayudar al transporte público, por ejemplo ampliando el alcance del abono único, de manera que la gente no necesite utilizar tanto combustible fósil”.

Es muy difícil contener precios cuando vivimos en una demanda continuamente alcista de combustibles fósiles. Por eso pedimos planes que, por ejemplo, reduzcan el tráfico para rebajar la demanda global. Eso eliminaría gases de efecto invernadero y reduciría los costes

Javier Andaluz — coordinador de Energía y Clima en Ecologistas en Acción

La capacidad de la industria del petróleo y el gas para influir en las políticas públicas —petroestados como Arabia Saudí incluidos— ha quedado patente al ver que las palabras combustibles fósiles no aparecieron en todo el texto del Acuerdo de París y solo se consensuó pedir una “transición lejos” de estos productos en la cumbre del clima de Qatar en 2023.

El informe de la Comisión Europea sobre subvenciones a la energía publicado este septiembre confirma que “queda mucho por hacer si la Unión Europea quiere mantener su compromiso de dejar estos subsidios completamente en 2050”. Los 27 dedicaron en 2024 unos 97.000 millones de euros a subvencionar estos combustibles. Es menos que en el pico de 2022, pero muy por encima de la media 2015-2019 situada en 60 millones (un salto del 60%).

“Es muy difícil contener precios cuando vivimos en una demanda continuamente alcista de combustibles fósiles”, reflexiona Javier Andaluz. “Por eso pedimos planes que, por ejemplo, reduzcan el tráfico para rebajar la demanda global de carburantes. Eso eliminaría gases de efecto invernadero y reduciría los costes de los combustibles fósiles”.

Sin embargo, la reducción de uso no aparece en el horizonte: “Se pretende regular con medidas que son un poco café para todos y que, al final, incentivan su uso. Además, ayudan a las clases con rentas más altas —que son las que pueden consumir más fósiles— y hacen que mantengan esa demanda alta y, por tanto, continúe la escalada de precios”.

Y con la escalada de precios se atornilla las ayudas públicas a la causa de la crisis del clima. “Las grandes energéticas están haciendo ahora una cantidad de dinero tan grande que les permite hacer inversiones muy fuertes en infraestructuras para seguir extrayendo combustibles fósiles”, ilustra el director del CSIRO. “Y son inversiones a muy largo plazo, 50 o 60 años que seguirán funcionando mientras haya un comprador. Y eso les asegura el futuro”.

Los combustibles fósiles vuelven a invocar a Jeff Curry y su teoría, que caló en los mentideros económicos y bursátiles de todo el mundo en el otoño de 2021 –el que precedió a la guerra de Ucrania–, en la que alertaba de que la vieja economía del petróleo y del gas volvía a ejercer su dominio sobre otro nuevo ciclo de negocios. Uno más. Ininterrumpidamente desde comienzos del siglo XX. Curry era entonces estratega jefe de Goldman Sachs, firma que dejó para asumir un cargo ejecutivo en el fondo de inversión Carlyle.

Aquella fue la primera oleada de un colapso energético en toda regla que ya se saldó con escaladas de precios y encarecimiento del dinero. Sin embargo, aquella fue originada por una ruptura abrupta del crudo circulante y agravada por el elenco de sanciones a Rusia, centradas en sus exportaciones de petróleo y gas y en el veto a realizar pagos en dólares, la moneda de cambio incuestionable en los mercados de la energía. Ahora, en su segunda versión, no existe ni problema de oferta –podría inundarse otra vez de crudo el mercado– ni cuellos de botella en la demanda, dada la creciente necesidad de los centros de datos de alimentar con todo tipo de combustibles su voracidad competitiva de la IA. Incluso con reactores nucleares. 

En consecuencia, el oro negro, símbolo de la monarquía fósil, oscila en torno a los triples dígitos. Sin que haya visos de que los petroestados del Golfo, productores como Rusia, EEUU o Brasil y mucho menos el poderoso cártel de la OPEP+ vayan a cortar sus espitas. Tampoco de que un hipotético aterrizaje más o menos forzoso de las economías globales –descartada en el horizonte cercano por las instituciones multilaterales y la banca privada– vaya a coartar los flujos petrolíferos.

Sin embargo, el barril vuelve a mandar. Por la ausencia de acuerdo en torno a Ormuz, bajo el doble control iraní y estadounidense, para impedir que opere el peaje de tránsito de Teherán y por el colapso de Ban el-Mandeb, que ha sellado el Mar Rojo hacia el Canal de Suez, obstruyendo dos de las arterias navales más utilizadas por petroleros y metaneros. Pero también por el ataque al oleoducto saudí East-West, la escapatoria de Riad para eludir Ormuz, por parte de los rebeldes yemeníes y las refinerías rusas inutilizadas por drones ucranianos.

Todo ello ha generado una paradoja casi surrealista. No falta petróleo ni gas, pero la factura de la electricidad rezuma y la inflación retorna a máximos del bienio 2023. Y el temor a que su fantasma reaparezca con fuerza y alargue la recién iniciada senda de tipos de interés altos hasta contraer las rentas familiares por el paulatino encarecimiento de hipotecas, ha retornado al subconsciente colectivo de los hogares y de las empresas, muy en especial de las pymes, que temen una fase de vacas flacas crediticias.

Los carburantes se disparan

Un buen termómetro de situación es el diésel. Porque la gran obstrucción energética se descubre ahora en el refino. Motivo de que la plana mayor de las energéticas españolas hayan puesto el grito en el cielo en varios foros recientes del sector por la carencia inversora en estas instalaciones, debido a la propensión a adquirir combustibles elaborados baratos del exterior.

El gasóleo ha contagiado el pánico por Europa a un desabastecimiento o, en el mejor de los casos, a tener que sufragar un diésel caro. El precio medio del litro de diésel en la UE ha superado los 2,226 euros y, en España, los 2 euros tras una escalada del 40% desde el inicio de la guerra en Irán. Con EEUU amenazando con no enviar más cargueros al viejo continente para tratar de aplicar paños calientes a su también desmesurado gasto en las gasolineras. Para lo cual se acaba de convocar en el Despacho Oval una cita lobista de la industria petrolera americana para prohibir la exportación de diésel y movilizar el voto republicano en las midterms. Por supuesto con el beneplácito del Grand Old Party (GOP), informa Financial Times.

De esta reunión salió una ocurrencia de lo más grotesca. Chris Wright, el zar energético de Trump, ha pedido a Europa --en concreto, a Alemania y Francia-- que los socios de la UE liberen 120 millones de barriles de diésel de sus stocks durante seis meses --un tercio de sus existencias-- en un intento de aumentar la oferta global y aliviar los precios. Francesco Sassi, profesor en la Universidad de Oslo, advierte de que una interrupción del diésel americano a Europa “provocaría suministros más caros con costes adicionales a familias y empresas” y que la medida “obligaría a los gobiernos de la Unión a emplear más escudos sociales” sobre los carburantes. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, también rechazó la propuesta, aduciendo que todavía hay un tercio de las reservas globales de emergencia para colocar en el mercado.

Las próximas entregas de diésel se han encarecido en un 120% de su valor respecto a febrero. La UE y Asia, con meses de subsidios a la energía y cada vez más protestas sociales son, una vez más, las cabezas de turco de la tensión energética por el voltaje geopolítico en Oriente Próximo.

¿Crisis energética o solo vientos huracanados?

Puede que aún no se pueda proclamar que haya otro energy-crunch como en 2022. Pero suscita pocas dudas entre los expertos que Europa vivirá un otoño y un invierno con riesgos de que se interrumpan bruscamente los envíos de gas licuado y diésel estadounidenses y de que su mostrada capacidad de almacenaje abra grietas de consumo y de producción. Por mucho que los traders del sector barajen desde hace semanas rutas navales alternativas que garanticen el flujo del petróleo y del gas. El mercado energético --recitan algunos—“cada vez se parece más a una red de carreteras en la que existen desvíos, pero con menos itinerarios despejados”.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha emitido una de las señales más reveladoras de este escenario. Los inventarios mundiales de petróleo han disminuido en 507 millones de barriles desde febrero, a un ritmo medio de 2,8 millones diarios. Sólo en agosto cayeron otros 95 millones. Mientras la oferta mundial se redujo ese mes en 1,6 millones de barriles al día y en más de 10 millones de barriles si se comparara con la capacidad plena de los productores del Golfo de colocar crudo en el mercado. Toda una revelación de que aún existe un excedente fuera de servicio por los riesgos de seguridad. Pero, por encima de todo, la constatación de que el petróleo no revela síntomas de agotamiento, sino que exhibe una brecha entre las tensiones geopolíticas y el equilibrio económico.

McKinsey Global Institute lo explica en términos comerciales. Dos tercios de los flujos energéticos mundiales atraviesan estrechos marítimos estratégicos y el 95% de la población global vive en regiones que dependen de sus importaciones de carburantes. La economía ha resistido hasta ahora gracias a inventarios, cambios de proveedores, rutas alternativas y capacidad excedentaria. “Pero resiliencia —alertan— no significa inmunidad”, aunque explica que esta crisis es la primera que no necesita generar colas en las gasolineras, como en los años setenta o, en menor medida, en décadas recientes, porque puede manifestarse de forma más silenciosa, con un barril por encima de los 100 dólares que impulsa la inflación al alza, propulsa los tipos de interés que hacen más caras las hipotecas y reducen el consumo y, en consecuencia, provocan rémoras de crecimiento y empleo. 

Es como si la energía entrara en las economías familiares por las visitas a las gasolineras y terminar recorriendo todas las habitaciones del hogar. En septiembre, el euríbor ha alcanzado al 3,25% en España. Porque Europa es aún muy sensible a este mecanismo de la Vieja Economía. Los socios de la Unión siguen adquiriendo buena parte de los hidrocarburos que consume. Entre otros motivos, porque conserva una industria intensiva en energía y afronta este nuevo shock con un dinamismo modesto y unas finanzas públicas menos holgadas que en la Gran Pandemia. Y la oligarquía petrolífera global es maestra en impulsar subidas sostenidas del petróleo y el gas, como enfatiza Curry, y en propiciar transferencias de rentas desde consumidores y empresas a firmas de energía.

A su favor, sorprendentemente, también juega un inesperado impulso de la actividad económica. En EEUU y en el Viejo Continente —incluido Reino Unido— el ritmo del primer semestre supera las expectativas privadas y la confianza empresarial augura otro trimestre, el tercero, de dinamismo creciente. Factor que aleja a todas las potencias industrializadas, prácticamente, de la temida estanflación. La inflación de la zona del euro ha escalado hasta el 3,8% en septiembre, seis décimas más que en agosto, y la cota más alta en tres años. Con datos del 3,3% en Alemania, del 3,4% en Francia, del 4,1% en Italia y del 4,9% en España. La inflación de las cuatro mayores economías de la divisa europea lejos del 2% del límite estatutario que gobierna el BCE.

Otoño caliente, invierno helado

El mes de septiembre ha encendido el carburador inflacionista y vuelve a añadir presión a Fráncfort para que decrete al menos otra subida de tipos antes de que finalice 2026. El consenso del mercado también se decanta por uno o, incluso, dos movimientos alcistas de la Reserva Federal en el último tramo del año.

Aunque todo está en el aire. Porque, pese a que hubiera bandera blanca en Ormuz y se superara el desacuerdo entre Washington e Irán para otro alto el fuego con tregua naval antes de las elecciones de medio mandato en EEUU quedaría sin resolver la obstrucción en los flujos de los productos de refino. La gasolina, el queroseno y, sobre todo, el diésel, mantienen un 50% menos de buques a flote por las dificultades para movilizar cargas de estos carburantes. En gran medida, porque una decena de refinerías del Pérsico fueron atacadas al inicio de la contienda bélica contra Irán y todavía no están a pleno rendimiento. 

Si el shock energético fuera más intenso y persistente y se transmitiera con mayor fuerza a salarios y precios internos, la inflación de la eurozona podría llegar al 5,4% en 2027, mientras el dinamismo del PIB retrocedería al 0,4%. No es la previsión central del BCE, sino su escenario severo. Pero no es descabellada su predicción sin un horizonte inflacionista despejado. De modo que la autoridad monetaria se enfrenta a una coyuntura que simultáneamente sube precios y resta vigor al PIB.

En EEUU, el panorama no es mucho más alentador. Su economía sigue revelando resistencia, lo que permite a la Fed dedicarse a combatir los precios. Pero el cóctel de petróleo caro, actividad resistente y expectativas de IPC persistentes, aunque más moderadas en agosto de lo previsto, siguen dando alas a la rentabilidad de los bonos y, en consecuencia, dejan en perspectiva una senda de dinero excesivamente caro.

