Agentes de la Policía Foral de Navarra, en colaboración con la Ertzaintza y en el marco de una operación coordinada por la Audiencia Nacional, han acudido esta semana a una sima de la sierra de Urbasa, una zona montañosa próxima a Álava, para intentar localizar el antiguo zulo de ETA cuyas coordenadas fueron halladas en posesión de dos integrantes de la organización Jarki a finales de septiembre. “No había nada”, exponen a este periódico fuentes policiales conocederas del operativo.

Estas dos personas, un varón de 34 años y una mujer de 22, han sido acusados de delitos de terrorismo y están en prisión preventiva desde este martes por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña. Fueron localizados en septiembre en un control de carretera en compañía de una tercera persona de nacionalidad irlandesa y relacionado con la disidencia del IRA. Pero en ese momento no fueron arrestados. Ellos mismos acudieron la pasada semana a la comisaría de la Ertzaintza de Irún y, posteriormente, fueron trasladados a Madrid.

La Ertzaintza, en la primera información oficial sobre este caso, resaltó que los investigados tenían “antecedentes relevantes” y que poseían coordenadas de posibles depósitos de “armas y explosivos”. Ese supuesto zulo estaba en Urbasa, pero esta semana han acudido allí efectivos de la Policía Foral, han rastreado el lugar identificado en la documentación incautada y “no había nada”, exponen las fuentes consultadas.

La Audiencia Nacional ha amnistiado de los 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. Tres meses después de que la Justicia europea avalara el olvido penal del procés, el tribunal especial cumple con lo dispuesto por Luxemburgo y archiva la causa, una de las más sensibles para el independentismo.

En un breve auto de tres páginas, al que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal archiva el caso y concluye que los hechos por los que estaban acusados los CDR están incluidos en la ley “a la vista de la fundamentación jurídica” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los magistrados también constatan que los actos por los que los activistas estaban acusados no supusieron “graves violaciones de derechos humanos”.

En un mensaje en X, Alerta Solidària, la organización antirrepresiva que representaba a varios de los CDR, ha celebrado la “victoria” de la amnistía. “No nos van a quitar la alegría de este momento”, han expresado.

Al margen de la causa del Supremo que afecta a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, la amnistía al caso de terrorismo de los CDR fue uno de los quebraderos de cabeza durante la tramitación de la norma en el Congreso (e incluso provocó que Junts votara en contra de la primera versión de la norma). Cabe recordar que la Audiencia Nacional envió a juicio a los acusados en plena negociación de la ley.

Aprobada la norma en junio de 2024, su aplicación en la Audiencia Nacional tampoco ha estado exenta de problemas. El tribunal mostró sin ambages sus dudas a materializar la norma al considerar que amnistiar a los acusados de terrorismo podía contravenir “gravemente” el derecho comunitario y podría suponer “una infracción patente” de las normas europeas.

Al igual que hizo el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional envió al TJUE la acusación por terrorismo contra CDR con el objetivo de que Luxemburgo respaldara excluirlos de la amnistía. A ellos se sumaron el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

La respuesta de los jueces europeus fue, en cambio, un aval total a la amnistía, lo contrario de lo que planeaban las altas instancias judiciales. La alta magistratura, empezando por el Supremo, es la que más se ha opuesto a la norma, en contraste por su normal aplicación ya en 2024 por parte de la mayoría de jueces y tribunales catalanes.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacaron que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR, pues no llegaron a materializar ninguna acción).

Los 12 activistas de los CDR acusados de pertenencia a organización terrorista, delito de estragos y tenencia de explosivos se enfrentaban a penas de hasta 27 de cárcel por parte de la Fiscalía. Algunos de ellos pasaron semanas en prisión provisional. Con su amnistía, no serán juzgados. La causa se archiva para siempre.

Distinto es el caso de los dos protagonistas del procés. El Supremo optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras. El Tribunal Constitucional corrigió al Supremo y le ordenó aplicar la amnistía, algo que el Alto Tribunal ya ha hecho en el caso de Junqueras pero tiene pendiente de materializar con Puigdemont.

Uno de los detenidos por la Ertzaintza acusado de “terrorismo” y ahora en prisión preventiva por orden del magistrado del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña estaba siendo monitorizado por la Oficina Central de Inteligencia (OCI, la unidad antiterrorista de elite) desde al menos 2015, según fuentes policiales. En aquel momento ni siquiera existía la organización Jarki, de la que es considerado el “motor principal”, que data de 2017.

Según estas mismas fuentes, las actuaciones de la Ertzaintza llegaron a estar bastante elaboradas y se enviaron igualmente a la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz llegó a abrir diligencias de investigación, pero no cristalizaron. En la primera información de este caso, un comunicado de la Ertzaintza, se aludió a “antecedentes relevantes” de los implicados, pero sin más precisiones. También pesa sobre él una petición de “seguimiento discreto” por parte de Francia por razones de “seguridad nacional”.

La OCI es una unidad con base en Erandio. Es una brigada reorganizada precisamente después del final del terrorismo de ETA, del que ahora se cumplen quince años. Lo que antes fue AVCS, UIA o DAI se reestructuró ante la nueva realidad, con más dedicación al yihadismo y nuevas amenazas pero con una parte que siguió analizando casos pendientes o posibles disidencias.

Jarki, la actual organización de este investigado, es una de las patas de la coordinadora Jardun, considerada disidencia de la izquierda abertzale y sin relación orgánica alguna bien con Sortu/EH Bildu o bien con el pujante movimiento GKS. Según el juez Piña, que yerra y llama al colectivo “Jordun Koordinadoro” en el auto de prisión provisional, Jarki es “izquierda radical violenta” y el detenido “participó muy activamente” en su creación. De hecho, antes de 2017 colaboraba con otras personas de Gipuzkoa y Navarra que siguieron otros caminos desde entonces, siempre según las fuentes consultadas.

Se cree que este varón ha ejercido labores de “captación” de militancia, de “elaboración de manuales de seguridad” y “directrices organizativas”, de redacción de “ponencias políticas”, de “gestión de finanzas”, de “organización de actos” o de “interlocución con otras organizaciones”, a la luz de los indicios que maneja el Tribunal Central de Instancia para decretar la privación de libertad. Esto es una medida excepcional y que tiene que estar justificada por la gravedad de los hechos presuntamente cometidos y otros parámetros como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

Este hombre, que tiene 34 años, fue identificado a finales de septiembre en un vehículo en el que era el copiloto. La conductora, de 22 años, la otra encarcelada, tenía igualmente una orden de “seguimiento discreto” de Italia, sin que se detalle los hechos concretos que se le imputan. Había un tercer ocupante del coche, un irlandés al que se asocia con la disidencia de la extinta organización terrorista IRA. Su paradero es desconocido.

El abogado de los investigados, Aratz Estomba, ha denunciado la “infiltración” policial en los movimientos en los que militaban estas personas. Aske, otra de las patas de Jardun, ha ofrecido este miércoles en Vitoria una rueda de prensa en la que igualmente ha considerado toda esta investigación un “montaje policial”. Han insistido en llamar “cipayos” a la Ertzaintza.

Aske ha demandado la “inmediata puesta en libertad” de ambos presos porque han sido encarcelados “sin ninguna base”, con “pruebas sin ningún valor”. Han asegurado que las referencias a “armas y explosivos” –que según los responsables de la investigación tienen que ver con el conocimiento de zulos de ETA, en plural– se fundamentan en llenar de pintura extintores. Sostienen que si el listón de “terrorismo” se pone ahí “cualquier persona organizada” estaría en riesgo de ser procesada.

El Ayuntamiento de Tudela, de UPN, denunciará ante la Policía Nacional las pintadas que han aparecido en apoyo a ETA y que también amenazan a su alcalde, de UPN, según ha informado Europa Press. En el mural, localizado en una céntrica calle de la ciudad, se han podido leer mensajes como “Gora ETA militarra”, “Al facha, serpiente y hacha” o “Tokero eta UPN kanpora” (“Toquero y UPN fuera”, en euskera).

“Es un delito de enaltecimiento del terrorismo que vamos a perseguir hasta donde haga falta”, ha asegurado el alcalde de la segunda ciudad más poblada de Navarra, Alejandro Toquero. “No son simplemente actos vandálicos”, ha añadido sobre las pintadas que, asegura, “blanquean” las amenazas “cobardes” y atentan contra “la convivencia”.

Sobre la detención de los dos acusados de terrorismo por la Audiencia Nacional que han ingresado en prisión, Toquero ha advertido que es el momento de “no bajar la guardia”. “[Son] los partidarios de que ETA vuelva a las andadas”, sentenciaba. También ha aprovechado para referirse a EH-Bildu como “los herederos políticos” de ETA, que campan “a sus anchas por las instituciones”.

“En Tudela no hay espacio para el odio ni para el matonismo. No daremos tregua a los cobardes ni a quienes les apoyan”, ha destacado en sus redes sociales.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha comparecido este miércoles por vez primera después de que, hace ya cinco días, la Ertzaintza informara de la detención por delitos de “terrorismo” de dos personas vinculadas con la organización Jarki, disidentes abertzales. El máximo responsable político de la Policía vasca ha defendido el no arresto del hombre y de la mujer ahora encarcelados, de 34 y 22 años, respectivamente, cuando fueron identificados, a finales de septiembre, en un control de carretera. Fueron puestos a disposición judicial cuando ellos mismos se entregaron este fin de semana.

“La Ertzaintza lo que ha hecho es garantizar los derechos de todas las personas, solicitar a la Audiencia Nacional [en referencia al Tribunal Central de Instancia] la autorización correspondiente para analizar los materiales que se habían descubierto, poner en manos de la justicia los indicios que ha encontrado y luego se ha sometido a lo que decidieran el fiscal y el juez correspondiente”, ha explicado Zupiria desde el palacio de Ajuria Enea tras participar en el acto de toma posesión de su nueva compañera de gabinete Cristina González. Ha añadido que en ese momento no estaban cometiendo un delito 'in fraganti' que justificase la medida restrictiva de derechos.

La operación se desató en la madrugada del 26 de septiembre. La Ertzaintza, en un control de carretera, paró un Toyota amarillo en la zona de Eskoriatza, en Gipuzkoa. Iban tres personas, los dos detenidos, conductora y copiloto, y un tercero, de nacionalidad irlandesa y presuntamente relacionado con la disidencia de la banda terrorista extinta IRA. La información oficial indica que portaban mapas de zulos de ETA, en plural, y están acusados de manejo de armas y explosivos, sin que se conozca si esos depósitos han sido localizados o no. También que venían de ver uno de ellos en Navarra con dispositivos de comunicación no rastreables. Llevaban consigo también, siempre según los datos policiales y judiciales, documentación de policías y guardiaciviles —como un dispositivo completo clonado— y fotografías de “entrenamientos” para perpretar supuestas acciones violentas. Mucho de ese material estaba “encriptado” y se ha ido descifrando en los últimos días.

Según Zupiria, es la autoridad judicial la que ha fijado la etiqueta de “terrorismo”. El consejero ha dicho que Jarki, que forma parte de la coordinadora Jardun, al igual que Aske, es una organización “alegal”. “No se encuentran inscritas en el registro de asociaciones políticas o de partidos políticos. Por tanto, hay mucha información sobre estas organizaciones que no es conocida públicamente. Insisto en una idea de la importancia de deslegitimar y condenar el uso de la violencia y su justificación, en cualquier caso, como lo hemos hecho estos dos años [desde que accedió al cargo] y como lo viene haciendo el Gobierno desde hace quince cuando ETA se disolvió”, ha indicado el responsable de Seguridad. Estos hechos han coincidido precisamente con el aniversario.

