Entre 2015 y 2026, los partidos a la izquierda del PSOE en Andalucía han probado, sin éxito, todas las fórmulas posibles para ensanchar el electorado progresista, ante el avance inexorable de la extrema derecha. Es un debate guadianesco, recurrente entre los referentes políticos, sociales y culturales de la izquierda andaluza, que reaparece hoy propulsado por el líder catalanista Gabriel Rufián.

En Andalucía, detrás de este análisis siempre inconcluso, hay nueve partidos a la izquierda del PSOE, que en distintos momentos electorales formaron coaliciones con el objetivo de sumar fuerzas, unificar a sus votantes en las circunscripciones más pequeñas y sortear la ley d'Hondt, que históricamente penaliza la fragmentación del voto progresista.

No resultó como esperaban. Estos partidos -Izquierda Unida, Podemos, Más País, Sumar, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, Anticapitalistas Andalucía, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucísta- acabaron enfrentados entre sí, rompieron sus coaliciones, pugnaron por sus siglas, forzaron la expulsión de compañeros, se acusaron de transfuguismo y crearon otras coaliciones de izquierdas que terminarían disputando el mismo espacio electoral menguante a sus antiguos socios.

En el camino se dejaron candidaturas de peso e hiperliderazgos, como el de Teresa Rodríguez (Podemos) o el de Antonio Maíllo, que en su día supuso un cambio generacional y de ciclo político dentro de la vetusta IU. También sacrificaron marcas potentes (Podemos, IU) en pos de nomenclaturas que no cuajaron del todo y despistaron al votante de izquierdas, que llegó a las urnas sin saber exactamente en qué gazpacho de siglas se había integrado su partido de siempre.

En 2022, cuando las izquierdas orbitaban alrededor de Yolanda Díaz y la vicepresidenta tercera del Gobierno aún no había formalizado la candidatura de Sumar en las generales, el tortuoso debate de la confluencia Por Andalucía se alargó durante meses, con reuniones, portazos, entradas y salidas de la coalición, e injerencias de la dirección nacional de los partidos integrantes...

El asunto se zanjó con forceps, a las puertas de la Junta Electoral, minutos antes de cerrarse el plazo para inscribir a la coalición. Podemos se quedó fuera jurídicamente, pero logró imponer sus condiciones -tres diputados de cinco-, aunque en el desarrollo de la legislatura quedasen orillados en la toma de decisiones.

La otra coalición -la primera Adelante Andalucía- nació con más ilusión al unificar por primera vez a Podemos e IU, pero su relacíón se deterioró en tiempo récord. Su fundadora, Teresa Rodríguez, forcejeó con su jefe de filas, Pablo Iglesias, reacio a perder la marca morada en Andalucía tras una sola convocatoria electoral.

Luego Rodríguez abandonaría Podemos con todo su equipo -y cargos públicos- para convertir Adelante Andalucía en un partido autónomo. Y luego ella misma sería expulsada de su propia coalición, junto a otros siete diputados, por los partidos fundadores, Podemos e IU, bajo acusación de “transfuguismo”. Acabaron en el grupo mixto.

En las andaluzas de 2022, “la confusión del votante de izquierdas era total”, admiten hoy sus principales referentes. “Sometimos a nuestros electores a un caos organizativo intragable. Nuestra gente ya no sabía si estábamos en Adelante o en Por Andalucía pero, sobre todo, no sabían la diferencia entre nosotros y ellos, porque unos meses antes íbamos juntos bajo la misma marca”, recuerda una de las candidatas.

Hoy, a punto de expirar la legislatura y tras cuatro años de sesiones parlamentarias, el presidente Moreno suele jugar con esa confusión a su favor, mezclando a sus rivales cuando le interpelan los diputados de Adelante Andalucía o los de Por Andalucía. “Yo ya me lío”, dice, con media sonrisa.

Por Andalucía logró 281.688 votos (7,68%) y cinco diputados; Adelante Andalucía obtuvo 167.688 votos (4,58%) y dos escaños, entre las dos coaliciones no superaron a Vox, que se convirtió en la tercera fuerza del Parlamento con 493.932 votos (13,46%) y 14 diputados.

Las alianzas andaluzas siempre han estado (y están) condicionadas por la realidad política nacional, cuando se trata de partidos que nacen en Madrid, que carecen de implantación territorial y no tienen ni autonomía política ni económica ni orgánica en Andalucía. Le ocurrió a Teresa Rodríguez con Pablo Iglesias, cuando lideraba Podemos Andalucía, y le sucede ahora a Raquel Martínez, nueva secretaria regional de los morados.

A cuatro meses para las elecciones (como máximo), Podemos Andalucía está en una situación políticamente muy confusa. Se ha quedado fuera de la reedición de Por Andalucía, de la que ha formado parte los últimos cuatro años, pero no ha confirmado que vaya a presentarse en solitario. Algunos de sus dirigentes en Andalucía apelan a la unidad, pero en Madrid exigen que Movimiento Sumar salga de la ecuación para poder entrar ellos. Y Maíllo rechaza los vetos.

De cómo Moreno pescó en el río revuelto de la izquierda

Mientras las izquierdas se resituaban, apiñadas en un espacio político menguante, la ultraderecha había emergido en el mapa político andaluz, por debajo del radar de los sociólogos, pasando de 18.000 votos en las autonómicas de 2015 (Vox logró apenas el 0,45% del escrutinio, por detrás del desaparecido UPyD) a los 494.000 votos en las elecciones de 2022, cuando se convirtió en la tercera fuerza del Parlamento andaluz, sorpasando a las dos coaliciones de izquierdas.

En la última década, la tendencia internacional a la derechización del voto ha cristalizado en el resurgir de partidos ultra y el éxito de las guerras culturales que han dinamitado los grandes consensos sociales (el feminismo, la lucha contra la violencia de género, el cambio climático...).

Todo esto ha achicado el pensamiento progresista, empujando a sus referentes políticos a la búsqueda desesperada de una identidad colectiva que movilizara y unificara a los suyos en la defensa de unos principios comunes. Esos principios democráticos que todos, por separado, ven hoy en serio peligro de retroceso o desaparición.

Pero el miedo al fascismo no ha servido como catalizador para el repliegue de las múltiples ofertas de izquierdas que concurren a las elecciones, ni tampoco ha sido incentivo suficiente para movilizar al electorado progresista. En Andalucía, estas formaciones se han presentado solas y juntas, pero en ningún caso han logrado frenar el avance de las derechas.

El PP de Juan Manuel Moreno gobierna con mayoría absoluta, y afronta los próximos comicios con un colchón de 14 a 18 diputados más, que es la horquilla en la que se mueve Vox, según los sondeos. El bloque conservador acapara hoy el 75% de los escaños del Parlamento andaluz y es en este contexto en el que se está debatiendo, una vez más, sobre la enésima refundación de la izquierda y la búsqueda de la unidad.

Cuando se apela hoy a la unidad de las izquierdas andaluzas, desde un escenario político de auge total de la extrema derecha, se hace un llamamiento de reconciliación (o al menos de estrategia conjunta) a estas mismas formaciones que lo han intentado varias veces y han acabado como el Rosario de la aurora.

La nueva Adelante Andalucía, pilotada hoy por su portavoz parlamentario y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio Gacía, ya no está en esa pantalla. No se sintió interpelado en 2022 por Yolanda Díaz ni en 2026 por Rufián. Su objetivo en las autonómicas de este año es consolidar su marca y su proyecto político, netamente andalucista, que ocupa una posición tan crítica con el PP de Juanma Moreno como con el PSOE de Pedro Sánchez.

También la coalición Por Andalucía vuelve a intentarlo sin cambiar la marca, aunque hoy sus integrantes son la mitad de los que eran en 2022 (IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz). La lista está encabezada por Maíllo, líder federal de IU, que ha decidido avanzar sin esperar a Podemos, pero invitándoles a subirse a un tren en marcha. La candidatura se presentó este viernes, sin la presencia de los morados, poniendo en valor que el proyecto político se ha consolidado en estos cuatro años y está por encima de la siglas.

Maíllo es un convencido del valor de las alianzas de izquierdas cosidas desde abajo, entre partidos que vertebran el territorio, y no como un simple artificio electoral. “La unidad de las izquierdas ya está amortizada como lema de campaña, por sí misma no moviliza. No es un fin en sí mismo, pero sí es una condición para consolidar un proyecto que construimos, mal que bien, hace cuatro años”, resume la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, que fue cartel electoral de la coalición en 2022.

Las próximas elecciones andaluzas tienen dos relatos: por un lado, van a medir la capacidad de resistencia de la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno [hoy con 58 dputados], frente a la tendencia al crecimiento de Vox. Ese pulso de las derechas se resolverá, a decir de las encuestas, con un Gobierno de coalición, como el que se pergeña en Extremadura y Aragón. O con una nueva mayoría absoluta de Moreno.

En el otro escenario, el PSOE de María Jesús Montero trata de movilizar a un electorado aturdido, capaz de pasar del millón de votos en las autonómicas al millón y medio en las últimas generales, con Pedro Sánchez como el gran agitador del espacio progresista. A su izquierda renuevan dos coaliciones de izquierdas más reconocibles, distinguibles e identificables hoy que hace cuatro años.

En efecto, la ley d'Hondt castiga la fragmentación del voto, sobre todo en las provincias con menos escaños en liza, y más aún con Vox postulando al PSOE la segunda plaza. Pero el resultado de las tres últimas elecciones andaluzas nos dicen que hay electorado disponible para dos proyectos políticos a la izquierda del socialismo, que ni la unidad ni la división de los partidos han sido tan determinantes para el resultado como la desmovilización del electorado progresista.

IU, Sumar y Verdes-Equo han anunciado este martes la presentación de una candidatura conjunta a las elecciones a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el próximo marzo, con un programa electoral basado en once ejes y en busca de una “transformación social” después de cuarenta años del PP.

De esa coalición no formará parte Podemos como sí ocurrió en las autonómicas de 2022, “lo cual no nos gusta y es contraproducente” para las aspiraciones electorales de esta nueva alianza, ha explicado durante una rueda de prensa celebrada en Valladolid la número dos de la lista, la catedrática Marina Echevarría (Universidad Valladolid), coordinadora autonómica de Sumar.

“Ellos tendrán que explicar por qué no han querido participar: la división del voto perjudica”, ha añadido por su parte el profesor de instituto Juan Gascón, coordinador autonómico de IU y cabeza de la lista que deberán aprobar próximamente las bases de lo que ambos han considerado como “algo más que una confluencia de partidos”.

Más que una alianza

No se trata de “una acumulación de fuerzas sino de un movimiento político, social y sindical” con el objetivo de evitar lo que en su opinión ha resultado “una legislatura fallida del PP”, tras su alianza con Vox y la posterior salida del gobierno de este partido, que a juicio de Gascón ha conformado “una espiral de odio”.

Frente a ello, esta nueva confluencia “pondrá el acento en lo social, en los jóvenes afectados por un empleo precario y la falta de vivienda”, así como en la sanidad y educación públicas en el medio rural, y en favor de la llegada de migrantes y de “los intereses del medio ambiente”, ha subrayado.

Todas estas premisas forman parte del “horizonte de esperanza” al que esperan contribuir y al que se ha referido José María Elena, portavoz de Verdes-Equo, porque el bien común “es una prioridad para la gente: es el momento de un nuevo acuerdo social para defender derechos en materia de vivienda y lucha contra el cambio climático”, ha dicho.

Elena, que aún no ha decidido el lugar que ocupará en la lista, ha arremetido contra el gobierno autonómico porque “no cree en el valor de lo público” como en su opinión demuestra el “progresivo deterioro de la sanidad, del sistema educativo, de las pensiones y el quebranto del territorio y del medio ambiente”, ha proseguido.

El objetivo, ha insistido por su parte Marina Echevarría, no es sólo el de concurrir unidos a unas elecciones sino “formalizar una bases social y dinamizar una política aletargada después de 39 años de gobierno del PP”.

El 15 de diciembre se celebrará una reunión conjunta con las bases de IU, Sumar y Equo-Verdes para aprobar la propuesta de un programa electoral basado en once ejes con planteamientos como los desgranados por los tres comparecientes.

Vitoria sigue discutiendo sobre su contrato de gestión externalizada de la limpieza y gestión de residuos, el más oneroso de la Administración municipal. Ahora cuesta unos 25 millones anuales, el Gobierno de PSE-EE y PNV ofreció subirlo a 35 millones, las empresas del sector presentaron un recurso y, a la vez, dejaron desierta la licitación y, ahora, el Ayuntamiento está dispuesto a poner por encima de 38 millones. Como es una contratación para una década, el gasto total previsto es de 385 millones e incluso podría llegar a 420 si se aceptarenn modificaciones.

Esta pasada semana, en comisión municipal, los tres partidos de la oposición coincidieron en criticar al Ejecutivo local. Según EH Bildu, no está justificado un nuevo incremento. “Son 30 millones más para las empresas y el mismo servicio para la ciudadanía. Se han doblegado al 'lobby' de las basuras. Les ha dejado en bandeja un contrato millonario. ¿Qué pasaría se actuasen de la misma manera? ¿Volverían a incrementar la cuantía?”, lanzaba el edil Ekaitz Díaz de Garayo.

