La búsqueda de referentes femeninos en la infancia no siempre ha sido fácil. La mayoría de ámbitos han estado ocupados por hombres y la literatura no es una excepción. Se nota desde la cantidad de títulos que ocupan las estanterías de bibliotecas y librerías hasta en los nombres con los que se denomina a los espacios dedicados a la lectura. De las 33 bibliotecas públicas que existen en Madrid, 19 se llaman como algún escritor. Únicamente hay cuatro literatas: Ana María Matute (en Carabanchel), Gloria Fuertes (Barajas), María Lejárraga (Hortaleza) y María Zambrano (Tetuán).

Por suerte, hay proyectos que consiguen romper barreras y techos de cristal. Es el caso de la nueva biblioteca feminista que ha nacido en Arganzuela. La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del colegio Miguel de Unamuno inauguró este espacio el viernes, coincidiendo con la clausura de la Semana Cultural del centro. El acto contó con la participación de la escritora Emma Vallespinós, autora de No lo haré bien, obra que inspiró el germen del proyecto para una de las madres impulsoras.

La biblioteca está integrada por obras escritas por mujeres, tanto de narrativa como de divulgación, dirigidas principalmente al público adulto, aunque también cuenta con una sección juvenil e infantil. La iniciativa ha sido promovida por Elia, Noelia, Raquel, Sonia y Ana, cinco madres del centro que durante meses han trabajado para hacerla realidad contactando con editoriales y autoras.

La Biblioteca Feminista AFA Unamuno nace con el objetivo de llenar sus estanterías de libros escritos por mujeres y facilitar el acceso a la lectura a las familias socias. Además, pretende acercar obras que no siempre resultan accesibles por motivos económicos, de tiempo o por la limitada red de bibliotecas públicas en el distrito, contribuyendo así a democratizar el acceso a la cultura y al pensamiento feminista.

Entre los títulos que se pueden encontrar en sus estanterías se encuentran autoras como Freida McFadden o Maggie O'Farrell, bestsellers a nivel internacional. También hay una potente colección de títulos españoles con autoras como Moderna de Pueblo, Raquel Congosto, Adela Sanz, Azahara Nieto, Sara Torres, Noemí López Trujillo, Beatriz Serrano y Raquel Peláez, que, junto a la editorial Liana, han contribuido con la donación de ejemplares firmados y dedicados, además de proporcionar un notable respaldo al proyecto. También han contado con el apoyo de la instagramer de libros María León (@marialeonbooks). Ya suman 108 títulos donados en tan solo mes y medio.

Uno de los puntos fuertes de esta biblioteca son los títulos infantiles, entre los que hay espacio para hablar de consentimiento, menstruación, relaciones sexuales, trastornos alimenticios y, por supuesto, feminismo. El espacio propone una visión diferente de la literatura infantil tradicional, que durante décadas ha reproducido de forma casi automática una serie de estereotipos de género que han marcado la forma en la que niñas y niños se imaginan a sí mismos y al mundo.

En los libros, las niñas han sido habitualmente representadas como princesas, delicadas, pasivas o en espera de ser rescatadas, mientras que los niños han ocupado el papel de héroes fuertes, valientes y activos, encargados de salvar la situación. Ejemplos clásicos como La Bella Durmiente o Cenicienta refuerzan esa idea de feminidad asociada a la fragilidad y la espera, frente a personajes masculinos como el príncipe salvador o héroes de aventuras que toman la iniciativa y resuelven conflictos.

Aunque en los últimos años han surgido obras que rompen con estos modelos, este imaginario sigue muy presente en muchos de los libros que llegan a la infancia, influyendo en la construcción de roles y expectativas desde edades muy tempranas. Precisamente es con esta idea con la que este grupo de madres busca romper, para acercar a los más pequeños una literatura respetuosa y en la que poder verse reflejados.

Concebida como un espacio abierto y en constante evolución, la biblioteca aspira a seguir creciendo mediante nuevas donaciones y a consolidarse como un punto de encuentro para la comunidad educativa. Entre sus futuras actividades se incluyen presentaciones de libros, encuentros con autoras, clubes de lectura, talleres y exposiciones temporales.

El servicio de préstamo, ya en funcionamiento, estará disponible de lunes a viernes por las tardes para las familias socias de la AFA. Cada persona podrá llevarse un libro durante un periodo de un mes.

El Ayuntamiento de Sevilla ha reanudado este miércoles la licitación del contrato de limpieza de colegios tras el aval del Tribunal de Recursos Contractuales. Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, el Consistorio ha recibido la resolución de este órgano, que “avala los aspectos fundamentales de los pliegos”.

En este sentido, el tribunal ha rechazado las principales alegaciones presentadas por las asociaciones del sector, “confirmando que los criterios de solvencia, las exigencias de personal y los criterios de adjudicación cumplen la legalidad y son proporcionales a la dimensión del contrato”.

El gobierno municipal ha destacado que esta resolución “confirma el rigor técnico y jurídico con el que se ha trabajado desde el inicio, frente a las críticas que solo han generado incertidumbre en un servicio esencial”. Asimismo, ha subrayado que la suspensión del procedimiento “ha sido una medida cautelar habitual, ya superada”, por lo que el proceso continúa ahora “con todas las garantías para asegurar un servicio de limpieza de calidad en los centros educativos públicos”.

“Dentro de la normalidad”

La decisión llega tras las críticas de los partidos de la oposición y la petición de explicaciones por parte de los sindicatos, con los que el Ayuntamiento cerró un acuerdo el pasado 27 de marzo para continuar la externalización del servicio “garantizando los puestos de trabajo ocupados actualmente en la limpieza en los colegios”.

El gobierno municipal ha subrayado “su compromiso con una gestión eficaz, transparente y centrada en mejorar los servicios públicos, frente a quienes intentan poner en duda el trabajo técnico sin fundamento”.

Tras conocerse la paralización de la licitación este lunes, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, aseguraba en un comunicado que el plan Colegios Limpios “seguía adelante con todas las garantías”. Bueno indicaba que la paralización “entra dentro de la normalidad en contratos de gran envergadura” y defendía que “lo responsable es suspender temporalmente la licitación para que la Secretaría General analice y resuelva los recursos con todas las garantías jurídicas, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y libre concurrencia”.

Dos entidades de la patronal presentaron sendos recursos que “afectaban a un elemento esencial como la solvencia de las empresas licitadoras, es decir, su capacidad para prestar el servicio en condiciones adecuadas”. De esta manera, denunciaban que el precio de la licitación es insuficiente para atender los costes de la actividad.

3,6 trabajadores por colegio

El plan Colegios Limpios, aprobado por el gobierno municipal en marzo, contempla, como mínimo, 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato. En total, los tres lotes suman 1.087.232 horas anuales mínimas de prestación del servicio, con refuerzo específico en periodos no lectivos.

Con el nuevo plan, el Consistorio ha asegurado que pasaran los colegios a tener un mínimo de 3,6 trabajadores de limpieza por colegio de media y 2,8 en el resto de edificios municipales.

El ámbito temporal del contrato se divide en dos grandes periodos. El primero comprende el periodo lectivo, del 1 de septiembre al 30 de junio, con un total de 201 días de prestación. El servicio continuará también en periodos no lectivos como verano, Semana Santa y Navidad.

El Ayuntamiento ha afirmado que la limpieza ordinaria se realizará todos los días lectivos en turnos de mañana y tarde, preferentemente en horario diurno, e incluirá tareas con frecuencias diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, adaptándose a imprevistos o cambios en el uso de los espacios.

Características del servicio

Asimismo, se llevarán a cabo limpiezas generales en profundidad al inicio, mitad y final del curso, coincidiendo con los periodos no lectivos. En verano, el servicio contará con al menos tres cuadrillas móviles –una por lote– durante 38 días hábiles, que atenderán tanto centros con actividad como trabajos complejos de abrillantado, encerado, limpieza de cristales exteriores, cubiertas, rejas y pistas deportivas.

El contrato también contempla limpiezas especiales de carácter extraordinario ante emergencias como obras menores, incendios, vandalismo o fenómenos meteorológicos, garantizando una actuación en un plazo máximo de tres horas desde el aviso en caso de urgencia.

El Ayuntamiento ha indicado que cada lote contará con un director y tres encargados encargados de velar por la correcta ejecución del servicio. Asimismo, se implantará un sistema de valoración y control de calidad que permitirá disponer de información constante para mejorar de forma continua la prestación.

Como novedad, la empresa adjudicataria deberá disponer de una aplicación informática de gestión accesible desde smartphone, en la que se registrarán diariamente los servicios realizados, los centros atendidos, empleados y horarios, así como el control semanal de herramientas y productos disponibles.

El Ayuntamiento de Sevilla se ha visto obligado a frenar el proceso para externalizar la limpieza de los colegios públicos, después de que las principales patronales del sector hayan recurrido los pliegos de la licitación. Esta pausa llega justo cuando el camino parecía haberse despejado merced al acuerdo alcanzado con la plantilla municipal que ponía fin a meses de conflicto.

Tras sortear el escollo de la presión sindical con el pacto firmado el pasado Viernes de Dolores, el Consistorio se enfrenta ahora a un nuevo impedimento: dos recursos interpuestos por las principales patronales del sector de la limpieza en España, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin), al entender que el precio ofertado –25 millones de euros– es muy ajustado, tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar SevillaelDiario.es.

La impugnación de los pliegos mantiene en suspenso el procedimiento a la espera de su revisión por parte de la Secretaría General. Pese a ello, desde el Ayuntamiento restan importancia a la paralización actual del proceso y la enmarcan en el funcionamiento habitual de la contratación pública. Según indican fuentes municipales a este medio, se trata de un “trámite administrativo” habitual cuando se registran recursos en una licitación pública, algo que ocurre “cada semana en todas las áreas”.

En este sentido, subrayan que la suspensión no pone en riesgo el proceso ni altera los planes del Gobierno local, sino que responde a la necesidad de analizar y resolver los recursos antes de continuar con la adjudicación. Una vez superado este paso, añaden, la licitación se reanudará y seguirá su curso.

Costes “insuficientes” para cubrir el servicio

Los recursos presentados por las principales patronales del sector de la limpieza cuestionan dos aspectos clave de los pliegos aprobados por el Ayuntamiento hispalense. En primer lugar, el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Ignacio Beltrán, señala a este periódico que “los costes previstos no son suficientes para cubrir el servicio, ya que los gastos reales estarían por encima de lo contemplado en la licitación”.

Además del precio ofertado, Beltrán apunta a una infraestimación del absentismo laboral, un factor especialmente relevante en el sector: “En la limpieza el absentismo ronda el 13%, mientras que la media está en el 7%; si no se calibra bien, supone un sobrecoste importante”.

Desde Aspel, su presidente informa que anualmente interponen entre 50 y 60 recursos sobre licitaciones públicas relacionadas con la limpieza cuyos pliegos no cumplen los parámetros adecuados para las empresas. En cuanto a los plazos, Beltrán indica que la resolución no debería demorarse en exceso. “Son procedimientos más ágiles que los judiciales; en aproximadamente un mes se sabrá si se estiman o no los recursos”, explica. En función de esa decisión, el Ayuntamiento podría rechazar la propuesta, introducir cambios en los pliegos o, en el otro extremo, optar por sacar una nueva licitación.

El proceso continúa

En la misma línea que el Gobierno local, el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, Rafael Román, enmarca la situación dentro de la normalidad de este tipo de procesos y asegura que la suspensión de los plazos no compremete ni el procedimiento ni el acuerdo alcanzado el viernes 27 de marzo. “Se suspende el plazo, no el pliego, y el procedimiento sigue adelante”, resume.

En cuanto al acuerdo con la plantilla, el representante sindical precisa que el conflicto también queda en suspenso mientras se cumplan los plazos pactados con el alcalde, aunque advierte de que podría reactivarse si estos no se respetan.

Con todo, la situación resulta llamativa por el momento en el que se produce. El conflicto por la limpieza de los colegios ha sido uno de los principales focos de tensión en la ciudad en los últimos meses, hasta el punto de provocar protestas, encierros y movilizaciones por parte de la plantilla municipal de limpieza en contra de la privatización.

El pulso se dio por cerrado hace apenas unos días con un acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos, que garantizaba el mantenimiento del empleo y rebajaba la conflictividad generada por el anuncio de externalización del servicio. Ese pacto puso fin a semanas de enfrentamiento y permitió encauzar una tensión que había ido en aumento desde principios de año.

Ahora, con el procedimiento en pausa, el proceso entra en una fase técnica que, según las fuentes consultadas, no debería prolongarse en exceso ni tener mayores consecuencias sobre el desarrollo de la licitación.

La plantilla municipal de limpieza de colegios en Sevilla ha puesto fin a semanas de conflicto con el Ayuntamiento tras ratificar en asamblea el acuerdo alcanzado con el Gobierno local de José Luis Sanz. El pacto, que se firmará este Viernes de Dolores, llega después de un pulso marcado por protestas, encierros y movilizaciones contra lo que los trabajadores denunciaban como un proceso de privatización del servicio.

El conflicto se originó a finales de enero, cuando el alcalde anunció la externalización de parte de la limpieza en los colegios públicos. Los sindicatos criticaron que optara por esta vía para paliar el déficit de efectivos en los puestos de limpiadores, en lugar de reforzar la plantilla municipal cubriendo las vacantes existentes. La medida puso a los trabajadores en pie de guerra, que iniciaron una escalada de presión en la calle y en los actos públicos del alcalde hasta provocar la ruptura del diálogo entre ambas partes.

Tras alcanzar el punto crítico del conflicto con la aprobación del pliego de condiciones para el contrato del servicio, las negociaciones se reanudaron en busca de una salida al conflicto. Semanas después, ambas partes han alcanzado una salida pactada que, según apuntan, introduce garantías para el empleo público y la estabilidad del servicio.

Entre los puntos clave del acuerdo destacan el mantenimiento de los puestos fijos y temporales, la continuidad de los 481 peones actualmente en plantilla, y la incorporación de nuevas plazas en las Ofertas de Empleo Público de 2026 y 2027. Además, se contempla la reubicación del personal con conservación de sus condiciones retributivas, así como un marco para reforzar el servicio municipal.

La asamblea de trabajadores, que ha respaldado el acuerdo, también ha evidenciado las diferencias sindicales durante el conflicto. La mayoría de organizaciones ha defendido una estrategia combinada de movilización y negociación, mientras que el Sindicato de Empleados Municipales (SEM) se desmarcó en la fase final del proceso, lo que ha sido objeto de críticas por parte del resto de representantes.

Los sindicatos han subrayado que la ratificación del acuerdo supone no solo el inicio de “una etapa de mayor estabilidad”, sino también un respaldo a la línea de trabajo mantenida durante el conflicto. Con el acuerdo, la plantilla cierra un episodio de alta tensión con el Ayuntamiento y abre ahora una fase centrada en vigilar el cumplimiento de los compromisos alcanzados.

El alumnado del CEIP Altos Colegios Macarena, el primer colegio público de Andalucía y el más antiguo de Sevilla, lleva desde el mes de noviembre sin hacer uso del gimnasio debido a las grietas que atraviesan sus paredes, datadas de finales del siglo XIX. “A pesar de la peligrosidad y urgencia de la situación, el Ayuntamiento se ha limitado a elaborar informes técnicos sin llevar a cabo ninguna actuación sobre el terreno”, recrimina la presidenta del AMPA, Belén Ortega, poniendo voz a la preocupación del resto de familias del centro.

