UPN, partido que denunció la exhibición de imágenes de presos de ETA durante la Korrika, ha asegurado en una nota de prensa que la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional investigar si hubo “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas” en el trascurso de la carrera popular a favor del euskera. Vox también denunció estos hechos.

Según informa el partido regionalista, la denuncia reclamaba a la policía identificar a los portadores de las imágenes de los terroristas de ETA Francisco Ruiz Romero y Alberto Viedma Morillas, asesino del concejal de UPN Tomás Caballero, y de Alberto Viedma Morillas, también condenado por el asesinato de Tomás Caballero, así como por el del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova. Las imágenes se exhibieron durante la celebración de la Korrika a su paso por el barrio de la Txantrea de Pamplona, así como por otras localidades navarras.

La resolución del juez que ordena la investigación se ha llevado a cabo tras el informe favorable del Ministerio Fiscal, según ha apuntado UPN.

Tras conocer la instrucción del juez, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado que “se llegue hasta el final” ante unos hechos “que denigran a las víctimas del terrorismo”, haañadidoo. La presidenta de UPN ha pedido así, que “se haga justicia” con las familias de Tomás Caballero y Francisco Casanova.

“No solo tienen que sufrir la pérdida de un ser querido a manos de los terroristas, sino que se ven humilladas nuevamente por la exaltación que se lleva a cabo con el consentimiento de los organizadores de la Korrika”. “Memoria, justicia, dignidad y verdad para todas las víctimas del terrorismo. Todo mi cariño y mi respeto”, ha manifestado.

“Volvemos a exigir a los organizadores una disculpa pública, la adopción de medidas para evitar que este tipo de hechos vuelvan a producirse en el futuro y que las entidades que hayan apoyado económicamente la Korrika pidan la devolución de sus aportaciones”, ha concluido.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, se reunirá con responsables de Korrika para evaluar su última edición, ha lamentado que se hayan exhibido durante la carrera popular a favor el euskera imágenes “hirientes”, en referencia a las de presos de ETA, y ha pedido decisiones y actitudes que tiendan “puentes” y no que levanten “muros”.

La representante del Ejecutivo vasco se ha referido a la polémica que ha generado la última Korrika, entre otras cosas, por la exhibición de imágenes de reclusos de ETA, la lectura del comunicado final por siete jóvenes supuestamente afines a la izquierda abertzale, denunciada por el presidente del PNV, Aitor Esteban, o la exclusión de CCOO en la carrera popular en la que siempre había participado. La Fundación Fernando Buesa y Covite han pedido este mismo martes a las instituciones públicas la retirada de subvenciones a Korrika, tras constatar que se mostraron 38 imágenes de miembros de ETA en su 24 edicción, “la cesión del testigo en Donostia a tres miembros” de la banda o la lectura de la declaración final por Aitzol Gil San Vicente Plá, hijo del que David Plá, exjefe de la organización terrorista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha insistido en que la Korrika “tiene que ser el gran espacio de encuentro” para todas aquellas personas que deciden apoyar al euskera. “El euskera necesita puentes y no muros, necesita actitudes y decisiones que atraigan a más personas a ayudar a nuestra lengua, y no decisiones que las alejen”, ha añadido.

También ha reiterado que para el Gobierno vasco “el uso de determinadas imágenes vinculadas al euskera es hiriente, no solamente para las personas que directamente así lo sienten, sino para toda la sociedad vasca”. “Voy a hacer lo que corresponde a una institución, que es tener una reunión de evaluación con los responsables de la Korrika, como hacemos siempre que se dan iniciativas en las que el Gobierno participa, y me van a permitir que me siente con quienes la organizan y que valoremos cómo ha sido esta edición”, ha concluido.

Por su parte, Vox, al igual que ya hizo en el año 2024, ha presentado una denuncia “contra todos aquellos que resulten autores, partícipes, cooperadores necesarios o cómplices” de un delito de “enaltecimiento del terrorismo” que observa en la Korrika. El partido que lidera Santiago Abascal ha presentado un escrito, que ha adelantado El Correo, ante la sección de instrucción de la Audiencia Nacional por “enaltecimiento y humillación a la dignidad de las víctimas del terrorismo, contemplados en los artículos 578 y 580 bis del Código Penal”.

Entre los hechos a los que Vox hace referencia en su denuncia destacan la participación activa y el protagonismo en el evento de tres miembros de ETA —Balbino Sáenz de la Maza, Mikel San Argimiro y Xabier Atristain—, quienes portaron el testigo oficial de la Korrika y recibieron reconocimiento público por parte de asistentes. Asimismo, se recoge la celebración de estos actos en el Casco Viejo de Donostia, lugar en el que la banda terrorista ETA cometió diversos asesinatos, así como la exhibición en Pamplona de la imagen del terrorista Francisco “Patxi” Ruiz Romero en la camiseta de un menor.

La semana pasada UPN también interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras la exhibición de imágenes de terroristas de ETA durante la Korrika. “No vamos a tolerar ningún acto que suponga humillación o desprecio a las víctimas del terrorismo. Defenderemos su memoria y dignidad con firmeza y no dejaremos espacio alguno para la impunidad”, sostiene UPN.

Preguntada por esta cuestión, Ane Elordi, coordinadora de la Korrika, indicó lo siguiente a este periódico: “Sobre este tema no hacemos declaraciones, pero es cierto que a todos los portadores del testigo les damos algunas indicaciones, como que tienen que llevar un peto con número. En este caso, es evidente que no han atendido nuestras indicaciones. No está en nuestras manos. Pero es otra forma de alejar el foco”.

Las autoridades francesas lograron desarticular esta madrugada un ataque en París al detener a un hombre que estaba a punto de encender un explosivo en una sucursal del Bank of America, en una turística zona del oeste de la capital francesa.

Los primeros indicios apuntan a una motivación terrorista, pues la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia se ha encargado de coordinar la investigación.

La prensa francesa indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas de la última madrugada cuando acababa de colocar un “artefacto explosivo artesanal” que pretendía encender.

De acuerdo con el periódico Le Parisien, el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo.

Hasta el momento, se ha divulgado poca información sobre el sospechoso detenido. Según Le Parisien, la policía lo conoce por delitos relacionados con drogas. No portaba identificación, pero afirmó ser senegalés, y es joven, aunque su edad aún se desconoce. De acuerdo a los primeros informes, relata el medio francés, el detenido explicó que lo contactaron por Snapchat y le pagaron 600 euros por realizar este trabajo. Lo acompañaba una segunda persona, que logró escapar.

La sucursal del Bank of America está en una zona muy turística, en la calle de La Boétie, en el distrito VIII de París.

La Comunidad de Madrid ha organizado una serie de charlas sobre terrorismo en distintos colegios mayores universitarios bajo el título 'Tu historia, mi memoria', donde participarán víctimas de ETA “para dar a conocer la historia reciente de España”. Según ha publicado El País, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró durante su intervención en este ciclo que el terrorismo “es un asunto de plena actualidad”, a pesar de los que se esfuerzan “por bloquearlo, e incluso negarlo, con el único objetivo de seducir a aquellos que antes ponían bombas y ahora ponen su voto para condicionar la gobernabilidad de España”.

Estas conferencias se celebrarán hasta el mes de octubre en 13 centros de la comunidad, en colaboración con la Asociación de Colegios Mayores. En la misma presentación del programa participaron cuatro mujeres cercanas a alguna víctima del terrorismo de ETA, y compartieron su experiencia, además de recordar a sus seres queridos: María San Gil, expresidenta del PP del País Vasco y compañera de Gregorio Ordóñez, que fue asesinado en su presencia; Claudia Múgica, perteneciente a la asociación Ego Non y nieta del exdirigente del PSE-EE en Gipuzkoa Fernando Múgica; la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, y la representante de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta, que perdieron a sus padres.

María San Gil afirmó que “es un proyecto político que sigue vivo”, además de añadir que Sortu y Bildu tienen “un líder político que es Arnaldo Otegi, que estuvo condenado por apología del terrorismo, que estuvo en la cárcel y que no se ha arrepentido de su pasado terrorista”. Según el mismo diario, San Gil comparaba el terrorismo en España con la Alemania de Hitler: “En la Alemania nazi hubo un juicio, el de Núremberg, y aquí no hemos juzgado el proyecto político por el que se ha asesinado a 853 personas”.

Maite Araluce acusó al Gobierno de “facilitar la vida de los terroristas” haciendo referencia a la salida de prisión de la exdirigente de ETA, Soledad Iparragirre (alias Anboto) cuando accedió al régimen de semilibertad después de ser condenada a 800 años de cárcel acusada de 14 asesinatos, mientras a las víctimas de terrorismo “nos machacan”. Por su parte, San Gil insistía en que ETA “sigue influyendo” en la política española, como también hizo durante su actividad, porque “no hemos derrotado a ETA”: “ETA no es una historia del pasado, ETA es una historia del presente, y si no lo hacemos bien, será una historia del futuro”.

Según relata El País, la expresidenta del PP del País Vasco opina que los jóvenes recogen un legado que debe cambiar “con los siguientes gobiernos”, e insistió en su apoyo a partidos como PP y Vox, puesto que “ambos han entendido muy bien lo que las víctimas piden”.

Asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) han rechazado las palabras de San Gil en declaraciones a El País. “Cuando se mete la política por medio no solo pervierten nuestra causa, sino que atacan nuestra dignidad”, han respondido desde la asociación. Covite, presidido por Consuelo Ordóñez, cree que en estas charlas organizadas por la Comunidad de Madrid “lo que menos les importa” son las víctimas: “Van a lo que van, a tratarnos como mercancía política”, a lo que añadió: “Exigimos respeto”.

No es la primera vez que Covite se expresa en estos términos. En 2013, exigieron al Gobierno de Mariano Rajoy “que cesara en su empeño de instrumentalizar a las víctimas para disimular su parte de responsabilidad en la decisión de Estrasburgo”, y criticaron la actitud de los políticos españoles: “Todos los gobiernos que hemos tenido en este país tienen mucho que callar. Hoy lo que vivimos es un final de ETA negociado. Es indecente que con dinero público se esté financiando este programa y que San Gil se dedique a pedir el voto a dos partidos, PP y Vox, porque eso es lo que está haciendo”.

Una operación conjunta contra el terrorismo yihadista desarrollada entre la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos se ha saldado este miércoles con la detención en Palma del líder de una presunta célula vinculada a Estado Islámico que planeaba atentar en España.

La operación hispano-marroquí, bautizada como 'Seula', ha permitido desmantelar una estructura terrorista transnacional vinculada con la organización terrorista Daesh (Estado Islámico) y formada por tres sospechosos que operaban en Marruecos y en España, según un comunicado emitido por la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) recogido por la agencia estatal marroquí MAP.

