Este jueves, 23 de julio, se cumplen cincuenta años de la desaparición del dirigente de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergareche, más conocido como 'Pertur'. No hay certezas todavía de la autoría de su muerte, aunque el entorno de 'Pertur' tiene fundadas sospechas de que fue la propia organización, como traslada quien fuera su novia en 1976, Lourdes Auzmendi. Aún hoy, sigue clamando justicia medio siglo después. “Asesinar, en este país, ha salido muy, muy barato para la inmensa mayoría de la gente”, sentencia sobre Francisco Mujika Garmendia, alias 'Pakito' y una de las últimas personas en verlo. Por el contrario, un informe hecho público coincidiendo con el aniversario por el denominado Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (conocido por las siglas GEB) ofrece la “conclusión unívoca” de que “sólo los servicios secretos [de España] tenían la capacidad de organizar con tanta eficacia y precisión” la desaparición.

El caso de 'Pertur' es un hecho trascendental para entender la evolución de ETA en la transición de la dictadura al franquismo. La organización nació en 1959 y en 1974 se escindió. Por un lado, la rama militar, la que duró hasta su disolución en 2018; por otro lado, la político-militar, la que más estructura tenía a la muerte del dictador Francisco Franco.

Moreno Bergareche, más marxista e incluso revolucionario que nacionalista vasco, ejercía de ideólogo y trabajaba en una ponencia llamada 'Otsagabia' que pretendía ir relegando la “lucha armada” para apostar por las vías exclusivamente políticas. Es el germen del partido EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia), de la posterior EE (Euskadiko Ezkerra) y de la entrega de armas por parte de los conocidos como 'polimilis' en 1982. EE acabó fusionada con la federación vasca del PSOE, que sigue llamándose PSE-EE y que continúa empleando en las reuniones de su comité nacional el término Biltzar Ttipia, como se ha visto esta misma semana.

“A Eduardo lo conocí en 1974. Siempre fue una persona muy vital, muy alegre. Amigo de sus amigos. Leal. Y con muchas inquietudes intelectuales y políticas. Era un gran lector. Desde muy niño pudo escuchar conversaciones políticas, incluso del propio Pío Baroja en casa de su tía. Se había criado en ese ambiente. Y entró en ETA. Lo hizo en 1972”, explica Auzmendi, que atiende a este periódico durante más de una hora para destripar las últimas horas de 'Pertur', que tenía apenas 26 años en 1976. Según Auzmendi, también militante de aquella ETA, Moreno Bergareche se sentía “cómodo” en el “frente político”. Una de sus “pasiones” era la formación ideológica de quienes entraban a la organización, primero en Donostia, de donde era natural, y después en Francia, donde se exilió. Su mote, 'Pertur', no era un nombre de guerra, sino un apelativo cariñoso del dueño de un bar de Moreno Bergareche hacía pequeños sainetes. 'Pertur', de perturbado.

—Evidentemente, ocurrió lo que ocurrió en 1976. Pero tampoco hay que blanquear a aquella ETA, ¿no?

—Simplemente digo lo que hay sin intentar blanquear en absoluto. Es la historia de ETA y hay que situarlo en un contexto. ¿Qué otras alternativas nos dejaba el franquismo para combatirlo? Es verdad que hubo mucha gente que lo combatió y que trabajó muy duro sin entrar en una organización armada. Eso es así. Pero creo que no se puede equiparar toda la historia de ETA como muchas veces pasa. Hay condicionantes. ¿Por qué nos adheríamos a ese movimiento? Porque la situación era terrible.

En 1975, ETA político-militar sufrió un fuerte golpe policial. El infiltrado Mikel Lejarza, conocido como 'El Lobo', permitió la detención de más de un centenar de sus miembros. “Supuso un palo terrible para la organización”, concede Auzmendi. Y añade que, entre quienes se quedaron, había muchos que “perfectamente” podían haber sido de ETA militar porque no entendían la necesidad de “trabajar en el ámbito cultural, estudiantil o en el mundo obrero”. “Esa gente terminó creando una estructura absolutamente paralela dentro de ETA político-militar, los 'bereziak' [comandos especiales]. Lo único que les interesaba era la práctica de la violencia. Es lo que demostraron con el secuestro de Ángel Berazadi”, expone.

Explica Covite en su diccionario biográfico de todas las víctimas de ETA que Berazadi, euskaldun de 58 años y gerente de la empresa Sigma de Elgoibar, la de las máquinas de coser, “fue secuestrado la tarde del 18 de marzo de 1976 a la salida de su empresa”. “A cambio de su liberación, la banda terrorista pidió un rescate de 200 millones de pesetas. Berazadi fue retenido durante veinte días en el caserío Ipiola, en Itziar, por los comandos 'bereziak' de ETA político-militar [...]. Pese a los intentos de la familia por pagar a cambio de la liberación del industrial con la ayuda del PNV, partido al que Berazadi era muy cercano, no llegaron a conseguir la cantidad exigida por ETA y el 8 de abril de 1976, tras veinte días de cautiverio, el cadáver de Berazadi apareció en una cuneta [...] boca arriba, con los ojos cubiertos por unas gafas de soldador y un tiro en la nuca”, relata Covite. Fue el primer secuestro que acababa así en la historia de ETA.

En ese tiempo, 'Pertur' ya trabajaba en su ponencia política. “Muerto Franco, empieza a trabajar en su cabeza la idea de que, cuando se produjese el cambio en España, había que estar preparados y que ETA político-militar tenía que ser parte activa de la lucha para recuperar la democracia y las libertades. Entendía que eso no se podía hacer, desde luego, utilizando simplemente la vía armada. Tenía mucha inquietud con ese tema. Mantuvo contactos con buena parte de representantes de la sociedad vasca, con movimientos culturales o estudiantiles, por ejemplo. Con los gérmenes de los sindicatos también. Y se pone a escribir”, expone Auzmendi.

Después del asesinato de Berazadi, ETA político-militar celebró una “preasamblea”. Era abril de 1976. Juan Carlos I ya era jefe del Estado pero Adolfo Suárez aún no era presidente del Gobierno. En Vitoria, la represión se cobró la vida de cinco trabajadores en el barrio de Zaramaga el 3 de marzo. Antes de esa reunión, que tuvo lugar en Iparralde, sus propios compañeros de organización retuvieron a 'Pertur' durante “dos días en un armario”. Una militante 'legal' (no fichada por la Policía) trasladó a Auzmendi, quien no acudió en aquel encuentro, que se preguntó por Moreno Bergareche a la dirección. “Lo tenemos nosotros”, contestaron. Se llegó a votar si lo soltaban o no, y “por 33 votos a 30”, siempre según Auzmendi, decidieron incorporarlo a la asamblea.

—¿Fue un aviso?

—Sin ninguna duda. Lo que no hicieron entonces lo terminaron haciendo el 23 de julio.

Auzmendi, unos doce días antes de la desaparición, recibió una carta de su pareja. “Esos bestias han creado un clima tal en la organización que ETA no es un colectivo revolucionario, sino un Estado-policía, donde cada uno sospecha del vecino y éste del otro. Este clima influye no a todos por igual (existen auténticos histéricos que no ven sino conspiraciones por todos lados). En ese sentido, te digo que no estoy bien, en el sentido de que he de zafarme de la mentira, etc. De esta dinámica que tiende a eliminar rivales políticos, no por medio del debate político, sino a través de sucias maniobras en nombre de la disciplina, la seguridad, etc”, planteaba.

El 23 de julio era viernes. La desaparición incluye un Renault 5 azul de tres puertas. Al parecer, 'Pertur' salió de su casa en San Juan de Luz hacia las 9.00 horas. Y, sobre las 10.00 horas, se encontró fortuitamente con 'Pakito' y con 'Apala', Miguel Ángel Apalategi. Supuestamente, quiso ir a Behobia y a ellos les venía bien, porque iban a Hendaya. Supuestamente, a las 11.30 horas lo dejaron cerca de la frontera hispanofrancesa.

Al día siguiente, según recoge el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, del Memorial de Víctimas del Terrorismo del Gobierno de España, con sede en Vitoria, la organización convocó una rueda de prensa: “Podemos afirmar con plena seguridad que Pertur ha sido secuestrado por terroristas al servicio de la Policía española en territorio francés”. Su entorno, entretanto, denunció la desaparición a la Policía francesa. Fernández Soldevilla apunta a que las hipótesis comenzaron pronto, incluidas diferentes reivindicaciones de grupos parapoliciales ultraderechistas. Se llegó a hablar hasta de neofascistas italianos. Hubo teorías que llegaron a señalar al PNV, partido próximo a Berazadi, siempre según este investigador. En el entretanto, emergen dos supuestos testigos, uno apodado 'Trotski'.

Pero las pesquisas no condujeron a nada. Tampoco la investigación reabierta en 2008 en la Audiencia Nacional por el juez Fernando Andréu. 'Pakito', de su lado, saltó a ETA militar, donde acabó como una de sus máximas referencias. Se le imputan 22 atentados que causaron 37 fallecidos. El terrorista llegó a recibir una pena de 2.354 años teóricos de cárcel por el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, de 1987, que dejó once asesinados -seis de ellos niños- y 88 heridos.

Adelantemos diez años el calendario para ofrecer, como contexto, otro suceso clave en la historia de ETA. En 1986, Dolores González Catarain, conocida como 'Yoyes', también escribió una carta, como 'Pertur' una década antes. “No quiero actuar en apoyo de una lucha que ha degenerado en algo terrible, dictatorial y mítico, contrario a mis valores y sentires más profundos y constantes en mi trayectoria”, plasmó sobre la única ETA que seguía activa, la militar. 'Yoyes' era de Ordizia, como 'Pakito'.

Y fue ejecutada a plena luz del día en una feria en presencia de su hijo, un niño que estaba montado en un tractor. “Años después, en 1991, 'Kubati' [José Antonio López Ruiz] relató al juez que se acercó a María Dolores y le preguntó: ‘¿Tú eres Yoyes?’. Ella respondió afirmativamente y él, pistola en mano, le dijo: ‘¿Sabes quién soy yo? Soy de ETA y vengo a ejecutarte’”, expone Covite sobre este crimen.

—Es un episodio casi mimético.

—Yo conocía también a 'Yoyes'. Estuve con ella en San Sebastián muy poco antes de que la asesinaran. Sabía en su fuero interno que la estaban buscando. Sabía que le podía pasar cualquier cosa. Tenía pendiente con ella una conversación. Necesitaba preguntarle si ella en ETA militar alguna vez había oído algo de 'Pertur'.

Volviendo a 1976, en septiembre, dos meses después de la desaparición de 'Pertur', se celebró la asamblea que discutió la ponencia 'Otsagabia' en la que trabajaba 'Pertur'. “Se dijeron barbaridades. Verdaderas barbaridades. Como que estaba bien muerto. Delante de todo el mundo. Delante de mí. Abandoné la sala. No lo soportaba”, rememora Auzmendi. Con ella salieron dos dirigentes de ETA militar, Domingo Iturbe Abasolo, 'Txomin', y José Miguel Beñarán, 'Argala', que acabó asesinado por el Batallón Vasco Español. Estaban allí como observadores, como invitados.

—Habló con ellos.

—Sí, estando ya fuera, se me acercó 'Txomin'. Y me dijo: 'No tenemos ninguna duda de que fueron ellos los que lo hicieron desaparecer'.

Cuenta Auzmendi que otro testigo escuchó a 'Apala' decir en su estancia como huido en países del Caribe un “lo matamos nosotros, lo metimos en un bidón y lo tiramos al mar”. Dice el informe de GEB que es “un malintencionado bulo”, una mala “interpretación” de la pareja de 'Pertur' que no se confirmó en la investigación judicial de 2008. A ella le duelen mucho esas teorías alternativas. “Te juro que hay cosas de una crueldad que es increíble”, lamenta.

En estos años, se han seguido pistas falsas, como un panteón en Francia y otro enterramiento en Burgos. No hay cadáver y, ahora mismo, no hay ninguna pista nueva. Según el documento de GEB, que alimenta la tesis de la guerra sucia, “los 'bereziak' no ocultaron la responsabilidad de su retención por razones de indisciplina” en abril de 1976, pero “trajeron a 'Pertur' de vuelta en cuanto recibieron un mandato directo de la asamblea”. Y, sobre la carta poco antes de morir, argumentan que “no es indicativo de que sospechase que podían matarlo”. Este trabajo sostiene que las relaciones entre los diferentes sectores de ETA político-militar eran tan malas que cuando 'Pakito' y otros saltaron a ETA militar fueron “deshumanizados” [sic] y “caricaturizados”, con el ánimo de “alentar su posible implicación en una vendetta dentro de la organización”.

'Pakito' salió de la cárcel en 2020. Auzmendi ha intentado contactar con su entorno para conocer su verdad. Es muy dura con él. “Se ha aprovechado de las circunstancias que le ha brindado la democracia contra la que intentó combatir todo lo que pudo. La verdad, asesinar, en este país, ha salido muy, muy barato para la inmensa mayoría de la gente”, denuncia.