“Queremos que nos justifiquen por qué si en [la anterior adjudicación de] 2020 gastábamos 24 ahora 35 no han sido suficientes y ha quedado desierto. Y encima con menos servicio. Es un incremento en cinco años del 60%. La vida no ha subido eso en cinco años”, abundó el concejal del PP Alfredo Iturricha. Puso el ejemplo de Oviedo, con “poca diferencia de población y cantidad de servicios parecida”. Allí el coste anual es de 27 millones.

Desla coalición Elkarrekin, el edil de Berdeak Equo Óscar Fernández define la situación como “un auténtico chantaje al Ayuntamiento”. “Hemos peridido de nuevo una oportunidad. Abogamos por la municipalización y gestión directa. Sería una mejora del servicio y de las condiciones laborales”, agregó tras insistir en que si se acometieran las modificaciones y se fuera a un escenario global de gasto de 420 millones se había dado “un contrato a la carta al 'lobby' de las basuras”.

El responsable de Limpieza en Vitoria, el socialista Pascual Borja, sostiene que “el 99,9%” de los contratos que quedan desiertos se resuelven a golpe de talonario. “No es nada excepcional”, se escuda. Sobre el nuevo contrato, insiste en que el aumento de los costes tiene que ver con un 70% de gastos de personal donde se repercuten mejoras salariales -se ha recordado el precedente de larga huelga del servicio de jardines de Enviser y se quieren “evitar” esos problemas- y con mejoras tangibles para la ciudad. Se enumeran, por ejemplo, el “puerta a puerta” para comercios del centro, “minigarbigunes” o puntos limpios en 21 ubicaciones, renovar todos los contenedores para pasar de los de plástico a los metálicos, para que no se los lleve el viento, fregado y no solamente barrido en las calles o limpiezas especiales en los barrios.

Según el Gobierno local, la municipalización que antes también defendía el PSE-EE en tiempos del exalcalde Patxi Lazcoz no es una garantía ni de mejor servicio ni de menor coste. Borja sostiene que Vitoria no puede ser una “autarquía” y que de algún lugar hay que sacar las barredoras o la maquinaria. La ciudad sí tiene otros servicios públicos no externalizados, como los autobuses urbanos. La gestión es directa y los vehículos se compran con normalidad a través de licitaciones.

El problema con este macrocontrato, el mayor de la ciudad, ha implicado un retraso en su entrada en funcionamiento. El calendario tras el bloqueo de la anterior licitación lleva a que en verano de 2026 se podrá elegir a la empresa (o UTE) prestataria del servicio en el próximo decenio. Por lo tanto, toca una “prórroga” de la contrata anterior, la de 2020. Y toca poner más dinero también porque la maquinaria ha agotado su vida útil. Finalmente, se optará por alquilar los vehículos que sean necesarios y por “repotenciar” y reparar la flota. No habrá compras de nuevas unidades, según Borja.

El servicio ahora mismo lo presta una UTE entre Prezero, anteriormente conocida como Cespa, y la local Onaindia. Antes estaba en manos de la alianza de FCC con GMSM, filial de la vasca Viuda de Sainz. En el pasado FCC y Cespa ofrecieron en solitario la limpieza. No es ésta la única ocasión en que las circunstancias de esta contrata han generado controversia en la ciudad.

El Ayuntamiento de Vitoria no descarta tener que inyectar (todavía) más dinero a la futura contrata de limpieza, la mayor de la ciudad, después de que antes del verano fracasara el proceso de adjudicación a pesar de que el presupuesto anual ofrecido de partida a las empresas fuese 10 millones de euros anuales superior que lo que se abona ahora, una mejora de casi el 40%, y con una garantía de diez años, el doble que en la actualidad. Es decir, había 100 millones más encima de la mesa hasta 2036. “La solución a veces pasa por modificar la cuantía. Esto no se le escapa a nadie. Pero esto no implica plegarse a las empresas”, ha explicado esta semana el edil responsable del servicio, el socialista Pascual Borja, ante las quejas de la oposición de izquierdas, EH Bildu y la coalición Elkarrekin.

La relación de Vitoria con su contrata de limpieza y gestión de residuos es de amor-odio desde que en 2006 se sustituyera a la histórica contratista, Cespa, que parecía parte del imaginario de la ciudad con sus camiones coloreados de blanco, azul y amarillo, por FCC. En aquel proceso, con Alfonso Alonso del PP como alcalde antes de ser ministro, se proyectaron incluso algunas sombras de corrupción unidas a pagos a una sociedad del exedil José Antonio Pizarro. Cada relevo, sin excepción, genera una cascada de titulares.

Tras los primeros años de FCC en solitario, se pasó a una UTE de FCC con Viuda de Sainz (a través de su filial GMSM) imitando el modelo de Bilbao. Y ahora, desde 2021, el servicio lo prestan PreZero (la denominación actual de Cespa) y la local Onaindia, que emplean la marca Bira. Todavía hace unos meses, en abril se conoció que ha habido que poner 0,6 millones de dinero público adicional porque en el último cambio del servicio se entregó maquinaria en mal estado. Ese servicio arrancó presentado como refuerzo del parque móvil para las fiestas de 2022 un camión matriculado en 1986, como adelantó este periódico.

Este 2025, la ciudad que aún luce con orgullo su condición de 'green capital' de Europa, un premio otorgado en 2012, empezó a preparar ya una nueva contrata. La previsión era cerrar un acuerdo con las empresas para diez años, en busca de estabilidad en las inversiones y en los cambios necesarios en un contexto de emergencia climática. Y la gran novedad pasaba por haber dotado a esa contrata futura con un presupuesto de hasta 355 millones, 35,5 por año, es decir, 10 más que hasta ahora.

Pero los planes se frustraron en el camino y, quizás, tocará poner incluso más dinero encima de la mesa. Esto ha airado a la oposición al Gobierno de Maider Etxebarria, una coalición de PSE-EE y PNV. En primer lugar, una asociación de empresas del sector puso un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), una ventanilla del Gobierno vasco que dirime pugnas sobre licitaciones y llegó una suspensión cautelar del procedimiento. Pero ni siquiera fue necesario un pronunciamiento de fondo. Y es que se acabó el plazo de recepción de ofertas y ninguna empresa se presentó.

Este miércoles, en el Ayuntamiento, se ha celebrado una primera comisión de Limpieza después de las vacaciones de verano. Y EH Bildu y Elkarrekin, que aglutina a Podemos, Equo-Berdeak e IU, han coincidido en demandar al Gobierno municipal información actualizada sobre su gran contrato. Su tesis compartida es que el 'lobby' de las empresas -en realidad, en el pasado fueron sancionadas por conformar un “cártel”- ha intentado “boicotear” a la ciudad para sacar aún más dinero en la licitación. Así lo expresaron los ediles Ekaitz Díaz de Garayo y Óscar Fernández.

El socialista Borja explicó que sus funcionarios “están trabajando en un nuevo pliego”. De momento, recalcó, las nuevas “condiciones” no se pueden “revelar”, por motivos de confidencialidad. Serán públicas cuando la junta de Gobierno local les dé el visto bueno. En el nuevo proceso, eso sí, se puede dar por hecho que habrá “cambios” y “mejoras”. “Desde luego que estamos trabajando para hacer una oferta atractiva”, manifestó.

EH Bildu y Elkarrekin insistieron en querer conocer si esos cambios implicarán tener que poner más dinero encima de la mesa. No lograron concreciones, aunque sí la admisión por parte del Gobierno local de que “a veces” resolver estos entuertos “pasa por modificar la cuantía”. Según estas dos formaciones, un 'lobby' de empresas ha actuado de forma concertada y va a lograr más réditos y temen que PSE-EE y PNV se “plieguen” a sus chantajes. Borja negó con rotundidad estas consideraciones, pero subrayó que sí compartirán impresiones con el sector de cara al nuevo pliego. “Hay que hacer una licitación que sea atractiva. A nadie se le ocurre hacer una oferta que no sea atractiva para el sector. Sería de locos”, apuntó.

También hay que pagar más por la prórroga

En la misma sesión, el otro partido de la oposición, el PP, añadió al debate que “la ciudad está sucia”. Ahora mismo hay “un contrato insuficiente para mantener limpias las calles”, en palabras de Alfredo Iturricha, y se ve “porquería por todos los lados”. Se afea que en agosto, por los turnos vacacionales, no se han realizado muchos servicios contratados. El adelanto de la caída de la hoja por las altas temperaturas ha terminado por dar la puntilla a la imagen de las calles, ya condicionada por los seis meses de huelga en otra contrata clave, la de jardinería, en manos de Enviser.

Vitoria tendrá que negociar ahora una prórroga con la actual contrata, la de PreZero y Onaindia, para salvar los meses hasta que pueda firmar el nuevo contrato. Borja estima que el verano de 2026 sería un horizonte razonable. La extensión sería por “lo mínimo indispensable, entre nueve y diez meses”. “Queremos acortar los plazos todo lo que se pueda [...]. Pero éste es el contrato más importante que tiene el Ayuntamiento y necesita importancia en tiempo, plazos, estudios y análisis”, explicó el edil socialista.

Sin embargo, esa prórroga requerirá “inversiones”, es decir, más dinero público. ¿Por qué? “Gran parte de la maquinaria data de 2015 y su vida útil está completamente agotada”, señaló. “Deberemos trabajar en dotar, en el período de prórroga, de los medios materiales que requiere el servicio. De momento, no hay una cifra concreta”, le explicó a la oposición.

Este sábado, en el centro de Vitoria, bajo el Ayuntamiento, han confluido dos manifestaciones. Por un lado, decenas de personas clamaban contra el centro de refugiados que el Estado planea en el barrio de Arana. Por el otro, un grupo gritaba contra el genocidio de Israel en Palestina. Otro sábado, pero el de mediados de junio de 2015, también confluyeron dos movilizaciones en ese mismo punto. En la plaza de España, frente a frente, estaban los simpatizantes y detractores del hasta entonces alcalde de la capital vasca, Javier Maroto, del PP, que había ganado con claridad las elecciones con un discurso que asociaba el fraude y la delincuencia a la migración pero que, por el mismo motivo, propició que todas las demás fuerzas políticas de la ciudad se unieran contra él y que brotara una plataforma cívica llamada Gora Gasteiz. Se celebró la investidura, no sin movimientos políticos de última hora, y acabó con la 'makila' de alcalde Gorka Urtaran, del PNV, el tercero en las urnas y que tuvo que arrancar con un Gobierno apoyado en solamente cinco de 27 escaños. De aquello han pasado ya diez años.

Para entender la Vitoria de junio de 2015 hay que entender la de un año atrás. En 2014, en una entrevista en la Cadena Ser, el alcalde Maroto, tres años después de llegar al cargo con un discurso aperturista e incluso pactando con Bildu y que no había tenido problemas en fotografiarse con la estrella de la NBA fichada por el Baskonia Lamar Odom, inició una campaña con ideas como que el fraude en las prestaciones sociales era “escandaloso” y culpó de ello abiertamente a “argelinos y marroquíes”, que no mostraban “ningún interés en trabajar”. Ya antes, el PP y Maroto habían usado su influencia sobre el Gobierno vasco de Patxi López y la consejera socialista Gemma Zabaleta para lograr un recorte en la renta de garantía de ingresos, el salario social de quienes no tienen recursos en Euskadi o el complemento de las nóminas y pensiones bajas.

El argumentario lo asumieron pronto otros dirigentes del PP, como el diputado general de Álava, Javier de Andrés, ahora líder del PP vasco, y se organizó una recogida de firmas bajo los eslóganes “ayudas más justas” o “ayudas sí, abusos no” para darle otra vuelta de tuerca a la protección social. En aquellos años, se instrumentalizó a otros grupos de extranjeros, como el colectivo de dominicanos, liderado por un militante del PP, para apoyar al alcalde y sus medidas. Otro afiliado, Patxi Gómez, tuvo que dejar la portavocía de la plataforma contra el fraude de los extranjeros en las prestaciones sociales al destaparse que él mismo había cometido fraude a la Seguridad Social.

Llegaron las elecciones municipales de mayo de 2015. En España gobernaba el PP, Mariano Rajoy. En Euskadi el PNV, Iñigo Urkullu. Había nacido Podemos, pero iba con una marca blanca a las urnas locales, Sumando. De hecho, había otra oferta de la nueva izquierda, Irabazi, la suma de IU y Equo. El PSE-EE vitoriano estaba destrozado, con un candidato de última hora, Peio López de Munain, tras la salida abrupta de la elegida en primarias, Maite Berrocal, de uno de los dos sectores críticos de la formación y que ya había lanzado su campaña llenando de su imagen todas las marquesinas. El PNV acababa de recibir, en marzo, las conclusiones de la investigación de su mayor trama de corrupción, el 'caso De Miguel'. Bildu había pasado ya a ser EH Bildu y había encontrado una candidata con tirón, la independiente Miren Larrion.

El PP de Maroto obtuvo en Vitoria un excelente resultado. Mantuvo sus nueve concejales de 27 y ganó 3.000 apoyos. Para interpretar correctamente el dato hay que recordar que ninguno de los candidatos conservadores en las 50 capitales de provincia de España mejoró los números de 2011. Solamente en otra ciudad grande ocurrió algo similar, en Badalona. Xavier García Albiol ofreció una campaña similar a la de Maroto.