Belén Ortega recuerda que la dirección notificó estas deficiencias en varias ocasiones desde, al menos, el curso pasado. Ante la “falta de acción” municipal y la “preocupación” por el estado del edificio, en noviembre la dirección del centro pidió a los bomberos que valoraran el estado de las grietas y “constataron que había peligro real”, como explica la representante de las familias. De modo que, por indicación del cuerpo de bomberos, se clausuró el gimnasio “de inmediato” por peligro de “desprendimientos”.

Además del gimnasio, otros espacios de este inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) presentan fisuras en el techo, especialmente acuciantes en un aula de Infantil de 4 años que, según el AMPA, se encuentra parcialmente inhabilitada. En las pérgolas de los patios también existe “riesgo de desprendimiento” debido a su estado deteriorado. “La delegada muestra buena disposición, pero en la práctica el peligro sigue sobre las cabezas de nuestros hijos e hijas”, lamenta la presidenta del AMPA, que ha convocado una concentración en señal de protesta el próximo 24 de marzo a las puertas del colegio.

Fuentes municipales consultadas por este periódico aseguran “que en ningún momento ha existido dejación de funciones por parte del Ayuntamiento”. Asimismo confirman que, “tras los estudios técnicos”, la administración local “ha programado la intervención necesaria”, que se llevará a cabo “los próximos días”, en cuanto se disponga “la maquinaria específica que permita acceder con seguridad al punto donde se debe intervenir”. Desde el Ayuntamiento califican esta actuación de “compleja”, al tratarse de un edificio de 1864 “con muros de carga de ladrillo y sistemas constructivos propios de la época”.

Preocupación ante el calor

Desde el AMPA reclaman “fechas concretas” y “un compromiso firme por parte del Ayuntamiento”. Mientras tanto, las familias mantienen la convocatoria de protesta porque, al malestar acumulado tras meses esperando la reparación de las infraestructuras, se suma el “silencio administrativo” respecto a la solicitud para instalar sistemas de aire acondicionado en el centro.

La presidenta del AMPA explica que el Ayuntamiento ha aprobado este año una partida presupuestaria destinada a la climatización de colegios públicos de la ciudad. Sin embargo, advierte de que la medida presenta importantes limitaciones. “Más allá de que el presupuesto es escaso y no alcanza para instalar todos los acondicionados que nos harían falta, nos encontramos con dos problemas principales”, apunta.

El primero es la necesidad de contar con la autorización del propio Ayuntamiento para ejecutar la instalación y asumir posteriormente el mantenimiento de los equipos, por ser su competencia. El segundo tiene que ver con la infraestructura eléctrica del centro. “Con la potencia actual del colegio, cada vez que se conectan varios aparatos salta la luz y se interrumpe el suministro”, explica Belén Ortega, quien considera “inviable” instalar nuevos sistemas de climatización sin antes reforzar la instalación eléctrica.

“No tenemos fecha para solucionar ninguno de los, pero el presupuesto municipal sí tiene fecha de ejecución”, lamenta esta madre, en alusión a que el plazo administrativo para ejecutar la partida es a finales de 2026. “Si para entonces no se han podido instalar los equipos por estas limitaciones, el dinero volverá al Ayuntamiento”, advierten desde el AMPA, que teme que la medida se quede en un anuncio sin efectos reales: “Al final sirve para decir que se han aprobado fondos para climatización, pero la realidad es que los centros seguirán sin aires acondicionados en las aulas”, como augura Belén Ortega.

Protesta de la comunidad educativa

El cierre del gimnasio ha agravado además los problemas de organización del centro, al tratarse de “un lugar clave en la dinámica diaria del colegio”. Se trata del mayor espacio interior del colegio y no solo se utiliza para las clases de Educación Física, sino que durante los días de lluvia sirve como espacio de recreo. Al permanecer clausurado por riesgo de desprendimientos, el alumnado ha tenido que permanecer en las aulas durante los descansos en días de lluvias, como los del tren de borrascas que marcaron este invierno.

La clausura del gimnasio es solo uno de los muchos problemas que, según denuncian las familias, arrastra el centro desde hace tiempo. El AMPA asegura que en los últimos meses se han sucedido incidencias relacionadas con el mantenimiento del edificio: desde averías en las cisternas de los aseos —cuya reparación “ha tardado semanas”— hasta solicitudes pendientes como un informe de medición de ruidos, la reparación de las pérgolas de los patios o distintas actuaciones de mantenimiento que, aseguran, siguen sin respuesta.

“La lista de incidencias es enorme y el edificio cada vez se encuentra más obsoleto”, afirman desde la asociación de madres y padres. Por todo ello, ante lo que consideran una “falta de acciones reales” por parte de la administración local, el AMPA ha decidido movilizarse. La comunidad educativa ha convocado una concentración el martes 24 de marzo a las 8:50 en la calle Pacheco y Núñez de Prado, junto a la entrada del centro.

El objetivo de esta concentración es poner en valor a un edificio que está protegido “por su relevancia histórica y cultural”. “El CEIP Altos Colegios Macarena fue el primer colegio público de Andalucía y por sus aulas han pasado miles de estudiantes, queremos que siga siendo el lugar de aprendizaje que siempre ha sido”, defienden las familias, que insisten en la necesidad de acometer una actuación “urgente” en sus instalaciones para garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente.

Cada matí, Alberto recorre diversos quilòmetres amb cotxe per portar la seva filla a l’escola. Viu a la zona de la plaça de Toros, a Palma, envoltat de centres educatius públics. No obstant això, la seva filla estudia a Son Sardina, a uns cinc quilòmetres de casa. No va ser una elecció: va ser el resultat de la reducció de zones d’escolarització duta a terme en els darrers anys pel Govern balear.

El canvi es va traduir en una reorganització completa de la vida familiar: “Cada dia anam corrent amb el temps just. Avui la duc jo, demà la recull la seva mare… tot es complica. Una cosa que es podria fer en deu minuts caminant s’ha convertit cada dia en un trajecte de mitja hora”, explica el pare en declaracions a elDiario.es. El seu cas no és una situació aïllada: al centre educatiu coincideixen almenys set famílies que viuen lluny del barri on s’ubica l’escola.

Fins fa tot just tres cursos, la ciutat estava dividida en vuit zones escolars, un sistema que prioritzava la proximitat del domicili al centre educatiu. Amb el canvi de legislatura, la Conselleria d’Educació va reduir aquest mapa primer a tres zones i després a dues. Ara, l’Executiu de Marga Prohens (PP) vol anar més enllà i implantar una zona única escolar per al curs 2026-2027.

Es tracta d’una mesura que ha generat un intens debat educatiu: mentre el Govern defensa que permetrà a les famílies triar lliurement el centre independentment del barri on visquin, simplificarà els tràmits d’escolarització i facilitarà una distribució més flexible de les places, associacions de famílies i sindicats docents temen que aquesta lògica derivi en un model cada vegada més competitiu i desigual que acabi debilitant estructuralment l'escola pública.

“Les famílies amb més recursos són les que tenen més accés a informació, més facilitat per fer tràmits i també més capacitat per portar els seus fills a col·legis fora del seu barri”, assenyala Andreu Grimalt, responsable de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) del col·legi Aina Moll i director de la Xarxa per la Inclusió Social (EAPN Balears), qui aprofundeix en aquest sentit que el principal risc de la zona única escolar és l'augment de la segregació escolar a la ciutat. Un desequilibri que, adverteix, pot acabar condicionant l'accés real a determinats centres educatius.

Les famílies amb més recursos són les que tenen més accés a informació, més facilitat per fer tràmits i també més capacitat per portar els seus fills a col·legis fora del seu barri

Andreu Grimalt — Pare, president de l'AFA del col·legi Aina Moll i director de la Xarxa d'Exclusió Social de Balears

Aquest pare de dos nens tem, així mateix, que la implantació d'aquesta mesura trenqui el vincle entre escola i comunitat que es construeix als barris. Precisament, explica que des de l'AFA de l'Aina Moll treballen estretament amb associacions veïnals i comerciants de la zona per organitzar activitats i enfortir la vida comunitària al voltant del col·legi. “Creiem en aquesta escola de barri on els nens viuen en el mateix entorn, on els comerciants coneixen els nens i l'associació de veïns s'implica en activitats conjuntes”, subratlla. Amb un sistema d'escolarització més obert, adverteix, aquest teixit pot descompondre's. Per a Grimalt, però, aquest concepte no reflecteix com funciona realment el sistema educatiu. “La zona única és la gran mentida socioliberal del nostre temps en l'educació. Es parla de llibertat d'elecció, però en realitat aquesta llibertat no és igual per a tothom”, sentencia.

El precedent de Madrid

Les crítiques a la zona única s'empara, a més, en el que ha succeït a la Comunitat de Madrid, on aquest sistema es porta anys aplicant i en què diversos estudis situen els nivells de segregació escolar -quan l'alumnat es distribueix entre centres en funció del seu origen socioeconòmic- entre els més alts d'Espanya i d'Europa. Un informe de Comissions Obreres revela que el 25% de l'alumnat més pobre tendeix a concentrar-se a les mateixes escoles, amb les conseqüències acadèmiques i socials respecte a la reproducció social que això té, igual que succeeix amb el 25% més ric. Balears, en canvi, ha registrat històricament nivells de segregació més baixos. Per això, part de la comunitat educativa tem que ampliar la llibertat d'elecció sense mecanismes que garanteixin una distribució equilibrada de l'alumnat pugui reproduir dinàmiques com les observades a Madrid: centres cada vegada més homogènis socialment i una major concentració d'alumnat vulnerable en determinades escoles, especialment a la xarxa pública.

Les crítiques a la zona única s'emparen, a més, en el que ha succeït a la Comunitat de Madrid, on aquest sistema es porta anys aplicant i en què diversos estudis situen els nivells de segregació escolar -quan l'alumnat es distribueix entre centres en funció del seu origen socioeconòmic- entre els més alts d'Espanya i d'Europa

“La llibertat d'elecció és una fal·làcia. Jo puc triar el col·legi que vulgui, però una altra cosa és on podré entrar”, subratlla Alberto, posant èmfasi en que aquesta idea no es correspon amb la realitat d'un sistema que, de fet, ja està dissenyat “perquè determinats perfils entrin en certs col·legis”.

La setmana passada, el conseller d'Educació, Antoni Vera, defensava la reforma en termes ideològics. Al seu judici, el debat enfronta dos models educatius distints: “Amb una zona única, les famílies poden triar qualsevol centre de la ciutat: o els 'guetos' de l'esquerra o la llibertat de la dreta”.

La llibertat d'elecció és una fal·làcia. Jo puc triar el col·legi que vulgui, però una altra cosa és on podré entrar

Alberto — Pare

“Els Jocs de la Fam”

Àlex, pare d’un nen que estudia a l’Aina Moll, creu que la implantació de la zona única accentuarà la bretxa entre famílies. “El que estan aconseguint és una segregació enorme entre qui pot i qui no pot”, afirma. Al seu parer, el nou model afavorirà aquells que tenen més recursos o més capacitat per desplaçar-se per la ciutat, mentre que altres famílies acabaran depenent dels centres amb places disponibles. El canvi, explica, trenca també el criteri de proximitat que fins ara donava prioritat a les famílies del barri o a aquelles que treballaven a prop del centre. “Abans Palma estava dividida en set zones i tenies punts extra si el centre estava dins la teva zona de residència o de feina”, recorda. Amb una zona única, en canvi, tothom competeix en igualtat de condicions pels mateixos centres, cosa que pot deixar fora fins i tot famílies que viuen a pocs metres de l’escola.

Segons la seva experiència, el resultat pot ser un sistema amb centres cada vegada més demandats i altres amb places vacants. “Els quatre centres públics que tenguin bona fama seran una massacre, seran Els Jocs de la Fam”, resumeix gràficament. En aquest escenari, adverteix, moltes famílies hauran d’acceptar plaça en centres allunyats del seu entorn o en aquells que quedin amb vacants després del procés d’admissió.

El que estan aconseguint és una segregació enorme entre qui pot i qui no pot. Els quatre col·legis públics que tinguin bona fama seran una massacre com 'Els jocs de la Fam'

Álex — Pare

Precisament, el Consell Escolar de Mallorca, principal òrgan consultiu de l’illa en matèria educativa, sosté que una llibertat d’elecció sense una regulació suficient pot acabar beneficiant de manera desigual les famílies. Aquelles amb més capital cultural, amb un major accés a informació sobre el sistema educatiu, horaris laborals més flexibles o mitjans de transport propis tenen més possibilitats de sol·licitar plaça en centres considerats més prestigiosos o amb millors resultats acadèmics. En canvi, les famílies amb menys recursos o amb una mobilitat més limitada tendeixen a dependre dels centres més pròxims o d’aquells que mantenen places disponibles després del procés d’admissió.

En un informe alternatiu a la proposta de zona única impulsada per la Conselleria d’Educació, el Consell Escolar apunta que eliminar o diluir el pes de la proximitat en el procés d’admissió pot alterar l’equilibri social entre centres educatius i consolidar dinàmiques de concentració de l’alumnat segons el seu origen socioeconòmic. Per aquest motiu, reclama mantenir la zonificació vigent, que no impedeix que les famílies sol·licitin plaça en centres fora de la seva àrea, però sí estableix el criteri de proximitat -recollit a l’article 84 de la Llei orgànica d’educació- com un element prioritari quan la demanda supera l’oferta. Segons el document, que compta amb el suport d’entitats com la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (FAPA), sindicats docents i representants municipals, aquest criteri no només facilita la conciliació familiar i redueix els desplaçaments, sinó que també contribueix a mantenir una certa barreja social als centres educatius de l’entorn.

El Consell Escolar de Mallorca, principal òrgan de consulta de l'illa en matèria educativa, apunta que eliminar o diluir el pes de la proximitat en el procés d'admissió pot alterar l'equilibri social entre centres educatius i consolidar dinàmiques de concentració de l'alumnat segons el seu origen socioeconòmic

Risc d'“elitització”

En aquesta línia, el sindicat Unió Obrera Balear (UOB) denuncia que aquesta mesura “no garanteix la igualtat d’oportunitats que pregona la Conselleria”, sinó que “afavorirà precisament allò que ja s’ha produït durant els darrers cursos: segregació escolar, elitisme i concentració d’alumnat vulnerable en determinats centres”. L’entitat advoca per un sistema “transparent i just”, amb criteris “comuns, objectius i equitatius” -cosa que, assenyala, ja queda automàticament descartada amb els punts per antic alumnat- que “doni el suport i els recursos necessaris als centres en funció de les seves necessitats” i que garanteixi “una regulació efectiva i exhaustiva dels centres privats que reben fons dels contribuents”.

L’àrea d’ensenyament de la UOB insisteix que la zona única és una mesura “globalitzadora i elitista” que “atempta directament contra la integració comunitària a les barriades i perjudica aquelles famílies amb menys recursos econòmics i amb més dificultats de mobilitat”. El sindicat lamenta que en els darrers anys algunes famílies ja s’han quedat sense plaça als centres on ja estava escolaritzat un dels seus fills i, tot i disposar dels punts per germans en aquell centre, no han aconseguit entrar-hi.