Auzmendi, en 2009, se convirtió en viceconsejera de Política Lingüística en el Gobierno del primer lehendakari no nacionalista vasco en la historia, el de Patxi López. Al PSE-EE le apoyó el PP para alcanzar el poder. En aquel momento, ETA lanzó una amenaza general contra todo el Ejecutivo. Eran otros tiempos. Muchos ex de la antigua Euskadi Ezkerra asumieron cargos de responsabilidad, aunque Auzmendi aclara que ella nunca estuvo afiliada a los socialistas. “No fue fácil por el boicoteo que tuvimos. Y yo, con la política lingüística, más aún”, sostiene de aquella legislatura, que acabó en 2012, ya con la banda terrorista fuera de la ecuación. Ahora sigue vinculada a su euskera. Es presidenta de UZEI, Terminologia eta Lexikografia Zentroa.

—¿Cuál cree que fue el legado de 'Pertur'?

—Hay una figura muy importante. Todos tenemos una deuda con Mario Onaindia. Con él sí terminó el ciclo político de Eduardo. Mario negoció el abandonó de la lucha armada por parte de ETA político-militar. Eso sí que fue el cierre propuesto por Eduardo. Estoy convencidísima de que esto ahorró a este país mucho dolor. Si ETA político-militar hubiese seguido con la lucha armada, habríamos tenido dos organizaciones cometiendo asesinatos en plena democracia.

La conjura de togas contra la ley de amnistía comenzó en España meses antes de que el proyecto de la norma se registrase para su tramitación en el Congreso y continuó mucho después con intensidad creciente. El acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el otoño de 2023 para aprobar en un plazo breve la ley de amnistía desencadenó la rebelión de los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial. Pedro Sánchez necesitaba los siete votos de la formación independentista para garantizar su investidura tras quedarse muy lejos de la mayoría absoluta en las elecciones de julio de 2023. Aunque su Gobierno rechazó meses antes una Ley de Amnistía por “inconstitucional”, el líder socialista hizo “de la necesidad virtud”, según sus propias palabras, para mantenerse en el poder.

Cientos de togados salieron a protestar a las puertas de algunos juzgados, incumpliendo la Ley del Poder Judicial que castiga como falta grave la “censura a las autoridades y poderes públicos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía competencias para castigar esas conductas, miró para otro lado. La derecha judicial seguía dominando el órgano de Gobierno de los Jueces porque el PP bloqueaba su renovación desde diciembre de 2018.

La asociación mayoritaria de jueces y el fin de la democracia

Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades aprobaron comunicados muy críticos contra la futura norma. Estos órganos estaban dominados por jueces pertenecientes a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera. Dos semanas antes de que el texto de la proposición de Ley de Amnistía se hiciera público, la APM sacó un comunicado donde anunciaba el apocalipsis si los planes del Ejecutivo se hacían realidad: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”. Dos años después de aquel manifiesto de la derecha judicial, la Ley de Amnistía sigue vigente, como las reglas de la Constitución de 1978 y el Estado de derecho.

Jueces de tendencia progresista, minoritarios en la carrera, se atrevieron a protestar contra las protestas: “No tenemos competencia para emitir acuerdos sobre pactos entre formaciones políticas y estamos obligados a mantener la neutralidad en el debate partidista”. Nadie les hizo caso.

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, elegido a propuesta del PP, no entendía el papel de algunos jueces en aquella cruzada contra la Ley de Amnistía y censuró que sus compañeros vocales conservadores propusieran un comunicado contra la norma: “Entiendo que la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política”. Nadie le hizo caso.

El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya instruían causas con decenas de independentistas imputados a los que deberían aplicar la Ley de amnistía cuando se aprobase. Todos ellos anunciaron que impugnarían la futura Ley ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hicieron, pero fracasaron con estrépito.

Maniobras judiciales para imputar terrorismo a Puigdemont

El magistrado Manuel García Castellón, ya jubilado, instruía desde 2019 una causa relacionada con las protestas independentistas, el caso Tsunami Democratic. Aunque durante cuatro años la investigación apenas avanzaba, la tramitación de la Ley de Amnistía despertó al instructor, quien comenzó a dictar resoluciones para torpedear la futura norma que se tramitaba en las Cortes. En noviembre de 2023, envió una exposición razonada al Supremo, que incumplía los principales requisitos establecidos por la jurisprudencia de ese tribunal, para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de terrorismo.

Los indicios que García-Castellón envió al Supremo ―una reunión en Ginebra sin conocer su contenido, dos conversaciones de WhatsApp donde se cita al expresidente y un intercambio de mensajes donde Puigdemont expresa su temor a que haya muertos en los disturbios― fueron despreciados como inverosímiles por el fiscal encargado de esa causa en la Audiencia Nacional. Pero muchos de sus compañeros en el Supremo, fiscales conservadores mayoritariamente, no tuvieron en cuenta su criterio y plantaron cara al Fiscal General del Estado para que se apoyase la imputación por terrorismo a Puigdemont. Fracasaron.

El Tribunal Supremo, con el informe en contra de la Fiscalía, admitió la exposición razonada e imputó a Puigdemont por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la Ley pactada con Junts. Un fallecido por infarto en el aeropuerto del Prat durante una protesta ciudadana contra la sentencia del Procés servía entonces a García Castellón para construir la nueva causa contra el expresidente catalán. El Tribunal Supremo, dominado por magistrados conservadores, aceptó sin rechistar. Pero aquellas maniobras judiciales se frustraron por culpa de los errores detectados en la instrucción de García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación. La causa fue anulada. El intento, con la inestimable colaboración de los magistrados del Supremo, fue inútil.

Las diligencias del magistrado García Castellón no se detuvieron ahí. Aprovechando el recurso de un imputado, escribió un párrafo para establecer que los delitos que investigaba – los daños ocasionados por manifestantes independentistas a dos policías antidisturbios- eran los pertenecientes a la categoría de no amnistiables en la Ley que se tramitaba en el Congreso. El párrafo en cuestión era una copia literal de una de las enmiendas que se había registrado en el parlamento.

Pieza separada por alta traición contra el expresidente catalán

Mientras García Castellón trabajaba desde la Audiencia Nacional contra la Ley de Amnistía, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se afanaba con un objetivo parecido aprovechando el caso de la denominada trama rusa del proceso independentista que investigaba desde hacía seis años.

Aunque la Audiencia de Barcelona le había ordenado poner fin a la instrucción, el juez Joaquín Aguirre decidió abrir una pieza separada para investigar un posible delito de alta traición cometido por el expresidente Carles Puigdemont. Ese delito figuraba en la categoría de los no amnistiables por la futura norma.

Jurisprudencia creativa del Supremo contra líderes del Procés

La aprobación de la Ley de Amnistía el 30 de mayo de 2024 por 177 votos a favor y 172 en contra desencadenó un nuevo movimiento del Tribunal Supremo para evitar su aplicación a los principales dirigentes del proceso independentista: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Para conseguirlo, el Supremo tiró de jurisprudencia creativa. Los legisladores habían escrito que eran amnistiables los delitos de malversación cometidos en el Procés -la utilización de dinero público para los gastos del referéndum- siempre que sus responsables, altos cargos de la Generalitat de Catalunya, no hubieran tenido “un propósito de enriquecimiento, es decir, de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan. Carles Puigdemont, huido de la justicia, no puede regresar a España hasta que el Constitucional resuelva su recurso contra la decisión del Supremo sobre la malversación que cometió. Oriol Junqueras no puede presentarse a las elecciones. Aunque fue indultado parcialmente, mantiene la pena de inhabilitación por malversación. La Fiscalía rebatió, sin éxito, el argumento principal de los magistrados: “Los condenados destinaron la totalidad de los fondos públicos malversados al referéndum de secesión [y] su patrimonio no experimentó incremento alguno como consecuencia de la malversación”. Los magistrados conservadores no hicieron caso.

Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya aplicaron la Ley de Amnistía a un exconseller, Miquel Buch, condenado por malversación. Esa sentencia consideró que Buch no tuvo ningún beneficio patrimonial por malversar fondos para impulsar el proceso independentista.

La conjura de la derecha judicial en España contra la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya ha fracasado. El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, el belga Koens Lennaert, lo contó así. “El Derecho de la Unión no se opone a la ley que concede la amnistía (…) su objetivo es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”.

La ciudad de Logroño ha recordado a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo noveno aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Una efeméride aún más especial, ya que el edil de Ermua contaba con 29 años cuando los 'etarras' lo secuestraron y mataron.

El acto que ha contado con un minuto de silencio y una entrega floral en memoria del concejal de Ermua en el que se ha indicado que “es nuestro deber defender la verdad de lo que ocurrió. ETA fue una organización terrorista que durante más de 50 años asesinó, secuestró, extorsionó y persiguió a quienes pensaban diferente”.

El tradicional homenaje, organizado por el Ayuntamiento de Logroño, ha tenido lugar en el monumento en Memoria de las Víctimas del terrorismo, en el Paseo del Espolón. Al mismo han acudido numerosas autoridades regionales y locales, entre los que han destacado el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el obispo de La Rioja, Santos Montoya, que al final del misma ha pedido por las víctimas del terrorismo.

Escobar, por su parte, ha dado lectura al manifiesto elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco. En el mismo, ha incidido en que “han pasado 29 años; misma edad que tenía Miguel Ángel Blanco cuando ETA lo secuestró y asesinó”. “Un joven de Ermua, concejal del Partido Popular, que iba a trabajar un 10 de julio cuando la organización terrorista decidió darle un plazo de 48 horas a su vida, a su futuro”, ha añadido.

El alcalde de Logroño ha recordado que “sus asesinos tienen nombre: Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Irantzu Gallastegui; y Jose Luis Geresta, y -ha señalado- que no vamos a olvidarlos; como tampoco vamos a olvidar lo que ocurrió en las calles. Alrededor de dos millones y medio de españoles participaron en alguna de las manifestaciones que se convocaron en toda España durante aquellos días”.

Gente que trazó “la línea más importante de nuestra historia reciente: la que separa a los demócratas de los terroristas. Y la sostuvieron con dignidad y sin rendirse”. “De esa resistencia cívica nació algo que ningún terrorista supo prever. Nacía el Espíritu de Ermua. Y ese espíritu es el legado de Miguel Ángel Blanco”.

“Un legado que no pertenece al pasado, que nos interpela hoy, directamente, a cada uno de nosotros, y que nos compromete a defender la verdad de lo que ocurrió”, ha añadido Escobar, que ha indicado que “durante demasiados años en España hubo personas que vivieron señaladas, escoltadas y amenazadas; personas que tuvieron que mirar debajo del coche cada mañana o cambiar las rutinas de sus hijos, para mientras tanto, los terroristas decidían quién merecía vivir y quién debía morir”.

ETA, ha indicado el alcalde de Logroño “fue derrotada gracias al sacrificio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la independencia de la Justicia y a la resistencia cívica de la sociedad española”, pero “también fue derrotada por miles de personas anónimas que jamás ocuparán titulares ni aparecerán en libros de historia”.

“Olvidar o manipular esa historia, relativizar o blanquear el terrorismo, es pervertir la democracia que nos ampara y humillar a las víctimas”, ha destacado, al tiempo que ha asegurado que “la verdad no es negociable; no lo fue cuando más nos costaba defenderla, y no puede serlo ahora”.

En el manifiesto, ha señalado Escobar las víctimas del terrorismo “no piden venganza, sino que se diga la verdad, que se haga justicia, que se respete la memoria de quienes lo perdieron todo”. “El legado de Miguel Ángel Blanco nos compromete a no apartar la mirada de lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque esa verdad que tanto nos costó defender sigue siendo atacada hoy, de otras formas y con otros instrumentos”.

“A lo largo de este año, los presos de ETA han alcanzado su mayor nivel de beneficios penitenciarios”, ha lamentado, además de añadir que lo han hecho “sin arrepentimiento, sin colaboración con la Justicia, sin un solo gesto hacia las víctimas”, así como que “más de 300 asesinatos siguen sin resolverse”.

En este punto, han querido recordar que EH Bildu “es un partido que lleva terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales y que nunca ha realizado la más mínima autocrítica, así como que impulsa la mayoría de los homenajes a presos de ETA cada verano en las en las fiestas del País Vasco y Navarra”. “Y esto no es libertad de expresión, es humillación a las víctimas del terrorismo”, ha lamentado.

Ha insistido en que el legado de Miguel Ángel Blanco “nos compromete a exigir justicia, ya que la justicia no puede negociarse ni puede ser moneda de cambio en ningún pacto de gobierno, además de que nos compromete a combatir la desmemoria”.

La sociedad española “tiene la obligación moral de transmitir a las nuevas generaciones lo que ocurrió. No para alimentar el enfrentamiento, sino para que el olvido no abra la puerta a la manipulación”. Y aquí “queremos hablar directamente a los jóvenes, a quienes no vivieron aquellos días de julio de 1997, porque los jóvenes deben saber que Miguel Ángel Blanco no es solo un símbolo. Era una persona. Un hombre joven, bueno y valiente, que se sentía orgulloso de ser vasco y español sin complejos y, por eso, ETA lo eligió”.

“Que sepan que en julio de 1997 otros jóvenes como ellos salieron a la calle sin que nadie los convocara. Que llenaron plazas en Ermua, en Bilbao, en Madrid, en toda España. Que escribieron su nombre en carteles. Que lloraron por alguien a quien no conocían. Que esa respuesta -espontánea, masiva, sin miedo- fue el momento más importante de la historia reciente de nuestra democracia. Y que esa historia es también la suya”, ha añadido Escobar.

