El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este miércoles la figura del expresidente catalán Lluís Companys y ha apelado al “optimismo, confianza y esperanza” para afrontar los nuevos retos de Catalunya. Así lo ha expresado en el marco de la tradicional ofrenda floral a la tumba de Companys, en el 85 aniversario de su fusilamiento a manos del régimen franquista, informa EFE.

“El recuerdo de Companys también manda un mensaje al conjunto de España, convivencia es reconocer y garantizar su diversidad, la de sus territorios y sus lenguas, he aquí su identidad compartida, su fortaleza y su garantía de futuro”, ha indicado Illa. “Claro que a veces tenemos visiones opuestas, dificultades para resolverlas. Las resolveremos, estoy convencido”, ha agregado.

Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha advertido de que en la cámara catalana tienen representación “diversos partidos políticos con complicidades con los que detuvieron a Companys en Francia” y lo entregaron a las autoridades del régimen franquista, mientras que en Alemania y Austria hay formaciones que se reivindican herederas “directamente” del nazismo.

En su intervención ante los medios tras realizar la ofrenda, Rull ha subrayado que el caso austríaco es “especialmente descarnado”, por lo que ha expresado su “nerviosismo”, si bien ha indicado que los “ideales” por los que luchó Companys “siguen de pie”.

Illa ha destacado que Companys afrontó los últimos momentos de su vida “con serenidad, dignidad y generosidad” y ha reivindicado estos valores para la Catalunya actual.

“Necesitamos optimismo, confianza y esperanza para afrontar los nuevos retos de Catalunya”, ha remarcado el president, que ha afirmado que el Govern trabaja “para hacer realidad la Catalunya de todos y con todos; la de la justicia social; la que sabe integrar; la diversa y plural; la Catalunya abierta y europea”.

Asimismo, ha subrayado que la figura de Companys y su legado “es patrimonio de todos los catalanes” y ha destacado que la Cataluñny actual está “reconciliada con su historia”.

“Nos corresponde seguir escribiendo el futuro de Catalunya con memoria, sin miedos ni rencores, escuchando y contando con las manos y acentos de todos. El camino es el diálogo, el trabajo y la ambición”, ha indicado. Illa, que también ha tenido un recuerdo para los afectados por la dana en las Terres de l'Ebre, a la vez que ha deseado una paz “justa y duradera” en Gaza.

Por otro lado, la número dos del PSC, Lluïsa Moret, ha explicado que el partido ha inaugurado hoy en el Fossar de la Pedrera, el mismo espacio donde se encuentra la tumba de Companys, un monolito en memoria a “todos los socialistas que fueron asesinados aquí a manos de la represión franquista”.

“Damos un paso más en la recuperación de la memoria histórica y democrática de tantas y tantas personas que fueron olvidadas e invisibilizadas deliberadamente por un régimen dictatorial”, ha señalado.

Desde los partidos independentistas, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que la muerte del expresidente de la Generalitat Lluís Companys demuestra cómo “cíclicamente” el Estado intenta “aplastar el deseo de los ciudadanos de Catalunya”, aunque ha advertido de que “no lo han conseguido” cada vez que lo ha intentado, “con fusiles o con togas”.

Por su lado, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido al Gobierno “como heredero de los responsables del asesinato de Lluís Companys” haga un “acto de desagravio político” ala figura del president de la Generalitat fusilado hace 85 años. Junqueras ha admitido que el Estado ha pedido disculpas en términos personales a Companys, pero ha agregado que nunca ha habido un acto de compensación en términos políticos por su condición de president de Catalunya. Ha avanzado que ERC ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para exigir al Gobierno que, en nombre de España, lleve a cabo este “acto de desagravio político”.

Salvador Illa hace 30 años que milita en el PSC. Josep Rull empezó en Convergència y ha seguido en la formación en todas las metamorfosis posteriores. El primero fue uno de los políticos más contrarios al procés y se manifestó junto a dirigentes del PP y Ciudadanos en defensa de la unidad de España. Rull, independentista cuando en el partido fundado por Pujol eran una minoría, fue el único conseller, además de Junqueras, que acudió a su despacho de la Generalitat pese a haber sido cesado en aplicación del artículo 155. Después, optó por quedarse aquí y, como el resto de los que lo hicieron, acabó en la cárcel.

Illa y Rull tienen visiones antagónicas sobre cuál debería ser el futuro de Catalunya. Pero pese a las diferencias políticas evidentes, hay algo en lo que coinciden ambos: la voluntad de dignificar las instituciones. El presidente de la Generalitat es la máxima autoridad y el del Parlament, la segunda. Los dos, a diferencia de algunos de sus predecesores, han optado por mensajes conciliadores sin renunciar a su estrategia. También coinciden en plantar cara a la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana.

No encontrarán tuits provocadores de Illa como los del ministro Puente ni expresiones racistas como las de Míriam Nogueras en los discursos de Rull. Podría atribuirse al agua de Madrid, como ironiza a veces un compañero para explicar cómo allí la política hiperbólica hace imposible cualquier debate sereno. No hay rivales, hay enemigos. 