El valor d'anar caminant al col·legi

Alberto subratlla, a més, que el canvi també afecta la vida social dels infants: quan la seva filla anava a l’escoleta, a pocs minuts de casa, la seva rutina incloïa sortir al parc amb altres nins del barri després de classe. “S’estava creant una xarxa amb altres nins d’aquí”, recorda. Ara, la situació és diferent. Els seus companys d’escola viuen en una altra zona de la ciutat: “Sortim de l’escola i tornam a Palma, i els seus amics es queden allà. Aquesta xarxa pròxima es perd”.

Per als experts en desenvolupament infantil, aquest entorn proper té un paper important. L’informe Caminando al cole, elaborat per l’Associació Espanyola de Pediatria, destaca que el desplaçament actiu a l’escola -anar-hi a peu o en bicicleta- no només millora l’activitat física, sinó que també enforteix el vincle amb l’entorn i la comunitat. Anar caminant a l’escola permet als infants conèixer el seu barri, interactuar amb el seu entorn i desenvolupar habilitats espacials i socials. El trajecte quotidià, assenyalen els especialistes, forma part del procés de socialització infantil.

Alberto ho il·lustra amb una imatge senzilla: quan els infants van caminant “s’aturen a mirar els aparadors, veuen la gent del barri, el del bar o el de la botiga, saluden i comencen a conèixer el que els envolta, un entorn pròxim i segur”. En canvi, apunta, quan el trajecte es fa amb cotxe “surten de casa, pugen al vehicle i baixen directament a la porta de l’escola sense veure res del que hi ha al voltant”. La distància entre casa i escola, insisteix, no és un detall menor: forma part de la vida quotidiana dels infants i també d’un procés d’aprenentatge. “El trajecte de casa a l’escola és una de les coses més importants que fan quan són petits”.

Quan van caminant al col·legi, els nens es paren a mirar els aparadors, veuen la gent del barri, el del bar o el de la botiga, saluden i comencen a conèixer el que els envolta, un entorn proper i segur. El trajecte de casa al col·legi és una de les coses més importants que fan quan són petits

Alberto — Pare

Per a moltes famílies, aquest trajecte en cotxe s’ha convertit en una rutina diària. No perquè l’escola estigui lluny del barri on viuen, sinó perquè no han aconseguit plaça als centres més propers. Una problemàtica que, a més, es fa evident cada matí a les portes de nombrosos centres educatius. “Es creen embussos monumentals. La quantitat de cotxes que es concentren al voltant de les escoles és enorme”, lamenta Alberto.

Per a ell, la paradoxa és evident: mentre les ciutats intenten reduir l’ús del cotxe, el model d’escolarització empeny moltes famílies a dependre del vehicle privat. En aquest sentit, insisteix que permetre que més famílies triïn centres allunyats del seu barri incrementarà els desplaçaments diaris i agreujarà els problemes de trànsit a la ciutat. “Si una família té cotxe i decideix portar el seu fill a una escola amb més prestigi fora de la seva zona, acabes generant més cotxes i més problemes de mobilitat”, afirma. El contrast és evident quan -segons assenyala aquest pare- es comparen les polítiques urbanes d’altres ciutats europees. “En molts llocs estan creant rutes segures perquè els infants puguin anar caminant a l’escola. Aquí estam fent el contrari: obligar-los a creuar la ciutat amb cotxe”.

En molts llocs estan creant rutes segures perquè els nens puguin anar caminant al col·legi. Aquí estem fent el contrari: obligar-los a creuar la ciutat amb cotxe

Alberto — Pare

El Govern defensa la mesura

Des del Govern balear, però, defensen que la zona única busca ampliar la llibertat d’elecció de les famílies i adaptar el sistema educatiu a la realitat actual de mobilitat a les ciutats. La Conselleria d’Educació sosté que el model permetrà que les famílies puguin sol·licitar plaça en qualsevol centre del municipi, sense que el domicili limiti les seves opcions, i que això facilitarà que cada família pugui optar pel projecte educatiu que consideri més adequat per als seus fills. A més, l’Executiu autonòmic assegura que la mesura contribuirà a simplificar els tràmits d’escolarització i a gestionar de manera més flexible la distribució de places als centres educatius.

Com subratllen des del departament dirigit per Antoni Vera, la nova norma estableix un marc “actualitzat i coherent” amb el nou sistema educatiu, alineat amb el Decret 43/2024 -que actualitza l’organització i el funcionament del sistema educatiu balear per adaptar-lo a la legislació estatal vigent- i amb els decrets de currículum aprovats el 2025, que desenvolupen els continguts i les competències que s’han d’impartir a cada etapa educativa. Segons la Conselleria, això permetrà garantir una regulació “estable, homogènia i adaptada a totes les etapes”.

La Conselleria recorda que, fins ara, el procés d’admissió de l’alumnat es regia per diferents ordres autonòmiques -principalment les de 2012 i 2016- que regulaven per separat diversos nivells educatius. Amb la nova normativa, subratlla, per primera vegada les famílies disposaran d’un únic marc d’escolarització que integrarà el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), el segon cicle, primària, ESO, batxillerat i educació especial, “superant definitivament la fragmentació normativa vigent”.

La Conselleria d'Educació sosté que el model permetrà que els pares puguin sol·licitar plaça en qualsevol centre del municipi, sense que el domicili limiti les seves opcions, i contribuirà a simplificar els tràmits d'escolarització i a gestionar de forma més flexible la distribució de places

El conseller defensa que el nou sistema no eliminarà completament el criteri de proximitat, que continuarà existint com un dels factors en el procés d’admissió quan hi hagi més sol·licituds que places. Al seu parer, l’objectiu és equilibrar aquest criteri amb una major llibertat d’elecció per a les famílies, que podran escollir el centre que millor s’adapti a les seves necessitats, i modernitzar així un model d’escolarització basat històricament en la proximitat.

Per a bona part de la comunitat educativa, però, aquesta mateixa lògica pot acabar generant l’efecte contrari: un sistema cada vegada més competitiu entre centres, amb escoles socialment més homogènies i una major concentració d’alumnat vulnerable en determinats centres educatius. Entre la llibertat d’elecció que reivindica l’Executiu i el risc de segregació que denuncien famílies i sindicats, el futur model d’escolarització s’ha convertit ja en un nou front del debat educatiu a les Balears.

Cada mañana, Alberto recorre varios kilómetros en coche para llevar a su hija al colegio. Vive en la zona de la Plaza de Toros, en Palma, rodeado de centros educativos públicos. Sin embargo, su hija estudia en Son Sardina, a unos cinco kilómetros de casa. No fue una elección: fue el resultado de la reducción de zonas de escolarización llevada a cabo en los últimos años por el Govern balear. El cambio se tradujo en una reorganización completa de la vida familiar: “Cada día vamos corriendo con el tiempo justo. Hoy la llevo yo, mañana la recoge su madre… todo se complica. Algo que podría hacerse en diez minutos caminando se ha convertido cada día en un trayecto de media hora”, explica el padre en declaraciones a elDiario.es. La suya no es una situación aislada: en su centro coinciden al menos siete familias que viven lejos del barrio en el que se ubica el colegio.

Hasta hace apenas tres cursos, la ciudad estaba dividida en ocho zonas escolares, un sistema que priorizaba la proximidad del domicilio al centro educativo. Con el cambio de legislatura, la Conselleria de Educación redujo ese mapa primero a tres zonas y después a dos. Ahora, el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) quiere ahora ir más allá, implantando una zona única escolar para el curso 2026-2027. Se trata de una medida que ha generado un intenso debate educativo: mientras el Govern defiende que la medida permitirá a las familias elegir libremente el centro independientemente del barrio donde vivan, simplificará los trámites de escolarización y facilitará una distribución más flexible de las plazas, asociaciones de familias y sindicatos docentes temen que esa lógica derive en un modelo cada vez más competitivo y desigual, debilitando estructuralmente la escuela pública.

“Las familias con más recursos son las que tienen más acceso a información, más facilidad para hacer trámites y también más capacidad de llevar a sus hijos a colegios fuera de su barrio”, señala Andreu Grimalt, responsable de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio Aina Moll y director de la Xarxa per la Inclusió Social (EAPN Balears), quien abunda en este sentido en que el principal riesgo de la zona única escolar es el aumento de la segregación escolar en la ciudad. Un desequilibrio que, advierte, puede acabar condicionando el acceso real a determinados centros educativos.

Las familias con más recursos son las que tienen más acceso a información, más facilidad para hacer trámites y también más capacidad de llevar a sus hijos a colegios fuera de su barrio

Andreu Grimalt — Padre, presidente de la AFA del colegio Aina Moll y director de la Red de Exclusión Social de Balears

Este padre de dos niños teme, asimismo, que la implantación de esta medida rompa el vínculo entre escuela y comunidad que se construye en los barrios. Precisamente, explica que desde el AFA del Aina Moll trabajan estrechamente con asociaciones vecinales y comerciantes de la zona para organizar actividades y fortalecer la vida comunitaria alrededor del colegio. “Creemos en esa escuela de barrio donde los niños viven en el mismo entorno, donde los comerciantes conocen a los chavales y la asociación de vecinos se implica en actividades conjuntas”, subraya. Con un sistema de escolarización más abierto, advierte, ese tejido puede descomponerse. Para Grimalt, sin embargo, ese concepto no refleja cómo funciona realmente el sistema educativo. “La zona única es la gran mentira socioliberal de nuestro tiempo en la educación. Se habla de libertad de elección, pero en realidad esa libertad no es igual para todo el mundo”, sentencia.

El precedente de Madrid

Las críticas a la zona única se apoyan, además, en lo sucedido en la Comunidad de Madrid, donde este sistema lleva años aplicándose y en la que diversos estudios sitúan los niveles de segregación escolar -cuando el alumnado se distribuye entre centros en función de su origen socioeconómico- entre los más altos de España y de Europa. Un informe de Comisiones Obreras revela que el 25% del alumnado más pobre tiende a concentrarse en las mismas escuelas, con las consecuencias académicas y sociales respecto a la reproducción social que eso tiene, igual que sucede con el 25% más rico. Balears, en cambio, ha registrado históricamente niveles de segregación más bajos. Por eso, parte de la comunidad educativa teme que ampliar la libertad de elección sin mecanismos que garanticen una distribución equilibrada del alumnado pueda reproducir dinámicas como las observadas en Madrid: centros cada vez más homogéneos socialmente y una mayor concentración de alumnado vulnerable en determinadas escuelas, especialmente en la red pública.

Las críticas a la zona única se apoyan, además, en lo sucedido en la Comunidad de Madrid, donde este sistema lleva años aplicándose y en la que diversos estudios sitúan los niveles de segregación escolar -cuando el alumnado se distribuye entre centros en función de su origen socioeconómico- entre los más altos de España y de Europa

“La libertad de elección es una falacia. Yo puedo elegir el colegio que quiera, pero otra cosa es dónde voy a poder entrar”, subraya Alberto, haciendo hincapié en que esa idea no se corresponde con la realidad de un sistema que, de hecho, ya está diseñado “para que determinados perfiles entren en ciertos colegios”.

La libertad de elección es una falacia. Yo puedo elegir el colegio que quiera, pero otra cosa es dónde voy a poder entrar

Alberto — Padre

“Los Juegos del Hambre”

Álex, padre de un niño que estudia en el Aina Moll, cree que la implantación de la zona única acentuará la brecha entre familias. “Lo que están consiguiendo es una segregación enorme entre quien puede y quien no puede”, afirma. A su juicio, el nuevo modelo favorecerá a quienes tienen más recursos o más capacidad para desplazarse por la ciudad, mientras que otras familias acabarán dependiendo de los centros con plazas disponibles. El cambio, explica, rompe también el criterio de proximidad que hasta ahora daba prioridad a las familias del barrio o a quienes trabajaban cerca del centro. “Antes Palma estaba dividida en siete zonas y tenías puntos extra si el colegio estaba en tu zona de vivienda o de trabajo”, recuerda. Con una zona única, en cambio, todos compiten en igualdad de condiciones por los mismos centros, lo que puede dejar fuera incluso a familias que viven a pocos metros del colegio.

Según su experiencia, el resultado puede ser un sistema con centros cada vez más demandados y otros con plazas vacantes. “Los cuatro colegios públicos que tengan buena fama van a ser una masacre, van a ser los Juegos del Hambre”, resume gráficamente. En ese escenario, advierte, muchas familias tendrán que aceptar plaza en centros alejados de su entorno o en aquellos que queden con vacantes tras el proceso de admisión.

Lo que están consiguiendo es una segregación enorme entre quien puede y quien no puede. Los cuatro colegios públicos que tengan buena fama van a ser una masacre como los Juegos del Hambre

Álex — Padre

Precisamente, el Consell Escolar de Mallorca, principal órgano consultivo de la isla en materia educativa, sostiene que una libertad de elección sin regulación suficiente puede acabar beneficiando de forma desigual a las familias. Aquellas con mayor capital cultural, acceso a información sobre el sistema educativo, horarios laborales más flexibles o medios de transporte propios tienen más posibilidades de solicitar plaza en centros considerados más prestigiosos o con mejores resultados académicos. En cambio, las familias con menos recursos o menor movilidad tienden a depender de los centros más cercanos o de aquellos que mantienen plazas disponibles tras el proceso de admisión.

En un informe alternativo a la propuesta de zona única impulsada por la Conselleria de Educación, el Consell Escolar apunta que eliminar o diluir el peso de la proximidad en el proceso de admisión puede alterar el equilibrio social entre centros educativos y consolidar dinámicas de concentración del alumnado según su origen socioeconómico. Por ello, reclama mantener la zonificación vigente, que no impide que las familias soliciten plaza en centros fuera de su área, pero sí establece el criterio de proximidad -recogido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación- como un elemento prioritario cuando la demanda supera la oferta. Según el documento, que cuenta con el respaldo de entidades como la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (FAPA), sindicatos docentes y representantes municipales, este criterio no solo facilita la conciliación familiar y reduce los desplazamientos, sino que también contribuye a mantener una cierta mezcla social en los centros educativos del entorno.

El Consell Escolar de Mallorca, principal órgano de consulta de la isla en materia educativa, apunta que eliminar o diluir el peso de la proximidad en el proceso de admisión puede alterar el equilibrio social entre centros educativos y consolidar dinámicas de concentración del alumnado según su origen socioeconómico

Riesgo de “elitización”

En esta línea, el sindicato Unió Obrera Balear (UOB) denuncia que esta medida “no garantiza la igualdad de oportunidades que pregona la Consellería”, sino que “favorecerá precisamente aquello que ya se ha producido durante los últimos cursos: segregación escolar, elitismo y concentración de alumnado vulnerable en determinados centros”. La entidad aboga por un sistema “transparente y justo”, con criterios “comunes, objetivos y justos” -algo que, señala, queda automáticamente descartado con los puntos por antiguo alumno-, que “dé el apoyo y recursos necesarios a los centros en función de sus necesidades” y que garantice “una regulación efectiva y exhaustiva de los centros privados que reciben fondos de los contribuyentes”.