Las detenciones se han producido de forma simultánea: dos individuos en Tánger y un tercero en Mallorca, señalado como el jefe de la supuesta célula. Éste último estaría implicado en la planificación del atentado en territorio español siguiendo el patrón del terrorismo individual. Por su parte, de acuerdo con las autoridades marroquíes, los arrestados en Tánger desempeñaban funciones de financiación y apoyo logístico a combatientes yihadistas vinculados a las filiales de Daesh en el Sahel y Somalia.

En un comunicado, la Policía Nacional señala que al detenido en Palma se le vincula con una presunta participación en delitos de adoctrinamiento y autoadoctrinamiento terrorista. Según la nota, el arrestado tenía la intención de cometer “una acción de gran envergadura”. Además, consumía y divulgaba material relativo al Daesh en sus perfiles de redes sociales, utilizándolo además para el adoctrinamiento a terceros. Según el cuerpo policial, también había manifestado su voluntad de viajar para hacer la yihad -participar en actividades armadas - en zona de conflicto.

En concreto, la operación ha sido llevada a cabo con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 3 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que mantiene las investigaciones bajo secreto.

El operativo de la DGST marroquí y la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional se enmarca, además, en el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad para neutralizar los riesgos ligados a la amenaza terrorista y desmantelar las redes y organizaciones extremistas que amenazan la seguridad de ambos países.

En su comunicado, la Policía Nacional ha puesto en valor la “excelente relación” que, desde hace más de una década, mantiene con la DGST de Marruecos, una alianza que, subraya, “se ha consolidado como un pilar fundamental en la estrategia de lucha contra el terrorismo de corte yihadista, permitiendo la neutralización de graves amenazas para la Seguridad Nacional de ambos países”.

Fruto de esta cooperación bilateral, basada -añade el cuerpo policial- en la confianza y el intercambio de información-, desde 2014 ambos cuerpos de seguridad han desarrollado un total de 31 operaciones conjuntas en el marco antiterrorista. En el mismo sentido, la colaboración ha culminado con la detención de 150 personas durante ese periodo. Del total de arrestos, 83 se han producido en España y 67 en territorio marroquí. En la misma línea, la BCIJ ha ensalzado la estrecha cooperación antiterrorista entre España y Marruecos.

Como recuerda la Policía Nacional, la primera operación conjunta se ejecutó el 14 de marzo de 2014. Fue la denominada operación Azteca, donde miembros de la Comisaría General de Información y Dirección General de Seguridad del Territorio detuvieron a ocho personas de cinco nacionalidades: cuatro en España, tres en Marruecos y una en Luxemburgo. Con estas detenciones se desarticuló una de las mayores redes detectadas en Europa y el Magreb de envío de yihadistas a Siria y al Sahel.

Esta martes, la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre 'Anboto', como antes Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', ha visto flexibilizado su régimen penitenciario, lo que le permite hacer salidas regulares de su centro de referencia, el de Martutene en Donostia. Lo ha logrado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La decisión ha soliviantado a las asociaciones de víctimas, que recuerdan que la suma global de todas las penas por terrorismo que pesan sobre 'Anboto' se acerca a los 800 años, y copado titulares y debates políticos.

¿Quién tiene la competencia de Prisiones?

Desde el 1 de octubre, las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia -a punto de ser cerrada por la inminente inauguración de la de Zubieta- están bajo gestión del Gobierno vasco. Aplican y desarrollan, eso sí, una normativa penitenciaria común marcada por el Estado. La consejera actual es de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales. Se llama María Jesús San José y lleva en el cargo desde el verano de 2024.

¿Cuántos presos hay en Euskadi? ¿Y de ETA?

La población reclusa en Euskadi, actualmente, es de 1.791 personas. Son personas privadas de libertad, en cualquiera de las modalidades, tanto internas como en otros regímenes más abiertos. De ellos, “alrededor del 6,5%” son presos de ETA, es decir, unos 116-117, según datos oficiales de Prisiones. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 todos los condenados de la banda terrorista disuelta ese mismo año e inactiva desde 2011 han sido trasladados a estas cárceles y a la de Pamplona, gestionada por el Ministerio del Interior. Etxerat, la asociación de familiares, rebaja la cifra a 100, pero en sus listados excluye a los arrepentidos que han sido expulsados de la ortodoxia del denominado EPPK. Solamente consta como preso fuera de este perímetro el dirigente Mikel Karrera 'Ata', interno en el presidio francés de Lannemezan.

¿Cómo han sido los traslados?

Un reciente informe de la consejera San José entregado al Parlamento Vasco ha expuesto que han sido 120 los traslados de miembros de ETA desde 2021, es decir, desde que el Gobierno autonómico tiene la competencia. Fueron 21 ese primer año, 77 en 2022, 18 en 2023, dos en 2024 y otros dos en 2025. Antes, el alejamiento y la dispersión se empleaban como una política más de lucha antiterrorista. Es más, se premiaba a los arrepentidos con su traslado, particularmente al antiguo penal alavés que dio nombre a la 'vía Nanclares' de presos que aceptaron participar en procesos de reinserción e incluso de encuentros restaurativos con víctimas. La película 'Maixabel' mostró uno de estos casos.

¿En qué grado están los presos de ETA?

Desde 2021, las Prisiones vascas han emitido 2.183 clasificaciones de presos en segundo grado. De ellas, cuatro han recaído en condenados por terrorismo, el 0,18%. Es un dato poco relevante porque la mayoría ya llegó clasificado así. Lo es más el de clasificaciones en tercer grado, el estadio más atenuado de una condena. Se han dictado 2.002 resoluciones de progresión desde 2021 y 119, el 5,94%, han afectado a presos de ETA, por debajo de su peso general en la población reclusa. Esas 119 corresponden, además, a 97 personas diferentes, dado que alguno de ellos ha podido recibir varias después de que se rechazaran inicialmente por recursos.

¿Qué es el artículo 100.2?

El 100.2, el artículo del que se han beneficiado 'Anboto' o 'Txeroki' en las últimas fechas pero antes también condenados por corrupción como el dirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, no es una progresión de grado ni, técnicamente, un estatus de semilibertad. Es un segundo grado flexible, con salidas regulares autorizadas entre semana para actividades laborales o de otro tipo, como el voluntariado. La pernocta es entre rejas. La propuesta parte de los funcionarios, de la conocida como Junta de Tratamiento, y es automática su aplicación, aunque puede ser revocable 'a posteriori' por una resolución judicial si hay recursos. Las Prisiones vascas han concedido 142 mejoras del 100.2 en casi cinco años, y el 33,8% han recaído en reclusos de ETA, 48. Fuentes penitenciarias conceden que “se podía usar mucho más porque es una opción muy positiva para la reinserción” y que la población reclusa por terrorismo está sobrerrepresentada. El 100.2 es un artículo del reglamento penitenciario español de 1996.

¿Y el tercer grado y la libertad condicional?

El tercer grado es la semilibertad propiamente dicha. De nuevo, la plantea la Junta de Tratamiento. Y, de nuevo, es revocable por los juzgados de vigilancia penitenciaria si hay recurso. El matiz es que el recurso de la Fiscalía es suspensivo hasta que se resuelva el fondo del asunto. En el caso de los presos de ETA, al ser delitos de terrorismo, la competencia de vigilancia penitenciaria es de la Audiencia Nacional. Recientemente, en febrero, la Fiscalía paró una progresión de Asier Arzalluz y planteó que lo oportuno para él sería empezar con un 100.2, como otros excompañeros suyos en la organización armada. El estadio más avanzado de la condena es la libertad condicional. 301 presos vascos lo han logrado desde 2021, 39 de ellos de ETA. Representan el 12,95%, aunque con el matiz de que el régimen es muy diferente para hechos posteriores a 2015 y, por lo tanto, las fuentes consultadas indican que podría sobrerrepresentar estadísticamente a criminales de épocas anteriores, como sería el caso de ETA.

¿Los presos de ETA tienen un tratamiento diferenciado?

Sí. Los condenados por terrorismo tienen un régimen agravado que impone más exigencias a la hora de acceder a progresiones, flexibilizaciones o beneficios. Mucho de lo que tienen que hacer guarda relación con el 'arrepentimiento', es decir, con mostrar alejamiento con los hechos que los llevaron a la cárcel. Normalmente, se hacen con cartas. Las asociaciones de víctimas han criticado que esas redacciones son estandarizadas y no personalizadas. El Gobierno vasco tiene activada ahora mismo la denominada 'vía Nanclares II' que propicia encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. La información oficial es muy escasa aunque periódicos como 'El Mundo' y 'El Diario Vasco' han referido en fechas recientes reuniones en un 'baserri'. Las fuentes consultadas exponen que en estos procesos “ha habido unas conversiones muy importantes” de algunas exterroristas, cuyos nombres no se facilitan, y que “es un proyecto sincero y honesto y, a la vez, muy sanador para las víctimas”.

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguire, 'Anboto', ha salido este martes pasadas las 10:00 horas de la cárcel de Martutene de Donostia en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar. El Gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA una flexibilización del segundo grado que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días, según recoge Efe.

Para su concesión el recluso debe entregar un “plan de ejecución”, en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha considerado “escandaloso e injustificable” la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denuncia, cuenta con un “historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos”. El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha subrayado este martes que la salida de 'Anboto' de prisión entre semana “no supone ni tercer grado ni cumplimiento definitivo de la condena”. “Entendemos que cause dolor, por supuesto”, ha concedido, pero ha insistido en que el Gobierno vasco “no ha adoptado una medida discrecional”, sino que es la aplicación del 100.2.

María Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, 'Antza', en una casa de Salies-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparato de extorsión de la banda terrorista. En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea, alias 'Ternera', de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha integrado formalmente en su portal especializado, el 'Mapa del Terror', la ficha biográfica y las circunstancias del asesinato de Guillem Agulló i Salvador. Con este movimiento institucional, la asociación de víctimas reconoce de manera explícita al joven de Burjassot como una víctima del terrorismo de extrema derecha, subrayando que su muerte no fue el resultado de una reyerta casual, sino un ataque premeditado y motivado exclusivamente por la ideología de la víctima. El reconocimiento de Covite llega tras décadas de reivindicación por parte de la familia Agulló y de diversos colectivos sociales que han luchado por dignificar la memoria del joven frente a los intentos judiciales de despolitizar el crimen.

Los hechos que recoge la documentación de Covite se remontan a la madrugada del 11 de abril de 1993 en la localidad castellonense de Montanejos. Guillem Agulló, que entonces tenía 18 años y era un conocido militante de movimientos antifascistas e independentistas, fue abordado por un grupo de jóvenes vinculados a facciones neonazis. Según los testimonios de la época, los agresores profirieron consignas de extrema derecha antes de que uno de ellos, Pedro Cuevas, asestara una puñalada mortal en el corazón del joven. El colectivo destaca que, tras cometer el asesinato, el grupo abandonó el lugar entonando el himno falangista, lo que refuerza la naturaleza política y el odio ideológico que impulsó la acción criminal.