De ahí que por las formas (descontadas las bravatas de Vox y Aliança Catalana) y el contenido, el Debate de Política General que se celebra esta semana en el Parlament merece ser atendido. Illa subrayó que las instituciones “son de todos” y que deben estar abiertas a la fiscalización pero no al insulto. La confrontación, añadió, solo beneficia a quienes quieren debilitarlas. 

Como hace un año, su compromiso más destacable ha sido en materia de vivienda, el primer problema y que afecta especialmente a los jóvenes pero no solo a ellos. Mientras Ayuso pone la alfombra a los fondos inmobiliarios para invertir en vivienda, sin límites de precios ni intervención en el mercado, Illa promete convertir todo el suelo urbano de Catalunya en parcelas urbanizables para acabar con esta crisis. El presidente catalán advierte de que no puede “hacer magia” y rechaza “dogmatismos”. Puede que electoralmente no sea la mejor baza, pero se agradece que haya políticos que traten como adultos a los ciudadanos.    

En las encuestas aparece también como muy destacada la preocupación por la seguridad pese a que los delitos bajan. Hay partidos y medios que alimentan la percepción de inseguridad porque está comprobado que les funciona en votos y audiencia. Tan peligroso como efectivo. Illa promete firmeza policial y más prevención pero apela a “no callar” frente a los discursos que solo buscan dividir. No citó a Aliança Catalana y Vox pero se le entendió. Más de un alcalde de Junts también podría darse por aludido.

“Desmontaremos uno a uno los discursos de odio”, subrayó el president este martes en su intervención. Su estrategia para intentarlo es invertir de manera transversal en los barrios en los que la extrema derecha crece de una manera que ahora mismo parece imparable. “La inmigración nos hace un país mejor”, remachó.

Hace unos meses también Rull apeló a “rebelarse” contra los discursos de odio que criminalizan a los migrantes. El presidente del Parlament ha llamado al orden en más de una ocasión a la líder d’Aliança, Silvia Orriols, cuando en sus intervenciones en los plenos vincula inmigración y delincuencia. 

Pensadores como Daniel Innerarity defienden que la polarización percibida o sentida es más fuerte que la real y que lo que hay es una politización en los márgenes que afecta a toda la dinámica del conflicto. Es posible. Pero si las encuestas no se equivocan, tanto la extrema derecha de Vox como la de Aliança cosecharán muy buenos réditos mientras PP y Junts se dedican a copiarles y a regalarles votos.

La nueva Mesa del Parlament quiere ir cerrando el conflicto abierto con sus trabajadores a raíz de las decisiones que se tomarón en la última legislatura para acabar por decreto con varias situaciones de privilegio, como primas de jubilación desorbitadas o licencias para cobrar sin acudir a su puesto de trabajo a partir de determinada edad.

Tras más de dos años con el consejo de personal en pie de guerra, el Parlament ha cerrado esta semana un acuerdo que permitirá, de entrada, acabar con las primas de jubilación más gravosas, las que estaban por encima de los 90.000 euros, al tiempo que irá reduciéndo paulatinamente todas las demás, hasta que desaparezcan en 2050.

Hasta el momento, este tipo de bonos los percibían todos los trabajadores que se jubilaban a la edad reglamentaria. Se calculaban respecto a una serie de mensualidades, dependiendo del tiempo trabajado. A partir de los 16 años de antigüedad se podía cobrar como máximo el último salario bruto anual recibido, lo cual daba como resultado cifras astronómicas para los altos funcionarios de la institución, algunos de los cuales percibían sueldos brutos de hasta 230.000 euros.

Esto ya no podrá volver a ocurrir porque se topan todas las primas a un máximo que se calcula en base a multiplicar por 2,5 el salario más bajo del Parlament, lo que supone unos 90.000 euros. Este máximo además se irá paulatinamente reduciendo año tras año en una primera fase que afecta a 70 de los 233 trabajadores del Parlament.

El resto, los que deberían jubilarse a partir del año 2030, quedarán afectados por unos límites aún más restrictivos. Por ejemplo, nadie cobrará más de 40.000 euros de ahora en 10 años y, en 20, se reducirá hasta los 15.000.

Fuentes del Parlament explican que la factura de los bonus tal y como estaba antes del acuerdo hubiera ascendido a unos 17 millones de euros, mientras que ahora se quedará en poco menos de 9, por lo que calculan un ahorro de casi la mitad.

Pero, además, estas mismas fuentes remarcan que se trata de una forma de acabar con la conflictividad laboral que había agitado en los últimos años el día a día del Parlament, teniendo en cuenta que los trabajadores tenían unos derechos adquiridos que, de llevarse a los tribunales, podrían mantener.

