Como ocurre en Vitoria o antes en Donostia, en Pamplona también empieza a haber personas procedentes de Malí pernoctando en la calle. Llevan ya unas semanas. Su país está sumido en una grave crisis, España recomienda no viajar allí, pero quienes vienen huyendo del horror se encuentran con un tapón burocrático para ser reconocidos como refugiados.

A pesar de que el aula se encontraba a unos 25 grados, los doce alumnos a los que hoy Ana San Martín ha impartido su primera clase de castellano llevaban mínimo tres capas. “Por lo visto siempre tienen siempre frío”, cuenta la voluntaria, maestra jubilada. Y es normal, porque en Malí en ese mismo día hacía 40 grados, la temperatura media diurna del país durante la primavera. Bahamadou, Moussa o Kaká son algunos de sus alumnos, parte de la veintena inmigrantes malienses que desde hace dos meses viven a la intemperie en un extremo de un parque del centro de la capital de Navarra. Todo lo que tienen cabe debajo de un banco, que ese día, por primera vez desde abril, se quedó vacío.

“Les conocí hace dos meses porque pasé por la zona con el coche”, recuerda la vecina que los puso en contacto con el Punto de Información Para Personas Migradas (PIM-MIG). Los vio alrededor del banco, “con botellas, bebiendo agua y zumos y lavándose en la fuente”, describe. Tras “darles un donativo”, la mujer volvió a casa y pensó que “estarían sin comer”. Así que volvió y “con dos de ellos” fue a un supermercado y compró “comida para los otros 18”. “Pan, queso, latas de pescado, fruta... Me decían que gastaba mucho”, describe. La mujer, que no se conformó con esa acción puntual, una vez descargó la compra llamó al PIM-MIG para poner en contacto a los malienses con los servicios disponibles. “Imprimí un plano de Pamplona y, como pude, les dije a dónde debían ir y cuándo. Y con los vecinos [del barrio] hemos conseguido de nuestros hijos ropa, calzado, mantas y demás cosas”, explica.

“Igual ahora en Pamplona hay 200 personas en la calle, pero no se nota porque están más escondidos. Sin embargo, estos se han plantado en medio de la ciudad, en un sitio muy céntrico, y no son una nacionalidad típica”, explica Carmen Lacunza, miembro de PIM-MIG. A pesar de la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, “necesitan mantas y sacos de dormir”. Desde la asociación, también dan clases de castellano, actualmente el único lugar en donde apuntarse hasta septiembre y a las que los malienses han acudido en bloque.

“La mayoría son agricultores que, según han contado, se les obligaba a pelear y a luchar. Y ellos no querían”, traduce la profesora San Martín recuperando “el poco francés que estudió de pequeña” y que hoy ha hecho de intérprete para este periódico. “Dicen que el Gobierno no puede hacer nada con las guerrillas, que combaten en todas las regiones”. Desde el golpe de Estado de 2021, Mali está gobernado por una junta militar y la violencia continúa marcando el país. La expansión de grupos yihadistas y la persistencia de la rebelión tuareg, origen de una crisis que se remonta a 2012, han agravado la inseguridad y los enfrentamientos armados en amplias zonas del territorio. Los malienses asentados en el parque frente a la Casa Misericordia llegaron a España por separado entre noviembre y marzo, muchos de ellos en patera desde las costas de Argelia tras haber atravesado a pie el desierto del Sáhara. Ahora, esperan poder tramitar sus peticiones de asilo, que ya en 2024 se dispararon un 700% en los ciudadanos malienses en España. Y en 2025 han seguido creciendo.

Según cuentan, “en África solo se habla de España, no se piensa en ningún otro [país al que emigrar]”. A pesar de la dificultad que supone no conocer el idioma, todos asienten cuando uno de ellos afirma que “todo es más fácil aquí” que en Francia. “Aquí no tengo miedo a ir al hospital o hablar con la Policía y con la gente, en Francia sí”, cuenta uno de ellos, que tiene esperanza en poder regularizarse para “trabajar y traer a su mujer y a sus hijos”. “Aquí el Gobierno es mucho más fácil todo”, afirma otro, a pesar de dormir a ras de suelo con sacos de dormir, no tener dinero para comer y ser alguno de sus compatriotas analfabetos. “La mayoría son gente [culturalmente] inocente”, comenta Lacunza sobre las expectativas de los malienses. La “obsesión” que tenían al llegar a Pamplona era encontrar un lugar en donde poder dormir, pero “todo está desbordado”, explica la miembro de PIM-MIG.

PIM- MIG, Punto de Información para Personas Migradas, fue “creado por activistas” y voluntarios que “defienden a las personas migrantes en la lucha por sus derechos”. Muchos de ellos eran parte de Iruñea Ciudad de Acogida, una iniciativa ciudadana que buscaba “movilizar la solidaridad” hacia aquellas “personas que sufren violencias” de conflictos armados, hambrunas y falta de recursos. Sin embargo, no eran conscientes de lo que “ocurría en el kilómetro cero” porque el impacto no iba más allá de “hacer concentraciones e imanes”, explica Lacunza, miembro del punto de información desde su creación. Todo cambio cuando “desde Andalucía mandaron para acoger a un joven menor”, el primero de Navarra. “Fuimos a buscarle dos compañeros y yo y no sabíamos qué hacer con él. No sabíamos a dónde mandarle ni a qué ventanilla ir, que luego ni siquiera las había. Entonces dijimos que hacía falta crear esa ventanilla y montamos el punto de información para explicar qué recursos había [para las personas migrantes recién llegadas]”, como la gestión del padrón, el acceso a la Sanidad pública, clases de castellano o la petición de arraigo y asilo .

“En el momento en el que empezamos a acompañar [a esas personas a las instituciones y servicios] empezó a venir muchísima gente”, la mayoría de ellos marroquíes y argelinos “porque son los que tienen más dificultad de llegar a ninguna parte”. A pesar de que se han impulsado desde las instituciones programas de acogida y algunas ONG también pueden darles cierto soporte, desde PIM-MIG denuncian que “queda mucha gente por atender” y que “hay muchas dificultades” para completar los trámites necesarios. Un problema que “no solo se da en Pamplona”, sino en “todo extranjería de todo el Estado [español]”. “Está todo petado”, tanto los lugares de acogida como puntos de información y comedores.

“También enseñamos castellano a muchos magrebíes, un ucraniano, hace poco ha llegado un ruso y otro día me llamaron para apuntar a un nigeriano”. Al igual que Apoyo Mutuo, asociación que, además de guiar a los migrantes durante su proceso de regularización, atiende a personas sin hogar y proporcionan recursos básicos como alimentos y ropa, los integrantes de PIM-MIG reparten a los inmigrantes sin techo materiales para poder pasar la noche lo mejor posible o les indican donde están los comedores, organizando ellos mismos un comedor un día. “Teníamos muy claro desde el principio que queremos dar a todos”.

“Hoy lo que me han pedido es que les imprima vocabulario y apuntes para poder estudiar mientras están en la Vuelta del Castillo”, cuenta San Martín de sus nuevos alumnos, que a pesar de jubilarse no se ha despegado de su vocación. Allí, donde la vecina que los ayudó por primera vez, intentarán avanzar en el camino de querer “ser españoles”. “¿Que cómo son?”, repite la mujer, “educados, limpios (tanto ellos como con los residuos de la comida), amables, agradecidos, simpáticos. No son pesados, siempre les parece bien todo lo que se les hace”. Una imagen que, según explica Lacunza, contrasta mucho con la impresión de otras personas personas que se cruzan con ellos. “He oido decir que como vienen de Malí, y hay una guerra, estarán acostumbrados a asesinar. Ese es también problema nivel social”, lamenta.

Las sirenas empujaron a centenares de bomberos y policías hacia un peligro que ya estaba cobrando vidas. Durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, miles de miembros de los servicios de emergencia acudieron a las Torres Gemelas para evacuar heridos, buscar supervivientes y organizar las tareas de rescate.

Muchos quedaron atrapados cuando los edificios se derrumbaron y otros continuaron trabajando entre los escombros durante meses. Aquella respuesta dejó una larga lista de fallecidos entre los equipos de emergencia y convirtió a numerosos intervinientes en testigos de una devastación que marcó sus vidas durante décadas.

Un estudio vinculó el trauma del 11-S con hijos adultos

Más de 20 años después de los atentados, las consecuencias psicológicas de aquella experiencia siguen apareciendo en las familias de los intervinientes. Un estudio publicado en PLOS Mental Health y realizado por investigadores del New York State Psychiatric Institute y la Columbia University concluye que la exposición de los padres al trauma del 11-S se relaciona con problemas de salud mental observados actualmente en sus hijos adultos.

Los autores detectaron diferencias según el tipo de trabajo desempeñado tras los atentados. Los trabajadores civiles de recuperación y limpieza que estuvieron sometidos a mayores niveles de estrés tendían a tener hijos con más síntomas de ansiedad y trastorno por estrés postraumático.

Entre los intervinientes tradicionales, como policías y otros cuerpos de emergencia, aparecieron otros patrones. Las relaciones deterioradas entre padres e hijos se asociaron con una mayor probabilidad de trastorno por consumo de alcohol en la descendencia.

La investigación también examinó el estado psicológico de padres e hijos. Aunque todos los progenitores habían sido seleccionados por antecedentes de trastorno por estrés postraumático, la mayoría ya no cumplía los criterios clínicos de ese diagnóstico en el momento del estudio. En cambio, seguían siendo frecuentes la depresión, la ansiedad y el trastorno de pánico.

Entre los hijos adultos, más del 20% presentaba depresión y más de una cuarta parte sufría algún trastorno de ansiedad. El trastorno por estrés postraumático era menos habitual, aunque el consumo problemático de alcohol aparecía con más frecuencia que entre sus padres.

Los resultados señalaron además una relación entre determinadas experiencias sufridas por los progenitores y los problemas detectados en sus descendientes. El contacto con restos humanos y el tiempo acumulado en la zona del World Trade Center se asociaron con un mayor riesgo de estrés postraumático en los hijos. Cuantas más horas permanecieron los padres en el lugar de los ataques, mayores eran también las probabilidades de ansiedad y episodios de pánico en la siguiente generación.

