Dos días después de que Pello Salaburu (Arizkun, 1951) fuera nombrado director de la Universidad del País Vasco (EHU), dos hombres con corbata entraron en su despacho y le mostraron en una cinta de vídeo VHS con medidas de seguridad que tendría que tomar a partir de aquel momento para evitar, en la medida de lo posible, un atentado bomba. “Cada semana vivíamos una escena de violencia distinta, algunas eran más fuertes que otras, pero no había escenas débiles. Una de las menos fuertes puede ser la de la pintada que me hicieron en la biblioteca y que nadie fue capaz de borrar. Tuve que ir yo a Leroy Merlín y comprar un bote de pintura blanca. Yo mismo me puse a pintar la pared hasta que me vieron los guardas de seguridad y me preguntaron qué estaba haciendo. La violencia presente en la sociedad se trasladaba a la universidad”, explica el que fuera rector de la EHU entre los años 1996 y 2000 durante el Curso de Verano 'La violencia contra la Universidad'.

Según recuerda Salaburu, en su época como rector “muchos sectores de la Universidad” pasaron miedo por la violencia de ETA y, como lamenta, “la Universidad no fue capaz de enarbolar la bandera de la decencia”. “Para enarbolar la bandera de la decencia hay que denunciar ciertas cosas. La Universidad es el sitio donde se piensa, no el sitio donde se tira la bala. Se responde con argumentos y eso la Universidad no lo cumplió, muy poca gente se atrevió a hablar con claridad”, reconoce.

Para quien fuera rectora de la Universidad pública vasca entre los años 2021 y 2025, Eva Ferreira (Barakaldo, 1963), el miedo se mostraba en las aulas a través de la autocensura. “Miguel Ángel Blanco era estudiante de Sarriko. Cuando llegué a la facultad el día que lo secuestraron me sorprendió el silencio. Cuando pregunté por qué nadie había hecho ni dicho nada me dijeron que era concejal del PP. Pusimos etiquetas para excusarnos y para no hacer nada. Miedo, autocensura, estigmatización, lo que queramos definir. También se estigmatizaba a los alumnos que llevaban escolta y muchos de ellos pasaban la mayor parte del tiempo solos. A veces porque el resto de los alumnos tenían miedo de que algo les pasara a ellos y otras porque no querían que se les viera con ellos”, detalla.

En su caso, al igual que Salaburu, también reconoce que la Universidad no estuvo a la altura en cuanto a condena del terrorismo se refiere. “Es verdad que había muchas universitarias y universitarios que estaban o estábamos frontalmente rechazando de la manera pública y privada que se podía la violencia y los actos terroristas, pero también es cierto que institucionalmente hicimos una especie de cordón enfermizo para no hablar de cuestiones políticas en las juntas. Hicimos un relato de que lo que estaba ocurriendo no era un asunto académico, sino político. La equidistancia y las excusas no estuvieron bien”, señala Ferreira, quien fuera miembro de Gesto Por la Paz.

El actual rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, recuerda que en un Curso de Verano en el año 1990 sobre nacionalismos emergentes públicamente dijo que ETA tenía que seguir el ejemplo de Terra Lliure, dejar las armas y abandonar la lucha armada. “Al igual que yo un colectivo de profesores que escribíamos habitualmente condenando todas las vulneraciones de derechos humanos nos hemos pronunciado sobre ello”, confiesa.

A pesar de ello, insiste en que el Curso de Verano está centrado en “la violencia de corte político contra la Universidad” y, por tanto, en su opinión esto abarcaría tanto la violencia de ETA como la respuesta de la violencia por parte del Estado. “Ejerce la violencia quien coloca una bomba lapa como quien tortura o quien decide no investigar las denuncias de tortura. No creo que estemos en un ámbito que paso del negro al blanco. Hay muchas zonas de penumbra y de gris y la Universidad debe mantener siempre el enfoque crítico y metodológicamente riguroso. Las universidades deben ser espacios de libertad y crítica”, en este sentido, el actual rector ha nombrado la violencia de la extrema derecha contra la universidad española en la Transición y la represión franquista en el ámbito académico, para después centrarse en la violencia de ETA.

“Vivimos y padecimos los años de plomo y luego sufrimos la estrategia de amedrentamiento. ETA aplicó la estrategia para silenciar a las personas críticas con ella, tanto en la sociedad como en la Universidad. ETA no consiguió su objetivo y no solo por el hecho de que no contara con las herramientas del Estado en el uso de la fuerza y la Justicia penal, venció la resiliencia democrática de nuestra sociedad. La EHU también fue un espacio de resistencia que contribuyó a deslegitimar la violencia de ETA, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, pero también los abusos y vulneraciones que cometió el Estado en su lucha contra ETA”, destaca Bengoetxea.

Sobre episodios de violencia en la Universidad en la actualidad, décadas después de que la banda terrorista entregara las armas, Ferreira recuerda el episodio que tuvo lugar en 2021 en el que un alumno de 21 años irrumpió a disparos con una escopeta en la Facultad de Ciencia y Tecnología en Bizkaia. “En aquel caso hubo una condena unánime sin ningún tipo de disenso. Fue un ataque contra los bienes públicos, porque no hubo personas heridas, pero hubo miedo. Sin embargo, otros actos no han tenido el mismo grado de condena. Seguimos pensando que dependiendo de quién está detrás del acto es más o menos condenable y a mí me parece que como academia debemos condenar la violencia venga de donde venga”, apunta.

En este sentido, Bengoetxea ha recalcado que, “ETA ya no existe”, aunque en la actualidad se siguen produciendo “actos que ponen en riesgo la convivencia y la seguridad de las personas”. “Botes de humo, pintadas amenazantes contra miembros de la comunidad universitaria o que dañan el patrimonio universitario, actos intimidatorios que vienen ocurriendo desde hace años... Hay quien los considera violencia de baja intensidad, quien los considera endémicos o esporádicos. Lo cierto es que se han producido con todos los rectorados. Los condenamos, nos preocupan y nos ocupan, por eso nuestros nuevos estatutos prevén entre sus principios rectores que la Ley contribuya a la promoción de la convivencia democrática rechazando cualquier tipo de violencia. Del mismo modo, la Acción 4.2 del eje 5 de nuestro Plan Estratégico 2026-2028 pretende asegurar la convivencia universitaria basada en el diálogo, respeto, empatía y cooperación”, concluye el rector.

Las víctimas del terrorismo en Extremadura han exigido este viernes que los condenados por esta “barbarie” cumplan íntegramente sus penas de prisión y han reclamado al conjunto de la sociedad firmeza para evitar que se “reescriba” el relato de los atentados. La demanda ha centrado el acto conmemorativo del Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo Extremeñas, un homenaje institucional al que han asistido representantes políticos, sociales, de asociaciones de afectados y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El rechazo a las medidas que flexibilizan la estancia en prisión de los condenados ha sido compartido de forma explícita por el Gobierno regional. El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha suscrito la crítica hacia la legislación penitenciaria y ha dejado clara la posición autonómica: “Las condenas deben cumplirse íntegramente. Desde Extremadura queremos decirlo con toda claridad: no aceptamos atajos”.

Bautista ha defendido que el homenaje no es “un acto más de la agenda”, sino una obligación de la conciencia colectiva para impedir que el paso del tiempo relegue a las víctimas al olvido. En este sentido, ha advertido de que, cuando los hechos del pasado se desdibujan, “se abre la puerta a que otros intenten construir un relato diferente”, destacando iniciativas regionales como el programa 'Educar para la convivencia' para llevar el testimonio directo de las víctimas a las aulas.

Críticas a los beneficios penitenciarios y apelación a la unidad

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz García, ha censurado que la normativa penitenciaria conceda “beneficios” a los reos por encima de los derechos de los afectados. Ruiz ha detallado que, de los 120 presos de ETA en la actualidad, solo 32 permanecen en régimen ordinario, mientras que el resto cuenta con medidas flexibilizadas, una circunstancia que, según ha denunciado, “genera dolor e incomprensión”. Asimismo, ha lamentado que los sectores políticos herederos de la violencia sean tratados como “socios preferentes” en el ámbito estatal.

Desde una perspectiva de cohesión, el presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (Asexvite), José María Antón, ha pedido a la clase política trabajar para “apaciguar” el clima de crispación y ha solicitado expresamente que la memoria de los fallecidos no sea empleada como un arma o instrumento de confrontación partidista.

La lacra terrorista se ha cobrado a lo largo de la historia la vida de 63 extremeños: 55 de ellos víctimas de la banda ETA, 5 del GRAPO, dos del terrorismo yihadista y una a manos de la extrema derecha.

Durante la ceremonia se ha procedido también a la entrega de las Medallas a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo en Extremadura, otorgadas este año al magistrado Ángel Juanes Peces, la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo, la entidad Cocemfe Cáceres y la Asociación de Vecinos de Nuevo Cáceres. Asimismo, Ainara López Frías ha recogido la Medalla a las Víctimas en representación del legado y la entereza de las familias que no llegaron a conocer a sus allegados arrebatados por la violencia.

La 'socialización del sufrimiento' fue una supuesta estrategia puesta en marcha por ETA a mediados de los noventa del siglo XX con el objetivo de “extender el miedo y la amenaza a amplios sectores de la población para conseguir la desmovilización de las organizaciones o personas que condenaban el terrorismo”. “Esta estrategia no solamente se basó en el asesinato (durante este periodo se asesinó a 98 personas) sino también en una fuerte presión y control social, en el fenómeno de la kale borroka y en un despliegue simbólico que reivindicaba para el mundo del nacionalismo vasco radical el espacio público”.

Así lo han explicado este miércoles el doctor en Historia Contemporánea por la EHU José Antonio Pérez Pérez y la licenciada en Historia Contemporánea y doctora en Ciencias Políticas, Sara Hidalgo García de Orellán en el Curso de Verano de la EHU 'ETA y la socialización del sufrimiento. Violencia terrorista multiforme. 1995-2011'.

“Tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart (1992) y el paso de la 'Alternativa KAS' a la 'Alternativa Democrática', la organización pasa de una táctica de desgaste a una ampliación de sus objetivos terroristas. En ese momento dejó de atentarse únicamente contra las fuerzas de seguridad o altos cargos para dirigir la violencia, acoso e intimidación hacia concejales y políticos locales, especialmente del PP, PSOE y UPN, pero también del propio PNV en sus inicios con casos como el de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa; hacia el poder judicial e intelectuales con asesinatos y ataques contra jueces y profesores o pensadores; hacia periodistas y medios de comunicación como directores, columnistas y sedes de periódicos (como el Diario Vasco o El Correo) para condicionar la información y evitar lo que ETA consideraba ”manipulación“, y por último, hacia la Ertzaintza, a través del acoso directo a agentes de la Policía”, ha explicado Pérez Pérez en su intervención.

Según han detallado los expertos, la “idea básica era hacer que el conjunto de la sociedad soportara las consecuencias del conflicto y no únicamente las personas directamente amenazadas por ETA”. Por ello, era necesario “extender la violencia y la intimidación a distintos sectores sociales, provocar miedo e inseguridad generalizados, de manera que la ciudadanía sintiera que nadie estaba al margen del conflicto, generar presión social y política para que el Estado modificara su política antiterrorista, desplazar los costes del conflicto hacia la población, de modo que el sufrimiento y las consecuencias de la violencia fueran compartidos socialmente y, en última instancia, buscaba debilitar la resistencia social frente a ETA y favorecer un clima en el que sus objetivos políticos parecieran tener mayor aceptación”, han indicado.