El área de enseñanza de la UOB insiste en que la zona única es una medida “globalizadora y elitista” que “atenta directamente contra la integración comunitaria a las barriadas y que perjudica a aquellas familias con menos recursos económicos y con más dificultades de movilidad”. El sindicato lamenta que en los últimos años algunas familias ya se han quedado sin plaza en los centros donde ya estaba escolarizado uno de sus hijos y, pese a disponer de los puntos por hermanos en ese colegio, no han conseguido entrar en él.

La semana pasada, el conseller de Educación, Antoni Vera, defendía la reforma en términos ideológicos. A su juicio, el debate enfrenta dos modelos educativos distintos: “Con una zona única, las familias pueden elegir cualquier centro de la ciudad: o los 'guetos' de la izquierda o la libertad de la derecha”.

Con una zona única, las familias pueden elegir cualquier centro de la ciudad: o los guetos de la izquierda o la libertad de la derecha

Antoni Vera — Conseller de Educación

El valor de ir caminando al colegio

Alberto subraya, además, que el cambio también afecta a la vida social de los niños: cuando su hija iba a la escoleta, a pocos minutos de casa, su rutina incluía salir al parque con otros niños del barrio después de clase. “Se estaba creando una red con otros niños de aquí”, recuerda. Ahora, la situación es distinta. Sus compañeros de colegio viven en otra zona de la ciudad: “Salimos del cole y volvemos a Palma, y sus amigos se quedan allí. Esa red cercana se pierde”. Para los expertos en desarrollo infantil, ese entorno cercano tiene un papel importante. El informe Caminando al cole, elaborado por la Asociación Española de Pediatría, destaca que el desplazamiento activo al colegio -andar o ir en bicicleta- no solo mejora la actividad física, sino que fortalece el vínculo con el entorno y la comunidad. Ir caminando al colegio permite a los niños conocer su barrio, interactuar con su entorno y desarrollar habilidades espaciales y sociales. El trayecto cotidiano, señalan los especialistas, forma parte del proceso de socialización infantil.

Alberto lo ilustra con una imagen sencilla: cuando los niños van caminando “se paran a mirar los escaparates, ven a la gente del barrio, al del bar o al de la tienda, saludan y empiezan a conocer lo que los rodea, un entorno cercano y seguro”. En cambio, señala, cuando el trayecto se hace en coche “salen de casa, se meten en el vehículo y bajan directamente en la puerta del colegio sin ver nada de lo que hay alrededor”. La distancia entre casa y escuela, insiste, no es un detalle menor. Es parte de la vida cotidiana de los niños y una forma de aprendizaje: “El trayecto de casa al cole es una de las cosas más importantes que hacen cuando son pequeños”.

Cuando van caminando al colegio, los niños se paran a mirar los escaparates, ven a la gente del barrio, al del bar o al de la tienda, saludan y empiezan a conocer lo que los rodea, un entorno cercano y seguro. El trayecto de casa al cole es una de las cosas más importantes que hacen cuando son pequeños

Alberto — Padre

Para muchas familias, ese trayecto en coche se ha convertido en rutina diaria. No porque el colegio esté lejos del barrio donde viven, sino porque no han conseguido plaza en los centros más cercanos. Una problemática que, además, es palpable cada mañana a las puertas de numerosos colegios. “Se crean atascos monumentales. La cantidad de coches que se concentran alrededor de los colegios es enorme”, lamenta Alberto. Para él, la paradoja es evidente: mientras las ciudades intentan reducir el uso del coche, el modelo de escolarización empuja a muchas familias a depender del vehículo privado. En este sentido, insiste en que el hecho de permitir que más familias elijan centros alejados de su barrio incrementará los desplazamientos diarios y agravará los problemas de tráfico en la ciudad. “Si una familia tiene coche y decide llevar a su hijo a un colegio con más prestigio fuera de su zona, acabas generando más coches y más problemas de movilidad”, afirma.

El contraste es evidente cuando -afirma este padre- se comparan las políticas urbanas de otras ciudades europeas. “En muchos sitios están creando rutas seguras para que los niños puedan ir caminando al colegio. Aquí estamos haciendo lo contrario: obligarlos a cruzar la ciudad en coche”.

En muchos sitios están creando rutas seguras para que los niños puedan ir caminando al colegio. Aquí estamos haciendo lo contrario: obligarlos a cruzar la ciudad en coche

Alberto — Padre

El Govern defiende la medida

Desde el Govern balear, sin embargo, defienden que la zona única busca ampliar la libertad de elección de las familias y adaptar el sistema educativo a la realidad actual de movilidad en las ciudades. La Conselleria de Educación sostiene que el modelo permitirá que los padres puedan solicitar plaza en cualquier centro del municipio, sin que el domicilio limite sus opciones, y que esto facilitará que cada familia pueda optar por el proyecto educativo que considere más adecuado para sus hijos. Además, el Ejecutivo autonómico asegura que la medida contribuirá a simplificar los trámites de escolarización y a gestionar de forma más flexible la distribución de plazas en los centros educativos.

Como subrayan desde el departamento dirigido por Antoni Vera, la nueva norma establece un marco “actualizado y coherente” con el nuevo sistema educativo, alineado con el Decreto 43/2024 -que actualiza la organización y funcionamiento del sistema educativo balear para adaptarlo a la legislación estatal vigente- y los decretos de currículo aprobados en 2025 -que desarrollan los contenidos y competencias que deben impartirse en cada etapa educativa-, garantizando con ello una regulación “estable, homogénea y adaptada a todas las etapas”.

La Conselleria recuerda que, hasta ahora, el proceso de admisión del alumnado se regía por diferentes órdenes autonómicas -principalmente las de 2012 y 2016-, que regulaban por separado distintos niveles educativos. Por primera vez, subraya, las familias dispondrán de un único marco de escolarización que integrará el primer ciclo de educación infantil (0-3 años), el segundo ciclo, primaria, ESO, bachillerato y educación especial, “superando definitivamente la fragmentación normativa vigente”.

La Conselleria de Educación sostiene que el modelo permitirá que los padres puedan solicitar plaza en cualquier centro del municipio, sin que el domicilio limite sus opciones, y contribuirá a simplificar los trámites de escolarización y a gestionar de forma más flexible la distribución de plazas

El conseller defiende que el nuevo sistema no eliminará completamente el criterio de proximidad, que seguirá existiendo como uno de los factores en el proceso de admisión cuando haya más solicitudes que plazas. A su juicio, el objetivo es equilibrar ese criterio con una mayor libertad de elección para las familias, que podrán escoger el centro que mejor se adapte a sus necesidades y modernizará un modelo de escolarización basado históricamente en la proximidad. Para buena parte de la comunidad educativa, sin embargo, esa misma lógica puede terminar generando el efecto contrario: un sistema cada vez más competitivo entre centros, con escuelas más homogéneas socialmente y una mayor concentración del alumnado vulnerable en determinados colegios. Entre la libertad de elección que reivindica el Ejecutivo y el riesgo de segregación que denuncian familias y sindicatos, el futuro modelo de escolarización se ha convertido ya en un nuevo frente del debate educativo en Balears.

El Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos del comité de empresa han retomado este viernes la vía del diálogo en torno al servicio de limpieza de los colegios públicos, celebrando la primera reunión desde hace un mes, tras la última convocada el pasado 6 de febrero. Según el delegado de Recursos Humanos, Ignacio Flores, el encuentro de hoy ha sido “largo y cordial”, con intercambio de propuestas para la mejora de los servicios municipales, y ha servido para fijar una nueva reunión presidida por el alcalde el próximo 11 de marzo a las 11:00 horas.

Los representantes de la plantilla municipal atribuyen este “primer contacto formal para buscar una solución al conflicto” a la presión sindical ejercida desde que se anunció la intención de externalizar el servicio de limpieza en los colegios públicos. El encuentro se produce, de hecho, tras el encierro protagonizado por representantes sindicales en el propio Ayuntamiento el pasado miércoles, coincidiendo con la aprobación del nuevo contrato de limpieza, paso previo a su licitación. Acto que se saldó con el desalojo al borde de la madrugada y con el compromiso del alcalde, José Luis Sanz, de reanudar la mesa de negociación.

Desde el Comité de Empresa, no obstante, insisten en que la reapertura de la vía de diálogo no paraliza las movilizaciones que vienen desarrollando desde enero, que incluyen concentraciones, encierros y actos de protesta. Los representantes sindicales advierten que, si no se producen avances antes de Semana Santa, podrían intensificar las medidas de presión, incluyendo la convocatoria de una huelga general durante las fiestas primaverales.

Mano tendida

El delegado de Recursos Humanos ha subrayado que el Gobierno local mantiene “la mano tendida para mejorar, entre todos, los servicios públicos que los ciudadanos reciben de su Ayuntamiento”. Cabe recordar que las negociaciones se interrumpieron hace un mes, cuando el comité de empresa se levantó de la mesa en la última reunión (el 6 de febrero) al no alcanzar un acuerdo, según recuerdan fuentes municipales.

Para los sindicatos, la reunión de la próxima semana, presidida por el alcalde, será “clave” para avanzar en la búsqueda de una solución al conflicto que mantiene en pie de guerra a los trabajadores de limpieza por la externalización del servicio en los colegios públicos. El comité de empresa insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita tramitar con urgencia cualquier solución antes de la Semana Santa, evitando así que la tensión entre la plantilla municipal y el Ayuntamiento afecte al funcionamiento de los colegios.

Este nuevo acercamiento se produce después de semanas de confrontación en torno al plan de limpieza externalizado, aprobado por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno extraordinaria del pasado miércoles, que desató protestas de trabajadores a las puertas del Ayuntamiento y momentos de tensión entre manifestantes y personal de seguridad. En caso de no producirse avances reales, la plantilla anuncia que “intensificará las medidas de presión”, sin descartar la convocatoria de una huelga general en el periodo comprendido entre la Semana Santa y la Feria.

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido este miércoles que “este gobierno siempre ha tenido la mano tendida al diálogo con los sindicatos, a pesar de que su actitud ha sido, hasta ahora, levantarse de la mesa de negociación y organizar actos de acoso a los concejales”. Así lo ha manifestado en una nota remitida por el Ayuntamiento, el día en que se ha aprobado por la vía de urgencia el nuevo contrato de limpieza de los colegios públicos, paso previo a su licitación, sin haber alcanzado un acuerdo con el comité de empresa.

Para los sindicatos, esta decisión –tomada en plena escalada del conflicto por la privatización del servicio– supone un portazo a la vía del diálogo. El portavoz municipal ha señalado que “se han mantenido al menos seis reuniones en los últimos meses solo para tratar este tema de la limpieza de los colegios”.

Al hilo, Bueno ha recordado que “fueron ellos, los sindicatos, los primeros en conocer la propuesta de externalización de la limpieza, pues antes de que el alcalde lo contara en rueda de prensa se lo trasladó directa y personalmente a los representantes sindicales”.

“Lealtad y respeto del equipo de Gobierno”

El portavoz ha asegurado que en todas las reuniones han pedido a los sindicatos “que trasladen el listado de los supuestos trabajadores afectados para poder estudiar caso a caso cada circunstancia”. “A día de hoy ningún sindicato ha trasladado ningún problema concreto, por lo que no se ha podido estudiar ninguna solución”, ha indicado.

Bueno ha subrayado que “ante esta actitud de lealtad y respeto del equipo de gobierno con los representantes sindicales, el Ayuntamiento ha encontrado por su parte escraches y actos de acoso a los concejales”.

Por otro lado, el portavoz ha remarcado que el gobierno municipal “ha reforzado como nunca los servicios municipales con más mesas de negociación que el PSOE en años anteriores, más de 200 nuevas incorporaciones a limpieza y porterías y mejora real de las condiciones laborales del personal municipal”.

Asimismo, Bueno ha pedido al PSOE y a los sindicatos “responsabilidad y que dejen de engañar, ya que lo último que hará este equipo de gobierno es poner en riesgo el empleo público”. “La demagogia puede servir para ensuciar la política, pero no para limpiar los colegios”, ha afirmado.

“No se pierde ningún puesto de trabajo”

El portavoz municipal ha insistido en que “no se pierde ningún puesto de trabajo, al contrario, se gana empleo, se refuerza la limpieza en los edificios municipales y se garantiza la mejora de la limpieza en los colegios”. Y ha añadido que “este equipo de gobierno, al contrario que otros, en dos años está resolviendo problemas endémicos que había en esta ciudad.” “No podemos consentir que nuestros niños tengan colegios llenos de mugre y suciedad”, ha concluido.

Por otro lado, Bueno ha expresado incomprensión por “que ahora se critique este modelo cuando el PSOE lo aplica donde gobierna: Dos Hermanas, La Rinconada o Camas, y lo aplicó en Madrid o en la Junta de Andalucía. También IU, que tiene externalizada la limpieza de los servicios públicos en Zamora”, ha señalado.

En esta línea, Bueno ha incidido en que “el propio PSOE lo hizo en otros edificios municipales: externalizó la limpieza al igual que lo hizo con el servicio de parques y jardines”. Para terminar, ha añadido que “es incomprensible criticar lo que ellos hicieron ya en Sevilla y ahora hacen en La Rinconada. El mismo día que critican a este gobierno, aprueban la externalización de la limpieza viaria en La Rinconada”.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha convocado este miércoles una Junta de Gobierno local “extraordinaria y urgente” para aprobar el nuevo contrato de limpieza de los colegios públicos, paso previo a su licitación, sin haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos en plena escalada del conflicto por la privatización del servicio.

En respuesta, los sindicatos han protagonizado un encierro en la casa consistorial. Horas antes de encerrarse junto a otros representantes sindicales, el presidente del comité de empresa en el Ayuntamiento de Sevilla, Jorge Menacho, avisó de que la plantilla municipal iba a mantener el pulso: “Si ellos aceleran la privatización, nosotros intensificamos la lucha”. La tensión se ha dejado notar desde primera hora de la mañana, cuando un grupo de trabajadores de la plantilla municipal intentó acceder al ayuntamiento, provocando un forcejeo con el personal de seguridad, que cerró las puertas para frenar el acceso.

Con la aprobación de este contrato por la vía de urgencia, el alcalde hispalense da un paso más en su apuesta por externalizar la limpieza en los colegios públicos, enterrando la negociación que los sindicatos reclaman desde que se anunció el plan de privatización a mediados de enero. Fuentes municipales niegan que se haya cerrado la vía del diálogo y señalan que fue el comité de empresa el que se levantó de la mesa en la última reunión (el 6 de febrero) y que han rechazado reunirse continuamente.

Desde el Gobierno local insisten en que siempre han mantenido la mano tendida, y que la decisión de aprobar el plan de urgencia es legítima y no implicará el despido de ningún trabajador. Sobre la urgencia de aprobar el pliego este miércoles, explican que responde a los plazos necesarios para que el servicio esté operativo de cara a septiembre.

Destinar dinero público a externalizar un servicio

Mientras los sindicatos avanzaban en su calendario de movilizaciones, con protestas en los diversos actos del alcalde y una acampada en Puerta Jerez, el Gobierno municipal activó por sorpresa la aprobación del plan para externalizar la limpieza de los colegios públicos, aumentando la tensión con la plantilla.

La Junta de Gobierno local, que normalmente se reúne los viernes, se ha celebrado esta vez de forma extraordinaria el miércoles para “aprobar gasto, pliegos de condiciones y anexos del contrato de servicio de limpieza de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, dependientes del Ayuntamiento”, según consta en el orden del día.