El pacto alcanzado entre la Mesa y el personal de la Cámara contempla, además de la cuestión de las primas por jubilación, dos aspectos más: el premio de permanencia en la institución que se paga cada cinco años a partir de los 25 trabajados y el plan de pensiones.

En este caso, aunque la voluntad de la Cámara es avanzar hacia un sistema de incentivos por objetivos, se mantiene el llamado “premio a la vinculación” aunque ya no es podrá cobrar directamente, sino que se podrá elegir entre un mes de vacaciones o una aportación al plan de pensiones. Sobre esta última materia, el acuerdo contempla reactivar la bolsa que quedó congelada en 2013.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado investigar al presidente del Parlament, Josep Rull, y al exconseller de Interior Joan Ignasi Elena, actual parlamentario de ERC, por no haber detenido y haber facilitado la huida Carles Puigdemont tras su fugaz regreso a Barcelona el pasado mes de agosto.

Según ha informado el TSJC, la sala civil y penal del TSJC ha acordado no admitir las querellas que presentaron Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír en lo que respecta a los aforados, aunque no se pronuncia sobre si habría delito en el caso de los que no lo son, entre ellos el ex jefe de los Mossos d'Esquadra Eduard Sallent.

Las conclusiones del TSJC van en línea con lo solicitado por la Fiscalía, que pidió archivar las querellas. Concluyó la Fiscalía que el operativo policial de los Mossos “puede ser criticado o incluso censurado”, pero descartó que existieran “órdenes o instrucciones” por parte del exconseller y los jefes de la policía autonómica para evitar el arresto de Puigdemont.

La falta de responsabilidad del exconseller no implica que la fuga de Puigdemont quede sin investigar: un juzgado de Barcelona investiga a tres agentes de la policía autonómica por permitir la huida del expresident. Además, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha instado a los juzgados de Barcelona a investigar los mismos hechos tras criticar de nuevo a los Mossos.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha propuesto a Salvador Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat, después de que el socialista le haya trasladado que cuenta con los votos suficientes para superar un debate de investidura. Rull ha propuesto además que este debate se celebre el próximo jueves a partir de las 10 horas.

La preceptiva ronda de contactos con todos los grupos ha empezado a las 9:30 horas de este martes. En ella, Illa ha asegurado que cuenta con el apoyo de 68 diputados, la mayoría absoluta del Parlament, una afirmación que han confirmado a Rull las delegaciones de ERC y Comuns. Con la propuesta formal, el jefe de la Cámara da el último paso dentro de sus atribuciones para dejar a Illa a punto para que se someta a la mayoría del hemiciclo.

A partir de ahora, solo queda confirmar la fecha de este pleno, que en su comparecencia el propio Rull ha propuesto que se celebre el próximo jueves día 8 de agosto. Será la Diputación Permanente –donde PSC, ERC y Comuns tienen mayoría– quien acabe fijando este pleno de investidura, aunque se tratará de un simple trámite.

Menos seguridad hay sobre si ese pleno se acabará celebrando y en qué términos. Junts ha confirmado este mismo martes que, tal y como había adelantado eldiario.es, su intención es reclamar la suspensión del debate de investidura si Carles Puigdemont es detenido y no puede acudir al Parlament.

Los planes del partido que liderará la oposición en esta legislatura pasan por una suspensión del pleno sin plazo para retomarlo, una idea que la coalición formada en torno a Illa rechaza.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha celebrado este martes a las 9.30 horas la ronda de consultas previa a formalizar la convocatoria de un pleno para la investidura del primer secretario del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat, que ha sido el primero en reunirse con él. Rull ha propuesto celebrar el pleno de investidura este jueves a las 10 de la mañana.

De cara a esa votación, el PSOE da ya por blindado el pacto con ERC para investir a Illa a pesar de la incógnita del regreso de Puigdemont, mientras que Junts ha asegurado que la posible detención del expresident podría obligar a replantear el pacto con el PSOE en el Congreso de los Diputados. Este martes también hemos sabido que el PP ha solicitado que Sánchez declare en septiembre en la comisión de investigación del Senado sobre Begoña Gómez.

Dejar president investido y nuevo Govern en posesión antes del puente de agosto y utilizar la última quincena estival como separador, antes de reemprender la actividad política de un ciclo completamente nuevo en Catalunya. Este es el plan al que aspiran la mayoría de diputados catalanes, después de que Salvador Illa haya ido derribando, uno tras otro, todos los escollos en su camino hacia a la presidencia de la Generalitat. Atados los 20 votos de ERC –a falta aún de la confirmación de las juventudes– y los seis de los Comuns, lo único que quedaría es celebrar el debate.

Aunque la decisión final sobre la fecha la tomará la Diputación Permanente el próximo miércoles, el Parlament ya ha activado su maquinaria logística para que se celebre esta misma semana, con la mirada puesta en el jueves como fecha más probable y, con toda seguridad, dentro de los próximos 10 días.

Institucionalmente, el debate de investidura no tiene ninguna dificultad para ser fijado y celebrado. Pero los partidos son conscientes de que, a nivel político, no estará exento de interferencias.