En segunda posición irrumpió la EH Bildu de Larrion, con seis ediles. El PNV de Urtaran fue tercero, con solamente cinco representantes. El candidato quiso dimitir por el mal dato. El PSE-EE salvó únicamente cuatro asientos en el pleno. La izquierda dividida sacó tres concejales, dos para Sumando (Podemos) y uno para Irabazi (IU y Equo).

Casi desde el momento mismo del escrutinio, Larrion abogó por una pinza 'antiMaroto' capitaneada por la izquierda abertzale. Sin embargo, los socialistas nunca aceptaron ese planteamiento. Aquellos comicios alumbraron precisamente un matrimonio que se mantiene hasta hoy, el bipartito del PNV y PSE-EE. Empezaron ya a funcionar como bloque y el ya fallecido presidente nacionalista en Álava, Xabier Agirre, esgrimió a Larrion que la primera fuerza eran los nueve ediles que tenían ambas formaciones.

“La candidata nos trasladó que quería ser alcaldesa, pero nosotros teníamos el pacto con los socialistas. Poníamos nueve concejales encima de la mesa, los mismos que el PP, y ellos seis. La segunda fuerza eran ellos, sí, pero dijeron que estaban dispuestos a que gobernara la tercera con tal de que no lo hiciera Maroto”, recuerda un colaborador de Agirre, que reconoce que Urtaran les había pedido dejarlo. Se llegó a un acuerdo. El Araba Buru Batzar celebró una reunión extraordinaria para darle el visto bueno. Participó en ella Andoni Ortuzar, presidente nacional del partido.

Maroto también había hecho su ronda de reuniones. El PP recibió incluso a Larrion en el Ayuntamiento, a la izquierda abertzale. Normalidad institucional. Estuvo con el PNV igualmente. Esa cita no estuvo exenta de tensión. “Agirre les dijo: lo mismo que te ha dado el triunfo va a ser lo que no te permita gobernar”, explica un testigo. “Lo único que unió a PNV, Bildu, PSOE y Podemos fue echar al alcalde, que había ganado con contundencia y muchísimo apoyo”, replica Iñaki García Calvo, actual portavoz local del PP y colaborador de Maroto en aquellos años.

Llegó la investidura y mientras el PP y sus seguidores en la calle clamaban por el respeto a la lista más votada, todo estaba previsto para que el tercero en las urnas, un Urtaran que ya llegó a la política municipal cuatro años antes por otra carambola, fuese uno más de los 'alcaldes del cambio' de aquella primavera en la que Manuela Carmena tomó el mando en Madrid o Ada Colau en Barcelona.

En España, todos los ayuntamientos se constituyen el mismo día. Siempre es un sábado de mediados de junio. Sin embargo, en Vitoria se dejó el pleno para última hora de la mañana. Mucho antes estaba convocada la sesión en Andoain, en Gipuzkoa. Y aquello estuvo a punto de cambiarlo todo. Allí, el PNV tenía comprometido apoyar a los socialistas para desalojar a EH Bildu. Pero a última hora un edil nacionalista se negó y se truncó la operación. Como acto reflejo, el partido dio la orden a sus ediles en Vitoria de no votar a favor de Urtaran. Llegaron a publicarse titulares en prensa digital dando por hecho que Maroto, 'in extremis', iba a salvar la alcaldía.

Pero había otra opción. Incluso sin el PSE-EE era posible una mayoría alternativa. Implicaba que las nuevas izquierdas votaran a un alcalde de la derecha vasca. Primero fue Podemos quien dio el visto bueno. Así que solamente quedaba el edil Óscar Fernández, procedente de Equo y sin experiencia alguna en política. Era periodista deportivo en medios locales y trabajaba para una ONG. De repente, todas las miradas se posaron sobre él.

“No teníamos ni despacho aún. Como se retrasó la investidura, estábamos con compañeros de IU y de Equo tomando algo en un bar de la plaza. Se formó un poco de barullo, la verdad. Tuvimos que atravesar la plaza. Los seguidores de Maroto me increpaban y me insultaban. Del otro lado, me preguntaban qué iba a hacer. Fui de despacho en despacho. Primero estuve en el PSE-EE. Me encontré a Peio [López de Munain] llorando, devastado. Los socialistas me echaron la responsabilidad sobre mis hombros. Y yo no tenía experiencia alguna”, relata Fernández, que sigue siendo concejal en 2025. De hecho, salvo García Calvo del PP y otro compañero, nadie más de aquel momento continúa en el Ayuntamiento sin que haya pasado tanto tiempo.

“No era tanto apoyar a Urtaran como que Maroto no continuara”, abunda Fernández. Cristina Macazaga, dirigente de aquel primer Podemos en Vitoria, explica que ellos tampoco se habían presentado “para hacer alcalde a Urtaran”. “Pero la coyuntura ofrecía la oportunidad de evitar que el racismo y la xenofobia administrara la ciudad. No hubo duda en apoyar otra alternativa para que Maroto y su discurso del odio no fuera alcalde”, explica ya alejada de la política.

“Viví aquel sábado. Aunque a mí me gusta mirar al futuro y no tanto al pasado, no podemos dejar de pasarlo por alto. Era una ciudad que estaba funcionando. Aquí había un alcalde. El único que había mejorado resultados en toda España. Fui testigo de muchísima gente que quiso apoyar a su alcalde, al que puso a Vitoria en el mapa. Hay mucha diferencia con la decadencia que tenemos diez años después”, explica García Calvo sobre su versión de lo ocurrido aquel sábado de 2015.

Se celebró el pleno. El PSE-EE, en efecto, no apoyó al PNV. López de Munain -con el que este periódico no ha podido contactar- lloraba y lloraba. En la calle, la tensión creció. A la izquierda, mirando al Ayuntamiento, los seguidores del PP estaban indignados. A la derecha, Larrion saludaba desde un balcón a los suyos aunque ella no fuera la alcaldesa. Urtaran y su equipo casi pasaban inadvertidos en aquel ambiente. En X (entonces llamada Twitter), De Andrés tiró de ironía sobre lo ocurrido ya que en Oyón, en la Rioja Alavesa, un candidato del PNV, Eduardo Terroba, también relevó a un regidor del PP. Hizo un juego de palabras con los apellidos de Terroba y de Urtaran y un 'robo' político. “Sabemos que este alcalde es legal pero no es legítimo”, añadió Alfonso Alonso, entonces ministro.

El PNV montó un Gobierno en solitario. Eran el alcalde y cuatro concejales nada más. Un par de asesores, Álvaro Iturritxa y Blanca Guinea, apoyaban al Ejecutivo de la capital vasca en el día a día desde la sombra. Una de las ediles multitarea fue Nerea Melgosa, actual consejera en el Gobierno vasco. De hecho, se le asignó liderar una nueva cartera de “Convivencia”. Melgosa recuerda llegar a la investidura después de oficiar una boda esa misma mañana y, además, en inglés. Dice que sigue en contacto con aquella pareja así que recuerda aquel sábado como “doblemente fructífero”.

“Más que tensión, hubo emoción. Hay que dar las gracias a Gorka, por haber dado ese paso”, explica. Asegura ninguno de los integrantes de ese equipo piso su casa en el primer año. Melgosa, por ejemplo, llevaba Convivencia pero también Políticas Sociales o Promoción Económica, “incluidos los polígonos industriales”. “Era mucho, mucho”, afirma. Melgosa, en julio de 2015, acabó descalza en una mezquita mostrando respeto a la comunidad magrebí tras lo ocurrido.

A finales de 2015, el PNV eligió nuevo presidente en Álava, José Antonio Suso. Su primera misión fue llamar al PSE-EE para retomar el acuerdo. En pocos meses, a mediados de 2016, se cerró una coalición y la ciudad pasó a tener un Gobierno de nueve miembros. Urtaran, el tercero en discordia, acabó ganando las elecciones de 2019. Pero, en 2023, el PNV prescindió de él. Ahora es diputado foral en Álava. Llegó a encabezar una candidatura crítica para liderar su partido, aunque fue derrotado.

Larrion, de su lado, tuvo que dimitir de forma repentina al ser arrestada por la Ertzaintza. Acabó condenada por el robo de una cartera a una asesora y por la suplantación de su identidad. Su pena quedó atenuada por su salud mental y la saldó con trabajos en beneficio de la comunidad, sin llegar a entrar en prisión. En 2023, Rocío Vitero fue la nueva candidata y ganó las elecciones. Pero, como Maroto, no pudo gobernar porque hubo un acuerdo en su contra. En este caso fue el PP el que apoyó al bipartito de PSE-EE y PNV para evitarlo, a modo de venganza diferida ocho años después.

Vitero no estaba en el Ayuntamiento en 2015 pero, según explica, fue Gora Gasteiz lo que le hizo dar el salto a la vida política institucional. “Participé en los movimientos sociales frente a la situación de racismo, xenofobia y crispación”, cuenta al otro lado del teléfono. Y añade: “Para mí, fue un detonante cuando EH Bildu cedió su puesto, sin interés político, porque el Ayuntamiento no podía tener un líder que rompiera la convivencia y con un discurso racista. Se demostró capacidad de escuchar y de materializar lo que pedía la gente de Gasteiz. Se trabajó con total discreción”.

A juicio de Vitero, desde entonces EH Bildu sigue “creciendo”. “Tenemos otra manera de hacer política”, afirma. Preguntada por la investidura fallida de 2023, acusa a PNV y PSE-EE de “ir de la mano del PP”. Sin embargo, pone en valor que, después de aquello, quien ofrece “estabilidad” a la ciudad es su grupo, con acuerdos presupuestarios y de otro tipo.

¿Y Maroto? Muchas voces califican como “exilio” sus siguientes años. A pesar de repetir que llevaba “Vitoria en el corazón”, en 2016 decidió dejar el Ayuntamiento y convertirse en diputado en el Congreso en sustitución del otro alcalde que ha tenido el PP, Alfonso Alonso. En las generales de 2019 intentó revalidar el escaño, pero se lo ganó EH Bildu, que lo celebró como un segundo desalojo. Finalmente, el partido lo recolocó como senador electo por Castilla y León, para lo que tuvo que empadronarse en el minúsculo pueblo segoviano de Sotosalbos.

En estos años, ha sido dirigente de Génova con Pablo Casado y ahora es vicepresidente del Senado. Ya no hace vida política en Vitoria y nunca se le ha visto apoyar a los compañeros que dejó aquí, a diferencia de Alonso. “Yo no cambiaría la política local por nada del mundo. Es la más exigente, pero es la más gratificante”, señala preguntado por este 'exilio' García Calvo, que previsiblemente será el candidato del PP en 2027.

Este sábado, una de las protestas en Vitoria era contra el centro de refugiados de Arana. Es cierto que la oposición a este proyecto es mucho más amplia que la del PP y que encierra matices diferentes, pero los 'populares' acaban de iniciar otra recogida de firmas. El presidente 'popular' alavés, Iñaki Oyarzábal, ha asociado ese recurso con un supuesto incremento de la delincuencia. Hace unas semanas, en el Senado, el PNV preguntó por esta infraestructura al Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, se ausentó y terminó moderando el debate sobre Vitoria y la migración el senador segoviano Javier Maroto.

La coalición Elkarrekin (integrada por Podemos, IU y Berdeak Equo) ha denunciado que el Ayuntamiento de Vitoria estudia permitir que los camiones de limpieza puedan llevar publicidad en la próxima contrata, que ahora se tramita. El edil Óscar Fernández ha lamentado que el PSE-EE, el partido de la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha pasado de reclamar la publificación de la mayor contrata municipal a abrir la puerta que las empresas privadas generen ingresos extraordinarios por esta vía.

En un comunicado, la coalición ha explicado que “así aparece recogido en el artículo 59 de los pliegos técnicos de la licitación del próximo contrato de limpieza y recogida de residuos”. “La gestión de la publicidad la hará directamente la contrata a la que se le permitirá la colocación de publicidad en uno de los laterales de los vehículos asignados”, ha señalado Fernández, según informa Europa Press.

Según ha explicado el edil, “este permiso se centra en los camiones que prestan el servicio de recoger los residuos del municipio y los vehículos destinados a la limpieza del lavado de contenedores”. “Aunque en los pliegos aparece que los servicios técnicos municipales supervisarán dicha publicidad, la única prohibición expresa que se cita es la de las empresas dedicadas a apuestas o cualquier tipo de juego de azar”, ha detallado.

“No sólo se les asegura [a las empresas contratistas] diez años de contrato con 10 millones de euros más al año que el vigente contrato. Ahora nos enteramos de que podrán ganar más dinero poniendo publicidad en los camiones de un servicio público. Además nos tememos que el Ayuntamiento no verá ni un euro de esta publicidad”, ha concluido el concejal de Berdeak Equo.

Verdes Equo ha presentado recurso de alzada contra la Resolución del Gobierno de Cantabria por autorizar la extracción de 41 ejemplares de lobo, una decisión que entiende es “de cuestionable legalidad y sin una evaluación científica rigurosa y contrastada”, al no contar con el informe favorable del Comité de Fauna y Flora y de la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de ámbito estatal.

El Gobierno de Cantabria ha dado orden de abatir 41 ejemplares y lo hará de forma “inminente”, el 20% de los lobos existentes en Cantabria, según el último censo realizado, será abatido tras la decisión adoptada por la Consejería de Desarrollo Rural (PP). La salida del lobo del listado de especies protegidas, Lespre, fue adoptada por el Congreso de los Diputados al aprobar la Ley de Desperdicio Alimentario. Esta solo mantiene la protección del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial al sur del Duero.