Los investigadores observaron que la salud mental actual de los progenitores seguía teniendo un peso importante. El trastorno por estrés postraumático en los padres se relacionó con mayores probabilidades de estrés postraumático, depresión y pánico en sus hijos. La depresión parental se asoció con depresión en la descendencia, mientras que los trastornos de pánico de los progenitores guardaban relación con un aumento del riesgo de estrés postraumático en los hijos adultos.

Las circunstancias del hogar influyeron en la evolución posterior

Para interpretar estos hallazgos, el estudio recurrió al concepto de transmisión intergeneracional del trauma. Este fenómeno ya había sido documentado entre descendientes de supervivientes del Holocausto, veteranos de guerra y personas expuestas a episodios de violencia extrema.

La idea describe cómo un acontecimiento traumático puede influir en generaciones posteriores mediante varios mecanismos. Algunos actúan a través de la educación y de las dinámicas familiares, mientras que otros podrían estar relacionados con cambios biológicos asociados al estrés intenso.

Los autores recuerdan que los padres afectados por traumas graves pueden tener dificultades para gestionar conflictos, expresar emociones o mantener una disponibilidad emocional estable. Estas circunstancias alteran el entorno familiar y pueden influir en el desarrollo psicológico de los hijos.

La investigación también menciona que los efectos varían según la edad de los menores cuando ocurre el episodio traumático. Los niños pequeños suelen exteriorizar el malestar mediante conductas impulsivas o agresivas, mientras que los adolescentes tienden a interiorizarlo mediante aislamiento o síntomas depresivos.

La muestra incluyó 327 padres y 270 hijos adultos pertenecientes a 176 familias. Todos completaron cuestionarios estandarizados sobre salud mental, experiencias traumáticas, apoyo social, relaciones familiares y calidad de vida. Los investigadores recopilaron además información detallada sobre el grado de exposición de los progenitores a los atentados y sobre las funciones que desempeñaron durante las labores posteriores.

El trabajo concluye que las relaciones familiares y el apoyo social pueden amortiguar parte de estos efectos. Según los investigadores, la forma en que una familia afronta las secuelas del trauma puede reducir o aumentar el malestar psicológico transmitido a la siguiente generación.

Más de dos décadas después del derrumbe de las Torres Gemelas, las consecuencias de aquel desastre siguen presentes en hogares estadounidenses que continúan lidiando con una herencia emocional nacida entre el humo, los escombros y las tareas de rescate.

La resistencia de la sociedad civil frente al terrorismo de ETA desempeñó un papel importante en la derrota de la banda, pero la literatura académica internacional no se ha fijado hasta ahora en aquellas movilizaciones que, junto con otros agentes y factores, lograron que se pasase de un asesinato prácticamente cada tres días a una rendición sin paliativos de los terroristas. Los 'papers' han desdeñado ese aguante frente a un grupo militarizado y organizado, de los más temidos de toda Europa, con más de cuatro décadas de extorsiones, secuestros y asesinatos a sus espaldas. Javier Argómaniz sostiene que la sociedad civil vasca fue “crucial” en la derrota de ETA. Esos ciudadanos, según apunta en un libro publicado por Oxford University Press, sembraron la semilla de la deslegitimación de la violencia, llevaron a cabo una labor pedagógica y aparcaron sus diferencias políticas para unirse con el único propósito común de alcanzar la paz.

Argómaniz se encuentra esta semana en Vitoria. La sala 1.8 del Centro de Investigación Micaela Portilla de Vitoria acoge este martes, a las 10:30 horas, un seminario titulado, como el libro que firma, 'Resisting Terror. Civil action and non-violent resistance to terrorism in Basque Country'. El evento puede seguirse a través de una retransmisión en directo, en este enlace.

“La resistencia civil puede afectar a la evolución de la violencia a través de cuatro mecanismos, que ayudan a largo plazo a debilitar indirectamente a la organización terrorista”, explica Argómaniz, tanto de forma general como en la práctica aplicada al caso de ETA y la respuesta de la sociedad vasca. Esos cuatro resortes son, dice, la deslegitimación de la violencia, el fortalecimiento de la cohesión social, socavar el apoyo a ETA dentro del movimiento político que lo rodea y, finalmente, en la fase final de la evolución de la campaña terrorista, sumar a grupos de la sociedad civil que ayudan en el debate que existe dentro de la propia izquierda abertzale en torno a la transición que puede emprender hacia el uso de métodos no violentos. En esa última categoría incluye iniciativas como Foro Social Permanente y Artesanos por la Paz, que considera que ayudan en dicha fase final a que el proceso arribe a buen puerto.

En su análisis, se retrotrae a los movimientos pacifistas, que actuaron como “emprendedores”, pues trabajaron para “normalizar a la sociedad en una cultura para la paz y los valores democráticos”. “Ahora lo vemos con ojos de 2026 y no suena como una contribución tan importante, pero nos tenemos que poner en ese contexto histórico. Había muy poca tradición democrática en España”, reconoce Argómaniz. No fueron los únicos, pues hubo también intelectuales, periodistas y partidos políticos dedicados a esa labor, pero enfatiza el papel del movimiento cívico y constitucionalista en la “deslegitimación de la violencia”, con una pedagogía dirigida a enseñar lo que significa vivir en una democracia y un Estado de derecho. Argómaniz sostiene que, desde el ámbito académico, se ha prestado poca atención a cómo la sociedad civil puede determinar la trayectoria de una campaña terrorista a través de acciones no violentas. “Es importante que haya un conocimiento del caso vasco, porque tiene lecciones que se pueden extrapolar”, defiende.

Las organizaciones civiles, además, se rodearon de un aura de credibilidad nacida del hecho de que no se guiaban por directrices políticas. Algunas llegaron a tener conexiones con partidos políticos, admite Argómaniz, pero gozaban de autonomía y bregaban en una única dirección: la consecución de la paz. Se unían para hacer ver a ETA que enfrente tenía a una mayoría social contraria al uso de la violencia en la esfera pública. El plantarse frente a los terroristas ya servía para minar la imagen glorificada que algunos tenían de ellos, incluso para disuadir a potenciales miembros de la banda de unirse a ella. Habla Argómaniz de un “cortafuegos” frente al reclutamiento de nuevos militantes.

El asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista, que lo tuvo secuestrado durante tres días, supuso un “parteaguas”. Miles de personas se echaron a las calles a exigir a la banda terrorista su liberación y Argómaniz defiende que sin esas “desbordantes” movilizaciones, no es posible entender la aparición del movimiento cívico. “Esa respuesta social sobrepasa lo que habíamos visto anteriormente. Para intelectuales y activistas, indica que hay un anhelo por una respuesta más vigorosa”, abunda.

La acción cívica contra ETA tampoco estuvo exenta de peligros y amenazas. Quienes se significaban en contra de la banda pasaban a ser objetivos, ya fuera de los terroristas o de las acciones de la 'kale borroka'. Ante esos costes, los “lazos emocionales y afectivos”, como los denomina el autor, fueron de gran relevancia, porque facilitaron la permanencia a través de una sensación de compañerismo y un sentimiento de pertenencia a una causa “más grande que las personas” como era la paz.

Argómaniz, autor del libro que sirve de percha para el simposio de este martes, es profesor titular de la escocesa University of St Andrews y miembro del Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV). Con una investigación enfocada a las respuestas estatales, no estatales y civiles ante la violencia política, ha publicado artículos en varias revistas académicas y ha codirigido proyectos de ámbito internacional sobre las necesidades de las víctimas del terrorismo y el papel que pueden desempeñar en la prevención de conflictos.

Pasadas las ocho y media de la mañana del 24 de mayo de 2001, Santiago Oleaga se encontraba en la Fundación Matia, ubicado en el barrio El Antiguo de Donostia, para continuar con la rehabilitación de una lesión de hombro causada por su afición a la pala. Mientras, miembros de ETA le esperaban en las inmediaciones del centro médico. Al identificar a Oleaga descendiendo de su coche, los terroristas no dudaron en disparar siete tiros por la espalda que acabaron con la vida de Oleaga. Así fue como hace 25 años el director financiero 'El Diario Vasco' fue asesinado por ETA.

Oleaga, nacido en Durango en 1947, trabajaba como director financiero de El Diario Vasco cuando fue asesinado. Estaba casado con Amaia Guridi y tenían dos hijos. Durante el homenaje celebrado este viernes en la sede de periódico, el presidente del grupo editor, José María Bergareche, le ha definido conmovedoramente como “un hombre íntegro” y “bueno”. A su vez, el director, David Taberna, recordaba que, después de su familia, “su prioridad era el periódico”.

La organización terrorista había puesto fin al alto el fuego en el año 2000. En aquellos meses, los periodistas se convirtieron también en uno de sus objetivos. Apenas diez días antes del asesinato de Oleaga, el periodista Gorka Landaburu había resultado gravemente herido tras abrir un paquete bomba enviado por la organización a su domicilio en Zarautz. Bergareche cataloga a su difunto colega como “la dignidad de quienes decidieron no callar”, aunque la propia víctima, según recoge la ficha Covite, no se consideraba objetivo de ETA. Tras el atentado de Oleaga, Covite relata en su ficha que los asesinos huyeron en un coche cargado de explosivos que abandonaron posteriormente en el barrio de Aiete. El vehículo estalló en una zona residencial y pudo haber causado una matanza mayor.

Con motivo del 25 aniversario del asesinato, 'El Diario Vasco' ha celebrado este viernes la primera edición del Premio Santiago Oleaga, un galardón anual a partir de ahora destinado a reconocer a periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad de información. Este primer premio fue entregado a la periodista colombiana Jineth Bedoya, secuestrada, torturada y violada en el año 2000 mientras realizaba un trabajo periodístico en el contexto del conflicto armado colombiano.