“Yo no voy a decir más de lo que dice el auto de la Audiencia Nacional. Lo que sí voy a recordar es que el Gobierno vasco, desde que hace quince años se produjo la disolución de ETA, lleva lanzando permanentemente el mensaje de que es imprescindible que se condene y se deslegitime el uso de la violencia y la justificación del uso de la violencia. Este Gobierno, que lleva dos años funcionando, también creo que ha repetido insistentemente ante cualquier hecho violento que se ha producido en nuestra comunidad, la necesidad de deslegitimar, denunciar y condenar el uso de la violencia y de su explicación o legitimación. Creo que es un buen momento para volverlo a recordar”, ha insistido.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación, ahora tutelada por el instructor del Tribunal Central de Instancia Antonio Piña y por el fiscal Vicente González Mota. Según Zupiria, la Policía vasca comunicó en la misma noche del 26 de septiembre los datos que disponía a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Asimismo, los investigados estaban fichados al menos por Italia y Francia, según los datos que han trascendido, a causa de conductas de riesgo para la “seguridad nacional”.

El juez del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña ha enviado este martes a prisión provisional por presuntos delitos de terrorismo a los dos detenidos el pasado sábado por la Ertzaintza. Según la información policial inicial, en septiembre se les intervino información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos. El juez Piña, en el auto de encarcelamiento, da por buena esa tesis y concreta que tenían “planos” de “zulos” (en plural) de ETA, “listados” de guardiaciviles, el “contenido íntegro” del móvil clonado de un agente de la Policía Nacional, “fotografías” de vehículos policiales, símbolos de ETA e imágenes de “entrenamientos para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública”.

El fiscal Vicente González Mota había solicitado la prisión provisional para ambos detenidos. Es una medida extrema que se adopta si hay riesgo de fuga o un peligro real, y el magistrado ha entendido que las acusaciones son sólidas. Los dos detenidos son un hombre de 34 años y una mujer de 22, a los que se les relaciona con un grupo disidente abertzale que ya estaba siendo investigado, Jarki. Cuando se inició la operación, en septiembre, iban acompañados de un irlandés presuntamente relacionado con la disidencia del IRA.

El grupo fue detectado en un control de carretera en la GI-627, en Eskoriatza. Eran las 4.03 horas del 26 de septiembre, la víspera del Gudari Eguna. Iban en un Toyota Yaris amarillo conducido por ella, con él de copiloto y el irlandés en la parte trasera. Pesaban sobre ellos avisos de Italia y Francia por “razones de seguridad nacional”.

En el asiento del copiloto, el hombre de 34 años, al que se describe como “motor principal” de Jarki, tanto para la “captación” de militantes como para otras tareas, llevaba una mochila con “evidencias sospechosas” de un zulo y otro material, como un listado manuscrito de matrículas de vehículos. Había pendrives de Jardun, la coordinadora de la que forma parte Jarki. Se indicó a los ertzainas que venían de Navarra, de la sierra de Urbasa, la zona de los planos del zulo. La joven llevaba en el bolso dos teléfonos satelitales “que permitían enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura de móvil ni internet”. No llevaban móviles normales, para evitar ser localizados, siempre según la versión oficial.

Entre el material recopilado y analizado 'a posteriori' han aparecido símbolos de ETA, fotografías de “entrenamientos” para la “perpetración de actos violentos” y hasta el clonado de un dispositivo de un agente de la Policía Nacional. No se explica por qué quedaron en libertad tras este control y no fueron arrestados hasta este sábado, cuando dos de ellos, los de nacionalidad española, se presentaron con un abogado en la comisaría de Irún de la Ertzaintza.

A una hora inusual de un día inusual, el sábado por la noche, la Ertzaintza ofreció una información inusual. Dos personas, un varón de 34 años y una mujer de 22, estaban siendo investigados por delitos de “terrorismo” luego de que se les hubiera encontrado en un control de carretera de hace unas semanas “información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos”. Se dejó claro que no era yihadismo, de modo que podría ser la primera vez tras el final de ETA en que se identificaba a un grupo autóctono con esos fines. Y todo en puertas de que, este martes, se cumplan quince años desde que la organización armada decretara el cese del terrorismo.

La causa está ahora en manos del instructor Antonio Piña del Tribunal Central de Instancia, la nueva denominación de la Audiencia Nacional. Esto es lo que se sabe (y lo que no) de un caso al que la Policía vasca le da máxima gravedad y que también se ha colado en la agenda política en puertas de unas elecciones generales. “Esto no es una chiquillada”, insisten las fuentes consultadas, que piden no relativizar sobre el caso ni alentar teorías de la conspiración.

Quiénes son los detenidos

Los hechos se remontan al 26 de septiembre, víspera del denominado Gudari Eguna por ser el aniversario de los fusilamientos de Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi justo al final de la dictadura franquista. En un control de carretera nocturno en Eskoriatza, una localidad de Gipuzkoa pero más próxima a Vitoria que a Donostia, la Ertzaintza detuvo un vehículo de color amarillo e “identificó” a tres personas “que portaban diverso material muy sensible”. Todas ellas, al parecer, tenían “antecedentes relevantes” que no se han detallado.

Esas personas eran los dos acusados ahora de terrorismo, de nacionalidad española. Pero había un tercero de nacionalidad irlandesa. Algunos medios han referido que podría estar vinculado con la disidencia del IRA, grupo terrorista de ese país, pero es un dato no ratificado oficialmente. Esa noche, la Ertzaintza les tomó fotografías de pie fuera del coche y con el portón del maletero abierto.

A qué grupo pertenecen

Desde un inicio, las fuentes consultadas ubican a los dos detenidos como “disidentes” abertzales. Esto encierra muchos matices. En principio, estarían vinculados al grupo Jarki, una organización autodefinida como “revolucionaria”, “independentista” y “socialista” y que forma parte de la coordinadora Jardun. No tiene ningún tipo de vinculación orgánica con Sortu, la principal fuerza política de la coalición EH Bildu, como tampoco con el entorno de GKS, el movimiento juvenil de corte comunista que está ganando peso en movilizaciones sociales en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, capitalizando por ejemplo las protestas universitarias o por la vivienda.

Jarki nació en marzo de 2017. En 2019, portavoces de la organización dieron una entrevista a 'Berria'. “Es pregunta de algunos si Jarki va a hacer ataques callejeros, y la respuesta es negativa. Nuestra estrategia estará encaminada a la construcción nacional”, manifestaron. En 2020, en La Haine, se incidía en la cuestión:

—A la par del proceso que terminó con la disolución de ETA, la izquierda abertzale realizó un cambio de estrategia que se plasmó en el documento “Zutik Euskal Herria” del cual ahora se cumplen diez años. ¿Qué opinión os merece ese cambio de estrategia y la actividad política del partido Sortu y la coalición EH Bildu?

—[...] La creación de Jarki se enmarca en las carencias que han surgido en el contexto político de Euskal Herria, derivadas de aquel cambio de estrategia. De hecho, creemos que ha de responderse a dichas carencias en parámetros revolucionarios. Ya que opinamos que el actor principal del ciclo de confrontación anterior, la izquierda abertzale, hoy en día está agotada en parámetros revolucionarios, habiéndose sumido completamente en la vía institucional. Aun así, más allá de las críticas, tenemos claro que los enemigos principales del pueblo trabajador vasco son la burguesía vasca y los Estados burgueses español y francés. Por lo tanto, no nos empecinaremos en el choque o la confrontación con la izquierda abertzale, o con los demás grupos que comparten nuestro espectro político. Ya que nuestro objetivo es conformar de una manera constructiva la nueva alternativa política que debe responder a los intereses del pueblo trabajador.

En los últimos años, Jarki ha reivindicado sabotajes como pintadas en la sede de la patronal de Gipuzkoa, Adegi, o en medios de comunicación de Vocento y Prisa. En 2023, el entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, les señaló como presuntos responsables de un intento de sabotaje al Tour de Francia, que ese verano pasó por las carreteras vascas. La firma de Jarki ha aparecido también en otras movilizaciones, como las relacionadas con el quincuagésimo aniversario de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Aske es otra de las patas de Jardun, y es una organización que defiende la amnistía para los presos, “refugiados” y fugados de ETA. El sábado, informó de que los “cipayos” —con una fotografía de una patrulla de la Ertzaintza— habían arrestado a dos personas en Irún. En un comunicado, manifestaron al mismo tiempo que las detenciones “nada tenían que ver con la coordinadora” y denunciaban la “criminalización” de su organización pero, a la vez, mostraban su total “respaldo y solidaridad” a los detenidos y a sus allegados. Aske fue también la organización que protestó por otra operación en la que la Policía Nacional vio “terrorismo” en dos vizcaínos a los que se relacionaba con Hizbulá y con el manejo de “armas largas”.

El desarrollo de la investigación

Ante la aparente gravedad que revisten los hechos investigados, la Ertzaintza ha trasladado el caso al Tribunal Central de Instancia, competente en materia de posibles delitos de terrorismo. A nivel interno, las pesquisas las dirige la Oficina Central de Inteligencia (OCI), que es como se llama la unidad antiterrorista de elite de la Policía vasca. Su base está en Erandio, en Bizkaia, y su máximo responsable es el veterano agente Juan Vicente Bilbao. Fuentes internas dicen que el atestado está custodiado “bajo siete llaves” para que no haya filtraciones.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del proceder de la Ertzaintza es que esas personas quedaran libres en su momento y ahora dos de ellas estén detenidas con graves acusaciones, sin que del tercero se haya dicho nada. La única explicación oficial es que “en los últimos días, tanto la investigación como los contactos con la Audiencia Nacional han avanzado de manera muy relevante”. Así se llega al sábado, cuando “dos de las personas investigadas”, dando a entender que hay más, se personaron en la comisaría de la Ertzaintza en Irún con un abogado. Hay un plazo de 72 horas para su puesta a disposición judicial, por lo que previsiblemente este martes serán trasladados a Madrid y el juez Piña procederá a tomarles declaración.

¿Y los explosivos?

Desde el primer momento se ha indicado que los investigados tenían información sobre la ubicación de un 'zulo' con “armas y explosivos”. Sobre esto, no se ha indicado dónde estaba y si ha sido o no localizado y con qué material en su interior. Asimismo, no se ha precisado de quién era en origen ese presunto arsenal. Fuentes policiales sí reconocen que el final de ETA, que se escenificó años después con un desarme, no supuso la recuperación de todo su inventario, pero no hay ningún dato para dar contexto al supuesto depósito de este grupo.

Nada se conoce tampoco de la documentación sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado que portaban, ni si era material elaborado o simplemente copias de documentos abiertos. La Ertzaintza insiste en que mantiene “abierta” la investigación. Se valoró que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareciera públicamente para informar sobre el tema, pero se ha optado por la “prudencia”. No consta tampoco que la oposición quiera preguntar sobre ello en la sesión de control al Gobierno que se celebrará este viernes en el Parlamento Vasco, la penúltima antes del parón por las elecciones generales.