Desde la alcaldía se justifica esta decisión con la puesta en marcha del denominado “Plan Colegios Limpios”, que luego saldrá a licitación. El plan contempla “un mínimo de 387 trabajadores durante el periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato”, según detallan desde el Gobierno local.

El foco del conflicto radica en la respuesta que el equipo de Sanz ha dado al déficit de efectivos en los puestos de limpiadores que los sindicatos denuncian desde hace años. En lugar de reforzar la plantilla cubriendo las vacantes con empleados públicos, el alcalde ha optado por externalizar el servicio, destinando a empresas privadas una partida presupuestaria de “25 millones de euros en dos años”, según el comité de empresa.

Los sindicatos se oponen a esta medida porque, según sus cálculos, afectará a más de 300 trabajadores interinos –temporales que cubren vacantes en la plantilla–, mientras que los empleados con plaza fija serán reubicados en otros edificios municipales. Además, advierten que la externalización podría costar 25 millones de euros adicionales a las arcas municipales. “Gastar más para privatizar un servicio que lleva prestándose 40 años desde lo público no es apostar por lo público”, sostienen los sindicatos, que dicen sentirse “engañados” por el alcalde hispalense.

Detalles del “plan colegios limpios”

El Ayuntamiento ha explicado que el servicio municipal de limpieza cuenta actualmente con 474 empleados distribuidos en 250 edificios, de los cuales 108 son centros educativos. Según el Gobierno local, esto supone una media de 1,9 empleados por edificio, “insuficiente” para cubrir las necesidades específicas de los colegios, donde actualmente solo se realiza limpieza en jornada de tarde.

Según el equipo de Sanz, el nuevo plan –que se aplicará del 1 de septiembre al 30 de junio y continuará en periodos no lectivos como verano, Semana Santa y Navidad–, contempla garantizar la limpieza diaria en todos los turnos, incluyendo mañana y tarde, y establece supervisión mediante directores y encargados de cada lote, así como informes de calidad disponibles bajo demanda.

Además, se incorporarán vehículos para transporte e inspección y una aplicación informática de gestión accesible desde móviles, para registrar diariamente los servicios realizados y asegurar que el contrato se ejecute según lo establecido en el pliego.

Nuevas medidas para frenar la privatización

La convocatoria extraordinaria de la Junta de Gobierno local ha provocado la reacción de grupos municipales como el de Podemos. La líder de la formación morada en Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha coincidido con los sindicatos en señalar su rechazo a la aprobación del plan, que conllevará, asegura, una “privatización” que “afectará negativamente” al servicio y a los trabajadores.

“Es una huida hacia adelante de un alcalde que se ha quedado solo en su decisión, porque es negligente y económicamente insostenible”, ha criticado Hornillo. “Tiene a toda la comunidad educativa en contra, en general a toda la sociedad civil, y a la plantilla municipal manifestándose en las calles porque José Luis Sanz se niega a escucharles”, ha recordado la concejala antes de apostillar que la decisión “va a tener consecuencias para el buen funcionamiento de los colegios de Sevilla y, en general, para todos los servicios públicos municipales”. Por eso, Hornillo se ha sumado al comité de empresa pidiendo al alcalde “que rectifique para evitar el caos que se avecina”.

Por su parte, el secretario de CSIF Ayuntamiento Sevilla, Rafael Román, ha señalado sorprendido la “urgencia” de la convocatoria. “Nosotros seguimos en la misma línea de opinión: el alcalde creó el conflicto, el alcalde pidió una propuesta para la parte sindical, el alcalde nunca respondió esa propuesta, simplemente hizo un anuncio de privatización y, aunque dice en prensa que se sentará, hasta el momento esta es la realidad”, ha aseverado.

A pesar de que las medidas de presión desplegadas por el comité de empresa desde enero no han logrado frenar el plan, los sindicatos mantienen su calendario de movilizaciones y anuncian que adoptarán nuevas acciones –incluidas medidas legales– para intentar revertir la externalización, denunciando que la privatización afectará tanto al personal como al servicio educativo.

Escobas en alto, uniformes de trabajo, megáfono en mano y pancartas contra la privatización de los servicios públicos. Los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Sevilla han escenificado este jueves en la calle la guerra abierta contra el Gobierno de José Luis Sanz por privatizar la limpieza de los colegios de la ciudad. “Lo público se defiende gobierne quien gobierne”, han coreado los manifestantes mientras avanzaban desde el Palacio de San Telmo hacia las puertas del Consistorio, en una movilización que iba más allá de un pulso laboral.

“Esto no trata solo de empleo, sino de un modelo de gestión”, ha explicado Jorge Menacho, presidente del comité de empresa en el Ayuntamiento de Sevilla, en alusión a la apuesta del alcalde por externalizar parte del servicio de limpieza con una partida presupuestaria de 25 millones de euros, “cuando ya la propia plantilla municipal está presupuestada en 16 millones”.

Entre los miles de asistentes –2.500 según el comité de empresa, 1.000 según datos oficiales– se encuentra Juani, una trabajadora del servicio de limpieza con 20 años de experiencia. “No tiene ningún sentido que quieran privatizar un servicio que se lleva prestando 40 años desde lo público”, comenta, antes de lamentar que “el alcalde lo está dejando morir”. El deterioro en las condiciones laborales lo sitúan los trabajadores desde el cambio de gobierno en 2023. “Antes más o menos se cubrían las vacantes, pero desde que entró el equipo del PP, no se cubren ni bajas ni jubilaciones y ya no podemos más”, asegura Juani, quien acude por las mañanas a su puesto de trabajo con “taquicardias” porque tiene que limpiar ella sola dos centros educativos.

Plantillas sobrecargadas y frustradas

María José, otra trabajadora, coincide con Juani en que “desde que José Luis Sanz llegó a la alcaldía, se ha producido un desmantelamiento total del servicio”. El déficit de personal, que los sindicatos cifran en torno a las 200 vacantes, deriva en una sobrecarga de trabajo para los peones que tienen que mantener limpios los colegios públicos. “La situación es extrema ya, estamos bajo mínimos”, afirma Marina, que forma parte de la plantilla de limpieza del CEIP Maestro José Fuentes en Sevilla Este, uno de los distritos más afectados por la falta de personal.

“Deberíamos ser siete y ahora mismo somos cuatro para atender a un colegio de alrededor de 900 alumnos”, cuenta Marina, quien sufre a diario “una impotencia muy grande porque la sobrecarga de trabajo es enorme y no podemos llegar a los niveles de limpieza que los niños se merecen”. En 2024, las familias llegaron a concentrarse con fregonas a las puertas de este centro para denunciar la suciedad acumulada en las aulas.

“El problema es que el ayuntamiento está empeñado en dejar caer servicios a costa de la salud de los niños, es muy difícil para nosotros esta situación”, añade, verbalizando un sentir compartido entre los trabajadores municipales: “Nos sentimos desolados”. La plantilla cuenta con el respaldo de la federación de AMPA de Sevilla (Fampa), que ha impulsado un manifiesto firmado por 66 de los 108 colegios de la ciudad para sumarse a las quejas de los sindicatos y reivindicar que “la degradación del servicio se está utilizando como estrategia política para justificar una inminente privatización”.

Como el resto de sus compañeros, Eduardo recibió con “preocupación y frustración” la noticia de que el Gobierno local iba a externalizar el servicio de limpieza en los colegios públicos. “Estoy temblando porque veo que me voy a quedar en la calle”, cuenta este interino, mientras sostiene un cartel en el que se advierte de que más de 300 familias van a “ir al paro” si la privatización anunciada a mediados de enero se materializa como está previsto en septiembre.

Eduardo, que lleva siete años trabajando como peón de limpieza en un colegio, ve peligrar su futuro, a pesar “de todo lo que llevamos aguantando este tiempo”. “Vivimos una lucha diaria para que el colegio esté en condiciones porque esa es la casa de todos, de los niños y los maestros, y nosotros vemos que todo el esfuerzo no va a servir para nada”, lamenta.

De la calle al pleno

Dese que se anunció la externalización a mediados de enero, el comité de empresa del Ayuntamiento intensificó las protestas para intentar frenar el proceso de privatización y exigir que el problema se resuelva “desde lo público”, cubriendo las vacantes ya presupuestadas. “Hay informes de la propia Intervención municipal diciendo que si se cubren las vacantes, se solucionaría el problema”, sostienen representantes de CSIF, UGT y CCOO.

Las protestas por esta privatización también se han hecho sentir en el pleno municipal de este jueves, algo habitual en las últimas sesiones desde que se conoció el objetivo del gobierno local. El grupo Podemos-IU interpelaba directamente al alcalde sobre esta cuestión, pero antes de que se llegara a ese momento el presidente del pleno, Manuel Alés (PP), ya había ordenado el desalojo de todo el público asistente.

Lo hizo a la tercera protesta que se ha producido. En los dos primeros casos, han sido expulsadas las personas que han exhibido pancartas y han cortado la intervención de algún miembro del gobierno local. A la tercera, tal y como le faculta el reglamento, ha ordenado el desalojo íntegro de todo el público, con lo que en el salón sólo han quedado los concejales y los periodistas que cubrían la sesión. Una señora se ha llegado a sentar en el pasillo que divide las dos zonas en las que se sienta el público, en señal de que no pensaba irse. Al final, ha sido sacada en volandas por agentes de la Policía Local.

Continúan las movilizaciones

La protesta celebrada este jueves dentro y fuera del Consistorio forma parte del calendario de movilizaciones anunciado por el comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla de cara a las próximas semanas. “Vamos a seguir estando donde esté el alcalde, para que la ciudadanía entienda que esto no trata solo de empleo, sino de un modelo de gestión”, ha avanzado su presidente, respaldado por compañeros de todos los servicios municipales —desde Tussam hasta Emasesa— en una muestra de unidad sindical ante lo que consideran un “plan organizado” para externalizar servicios públicos.

El objetivo, advierten, es mantener la presión si no se abre una negociación. “Si el alcalde se niega a resolver este conflicto desde lo público, Sevilla vivirá unas fiestas primaverales marcadas por la movilización”, afirman las organizaciones sindicales. Entre las acciones previstas figuran una acampada en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento, y protestas coincidiendo con el pregón de Semana Santa.

La tensión ha ido en aumento en las últimas semanas. La delegada municipal de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, amplió esta semana ante la Fiscalía una denuncia por supuestos “insultos” e “intimidaciones”, en un contexto de creciente confrontación pública entre el equipo de gobierno y la plantilla municipal.

El apoyo que reciben los trabajadores no se limita a las empresas públicas. También la comunidad educativa exige al Ayuntamiento que refuerce la plantilla “en lugar de externalizar un servicio que, según datos municipales, resultaría más caro y menos eficiente”. A esa reivindicación se suman también grupos políticos como Podemos-IU o Adelante Andalucía, además de asociaciones vecinales de barrios como Cerro Amate, Pino Montano o Sevilla Este.

Desde el Gobierno municipal, por su parte, se insiste en que la externalización “no supone la pérdida de ningún empleo público” y se enmarca en una reorganización de recursos que, según el alcalde, busca garantizar la calidad del servicio. Sanz ha defendido que se trata de una “práctica habitual” en otros servicios municipales y en numerosos ayuntamientos.

Sobrecarga física y mental

Los trabajadores defienden que el deterioro del servicio no es consecuencia de la falta de presupuesto, sino de una decisión política. Según la plataforma de empleados municipales, durante los dos últimos cursos el Ayuntamiento ha dejado sin cubrir jubilaciones, bajas y comisiones de servicio pese a que las plazas estaban dotadas presupuestariamente.

El resultado, denuncian, es que 108 colegios públicos funcionan con plantillas “gravemente mermadas”. Centros que deberían contar con cuatro limpiadores operan con dos, y en algunos casos con una sola persona para cubrir jornadas que se extienden desde las 7.30 hasta las 20.00 horas, con aulas, comedores y patios en uso continuo.

A la sobrecarga física se suma la mental. “Estamos sin ganas de comer, sin dormir, pensando en cómo se va a hacer resolver esta situación”, comenta Elena, quien después de dos décadas en el servicio, por primera vez se ha dado de baja durante seis meses por una contractura en la espalda. A su lado, Victoria comparte su inquietud por el futuro del servicio: “Soy madre de familia, soy divorciada y necesito el trabajo”, defiende, acompañada de sus dos hijos que sostienen pancartas donde se puede leer “lo público no se vende”.

Más allá del empleo, la plantilla insiste en que el debate tiene una dimensión social. “Aquí hablamos de salud infantil y de dignidad”, resume una trabajadora veterana. Como madre, Elena también transmite su preocupación por dejar la limpieza en manos de una empresa externa. Los trabajadores recuerdan que ellos llevan años formando parte de la comunidad educativa, que accedieron por oposición y que llevan más de 40 años prestando el servicio desde lo público. “El colegio es nuestra segunda casa”, expresa Eduardo.

El comité de empresa mantiene el calendario de movilizaciones y no descarta una huelga indefinida si no se abre una negociación. Lo que comenzó como un conflicto por la limpieza escolar amenaza ahora con extenderse al conjunto de los servicios municipales a las puertas de la primavera sevillana.

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha qualificat aquest dimarts de “tarats mentals” els partits d'esquerra que, des de diversos ajuntaments d'Eivissa, aposten per reorganitzar les seves activitats i limitar el pes del futbol per donar cabuda a altres propostes. En aquest sentit, la parlamentària d'extrema dreta ha carregat contra un suposat intent de prohibir el futbol per “masclista” arran de la moció presentada recentment per Unides Podem i secundada pel PSIB-PSOE al municipi de Sant Antoni amb l'objectiu que els patis esdevinguin espais més verds i inclusius, una mesura que ja s'aplica en una vintena de centres públics de l'illa.

De las Heras, qui ja ha protagonitzat altres declaracions polèmiques -com quan va acusar el president del Govern central, Pedro Sánchez, de “deixar morir la gent com gossos” després de la DANA de València o quan va realitzar una defensa explícita de l'ús d'armes de foc davant agressions amb arma blanca, vinculant-les amb la immigració-, ha abocat la seva desqualificació en el marc de la pregunta que ha formulat al conseller d'Educació, Antoni Vera (PP), sobre si creu que el futbol a les escoles “és masclista”.

“Rotundament no”, ha respost tallant Vera, qui ha defensat que es tracta d'un esport “practicat per nens i nenes que fomenta valors positius com el treball en equip, la disciplina i la convivència”, asseverant que “el que hauria de preocupar la Cambra és que tant nens com nenes puguin participar en qualsevol activitat esportiva”.

En el seu torn de rèplica, la diputada de Vox ha criticat la moció presentada per Unidas Podemos perquè les escoles eliminin la centralitat que ocupen els camps de futbol als patis, una qüestió que ha emmarcat en el que l'extrema dreta denomina “ideologia woke” i en un suposat intent de prohibir el futbol per considerar-lo masclista.