Durante el acto del aniversario del atentado, Taberna ha defendido la necesidad de que el periódico asumiera en esta ocasión el relato del recuerdo. Ha explicado que no querían seguir pidiendo a la familia, especialmente a la viuda, que compartiera su dolor públicamente, y subrayó el papel del periodismo en los años de violencia en Euskadi, cuando “las crónicas y las imágenes” eran la voz de una sociedad sometida al miedo. Los medios son como “voz de la ética y la razón” frente a la violencia, reivindicaba Taberna, y ha alertado de que hoy ese compromiso sigue siendo necesario ante la polarización y la desinformación. Por su parte, el presidente de la cabecera de Vocento, José María Bergareche, ha enmarcado el asesinato de Oleaga en la historia de una Euskadi marcada por décadas de violencia. “Hubo un tiempo en el que discrepar podía costar la vida”, ha apuntado.

El Congreso Mundos de Mujeres (MM) es un evento internacional e interdisciplinar que reúne a mujeres y hombres de diferentes ámbitos del mundo académico y del activismo de todo el mundo para realizar una reflexión acerca de los conflictos armados y abordar la paz como meta desde el feminismo. No es casualidad que el primer congreso tuviera lugar en Israel en el año 1981, en la Universidad de Haifa. Tampoco lo es que la última edición del congreso, la XIV, haya sido en 2022 en Mozambique. En ella participaron 2.256 personas de manera presencial y 831 siguieron el evento de manera virtual, procedentes de 32 países de cuatro continentes: África, América, Asia y Europa.

Para la nueva edición, que tiene lugar desde el 20 hasta el 24 de mayo de 2026, los organizadores, a propuesta de las organizaciones Gernika gogoratuz y Gernikatik Mundura han seleccionado a la villa nombrada en 2023 Lugar de Memoria Democrática por el bombardeo del 26 de abril de 1937 como sede para el encuentro que se centrará en las temáticas “Mujeres* y Pazes”, en plural, a modo de reconocimiento de las múltiples formas que las mujeres* aportan a una cultura de paz.

“La particularidad de esta edición es que organizaciones de mujeres*, feministas y pacifistas de Euskal Herria, Colombia y Mozambique venimos construyendo colectivamente este encuentro desde hace dos años, liderado por Gernika Gogoratuz y Gernikatik Mundura. Este congreso es el resultado de un proceso colectivo llamado 'Semillera de mujeres internacionalistas por la paz', donde mujeres, colectivas y organizaciones de base han echado raíces para fortalecer alianzas y sembrar ideas en torno a las pazes –en plural, con insubordinación ortográfica, y desde lo cotidiano-. Cada proceso local ha alimentado un tejido común que hoy da forma a esta nueva juntanza global. 

Durante la jornada de este miércoles, el primer día del congreso, las participantes han visitado la Casa de Juntas de Gernika-Lumo, emblema de las libertades y de la democracia vasca, en la villa declarada Ciudad de la Paz y Lugar de Memoria Democrática. No obstante, la inauguración del Congreso Internacional Mundos de Mujeres 2026 (MM26) será el 21 de mayo en el Bizkaia aretoa de la Euskal Herriko Ubertsitatea (EHU), en Bilbao, donde reflexionarán acerca de la paz y los distintos conflictos armados existentes hasta el 24 de mayo.

El sábado 23 de mayo tendrá una agenda festiva del espacio urbano con actividades abiertas como kalejiras, recorridos por la memoria y la paz, y expresiones culturales en la calle. El cierre será el domingo 24 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. “El XV Congreso Mundos de Mujeres es una invitación a tejer redes y estrategias feministas para emprender cambios, tender puentes e imaginar un futuro diferente. Será un espacio colectivo para pensar un mundo más habitable desde la justicia y la paz. Sin guerras que nos maten, ni paz(es) que nos opriman”, defienden las organizadoras.

De la desmilitarización a los cuidados

El programa, que se puede descargar en la web, está estructurado en ocho ejes temáticos en torno a las pazes y propone diferentes actividades de reflexión, intercambio y movilización. Los ejes temáticos que se abordarán durante el congreso serán la 'Desmilitarización, des-securitización y desarme global', 'Memorias y garantías de no repetición', 'Migraciones, exilios y desplazamientos forzados', Bienes comunes, soberanías y autonomías', 'Cuerpos, territorios y pazes', 'Cuidados y pazes cotidianas', 'Metodologías feministas para la paz' y, por último, 'Re-existencias feministas ante violencias machistas'.

Entre las participantes se incluyen referentes internacionales que compartirán sus experiencias y puntos de vista en torno a la construcción de paz, como Iris Gur y Mai Shannen, de la organización 'Combatants for Peace', quienes presentarán la experiencia de mujeres palestinas e israelíes que imaginan un futuro en común en Cisjordania. La mozambiqueña Nayyara Jonas, del Centro de Estudios de Acción para la PAZ (CEAP), acercará el trabajo por la paz en Cabo Delgado, donde el conflicto bélico se desarrolla desde hace casi una década.

Dentro de cada uno de los ejes el programa incluye conferencias y mesas redondas bajo los títulos de 'Las Pazes como Alternativa. Desmilitarización, des-securitización y desarme global', con la participación de Teresa Cunha, del centro de investigación por la paz Gernika Gogoratuz, Hajar Abu Salih, Kayan (Palestina), Cristina Gallach, Interim Executive Director of GWL Voices, Tica Font i Gregori, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Quitéria Quirengane, Observatório das Mulheres (Mozambique) y Awex Melecia Manuela Mejia Cipriano, representante indígena del Abya Yala o 'Profundizando en una paz feminista situada' con la participación de Mariana Schmidt, Grupo Internodal de Género de Apoyo al Legado de la Comisión de la Verdad de Colombia, Edpicia Dubón, de la Mesa Catalana por los derechos humanos y la paz en América Latina, Orfe Castillo y Rosa Emilia Salamanca, de la RED LAMPS - Red Latinomaricana de mujeres, paz y Seguridad y Maria Eugenia Blandón, Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP).

Pero también se abordan a través de conferencias temáticas como 'Mujeres con diversidad funcional manifiesta e Imagen pública. Las formas de acabar con la violencia simbólica hacia ellas y generar una sociedad libre, equitativa e igualitaria' impartida por Marcela Lorenzana, de la Asociación Conectivas de Colombia y Nadia Domínguez Pascuales, de Mujeres del Mundo “Babel” - Munduko Emakumeak; o 'Por el derecho al aborto y a las maternidades elegidas' impartida por Morena Herrera de La Movimienta en El Salvador. Por su parte, Maryia Zayeva y Vjosa Musliu de la universidad belga Vrije Universiteit Brussel (VUB) expondrán un análisis de la campaña antibelicista rusa liderada por mujeres 'The Way Home'; mientras que la investigadora colombiana Natalia Olano presentará un estudio sobre las violencias de género y por prejuicio en Colombia centrado en cuerpos feminizados y disidentes.

El congreso también cuenta con participantes de Euskal Herria con la mesa redonda 'Memoria crítica sobre la violencia para repensar la paz' impartida por Maixabel Lasa, víctima del terriorismo de ETA y directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco (2001-2012), Itziar Aspuru, Gesto por la Paz - Euskal Herria, Plataforma Gogoan – por una memoria digna; Annelisse Villa, Grado de Filosofía, Política y Economía de la Universidad de Deusto e Izaskun Sáez de la Fuente, Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto o la conferencia 'Reparar la tortura política desde el feminismo', impartida por Olatz Dañobeitia Ceballos, de la EHU y la Asociación Emagin.

El MM26 está organizado por Gernika Gogoratuz, Centro de investigación por la Paz, y Gernikatik Mundura, ONGD dedicada a la solidaridad internacionalista; y se realiza con el apoyo de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el Ayuntamiento de Gernika-Lumo; y la colaboración de Euskal Herriko Unibertsitatea, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y Koloretxe, además de diversas organizaciones y redes feministas, pacifistas universitarias y de la sociedad civil de España, Colombia y Mozambique.

Policías, políticos, magistrados, ... y también periodistas. El terrorismo de ETA también puso en su diana a los medios de comunicación. En mayo de 2001, hace ahora 25 años, fue asesinado Santiago Oleaga, director financiero de 'El Diario Vasco'. Y tal día como este viernes, el 15 de mayo, Gorka Landaburu abrió una carta-bomba que no lo mató por una carambola, aunque perdió gran parte de una mano, visión y oído. “Como dije entonces desde el hospital, me habían podido cortar la mano, dejarme ciego del ojo izquierdo y medio sordo. Pero yo soy periodista. No me cortaron la lengua y, mientras tuviera un ordenador, iba a seguir escribiendo y denunciando a ETA”, cuenta al otro lado del teléfono un reportero ya jubilado administrativamente, aunque no en espíritu.

Landaburu nació un 11 de octubre, en 1951. Pero desde hace un cuarto de siglo considera como su genuino cumpleaños el 15 de mayo. “Sí, este viernes también lo voy a celebrar con mi mujer, mis hijos y mis nietos. Igual cae una botella de champán y todo”, se congratula. “Son ya 25 años que estoy vivo. Lo voy a celebrar. Sigo aquí”.

El atentado de Landaburu, que ya había sido amenazado por ETA pero también por la organización de extrema derecha Triple A, que lo consideraban un “rojo” peligroso, se produjo 48 horas después de las autonómicas de 2001. Fueron unas elecciones trascendentales en Euskadi. El PNV de Juan José Ibarretxe, en coalición con EA, salvó 'in extremis' el Gobierno frente al auge del PP de Jaime Mayor Oreja, que iba a ser apoyado por el PSE-EE de Nicolás Redondo Terreros.

“Estaba cansado de la campaña y esa noche electoral me quedé en Bilbao, con mi hermano Ander. [José María] Calleja, tras el escrutinio, vaticinó que nos iban a matar a todos”, recuerda de ese día. El lunes 14 se desplazó a Donostia, a su redacción. Landaburu ha sido el responsable editorial de la revista 'Cambio 16'. Ya por la noche, en su casa de Zarautz, accedió al portal con su escolta y vieron un sobre el buzón. “Déjalo, Juan, es la revista de Elkargi”, le tranquilizó Landaburu a su sombra.