Entre las consecuencias de esa 'socialización del sufrimiento', han considerado que hubo un “ataque contra el pluralismo político, la extensión del terror, una ruptura y acoso en el espacio público, pero también por otra parte, la reactivación de la movilización social, la pérdida de apoyo del terrorismo de ETA y el fortalecimiento del Estado de Derecho”. “Miles de personas (llegando a casi 1.000 escoltados simultáneos en 2002) fueron obligadas a vivir con escolta privada o policial. Todo ello produjo un choque muy duro en la convivencia social que estuvo a punto de hacer descarrilar a la sociedad vasca hacia un enfrentamiento. Sin embargo, a largo plazo, provocó una reacción social en contra (especialmente a partir del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997), lo que llevó a la pérdida progresiva de apoyos a ETA y al fortalecimiento de los movimientos ciudadanos e instituciones democráticas”, ha concluido Pérez Pérez.

El Curso de Verano en colaboración con el Instituto Vasco de la Memoria (Gogora) cuenta con el objetivo de “conocer la historia del terrorismo de ETA”, así “los mecanismos desplegados para la consecución de sus objetivos” y saber “qué fue la socialización del sufrimiento y la violencia terrorista multiforme que puso en marcha, además de la violencia de persecución y el impacto que tuvo”. Para ello, este jueves analizarán todas estas cuestiones en una segunda sesión en la que el periodista Gorka Landaburu y la diputada del PSE-EE Rafaela Romero narrarán sus experiencias personales.

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El Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha vuelto a aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre 'Anboto', que se encuentra en la prisión de Martutene (Gipuzkoa), y a la que ya le había autorizado este mismo año este régimen, pero su aplicación fue rechazada posteriormente por la Audiencia Nacional. Fuentes del departamento han señalado que la Junta de Tratamiento realizó una propuesta de cambio de régimen para la exdirigente de ETA y Justicia ha firmado esa concesión del artículo 100.2.

Las misma fuentes han recordado que la concesión de ese artículo del reglamento penitenciario está condicionado a un plan de ejecución para hacer actividades laborales o de voluntariado. En el caso de 'Anboto' es para realizar actividades de voluntariado, que están controladas y reguladas. La concesión del 100.2 implica salir de prisión de lunes a viernes para desarrollar esas labores y se pernocta en la cárcel, donde también se permanece durante el fin de semana, según recoge Europa Press.

Tras la aprobación esta semana de este cambio de régimen, las mismas fuentes han señalado que está previsto que se haga efectivo en los próximos días, de manera que 'Anboto' podría salir de prisión de lunes a viernes y regresaría cada día a dormir en la cárcel.

En abril de este mismo año, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, rechazó la aplicación del régimen de semilibertad que había autorizado el Gobierno vasco. El Departamento de Justicia del Gobierno vasco había concedido en marzo la aplicación del artículo 100.2 a 'Anboto', lo que suponía que podía salir de prisión de lunes a viernes. El 23 de marzo fue el primer día que abandonó la cárcel de Martutene y el 22 de abril el último que disfrutó de ese nuevo régimen y volvió a prisión tras la decisión judicial.

De esta manera, el magistrado rechazaba la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y acordaba que permaneciera en segundo grado de tratamiento penitenciario. En su auto, el juez recordaba la gravedad de los delitos por los que fue condenada, como diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión. Argumentaba también que las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027, pero añadía que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

Tras la concesión de un “nuevo 100.2” a 'Anboto', desde la Asociación de Víctimas del Terroriso (AVT) se ha denunciado esa decisión y ha afirmado, por redes sociales, que “el contador baja a 32 presos en régimen ordinario sin salir de prisión” y que “ya son 123 terceros grados, 28 flexibilizaciones y 62 libertades condicionales”. “Estas son las cifras de la impunidad”, ha criticado.

Jefa militar

Soledad Iparragirre, histórica militante de ETA, vinculada con la banda terrorista desde 1981, con el comando Araba entre 1984 y 1987 y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993, quien años más tarde huyó a Francia, fue la encargada, junto con Josu 'Ternera' de leer en 2018 el comunicado del fin de ETA. Nacida en la localidad guipuzcoana de Escoriatza en 1961, se le imputan más de una docena de asesinatos. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década, y suma una extensa lista de condenas y penas que suman más de 280 años de cárcel.

En el año 2020 fue sentenciada a un total de 122 años de cárcel por dar la orden y suministrar los explosivos para la bomba lapa que mató al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. En el 2021 aceptó una pena de 15 años de prisión por haber dado la orden de atentar contra Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim en 1997.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, acusaron este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar el 40% de los fondos para luchar contra el terrorismo y evitar otro 11-S.

“Donald Trump está reteniendo fondos destinados a mantener a los neoyorquinos a salvo de otro ataque terrorista”, declaró Hochul en una rueda de prensa. “El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia creada en respuesta al 11 de septiembre, está reteniendo el 40% de la financiación antiterrorista del estado de Nueva York”.

La gobernadora denunció que la Administración Trump debe 87 millones de dólares (unos 75 millones de euros) a su estado, que definió como “el objetivo terrorista número uno del país”.

Según dijo, hace un año el mandatario se comprometió a reponer el presupuesto y tras ese tiempo siguen esperando: “Fue otra promesa rota”.

“El 'señor Hacer a América Segura' (en alusión al lema de campaña de Trump) habla en grande sobre las fuerzas del orden, presume mucho sobre proteger a nuestros agentes y a nuestra policía, pero en lugar de desarticular planes terroristas, está separando a familias inocentes y deteniendo a niños”, aseveró Hochul en referencia a la política migratoria del mandatario.

Por su parte, Mamdani detalló que los fondos que exigen al Gobierno de Trump no se destinan a informes, estudios ni a propuestas abstractas, sino a “financiar plenamente doce escuadrones de desactivación de explosivos en todo Nueva York”.

También se utilizan, dijo, para comunicación interna y eficaz del Departamento de Bomberos de Nueva York en caso de un ataque catastrófico o para poder responder ante una amenaza radiológica.

“No hay excusa para que el Gobierno federal deje a la ciudad más grande de la nación cargando sola con esta responsabilidad”, apuntó el edil.

Ambos denunciaron la gravedad de la situación coincidiendo con los días previos a la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, que dejaron más de 2.700 muertos en la ciudad.

La gobernadora, que ha protagonizado diversos enfrentamientos con el presidente, aseguró que, si no libera los fondos, Trump estaría “traicionando a cada familia que perdió a alguien el 11 de septiembre, a cada policía y bombero”.

Una manifestación convocada por la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA Sare ha reclamado este viernes en Bilbao, en el día grande de Aste Nagusia, que se aplique a “presos y exiliados” de ETA la legislación ordinaria para que puedan hacer “el camino a casa” y suponga “la resolución definitiva del conflicto”. La marcha ha partido a la una de la tarde de la plaza Elíptica, presidida por una sábana con el logo de Sare y una pancarta con el lema 'Etxera' ('a casa'), ambas sujetadas por representantes de distintas comparsas de Bilboko Konpartsak, federación que apoya la manifestación.

Entre música de txaranga, la marcha se ha dirigido hacia el Ayuntamiento y el recinto festivo y durante el recorrido, que ha transcurrido prácticamente en silencio, los manifestantes solo han coreado el lema 'Euskal presoak etxera' (“los presos vascos a casa”) y 'amnistia osoa' (“amnistía total”), mientras se dirigían por la Gran Vía hasta la explanada del Ayuntamiento bilbaíno. En declaraciones previas al inicio de la manifestación, la portavoz de Sare Bego Atxa ha afirmado que quieren y “anhelan con ímpetu” que esta sea “la última manifestación”, toda vez que pueda implicar que se avanza “en cuanto a la excepcionalidad legislativa” que se aplica a los presos de ETA, según recoge Europa Press.

“Pedimos que se les aplique la legislación ordinaria y que, en base a esa legislación ordinaria puedan hacer el camino a casa”, ha trasladado, para añadir que, con idéntico objetivo a la marcha de este viernes en la capital vizcaína, han convocado una nueva manifestación el 9 de enero de 2027, “también con el deseo de que sea la última”.

Al término de la marcha, ante el Consistorio de la capital vizcaína, la propia portavoz Bego Atxa ha dado lectura a un comunicado en el que ha recordado que “todavía existen situaciones sin resolver” y que “mirar al pasado es necesario, sí, pero no para quedarnos atrapados en él, sino para aprender, resolver lo que sigue pendiente y ser capaces de avanzar”.

Tras afirmar que “no podemos conformarnos con lo conseguido porque, a día de hoy son todavía 23 los presos y presas vizcaínas que no pisan la calle en su día a día”, ha dicho que “avanzar no significa haber llegado” y que, “cuando una solución es posible, prolongar innecesariamente los problemas pendientes no ayuda a nadie”. “No podemos hablar de una solución integral dejando situaciones sin resolver durante décadas”, ha agregado, para subrayar ante los concentrados que “hay personas que llevan demasiado tiempo esperando una solución, y creemos que existen vías para encontrarla desde el diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos humanos”.

Según ha apuntado, “deberíamos ser capaces de ”compartir algo fundamental, que alargar el sufrimiento no construye convivencia pero resolver los problemas pendientes, sí“. En este punto, Atxa ha afirmado que ”dar pasos hacia una solución no significa borrar lo ocurrido, ni olvidar, ni pedir a nadie que renuncie a su memoria“.

Tras subrayar seguidamente que “los avances de estos últimos años no han llegado solos y los pasos que faltan tampoco llegarán simplemente porque pase el tiempo”, ha apuntado que “hace falta voluntad, compromiso y una sociedad que deje claro que quiere avanzar”. Por último, y respecto a la manifestación convocada el 9 de enero, ha llamado a “llenar Bilbao” y hacerlo desde la pluralidad, sensibilidades diferentes y desde personas que quizá no compartimos el mismo análisis sobre lo ocurrido, pero que sí podemos compartir una convicción: ha llegado el momento de dar pasos, solucionar y avanzar“. ”Cerrar definitivamente esta etapa no pertenece a una única sensibilidad política y es una oportunidad para el conjunto de la sociedad vasca“, ha proclamado.

Tras concluir la manifestación, incluida en la celebración del “Etxera Eguna de Bizkaia”, organizado por Sare junto a Bilboko Konpartsak, se ha celebrado una comida popular en las txosnas. Por la tarde, está programado un concierto sorpresa a partir de las 17:00 horas en la txosna de la comparsa Kaskagorri, que correrá a cargo de Fermin Muguruza y su banda.

Viktor Kalinin, de San Petersburgo, cumplió 14 años a finales de abril. Tres meses después, el 30 de julio, se convertía en la persona más joven en ser incluida en la lista de terroristas y extremistas de Rusia. Su delito fue haber prendido fuego a una caja del sistema de señalización ferroviaria. Según declaró en presencia de los agentes de los servicios secretos, un desconocido le conminó a hacerlo bajo amenaza de abrirle un procedimiento penal si se negaba. Ahora bien, la policía, en lugar de considerarlo una atenuante o encausarlo por vandalismo, ha optado por imputarle un acto terrorista.

Ese mismo día, Pável Dúrov, fundador de Telegram, también era incluido en este registro, acusado de colaborar con el terrorismo al permitir el reclutamiento de jóvenes para cometer acciones de sabotaje y atentados a través de su plataforma. La realidad, sin embargo, es que la maniobra era el último episodio de la presión contra su empresa por resistirse a cooperar con el FSB, el antiguo KGB.

Estos dos ejemplos demuestran hasta qué punto el Kremlin está desvirtuando la legislación contra el terrorismo para reprimir las expresiones de disidencia, una tendencia que se ha acentuado desde la invasión de Ucrania. Según los expertos, esta categoría permite estigmatizar a los culpables, imponerles penas más severas e intimidar a la sociedad.