“Tiene que saber que no se puede reescribir la verdadera historia, que no se pueden blanquear a los asesinos y convertir a los verdugos en víctimas. Que frente a ese relato falso, el mejor instrumento es conocer la verdad”, ha apuntado.

Finalmente, Escobar ha indicado que el legado “no es una página del pasado. Es la página que cada generación tiene la obligación de leer, entender y defender. Y por ello, su legado nos compromete un año más”.

Tras la ofrenda floral se ha invitado a los presentes a escribir una palabras en un cartel alusivo al aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de casi 2,2 millones de euros para la creación del Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, un espacio vinculado al monumento de Atocha en recuerdo al 11 de marzo de 2004. Se situará en el número 13 de la Carrera de Sam Jerónimo, donde está la sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas. La apertura al público está prevista para el primer trimestre de 2027, aunque las fechas pueden variar según avancen las obras.

Uno de sus principales reclamos será una recreación interativa que remite Tendrá al memorial cilíndrico de 11 metros que rindió tributo hasta 2023 a las víctimas del 11-M, el mayor atentado terrorista en España. La adaptación incorporará avances tecnológicos y cambiará la forma de homenajearles.

El 11 de marzo de 2004 murieron 192 personas, muchas de ellas en Atocha, por eso años más tarde se instaló junto a la estación de tren un monumento de 160 toneladas hecho con ladrillos de vidrio que en su interior guardaba una sala diáfana. Las paredes eran azules y estaban llenas con nombres de víctimas, grabados para el recuerdo. Tuvo que empezar a desmantelarse por las obras para ampliar la red de Metro, y en su lugar se colocó una placa conmemorativa.

La mayor novedad es que se imprimirá un carácter interactivo al memorial, con visualizaciones proyectadas mediante tecnología de última generación y una réplica a pequeña escala del cilindro que formó parte del memorial original. Este incluye, además, ladrillos antiguos de la estructura desmontada.

En un comunicado, la Consejería de Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid ha informado de que las futuras instalaciones ocuparán tres plantas, distribuidas entre áreas de exposiciones, salón de conferencias con equipamiento audiovisual y otras dos salas polivalentes. La planta primera tendrá una finalidad “eminentemente didáctica”, con biblioteca, sala inmersiva y área para talleres a disposición de todos los usuarios. A lo largo del año se programarán actividades para jóvenes, presentaciones, debates u otros encuentros.

Además, una cuarta planta dispondrá zonas de trabajo para las asociaciones de víctimas con presencia en la región. El recorrido, tal y como especifica el Gobierno regional, comenzará con un panel iluminado sobre la historia del terrorismo en España, que dará acceso al itinerario permanente. El espacio dedicado a las muestras temporales reunirá objetos personales cedidos por los familiares de las víctimas, entre ellos la batería del concejal Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997 y el monopatín del joven Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados yihadistas de Londres de 2017.

La zona central del edificio contará con un conjunto de luminarias suspendidas del techo, distribuidas a lo largo de los tres niveles principales del Centro, en recuerdo de los fallecidos en atentados terroristas y un espacio polivalente acristalado equipado con una pantalla para la proyección de documentales y material de archivo que podrá acoger conferencias, presentaciones y otras actividades organizadas por la Comunidad de Madrid o por las asociaciones.

El Tribunal de Apelación de París ha absuelto este jueves al exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu 'Ternera', en el último proceso que tenía pendiente en Francia, lo que abre la perspectiva para su entrega a España.

La presidenta del tribunal se ha limitado a dar el dictamen absolutorio a Josu 'Ternera', que había acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005, según recoge Efe.

En este proceso, que se había celebrado en abril, se le ha juzgado por formar parte de ETA desde que huyó de España, cuando era miembro del Parlamento Vasco para escapar de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en 2002 para aclarar si había estado implicado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987 (fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas menores de edad, y hubo 88 heridos).

Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó de su paso por dos pisos francos de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot. Allí vivieron el que era entonces jefe militar, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

Antes de que se resolviese esta causa, la Justicia francesa ya había dado luz verde a la entrega de 'Ternera' a España. Antes, en abril, la fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, había defendido que no hay que ver a Urrutikoetxea como “un negociador de paz”, que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien “participó en negociaciones”, estaba “implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción”, es decir, “con los atentados”, según recogió entonces Efe.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas celebraron este 19 de junio las I Jornadas sobre Terrorismo en Canarias: Terrorismo Global y Radicalización, un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización que reunió a profesionales, estudiantes y ciudadanía interesada en comprender el impacto del terrorismo desde una perspectiva histórica, social, jurídica y humana. 

La jornada, celebrada en las instalaciones de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, abordó diferentes aspectos relacionados con el fenómeno del terrorismo, su evolución a lo largo del tiempo y los retos que continúa planteando en la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. 

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la participación de víctimas del terrorismo, quienes compartieron sus experiencias personales y trasladaron a los asistentes el impacto que estos hechos han tenido en sus vidas y en las de sus familias. Sus testimonios pusieron de manifiesto la importancia de preservar la memoria, reconocer a las víctimas y promover una sociedad comprometida con la convivencia y el respeto a los valores democráticos. 

A lo largo de las distintas ponencias también se analizó el contexto histórico del terrorismo en España, así como su evolución y transformación en otros países, permitiendo a los asistentes comprender mejor la complejidad de un fenómeno que continúa siendo objeto de estudio y reflexión. 

Asimismo, expertos del ámbito jurídico abordaron los avances logrados en materia de reconocimiento y protección de las víctimas, al tiempo que señalaron algunos de los desafíos que aún persisten para garantizar una atención integral y una adecuada reparación a las personas afectadas y sus familias. 

Estas primeras jornadas nacen con el objetivo de fomentar el conocimiento, la sensibilización y la reflexión colectiva sobre las consecuencias del terrorismo, destacando la importancia de la memoria, la prevención y el compromiso social como herramientas fundamentales para construir una sociedad más consciente y comprometida frente a cualquier forma de violencia y radicalización. 

La Asociación Víctimas del Terrorismo y el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas han valorado muy positivamente el desarrollo de esta primera edición, que ha permitido generar un espacio de diálogo y aprendizaje en torno a una realidad que ha marcado profundamente la historia reciente de nuestro país.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado en libertad a las dos personas detenidas el pasado martes en Bizkaia, A. y Y., por presunta relación con Hizbulá. Aunque les ha dejado en libertad sin fianza, ha ordenado la retirada de sus pasaportes y les ha prohibido salir de España. Además, también ha adoptado otras medidas cautelares como la comparecencia cada quince días en el juzgado. La detención de estas dos personas se produjo después de que un informe la Comisaría General de Información vinculara a esta dos personas, pertenecientes a la plataforma Iranekin Bat (Comité a favor de Irán de Euskal Herria), con Hizbulá y con delitos de “terrorismo”.

Compañeros de los detenidos de la plataforma Iranekin Bat han cargado este viernes en Bilbao, después de conocerse la puesta en libertad de los detenidos, contra “periodistas, jueces políticos y fuerzas de seguridad”, a los que han acusado de orquestar una campaña de represión. “Nuestra más sincera repulsa contra los que se les llena la boca de derechos y sólo tienen represión que ofrecer. Legitiman el marco y contexto para que Israel y el imperialismo internacional continúe golpeando Irán, el Líbano, Siria, Yemen, Irak y Palestina. Nos tendréis siempre delante”, han advertido, tras acusar a los medios de comunicación de “apuntar a jueces y policías a dónde disparar”.

Concentrados ante el Teatro Arriaga de Bilbao con una pancarta con el lema 'Erresistentzia ez da delitua', han señalado que continuarán con las movilizaciones y han hecho un llamamiento “a todas las organizaciones e individuos comprometidos contra el imperialismo y la represión” a unirse a próximos actos en favor de los detenidos, para los que han pedido la “amnistía total” porque “el internacionalismo y la solidaridad no son delito”. También han denunciado la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu contra miembros de la flotilla: “Aquellos que apalearon a los solidarios de la flotilla en Loiu demostraron que solo tienen pelotas, porras, puñetazos, codos y rodillas que ofrecer a aquellos que ponen su cuerpo por la causa palestina”.

El informe de la principal unidad antiterrorista de la Policía Nacional imputa a uno de los detenidos once elementos para justificar su detención y el registro de su domicilio. Al otro uno más, doce. Entre los hitos destacados por la Policía Nacional se menciona un atentado de marzo en Oslo, capital de Noruega. Fue contra la embajada de Estados Unidos y acabó “sin víctimas”. Unas “fuentes de acreditada solvencia internacional”, de las que no se dan más detalles, trasladaron a la inteligencia española que en el clonado de los dispositivos electrónicos de los implicados aparecía el número de uno de los dos activistas residentes en Bizkaia. Ambos disponen de líneas libanesas, señala la Policía. Igualmente, señala que ambos habrían sido invitados al funeral de un líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, asesinado por Israel en 2024. También se habla de que tendrían “gran pericia” en el uso de armas largas.

El juez Calama, sin embargo, no vio sólido el informe policial. Pero la Fiscalía recurrió, una sala de apelaciones de la Audiencia Nacional aceptó esos argumentos y ordenó realizar la operación que se produjo esta semana. En Madrid, ante la sede judicial, también ha habido muestras de solidaridad para A. y para Y.

Una sala de apelaciones de la Audiencia Nacional compuesta por los jueces Francisco Javier Vieira, Jesús Eduardo Gutiérrez y Fermín Javier Echarri, enmendó en mayo al instructor José Luis Calama y, atendiendo al criterio de la Fiscalía y de la Policía Nacional, autorizó tres registros, dos en Bilbao y uno en Getxo, para investigar a dos personas del colectivo Iranekin Bat (Comité a favor de Irán de Euskal Herria) por su supuesta vinculación con Hizbulá y con delitos de “terrorismo”. La operación, finalmente, ha tenido lugar esta semana. Iranekin Bat ha considerado un “montaje” este sumario y ha llegado a celebrarse una protesta por los arrestos en Algorta, con asistencia de varias docenas de personas.

El origen del despliegue de este martes hay que encontrarlo en un informe de la Comisaría General de Información, la principal unidad antiterrorista de la Policía Nacional. Es del 25 de marzo. En ese atestado se apuntaba a dos personas, Y. y A., ambos varones. A uno de ellos se le imputan once elementos para justificar su detención y el registro de su domicilio. Al otro uno más, doce. En uno de los casos se plantea incluso acceder a la casa de la madre.

Entre los hitos destacados por la Policía Nacional se menciona un atentado de marzo en Oslo, capital de Noruega. Fue contra la embajada de Estados Unidos y acabó “sin víctimas”. Unas “fuentes de acreditada solvencia internacional”, de las que no se dan más detalles, trasladaron a la inteligencia española que en el clonado de los dispositivos electrónicos de los implicados aparecía el número de uno de los dos activistas residentes en Bizkaia. Ambos disponen de líneas libanesas, señala la Policía.

Igualmente, ambos habrían sido invitados al funeral de un líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, asesinado por Israel en 2024. Uno no pudo ir por el “bloqueo aéreo”, pero el otro lo grabó desde una “zona privilegiada”. En la larga lista de cargos se menciona de uno de ellos su “gran pericia en el uso de armas largas” al haber sido “instruido” por “organizaciones terroristas” en Líbano, el país de Hizbulá; del otro se dice que estuvo en campamentos “controlados” por terroristas, los de Sabra y Shatila. También se enumeran transferencias bancarias -de hasta 5.000 euros- y otros movimientos relacionados con causas supuestamente relacionadas con la milicia chií, como ocultar dinero en las partes “íntimas” del cuerpo.

Se les cita como instigadores del “boicot” a la Vuelta Ciclista a España a su paso por Bilbao en septiembre de 2025. Uno de ellos habría sido “organizador y miembro activo” de las protestas por la presencia en el pelotón del equipo Israel Premier Tech, ya desaparecido. Llevó una bandera de Hizbulá y una fotografía de su líder asesinado, estiman los agentes. Se les ubica en una posición política claramente filoiraní, un país chií. Del segundo, como colofón, se añade que “siempre” ha sido “un defensor del terrorismo de ETA”.

Al margen, se indica que se usaba el canal de Telegram Frontflict para difundir propaganda. Ese grupo, que es perfectamente público, subió un último mensaje este martes, el día de la operación policial. “El terrorismo y el extremismo representan amenazas inaceptables para la paz, la seguridad y los derechos humanos, destruyendo vidas inocentes y socavando los valores fundamentales de la sociedad”, se publicó. También se recogió un largo aviso legal que insistía en que se estaba cumpliendo la legalidad en todo momento. “Nuestra única vocación es estrictamente informativa. No promovemos, apoyamos ni justificamos ninguna ideología extremista, grupo terrorista o acto violento. Nuestro compromiso es ofrecer a los lectores datos veraces, noticias objetivas y contexto sobre la actualidad, siempre desde una postura que no sea la que el sionismo quiere vender”, abundaban.