Sí, Landaburu llevaba guardaespaldas desde un año y medio atrás, cuando se rompió la tregua del pacto de Lizarra. 2000 fue un año de señalados crímenes, como los del exvicelehendakari Fernando Buesa, el exministro Ernest Lluch, el exgobernador civil Juan María Jáuregui, el empresario Joxemari Korta o cargos del PP como José María Martín Carpena. También el del asesinato del columnista de 'El Mundo' José Luis López de Lacalle. Antonio Rivera y Eduardo Mateo acaban de coordinar una obra titulada '2000: La vuelta del terror' (Catarata) sobre aquel año.

“Me llamó una señorita estando en Madrid. 'El ministro quiere hablar contigo'. El ministro era Acebes, Ángel Acebes [del PP]. '¿Dónde estás? ¿Cuándo vuelves a Zarautz? Cuando llegues, te vas a la Ertzaintza. Te vamos a poner un escolta. Estás en listas', me soltó. 'No me jodas, Ángel', le respondí yo”, explica.

Anteriormente, sin escoltas, habían aparecido pintadas en su localidad de residencia, en la costa guipuzcoana. “Landaburu, lumadun txakurra”, rezaba una de ellas. “También hubo corbatas negras en el buzón, dianas, pintura roja y amarilla, un cóctel molotov que no ardió porque empezó a llover o llamadas intempestivas. Yo siempre intentaba disimular. Decía que no pasaba nada. Entraba al garaje solo, dejando a los chavales fuera. Ese tipo de cosas”, relata el periodista. “A ETA -prosigue- nunca le ha gustado la libertad de expresión. Hizo una campaña contra la prensa en general. La presión a los periodistas formaba parte de la socialización del sufrimiento. ¿Por qué a nosotros? Porque escribíamos que un crimen es un crimen, que un asesinato es un asesinato y no una 'ekintza' para salvar a Euskal Herria”.

El 14 no abrió la carta. La dejó en el despacho por cansancio o pereza. “Menos mal. Si lo llego a hacer después de cenar en el sofá con los chavales, mi hija no estaría aquí. Ni yo tampoco”, insiste. Lo hizo al día siguiente. Estaba en la ducha, se había olvidado una toalla y al ir a recogerla vio el paquete. Lo abrió y explotó, pero “con la fortuna de tener la silla delante” de su cuerpo, lo que amortiguó claramente la onda expansiva. “Bajé unas escaleras de caracol con las manos ensangrentadas. Me vi en el espejo. Fui a donde mi vecino [Ángel Illarramendi, músico autor de 'Yoyes', en referencia a la exmiembro de ETA asesinada por la banda en 1986] y le pedí que llamara a la ambulancia”, relata. “En ese momento no tenía dolor. En la ambulancia ya sí. Fue un 'shock' terrible. En el fondo, nunca crees que te van a pillar a ti”, agrega.

Landaburu, que recuerda haber dicho en el hospital la frase de que le habrían mutilado pero no cortado la lengua para seguir denunciando el terrorismo, no siente ser un “héroe” o un “valiente”. “Entré al hospital con un escolta y salí con dos”, ironiza. Eso sí, no permite a ETA y a su entorno que le cuestionen su vasquidad. “Mi padre era vicelehendakari. Teníamos la ikurriña en el biberón”, recalca.

El padre de Gorka era Francisco Javier de Landaburu, histórico presidente del PNV en Álava durante la Guerra Civil, diputado en las Cortes republicanas y que da nombre a la sede del partido en Vitoria, Landaburu Etxea, en plena plaza de la Virgen Blanca. Huyó al exilio tras la sublevación y los niños nacieron ya en París. A la muerte del primer lehendakari, José Antonio de Aguirre, Jesús María de Leizaola recibió ese honor en el exilio y el padre de Landaburu tuvo la simbólica posición de vicelehendakari hasta su muerte, en 1963. “El atentado lo que hizo fue reafirmarme en las convicciones que recibí de mis padres y en el liceo público: defender la democracia, la libertad y el derecho a la vida”, expone.

Tras el intento de asesinato, Landaburu ha seguido muy activo. “En Zarautz, siempre con la pancarta de Gesto por la Paz, con los 'borrokas' enfrente, hasta que se terminó”, cuenta. “Porque en el contexto actual podemos decir claramente y altamente que ETA no existe”, añade también. “Resistimos, combatimos y conseguimos la paz. Eso se acabó. El proceso de paz de [José Luis Rodríguez] Zapatero acabó con éxito. Pero hay gente del PP, cierta gente del PP, y de Vox, que usan a ETA como si existiera todavía. Eso me subleva”, critica.

Preguntado por las controversias por los permisos y excarcelaciones de los condenados por ser miembros de ETA, Landaburu sostiene que “siempre” ha defendido el “acercamiento de los presos” porque “un barrote es un barrote en Sevilla o en Zaballa”, la cárcel de Vitoria. Y si las progresiones de grado que ahora copan tantos titulares están previstas en la ley, “que se aplique”. Pero insiste en que la izquierda abertzale debería hacer más autocrítica.

“Que digan que se equivocaron. Que matar no fue justo. Que fue un error”, demanda. Sus atacantes fueron Ainhoa García, Oskarbi Jauregi y Xabier Makazaga. “Él va a salir pronto. Si quieren venir a Zarautz a estar conmigo, estoy dispuesto”, plantea sobre la necesidad de que asuman su responsabilidad.

Para Landaburu, la “gran asignatura pendiente” es la memoria. “Esto hay que llevarlo a los colegios, a los institutos, a las universidades, a los medios de comunicación. No es venganza ni rencor. Es el relato de la verdad. Y una verdad es una verdad. Es terrible que nuestros jóvenes, con 20 años, no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco, como se ha querido tapar también todo el franquismo. Este país tiene un problema”, argumenta. A él le gusta la metáfora de la carretera. “Para conducir un automóvil necesitas dos manos al volante y mirar de frente, pero sin un buen retrovisor nunca conducirás debidamente”, lanza.

El Landaburu que este viernes celebra su 25 cumpleaños dice ser una persona “con suerte”. “Soy una víctima privilegiada. No estoy en el anonimato como otros muchos. Tengo un micrófono para hablar y un ordenador para escribir, aunque ya esté jubilado”, recalca. Y añade una última reflexión como colofón a la entrevista: “El odio no sirve para nada”.

El último libro de Mikel Urretabizkaia (Ordizia, 1953) 'FRANCO-ETA, la extraña pareja' no es un libro de historia, aunque narra pasajes de la historia pasada y reciente de forma pedagógica para entender, entre otras cuestiones, que ETA nació para combatir al franquismo, aunque según reconoce el autor, el 95% de los asesinatos que cometió la banda terrorista se produjeron en democracia. “ETA nació en 1959, aunque sus orígenes se remontan a 1952 como EKIN, en plena dictadura de Franco, pero cometió su primer asesinato mucho después, el 7 de junio de 1968. Hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975, provocó el 5% de todos los asesinatos de su macabro historial. Una vez acabada la dictadura, una vez iniciada la Transición, una vez instalada la democracia, se produjeron el 95% de los 853 asesinatos que se le atribuyen y 3 utilizó el terror contra los ciudadanos contrarios a sus postulados. En su propio informe, tras la disolución en 2018, ETA asumió 2.604 acciones armadas, con 758 víctimas mortales”, narra Urretabizkaia, quien abarca desde la utilización del terror hasta la teoría del embrutecimiento del enemigo para explicar dos fenómenos que no existirían el uno sin el otro.

¿Cómo surgió la idea de escribir sobre la relación entre Franco y ETA?

Mira, te voy a decir la verdad: por casualidades de la vida me ha tocado vivir muchas cosas de la Transición muy de cerca. Estudié en la Complutense en los últimos años de la Transición y allí se vivía todo de forma muy intensa. Mi mujer, Rosa, siempre me decía que por qué no le escribía algo a nuestro hijo, que ya tiene 26 años, porque su generación no tiene ni idea de quién era Franco ni de qué pasó realmente. Empecé a darle vueltas y decidí que esas experiencias no podían quedarse en “agua de borrajas”; había que contarlas para quien quiera enterarse. El libro tiene un aspecto pedagógico, yo no soy historiador y esto no es un libro de historia, lo que trato es de divulgar. Mi intención es puramente divulgativa y pedagógica. He intentado que sea una lectura fácil porque hoy en día, si no calas en la gente con algo que se entienda bien, no sirve de nada.

Escribe para su hijo, pero la dedicatoria es para su aitona, su abuelo, un hombre al que describe como “perdedor de la Guerra, ganador de la paz”. ¿Por qué?

Siempre me llamó la atención que él nunca me contó nada. Murió cuando yo era joven y se llevó su historia al silencio, como hizo toda esa generación por puro terror. Él era administrador de la alhóndiga y cuando llegaron los franquistas los echaron a todos a la calle. Mi madre me contaba que, cuando entraron las tropas, mi abuelo se llevó a sus hijas andando por el monte desde Ordizia hasta Albiztur por miedo a los moros de Franco [La Guardia Mora] porque había oído que estaban violando a las mujeres, aunque no llegaron al norte, pero el terror estaba en las cabezas de todos. Ese miedo les cerró la boca para siempre. Después le quitaron el trabajo y se tuvo que buscar la vida de otra manera. De ese tipo de perdedores ha habido una enormidad.

En el libro cuenta que “el franquismo sirvió de catalizador para que la rebeldía juvenil de aquel pequeño grupo inicial, diera el salto a una violencia que fue in crescendo”. ¿ETA nació como respuesta al franquismo?

Por supuesto, y me indigna que hoy haya incluso trabajos universitarios que intenten negarlo. Yo mismo no entré en ETA por un pelo, porque me fui a estudiar a Madrid a la Complutense. En aquella época la represión era constante, a mí me ha llegado a perseguir un guardia civil subfusil en mano por una manifestación. ETA nace contra Franco, otra cosa es que tenga objetivos de todo tipo como el socialismo revolucionario o la independencia y la deriva de terror ciego que tomaron después, que no tuvo ningún sentido, pero nace contra la represión franquista. Tuvieron que dejarlo en el año 2011 sin cumplir ninguno de sus objetivos.