Atacs a l'educació afectivo-sexual

“És el wokisme el que els corromp. No que juguin al futbol, senyores de l'esquerra. És la malaltissa obsessió de l'esquerra amb els nostres fills, la que els ensenya a masturbar-se o a inventar-se gèneres inexistents. Són els mateixos que volen impartir classes de masturbació amb cigrons i cançons sexuals a infantil amb tan sols dos anys”, ha prosseguit, carregant contra la guia d'educació afectiu-sexual publicada durant la passada legislatura que incloïa propostes pedagògiques adaptades a cada edat centrades en el coneixement del propi cos, la prevenció d'abusos i el respecte.

En aquest context, De las Heras s'ha dirigit al conseller: “No permeti, senyor Vera, que aquests tarats mentals decideixin sobre els nostres fills”. Les paraules han provocat la protesta de la bancada de l'esquerra, que ha reclamat al president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), que exigís la retirada formal de l'expressió. Le Senne s'ha limitat a assenyalar que “la paraula tarats excedeix una mica l'admissible” i ha demanat “moderar el llenguatge”.

El Govern defensa l'autonomia dels centres

En la seva segona intervenció, Vera ha recriminat que, a partir d'informacions sobre debats puntuals en alguns municipis sobre la reorganització dels patis escolars, “se ha generat un relat segons el qual es vol prohibir el futbol perquè és masclista”, cosa que, ha asseverat, “simplement no és cert”. El titular d'Educació ha subratllat que és als equips directius dels col·legis a qui correspon organitzar els seus espais i activitats, ja que cada centre coneix la seva realitat, el seu alumnat i les seves necessitats.

Tanmateix, ha deixat caure que “si en algun cas es considera convenient diversificar espais o fomentar altres activitats”, s'ha de fer “des del diàleg amb la comunitòt educatiu, no des de la imposició ideològica ni des de titulars simplistes”. “El que no farem és assenyalar un esport que forma part de la nostra cultura, que ha estat precisament una eina d'integració i de superació de barreres i en el qual avui les nenes tenen referents femenins visibles”, ha apuntat, esmentant tot seguit les futbolistes balears Mariona Caldentey i Cata Coll, que, ha abundat, “van jugar en patis escolars de les illes” abans de participar “a les competicions més importants de futbol femení internacional”.

El conseller ha incidit en què els patis “no les van limitar”, sinó que “van ser espais d'oportunitats, d'aprenentatge i de creixement i avui un exemple per a centenars de nenes de les nostres illes”. Vera ha conclòs assenyalant que “la millor manera de combatre qualsevol desigualtat no és prohibir el futbol, sinó garantir que totes les nenes que vulguin jugar puguin fer-ho en iguals condicions, amb el mateix suport i amb la mateixa consideració que els nens”.

Una mesura ja implantada en 20 centres

Recentment, el grup municipal de Podem a l'Ajuntament de Sant Antoni va presentar una moció adreçada a què els patis esdevinguin espais més verds i inclusius, eliminant la centralitat dels camps de futbol, que, assenyalen, ocupen el “hasta el 80 % del pati”. La proposta ha desencadenat la polèmica tot i que, d'acord amb les dades recopilades per l'agència EFE, almenys 20 centres educatius públics d'Eivissa -nou de primària i 11 de secundària-, ja regulen o prohibeixen la pràctica del futbol als seus patis escolars des de fa anys.

La Conselleria d'Educació, de fet, atribueix a cada centre la decisió de prohibir activitats per “questions organitzatives o per evitar conflictes”. La moció de Podem, finalment rebutjada pel ple municipal, recriminava que la colonització dels patis per la pràctica del futbol provoca que “les nenes quedin relegades als marges”, per la qual cosa apel·lava a promoure “el deshormigonat progressiu del terra, reorganitzar l'ús de l'espai en els patis” i eliminar “la centralitat dels camps de futbol”. 

Les informacions publicades a les últimes setmanes sobre aquesta proposta ha dut fins i tot a la plataforma de verificació Maldita.es a desmentir que existeixi una iniciativa general per prohibir aquest esport als patis escolars per considerar-lo masclista, aclarint que les decisions adoptades en alguns centres responen a criteris organitzatius i pedagògics.

El proceso de admisión de alumnos para el próximo curso 2026-2027 en Castilla-La Mancha contará con un total de 110.500 plazas y como novedad se materializará la disminución de ratios en el segundo curso de Educación Primaria.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que ha detallado que de esas 110.500 vacantes, 29.144 son para el Segundo Ciclo de Educación Infantil, 33.844 para Educación Primaria, 28.294 para Educación Secundaria Obligatoria y 19.218 para Bachillerato.

Las solicitudes se podrán empezar a presentar desde el 23 de febrero hasta el 9 de marzo para las etapas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato; mientras que la convocatoria para Formación Profesional se espera para el mes de mayo.

Siguiendo con las fechas, el consejero ha detallado que el 23 de abril se publicará el baremo provisional --la puntuación que se asigna al alumno y con la que concurre a la asignación de destino--, que se hará definitivo el 28 de mayo. La primera adjudicación provisional será el 29 de mayo y tendrá carácter definitiva el día 26 de junio.

“A partir de ahí comienza el periodo de matriculación, que es el que ratifica la entrada a los centros educativos”, ha manifestado el consejero, que ha concretado que en las enseñanzas no obligatorias será entre el 29 de julio y el 2 de julio, mientras que en el caso del Bachillerato será entre el 1 y el 3 del mes de julio.

Para todas aquellas personas que no puedan concurrir en este proceso ordinario, se establece también un proceso de admisión con carácter extraordinario que comenzará a partir del día 9 de julio. “En este caso, las vacantes que se ofertarán serán las que hayan quedado sin ocupar en este proceso ordinario”, ha agregado Pastor.

Presentación de solicitudes

En cuanto a las solicitudes, el consejero ha detallado que, como todos los años, se podrán presentar de forma telemática a través del formulario disponible en la plataforma Educamos, que da la posibilidad de marcar hasta seis centros educativos en función de las preferencias que se tengan por cada uno de ellos.

Así, tras agradecer a los centros educativos y a los equipos directivos de la región que durante estos días vayan a hacer jornadas de puertas abiertas, ha indicado que toda la información estará disponible en el portal de Educación de Castilla-La Mancha.

Como todos los años, todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma dispondrán de una guía que también estará alojada en el portal de Educación de Castilla-La Mancha “para hacer mucho más sencillo” la cumplimentación del formulario del proceso de admisión. Y a todo ello se sumará una campaña en redes sociales por parte de la Consejería.

Novedades en el proceso de admisión

Con todo, ha destacado el consejero de Educación que una de las novedades del proceso de admisión del próximo curso, amén al acuerdo firmado por la Junta con los sindicatos, es la bajada de ratio en Segundo de Educación Primaria.

En este sentido, el consejero ha querido reflejar “la realidad” en las aulas de Castilla-La Mancha, para indicar que el 83,15 por ciento de las mismas tienen menos de 20 alumnos en Primero de Educación Primaria. “Si nos vamos al nivel de tres años, el 83,31 por ciento de nuestras aulas cuenta con menos de 20 alumnos”, ha dicho.

Durante su comparecencia, Pastor ha destacado que este proceso ha permitido a lo largo de los años garantizar “un alto porcentaje” de alumnado que consigue en plaza en su primera petición. Así, el pasado curso el 94,84 por ciento del alumnado de la región obtuvo plaza en su primera petición.

“Si hacemos el estudio con respecto a la primera y la segunda petición en este proceso de admisión, llegamos a casi un 98 por ciento de familias que obtuvieron centro educativo en su primera y segunda petición, en concreto un 97,88 por ciento”, ha argumentado.

Unos datos que también ha ofrecido por provincias para indicar que en algunas el porcentaje de alumnos con plaza en su primera opción se aproxima al cien por cien, como es el caso de Cuenca y Guadalajara donde el 99 por ciento del alumnado consiguió plaza en sus primeras peticiones.

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha calificado este martes de “tarados mentales” a los partidos de izquierda que, desde diversos ayuntamientos de Eivissa, apuestan por reorganizar sus actividades y limitar el peso del fútbol para dar cabida a otras propuestas. En este sentido, la parlamentaria de extrema derecha ha arremetido contra un supuesto intento de prohibir el fútbol por “machista” a raíz de la moción presentada recientemente por Unidas Podemos y secundada por el PSIB-PSOE en el municipio de Sant Antoni con el objetivo de que los patios se conviertan en espacios más verdes e inclusivos, una medida que ya se aplica en una veintena de centros públicos de la isla.

De las Heras, quien ya ha protagonizado otras declaraciones polémicas -como cuando acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “dejar morir a la gente como perros” tras la DANA de València o cuando realizó una defensa explícita del uso de armas de fuego ante agresiones con arma blanca, vinculándolas con la inmigración-, ha vertido su descalificación en el marco de la pregunta que ha formulado al conseller de Educación, Antoni Vera (PP), sobre si cree que el fútbol en los colegios “es machista”.

“Rotundamente no”, ha respondido tajante Vera, quien ha defendido que se trata de un deporte “practicado por niños y niñas que fomenta valores positivos como el trabajo en equipo, la disciplina y la convivencia”, aseverando que “lo que debería preocupar a la Cámara es que tanto niños como niñas puedan participar en cualquier actividad deportiva”.

En su turno de réplica, la diputada de Vox ha criticado la moción presentada por Unidas Podemos para que los colegios eliminen la centralidad que ocupan los campos de fútbol en los patios, una cuestión que ha enmarcado en en lo que la extrema derecha denomina “ideología woke” y en un supuesto intento de prohibir el fútbol por considerarlo machista.

Ataques a la educación afectivo-sexual

“Es el wokismo lo que los corrompe. No que jueguen al fútbol, señorías de la izquierda. Es la enfermiza obsesión de la izquierda con nuestros hijos, la que les enseña a masturbarse o a inventarse géneros inexistentes. Son los mismos que quieren impartir clases de masturbación con garbanzos y canciones sexuales en infantil con tan solo dos años”, ha proseguido, arremetiendo contra la guía de educación afectivo-sexual publicada durante la pasada legislatura que incluía propuestas pedagógicas adaptadas a cada edad centradas en el conocimiento del propio cuerpo, la prevención de abusos y el respeto.

En este contexto, De las Heras se ha dirigido al conseller: “No permita, señor Vera, que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos”. Las palabras han provocado la protesta de la bancada de la izquierda, que ha reclamado al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), que exigiera la retirada formal de la expresión. Le Senne se ha limitado ha señalar que “la palabra tarados excede un poco lo admisible” y ha pedido “moderar el lenguaje”.

El Govern defiende la autonomía de los centros

En su segunda intervención, Vera ha recriminado que, a partir de informaciones sobre debates puntuales en algunos municipios acerca de la reorganización de los patios escolares, “se ha generado un relato según el cual se quiere prohibir el fútbol porque es machista”, algo que, ha aseverado, “sencillamente no es cierto”. El titular de Educación ha subrayado que es a los equipos directivos de los colegios a quienes corresponde organizar sus espacios y actividades, ya que cada centro conoce su realidad, su alumnado y sus necesidades.

Sin embargo, ha deslizado que “si en algún caso se considera conveniente diversificar espacios o fomentar otras actividades”, debe hacerse “desde el diálogo con la comunidad educativa, no desde la imposición ideológica ni desde titulares simplistas”. “Lo que no haremos es señalar un deporte que forma parte de nuestra cultura, que ha sido precisamente una herramienta de integración y de superación de barreras y en el que hoy las niñas tienen referentes femeninos visibles”, ha apuntado, mencionando acto seguido a las futbolistas baleares Mariona Caldentey y Cata Coll, quienes, ha abundado, “jugaron en patios escolares de las islas” antes de participar “en las competiciones más importantes de fútbol femenino internacional”.

El conseller ha incidido en que los patios “no las limitaron”, sino que “fueron espacios de oportunidades, de aprendizaje y de crecimiento y hoy un ejemplo para centenares de niñas de nuestras islas”. Vera ha concluido señalando que “la mejor manera de combatir cualquier desigualdad no es prohibir el fútbol, sino garantizar que todas las niñar que quieran jugar puedan hacerlo en iguales condiciones, con el mismo apoyo y con la misma consideración que los niños”.

Una medida ya implantada en 20 centros

Recientemente, el grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni presentó una moción dirigida a que los patios se conviertan en espacios más verdes e inclusivos, eliminando la centralidad de los campos de fútbol, que, señalan, ocupan el “hasta el 80 % del patio”. La propuesta ha desatado la polémica a pesar de que, de acuerdo a los datos recopilados por la agencia EFE, al menos 20 centros educativos públicos de Eivissa -nueve de primaria y los 11 de secundaria-, ya regulan o prohíben la práctica del fútbol en sus patios escolares desde hace años.

La Conselleria de Educación, de hecho, atribuye a cada centro la decisión de prohibir actividades por “cuestiones organizativas o para evitar conflictos”. La moción de Podemos, finalmente rechazada por el pleno municipal, recriminaba que la colonización de los patios por la práctica del fútbol provoca que “las niñas quedan relegadas a los márgenes”, por lo que apelaba a promover “el deshormigonado progresivo del suelo, reorganizar el uso del espacio en los patios” y eliminar “la centralidad de los campos de fútbol”. 

Las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre esta propuesta ha llevado incluso a la plataforma de verificación Maldita.es a desmentir que exista una iniciativa general para prohibir este deporte en los patios escolares por considerarlo machista, aclarando que las decisiones adoptadas en algunos centros responden a criterios organizativos y pedagógicos.

Las familias del CEIP Cerro Alto, en Espartinas (Sevilla), se han concentrado esta mañana a las puertas del colegio para reclamar al Gobierno andaluz la reposición de la profesional de lengua de signos que hasta ahora atendía a dos niños que necesitan este recurso para el seguimiento de las clases.

La alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, y la secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla y parlamentaria Encarnación Martínez han acompañado a las madres y padres que se han concentrado este lunes en señal de protesta. “Durante el primer trimestre, los niños han contado con una profesora de lengua de signos, pero en el segundo trimestre, la Junta de Andalucía ha decidido compartir esta profesora con un centro educativo de Olivares”, ha explicado la parlamentaria socialista, incidiendo en que dicha medida “está impidiendo el correcto seguimiento de las clases de estos alumnos”.

La parlamentaria socialista ha señalado que este recorte “es un ejemplo más de todos los que se están produciendo a lo largo y ancho de la provincia en estos siete años de gobierno de Moreno Bonilla, que se está cebando especialmente con el alumnado más vulnerable”. Precisamente, las últimas movilizaciones de la comunidad educativa se han centrado en exigir más recursos para “una atención a la diversidad real”.

Las entidades educativas han denunciado en varias ocasiones que “el alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo (NEAE) lleva años siendo el gran olvidado del sistema educativo andaluz y sus familias son víctimas de un maltrato institucional insoportable”, como expresan desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (FAMPA).

Una reivindicación que llegará al Parlamento andaluz

La también portavoz del PSOE de Sevilla ha asegurado que el “recorte indiscriminado que Moreno Bonilla está haciendo de profesionales y recursos para atender al alumnado con necesidades especiales es un ataque al derecho fundamental de los niños a recibir una educación pública de calidad e inclusiva”. Asimismo, Encarnación Martínez ha anunciado que el partido “llevará a la Cámara andaluza la reivindicación de la comunidad educativa de Espartinas”.

El Ayuntamiento, por su parte, ya ha solicitado a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo la reposición de este recurso. “Este es un patrón que se repite por toda la provincia de Sevilla, y es que Moreno Bonilla se está cebando con quienes más lo necesitan”, ha lamentado la parlamentaria socialista a las puertas del CEIP Cerro Alto.