Verdes EQUO, no obsante, critica las conclusiones del último censo realizado, que considera que ofrece cifras abultadas de población bajo parámetros cuestionado por las organizaciones conservacionistas.

“Del análisis de la citada Resolución y del Plan de Gestión del Lobo de Cantabria, se deduce la más que cuestionable transparencia y fiabilidad en el escaso rigor científico y en los criterios técnicos utilizados por la Consejería de Desarrollo Rural para establecer unos cupos de extracción en base a unos datos inflados en cuanto al censo real en base al tamaño de las manadas”, ha asegurado Verdes Equo.

Ha añadido esta organización que si nueve de las 23 mandas “detectadas” son compartidas con otras autonomías debiera haber sido considerado un factor corrector a la baja en el cáculo del censo. Asimismo, ha discrepado de que se promedien nueve ejemplares por nada, cuando “el tamaño medio es de alrededor de 4-5 animales”, arrojandode este modo un total de entre 90 y 110 lobos, y no 200 como calcula el censo.

Asimismo, “solo hay ocho manadas en Cantabria con reproducción confirmada (3 por fototrampeo y 5 por Infolobo) y ocho sin indicios de reproducción (por lo que no se entiende que se asignen 9 ejemplares); las siete restantes son las compartidas con otras comunidades autónomas”, ha concluido Verdes Equo.

Las Juntas Generales de Álava han aprobado este miércoles una enmienda para cambiar la puerta giratoria que da acceso al edificio de la Hacienda foral, en Vitoria, que ha provocado en apenas un año seis accidentes con algunos traslados al hospital. Los accidentes han incluido, según han denunciado desde Elkarrekin Araba, “pérdidas de estabilidad”, “vuelco de sillas de ruedas” y “golpes en la cabeza y en brazos”. Con una enmienda que ha contado con el respaldo de PNV, PSE-EE, PP y Vox, se busca solucionar los problemas del edificio y garantizar un “acceso” universal.

La moción la ha presentado el grupo juntero Elkarrekin Araba (integrado por Podemos, IU, Berdeak Equo y Alianza Verde) y ha dado lugar a la votación de una enmienda transaccional firmada también por PNV, PSE-EE y PP. Ha contado con 36 votos a favor (se ha sumado Vox) y las once abstenciones de EH Bildu, que exige que los cambios se incluyan en un paquete de medidas más general que se acometa con mayor rapidez.

Laura Fernández, procuradora de Elkarrekin Araba y proponente, ha solicitado una solución “con carácter urgente” para garantizar el acceso “universal” y también la “seguridad” en la entrada al edificio de la Hacienda foral, que se encuentra en la calle de Félix María Samaniego. “Dicho acceso se realiza a través de un sistema giratorio que suele acarrear diferentes problemas técnicos que dificultan la entrada y salida”, ha lamentado. “Afectan especialmente a personas con baja movilidad, que precisan de apoyos técnicos y adaptaciones que posibiliten sus movimientos”, ha abundado.

Fernández ha apuntado a un informe confeccionado por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco que cifra en seis los accidentes ocurridos por caídas causadas por esta puerta giratoria entre febrero de 2023 y agosto de 2024. Ha hablado de “pérdidas de estabilidad”, “vuelco de sillas de ruedas” y “golpes en la cabeza y en brazos”. Los afectados, ha subrayado, hubieron de ser trasladados al hospital. “Es habitual que se produzcan otros percances menores que no requieran traslados, pero que hayan podido causar otras lesiones menores u otras dificultades a los usuarios y usuarias de la Hacienda foral”, ha apostillado.

Arantza Ruiz, del PSE-EE, ha señalado que comparten “la preocupación y la necesidad de actualizar los edificios forales tanto en eficiencia energética como en lo que se refiere a la accesibilidad”. “Pero no puede ser que [estos problemas] se solucionen de cualquier manera. Los procesos y los procedimientos nos pueden parecer largos, sobre todo cuando existe un problema de accesibilidad, pero deben cumplir la norma para poder llevarse a cabo con todas las garantías”, ha explicado para justificar que en su momento se aprobase un cronograma de ejecución de obras que contemplaba hasta un año de margen para acometer algunas de las reformas. Por eso el PSE-EE ha participado de una enmienda transaccional y no de la original presentada por Elkarrekin Araba. Y Ruiz ha redoblado las llamadas a actuar con “respecto al trabajo técnico”. En esa misma línea, Zuriñe Rodríguez, del PNV, ha insistido en que las medidas se deben tomar en tiempo y forma “adecuados”.

“Deberes pendientes”

EH Bildu, que había presentado otra enmienda, se ha abstenido en la votación de la firmada por Elkarrekin Araba, PNV, PSE-EE y PP. La juntera June Múgica ha señalado que existen varios problemas y no solo el de la entrada. Ha puesto como ejemplo que hay unos carteles escritos en braille que no tienen el relieve necesario y que por tanto no cumplen con su función. “Está claro que la Diputación tiene deberes pendientes”, ha resumido. Múgica ha confirmado que desde EH Bildu comparten lo expresado en la moción que se ha aprobado, pero ha pedido ir más allá: que no se tenga en cuenta únicamente la movilidad, sino todo lo relacionado con la “accesiblidad universal”; que se presente un cronograma en el plazo de un mes, y que se solucionen también los problemas de las señales en braille. Tampoco entienden en la coalición abertzale que se hable de “urgencia” cuando se han dado cuatro meses de margen para comparecer ante las Juntas Generales. “No entendemos por qué no se ha hecho nada en ese edificio si se sabía que había habido accidentes en 2023 y 2024”, ha lamentado.

Jonathan Romero, de Vox, ha justificado su voto a favor de la moción impulsada por Elkarrekin Araba alegando que, “más allá de diferencias partidistas o ideológicas”, la moción “pone sobre la mesa una cuestión de mayor importancia, como es la seguridad y la accesibilidad universal en el acceso a un edificio público”. “Aquí no hay debate sobre modelos económicos, sociales o culturales. Aquí lo que tenemos es un problema real, tangible y documentado”, ha añadido. En cualquier caso, ha criticado a la Diputación, pues, de haber actuado “con diligencia y previsión”, ha dicho, se podrían haber evitado los accidentes. “No estamos hablando de una eventualidad aislada o de un problema menor. Hablamos de una situación que pone en riesgo a los alaveses”, ha abundado. Y ha echado en cara al Gobierno foral “desidia”, “inoperancia” y “falta de compromiso con los ciudadanos”. “La accesibilidad universal no es un capricho ni una concesión, sino una obligación legal y moral de las administraciones públicas”, ha apostillado.

En la misma línea, Elisabeth Ochoa de Eribe, del PP, ha lamentado que no es la primera vez que durante la legislatura han tenido que defender los derechos de las personas con discapacidad. “Hemos tenido que subir, desgraciadamente, varias veces a defender estos derechos, y parece además que no va a ser la última”, ha criticado la procuradora. Ha destacado que el edificio, cuya construcción corrió a cargo de arquitectos de la ciudad como Roberto Ercilla, Miguel Ángel Campo y José Luis Catón, recibió varios premios, pero que data de 1991. “Está hecho hace más de tres décadas y ha habido una serie de modificaciones en nuestras costumbres y usos y, sobre todo, se han aprobado diferentes leyes que protegen la accesibilidad. Es muy importante que no todo el mundo tiene las mismas condiciones para poder moverse en el día a día”, ha subrayado. “Queremos que no se dilaten los plazos, porque es un tema muy puntual y muy urgente y hay que solucionarlo lo antes posible”, ha apremiado.

El presupuesto de descontaminación de la zona de las graveras de Lasarte previo a las obras contra inundaciones se ha disparado un 72%. De 571.970,34 euros previstos inicialmente para este espacio del sur de Vitoria se ha pasado a 988.499,84 efectivamente ejecutados, según datos facilitados al Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en respuesta a una petición de información de Amancay Villalba de EH Bildu.

En 2012, el Ayuntamiento de Vitoria firmó con la Agencia Vasca del Agua (URA) un convenio para la realización de obras de protección contra inundaciones en varios puntos de la capital. Uno de esos lugares era la zona sur. Para evitar las crecidas en los ríos Zapardiel y Batán se planteó una laguna en Lasarte para contener posibles riadas.

Sin embargo, buena parte del proyecto está ubicado en la parcela 01059-01346, un espacio inventariado como suelo contaminado “por haber soportado la actividad de vertido incontrolado de residuos durante años”. Informes elaborados 'ad hoc' sobre las conocidas como las graveras de Lasarte —por las actividades de extracción de grava arenosa de mediados del siglo XX— habían alertado a la presencia de “tierras y rocas procedentes de excavación”, “residuos de construcción y demolición (RCD)”, y también de “escorias de fundición, cenizas de combustión, arenas de moldeo, arenas de filtros, otros residuos industriales, restos textiles, neumáticos y envases vacíos”. Eso “se traduce en la presencia de una gran variedad de contaminantes”, tales como “arsénico, cadmio, cromo, policlorobifenilos (PCB), cianuros, hidrocarburos totales de petróleo (TPH) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)”.

Para la construcción de la balsa de laminación, ha habido que retirar los residuos. El Gobierno explica que se ha buscado “minimizar” la cantidad y “maximizar” la reutilización de lo retirado. Primero, se procedió a la recogida de los restos “voluminosos”. Después, se hizo un “cribado” con maquinaria pero también a mano para poder seleccionar material apto para la obra. Se calcula que el 92,5% del material “ha podido ser valorizado”. Pero, “debido al alto porcentaje de residuos de distinta tipología”, tales como “plásticos, restos vegetales, restos metálicos y basura en general”, alrededor de 589 metros cúbicos “han tenido que ser gestionados externamente”. Es una cantidad equivalente a unos 25 camiones, aproximadamente. Es esta parte la que ha hecho que el presupuesto haya subido en más de 400.000 euros, indica Jauregi.

Se da la circunstancia de que en enero el grupo municipal de Elkarrekin —que en el caso de Vitoria está compuesto por un edil de Berdeak Equo y otra de Podemos— presentó una moción para apremiar a la descontaminación total de la zona y su restauración para cerrar el anillo verde y “potenciar la biodiversidad”. Óscar Fernández lamentó que el proyecto contra las inundaciones no era suficiente para regenerar ese lugar y recordó viejas promesas para Lasarte que acumulaban años de retraso. Villalba, que fue concejal en Vitoria, alertaba igualmente en su iniciativa en el Parlamento Vasco de los retrasos y los “problemas” con los suelos contaminados. El PP también votó a favor de la iniciativa de Elkarrekin.

La agenda del lunes en Vitoria ha estado copada este 3 de marzo por las ofrendas florales que diversos partidos y representantes políticos y sindicales han hecho ante el monolito que recuerda a las víctimas de la masacre en la que la actuación de la Policía franquista se cobró la vida de cinco trabajadores que estaban reunidos en una asamblea y dejó decenas de heridos. Se cumplían este lunes 49 años. El goteo de ofrendas ha empezado a las 8:30 horas y ha seguido durante toda la mañana.

Óscar Fernández, de Equo Berdeak, se ha acercado con sus flores al monolito del barrio de Zaramaga. Era la primera convocatoria de la mañana. “Hoy es un día para el recuerdo para todas aquellas víctimas, tanto las mortales como las heridas, de aquel trágico suceso ocurrido hace 49 años en Zaramaga”, ha dicho. Ha pedido, asimismo, “justicia” y que se depuren las responsabilidades políticas de lo sucedido. Las inmediaciones del monolito han amanecido con una pintada que exigía “justicia”. “Hoy Zaramaga ha amanecido con la reivindicación de 'justicia' en las baldosas que fueron testigo de la masacre. Ha sido borrada del suelo, pero nunca desaparecerá de nuestra memoria”, ha señalado en redes sociales la asociación Martxoak 3, que lucha por preservar la memoria de las víctimas.

Media hora después del portavoz de Equo Berdeak, ha hecho su ofrenda Podemos Euskadi a través de David Rodríguez, portavoz en las Juntas Generales, y Garbiñe Ruiz, que lo es en el Ayuntamiento de Vitoria. “Lamentamos profundamente que, a un año del 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo, no se estén dando aún los pasos necesarios para que la iglesia de San Francisco de Asís sea el memorial que debe ser, el memorial que quieren todos los vitorianos y vitorianas”, se ha quejado Ruiz. En torno a esa hora, se ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día, que incluye como novedad el inicio de la tramitación de la declaración del templo como “lugar de memoria”.

A las 10:00, ha sido el turno de dos integrantes del Gobierno vasco de Imanol Pradales: Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, del PNV, y María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos, del PSE-EE. “El día de hoy nos recueda lo que costó alcanzar la democracia y el Estado de derecho que hoy disfrutamos”, ha dicho San José después de depositar las flores. “El compromiso con la memoria es fundamental. Por ello, estamos avanzando en la creación de la Fundación Centro Memorial 3 de Marzo, un paso crucial para garantizar la preservación de la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria, un símbolo de nuestra historia reciente”, ha añadido en redes sociales.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha estado acompañado de la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, y de la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria. “El 3 de marzo es un día inolvidable para las capas trabajadoras de Vitoria, de Euskadi y de toda España”, ha dicho ante los medios de comunicación después de la ofrenda floral. Se ha congratulado también por la incoación del expediente aparecida en el BOE del día. “Hoy hemos rendido homenaje a quienes lucharon por los derechos laborales y la democracia. El 3 de marzo de 1976 marcó un antes y un después en la lucha por las libertades y la dignidad de la clase trabajadora. En un contexto de represión, la iglesia de San Francisco de Asís se convirtió en un símbolo de resistencia y un refugio para quienes alzaban la voz por sus derechos”, ha señalado la alcaldesa.