Hubo dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo

La mayoría de los asesinatos de ETA, usted habla en el libro de un 95%, se produjeron en la Transición, después de la muerte de Franco. ¿Cómo se explica?

Me he hecho esa reflexión mil veces y no tengo explicación. En el libro que escribí sobre un etarra arrepentido, Lo difícil es perdonarse a uno mismo, una biografía de Iñaki Rekarte se lo pregunté directamente y ni ellos mismos tienen una razón clara más allá de que eran jóvenes y estaban un poco locos. Cuando surge las razones son que hay un pueblo que lucha contra una dictadura insoportable, es la lucha contra el tirano, pero a partir del año 77, con la democracia y el Estatuto de Autonomía, ya no había ninguna razón para seguir con la lucha armada. No consiguieron nada.

Narra que en la República existió la “teoría del embrutecimiento” de los republicanos, a los que los franquistas consideraban como seres casi infrahumanos. Es algo que vemos en todas las guerras, como puede ser también en Gaza y cómo la población palestina es considerada por parte de Israel.

Claro, se considera que se tiene derecho a acabar con el enemigo, porque para ellos no son humanos, son animales. Crean la teoría del enemigo único, en el caso de la República para los franquistas el enemigo eran los rojos. Y para ellos los rojos eran anti-España y todos eran iguales, cuando la realidad es que dentro de los rojos estaba el PNV, que era un partido conservador y católico a ultranza. En el libro hablo de un psiquiatra que estaba convencido de que había un “gen rojo” que portaban las presas comunistas y socialistas a las que consideraba que debían regenerar y eliminar de sus adentros ese gen.

¿Esa teoría del embrutecimiento y del enemigo único pudo ocurrir también con ETA en la Transición? ¿Puede justificar eso que siguieran matando después de Franco?

Es algo parecido, en el sentido de que estas cosas se producen normalmente en la juventud, en la intensidad. Cuando inicia ETA es contra la dictadura y cuando llega la Transición pues contra los españoles, pero en su conjunto, el español es el malo. Si te pones a pensar en ETA hasta en el socialismo revolucionario, que era una base de la banda, aceptaron a los españoles. Había incluso dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo y se engloba a todos en esa frase.

Tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad

Una frase del libro dice “la serpiente, que se había enroscado subrepticiamente al régimen dictatorial, desaparecía definitivamente tras dejar un rastro trágico que subsistirá en generaciones posteriores”. ¿Ese rastro está desapareciendo con la desmemoria de las nuevas generaciones?

Sí, yo creo que sí. Recientemente, han salido estudios sobre la cantidad de gente joven que dice que Franco hizo cosas buenas y claro que las hizo, pero fueron 40 años de dictadura. Con ETA ocurre lo mismo, lo que pasa es que está más presente porque todavía se celebran juicios contra miembros de ETA. Esto con Franco o los franquistas no pasa porque hubo una Ley de Amnistía y se acabó.

En el libro también toca episodios como el de lo relacionado con la frase “Que te vote Txapote” y escribe sobre la actualidad política. ¿Considera que por parte de partidos como PP o VOX hay una frivolidad o un uso propagandístico de las víctimas de ETA?

Está claro. Eso es Steve Bannon, es Donald Trump. Es marcar claramente el mensaje que tú quieres. No es una broma. En el caso del “Que te vote Txapote” Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica asesinado por Txapote, pide que no se use políticamente la muerte de su padre. Está claro que ahí hay una decisión porque el propio José María Aznar en su momento planteó una negociación con ETA porque decía que era mejor que hicieran una lucha parlamentaria en lugar de que usaran las armas. Dijo que estaban dispuestos a que si dejaban las armas hicieran una lucha parlamentaria. Ahora resulta que lo hacen y se lía. Después Aznar pasó de decir una cosa a decir otra, igual que Isabel Díaz Ayuso, que utiliza esos elementos para hacer el mal, pero no para hacer el mal a EH Bildu o a Sortu, sino para hacer el mal a todo el grupo que puso en el poder a Pedro Sánchez. Todo es ETA, ese es el titular, aunque dentro de EH Bildu haya grupos diferentes y esté por ejemplo Oskar Matute, quien en el Congreso preguntó dónde estaban los del PP cuando mataron a Miguel Ángel Blanco y dijo que él estaba en una vigilia en su apoyo. Se trata de que la verdad no arruine el titular.

En una de sus últimas columnas en este periódico escribía que “hoy resultaría injusto que a un afiliado al PP se le llamara franquista solo por ser del PP. Lo mismo que a un afiliado de Eusko Alkartasuna o de Alternatiba, miembros de EH Bildu, se le llamara etarra”.

Sí, eso también lo digo en el libro. Yo no voy a estar todo el rato diciendo que el Partido Popular es franquista en esencia. ¿De dónde viene? De Alianza Popular, un partido que crearon los siete magníficos que eran franquistas. Pero no solamente eso. Crearon unas asociaciones políticas con base en una legalidad que era franquista, creada en la época de Franco, pero no voy a estar todo el día diciendo que son franquistas. Vamos a construir país, construir futuro y una sociedad progresista y adecuada en la que se pueda vivir. Del mismo modo, ellos deberían aceptar y seguir adelante. Pero tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad y en los jóvenes. No estoy hablando de no condenar a ETA, porque fue horrible lo que hizo, pero en el caso de ETA tenemos el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, tenemos monumentos, libros, pero en el caso del franquismo eso no se ha hecho.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) ha declarado este miércoles como incidente terrorista el ataque con arma blanca en el que han resultado heridos dos ciudadanos judíos este miércoles en un barrio al norte de la capital británica y por el que ya ha sido detenido un sospechoso.

El jefe de la unidad antiterrorista de la Met, Laurence Taylor, ha informado en una rueda de prensa de que el ataque, ocurrido en el barrio londinense de Golders Green, ha sido declarado formalmente como un “incidente terrorista” y que un hombre de 45 años había sido detenido como sospechoso de “intento de asesinato” de dos personas.

Más tarde, la policía informó de que el detenido sufría de “desórdenes mentales” y tenía “un historial de violencia”.

Las víctimas, dos varones judíos de 76 y 34 años, fueron apuñalados en plena calle alrededor de las 11:16 de la mañana hora local, y se encuentran “en estado estable” en un hospital.

Una de las líneas principales de investigación trata de esclarecer si el ataque “atacaba deliberadamente a la comunidad judía de Londres”, mientras las autoridades tratan de establecer la nacionalidad y los antecedentes del detenido, que todavía no ha sido identificado y permanece bajo custodia policial.

Un barrio donde se concentra la comunidad judía

También ha asegurado que se mantendrá la presencia policial en Golders Green, donde vive buena parte de la comunidad judía londinense –hay 30 sinagogas en el barrio–, para dar tranquilidad a los vecinos, después de varios sucesos de carácter antisemita ocurridos recientemente en la zona.

Scotland Yard ha indicado en su nota que respondió al presunto doble apuñalamiento a las 11:16 hora local (10:16 GMT) de este miércoles, tras recibir la alerta de grupos de seguridad voluntarios del colectivo judío.

La Policía ha asegurado que el sospechoso también intentó apuñalar a los agentes antes de que estos le dispararan con táser y practicaran su arresto.

Los primeros en informar del suceso fueron los patrulleros del grupo de vigilancia de la comunidad judía Shomrim, que redujeron al atacante antes de que llegara la Met. Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e “intentando apuñalar a ciudadanos judíos”.

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó a su vez los apuñalamientos de los dos hombres, que se produjeron cerca de unas tiendas y de una sinagoga.

El primer ministro británico, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, ha calificado los hechos de “muy preocupantes” y ha instado a combatir el antisemitismo.

“Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos”, ha dicho a la cámara.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha dicho que las palabras de Starmer “no dan por sí solas una respuesta a las raíces del antisemitismo que se extiende por todo Reino Unido”.

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.

El pasado 2 de octubre, se produjo un atentado con arma blanca en una sinagoga en Manchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur, cuando el atacante mató a un feligrés, y luego la intervención policial acabó con su vida y, accidentalmente, con la de otro feligrés judío

Los ataques contra los judíos han aumentado en Reino Unido tras el inicio de la guerra en Gaza, después del ataque del grupo islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, y se han intensificado con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. 

Cosme Delclaux, abogado que fue secuestrado por ETA en 1996 y pasó 232 días en un minúsculo zulo hasta su liberación, ha fallecido este sábado en Bilbao. Apareció maniatado a un árbol el mismo día que la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara de otro secuestro también ejecutado por la banda terrorista.

Años después del secuestro, en una declaración ante la Audiencia Nacional, Delclaux relató, según recogió Europa Press entonces, que un hombre lo abordó con un arma y lo introdujo en un coche con otros desconocidos. Poco después, y tras inyectarle un calmante, lo cambiaron al maletero de otro coche, del que salió para acabar en el zulo en el que estuvo secuestrado durante ocho meses.

Las dimensiones del zulo no superaban los 90 centímetros de ancho por 3 de largo, con una altura de apenas 1,94 metros. “Todos los días eran iguales. Me apagaban la bombilla para dormir, a la mañana me despertaban y me daban una taza de algo y galletas. Luego abrían la puerta e introducían un ventilador y me daban un pitillo. Después me metían una palangana y un poco de jabón y, cuando tocaba, me abrían y fumaba otro pitillo”, rememoraba.

El padre del secuestrado, Álvaro Delclaux, también compareció ante la Audiencia Nacional y confesó que, a través de otro de sus hijos, pagó un rescate, abonando a la banda terrorista un total de mil millones de pesetas. “Pagué. ¿Qué quería que hiciese?”, le preguntó al fiscal, después de aseverar que la banda le había remitido unas cartas en las que amenazaba con ejecutar a su hijo en caso de que no hiciese entrega del dinero requerido.

El de Delclaux fue uno de los secuestros de mayor duración de entre los ejecutados por ETA. Lo superan, sin embargo, otros tres: según datos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estuvo secuestrado (también en 1996) durante 532 días antes de su liberación; el empresario José María Aldaya (en 1995), 342, y Emiliano Revilla (en 1998), 249. ETA exigía el acercamiento a cárceles vascas de los presos de la banda. En una fotografía remitida durante el secuestro al diario 'Egin', se puede ver a Delclaux sujetando un periódico con un titular que reza “El acercamiento [de presos] fue rechazado por UPN y PSN”.