La inclusión de Agulló en este memorial nacional supone un hito en la reparación simbólica de su figura, especialmente considerando el polémico proceso judicial que rodeó el caso en los años noventa. En aquel momento, la Audiencia de Castellón rechazó aplicar agravantes de odio o motivación política, condenando únicamente al autor material a 14 años de prisión —de los cuales solo cumplió cuatro— y absolviendo al resto de los implicados al considerar el suceso como una pelea entre bandas juveniles. Covite rebate ahora este enfoque histórico y jurídico al catalogar el asesinato dentro de la violencia terrorista de extrema derecha, otorgándole el mismo estatus de memoria que a otras víctimas de grupos armados o bandas organizadas por motivos políticos.

La asociación de víctimas Covite ha censurado la concesión del régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. Considera que es una decisión “especialmente grave” tanto por la “trayectoria criminal” de la penada como por el “escaso tiempo” que lleva cumpliendo condena en España.

“Estamos hablando de una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años y 8 meses de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista. Resulta escandaloso que se le conceda ya un régimen de semilibertad cuando ha cumplido muy poco tiempo de prisión en España”, ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, informa Europa Press.

A juicio del colectivo, “este caso ilustra con especial claridad cómo el artículo 100.2, que fue ideado como una fórmula extraordinaria de flexibilización del cumplimiento de la pena, con los presos de ETA está siendo utilizado de forma generalizada y desvirtuando por completo su finalidad y significado”. En este sentido, Covite ha considerado que “no es casual” que esta medida se haya aplicado a Iparraguirre porque 'Anboto' “no fue una etarra de base ni una presa irrelevante dentro del entramado de ETA, sino una figura central de la organización y una persona estrechamente identificada con su dirección política”.

“Está claro que estamos ante una etarra VIP para la izquierda abertzale, y precisamente por eso se está forzando una vía excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido las partes de su condena, requisito ineludible para acceder al tercer grado”, ha subrayado. Ordóñez ha advertido de que “esta es precisamente la trampa del 100.2: utilizar una vía extraordinaria como atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado”. “Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad”, ha añadido.

En este sentido, Covite ha remarcado que la concesión del artículo 100.2 a 'Anboto' “todavía más inaceptable” porque “no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo y legitimó el terrorismo de ETA durante décadas” y, al contrario, “su trayectoria y su significado dentro de ese mundo hacen aún más exigible esa desvinculación, y sin embargo no existe ninguna evidencia objetiva de que se haya producido”. “No se nos puede pedir a las víctimas que hagamos un acto de fe en un supuesto arrepentimiento que no se acredita con hechos. En delitos de terrorismo, la reinserción no puede medirse con los mismos parámetros que en la delincuencia común. Aquí hablamos de crímenes cometidos para imponer un proyecto político mediante la violencia. Por eso la reinserción exige algo más que trámites burocráticos: exige una ruptura real con quienes justificaron y todavía hoy justifican el terrorismo”, ha recalcado Ordóñez.

Para el colectivo, la reiteración de decisiones de este tipo “confirma que el Gobierno vasco está consolidando una política penitenciaria orientada a acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado ni una auténtica desvinculación de la izquierda abertzale”. La gestión de Prisiones es una competencia vasca desde 2021. Actualmente, las dirige la consejera socialista María Jesús San José.

Hablamos de terrorismo porque Estados Unidos, con su ataque a Irán, nos está volviendo a meter en una guerra que nos recuerda a la de Irak. El terrorismo no tiene justificación pero sí tiene explicaciones y hoy queremos desgranar cómo las guerras e intervenciones en terceros países pueden provocar un caldo de cultivo peligroso. ¿Estamos hablando lo suficiente de las consecuencias a medio plazo que esto puede tener sobre nuestra seguridad en Occidente? Lo analizamos con el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez. 

Además, hemos escuchado al líder de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, vincular terrorismo, seguridad e inmigración mencionando la regularización de migrantes del Gobierno. Según este argumento la culpa de los atentados terroristas que puedan surgir a partir de ahora en Europa… no es de una guerra totalmente arbitraria sino de la regularización de inmigrantes. Lo desmentimos con el director de investigaciones de porCausa, Gonzalo Fanjul.

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El 20 de marzo de 2001, hace ahora un cuarto de siglo, la banda terrorista ETA asesinó a Froilán Elespe, concejal del PSE-EE en Lasarte-Oria, donde se desempeñaba como primer teniente de alcalde. Fue el primer concejal socialista que murió a manos de la organización terrorista, aunque antes había habido otros asesinatos, como el del exvicelehendakari Fernando Buesa o el exministro Ernest Lluch, ambos en 2000.

Elespe, que tenía 54 años, militaba tanto en el PSOE como en UGT. Estaba casado y tenía dos hijos. Solía acercarse a un céntrico bar de la localidad. Aquel 20 de marzo de hace 25 años, un terrorista de ETA se le acercó por la espalda a rostro descubierto y le descerrajó dos tiros. Otro terrorista esperaba fuera a su compañero.

Elespe había renunciado a portar escolta. “El día del atentado la Ertzaintza dejó un mensaje en el contestador. Decía que la próxima escolta disponible era para él”, relataba años después Josu Elespe, uno de sus hijos, en una entrevista concedida a 'El Correo'. “Creo que mi aita vivía sin temor, pensaba que ETA no le iba a imponer el miedo. De hecho, el sábado anterior al atentado entramos a un bar a ver un partido de la Real [Sociedad], su gran pasión, y se puso de espaldas a la puerta. No le vi ninguna preocupación”, añadía su hijo.

Apenas un mes antes, el 22 de febrero, ETA había asesinado a José Ángel Santos Laranga y Josu Leonet Azkune, trabajadores de la empresa Elektra. Murieron por el estallido de un coche-bomba cuyo objetivo real era Ignacio Dubreuil, concejal del PSE-EE en Ordizia. Aunque herido grave, Dubreuil sobrevivió. Cuando estaba convaleciente en el hospital, Elespe lo había visitado, tal y como recordaba cinco lustros después en una entrevista con 'El Diario Vasco'. “Había estado viéndome en la habitación del hospital y le dije: 'Ya ves que esto no es broma'. Froilán [Elespe] estaba sin escolta, no le dio tiempo a que se la pusieran”, rememoraba.

ETA había inaugurado unos años atrás la campaña conocida como 'socialización del sufrimiento', que conllevó asesinatos de cargos tanto del PSE-EE como del PP por pensar diferente. Elespe fue la primera víctima mortal de entre los concejales socialistas de esta fase del terrorismo de ETA que se cebó con los vascos no nacionalistas. Como explican Gaizka Fernández Soldevilla y Sara Hidalgo García de Orellán, la campaña de asesinatos que tuvo como primera víctima a Gregorio Ordóñez, del PP, “cercenó el pluralismo y las libertades democráticas”. “ETA y su entorno juvenil se dedicaron a amenazar, hostigar, atemorizar, herir y asesinar a las cabezas visibles de los vascos y navarros no nacionalistas. La banda puso en su punto de mira a las bases y direcciones del PP y otras formaciones conservadoras con implantación regional como UPN y Unidad Alavesa, así como a las del PSOE”, añaden.

Un año y un día después del asesinato de Elespe, ETA asesinó también a Juan Priede, concejal del PSE-EE en Orio. Este mismo sábado, el PSE-EE de Gipuzkoa le ha rendido homenaje. El secretario general de la formación en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha calificado el asesinato de “ruin y cruel” y ha dicho que se produjo porque Priede “defendía la libertad y los derechos humanos”. Ha denunciado, asimismo, que la derecha y la ultraderecha utilizan la memoria de las víctimas como “instrumento” para atacar a quienes “derrotamos democráticamente a ETA”, según recoge Europa Press.

Un tenso pleno

El mismo día del asesinato de Elespe, por la tarde, se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria una sesión extraordinaria cargada de tensión. Según recogía entonces un teletipo de Efe, un nutrido público recibió a los concejales de EH —Euskal Herritarrok, por entonces la marca de la izquierda abertzale— con gritos de “asesinos”, “fascistas” y “nazis fuera”. La alcaldesa, la también socialista Ana Urchueguia, leyó un texto consensuado por su partido, el PP y el grupo de Eusko Alkartasuna y PNV. EH, por su parte, se abstuvo. El escaño vacío del asesinado Elespe, mientras hablaba la alcaldesa, lo cubría un ramo de flores.

El texto destacaba el compromiso de Elespe “con las libertades y la democracia desde tiempos del franquismo” y su trayectoria “en favor de la convivencia, la paz, el progreso y el bienestar de sus convecinos”. Dirigía también unas palabras a sus asesinos, a los que les recalcaba “la inutilidad de este nuevo acto de barbarie”. El portavoz de EH intentó leer su propio comunicado, pero se vio interrumpido por gritos de “asesinos”, “sin pistolas no sois nada” y “sois escoria”.

En una entrevista concedida a elDiario.es/Euskadi en 2015, Josu Elespe, uno de los hijos del edil socialista asesinado por ETA, lamentaba que durante años los políticos de PSE-EE y PP no hubieran podido hacer política “con naturalidad”. “Los culpables tienen nombres y apellidos, son personas individuales que decidieron asesinar o que hicieron un discurso legitimador de esa violencia”, aseveraba. “Para mí es muy importante la memoria y el relato de lo que se cuente a las generaciones futuras. Siempre digo que al final yo moriré con esta carga y nuestra generación está marcada por el terrorismo de ETA y moriremos marcados por esa violencia, pero por lo menos que mis hijos, las nuevas generaciones, no crezcan con esa carga. Y sin rencor ni odio, en una sociedad normalizada y sin prejuicios ni odios”, aseguraba.

El hijo de Elespe llegó a tener dos encuentros, en el marco de la 'vía Nanclares', con presos de ETA arrepentidos. “Escuchar a una persona que ha sido capaz de hacer lo que ha hecho, que ha aseinado a seres humanos inocentes, reconocer con sinceridad que su vida como miliatante de ETA ha sido un fracaso y que siente que está en deuda con las víctimas y con este país, oír a una persona con semejante giro te reconforta muchísimo y te da mucha esperanza en el futuro”, decía al respecto.

Hace unos meses tuve conocimiento de que Iñaki Soto, director del periódico 'Gara', realizó una última entrevista a la dirección de ETA en 2018, poco antes de la disolución de la banda terrorista. Supe también que la entrevista fue publicada en un libro en 2019 por la editorial Txalaparta. Y supe que en ella Soto y los entrevistados se refirieron a Humberto Fouz Escobero, a Fernando Quiroga Veiga y a Jorge García Carneiro, los tres jóvenes coruñeses residentes en Irún que desaparecieron el 24 de marzo de 1973 tras pasar a Francia para ir al cine.