Más de 22.000 terroristas

Rusia tiene publicada una lista con más de 22.000 personas etiquetadas como terroristas y extremistas. De ellas, unas 5.000 han sido añadidas a lo largo del último año. Eso significa que cada día, de media, 13 individuos se incorporan a esta base de datos como sospechosos de tener relación con actividades radicales, un 47% más que un año atrás. Como Kalinin, 493 menores de 18 años son considerados terroristas o extremistas y, de ellos, cerca de un centenar no supera los 16.

OVD-Info, una entidad de referencia en el seguimiento de la represión en Rusia (designada recientemente como extremista), calcula que al menos un 12% de los integrantes de la lista figuran en ella por motivos políticos, aunque apunta que la proporción de los que han sido indexados después del inicio de la guerra puede oscilar entre el 15% y el 20%.

En cuanto a las condenas por casos vinculados con el terrorismo, durante la primera mitad de 2026, un estudio de los activistas de Pervi Otdel y Parubets Analytics señala que se han impuesto más de 1.200, un 58% más que en el mismo periodo de 2025.

Según la organización de derechos humanos Memorial (también calificada de extremista pese a haber recibido el Premio Nobel de la Paz en 2022), como mínimo un 35% de estas sentencias tienen una motivación política. Pervi Otdel indica, no obstante, que esta es una estimación “conservadora” porque los tribunales suelen ocultar información sobre los casos. De hecho, denuncia que “la censura se está intensificando” y que casi dos tercios de los expedientes están clasificados.

“No hay ninguna duda de que 2026 será el año con el número más masivo de condenas por casos de terrorismo de toda la historia del código penal moderno”, concluyen los abogados de esta entidad.

Serguéi Davidis, responsable del proyecto de apoyo a los presos políticos de Memorial, afirma a elDiario.es que el uso por parte de las autoridades rusas de los artículos sobre extremismo y, especialmente, sobre terrorismo es “cada vez más amplio” y que constituye una parte “creciente” de las represiones políticas.

No hay ninguna duda de que 2026 será el año con el número más masivo de condenas por casos de terrorismo de toda la historia del código penal moderno

ONG de Derechos Humanos Memorial

Una tipología delictiva que ha crecido mucho a raíz del conflicto en Ucrania son los sabotajes. Estas actuaciones suelen tener como objetivo dañar objetos o instalaciones del Estado, y pueden responder a acciones de protesta voluntarias o a chantajes. Se trata, como en el caso de Kalinin, de incendios de instalaciones de la red ferroviaria, pero también de centros de reclutamiento, edificios de la administración pública o empresas vinculadas al complejo militar-industrial.

Normalmente, son intentos fallidos, pero incluso así sus autores resultan acusados de terrorismo. Davidis lamenta que sería “jurídicamente más adecuado” procesarlos por destrucción de la propiedad porque este tipo de acciones no encajan dentro de la definición de terrorismo. En cambio, reciben penas “desproporcionadamente largas” por delitos que “prácticamente no han causado ningún daño”.

De todos modos, no es necesario que alguien recurra a la violencia para que se le aplique la legislación antiterrorista. Un 29% de las condenas desde enero de 2026 han sido por justificación, propaganda o llamamientos al terrorismo.

Pervi Otdel asegura que este delito lo utilizan las fuerzas de seguridad para “presionar” a periodistas, activistas y blogueros. Por ejemplo, Yevguenia Berkovich y Svetlana Petriychuk fueron encarceladas por escribir y dirigir una obra de teatro que se consideró que justificaba el terrorismo; el sociólogo Borís Kagarlitski acabó entre rejas por un vídeo en el que analizaba la explosión del puente de Crimea; y la periodista Svetlana Prokópieva también entró en prisión por explicar en la radio las causas de un atentado contra un cuartel del FSB.

Cualquier crítica al poder puede calificarse de extremismo si existe voluntad de hacerlo, y cuanto más tiempo pasa, más ampliamente se interpreta este concepto

Serguéi Davidis — Responsable del proyecto de apoyo a los presos políticos de la ONG Memorial

Según Davidis, a fin de cuentas, “cualquier crítica al poder puede calificarse de extremismo, si existe voluntad de hacerlo, y cuanto más tiempo pasa, más ampliamente se interpreta este concepto”. De esta manera, expresar rechazo a la policía, a los funcionarios o a los diputados de Rusia Unida —el partido de Putin— puede equivaler a extremismo y, ahora cada vez más, a terrorismo.

Se trata de una tendencia que, desde su punto de vista, llega a extremos “cómicos”. Se refiere al caso de Alekséi Petrov, que en 2020 comentó una noticia en Facebook sobre la nueva vacuna rusa contra el covid sugiriendo que se la inyectaran a Vladímir Putin —no mencionó su nombre— “aunque fuera para que el virus se lo llevara”.

En enero de 2025, casi cuatro años y medio después de la publicación, el FSB lo acusó de un “llamamiento público a actividades terroristas usando Internet”. Lleva más de un año y medio en prisión preventiva y se enfrenta a hasta siete años de prisión. “Es una situación absolutamente habitual”, argumenta el activista de Memorial.

Opositores, yihadistas y prisioneros de guerra

El Kremlin también tiene un registro con más de 850 entidades y organizaciones extremistas o terroristas. Entre las terroristas figuran la Fundación Anticorrupción de Alekséi Navalni (él, pese a estar muerto, y su viuda, Yulia, también están etiquetados personalmente como terroristas) o el Comité Antibélico de Rusia, en el que participan opositores como el antiguo oligarca Mijaíl Jodorkovski, el político Vladímir Kara-Murzá o el excampeón del mundo de ajedrez Gari Kaspárov.

Estas asociaciones comparten designación con grupos yihadistas como Al Qaeda o el Estado Islámico, además de organizaciones supremacistas blancas violentas. Por el contrario, en 2025 se eliminó de la lista a los talibanes, y Rusia se convirtió en el primer país del mundo en reconocer su Gobierno en Afganistán. Quien sí continúa incluido en la base de datos es Jabhat Fateh al-Sham, el antiguo Frente al-Nusra, la organización liderada por Ahmed al-Sharaa, actual presidente de Siria, con quien Putin intenta mantener buenas relaciones. Él, sin embargo, nunca recibió la calificación de terrorista.

Un hombre lleva un año y medio en prisión provisional por bromear con Putin y la vacuna de la COVID

En cuanto a las agrupaciones extremistas, se incluyen la empresa Meta y todas sus plataformas, el “movimiento LGTBI público internacional”, el “movimiento satanista internacional” o el colectivo punk de protesta Pussy Riot.

El principal propósito de meter en el mismo saco a estas entidades y a grupos terroristas violentos es cortarles los medios de subsistencia en Rusia, condenarlos a la muerte civil y señalarlos como peligrosos ante cualquiera que quiera relacionarse con ellos.

Así se explican los cientos de casos de personas detenidas y encarceladas por hacer donaciones a la fundación de Navalni. Solo en los últimos días, un vecino alemán de San Petersburgo fue arrestado por haberles enviado 900 rublos (unos nueve euros) y en la misma ciudad una joven ha ingresado en prisión preventiva por haberles hecho llegar 2.100 rublos (unos 21 euros).

Los servicios secretos también persiguen a todo aquel que hace comentarios positivos o que financia unidades del ejército ucraniano, ya sea el batallón Azov, o unidades rusas como la Legión Libertad de Rusia o el Cuerpo de Voluntarios Rusos, que combaten junto a Ucrania. Todas ellas están incluidas en el listado del Kremlin de organizaciones terroristas.

Según Memorial, al menos un 40% de los condenados durante la primera mitad de 2026 por cargos de terrorismo son ciudadanos ucranianos. Esto incluye tanto a prisioneros de guerra como a civiles de los territorios ocupados, a quienes los investigadores rusos acusaron de colaborar o dar apoyo a Kiev.

Davidis considera “escandaloso” que se utilice “masivamente” la legislación antiterrorista contra personas “simplemente por el hecho de servir en las fuerzas armadas de su país y participar en la defensa ante una agresión”.

Estigma e intimidación

Precisamente, él mismo figura desde 2024 en la lista de terroristas y extremistas, bajo la categoría de terrorista, después de reconocer, como responsable de Memorial, que los prisioneros de guerra de Azov eran presos políticos al estar entre rejas únicamente por pertenecer a esta unidad.

En su caso, recibió una condena en ausencia a seis años de prisión porque se encuentra en la Unión Europea. La única limitación que sufre, más allá de no volver a poner los pies en Rusia, es que debe tener precaución de no viajar a ningún país que tenga tratados de extradición con Moscú.

El activista sostiene que el principal objetivo de esta deformación de las leyes contra el terrorismo es el “estigma”. Si una persona es perseguida por criticar la guerra, al ejército o a Putin, señala, todo el mundo entiende cuáles son los cargos, pero cuando se añaden estas otras etiquetas “la cuestión se vuelve mucho más difícil de descifrar y eso produce una impresión mucho más aterradora en la sociedad”.

“El sentido de las represiones no es sobre todo aislar, castigar o impedir la actividad de personas concretas, sino enviar un mensaje a la sociedad mediante su ejemplo”, explica, “aunque no hayan hecho nada o hayan sido elegidas arbitrariamente”. “Se trata de enviar a la sociedad el mensaje correcto de qué comportamiento considera correcto el Estado y cuál incorrecto, y hacer que las personas tengan miedo de ser castigadas”, añade.

Otro motivo detrás del auge de los cargos por terrorismo, según el activista de Memorial, es que implican tiempos de condena más largos. Por eso cree que las sentencias por extremismo están disminuyendo, en comparación. Además, los encarcelados por terrorismo cumplen las penas “en peores condiciones” y “son sometidos a castigos más severos”.

Davidis, sin embargo, alerta de que no hace falta acabar en una colonia penal para sufrir las consecuencias de la vinculación con el terrorismo. “Las personas incluidas en esta lista sufren fuertes restricciones de sus derechos civiles, incluso cuando están en libertad”, apunta. También advierte de que el cumplimiento de la condena no supone la exclusión del registro y, por tanto, provoca que el estigma y la intimidación persistan.

Desde su perspectiva, estas prácticas de la justicia rusa “han vaciado completamente de contenido” el concepto de terrorismo. El Estado ruso, destaca, “ha acabado perjudicándose a sí mismo” porque estas acusaciones “se toman cada vez menos en serio” por la cantidad de personas a las que se aplican.

La consecuencia de “el absurdo” de los casos, concluye Davidis, es el descrédito a ojos no solo de la Interpol o de las autoridades de otros países, sino incluso de los propios ciudadanos rusos.

Instituciones y familiares han rendido este lunes homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en la Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona). En un acto sobrio, sin discursos políticos, se ha recordado a los 16 fallecidos en los ataques de la célula terrorista.

Tras finalizar el homenaje, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga se ha encarado con un grupo de manifestantes independentistas que había acudido al acto con pancartas en las que se podía leer 'Estado asesino', 'Basta de verdugos' y 'Estado español cómplice'.

El encontronazo se ha producido cuando Garriga se ha dirigido hacia los manifestantes que le habían increpado con gritos mientras atendía a los medios de comunicación. Garriga se ha acercado y les ha reprochado una actitud “irrespetuosa” mientras estos le han acusado de “provocador”. Los Mossos d'Esquadra han intervenido para separar ambas partes y Garriga ha acabado marchándose.

En un mensaje posterior difundido por Vox, Garriga ha indicado que se ha dirigido a los independentistas para reprocharles una actitud que considera “profundamente irrespetuosa” con las víctimas y con el carácter que debería acompañar un homenaje.

El homenaje no se ha podido celebrar en la Rambla porque está en obras y se ha trasladado a la plaza Sant Jaume. El acto ha expresado el apoyo a las víctimas y sus familiares, en “un recuerdo triste y doloroso que forma parte de nuestra memoria colectiva”, según ha expresado, la poetisa Fatima Saheb,

Las autoridades han querido acompañar físicamente, pero en silencio, a las familias de las víctimas. Al acto han asistido el presidente del Parlament, Josep Rull; la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; además de representantes municipales y policiales.