Declaux fue liberado el 1 de julio de 1997. Apareció maniatado a un árbol, en un paraje del municipio vizcaíno de Elorrio. Ese mismo día, unas pocas horas después, la Guardia Civil liberó a Ortega Lara.

La familia de José Miguel Etxeberria Álvarez, 'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) desparecido el 11 de junio de 1980, ha exigido al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que retire las referencias a él de una exposición temporal en su sede. El Memorial inauguró el pasado martes la exposición 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España', que recuerda a las seis víctimas del terrorismo en España cuyos cuerpos nunca fueron hallados, entre ellos el de Etxeberria.

Según se recuerda en la exposición, los Comandos Autónomos sostuvieron que fueron miembros de ETA los que le hicieron desaparecer por una disputa sobre un traficante de armas que ambas organizaciones compartían, pero fue el Batallón Vasco Español (BVE) en varias llamadas a periódicos el que reivindicó el crimen, algo que también se apunta en la muestra del Memorial. En el panel correspondiente se explica que las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo “no permiten señalar de manera concluyente ninguna de las versiones como probada”, según recoge Efe.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este viernes en Vitoria, Eneko Etxebarria, hermano de 'Naparra', ha acusado al Memorial de intentar generar confusión, cuando debería ser garante del “rigor histórico”. Ha recordado que el BVE reivindicó hasta en tres ocasiones el secuestro y asesinato de su hermano y el Memorial apunta como “hipótesis principal” la autoría de ETA, cuando “no hay ningún soporte” para mantenerla. Ha señalado que esto supone una “revictimización” para la familia, con un relato que intenta tapar la “violencia del Estado contra miles de víctimas que nunca van a tener sitio en ese Memorial, y si lo tuvieran estaría manipulado”.

El hermano de 'Naparra' ha asegurado que desde un primer momento pidieron que no se incluyera este caso en la exposición y ha instado la “retirada inmediata” de los contenidos que hacen referencia a su caso y una “rectificación pública”. Se ha preguntado por qué el Estado no ha reconocido a Etxebarria como víctima del terrorismo, algo que su familia solicitó en dos ocasiones, si la autoría de su desaparición hubiera sido de ETA y ha pedido al Ministerio del Interior que desclasifique los documentos que haya sobre el caso.

El Memorial, también según Efe, ha asegurado que la información es “ajustada a lo que se conoce del mismo, sin descartar ninguna de las hipótesis posibles”, por lo que considera que “no procede retirar” el panel. “Al igual que la historia de las otras víctimas recogidas en la muestra, se trata de un caso histórico de interés general y su inclusión en la exposición busca recordar la injusticia cometida con estas personas, con independencia de los grupos terrorista que perpetraran los asesinatos e hicieran desaparecer a sus víctimas”, argumenta.

“Derecho a la memoria”

El hermano de 'Naparra' ha explicado que el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas asumió en 2014 la autoría del BVE de la desaparición de 'Naparra' y ha reclamado el “derecho a la memoria” para la víctima y su familia. Eneko Etxebarria ha recordado que la familia está a la espera de que el Gobierno Vasco responda a su petición hecha en 2021 para que se reconozca a su hermano en el marco de la ley de víctimas policiales, y que el Gobierno de Navarra tiene “paralizado” el expediente correspondiente porque la ley de víctimas de violencia política no contempla los casos cuya vía judicial no esté totalmente agotada.

A este respecto, ha considerado que esa vía está cerrada después de que el juez Ismael Moreno archivara el caso en 2004 al considerar que no existían indicios de que se hubiera producido una desaparción forzada, algo que solo se podría revertir si se desclasifican los documentos secretos sobre el caso.

El juez de vigilancia penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (antigua Audiencia Nacional), José Luis Castro, que tiene competencias sobre el cumplimiento de los condenados por terrorismo, ha rechazado la flexibilización del segundo grado a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, más conocida como 'Anboto', y al también exmiembro de la organización armada Juan Ramón Carasatorre. Ello implica su vuelta al régimen cerrado anterior, aunque los reclusos tienen posibilidad de recurso. A la vez, Castro cuestiona la aplicación por parte del Gobierno vasco, que tiene las competencias de Prisiones, del artículo 100.2 del reglamento penitenciario español de 1996 para asimilarlo a la semilibertad.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las salidas continuadas anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial. Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie. “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”, argumenta.

En el caso de Iparagirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena efectiva de treinta años de prisión. Indica que las fechas de cumplimiento de los tres cuartos de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027 pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen parecido a la semilibertad del tercer grado y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción.

El auto del juez analiza los informes que obran en el expediente penitenciario de Iparraiuirre que acreditan una positiva evaluación de su actitud. Ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas, se indica. Sin embargo, advierte de que la interna no ha disfrutado de permiso alguno concedido por el juzgado de vigilancia, lo que impide valorar su evolución, tal y como contempla el sistema penitenciario español, a partir del principio de individualización y de progresividad.

Para el magistrado, aplicar el artículo 100.2 sin tener en cuenta permisos impide valorar la evolución de la penada, tal y como ha manifestado el fiscal en su informe, en lo que “con buen criterio denomina ausencia de motivación reforzada y valoración específica del impacto social y victimológico y la justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria”. El juez argumenta que la aplicación del principio de flexibilidad “exige una fundamentación reforzada, en tanto que requiere un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado”.

Para el juez, tampoco se explica el porqué en la decisión administrativa “se ha prescindido de mecanismos jurídicos y tratamentales propios de la progresión ordinaria, al no constatar la trayectoria tratamental a través de mecanismos como la concesión y evaluación de la cadena permisiva, lo que permitiría obtener una conclusión real sobre la evolución penitenciaria de la interna, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento de la condena y que la carta de arrepentimiento data de 26 de enero de 2026, esto es, inmediatamente anterior a la aplicación administrativa del 100.2”.

En el caso de Carasatorre, que cumple una condena acumulada también de treinta años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo, el juez recuerda que la resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el artículo 100.2. Esta situación, según el magistrado, puede responder a que la Junta de Tratamiento de la cárcel no acordó, previa propuesta del equipo técnico, la aplicación del 100.2, sino que ha sido una decisión “que se ha adoptado unilateralmente por el centro directivo, sin propuesta o acuerdo previo de la Junta de Tratamiento”.

La Junta de Tratamiento había propuesto por unanimidad aplicar el segundo grado al preso, basándose en que no había disfrutado de permisos y en el escaso tiempo de permanencia en el centro penitenciario. Para justificar la propuesta unánime de segundo grado, la junta se amparó en la gravedad de los hechos delictivos especialmente violentos, la pluralidad de víctimas, los tres o más ingresos en prisión, así como la ausencia de permisos que permitieran valorar su adaptación y ausencia de cualificación laboral. El juez indica que Carasatorre cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y que su licenciamiento definitivo será en marzo de 2034. Al mismo tiempo considera que si el centro consideraba ajustada a derecho la aplicación del artículo 100.2 ante la ausencia de acuerdo por la Junta de Tratamiento “debió instar a esta para que elaborase el mismo y sería a partir de ese momento cuando, según legislación vigente, el plan acordado sería ejecutivo”.

El magistrado no alcanza a entender la ejecutividad de la medida del 100.2 -que en Euskadi se aplica a presos de ETA en más proporción que a otros- cuando se necesita la ulterior aprobación del juez de vigilancia. En estos casos las salidas son inmediatas y no se suspende con recurso de la Fiscalía, como sí ocurre con el tercer grado si la pena supera los cinco años, alega. “El sentido común -añade el juez- aconseja esperar, no sólo a la decisión judicial de instancia, sino a la resolución de la apelación. Eso sí, con un procedimiento administrativo y judicial ágil y dando carácter urgente y preferente al recurso de apelación interpuesto”, opina.

El auto indica que desde la perspectiva política se requiere una reflexión serena de la que derive una posible reforma normativa. El 100.2 surge de un decreto firmado por el último consejero de Justicia de Felipe González, Juan Alberto Belloch, en 1996. El magistrado plantea la posibilidad de que el 100.2 fuera una fórmula clasificatoria intermedia (especialmente entre el segundo y tercer grado) que permita consolidad la evolución positiva del penado en un sentido similar a como son los permisos de salida. No requiere una reforma legislativa como tal.

Permiso para 'Txeroki'

Por otro lado, el juez Castro sí ha aprobado un permiso de seis días para el que fuera jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', como propuso el pasado noviembre la junta de tratamiento de la cárcel de Martutene. Cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. En su resolución, cita “el estado avanzado de la condena”, que cumplirá definitivamente en octubre de 2027, “la asunción delictiva, la petición de perdón a las víctimas y el repudio a la actividad delictiva y al uso de la violencia provocada, en conformidad con el ministerio fiscal”. Para ese permiso, el juez establece que se le deberá colocar una pulsera de control telemático como medio de constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas. 'Txeroki' se encuentra en régimen de aplicación del artículo 100.2, que está pendiente de ser revisado.

En vista de estas resoluciones, fuentes del Gobierno vasco han mostrado su “respeto absoluto a las decisiones judiciales”. “Forma parte de los mecanismos de garantía de los que nos hemos dotado en el Estado de Derecho. Es un sistema plenamente garantista. Insistir en que no hay ninguna ilegalidad, es diferente ponderación entre los fines de la pena, la reinserción y la retribución. Estamos aplicando el marco legal vigente en la actualidad”, abundan desde el equipo de la consejera socialista María Jesús San José.

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas, que suman cientos de años de prisión.

Según ha indicado Covite en un comunicado, el Departamento de Justicia ha concedido a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario, en atención a su buena conducta en la cárcel, a que dispone de una oferta de trabajo y a que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz, según recoge Efe.

Jon Bienzobas Arretxe, 'Karaka', (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados. Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería. Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de “fraudulenta” la concesión de este tercer grado, ya que “lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene que dar por buenas, y menos aún las víctimas”. “Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha denunciado la presidenta de Covite.