Calama contra la Policía Nacional

El juez Calama, protagonista en las últimas semanas por ser el instructor de la investigación de corrupción contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, basada precisamente en informes de la Policía Nacional, no dio credibilidad al informe de ese cuerpo en el caso de los dos vizcaínos. Entre sus argumentos, recalcó que todas las acusaciones contra los imputados estaban redactadas en condicional y que no pasaban de meras hipótesis policiales que no podían justificar una medida tan drástica como una detención y los registros.

Calama fue muy duro con el informe policial: “Se nos presenta un claro paradigma de hipótesis y suposiciones, sin base objetiva alguna de las que pueda inferirse racionalmente que se esté cometiendo o vaya a cometerse un delito de terrorismo. [...] El repertorio de datos es marcadamente insuficiente. Deducir de ese conjunto de elementos de una forma mínimamente consistente una actividad terrorista es un exceso. Son datos ambivalentes y equívocos. El relato es amplio, pero cuadro indiciario es muy pobre. No son necesarias pruebas para la adopción de las medidas solicitadas, pero sí un bagaje indiciario más consistente. Se corre el riesgo en otro caso de banalizar unas medidas tan invasivas como son las injerencias en la intimidad domiciliaria y en el entorno virtual solicitadas. [...] La mera adhesión, simpatía o afinidad ideológica hacia organizaciones consideradas terroristas por determinados Estados u organismos internacionales, como es el caso de Hizbulá, no constituye por sí misma conducta penalmente relevante en el ordenamiento jurídico español. El derecho penal español se rige por los principios de legalidad (art. 25.1 CE), tipicidad estricta, e intervención mínima, lo que impide sancionar ideas, creencias o posicionamientos ideológicos, por radicales o controvertidos que puedan resultar, en ausencia de actos externos subsumibles en un tipo penal”.

Pero la Fiscalía recurrió. Según el ministerio fiscal, es “abrumadora” la existencia de indicios de “terrorismo” y Calama incurrió en un “cuádruple error” en sus consideraciones. Concluyó que “no es cierto” que los informes policiales sean solamente un catálogo de “hipótesis y suposiciones sin base objetiva”. Y “el uso del tiempo condicional presente en los informes policiales no refleja la naturaleza conjetural de la hipótesis policial”, se añade desde la Fiscalía.

La sala de apelaciones de la Audiencia Nacional dio la razón a Fiscalía y Policía y enmendó la plana al instructor. Es más, le recuerdan que con muchos menos datos encima de la mesa se había autorizado ya en 2024 el 'pinchazo' de algunos teléfonos en el marco de esta misma operación. En concreto, hubo escuchas autorizadas desde diciembre de 2024 hasta febrero de 2026 de las que no se aportan más datos en la información judicial consultada.

Tras la operación de la Policía Nacional -escoltada por la Ertzaintza- hubo ya unas primeras protestas, aunque este viernes se ha anunciado una rueda de prensa para exponer lo sucedido con Y. y A. En un comunicado, Iranekin Bat ha denunciado una “campaña de persecución, mentiras y difamaciones”. En esa nota mencionan que “un juez de la Audiencia Nacional” no encontró “base objetiva” para hablar de terrorismo, en probable referencia al auto de Calama. Entienden que se busca “acallar” a quienes denuncian el “genocidio” de Israel en Palestina, el “verdadero terrorismo”. La nota se completaba con un mense de “apoyo al eje de la resistencia” de Palestina, Líbano e Irán.

La Justicia ha absuelto al acusado de vandalizar con pintura negra y embadurnar de heces la tumba de Fernando Buesa, político del PSE-EE asesinado por ETA en el año 2000. La sentencia de la plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria, firmada por el magistrado Roberto Ramos, recoge que ha quedado acreditado que junto al panteón se encontró “un trozo de una bolsa de plástico blanco en la cual fueron localizadas sendas huellas correspondientes a los dedos pulgares de ambas manos del acusado”. El acusado alegó, sin embargo, que regenta una tienda en la que se ofrecen bolsas de ese tipo con los productos y que por ello podían encontrarse sus huellas dactilares. La sentencia suscribe la tesis de que esta prueba no resulta “suficiente como para fundar o basar” en ella una condena. “Tal versión exculpatoria o alternativa [ofrecida por el acusado] no resulta del todo extraña, descabellada, inverosímil o increíble”, recoge.

El mausoleo de la familia de la esposa de Fernando Buesa, en el que está enterrado también el que fuera vicelehendakari y dirigente del PSE-EE, se encuentra en el cementerio de Santa Isabel. En apenas 24 horas, entre el 4 y el 5 de octubre de 2023, hubo dos ataques contra su memoria. Primero, el monolito que recuerda tanto a él como a su escolta —Jorge Díez, asesinado en el mismo atentado— apareció pintado de negro. Poco después, se produjo el ataque con pintura y heces, que acarreó contundentes mensajes de repulsa de las principales autoridades vascas, incluido el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu. “Este nuevo ataque a la tumba me ha golpeado muy adentro. Respiro mi dolor y me repito: que el hielo no penetre en mi corazón, que nunca deje de sentir ni pierda la sensibilidad ante el dolor ajeno. Seguiré cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie”, escribió entonces Sara Buesa, hija del político asesinado.

La sentencia, fechada este lunes, sostiene que la versión del acusado ahora absuelto concordaba con “el hecho común de que la persona que regenta una tienda o comercio proceda a abrir una bolsa para introducir en su interior el producto comprado por el cliente, para lo cual el dependiente de forma usual introduce sus manos o alguno de sus dedos en la bolsa para abrirla y tener fácil acceso a su interior (ya que las bolsas habitualmente están pegadas y muy juntas)”. “Y la versión ofrecida por el acusado resulta suficiente como para contradecir la versión incriminatoria que se realiza contra él”, abunda.

El magistrado recrimina a la Policía local, que fue la encargada de confeccionar el atestado, que no practicase una prueba de ADN a las heces, lo que, considera, habría resultado “muy útil, claramente concluyente y esclarecedor sobre la autoría de los hechos”. El agente municipal alegó que le constaba que la Policía científica no analiza heces y que estas habitualmente no contienen manterial genético que permita cincelar un perfil. “Más allá de la experiencia que pudiera tener dicho agente en supuestos similares, creo que es más que dudoso desde un punto de vista científico o técnico que no se pueda obtener un perfil genético o una muestra de ADN de restos de heces”, le reprocha el juez.

Tanto la Fundación Fernando Buesa Blanco, que honra la memoria del político asesinado, como el Ayuntamiento de Vitoria ejercían la acusación particular. Contra la sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava.

Como ocurre en Vitoria o antes en Donostia, en Pamplona también empieza a haber personas procedentes de Malí pernoctando en la calle. Llevan ya unas semanas. Su país está sumido en una grave crisis, España recomienda no viajar allí, pero quienes vienen huyendo del horror se encuentran con un tapón burocrático para ser reconocidos como refugiados.

A pesar de que el aula se encontraba a unos 25 grados, los doce alumnos a los que hoy Ana San Martín ha impartido su primera clase de castellano llevaban mínimo tres capas. “Por lo visto siempre tienen siempre frío”, cuenta la voluntaria, maestra jubilada. Y es normal, porque en Malí en ese mismo día hacía 40 grados, la temperatura media diurna del país durante la primavera. Bahamadou, Moussa o Kaká son algunos de sus alumnos, parte de la veintena inmigrantes malienses que desde hace dos meses viven a la intemperie en un extremo de un parque del centro de la capital de Navarra. Todo lo que tienen cabe debajo de un banco, que ese día, por primera vez desde abril, se quedó vacío.

“Les conocí hace dos meses porque pasé por la zona con el coche”, recuerda la vecina que los puso en contacto con el Punto de Información Para Personas Migradas (PIM-MIG). Los vio alrededor del banco, “con botellas, bebiendo agua y zumos y lavándose en la fuente”, describe. Tras “darles un donativo”, la mujer volvió a casa y pensó que “estarían sin comer”. Así que volvió y “con dos de ellos” fue a un supermercado y compró “comida para los otros 18”. “Pan, queso, latas de pescado, fruta... Me decían que gastaba mucho”, describe. La mujer, que no se conformó con esa acción puntual, una vez descargó la compra llamó al PIM-MIG para poner en contacto a los malienses con los servicios disponibles. “Imprimí un plano de Pamplona y, como pude, les dije a dónde debían ir y cuándo. Y con los vecinos [del barrio] hemos conseguido de nuestros hijos ropa, calzado, mantas y demás cosas”, explica.

“Igual ahora en Pamplona hay 200 personas en la calle, pero no se nota porque están más escondidos. Sin embargo, estos se han plantado en medio de la ciudad, en un sitio muy céntrico, y no son una nacionalidad típica”, explica Carmen Lacunza, miembro de PIM-MIG. A pesar de la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, “necesitan mantas y sacos de dormir”. Desde la asociación, también dan clases de castellano, actualmente el único lugar en donde apuntarse hasta septiembre y a las que los malienses han acudido en bloque.

“La mayoría son agricultores que, según han contado, se les obligaba a pelear y a luchar. Y ellos no querían”, traduce la profesora San Martín recuperando “el poco francés que estudió de pequeña” y que hoy ha hecho de intérprete para este periódico. “Dicen que el Gobierno no puede hacer nada con las guerrillas, que combaten en todas las regiones”. Desde el golpe de Estado de 2021, Mali está gobernado por una junta militar y la violencia continúa marcando el país. La expansión de grupos yihadistas y la persistencia de la rebelión tuareg, origen de una crisis que se remonta a 2012, han agravado la inseguridad y los enfrentamientos armados en amplias zonas del territorio. Los malienses asentados en el parque frente a la Casa Misericordia llegaron a España por separado entre noviembre y marzo, muchos de ellos en patera desde las costas de Argelia tras haber atravesado a pie el desierto del Sáhara. Ahora, esperan poder tramitar sus peticiones de asilo, que ya en 2024 se dispararon un 700% en los ciudadanos malienses en España. Y en 2025 han seguido creciendo.

Según cuentan, “en África solo se habla de España, no se piensa en ningún otro [país al que emigrar]”. A pesar de la dificultad que supone no conocer el idioma, todos asienten cuando uno de ellos afirma que “todo es más fácil aquí” que en Francia. “Aquí no tengo miedo a ir al hospital o hablar con la Policía y con la gente, en Francia sí”, cuenta uno de ellos, que tiene esperanza en poder regularizarse para “trabajar y traer a su mujer y a sus hijos”. “Aquí el Gobierno es mucho más fácil todo”, afirma otro, a pesar de dormir a ras de suelo con sacos de dormir, no tener dinero para comer y ser alguno de sus compatriotas analfabetos. “La mayoría son gente [culturalmente] inocente”, comenta Lacunza sobre las expectativas de los malienses. La “obsesión” que tenían al llegar a Pamplona era encontrar un lugar en donde poder dormir, pero “todo está desbordado”, explica la miembro de PIM-MIG.

PIM- MIG, Punto de Información para Personas Migradas, fue “creado por activistas” y voluntarios que “defienden a las personas migrantes en la lucha por sus derechos”. Muchos de ellos eran parte de Iruñea Ciudad de Acogida, una iniciativa ciudadana que buscaba “movilizar la solidaridad” hacia aquellas “personas que sufren violencias” de conflictos armados, hambrunas y falta de recursos. Sin embargo, no eran conscientes de lo que “ocurría en el kilómetro cero” porque el impacto no iba más allá de “hacer concentraciones e imanes”, explica Lacunza, miembro del punto de información desde su creación. Todo cambio cuando “desde Andalucía mandaron para acoger a un joven menor”, el primero de Navarra. “Fuimos a buscarle dos compañeros y yo y no sabíamos qué hacer con él. No sabíamos a dónde mandarle ni a qué ventanilla ir, que luego ni siquiera las había. Entonces dijimos que hacía falta crear esa ventanilla y montamos el punto de información para explicar qué recursos había [para las personas migrantes recién llegadas]”, como la gestión del padrón, el acceso a la Sanidad pública, clases de castellano o la petición de arraigo y asilo .

“En el momento en el que empezamos a acompañar [a esas personas a las instituciones y servicios] empezó a venir muchísima gente”, la mayoría de ellos marroquíes y argelinos “porque son los que tienen más dificultad de llegar a ninguna parte”. A pesar de que se han impulsado desde las instituciones programas de acogida y algunas ONG también pueden darles cierto soporte, desde PIM-MIG denuncian que “queda mucha gente por atender” y que “hay muchas dificultades” para completar los trámites necesarios. Un problema que “no solo se da en Pamplona”, sino en “todo extranjería de todo el Estado [español]”. “Está todo petado”, tanto los lugares de acogida como puntos de información y comedores.

“También enseñamos castellano a muchos magrebíes, un ucraniano, hace poco ha llegado un ruso y otro día me llamaron para apuntar a un nigeriano”. Al igual que Apoyo Mutuo, asociación que, además de guiar a los migrantes durante su proceso de regularización, atiende a personas sin hogar y proporcionan recursos básicos como alimentos y ropa, los integrantes de PIM-MIG reparten a los inmigrantes sin techo materiales para poder pasar la noche lo mejor posible o les indican donde están los comedores, organizando ellos mismos un comedor un día. “Teníamos muy claro desde el principio que queremos dar a todos”.