“Las y los socialistas hemos estado en Écija, donde una madre nos contó que tuvo que pedir un crédito para pagar la atención educativa de su hijo por las tardes; también hemos estado en Gines, en Mairena del Aljarafe, Pino Montano o La Macarena; seguiremos defendiendo una educación pública de calidad para todos y todas”, ha subrayado Martínez, haciéndose eco de las reivindicaciones de las familias que representan al alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo.

Parece simple. Después de 30 años reclamando un instituto público en el barrio de Aravaca —un barrio plagado de centros privados y concertados— el IES Ana Frank ya está preparado para recibir al alumnado. La obra se terminó el año pasado y los profesores ya tienen sus plazas adjudicadas; solo falta que se abran las puertas. Sin embargo, todas las mañanas desde hace casi siete años, las familias dejan a sus hijos e hijas en la puerta del colegio, donde, en vez de entrar, esperan a un autobús que les lleva a otro centro.

Este viernes, decenas de padres, madres y jóvenes se han concentrado frente a esa verja que permanece cerrada para exigir, una vez más, que el IES Ana Frank deje de ser un “instituto fantasma” y se cumpla la demanda histórica de un centro público. “Estamos rodeados de ofertas privadas, pero este es un colegio para todos”, subraya Fabiana Aguilar, presidenta de la AMPA y madre de una alumna de segundo de la ESO.

Debajo de sus paraguas, tapándose de la lluvia unos a otros, tanto padres y madres del Ana Frank como vecinos que arrastran la lucha por un instituto público en su barrio desde hace décadas están hartos de la espera. “Ya llevamos siete años, siete navidades. Estamos muy, muy cansados”, expresa Aguilar. En su caso, además de su hija pequeña, que está actualmente matriculada en el centro, la mayor también pasó por el “instituto fantasma” y se graduó el año pasado. Aunque en su diploma figura el nombre del IES Ana Frank, nunca se sentó en sus aulas y pasó por tres centros distintos. La única vez que pisó sus instalaciones fue en la graduación, cuando, excepcionalmente, se dejó entrar al alumnado en el gimnasio para la “triste” ceremonia, como la describen algunos padres.

Ante la demanda de un centro público en una zona plagada de concertados y privados, la Consejería de Educación llegó en 2019 a una solución algo estrambótica: creó el IES Ana Frank únicamente como figura jurídica, sin edificio. El instituto no existía físicamente. La idea era que funcionara provisionalmente utilizando espacios cedidos por otro centro educativo mientras se construía el nuevo inmueble, que supuestamente estaría listo para el curso siguiente. Fue en aquel año cuando la hija mayor de Fabiana y sus compañeros se matricularon en el centro: “Han hecho toda su trayectoria aquí y no han podido nunca ver su instituto construido. Y ahora que parece que valió la pena, cada vez dilatan más la recta final y no entendemos por qué”, explica la madre.

Han pasado casi siete años desde entonces y, aunque el edificio ya está en pie, sigue cerrado por “supuestos trámites pendientes con las contratas eléctricas”, según señalan las familias. Para la comunidad educativa, la explicación no resulta convincente: “Si es un papel y ellos son la administración, ¿por qué no lo firman?, ¿por qué no venimos aquí? Creemos que les da igual tener un instituto nuevo, pero a nosotros no”, asegura la presidenta de la AMPA.

Arrastran una solución provisional que se hace insoportable

La rutina diaria del alumnado sigue marcada por los desplazamientos. “Tienen que venir aquí, justo a la puerta, y aquí les recoge un autobús que les lleva a donde están ahora mismo, que es una escuela oficial de idiomas”, explica Beatriz Sahuar, madre de un alumno de segundo de la ESO. El trayecto, lejos de ser puntual, se alarga cada mañana: “Hay mucho tráfico y tardan de 30 minutos a una hora”, subraya. Aunque las familias conocían la situación al matricular a sus hijos, la provisionalidad se ha convertido en algo crónico: “Sabíamos cuál era la situación, pero contábamos con que la apertura era inminente. Esperábamos que este curso, en septiembre, ya empezarían aquí”, señala.

Frente a este contexto de promesas incumplidas y de constante desplazamiento del alumnado —que obliga a más de doscientos estudiantes a viajar cada día fuera de su barrio para recibir educación secundaria— la reivindicación apunta también a una cuestión de igualdad de oportunidades: “Hay una oferta de colegios privados y concertados espectacular, pero no hay una oferta de enseñanza pública secundaria en un municipio en el que hay un montón de chavales que quieren seguir estudiando”, defiende Sahuar.

“Siempre han estado como invitados o incluso apestados en otros centros”

Gretel Zamudio es madre de una joven de segundo de Bachillerato y, si el Ana Frank no abre antes de que se acabe el curso, ella formaría parte de la “segunda generación del instituto fantasma”, describe Zamudio. Destaca lo satisfecha que está la comunidad educativa del barrio con la calidad de la enseñanza de este centro, que tiene sus propios profesores y directora, a quienes considera “excelentes”, pero lamenta que sus hijos “no hayan tenido la misma experiencia que otros chicos en el Bachillerato. Siempre han estado como invitados o incluso apestados en otros centros”.

Desde 2019, el Ana Frank se ha visto afectado en distintos momentos por problemas administrativos y de gestión, incluida la tramitación de la parcela y la firma de convenios con el Ayuntamiento. Esta falta de avances ha mantenido al IES en una situación de provisionalidad durante varios cursos escolares, con alumnado cursando sus estudios en instalaciones ajenas o adaptadas, lo que ha tenido un impacto directo en la conciliación y en la vida cotidiana de las familias: “Venir acá todos los padres por la mañana, media hora antes para que puedan llegar… no es fácil para la familia, no es lindo, no es agradable”, apunta Aguilar.

En diciembre de 2023, la Comunidad de Madrid anunció la licitación de las obras para construir un nuevo edificio para el IES Ana Frank, con una inversión estimada en torno a 7,6 millones de euros y la intención de ofrecer alrededor de 380 plazas entre ESO y Bachillerato, con finalización prevista para 2025. Hoy, las familias y asociaciones consideran que los plazos no se han cumplido ni se ha dado una respuesta satisfactoria ante los continuos retrasos y la prolongada provisionalidad. “Ya tuvimos la paciencia que había que tener. No nos pueden decir que no luchamos por un instituto en este barrio”, concluye la presidenta de la AMPA.

No es la primera manifestación por un centro público en Aravaca a la que acude Celia, que ahora ha pasado a primero de la ESO y también está matriculada en el Ana Frank: “Hace muchos años ya vinimos a una manifestación para que lo hicieran y yo pensaba que cuando me tocara ir ya estaría hecho. Incluso este verano tenía esa expectativa”, cuenta. Su padre, Daniel, añade que el proyecto educativo fue lo que les atrajo de este centro, que está cerca de su casa y además es bilingüe: “Nos habían prometido que estaría listo. Si hubiésemos sabido que no lo iba a estar, nos lo habríamos pensado”, asegura.

Preocupación entre las familias del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ciudad de Jaén por su inminente demolición. La Comunidad de Madrid ha anunciado la construcción de un nuevo centro que pone en riesgo la continuidad de este colegio público, ubicado en el barrio de Orcasur, en el distrito de Usera, sin que exista —según denuncian las familias— una justificación técnica que avale el derribo del edificio. La comunidad educativa asegura que tuvo conocimiento del plan de forma tardía, sin información previa ni documentación oficial que lo respalde, y observan falta de transparencia por parte de la administración autonómica.

Sandra, madre de un alumno y secretaria del AMPA del centro, explica que todo comenzó a finales de 2025. “Nos enteramos de la situación el pasado mes de noviembre, cuando el director del centro envió un escrito a la Comunidad de Madrid solicitando la ejecución de unas obras que llevaban años prometiéndose y que ya estaban aprobadas en un proyecto anterior de 2021. Dichas obras nunca se llevaron a cabo”, señala. Según relata, la respuesta de la Comunidad fue que esas obras no se llevarían a cabo porque existía un proyecto en marcha que contemplaba la “demolición y sustitución del colegio”. Hasta ese momento, asegura, “la comunidad educativa no tenía conocimiento alguno de este plan”.

Ese mismo día, las familias accedieron al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, donde comprobaron que efectivamente existía un proyecto para construir un nuevo centro educativo en una parcela anexa al colegio. “Se trata de un solar diáfano, sin edificar”, explica Sandra. Según la secretaria del AMPA, los planos presentados no tienen en cuenta la realidad del centro, que actualmente cuenta con más de 20.000 metros cuadrados y atiende a más de 500 alumnos. Además, dispone de amplios patios, zonas verdes y un polideportivo, espacios esenciales para el alumnado del colegio.

A pesar de que la última Inspección Técnica del Edificio (ITE), correspondiente a 2022, es desfavorable, desde el AMPA subrayan que “no se indica en ningún momento riesgo de derrumbe ni la necesidad de demolición del edificio”. El informe, añaden, recomienda actuaciones de rehabilitación: cubiertas, fachadas y la reparación puntual de algún elemento estructural. “El centro es antiguo y ha sido claramente abandonado por la administración durante más de 20 años. El deterioro es consecuencia directa de la falta de mantenimiento, no de una situación irreversible”, denuncia Sandra.

Desde la comunidad educativa consideran injustificable el proyecto. “Resulta incomprensible que, existiendo un informe que recomienda rehabilitación, se pretenda destinar una gran cantidad de dinero público a derribar un colegio y construir otro nuevo, sin justificar técnicamente esa decisión. Si el edificio fuera realmente peligroso, no sería razonable que nuestros hijos e hijas acudieran a él diariamente”, afirma Sandra. Por ello, las familias del CEIP Ciudad de Jaén creen que la demolición no está justificada.

Los planes de demolición están incluidos en el pliego de prescripciones técnicas para la redacción del proyecto del nuevo colegio. En este mismo documento también se detalla que el edificio contará con seis aulas de Infantil, 12 de Primaria, dos aulas polivalentes, dos aulas específicas, aulas de pequeño grupo, zona administrativa, biblioteca y pista deportiva.

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid han confirmado a este periódico que “va a acometer un proyecto de mejora integral del complejo educativo Ciudad de Jaén, formado por un colegio y un instituto público” y señalan que incluirá “la construcción de un nuevo edificio para usos educativos en una parcela anexa, la rehabilitación de algunas de las instalaciones existentes y la mejora general de la accesibilidad”.

Las familias aseguran haber solicitado en repetidas ocasiones información por escrito y reuniones formales tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad. “La información facilitada ha sido siempre verbal, imprecisa y sin documentación que la respalde. No se nos ha entregado ningún informe técnico ni económico que justifique el proyecto”, lamentan. Incluso tras registrar solicitudes formales por vía electrónica, aseguran no haber recibido más respuesta que la información que hasta se ha hecho pública.

Un pilar fundamental para el barrio

El CEIP Ciudad de Jaén es un centro de especial complejidad educativa, con alumnado en situación de vulnerabilidad social y con presencia de niños y niñas con discapacidad motórica. “Nuestro colegio es un espacio privilegiado, con amplias zonas verdes y patios adaptados, especialmente importantes para nuestro alumnado”, explica la representante del AMPA. El nuevo proyecto, denuncian, pretende concentrar a más de 500 alumnos en un edificio más pequeño, pasando de un centro de tres líneas a uno de dos, lo que supondría “una pérdida evidente de plazas públicas”.

“El contexto social del barrio es especialmente vulnerable”, subraya Sandra. “Para muchos alumnos el colegio es un espacio seguro, una vía de escape no solo educativa, sino también emocional y de salud mental. Aquí pueden jugar, respirar, trabajar en el huerto escolar y hacer actividades al aire libre. En días soleados salen al jardín a hacer tareas escolares, algo impensable en el nuevo emplazamiento propuesto”, cuenta.

Además, se trata del único colegio público del entorno, ya que el resto de la oferta educativa del barrio es concertada. Desde el AMPA denuncian que, de forma verbal, se les ha insinuado la intención de desarrollar un “plan director” conjunto con el instituto colindante y homónimo, e incluso de trasladar ciclos de Formación Profesional a las instalaciones actuales, desplazando al alumnado de Primaria a la parte del edificio que da a la carretera, “en una zona sin espacios verdes, con contaminación y ruido”.

También existe incertidumbre respecto a las obras. “Se nos ha dicho que durante las obras los alumnos permanecerían en el centro, algo contradictorio si se plantea su demolición”, señalan. Posteriormente, el alumnado sería trasladado al nuevo edificio, aunque, según apuntan, “es evidente que en un centro de dos líneas no caben todos los alumnos actuales”. Pese a ello, tanto el Gobierno municipal como el autonómico aseguran que “no se perderá ninguna plaza”, algo que la comunidad educativa considera materialmente imposible.

El centro cuenta actualmente con salas de apoyo, espacios para atención de técnicos especializados, polideportivo, patios amplios —referentes en el distrito— y servicios esenciales como cocina propia. “Todo esto podría desaparecer”, alertan, lo que afectaría también a servicios comunitarios como el centro de día de Cruz Roja, la ludoteca de tarde y otras actividades extraescolares.

En la actualidad, el CEIP Ciudad de Jaén escolariza a más de 500 alumnos de entre 3 y 12 años, con tres líneas consolidadas desde hace al menos cinco años. Es un centro de compensatoria, con alumnado repetidor y una complejidad educativa que, según defienden las familias, “exige recursos, espacios y estabilidad, no recortes ni improvisación”.

La oposición reclama transparencia

El asunto también ha llegado al pleno de Usera. Hace unos meses, en el debate sobre el estado del distrito, Sonia Cea, concejala presidenta de la Junta, anunció que próximamente comenzarían las obras del nuevo CEIP Ciudad de Jaén. Todos los presentes quedaron sorprendidos, ya que no había constancia de este proyecto entre los grupos de la oposición.

En el pleno de noviembre, el PSOE preguntó sobre los plazos concretos para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras del nuevo colegio, además de por el protocolo a seguir para garantizar la continuidad educativa del alumnado durante el proceso, a lo que la concejala presidenta respondió que era “inminente”. El asunto volverá a estar presente en el pleno de este jueves, 15 de enero, al que asistirán las familias del colegio para mostrar su oposición al nuevo centro.

Álvaro Vidal, secretario general del Partido Socialista en Usera, explica que “la iniciativa que se presenta al pleno procede del AMPA y se ha registrado a través de la asociación de vecinos, que es el cauce formal”. El objetivo, señala, es “instar a la Comunidad de Madrid a que no se derribe el colegio y, en todo caso, a que mantenga informada a la comunidad educativa de todo el proceso”.

“La principal queja es la falta de información y transparencia”, afirma Vidal. Según explica, el proyecto se mencionó “muy superficialmente” en un pleno de verano y se conoció su alcance cuando “prácticamente ya estaba cerrado”. “Según la documentación consultada, el nuevo centro resulta peor que el actual, con espacios mucho más reducidos”, denuncia.