Ha recordado que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 relativa a Xabier Atristain estableció que estas cartas no tienen validez si no van acompañadas de “signos inequívocos de desvinculación” del terrorismo. Además Covite ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, “un régimen más parecido a la semilibertad”, ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

“El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido al Gobierno Vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86”, ha denunciado Ordóñez. La presidenta de Covite ha señalado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en muchos caos está otorgando validez a los terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco en lugar de recurrirlos.

UPN, partido que denunció la exhibición de imágenes de presos de ETA durante la Korrika, ha asegurado en una nota de prensa que la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional investigar si hubo “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas” en el trascurso de la carrera popular a favor del euskera. Vox también denunció estos hechos.

Según informa el partido regionalista, la denuncia reclamaba a la policía identificar a los portadores de las imágenes de los terroristas de ETA Francisco Ruiz Romero y Alberto Viedma Morillas, asesino del concejal de UPN Tomás Caballero, y de Alberto Viedma Morillas, también condenado por el asesinato de Tomás Caballero, así como por el del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova. Las imágenes se exhibieron durante la celebración de la Korrika a su paso por el barrio de la Txantrea de Pamplona, así como por otras localidades navarras.

La resolución del juez que ordena la investigación se ha llevado a cabo tras el informe favorable del Ministerio Fiscal, según ha apuntado UPN.

Tras conocer la instrucción del juez, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado que “se llegue hasta el final” ante unos hechos “que denigran a las víctimas del terrorismo”, haañadidoo. La presidenta de UPN ha pedido así, que “se haga justicia” con las familias de Tomás Caballero y Francisco Casanova.

“No solo tienen que sufrir la pérdida de un ser querido a manos de los terroristas, sino que se ven humilladas nuevamente por la exaltación que se lleva a cabo con el consentimiento de los organizadores de la Korrika”. “Memoria, justicia, dignidad y verdad para todas las víctimas del terrorismo. Todo mi cariño y mi respeto”, ha manifestado.

“Volvemos a exigir a los organizadores una disculpa pública, la adopción de medidas para evitar que este tipo de hechos vuelvan a producirse en el futuro y que las entidades que hayan apoyado económicamente la Korrika pidan la devolución de sus aportaciones”, ha concluido.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, se reunirá con responsables de Korrika para evaluar su última edición, ha lamentado que se hayan exhibido durante la carrera popular a favor el euskera imágenes “hirientes”, en referencia a las de presos de ETA, y ha pedido decisiones y actitudes que tiendan “puentes” y no que levanten “muros”.

La representante del Ejecutivo vasco se ha referido a la polémica que ha generado la última Korrika, entre otras cosas, por la exhibición de imágenes de reclusos de ETA, la lectura del comunicado final por siete jóvenes supuestamente afines a la izquierda abertzale, denunciada por el presidente del PNV, Aitor Esteban, o la exclusión de CCOO en la carrera popular en la que siempre había participado. La Fundación Fernando Buesa y Covite han pedido este mismo martes a las instituciones públicas la retirada de subvenciones a Korrika, tras constatar que se mostraron 38 imágenes de miembros de ETA en su 24 edicción, “la cesión del testigo en Donostia a tres miembros” de la banda o la lectura de la declaración final por Aitzol Gil San Vicente Plá, hijo del que David Plá, exjefe de la organización terrorista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha insistido en que la Korrika “tiene que ser el gran espacio de encuentro” para todas aquellas personas que deciden apoyar al euskera. “El euskera necesita puentes y no muros, necesita actitudes y decisiones que atraigan a más personas a ayudar a nuestra lengua, y no decisiones que las alejen”, ha añadido.

También ha reiterado que para el Gobierno vasco “el uso de determinadas imágenes vinculadas al euskera es hiriente, no solamente para las personas que directamente así lo sienten, sino para toda la sociedad vasca”. “Voy a hacer lo que corresponde a una institución, que es tener una reunión de evaluación con los responsables de la Korrika, como hacemos siempre que se dan iniciativas en las que el Gobierno participa, y me van a permitir que me siente con quienes la organizan y que valoremos cómo ha sido esta edición”, ha concluido.

Por su parte, Vox, al igual que ya hizo en el año 2024, ha presentado una denuncia “contra todos aquellos que resulten autores, partícipes, cooperadores necesarios o cómplices” de un delito de “enaltecimiento del terrorismo” que observa en la Korrika. El partido que lidera Santiago Abascal ha presentado un escrito, que ha adelantado El Correo, ante la sección de instrucción de la Audiencia Nacional por “enaltecimiento y humillación a la dignidad de las víctimas del terrorismo, contemplados en los artículos 578 y 580 bis del Código Penal”.

Entre los hechos a los que Vox hace referencia en su denuncia destacan la participación activa y el protagonismo en el evento de tres miembros de ETA —Balbino Sáenz de la Maza, Mikel San Argimiro y Xabier Atristain—, quienes portaron el testigo oficial de la Korrika y recibieron reconocimiento público por parte de asistentes. Asimismo, se recoge la celebración de estos actos en el Casco Viejo de Donostia, lugar en el que la banda terrorista ETA cometió diversos asesinatos, así como la exhibición en Pamplona de la imagen del terrorista Francisco “Patxi” Ruiz Romero en la camiseta de un menor.

La semana pasada UPN también interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras la exhibición de imágenes de terroristas de ETA durante la Korrika. “No vamos a tolerar ningún acto que suponga humillación o desprecio a las víctimas del terrorismo. Defenderemos su memoria y dignidad con firmeza y no dejaremos espacio alguno para la impunidad”, sostiene UPN.

Preguntada por esta cuestión, Ane Elordi, coordinadora de la Korrika, indicó lo siguiente a este periódico: “Sobre este tema no hacemos declaraciones, pero es cierto que a todos los portadores del testigo les damos algunas indicaciones, como que tienen que llevar un peto con número. En este caso, es evidente que no han atendido nuestras indicaciones. No está en nuestras manos. Pero es otra forma de alejar el foco”.

Las autoridades francesas lograron desarticular esta madrugada un ataque en París al detener a un hombre que estaba a punto de encender un explosivo en una sucursal del Bank of America, en una turística zona del oeste de la capital francesa.

Los primeros indicios apuntan a una motivación terrorista, pues la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia se ha encargado de coordinar la investigación.

La prensa francesa indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas de la última madrugada cuando acababa de colocar un “artefacto explosivo artesanal” que pretendía encender.

De acuerdo con el periódico Le Parisien, el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo.

Hasta el momento, se ha divulgado poca información sobre el sospechoso detenido. Según Le Parisien, la policía lo conoce por delitos relacionados con drogas. No portaba identificación, pero afirmó ser senegalés, y es joven, aunque su edad aún se desconoce. De acuerdo a los primeros informes, relata el medio francés, el detenido explicó que lo contactaron por Snapchat y le pagaron 600 euros por realizar este trabajo. Lo acompañaba una segunda persona, que logró escapar.

La sucursal del Bank of America está en una zona muy turística, en la calle de La Boétie, en el distrito VIII de París.

La Comunidad de Madrid ha organizado una serie de charlas sobre terrorismo en distintos colegios mayores universitarios bajo el título 'Tu historia, mi memoria', donde participarán víctimas de ETA “para dar a conocer la historia reciente de España”. Según ha publicado El País, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró durante su intervención en este ciclo que el terrorismo “es un asunto de plena actualidad”, a pesar de los que se esfuerzan “por bloquearlo, e incluso negarlo, con el único objetivo de seducir a aquellos que antes ponían bombas y ahora ponen su voto para condicionar la gobernabilidad de España”.

Estas conferencias se celebrarán hasta el mes de octubre en 13 centros de la comunidad, en colaboración con la Asociación de Colegios Mayores. En la misma presentación del programa participaron cuatro mujeres cercanas a alguna víctima del terrorismo de ETA, y compartieron su experiencia, además de recordar a sus seres queridos: María San Gil, expresidenta del PP del País Vasco y compañera de Gregorio Ordóñez, que fue asesinado en su presencia; Claudia Múgica, perteneciente a la asociación Ego Non y nieta del exdirigente del PSE-EE en Gipuzkoa Fernando Múgica; la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, y la representante de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta, que perdieron a sus padres.

María San Gil afirmó que “es un proyecto político que sigue vivo”, además de añadir que Sortu y Bildu tienen “un líder político que es Arnaldo Otegi, que estuvo condenado por apología del terrorismo, que estuvo en la cárcel y que no se ha arrepentido de su pasado terrorista”. Según el mismo diario, San Gil comparaba el terrorismo en España con la Alemania de Hitler: “En la Alemania nazi hubo un juicio, el de Núremberg, y aquí no hemos juzgado el proyecto político por el que se ha asesinado a 853 personas”.

Maite Araluce acusó al Gobierno de “facilitar la vida de los terroristas” haciendo referencia a la salida de prisión de la exdirigente de ETA, Soledad Iparragirre (alias Anboto) cuando accedió al régimen de semilibertad después de ser condenada a 800 años de cárcel acusada de 14 asesinatos, mientras a las víctimas de terrorismo “nos machacan”. Por su parte, San Gil insistía en que ETA “sigue influyendo” en la política española, como también hizo durante su actividad, porque “no hemos derrotado a ETA”: “ETA no es una historia del pasado, ETA es una historia del presente, y si no lo hacemos bien, será una historia del futuro”.

Según relata El País, la expresidenta del PP del País Vasco opina que los jóvenes recogen un legado que debe cambiar “con los siguientes gobiernos”, e insistió en su apoyo a partidos como PP y Vox, puesto que “ambos han entendido muy bien lo que las víctimas piden”.

Asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) han rechazado las palabras de San Gil en declaraciones a El País. “Cuando se mete la política por medio no solo pervierten nuestra causa, sino que atacan nuestra dignidad”, han respondido desde la asociación. Covite, presidido por Consuelo Ordóñez, cree que en estas charlas organizadas por la Comunidad de Madrid “lo que menos les importa” son las víctimas: “Van a lo que van, a tratarnos como mercancía política”, a lo que añadió: “Exigimos respeto”.