Rob Kaplan, vicepresidente de Goldman Sachs y expresidente de la Reserva Federal de Dallas, observa ya una economía americana a dos velocidades. Mientras la inversión en IA y defensa continúa avanzando con enorme fuerza, sectores especialmente sensibles al precio del dinero, como la vivienda o el automóvil, acusan mucho más el endurecimiento financiero. “El shock energético amenaza con recetar más tratamiento de choque, que empieza a tener efectos secundarios sobre el consumo”, avisa. Aunque este factor de la demanda interna se ha mostrado vigoroso en agosto. Al igual que la productividad asociada a la IA, que ha generado 4 décimas al PIB cada trimestre de este año, convienen en calcular varios estudios recientes.

Mientras Seema Shah, estratega jefe de Principal Asset Management, detecta nubarrones sobre los beneficios empresariales con tipos al alza si las billonarias inversiones en IA --en especial, de las bigtechs– empiezan a generar dudas e insuflan volatilidad. A escasos días del inicio de la campaña de resultados del tercer trimestre. Shah llama la atención del binomio tecnología-IA. Porque el desenfreno por crear centros de datos, adquirir chips y asegurar capacidades eléctricas reivindica cantidades extraordinarias de capital y los llamados hiperescaladores (Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Oracle) podrían emitir más de un billón de dólares de deuda adicional en los próximos años para financiar esa expansión.

Greg Peters, codirector de PGIM, tilda de histórico el volumen de deuda que llega al mercado. Y no solo desde las tecnológicas; también desde compañías que están readaptando sus emisiones para captar inversores. De modo que la IA promete, por un lado, abaratar costes y aumentar la productividad futura, pero, por otro, sus entramados exigen, en la actualidad y a priori, capital y energía a raudales; precisamente, cuando ambos se encarecen sin remedio.

“Son tiempos preocupantes”, ha declarado el comisario de Energía, Dan Jørgensen, al inicio de la reunión de ministros europeos de Energía que ha tenido lugar este martes en Dublín. Con la llegada del otoño los precios de la energía se han vuelto a disparar en un mercado bamboleado por el cierre del estrecho de Ormuz y el conflicto de Oriente Medio, la guerra de Rusia contra Ucrania, el anuncio del presidente Donald Trump de prohibir las exportaciones de diésel desde Estados Unidos a Europa o un almacenamiento de gas menor de lo previsto en el continente europeo. La última conclusión de esta tormenta perfecta sobre los precios es la fuerte “dependencia energética” de la Unión Europea de los combustibles fósiles.

“Europa es una de las regiones más expuestas, si no la más expuesta, en lo que respecta al diésel. Actualmente, obtiene alrededor del 50% del diésel de Estados Unidos”, según ha explicado Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Un informe de Goldman Sachs revela que si se produjera el veto anunciado por Trump los precios del diésel se elevarían en Europa entre un 1,75%, si durase una semana, hasta un 20%, si la medida se alargase 90 días.

Aunque en los pasillos de las instituciones europeas no se cree que Trump cumpla con su amenaza, ya que perjudica a las grandes petroleras estadounidenses, el ministro irlandés de Clima, Energía y Medio Ambiente, Darragh O’Brien, advirtió que “hay que estar en guardia. No podemos confiarnos”. De hecho, las palabras de Trump bastaron para elevar aún más unos precios de los carburantes, que se dispararon en pleno verano y han continuado subiendo durante el mes de septiembre. Ya están en máximos de 2026 y acercándose a los niveles de 2023. 

“Tenemos que sustituir los combustibles fósiles”

“Esto demuestra hasta qué punto es perjudicial depender de otros, hasta qué punto es insostenible depender de fuentes de energía de otras partes del mundo. Tenemos que acabar con esa dependencia. Tenemos que sustituir los combustibles fósiles, esas moléculas importadas, contaminantes y caras, por energía producida en casa: electrones verdes”, comentó Jørgensen.

La amenaza del veto del diésel de Trump llegaba después de su petición al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de que dejara de atacar a las refinerías de petróleo rusas. La estrategia ucraniana de llevar la guerra al interior de Rusia con el objetivo de reducir la capacidad económica y militar rusa también tiene su impacto en la economía global. Un informe de la AIE señaló que Ucrania había realizado un ataque a una refinería de petróleo rusa cada tres días durante los ocho primeros meses de 2026, de manera que “la producción de gasolina cayó un 20% respecto a los niveles de 2025, mientras que la producción de diésel se redujo en un 30%”.

La preocupación económica de Trump no tuvo efecto sobre Zelenski, que ante las preguntas de los periodistas durante la cumbre de la ONU que tuvo lugar la semana pasada en Nueva York, respondió: “Las vidas de los ucranianos son más importantes que el precio de la energía”.

Entre otras cosas porque Trump tiene también mucho que ver con el incremento de los precios de los carburantes por la guerra que inició junto a Israel contra Irán. El presidente de Estados Unidos rechazó el pasado sábado un plan para reabrir el paso marítimo del estrecho de Ormuz, que le propuso el Gobierno de Irán. Trump aseguró que EEUU tiene el control del estrecho por el que fluyen por la vía “cantidades masivas de petróleo”. Sin embargo, con la apertura de los mercados el lunes, el barril de petróleo Brent superó los 108 dólares y este martes, al cierre de esta edición, se mantenía por encima de los 103 dólares por barril.

“100.000 millones de euros adicionales” desde la guerra de Irán

Jørgensen ha recordado que los países de la Unión Europea han gastado más de 100.000 millones de euros adicionales (113.500 millones de dólares) en importaciones de energía desde el estallido de la guerra con Irán.

El conflicto de Oriente Medio que inició Trump tiene también una clara repercusión en el mercado del gas para Europa. Antes de la guerra con Irán, el Gas Natural Licuado (GNL) procedente del golfo Pérsico representaba una quinta parte del suministro mundial.

El freno de las exportaciones de esa zona ha provocado que los precios se elevaran a su nivel más alto desde 2022. Según publica Bloomberg, las compras de la UE de GNL son un 4% inferiores a las de hace un año, pero han aumentado desde principios de agosto, cuando las importaciones se situaban un 30% por debajo de los niveles del año anterior.

El comisario europeo de Energía ha resaltado repetidamente que no existe riesgo inmediato de escasez de gas. Según datos del sector a fecha de 13 de septiembre, las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE están ocupadas en un 70%, que algunos analistas apuntan que no son suficientes si el invierno es más duro de lo esperado. Ante la volatilidad del mercado, la Comisión Europea aprobó flexibilizar el objetivo hasta un 75%-80% de reservas de gas para evitar que los países miembros tengan que comprar gas a elevados precios.

Prórrogas de ayudas que no gustan al BCE ni a Bruselas

Aunque la receta está clara, “más energía limpia producida en casa, más eficiencia, más interconexiones y más electrificación”, como ha repetido el comisario europeo de Energía y Vivienda, no hay soluciones a corto plazo. Con la inflación disparada al 4,9% en septiembre en España, presionada al alza por el precio de los carburantes, el Gobierno aprobó este martes prorrogar las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre mediante un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, además de otras medidas que van desde la intervención del precio del gas al IVA de la luz. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avisado que la prórroga por tercera vez de este decreto desde que empezó el conflicto de Irán ha supuesto un coste de “más de 12.000 millones” para las arcas públicas.

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo no son partidarios de este tipo de ayudas porque, a su juicio, no terminan de arreglar el problema e incentivan al consumo de combustibles fósiles por la rebaja de precios. Sin embargo, hasta el momento, Bruselas se ha limitado a pedir a los países que estas medidas sean temporales ante la incapacidad de reducir a corto plazo su dependencia.

A lo que hay que añadir, que si la inflación sigue subiendo podría provocar una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central Europeo. Su presidenta, Christina Lagarde, explicó este lunes en el Parlamento europeo que el aumento de los rendimientos de los bonos frenará la expansión económica y limitará la traslación del encarecimiento de la energía a la inflación. “Aunque el crecimiento ha demostrado ser resiliente, desde nuestra última reunión los tipos de interés a largo plazo han aumentado notablemente, lo que ralentizará el crecimiento y reducirá la traslación en mayor medida de lo previsto en nuestro ejercicio de septiembre”.

Lagarde apuntó que el BCE mantendrá “una respuesta medida, según corresponda, para mantener la inflación bajo control”, aunque admitió que actualmente los tipos ejercen un efecto neutral sobre la economía, y subrayó que “los tipos de interés no se mueven al mismo ritmo que los precios de la energía”.

Con los precios de los combustibles por las nubes España, junto a Portugal y Luxemburgo, han mandado una carta a la Comisión Europea para que impulse verdaderamente a las energías renovables en la Unión Europea. “El objetivo de energías renovables de la UE para 2040 debería enviar una señal clara a los inversores y a los mercados. La integración del sistema debe centrarse en la flexibilidad, el almacenamiento, la modernización de la red, las interconexiones y la electrificación”, apuntan los tres países en su misiva.

El precio de los carburantes se disparó en pleno verano y ha continuado durante el mes de septiembre: en máximos de 2026 y acercándose a los niveles de 2023. Los datos muestran las cifras actuales, después de que el Gobierno se haya visto obligado a prorrogar las rebajas del combustible por la subida del petróleo o a limitar la subida del gas. Así, la rebaja de 20 céntimos por litro se mantendrá en octubre en el mes de noviembre será de 13 céntimos y en diciembre de 6 céntimos, aunque podrían modificarse en caso de que el precio del barril de petróleo siga por las nubes.

Las cifras del mapa anterior provienen de los datos remitidos por más de 12.000 estaciones de servicio españolas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se actualizan cada media hora y permiten conocer cómo están evolucionando los precios de los carburantes en todo el país.

En el siguiente gráfico puedes ver cómo evoluciona el promedio del precio del diésel y la gasolina 95 en todas las gasolineras de España.

¿Está evolucionando igual el precio en todas las grandes marcas de gasolineras? En el siguiente gráfico puedes ver la comparación entre el precio medio de las gasolineras de las nueve principales grandes redes tradicionales (con precios más altos y aditivos avanzados) y las cadenas independientes o low-cost (con precios más económicos).

En el mapa puedes ver los datos en tiempo real con las últimas cifras remitidas por cada estación. El siguiente gráfico te muestra además la brecha de precio medio del diésel en cada provincia, según los últimos datos disponibles:

¿Sabes cuánto cuesta la gasolina en las estaciones de servicio de tu municipio? Busca tu localidad o provincia y descubre cuáles son los establecimientos que venden el combustible más caro y más barato en tu zona.

La evolución de los precios energéticos durante este año ha estado marcada por fuertes oscilaciones, entre ellas las provocadas por la guerra en Irán, con el encarecimiento de los carburantes como una de las principales preocupaciones económicas. Ante esta situación, el Real Decreto-ley 18/2026 ya contemplaba una serie de medidas para contener el impacto de la subida de los precios a los que se sumaron las rebajas fiscales ante el aumento de los precios del gasóleo, con el objetivo de reducir el impacto de la subida de los carburantes sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Ahora, estas rebajas fiscales se mantendrán durante el mes de octubre y se irán reduciendo progresivamente en noviembre y diciembre salvo que se mantengan en el nivel actual los precios del barril de Brent, que se mantiene desde la semana pasada por encima de los 105 dólares.

La inflación se ha disparado hasta el 4,9% en septiembre, seis décimas más en términos interanuales con respecto al dato de agosto, presionada al alza por el precio de los carburantes, ante el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio.

Los datos adelantados por el INE este martes están influidos por un 'efecto escalón', ya que el año pasado, en estas mismas fechas, los precios del combustible descendieron. Según destaca Estadística, ha influido también al alza en el dato el hecho de que los paquetes turísticos han recortado menos su precio que en 2025.

De acuerdo con los datos de algunos grupos especiales que publica el INE, los productos energéticos son un 21,6% más caros en septiembre de 2026 frente al de 2025, mientras que los alimentos frescos se encarecen un 5,8%.

El shock energético es el que está disparando la inflación, pero estos precios aún no se están trasladando al núcleo del tejido productivo. La inflación subyacente, que es la que excluye de su cálculo a los componentes más volátiles como son la energía y los alimentos, se sitúa en septiembre en el 3,1%, dos décimas más que un mes antes, y en la línea desde que estalló la guerra.

En términos intermensuales, los precios se encarecieron un 0,3% en septiembre con respecto a los de agosto.

El dato del IPC Armonizado, que emplea una cesta común de productos y se utiliza para la comparación con el resto de países europeos, se situó en el 5% por primera vez desde la crisis energética. El dato subyacente armonizado se colocó en el 3,2%.