La derivada política

La noticia, en todo caso, sí ha generado reacciones políticas. La dirección nacional del PNV, que es el partido que controla la Ertzaintza, emitió una nota también el sábado por la noche con “absoluta preocupación”. “De confirmarse estos hechos, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional, estaríamos ante conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados [...]. La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas”, diagnosticó la formación nacionalista. Como ha coincidido con el aniversario del final de ETA, el lehendakari Imanol Pradales tenía programada una carta para el diario 'El Correo' y, en ella, señalaba: “No podemos cambiar el pasado, pero está en nuestras manos extraer enseñanzas de nuestra historia. Nos corresponde fortalecer la convivencia y los valores democráticos todos los días”.

“Años de desidia e inacción institucional ante la evidente radicalización violenta de una parte de la sociedad en Euskadi, especialmente entre los más jóvenes, han traído este resultado”, sostiene Consuelo Ordóñez, de la asociación de víctimas Covite. “No vamos a permitir ningún paso atrás en la convivencia, en la paz y en la libertad porque son el resultado del esfuerzo sostenido de muchas personas e instituciones que desde ámbitos muy distintos han trabajado y siguen trabajando para preservar los valores que hacen posible una sociedad abierta y democrática”, ha manifestado en Basauri el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que ha participado en la festividad del cuerpo. Allí mismo, la delegada del Gobierno de España, la socialista Marisol Garmendia ha pedido que nadie juegue “con fuego”.

“Ni un paso atrás. Nunca más”, se podía leer también en el comunicado de las juventudes del PSE-EE, donde se “agradecía” el trabajo de la Ertzaintza. El PP también ha encajado con “inquietud” los acontecimientos. EH Bildu no se ha pronunciado —indican que faltan datos para hacer un análisis completo— pero en el pasado sí ha mostrado su “rechazo” a acciones de Jarki. En este contexto, el Gobierno de PNV y PSE-EE leerá este martes una declaración institucional quince años después del final de ETA. En ella, se reseñará la relevancia de no repetir errores del paso como sociedad. Euskadi, en todo caso, lleva once años y cuatro meses en nivel 4 de 5 de alerta antiterrorista, como el resto de España, por el “alto” riesgo de atentados yihadistas.

La Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, la unidad antiterrorista de elite del cuerpo, ha informado este sábado por la noche de una operación policial de gravedad en la que se investigan, en coordinación con el Tribunal Central de Instancia (actual denominación de la Audiencia Nacional), posibles delitos de “terrorismo” y en la que hay implicadas dos personas de “nacionalidad española”, un hombre y una mujer de 34 y 22 años, respectivamente. “No es yihadismo”, aclaran las fuentes consultadas.

“La información oficial de la Ertzaintza indica que el sábado 26 de septiembre, ”durante un control en Eskoriatza“, una localidad de Gipuzkoa, se ”identificó a tres personas que portaban diverso material muy sensible y, respecto a las cuales, ya se contaba con antecedentes relevantes“. ”Entre el material ocupado se ha encontrado información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos“, siempre según la información oficial.

“La Ertzaintza inició una investigación y, como consecuencia de ella, procedió a abrir los correspondientes cauces de comunicación con la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de terrorismo. A lo largo de las siguientes fechas, la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza ha avanzado con la investigación y se han llegado a entablar diversos encuentros con las autoridades judiciales de la Audiencia Nacional dirigidos a posibilitar las actuaciones, si así se estimaran pertinentes, por la autoridad judicial”, prosigue la Policía vasca.

Y agrega: “En los últimos días, tanto la investigación como los contactos con la Audiencia Nacional han avanzado de manera muy relevante. Hoy, dos de las personas investigadas se han personado en la ertzain-etxea [comisaría] de Irún, acompañadas por su abogado, y han resultado detenidas a la vista del desarrollo de las investigaciones y de las propias gestiones con la Audiencia Nacional. Se trata de un hombre de 34 años y una mujer de 22, ambos de nacionalidad española, investigados por un presunto delito de terrorismo”.

La información indica que “tras la toma de declaración de ambos, y la realización de las diligencias de investigación pertinentes, las dos personas detenidas serán puestas a disposición de la Audiencia Nacional a la mayor brevedad posible”. La OCI de la Ertzaintza mantiene abierta la investigación. Hasta ahora no se habían realizado operaciones policiales-judiciales de estas características.

Da la medida de la gravedad, la nota de última hora que también ha emitido la dirección nacional del PNV. “EAJ-PNV quiere mostrar su 'absoluta preocupación' por la detención por parte de la Ertzaintza de dos personas por presunto delito de terrorismo. De confirmarse estos hechos, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional, estaríamos ante conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados. En este sentido, EAJ-PNV hace un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca para no dar un paso atrás en la preservación de la paz. La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas”, sostiene el partido de Aitor Esteban, que es el que dirige la Ertzaintza en la coalición con el PSE-EE en Euskadi. El PNV ha demandado también “respeto” por la investigación y ha puesto en valor el trabajo de la Ertzaintza.

A la tercera va la vencida, pudo pensar la familia de José Miguel Etxeberria, más conocido como 'Naparra'. Pero se ha llevado un disgusto. Una vez más, el Ministerio del Interior ha rechazado la solicitud para reconocer a 'Naparra' como víctima del terrorismo. La noticia la han anunciado este jueves Agus Hernán, por parte de Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia); Pilar Garaialde, portavoz de Egiari Zor, y Eneko Etxeberria, hermano del desaparecido. Aunque aún no han agotado todas las vías administrativas, la familia no recurrirá la resolución debido al cansancio y al gasto económico que implicaría. Aun así, exige que se revise y que el Ministerio presente una disculpa pública a la familia.

El 11 de junio de 1980, 'Naparra', con 22 años, acudió a una cita que tenía concertada con unos miembros de ETA en San Juan de Luz. El objetivo era compartir sus contactos de traficantes de armas con la banda terrorista. Después de ese día, no se le volvió a ver y su cuerpo nunca ha sido encontrado; solo apareció su coche. El desaparecido formó parte de los comandos especiales de ETA político-militar, más tarde se integró principalmente en ETA militar y terminó abandonándola para unirse a los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA). Para cuando desapareció, ya era uno de los líderes de los CAA.

Según expone el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), se trata de un caso de desaparición cuya autoría es “confusa”. El Batallón Vasco Español (BVE) reivindicó el secuestro de 'Naparra' el 24 de junio de 1980, argumentando que la persona se encontraba en España y que corría “con la misma suerte que los asesinados por ETA”. Días después, se difundió la información de que había sido asesinado por sus propios compañeros de los CAA en Francia, adonde Etxeberria había huido en 1978. Sin embargo, en julio, los CAA hicieron público un comunicado en el que ponían en duda la posible autoría del BVE, al considerar que había mentido sobre su secuestro y ocultado su asesinato.

La familia, por el contrario, siempre ha mostrado su enfado por los intentos de señalar a ETA por estos hechos. “¿Alguien puede pensar que si ETA hubiera reivindicado tres veces un acto se hubiera puesto en duda su autoría? ¿Qué intencionalidad hay para intentar construir una hipótesis falsa?”, protestaron este año cuando el Memorial de víctimas de Vitoria, dependiente del Gobierno de España lanzara interrogantes.

A la familia Etxeberria le han rechazado en tres ocasiones la solicitud para que se aplique a su familiar la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo: en 2008, en 2013 y ahora, en 2026. La falta de autoría es uno de los motivos por los que el Ministerio del Interior justifica su rechazo. GEBehatokia ha citado el siguiente fragmento de la resolución: “al no poder determinarse la relación de casualidad necesaria y suficiente entre la desaparición y fallecimiento y un hecho de naturaleza terrorista”.

Hernán, de GEBehatokia, asegura que el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha recurrido al “copia-pega” de las resoluciones anteriores, a pesar de que la familia ha aportado más argumentos a su favor. Entre ellos, destaca la contextualización de la época, marcada por numerosos atentados parapoliciales en Iparralde, así como varias certificaciones del BVE y de otros organismos que respaldarían la versión del secuestro por bandas parapoliciales.

En la misma línea, Garaialde, de Egiari Zor, ha insistido en que “no hay debate posible”: 'Naparra' es una víctima del terrorismo. La portavoz ha recordado que tanto el Gobierno vasco como las Naciones Unidas reconocen el caso como una desaparición forzada, al igual que el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en Vitoria. Este último resalta a la vista, ya que el propio Ministerio del Interior participa en el patronato del Memorial, que incluso ha incluido a 'Naparra' en la exposición 'Ausencias presentes', dedicada a personas desaparecidas por terrorismo en España.

Con estos argumentos sobre la mesa, ambas entidades han mencionado el caso de los tres gallegos a quienes sí se les ha aplicado la ley. Trabajaban en Irún y, el 24 de marzo de 1973, desaparecieron al otro lado de la muga, a donde habían ido a ver una película. Sus cuerpos tampoco fueron encontrados y, a diferencia de 'Naparra', nadie reivindicó su secuestro. Además, la justicia no ha esclarecido las circunstancias “exactas” de su desaparición y, aun así, “nadie puede dudar de la naturaleza del hecho doloroso”. “Debían ser reconocidos y lo fueron”, ha concluido Garaialde.

El portavoz de GEBehatokia ha sido directo: “si se tratara de una víctima de ETA, este rechazo nunca se hubiera producido”. Garaialde ha coincidido con él y ha calificado la decisión de “repugnante acto de discriminación”. Este jueves, ambas entidades no han denunciado “un laberinto burocrático ni un vacío legal”, sino “una decisión política, consistente, sistemática y vergonzosa”. También han insistido en la “revictimización” que está sufriendo la familia Etxeberria, condenada a “vivir una discriminación inaceptable de por vida”, según ha afirmado Hernán.

Por su parte, Eneko Etxeberria, hermano de 'Naparra' y familiar presente en la comparecencia, ha completado las declaraciones compartiendo la odisea que ha vivido para lograr que a su hermano se le aplique la ley. Desde conseguir que el Defensor del Pueblo de Navarra colaborara con la causa hasta recibir una carta personal de Ana Ollo, consejera y vicepresidenta primera del Gobierno de Navarra, en la que compartía su “impotencia”. “Todo se reduce en la voluntad de hacerlo”, ha cerrado Etxeberria.

Debido al cansancio y al coste económico que implica, la familia ha desistido de volver a recurrir. “Cada rechazo es una frustración”, ha declarado Hernán. Por ello, Egiari Zor pide que se revise “inmediatamente” la resolución, que se garantice la “equiparación efectiva en el trato a todas las víctimas del terrorismo” y que se presente una disculpa pública a la familia Etxeberria por las cuatro décadas de negación institucional.

La aplicación de la ley a 'Naparra' podría significar mucho para su familia. Sus hermanos, además de recibir una indemnización de al menos 250.000 euros, podrían contar con asistencia psicológica y jurídica gratuita. Pero, sobre todo, su ser querido sería honrado, respetado y recordado en la memoria pública de España.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco informará directamente a las víctimas acerca de los permisos penitenciarios que se conceden a los reclusos, una medida adoptada ante la constatación de que el sistema de anterior, basado en las comunicación a las asociaciones de damnificados, era “inadecuado” ante la falta de transmisión de avisos a las víctimas, en algunos casos, y “la filtración de aspectos sensibles y protegidos” de algunos expedientes.