“Hoy lo que me han pedido es que les imprima vocabulario y apuntes para poder estudiar mientras están en la Vuelta del Castillo”, cuenta San Martín de sus nuevos alumnos, que a pesar de jubilarse no se ha despegado de su vocación. Allí, donde la vecina que los ayudó por primera vez, intentarán avanzar en el camino de querer “ser españoles”. “¿Que cómo son?”, repite la mujer, “educados, limpios (tanto ellos como con los residuos de la comida), amables, agradecidos, simpáticos. No son pesados, siempre les parece bien todo lo que se les hace”. Una imagen que, según explica Lacunza, contrasta mucho con la impresión de otras personas personas que se cruzan con ellos. “He oido decir que como vienen de Malí, y hay una guerra, estarán acostumbrados a asesinar. Ese es también problema nivel social”, lamenta.

Las sirenas empujaron a centenares de bomberos y policías hacia un peligro que ya estaba cobrando vidas. Durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, miles de miembros de los servicios de emergencia acudieron a las Torres Gemelas para evacuar heridos, buscar supervivientes y organizar las tareas de rescate.

Muchos quedaron atrapados cuando los edificios se derrumbaron y otros continuaron trabajando entre los escombros durante meses. Aquella respuesta dejó una larga lista de fallecidos entre los equipos de emergencia y convirtió a numerosos intervinientes en testigos de una devastación que marcó sus vidas durante décadas.

Un estudio vinculó el trauma del 11-S con hijos adultos

Más de 20 años después de los atentados, las consecuencias psicológicas de aquella experiencia siguen apareciendo en las familias de los intervinientes. Un estudio publicado en PLOS Mental Health y realizado por investigadores del New York State Psychiatric Institute y la Columbia University concluye que la exposición de los padres al trauma del 11-S se relaciona con problemas de salud mental observados actualmente en sus hijos adultos.

Los autores detectaron diferencias según el tipo de trabajo desempeñado tras los atentados. Los trabajadores civiles de recuperación y limpieza que estuvieron sometidos a mayores niveles de estrés tendían a tener hijos con más síntomas de ansiedad y trastorno por estrés postraumático.

Entre los intervinientes tradicionales, como policías y otros cuerpos de emergencia, aparecieron otros patrones. Las relaciones deterioradas entre padres e hijos se asociaron con una mayor probabilidad de trastorno por consumo de alcohol en la descendencia.

La investigación también examinó el estado psicológico de padres e hijos. Aunque todos los progenitores habían sido seleccionados por antecedentes de trastorno por estrés postraumático, la mayoría ya no cumplía los criterios clínicos de ese diagnóstico en el momento del estudio. En cambio, seguían siendo frecuentes la depresión, la ansiedad y el trastorno de pánico.

Entre los hijos adultos, más del 20% presentaba depresión y más de una cuarta parte sufría algún trastorno de ansiedad. El trastorno por estrés postraumático era menos habitual, aunque el consumo problemático de alcohol aparecía con más frecuencia que entre sus padres.

Los resultados señalaron además una relación entre determinadas experiencias sufridas por los progenitores y los problemas detectados en sus descendientes. El contacto con restos humanos y el tiempo acumulado en la zona del World Trade Center se asociaron con un mayor riesgo de estrés postraumático en los hijos. Cuantas más horas permanecieron los padres en el lugar de los ataques, mayores eran también las probabilidades de ansiedad y episodios de pánico en la siguiente generación.

Los investigadores observaron que la salud mental actual de los progenitores seguía teniendo un peso importante. El trastorno por estrés postraumático en los padres se relacionó con mayores probabilidades de estrés postraumático, depresión y pánico en sus hijos. La depresión parental se asoció con depresión en la descendencia, mientras que los trastornos de pánico de los progenitores guardaban relación con un aumento del riesgo de estrés postraumático en los hijos adultos.

Las circunstancias del hogar influyeron en la evolución posterior

Para interpretar estos hallazgos, el estudio recurrió al concepto de transmisión intergeneracional del trauma. Este fenómeno ya había sido documentado entre descendientes de supervivientes del Holocausto, veteranos de guerra y personas expuestas a episodios de violencia extrema.

La idea describe cómo un acontecimiento traumático puede influir en generaciones posteriores mediante varios mecanismos. Algunos actúan a través de la educación y de las dinámicas familiares, mientras que otros podrían estar relacionados con cambios biológicos asociados al estrés intenso.

Los autores recuerdan que los padres afectados por traumas graves pueden tener dificultades para gestionar conflictos, expresar emociones o mantener una disponibilidad emocional estable. Estas circunstancias alteran el entorno familiar y pueden influir en el desarrollo psicológico de los hijos.

La investigación también menciona que los efectos varían según la edad de los menores cuando ocurre el episodio traumático. Los niños pequeños suelen exteriorizar el malestar mediante conductas impulsivas o agresivas, mientras que los adolescentes tienden a interiorizarlo mediante aislamiento o síntomas depresivos.

La muestra incluyó 327 padres y 270 hijos adultos pertenecientes a 176 familias. Todos completaron cuestionarios estandarizados sobre salud mental, experiencias traumáticas, apoyo social, relaciones familiares y calidad de vida. Los investigadores recopilaron además información detallada sobre el grado de exposición de los progenitores a los atentados y sobre las funciones que desempeñaron durante las labores posteriores.

El trabajo concluye que las relaciones familiares y el apoyo social pueden amortiguar parte de estos efectos. Según los investigadores, la forma en que una familia afronta las secuelas del trauma puede reducir o aumentar el malestar psicológico transmitido a la siguiente generación.

Más de dos décadas después del derrumbe de las Torres Gemelas, las consecuencias de aquel desastre siguen presentes en hogares estadounidenses que continúan lidiando con una herencia emocional nacida entre el humo, los escombros y las tareas de rescate.

La resistencia de la sociedad civil frente al terrorismo de ETA desempeñó un papel importante en la derrota de la banda, pero la literatura académica internacional no se ha fijado hasta ahora en aquellas movilizaciones que, junto con otros agentes y factores, lograron que se pasase de un asesinato prácticamente cada tres días a una rendición sin paliativos de los terroristas. Los 'papers' han desdeñado ese aguante frente a un grupo militarizado y organizado, de los más temidos de toda Europa, con más de cuatro décadas de extorsiones, secuestros y asesinatos a sus espaldas. Javier Argómaniz sostiene que la sociedad civil vasca fue “crucial” en la derrota de ETA. Esos ciudadanos, según apunta en un libro publicado por Oxford University Press, sembraron la semilla de la deslegitimación de la violencia, llevaron a cabo una labor pedagógica y aparcaron sus diferencias políticas para unirse con el único propósito común de alcanzar la paz.

Argómaniz se encuentra esta semana en Vitoria. La sala 1.8 del Centro de Investigación Micaela Portilla de Vitoria acoge este martes, a las 10:30 horas, un seminario titulado, como el libro que firma, 'Resisting Terror. Civil action and non-violent resistance to terrorism in Basque Country'. El evento puede seguirse a través de una retransmisión en directo, en este enlace.

“La resistencia civil puede afectar a la evolución de la violencia a través de cuatro mecanismos, que ayudan a largo plazo a debilitar indirectamente a la organización terrorista”, explica Argómaniz, tanto de forma general como en la práctica aplicada al caso de ETA y la respuesta de la sociedad vasca. Esos cuatro resortes son, dice, la deslegitimación de la violencia, el fortalecimiento de la cohesión social, socavar el apoyo a ETA dentro del movimiento político que lo rodea y, finalmente, en la fase final de la evolución de la campaña terrorista, sumar a grupos de la sociedad civil que ayudan en el debate que existe dentro de la propia izquierda abertzale en torno a la transición que puede emprender hacia el uso de métodos no violentos. En esa última categoría incluye iniciativas como Foro Social Permanente y Artesanos por la Paz, que considera que ayudan en dicha fase final a que el proceso arribe a buen puerto.

En su análisis, se retrotrae a los movimientos pacifistas, que actuaron como “emprendedores”, pues trabajaron para “normalizar a la sociedad en una cultura para la paz y los valores democráticos”. “Ahora lo vemos con ojos de 2026 y no suena como una contribución tan importante, pero nos tenemos que poner en ese contexto histórico. Había muy poca tradición democrática en España”, reconoce Argómaniz. No fueron los únicos, pues hubo también intelectuales, periodistas y partidos políticos dedicados a esa labor, pero enfatiza el papel del movimiento cívico y constitucionalista en la “deslegitimación de la violencia”, con una pedagogía dirigida a enseñar lo que significa vivir en una democracia y un Estado de derecho. Argómaniz sostiene que, desde el ámbito académico, se ha prestado poca atención a cómo la sociedad civil puede determinar la trayectoria de una campaña terrorista a través de acciones no violentas. “Es importante que haya un conocimiento del caso vasco, porque tiene lecciones que se pueden extrapolar”, defiende.

Las organizaciones civiles, además, se rodearon de un aura de credibilidad nacida del hecho de que no se guiaban por directrices políticas. Algunas llegaron a tener conexiones con partidos políticos, admite Argómaniz, pero gozaban de autonomía y bregaban en una única dirección: la consecución de la paz. Se unían para hacer ver a ETA que enfrente tenía a una mayoría social contraria al uso de la violencia en la esfera pública. El plantarse frente a los terroristas ya servía para minar la imagen glorificada que algunos tenían de ellos, incluso para disuadir a potenciales miembros de la banda de unirse a ella. Habla Argómaniz de un “cortafuegos” frente al reclutamiento de nuevos militantes.

El asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista, que lo tuvo secuestrado durante tres días, supuso un “parteaguas”. Miles de personas se echaron a las calles a exigir a la banda terrorista su liberación y Argómaniz defiende que sin esas “desbordantes” movilizaciones, no es posible entender la aparición del movimiento cívico. “Esa respuesta social sobrepasa lo que habíamos visto anteriormente. Para intelectuales y activistas, indica que hay un anhelo por una respuesta más vigorosa”, abunda.

La acción cívica contra ETA tampoco estuvo exenta de peligros y amenazas. Quienes se significaban en contra de la banda pasaban a ser objetivos, ya fuera de los terroristas o de las acciones de la 'kale borroka'. Ante esos costes, los “lazos emocionales y afectivos”, como los denomina el autor, fueron de gran relevancia, porque facilitaron la permanencia a través de una sensación de compañerismo y un sentimiento de pertenencia a una causa “más grande que las personas” como era la paz.

Argómaniz, autor del libro que sirve de percha para el simposio de este martes, es profesor titular de la escocesa University of St Andrews y miembro del Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV). Con una investigación enfocada a las respuestas estatales, no estatales y civiles ante la violencia política, ha publicado artículos en varias revistas académicas y ha codirigido proyectos de ámbito internacional sobre las necesidades de las víctimas del terrorismo y el papel que pueden desempeñar en la prevención de conflictos.

Pasadas las ocho y media de la mañana del 24 de mayo de 2001, Santiago Oleaga se encontraba en la Fundación Matia, ubicado en el barrio El Antiguo de Donostia, para continuar con la rehabilitación de una lesión de hombro causada por su afición a la pala. Mientras, miembros de ETA le esperaban en las inmediaciones del centro médico. Al identificar a Oleaga descendiendo de su coche, los terroristas no dudaron en disparar siete tiros por la espalda que acabaron con la vida de Oleaga. Así fue como hace 25 años el director financiero 'El Diario Vasco' fue asesinado por ETA.

Oleaga, nacido en Durango en 1947, trabajaba como director financiero de El Diario Vasco cuando fue asesinado. Estaba casado con Amaia Guridi y tenían dos hijos. Durante el homenaje celebrado este viernes en la sede de periódico, el presidente del grupo editor, José María Bergareche, le ha definido conmovedoramente como “un hombre íntegro” y “bueno”. A su vez, el director, David Taberna, recordaba que, después de su familia, “su prioridad era el periódico”.

La organización terrorista había puesto fin al alto el fuego en el año 2000. En aquellos meses, los periodistas se convirtieron también en uno de sus objetivos. Apenas diez días antes del asesinato de Oleaga, el periodista Gorka Landaburu había resultado gravemente herido tras abrir un paquete bomba enviado por la organización a su domicilio en Zarautz. Bergareche cataloga a su difunto colega como “la dignidad de quienes decidieron no callar”, aunque la propia víctima, según recoge la ficha Covite, no se consideraba objetivo de ETA. Tras el atentado de Oleaga, Covite relata en su ficha que los asesinos huyeron en un coche cargado de explosivos que abandonaron posteriormente en el barrio de Aiete. El vehículo estalló en una zona residencial y pudo haber causado una matanza mayor.

Con motivo del 25 aniversario del asesinato, 'El Diario Vasco' ha celebrado este viernes la primera edición del Premio Santiago Oleaga, un galardón anual a partir de ahora destinado a reconocer a periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad de información. Este primer premio fue entregado a la periodista colombiana Jineth Bedoya, secuestrada, torturada y violada en el año 2000 mientras realizaba un trabajo periodístico en el contexto del conflicto armado colombiano.