El Gobierno prorrogará este martes las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre, a través de un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que supondrá un alivio de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre, pero con una cláusula de salvaguarda que permitirá elevar su cuantía en caso de que los precios del petróleo sigan disparados.

El borrador del Real Decreto-Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, al que ha tenido acceso elDiario.es y que el Consejo de Ministros aprobará este martes, también apuesta por limitar la tarifa del gas y del butano coincidiendo con la llegada del invierno, a la vista de que los precios del gas de referencia en Europa se han disparado en las últimas semanas y ya más que duplican el coste previo a la guerra en Irán.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía ha valorado que el Plan de Respuesta, cuya tercera prórroga se aprueba este martes, ha permitido contener el shock de precios parcialmente y “los hogares han visto compensada en torno a la mitad de la subida de la gasolina y el diésel”. Además, desde la cartera que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo subrayan que las medidas están evitando los “efectos de segunda ronda” gracias al apoyo al transporte y el campo. Según el Gobierno, desde marzo hasta agosto el precio de los alimentos ha bajado un 0,6%.

El petróleo Brent, de referencia para Europa, vuelve a cotizar este jueves por encima de los 100 dólares por barril tras conocerse que Estados Unidos está ultimando un plan para prohibir las exportaciones de gasóleo durante 90 días pese a las divisiones que la iniciativa suscita en el sector petrolero y dentro del propio Gobierno, según avanzó el miércoles 'Politico'. En concreto, al cierre de la bolsa en España, el Brent superaba los 107 dólares por barril.

El medio ha asegurado que el objetivo de la Casa Blanca sería lanzar un paquete de medidas que reduzca el coste de la energía antes de las elecciones de medio mandato de noviembre. Las encuestas apuntan, por el momento, a una victoria contundente del Partido Demócrata.

Los productores estadounidenses de combustible se han opuesto a este veto advirtiendo de que cualquier beneficio a corto plazo se vería contrarrestado por el encarecimiento posterior de los combustibles, incluido el keroseno, recoge Europa Press.

Los expertos reconocen que la factura energética caería en algunas regiones del país gracias a que el fuel de exportación iría a parar, finalmente, a los consumidores nacionales. Sin embargo, los fabricantes ajustarían a la baja los volúmenes de producción por la pérdida de la demanda extranjera, reduciendo la oferta futura.

A tal coro de críticas se han sumado algunos congresistas republicanos y asesores de la Administración. No obstante, el presidente Donald Trump se inclina por anunciar la medida a finales de esta misma semana.

“Lo que ha acallado las voces más sensatas [en la Casa Blanca] es esa preocupación apocalíptica por los precios en las gasolineras del tipo 'todo se desmorona, tenemos que hacer algo'. Ese grupo ha sido arrasado por el bando político, que dice: 'Maldita sea, algo habrá que hacer'”, ha explicado una de las fuentes consultadas.

De salir adelante, esta sería la primera restricción a las exportaciones energéticas de EE.UU. desde que el expresidente Barack Obama levantase en 2015 una prohibición a la venta de crudo que llevaba décadas en vigor.

Los datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) han señalado que el precio medio del diésel estadounidense se situaba este miércoles en los 6,52 dólares (5,73 euros) por cada galón de 3,79 litros, 91 centavos (0,80 euros) más que hace una semana y un 76% más que hace un año.

En su primer día como autora experta en los informes climáticos más importantes del mundo, la profesora Julia Steinberger no conocía a nadie, así que se sentó a la mesa de un desconocido para desayunar. “Hola, soy Julia. Soy de la Universidad de Lausana” dijo. El hombre que tenía enfrente respondió: “Soy Mustafa Babiker. Trabajo en Saudi Aramco”.

Aramco, la empresa petrolera estatal de Arabia Saudí, es responsable de más emisiones de carbono —las que están agravando la crisis climática— que cualquier otra empresa de la historia, y el reino lleva mucho tiempo siendo uno de los principales obstáculos para la acción climática.

“¿No era eso un conflicto de intereses?”, preguntó Steinberger. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, del que ambos formaban parte en aquel momento, elabora los informes que sirven de base para las negociaciones climáticas de la ONU y orientan las políticas climáticas nacionales en todo el mundo. “No”, recuerda Steinberger que dijo Babiker: había declarado esa relación en el formulario de conflictos de intereses del IPCC. “No me pareció una respuesta muy satisfactoria, pero se mostró amable y disfrutamos de un desayuno muy agradable”.

El Dr. Babiker lleva 20 años trabajando para Aramco. Su nombramiento como autor principal coordinador del próximo Séptimo Informe de Evaluación del IPCC desató la polémica en la comunidad científica climática el año pasado. Pero una investigación de The Guardian, llevada a cabo en colaboración con un equipo de periodistas internacionales, ha revelado ahora que Babiker dista mucho de ser un caso aislado.

El IPCC es la organización con mayor prestigio del mundo en materia de ciencia climática, y sus informes cuentan con la aprobación de 195 países

La investigación ha revelado que al menos una docena de autores principales del IPCC son empleados o están vinculados a Saudi Aramco, a instituciones saudíes y a otros intereses del sector del petróleo y el gas. Uno de los vicepresidentes del IPCC, que forma parte del grupo directivo del organismo, también representa al reino en las negociaciones mundiales sobre el clima en calidad de funcionario del Gobierno.

El IPCC es la organización con mayor prestigio del mundo en materia de ciencia climática, y sus informes cuentan con la aprobación de 195 países. Estos informes son elaborados por cientos de autores principales de todo el mundo, con conocimientos especializados que abarcan desde la física atmosférica hasta los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos.

The Guardian ha analizado los 223 autores principales del Grupo de Trabajo III, la sección del IPCC que evalúa cómo se pueden reducir o eliminar las emisiones de la atmósfera. Su labor consiste en evaluar las políticas y tecnologías de reducción de emisiones, por lo que guarda una relación directa con los intereses económicos de países y empresas. Los Grupos de Trabajo I y II se ocupan de la ciencia del cambio climático y sus repercusiones.

La investigación ha localizado 20 casos que planteaban serias preocupaciones por conflictos de intereses. Más de la mitad de ellos involucran a autores vinculados a instituciones saudíes, una concentración que plantea cuestiones más amplias sobre la influencia del reino en la elaboración de los informes.

La política de conflictos de intereses del IPCC ha sido calificada de “inadecuada para su propósito” por los expertos que han revisado la investigación de The Guardian.

“Es la primera vez que contamos con tantos autores vinculados a Arabia Saudí”

Otro empleado de Aramco seleccionado como autor principal del IPCC es el Dr. Diego Armando Moya Pinta, que trabaja como investigador en energía y sostenibilidad en la empresa desde 2022. El IPCC solo indica como afiliación el Imperial College de Londres, donde es investigador sénior honorario.

Como uno de los 14 autores principales del capítulo sobre sistemas energéticos, Moya Pinta evaluará las opciones para reducir las emisiones en todo el sector energético, un ámbito con implicaciones directas para el negocio de Aramco. “No creo que haya ninguna duda de que un caso como este entraría dentro de la política de conflicto de intereses del IPCC”, afirmó el profesor Kevin Elliott, académico de la Universidad Estatal de Míchigan especializado en ética de la investigación.

Sin embargo, en marzo de 2026, el comité de conflictos de intereses del IPCC informó de que no había detectado ningún conflicto de intereses entre los autores seleccionados para el Séptimo Informe de Evaluación, la próxima edición de su publicación más importante e influyente.

Además de los dos empleados de Aramco, el GFrupo de Trabajo III incluye a cinco autores del Centro de Estudios e Investigaciones Petroleras del Rey Abdullah (KAPSARC), un centro de estudios financiado por el Gobierno saudí y presidido por el ministro de Energía del país

La discrepancia entre la conclusión del comité y la presencia de autores procedentes de la mayor empresa petrolera del mundo “plantea dudas sobre si la política de conflicto de intereses del IPCC es adecuada para su propósito o si se está aplicando correctamente”, afirma Rachel Kennerley, activista sénior del Centro de Derecho Ambiental Internacional.

Además de los dos empleados de Aramco, el Grupo de Trabajo III incluye a cinco autores del Centro de Estudios e Investigaciones Petroleras del Rey Abdullah (KAPSARC), un centro de estudios financiado por el Gobierno saudí y presidido por el ministro de Energía del país, cuya misión declarada es “impulsar el sector energético de Arabia Saudí”.

Aunque poco conocida fuera de los círculos especializados en política energética, KAPSARC cuenta con el mismo número de autores en el grupo de trabajo III que el Imperial College de Londres y el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados de Viena, lo que convierte a estas tres instituciones en las más representadas del grupo.

Otro de los autores principales en materia de sistemas energéticos, el profesor Zain Yamani, de la Universidad Rey Fahd de Petróleo y Minerales, llevó a cabo una investigación conjunta con la División de Investigación en Nuevas Energías de Aramco durante el último año, al tiempo que desempeñaba su cargo en el IPCC. El artículo resultante, escrito en colaboración con dos científicos de Aramco, se publicó en julio. Otro autor principal del IPCC, el Dr. Syed Masiur Rahman, trabaja en la misma universidad, que destaca su proximidad a Saudi Aramco como una fuente de «innumerables oportunidades de colaboración e innovación» entre ambas organizaciones.

Un autor principal del capítulo sobre tecnologías de eliminación de dióxido de carbono, el profesor Hussein Hoteit, de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, estaba ultimando una investigación basada en un proyecto de demostración para el almacenamiento subterráneo de carbono en el momento de su nombramiento en el IPCC. Saudi Aramco concibió el proyecto y proporcionó un importante apoyo financiero.

“Es la primera vez que contamos con tantos autores vinculados a Arabia Saudí en el IPCC, sobre todo en el Grupo de Trabajo III”, afirma la Dra. Kari De Pryck, politóloga de la Universidad de Ginebra y experta en la gobernanza de la organización.

De Pryck considera que la creciente presencia de autores vinculados a Arabia Saudí se inscribe en el contexto de un cambio más amplio en la diplomacia climática del reino. Su oposición de larga data a la reducción del consumo de combustibles fósiles en las negociaciones climáticas de la ONU se complementa cada vez más con la promoción de soluciones tecnológicas para el clima. “En lo que respecta al IPCC, la estrategia saudí se centra ahora en defender tecnologías como la captura de carbono, que limitarían el impacto en su economía basada en los combustibles fósiles”, afirma De Pryck.

Además, existe un solapamiento entre el Gobierno del reino y la dirección científica del IPCC. La Dra. Malak Al-Nory, una de las siete vicepresidentas del Grupo de Trabajo III, es asesora principal del Ministerio de Energía de Arabia Saudí. Las vicepresidentas ayudan a supervisar el proceso de evaluación y orientan su labor científica y técnica. Asimismo, evalúan las declaraciones de conflictos de intereses de los autores y pueden remitir los casos al comité .

El IPCC no excluye que científicos empleados por gobiernos trabajen en sus informes. Sin embargo, algo inusual es que Al-Nory haya seguido representando a Arabia Saudí en las negociaciones climáticas de la ONU mientras ocupaba el cargo de vicepresidenta. Formó parte de la delegación del reino en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Bonn celebrada en junio de 2026, lo que ha acentuado las preocupaciones sobre la compatibilidad de sus dos funciones.

“Las normas sobre conflictos de intereses no constituyen una acusación de que alguien haya actuado indebidamente”, indica Tzeporah Berman, presidenta del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. “Su finalidad es proteger la integridad de una institución garantizando que se divulguen y gestionen adecuadamente aquellos intereses profesionales, financieros o gubernamentales que razonablemente podrían percibirse como factores que influyen en su labor”.

“Si el sistema de gestión de conflictos de intereses del IPCC es capaz de examinar el caso de un vicepresidente del IPCC que trabaja para el Ministerio de Energía de Arabia Saudí, el de empleados de Aramco que actúan como autores principales y esta concentración de autores procedentes de instituciones vinculadas al Estado saudí, y no encuentra nada que deba gestionarse...”

Una “brecha” entre la política y la realidad

Hasta 2011, el IPCC carecía de una política institucional sobre conflictos de intereses. Esto cambió tras una dura crisis de credibilidad en 2010, cuando los errores en sus principales informes y las acusaciones de conflictos financieros que salpicaban a su entonces presidente dieron lugar a una revisión independiente de los procedimientos de la organización.

La política resultante establece que su objetivo es “proteger la legitimidad, la integridad, la confianza y la credibilidad del IPCC”. Añade: “Es esencial que la labor del IPCC no se vea comprometida por ningún conflicto de intereses de quienes la llevan a cabo”.