Sumar ha recalcado que fue “un crimen de estado que sigue impune” y ha exigido “verdad, memoria y reparación”. Se han acercado a Zabalgana Lander Martínez, diputado en el Congreso por Bizkaia; Alba García, secretaria general de Sumar en Euskadi; Edurne García, secretaria de Organización, y Azahara Botella, secretaria de Feminismos. “Lo que queremos es recordar todos los días a estas personas y recordarlas en todas las luchas que se dan. La lucha de los trabajadores y trabajadoras sigue viva”, ha abundado Martínez. El PP, por su parte, ha hecho la ofrenda por manos de Iñaki García Calvo, concejal y portavoz en el Consistorio vitoriano. Ha estado acompañado por Carmelo Barrio, diputado en el Congreso, y Ainhoa Domaica, parlamentaria por Álava. “Han pasado 49 años, pero este día sigue grabado en la memoria de nuestra ciudad”, ha señalado el partido en un mensaje difundido en redes sociales.

Loli García ha encabezado, pasadas las 11:00 horas, una delegación de CCOO de Euskadi que ha honrado a los cinco trabajadores asesinados en 1976. IU y el PCE también han homenajeado a las víctimas en un día que ha de ser, han dicho, “de actualidad” para pelear por derechos que nadie “va a regalar”. “El 3 de marzo nos enseña que fue precisamente la clase trabajadora la que con sus luchas puso en un brete al régimen franquista. Fue la que peleó durante muchos años por las libertades y los derechos de la clase trabajadora. Fue gracias a la clase trabajadora que hoy contamos con determinadas libertades y determinados derechos”, ha defendido Jon Hernández, parlamentario. José Damián García, procurador en elas Juntas Generales, ha recordado a aquellos que “defendieron unas condiciones de trabajo dignas” y “lo pagaron con su vida”.

Cristina González, arropada por la alcaldesa, Maider Etxebarria, y Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo, ha portado las flores del PSE-EE. “Seguiremos manteniendo viva su memoria con la defensa de los derechos laborales, la libertad y la justicia social por la que lucharon”, ha subrayado el partido en la red social X. “Trabajamos desde la política para fortalecer las condiciones laborales y garantizar más derechos para toda la ciudadanía, sin dar pasos atrás”, ha dicho González, presidenta del PSE-EE, ante los micrófonos de los medios de comunicación. La ofrenda floral del PNV la ha depositado Jone Berriozabal, presidenta del Araba Buru Batrazar. La acompañaban Ramiro González, diputado general, y Beatriz Artolazabal. “49 años después, seguimos reclamando justicia, y verdad y reparación para todas las víctimas de esta cruel masacre”, ha escrito el partido en redes sociales.

Pasado el mediodía, Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, ha hablado en el marco de un acto político convocado por la coalición abertzale. “Hace 49 años, se nos quiso decir que los límites de la reforma eran infranqueables, que era mejor la derrota, la asunción de la derrota, no soñar, no tener esperanza, seguir pensando que las cosas siempre serían así. Hoy, 49 años después, 50 años después, estamos aquí para decirles que seguimos el ejemplo de los trabajdores de Gasteiz el 3 de marzo. Que seguimos en pie, que seguimos siendo la esperanza, y que la esperanza de este país pasa por un estatus de libertad nacional y por políticas sociales, socialistas y progresistas”, ha señalado Otegi.

Los ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid, Alcorcón y Parla, todos ellos gobernados por formaciones progresistas, están cubriendo las necesidades de los estudiantes de Formación Profesional (FP) de centros públicos de la Comunidad de Madrid que no encuentran empresas u organizaciones donde terminar su formación. Estas prácticas son imprescindibles para que los alumnos puedan concluir sus estudios y obtener su titulación.

La diputada de Más Madrid Beatriz Borrás cargó en el último Pleno de la Asamblea de Madrid contra el Gobierno autonómico por “no haber hecho su trabajo”. “En 2022 el Ministerio de Educación aprobó una ley que ampliaba las horas de prácticas en FP a partir de 2025. Les dieron tres años para organizarse, legislar y garantizar que cada estudiante tuviera su formación práctica asegurada. En 2023 les avisamos de que no estaban moviendo un dedo”, replicó la portavoz en temas educativos del equipo de Manuela Bergerot.

Los partidos de la oposición coincidieron en esta denuncia. El diputado de Vox Mariano Calabuig aseguró en el pleno que “parece ser que faltan” prácticas y “no todos los alumnos tienen sitio”. En esa misma línea se posicionó la socialista Emilia Sánchez Prieto, asegurando que “se necesitan el doble de plazas formativas en las empresas”, a lo que el 'popular' Pablo Posse replicó que su Gobierno no puede “obligar a las empresas a acoger estudiantes en prácticas”.

La situación ya se repitió el año pasado en la región, cuando cientos de estudiantes de la educación pública se vieron sin una plaza en una empresa o en una organización en la que completar su formación, desplazados por sus compañeros de la privada, tal y como contó elDiario.es. Los afectados por estos problemas de gestión aseguraban que los centros privados estaban pagando hasta 500 euros por las plazas, un desembolso contra el que los centros públicos no podían competir.

La portavoz de Más Madrid recriminó este jueves en la Cámara regional a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que “miles” de estudiantes de FP “no encuentran dónde hacer las prácticas” y que “50.000” alumnos “se quedaron sin plaza al inicio del curso” escolar. Sin embargo, desde el gabinete de prensa de la Consejería de Educación desmienten este último dato. “Es absolutamente falso”, indican fuentes oficiales del gabinete del consejero Emilio Viciana, que añaden que en “este curso 2024/25 han quedado vacantes cerca de 5.000 plazas públicas de FP en todos los grados y ciclos, entre ellos algunos de los más demandados”.

Para Diego Segovia, director general de Educación del Ayuntamiento de Alcorcón y miembro de Más Madrid, el “problema reside en que ha habido una falta de planificación y de organización de la Comunidad de Madrid”. Su afirmación la secundan fuentes expertas consultadas por esta redacción en este campo, que prefieren no ser identificadas, y que no tienen una afiliación política. Estos entrevistados también destacan otros factores, como el crecimiento y la demanda de la FP, así como un cambio de ley que este año obliga a que el alumnado de primer curso también haga prácticas.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid –gobernado por Izquierda Unida, MM, Verdes Equo y PSOE– calcula que acogen anualmente a 150 estudiantes de FP de grado medio y superior de centros públicos, que residen en el municipio, para hacer prácticas en el Consistorio, según explica la concejala de Educación, Charo Sandoval Morales. Allí los alumnos están haciendo prácticas en asuntos deportivos, criminológicos o con los equipos municipales de protección civil entre otras especialidades.

“Hemos tomado esta decisión porque no podemos consentir que al alumnado de la pública se le discrimine frente a la privada y que se queden sin titular por caprichos de la administración autonómica”, apunta Sandoval Morales, que cuenta que Rivas lleva años acogiendo a estos estudiantes.

Por su parte, Segovia explica que en el Ayuntamiento de Alcorcón –PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid– llevan solo un par de años asumiendo este servicio. Escogen sobre todo a estudiantes de grados de administración, jardinería, deporte, informática, comunicación y educación. “Intentamos cubrir todo el espacio”, apunta, aunque se encuentran con áreas con las que no pueden contar. “Nosotros no tenemos ninguna competencia en Medicina”, explica.

Algunos ayuntamientos se han visto desbordados. Esto ha pasado en el de Parla, gobernado por PSOE y Más Madrid, donde la concejala de Educación, Isabel Dávila, cuenta que es complicado hacer frente a todas las peticiones que reciben, ya que no solo les contactan vecinos de su municipio, también reciben llamadas de residentes en ciudades cercanas. “Hemos visto que esto ha ido cada vez a más”, explica, sobre el número de solicitudes que han recibido en los últimos meses.

El partido ecologista Verdes Equo ha criticado duramente la presencia de proyectos de macrogranjas y plantas de biogás en Castilla-La Mancha, aseverando que su promoción “abre la puerta a la destrucción de todos los recursos naturales en la región”. Así lo ha señalado el coportavoz de Verdes Equo, a nivel federal, José Ramón Becerra. Becerra acudió a la localidad de Carrión de Calatrava, en Ciudad Real, para participar como director general de los Derechos de los Animales del Gobierno de España en las II Jornadas Castellanomanchegas sobre gestión de Colonias Felinas, este sábado 8 de febrero.

Becerra ha asegurado que destinar y “especular con dinero europeo” a la construcción de plantas de biometano da “vía libre” a la creación de macrogranjas. Además, advertía de que la instalación de estas plantas de purines no solo industrializa el mundo rural, sino que contaminan los acuíferos y “acaban con el futuro de los recursos naturales”.

Tal y como destaca Becerra, la aparición de estos modelos agroindustriales suponen “un riesgo” para poblaciones como Carrión de Calatrava, Campo de Criptana, Torralba de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, apuntando a que “el 90% de las localidades que tienen ese tipo de plantas pierden población”, en referencia a las plantas de biogás.

Protesta multitudinaria en Carrión

Un millar de personas se ha manifestado este domingo en la localidad ciudadrealeña para mostrar su “total rechazo” a estas instalaciones. Afirman que pueden traer problemas de seguridad por “vertidos o fugas de residuos fétidos” y han criticado el “falso discurso” de “descabonización de economía circular en que se asientan los proyectos”.

Igualmente han aseverado que la empresa promotora “no tiene experiencia” y esto supone que no habrá equilibrio “entre beneficios y perjuicios económicos”, lo que supondrá un “gran impacto ambiental y paisajístico”.

Los vecinos han demandado que no se tramiten estos proyectos de plantas sin el conocimiento y consentimiento de los vecinos de los términos municipales que pueden verse afectados por este tipo de plantas.

Protestas también en Cuenca

Esta realidad no es ajena a otras provincias de Castilla-La Mancha. Este mismo fin de semana se convocaron protestas vecinales en Mira (Cuenca) por el futuro proyecto de una planta de residuos que quiere instalarse en la localidad. Vecinos y ecologistas protestaron contra la planta por las dudas que generan este tipo de instalaciones. Desde Ecologistas en Acción han criticado no haber recibido el expediente completo del proyecto.

Vecinos y ecologistas anuncian movilizaciones debido a las suspicacias que genera la gestión de residuos. “Hemos solicitado el expediente completo, pero no lo hemos recibido”, señala Toni Jorge, portavoz de Ecologistas en Acción.

Jorge ha reconocido que para la organización ecologista los llamados “proyectos prioritarios” son una “puerta de atrás” que dificulta el acceso a la información.

En diciembre de 2024, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció que la Comisión Provincial de Urbanismo en Cuenca había informado favorablemente este proyecto, que se había declarado como prioritario y lo vinculó al Plan de Recuperación del municipio tras la riada, aunque en realidad la iniciativa es anterior a las inundaciones.

Elkarrekin (Podemos, IU, Equo y Alianza Verde) ha registrado en las Juntas Generales de Álava una proposición de norma foral para modificar la “laxa normativa” de la Diputación Foral de Álava en materia de pago de deuda tributaria mediante entrega de bienes o derechos, iniciativa que propone incluir que sea necesaria la autorización de las Juntas Generales cuando la deuda tributaria a satisfacer mediante dación en pago sea superior a los 50.000 euros.

En un comunicado recogido por Europa Press, el portavoz de la coalición, David Rodríguez, ha explicado que la regulación actual de este procedimiento “excepcional” para la extinción de las obligaciones tributarias “es en exceso escueta”. “Deja un margen demasiado amplio para las valoraciones subjetivas de los bienes, y presenta un tratamiento insuficiente en comparación con los otros dos territorios vascos y las haciendas navarra y estatal”, ha explicado.

Sería el caso de la operación fiscal por la cual un contribuyente no identificado entregó 200 grabados de Francisco de Goya, más de 80 cuadros -incluido el tríptico de la Guerra Civil de Aurelio Arteta, coetáneo al 'Guernica' de Pablo Picasso- y, según se ha conocido también, tres tallas de madera antiquísimas para saldar una deuda de 4,3 millones en el Impuesto del Patrimonio. La Hacienda alavesa no ha explicitado aún quién donó las obras para saldar la deuda.

Ante esta situación, Elkarrekin plantea una modificación de la norma foral general tributaria de Álava para recoger los requisitos que tendrá esta forma especial de pago. En concreto, para admitir el pago de la deuda tributaria mediante la entrega de obras u objetos de interés histórico o artístico o la cesión de otros bienes o derechos, plantea que sea necesario “un informe pericial previo que contenga la valoración de los bienes y el informe sobre el interés para el territorio de aceptar esta forma de pago”. “Estos documentos serán emitidos por el Departamento competente en materia de patrimonio y en materia de cultura, en el caso de que los bienes pudiesen ser de interés histórico o artístico, así como cualquier otro que se estime oportuno”, ha explicado.