Con el objetivo de implementar el nuevo sistema, el Ejecutivo autonómico ha habilitado un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para que quien lo desee pueda recibir la información que legalmente le corresponde de forma personalizada y “con todas las garantías de confidencialidad y protección de datos”, según ha informado el propio Gobierno vasco en un comunicado que recoge Europa Press.

La decisión supone un cambio en el criterio aplicable a la notificación de los permisos penitenciarios. A partir de ahora, las comunicaciones se harán atendiendo al derecho de las víctimas a ser informadas directamente por parte del Gobierno vasco, de manera individualizada. Esta modificación busca compatibilizar el derecho de las víctimas a recibir información relevante con una gestión “más eficiente y homogénea” de las comunicaciones, según ha indicado el Departamento de Justicia.

Según ha recordado, hasta este momento se avisaba de estos permisos mediante la comunicación de las resoluciones a las asociaciones de víctimas, con el fin de que estas pudieran hacer llegar a sus asociados con antelación la existencia de resoluciones que les afectaran emocionalmente. Además, ha explicado que se ha comprobado que este método es “inadecuado” por la falta de transmisión de los avisos a las víctimas, en algún caso, y por “la filtración de aspectos sensibles y protegidos de los expedientes” en otros casos. La modificación no implica alteración alguna de los derechos reconocidos a las víctimas, que continuarán siendo informadas en aquellos supuestos legalmente previstos, y siempre que ellas lo deseen.

Asimismo, se mantiene el compromiso institucional de protección, atención y acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso. A partir de este momento, cualquier víctima que desee ser informada de los permisos penitenciarios en los casos previstos por la ley, puede solicitarlo directamente al Gobierno vasco a través de los canales habilitados para ello: el teléfono 945 01 66 28 y el correo electrónico atencionvictimas@euskadi.eus. La Dirección de Atención a Víctimas le atenderá de forma personalizada, resolverá sus dudas y le facilitará la información que legalmente le corresponda recibir, “siempre con las debidas garantías de confidencialidad y protección de sus datos”, se informa.

“Intento de obstaculizar”

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que el Gobierno vasco “cierra el acceso a la información penitenciaria a las asociaciones de víctimas para obstaculizar la fiscalización de su política con los presos de ETA”. En un comunicado, la presidenta, Consuelo Ordóñez, ha criticado la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de “dejar de comunicar las resoluciones penitenciarias relativas a los presos de ETA a las asociaciones de víctimas”. Para el colectivo, esta medida constituye “un ataque frontal a nuestro derecho de conocer y denunciar decisiones que afectan directamente al derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo”, además, de “un intento de obstaculizar nuestra legítima denuncia pública de la política penitenciaria que está llevando a cabo ese Ejecutivo autonómico”.

Ordóñez ha criticado que el Gobierno vasco “utilice su obligación de informar directamente a las víctimas (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito) como excusa para dejar de informar también a las asociaciones que las representan”. “Que informen directamente a las víctimas afectadas por sus resoluciones es lo que deben hacer”, ha subrayado. La presidenta de Covite ha incidido en que “esa obligación no exige cerrar el canal de información con las asociaciones que ellas han elegido libremente para que las representen, les informen y defiendan sus derechos”. “Ambos canales son compatibles y complementarios”, ha opinado.

A juicio de Covite, resulta “especialmente grave que el Departamento justifique su decisión atribuyendo a las asociaciones falta de transmisión de información y filtración de aspectos protegidos de los expedientes, sin identificar en su nota los hechos concretos ni las entidades a las que se refiere”.

Según Ordóñez, “no pueden lanzar sospechas sobre el conjunto de las asociaciones y utilizarlas para imponer un cierre general de información”. “Si tienen alguna acusación que formular, que la concreten y la acrediten”, ha afirmado, para subrayar a continuación que, “lo que resulta inaceptable es desacreditar públicamente a quienes defendemos a las víctimas para justificar una decisión que dificulta nuestro trabajo”. Ordóñez ha señalado que el Gobierno vasco “culpa” a Covite “de que algunas víctimas no hayan recibido información, cuando es su obligación garantizar que la reciban” y cuando, además, algunas “víctimas, también las que no están asociadas, se están enterando de sus decisiones penitenciarias gracias a nuestras denuncias públicas”.

“Es una contradicción absoluta: nos acusan de no informar y al mismo tiempo nos cierran el acceso a la información que nos permite hacerlo”, ha aseverado. Para Ordóñez, la medida adoptada por el Ejecutivo Vasco supone “una represalia contra la denuncia pública de los terceros grados y de las aplicaciones del artículo 100.2 a presos de ETA que no han mostrado un arrepentimiento real y público”. Por otro lado, ha censurado que ha conocido esta decisión “por los medios de comunicación, sin que el Gobierno vasco se la haya comunicado directamente”. Finalmente, ha incidido en que la medida supone “un maltrato institucional a las víctimas y a las asociaciones que libremente han elegido para que las representen” y ha advertido al Gobierno vasco que no va a conseguir silenciarles cerrándoles el acceso a la información.

Desestimado el recurso de un preso

Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso interpuesto por un preso que solicitaba la nulidad de la decisión administrativa de la dirección de Justicia del Gobierno vasco que acordó su traslado del centro penitenciario de Bizkaia (Basauri) al de Álava (Zaballa) para cumplir la pena. Según ha informado el Alto Tribunal vasco, el recluso pidió al TSJPV la anulación del traslado y argumentó, entre otras cuestiones, el “evidente efecto desocializador” que conllevaba su traslado a la prisión alavesa, ya que su núcleo familiar estrecho tenía que trasladarse para poder visitarle, “implicando un gravamen económico de muy difícil asunción”.

Por otro lado, el Departamento de Justicia defendió la legalidad del acto impugnado y la desestimación del recurso alegando que la decisión estuvo debidamente motivada, que el ingreso inicial en el centro penitenciario de Bizkaia tenía “carácter provisional hasta la designación del centro de cumplimiento”, y que la capacidad de las instalaciones de la prisión vizcaína “determina que no pueda ser el centro de destino con todos los internos que lo solicitan” o que “mantengan vinculaciones con el entorno de Bizkaia”. El TSJPV ha rechazado finalmente las alegaciones del recurrente y ha recordado, en su resolución, que “no existe un derecho de los penados a elegir a su conveniencia un centro de cumplimiento”.

El tribunal ha añadido que, en este caso, la decisión de la dirección de Justicia que acordó su traslado se adoptó sobre la base del expediente de la junta de tratamiento del centro penitenciario vizcaíno. “En la medida que la propia decisión aquí impugnada se apoya en la previa decisión de la junta de tratamiento no cabe pues entender que se trate de una mera decisión arbitraria o carente de toda justificación”, afirma la sentencia.

El TSJPV también indica que las razones aducidas por el preso para cumplir la pena en la prisión vizcaína “se muestran un tanto endebles dada la cercanía entre ambos centros, lo que ”no constituye obstáculo de entidad ni para su posterior resocialización ni tampoco“ para mantener el contacto con sus familiares. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Reinares, ha sido propuesto para ser el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, en Vitoria, tras la jubilación del actual, el periodista Florencio Domínguez, según ha contado 'El Correo' y ha confirmado este periódico.

Este martes se ha reunido en Madrid la comisión ejecutiva del patronato del Memorial, recoge la Agencia Efe, donde se ha propuesto este nombre, que deberá ser ratificado en la reunión del patronato —que preside el presidente del Gobierno— del próximo día 13.

Reinares es un académico experto en terrorismo internacional, sobre todo yihadista, sobre el que ha escrito varios ensayos, aunque también escribió un libro, 'Patriotas de la muerte', sobre las motivaciones de los jóvenes para ingresar en ETA. Desde 2004, cuando ocurrieron los atentados yihadistas en Madrid, a 2006 fue asesor para asuntos de política antiterrorista del ministro del Interior José Antonio Alonso, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue el primer presidente del Grupo de Expertos en Radicalización Violenta de la Comisión Europea (2007-2009).

Domínguez, periodista e investigador, asumió la dirección del Memorial en 2015, más de cinco años de la inauguración.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, ha presidido este miércoles un acto celebrado en Vitoria en el que se ha hecho entrega a familiares de víctimas del terrorismo de unos cuadernos de memoria que recuperan su historia. Son veinte dosieres con información sobre personas asesinadas entre los años 1985 y 1989 por la banda terrorista ETA y dos más de víctimas de Iraultza de ese mismo periodo. En todos estos casos, no ha habido un esclarecimiento total de los hechos, bien sea porque no se han llegado a identificar los autores materiales o porque los sumarios han sido expurgados, entre otros supuestos. “Una víctima no puede quedar reducida a una fecha, a un expediente o a las circunstancias de su muerte. Antes que víctimas fueron personas”, ha incidido la consejera. Desde 2021 y con estos últimos, son ya 225 los cuadernos entregados a familiares.

Se les han puesto nombre y apellidos a las veintidós vícitimas, y algunas de ellas se han podido acompañar de fotografía. Son Jesús Ildefonso García Vadillo, Moisés Cosme Herrero Luengo, Eugenio Recio García, Juan Merino Antúnez, Antonio Jesús Trujillo Comino, Fernando Amor Calvo, José Expósito Afán, Alejandro Sáenz Sánchez, Manuel Fuentes Pedreira, José Miguel Moros Peña, Adrián González Revilla, Ignacio Mateu Istúriz, Julio César Sánchez Rodríguez, María Luisa Sánchez Ortega, Vicente Montoya Salazar, Pedro Ballesteros Rodríguez, José Luis Barrios Capetillo, Cristóbal Díaz García, José Calvo de la Hoz, Juan Bautista Castellanos Martín, Luis Reina Mesonero e Ignacio Bañuelos Lasso.

Según se indica desde el departamento, los cuadernos, confeccionados en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), recogen la historia personal de cada víctima, con el contexto del asesinato, la situación judicial y material gráfico. La consejera firma, además, un mensaje institucional en el que transmite el reconocimiento oficial del Gobierno vasco. “El silencio también tiene consecuencias. Cuando una historia queda fuera del relato colectivo, cuando un asesinato acaba reducido a un expediente o a una noticia del pasado, ese silencio puede convertirse en una nueva forma de sufrimiento”, ha subrayado San José, para recalcar la importancia de preservar la memoria de las víctimas.

Los familiares de tres de estos asesinados han participado en el acto de este miércoles, celebrado en el museo Artium de la capital alavesa. Celso Recio es hijo de un cabo de la Guardia Civil asesinado en Santurtzi. El padre de Nerea Barrios, dueño de un restaurante, también fue asesinado en esa localidad vizcaína. El padre de Cristóbal Díaz, policía nacional, fue asesinado en Bilbao. Han relatado sus memorias, han hablado del recuerdo que les queda de sus padres y han coincidido en que las víctimas cuyos casos no se han resuelto son “de segunda”. Han convenido también en la necesidad de preservar la memoria histórica y en transmitir a las nuevas generaciones lo que fueron los años del terrorismo para que situaciones como aquellas no vuelvan a suceder. “La mayor derrota que puede tener una víctima del terrorismo es el olvido”, ha sostenido Barrios.