Kennerley señala que existe una discrepancia entre los criterios escritos del IPCC y su funcionamiento en la práctica. Afirma que los representantes nacionales habían planteado dudas sobre la falta de directrices relativas a la aplicación de la política, y añadió que otro problema importante era la transparencia. Las declaraciones de conflicto de intereses de los autores no se hacen públicas, y el comité de conflictos de intereses no ofrece detalles sobre sus deliberaciones.

Un portavoz del IPCC asegura que no se ha remitido a ningún autor a su comité de conflictos de intereses, ya que todos los posibles conflictos de intereses notificados pudieron resolverse por parte de los vicepresidentes de los grupos de trabajo. “La fortaleza del IPCC radica en su compromiso con la diversidad de sus equipos de liderazgo y de autores, en los múltiples procesos de revisión por parte de expertos y gobiernos, y en el carácter inclusivo de sus evaluaciones”, señala el portavoz. “Estas garantías respaldan en su conjunto la objetividad, la integridad, la autoridad y la credibilidad de los informes del IPCC”.

Ningún autor individual, institución, sector o país determina por sí solo las conclusiones de un informe del IPCC

Portavoz del IPCC

El mismo portavoz señala que los detalles de la revisión de las declaraciones de conflicto de intereses eran confidenciales debido a la legislación sobre protección de datos. “El público puede juzgar si los intereses relevantes se han evaluado y gestionado adecuadamente a través de los propios informes de evaluación, que se someten a revisiones rigurosas en varias fases y que están documentadas [públicamente]”.

En cuanto al elevado número de expertos vinculados a Arabia Saudí, el portavoz explica: “Ningún autor individual, institución, sector o país determina por sí solo las conclusiones de un informe del IPCC. Las conclusiones se elaboran de forma colectiva por amplios equipos de autores, diversos desde el punto de vista internacional y científico”. Afirmó que los autores del IPCC son expertos destacados en sus campos y que se seleccionan deliberadamente de entre una amplia variedad de ámbitos, incluidos el sector público y el privado.

Hoteit, de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, explica: “No existe ningún conflicto de intereses. Mi investigación y mis contribuciones relacionadas con el trabajo del IPCC fueron financiadas y respaldadas íntegramente por mi empresa, tal y como se reconoce en el artículo citado”. El artículo, de autoría colectiva, también señala: “Agradecemos a Saudi Aramco por haber concebido y llevado a cabo este proyecto piloto, así como por haber proporcionado un importante apoyo financiero”.

Aramco se ha negado a hacer comentarios para la investigación de The Guardian, y ninguna de las demás personas o instituciones mencionadas ha respondido a las solicitudes de comentarios.

11 de los 20 casos de posibles conflictos de intereses graves identificados por la investigación estaban relacionados con Arabia Saudí, mientras que el resto se repartía entre otros países y estaba vinculado a cuestiones como la colaboración con la industria, el patrocinio de la investigación de instituciones académicas por parte de empresas de combustibles fósiles, las campañas medioambientales y las finanzas sostenibles.

Por su parte, el Dr. Jeroen Oomen, investigador en gobernanza climática de la Universidad de Utrecht, explica: “El mandato del IPCC como árbitro de la ciencia climática siempre se ha basado en su independencia y neutralidad. Los conflictos [denunciados en esta investigación] corren el riesgo de dañar esa reputación”.

El Dr. Adam Standring, investigador de la Escuela de Economía y Gestión de Lisboa, recuerda que el IPCC se creó para tender un puente entre la ciencia y la política, y que “se sitúa a caballo entre esos dos mundos”. Ese papel híbrido fue fundamental para su éxito, afirma, pero también una fuente de problemas.

La ya mencionada Berman señala que “en un momento en el que los intereses de los combustibles fósiles y algunos gobiernos luchan por retrasar la transición para abandonar los combustibles fósiles, el IPCC debería defender con firmeza su independencia. Eso implica requisitos de transparencia estrictos, normas significativas sobre conflictos de intereses y salvaguardias capaces de abordar tanto los conflictos reales como las percepciones razonables de conflicto”.

El IPCC asegura que, en la actualidad, no hay ningún proceso en marcha para modificar su política sobre conflictos de intereses.

Esta investigación la ha realizado The Guardian con el apoyo de Journalismfund Europe y también se ha publicado en L’Humanité en Francia, Lucy sui mondi en Italia, Visão en Portugal y Nano (3Sat) en Alemania, Austria y Suiza.

La inestabilidad en el Golfo Pérsico y el mar Rojo ha vuelto a agravarse tras el reciente anuncio de que los hutíes de Yemen han alcanzado varias localidades ribereñas del mar Rojo y han establecido su control sobre el estrecho de Bab el-Mandeb.

Hay mucho más que asoma en el horizonte con este conflicto, en muchas ocasiones opacado por la convulsa situación de la región, pero que acaba de cumplir 12 años en fase de guerra.

La guerra de Irán y la ruptura de la normalidad a ambas orillas del Golfo Pérsico han afectado de manera decisiva al precario alto el fuego en Yemen que desde 2022 mantenía al ralentí las hostilidades.

La hostilidad entre Irán y Arabia Saudí por Yemen

Los hutíes se hicieron con el poder en Saná en 2014. Poco después llegó la intervención saudí en una coalición con otros socios árabes que se ha ido descomponiendo por el camino. El conflicto, que tiene una vertiente de enfrentamiento civil, lleva aparejada a su vez una fuerte connotación regional. Arabia Saudí patrocina al bando del Estado yemení, que sigue siendo el reconocido por la comunidad internacional, mientras que Irán ha apoyado de manera destacable a los hutíes.

La coordinación de los actores enmarcados en el Eje de la Resistencia se ha visto comprometida, no obstante, por la falta de proactividad iraní tras los ataques del 7 de octubre de Hamás en Gaza. Fueron Hizbulá, desde Líbano, y los hutíes los que tomaron la iniciativa de responder a la invasión israelí de la Franja ante la pasividad de Irán.

Arabia Saudí, sin embargo, participó en el conflicto desde el primer momento, ya que buscaba evitar que el gobierno unificado de Yemen colapsara ante la Primavera Árabe y la etapa revolucionaria de 2011 y 2012. También se implicó de manera directa con una intervención armada en la coalición árabe que pretendió restituir en el poder al gobierno de Mansur Hadi tras la toma de la capital yemení por los hutíes.

El conflicto, que tiene una vertiente de enfrentamiento civil, lleva aparejado a su vez una fuerte connotación regional. Arabia Saudí patrocina al bando del Estado yemení, que sigue siendo el reconocido por la comunidad internacional, mientras que Irán ha apoyado de manera destacable a los hutíes

Entre 2015 y 2022, los saudíes tuvieron que hacer frente a numerosos contratiempos. Por ejemplo, el golpe crítico recibido en 2019 en las instalaciones petroleras de Abqaiq, que afectó seriamente a su capacidad procesadora y estuvo a punto de derivar en una guerra con Irán.

Los hutíes, por su parte, mostraron el valor de la guerra asimétrica, que después Irán aplicaría en el golfo Pérsico: una fuerza inferior militarmente podía lograr que sus rivales se plegasen a negociar si causaba un daño que requiriese un gran esfuerzo económico contrarrestar o que dañase infraestructuras críticas.

Por otro lado, la coalición del Golfo se resquebrajó según Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar rompían su unidad de acción y adoptaban agendas diferenciadas e incluso opuestas. Asumiendo que ninguno de los bandos iba a lograr una victoria total, los saudíes trataron de buscar una salida asumible a partir de 2022.

El final del alto el fuego en Yemen

Arabia Saudí dejó caer al propio presidente yemení, Mansur Hadi, que estaba exiliado en Adén —la principal ciudad del sur del país— y conformó en 2022 un Consejo de Liderazgo Presidencial (PLC) junto con sectores apoyados por Emiratos Árabes. El objetivo era lograr una cierta unidad y estabilidad para poder abandonar la primera línea de la guerra.

China patrocinó un importante acuerdo entre Irán y Arabia Saudí en 2023 que abrió también la puerta a un acercamiento entre los gobiernos de los hutíes y del PLC en Yemen. Pero, aunque se produjeron desescaladas importantes que redujeron la intensidad del conflicto, los problemas de fondo permanecieron.

Los hutíes exigían el fin del bloqueo al que Arabia Saudí somete al aeropuerto de la capital, Saná, y al puerto de Al Hudayda. Coincidiendo con el regreso en julio de la delegación hutí de Irán del funeral del ayatolá Ali Jamenei, se produjo un ataque contra el aeropuerto de Saná del que los hutíes culparon a Arabia Saudí.

Fueran los saudíes o fuerzas del PLC, la maniobra buscaba mantener el bloqueo del territorio hutí para evitar la conexión con Irán. La remilitarización de los frentes donde había quedado congelada la guerra en 2022 ya venía sucediéndose desde los últimos meses de 2025 y terminó por estallar tras el incidente.

Al mismo tiempo, a Irán le interesaba mucho la subida continuada de los precios del petróleo para que el coste económico de la guerra emprendida contra el país por Israel y EEUU se hiciese sentir en toda la región. De ahí que sus represalias a los ataques israelíes y estadounidenses recayesen también sobre las instalaciones energéticas y militares de los demás países Golfo. Los hutíes, por su parte, apuntaron contra la petrolera estatal saudí, Aramco.

Las campañas y objetivos que vienen

La gran ruptura del frente de 2026 en Yemen ha venido acompañada de ataques extensivos a Arabia Saudí. Ante el regreso a la guerra abierta, es previsible que el mar Rojo sea el siguiente objetivo, lo que agravaría el coste económico de los bloqueos del estrecho de Ormuz por parte de EEUU e Irán.

Los ataques en Jizán, Abha o Khamis Mushait, en la zona suroccidental de Arabia Saudí, han apuntado contra infraestructuras sensibles del país. También es el caso del puerto de Yanbu, más al norte. De nuevo, el objetivo técnico tanto de Irán como de los hutíes en la región son refinerías, bases y aeropuertos, mientras que el fin político es levantar el bloqueo de Yemen, evitar la normalización de relaciones bilaterales con Israel y expulsar a las fuerzas estadounidenses de la región.

Estos motivos podrían explicar la reticencia actual de EEUU a intervenir con una nueva campaña aérea sobre Yemen mientras el gobierno de Saná no imponga un bloqueo del mar Rojo y se centre solo en Arabia Saudí. EEUU ya fracasó en su intento de forzar el desbloqueo del mar Rojo en 2024 y 2025, ante las represalias que los hutíes dirigieron en aquel momento contra Israel por su invasión de Gaza.

Donald Trump busca fórmulas que alivien la actual crisis energética, que afecta especialmente al diésel. Ha probado a mediar para el alto el fuego energético entre Ucrania y Rusia, y ha repetido sus órdagos para desbloquear el estrecho de Ormuz. Pero sin soluciones políticas, todo son parches.

El objetivo técnico tanto de Irán como de los hutíes en la región son refinerías, bases y aeropuertos, mientras que el fin político es levantar el bloqueo de Yemen, evitar la normalización de relaciones bilaterales con Israel y expulsar a las fuerzas estadounidenses de la región

En Yemen ya estamos viendo campañas militares importantes. A la toma de toda la costa del mar Rojo y el puerto de Moca hay que sumar los archipiélagos costeros y el estrecho de Bab el-Mandeb. Los hutíes tendrían muy fácil ejercer el control sobre el tránsito en esta vía marítima si decidieran forzar un bloqueo.

Pero además está la voladura del oleoducto que conecta Yanbu con Abqaiq en Arabia Saudí y del que Riad culpa a las milicias chiíes de Irak. Hayan sido los yemeníes o los iraquíes, la estrategia sería la misma: forzar a Arabia Saudí a la desescalada. El oleoducto era la única vía que el reino tiene para evadir el bloqueo de Ormuz y llevar su carga al mar Rojo. Los envíos de petróleo a Europa en septiembre y octubre ya están en duda, en vista de las circunstancias.

Mientras tanto, las fuerzas del PLC se enfrentan a revueltas internas en su retirada hacia Adén, Dhale o Marib. Los hutíes han conseguido resistir las ofensivas del PLC apoyadas por Arabia Saudí mientras se reorganizan para asaltar las capitales regionales que más importancia tienen para ellos en los frentes de guerra: Marib y Taiz.

No se puede descartar que cualquiera de estas ciudades caiga ante los hutíes en esta nueva fase de la guerra. Ni tampoco que Arabia Saudí y EEUU se vean forzados a ofrecer concesiones a los gobiernos de Saná y Teherán, respectivamente. Todo dependerá del coste político, económico y energético que se esté dispuesto a asumir ante la escalada o ante la concesión.