La proposición de norma foral establece que, en todo caso, será necesaria la autorización del pleno o de la comisión competente en materia de Hacienda de las Juntas Generales de Álava “cuando la deuda tributaria a satisfacer mediante dación en pago sea superior a los 50.000 euros”. Asimismo, la propuesta establece un cambio en la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con una nueva redacción al artículo 103.3, “para evitar que esta forma de pago incluya las sanciones tributarias y que no se integren en la base imponible las rentas que se pongan de manifiesto con la ocasión de dación en pago”.

En cuanto a los plazos, Elkarrekin plantea en una disposición adicional que la Diputación proceda en un tiempo máximo de dos meses a modificar la regulación del pago de la deuda tributaria mediante la entrega de obras u objetos de interés histórico o artístico o la cesión de otros bienes o derechos. Finalmente, se establece una disposición transitoria para el caso de que se encontrase en tramitación alguna solicitud de pago en obras de arte en el momento en que la norma foral entre en vigor y hasta que se proceda a la adaptación de los Reglamentos correspondientes.

Rodríguez ha resaltado que la Hacienda de Álava tiene la regulación “más escueta y deficiente en materia de pago mediante dación de bienes” y ha subrayado que “la propia Diputación ha reconocido en una respuesta por escrito en las Juntas Generales que la valoración de las obras de arte que entregó un contribuyente para satisfacer una deuda derivada de la liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio se realizó por un perito pagado por la propia persona afectada”. Por ello, Rodríguez considera “preciso establecer una regulación más precisa de esta forma de pago, que en el Estado requiere la valoración de los bienes de la comisión de valoración de las Juntas de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español con determinación, no vinculante, del posible interés público en la adquisición”.

Verdes Equo Castilla-La Mancha se ha posicionado este sábado en relación a la propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía que esta semana han tomado en consideración las Cortes regionales para iniciar su tramitación parlamentaria.

El partido verde en la comunidad autónoma ha expresado su “preocupación” por un texto en el que detecta “carencias” tanto en el plano social como medioambiental y critica el propio proceso político para su reforma.

Verdes Equo Castilla-La Mancha cree que cualquier reforma del Estatuto de Autonomía “debe estar orientada a fortalecer los derechos sociales, la protección del medio ambiente y la participación ciudadana. Nos preocupa que la actual propuesta no aborde adecuadamente estos aspectos fundamentales”.

La formación echa en falta “disposiciones claras y contundentes en favor de la sostenibilidad y la protección ambiental” y reclama “un marco jurídico que garantice la preservación y regeneración de sus ecosistemas, cuyo estado determina la salud de las personas”.

En su opinión el compromiso con la sostenibilidad “queda completamente diluido al apostar por continuar fijando el crecimiento económico como objetivo”. En el caso del agua, dicen, “es difícil comprender la idea de blindar el agua en el Estatuto hablando simplemente de competencias”, ya que sostienen que el problema fundamental se encuentra en la sobreexplotación de los acuíferos de los que depende el consumo humano, con más de la mitad de las aguas subterráneas ya contaminadas en Castilla-La Mancha y además “sin plantear un cambio de modelo” que ponga fin a las macrogranjas y al uso generalizado de pesticidas y fertilizantes químicos que llenan de nitratos las reservas de agua. Con esos mimbres, insisten, “es difícil hablar de un cuidado real del agua, la fuente de la vida”. 

La horquilla de diputados se queda corta: piden entre 75 y 100

El nuevo texto propone que las Cortes de Castilla-La Mancha estén constituidas por un mínimo de 25 escaños y un máximo de 59 y que cada provincia estará representada, en todo caso, por un mínimo de tres escaños.

Verdes Equo reclama “una mayor representatividad en las Cortes, con una horquilla de escaños que permita una ratio por miles de habitantes más justa, oscilando entre los 75 y 100, en lugar de entre los 25 y 59 propuestos en la reforma del Estatuto”.

Es vital que se desarrolle en mayor medida el papel de las comarcas como elementos vertebradores de transiciones justas hacia modos de vida sostenibles y el bienestar del conjunto de la población

Como claro ejemplo de lo que califican de “desproporción” provocada por el actual Estatuto, apuntan que las Cortes de Castilla-La Mancha tienen el mismo número de escaños (33) que el Parlamento de La Rioja, aun teniendo seis veces más población.

Por otro lado, dicen, “es vital que se desarrolle en mayor medida el papel de las comarcas como elementos vertebradores de transiciones justas hacia modos de vida sostenibles y el bienestar del conjunto de la población”.

Piden incluir medidas sobre vivienda y transporte público

Por otro lado, creen “crucial” que la reforma refuerce los derechos sociales de las y los castellanomanchegos. “Abogamos por la inclusión de medidas que garanticen el acceso universal a servicios públicos de calidad, especialmente en áreas como la sanidad, la educación, la vivienda y el transporte público. La equidad y la justicia social deben ser pilares fundamentales del nuevo Estatuto”.

No estamos de acuerdo con la redacción y el proceso restrictivo y excluyente seguido por el PSOE Y PP sin la consulta al conjunto de organizaciones políticas y sociales de la región

Otra de las cuestiones que echan en falta es la necesidad de aumentar los mecanismos de participación y deliberación ciudadana en la toma de decisiones. “La democracia participativa debe ser un elemento central del nuevo Estatuto, facilitando que la ciudadanía tenga una voz activa y directa en los asuntos que afectan a nuestra comunidad”.

Verdes Equo de Castilla-La Mancha insta a todas las fuerzas políticas a trabajar “conjuntamente” para lograr una reforma del Estatuto de Autonomía que realmente responda a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. Consideran “fundamental” que esta reforma sea el resultado de un “proceso inclusivo y transparente, que ponga en el centro a las personas, la habitabilidad del territorio y al planeta”.

“No estamos de acuerdo con la redacción y el proceso restrictivo y excluyente seguido por el PSOE Y PP sin la consulta al conjunto de organizaciones políticas y sociales de la región y la apertura de un diálogo social ante la relevancia que supone la reforma del Estatuto de Autonomía”, critican para reiterar su “compromiso con una Castilla-La Mancha más justa, sostenible y democrática”.

El Gobierno municipal de Vitoria ha mostrado este martes su “muchísimo orgullo” por el plan especial de limpieza de grafitis y otras pintadas en el barrio de Ariznabarra, según ha verbalizado con vehemencia el concejal de Limpieza, el socialista Pascual Borja. El edil, en una comisión y ante las críticas de toda la oposición sin excepciones, ha admitido que existen informes que muestran irregularidades en la contratación del servicio pero ha insistido en que queda claro que no hubo un ánimo “fraudulento”. Ha pasado de puntillas por el hecho de que la empresa contratada se creó 'ad hoc' para recibir esa adjudicación después de pactarlo con el Ayuntamiento -algo que ha admitido su propio administrador-, que no tenía ni experiencia ni medios para realizar el trabajo y que, mediante un fraccionamiento y presentando las facturas con dos CIF diferentes, ha acabado cobrando cerca de 50.000 euros sin haber superado un concurso cuando el tope para las adjudicaciones menores o directas es de 15.000 euros.

Borja ha señalado que irá también “con orgullo” en los próximos días a Madrid a recoger el premio Escoba de Platino por este plan. Aunque el asunto de estos contratos lleva desde febrero encima de la mesa, el concejal del PSE-EE ha asegurado que ve un aroma “electoralista” en las críticas de la oposición y particularmente del PP, dado que este domingo hay elecciones europeas y esta comisión se ha celebrado ahora. A EH Bildu, que fue quien realizó hace ya cinco meses algunas preguntas sobre la empresa Solutigraf y sobre su dueño, A.U.M, le ha llegado a decir que fueron quienes dieron “la cerilla” a un “pirómano” o quienes pusieron “sangre” en un “estanque de tiburones”, en referencia a los 'populares', que después han sido muy beligerantes con este caso, adelantado en marzo este periódico. Cuando ya no había posibilidad de darle réplica, ha lamentado que, como socialista, esperaba de la coalición abertzale “ayuda” para que “la maquinaria del fango se quedara en Génova” y no una pinza desde la oposición.

El responsable de Limpieza ha dicho también que el plan ha permitido borrar también pintadas de tipo vandálico y político, cuando esa labor ya la tiene encomendada la brigada municipal de limpieza, prestada por las empresas de larga trayectoria Prezero y Onaindia y que atiende llamadas de toda la ciudad, no solamente del barrio elegido para el plan piloto, Ariznabarra. Borja ha añadido que Vitoria precisa de recursos para adecentar sus paredes y calles. “Hay una gran necesidad. La ciudad, por imagen, tiene que lucir de otra manera. No creo que la situación social sea para que tengamos la ciudad llena de pintadas”, se ha lamentado. Además, ha aprovechado para lanzar un guiño a sus funcionarios: “Son muy buenos los técnicos. Aciertan casi siempre”.

Todo lo más, Borja ha admitido que, a la luz de las críticas internas del interventor y del secretario general municipales, “se podía haber elegido un procedimiento más adecuado”. “Pero aquí de fraudulento nada”, ha clamado. Hasta ha añadido que la elección de Solutigraf “no fue a dedo” aunque es precisamente la esencia de los contratos menores: la elección de empresas de modo discrecional y directo. Para el edil hay en torno a esta cuestión un “despliegue de hipérbole y exageraciones”. El socio del PSE-EE en el gabinete de Maider Etxebarria, el PNV, ha secundado a los socialistas y ha considerado que el tema está ya agotado. “La vaca está ya más que ordeñada”, ha ironizado César Fernández de Landa, que en todo caso ha admitido que “en todos los ayuntamientos” y también en Vitoria hay anomalías en la contratación que no tienen la consideración de “fraudulentas”.

La oposición, que tiene mayoría en el pleno, no ve igual el asunto. El PP insiste en que ha habido “chanchullos” en la contratación del servicio de limpieza de grafitis. Ve “anomalías” y “pocas explicaciones” en el proceder del Ayuntamiento y ha demandado “humildad” al PSE-EE. Se ha quedado en el aire la pregunta del concejal Alfredo Iturricha de si va a continuar el plan y si se va a continuar contratando de la misma manera que hasta ahora. El dueño de Solutigraf verbalizó a este periódico que había recibido “garantías” de que iba a continuar trabajando para la Administración.

EH Bildu ha pedido que el debate se abstraiga del objeto concreto de los contratos. “Es lo de menos”, ha pedido Amancay Villalba. Lo relevante, a su juicio, “es el procedimiento”. No entiende por qué el Gobierno local ve “benevolente” un informe interno que alerta de fraccionamiento de contratos e irregularidades y ha pedido “que se tomen medidas”, como aprobar una “instrucción de contratación”. “Desde 2019 hay un borrador y el Gobierno municipal lo tiene guardado en un cajón”, ha enfatizado Finalmente, el concejal de Equo y de la coalición Elkarrekin, Óscar Fernández, ha rescatado un informe más general de 2022 que avisa de que los mismos problemas que se han dado con los grafitis se repiten con numerosas contrataciones. “Tenemos que evitar este tipo de procedimientos”, ha señalado el edil de la formación de izquierdas.

El nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) de Vitoria proyecta la construcción de más de 24.000 viviendas en la próxima década pero dentro de “la ciudad ya consolidada sin consumir más suelo”. Desecha incluir más terreno industrial, ya que alargaría los plazos de su tramitación y “pondría en riesgo la inversión en la planta de Mercedes-Benz”, de más de 1.000 millones de euros. La alcaldesa Maider Etxebarria, que encabeza una coalición del PSE-EE y el PNV, ha cerrado con la coalición Elkarrekin (Podemos, Berdeak Equo, IU y Alianza Verde) un acuerdo de calado, ya que llega tras más de veinte años de bloqueo.

Etxebarria exhibe, a punto de cumplirse un año de su llegada al cargo, geometría variable. Fue investida gracias al PP, cerró sus primeros presupuestos con EH Bildu y ahora aprueba el principal instrumento urbanístico de la capital vasca mirando a la izquierda. Se trata de “un gran día” para la ciudad, ha solemnizado la regidora, que entiende que el pacto permite “desbloquear el desarrollo de la ciudad en la próxima década” y lograr una “Vitoria más amable, compacta y sostenible”.

El concejal del ramo, Borja Rodríguez (PSE-EE), ha explicado que el nuevo PGOU posibilita viviendas en bajos. “No es una barra libra a colocar una vivienda baja en cualquier local. Estos planes especiales requerirán un estudio detallado y exhaustivo”, ha manifestado al respecto, para exponer que el plan no fija un plazo de tiempo estimado de la lonja sin uso, aunque ha hablado de “unos diez años” y ha especificado que “será un estudio posterior el que determine qué zonas y barrios” pueden albergar estas viviendas en los bajos, informa Europa Press.

También en ámbito residencial, el PGOU posibilita la construcción de una vivienda “de la misma altura de la colindante” en la calle de José Erbina, junto a la estación de ferrocarril, “desbloquea” la construcción de un edificio en el número 53 de la calle de la Florida y “estima” construir entre 800 y 900 viviendas en los terrenos liberados por el futuro soterramiento de las vías del tren. Asimismo, permite un nuevo ámbito residencial en una parte de los terrenos del colegio de los Marianistas, “con un estudio previo del tráfico y la movilidad de la zona”, colindante a la plaza de Lovaina, que definirá también el ámbito y las tipologías de viviendas a construir, tanto “oficial como libre”.