Durante el acto del aniversario del atentado, Taberna ha defendido la necesidad de que el periódico asumiera en esta ocasión el relato del recuerdo. Ha explicado que no querían seguir pidiendo a la familia, especialmente a la viuda, que compartiera su dolor públicamente, y subrayó el papel del periodismo en los años de violencia en Euskadi, cuando “las crónicas y las imágenes” eran la voz de una sociedad sometida al miedo. Los medios son como “voz de la ética y la razón” frente a la violencia, reivindicaba Taberna, y ha alertado de que hoy ese compromiso sigue siendo necesario ante la polarización y la desinformación. Por su parte, el presidente de la cabecera de Vocento, José María Bergareche, ha enmarcado el asesinato de Oleaga en la historia de una Euskadi marcada por décadas de violencia. “Hubo un tiempo en el que discrepar podía costar la vida”, ha apuntado.

El Congreso Mundos de Mujeres (MM) es un evento internacional e interdisciplinar que reúne a mujeres y hombres de diferentes ámbitos del mundo académico y del activismo de todo el mundo para realizar una reflexión acerca de los conflictos armados y abordar la paz como meta desde el feminismo. No es casualidad que el primer congreso tuviera lugar en Israel en el año 1981, en la Universidad de Haifa. Tampoco lo es que la última edición del congreso, la XIV, haya sido en 2022 en Mozambique. En ella participaron 2.256 personas de manera presencial y 831 siguieron el evento de manera virtual, procedentes de 32 países de cuatro continentes: África, América, Asia y Europa.

Para la nueva edición, que tiene lugar desde el 20 hasta el 24 de mayo de 2026, los organizadores, a propuesta de las organizaciones Gernika gogoratuz y Gernikatik Mundura han seleccionado a la villa nombrada en 2023 Lugar de Memoria Democrática por el bombardeo del 26 de abril de 1937 como sede para el encuentro que se centrará en las temáticas “Mujeres* y Pazes”, en plural, a modo de reconocimiento de las múltiples formas que las mujeres* aportan a una cultura de paz.

“La particularidad de esta edición es que organizaciones de mujeres*, feministas y pacifistas de Euskal Herria, Colombia y Mozambique venimos construyendo colectivamente este encuentro desde hace dos años, liderado por Gernika Gogoratuz y Gernikatik Mundura. Este congreso es el resultado de un proceso colectivo llamado 'Semillera de mujeres internacionalistas por la paz', donde mujeres, colectivas y organizaciones de base han echado raíces para fortalecer alianzas y sembrar ideas en torno a las pazes –en plural, con insubordinación ortográfica, y desde lo cotidiano-. Cada proceso local ha alimentado un tejido común que hoy da forma a esta nueva juntanza global. 

Durante la jornada de este miércoles, el primer día del congreso, las participantes han visitado la Casa de Juntas de Gernika-Lumo, emblema de las libertades y de la democracia vasca, en la villa declarada Ciudad de la Paz y Lugar de Memoria Democrática. No obstante, la inauguración del Congreso Internacional Mundos de Mujeres 2026 (MM26) será el 21 de mayo en el Bizkaia aretoa de la Euskal Herriko Ubertsitatea (EHU), en Bilbao, donde reflexionarán acerca de la paz y los distintos conflictos armados existentes hasta el 24 de mayo.

El sábado 23 de mayo tendrá una agenda festiva del espacio urbano con actividades abiertas como kalejiras, recorridos por la memoria y la paz, y expresiones culturales en la calle. El cierre será el domingo 24 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. “El XV Congreso Mundos de Mujeres es una invitación a tejer redes y estrategias feministas para emprender cambios, tender puentes e imaginar un futuro diferente. Será un espacio colectivo para pensar un mundo más habitable desde la justicia y la paz. Sin guerras que nos maten, ni paz(es) que nos opriman”, defienden las organizadoras.

De la desmilitarización a los cuidados

El programa, que se puede descargar en la web, está estructurado en ocho ejes temáticos en torno a las pazes y propone diferentes actividades de reflexión, intercambio y movilización. Los ejes temáticos que se abordarán durante el congreso serán la 'Desmilitarización, des-securitización y desarme global', 'Memorias y garantías de no repetición', 'Migraciones, exilios y desplazamientos forzados', Bienes comunes, soberanías y autonomías', 'Cuerpos, territorios y pazes', 'Cuidados y pazes cotidianas', 'Metodologías feministas para la paz' y, por último, 'Re-existencias feministas ante violencias machistas'.

Entre las participantes se incluyen referentes internacionales que compartirán sus experiencias y puntos de vista en torno a la construcción de paz, como Iris Gur y Mai Shannen, de la organización 'Combatants for Peace', quienes presentarán la experiencia de mujeres palestinas e israelíes que imaginan un futuro en común en Cisjordania. La mozambiqueña Nayyara Jonas, del Centro de Estudios de Acción para la PAZ (CEAP), acercará el trabajo por la paz en Cabo Delgado, donde el conflicto bélico se desarrolla desde hace casi una década.

Dentro de cada uno de los ejes el programa incluye conferencias y mesas redondas bajo los títulos de 'Las Pazes como Alternativa. Desmilitarización, des-securitización y desarme global', con la participación de Teresa Cunha, del centro de investigación por la paz Gernika Gogoratuz, Hajar Abu Salih, Kayan (Palestina), Cristina Gallach, Interim Executive Director of GWL Voices, Tica Font i Gregori, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Quitéria Quirengane, Observatório das Mulheres (Mozambique) y Awex Melecia Manuela Mejia Cipriano, representante indígena del Abya Yala o 'Profundizando en una paz feminista situada' con la participación de Mariana Schmidt, Grupo Internodal de Género de Apoyo al Legado de la Comisión de la Verdad de Colombia, Edpicia Dubón, de la Mesa Catalana por los derechos humanos y la paz en América Latina, Orfe Castillo y Rosa Emilia Salamanca, de la RED LAMPS - Red Latinomaricana de mujeres, paz y Seguridad y Maria Eugenia Blandón, Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP).

Pero también se abordan a través de conferencias temáticas como 'Mujeres con diversidad funcional manifiesta e Imagen pública. Las formas de acabar con la violencia simbólica hacia ellas y generar una sociedad libre, equitativa e igualitaria' impartida por Marcela Lorenzana, de la Asociación Conectivas de Colombia y Nadia Domínguez Pascuales, de Mujeres del Mundo “Babel” - Munduko Emakumeak; o 'Por el derecho al aborto y a las maternidades elegidas' impartida por Morena Herrera de La Movimienta en El Salvador. Por su parte, Maryia Zayeva y Vjosa Musliu de la universidad belga Vrije Universiteit Brussel (VUB) expondrán un análisis de la campaña antibelicista rusa liderada por mujeres 'The Way Home'; mientras que la investigadora colombiana Natalia Olano presentará un estudio sobre las violencias de género y por prejuicio en Colombia centrado en cuerpos feminizados y disidentes.

El congreso también cuenta con participantes de Euskal Herria con la mesa redonda 'Memoria crítica sobre la violencia para repensar la paz' impartida por Maixabel Lasa, víctima del terriorismo de ETA y directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco (2001-2012), Itziar Aspuru, Gesto por la Paz - Euskal Herria, Plataforma Gogoan – por una memoria digna; Annelisse Villa, Grado de Filosofía, Política y Economía de la Universidad de Deusto e Izaskun Sáez de la Fuente, Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto o la conferencia 'Reparar la tortura política desde el feminismo', impartida por Olatz Dañobeitia Ceballos, de la EHU y la Asociación Emagin.

El MM26 está organizado por Gernika Gogoratuz, Centro de investigación por la Paz, y Gernikatik Mundura, ONGD dedicada a la solidaridad internacionalista; y se realiza con el apoyo de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el Ayuntamiento de Gernika-Lumo; y la colaboración de Euskal Herriko Unibertsitatea, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y Koloretxe, además de diversas organizaciones y redes feministas, pacifistas universitarias y de la sociedad civil de España, Colombia y Mozambique.

Policías, políticos, magistrados, ... y también periodistas. El terrorismo de ETA también puso en su diana a los medios de comunicación. En mayo de 2001, hace ahora 25 años, fue asesinado Santiago Oleaga, director financiero de 'El Diario Vasco'. Y tal día como este viernes, el 15 de mayo, Gorka Landaburu abrió una carta-bomba que no lo mató por una carambola, aunque perdió gran parte de una mano, visión y oído. “Como dije entonces desde el hospital, me habían podido cortar la mano, dejarme ciego del ojo izquierdo y medio sordo. Pero yo soy periodista. No me cortaron la lengua y, mientras tuviera un ordenador, iba a seguir escribiendo y denunciando a ETA”, cuenta al otro lado del teléfono un reportero ya jubilado administrativamente, aunque no en espíritu.

Landaburu nació un 11 de octubre, en 1951. Pero desde hace un cuarto de siglo considera como su genuino cumpleaños el 15 de mayo. “Sí, este viernes también lo voy a celebrar con mi mujer, mis hijos y mis nietos. Igual cae una botella de champán y todo”, se congratula. “Son ya 25 años que estoy vivo. Lo voy a celebrar. Sigo aquí”.

El atentado de Landaburu, que ya había sido amenazado por ETA pero también por la organización de extrema derecha Triple A, que lo consideraban un “rojo” peligroso, se produjo 48 horas después de las autonómicas de 2001. Fueron unas elecciones trascendentales en Euskadi. El PNV de Juan José Ibarretxe, en coalición con EA, salvó 'in extremis' el Gobierno frente al auge del PP de Jaime Mayor Oreja, que iba a ser apoyado por el PSE-EE de Nicolás Redondo Terreros.

“Estaba cansado de la campaña y esa noche electoral me quedé en Bilbao, con mi hermano Ander. [José María] Calleja, tras el escrutinio, vaticinó que nos iban a matar a todos”, recuerda de ese día. El lunes 14 se desplazó a Donostia, a su redacción. Landaburu ha sido el responsable editorial de la revista 'Cambio 16'. Ya por la noche, en su casa de Zarautz, accedió al portal con su escolta y vieron un sobre el buzón. “Déjalo, Juan, es la revista de Elkargi”, le tranquilizó Landaburu a su sombra.

Sí, Landaburu llevaba guardaespaldas desde un año y medio atrás, cuando se rompió la tregua del pacto de Lizarra. 2000 fue un año de señalados crímenes, como los del exvicelehendakari Fernando Buesa, el exministro Ernest Lluch, el exgobernador civil Juan María Jáuregui, el empresario Joxemari Korta o cargos del PP como José María Martín Carpena. También el del asesinato del columnista de 'El Mundo' José Luis López de Lacalle. Antonio Rivera y Eduardo Mateo acaban de coordinar una obra titulada '2000: La vuelta del terror' (Catarata) sobre aquel año.

“Me llamó una señorita estando en Madrid. 'El ministro quiere hablar contigo'. El ministro era Acebes, Ángel Acebes [del PP]. '¿Dónde estás? ¿Cuándo vuelves a Zarautz? Cuando llegues, te vas a la Ertzaintza. Te vamos a poner un escolta. Estás en listas', me soltó. 'No me jodas, Ángel', le respondí yo”, explica.

Anteriormente, sin escoltas, habían aparecido pintadas en su localidad de residencia, en la costa guipuzcoana. “Landaburu, lumadun txakurra”, rezaba una de ellas. “También hubo corbatas negras en el buzón, dianas, pintura roja y amarilla, un cóctel molotov que no ardió porque empezó a llover o llamadas intempestivas. Yo siempre intentaba disimular. Decía que no pasaba nada. Entraba al garaje solo, dejando a los chavales fuera. Ese tipo de cosas”, relata el periodista. “A ETA -prosigue- nunca le ha gustado la libertad de expresión. Hizo una campaña contra la prensa en general. La presión a los periodistas formaba parte de la socialización del sufrimiento. ¿Por qué a nosotros? Porque escribíamos que un crimen es un crimen, que un asesinato es un asesinato y no una 'ekintza' para salvar a Euskal Herria”.

El 14 no abrió la carta. La dejó en el despacho por cansancio o pereza. “Menos mal. Si lo llego a hacer después de cenar en el sofá con los chavales, mi hija no estaría aquí. Ni yo tampoco”, insiste. Lo hizo al día siguiente. Estaba en la ducha, se había olvidado una toalla y al ir a recogerla vio el paquete. Lo abrió y explotó, pero “con la fortuna de tener la silla delante” de su cuerpo, lo que amortiguó claramente la onda expansiva. “Bajé unas escaleras de caracol con las manos ensangrentadas. Me vi en el espejo. Fui a donde mi vecino [Ángel Illarramendi, músico autor de 'Yoyes', en referencia a la exmiembro de ETA asesinada por la banda en 1986] y le pedí que llamara a la ambulancia”, relata. “En ese momento no tenía dolor. En la ambulancia ya sí. Fue un 'shock' terrible. En el fondo, nunca crees que te van a pillar a ti”, agrega.

Landaburu, que recuerda haber dicho en el hospital la frase de que le habrían mutilado pero no cortado la lengua para seguir denunciando el terrorismo, no siente ser un “héroe” o un “valiente”. “Entré al hospital con un escolta y salí con dos”, ironiza. Eso sí, no permite a ETA y a su entorno que le cuestionen su vasquidad. “Mi padre era vicelehendakari. Teníamos la ikurriña en el biberón”, recalca.