“La memoria no es solo recordar lo que pasó, sino decidir cómo cuidarnos, acompañarnos y seguir caminando juntos”, ha aseverado Saheb, que ha enfatizado la importancia de “la vida, la convivencia y el respeto”.

Antes del minuto de silencio con el que se ha cerrado el homenaje, la actriz Marta Bayarri ha leído el poema de Miquel Martí i Pol Parlem de tu mientras que los cantantes Jofre Bardagí y Ana Fernández han interpretado Compta amb mi, del grupo musical Txarango.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, que no ha acudido al acto de homenaje, ha expresado a través de X su apoyo a las víctimas y a sus familiares. “No olvidamos. Ante el odio y la barbarie, más convivencia, más democracia y más paz”, ha agregado.

El homenaje a las víctimas de los atentados llega a las puertas de un nuevo curso político marcado por los comicios municipales de mayo del año que viene. En Catalunya, el ciclo electoral estará marcado por el auge que todas las encuestas pronostican a la extrema derecha independentista de Aliança Catalunya, formación nacida en Ripoll y que aprovechó políticamente que la célula terrorista de los ataques se formara en esta ciudad.

L'Ajuntament de Calvià (Mallorca) ha retut homenatge aquest dijous als guàrdies civils Diego Salvà Lezaun i Carlos Sáenz de Tejada, assassinats per ETA fa 17 anys a Palmanova en el que va ser el darrer atemptat mortal comès per l'organització terrorista a Espanya. L'acte s'ha celebrat al costat del nou monument commemoratiu instal·lat a la localitat mallorquina.

La cerimònia ha estat marcada per les paraules de Montse Lezaun, mare de Diego Salvà, que ha assegurat que “cap mare hauria de sobreviure al seu fill” i ha defensat que els terroristes “no han pogut esborrar en Diego ni en Carlos”. També ha afirmat que continuarà assistint a aquest homenatge mentre tingui forces i fins que tots els responsables de l'atemptat responguin davant la Justícia.

Abans de l'inici de l'acte, els assistents han dipositat rams de flors al costat del monument, una escultura dissenyada i cedida per l'artista calvianer Carlos Terroba. La peça, de 110 centímetres d'alçada i uns 207 quilos de pes, incorpora un sistema d'il·luminació interior en tons verds que evoca l'uniforme de la Guàrdia Civil i pretén convertir l'espai en un lloc de record i de recolliment.

Durant la seva intervenció, el batle de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha subratllat que l'homenatge no només serveix per recordar els dos agents, sinó també per reclamar que no s'afluixi “ni un àpex” en la recerca, captura i càstig dels responsables de l'atemptat. Així mateix, ha agraït la tasca que du a terme la Guàrdia Civil tant al municipi com al conjunt del país i n'ha destacat la intervenció en els recents incendis forestals.

A l'acte hi han assistit, entre altres autoritats, el president del Parlament, Gabriel Le Senne; el delegat del Govern a Balears, Alfonso Rodríguez; el cap de la Guàrdia Civil a les Illes Balears, el general de Brigada Alejandro Hernández; familiars de les víctimes, i representants de diverses institucions, cossos de seguretat i entitats de la societat civil.

El 30 de juliol de 2009, ETA va fer esclatar un cotxe bomba carregat amb uns 60 quilos d'explosius davant el quarter de la Guàrdia Civil de Palmanova. L'explosió va causar la mort de Diego Salvà, de 27 anys, i Carlos Sáenz de Tejada, de 28, i va deixar diversos ferits.

El crim de Palmanova va ser el darrer assassinat perpetrat per ETA a Espanya. El 16 de març de 2010, la banda va matar a Dammarie-lès-Lys (França) el brigadier de la Policia francesa Jean-Serge Nérin durant un tiroteig després del robatori d'uns vehicles. El 2011, l'organització va anunciar el cessament definitiu de la seva activitat armada i, anys més tard, la seva dissolució.

La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, també ha recordat els dos guàrdies civils a través d'un missatge a les xarxes socials. “Tal dia com avui, fa 17 anys, Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada van ser assassinats per ETA a Palmanova. Continuen presents en la nostra memòria, i el seu record ens manté ferms en la defensa de la democràcia, la concòrdia i el diàleg. La meva abraçada més sentida als seus”, ha escrit.

Des de la Conselleria de Presidència, Coordinació i Cooperació, la responsable de la qual, Antònia Estarellas, ha estat present a l'acte d'homenatge, també han dedicat unes paraules en record dels qui “van perdre la vida a mans del terrorisme”. “Avui els hem recordat amb emoció i respecte, en homenatge a la seva valentia i al seu llegat. El seu record continua ben viu. Tot el nostre respecte a les seves famílies i companys”, han assenyalat.

El Ayuntamiento de Calvià (Mallorca) ha rendido homenaje este jueves a los guardias civiles Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada, asesinados por ETA hace 17 años en Palmanova en el que fue el último atentado mortal cometido por la organización terrorista. El acto se ha celebrado junto al nuevo monumento conmemorativo instalado en la localidad mallorquina.

La ceremonia ha estado marcada por las palabras de Montse Lezaun, madre de Diego Salvá, quien ha manifestado que “ninguna madre debería sobrevivir a su hijo” y ha defendido que los terroristas “no han podido borrar a Diego ni a Carlos”. También ha afirmado que continuará asistiendo a este homenaje mientras tenga fuerzas y hasta que todos los responsables del atentado respondan ante la Justicia.

Antes del inicio del acto, los asistentes han depositado ramos de flores junto al monumento, una escultura diseñada y cedida por el artista calvianer Carlos Terroba. La pieza, de 110 centímetros de altura y unos 207 kilos de peso, incorpora un sistema de iluminación interior en tonos verdes que evoca el uniforme de la Guardia Civil y pretende convertir el espacio en un lugar de recuerdo y recogimiento.

Durante su intervención, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha subrayado que el homenaje no solo sirve para recordar a los dos agentes, sino también para reclamar que no se afloje “ni un ápice” en la búsqueda, captura y castigo de los responsables del atentado. Asimismo, ha agradecido la labor que desempeña la Guardia Civil tanto en el municipio como en el conjunto del país y destacó su intervención en los recientes incendios forestales.

Al acto asistieron, entre otras autoridades, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez; el jefe de la Guardia Civil en el archipiélago, el general de Brigada Alejandro Hernández, familiares de las víctimas y representantes de distintas instituciones, cuerpos de seguridad y entidades de la sociedad civil.

El 30 de julio de 2009, ETA hizo estallar un coche bomba cargado con unos 60 kilos de explosivos frente al cuartel de la Guardia Civil de Palmanova. La explosión causó la muerte de Diego Salvá, de 27 años, y Sáenz de Tejada, de 28, y dejó varios heridos.

El crimen de Palmanova fue el último asesinato perpetrado por ETA en España. El 16 de marzo de 2010, la banda mató en Dammarie-lès-Lys (Francia) al brigadier de la Policía francesa Jean-Serge Nérin durante un tiroteo tras el robo de unos vehículos. En 2011, la organización anunció el cese definitivo de su actividad armada y, años más tarde, su disolución.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también ha recordado a los dos guardias civiles a través de un mensaje en sus redes sociales. “Tal día como hoy, hace 17 años, Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada fueron asesinados por ETA en Palmanova. Siguen presentes en nuestra memoria, y su recuerdo nos mantiene firmes en la defensa de la democracia, la concordia y el diálogo. Mi abrazo más sentido a los suyos”, ha escrito.

Desde la Conselleria de Presidencia, Coordinación y Cooperación, cuya responsable, Antònia Estarellas, ha estado presente en el acto de homenaje, también han dedicado unas palabras en recuerdo de quienes “perdieron la vida a manos del terrorismo”. “Hoy les hemos recordado con emoción y respeto, en homenaje a su valentía y a su legado. Su recuerdo continúa bien vivo. Todo nuestro respeto a sus familias y compañeros”.

La RAE llama nostalgia a la pena de verse ausente de la patria, de deudos o de amigos. También ofrece una segunda interpretación que es la que mejor se acerca a la idea que pretendo transmitir: “tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida”. Tristeza, melancolía, dicha perdida…, todo parece remitir a un pasado del que se desea irremediablemente su retorno. Un tiempo anterior, olvidado en sus defectos y mitificado en sus virtudes. Así debían recordarlo ciertos energúmenos que han originado los sucesos lamentables en el pre y pospartido de la final del Mundial de fútbol ganado por la selección española.

Diversos altercados, protagonizados por una minoría de violentos, empeñados en imponer una única versión de forma de vida, han oscurecido lo que pretendía ser una fiesta deportiva. Bilbao, Vitoria, Donostia o Berriozar han adquirido protagonismo al ver cómo sus calles eran nuevamente objeto de disturbios brutales, de agresiones hacia personas que por su indumentaria o su ubicación frente a una pantalla pública mostraban intereses distintos a los de los manifestantes.

El objetivo de los agresores estaba claro, excluir de estos lugares cualquier atisbo de identificación con unos colores odiados desde su más tierna infancia, eliminar de la vía pública toda referencia a la simbología española, amedrentar a quien hubiera decidido mostrar interés por disfrutar de una noche de espectáculo futbolístico.

Con estos comportamientos reproducían imágenes de triste recuerdo para cualquier vasco con más de tres décadas de vida. La imposición por la fuerza, el desprecio en sus cánticos, el matonismo en sus gestos, todo nos obliga a volver la vista atrás, a esos años que creíamos olvidados de forma definitiva. No lo pueden permitir; la calle siempre deberá ser suya, sus proclamas, las únicas permitidas. Son incapaces de entender un presente que no les satisface y buscan un futuro inalcanzable. Son nostálgicos de un pasado al que se niegan a renunciar, en la confianza de que su violencia y forma de ver el mundo sea la que acabe imponiéndose.

Sin embargo, no han entendido que la sociedad vasca, al margen de los sentimientos identitarios de cada cual, hace tiempo que decidió girar hacia otro lado; hace años que —aunque sin demasiada autocrítica— confió en seguir avanzando en democracia, en el diálogo, en la confrontación pacífica de ideas. Y, para ello, desterró la violencia como método de persuasión, la imposición como mecánica política. Cada vez aparecen más personas dispuestas a frenar este tipo de actuaciones agresivas, aunque tenga que ser con un abanico como arma defensiva. Cada vez hay más clamor para criticar abiertamente a quien se arma de violencia. Cada vez el rechazo hacia estos nostálgicos es más visible.

Raúl Guerra Garrido, novelista que sufrió el rechazo violento del nacionalismo vasco radical, recordado recientemente en una exposición del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo titulada 'Narrar la herida. Las víctimas de ETA en la Literatura', valoraba seguir siendo uno mismo, aunque fuese lo más peligroso. Eran otros tiempos, donde el heroísmo de unos/as pocos/as en su enfrentamiento con el terror etarra produjo consecuencias letales que sirvieron para anestesiar durante muchas décadas a toda una sociedad como la vasca. Resistir era una temeridad, sólo al alcance de quienes pusieron sus ideales por delante de sus propias vidas. Ahora no se trata de resistir, sino de convencer con argumentos democráticos; se trata de demostrar que una convivencia en paz sólo se logra desde el respeto máximo a ideologías y creencias y no desde la imposición.