“No solo lo mataron, sino que querían quitar lo bueno de él”

Hija de un hombre conocido en el pueblo, con un negocio muy frecuentado, Barrios recuerda que, además del asesinato, lo que le hizo mucho daño fue que se intentase tejer una historia falsa sobre su padre después de muerto. “Se intentó vender una idea de que era una persona que tenía que ver con el narcotráfico, con la trata de blancas, que era confidente de la Policía. No sé ni cuántas cosas se pudieron decir en pasquines para amedrentar a la gente y que nadie fuera a la manifestación”, ha recordado. Ella encabezaba la protesta y rememora que había quienes les retiraban la mirada después de que se hubiesen difundido aquellos infundios. “No solo lo mataron, sino que querían quitar lo bueno de él”, ha lamentado.

Mientras se manifestaba, la familia de Barrios fue recorriendo el pueblo. La Casa del Pueblo socialista, recuerda, estaba de luto y el 'batzoki' también se había sumido en el silencio. “Cuando pasamos por la 'herriko taberna', sacaron los bafles a la calle, pusieron la música a tope y se pusieron a bailar como posesos. Han pasado 37 años y todavía recuerdo la canción: 'Mándalos, mándalos, mándalos a la mierda, que se piquen, que se piquen ellos y sus amigos los maderos como si estuvieran en las 'txosnas' de Bilbao'”, ha relatado. En esa misma línea, Díaz, hijo de policía, ha contado que, mientras se velaba a su padre en el tanatorio, fuera se oía la algarabía de personas que celebraban el asesinato de otro agente de la Policía Nacional.

Los tres casos se cerraron pronto, sin resolver, sin encontrar a los autores materiales de los asesinatos. Esa circunstancia, han coincidido los tres hijos, los relegó a una categoría inferior entre las víctimas, de segunda. No solo han accedido a compensaciones económicas muy inferiores a las del resto, se han quejado, sino que también han tenido muchas menos oportunidades de relatar su caso y homenajear a sus progenitores.

En cualquier caso, han incidido en la “calidad humana” de la que están dotadas las víctimas del terrorismo, a las que Díaz ha calificado de “abanderadas de la paz”. “La memoria histórica debería ser obligatoria”, ha exigido Barrios. Díaz ha pedido que se siga escuchando a las víctimas y que se les dé la posibilidad de que cuenten su historia. “A través de ese testimonio y ese ejemplo de las víctimas del terrorismo se construye una sociedad mucho mejor. Que las generaciones venideras sepan lo que ha costado tener esta paz que hoy disfrutamos y que la sepan valorar”, ha apostillado.

Al acto han acudido varias autoridades, incluidos la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria; la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia; el director de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco, Alberto Alonso, y Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.

¿Por qué se normalizan los discursos de extrema derecha en el debate público? Antes de explicaciones enrevesadas sobre insidiosos algoritmos de redes sociales, el profesor de la Queen's University de Ontario (Canadá) Amarnath Amarasingam, que lleva una década investigando la radicalización extremista en su país, apunta al odio que pregona diariamente el presidente de EEUU, Donald Trump. “Los discursos que antes estaban en los rincones oscuros de Internet ahora emanan de la Casa Blanca”, señaló esta semana en Madrid en el XII Foro Elcano sobre Terrorismo Global.

Amarasingam se refirió a un ejemplo reciente de esta banalización del odio, en formato de videojuego, accesible desde una página web del Gobierno, sufragada con fondos públicos y con dominio oficial: arcade.gov. Allí, los jugadores pueden probar a vigilar la frontera en busca de migrantes irregulares, o bien contribuir a la construcción del muro fronterizo con México, mediante juegos que utilizan un formato simple que imita al de los ordenadores de los años 80.

El experto canadiense explicó que el discurso ultraderechista clásico se ha ido amalgamando progresivamente con otros relatos de rechazo al sistema a partir de la pandemia de COVID. Fue entonces cuando los difusores de ideas puramente fascistas empezaron a tratar en foros y salas de conversación de la red con propagandistas de relatos conspiranoicos, en el marco de los confinamientos y la preocupación por las vacunas.

“La pandemia reunió a actores muy diversos”, indica el académico, que expuso que en ese caldo coincidieron desde madres de familia a activistas de extrema derecha. Progresivamente, los perfiles se van difuminando hasta llegar al momento actual, en el que se vuelve difícil catalogar al radical. “No pertenecen a organizaciones, pero se mueven en un ecosistema de odio. Del patrón de militante como 'hombre joven y enfadado' pasamos a ver a hombres de más de 60 años, o incluso niños muy jóvenes que se mueven en ambientes nihilistas. ¿Cómo intervienes en esas situaciones?”, plantea.

Respecto a los menores, el experto llamó la atención sobre el grupo 764, una organización extremista centrada en la captación de adolescentes y niños, a los que se identifica en las comunidades de videojuegos multijugador y que son arrastrados a sucesivas plataformas hasta introducirlos en una red de extorsión, acoso y violencia sin mayor fin político que el caos. La comunidad, de contornos difusos, es considerada terrorista por Canadá y tiene extensiones por múltiples países. La policía detuvo a uno de sus miembros el pasado agosto en Gipuzkoa.

La difusa condición de esta y otras comunidades —una de ellas se autodenomina precisamente “The Com”— trae de cabeza a los estudiosos del fenómeno. “¿Esto es extremismo? ¿Cuál es el fin político? La cuestión es que no lo hay. Es crueldad porque si, y es global”, advirtió Amarasingam. El profesor considera que no buscan el regreso nostálgico a un pasado idealizado ni plantean una utopía, y vincula su auge con un fenómeno de pérdida absoluta de valores morales, la anomia que teorizó el sociólogo Émile Durkheim a finales del siglo XIX.

'Terroristas' al mejor postor

La investigadora Joana de Deus, del think tank británico RUSI-Institute, señaló, por otra parte, que, en la actualidad, la ideología ha dado paso en buena parte a un mercado del terror en el que los actores interesados —señaló a Rusia— se valen de agentes independientes a los que encargan sus actuaciones de desestabilización. “No les importa tanto el componente ideológico, como el resultado de desestabilizar Europa”, argumentó la experta, que puso el ejemplo del incendio de un almacén de Ikea en Lituania a manos de un adolescente ucraniano en 2025, o los casos de jóvenes africanos que, atraídos por falsas promesas, acabaron en el frente de la guerra contra Ucrania. Son fenómenos nuevos y difíciles de perseguir. “No se puede legislar lo que no se puede catalogar”, apuntó.

Con todo, el riesgo del extremismo ligado a la ultraderecha sigue siendo bajo en España, según Francisco Coria, jefe de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que depende de Interior. El foco sigue estando en el yihadismo, pero los fenómenos, a pesar de sus diferencias, tienen puntos de contacto: se trata de una especie de admiración por el uso de la violencia de las redes islamistas que llevan a grupos vinculados con el neonazismo, de nuevo con un fuerte componente online —como el conocido como Yihad Blanca— a adoptar sus métodos y tácticas.

Coria identificó varias causas de este florecer ultra, una verdadera ensalada explosiva: la polarización social, el rechazo a la inmigración, la falta de vivienda o los relatos de inseguridad. “Todo influye en estas narrativas”, destacó.

“Volver a mi pueblo después de tanto tiempo en que se me han cerrado las puertas, seguir teniendo una vida independiente y seguir queriéndonos, es todo lo que puedo desear, es lo máximo, el sumum y además con un niño merodeando por allá. Demasiada felicidad. Demasiado soñar”. El sueño de Dolores González Katarain, 'Yoyes', la primera mujer en alcanzar la cúpula de ETA, se cumplió brevemente. Pero el 10 de septiembre de 1986, hace 40 años, la organización terrorista la mató.

Llevaba apenas once meses en Gipuzkoa, después de más de doce años sin pisar su tierra, cuando, en pleno miércoles de mercado en Ordizia (Gipuzkoa), José Antonio López Ruiz, 'Kubati', se le acercó, cuando ella estaba con su hijo Arkaitz, de algo más de tres años y medio, y le disparó tres veces tras anunciarle que era de ETA y había ido a “ejecutarla”.

Mano derecha de Argala

Nacida en Ordizia en 1954, se integró en ETA muy joven y en 1973 huyó a Iparralde, donde fue escalando en el escalafón hasta convertirse en la primera mujer dirigente. Fue la mano derecha de José Miguel Beñarán, 'Argala', asesinado en 1978 por el Batallón Vasco Español (BVE), a quien sucedió brevemente como responsable política. Pero en 1979 decidió abandonar ETA por las diferencias con el devenir de la banda y porque la militancia le impedía desarrollar su proyecto de vida. Quería estudiar y poder tomar sus propias decisiones.

Lourdes Auzmendi, viuda de Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', y exmilitante de ETA-pm, sitúa la ruptura de Yoyes en el momento del desembarco de los llamados 'berezis' (los comandos especiales liderados por Francisco Mujika Garmendia, 'Pakito') en la cúpula de ETA militar. “La llegada de los 'berezis' no le dan la posibilidad de hacer ni lo más mínimo de lo que ella quisiera. Ahí es donde ella rompe y dice 'hasta aquí'”, rememora en declaraciones a EFE. Auzmendi apunta a que 'Pakito', que era de Ordizia, conocía bien a Yoyes y “no la perdonó”.

Marcha a México

Tras intentos infructuosos por marchar a Cuba, 'Yoyes' se instala a principios de enero de 1980 en México, donde pasa cinco años en los que culmina sus estudios de Sociología y da a luz a su hijo Arkaitz, una de las grandes motivaciones que abonaron su sueño de volver a Euskadi. Toda esta peripecia vital está documentada en el libro 'Yoyes, desde su ventana', que su familia editó un año después del asesinato y que recoge sus diarios.

ETA ocultó la ruptura de 'Yoyes', mientras que su nombre se mitificaba entre su propia militancia. “Parece que los últimos no quieren aceptarlo, como si fuera un marido al que la mujer ha dejado pero que, mientras no todo el mundo lo sabe, mantiene la esperanza de que ella vuelva”, escribió en agosto de 1984. Auzmendi recuerda que el papel de la mujer en ETA en aquellos años 70 “no era el que cabría pensar en una organización que se llama revolucionaria”. “Tenían que estar criando hijos, siendo el reposo del guerrero. Éramos propiedad de los hombres, literalmente”, explica. Pero 'Yoyes' rompió moldes al alcanzar “la vanguardia” de ETA.

Tras el nacimiento de su hijo Arkaitz en 1982, 'Yoyes' comienza a preparar su regreso, pero es consciente del riesgo y deja escrito varias veces que sabe que puede ser asesinada. Después de algunas gestiones con personas que conoció en México y que formaban parte del Gobierno de Felipe González, vuelve en 1985 a Euskadi, pero no acogida a las medidas de reinserción, como se dijo entonces, sino porque no existía causa alguna contra ella en España y podía beneficiarse de la amnistía de 1977.

Su asesinato significó un terrible impacto social. Kepa Korta, quien un año después se convertiría en alcalde de Ordizia por Euskadiko Ezkerra, integró una plataforma de protesta que logró reunir 8.000 firmas para sustentar un manifiesto de rechazo, 1.500 de ellas de vecinos de la propia localidad. “Hubo un antes y un después en la contestación contra ETA. Luego pegó otro salto con Miguel Ángel Blanco”, sostiene Korta en conversación con EFE, en la que recuerda que recogieron las firmas en las fábricas, en los comités de empresas y en todos los ámbitos de la localidad.