Una casualidad me llevó a esa entrevista. Era junio de 2025 y preparando la presentación en A Coruña de la novela 'Manto de silencio, de Iñaki Martínez, me llamó la atención un titular de prensa de finales de 2021 que decía así: “Durante unas semanas de 2019 creímos haber encontrado los restos de ‘Pertur’.” Eran palabras del historiador Iñaki Egaña en 'Naiz' (la versión digital del periódico 'Gara'). Presentaba su libro 'Objetos perdidos', sobre desaparecidos “en el contexto del conflicto vasco”, según sus propias palabras. Casi al final comenta el caso de “los tres gallegos” y remite a esa entrevista con la última dirección etarra.

Me hice con un ejemplar del libro de Soto y busqué la referencia a Humberto, a Fernando y a Jorge. No encontré más que lo que ya se recogía en 'Naiz'.

Como creo que no es necesario añadir ningún comentario a las respuestas de los dirigentes de la banda terrorista —esas respuestas demuestran por sí solas un nivel de infamia insuperable—, me limitaré a transcribirlas para que los lectores juzguen por sí mismos.

Soto plantea a modo de pregunta: “Dicen que ETA los secuestró y los hizo desaparecer…”. Los miembros de la dirección etarra responden señalando que ETA no lo ha asumido pero que no negarán “completamente que pudo ocurrir aquel hecho oscuro y lamentable”. “Nos parece legítimo que el suceso se aclare. Las familias lo merecen”, añaden. Quiero subrayar que se refieran a esos asesinatos como hecho y como suceso. Sabiendo que la elección de las palabras que se emplean no suele ser inocente, optar por estas dos palabras parece aludir a algo de carácter fortuito, a algo que sucede accidentalmente...

A continuación dicen que “si se hubieran dado las condiciones adecuadas en un proceso de soluciones, también nosotros podríamos esforzarnos más, con dos objetivos: por una parte, aclarar la responsabilidad de la propia ETA y, de confirmarse que tuvo responsabilidad, asumir tal responsabilidad; por otra parte, encontrar los cadáveres.” Acto seguido, con un repugnante cinismo, dicen que “no se ha podido hacer tal cosa” y achacan la responsabilidad, ¡cómo no!, “a un Estado que tiene tanto que ocultar” y para el que, añaden, los desaparecidos no son un tema atractivo. El Gobierno español, dicen, “nunca ha planteado estos temas en las conversaciones” y “nadie se ha acercado a nosotros a tratar de ello seriamente”. Aunque la rotundidad que pretenden trasladar se tambalea inmediatamente, cuando añaden que “si alguna vez ha habido algo así, no nos consta” y, sobre todo, cuando acto seguido concluyen reconociendo que “ha habido interpelaciones públicas, pero con poca seriedad”.

¡Qué desfachatez! ¡Cuánta ruindad! Pregunto públicamente a esos miembros de la última dirección de ETA qué seriedad otorgan a la interpelación realizada el 24 de marzo de 2023, en el marco del homenaje celebrado en el 50.º aniversario de la desaparición de Humberto, Fernando y Jorge, y secundada por los Gobiernos vasco y español, así como por todas las instituciones, colectivos de víctimas y ciudadanos que ese día acompañaron a las familias de los tres jóvenes.

Siguiendo con la entrevista, un poco más adelante responden que querrían “que se aclarara, por duro que sea y aunque ensucie el nombre de ETA. Si buceando en la historia de ETA se pueden hallar aclaraciones, creemos que esa aportación se hará.” ¿A qué están esperando? Han pasado ya casi 8 años. ¿Por qué siguen callando?

Hemos tardado en saber de esta entrevista. Podrían habernos hablado de ella los dirigentes de la izquierda abertzale a los que hemos interpelado en privado y públicamente en más de una ocasión. Pero no lo han hecho. Han preferido guardar silencio. Pese a ello hemos podido leerla. Tarde, y por casualidad, pero hemos podido comprobar cómo los dirigentes de ETA vienen a reconocer, aunque lo hagan por la puerta trasera, la responsabilidad de la banda terrorista en la desaparición de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Como tengo la impresión de que en 2018 y 2019 la conversación de los dirigentes etarras con el periodista de 'Gara' tuvo escasa repercusión fuera de los canales de comunicación abertzales, voy a aprovechar este nuevo aniversario que se acerca —ya van 53—, para tratar de difundir esta pequeña parte de esa entrevista.

Al mismo tiempo que seguimos mimando la memoria de mi tío y de sus dos amigos, vuelvo a interpelar públicamente en nombre de estas tres familias a quienes fueron dirigentes de ETA. CON ABSOLUTA SERIEDAD. Con la seriedad con la que siempre les hemos interpelado. Les decimos alto y claro: déjense de excusas y pónganse, de una vez por todas, a bucear en su historia —estoy segura de que no han de bucear ni muy profundo ni durante demasiado tiempo—, reconozcan la verdad y dígannos dónde están los restos de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Y no teman ensuciar el nombre de ETA. Aunque muchos etarras y exetarras, y muchos de quienes les apoyaron y jalearon, aún no hayan tenido la decencia ni el coraje de reconocerlo, el nombre de ETA lleva sucio desde el momento en que decidieron empuñar un arma y asesinar a su primera víctima.

El programa Adi-Adian dio comienzo en 2014. Le precedió el Plan para la Convivencia Democrática y la Deslegitimación del Terrorismo, del Gobierno socialista de Patxi López, en el que se incluía un proyecto de materiales didácticos para deslegitimar el terrorismo y llevará a las aulas testimonios directos de víctimas del terrorismo. Desde entonces este ha venido trabajando en las aulas de los centros escolares de Euskadi con los testimonios de diferentes víctimas del terrorismo. 

El uso de testimonios ayuda a humanizar lo sucedido, permitiendo que nuestros estudiantes conecten emocionalmente con la vivencia de la víctima. A través del relato directo de estas víctimas educadoras, se promueve el desarrollo de la empatía y el análisis crítico sobre las consecuencias del uso de la violencia. Al mismo tiempo, actúa como una herramienta para generar rechazo a la violencia.

Al participar en estas sesiones, tanto el alumnado como el centro educativo se convierten en agentes de memoria. Es decir, asumen la responsabilidad de mantener vivo el recuerdo para evitar el olvido.

A nivel pedagógico permite trabajar conceptos sobre los derechos humanos que, de otro modo, el alumnado suele desconocer debido a su falta de saber respecto al contexto sociopolítico de la época. Se fomenta la involucración del estudiante de manera significativa en su propio aprendizaje ético. Finalmente, ayudan a los jóvenes a comprender realidades que, en ocasiones, han sido silenciadas dentro de sus propias familias. No pocas veces hay alumnos que son conscientes de lo que estaba sucediendo en sus casas tras escuchar el relato de una víctima del terrorismo y la violencia por motivación política.

La importancia del programa es evidente, pero surgen varias preguntas: ¿Por qué tiene tan poco impacto a nivel social? ¿Por qué se llega a tan pocos estudiantes? ¿Qué se podría hacer para que esto dejase de ser así?

El principal hándicap que tiene el programa Adi-Adian es que se trata de un programa voluntario. Es decir, no está dentro del programa lectivo de las etapas de secundaria obligatoria, secundaria o estudios superiores. Por lo tanto, el programa depende exclusivamente de la sensibilidad y el compromiso personal de directores o profesores específicos (normalmente de áreas como Geografía e Historia, Valores Éticos o Filosofía). Este es el principal escollo por el que su alcance no sea mayor o total y, por lo tanto, por lo que se generan los siguientes inconvenientes.

Sin embargo, si ese docente comprometido cambia de centro o se jubila el programa suele desaparecer de ese centro educativo. En la mayor parte de los casos no es un compromiso institucional del centro, sino un esfuerzo individual. También debemos tener en cuenta la sobrecarga de trabajo, los docentes deben buscar el hueco en un currículo muy completo, lo que muchas veces lleva a que se sacrifiquen las sesiones de preparación previa a la visita de la víctima o de reflexión posterior. Es decir, no hay un trabajo previo con el alumnado. Algo absolutamente necesario para preparar a los oyentes para escuchar el testimonio que van a escuchar. En otras ocasiones también suele suceder que no hay trabajo posterior con el alumnado. 

El número de centros escolares que participan en el programa es pequeño. Según los datos del Eustat de 2023/2024, publicado en julio de 2025, la CAV tenía al menos 1.200 centros escolares no universitarios. De estos, alrededor de 333 impartían Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 210 Bachillerato. De los 333 centros, 132 son públicos y 201 son privados. De estos últimos, 97 son concertados. En 2024, por ejemplo, el programa llegó a 31 centros educativos de secundaria. Es decir, se llegó únicamente al 9,30% de los centros educativos de esas etapas y la mayoría eran centros educativos concertados.

Según los datos del Diagnóstico del sistema educativo vasco de 2025, publicado en febrero de este año, había un total de 123.059 estudiantes de ESO y Bachillerato. En 2024, por ejemplo, el número de alumnos que participaron en Adi-Adian fue de 2630. Es decir, se llegó a un 2,13% del total de los alumnos y las alumnas de la etapa Secundaria.

Ante estos datos, la conclusión es clara: la voluntariedad del programa genera una desigualdad en el acceso a la Memoria. El alumnado que recibe este impacto no lo hace por un derecho educativo garantizado, sino por suerte según el centro donde estudie. Esto impide que la deslegitimación de la violencia sea un estándar de aprendizaje común para toda la juventud vasca, dejando fuera a la mayor parte de los centros que, por falta de tiempo, desconocimiento o reticencia, deciden no solicitarlo. En definitiva, no todos los jóvenes vascos reciben la misma formación en memoria y convivencia, lo que genera una brecha en la base ética común de las nuevas generaciones.

Al no ser parte del programa lectivo, Adi-Adian es percibido a veces como una charla puntual en lugar de un proceso pedagógico serio. A esto debemos añadir que, al no estar integrado en el programa lectivo, los contenidos no suelen ser evaluables, lo que puede relajar la atención de una parte del alumnado que lo percibe como un descanso de las materias importantes. Podríamos decir que existe una desconexión curricular en el que cuesta más conectar el testimonio de la víctima educadora con los temas que el alumno está estudiando en ese momento (Derechos Humanos, Dictadura, Transición, etc.), perdiéndose la oportunidad de que el testimonio sirva como fuente primaria de estudio histórico.