La principal de ellas es el retorno de Carles Puigdemont a Catalunya, con todo el simbolismo que eso puede tener y el reflejo en la calle. El expresident agitó primero la idea de su vuelta como un reclamo de campaña pero, ahora que sus opciones de volver como president se han quedado en nada, ha confirmado que volverá para la investidura de Illa.

En una larga carta hecha pública el pasado sábado, Puigdemont daba por hecho que retornaría a Catalunya, también que sería detenido e incluso dejaba entrever la opción de acabar en prisión. De todo ello culpaba a la decisión de ERC de investir a Illa, una decisión que, aseguraba, le forzaba a retornar y, también, a exponerse a una eventual detención.

Más allá de sus intenciones declaradas, esta podría ser la última oportunidad de recuperar el protagonismo perdido en la política catalana, a las puertas de una legislatura con el PSC en el Govern y el independentismo en minoría. Y, además, la detención de Puigdemont genera preguntas aún sin respuesta: ¿Continuaría adelante el pleno mientras Puigdemont está detenido? ¿El expresident podría delegar el voto? ¿Cómo actuaría ante un escenario así Junts que, recordemos, tiene la presidencia de la Cámara?

Todas estas situaciones imprevistas son, precisamente, lo que la coalición forjada en torno a la investidura de Salvador Illa, es decir, los 42 diputados del PSC, los 20 de ERC y los seis de los Comuns, desean evitar. Y, por ello, no se descartan giros de guion de última hora en los planes de la investidura. “Tomaremos decisiones cuando tengamos certezas sobre todas las derivadas”, resuelve, críptica, una voz republicana.

Un pleno fijado por la Diputación Permanente

Se da la circunstancia de que la presente semana estival y la siguiente son uno de los pocos periodos en los que la decisión sobre la convocatoria del pleno no recae de forma discrecional en el presidente de la Cámara, ahora Josep Rull, sino en la Diputación Permanente, donde PSC, ERC y Comuns tienen mayoría.

Con todo, el papel del presidente del Parlament no será menor. La previsión es que este mismo martes celebre la preceptiva ronda de consultas con los grupos. Rull quería hacerla el lunes, después de que Illa le trasladase oficialmente este fin de semana que cuenta con los apoyos suficientes, pero finalmente la ha aplazado un día por cuestiones de agenda de los diputados. El mismo martes por la tarde Illa resultará propuesto como candidato por el presidente y el miércoles se celebrará la Diputación Permanente.

A partir de aquí, será la mayoría fraguada en torno a la investidura la que deberá decidir si quiere correr más o menos. En condiciones normales, nada impediría convocar el debate para el jueves, día 8 de agosto. Pero los diputados miran de reojo los pasos que pueda dar Puigdemont y nadie descarta que puedan acabar dándose más tiempo. Como tampoco sería impensable que, tras una detención de un diputado, se optase por suspender el pleno. Una decisión que sería incontrovertida si hubiese mayoría favorable, pero que hay muchas dudas de que el presidente pueda tomar de forma personal.

Otra opción sobre la que se ha especulado en los últimos días es que, en caso de una detención de Puigdemont en la misma jornada del pleno, este siga adelante pero algunos diputados sujetos al acuerdo entre las formaciones opten por ausentarse o por no votar aún la investidura. Si esto ocurriera, el pleno debería volver a celebrarse al cabo de dos días, esto es, el sábado, cuando Illa sí alcanzaría la mayoría suficiente.

ERC no quiere una calle incendiada

Son los republicanos los que han mostrado más temor a una investidura que se celebre con una calle incendiada. Una cosa es un movimiento independentista enfadado con la decisión de los republicanos, algo que la dirección que comanda Marta Rovira entiende, y otra muy diferente que haya movimientos que, espoleados por el retorno y posible detención de Carles Puigdemont, quieran tratar de evitar físicamente el debate en el Parlament por considerar ilegítima la mayoría de las pasadas elecciones.

Esta opción no solo es una preocupación en ERC sino en diferentes ámbitos del movimiento independentista, que en las últimas horas se han movido para tratar de evitar cualquier imagen que recuerde, ni siquiera lejanamente, a los asaltos al legislativo que han protagonizado movimientos de extrema derecha en Estados Unidos o Brasil.

En este contexto, la ANC y los CDR habían convocado inicialmente una protesta para el próximo lunes en Barcelona, a las puertas del parque de la Ciutadella, donde se emplaza la sede del legislativo catalán. Pero finalmente la protesta fue desconvocada, primero por la ANC y finalmente también por los CDR. No se descarta que pueda haber otras llamadas a salir a la calle en fechas más cercanas a la investidura.

El president del Parlament, Josep Rull, ha convocado para este martes la ronda de consultas con los grupos parlamentarios previa a la investidura de Salvador Illa. Rull anunció ayer, después de que el candidato socialista le comunicara oficialmente su decisión de presentarse a la investidura, que intentaría convocar a todos los partidos el lunes, pero finalmente se reunirá con ellos el martes, debido a cuestiones de agenda de ERC.