Por otra parte, el documento “plantea una actuación de regeneración de viviendas en la plaza de los Guardias, junto al hospital de Santiago, para permitir ”equiparar los edificios en altura al bloque colindante de la calle de Francia“, con planta baja, cuatro plantas y ático. En suelo rural, se ”permite el crecimiento de las entidades locales sin mas consumo de suelo, al “posibilitar subdividir cualquier tipo de vivienda existente en un máximo de cuatro”, con una superficie media de 85 metros cuadrados por vivienda, y se elimina las limitación en altura de los pabellones industriales.

Uno de los puntos más debatidos alrededor del nuevo PGOU ha sido la ampliación del actual suelo industrial, tras la petición de varios colectivos empresariales por contar con mayor disponibilidad de terreno. Finalmente, el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta estas alegaciones, aunque “deja la puerta abierta” a futuras modificaciones si fuera necesario ante peticiones empresariales o industriales. Rodríguez ha señalado que “al Gobierno le hubiera gustado incluir más suelo industrial”, pero que “implicaba un cambio de calificación que requería una nueva exposición pública”, lo que alargaría el proceso “otros ocho meses” y pondría el riesgo la inversión de 1.000 millones de euros en el desarrollo de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria.

“Existía la disyuntiva de o mas suelo industrial o garantizar la nueva inversión en Mercedes-Benz. El retraso para incluir mas suelo industrial era inasumible para este proyecto y, por ello, optamos por priorizar el plan de Mercedes-Benz”, ha argumentado. A pesar de ello, Rodríguez ha manifestado que “el PGOU no es un documento estático ni inamovible”. “Puede sufrir modificaciones y si hay demanda de uso industrial se favorecerá. Se deja la puerta abierta ante una necesidad de más suelo industrial”, ha garantizado.

La teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, ha expuesto que al PNV le hubiera gustado ser “más ambicioso” respecto al suelo industrial. Pero Etxebarria recalca que el PGOU sí contempla dicha ampliación de Mercedes-Benz, así como la de la factoría de Michelin, y dispone de suelo para el futuro proyecto de Basquevolt en la ciudad, “para llevar a cabo los proyectos estratégicos de Vitoria”. Por otro lado, permite aumentar el crecimiento en altura de las edificaciones industriales para “ganar unos 300 metros cuadrados” y posibilitar ampliaciones de las empresas en sus “actuales ubicaciones”, así como, “de forma excepcional”, alcanzar los 1,70 metros de altura “que conllevará la renovación de urbanización y los servicios del entorno”.

En ámbito comercial, el acuerdo facilita el uso terciario para implantar negocios y actividades económicas en los edificios en desuso de Telefónica en la calle del General Álava y en la avenida de Gasteiz, además de en la instalación de la Panificadora Gorbea. Por otro lado, posibilitará la colocación de terrazas en edificios como el ático del palacio de Congresos Europa y en la plaza de Abastos, que estará regulado mediante una ordenanza municipal.

Cuestionado por los periodistas, el concejal Rodríguez ha descartado la posibilidad de efectuar una ronda de tráfico al sur de la ciudad, así como nuevas construcciones, ya que el PGOU “mantiene la desclasificación de los sectores” en esta zona de la ciudad, por lo que “no están previstas estas infraestructuras”. Éste ha sido uno de los asuntos que más ha destacado Elkarrekin a la hora de pactar con el Gobierno municipal. Su portavoz, Garbiñe Ruiz, de la parte de Podemos, ha señalado que el acuerdo “pone freno definitivo a la expansión” de la ciudad. “Era requisito irrenunciable que quedara erradicada la tendencia expansionista que dio alas al urbanismo depredador en la ciudad. La nueva orientación propicia un desarrollo urbano que respeta el entorno natural, ya que el municipio crece hacia dentro en lugar de hacia fuera, y opta por la regeneración y aprovechamiento de zonas ya consolidadas”, ha manifestado. Su compañero de Equo, Óscar Fernández, ha destacado que “no se va a construir más suelo industrial que el destinado a la automoción”, así como la “prioridad de aprovechar el actual suelo industrial en desuso de los polígonos de Gamarra y Betoño”. Asimismo, ha explicado que el PGOU se mantiene acorde al decreto del Gobierno vasco al “limitar a la primera planta los pisos turísticos” y “favorece el despliegue de energía fotovoltaica en cubiertas y tejados de la ciudad”, además de plantas de autoconsumo en la zona rural del municipio.

El Ayuntamiento ha explicado que ahora se incorporarán las alegaciones acordadas al documento de aprobación provisional, para que sea sometido al dictamen del pleno a finales de año. “Posteriormente, será remitido a la Comisión de Ordenación del País Vasco y una vez se reciba su dictamen, el PGOU se aprobará definitivamente en verano de 2025”.

Tal vez, vivir en campaña permanente nos hace insensibles al período electoral en el que nos encontramos. La ciudadanía, vacunada contra el ruido mediático generado por la polarización política que sufrimos, transita inmunizada a los mensajes trabajados en el seno de los partidos políticos que el 21 de abril optan a diferentes objetivos electorales.

La escasa pulsión electoral que sobrevuela el electorado vasco hace que la campaña electoral tome relevancia y que los partidos políticos lo apuesten todo a la última semana de campaña conocedores de que una bolsa importante de electores decidirá su voto casi a pie de urna.

El escaso nivel de conocimiento de los principales candidatos, junto con el escaso carisma de quienes los acompañan en la contienda electoral, provoca una campaña centrada en las siglas de los partidos con marcado carácter territorial. Y, en este contexto, ¿cómo se venden los partidos?

Comencemos por quien parte como novedad en unas elecciones al Parlamento Vasco, la candidatura de Sumar. Si bien es identificada por su líder Yolanda Díaz, en Euskadi la encabeza una gran desconocida, pero apoyada por IU-Ezker Anitza o Equo Berdeak, partidos con dilatada experiencia institucional en Euskadi. El fondo blanco ayuda a centrar la mirada en la marca a la que acompañan elementos que parecen ser extractos de la ikurriña y que 'vasquizan' el proyecto que quiere ocupar un espacio político huérfano ahora y lograr una “Euskadi berria”.

Sin embargo, el rosa fucsia de Sumar tiene a su derecha un PSE-EE decidido a que Euskadi siga instalado en políticas estancadas. Al partido socialista le hace falta un pepito grillo en su hombro izquierdo que impulse políticas progresistas, tal y como lo demuestra el Gobierno de coalición de España. En Euskadi, sin embargo, deja claro que se siente más cómodo gobernando con la derecha vasca. Y es que el rojo socialista no falla, pero ya no se identifica con políticas de izquierdas. Su eslogan lo deja claro, son “quienes deciden” y ya han decidido.

A Imanol Pradales no le basta con el apoyo explícito de los socialistas vascos. La pérdida continuada de votos en las últimas elecciones lastra una campaña centrada en unas siglas desgastadas por la gestión del PNV de los últimos años y con una desmovilización en las filas 'jeltzales' desconocida hasta la fecha y con poca experiencia en campañas de movilización. Ser una “fuerza nueva” evoca más al pasado que a un futuro de bienestar por construir. Las franjas rojas y verdes son elementos que históricamente han acompañado a las siglas del partido, pero han dejado demasiado solo a un candidato vendido al PSE-EE y en una carrera de fondo con Pello Otxandiano. Ambos, Pradales y Otxandiano, rivalizan por quedar primeros el 21 de abril en la crónica de un Gobierno anunciado. Porque piensen lo que piensen los y las votantes del PSE-EE, Eneko Andueza ya ha decidido y, pase lo que pase, gobernará el PNV.

Una de las principales premisas en campaña, si los datos te son favorables, es no 'meter la pata'. EH Bildu es sabedor de ello y de que sus siglas cotizan al alza tras los resultados en las contiendas electorales de 2023. Por eso, han decidido pasar de puntillas en esta campaña. Sin estridencias. Y para eso, qué mejor candidato que Otxandiano, discreto y agazapado tras unas gafas que ocultan al menos una timidez implícita. Esta discreción se ha trasladado al cartel en el que candidatos y candidatas se mantienen en un segundo plano dando el protagonismo al estruendoso verde de su marca.

“El cambio es ahora”, eslogan elegido por EH Bildu roza el utilizado por un Podemos que en 2015 situado en la cresta de ola pretendía asaltar las instituciones y que ahora Arnaldo Otegi rescata para alcanzar el cielo vasco. Mientras, los de azul, el Partido Popular, acostumbrados a centrar la batalla en relatos 'madrileños', sufren una campaña territorializada con la vivienda y la salud como ejes. No caben 'ayusadas' en una “Euskadi abierta” que nos tendrán que explicar a quién o a qué.

Y en esta ensalada de colores y eslóganes estamos las vascas y los vascos a la espera de pasar el trago y que el 22 de abril nos encontremos con que nada haya cambiado y, por tanto, no logremos tener una Euskadi nueva, porque quien decide ha decidido que el bienestar en Euskadi continúe en construcción 'in saecula saeculorum'.

Fue Felipe González el que alertó hace décadas ya de que en política “también se puede morir de éxito”. Lo hizo en la sesión de apertura del 32.º Congreso del PSOE, el 9 de noviembre de 1990. El entonces presidente español y líder socialista quería preparar a sus huestes para afrontar una transformación en las ideas y la renovación del proyecto del PSOE. Es verdad que luego a él se lo llevó por delante la ventolera de la guerra sucia contra ETA y, sobre todo, los casos de corrupción. ¿No se acuerdan de aquel PP repitiendo hasta la saciedad el mantra de “paro, despilfarro y corrupción”? España ha cambiado mucho (bueno, en corrupción no tanto) y el País Vasco, más aún.

Si hay un partido que disfrutó de las mieles del éxito —sobre todo en Euskadi—, ese es Podemos. En dos ocasiones, los de Pablo Iglesias asaltaron los cielos vascos con sendas victorias en las elecciones generales de 2015 y en su repetición en 2016, ante la mirada desde la barrera de un PNV al que el tsunami morado le pilló con el pie cambiado. Hoy, la Elkarrekin Podemos que colidera junto a Pilar Garrido la candidata a lehendakari, Miren Gorrotxategi, lucha por conseguir algún asiento (entre cero y tres les dan las diferentes encuestas) en la Cámara vasca. No está nada claro.

El ecologista Juantxo López de Uralde sabe de primera mano lo que es el éxito. Como candidato por Araba, logro ser el más votado de todos los de su formación en España. Fue en aquellos comicios generales en los que los de Iglesias habían llegado para tomar los cielos al asalto, hacer un sorpaso —otro más, como ahora EH Bildu con el PNV— en toda regla al PSOE y, de paso, poner la política española patas arriba.

“Eso es la prehistoria”, reconoce con una sonrisa Juantxo. Este jueves por la tarde, a unas pocas horas del banderazo de arranque de la campaña, López de Uralde disfruta de un sorbete de limón y de un tiempo primaveral en una terraza desde la que solo se ven banderas y más banderas rojiblancas.

Pero él se bate el cobre en Araba. Está moderadamente tranquilo, aunque admite que el escenario de cero escaños es “una posibilidad”. “Mi apuesta es tres, grupo parlamentario y que Vox se quede fuera del Parlamento Vasco”, aventura. No está a gusto con la división, pero cree que “Yolanda se ha equivocado por completo; desde luego en Galicia y Euskadi es muy claro”. Está confiado en sacar su acta de diputado y sabe que su candidatura preocupa a EH Bildu en un territorio que puede inclinar la balanza en un sentido u otro en la pelea por la hegemonía del espacio nacionalista/soberanista/independentista. 

“Yo no tengo que hacer cosas raras ahora. Ya conocen toda mi trayectoria, ese es mi bagaje y tarjeta de presentación”, añade. Su intervención en el arranque de campaña fue de las más aplaudidas, y competía con una política con la que ha compartido las mieles del éxito y las lágrimas de la derrota, la exministra de Igualdad Irene Montero. Pero ¿será suficiente en unas elecciones tan polarizadas entre PNV y EH Bildu?

No se hacen prisioneros

Las direcciones de Sumar y Podemos han dejado huérfano a ese electorado a la izquierda del PSE-EE que ahora se debate entre una profunda desazón y la desorientación por la guerra fratricida abierta entre ambos partidos. Un conflicto interno en el que no se hacen prisioneros y que ha impedido a ese espacio político volver al Parlamento gallego. Veremos qué pasa el próximo 21 de abril.

Emilio frisa los 60 años, como buena parte del público que llenó en la capital vizcaína el arranque de campaña de la coalición Elkarrekin Podemos Alianza Verde. Por cierto, a última hora, los organizadores del acto cambiaron de sala y decidieron dar la sensación de llenazo… con una sala más pequeña. Es un dato. Decía que Emilio es un tío de izquierdas, de siempre. Militante desde el minuto cero en Podemos Euskadi: “Conocí a Lander Martínez [exlíder de Elkarrekin Podemos y ahora el hombre de Sumar en Euskadi] en los círculos de Bilbao”, rememora. Y tiene un cabreo del diez. “Con todos. Este declive empezó con lo del chalé de Galapagar y luego con todo lo de Sumar y Yolanda Díaz. Mira, yo sigo siendo de Podemos, cotizante, pero no sé aún si les voy a votar”. 