A su juicio, la reacción social al asesinato de Yoyes fue un precedente de movimientos masivos posteriores contra la violencia, de cuyo calado no fueron conscientes entonces, pero que “hacían mucho daño a ETA”. Recuerda también que José Miguel Latasa Getaria, otro vecino de Ordizia, el miembro de ETA que identificó a Yoyes para que Kubati la asesinara, fue víctima de su mismo crimen. Al dejar ETA, aparecieron en el pueblo pintadas que le tildaban de “traidor” y le amenazaban de muerte.

“Una mujer valiente”

Las que aparecieron contra Yoyes se pudieron ver al poco de su regreso a Euskadi, después de que un medio de comunicación desvelara su retorno. “Es como si todos se hubieran puesto de acuerdo para matarme”, escribió en su diario. En noviembre de 1985 Yoyes rechaza las acusaciones de colaboracionismo que se vierten contra ella —nunca se arrepintió de sus actos ni colaboró con la Justicia— y escribe en su diario: “¿Cómo voy a apoyar a un HB [Herri Batasuna] convertido en payaso del militarismo de corte fascista? ¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos?”.

Diez meses después se cumplieron sus oscuros vaticinios y fue asesinada por ETA. HB no condenó nunca el atentado. “Fue una mujer valiente, que sabiendo que la podían matar y que era muy probable que la mataran, no quiso doblegarse, dijo 'yo quiero hacer mi vida' y la mataron”, rememora Auzmendi.

Los casi 17 minutos que pasaron entre el impacto del primer avión contra la torre norte del World Trade Center y el del segundo contra la torre sur marcaron el final de una era y el comienzo de otra. El historiador Garrett Graff sostiene que en ese intervalo desapareció el “optimismo inocente” que definió la segunda mitad del siglo XX en su país, y que, 25 años después, vivimos en el mundo producto del miedo y la incertidumbre que se desencadenaron entonces.

El historiador lleva una década investigando el 11-S y sus consecuencias, que ha contado en charlas, pódcast, artículos y su libro publicado en 2019 y reeditado ahora, The Only Plane in the Sky. El único avión en el cielo“, el título se refiere al Air Force One en el que volaron durante horas, con poca información sobre el caos y la tragedia en tierra el presidente George W. Bush y miembros de su gabinete mientras todos los demás aviones habían recibido la orden de aterrizar o serían derribados.

El libro de Graff es la historia oral más completa de ese día a través de 500 testimonios entre los miles que examinó de supervivientes, víctimas, bomberos, policías, políticos y ciudadanos de a pie. Quería registrar lo que cree que se puede perder de aquellas horas: la crónica emocional, cruda, directa de cómo se vivió. Todavía hoy cuesta leer sin congoja la transcripción de las llamadas desde los aviones y desde las torres. Impresionan las despedidas en los contestadores y los relatos de las azafatas secuestradas, pero también la inconsciencia de los primeros momentos cuando nadie entendía lo que se avecinaba.

La primera alerta de los bomberos en Nueva York con el aviso del impacto del primer avión fue clasificada como “incidente 103”: no eran ni las nueve de la mañana, ya había habido un centenar de alertas antes en la ciudad, y todavía era inconcebible la dimensión de lo que estaba pasando. Fue el rato en que el entonces nuevo director del FBI, Robert Mueller, que estaba en una reunión sobre la investigación del atentado de Al Qaeda contra el portaviones USS Cole en 2000, miró por la ventana y preguntó: “¿Cómo es posible que el avión no viera la torre? Es un día tan despejado”. Ese rato en el que la megafonía de la Autoridad Portuaria, que gestionaba el World Trade Center, repetía por megafonía en la torre sur que sus ocupantes no estaban en peligro por “la situación” en el rascacielos gemelo.

Ese martes de septiembre, Graff era estudiante de la Universidad de Harvard y trabajaba en el periódico del campus. 25 años después, da charlas también a los más jóvenes para transmitir la experiencia más allá de los hechos conocidos. Incluso ese mundo más lento de reacción –las redes no existían e Internet era una fuente minoritaria de información– y menos polarizado es difícil de concebir hoy.

Graff es experto en seguridad nacional y ha documentado la historia reciente con libros exhaustivos sobre el Watergate, el FBI y el terrorismo, la búsqueda del Gobierno de EEUU de vida extraterrestre y el lanzamiento de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Su próximo libro, America in 25 Revolutions, explica las revoluciones que han hecho posible Estados Unidos, sobre cuyo futuro todavía es optimista.

Esta es parte de nuestra conversación editada por claridad y extensión.

Considerando las guerras, la pandemia y el trauma vivido o más cercano a través de las redes, ¿es tan impactante el 11-S para quienes no habían nacido entonces o eran demasiado jóvenes como lo fue para quienes lo vivimos? ¿Éramos más inocentes hace 25 años?

En Estados Unidos, el 40% del país es demasiado joven para recordar el 11 de septiembre. No sé cuál es el porcentaje en España, pero probablemente sea similar. En muchas partes del mundo es incluso mayor. Para la generación que ha crecido a la sombra del mundo creado por el 11 de septiembre es difícil entender lo diferente e inocente que era Estados Unidos en 2001.

A los estadounidenses se nos da muy mal entender nuestra historia y nuestro lugar en el mundo. Existe una larga tradición en la política estadounidense de imaginar que Estados Unidos es excepcional y que no le afectan la historia ni las cosas malas que ocurren en el resto del mundo. Eso se vio muy claro el 11 de septiembre, cuando nos sorprendió ver a Al Qaeda atacarnos aquí, en nuestros símbolos más famosos de poder financiero y militar. En los 17 minutos entre el primer y el segundo impacto, muy poca gente imaginó que eso fuera un ataque: en esos 17 minutos perdimos la inocencia.

Para la generación que ha crecido a la sombra del mundo creado por el 11 de septiembre es difícil entender lo diferente e inocente que era Estados Unidos en 2001

¿Y después?

La falta de comprensión de las fuerzas de la historia fue una gran parte de todo lo que vino después. Estados Unidos se embarcó en la invasión de Irak en 2003 con una falta de entendimiento colosal sobre Oriente Medio, su historia y su política. 25 años después, se puede decir lo mismo sobre cómo Estados Unidos se ha embarcado en la guerra en Irán. La gente en el resto del mundo entiende mejor que la gente en Estados Unidos hasta qué punto todas estas son la misma historia del ataque del 11 de septiembre: la guerra en Irak y la guerra de hoy en Irán son consecuencias de los efectos del 11-S.

La guerra de hoy en Irán es consecuencia de los efectos del 11 de septiembre

¿El 11-S explica todo eso y lo que vivimos ahora?

Los efectos dominó del 11-S han sido tremendos. Y sí creo que explican el mundo de hoy, si miramos a las consecuencias de la guerra en Irak, cómo ayudó a la emergencia de Estado Islámico y sus efectos, la revolución en Siria y cómo eso desencadenó una crisis de refugiados en lugares como Grecia y Turquía, y a la vez eso ayudó al ascenso de la política de extrema derecha, también con nuevos partidos en Europa, y cómo contribuyó al Brexit...

En cuanto rascas, puedo argumentar cómo el 11-S cambió por completo casi cualquier aspecto de la política nacional e internacional.

Donald Trump es una creación de los sentimientos antimusulmanes y antiinmigrantes que cobraron importancia en la política republicana después del 11 de septiembre. Ser antimusulmán y antiinmigrante es una de las pocas posiciones políticas que Donald Trump ha mantenido de manera consistente en su carrera. En el contexto de la política interna, ya sean las redadas de ICE o el despliegue de la policía de frontera en las calles de Los Ángeles, Mineapólis y Chicago, o las restricciones a los estudiantes extranjeros en Estados Unidos: todo eso es consecuencia del impacto del 11-S.

El 11-S cambió por completo casi cualquier aspecto de la política nacional e internacional

En el libro de 2019 no hay ninguna mención a Trump en la historia oral de aquel día. Era un promotor inmobiliario entonces, pero también un personaje en Nueva York… ¿Estaba en los testimonios que examinó?

Sí, acabo de hacer un episodio extra para el pódcast Long Shadow, que hice en 2021 sobre las preguntas que quedan del 11-S. Él es una parte importante. De aquel día está la entrevista extraña que da a una cadena de televisión de Nueva Jersey esa tarde, donde habla sobre cómo su edificio es el más alto del bajo Manhattan después del colapso de las Torres Gemelas.

Lo cual no era cierto…

Ya. Luego esa misma tarde, da una charla sobre cómo reaccionaría al 11 de septiembre como presidente y cuál sería su enfoque hacia los musulmanes. En la campaña de 2015-2016, creó una controversia porque dijo que había musulmanes bailando en las calles de Jersey City celebrando los ataques, lo cual no sucedió. Fue parte de su campaña.

¿Hay preguntas que sigan sin respuesta o necesiten más investigación sobre los atentados?

Hay dos áreas en las que nunca hemos llegado al fondo del asunto. Una es la conexión saudí en los ataques del 11 de septiembre, y hasta qué punto miembros o empleados del Gobierno saudí ayudaron a los secuestradores o tenían conocimiento previo de los ataques.

Esas preguntas siguen vigentes, hay demandas judiciales en curso sobre la participación saudí. El Gobierno de Estados Unidos ha sido bastante reservado sobre la publicación de algunos de los documentos aún clasificados relacionados con eso.

Nunca hemos llegado al fondo del asunto sobre la conexión saudí y hasta qué punto miembros o empleados del Gobierno saudí ayudaron a los secuestradores o tenían conocimiento previo de los ataques

Hay otra pregunta que me interesa personalmente: no creo que hayamos llegado al fondo de la historia de qué sabía la CIA sobre dos de los secuestradores del 11-S que estaban en Estados Unidos antes del ataque. La CIA sabía que dos secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, habían llegado a Estados Unidos. Esa información nunca llegó al FBI, y no se ha aclarado del todo qué hizo la CIA con ella.

¿Y sobre el vuelo 93 que se estrelló en Pensilvania? Tuvo mucha atención por la historia de la lucha de los pasajeros y la tripulación contra los terroristas y la orden del vicepresidente Cheney de abatir aviones secuestrados. ¿Hay algo por aclarar?

No. Tenemos una imagen bastante completa. En algunos aspectos, tenemos una mejor comprensión de lo que sucedió en el vuelo 93 de United Airlines que en otros vuelos secuestrados porque tenemos tanto extensas llamadas telefónicas desde ese avión como la grabación de voz de la cabina. Parece bastante claro que el objetivo era la Casa Blanca o el Capitolio, dependiendo de cuál fuera más accesible. La respuesta más probable es el Capitolio.

¿La sorpresa de lo que sucedió fue también la falta de imaginación de las autoridades? Es llamativo el detalle de que la primera reacción de Robert Mueller, el director del FBI, no fuera pensar en el terrorismo, sino preguntarse cómo un avión se podía haber estrellado contra un edificio en un día tan despejado.

Ahí se ve realmente lo inocente que era Estados Unidos. La reacción de los líderes de la nación ese día fue muy similar a la de los estadounidenses comunes: “Oh, un avión chocó contra el World Trade Center. Debe haber sido un avión pequeño, un accidente, quizás el piloto tuvo un ataque al corazón”. Hasta el segundo avión no hubo conciencia de que era un ataque.