Por su parte, fuentes republicanas aseguran que sus diputados no podían asistir presencialmente el lunes a la reunión, aunque no tenían inconveniente en hacerla por teléfono. El reglamento permite hacer estas consultas de manera telemática, pero ya hace días que Rull expresó su voluntad de hacerlas presencialmente.

Así, la agenda de reuniones empezará el martes a las 9:30 horas con el mismo Salvador Illa. Los encuentros serán de media hora cada uno. Seguirán al socialista el presidente y la portavoz del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové y Marta Vilalta. A las once y media será el turno de la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

Una vez hechas las reuniones con los grupos parlamentarios que apoyarán la investidura de Illa, Rull se verá con el resto. A las 11, se reunirá con el presidente y la portavoz del grupo de Junts, Albert Batet y Mònica Sales.

Les seguirán Alejandro Fernández (PPC), Ignacio Garriga (Vox) y Dani Cornellà (CUP). Silvia Orriols y Ramón Abad, de Aliança Catalana, está previsto que se vean con Rull a la 1 del mediodía, aunque los diputados deben acabar de confirmarlo en la cámara.

Después de estos encuentros, Rull deberá convocar a la Diputación Permanente, que será la encargada de agendar el pleno con, al menos, 24 horas de antelación. Así que, como pronto y si los trámites se realizan con celeridad, Illa podría ser investido president el miércoles o el jueves.

El Parlament ha activado este miércoles la cuenta atrás para una repetición electoral, que se confirmará si los grupos no alcanzan un acuerdo para investir a un president de la Generalitat antes del 26 de agosto. Las negociaciones entre los grupos durante estos dos meses, con las vacaciones de por medio, determinarán si los catalanes deben volver a las urnas el 13 de octubre.  

En una breve sesión que ha durado menos de una hora, el presidente de la cámara, Josep Rull, ha firmado y leído ante el pleno la resolución de un “acto equivalente” a una investidura fallida, tras constatar que ningún diputado ha reunido los apoyos necesarios y rechazar presentar él mismo a un candidato. Esta fórmula ya se utilizó en 2020 tras la condena y la inhabilitación del expresident Quim Torra para activar la carrera hacia unos nuevos comicios

“Una vez consultados los grupos políticos, esta presidencia ha constatado que no ha sido posible elegir ningún candidato para ser investido president de la Generalitat”, ha afirmado Rull.

En la sesión de este miércoles, en la que cada grupo ha podido intervenir durante solo cinco minutos, ha sobrevolado la amenaza de un bloqueo en la política catalana tras unos comicios cuyos resultados invitan a los grupos a superar los bloques del procés. Solo la suma entre PSC, ERC y comuns podría alumbrar a un president de la Generalitat, pero al mismo tiempo el bando independentista suma 11 escaños más (59) que el que representan PSC y comuns.

“O pacto progresista o repetición electoral. No hay más opciones”, ha espetado el líder del PSC, Salvador Illa, que ha anunciado que durante estos 60 días tendrá una actitud proactiva para llegar a un acuerdo. “Quiero un pacto progresista sólido, ambicioso y hecho desde el convencimiento”, ha insistido. 

ERC, con la clave de la gobernabilidad, ha empleado buena parte de su discurso en reprochar a Junts y PSC que no hayan presentado a ningún candidato a la investidura. “Os ha faltado valentía y coraje para presentar un programa de Govern”, ha espetado el presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové, que ha recordado que el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, sí se presentó a un debate de investidura sin tener los apoyos garantizados

“Los dos partidos más votados han demostrado que no tienen fuerza ni liderazgo”, ha proseguido Jové. “PSC y Junts suman sobradamente y se han pasado la anterior legislatura votando juntos sin dificultades”, ha recordado. “Si comparten el mismo modelo socioeconómico, ¿Por qué no comparten el Govern?”, ha preguntado Jové.

Junts, por su parte, ha rechazado cualquier presión y ha insistido en la necesidad de articular una mayoría independentista recordando que ni el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ganaron las elecciones que les situaron en sus respectivos cargos.

“Evitar unas nuevas elecciones es responsabilidad compartida”, ha apuntado el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet. “Sabemos que no es sencillo pero haremos lo posible para que haya un Govern del president Puigdemont”.

Jéssica Albiach, la líder de los comuns también ha anticipado que su grupo negociará “tanto como haga falta” y ha coincidido con Illa en señalar que un pacto entre PSC, comuns y ERC es el único posible para evitar una repetición electoral. Con todo, ha trasladado la responsabilidad al candidato socialista: “Son ustedes los que se deben mover y ser proactivos”, ha señalado.