A ese mundo desquiciado, de silencios cómplices y miedos exacerbados, pretenden llevarnos unos indeseables nostálgicos, exultantes de violencia y raquíticos de razón. Habrá que decirles alto y claro que ese no es el camino para exponer sus razonamientos y que el convencimiento viene de la razón y no de la coacción. Y por si aún no bastasen tales argumentos, explicarles que la anomalía que rodeaba a Bill Murray, obligado un día tras otro a realizar los mismos actos, en la película 'Atrapado en el tiempo', fue consecuencia de una tormenta de nieve, de un extraño fenómeno meteorológico y no de un premeditado plan identitario para salvarnos a todos/as.

También lo deja perfectamente nítido Jeanne Moreau, la inolvidable Catherine objeto de disputa de 'Jules et Jim', de F. Truffaut: “La nostalgia es cuando deseas que las cosas permanezcan siempre igual”. Ni los deseos son axiomas indemostrables, ni Euskadi sigue en los años del plomo.

El juez de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), José Luis Castro, ha revocado la concesión por parte de las Prisiones vascas, gestionadas por el Gobierno autonómico, de la semilibertad a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Oskar Zelarain. En ambos casos, las resoluciones del 16 de julio atienden los recursos de la Fiscalía y estiman que es prematuro un salto a tercer grado cuando aún no se han comprobado los efectos de la flexibilización del segundo grado en aplicación del ya popular artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

El Gobierno vasco, que ahora no hace comentarios y que siempre se ha escudado en que opera dentro de la legalidad penitenciaria, concedió a Olarra Guridi el tercer grado en mayo. Está condenado por delitos de “asesinato, homicidio y estragos” y su condena efectiva no expira hasta 2036. Según la asociación de víctimas Covite, este exjefe de ETA acumulaba una pena de 2007 a 1.253 años por un atentado con seis militares fallecidos en Madrid y otra de 1.000 años por una explosión con 95 heridos.

La resolución judicial concede que “se observa una evolución positiva del penado”, aunque “no resulta por sí sola suficiente” en casos de “delitos de terrorismo de extrema gravedad”. El juez Castro pide que se “consoliden” en los “factores positivos” que se aprecian con los permisos del 100.2 antes de concederle la progresión de grado hacia la semilibertad.

En el caso de Oskar Celarain, el acuerdo del tercer grado ahora revocado es de junio. Acumula siete penas diferentes de prisión que alcanzan los 964 años y tres meses, 30 de cumplimiento efectivo. Asesinó al concejal de UPN en Leitza José Javier Múgica, y en Santa Pola, a la niña de seis años Silvia Martínez y al jubilado Cecilio Gallego en el contexto de un atentado contra la Guardia Civil. Está condenado también por 51 intentos de asesinato adicionales por estos mismos hechos.

La fecha de licenciamiento prevista es 2032. Sobre él pesan responsabilidades civiles que suman 13,6 millones de euros. Empezó a afrontarlas en 2024, a razón de 40 euros mensuales, 960 en el momento de la concesión de la semilibertad. Las Prisiones vascas consideraron que ha hecho una “asunción correcta de la normativa institucional” y un “buen uso” de los permisos que ya ha tenido. Dispone de una oferta laboral en Hernani e incluso ha escrito una carta asumiendo su responsabilidad. La misiva es de 2022.

“He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mi actividad en ETA y he llegado a la conclusión de que la violencia no tuvo que producirse en ningún caso”, relata en castellano y a mano, citando por su nombre a las tres víctimas acreditadas. “Tengo que asumir personalmente la responsabilidad de estas pérdidas. Siento y lamento lo ocurrido y, en este sentido, quiero expresar todo mi respeto y comprensión para con el dolor de los familiares de las víctimas. Quiero mostrar aquí mi compromiso para dar los pasos necesarios en el sentido de mitigar el daño ocasionado y avanzar en la convivencia”, agrega. El preso ha mantenido también “interacción directa” con víctimas de ETA dentro de los programas de justicia restaurativa.

La Fiscalía recurrió al entender que no se había acreditado la eficacia de la flexibilización del segundo grado. En un período de “tres o cuatro meses” no es posible ver la “evolución” del penado y ha de imperar un criterio de “prudencia” por la gravedad de sus delitos.

Este jueves, 23 de julio, se cumplen cincuenta años de la desaparición del dirigente de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergareche, más conocido como 'Pertur'. No hay certezas todavía de la autoría de su muerte, aunque el entorno de 'Pertur' tiene fundadas sospechas de que fue la propia organización, como traslada quien fuera su novia en 1976, Lourdes Auzmendi. Aún hoy, sigue clamando justicia medio siglo después. “Asesinar, en este país, ha salido muy, muy barato para la inmensa mayoría de la gente”, sentencia sobre Francisco Mujika Garmendia, alias 'Pakito' y una de las últimas personas en verlo. Por el contrario, un informe hecho público coincidiendo con el aniversario por el denominado Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (conocido por las siglas GEB) ofrece la “conclusión unívoca” de que “sólo los servicios secretos [de España] tenían la capacidad de organizar con tanta eficacia y precisión” la desaparición.

El caso de 'Pertur' es un hecho trascendental para entender la evolución de ETA en la transición de la dictadura al franquismo. La organización nació en 1959 y en 1974 se escindió. Por un lado, la rama militar, la que duró hasta su disolución en 2018; por otro lado, la político-militar, la que más estructura tenía a la muerte del dictador Francisco Franco.

Moreno Bergareche, más marxista e incluso revolucionario que nacionalista vasco, ejercía de ideólogo y trabajaba en una ponencia llamada 'Otsagabia' que pretendía ir relegando la “lucha armada” para apostar por las vías exclusivamente políticas. Es el germen del partido EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia), de la posterior EE (Euskadiko Ezkerra) y de la entrega de armas por parte de los conocidos como 'polimilis' en 1982. EE acabó fusionada con la federación vasca del PSOE, que sigue llamándose PSE-EE y que continúa empleando en las reuniones de su comité nacional el término Biltzar Ttipia, como se ha visto esta misma semana.

“A Eduardo lo conocí en 1974. Siempre fue una persona muy vital, muy alegre. Amigo de sus amigos. Leal. Y con muchas inquietudes intelectuales y políticas. Era un gran lector. Desde muy niño pudo escuchar conversaciones políticas, incluso del propio Pío Baroja en casa de su tía. Se había criado en ese ambiente. Y entró en ETA. Lo hizo en 1972”, explica Auzmendi, que atiende a este periódico durante más de una hora para destripar las últimas horas de 'Pertur', que tenía apenas 26 años en 1976. Según Auzmendi, también militante de aquella ETA, Moreno Bergareche se sentía “cómodo” en el “frente político”. Una de sus “pasiones” era la formación ideológica de quienes entraban a la organización, primero en Donostia, de donde era natural, y después en Francia, donde se exilió. Su mote, 'Pertur', no era un nombre de guerra, sino un apelativo cariñoso del dueño de un bar de Moreno Bergareche hacía pequeños sainetes. 'Pertur', de perturbado.

—Evidentemente, ocurrió lo que ocurrió en 1976. Pero tampoco hay que blanquear a aquella ETA, ¿no?

—Simplemente digo lo que hay sin intentar blanquear en absoluto. Es la historia de ETA y hay que situarlo en un contexto. ¿Qué otras alternativas nos dejaba el franquismo para combatirlo? Es verdad que hubo mucha gente que lo combatió y que trabajó muy duro sin entrar en una organización armada. Eso es así. Pero creo que no se puede equiparar toda la historia de ETA como muchas veces pasa. Hay condicionantes. ¿Por qué nos adheríamos a ese movimiento? Porque la situación era terrible.

En 1975, ETA político-militar sufrió un fuerte golpe policial. El infiltrado Mikel Lejarza, conocido como 'El Lobo', permitió la detención de más de un centenar de sus miembros. “Supuso un palo terrible para la organización”, concede Auzmendi. Y añade que, entre quienes se quedaron, había muchos que “perfectamente” podían haber sido de ETA militar porque no entendían la necesidad de “trabajar en el ámbito cultural, estudiantil o en el mundo obrero”. “Esa gente terminó creando una estructura absolutamente paralela dentro de ETA político-militar, los 'bereziak' [comandos especiales]. Lo único que les interesaba era la práctica de la violencia. Es lo que demostraron con el secuestro de Ángel Berazadi”, expone.

Explica Covite en su diccionario biográfico de todas las víctimas de ETA que Berazadi, euskaldun de 58 años y gerente de la empresa Sigma de Elgoibar, la de las máquinas de coser, “fue secuestrado la tarde del 18 de marzo de 1976 a la salida de su empresa”. “A cambio de su liberación, la banda terrorista pidió un rescate de 200 millones de pesetas. Berazadi fue retenido durante veinte días en el caserío Ipiola, en Itziar, por los comandos 'bereziak' de ETA político-militar [...]. Pese a los intentos de la familia por pagar a cambio de la liberación del industrial con la ayuda del PNV, partido al que Berazadi era muy cercano, no llegaron a conseguir la cantidad exigida por ETA y el 8 de abril de 1976, tras veinte días de cautiverio, el cadáver de Berazadi apareció en una cuneta [...] boca arriba, con los ojos cubiertos por unas gafas de soldador y un tiro en la nuca”, relata Covite. Fue el primer secuestro que acababa así en la historia de ETA.

En ese tiempo, 'Pertur' ya trabajaba en su ponencia política. “Muerto Franco, empieza a trabajar en su cabeza la idea de que, cuando se produjese el cambio en España, había que estar preparados y que ETA político-militar tenía que ser parte activa de la lucha para recuperar la democracia y las libertades. Entendía que eso no se podía hacer, desde luego, utilizando simplemente la vía armada. Tenía mucha inquietud con ese tema. Mantuvo contactos con buena parte de representantes de la sociedad vasca, con movimientos culturales o estudiantiles, por ejemplo. Con los gérmenes de los sindicatos también. Y se pone a escribir”, expone Auzmendi.

Después del asesinato de Berazadi, ETA político-militar celebró una “preasamblea”. Era abril de 1976. Juan Carlos I ya era jefe del Estado pero Adolfo Suárez aún no era presidente del Gobierno. En Vitoria, la represión se cobró la vida de cinco trabajadores en el barrio de Zaramaga el 3 de marzo. Antes de esa reunión, que tuvo lugar en Iparralde, sus propios compañeros de organización retuvieron a 'Pertur' durante “dos días en un armario”. Una militante 'legal' (no fichada por la Policía) trasladó a Auzmendi, quien no acudió en aquel encuentro, que se preguntó por Moreno Bergareche a la dirección. “Lo tenemos nosotros”, contestaron. Se llegó a votar si lo soltaban o no, y “por 33 votos a 30”, siempre según Auzmendi, decidieron incorporarlo a la asamblea.

—¿Fue un aviso?

—Sin ninguna duda. Lo que no hicieron entonces lo terminaron haciendo el 23 de julio.

Auzmendi, unos doce días antes de la desaparición, recibió una carta de su pareja. “Esos bestias han creado un clima tal en la organización que ETA no es un colectivo revolucionario, sino un Estado-policía, donde cada uno sospecha del vecino y éste del otro. Este clima influye no a todos por igual (existen auténticos histéricos que no ven sino conspiraciones por todos lados). En ese sentido, te digo que no estoy bien, en el sentido de que he de zafarme de la mentira, etc. De esta dinámica que tiende a eliminar rivales políticos, no por medio del debate político, sino a través de sucias maniobras en nombre de la disciplina, la seguridad, etc”, planteaba.

El 23 de julio era viernes. La desaparición incluye un Renault 5 azul de tres puertas. Al parecer, 'Pertur' salió de su casa en San Juan de Luz hacia las 9.00 horas. Y, sobre las 10.00 horas, se encontró fortuitamente con 'Pakito' y con 'Apala', Miguel Ángel Apalategi. Supuestamente, quiso ir a Behobia y a ellos les venía bien, porque iban a Hendaya. Supuestamente, a las 11.30 horas lo dejaron cerca de la frontera hispanofrancesa.