No es la primera vez que Covite se expresa en estos términos. En 2013, exigieron al Gobierno de Mariano Rajoy “que cesara en su empeño de instrumentalizar a las víctimas para disimular su parte de responsabilidad en la decisión de Estrasburgo”, y criticaron la actitud de los políticos españoles: “Todos los gobiernos que hemos tenido en este país tienen mucho que callar. Hoy lo que vivimos es un final de ETA negociado. Es indecente que con dinero público se esté financiando este programa y que San Gil se dedique a pedir el voto a dos partidos, PP y Vox, porque eso es lo que está haciendo”.

Una operación conjunta contra el terrorismo yihadista desarrollada entre la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos se ha saldado este miércoles con la detención en Palma del líder de una presunta célula vinculada a Estado Islámico que planeaba atentar en España.

La operación hispano-marroquí, bautizada como 'Seula', ha permitido desmantelar una estructura terrorista transnacional vinculada con la organización terrorista Daesh (Estado Islámico) y formada por tres sospechosos que operaban en Marruecos y en España, según un comunicado emitido por la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) recogido por la agencia estatal marroquí MAP.

Las detenciones se han producido de forma simultánea: dos individuos en Tánger y un tercero en Mallorca, señalado como el jefe de la supuesta célula. Éste último estaría implicado en la planificación del atentado en territorio español siguiendo el patrón del terrorismo individual. Por su parte, de acuerdo con las autoridades marroquíes, los arrestados en Tánger desempeñaban funciones de financiación y apoyo logístico a combatientes yihadistas vinculados a las filiales de Daesh en el Sahel y Somalia.

En un comunicado, la Policía Nacional señala que al detenido en Palma se le vincula con una presunta participación en delitos de adoctrinamiento y autoadoctrinamiento terrorista. Según la nota, el arrestado tenía la intención de cometer “una acción de gran envergadura”. Además, consumía y divulgaba material relativo al Daesh en sus perfiles de redes sociales, utilizándolo además para el adoctrinamiento a terceros. Según el cuerpo policial, también había manifestado su voluntad de viajar para hacer la yihad -participar en actividades armadas - en zona de conflicto.

En concreto, la operación ha sido llevada a cabo con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 3 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que mantiene las investigaciones bajo secreto.

El operativo de la DGST marroquí y la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional se enmarca, además, en el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad para neutralizar los riesgos ligados a la amenaza terrorista y desmantelar las redes y organizaciones extremistas que amenazan la seguridad de ambos países.

En su comunicado, la Policía Nacional ha puesto en valor la “excelente relación” que, desde hace más de una década, mantiene con la DGST de Marruecos, una alianza que, subraya, “se ha consolidado como un pilar fundamental en la estrategia de lucha contra el terrorismo de corte yihadista, permitiendo la neutralización de graves amenazas para la Seguridad Nacional de ambos países”.

Fruto de esta cooperación bilateral, basada -añade el cuerpo policial- en la confianza y el intercambio de información-, desde 2014 ambos cuerpos de seguridad han desarrollado un total de 31 operaciones conjuntas en el marco antiterrorista. En el mismo sentido, la colaboración ha culminado con la detención de 150 personas durante ese periodo. Del total de arrestos, 83 se han producido en España y 67 en territorio marroquí. En la misma línea, la BCIJ ha ensalzado la estrecha cooperación antiterrorista entre España y Marruecos.

Como recuerda la Policía Nacional, la primera operación conjunta se ejecutó el 14 de marzo de 2014. Fue la denominada operación Azteca, donde miembros de la Comisaría General de Información y Dirección General de Seguridad del Territorio detuvieron a ocho personas de cinco nacionalidades: cuatro en España, tres en Marruecos y una en Luxemburgo. Con estas detenciones se desarticuló una de las mayores redes detectadas en Europa y el Magreb de envío de yihadistas a Siria y al Sahel.

Esta martes, la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre 'Anboto', como antes Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', ha visto flexibilizado su régimen penitenciario, lo que le permite hacer salidas regulares de su centro de referencia, el de Martutene en Donostia. Lo ha logrado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La decisión ha soliviantado a las asociaciones de víctimas, que recuerdan que la suma global de todas las penas por terrorismo que pesan sobre 'Anboto' se acerca a los 800 años, y copado titulares y debates políticos.

¿Quién tiene la competencia de Prisiones?

Desde el 1 de octubre, las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia -a punto de ser cerrada por la inminente inauguración de la de Zubieta- están bajo gestión del Gobierno vasco. Aplican y desarrollan, eso sí, una normativa penitenciaria común marcada por el Estado. La consejera actual es de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales. Se llama María Jesús San José y lleva en el cargo desde el verano de 2024.

¿Cuántos presos hay en Euskadi? ¿Y de ETA?

La población reclusa en Euskadi, actualmente, es de 1.791 personas. Son personas privadas de libertad, en cualquiera de las modalidades, tanto internas como en otros regímenes más abiertos. De ellos, “alrededor del 6,5%” son presos de ETA, es decir, unos 116-117, según datos oficiales de Prisiones. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 todos los condenados de la banda terrorista disuelta ese mismo año e inactiva desde 2011 han sido trasladados a estas cárceles y a la de Pamplona, gestionada por el Ministerio del Interior. Etxerat, la asociación de familiares, rebaja la cifra a 100, pero en sus listados excluye a los arrepentidos que han sido expulsados de la ortodoxia del denominado EPPK. Solamente consta como preso fuera de este perímetro el dirigente Mikel Karrera 'Ata', interno en el presidio francés de Lannemezan.

¿Cómo han sido los traslados?

Un reciente informe de la consejera San José entregado al Parlamento Vasco ha expuesto que han sido 120 los traslados de miembros de ETA desde 2021, es decir, desde que el Gobierno autonómico tiene la competencia. Fueron 21 ese primer año, 77 en 2022, 18 en 2023, dos en 2024 y otros dos en 2025. Antes, el alejamiento y la dispersión se empleaban como una política más de lucha antiterrorista. Es más, se premiaba a los arrepentidos con su traslado, particularmente al antiguo penal alavés que dio nombre a la 'vía Nanclares' de presos que aceptaron participar en procesos de reinserción e incluso de encuentros restaurativos con víctimas. La película 'Maixabel' mostró uno de estos casos.

¿En qué grado están los presos de ETA?

Desde 2021, las Prisiones vascas han emitido 2.183 clasificaciones de presos en segundo grado. De ellas, cuatro han recaído en condenados por terrorismo, el 0,18%. Es un dato poco relevante porque la mayoría ya llegó clasificado así. Lo es más el de clasificaciones en tercer grado, el estadio más atenuado de una condena. Se han dictado 2.002 resoluciones de progresión desde 2021 y 119, el 5,94%, han afectado a presos de ETA, por debajo de su peso general en la población reclusa. Esas 119 corresponden, además, a 97 personas diferentes, dado que alguno de ellos ha podido recibir varias después de que se rechazaran inicialmente por recursos.

¿Qué es el artículo 100.2?

El 100.2, el artículo del que se han beneficiado 'Anboto' o 'Txeroki' en las últimas fechas pero antes también condenados por corrupción como el dirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, no es una progresión de grado ni, técnicamente, un estatus de semilibertad. Es un segundo grado flexible, con salidas regulares autorizadas entre semana para actividades laborales o de otro tipo, como el voluntariado. La pernocta es entre rejas. La propuesta parte de los funcionarios, de la conocida como Junta de Tratamiento, y es automática su aplicación, aunque puede ser revocable 'a posteriori' por una resolución judicial si hay recursos. Las Prisiones vascas han concedido 142 mejoras del 100.2 en casi cinco años, y el 33,8% han recaído en reclusos de ETA, 48. Fuentes penitenciarias conceden que “se podía usar mucho más porque es una opción muy positiva para la reinserción” y que la población reclusa por terrorismo está sobrerrepresentada. El 100.2 es un artículo del reglamento penitenciario español de 1996.

¿Y el tercer grado y la libertad condicional?

El tercer grado es la semilibertad propiamente dicha. De nuevo, la plantea la Junta de Tratamiento. Y, de nuevo, es revocable por los juzgados de vigilancia penitenciaria si hay recurso. El matiz es que el recurso de la Fiscalía es suspensivo hasta que se resuelva el fondo del asunto. En el caso de los presos de ETA, al ser delitos de terrorismo, la competencia de vigilancia penitenciaria es de la Audiencia Nacional. Recientemente, en febrero, la Fiscalía paró una progresión de Asier Arzalluz y planteó que lo oportuno para él sería empezar con un 100.2, como otros excompañeros suyos en la organización armada. El estadio más avanzado de la condena es la libertad condicional. 301 presos vascos lo han logrado desde 2021, 39 de ellos de ETA. Representan el 12,95%, aunque con el matiz de que el régimen es muy diferente para hechos posteriores a 2015 y, por lo tanto, las fuentes consultadas indican que podría sobrerrepresentar estadísticamente a criminales de épocas anteriores, como sería el caso de ETA.

¿Los presos de ETA tienen un tratamiento diferenciado?

Sí. Los condenados por terrorismo tienen un régimen agravado que impone más exigencias a la hora de acceder a progresiones, flexibilizaciones o beneficios. Mucho de lo que tienen que hacer guarda relación con el 'arrepentimiento', es decir, con mostrar alejamiento con los hechos que los llevaron a la cárcel. Normalmente, se hacen con cartas. Las asociaciones de víctimas han criticado que esas redacciones son estandarizadas y no personalizadas. El Gobierno vasco tiene activada ahora mismo la denominada 'vía Nanclares II' que propicia encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. La información oficial es muy escasa aunque periódicos como 'El Mundo' y 'El Diario Vasco' han referido en fechas recientes reuniones en un 'baserri'. Las fuentes consultadas exponen que en estos procesos “ha habido unas conversiones muy importantes” de algunas exterroristas, cuyos nombres no se facilitan, y que “es un proyecto sincero y honesto y, a la vez, muy sanador para las víctimas”.