La política catalana es complicada y así se ha vuelto a demostrar este miércoles. Más de un mes después de las elecciones, el presidente del Parlament, Josep Rull, no ha encontrado a un candidato dispuesto a acudir al debate de investidura, por lo que ha optado por una alternativa excepcional: el próximo 26 de junio, fecha límite que marca la ley, Rull activará la cuenta atrás de dos meses para la repetición electoral mientras los aspirantes a president intentan armar una mayoría que no tienen a día de hoy. 

En una comparecencia ante los medios tras cerrar la ronda de consultas con los grupos parlamentarios, Rull ha explicado que ningún grupo ha mostrado disposición de acudir a la investidura. Pero en vez de seguir la literalidad de la ley de la presidencia de la Generalitat y proponer a un aspirante para el pleno (acepte o no después la designa y aunque suponga un debate fallido), Rull ha optado por otra salida.

El pleno del próximo miércoles será lo que, en terminología parlamentaria, se denomina un “acto equivalente” a un debate de investidura fallido, que permita activar la cuenta atrás de dos meses para una repetición electoral en octubre en caso que ningún candidato logre ser investido en este plazo.

Rull constatará ante el pleno (no habrá ninguna votación) que no ha propuesto a ningún candidato, los grupos intervendrán durante cinco minutos y la sesión se dará por concluida, con la novedad de que estará ya activado el plazo para repetir elecciones, que serían el 13 de octubre.

La decisión de Rull es la constatación del bloqueo de la política catalana, todavía en digestión de unas elecciones que enterraron el procés. El jefe del PSC, Salvador Illa, es el único candidato que puede lograr una investidura, pero necesita más tiempo para intentar convencer a ERC, que a diario proporciona capítulos de su crisis interna.

El mensaje de las urnas el 12M fue claro: borrar por primera vez desde la recuperación de la democracia la mayoría nacionalista catalana del Parlament, lo que implica un entendimiento mínimo entre bloques distintos a los del procés que han operado la última década. La única suma que tiene al alcance los 68 diputados que marcan la mayoría absoluta de a Cámara catalana es la de PSC, ERC y Comuns.

Pese a que Illa es optimista y el PSOE se ha empezado a mover a favor de una mejora de la financiación que reclama ERC, las posiciones siguen alejadas y la salida o no de Catalunya del régimen común de las autonomías enfrenta a los dos partidos.

“No será una cosa de una ni de dos semanas”, ha constatado este miércoles Illa, que ha mantenido el guante de seda con ERC y ha insistido en que no quiere “meter prisas a nadie”. No quiero hacer perder el tiempo a nadie, yendo a sesiones de investidura que no estén suficientemente maduras“, ha enfatizado Illa, además de remarcar su voluntad de ”hacer las cosas bien hechas“.

Desde ERC se ha criticado la negativa de Illa y de Puigdemont a acudir a un debate de investidura. “Es inaudito, irresponsable y una falta de respeto que nadie haga el paso y presente ante el Parlament sus proyectos para el país”, ha afeado la portavoz republicana, Marta Vilalta. “Ganar tiempo para negociar no quiere decir esconderse”, ha agregado.

Tiempo es lo que precisa Junts per Catalunya, que no tira la toalla e insiste en querer que Carles Puigdemont se presente a la investidura aunque no dispone de mayoría viable. Todo ello mientras este miércoles el presidente de su grupo parlamentario, Albert Batet, ha enfriado un retorno inminente de Puigdemont, que en campaña prometió estar presente en el primer debate de investidura aunque no estuviera amnistiado.

Aunque se trata de un mecanismo excepcional, auspiciado por el Consejo de Estado tras el episodio del 'Tamayazo' en la Comunidad de Madrid, será la segunda vez en cuatro años que el Parlament aplica un “acto equivalente” para activar la cuenta atrás electoral: ocurrió en 2020 tras la inhabilitación de Quim Torra (la primera vez que un president de la Generalitat era cesado en ejercicio del cargo) ante la falta de un candidato alternativo.

Los informes jurídicos de los letrados que constan en los archivos del Parlament recuerdan que la finalidad del “acto equivalente” no es simplemente dejar pasar el tiempo y que venza el plazo para una repetición electoral, sino asegurar la creación de un Govern tras una negociación política entre los partidos. Ahora se trata de llevar la teoría a la práctica.

La política catalana vive entre los partidos y los juzgados. El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamado este miércoles al Tribunal Supremo la retirada “inmediata” de su orden de prisión, que supondría su pasaporte para regresar a España tras siete años sin riesgo de ser arrestado.

Pocos minutos antes de que el expresident registrara su escrito ante el Alto Tribunal para reclamar que le aplique de inmediato la ley de amnistía, su partido, Junts, enfriaba un retorno inminente de Puigdemont tras prometer durante la campaña que estaría en Catalunya en el pleno de investidura.

El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, y su portavoz, Mònica Sales, se han reunido con el presidente del Parlament, Josep Rull, que este miércoles cerrará la ronda de consultas con los partidos y comunicará que no hay un candidato con una mayoría viable para ser investido president de la Generalitat.