El padre de Gorka era Francisco Javier de Landaburu, histórico presidente del PNV en Álava durante la Guerra Civil, diputado en las Cortes republicanas y que da nombre a la sede del partido en Vitoria, Landaburu Etxea, en plena plaza de la Virgen Blanca. Huyó al exilio tras la sublevación y los niños nacieron ya en París. A la muerte del primer lehendakari, José Antonio de Aguirre, Jesús María de Leizaola recibió ese honor en el exilio y el padre de Landaburu tuvo la simbólica posición de vicelehendakari hasta su muerte, en 1963. “El atentado lo que hizo fue reafirmarme en las convicciones que recibí de mis padres y en el liceo público: defender la democracia, la libertad y el derecho a la vida”, expone.

Tras el intento de asesinato, Landaburu ha seguido muy activo. “En Zarautz, siempre con la pancarta de Gesto por la Paz, con los 'borrokas' enfrente, hasta que se terminó”, cuenta. “Porque en el contexto actual podemos decir claramente y altamente que ETA no existe”, añade también. “Resistimos, combatimos y conseguimos la paz. Eso se acabó. El proceso de paz de [José Luis Rodríguez] Zapatero acabó con éxito. Pero hay gente del PP, cierta gente del PP, y de Vox, que usan a ETA como si existiera todavía. Eso me subleva”, critica.

Preguntado por las controversias por los permisos y excarcelaciones de los condenados por ser miembros de ETA, Landaburu sostiene que “siempre” ha defendido el “acercamiento de los presos” porque “un barrote es un barrote en Sevilla o en Zaballa”, la cárcel de Vitoria. Y si las progresiones de grado que ahora copan tantos titulares están previstas en la ley, “que se aplique”. Pero insiste en que la izquierda abertzale debería hacer más autocrítica.

“Que digan que se equivocaron. Que matar no fue justo. Que fue un error”, demanda. Sus atacantes fueron Ainhoa García, Oskarbi Jauregi y Xabier Makazaga. “Él va a salir pronto. Si quieren venir a Zarautz a estar conmigo, estoy dispuesto”, plantea sobre la necesidad de que asuman su responsabilidad.

Para Landaburu, la “gran asignatura pendiente” es la memoria. “Esto hay que llevarlo a los colegios, a los institutos, a las universidades, a los medios de comunicación. No es venganza ni rencor. Es el relato de la verdad. Y una verdad es una verdad. Es terrible que nuestros jóvenes, con 20 años, no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco, como se ha querido tapar también todo el franquismo. Este país tiene un problema”, argumenta. A él le gusta la metáfora de la carretera. “Para conducir un automóvil necesitas dos manos al volante y mirar de frente, pero sin un buen retrovisor nunca conducirás debidamente”, lanza.

El Landaburu que este viernes celebra su 25 cumpleaños dice ser una persona “con suerte”. “Soy una víctima privilegiada. No estoy en el anonimato como otros muchos. Tengo un micrófono para hablar y un ordenador para escribir, aunque ya esté jubilado”, recalca. Y añade una última reflexión como colofón a la entrevista: “El odio no sirve para nada”.

El último libro de Mikel Urretabizkaia (Ordizia, 1953) 'FRANCO-ETA, la extraña pareja' no es un libro de historia, aunque narra pasajes de la historia pasada y reciente de forma pedagógica para entender, entre otras cuestiones, que ETA nació para combatir al franquismo, aunque según reconoce el autor, el 95% de los asesinatos que cometió la banda terrorista se produjeron en democracia. “ETA nació en 1959, aunque sus orígenes se remontan a 1952 como EKIN, en plena dictadura de Franco, pero cometió su primer asesinato mucho después, el 7 de junio de 1968. Hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975, provocó el 5% de todos los asesinatos de su macabro historial. Una vez acabada la dictadura, una vez iniciada la Transición, una vez instalada la democracia, se produjeron el 95% de los 853 asesinatos que se le atribuyen y 3 utilizó el terror contra los ciudadanos contrarios a sus postulados. En su propio informe, tras la disolución en 2018, ETA asumió 2.604 acciones armadas, con 758 víctimas mortales”, narra Urretabizkaia, quien abarca desde la utilización del terror hasta la teoría del embrutecimiento del enemigo para explicar dos fenómenos que no existirían el uno sin el otro.

¿Cómo surgió la idea de escribir sobre la relación entre Franco y ETA?

Mira, te voy a decir la verdad: por casualidades de la vida me ha tocado vivir muchas cosas de la Transición muy de cerca. Estudié en la Complutense en los últimos años de la Transición y allí se vivía todo de forma muy intensa. Mi mujer, Rosa, siempre me decía que por qué no le escribía algo a nuestro hijo, que ya tiene 26 años, porque su generación no tiene ni idea de quién era Franco ni de qué pasó realmente. Empecé a darle vueltas y decidí que esas experiencias no podían quedarse en “agua de borrajas”; había que contarlas para quien quiera enterarse. El libro tiene un aspecto pedagógico, yo no soy historiador y esto no es un libro de historia, lo que trato es de divulgar. Mi intención es puramente divulgativa y pedagógica. He intentado que sea una lectura fácil porque hoy en día, si no calas en la gente con algo que se entienda bien, no sirve de nada.

Escribe para su hijo, pero la dedicatoria es para su aitona, su abuelo, un hombre al que describe como “perdedor de la Guerra, ganador de la paz”. ¿Por qué?

Siempre me llamó la atención que él nunca me contó nada. Murió cuando yo era joven y se llevó su historia al silencio, como hizo toda esa generación por puro terror. Él era administrador de la alhóndiga y cuando llegaron los franquistas los echaron a todos a la calle. Mi madre me contaba que, cuando entraron las tropas, mi abuelo se llevó a sus hijas andando por el monte desde Ordizia hasta Albiztur por miedo a los moros de Franco [La Guardia Mora] porque había oído que estaban violando a las mujeres, aunque no llegaron al norte, pero el terror estaba en las cabezas de todos. Ese miedo les cerró la boca para siempre. Después le quitaron el trabajo y se tuvo que buscar la vida de otra manera. De ese tipo de perdedores ha habido una enormidad.

En el libro cuenta que “el franquismo sirvió de catalizador para que la rebeldía juvenil de aquel pequeño grupo inicial, diera el salto a una violencia que fue in crescendo”. ¿ETA nació como respuesta al franquismo?

Por supuesto, y me indigna que hoy haya incluso trabajos universitarios que intenten negarlo. Yo mismo no entré en ETA por un pelo, porque me fui a estudiar a Madrid a la Complutense. En aquella época la represión era constante, a mí me ha llegado a perseguir un guardia civil subfusil en mano por una manifestación. ETA nace contra Franco, otra cosa es que tenga objetivos de todo tipo como el socialismo revolucionario o la independencia y la deriva de terror ciego que tomaron después, que no tuvo ningún sentido, pero nace contra la represión franquista. Tuvieron que dejarlo en el año 2011 sin cumplir ninguno de sus objetivos.

Hubo dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo

La mayoría de los asesinatos de ETA, usted habla en el libro de un 95%, se produjeron en la Transición, después de la muerte de Franco. ¿Cómo se explica?

Me he hecho esa reflexión mil veces y no tengo explicación. En el libro que escribí sobre un etarra arrepentido, Lo difícil es perdonarse a uno mismo, una biografía de Iñaki Rekarte se lo pregunté directamente y ni ellos mismos tienen una razón clara más allá de que eran jóvenes y estaban un poco locos. Cuando surge las razones son que hay un pueblo que lucha contra una dictadura insoportable, es la lucha contra el tirano, pero a partir del año 77, con la democracia y el Estatuto de Autonomía, ya no había ninguna razón para seguir con la lucha armada. No consiguieron nada.

Narra que en la República existió la “teoría del embrutecimiento” de los republicanos, a los que los franquistas consideraban como seres casi infrahumanos. Es algo que vemos en todas las guerras, como puede ser también en Gaza y cómo la población palestina es considerada por parte de Israel.

Claro, se considera que se tiene derecho a acabar con el enemigo, porque para ellos no son humanos, son animales. Crean la teoría del enemigo único, en el caso de la República para los franquistas el enemigo eran los rojos. Y para ellos los rojos eran anti-España y todos eran iguales, cuando la realidad es que dentro de los rojos estaba el PNV, que era un partido conservador y católico a ultranza. En el libro hablo de un psiquiatra que estaba convencido de que había un “gen rojo” que portaban las presas comunistas y socialistas a las que consideraba que debían regenerar y eliminar de sus adentros ese gen.

¿Esa teoría del embrutecimiento y del enemigo único pudo ocurrir también con ETA en la Transición? ¿Puede justificar eso que siguieran matando después de Franco?

Es algo parecido, en el sentido de que estas cosas se producen normalmente en la juventud, en la intensidad. Cuando inicia ETA es contra la dictadura y cuando llega la Transición pues contra los españoles, pero en su conjunto, el español es el malo. Si te pones a pensar en ETA hasta en el socialismo revolucionario, que era una base de la banda, aceptaron a los españoles. Había incluso dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo y se engloba a todos en esa frase.

Tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad

Una frase del libro dice “la serpiente, que se había enroscado subrepticiamente al régimen dictatorial, desaparecía definitivamente tras dejar un rastro trágico que subsistirá en generaciones posteriores”. ¿Ese rastro está desapareciendo con la desmemoria de las nuevas generaciones?

Sí, yo creo que sí. Recientemente, han salido estudios sobre la cantidad de gente joven que dice que Franco hizo cosas buenas y claro que las hizo, pero fueron 40 años de dictadura. Con ETA ocurre lo mismo, lo que pasa es que está más presente porque todavía se celebran juicios contra miembros de ETA. Esto con Franco o los franquistas no pasa porque hubo una Ley de Amnistía y se acabó.

En el libro también toca episodios como el de lo relacionado con la frase “Que te vote Txapote” y escribe sobre la actualidad política. ¿Considera que por parte de partidos como PP o VOX hay una frivolidad o un uso propagandístico de las víctimas de ETA?

Está claro. Eso es Steve Bannon, es Donald Trump. Es marcar claramente el mensaje que tú quieres. No es una broma. En el caso del “Que te vote Txapote” Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica asesinado por Txapote, pide que no se use políticamente la muerte de su padre. Está claro que ahí hay una decisión porque el propio José María Aznar en su momento planteó una negociación con ETA porque decía que era mejor que hicieran una lucha parlamentaria en lugar de que usaran las armas. Dijo que estaban dispuestos a que si dejaban las armas hicieran una lucha parlamentaria. Ahora resulta que lo hacen y se lía. Después Aznar pasó de decir una cosa a decir otra, igual que Isabel Díaz Ayuso, que utiliza esos elementos para hacer el mal, pero no para hacer el mal a EH Bildu o a Sortu, sino para hacer el mal a todo el grupo que puso en el poder a Pedro Sánchez. Todo es ETA, ese es el titular, aunque dentro de EH Bildu haya grupos diferentes y esté por ejemplo Oskar Matute, quien en el Congreso preguntó dónde estaban los del PP cuando mataron a Miguel Ángel Blanco y dijo que él estaba en una vigilia en su apoyo. Se trata de que la verdad no arruine el titular.

En una de sus últimas columnas en este periódico escribía que “hoy resultaría injusto que a un afiliado al PP se le llamara franquista solo por ser del PP. Lo mismo que a un afiliado de Eusko Alkartasuna o de Alternatiba, miembros de EH Bildu, se le llamara etarra”.

Sí, eso también lo digo en el libro. Yo no voy a estar todo el rato diciendo que el Partido Popular es franquista en esencia. ¿De dónde viene? De Alianza Popular, un partido que crearon los siete magníficos que eran franquistas. Pero no solamente eso. Crearon unas asociaciones políticas con base en una legalidad que era franquista, creada en la época de Franco, pero no voy a estar todo el día diciendo que son franquistas. Vamos a construir país, construir futuro y una sociedad progresista y adecuada en la que se pueda vivir. Del mismo modo, ellos deberían aceptar y seguir adelante. Pero tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad y en los jóvenes. No estoy hablando de no condenar a ETA, porque fue horrible lo que hizo, pero en el caso de ETA tenemos el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, tenemos monumentos, libros, pero en el caso del franquismo eso no se ha hecho.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) ha declarado este miércoles como incidente terrorista el ataque con arma blanca en el que han resultado heridos dos ciudadanos judíos este miércoles en un barrio al norte de la capital británica y por el que ya ha sido detenido un sospechoso.

El jefe de la unidad antiterrorista de la Met, Laurence Taylor, ha informado en una rueda de prensa de que el ataque, ocurrido en el barrio londinense de Golders Green, ha sido declarado formalmente como un “incidente terrorista” y que un hombre de 45 años había sido detenido como sospechoso de “intento de asesinato” de dos personas.

Más tarde, la policía informó de que el detenido sufría de “desórdenes mentales” y tenía “un historial de violencia”.

Las víctimas, dos varones judíos de 76 y 34 años, fueron apuñalados en plena calle alrededor de las 11:16 de la mañana hora local, y se encuentran “en estado estable” en un hospital.

Una de las líneas principales de investigación trata de esclarecer si el ataque “atacaba deliberadamente a la comunidad judía de Londres”, mientras las autoridades tratan de establecer la nacionalidad y los antecedentes del detenido, que todavía no ha sido identificado y permanece bajo custodia policial.