Todo esto provoca inconvenientes como que las entidades que trabajan con este programa no puedan prever cuántos centros lo solicitarán cada año y se generen picos de demanda en fechas señaladas (como el Día de la Memoria), mientras que el resto del año el programa tiene menos actividad, lo que complica la gestión de las agendas de las víctimas.

Vinculado a ello hay otro problema externo: el número de víctimas es reducido. Apenas una veintena de ellas, entre las que se encuentran tanto víctimas de ETA como de grupos terroristas de extrema derecha o de violencia del Estado, participan en el programa. Aquí se observan diferentes factores: el hecho de que haya víctimas que no deseen participar por no encontrarse preparadas para hablar de ello en público; los que al contrario, sin dejar de lado el recuerdo, han decidido seguir con su vida; o los que tras participar en múltiples visitas al aula necesitan un descanso o entienden que ya han cumplido. Todos estos factores son comprensibles, entendibles y absolutamente respetables.  

A esto le sumamos que el número de víctimas de primera fuente de información se va reduciendo por edad. El envejecimiento de estas víctimas, está empezando a crear y creará una limitación de estos testimonios de manera directa en un breve tiempo. Por ese motivo, es fundamental que se abra el espectro añadiendo a víctimas de persecución. Así como a víctimas de segunda generación o material audiovisual de los testimonios de las víctimas de primera fuente.

La integración de Adi-Adian en el programa lectivo por parte del Departamento de Educación es fundamental para garantizar que la formación en memoria y convivencia sea un derecho educativo garantizado y no una cuestión de azar según el centro. Se evitaría que el proyecto desaparezca cuando un docente comprometido se traslada o se jubila, convirtiéndolo en un compromiso institucional. Aseguraría que existan espacios curriculares específicos para el trabajo previo y posterior con el alumnado, fundamentales para la asimilación ética del testimonio. Estabilizaría la gestión de las entidades y las agendas de las víctimas, evitando picos de demanda estacionales y permitiendo una planificación pedagógica seria y evaluable.

En definitiva, transformar Adi-Adian en una pieza troncal del currículo es el paso necesario para que el testimonio de las víctimas deje de ser una charla puntual y se convierta en una herramienta sistemática de deslegitimación de la violencia y de construcción de una base ética sólida para las futuras generaciones.

Este 11 de marzo se cumplen 22 años de los atentados ocurridos en la línea de trenes de Cercanías de Madrid, un suceso que este mismo día en 2004 se cobró la vida de 193 personas, entre ellas una treintena vivían o estaban vinculadas a Castilla-La Mancha. Algunas localidades de la región como Azuqueca de Henares, Alcázar de San Juan o Guadalajara, han rendido homenaje a las víctimas.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha participado en un homenaje en Azuqueca de Henares -cuatro víctimas estaban ligadas al municipio- señalando que “solo con unidad y solidaridad” se logra hacer frente de manera efectiva al terrorismo.

El acto convocado por el Ayuntamiento de Azuqueca, en el que han participado también el alcalde Miguel Óscar Aparicio, integrantes de la Corporación Municipal, el exalcalde Florentino García Bonilla y, entre otras autoridades, el comisionado para la Accesibilidad del Gobierno Regional, el también azudense José Luis Escudero, se ha celebrado un año más en el monolito de la Estación de Ferrocarril, en una fecha que la Comisión Europea hace coincidir con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

En una atención a medios de comunicación, Bellido ha manifestado su “solidaridad permanente con todas las víctimas del terrorismo y, particularmente, con las de nuestros vecinos y vecinas”, así como el “compromiso por defender la democracia, la libertad y la paz”. Así, ha recordado que toda victoria frente al terrorismo de ETA o yihadista se ha logrado “siempre gracias a la unidad y a este sentimiento de solidaridad interna que nos acompaña a todos los españoles y españolas y que también, evidentemente, es seña de identidad de Castilla La Mancha, de Guadalajara y Azuqueca”.

“Su ausencia seguirá atravesando esta tierra”

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera-portavoz, Esther Padilla, ha aludido a la incertidumbre que se vivió en el “mayor antentado terroriista de la historia de España”. Ante el recuerdo del 11M, la portavoz se ha acordado de las 193 personas que perdieron la vida y ha querido trasladar el afecto y profundo respeto del Gobierno de García-Page a sus familias, así como a aquellas que resultaron heridas.

Se trata de un ataque que afectó de forma directa a Castilla-La Mancha. Uno de los trenes había partido de Guadalajara rumbo a Madrid, en el trayecto cotidiano de miles de trabajadores y estudiantes del corredor del Henares. “Personas que formaban parte de nuestros pueblos y ciudades, de nuestras familias, y cuya ausencia seguirá atravesando esta tierra”, ha continuado la portavoz, quien ha remarcado que, por supuesto, siguen viviendo en el recuerdo de sus seres queridos, pero también en “la conciencia democrática de un país que no puede ni debe olvidar”.

La portavoz también ha reconocido la entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entre ellos ha mencionado al inspector del Grupo Especial de Operaciones Francisco Javier Torronteras, que perdió la vida durante la operación policial contra los terroristas días después y cuya dedicación representa, en palabras de Padilla, el máximo exponente del compromiso con el que nuestro país respondió al terrorismo.

En este sentido, ha recordado que la sociedad española respondió al odio y al fanatismo con una solidaridad y una serenidad ejemplares. En un contexto como el actual, en el que la polarización “vuelve a hacer mella” en el debate público, Padilla ha reivindicado la necesidad de recordar aquel 11 de marzo “para tener muy presente la importancia de trabajar, día a día, por la convivencia”. Según ha señalado, ese es el mejor homenaje que puede hacer la sociedad a las víctimas: “honrar su memoria y defender un Estado de Derecho y unos valores democráticos que nos protegen a todas y todos”.

La vicepresidenta de la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT), Matilde Atarés, ha reclamado que “el recuerdo del 11 de marzo, lejos de dividirnos o incomodarnos, vuelva a ser un espacio de encuentro en torno a valores compartidos”. Ha añadido que “la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia no sean palabras pronunciadas en los aniversarios, sino principios que orienten de manera constante la acción pública y el comportamiento institucional”.

Ha sido en el acto de conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se ha desarrollado en el Espolón de Logroño, junto al Monumento a las Víctimas del Terrorismo. Se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo a los asesinados.

Han acudido, entre otras autoridades, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, o el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Atarés en el manifiesto por este día ha recordado, al inicio, de manera especial a las 192 víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, para a continuación señalar que “su memoria no puede depender de mayorías cambiantes, ni de relatos coyunturales, sino que debe sentarse sobre un compromiso firme y duradero de toda la sociedad y de todas las instituciones”.

Ante ello, ha reivindicado “una memoria que no se administre según conveniencias; una justicia que no se flexibilice según necesidades parlamentarias; y una dignidad que no se condicione a silencios estratégicos”, ya que “solo así podemos mirar al futuro con la tranquilidad de haber sido coherentes con los nuestros”.

En su intervención, Atarés ha recordado que el 11 de marzo “comprendimos que la rutina puede romperse en cuestión de segundos y que la violencia fanática es capaz de irrumpir en lo cotidiano para convertirlo en tragedia, dejando tras de sí un rastro de familias desechas, de proyectos truncados y de preguntas que, más de dos décadas después, siguen resonando en el corazón de quienes perdieron a los suyos”.

No obstante, ha manifestado que “junto al dolor, también emergió entonces una reacción colectiva de solidaridad y de unidad que demostró que, frente al terror, la sociedad española sabía mantenerse firme y cohesionada colocando a las víctimas en el centro y situando su memoria por encima de cualquier discrepancia ideológica o interés partidista porque durante un tiempo parecía evidente que acompañar a las víctimas no era una opción política sino un deber moral compartido”.

En este punto, Atarés ha lamentado que “esa certeza se ha ido erosionando y las víctimas asistimos con desconcierto a un clima en el que el simple hecho de reivindicar verdad, memoria, dignidad y justicia parece generar incomodidad o sustituir sospechas como si el recuerdo de quienes fueron asesinados hubiera dejado de ser un punto de encuentro para contrastarse en motivo de controversia”.

De hecho, ha asegurado que “muchas víctimas del terrorismo tenemos una sensación persistente de abandono; una percepción de que nuestras demandas de verdad y justicia quedan relegadas cuando entran a juego intereses que parecen considerarse superiores y de que nuestra voz solo resulta bienvenida cuando no cuestiona determinadas decisiones o determinados factos”.

Para la vicepresidenta de la ARVT “ese sentimiento se intensifica cuando observamos como mediante interpretaciones flexibles de la legislación penitencial y la aplicación de mecanismos que permiten retorcer la ley como la concesión de terceros grados o la aplicación del artículo 100.2, los terroristas abandonan la prisión antes de que las víctimas hayamos siquiera rozado la sensación de que se ha hecho justicia”. En este punto, ha citado la situación de semilibertad del etarra 'Txeroki' que condenado a 400 años de prisión “ha cumplido 17”.

Ante ello, ha señalado que “no hablamos desde el resentimiento ni desde el deseo de venganza, sino de la condición de que la justicia no puede percibirse como una realidad maleable que se adapta a coyunturas políticas cambiantes”. Todo ello, porque “cuando la aplicación de la ley transmite la impresión de que puede retorcerse para facilitar determinados apoyos o para aliviar tensiones parlamentarias, lo que se resiente no es sólo la confianza de las víctimas, sino la credibilidad misma del Estado de Derecho”.

Para la ARVT hay principios que consideran “irrenunciables”, como “la verdad como fundamento de cualquier memoria honesta; la dignidad como reconocimiento incondicional de quienes sufrimos el terrorismo; y la justicia como garante de que la ley se aplicar con rigor y coherencia sin excepciones interesadas”.

Arrasate-Mondragón ha recordado este sábado al concejal socialista Isaías Carrasco, asesinado por ETA hace 18 años. En la calle Navas de Tolosa de localidad gipuzcoana donde fue tiroteado cuando se dirigía a su puesto de trabajo, se ha celebrado un homenaje en el que han parcicipado su viuda, Marian Romero, sus hijos Sandra y Adei, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, otros cargos socialistas, la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, la alcaldesa de Arrasate, Maider Morras, de EH Bildu, y la portavoz de la formación abertzale en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte.

“A Isaías lo asesinaron por ser socialista, porque representaba todo lo que ETA odiaba y temía. Isaías era hijo de la inmigración, como lo somos miles y miles de vascos. Sus ideas eran las de muchos de esos miles, ideas socialistas, de servicio a la ciudadanía, como las de su abuelo. Aspiraba a una Euskadi en paz y en libertad. Como tantos, no lo pudo ver”, ha destacado Eneko Andueza.

El líder de los socialistas vascos ha resaltado que ETA ya “es historia”. “Está acabada y bien acabada, gracias a socialistas como Isaías o como Jesús (Eguiguren), gracias a muchos de los que hoy estamos aquí, gracias una parte de la sociedad vasca que luchó mientras otros nos querían muertos y otros callaban o miraban para otro lado”, ha añadido.