Este miércoles también finaliza el plazo que el juez del Tribunal Pablo Llarena dio a las partes del caso del procés para que informaran sobre la aplicación de la ley de amnistía. Controlado el incendio de la Fiscalía, que al igual que Puigdemont ha pedido amnistiar todo el caso y retirar las órdenes de prisión, solo Vox, previsiblemente, reclamará que el expresident siga procesado por malversación y con una orden de arresto en vigor si pisa España. El juez Llarena podrá, a partir de este jueves, tomar la decisión definitiva, aunque tiene de plazo hasta el 11 de agosto.

En su escrito, la defensa de Puigemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, manifiesta que la malversación por la que permanece imputado el expresident en el Supremo debe quedar amnistiada. La defensa incluso se anticipa a la vía que el juez Llarena podría tomar para excluir a Puigdemont de la amnistía y resalta que en la malversación del procés no hubo enriquecimiento personal, la barrera que la ley marca para excluir un caso del olvido penal del procés.

“Únicamente el propósito de enriquecimiento —y no el más amplio ánimo de lucro— puede dar lugar a la exclusión de la aplicación de la amnistía”, insiste la defensa. Considera la defensa que vincular enriquecimiento personal con ánimo de lucro, como hicieron los cuatro fiscales del Supremo, supone una interpretación “arbitraria, ilógica, absurda e irracional” de la norma, y recuerda además que la propia sentencia del procés descartó el enriquecimiento de los exconsellers condenados.

Aunque el magistrado quisiera elevar dudas sobre la constitucionalidad de la norma, ahonda la defensa del president, retirar la medida cautelar de detención e ingreso en prisión es “inevitable” conforme al redactado de la ley. “Debe primar el derecho a la libertad personal”, agrega el escrito.

Según la defensa, restringir la libertad personal de Puigdemont con la amnistía en vigor vulneraría los principios de “proporcionalidad y necesidad” e iría en contra de los criterios del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), además de la propia ley de amnistía.

El 25, cuenta atrás

La concreción de la amnistía se ha cruzado con el inicio de la legislatura catalana. La negativa de Salvador Illa y de Carles Puigdemont a someterse a un debate de investidura y salir derrotados (tal y como ocurrió la pasada legislatura con Pere Aragonès antes de ser investido) llevará a Rull a convocar para el próximo 25 de junio un pleno breve, sin candidato ni discurso, que solo sirva para activar la cuenta atrás de dos meses para la repetición electoral.

El pleno del próximo martes será lo que, en terminología parlamentaria, se denomina un “acto equivalente” a un debate de investidura fallido. Esta equivalencia a nivel jurídico no tiene los mismos efectos a nivel político, según Junts, a la hora de valorar el retorno de Puigdemont, pendiente de si el Tribunal Supremo le aplica la amnistía.

“Su compromiso es volver en un pleno de investidura”, ha manifestado Batet, a preguntas de la prensa, sobre las intenciones de retorno del expresident. Batet ha insistido en que Puigdemont quiere ir a la investidura “pero no ahora”, porque, ha dicho, requiere de “tiempo” para recabar apoyos. Un mensaje similar al que lanzó el otro aspirante, el socialista Salvador Illa, que, a diferencia de Puigdemont, si tiene una mayoría viable pero afronta una compleja negociación con ERC que la crisis interna de los republicanos todavía complica más.

Puigdemont prometió durante la campaña electoral regresar para la investidura aunque él no fuera el candidato. Incluso afirmó que acudiría a la primera sesión de investidura en el Parlament aunque no se hubieran levantado las medidas cautelares que implicarían su detención.

A falta de una semana para la primera sesión de investidura y de que el Supremo decida si levanta o no la orden de prisión contra el expresident, Batet ha enfriado este miércoles un retorno inminente de Puigdemont y lo ha postergado para cuando tenga una mayoría capaz de investirle (pese a la pérdida de la mayoría independentista).

Si el 25 de agosto ningún aspirante logra la mayoría para ser president, Catalunya repetirá elecciones en octubre. La vuelta a las urnas es el único escenario viable de Junts para que Puigdemont tenga opciones de ser investido, toda vez que el independentismo no dispone de mayoría absoluta y el PSC rechaza abstenerse para que el expresident vuelva a la Generalitat, tal y como ha vuelto a recordar este miércoles Salvador Illa.

“No quiero ni hacer perder el tiempo ni meter prisa”, ha dicho Illa tras reunirse con Rull para justificar su negativa a acudir a un debate de investidura fallido, consciente de que necesitará tiempo para convencer a ERC de que le apoye debido a la fractura interna que viven los republicanos.

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, se ha vuelto a mostrar muy crítica con Puigdemont e Illa por no querer presentarse a un debate de investidura fallido. “Es inaudito, irresponsable y una falta de respeto que nadie haga el paso y presente ante el Parlament sus proyectos para el país”, ha criticado, para a renglón seguido apostillar: “Ganar tiempo para negociar no quiere decir esconderse”.