El dirigente socialista recuerda que el colegio es “un centro de especial dificultad y de referencia para el distrito” y que ya existió un proyecto de reforma hace tres o cuatro años, “por un importe mucho menor que nunca llegó a ejecutarse”. Vidal critica la opacidad institucional: “Desde la Junta se dice que es competencia exclusiva de la Comunidad, pero en el pleno la concejala reconoció que el proyecto se había trabajado de manera conjunta con la Consejería”. Por ello, considera necesario “poner sobre la mesa que existen alternativas al derribo, como una reforma integral, y exigir explicaciones claras y documentadas”.

También cuestiona el argumento económico: “Se ha dicho que es más barato construir un centro nuevo que reformar el actual, pero el presupuesto del nuevo edificio ronda los 6,6 millones de euros, muy por encima del coste de la reforma prevista en su día”. “Si el edificio estuviera en una situación tan crítica, no se entendería que siga funcionando con normalidad”, explica.

Desde la comunidad educativa insisten en que, mientras no exista una explicación técnica y económica clara, documentada y participada, continuarán movilizándose. “Lo único que exigimos es transparencia y justificación. Queremos saber por qué se pretende demoler un colegio cuyo informe técnico no lo indica y cuáles serán las consecuencias reales para nuestros hijos e hijas”, incide Sandra. Mientras, aseguran que seguirán defendiendo el colegio y “una educación pública digna para el barrio”.

El centro público de Educación Especial Marqués de Vallejo de Logroño vuelve a ser noticia, esta vez tras reconocerse el derecho de una familia a ser indemnizada por las lesiones que ha sufrido su hija de 17 años y con una discapacidad del cien por cien. Así lo ha reconocido el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Educación y Empleo. Nuria es la madre de esta menor y en una conversación con este medio ha querido dejar claro que la intención con esta denuncia es “que esto no vuelva a pasar a ningún niño con discapacidad porque los menores que acuden a este centro son especialmente vulnerables y necesitan cuidados extremos, profesionales especializados y centros dotados de recursos reales, no de buenas intenciones”. Tampoco ha pretendido atacar ni cuestionar el trabajo del personal del centro. “Sé que cuidan bien de mi hija, sé que la quieren mucho”. El problema, también aquí, es “la falta de personal”.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero. Ese día, la “enfermera me llamó por teléfono y me contó que tras la sesión de fisioterapia, mi hija se puso a llorar de una forma distinta a la habitual y que tras llevarla a una camilla, que estaba a unos diez metros de la sala, le vieron un bulto”. Personal del centro y la madre de esta menor acuden al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Logroño. El diagnóstico: rotura fémur con desplazamiento por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Con este diagnóstico, Nuria pide explicaciones. “Pregunto qué es lo que ha pasado porque soy consciente de que ha sido un accidente. Confío en el personal del centro, accidentes tenemos todos, pero quiero saber qué es lo que ha pasado”. Y la respuesta que obtiene es que el fémur se ha roto y desplazado solo. “Me dicen que no saben cómo ha sido y que no ha pasado nada”. Nuria insiste, pero la versión sigue siendo la misma “y ya empiezo a ver contradicciones en el relato por lo que acudo al Defensor del Paciente para demostrar que, efectivamente, el fémur de mi hija no se ha roto solo”, como así ha hecho con diferentes informes.

Esta denuncia, insiste Nuria, “no va contra los profesionales, sino que queremos poner de manifiesto la falta de personal que hay en el centro”. El colegio Marqués de Vallejo se divide por pasillos. Su hija está en el amarillo, el pasillo en el que están los menores que van en sillas de ruedas y los más dependientes “y en el que la plantilla nunca está completa porque siempre hay alguien de baja así que los que quedan, hacen lo que pueden. Desde hace años venimos denunciando la falta de ATES, de profesionales cuidadores. Las bajas de profesores sí se cubren, pero estas no”. Por lo que también invita a estos profesionales a dar un paso adelante y denunciar su situación “porque estamos hablando de niños y niñas especialmente vulnerables”.

Me duele profundamente que se diga que mi hija no ha sufrido daño moral. Mi hija gritaba de dolor y nadie supo explicar cómo se fracturó el fémur

Nuria, madre de la alumna del Marqués de Vallejo

Con la resolución en la mano, Nuria se siente relativamente tranquila porque ha podido demostrar que el fémur de su hija no se ha roto solo. Por esto recibirá una indemnización económica de 17.000 euros. La abogada que ha tramitado el caso, Emma Pallardó es especialista en Derecho sanitario y adscrita a los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ y explica que “la resolución estima parcialmente la reclamación presentada por la familia, reconociendo la negligencia en el manejo de la niña, condenando al pago de una indemnización de 17.000 euros, pero rechaza indemnizar cualquier daño moral a pesar del sufrimiento evidente que ha soportado la menor —que no puede verbalizar su dolor ni interpretar lo sucedido— y el impacto emocional devastador en su entorno familiar”. Por lo que el caso no se acaba aquí y habrá recurso. “Mi hija no tiene voz, yo sí. Y la usaré para que esto no le pase a ningún niño más”, apunta la madre. “Me duele profundamente que se diga que mi hija no ha sufrido daño moral. Mi hija gritaba de dolor y nadie supo explicar cómo se fracturó el fémur”.

La hija de Nuria ha vuelto al colegio, pero para ella no ha vuelto la normalidad porque “por las noches tiene pesadillas y necesita ayuda para dormir y, aunque confío en el personal, me genera mucha ansiedad dejarla allí cada día sabiendo que me han tratado de mentir, de ocultar la verdad y con el colegio en la situación en la que se encuentra”.

Poner de relieve un problema estructural

Esta resolución ha servido para poner de relieve un problema estructural. “La escasez de personal auxiliar y la falta de supervisión adecuada en un centro destinado precisamente a niños y niñas con grandes necesidades de apoyo” insiste la madre. En la misma línea se posiciona la Asociación El Defensor del Paciente que advierte de que este caso no es aislado sino la punta de un iceberg preocupante. “Hace años que denunciamos que los centros de educación especial sufren infrafinanciación, ratios insuficientes y falta de formación específica. Y mientras no se corrija, seguirán produciéndose lesiones evitables. Estos niños no pueden elegir ni defenderse. Dependen por completo del sistema. Y el sistema les está fallando. La protección de estos menores no es opcional: es un deber legal y ético”.

La semana pasada te contamos la condena de dos cuidadores, extrabajadores del centro Leo Kanner, otro centro público del Gobierno de La Rioja dedicado a la atención a personas con discapacidad, autismo, que incluye centro de día, residencia y terapias. Los profesionales han sido condenados a un año y ocho meses de prisión por maltratar a una residente. De hecho, según la sentencia del Juzgado número tres de lo Penal de Logroño, ambos cuidadores “después de haber duchado a la residente, sin tener en cuenta sus especiales necesidades, procedieron por dos veces consecutivas a volcar la cama en la que se encontraba, tirándola al suelo contra el armario, agarrándola y zarandeándola en ambas ocasiones y abandonando la habitación dejándola sola y desnuda”.

En este caso, el Gobierno de La Rioja limitó su responsabilidad y señaló que a la entidad gestora del centro. “Es una condena que tiene que ver con trabajadores de una entidad que tiene licitado ese contrato por parte del Gobierno de La Rioja”, señaló el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez. “Dentro de los mecanismos de control, cuando hay indicios de delito es la jurisdicción penal la que tiene la prioridad” y es esta “la que ha establecido la condena”. No obstante, sí señaló Domínguez, que el ejecutivo “analizará y tendrá muy en cuenta a la hora de vigilar el funcionamiento del centro”.

La suciedad en los colegios públicos de Sevilla sigue siendo una asignatura pendiente para el Ayuntamiento y una fuente constante de malestar entre las familias. En el último año, se han sucedido episodios de basura acumulada, falta de desbroce y déficit de personal de limpieza en distintos centros de la ciudad. En este contexto de hartazgo, las familias del CEIP Jacarandá, en Sevilla Este, han convocado la tarde de este miércoles una protesta para denunciar que el problema “no solo ha empeorado en las últimas semanas”, sino que se ha extendido a “la práctica totalidad” de los centros educativos de la zona.

Según explica Rocío Mesa, vicepresidenta del AMPA del Jacarandá, llevan desde el curso pasado con problemas de limpieza, especialmente en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, donde los peones de limpieza están al 35% porque “el alcalde no cubre las vacantes”. “Es un desastre de suciedad y de insectos”, resume esta madre, que calcula que unos 16 colegios de toda la zona están afectados por la falta de personal de limpieza.

Por eso, la movilización cuenta con el respaldo de al menos 11 asociaciones de madres y padres de alumnos de barriadas colindantes. Entre ellas, las AMPA del CEIP Isbilya, Tartessos, Lope de Rueda, Concepción de Estevarena o la del colegio Maestro José Fuentes, donde las familias –desesperadas por la suciedad acumulada en las aulas– llegaron a plantarse con fregonas en la puerta del centro para exigir soluciones ante el déficit de personal de limpieza.

A la protesta convocada por el AMPA del Jacarandá también se han sumado varios sindicatos en defensa de la plantilla de trabajadores, que denuncian el “drástico recorte de personal en los servicios de limpieza” y alertan de la “intención espuria por parte del Consistorio de privatizar este servicio municipal”. Todos ellos planean recorrer varias calles del distrito Sevilla Este desde las 18:00h hasta desembocar en la avenida de las Ciencias, donde van a cortar el tráfico durante una hora para visibilizar la preocupación y el descontento que afecta a la comunidad educativa y a los propios trabajadores de limpieza.

Familias “estafadas” por el Ayuntamiento

En nombre del resto de centros, las familias del Jacarandá aseguran sentirse “estafadas” por el equipo de Gobierno de José Luis Sanz. Explican que, tras sus primeras quejas públicas, el Ayuntamiento envió dos refuerzos temporales –“esquilmando a otro colegio cercano”– pero que, una vez pasado el foco mediático, el servicio ha vuelto a quedar en mínimos. “Estamos peor, pues sigue sin llevar a cabo las contrataciones necesarias”, afirman desde el AMPA, aludiendo a que actualmente solo dos personas —que podría reducirse a una en las próximas semanas— se ocupan de la limpieza de un centro con 650 alumnos, más de medio centenar de docentes y personal de extraescolares.

Fuentes municipales consultadas por este periódico indican que han llamado a nuevos peones, que se irán incorporando a medida que vayan aceptando el puesto, hasta alcanzar la treintena. En el colegio Jacarandá, apuntan, está contemplado un refuerzo. Las mismas fuentes recuerdan que este colegio ubicado en Sevilla Este tiene en marcha la renovación completa de la pista deportiva, “la mayor obra que está haciendo el ayuntamiento en su mandato en un colegio”, a la que atribuyen parte de la suciedad existente.

Por su parte, las familias lamentan que “el centro sigue en un estado deplorable”. “Seguimos teniendo quejas de picaduras a menores –las obras de las pistas continúan y ha seguido lloviendo, dos factores que contribuyen a mantener un ecosistema viable para nuestro nutrido muestrario de insectos—y, para más inri, constatamos cómo no se trata de una problemática concreta de nuestro colegio, sino que afecta a todo el entorno: los recortes nunca suelen darse de manera sectorial”, advierten desde el AMPA, insistiendo en que la reivindicación del Jacarandá es compartida por otros colegios de la zona, e incluso del resto de distritos.

Muestra de ello es el caso del CEIP Huerta de Santa Marina, en pleno centro de Sevilla, cuyo alumnado estuvo tropezando durante dos semanas con unas 50 bolsas de basura hacinadas en la puerta de acceso al patio escolar. O la situación del CEIP Maestro José Fuentes, también en Sevilla Este, que lleva desde el curso pasado reclamando recursos al Ayuntamiento (como administración responsable del mantenimiento de los colegios públicos), ya que de siete limpiadores que tiene asignado el centro, en mayo había cuatro –como denunciaron los propios trabajadores– y el curso arrancó con tres.

Limpieza y gestión “de la mano”

La limpieza fue la punta de lanza de la campaña electoral de José Luis Sanz y sigue siendo, dos años después de su toma de posesión, una de las principales demandas vecinales. El propio alcalde admitió en el balance de su primer año de mandato que la limpieza de los colegios en particular era “un desastre”, de ahí que insistiera en la necesidad de contar “urgentemente” con un presupuesto propio.

Entonces anunció un plan de choque en las partidas de limpieza de los centros educativos, con el objetivo de poner fin a la suciedad y al deterioro detectados en la auditoría externa que encargó para evaluar el estado de los 109 colegios públicos de Sevilla. La conclusión de esa consulta fue que la mayoría suspendía en mantenimiento y limpieza.

Un año después, las familias aseguran que el conflicto por la suciedad en los colegios “empieza a tomar tintes de desesperación” para las familias y las direcciones de los centros. “Estamos cansados de poner reclamaciones y de que vayan parcheando”, lamenta Rocío Mesa en nombre del resto de comunidades educativas afectadas. A pesar del cansancio, la vicepresidenta del AMPA asevera que “no vamos a parar”, y que seguirán organizando acciones de protesta “todos unidos” para exigir recursos efectivos y soluciones reales.

Las familias de los centros que se han movilizado en contra de la suciedad en las aulas exigen responsabilidades a la delegada municipal de Educación, Blanca Gastalver; al delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores; y al propio alcalde, a quien señalan como “último responsable de la privatización encubierta” que dicen sufrir el servicio de limpieza. Y juntos demandan “colegios limpios, pero no a cualquier coste”. “Limpieza y gestión deben ir de la misma mano: la del Ayuntamiento”, defienden las familias de la pública antes de zanjar: “No creemos en la privatización”.

Preocupación y alarma social en Villanueva de la Torre a raíz de que tres menores resultaran heridos leves este lunes por el impacto de perdigones mientras se encontraban en el recreo del colegio público Gloria Fuertes de Villanueva de la Torre (Guadalajara).

Los disparos, procedentes al parecer del exterior del recinto escolar, ocasionaron alguna lesión leve a varios menores del centro, sin que hasta el momento, haya habido ninguna detención, tal y como ha señalado la propia subdelegada, Susana Cabellos, en declaraciones a Europa Press, quien, no obstante, sí ha reconocido como los hechos provocaron una inmediata alarma entre las familias y el centro educativo, aunque ninguno de los niños sufrió lesiones graves.

La Guardia Civil de Azuqueca de Henares ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar si los disparos fueron accidentales o intencionados así como averiguar por quien fueron realizados.

La subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha confirmado que los hechos están siendo investigados por la Policía Judicial de la Guardia Civil y ha subrayado que, aunque el incidente “se ha quedado en un susto”, ha generado “una gran preocupación entre las familias y en el propio centro educativo”.

Según Cabellos, al tratarse de menores, la alarma social es mayor para todos, aunque ha trasladado un mensaje de calma y de prudencia mientras se esclarecen los hechos.

La representante del Gobierno también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad en el uso y tenencia de armas, incluso las consideradas de baja intensidad como las de perdigones.

“Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento a la responsabilidad, sobre todo en la tenencia de armas”, ha subrayado.

Cabellos ha recordado que “armas y menores forman un binomio muy, muy peligroso” y que situaciones como esta deben servir para “poner en alerta a toda la sociedad de que hay límites que no podemos permitir”.

Por último, ha pedido dejar trabajar a los investigadores para determinar “el alcance y la responsabilidad” que hay, insistiendo en mantener la prudencia informativa para no interferir en el proceso.