Eneko Andueza ha insistido en que “ETA ya no existe, por mucho que se empeñen en decir lo contrario personas como Mayor Oreja, como el PP o Vox”. “Por eso, me indigna verlos usar comodín de ETA para esconder sus miserias. Tenemos que escuchar que ETA existe, que ETA mueve los hilos, que ETA apunta, y otras mentiras por el estilo. Y eso, además de negar la gran victoria de la democracia, es añadir más dolor a las víctimas”, ha asegurado.

Así, se ha dirigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y “sus seguidores”, para decirles que dejen “de hablar y de mentir sobre ETA”, que “ya no existe”, para utilizarla de “arma arrojadiza” y generar “enfrentamiento”, como también hace Vox. Según ha destacado, le “indigna” que usen “el comodín de ETA para esconder sus miserias” y nieguen “la gran victoria de la democracia” contra el terrorismo con lo que “añaden más dolor a las víctimas”.

Andueza ha enfatizado que “ETA ni venció ni convenció”. “No olvidamos. Seguimos esperando el recorrido ético de quienes en algún tiempo pensaron que la violencia era un camino compatible con la democracia”, ha manifestado en alusión a EH Bildu.

Por ello, ha dicho que “ahora que ejercen esa democracia plenamente, es un buen momento para dejar de mirar a los espejos de los demás y mirar al suyo propio, por mucho que les duela”. “Otros ya lo hemos hecho, y les puedo asegurar que merece la pena, que su conciencia lo va a agradecer”, ha apuntado.

A su juicio, “la actitud del PP y de Vox es cuestionar la victoria de personas como Isaías”. “Ponen en duda el triunfo de todos los que, como Isaías, lucharon desde cada ayuntamiento para acabar con el terrorismo. La victoria ante ETA es la victoria de Isaías”, ha asegurado.

Por ello, considera “muy injusto que el PP cuestione eso”. “Le mataron porque era socialista y creía en la libertad, creía en una Euskadi en paz, y lo hemos conseguido gracias al coraje y la determinación de personas como él”, ha resaltado.

Eneko Andueza ha elogiado al que fuera edil del PSE-EE: “Isaías era un buen padre, un buen esposo, un buen concejal, un buen compañero, un buen amigo y un buen socialista. Y quería vivir en libertad. A lo largo de nuestra pequeña historia, hemos compartido militancia con muchos como Isaías, valientes, solidarios, libres por encima de todo, que levantaron la voz y no se callaron nunca”, ha manifestado.

Tras subrayar que “a muchos, como a Isaías, los callaron por la fuerza”, ha indicado que “el camino hacia el final de esa dictadura del terror estaba ya muy avanzado y era imparable”, porque ETA “no tenía cabida” en las vidas de los vascos.

“Y lo conseguimos, los derrotamos, política y socialmente. Isaías y todos los que hicisteis posible esta Euskadi, seguís viviendo en nuestros corazones. Y a ti especialmente, Isaías, te seguiré echando de menos, amigo”, ha concluido.

La Ertzaintza recuerda en un acto a Carlos Díaz Arcocha

No ha sido el único homenaje este sábado a una víctima de ETA. La Ertzaintza ha realizado un acto de recuerdo y ofrenda floral en la academia de Arkaute a Carlos Díaz Arcocha, superintendente de la Policía vasca asesinado por la banda terrorista hace 41 años. El acto se ha realizado en todas las Unidades y centros policiales de la Ertzaintza, donde se ha guardado un minuto de silencio.

Al acto han acudido la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa; el director general de la Academia Vasca de Policías y Emergencias, Jon Goikolea; el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda; las Jefaturas de la División de Protección Ciudadana, de la Oficina Central de Inteligencia, de la Territorial de Araba, de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz y de Miñones, así como otros agentes y familia, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El superintendente de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha fue el primer ertzaina asesinado por ETA el 7 de marzo de 1985 en Vitoria-Gasteiz, cuando tenía 52 años de edad, mediante una bomba lapa adosada en los bajos de su automóvil, ha recordado Seguridad.

Un total de 15 agentes de la Ertzaintza fueron asesinados por ETA entre 1985 y 2001: Carlos Díaz Arcocha (1985), Genaro García de Andoain Larrinaga (1986), Juan José Pacheco Cano (1988), Luis Hortelano García (1989), Alfonso Mentxaka Lejona (1991), Joseba Goikoetxea Asla (1993), José Luis González Villanueva (1995), Iñaki Mendiluze Etxeberria (1995), Ramón Doral Trabadelo (1996), José María Aguirre Larraona (1997), Jorge Díez Elorza (2000), Mikel Uribe Aurkia (2001), Iñaki Totorika Vega (2001), Javier Mijangos Martínez de Bujo (2001) y Ana Isabel Arostegui Legarreta (2001).

El 3 de marzo es un día señalado en el calendario de Vitoria desde 1976. Desde el jueves de 1977 en que se conmemoró el primer aniversario del asesinato a manos de la Policía Armada de cinco personas, la fecha ha estado marcada por los actos de homenaje, que han ido acompañados de nuevas protestas y manifestaciones, de cargas de las diferentes Policías, incluida la Ertzaintza en tiempos más modernos, de reconocimientos rodeados de más o menos debate e incluso de asesinatos de la banda terrorista ETA a tiro de piedra del lugar de los hechos.

En los últimos años, además, los anuncios relativos al avance de las negociaciones primero y los trabajos después para la adecuación de la iglesia de San Francisco de Asís como lugar de memoria han copado las noticias de los días que rodean al 3 de marzo.

1977, el primer aniversario

Ya desde febrero de 1977, se tenía constancia de que el primer aniversario de la muerte de los trabajadores en huelga a manos de la Policía Armada iba a propiciar la celebración de manifestaciones y el llamamiento a una huelga general. Así se advertía en una nota remitida al Gobierno Civil. Ya entonces estaban adoptadas “medidas para evitar la alteración del orden público”. El 2 de marzo, en la víspera del aniversario, los servicios de Información del Cuerpo General de Policía remitieron al gobernador civil de la provincia de Álava una nota relativa a la “profusa y variada siembra de propaganda subversiva” que se estaba detectando en los días previos a la efeméride. El objetivo de esta propaganda, se detallaba, era conseguir una huelga general para el día 3. La misiva iba firmada por el comisario jefe provincial y el comisario jefe de la brigada. Adjuntaba, además, un ejemplar de cada una de las propagandas descritas, a saber: una propuesta de huelga general, propaganda comunista y de KAS, la coordinadora abertzale socialista, y fotografías del rostro de las tres personas asesinadas el año anterior que fallecieron el propio día 3: Francisco Aznar, Pedro María Martínez Ocio y Romualdo Barroso. Las otras dos víctimas mortales, José Castillo y Bienvenido Pereda, perecieron en las jornadas siguientes.

El llamamiento a la huelga por el primer aniversario efectuado por la Coordinadora de Comisiones Representativas de Fábricas y Talleres de Álava redoblaba las apelaciones a la “unidad”, pues se sostenía que había que “unificar puntos de vista y esfuerzos”. “Durante estas fechas nos parece oportuno hechar [sic] una mirada hacia atrás para sacar algunas lecciones importantes, pero antes se nos impone nuestro recuerdo a la memoria de los compañeros asesinados, cuyos nombres (Francisco Aznar, Pedro Mª Ocio, Romualdo Barroso, J. Castillo, Pereda) estarán grabados en nuestra memoria con letras de oro”, se puede leer en aquellas líneas. “Para que la sangre de nuestros hermanos trabajadores no halla [sic] sido derramada en vano, nosotros, trabajadores de Vitoria, hemos de seguir luchando por aquello por que ellos murieron: el reconocimiento de las asambleas y Comisiones Representativas, órganos de verdadera representatividad de la clase obrera y el pueblo trabajador”, se alentaba unos párrafos después.

Otro de los documentos adjuntos al informe es el firmado por la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) de Álava, que exigía, entre otras cosas, “libertades democráticas”, “amnistía total”, “esclarecimiento y responsabilidades del 3 de marzo”, “disolución de cuerpos represivos” y “una sociedad vasca reunificada y sin clases”. “La represión sobre nuestro pueblo no cesa y toma diversas formas, desde la carestía de la vida hasta fusilamientos de la misma forma que hicieron el 3 de Marzo en Zaramaga, pero sí hay un denominador común. Ese denominador común es la masacre, el asesinato que se comete sobre un pueblo que intenta caminar hacia su liberación nacional y de clase; asesinatos que tienen sus víctimas en aquellas clases más interesadas en la revolución y principalmente en la clase obrera”, aseveraba, tanto en castellano como en euskera. Se pedía, además, convertir el 3 de marzo en “símbolo de todos los caídos por la causa del pueblo”.

El 3 de marzo de 1977 amaneció ya con un ambiente cargado de tensión. Según recogen crónicas del día, “centenares” de antidisturbios, de nuevo de la Policía Armada, patrullaban las calles de la ciudad. Las fábricas detuvieron su producción y los trabajadores, “reflejando en sus caras seriedad, preocupación y hasta miedo”, atendieron al llamamiento a la huelga general y se concentraron a las 11:00 horas en torno a la catedral, que iba a acoger el funeral en recuerdo de los fallecidos un año antes.

La homilía que se leyó durante el funeral hablaba de “tan triste suceso, término lamentable de unos meses de profunda tensión socio-laboral” y llamaba a “la oración por los difuntos y al compromiso de esforzarnos más intensamente por lograr una sociedad presidida por la paz, fundada en la verdad, en la justicia y en la auténtica libertad”. La vida de los fallecidos, se pedía también, habría de ser “precio de reconciliación”, la herramienta para percatarse de que la sociedad estaba “enferma”. “Los problemas, las dificultades y las tensiones no se solucionan cuando las personas y los grupos humanos aceptan pasivamente una situación, pero no obstante si el diálogo y el respeto mutuo son ahogados por el insulto y el recíproco desprecio, si el odio y el deseo de revancha se imponen al espíritu de reconciliación, nadie es capaz de preveer [sic] la capacidad de destrucción mutua que podemos alcanzar”, se añadía.

En el discurso, se llamó también a “defender los derechos humanos de todos los ciudadanos” y a “apoyar a los más pobres, débiles y marginados”. En ningún momento, sin embargo, se aludió a la causa de la muerte de los trabajadores en huelga. “Sus muertos fueron el trágico resultado de una lucha en la que todos fuimos responsables, aunque no todos fuéramos responsables en la misma manera y en la misma proporción. Justo es que ahora todos nos sintamos solidarios en una plegaria común”, concluía la homilía.