Al día siguiente, según recoge el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, del Memorial de Víctimas del Terrorismo del Gobierno de España, con sede en Vitoria, la organización convocó una rueda de prensa: “Podemos afirmar con plena seguridad que Pertur ha sido secuestrado por terroristas al servicio de la Policía española en territorio francés”. Su entorno, entretanto, denunció la desaparición a la Policía francesa. Fernández Soldevilla apunta a que las hipótesis comenzaron pronto, incluidas diferentes reivindicaciones de grupos parapoliciales ultraderechistas. Se llegó a hablar hasta de neofascistas italianos. Hubo teorías que llegaron a señalar al PNV, partido próximo a Berazadi, siempre según este investigador. En el entretanto, emergen dos supuestos testigos, uno apodado 'Trotski'.

Pero las pesquisas no condujeron a nada. Tampoco la investigación reabierta en 2008 en la Audiencia Nacional por el juez Fernando Andréu. 'Pakito', de su lado, saltó a ETA militar, donde acabó como una de sus máximas referencias. Se le imputan 22 atentados que causaron 37 fallecidos. El terrorista llegó a recibir una pena de 2.354 años teóricos de cárcel por el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, de 1987, que dejó once asesinados -seis de ellos niños- y 88 heridos.

Adelantemos diez años el calendario para ofrecer, como contexto, otro suceso clave en la historia de ETA. En 1986, Dolores González Catarain, conocida como 'Yoyes', también escribió una carta, como 'Pertur' una década antes. “No quiero actuar en apoyo de una lucha que ha degenerado en algo terrible, dictatorial y mítico, contrario a mis valores y sentires más profundos y constantes en mi trayectoria”, plasmó sobre la única ETA que seguía activa, la militar. 'Yoyes' era de Ordizia, como 'Pakito'.

Y fue ejecutada a plena luz del día en una feria en presencia de su hijo, un niño que estaba montado en un tractor. “Años después, en 1991, 'Kubati' [José Antonio López Ruiz] relató al juez que se acercó a María Dolores y le preguntó: ‘¿Tú eres Yoyes?’. Ella respondió afirmativamente y él, pistola en mano, le dijo: ‘¿Sabes quién soy yo? Soy de ETA y vengo a ejecutarte’”, expone Covite sobre este crimen.

—Es un episodio casi mimético.

—Yo conocía también a 'Yoyes'. Estuve con ella en San Sebastián muy poco antes de que la asesinaran. Sabía en su fuero interno que la estaban buscando. Sabía que le podía pasar cualquier cosa. Tenía pendiente con ella una conversación. Necesitaba preguntarle si ella en ETA militar alguna vez había oído algo de 'Pertur'.

Volviendo a 1976, en septiembre, dos meses después de la desaparición de 'Pertur', se celebró la asamblea que discutió la ponencia 'Otsagabia' en la que trabajaba 'Pertur'. “Se dijeron barbaridades. Verdaderas barbaridades. Como que estaba bien muerto. Delante de todo el mundo. Delante de mí. Abandoné la sala. No lo soportaba”, rememora Auzmendi. Con ella salieron dos dirigentes de ETA militar, Domingo Iturbe Abasolo, 'Txomin', y José Miguel Beñarán, 'Argala', que acabó asesinado por el Batallón Vasco Español. Estaban allí como observadores, como invitados.

—Habló con ellos.

—Sí, estando ya fuera, se me acercó 'Txomin'. Y me dijo: 'No tenemos ninguna duda de que fueron ellos los que lo hicieron desaparecer'.

Cuenta Auzmendi que otro testigo escuchó a 'Apala' decir en su estancia como huido en países del Caribe un “lo matamos nosotros, lo metimos en un bidón y lo tiramos al mar”. Dice el informe de GEB que es “un malintencionado bulo”, una mala “interpretación” de la pareja de 'Pertur' que no se confirmó en la investigación judicial de 2008. A ella le duelen mucho esas teorías alternativas. “Te juro que hay cosas de una crueldad que es increíble”, lamenta.

En estos años, se han seguido pistas falsas, como un panteón en Francia y otro enterramiento en Burgos. No hay cadáver y, ahora mismo, no hay ninguna pista nueva. Según el documento de GEB, que alimenta la tesis de la guerra sucia, “los 'bereziak' no ocultaron la responsabilidad de su retención por razones de indisciplina” en abril de 1976, pero “trajeron a 'Pertur' de vuelta en cuanto recibieron un mandato directo de la asamblea”. Y, sobre la carta poco antes de morir, argumentan que “no es indicativo de que sospechase que podían matarlo”. Este trabajo sostiene que las relaciones entre los diferentes sectores de ETA político-militar eran tan malas que cuando 'Pakito' y otros saltaron a ETA militar fueron “deshumanizados” [sic] y “caricaturizados”, con el ánimo de “alentar su posible implicación en una vendetta dentro de la organización”.

'Pakito' salió de la cárcel en 2020. Auzmendi ha intentado contactar con su entorno para conocer su verdad. Es muy dura con él. “Se ha aprovechado de las circunstancias que le ha brindado la democracia contra la que intentó combatir todo lo que pudo. La verdad, asesinar, en este país, ha salido muy, muy barato para la inmensa mayoría de la gente”, denuncia.

Auzmendi, en 2009, se convirtió en viceconsejera de Política Lingüística en el Gobierno del primer lehendakari no nacionalista vasco en la historia, el de Patxi López. Al PSE-EE le apoyó el PP para alcanzar el poder. En aquel momento, ETA lanzó una amenaza general contra todo el Ejecutivo. Eran otros tiempos. Muchos ex de la antigua Euskadi Ezkerra asumieron cargos de responsabilidad, aunque Auzmendi aclara que ella nunca estuvo afiliada a los socialistas. “No fue fácil por el boicoteo que tuvimos. Y yo, con la política lingüística, más aún”, sostiene de aquella legislatura, que acabó en 2012, ya con la banda terrorista fuera de la ecuación. Ahora sigue vinculada a su euskera. Es presidenta de UZEI, Terminologia eta Lexikografia Zentroa.

—¿Cuál cree que fue el legado de 'Pertur'?

—Hay una figura muy importante. Todos tenemos una deuda con Mario Onaindia. Con él sí terminó el ciclo político de Eduardo. Mario negoció el abandonó de la lucha armada por parte de ETA político-militar. Eso sí que fue el cierre propuesto por Eduardo. Estoy convencidísima de que esto ahorró a este país mucho dolor. Si ETA político-militar hubiese seguido con la lucha armada, habríamos tenido dos organizaciones cometiendo asesinatos en plena democracia.

La conjura de togas contra la ley de amnistía comenzó en España meses antes de que el proyecto de la norma se registrase para su tramitación en el Congreso y continuó mucho después con intensidad creciente. El acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el otoño de 2023 para aprobar en un plazo breve la ley de amnistía desencadenó la rebelión de los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial. Pedro Sánchez necesitaba los siete votos de la formación independentista para garantizar su investidura tras quedarse muy lejos de la mayoría absoluta en las elecciones de julio de 2023. Aunque su Gobierno rechazó meses antes una Ley de Amnistía por “inconstitucional”, el líder socialista hizo “de la necesidad virtud”, según sus propias palabras, para mantenerse en el poder.

Cientos de togados salieron a protestar a las puertas de algunos juzgados, incumpliendo la Ley del Poder Judicial que castiga como falta grave la “censura a las autoridades y poderes públicos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía competencias para castigar esas conductas, miró para otro lado. La derecha judicial seguía dominando el órgano de Gobierno de los Jueces porque el PP bloqueaba su renovación desde diciembre de 2018.

La asociación mayoritaria de jueces y el fin de la democracia

Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades aprobaron comunicados muy críticos contra la futura norma. Estos órganos estaban dominados por jueces pertenecientes a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera. Dos semanas antes de que el texto de la proposición de Ley de Amnistía se hiciera público, la APM sacó un comunicado donde anunciaba el apocalipsis si los planes del Ejecutivo se hacían realidad: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”. Dos años después de aquel manifiesto de la derecha judicial, la Ley de Amnistía sigue vigente, como las reglas de la Constitución de 1978 y el Estado de derecho.

Jueces de tendencia progresista, minoritarios en la carrera, se atrevieron a protestar contra las protestas: “No tenemos competencia para emitir acuerdos sobre pactos entre formaciones políticas y estamos obligados a mantener la neutralidad en el debate partidista”. Nadie les hizo caso.

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, elegido a propuesta del PP, no entendía el papel de algunos jueces en aquella cruzada contra la Ley de Amnistía y censuró que sus compañeros vocales conservadores propusieran un comunicado contra la norma: “Entiendo que la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política”. Nadie le hizo caso.

El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya instruían causas con decenas de independentistas imputados a los que deberían aplicar la Ley de amnistía cuando se aprobase. Todos ellos anunciaron que impugnarían la futura Ley ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hicieron, pero fracasaron con estrépito.

Maniobras judiciales para imputar terrorismo a Puigdemont

El magistrado Manuel García Castellón, ya jubilado, instruía desde 2019 una causa relacionada con las protestas independentistas, el caso Tsunami Democratic. Aunque durante cuatro años la investigación apenas avanzaba, la tramitación de la Ley de Amnistía despertó al instructor, quien comenzó a dictar resoluciones para torpedear la futura norma que se tramitaba en las Cortes. En noviembre de 2023, envió una exposición razonada al Supremo, que incumplía los principales requisitos establecidos por la jurisprudencia de ese tribunal, para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de terrorismo.

Los indicios que García-Castellón envió al Supremo ―una reunión en Ginebra sin conocer su contenido, dos conversaciones de WhatsApp donde se cita al expresidente y un intercambio de mensajes donde Puigdemont expresa su temor a que haya muertos en los disturbios― fueron despreciados como inverosímiles por el fiscal encargado de esa causa en la Audiencia Nacional. Pero muchos de sus compañeros en el Supremo, fiscales conservadores mayoritariamente, no tuvieron en cuenta su criterio y plantaron cara al Fiscal General del Estado para que se apoyase la imputación por terrorismo a Puigdemont. Fracasaron.

El Tribunal Supremo, con el informe en contra de la Fiscalía, admitió la exposición razonada e imputó a Puigdemont por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la Ley pactada con Junts. Un fallecido por infarto en el aeropuerto del Prat durante una protesta ciudadana contra la sentencia del Procés servía entonces a García Castellón para construir la nueva causa contra el expresidente catalán. El Tribunal Supremo, dominado por magistrados conservadores, aceptó sin rechistar. Pero aquellas maniobras judiciales se frustraron por culpa de los errores detectados en la instrucción de García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación. La causa fue anulada. El intento, con la inestimable colaboración de los magistrados del Supremo, fue inútil.

Las diligencias del magistrado García Castellón no se detuvieron ahí. Aprovechando el recurso de un imputado, escribió un párrafo para establecer que los delitos que investigaba – los daños ocasionados por manifestantes independentistas a dos policías antidisturbios- eran los pertenecientes a la categoría de no amnistiables en la Ley que se tramitaba en el Congreso. El párrafo en cuestión era una copia literal de una de las enmiendas que se había registrado en el parlamento.

Pieza separada por alta traición contra el expresidente catalán

Mientras García Castellón trabajaba desde la Audiencia Nacional contra la Ley de Amnistía, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se afanaba con un objetivo parecido aprovechando el caso de la denominada trama rusa del proceso independentista que investigaba desde hacía seis años.

Aunque la Audiencia de Barcelona le había ordenado poner fin a la instrucción, el juez Joaquín Aguirre decidió abrir una pieza separada para investigar un posible delito de alta traición cometido por el expresidente Carles Puigdemont. Ese delito figuraba en la categoría de los no amnistiables por la futura norma.