Un abogado andaluz ha sido una figura clave en varios negocios en España del controvertido magnate venezolano Alejandro Betancourt, el nuevo zar petrolero de Donald Trump, al que la Fiscalía española investiga por blanqueo y un fraude multimillonario.

El abogado en cuestión se llama José Antonio Jordano, administrador de varias sociedades vinculadas a Betancourt y a su primo y socio Pedro Trebbau, otro de los denominados ‘bolichicos’ (jóvenes empresarios que se hicieron multimillonarios con la corrupción chavista) al que Anticorrupción atribuye también ese presunto fraude.

A Jordano, que está conectado con el PP por vía familiar, se le podría definir como el hombre en la sombra de Betancourt en España. Él lo niega. “Lo conozco desde hace años, he colaborado con él echándole una mano en las inversiones y operaciones que tenía aquí en España” y “sigo teniendo relación personal, pero a nivel profesional no tengo ya las sociedades que llevaba antes para él”, afirma al teléfono.

“Le tengo mucho cariño a él y a su familia, pero no tengo una relación de tú a tú”, dice Jordano, que asegura que nunca ha militado en el PP y que llegó a afiliarse “hace años” a Ciudadanos. “No sé qué conexión o relación puede haber entre la política y el desempeño privado que yo hago como abogado con clientes desde hace diez años”.

Este cordobés de 46 años (como Betancourt) fue director Legal de Auro, la empresa de VTC (vehículos sin conductor) de la que Uber compró un 30% en 2025 por 220 millones de euros. El oligarca venezolano (que ya no es accionista, según Jordano) invirtió en ella alrededor de 2017, tras hacerse de oro con multimillonarias adjudicaciones bajo sospecha en la etapa de Hugo Chávez.

Jordano también es secretario no consejero en Playtomic, start up para reservar pistas de pádel fundada por Betancourt y su amigo y socio en España Félix Ruiz, creador de Auro y de la extinta red social Tuenti. El nombre de Jordano figuraba en un reportaje de El Confidencial sobre “los verdaderos ganadores de las 'guerras del taxi”“ publicado en 2018.

Y fue uno de los primeros administradores (hasta abril de ese año) de la luxemburguesa Ming International, dueña del 84,54% de Saldum Ventures SL, matriz de la inversión más conocida de Betancourt en España, la marca ilicitana de gafas de sol Hawkers, que el venezolano preside y controla y en la que entró junto a Félix Ruiz y el cofundador de Tuenti, Hugo Arévalo, en 2016.

En mayo de ese año, Jordano fue nombrado director de la dueña del 100% de Ming International, Gainsboro Developments SA. También luxemburguesa, según sus últimas cuentas disponibles, que no ha presentado hasta este año, a cierre de 2023 tenía un 29,3% de Auro, el 23,8% de otra start up en la que invirtieron Betancourt y Ruiz, la plataforma de empleo Jobandtalent, o el 47,6% de Rosa de los Vientos Luxury Cars, que Jordano liquidó en enero (era su administrador único) y de la que fue socio único José Antonio Parrondo, expresidente de Auro y polémico exjefe del taxi que saltó al negocio de las VTC y acumula múltiples demandas y una detención policial en los últimos años.

En Luxemburgo, Jordano fue nombrado en mayo de 2016 administrador de Umber Overseas Investment, dueña de un 5% de Jobandtalent hasta que vendió su paquete en 2020. Varios medios la vincularon en su día a Betancourt. El cordobés niega que el oligarca estuviera tras esa firma luxemburguesa, liquidada en 2024 por orden judicial tras incumplir “gravemente” sus obligaciones, como presentar cuentas (nunca lo hizo), según documentación oficial en el Gran Ducado.

Jordano figuró como único accionista de Umber Overseas hasta 2017. Le sustituyeron dos opacas entidades panameñas, New Magic Group Inc y Beefield International Foundation, constituida en 2014 por una sociedad de Islas Vírgenes (Zumaque LTD). Según contó en 2019 Infolibre, la primera de esas entidades panameñas fue el vehículo utilizado en 2017 para inyectar dinero a Auro por Trebbau.

El primo de Betancourt, al que la Fiscalía también reclama en esa causa de supuesto blanqueo y fraude fiscal, era socio del nuevo virrey petrolero de Trump en la empresa que copó esas adjudicaciones milmillonarias del chavismo, Derwick Associates. Jordano sustituyó a Trebbau en 2021 como administrador único de Eiffel Real Estate, que cerró ese año con activos de 7 millones. En 2019 era dueña de un lujoso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, detrás del Museo del Prado y cerca del parque de El Retiro. En teoría es una inmobiliaria, pero actualmente no tiene edificios ni suelos a su nombre, según el Registro de la Propiedad.

“En diez años que llevo trabajando con él y con Pedro, a mí nunca jamás me han llamado de Hacienda, ni de la Seguridad Social, ni de Fiscalía, ni de la Polícia”, dice Jordano.

Nexo con el PP

La vinculación de este abogado con personas de la órbita del PP alcanza varias empresas que administra junto a su cuñado, Jaime Pérez Zulueta, director general de Arquitectura del Gobierno de Murcia de septiembre de 2019 a septiembre de 2023.

Entre ellas, Boom Armmo Technologies SL, que constituyeron en Marbella el 26 de marzo. Su nombre remite al fabricante español de drones Armmo, con sede en la misma calle. Según Jordano, la montaron para una inversión que no se ha materializado al no haber acuerdo con el fundador de Armmo, el malagueño Jaime Abrisqueta. Esta empresa acaba de anunciar más de 20 millones de inversión en una fábrica en Zafra (Badajoz) que visitó en agosto el consejero de Economía extremeño.

El cuñado de Jordano comparte negocios con el marbellí Félix Ruiz, su socio hace años en franquicias de las tabernas Volapié. En febrero de 2019, poco antes de que se convirtiera en alto cargo del Gobierno del popular Fernando López Miras, Infolibre reveló que Pérez Zulueta, de profesión arquitecto, era socio minoritario de Auro. Su declaración de bienes tras el cese no está disponible en la web de Transparencia del Gobierno de Murcia. Su Consejería de Presidencia no ha atendido a este medio.

José Antonio Jordano está muy vinculado al PP por vía familiar. Su padre era el abogado especialista en derecho de la Empresa Diego Jordano, fallecido en 2023, presidente del PP de Córdoba (1986-1993), secretario general del PP andaluz (1990-1993) o diputado en el Congreso cuatro legislaturas (1986-2000). Su hermano Diego trabaja en el Gabinete del alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido. Hasta este año era coordinador general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que preside el primer edil cordobés. También consejero de la funeraria municipal, figura en la web del PP cordobés como miembro del consejo asesor de su comité ejecutivo provincial.

En Andalucía, José Antonio Jordano ha sido consejero y es secretario de Utamed, primera universidad privada online de la región, fundada por el fallecido consejero de Educación Javier Imbroda (de Ciudadanos), y que posteriormente fichó al exlíder de ese partido, Albert Rivera, para dar clases de liderazgo.

Sin relación con Betancourt o Félix Ruiz, y definida en 2023 por el PSOE andaluz como “el algarrobico del sistema universitario”, los informes en contra que acumulaba no impidieron el visto bueno del gobierno de Juanma Moreno. El presidente de Utamed es otro habitual del ecosistema andaluz de start ups, el malagueño Francisco Ávila, fundador de MEDAC, red de academias de FP que compró el fondo de inversión KKR.

elDiario.es contactó con el fondo con sede en Panamá que canaliza varias inversiones en España de Betancourt y los fundadores de Tuenti, O´Hara, sin obtener respuesta.

Opaco contrato

Con pasaporte venezolano e italiano, el nuevo “virrey” del petróleo venezolano ha sido clave para lo que Trump llama el acuerdo petrolero “más importante de la historia mundial”. El opaco contrato entrega a NABEP, empresa de Barbados controlada por Betancourt, la concesión para explotar 17 campos petroleros venezolanos con unos 65.000 millones de barriles de crudo, casi una cuarta parte de las reservas del país. El Pentágono recibe un 35% de la compañía y se asegura buena parte de ese crudo a precio de coste.

El acuerdo ha provocado enorme polémica dentro y fuera de Venezuela, entre otras cosas por la elección de un empresario con causas activas en España y Suiza y por cómo se hizo multimillonario antes de cumplir los 30.

Entre 2009 y 2011, Derwick Associates se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas que le adjudicó el chavismo para aliviar la grave crisis energética que aún hoy sufre Venezuela. El sobreprecio, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones. Varias plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

A Betancourt se le acusa de comprar turbinas de segunda mano y facturarlas como nuevas, y de sobornar junto a sus socios a tres funcionarios de la estatal venezolana PDVSA con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo.

Ese dinero acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España, según pretende demostrar Anticorrución, que está encontrando fuerte resistencia de Estados Unidos en la investigación que archivó en marzo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. La Sala de lo Penal obligó a reabrir hace unos meses esa causa, que deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo, que a su vez proviene de una investigación en EEUU donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

Hasta mayo, Betancourt tenía prohibido abandonar Reino Unido (donde está afincado hace años) mientras intentaba evitar una petición de extradición de Suiza. El Washington Post reveló que altos funcionarios estadounidenses intervinieron directamente para resolver la causa penal suiza contra él sin que enfrentara cargos y levantar las restricciones de movimiento que le mantenían encerrado en sus dos mansiones en Chelsea (Londres) y en la zona rural de Oxfordshire. 

En 2014 un juez de Nueva York absolvió a Betancourt de las acusaciones de corrupción que formuló un ex alto diplomático estadounidense contra él y otro empresario venezolano, Francisco D'Agostino, definido como figura clave en las operaciones de Derwick, y que asesoró al pederasta Jeffrey Epstein para inversiones petroleras en Venezuela.

Cuñado de Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto más conocido del dictador Francisco Franco, D'Agostino invirtió en un banco africano (BDK) junto a, entre otros, Betancourt, Alberto Cortina (ACS) y su hijo Pelayo Cortina Koplowitz, a su vez vinculado a la petrolera IPISA, también relacionada con Betancourt. IPISA logró asociarse con una filial de PDVSA. La pilotaba un abogado muy cercano al PP, el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, condenado en el caso Gürtel.

D'Agostino se dedica últimamente a promover corridas de toros en Mallorca. La tauromaquia también conecta este mapa de relaciones. En 2025 Félix Ruiz compró la plaza de toros de Puerto Banús (Málaga). La operación la asesoró Jordano, quien se ha alternado con su hermano en la gestión de Cosso Espacio Cultural SL, proyecto de restauración en la plaza de toros de Córdoba, de la que fue presidente once años su padre, gran aficionado al toreo. Diego Jordano lo promocionaba en 2012, poco después llegar el PP a la alcaldía.

En su finca toledana El Alamín, que cuenta con un castillo y 1.400 hectáreas, y subastada en su día por unos 24 millones tras ser expropiada al expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, dueño entonces de la quebrada Viajes Marsans, Betancourt tiene una plaza de toros privada. La madre del oligarca y su hermanastra mantuvieron sendos noviazgos con el fallecido torero Palomo Linares y uno de sus hijos, Miguel.

Tal y como se esperaba, el pasado jueves, 10 de septiembre, el BCE subió 25 puntos básicos (pb) los tipos de interés oficiales. Se trata, como recoge el Gráfico 1, de la segunda subida de 2026, tras la que tuvo lugar el 16 de junio, quebrando un largo período de un año en el que los tipos se mantuvieron constantes. De hecho, la subida de junio se interpretó como un “ajuste técnico” por si se necesitaba hacer un recorte en el futuro. Pero no hubo tal recorte, sino una nueva subida que buena parte de los analistas ha valorado como la última de este año, en parte porque la presidenta Lagarde no ha dado ninguna pista sobre cuál sería la próxima decisión.

Discrepo de esta interpretación tan optimista, y me baso en los propios escenarios que hizo públicos el BCE el pasado jueves y que recojo en la tabla a continuación. En el escenario base, el BCE pronostica una inflación del 3% para la zona euro en el conjunto de 2026, pero bajo el supuesto de que el barril de Brent se mantenga en torno a los 89,5 $/barril y el Gas Natural en los 51 €/MWh. Pero los valores de la última semana están muy lejos de ese escenario base. El precio del petróleo se ha movido en el entorno de los 106 $ el barril y el precio del gas en los 80 €/MWh.

Y es que los valores actuales del mercado están por encima de lo que el BCE considera escenarios “adversos” (90 $ y 56 €, respectivamente) o incluso “severos” (99 $ y 69 €). Es difícil imaginar que, de mantenerse los precios de la energía en estos niveles durante algunas semanas, el BCE, que se ha mostrado bastante activo en los últimos años, permanezca impasible con los tipos de referencia actuales. Y es que todo ha cambiado radicalmente en las últimas semanas, sobre todo comparando con los precios de la energía a finales de junio, cuando parecía que EEUU e Irán habían llegado un acuerdo estable que empujó a los precios del petróleo a los 70 $ y del gas a los 40 €.