Fue el momento en que Estados Unidos se dio cuenta de que no era intocable y que las cosas que pasaban en el resto del mundo también podían pasar aquí.

La reacción de los líderes de la nación ese día fue muy similar a la de los estadounidenses comunes... Hasta el segundo avión no había conciencia de que era un ataque.

Es extraordinario ver desde los ojos de 2026 que ese día había un ejercicio militar simulando un ataque nuclear ruso.

Sí, ayuda a subrayar cuán diferente era nuestra visión del mundo. El Gobierno de Estados Unidos pensaba que en ese momento su amenaza más seria era Rusia.

¿Qué le gustaría que entendieran los más jóvenes sobre ese día y sus consecuencias?

Esto tiene mucho que ver con por qué escribí mi libro como una historia oral. El poder de la historia oral es intentar asegurar que las personas que no vivieron el 11 de septiembre entiendan qué se sintió al vivirlo.

Contamos la historia de que los ataques comienzan a las 8:46 de la mañana y todo termina 102 minutos después. Hay cuatro aviones, cuatro ataques, 3.000 muertos. Todo eso es fácticamente preciso, pero no es una representación de lo que fue vivir el 11 de septiembre.

Volviendo a esos 17 minutos, los estadounidenses no sabían cuándo habían empezado los ataques ni cuándo habían terminado. No supimos durante la mayor parte del día cuántos ataques había habido. Durante casi toda la mañana hubo informaciones sobre un coche bomba en el Departamento de Estado. El Gobierno de Estados Unidos creyó hasta la 1:00 de la tarde que todavía había una docena de vuelos secuestrados en el cielo. No había sensación de que los ataques se limitaran a Nueva York, Washington y Pensilvania. Tenías rascacielos evacuados en todo Estados Unidos, Disney World, cerrado en Florida, el metro de Toronto cerrado en Canadá. Dondequiera que estuvieras sentías que el terrorismo podía alcanzarte.

Mi historia intenta recordar a la gente cómo se sintió, porque si solo conoces los hechos del 11-S, te pierdes la reacción emocional, el miedo, el caos, la confusión y el trauma. Ese miedo, caos, confusión y trauma, junto con la incertidumbre, explican por qué Estados Unidos reacciona como lo hace. No puedes entender la invasión de Irak sin entender ese sentido de miedo, trauma e incertidumbre.

¿Hay alguna historia en la que siga pensando?

Hay muchas. Siempre cuento la historia de Peter Johansen, uno de los capitanes de los ferris de Nueva York. Él y los pasajeros vieron ese primer impacto desde el puerto de Nueva York mientras cruzaban desde Nueva Jersey, y luego atracaron en la terminal de Wall Street, en la punta del sur Manhattan. Había papeles y escombros flotando a su alrededor mientras bajaban del ferry. Y, sin embargo, todos bajaron y caminaron hacia la zona. Nadie dijo en ese momento: “Parece que algo terrible está pasando, debería dar la vuelta e irme a casa”. Todos estaban pensando que iban a seguir con su día, incluso ahí mismo en el sur de Manhattan.

¿Las historias orales, con una forma cruda y emocional de contar la historia, tienen un valor especial en estos tiempos donde es tan difícil tener un consenso básico sobre los hechos?

Pienso mucho en cuán diferente sería hoy si experimentáramos una crisis o catástrofe similar. Hubo un período de gran unidad y patriotismo después del 11 de septiembre.

El lanzamiento de George W. Bush en el tercer juego de la final del campeonato de beisbol en el estadio de los Yankees siempre ha sido un momento icónico de patriotismo y unidad en Estados Unidos. Es completamente impensable imaginar que eso sucedería hoy. Estamos más polarizados, pero también el flujo de conspiraciones y desinformación desde los primeros minutos del ataque sería inabarcable: si el 11-S sucediera hoy, estaríamos instantáneamente abrumados por la desinformación.

Si el 11-S sucediera hoy, estaríamos instantáneamente abrumados por la desinformación

Su próximo libro, que se publica en noviembre, es sobre cómo Estados Unidos ha mejorado a lo largo de sus 250 años de historia. ¿Así que todavía es optimista?

Creo que sí. Estados Unidos tiene capítulos oscuros, a veces largos capítulos oscuros, pero cuando lo mides no a través de años, sino a través de generaciones, es un país que siempre se ha esforzado por ser mejor, más fuerte, más justo y más igualitario en casa. No quiere decir que lo hayamos hecho todo bien, pero desde luego es un momento donde los estadounidenses necesitan esperanza y optimismo.

Dos días después de que Pello Salaburu (Arizkun, 1951) fuera nombrado director de la Universidad del País Vasco (EHU), dos hombres con corbata entraron en su despacho y le mostraron en una cinta de vídeo VHS con medidas de seguridad que tendría que tomar a partir de aquel momento para evitar, en la medida de lo posible, un atentado bomba. “Cada semana vivíamos una escena de violencia distinta, algunas eran más fuertes que otras, pero no había escenas débiles. Una de las menos fuertes puede ser la de la pintada que me hicieron en la biblioteca y que nadie fue capaz de borrar. Tuve que ir yo a Leroy Merlín y comprar un bote de pintura blanca. Yo mismo me puse a pintar la pared hasta que me vieron los guardas de seguridad y me preguntaron qué estaba haciendo. La violencia presente en la sociedad se trasladaba a la universidad”, explica el que fuera rector de la EHU entre los años 1996 y 2000 durante el Curso de Verano 'La violencia contra la Universidad'.

Según recuerda Salaburu, en su época como rector “muchos sectores de la Universidad” pasaron miedo por la violencia de ETA y, como lamenta, “la Universidad no fue capaz de enarbolar la bandera de la decencia”. “Para enarbolar la bandera de la decencia hay que denunciar ciertas cosas. La Universidad es el sitio donde se piensa, no el sitio donde se tira la bala. Se responde con argumentos y eso la Universidad no lo cumplió, muy poca gente se atrevió a hablar con claridad”, reconoce.

Para quien fuera rectora de la Universidad pública vasca entre los años 2021 y 2025, Eva Ferreira (Barakaldo, 1963), el miedo se mostraba en las aulas a través de la autocensura. “Miguel Ángel Blanco era estudiante de Sarriko. Cuando llegué a la facultad el día que lo secuestraron me sorprendió el silencio. Cuando pregunté por qué nadie había hecho ni dicho nada me dijeron que era concejal del PP. Pusimos etiquetas para excusarnos y para no hacer nada. Miedo, autocensura, estigmatización, lo que queramos definir. También se estigmatizaba a los alumnos que llevaban escolta y muchos de ellos pasaban la mayor parte del tiempo solos. A veces porque el resto de los alumnos tenían miedo de que algo les pasara a ellos y otras porque no querían que se les viera con ellos”, detalla.

En su caso, al igual que Salaburu, también reconoce que la Universidad no estuvo a la altura en cuanto a condena del terrorismo se refiere. “Es verdad que había muchas universitarias y universitarios que estaban o estábamos frontalmente rechazando de la manera pública y privada que se podía la violencia y los actos terroristas, pero también es cierto que institucionalmente hicimos una especie de cordón enfermizo para no hablar de cuestiones políticas en las juntas. Hicimos un relato de que lo que estaba ocurriendo no era un asunto académico, sino político. La equidistancia y las excusas no estuvieron bien”, señala Ferreira, quien fuera miembro de Gesto Por la Paz.

El actual rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, recuerda que en un Curso de Verano en el año 1990 sobre nacionalismos emergentes públicamente dijo que ETA tenía que seguir el ejemplo de Terra Lliure, dejar las armas y abandonar la lucha armada. “Al igual que yo un colectivo de profesores que escribíamos habitualmente condenando todas las vulneraciones de derechos humanos nos hemos pronunciado sobre ello”, confiesa.

A pesar de ello, insiste en que el Curso de Verano está centrado en “la violencia de corte político contra la Universidad” y, por tanto, en su opinión esto abarcaría tanto la violencia de ETA como la respuesta de la violencia por parte del Estado. “Ejerce la violencia quien coloca una bomba lapa como quien tortura o quien decide no investigar las denuncias de tortura. No creo que estemos en un ámbito que paso del negro al blanco. Hay muchas zonas de penumbra y de gris y la Universidad debe mantener siempre el enfoque crítico y metodológicamente riguroso. Las universidades deben ser espacios de libertad y crítica”, en este sentido, el actual rector ha nombrado la violencia de la extrema derecha contra la universidad española en la Transición y la represión franquista en el ámbito académico, para después centrarse en la violencia de ETA.

“Vivimos y padecimos los años de plomo y luego sufrimos la estrategia de amedrentamiento. ETA aplicó la estrategia para silenciar a las personas críticas con ella, tanto en la sociedad como en la Universidad. ETA no consiguió su objetivo y no solo por el hecho de que no contara con las herramientas del Estado en el uso de la fuerza y la Justicia penal, venció la resiliencia democrática de nuestra sociedad. La EHU también fue un espacio de resistencia que contribuyó a deslegitimar la violencia de ETA, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, pero también los abusos y vulneraciones que cometió el Estado en su lucha contra ETA”, destaca Bengoetxea.

Sobre episodios de violencia en la Universidad en la actualidad, décadas después de que la banda terrorista entregara las armas, Ferreira recuerda el episodio que tuvo lugar en 2021 en el que un alumno de 21 años irrumpió a disparos con una escopeta en la Facultad de Ciencia y Tecnología en Bizkaia. “En aquel caso hubo una condena unánime sin ningún tipo de disenso. Fue un ataque contra los bienes públicos, porque no hubo personas heridas, pero hubo miedo. Sin embargo, otros actos no han tenido el mismo grado de condena. Seguimos pensando que dependiendo de quién está detrás del acto es más o menos condenable y a mí me parece que como academia debemos condenar la violencia venga de donde venga”, apunta.

En este sentido, Bengoetxea ha recalcado que, “ETA ya no existe”, aunque en la actualidad se siguen produciendo “actos que ponen en riesgo la convivencia y la seguridad de las personas”. “Botes de humo, pintadas amenazantes contra miembros de la comunidad universitaria o que dañan el patrimonio universitario, actos intimidatorios que vienen ocurriendo desde hace años... Hay quien los considera violencia de baja intensidad, quien los considera endémicos o esporádicos. Lo cierto es que se han producido con todos los rectorados. Los condenamos, nos preocupan y nos ocupan, por eso nuestros nuevos estatutos prevén entre sus principios rectores que la Ley contribuya a la promoción de la convivencia democrática rechazando cualquier tipo de violencia. Del mismo modo, la Acción 4.2 del eje 5 de nuestro Plan Estratégico 2026-2028 pretende asegurar la convivencia universitaria basada en el diálogo, respeto, empatía y cooperación”, concluye el rector.

Las víctimas del terrorismo en Extremadura han exigido este viernes que los condenados por esta “barbarie” cumplan íntegramente sus penas de prisión y han reclamado al conjunto de la sociedad firmeza para evitar que se “reescriba” el relato de los atentados. La demanda ha centrado el acto conmemorativo del Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo Extremeñas, un homenaje institucional al que han asistido representantes políticos, sociales, de asociaciones de afectados y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El rechazo a las medidas que flexibilizan la estancia en prisión de los condenados ha sido compartido de forma explícita por el Gobierno regional. El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha suscrito la crítica hacia la legislación penitenciaria y ha dejado clara la posición autonómica: “Las condenas deben cumplirse íntegramente. Desde Extremadura queremos decirlo con toda claridad: no aceptamos atajos”.