Emilio se cabrearía aún más si leyese el acta de la reunión celebrada el 20 de febrero pasado, el último intento de que ese espacio político concurriera junto en una lista electoral unitaria. El texto —que no se hizo público en su día— tiene tres folios y en la parte final hay una imagen de cuatro manos con una de las máximas de Antonio Gramsci (de nuevo Italia en el subconsciente político vasco en esta campaña tan atípica) en euskera: “El optimismo de la voluntad, frente al pesimismo de la inteligencia”. Podemos confirmó allí que su dirección en Euskadi “se comprometía a dimitir y a no presentar una candidatura en solitario” si la dirección estatal en Madrid vetaba el acuerdo unitario o si las bases en consulta no apoyaban concurrir conjuntamente, como ya pasó en Galicia.

La respuesta de Sumar en ese mismo encuentro fue clara. “Podemos Euskadi no tiene autonomía real para acordar contra la voluntad de Podemos estatal, por parte del que Sumar está recibiendo continuos ataques. Por más que en Euskadi se haya hecho un esfuerzo, ”en Madrid no quieren“. ”Por lo tanto, no hay ya más camino que recorrer“, zanjaron. 

“Hay un elefante en la habitación que debe explicitarse: la dirección de Podemos en Madrid, con actuaciones cuestionables como la ruptura en el Congreso, la decisión en Galicia o el voto contra el decreto del Ministerio de Trabajo”, añadió el representante de Ezker Anitza-IU, que finalmente va en coalición con Sumar. Y Berdeak Equo, presente también en la reunión, recordó que Podemos le expulsó del espacio en 2020 y, al igual que IU, sacó los colores de la formación morada porque su partido “no ha recibido ni un euro” de lo acordado en las elecciones municipales sobre financiación del espacio.

El ‘síndrome de La Vida de Brian’

Uno de los demiurgos (no el único) de ese intento fallido de unidad fue Imanol Zubero, doctor en Sociología por la Universidad de Deusto y profesor en la universidad pública vasca (UPV-EHU). Él, a diferencia de Emilio, no se siente huérfano y anima a la gente a acercarse a las urnas. “Yo voy a votar. Ojalá ambos partidos saquen representación. Tal vez este problema del ‘síndrome de La Vida de Brian’ [la desternillante escena en el Coliseo romano de la división entre el Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea] no sea un error y, en realidad, sea parte de la naturaleza de ese espacio. Igual solo tiene que aspirar a influir en los Gobiernos desde fuera, aunque tenga una expresión electoral; no lo sé”, plantea Zubero.

Lo que se viene en llamar el espacio confederal de izquierdas en realidad siempre ha existido en Euskadi. Primero lo aglutinó la extinta Euskadiko Ezkerra (EE) de Mario Onaindia y Juan Mari Bandrés (que llegó a tener 124.423 votos y nueve escaños en el Parlamento Vasco de 1986). Luego le llegó el turno a la Ezker Batua de Javier Madrazo, consejero en los Ejecutivos del lehendakari Juan José Ibarretxe, que lleva años pidiendo el voto para EH Bildu, después de haber acudido a los círculos de Podemos en Bilbao en la primera época morada. Zubero —que también fue en su día senador por el PSE-EE— ha participado y apoyado todas esas experiencias políticas de las izquierdas vascas. Acaba de volver de la montaña palentina, con nieve aún pegada en las botas y el móvil descacharrado. “Se me cayó al agua”, relata.  

Le abordo telefónicamente en el rellano de la vivienda familiar, justo antes de entrar para ir a visitar a su ama. “Lo han hecho todo mal, al final unos más que otros”, admite, pero no quiere señalar a nadie. “Si miro hacia atrás este ha sido, tras lo de EE y lo de Ezker Batua, mi tercer fracaso. Ahora no ha podido ser, pero espero que, pase lo que pase, tras las elecciones se pueda articular de manera unitaria ese espacio”, resume, intentando ver la botella medio llena. 

Emilio, al final, no apareció por el mitin de arranque de campaña de Elkarrekin en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Y sigue deshojando la margarita. Las cosas han cambiado mucho desde aquellos resultados magníficos en las elecciones generales de 2015 y 2016. Un éxito que no volverá. “Nola aldatzen diren gauzak, kamarada!”, cantaba el grupo alavés Hertzainak en su primer trabajo. ¡Cómo cambian las cosas, camarada Gorrotxategi!, sería su traducción aplicada a esta contienda electoral.

El Parlamento Vasco tiene dos principales funciones, que son la producción legislativa y el control del Gobierno. Los 75 parlamentarios que integran la Cámara -aunque en un inicio eran 60- pueden formular preguntas e interpelaciones, pedir informes y presentar iniciativas legislativas y no legislativas. Desde que echase a andar en la primera legislatura, que arrancó en el año 1980 tras la aprobación del Estatuto en 1979, se han registrado ante él muchas —muchísimas— iniciativas. Según los datos de la propia Cámara, son 61.118, sin contar las actuales activas en la diputación permanente.

Han llegado de todos los colores políticos —la UCD de Adolfo Suárez, por ejemplo, tenía representación en la primera legislatura, y también estuvieron los foralistas alaveses de UA en varias— y han versado sobre una amplia variedad de temas, con la administración pública y el autogobierno como principales, con hasta 3.600 cada una en un solo año, pero también de otras temáticas, como medioambiente, vivienda, transporte o el sector primario. Como es lógico, el estar alejado de Ajuria Enea redunda en una mayor producción de iniciativas. Caso paradigmático fue el del PNV en la única legislatura, la novena, en la que no hubo un lehendakari 'jeltzale': entre 2009 y 2012, el grupo llegó a registrar 8.807 iniciativas.

Este primer gráfico sirve para ver cómo ha evolucionado el número de iniciativas por año, desde las 279 del primer año de trabajo del Parlamento Vasco, en 1980, hasta el pico de 18.254 en 2013. Las barras muestran el total al sumar las iniciativas de cada tipo, en diferente color.

En este segundo gráfico, las iniciativas registradas ante la Cámara aparecen separadas por temática. Se puede usar la caja para indicar uno o varios temas y comparar la evolución en el número de iniciativas. Administración pública e instituciones y autogobierno son siempre los temas que más acaparan, con hasta cerca de 4.000 iniciativas en un solo año.

Este último gráfico analiza la evolución del número de iniciativas presentadas por grupo parlamentario. El número es siempre más elevado cuando el grupo parlamentario no forma parte del Gobierno o no lo apoya. Así, cuando el PNV no formó parte del Gobierno vasco en la novena legislatura, la que fue de 2009 a 2012, llegó a registrar 8.807 iniciativas, frente a las 87 de la anterior y las 124 de la siguiente. De igual manera, el PP registró 2.695 y 2.609 iniciativas en la séptima y octava legislaturas y la cantidad cayó luego hasta las 1.521 en la novena, cuando alcanzó un acuerdo para investir como lehendakari a Patxi López, del PSE-EE.

Se han hecho algunos ajustes: Alianza Popular y PP, por un lado, y UCD y CDS, por el otro, van en la misma línea, al igual que PCE, IU y Ezker Batua y también algunas de las marcas usadas por la izquierda abertzale, como Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. El PSE y Euskadiko Ezkerra van por separado hasta que se juntan en la quinta legislatura.

Sumar vive en una negociación constante. Después del reparto de ministerios, las gallegas, la coalición para las vascas y las tensiones para la articulación el futuro frente amplio llega el momento definitivo para la lista de las europeas. Esta semana la dirección celebró una serie de reuniones bilaterales con los partidos para hablar de la conformación de una candidatura en la que hasta seis formaciones diferentes aspiran a tener un puesto de salida. 

La ecuación es complicada porque hay pocos lugares que repartir. Sumar y el resto de formaciones negocian, según varias fuentes consultadas, a partir de un esquema de cuatro puestos de salida. Esto es, todos coinciden en que es bastante factible sacar esos cuatro escaños en las próximas elecciones, que en España se celebran el 9 de junio. A partir de ahí, las opciones se complican.

Estas europeas tienen dos peculiaridades que hacen que Sumar dibuje un escenario optimista de seis escaños. España cuenta con cinco eurodiputados más a repartir a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Además, a diferencia de 2019, estas elecciones que suelen ser de baja participación no coinciden con autonómicas y municipales. Cuando esto ocurre la asistencia a las urnas de las europeas suele subir por arrastre. Y a menor participación menos cantidad de votos necesita cada candidatura para conseguir escaño. 

En las negociaciones para los primeros puestos hay seis partidos: Sumar, que como en las generales pone personas como cuota propia, Izquierda Unida, Catalunya en Comú, Más Madrid, Compromís y Verdes Equo.

El primer puesto de la lista era un quebradero de cabeza para Sumar desde hace meses. La decisión de Podemos de colocar como cabeza de lista a la exministra Irene Montero obligaba a la plataforma de Yolanda Díaz a buscar un perfil potente. La plataforma finalmente ha elegido a la directora de la ONG CEAR, Estrella Galán, una propuesta que cuenta con el consenso del resto de formaciones por su perfil como experta en derechos humanos, personas migrantes, refugiados y el derecho de asilo.

Acordado el ‘número uno’ quedan tres puestos –cuatro o cinco en esos escenarios más optimistas– para repartir entre todas las formaciones. Algunas fuentes conocedoras de las negociaciones, todavía muy incipientes, sostienen que Sumar ha trasladado su voluntad de mantener también el segundo puesto de esa lista, que podría ser para María Eugenia Rodríguez Palop, actual eurodiputada y cabeza de lista de Unidas Podemos en los comicios de hace cinco años. 

La única formación que ha expresado públicamente su intención de disputar ese segundo puesto es Izquierda Unida aunque lo ha hecho a través de su candidato, Manu Pineda. En una entrevista en Infolibre afirmaba que no se puede “cuestionar” que su partido tenga el 'número dos' y un segundo puesto de salida en un escenario en el que Sumar sacase unos seis escaños. 

Fuentes de IU indican que las negociaciones de esta semana han sido una primera toma de contacto y que todavía no hay nada concreto, aunque es previsible que la semana que viene haya una segunda ronda de reuniones en la que se produzcan avances.

Todos los partidos ponen sus argumentos para ir arriba en las listas. Izquierda Unida es la formación que aportará más recursos económicos a la campaña puesto que es una de las dos patas que concurrieron hace cinco años con Unidas Podemos. Lo mismo ocurre con los tiempos de debate y los espacios publicitarios. 

Catalunya en Comú y Más Madrid están integrados al igual que IU en la construcción orgánica de Sumar como un proyecto que aglutine a los partidos de la coalición y Compromís, por su parte, alega que después de quedarse fuera del reparto de ministerios, algo que no era prioritario para esa coalición, la relación con Sumar a nivel estatal debería reportarles algún beneficio. Al fin y al cabo, recuerdan, València fue la provincia donde mejor resultado sacó Sumar (en porcentaje de votos). Tras esta primera reunión, algunas fuentes señalan que los negociadores de Compromís no salieron muy optimistas.

Verdes Equo, que ya ha elegido al exeurodiputado Florent Marcellesi candidato para integrar esa lista, también aspira a obtener puestos de salida, según confirman fuentes de la formación ecologista que creen que eso “garantizaría la prioridad del eje verde para Sumar y la plena presencia del Partido Verde Europeo (PVE) en la plataforma magenta”. “El objetivo de Verdes Equo es lograr un europarlamentario y convertirse en la voz verde de Sumar, poniendo al servicio del proyecto común más de una década de experiencia verde en España y Europa”, explican.

Los comuns también han elegido ya a la persona que irá en esa futura candidatura: el exdiputado Jaume Asens. 

Hasta ahora, más allá de la candidata y del nombre de Palop que sobrevuela las negociaciones, todas las figuras elegidas por los partidos son hombres: Asens, Pineda y Marcellesi. Queda por conocer el nombre de las personas que propondrán Más Madrid y Compromís, con la vista puesta en que las listas deben ser paritarias en modo cremallera (mujer, hombre, mujer, hombre o viceversa), aunque ese sistema se puede alterar siempre que sea a favor de que haya más presencia de mujeres. 

Més y Drago se caen de la lista

Dos de los 15 partidos que fueron en la coalición de Sumar el 23J han decidido desvincularse de esas negociaciones. Por un lado, Drago Canarias, el partido del exdirigente de Podemos Alberto Rodríguez, ha decidido no presentarse a estos comicios tras explorar las “vías existentes” y comprobar que se manda “una señal totalmente nociva para los intereses del pueblo canario y su territorio”. El partido insular lanza desde hace varios meses mensajes contra la forma de articulación de Sumar y ha renunciado a integrarse orgánicamente en esa plataforma. 

Més por Mallorca tampoco irá en las listas de Sumar a las europeas, tal y como decidió su asamblea esta misma semana. Lo hará dentro de la coalición que integran ERC, EH Bildu o el BNG, entre otros. Según explican fuentes de la formación balear no se trata de una decisión marcada por las posibilidades de obtener un puesto de salida en una u otra lista sino una elección “ideológica” para concurrir con partidos que, al igual que ellos, tienen un carácter de izquierda soberanista. 

Més asegura no obstante que esta decisión no supone para ellos un problema a nivel parlamentario: seguirán comprometidos con la estabilidad del grupo plurinacional en el Congreso como han hecho desde el comienzo de la legislatura.