Jurisprudencia creativa del Supremo contra líderes del Procés

La aprobación de la Ley de Amnistía el 30 de mayo de 2024 por 177 votos a favor y 172 en contra desencadenó un nuevo movimiento del Tribunal Supremo para evitar su aplicación a los principales dirigentes del proceso independentista: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Para conseguirlo, el Supremo tiró de jurisprudencia creativa. Los legisladores habían escrito que eran amnistiables los delitos de malversación cometidos en el Procés -la utilización de dinero público para los gastos del referéndum- siempre que sus responsables, altos cargos de la Generalitat de Catalunya, no hubieran tenido “un propósito de enriquecimiento, es decir, de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan. Carles Puigdemont, huido de la justicia, no puede regresar a España hasta que el Constitucional resuelva su recurso contra la decisión del Supremo sobre la malversación que cometió. Oriol Junqueras no puede presentarse a las elecciones. Aunque fue indultado parcialmente, mantiene la pena de inhabilitación por malversación. La Fiscalía rebatió, sin éxito, el argumento principal de los magistrados: “Los condenados destinaron la totalidad de los fondos públicos malversados al referéndum de secesión [y] su patrimonio no experimentó incremento alguno como consecuencia de la malversación”. Los magistrados conservadores no hicieron caso.

Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya aplicaron la Ley de Amnistía a un exconseller, Miquel Buch, condenado por malversación. Esa sentencia consideró que Buch no tuvo ningún beneficio patrimonial por malversar fondos para impulsar el proceso independentista.

La conjura de la derecha judicial en España contra la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya ha fracasado. El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, el belga Koens Lennaert, lo contó así. “El Derecho de la Unión no se opone a la ley que concede la amnistía (…) su objetivo es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”.

La ciudad de Logroño ha recordado a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo noveno aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Una efeméride aún más especial, ya que el edil de Ermua contaba con 29 años cuando los 'etarras' lo secuestraron y mataron.

El acto que ha contado con un minuto de silencio y una entrega floral en memoria del concejal de Ermua en el que se ha indicado que “es nuestro deber defender la verdad de lo que ocurrió. ETA fue una organización terrorista que durante más de 50 años asesinó, secuestró, extorsionó y persiguió a quienes pensaban diferente”.

El tradicional homenaje, organizado por el Ayuntamiento de Logroño, ha tenido lugar en el monumento en Memoria de las Víctimas del terrorismo, en el Paseo del Espolón. Al mismo han acudido numerosas autoridades regionales y locales, entre los que han destacado el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el obispo de La Rioja, Santos Montoya, que al final del misma ha pedido por las víctimas del terrorismo.

Escobar, por su parte, ha dado lectura al manifiesto elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco. En el mismo, ha incidido en que “han pasado 29 años; misma edad que tenía Miguel Ángel Blanco cuando ETA lo secuestró y asesinó”. “Un joven de Ermua, concejal del Partido Popular, que iba a trabajar un 10 de julio cuando la organización terrorista decidió darle un plazo de 48 horas a su vida, a su futuro”, ha añadido.

El alcalde de Logroño ha recordado que “sus asesinos tienen nombre: Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Irantzu Gallastegui; y Jose Luis Geresta, y -ha señalado- que no vamos a olvidarlos; como tampoco vamos a olvidar lo que ocurrió en las calles. Alrededor de dos millones y medio de españoles participaron en alguna de las manifestaciones que se convocaron en toda España durante aquellos días”.

Gente que trazó “la línea más importante de nuestra historia reciente: la que separa a los demócratas de los terroristas. Y la sostuvieron con dignidad y sin rendirse”. “De esa resistencia cívica nació algo que ningún terrorista supo prever. Nacía el Espíritu de Ermua. Y ese espíritu es el legado de Miguel Ángel Blanco”.

“Un legado que no pertenece al pasado, que nos interpela hoy, directamente, a cada uno de nosotros, y que nos compromete a defender la verdad de lo que ocurrió”, ha añadido Escobar, que ha indicado que “durante demasiados años en España hubo personas que vivieron señaladas, escoltadas y amenazadas; personas que tuvieron que mirar debajo del coche cada mañana o cambiar las rutinas de sus hijos, para mientras tanto, los terroristas decidían quién merecía vivir y quién debía morir”.

ETA, ha indicado el alcalde de Logroño “fue derrotada gracias al sacrificio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la independencia de la Justicia y a la resistencia cívica de la sociedad española”, pero “también fue derrotada por miles de personas anónimas que jamás ocuparán titulares ni aparecerán en libros de historia”.

“Olvidar o manipular esa historia, relativizar o blanquear el terrorismo, es pervertir la democracia que nos ampara y humillar a las víctimas”, ha destacado, al tiempo que ha asegurado que “la verdad no es negociable; no lo fue cuando más nos costaba defenderla, y no puede serlo ahora”.

En el manifiesto, ha señalado Escobar las víctimas del terrorismo “no piden venganza, sino que se diga la verdad, que se haga justicia, que se respete la memoria de quienes lo perdieron todo”. “El legado de Miguel Ángel Blanco nos compromete a no apartar la mirada de lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque esa verdad que tanto nos costó defender sigue siendo atacada hoy, de otras formas y con otros instrumentos”.

“A lo largo de este año, los presos de ETA han alcanzado su mayor nivel de beneficios penitenciarios”, ha lamentado, además de añadir que lo han hecho “sin arrepentimiento, sin colaboración con la Justicia, sin un solo gesto hacia las víctimas”, así como que “más de 300 asesinatos siguen sin resolverse”.

En este punto, han querido recordar que EH Bildu “es un partido que lleva terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales y que nunca ha realizado la más mínima autocrítica, así como que impulsa la mayoría de los homenajes a presos de ETA cada verano en las en las fiestas del País Vasco y Navarra”. “Y esto no es libertad de expresión, es humillación a las víctimas del terrorismo”, ha lamentado.

Ha insistido en que el legado de Miguel Ángel Blanco “nos compromete a exigir justicia, ya que la justicia no puede negociarse ni puede ser moneda de cambio en ningún pacto de gobierno, además de que nos compromete a combatir la desmemoria”.

La sociedad española “tiene la obligación moral de transmitir a las nuevas generaciones lo que ocurrió. No para alimentar el enfrentamiento, sino para que el olvido no abra la puerta a la manipulación”. Y aquí “queremos hablar directamente a los jóvenes, a quienes no vivieron aquellos días de julio de 1997, porque los jóvenes deben saber que Miguel Ángel Blanco no es solo un símbolo. Era una persona. Un hombre joven, bueno y valiente, que se sentía orgulloso de ser vasco y español sin complejos y, por eso, ETA lo eligió”.

“Que sepan que en julio de 1997 otros jóvenes como ellos salieron a la calle sin que nadie los convocara. Que llenaron plazas en Ermua, en Bilbao, en Madrid, en toda España. Que escribieron su nombre en carteles. Que lloraron por alguien a quien no conocían. Que esa respuesta -espontánea, masiva, sin miedo- fue el momento más importante de la historia reciente de nuestra democracia. Y que esa historia es también la suya”, ha añadido Escobar.

“Tiene que saber que no se puede reescribir la verdadera historia, que no se pueden blanquear a los asesinos y convertir a los verdugos en víctimas. Que frente a ese relato falso, el mejor instrumento es conocer la verdad”, ha apuntado.

Finalmente, Escobar ha indicado que el legado “no es una página del pasado. Es la página que cada generación tiene la obligación de leer, entender y defender. Y por ello, su legado nos compromete un año más”.

Tras la ofrenda floral se ha invitado a los presentes a escribir una palabras en un cartel alusivo al aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de casi 2,2 millones de euros para la creación del Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, un espacio vinculado al monumento de Atocha en recuerdo al 11 de marzo de 2004. Se situará en el número 13 de la Carrera de Sam Jerónimo, donde está la sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas. La apertura al público está prevista para el primer trimestre de 2027, aunque las fechas pueden variar según avancen las obras.

Uno de sus principales reclamos será una recreación interativa que remite Tendrá al memorial cilíndrico de 11 metros que rindió tributo hasta 2023 a las víctimas del 11-M, el mayor atentado terrorista en España. La adaptación incorporará avances tecnológicos y cambiará la forma de homenajearles.

El 11 de marzo de 2004 murieron 192 personas, muchas de ellas en Atocha, por eso años más tarde se instaló junto a la estación de tren un monumento de 160 toneladas hecho con ladrillos de vidrio que en su interior guardaba una sala diáfana. Las paredes eran azules y estaban llenas con nombres de víctimas, grabados para el recuerdo. Tuvo que empezar a desmantelarse por las obras para ampliar la red de Metro, y en su lugar se colocó una placa conmemorativa.

La mayor novedad es que se imprimirá un carácter interactivo al memorial, con visualizaciones proyectadas mediante tecnología de última generación y una réplica a pequeña escala del cilindro que formó parte del memorial original. Este incluye, además, ladrillos antiguos de la estructura desmontada.

En un comunicado, la Consejería de Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid ha informado de que las futuras instalaciones ocuparán tres plantas, distribuidas entre áreas de exposiciones, salón de conferencias con equipamiento audiovisual y otras dos salas polivalentes. La planta primera tendrá una finalidad “eminentemente didáctica”, con biblioteca, sala inmersiva y área para talleres a disposición de todos los usuarios. A lo largo del año se programarán actividades para jóvenes, presentaciones, debates u otros encuentros.

Además, una cuarta planta dispondrá zonas de trabajo para las asociaciones de víctimas con presencia en la región. El recorrido, tal y como especifica el Gobierno regional, comenzará con un panel iluminado sobre la historia del terrorismo en España, que dará acceso al itinerario permanente. El espacio dedicado a las muestras temporales reunirá objetos personales cedidos por los familiares de las víctimas, entre ellos la batería del concejal Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997 y el monopatín del joven Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados yihadistas de Londres de 2017.

La zona central del edificio contará con un conjunto de luminarias suspendidas del techo, distribuidas a lo largo de los tres niveles principales del Centro, en recuerdo de los fallecidos en atentados terroristas y un espacio polivalente acristalado equipado con una pantalla para la proyección de documentales y material de archivo que podrá acoger conferencias, presentaciones y otras actividades organizadas por la Comunidad de Madrid o por las asociaciones.

El Tribunal de Apelación de París ha absuelto este jueves al exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu 'Ternera', en el último proceso que tenía pendiente en Francia, lo que abre la perspectiva para su entrega a España.

La presidenta del tribunal se ha limitado a dar el dictamen absolutorio a Josu 'Ternera', que había acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005, según recoge Efe.

En este proceso, que se había celebrado en abril, se le ha juzgado por formar parte de ETA desde que huyó de España, cuando era miembro del Parlamento Vasco para escapar de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en 2002 para aclarar si había estado implicado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987 (fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas menores de edad, y hubo 88 heridos).

Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó de su paso por dos pisos francos de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot. Allí vivieron el que era entonces jefe militar, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

Antes de que se resolviese esta causa, la Justicia francesa ya había dado luz verde a la entrega de 'Ternera' a España. Antes, en abril, la fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, había defendido que no hay que ver a Urrutikoetxea como “un negociador de paz”, que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien “participó en negociaciones”, estaba “implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción”, es decir, “con los atentados”, según recogió entonces Efe.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas celebraron este 19 de junio las I Jornadas sobre Terrorismo en Canarias: Terrorismo Global y Radicalización, un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización que reunió a profesionales, estudiantes y ciudadanía interesada en comprender el impacto del terrorismo desde una perspectiva histórica, social, jurídica y humana. 

La jornada, celebrada en las instalaciones de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, abordó diferentes aspectos relacionados con el fenómeno del terrorismo, su evolución a lo largo del tiempo y los retos que continúa planteando en la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. 