Hoy el petróleo, con Ormuz y Bab el-Mandeb en llamas, está un 50% más alto, en niveles no vistos desde mayo, y el gas el doble que en julio, en máximos desde hace casi 4 años. Y aunque nadie espera que se vuelva a repetir la subida de 2023, tras la crisis de Ucrania, en que los tipos de interés escalaron hasta el 4%, a no ser que se detecte un efecto contagio sobre los precios de los alimentos o de algunos servicios, lo que se conoce como “efectos de segunda ronda”. Pero de ahí a suponer que la del jueves ha sido la última subida del año, hay un buen trecho.

Y en el otro lado del Atlántico este miércoles tenemos la decisión de la Reserva Federal de EEUU. En los dulces momentos de julio, se discutía sobre si el primer movimiento de Kevin Warsh, que desde mayo es el nuevo presidente de la Reserva Federal, sería un recorte de tipos, tal y como desea Trump. Hoy, lo más probable es que la Fed suba también los tipos de interés el día 16, su primera subida en 3 años, tal y como recoge el Gráfico 1. Tanto las sorpresas de inflación en EEUU como la evolución de los precios de los carburantes, que ahí no se enmascaran con recortes de impuestos, apuntan en esa dirección.

Los tipos a largo plazo

Si los tipos de interés de los bancos centrales presentan gran incertidumbre, el verdadero problema lo tenemos en los tipos de interés a largo plazo, en particular los bonos públicos a 10 años, que es la referencia más líquida. Tal y como recoge el Gráfico 2, tanto el tipo de interés del bono americano como el del alemán, que es la referencia europea sobre la que se definen los diferenciales o “primas de riesgo” del resto de los países, se encuentran en máximos de las últimas décadas. En el caso americano, rondando el 5% que en media mensual no se había visto desde 2007, antes del comienzo de la gran crisis financiera de 2008. Es cierto que, tal y como señala el Gráfico 2, estos niveles se vieron puntualmente algunos días de 2023, en plena crisis inflacionaria por la guerra de Ucrania. Pero en media mensual hay que remontarse a dos décadas atrás. En el caso alemán, se trata de algo parecido, aunque con rentabilidades más bajas. En la actualidad ha superado el 3,5% por primera vez desde finales de 2008, en plena crisis financiera internacional.

¿Cuáles son las causas y las consecuencias de este aumento de los tipos a largo? En cuanto a las causas son múltiples. La primera es el aumento del endeudamiento público, en especial en EEUU. A los que sostienen que la deuda pública es irrelevante porque los bancos centrales tienen capacidad ilimitada para comprar esos bonos (creando dinero a cambio), los acontecimientos de las últimas semanas les deberían llevar a una reflexión. Además, para ambos países, la competencia de las necesidades de inversión asociadas a la IA hace que se hayan redirigido muchos de los flujos de ahorro, que antes se dedicaban a la compra de bonos públicos “seguros”.

También ha habido un cambio en las expectativas de inflación a largo plazo. Esto es preocupante, porque señalaría que la credibilidad de los bancos centrales, con objetivos de inflación a largo plazo en el 2%, está en entredicho. En cuanto las consecuencias, en ambos continentes se endurecerán las condiciones financieras de las grandes empresas, para los que los tipos de los bonos soberanos funcionan como un benchmark. En el caso americano, también subirá el coste de las hipotecas, que están vinculadas al bono y no a los tipos a corto, como ocurre en el caso europeo. Y, por supuesto, se endurecerán las condiciones de financiación del sector público al subir la carga de intereses de la deuda pública. También bajarán las valoraciones de las empresas, con riesgo de que se vean a medio plazo afectadas las bolsas.

Una última consecuencia puede ser el impacto sobre los tipos de interés de los bancos centrales, lo que nos llevaría al principio del artículo. En el Gráfico 3 presento las curvas de tipos de interés (oficiales, a 1 año, a 2 años y a 10 años) de Alemania y de EEUU tanto en 2023, cuando se culminaron las subidas de tipos de los bancos centrales, como las actuales. A los bancos centrales les gustan las curvas bastante planas y, a veces, para los más “halcones”, invertidas, es decir con los tipos oficiales más altos que los tipos a largo, pues ello indicaría que están doblegando las expectativas de inflación.

Esto fue lo que ocurrió en 2023, tanto en EEUU como Alemania. Pero la situación actual es muy distinta. Los tipos a largo son muy superiores a los tipos oficiales (entre 100 y 150 pb) y eso les otorga un incentivo a los bancos centrales para tratar de aplanar o incluso volver a invertir dichas curvas. Si este fuera el caso, la subida de tipos de interés de los bancos centrales no habría hecho más que empezar.

Habrá que vigilar atentamente la evolución de las próximas semanas.

Nuevo lunes de escalada de los precios energéticos. El precio del petróleo brent para entrega en noviembre sube el 2,6% y alcanza de nuevo los 107 dólares, mientras el mercado sigue pendiente de las tensiones en Oriente Medio. Por su parte, el gas de referencia en Europa, el TTF, sube casi un 5% hasta los 83 euros/MWh, nuevo máximo desde finales de 2022.

A las 7 horas de este lunes, el crudo brent, el de referencia en Europa, sube ese 2,6% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 107,30 dólares, aunque durante esta madrugada ha llegado a tocar los 108,49 dólares, informa la agencia EFE.

El precio del crudo ha iniciado la semana al alza, después del respiro del pasado viernes, que registró una importante caída del 2,81%, pero tras cinco sesiones consecutivas de ascensos en las que se superó de nuevo la barrera psicológica de los 100 dólares el barril. El viernes el precio del crudo llegó de hecho a tocar los 109,97 dólares –máximo desde mediados de mayo–.

El retroceso del cierre de la semana pasada coincidió con el anuncio de Irán de convocar para este lunes una reunión con ocho estados ribereños del Golfo Pérsico para abordar el establecimiento de rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz.

Hace semanas, el Gobierno iraní informó de un acuerdo con Omán para crear un corredor de tránsito marítimo en el estrecho gestionado por ambos países, aunque la medida aún no se ha aplicado.

No obstante, la citada reunión prevista para hoy entre Irán y varias naciones del Golfo Pérsico ha sido aplazada, según ha publicado el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, en una publicación en X.

El gas rompe un nuevo máximos desde 2022

El gas de referencia en Europa, el TTF, inicia la semana con un importante ascenso, de casi un 5%, hasta alcanzar los 83 euros/MWh. Se trata de un nuevo máximo desde finales de 2022, en plena crisis energética por la guerra en Ucrania.

Si el pasado agosto, en vísperas de la cuesta de septiembre más dura desde el inicio deon conflicto en Ucrania, el temor era que el TTF superase los 70 dólares, esa barrera ya ha quedado superada en septiembre, ante la falta de expectativas para una reapertura duradera del estrecho de Ormuz, las dificultades para normalizar la producción de gas natural licuado (GNL) y unos niveles de almacenamiento en Europa muy inferiores a los habituales.

La bombona de butano sube un 5% hasta los 19 euros

Por su parte, el precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilogramos subirá a partir de mañana hasta los 18,84 euros, un 4,96 % más que el precio fijado en la última revisión, según ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La subida de esta última revisión tiene en cuenta la reducción temporal del Impuesto de Hidrocarburos que establece el Real Decreto-ley 18/2026 a partir del 1 de septiembre, de 11,25 euros/t.

A esta medida, explican fuentes del Ministerio de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se añade un ascenso de la cotización de las materias primas (8,24%), un aumento del coste de los fletes (10,27%), y la apreciación del euro frente al dólar (7,1%). Todo ello, en el contexto energético internacional marcado por las tensiones en Oriente Medio.

Dicha revisión del precio de la bombona de butano, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones. En el caso de no haberse aplicado el límite del 5% al alza o a la baja en la revisión bimestral ni la medida fiscal, el precio máximo habría ascendido a 18,89 euros, informa EFE.

Esto implica, explican las mismas fuentes, que se ha generado un déficit que tendrá que recuperase en sucesivas revisiones de la tarifa regulada, dentro del citado margen del 5%.

Denota desesperación. El presidente de EEUU prometió esta semana en la convención republicana a 50 días de las elecciones legislativas que daría un cheque de 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si su partido salía victorioso el 3 de noviembre.

¿Hasta qué punto siente que puede perder las elecciones como para querer comprar el voto con 5.000 dólares? ¿Por qué un presidente que presume constantemente de estar viviendo una edad dorada necesita prometer 5.000 dólares a cada adulto? Si la economía es tan extraordinaria, ¿por qué hace falta un incentivo electoral de semejante magnitud?

La guerra en Irán tiene ya el galón de diésel por encima de los seis dólares en EEUU, y la popularidad del presidente de EEUU está en mínimos históricos. Pero él cree que la solución pasa por prometer 5.000 dólares por cabeza, si bien nunca más se supo de promesas similares hechas recientemente sobre los dividendos del DOGE o los aranceles. También piensa que la solución a las consecuencias del trumpismo pasa por más trumpismo.

“Por favor, levanten la mano derecha”, dijo el jueves por la noche: “Prometo lealtad al mejor presidente de la historia de Estados Unidos, que nos quiere tanto que apenas puede respirar, que saldré con mi familia, con mis amigos, no me importa si estoy registrado o no, y voy a intentar hacer trampa a lo bestia, tal como hacen ellos... Prometo que voy a reunir a mis amigos y a mi familia, y vamos a votar el 3 de noviembre, y que Dios nos asista. ¿Sabéis qué pasa si no votáis? Iréis al infierno, y no quiero que eso os pase. Así que, por favor, id a votar, porque juntos derrotaremos a los comunistas, a estos lunáticos de la izquierda radical, aplastaremos a los extremistas, fanáticos, lunáticos y criminales que quieren destruir nuestro país”.

En ese juramento, Trump juguetea con la idea de hacer trampas, del mismo modo que se reivindica como el mejor presidente de la historia, algo que muchos de los ponentes en esas 48 horas de aquelarre trumpista se preocuparon por decir.

Porque la convención republicana para poner en marcha a la militancia fue, sobre todo, una fiesta mesiánica para el presidente de EEUU, que llama al estrecho de Ormuz “estrecho de Trump” y a la paga de 5.000 dólares, “dividendos Trump”.

Con Trump, todo pasa por Trump, hasta el punto de decir: “El día de las elecciones, el 3 de noviembre, tenéis que hacerme un favor. Tenéis que salir a votar e imaginar que yo estoy en la papeleta. Porque, en cierto modo, sí estoy en la papeleta. Porque si ellos llegan al poder, nos quitarán todo lo que hemos conseguido, y no podemos permitir que eso suceda”.

Es decir, Trump está planteando las elecciones legislativas como un plebiscito sobre su presidencia, y sabe que es arriesgado, pero no puede evitarlo, y por eso promete 5.000 dólares mientras sigue estrangulado el comercio mundial de la energía por su guerra unilateral e ilegal en Irán y mientras se prolonga la crisis de asequibilidad que vive el país, con la inflación en el 3,4% y en vísperas de una posible subida de los tipos de interés en la reunión de la Fed el próximo 16 de septiembre, cuando Trump lleva meses exigiendo bajadas, y el barril de petróleo ha vuelto a superar los 100 dólares.

Y la guerra de Irán, que iba a durar cuatro semanas y ha superado los seis meses, la incertidumbre económica y el enriquecimiento personal están poniendo a prueba la estrategia de Trump —su patrimonio ha crecido 2.000 millones en la Casa Blanca—. Así, solo un tercio de los adultos estadounidenses aprueba su gestión de la presidencia, según una encuesta realizada en julio por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Esta cifra supone un ligero descenso respecto al 37% registrado en junio y se sitúa muy por debajo del 42% que aprobaba su tarea cuando asumió el cargo.

Una encuesta de la Universidad Quinnipiac publicada el jueves reveló que el 46% de los votantes registrados consideraba que el Partido Demócrata estaba más en sintonía con las preocupaciones de la mayoría de los estadounidenses, frente al 35% que opinaba lo mismo sobre el Partido Republicano.

A pesar de esos números, Trump promete más Trump, y se ha comprometido a hacer campaña en las próximas semanas a favor de los republicanos en contiendas reñidas. Pero la admiración por Trump puede ser una ventaja en unas primarias republicanas, donde los partidarios del presidente ejercerán una influencia considerable, pero podría ser contraproducente de cara a las elecciones legislativas, sobre todo si la popularidad de Trump no repunta.