Un barrio donde se concentra la comunidad judía

También ha asegurado que se mantendrá la presencia policial en Golders Green, donde vive buena parte de la comunidad judía londinense –hay 30 sinagogas en el barrio–, para dar tranquilidad a los vecinos, después de varios sucesos de carácter antisemita ocurridos recientemente en la zona.

Scotland Yard ha indicado en su nota que respondió al presunto doble apuñalamiento a las 11:16 hora local (10:16 GMT) de este miércoles, tras recibir la alerta de grupos de seguridad voluntarios del colectivo judío.

La Policía ha asegurado que el sospechoso también intentó apuñalar a los agentes antes de que estos le dispararan con táser y practicaran su arresto.

Los primeros en informar del suceso fueron los patrulleros del grupo de vigilancia de la comunidad judía Shomrim, que redujeron al atacante antes de que llegara la Met. Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e “intentando apuñalar a ciudadanos judíos”.

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó a su vez los apuñalamientos de los dos hombres, que se produjeron cerca de unas tiendas y de una sinagoga.

El primer ministro británico, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, ha calificado los hechos de “muy preocupantes” y ha instado a combatir el antisemitismo.

“Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos”, ha dicho a la cámara.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha dicho que las palabras de Starmer “no dan por sí solas una respuesta a las raíces del antisemitismo que se extiende por todo Reino Unido”.

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.

El pasado 2 de octubre, se produjo un atentado con arma blanca en una sinagoga en Manchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur, cuando el atacante mató a un feligrés, y luego la intervención policial acabó con su vida y, accidentalmente, con la de otro feligrés judío

Los ataques contra los judíos han aumentado en Reino Unido tras el inicio de la guerra en Gaza, después del ataque del grupo islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, y se han intensificado con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. 

Cosme Delclaux, abogado que fue secuestrado por ETA en 1996 y pasó 232 días en un minúsculo zulo hasta su liberación, ha fallecido este sábado en Bilbao. Apareció maniatado a un árbol el mismo día que la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara de otro secuestro también ejecutado por la banda terrorista.

Años después del secuestro, en una declaración ante la Audiencia Nacional, Delclaux relató, según recogió Europa Press entonces, que un hombre lo abordó con un arma y lo introdujo en un coche con otros desconocidos. Poco después, y tras inyectarle un calmante, lo cambiaron al maletero de otro coche, del que salió para acabar en el zulo en el que estuvo secuestrado durante ocho meses.

Las dimensiones del zulo no superaban los 90 centímetros de ancho por 3 de largo, con una altura de apenas 1,94 metros. “Todos los días eran iguales. Me apagaban la bombilla para dormir, a la mañana me despertaban y me daban una taza de algo y galletas. Luego abrían la puerta e introducían un ventilador y me daban un pitillo. Después me metían una palangana y un poco de jabón y, cuando tocaba, me abrían y fumaba otro pitillo”, rememoraba.

El padre del secuestrado, Álvaro Delclaux, también compareció ante la Audiencia Nacional y confesó que, a través de otro de sus hijos, pagó un rescate, abonando a la banda terrorista un total de mil millones de pesetas. “Pagué. ¿Qué quería que hiciese?”, le preguntó al fiscal, después de aseverar que la banda le había remitido unas cartas en las que amenazaba con ejecutar a su hijo en caso de que no hiciese entrega del dinero requerido.

El de Delclaux fue uno de los secuestros de mayor duración de entre los ejecutados por ETA. Lo superan, sin embargo, otros tres: según datos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estuvo secuestrado (también en 1996) durante 532 días antes de su liberación; el empresario José María Aldaya (en 1995), 342, y Emiliano Revilla (en 1998), 249. ETA exigía el acercamiento a cárceles vascas de los presos de la banda. En una fotografía remitida durante el secuestro al diario 'Egin', se puede ver a Delclaux sujetando un periódico con un titular que reza “El acercamiento [de presos] fue rechazado por UPN y PSN”.

Declaux fue liberado el 1 de julio de 1997. Apareció maniatado a un árbol, en un paraje del municipio vizcaíno de Elorrio. Ese mismo día, unas pocas horas después, la Guardia Civil liberó a Ortega Lara.

La familia de José Miguel Etxeberria Álvarez, 'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) desparecido el 11 de junio de 1980, ha exigido al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que retire las referencias a él de una exposición temporal en su sede. El Memorial inauguró el pasado martes la exposición 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España', que recuerda a las seis víctimas del terrorismo en España cuyos cuerpos nunca fueron hallados, entre ellos el de Etxeberria.

Según se recuerda en la exposición, los Comandos Autónomos sostuvieron que fueron miembros de ETA los que le hicieron desaparecer por una disputa sobre un traficante de armas que ambas organizaciones compartían, pero fue el Batallón Vasco Español (BVE) en varias llamadas a periódicos el que reivindicó el crimen, algo que también se apunta en la muestra del Memorial. En el panel correspondiente se explica que las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo “no permiten señalar de manera concluyente ninguna de las versiones como probada”, según recoge Efe.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este viernes en Vitoria, Eneko Etxebarria, hermano de 'Naparra', ha acusado al Memorial de intentar generar confusión, cuando debería ser garante del “rigor histórico”. Ha recordado que el BVE reivindicó hasta en tres ocasiones el secuestro y asesinato de su hermano y el Memorial apunta como “hipótesis principal” la autoría de ETA, cuando “no hay ningún soporte” para mantenerla. Ha señalado que esto supone una “revictimización” para la familia, con un relato que intenta tapar la “violencia del Estado contra miles de víctimas que nunca van a tener sitio en ese Memorial, y si lo tuvieran estaría manipulado”.

El hermano de 'Naparra' ha asegurado que desde un primer momento pidieron que no se incluyera este caso en la exposición y ha instado la “retirada inmediata” de los contenidos que hacen referencia a su caso y una “rectificación pública”. Se ha preguntado por qué el Estado no ha reconocido a Etxebarria como víctima del terrorismo, algo que su familia solicitó en dos ocasiones, si la autoría de su desaparición hubiera sido de ETA y ha pedido al Ministerio del Interior que desclasifique los documentos que haya sobre el caso.

El Memorial, también según Efe, ha asegurado que la información es “ajustada a lo que se conoce del mismo, sin descartar ninguna de las hipótesis posibles”, por lo que considera que “no procede retirar” el panel. “Al igual que la historia de las otras víctimas recogidas en la muestra, se trata de un caso histórico de interés general y su inclusión en la exposición busca recordar la injusticia cometida con estas personas, con independencia de los grupos terrorista que perpetraran los asesinatos e hicieran desaparecer a sus víctimas”, argumenta.

“Derecho a la memoria”

El hermano de 'Naparra' ha explicado que el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas asumió en 2014 la autoría del BVE de la desaparición de 'Naparra' y ha reclamado el “derecho a la memoria” para la víctima y su familia. Eneko Etxebarria ha recordado que la familia está a la espera de que el Gobierno Vasco responda a su petición hecha en 2021 para que se reconozca a su hermano en el marco de la ley de víctimas policiales, y que el Gobierno de Navarra tiene “paralizado” el expediente correspondiente porque la ley de víctimas de violencia política no contempla los casos cuya vía judicial no esté totalmente agotada.

A este respecto, ha considerado que esa vía está cerrada después de que el juez Ismael Moreno archivara el caso en 2004 al considerar que no existían indicios de que se hubiera producido una desaparción forzada, algo que solo se podría revertir si se desclasifican los documentos secretos sobre el caso.

El juez de vigilancia penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (antigua Audiencia Nacional), José Luis Castro, que tiene competencias sobre el cumplimiento de los condenados por terrorismo, ha rechazado la flexibilización del segundo grado a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, más conocida como 'Anboto', y al también exmiembro de la organización armada Juan Ramón Carasatorre. Ello implica su vuelta al régimen cerrado anterior, aunque los reclusos tienen posibilidad de recurso. A la vez, Castro cuestiona la aplicación por parte del Gobierno vasco, que tiene las competencias de Prisiones, del artículo 100.2 del reglamento penitenciario español de 1996 para asimilarlo a la semilibertad.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las salidas continuadas anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial. Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie. “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”, argumenta.

En el caso de Iparagirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena efectiva de treinta años de prisión. Indica que las fechas de cumplimiento de los tres cuartos de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027 pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen parecido a la semilibertad del tercer grado y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción.

El auto del juez analiza los informes que obran en el expediente penitenciario de Iparraiuirre que acreditan una positiva evaluación de su actitud. Ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas, se indica. Sin embargo, advierte de que la interna no ha disfrutado de permiso alguno concedido por el juzgado de vigilancia, lo que impide valorar su evolución, tal y como contempla el sistema penitenciario español, a partir del principio de individualización y de progresividad.

Para el magistrado, aplicar el artículo 100.2 sin tener en cuenta permisos impide valorar la evolución de la penada, tal y como ha manifestado el fiscal en su informe, en lo que “con buen criterio denomina ausencia de motivación reforzada y valoración específica del impacto social y victimológico y la justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria”. El juez argumenta que la aplicación del principio de flexibilidad “exige una fundamentación reforzada, en tanto que requiere un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado”.

Para el juez, tampoco se explica el porqué en la decisión administrativa “se ha prescindido de mecanismos jurídicos y tratamentales propios de la progresión ordinaria, al no constatar la trayectoria tratamental a través de mecanismos como la concesión y evaluación de la cadena permisiva, lo que permitiría obtener una conclusión real sobre la evolución penitenciaria de la interna, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento de la condena y que la carta de arrepentimiento data de 26 de enero de 2026, esto es, inmediatamente anterior a la aplicación administrativa del 100.2”.

En el caso de Carasatorre, que cumple una condena acumulada también de treinta años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo, el juez recuerda que la resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el artículo 100.2. Esta situación, según el magistrado, puede responder a que la Junta de Tratamiento de la cárcel no acordó, previa propuesta del equipo técnico, la aplicación del 100.2, sino que ha sido una decisión “que se ha adoptado unilateralmente por el centro directivo, sin propuesta o acuerdo previo de la Junta de Tratamiento”.

La Junta de Tratamiento había propuesto por unanimidad aplicar el segundo grado al preso, basándose en que no había disfrutado de permisos y en el escaso tiempo de permanencia en el centro penitenciario. Para justificar la propuesta unánime de segundo grado, la junta se amparó en la gravedad de los hechos delictivos especialmente violentos, la pluralidad de víctimas, los tres o más ingresos en prisión, así como la ausencia de permisos que permitieran valorar su adaptación y ausencia de cualificación laboral. El juez indica que Carasatorre cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y que su licenciamiento definitivo será en marzo de 2034. Al mismo tiempo considera que si el centro consideraba ajustada a derecho la aplicación del artículo 100.2 ante la ausencia de acuerdo por la Junta de Tratamiento “debió instar a esta para que elaborase el mismo y sería a partir de ese momento cuando, según legislación vigente, el plan acordado sería ejecutivo”.

El magistrado no alcanza a entender la ejecutividad de la medida del 100.2 -que en Euskadi se aplica a presos de ETA en más proporción que a otros- cuando se necesita la ulterior aprobación del juez de vigilancia. En estos casos las salidas son inmediatas y no se suspende con recurso de la Fiscalía, como sí ocurre con el tercer grado si la pena supera los cinco años, alega. “El sentido común -añade el juez- aconseja esperar, no sólo a la decisión judicial de instancia, sino a la resolución de la apelación. Eso sí, con un procedimiento administrativo y judicial ágil y dando carácter urgente y preferente al recurso de apelación interpuesto”, opina.

El auto indica que desde la perspectiva política se requiere una reflexión serena de la que derive una posible reforma normativa. El 100.2 surge de un decreto firmado por el último consejero de Justicia de Felipe González, Juan Alberto Belloch, en 1996. El magistrado plantea la posibilidad de que el 100.2 fuera una fórmula clasificatoria intermedia (especialmente entre el segundo y tercer grado) que permita consolidad la evolución positiva del penado en un sentido similar a como son los permisos de salida. No requiere una reforma legislativa como tal.

Permiso para 'Txeroki'

Por otro lado, el juez Castro sí ha aprobado un permiso de seis días para el que fuera jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', como propuso el pasado noviembre la junta de tratamiento de la cárcel de Martutene. Cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. En su resolución, cita “el estado avanzado de la condena”, que cumplirá definitivamente en octubre de 2027, “la asunción delictiva, la petición de perdón a las víctimas y el repudio a la actividad delictiva y al uso de la violencia provocada, en conformidad con el ministerio fiscal”. Para ese permiso, el juez establece que se le deberá colocar una pulsera de control telemático como medio de constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas. 'Txeroki' se encuentra en régimen de aplicación del artículo 100.2, que está pendiente de ser revisado.

En vista de estas resoluciones, fuentes del Gobierno vasco han mostrado su “respeto absoluto a las decisiones judiciales”. “Forma parte de los mecanismos de garantía de los que nos hemos dotado en el Estado de Derecho. Es un sistema plenamente garantista. Insistir en que no hay ninguna ilegalidad, es diferente ponderación entre los fines de la pena, la reinserción y la retribución. Estamos aplicando el marco legal vigente en la actualidad”, abundan desde el equipo de la consejera socialista María Jesús San José.