Durante la jornada, una docena de personas resultaron heridas y fueron detenidas otras siete. Las manifestaciones no contaban con autorización y hubo enfrentamientos con las autoridades, que disolvieron valiéndose de botes de humo algunas de las concentraciones espontáneas. En algunas de las fotografías tomadas aquel día, se ve, difuminados entre el humo, a manifestantes que portan coronas de flores.

Según la información publicada en el 'Norte Exprés' del día siguiente, el 4 de marzo todavía continuaban en dependencias policiales Tomás Echave, trabajador de la fábrica Forjas Alavesas, y uno de los líderes de las Comisiones Representativas, cuyo nombre no se detallaba. El periódico, que hablaba de “360.000 horas perdidas en la jornada de huelga” y de “300.400.000 pesetas perdidas en producción”, redactó un editorial muy crítico con la forma de expresar las reivindicaciones. “Se desnaturalizó el funeral, y, en lugar de limitarse éste a los ritos religiosos, se leyeron escritos que nunca deben ser leídos en la Casa de Dios”, se lamentaba el diario vitoriano. “La democracia no se gana con revueltas y paros, ni la libertad ni la justicia pueden florecer en estos ambientes”, se quejaba.

1978, ETA acribilla a tres policías

El 5 de marzo de 1978, en la calle de los Reyes de Navarra, a tiro de piedra de la iglesia en la que sucedieron los hechos de 1976, ETA acribilló a tiros un vehículo de la Policía Armada en el que se encontraban un cabo y cinco agentes. Según las informaciones que se publicaron al poco tiempo, dos o tres individuos dispararon varias ráfagas, con al menos cinco decenas de disparos. El cabo —el único ileso, según cuenta el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite)— logró salir del coche y pedir ayuda con el teléfono de una cabina. “El chófer, Miguel Raya Aguilar, salió del coche, pero se desplomó muerto junto a la rueda delantera, el agente Joaquín Ramos Gómez falleció poco después y José Vicente del Val del Río resultó gravemente herido y finalmente falleció 25 días después. Otros dos policías, Armando Doval González y Santiago del Canto de los Reyes, lograron sobrevivir a pesar de las heridas”, relata Covite. El coche robado por los terroristas, un Seat 1430 con matrícula M-804230 de Madrid y sustraído en el barrio de Txagorritxu, apareció horas más tarde, abandonado.

Si bien ETA no reivindicó el atentado y en las primeras informaciones publicadas en prensa se deconocía su autoría, más tarde se supo que los asesinatos habían corrido a cargo del 'comando Araba' de ETA militar. “Varios vecinos trataron de socorrer a los otros ocupantes del coche. [...] La escena impactó a los vecinos del barrio. Algunos recordaban los trágicos sucesos ocurridos dos años antes muy cerca del lugar del atentado, a la salida de la iglesia de San Francisco”, se relata en el primer volumen de la 'Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco', obra coordinada por José Antonio Pérez Pérez. Los autores de este libro sostienen que, mientras que los cinco obreros muertos a manos de la Policía Armada cuentan con memoriales, “prácticamente nadie es capaz de recordar el asesinato que se produjo apenas a cien metros de allí dos años más tarde, ni por supuesto el nombre de los tres policías que resultaron asesinados”. La imagen que acompaña estas líneas es la de la placa ubicada muy próxima a la iglesia del 3 de marzo.

2005 y 2008, la Medalla de Oro rechazada y luego aceptada

En 2005, el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, del PP, concedió la Medalla de Oro de la provincia a las víctimas del 3 de marzo. La asociación Martxoak 3 no aceptó el galardón, pues consideraban la entrega por el PP “una farsa” y se quejaban de que los 'populares' no aceptaban “una revisión de aquellos hechos”. Manuel Fraga, ministro del Interior en 1976, fue luego el fundador de ese partido. Tres años después, ya con Xabier Agirre del PNV de diputado general, la asociación sí aceptó la concesión del reconocimiento.

2006, debate y “terrorismo”

En 2006, cuando se iba a cumplir el trigésimo aniversario de la masacre, hubo debates en las Juntas Generales (el Parlamento foral). El PNV presentó una moción urgente en la que instaba al Gobierno de España a brindar a las víctimas del 3 de marzo la misma consideración que al resto de víctimas amparadas por la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. “Ni su consideración como víctimas del terrorismo, ni el esclarecimiento de los hechos y la consecuente depuración de responsabilidades se han conseguido materializar en todo este tiempo”, se quejaban los 'jeltzales' en el texto.

Los partidos registraron varias enmiendas. Finalmente, mucho después del aniversario, el 1 de junio de 2006, se aprobó una enmienda transaccional que reconocía “su condición de víctimas del terrorismo” a los cinco fallecidos en la masacre del 3 de marzo de 1976. Ese apunte, sin embargo, no estaba mecanografiado como el resto del texto, sino añadido de puño y letra. Las Juntas Generales, se leía en el escrito, “se solidarizan afectiva y efectivamente una vez más con las víctimas” y “condenan nuevamente los cinco asesinatos y las brutales agresiones cometidas por las Fuerzas del Orden Público en la Iglesia de San Francisco de Vitoria-Gasteiz y sus alrededores”. El documento estaba rubricado por Unidad Alavesa, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna, PSE-EE y PNV, y apoyado igualmente por la marca de entonces de la izquierda abertzale, ANV. Figura también el encabezado para la firma del PP, pero el hueco quedó en blanco. El portavoz 'popular', Santiago Abascal padre, expuso que precisamente ese añadido era el motivo del rechazo.

Cargas en los aniversarios

Algunos años con más intensidad y otros con menos, pero las movilizaciones en homenaje a los cinco obreros asesinados el 3 de marzo de 1976 han sido una constante en cada aniversario desde la masacre. Y muchas de ellas han acabado con cargas de la Ertzaintza. En 2006, por ejemplo, la Ertzaintza exigió retirar unos símbolos que encabezaban la manifestación y detuvo al portavoz de la asociación Martxoak 3, Andoni Txasko, que precisamente había resultado herido tres décadas antes a causa de las cargas de la Policía Armada. Según recoge 'Naiz', una manifestante gritó “Le vais a dejar ciego otra vez” a la Policía vasca, cuyo agente habría respondido “Si ya estaba ciego, no se le puede dejar ciego otra vez”. Txasko y otros manifestantes fueron juzgados dos años después, aunque resultaron absueltos.

En 2024, el 3 de marzo fue domingo. Y hubo nuevamente cargas durante la manifestación anual en memoria de las víctimas. En respuesta al lanzamiento de adoquines, botellas de vidrio y otros objetos contundentes como mesas y sillas de terrazas, la Brigada Móvil de la Ertzaintza respondió con unas cargas que dejaron varios heridos y contusionados, incluidos siete agentes de la Policía autonómica. En la lista, sin embargo, no figuraba un 'askatu' (o agente infiltrado) que también fue golpeado por sus compañeros, según confirmaron entonces fuentes internas.

El 'askatu' portaba una porra extensible de dotación. Es habitual que en este tipo de movilizaciones participen de modo discreto agentes de paisano para informar a las dotaciones uniformadas de posibles movimientos extraños o incidencias. Es menos habitual que esos funcionarios acaben siendo golpeados, ya que existen códigos internos para que sean identificados y para que, además, lo sean con seguridad para no ser descubiertos.

2008, norma foral y reconocimiento de las víctimas

El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava del 19 de noviembre de 2008 incluía el articulado de una norma foral que reconocía a las víctimas del 3 de marzo. Ocupaba el cargo de diputado general Xabier Agirre, del PNV, que gobernaba con el apoyo de EA y Aralar. Señalaba el texto que “en 1976 no había un régimen democrático” y que el Gobierno de entonces “aplicaba con rigor métodos represivos frente a los movimientos que luchaban por las libertades y frente a las legítimas demandas sociales”. El 3 de marzo de 1976, concretamente, “un legítimo movimiento social reivindicativo de unas mejoras laborales” fue “reprimido de manera injusta y abusiva por el Gobierno produciendo 5 fallecidos y más de 100 heridos”.

Añadía el texto de la norma: “[...] la sociedad es realmente consciente de lo que sucedió y rechaza la versión construida por los responsables de la masacre para eludir sus responsabilidades”. Tildaba lo sucedido de “injustificada masacre ordenada por un Gobierno no democrático frente a unos trabajadores que reivindicaban pacíficamente la mejora de sus condiciones de vida”.

Se reconocía que más de tres décadas después de los hechos, las víctimas no habían recibido aún “ningún tipo de compensación”, todo ello pese a que “la sociedad y las instituciones representativas más cercanas [habían] mostrado su reconocimiento y su solidaridad”. La norma preveía una indemnización de 138.232,78 euros a la familia de cada una de las cinco víctimas mortales. Asimismo, se estipulaban más de 390.000 euros por gran invalidez, más de 96.000 por incapacidad permanente absoluta, más de 48.000 por incapacidad permanente total y más de 36.000 por incapacidad permanente parcial.

2019, estreno de la película

El 1 de mayo de 2019, se estrenó en cines en toda España —después de un preestreno exclusivo en la capital alavesa— la película 'Vitoria, 3 de marzo', dirigida por Víctor Cabaco y con guion de Héctor Amado y Juan Ibarrondo. Formaron parte del elenco actores como Amaia Aberasturi, Ruth Díaz y José Manuel Seda. Meses antes, durante 2018, se rodó el filme en las calles de Vitoria. “Cuando estábamos en Vitoria con la preproducción, todo el mundo te decía 'yo ese día estaba no sé donde', todos recuerdan qué estaban haciendo el 3 de marzo y todos te cuentan el silencio que había ese día en la ciudad”, contaba el director a este periódico.

Durante el rodaje, volvieron a verse por las calles vehículos decorados como si fuesen de la Policía Armada. “Como la peli era de un presupuesto no muy amplio, pedimos voluntarios y en Vitoria cantidad de gente se animó a participar. Pedíamos que viniesen por la mañana o por la tarde para hacer de extras, y la colaboración ha sido espectacular, la gente venía vestida de su casa con sus propias ropas de los 70, ha sido increíble”, añadía Cabaco. La película recibió elogios por la ambientación de las escenas de época, pero no suscitó tan buenas opiniones en lo referente al plano narrativo.

2021: 45.º aniversario, presentación con mascarillas del Memorial

Unos días antes del cuadragésimo quinto aniversario, el Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria firmaron un convenio con el obispo de la Diócesis de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, para activar la cesión del templo, de tal manera que se pudiese poner en marcha un centro memorial. Beatriz Artolazabal, Ramiro González y Gorka Urtaran, equipados con mascarillas por la pandemia de COVID-19 y en representación de las tres instituciones, participaron en la firma.