Mapas electorales a medida

Mientras tanto, un tribunal de apelaciones ratificó este jueves el bloqueo al decreto del presidente de EEUU que limitaba el voto por correo. El tribunal de tres jueces, nombrados por el presidente Joe Biden, coincidió con los demandantes en que el presidente carece de autoridad para regular la política electoral de los estados.

La decisión se produce mientras el Supremo ya está analizando el mismo caso, el cual forma parte de una intensa actividad jurídica en un momento en que los estados empiezan a enviar papeletas por correo para las elecciones de mitad de mandato. Por otra parte, en una demanda distinta presentada en Washington DC, los demócratas y grupos de defensa de los derechos civiles también intentan frenar el decreto presidencial.

En paralelo, el Supremo rechazó el mismo jueves un nuevo mapa electoral de Misuri defendido por Trump y los suyos, que esperaban que el nuevo diseño les ayudara a ganar un escaño adicional en unas elecciones cruciales del 3 de noviembre.

Cheque problemático

No es la primera vez que Trump promete cheques esta legislatura. El presidente de EEUU había prometido anteriormente utilizar los ahorros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y los ingresos de los aranceles a las importaciones extranjeras para distribuir pagos de 2.000 dólares o más, pero nada de eso llegó a materializarse.

Su última idea surge en un momento en que la economía estadounidense se enfrenta a una inflación persistente y al aumento de los tipos de interés, dos factores que han perjudicado políticamente a los republicanos tras haberles ayudado previamente a recuperar el poder frente a los demócratas.

Trump afirmó que los pagos serían posibles gracias a la fortaleza de la economía; sin embargo, la confianza del consumidor es baja debido al aumento de los precios de la gasolina —provocado por la guerra con Irán— y a que los salarios tienen dificultades para seguir el ritmo de la inflación.

En una entrevista con CBS, Trump declaró que no cree que el Congreso deba aprobar los pagos que planea, aunque no especificó cómo podría gastar más de un billón de dólares sin la intervención del legislativo. “Bueno, creemos que no”, dijo Trump respecto a la aprobación del Congreso. “Creo que lo haría si fuera necesario. Pero creemos que no”.

Es decir, Trump promete el dinero condicionado precisamente a que su partido controle el Congreso, pero al mismo tiempo sostiene que no necesitaría al Congreso para aprobarlo, en un nuevo desafío al legislativo y en un nuevo órdago sobre los poderes presidenciales y los límites institucionales.

Más tarde, al ser cuestionado por un periodista en el aeropuerto antes de partir de Dallas, Trump negó que los 5.000 dólares tuvieran como fin movilizar el voto, a pesar de haber dicho inicialmente que el dinero se distribuiría “si los republicanos ganan”. En su lugar, describió los pagos como una “recompensa” para los ciudadanos que soportaron la presidencia de Joe Biden.

La propuesta del presidente, presentada durante su discurso de casi dos horas el miércoles por la noche en Dallas, supondría un coste superior a los 1,3 billones de dólares si el Congreso autorizara pagos de 5.000 dólares a los 270 millones de adultos del país.

El Tesoro ya registra un déficit anual cercano a los 1,8 billones de dólares, y la deuda nacional total supera los 40 billones este año. Según datos del Departamento del Tesoro, los gastos por intereses para el año fiscal 2026 ascenderán a unos 1,27 billones de dólares, una cifra similar al coste proyectado de la propuesta de Trump.

Trump ha situado las elecciones legislativas como un plebiscito sobre sí mismo y pide a los votantes que imaginen que su nombre está en la papeleta. Y, a cambio de ese voto, ofrece un cheque de 5.000 dólares si gana su partido.

Todo gira en torno a Trump, hasta convertir las elecciones y el Partido Republicano en una extensión de sí mismo, incluidas sus guerras y la incertidumbre económica. Y, llegado este punto, su única respuesta es más Trump.

Incluso si para ganar las elecciones tiene que ponerle precio al voto.

Justo cuando los impactos del cambio climático se están haciendo más potentes y dañinos, las grandes petroleras se han hecho con el discurso: la industria fósil ha impuesto su visión sobre el petróleo al conseguir trasladar la idea de que no vivimos una crisis del clima, sino un problema de seguridad energética, según el análisis de cobertura mediática de la investigadora de la Universidad Pompeu Fabra Silvia Díaz Pérez.

Este cambio ha hecho que el petróleo —un combustible fósil cuyo uso emite gran cantidad de gases de efecto invernadero, un tercio del total mundial cada año— sea presentado como solución a esa necesidad de energía, en lugar de como responsable del problema del cambio climático y sus consecuencias.

En este 2026, “por primera vez desde 2018, el marco que gana la disputa por el petróleo en la prensa es el de la industria: necesidad y seguridad energética desplazan a la culpa climática. El término se ha dado la vuelta”, describe el análisis. El trabajo de relaciones públicas de la industria ha dado sus réditos, ya que “ha habido una erosión sostenida en el tiempo, hasta que en 2026 se ha cruzado el umbral a favor de las visiones de la industria”.

La industria domina el relato del petróleo

Evolución del Índice de Dominancia Narrativa (NDI) 2018-2026

-1 indica dominio del movimiento climático y 1 dominio de la industria fósil

1

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-0.67

Ya amagó con Ucrania en 2022 y revirtió. En 2026 el cruce es el más pronunciado del registro

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

La industria domina el relato del petróleo

Evolución del Índice de Dominancia Narrativa (NDI) 2018-2026

-1 indica dominio del movimiento climático y 1 dominio de la industria fósil

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Ya amagó con Ucrania en 2022 y revirtió. En 2026 el cruce es el más pronunciado del registro

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

Imponer el relato no es algo inocuo como han demostrado las investigaciones de ciencias políticas: determina cuál es el problema urgente establece los límites del debate y justifica unas políticas u otras. Ahora, ha cedido el marco de “culpa” o responsabilidad y ha tomado la delantera el de “necesidad”, con sus implicaciones.

La investigación de Silvia Díaz utiliza un índice de dominancia narrativa (NDI) basado en la revisión de los titulares informativos. Así, para cada concepto analizado —el petróleo, el gas, las renovables, la captura de carbono etc.— puede detectarse qué actor consigue definir su significado en la prensa: el movimiento climático (valores hasta -1) o la industria fósil (valores hasta 1).

En el caso del petróleo, su índice NDI ha pasado de -0,84 en 2018, es decir, la visión del movimiento climático dominaba, a -0,67 en 2024 y el salto que ha cruzado y cambiado las tornas: 0,24 en 2026. Con la guerra en Ucrania, en 2022, se vio un primer repunte de las posturas de la industria que ha dado el sorpasso este curso.

En el otro lado, los cálculos científicos han mostrado que para mantener el calentamiento global del planeta por debajo del límite de seguridad del 1,5 °C extra al final de siglo no debería extraerse más de la mitad del petróleo aun bajo tierra.

La investigación ha revisado más de 60.000 titulares de informaciones sobre clima y energía —no el cuerpo completo— de 56 medios internacionales diferentes entre 2018 y agosto de 2026. También 44.000 posts de cuentas del movimiento climático en X y Bluesky. La investigadora monitoreó las cuentas de diez petroleras y asociaciones patronales: ExxonMobil, Chevron, Shell, bp, TotalEnergies, Eni, API, FuelsEurope, OGCI y GasNaturally.

Durante este cambio de tornas, se ha producido la guerra en Ucrania primero y el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán después –con el cuello de botella instalado en el estrecho de Ormuz–. Y, al mismo tiempo, las petroleras han multiplicado sus ingresos de manera más que notable.

La mayor petrolera del mundo, la saudí Aramco, ha declarado unos beneficios de 28.000 millones de euros para el segundo trimestre de 2026, un 33% más que el mismo periodo del año anterior. La estadounidense ExxonMobil, por su parte, dobló los beneficios y llegó a 12.500 millones de euros. Su compatriota Chevron se disparó a los 10.000 millones, lo que supone un 380% más. La británica Shell llegó a los 8.400 millones de euros (u 12% más).

A la española Repsol tampoco le ha ido mal: declaró unos beneficios de 2.200 millones de euros, lo que supone multiplicar casi por cuatro los resultados de un año antes.

Así que, cuando las repercusiones del cambio climático se están haciendo más evidentes —y graves—, la industria de los combustibles fósiles ha conseguido desplazar la percepción de cuál es el problema: del calentamiento global se ha pasado a la crisis energética. Y de paso, ha multiplicado sus ingresos.

Campos en disputa

El tema de petróleo es el asunto más en disputa entre el movimiento climático y la industria, según las conclusiones de este trabajo. Es decir, todavía “puede cambiar de manos”. El Big Oil ya domina claramente el campo del gas —que es visto como una solución sostenible y casi siempre lleva el apellido de “natural” aunque es un combustible fósil—.

El clima pierde fuerza a la hora de hablar de la energía

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Porcentaje en el que el clima es el marco en el que se encuadra la cobertura mediática por año.

Del 74% (2019) (el año de las movilizaciones masivas) al 24% (2026).

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

El clima pierde fuerza a la hora de hablar

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Porcentaje en el que el clima es el marco en el que se encuadra la cobertura mediática por año.

Del 74% (2019) (el año de las movilizaciones masivas) al 24% (2026).

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

La invasión rusa en Ucrania hizo que el discurso gasístico, que ya era favorable a la industria, prácticamente quedara sellado como necesidad para asegurar la energía. La visión de la industria también es la que prevalece en cuanto al uso del hidrógeno como combustible y los procesos de captura de carbono.

El movimiento climático aún es el actor principal a la hora de hablar de energías renovables, pero, indica la investigación, “se cuestiona desde dentro” con discursos sobre el “extractivismo verde” o la “justicia” a la hora de repartir cargas y beneficios de la implantación de renovables.

Lo que analiza la investigadora es que el movimiento climático ha dejado “desierto” el relato sobre soluciones en el campo energético, por lo que la industria “ha podido ocupar el espacio con el gas, la captura de carbono y el hidrógeno como respuesta”.

La cuestión es que, en 2019, el clima era el “marco maestro desde el que se interpretaba la energía”, subrayan las conclusiones, y eso ya no ocurre. En 2026, ese marco ha sido desplazado por seguridad, suministro y crisis energética. Ese desplazamiento “cambia estructuralmente la ventaja narrativa: dentro del marco climático los fósiles aparecen como problema, pero dentro de energy security pueden reaparecer como solución”.

“Las petroleras no necesitan negar el cambio climático ni su responsabilidad. Han conseguido aprovechar las guerras —primero con el gas y luego con el petróleo— para reposicionar sus productos: ahora lo verdaderamente importante es la calefacción y el precio de la gasolina”, reflexiona Silvia Díaz en conversación con elDiario.es.

En España, la nuclear

En España —donde se analizan 60.463 titulares de clima y energía en 26 medios españoles—, la lucha por el relato se centra en la energía nuclear. “Es un campo en disputa”, explica Silvia Díaz. Es el tema sobre el que se genera más volumen de información en los medios nacionales y se impone la visión de la industria eléctrica “no en abstracto, sino argumentando las consecuencias de cerrarla”. La central de Almaraz marca los tiempos de la disputa por este tema.

El relato de la nuclear y las renovables en España

Energía nuclear

Energía renovable

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La nuclear cambia de marco en 2019 y no vuelve a bajar del cero; desde 2024 se consolida. Las renovables no cruzan en ningún momento, pero en el año del apagón el marco del movimiento pierde fuelle: de −0,40 a −0,19, sin recuperar después su nivel anterior

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

El relato de la nuclear y las renovables

en España

Energía nuclear

Energía renovable

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La nuclear cambia de marco en 2019 y no vuelve a bajar del cero; desde 2024 se consolida. Las renovables no cruzan en ningún momento, pero en el año del apagón el marco del movimiento pierde fuelle: de −0,40 a −0,19, sin recuperar después su nivel anterior

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

Así, en realidad, el relato nuclear en los medios en España es dominado por la industria desde, al menos, 2019. “Podría ser como respuesta al pico del movimiento climático de aquel año”, analiza la investigadora. Luego, el apagón general de abril de 2025 le otorgó más volumen al relato de la industria: le dio la mitad de todo su volumen total de informaciones entre 2019 y 2025 sin que cambiara el enfoque. Entre 2024 y 2025 el dominio industrial crece 23 puntos más, “el mayor desplazamiento de cualquier concepto en los nueve años de la serie”.

En 2026, se ha sustanciado el permiso del Ejecutivo para prolongar la vida de la central de Almaraz que debía cerrar, según el acuerdo con la dueña, en 2027 y 2028. El Gobierno ha aducido “el conflicto” en Oriente Próximo.