Bautista ha defendido que el homenaje no es “un acto más de la agenda”, sino una obligación de la conciencia colectiva para impedir que el paso del tiempo relegue a las víctimas al olvido. En este sentido, ha advertido de que, cuando los hechos del pasado se desdibujan, “se abre la puerta a que otros intenten construir un relato diferente”, destacando iniciativas regionales como el programa 'Educar para la convivencia' para llevar el testimonio directo de las víctimas a las aulas.

Críticas a los beneficios penitenciarios y apelación a la unidad

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz García, ha censurado que la normativa penitenciaria conceda “beneficios” a los reos por encima de los derechos de los afectados. Ruiz ha detallado que, de los 120 presos de ETA en la actualidad, solo 32 permanecen en régimen ordinario, mientras que el resto cuenta con medidas flexibilizadas, una circunstancia que, según ha denunciado, “genera dolor e incomprensión”. Asimismo, ha lamentado que los sectores políticos herederos de la violencia sean tratados como “socios preferentes” en el ámbito estatal.

Desde una perspectiva de cohesión, el presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (Asexvite), José María Antón, ha pedido a la clase política trabajar para “apaciguar” el clima de crispación y ha solicitado expresamente que la memoria de los fallecidos no sea empleada como un arma o instrumento de confrontación partidista.

La lacra terrorista se ha cobrado a lo largo de la historia la vida de 63 extremeños: 55 de ellos víctimas de la banda ETA, 5 del GRAPO, dos del terrorismo yihadista y una a manos de la extrema derecha.

Durante la ceremonia se ha procedido también a la entrega de las Medallas a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo en Extremadura, otorgadas este año al magistrado Ángel Juanes Peces, la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo, la entidad Cocemfe Cáceres y la Asociación de Vecinos de Nuevo Cáceres. Asimismo, Ainara López Frías ha recogido la Medalla a las Víctimas en representación del legado y la entereza de las familias que no llegaron a conocer a sus allegados arrebatados por la violencia.

La 'socialización del sufrimiento' fue una supuesta estrategia puesta en marcha por ETA a mediados de los noventa del siglo XX con el objetivo de “extender el miedo y la amenaza a amplios sectores de la población para conseguir la desmovilización de las organizaciones o personas que condenaban el terrorismo”. “Esta estrategia no solamente se basó en el asesinato (durante este periodo se asesinó a 98 personas) sino también en una fuerte presión y control social, en el fenómeno de la kale borroka y en un despliegue simbólico que reivindicaba para el mundo del nacionalismo vasco radical el espacio público”.

Así lo han explicado este miércoles el doctor en Historia Contemporánea por la EHU José Antonio Pérez Pérez y la licenciada en Historia Contemporánea y doctora en Ciencias Políticas, Sara Hidalgo García de Orellán en el Curso de Verano de la EHU 'ETA y la socialización del sufrimiento. Violencia terrorista multiforme. 1995-2011'.

“Tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart (1992) y el paso de la 'Alternativa KAS' a la 'Alternativa Democrática', la organización pasa de una táctica de desgaste a una ampliación de sus objetivos terroristas. En ese momento dejó de atentarse únicamente contra las fuerzas de seguridad o altos cargos para dirigir la violencia, acoso e intimidación hacia concejales y políticos locales, especialmente del PP, PSOE y UPN, pero también del propio PNV en sus inicios con casos como el de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa; hacia el poder judicial e intelectuales con asesinatos y ataques contra jueces y profesores o pensadores; hacia periodistas y medios de comunicación como directores, columnistas y sedes de periódicos (como el Diario Vasco o El Correo) para condicionar la información y evitar lo que ETA consideraba ”manipulación“, y por último, hacia la Ertzaintza, a través del acoso directo a agentes de la Policía”, ha explicado Pérez Pérez en su intervención.

Según han detallado los expertos, la “idea básica era hacer que el conjunto de la sociedad soportara las consecuencias del conflicto y no únicamente las personas directamente amenazadas por ETA”. Por ello, era necesario “extender la violencia y la intimidación a distintos sectores sociales, provocar miedo e inseguridad generalizados, de manera que la ciudadanía sintiera que nadie estaba al margen del conflicto, generar presión social y política para que el Estado modificara su política antiterrorista, desplazar los costes del conflicto hacia la población, de modo que el sufrimiento y las consecuencias de la violencia fueran compartidos socialmente y, en última instancia, buscaba debilitar la resistencia social frente a ETA y favorecer un clima en el que sus objetivos políticos parecieran tener mayor aceptación”, han indicado.

Entre las consecuencias de esa 'socialización del sufrimiento', han considerado que hubo un “ataque contra el pluralismo político, la extensión del terror, una ruptura y acoso en el espacio público, pero también por otra parte, la reactivación de la movilización social, la pérdida de apoyo del terrorismo de ETA y el fortalecimiento del Estado de Derecho”. “Miles de personas (llegando a casi 1.000 escoltados simultáneos en 2002) fueron obligadas a vivir con escolta privada o policial. Todo ello produjo un choque muy duro en la convivencia social que estuvo a punto de hacer descarrilar a la sociedad vasca hacia un enfrentamiento. Sin embargo, a largo plazo, provocó una reacción social en contra (especialmente a partir del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997), lo que llevó a la pérdida progresiva de apoyos a ETA y al fortalecimiento de los movimientos ciudadanos e instituciones democráticas”, ha concluido Pérez Pérez.

El Curso de Verano en colaboración con el Instituto Vasco de la Memoria (Gogora) cuenta con el objetivo de “conocer la historia del terrorismo de ETA”, así “los mecanismos desplegados para la consecución de sus objetivos” y saber “qué fue la socialización del sufrimiento y la violencia terrorista multiforme que puso en marcha, además de la violencia de persecución y el impacto que tuvo”. Para ello, este jueves analizarán todas estas cuestiones en una segunda sesión en la que el periodista Gorka Landaburu y la diputada del PSE-EE Rafaela Romero narrarán sus experiencias personales.

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El Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha vuelto a aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre 'Anboto', que se encuentra en la prisión de Martutene (Gipuzkoa), y a la que ya le había autorizado este mismo año este régimen, pero su aplicación fue rechazada posteriormente por la Audiencia Nacional. Fuentes del departamento han señalado que la Junta de Tratamiento realizó una propuesta de cambio de régimen para la exdirigente de ETA y Justicia ha firmado esa concesión del artículo 100.2.

Las misma fuentes han recordado que la concesión de ese artículo del reglamento penitenciario está condicionado a un plan de ejecución para hacer actividades laborales o de voluntariado. En el caso de 'Anboto' es para realizar actividades de voluntariado, que están controladas y reguladas. La concesión del 100.2 implica salir de prisión de lunes a viernes para desarrollar esas labores y se pernocta en la cárcel, donde también se permanece durante el fin de semana, según recoge Europa Press.

Tras la aprobación esta semana de este cambio de régimen, las mismas fuentes han señalado que está previsto que se haga efectivo en los próximos días, de manera que 'Anboto' podría salir de prisión de lunes a viernes y regresaría cada día a dormir en la cárcel.

En abril de este mismo año, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, rechazó la aplicación del régimen de semilibertad que había autorizado el Gobierno vasco. El Departamento de Justicia del Gobierno vasco había concedido en marzo la aplicación del artículo 100.2 a 'Anboto', lo que suponía que podía salir de prisión de lunes a viernes. El 23 de marzo fue el primer día que abandonó la cárcel de Martutene y el 22 de abril el último que disfrutó de ese nuevo régimen y volvió a prisión tras la decisión judicial.

De esta manera, el magistrado rechazaba la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y acordaba que permaneciera en segundo grado de tratamiento penitenciario. En su auto, el juez recordaba la gravedad de los delitos por los que fue condenada, como diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión. Argumentaba también que las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027, pero añadía que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

Tras la concesión de un “nuevo 100.2” a 'Anboto', desde la Asociación de Víctimas del Terroriso (AVT) se ha denunciado esa decisión y ha afirmado, por redes sociales, que “el contador baja a 32 presos en régimen ordinario sin salir de prisión” y que “ya son 123 terceros grados, 28 flexibilizaciones y 62 libertades condicionales”. “Estas son las cifras de la impunidad”, ha criticado.

Jefa militar

Soledad Iparragirre, histórica militante de ETA, vinculada con la banda terrorista desde 1981, con el comando Araba entre 1984 y 1987 y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993, quien años más tarde huyó a Francia, fue la encargada, junto con Josu 'Ternera' de leer en 2018 el comunicado del fin de ETA. Nacida en la localidad guipuzcoana de Escoriatza en 1961, se le imputan más de una docena de asesinatos. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década, y suma una extensa lista de condenas y penas que suman más de 280 años de cárcel.

En el año 2020 fue sentenciada a un total de 122 años de cárcel por dar la orden y suministrar los explosivos para la bomba lapa que mató al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. En el 2021 aceptó una pena de 15 años de prisión por haber dado la orden de atentar contra Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim en 1997.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, acusaron este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar el 40% de los fondos para luchar contra el terrorismo y evitar otro 11-S.

“Donald Trump está reteniendo fondos destinados a mantener a los neoyorquinos a salvo de otro ataque terrorista”, declaró Hochul en una rueda de prensa. “El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia creada en respuesta al 11 de septiembre, está reteniendo el 40% de la financiación antiterrorista del estado de Nueva York”.

La gobernadora denunció que la Administración Trump debe 87 millones de dólares (unos 75 millones de euros) a su estado, que definió como “el objetivo terrorista número uno del país”.

Según dijo, hace un año el mandatario se comprometió a reponer el presupuesto y tras ese tiempo siguen esperando: “Fue otra promesa rota”.

“El 'señor Hacer a América Segura' (en alusión al lema de campaña de Trump) habla en grande sobre las fuerzas del orden, presume mucho sobre proteger a nuestros agentes y a nuestra policía, pero en lugar de desarticular planes terroristas, está separando a familias inocentes y deteniendo a niños”, aseveró Hochul en referencia a la política migratoria del mandatario.

Por su parte, Mamdani detalló que los fondos que exigen al Gobierno de Trump no se destinan a informes, estudios ni a propuestas abstractas, sino a “financiar plenamente doce escuadrones de desactivación de explosivos en todo Nueva York”.

También se utilizan, dijo, para comunicación interna y eficaz del Departamento de Bomberos de Nueva York en caso de un ataque catastrófico o para poder responder ante una amenaza radiológica.

“No hay excusa para que el Gobierno federal deje a la ciudad más grande de la nación cargando sola con esta responsabilidad”, apuntó el edil.

Ambos denunciaron la gravedad de la situación coincidiendo con los días previos a la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, que dejaron más de 2.700 muertos en la ciudad.

La gobernadora, que ha protagonizado diversos enfrentamientos con el presidente, aseguró que, si no libera los fondos, Trump estaría “traicionando a cada familia que perdió a alguien el 11 de septiembre, a cada policía y bombero”.