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la participación de víctimas del terrorismo, quienes compartieron sus experiencias personales y trasladaron a los asistentes el impacto que estos hechos han tenido en sus vidas y en las de sus familias. Sus testimonios pusieron de manifiesto la importancia de preservar la memoria, reconocer a las víctimas y promover una sociedad comprometida con la convivencia y el respeto a los valores democráticos. 

A lo largo de las distintas ponencias también se analizó el contexto histórico del terrorismo en España, así como su evolución y transformación en otros países, permitiendo a los asistentes comprender mejor la complejidad de un fenómeno que continúa siendo objeto de estudio y reflexión. 

Asimismo, expertos del ámbito jurídico abordaron los avances logrados en materia de reconocimiento y protección de las víctimas, al tiempo que señalaron algunos de los desafíos que aún persisten para garantizar una atención integral y una adecuada reparación a las personas afectadas y sus familias. 

Estas primeras jornadas nacen con el objetivo de fomentar el conocimiento, la sensibilización y la reflexión colectiva sobre las consecuencias del terrorismo, destacando la importancia de la memoria, la prevención y el compromiso social como herramientas fundamentales para construir una sociedad más consciente y comprometida frente a cualquier forma de violencia y radicalización. 

La Asociación Víctimas del Terrorismo y el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas han valorado muy positivamente el desarrollo de esta primera edición, que ha permitido generar un espacio de diálogo y aprendizaje en torno a una realidad que ha marcado profundamente la historia reciente de nuestro país.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado en libertad a las dos personas detenidas el pasado martes en Bizkaia, A. y Y., por presunta relación con Hizbulá. Aunque les ha dejado en libertad sin fianza, ha ordenado la retirada de sus pasaportes y les ha prohibido salir de España. Además, también ha adoptado otras medidas cautelares como la comparecencia cada quince días en el juzgado. La detención de estas dos personas se produjo después de que un informe la Comisaría General de Información vinculara a esta dos personas, pertenecientes a la plataforma Iranekin Bat (Comité a favor de Irán de Euskal Herria), con Hizbulá y con delitos de “terrorismo”.

Compañeros de los detenidos de la plataforma Iranekin Bat han cargado este viernes en Bilbao, después de conocerse la puesta en libertad de los detenidos, contra “periodistas, jueces políticos y fuerzas de seguridad”, a los que han acusado de orquestar una campaña de represión. “Nuestra más sincera repulsa contra los que se les llena la boca de derechos y sólo tienen represión que ofrecer. Legitiman el marco y contexto para que Israel y el imperialismo internacional continúe golpeando Irán, el Líbano, Siria, Yemen, Irak y Palestina. Nos tendréis siempre delante”, han advertido, tras acusar a los medios de comunicación de “apuntar a jueces y policías a dónde disparar”.

Concentrados ante el Teatro Arriaga de Bilbao con una pancarta con el lema 'Erresistentzia ez da delitua', han señalado que continuarán con las movilizaciones y han hecho un llamamiento “a todas las organizaciones e individuos comprometidos contra el imperialismo y la represión” a unirse a próximos actos en favor de los detenidos, para los que han pedido la “amnistía total” porque “el internacionalismo y la solidaridad no son delito”. También han denunciado la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu contra miembros de la flotilla: “Aquellos que apalearon a los solidarios de la flotilla en Loiu demostraron que solo tienen pelotas, porras, puñetazos, codos y rodillas que ofrecer a aquellos que ponen su cuerpo por la causa palestina”.

El informe de la principal unidad antiterrorista de la Policía Nacional imputa a uno de los detenidos once elementos para justificar su detención y el registro de su domicilio. Al otro uno más, doce. Entre los hitos destacados por la Policía Nacional se menciona un atentado de marzo en Oslo, capital de Noruega. Fue contra la embajada de Estados Unidos y acabó “sin víctimas”. Unas “fuentes de acreditada solvencia internacional”, de las que no se dan más detalles, trasladaron a la inteligencia española que en el clonado de los dispositivos electrónicos de los implicados aparecía el número de uno de los dos activistas residentes en Bizkaia. Ambos disponen de líneas libanesas, señala la Policía. Igualmente, señala que ambos habrían sido invitados al funeral de un líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, asesinado por Israel en 2024. También se habla de que tendrían “gran pericia” en el uso de armas largas.

El juez Calama, sin embargo, no vio sólido el informe policial. Pero la Fiscalía recurrió, una sala de apelaciones de la Audiencia Nacional aceptó esos argumentos y ordenó realizar la operación que se produjo esta semana. En Madrid, ante la sede judicial, también ha habido muestras de solidaridad para A. y para Y.

Una sala de apelaciones de la Audiencia Nacional compuesta por los jueces Francisco Javier Vieira, Jesús Eduardo Gutiérrez y Fermín Javier Echarri, enmendó en mayo al instructor José Luis Calama y, atendiendo al criterio de la Fiscalía y de la Policía Nacional, autorizó tres registros, dos en Bilbao y uno en Getxo, para investigar a dos personas del colectivo Iranekin Bat (Comité a favor de Irán de Euskal Herria) por su supuesta vinculación con Hizbulá y con delitos de “terrorismo”. La operación, finalmente, ha tenido lugar esta semana. Iranekin Bat ha considerado un “montaje” este sumario y ha llegado a celebrarse una protesta por los arrestos en Algorta, con asistencia de varias docenas de personas.

El origen del despliegue de este martes hay que encontrarlo en un informe de la Comisaría General de Información, la principal unidad antiterrorista de la Policía Nacional. Es del 25 de marzo. En ese atestado se apuntaba a dos personas, Y. y A., ambos varones. A uno de ellos se le imputan once elementos para justificar su detención y el registro de su domicilio. Al otro uno más, doce. En uno de los casos se plantea incluso acceder a la casa de la madre.

Entre los hitos destacados por la Policía Nacional se menciona un atentado de marzo en Oslo, capital de Noruega. Fue contra la embajada de Estados Unidos y acabó “sin víctimas”. Unas “fuentes de acreditada solvencia internacional”, de las que no se dan más detalles, trasladaron a la inteligencia española que en el clonado de los dispositivos electrónicos de los implicados aparecía el número de uno de los dos activistas residentes en Bizkaia. Ambos disponen de líneas libanesas, señala la Policía.

Igualmente, ambos habrían sido invitados al funeral de un líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, asesinado por Israel en 2024. Uno no pudo ir por el “bloqueo aéreo”, pero el otro lo grabó desde una “zona privilegiada”. En la larga lista de cargos se menciona de uno de ellos su “gran pericia en el uso de armas largas” al haber sido “instruido” por “organizaciones terroristas” en Líbano, el país de Hizbulá; del otro se dice que estuvo en campamentos “controlados” por terroristas, los de Sabra y Shatila. También se enumeran transferencias bancarias -de hasta 5.000 euros- y otros movimientos relacionados con causas supuestamente relacionadas con la milicia chií, como ocultar dinero en las partes “íntimas” del cuerpo.

Se les cita como instigadores del “boicot” a la Vuelta Ciclista a España a su paso por Bilbao en septiembre de 2025. Uno de ellos habría sido “organizador y miembro activo” de las protestas por la presencia en el pelotón del equipo Israel Premier Tech, ya desaparecido. Llevó una bandera de Hizbulá y una fotografía de su líder asesinado, estiman los agentes. Se les ubica en una posición política claramente filoiraní, un país chií. Del segundo, como colofón, se añade que “siempre” ha sido “un defensor del terrorismo de ETA”.

Al margen, se indica que se usaba el canal de Telegram Frontflict para difundir propaganda. Ese grupo, que es perfectamente público, subió un último mensaje este martes, el día de la operación policial. “El terrorismo y el extremismo representan amenazas inaceptables para la paz, la seguridad y los derechos humanos, destruyendo vidas inocentes y socavando los valores fundamentales de la sociedad”, se publicó. También se recogió un largo aviso legal que insistía en que se estaba cumpliendo la legalidad en todo momento. “Nuestra única vocación es estrictamente informativa. No promovemos, apoyamos ni justificamos ninguna ideología extremista, grupo terrorista o acto violento. Nuestro compromiso es ofrecer a los lectores datos veraces, noticias objetivas y contexto sobre la actualidad, siempre desde una postura que no sea la que el sionismo quiere vender”, abundaban.

Calama contra la Policía Nacional

El juez Calama, protagonista en las últimas semanas por ser el instructor de la investigación de corrupción contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, basada precisamente en informes de la Policía Nacional, no dio credibilidad al informe de ese cuerpo en el caso de los dos vizcaínos. Entre sus argumentos, recalcó que todas las acusaciones contra los imputados estaban redactadas en condicional y que no pasaban de meras hipótesis policiales que no podían justificar una medida tan drástica como una detención y los registros.

Calama fue muy duro con el informe policial: “Se nos presenta un claro paradigma de hipótesis y suposiciones, sin base objetiva alguna de las que pueda inferirse racionalmente que se esté cometiendo o vaya a cometerse un delito de terrorismo. [...] El repertorio de datos es marcadamente insuficiente. Deducir de ese conjunto de elementos de una forma mínimamente consistente una actividad terrorista es un exceso. Son datos ambivalentes y equívocos. El relato es amplio, pero cuadro indiciario es muy pobre. No son necesarias pruebas para la adopción de las medidas solicitadas, pero sí un bagaje indiciario más consistente. Se corre el riesgo en otro caso de banalizar unas medidas tan invasivas como son las injerencias en la intimidad domiciliaria y en el entorno virtual solicitadas. [...] La mera adhesión, simpatía o afinidad ideológica hacia organizaciones consideradas terroristas por determinados Estados u organismos internacionales, como es el caso de Hizbulá, no constituye por sí misma conducta penalmente relevante en el ordenamiento jurídico español. El derecho penal español se rige por los principios de legalidad (art. 25.1 CE), tipicidad estricta, e intervención mínima, lo que impide sancionar ideas, creencias o posicionamientos ideológicos, por radicales o controvertidos que puedan resultar, en ausencia de actos externos subsumibles en un tipo penal”.

Pero la Fiscalía recurrió. Según el ministerio fiscal, es “abrumadora” la existencia de indicios de “terrorismo” y Calama incurrió en un “cuádruple error” en sus consideraciones. Concluyó que “no es cierto” que los informes policiales sean solamente un catálogo de “hipótesis y suposiciones sin base objetiva”. Y “el uso del tiempo condicional presente en los informes policiales no refleja la naturaleza conjetural de la hipótesis policial”, se añade desde la Fiscalía.

La sala de apelaciones de la Audiencia Nacional dio la razón a Fiscalía y Policía y enmendó la plana al instructor. Es más, le recuerdan que con muchos menos datos encima de la mesa se había autorizado ya en 2024 el 'pinchazo' de algunos teléfonos en el marco de esta misma operación. En concreto, hubo escuchas autorizadas desde diciembre de 2024 hasta febrero de 2026 de las que no se aportan más datos en la información judicial consultada.

Tras la operación de la Policía Nacional -escoltada por la Ertzaintza- hubo ya unas primeras protestas, aunque este viernes se ha anunciado una rueda de prensa para exponer lo sucedido con Y. y A. En un comunicado, Iranekin Bat ha denunciado una “campaña de persecución, mentiras y difamaciones”. En esa nota mencionan que “un juez de la Audiencia Nacional” no encontró “base objetiva” para hablar de terrorismo, en probable referencia al auto de Calama. Entienden que se busca “acallar” a quienes denuncian el “genocidio” de Israel en Palestina, el “verdadero terrorismo”. La nota se completaba con un mense de “apoyo al eje de la resistencia” de Palestina, Líbano e Irán.