A la hora de informar sobre las energías renovables, el movimiento climático ha perdido un tercio de la ventaja que tenía respecto a la industria en cuanto a dominar el relato. El apagón del 28 de abril de 2025 le hizo mucho daño al cebar un discurso sobre la incapacidad de estas tecnologías para satisfacer toda la demanda “y no la ha recuperado nunca”.

Las conclusiones sobre España es que “no va con retraso respecto de la serie internacional”, sino que hay una “disputa distinta, con la misma gramática”, explica la investigadora. “El movimiento climático ha perdido terreno en la información sobre energía nuclear, sobre gas y sobre las renovables”.

El Ministerio de Energía saudí ha anunciado este viernes el cierre “preventivo” del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina y que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras sufrir varios ataques.

El ministerio ha señalado en un comunicado que el oleoducto, principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en el estrecho de Ormuz, fue “objeto de múltiples ataques en la mañana del jueves 10 de septiembre de 2026”, por lo que “fue cerrado como medida de precaución”.

“Los ataques causaron varios heridos, quienes recibieron atención médica”, añadió la nota, citando a un funcionario del departamento, quien no ha detallado el origen ni el autor de los ataques.

Asimismo, aseguró que los equipos de emergencia y técnicos especializados intervinieron “inmediatamente tras los ataques, adoptando las medidas necesarias para asegurar la infraestructura y evaluar su seguridad, conforme a los procedimientos de seguridad aprobados y a los planes de respuesta ante emergencias, y en coordinación con las autoridades competentes”.

Una infraestructura estratégica clave para el país

El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, también llamado Petroline, es una infraestructura estratégica que cruza el país desde los campos petroleros del este, en el golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Tiene una longitud de unos 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de 7 millones de barriles diarios.

Su importancia radica en que permite exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz, lo que llevó a Arabia Saudí a aumentar su uso para desviar exportaciones hacia Yanbu y mitigar el impacto del bloqueo y las restricciones en la vía marítima.

No obstante, el oleoducto Este-Oeste también sufrió amenazas y ataques reivindicados en los últimos meses.

A finales de julio, los hutíes afirmaron haber atacado con drones “varios objetivos y puntos sensibles” relacionados con el suministro y transporte de petróleo desde el este de Arabia Saudí hasta Yanbu, es decir, la ruta asociada al oleoducto.

En abril, unos ataques iraníes tuvieron como objetivo una estación del oleoducto Este-Oeste y provocaron una pérdida de aproximadamente 700.000 barriles diarios de volumen bombeado a través de esa infraestructura, aunque después se restableció plenamente el bombeo.

44 personas muertas

 El Ministerio de Salud del Yemen, controlado por los rebeldes hutíes, informó este viernes que 44 “civiles” murieron y 38 resultaron heridos en ataques atribuidos a Arabia Saudí, que respalda a las fuerzas gubernamentales yemeníes, en ocho días, del 3 al 10 de septiembre.

El ministerio indicó en un comunicado “que 44 personas perdieron la vida, entre ellas cinco niños y tres mujeres, mientras que 38 resultaron heridas, incluidos 11 niños y cinco mujeres”, que aseguró fueron “víctimas de la agresión saudí y sus mercenarios”.

Señaló que las víctimas se produjeron a consecuencia de ataques en las provincias de Al Yauf, Al Hudeida, Taiz, Saada, Saná y Hajjah.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la demanda mundial de petróleo caerá este año en 2,5 millones de barriles diarios (mb/d), lo que supone una caída adicional de 940.000 barriles diarios respecto a lo previsto el mes pasado, debido al estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto bélico, el retraso en la normalización de los flujos de crudo y el impacto en los precios.

En un informe publicado este viernes, la AIE precisa que esa caída, que va a ser la primera desde la pandemia en 2020, se concentrará en los destilados medios y las materias primas petroquímicas, especialmente en Asia.

Esta semana los precios del crudo han vuelto a superar los 100 dólares por barril por primera vez desde julio y han cotizado en su nivel más alto desde mayo. El rally alcista se ha frenado este lunes, tras publicar Financial Times que los ministros de Exteriores de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) prevén reunirse con su homólogo iraní el próximo lunes en la ciudad omaní de Salalah para abordar un acuerdo sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según el documento de la AIE, organización con sede en París, la demanda se recuperaría en 2,6 mb/d en 2027, compensando por poco la caída prevista para este año, informa EFE.

En agosto pasado, la producción mundial de petróleo cayó en 1,6 mb/d, hasta 100,1 mb/d, mientras más de 10 mb/d de producción del Golfo permanecían paralizados por el aumento de los riesgos de seguridad por la guerra en Irán.

Descenso de la oferta

Según los cálculos de la AIE, la oferta mundial se reducirá en 5,7 mb/d este año, hasta 100,7 mb/d, ya que la recuperación de la producción del Golfo se aplaza hasta 2027. La producción podría repuntar entonces en 8 mb/d.

El crecimiento de la producción fuera de la OPEP+ estará liderado por el quinteto de productores de las Américas (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Guayana), que aportará 1,4 mb/d en 2026 y otro millón de barriles diarios en 2027.

Las refinerías alcanzaron en agosto un máximo estacional de 81,4 mb/d, 960.000 barriles diarios más que en julio, pero 4,2 mb/d menos que un año antes. La actividad mundial de refino caerá previsiblemente en 2,6 mb/d en 2026, hasta 81,5 mb/d, prevé la Agencia Internacional de la Energía.

La AIE constató además que los márgenes de refino alcanzaron niveles récord en la cuenca atlántica, impulsados por el encarecimiento del diésel, mientras que el aumento de los fletes presionó la rentabilidad de las refinerías de Singapur.

Reducción de reservas y aumento de precios

Los inventarios mundiales observados cayeron otros 95 millones de barriles en agosto, elevando las retiradas acumuladas desde febrero a 507 millones de barriles, equivalentes a 2,8 mb/d de media.

Los volúmenes de crudo almacenados en buques disminuyeron en 65 millones de barriles, mientras los ataques volvieron a afectar al tráfico de petroleros procedente de Oriente Medio.

Los inventarios fuera de la OCDE cayeron en 52 millones de barriles, liderados por China, mientras que en los países de esa organización, las existencias aumentaron en 23 millones de barriles, ya que el incremento de los inventarios comerciales compensó una caída de 19 millones de barriles en las reservas gubernamentales.

El crudo North Sea Dated subió 7,61 dólares por barril en agosto, hasta un promedio de 91 dólares, antes de alcanzar los 113,48 dólares el 9 de septiembre.

La estructura del mercado entró en una 'backwardation' extrema -que ocurre cuando el precio de entrega inmediata de un activo es drásticamente más alto que sus precios de entrega futura-, reflejo de un mercado ajustado por las interrupciones en Oriente Medio y Rusia y por el desplazamiento de la demanda hacia crudos de la cuenca atlántica.

Los costes de los petroleros también aumentaron con fuerza debido al mayor riesgo de seguridad y a una demanda más firme de buques.

La recuperación prevista para 2027 dependerá en gran medida de la evolución de las interrupciones de suministro y de si las negociaciones entre Washington y Teherán permiten normalizar los flujos de petróleo, concluyó la AIE en su informe.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha rebasado los 105 dólares este jueves, con subidas de hasta el 4% y en niveles máximos desde mayo, mientras que el gas europeo está ya en máximos desde finales de 2022, en el mismo día que el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por subir los tipos de interés y mientras las tensiones en Oriente Próximo no se rebajan.

El precio del Brent, que esta semana ha vuelto a superar la barrera de los 100 dólares por barril, ha subido más del 70% este año, aunque se mantiene muy por debajo de los 126 dólares por barril alcanzado en abril.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ha superado ya barrera de los 100 dólares, con una subida superior al 4%.

La referencia energética más alcista en los últimos meses es el gas europeo, el conocido como TTF, que este jueves sube otro 2,5% y ha llegado a superar los 82 euros por megavatio hora (MW/h), el nivel más alto desde diciembre de 2022, lo que alimenta los temores sobre nuevas subidas de la inflación. Desde el inicio de la guerra en Irán, el TTF acumula ya una subida superior al 155%, según datos recogidos por Bloomberg.

El Consejo de Gobierno del BCE ha optado este jueves por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de forma que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, citando precisamente los altos precios de la energía como principal motivo.

Se trata de la segunda subida de la tasa de referencia este año tras la acometida en junio, que fue la primera ejecutada por la institución desde septiembre de 2023.

En Oriente Próximo, la guerra no apunta a un final cercano mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emplazado a acabar el conflicto después de las elecciones de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre.

“Creo que la guerra va a terminar justo después de las elecciones porque ya no pueden aguantar más. Están desesperados por intentar influir en las elecciones”, ha afirmado en declaraciones a la prensa antes de participar en la convención republicana celebrada en Dallas, en el estado de Texas.

Washington y Teherán han recrudecido los últimos días los ataques en torno al estrecho de Ormuz, unas acciones militares que van en paralelo con la campaña de sanciones de Estados Unidos destinada a asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

En esta línea, el Ministerio de Exteriores de Irán ha condenado el ataque efectuado recientemente por el Ejército estadounidense contra varios petroleros iraníes en aguas del golfo Pérsico, en medio de las crecientes hostilidades entre ambos países y el estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Igualmente, las autoridades iraníes han defendido los ataques de Irán contra la base militar de Al Azraq, en Jordania, como parte de “su derecho inherente a la legítima defensa” por los ataques previos de Washington y ha incidido en que estas bases “apoyan la agresión de Estados Unidos contra Irán”.

Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha reiterado este jueves sus advertencias a Irán sobre una “poderosa respuesta” a cualquier ataque contra el país y ha manifestado que el golpe que darían las fuerzas israelíes provocaría que el país asiático “retrocediera varias décadas” y viera “aún más desestabilizado al régimen de los ayatolás”

La Bolsa española ha cerrado este miércoles por debajo de los 19.700 puntos al ceder un 1,51%, en su peor sesión desde finales de julio, lastrada por un barril de crudo que ha cotizado durante la sesión por encima de los 101 dólares, en su nivel más alto desde julio, tras los ataques entre Estados Unidos e Irán, que reavivan las presiones inflacionistas en la víspera de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves.

Al cierre de la sesión, el principal índice del mercado español, el Ibex 35, restó 301,8 puntos, ese 1,51%, lo que le ha hecho volver al nivel de la pasada semana, en los 19.695,3 enteros. De esta manera, el rendimiento del selectivo desde el inicio del año se sitúa con una revalorización del 13,79%.

Los ataques y declaraciones cruzadas entre Washington y Teherán sitúan el precio del barril de brent en los 101,42 dólares, tras subir este miércoles un 3,56%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 96,42 dólares, un 3,60% más.

El crudo Brent llevaba sin superar la barrera de los 100 dólares desde el pasado 24 de julio, aunque sigue lejos de los 126 dólares que llegó a alcanzar al inicio del conflicto.

Por su parte, el gas europeo continúa su espectacular escalada y sube ya casi un 150% desde el inicio de la guerra en Irán. La referencia holandesa, el TTF, ha llegado a superar los 80 dólares el megavatio hora (MW/h) tras dispararse más de un 4% y toca nuevos máximos desde 2023.

Dentro de la tabla de cotizaciones, con tan solo cuatro empresas en terreno positivo, han destacado las caídas del 3,99% y del 3,61% de Amadeus e Inditex, respectivamente, frente a las ganancias de Repsol, que ha liderado los avances con una subida del 1,69%.

La petrolera es con gran diferencia la empresa del Ibex que más se ha revalorizado en 2026, con una subida que ya supera el 91% desde enero. Por su parte, Inditex ha cerrado con una caída del 3,6% tras anunciar un beneficio de 2.980 millones en el primer trimestre y presentar unos resultados récord que sin embargo están por debajo de lo esperado por los analistas.

Los valores que más han caído este miércoles han sido Amadeus (-3,99%), Inditex (-3,61%), Fluidra (-3,45%), ACS (-3,34%), Ferrovial (-2,74%), Aena (-2,74%) y Sacyr (-2,48%).

Del lado contrario, solamente cuatro valores han cerrado la sesión en positivo: Repsol (+1,69%), Endesa (+1,01%), Iberdrola (+0,23%) y Redeia (+0,07%).

El sentimiento negativo ha sido común para el resto de los principales mercados europeos. Londres ha caído un 1,31%; París, un 1,94%; Fráncfort, un 1,66%; y Milán, un 0,58%.

En este contexto, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha escalado al 3,897%, desde el 3,805% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo ha escalado levemente hasta los 45,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba levemente frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1629 dólares por cada euro.