“Un 3 de marzo de 1976 esta iglesia fue escenario de unos trágicos y luctuosos sucesos. Hoy ponemos la primera piedra para que a partir de ahora sea lugar de memoria y faro para la convivencia”, dijo entonces Artolazabal. Se escudó, además, en que “el derecho a la memoria, a la verdad y al reconocimiento no prescriben”. “Todas las víctimas de la violencia tienen derecho a verdad, reparación y justicia”, defendió, por su parte, el diputado general, que subrayó que las víctimas “muchas veces” se habían sentido “huérfanas de reconocimiento y apoyo institucional”. Aludió, asimismo, al reconocimiento institucional de 2008. El entonces alcalde, Urtaran, redobló las exigencias de “justicia por el asesinato”. “Hoy damos un paso importante para que los cinco trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz en 1976, que todavía no han recibido el merecido reconocimiento, por fin sean reconocidos como víctimas de abusos policiales, equiparables a víctimas del terrorismo”, expresó.

Un lustro más tarde, ese Memorial no está en marcha. Las obras, de hecho, solamente han empezado a finales de este mes de febrero. El templo lleva tiempo sin culto, pero acogía una exposición permanente de belenes. La recolocación de esos pesebres ha sido objeto de polémica hasta fechas muy recientes. Entretanto, el edificio, de Luis Peña-Ganchegui, ha ido deteriorándose con goteras, caída de las tejas de pizarra, maleza y otros males arquitectónicos.

2023: 47.º aniversario, presentación del documental

El 2 de marzo de 2023, un día antes del aniversario, se presentó el documental 'M-3 Gogoetak-Recuerdos del 3 de marzo', bajo la dirección de Eloy González Gavilán. La primera proyección tuvo lugar en el Vital Fundazioa Kuturunea, en Dendaraba. En el documental, que contó con el impulso de las comisiones de personas usuarias e integrantes del programa 'Activa tu barrio' del Bizan de Zaramaga, se recogen veinticinco testimonios de gente que vivió en primera persona los hechos del 3 de marzo. Se acompañaron las palabras de imágenes cedidas por TVE y también de fotografías recopiladas por el Archivo Municipal de la ciudad y de particulares como Koldo Larrañaga y Luis Ziarrusta.

Por esas fechas, asomó también una sorpresa urbanística, pues se descubrió que el templo de San Francisco de Asís en el que se produjeron las cargas de la Policía Armada nunca fue de la Iglesia. El edificio como tal -“el vuelo”- sí fue sufragado por la Iglesia y era de su propiedad a todos los efectos, pero antes de acometer la cesión para crear el Memorial, se vio que era necesario hacer un “ajuste” urbanístico o “reparcelación”. “Las cosas se hacían como se hacían... Ahora lo que hay que hacer es reordenar. Es un trámite y ya están los técnicos en ello, pero llevará varios meses”, explicaban entonces fuentes consultadas.

La negativa del Gobierno de PSOE y Sumar de conceder el reconocimiento de víctima del terrorismo de Estado a Manuel Jesús García Caparrós ha soliviantado a todos los grupos de la izquierda andaluza en la antesala del 28 de febrero (28F), Día de Andalucía. Y no de cualquier 28F, sino del último de la legislatura, a pocos meses para unas elecciones donde el espacio progresista busca unidad y movilización.

El joven sindicalista malagueño murió asesinado por un disparo de la Policía militar durante la multitudinaria manifestación por la autonomía plena andaluza, el 4 de diciembre de 197 en una calle de Málaga. Hoy es considerado por todos los partidos, excepto Vox, una suerte de mártir de la conquista del autogobierno, y tiene el título póstumo de Hijo Predilecto de Andalucía, máxima distinción que otorga el Gobierno autonómico.

La resolución del Ministerio de Interior que deniega la condición de víctima a García Caparrós -y la consecuente indemnización a su familia- ha provocado una reacción unánime de rechazo en todos los partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, pero también ha desatado un cabreo monumental y ha precipitado una pelea entre ellos, a las puertas de unas elecciones autonómicas inminentes.

La formación soberanista y andalucista, fundada por Teresa Rodríguez, ha sido la más dura, al exigir la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y lanzar un severo reproche al Gobierno más progresista de la historia“. Pero también la coalición Por Andalucía, donde está integrado Sumar (socio del Ejecutivo de Pedro Sánchez), ha expresado su rechazo: ”Es una injusticia y está fuera del sentido común“, ha valorado la diputada Esperanza Gómez, tras añadir que ”si no encaja en la ley, habrá que darle solución para responder al anhelo del pueblo andaluz“.

Más duro ha sido el secretario general del Partido Comunista en Andalucía (PCA) y candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, que ha acusado al PSOE de “incumplir su palabra” y ha exigido a Sánchez que que cumpla su compromiso y ordene el reconocimiento inmediato de Caparrós como víctima del Estado, apelando a la “verdad, justicia y reparación que la familia lleva casi medio siglo reclamando”

La posición más comprometida era la del PSOE andaluz, pilotado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dado que el portazo a las reivindicaciones de las hermanas de García Caparrós parte de su Gobierno. Los socialistas han dado un volantazo de 180 grados, desviando el foco hacia el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno, para anunciar que registrarán una iniciativa parlamentaria para instar a la Junta a reconocer al joven malagueño como “víctima de la violencia institucional”, en el marco de la Ley andaluza de Memoria Histórica, y la posibilidad de “una compensación económica para la familia”.

La Ley andaluza de Memoria, aprobada por el Parlamento en 2017 sin ningún voto en contra, no contempla la figura de “víctima del terrorismo” ni el término “violencia institucional”, que ha usado este miércoles el diputado socialista Rafael Recio. El artículo 3.2, sin embargo, sí habla del “derecho a la reparación plena, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de la violación y al daño sufrido, que supone la aplicación de medidas individuales y colectivas, la reparación moral, así como las de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción”.

“García Caparrós es víctima de Estado y el impedimento para reconocerlo es una ley del Gobierno de Rajoy, de 2011. El PSOE actúa con conciencia y pide a la Junta fortalecer ese reconocimiento”, ha dicho Recio, que también ha dejado abierta la puerta a que se reforme la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), en la que se ha basado la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de Interior, para denegar la solicitud cursada por las hermanas de García Caparrós.

“Hoy por hoy, hay una ley de Rajoy que imposibilita llegar adonde pretende la familia”, ha subrayado el coportavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, que ha demandado también al Gobierno central un “estudio de las posibilidades” para que Caparrós sea reconocido como víctima de Estado. Recio ha defendido el papel del Ejecutivo de Sánchez y de su partido que, desde la Mesa del Congreso, logró desclasificar el expediente secreto sobre el asesinato del joven malagueño, conservado bajo llave en los archivos de la Cámara Baja desde hace casi 50 años.

Ésta era una de las reivindicaciones históricas de las hermanas de Caparrós -Dolores, Purificación y Francisca- que el pasado noviembre, finalmente, se personaron en el Congreso y tuvieron acceso a las actas de la comisión que investigó la muerte del joven. Las otras dos demandas, que hicieron llegar al presidente Sánchez por carta, fue el reconocimiento de víctima del terrorismo de Estado y una reunión con el mandatario. Ninguna de estas dos cosas se ha cumplido aún.

La carta que Interior ha enviado esta semana a las hermanas Caparrós, adelantada en exclusiva por este periódico, concluía que los hechos que rodearon el asesinato del joven malagueño en el 77 son “execrables” y de una “extrema gravedad”, pero advertía que esos hechos “no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley (...), teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”.

Esa norma establece que para ser destinatario de las ayudas y prestaciones reguladas en ella es necesario que concurra alguno de los dos siguientes supuestos: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

El PP andaluz no ha querido pronunciarse sobre la resolución del Ministerio de Interior hasta no conocer al detalle el expediente. El diputado Pablo Venzal sí ha querido defender que, sobre este aspecto, el Gobierno de Moreno “ha hecho todo lo que tenía que hacer en el marco de sus competencias”.

La portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Hacienda, Carolina España, también ha evitado pronunciarse sobre la decisión del Ministerio de Interior. “No han reconocido la condición de víctima ni la indemnización a la familia, en eso nosotros no entramos. Desde la Junta siempre hemos tenido presente a García Caparrós”, ha asegurado.

La familia de García Caparrós tiene un mes de plazo para presentar un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Interior por la vía administrativa y, si éste tampoco prospera, en última instancia podrá recurrirla judicialmente ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las hermanas han convocado este viernes a la prensa en Málaga para anunciar su decisión y expresar su malestar por el portazo del Gobierno.

Familiares del líder del PSE-EE de Álava y exvicelehendakari Fernando Buesa y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, asesinados hace 26 años por ETA, han recordado este domingo a ambos con una ofrenda floral celebrada en Vitoria, en la que han estado acompañados de representantes institucionales y cargos públicos de todos los partidos políticos. La ceremonia ha consistido en una ofrenda floral realizada ante el monolito instalado en los Jardines de la Libertad en la capital alavesa junto al lugar en el que Buesa y Díez fueron asesinados con un coche bomba por ETA el 22 de febrero de 2000.

En el acto, durante el que se ha reproducido la canción 'Ausencia', de Imanol, han participado la viuda y las hijas del exdirigente del PSE-EE y los padres de Díez Elorza, según recoge Europa Press. En el transcurso de la ceremonia se ha realizado una ofrenda floral ante el monolito en memoria de ambas víctimas de ETA, en la que han participado los familiares, representantes políticos y de sindicatos de la Ertzaintza, junto a la ciudadanía que como cada año se ha acercado a rendir homenaje a Buesa y Elorza.

La delegación del Gobierno vasco ha estado encabezada por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, acompañados de las consejeras de Educación, Begoña Pedrosa, de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.

También ha asistido a la ofrenda foral la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, entre otros representantes institucionales. Andueza ha pedido una “lectura crítica de todo lo que supuso el terrorismo, por parte de los asesinos y por parte de los que le prestaron su apoyo” y ha recordado la “firmeza” del exvicelehendakari y parlamentario asesinado por ETA, Fernando Buesa, y de su escolta en el aniversario de su asesinato.

Por parte de los partidos, han asistido cargos públicos de todas las formaciones, incluida Vox que no participó en el homenaje del año pasado y que en esta ocasión ha estado representada por su portavoz en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, mientras que la delegación de EH Bildu ha estado encabezada por su responsable político en Álava, Ibon San Saturnino, la del Partido Popular por su presidente en Álava, Iñaki Oyarzabal, y la de Sumar por el concejal en el Ayuntamiento de Vitoria, Oskar Fernández.

También han participado en este acto de memoria en homenaje a Fernando Buesa y Jorge Díez, pero también a todas las víctimas del terrorismo, según han subrayado desde la Fundación Fernando Buesa, miembros de la Ertzaintza y de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite), así como muchas víctimas.