El baile de la investidura catalana se queda por ahora sin solista. El presidente del Parlament, Josep Rull, ha apuntado este martes que no propondrá como candidatos a la investidura ni a Salvador Illa ni a Carles Puigdemont y que el próximo 25 de junio activará la cuenta atrás de la repetición electoral, a la espera de que los partidos puedan presentar a un aspirante efectivo a ser elegido president.

Rull arrancará este martes la ronda de consultas con los grupos parlamentarios y este miércoles por la tarde anunciará su decisión definitiva. Salvo giro de última hora, el presidente del Parlament pondrá en marcha la cuenta atrás de dos meses para la repetición electoral en Catalunya sin proponer a un candidato a la investidura por falta de un aspirante que pueda armar una mayoría del Parlament. Es lo que en terminología parlamentaria se denomina “acto equivalente” a un primer debate de investidura.

“No puedo obligar a un grupo parlamentario a presentar a un candidato si no quiere hacerlo”, ha concluido Rull en una entrevista en RTVE en la que ha mostrado su respeto al anuncio del aspirante del PSC, Salvador Illa, de pedirle más tiempo para poder convencer a ERC y Comuns y lograr así su investidura.

Preguntado por si el día 25 de junio Puigdemont estará en el Parlament, tal y como el expresident prometió en campaña de cara al debate de investidura, Rull ha rebajado expectativas: “No me corresponde interpretar las palabras del presidente Puigdemont, pero un acto equivalente no es un debate de investidura”.

La activación del plazo para repetir elecciones sin que haya un debate de investidura ha molestado a ERC. La portavoz del grupo republicano en el Parlament, Marta Vilalta, ha considerado “irrespetuoso” e “irresponsable” que el próximo martes 25 de junio no haya un candidato que se someta a una investidura.

En declaraciones a los medios, Vilalta ha retado a Salvador Illa o a Carles Puigdemont a presentarse al debate de investidura aunque no cuenten con los apoyos para ser investidos “desde la máxima transparencia, que es el atril del Parlament”, tal y como hizo Pere Aragonès la pasada legislatura, cuando salió escogido en el segundo debate de investidura.

Rull ha expuesto que en la ronda de consultas que empieza este martes y que cerrará el miércoles con represenantes de ERC, Junts y el PSC, ponderará varios elementos: si hay voluntad de presentarse por parte de algún candidato, acreditar sus apoyos y el número de diputados de cada grupo. Aunque ha defendido que quiere ser “extraordinariamente respetuoso y prudente”, ha sugerido que en las reuniones “pueden aparecer conceptos que ahora pueden pasar inadvertidos”.

El primero debate de investidura está previsto para el 25 de junio, pero si Rull no encuentra a ningún candidato con opciones de ser investido puede prescindir del pleno y, en su lugar, activar igualmente la cuenta atrás de dos meses –que acabaría el 25 de agosto– para investir a un nuevo president o, si eso no es posible, repetir las elecciones catalanas en octubre.

PSC, ERC y Comuns suman 68 de los 135 escaños del Parlament, por lo que alcanzarían la mayoría absoluta que necesitaría Illa para ser investido. No así el aspirante Carles Puigdemont, que tras la pérdida de la mayoría independentista podría sumar tan solo 59 escaños (Junts, ERC y la CUP). La llave de si Catalunya tiene un president o repite elecciones es de ERC, inmersa en una crisis interna.

La legislatura catalana está pendiente de deshacer dos nudos, uno judicial y otro político. El primero es la aplicación de la amnistía, que debería permitir a Puigdemont y a los otros dos diputados que permanecen fuera de España, Lluís Puig (Junts) y Ruben Wagensberg (ERC), regresar a Catalunya y ejercer sus funciones plenamente. Rull ha anunciado su intención de reunirse con los tres en Bruselas, Prats de Molló (Francia) y Ginebra a finales de esta semana.

A la espera de los jueces, las negociaciones entre los partidos ya han empezado con la mejora de la financiación para Catalunya como centro de las conversaciones. “No voy a meter prisa a nadie, voy a ser muy respetuoso”, aseguró este lunes Illa, consciente de que necesitará tiempo para lograr el eventual aval de los republicanos a su investidura.

El candidato socialista es el único que puede lograr una mayoría para ser investido, la que conforman PSC, ERC y Comuns. Pese a que Puigdemont no tira la toalla, la pérdida de la mayoría de los partidos nacionalistas catalanes por primera vez en la historia del Parlament hace inviable su investidura.

ERC ya ha puesto sobre la mesa sus condiciones, entre las que destaca la “financiación singular” para Catalunya, que salga del régimen común de las comunidades autonómas, un extremo que el PSOE no parece dispuesto a asumir. Los equipos negociadores del PSC y ERC se han reunido este martes en un encuentro que, según un escueto comunicado conjunto, ha servido para que ambas formaciones se emplacen a “seguir trabajando”.

Illa reiteró que aboga por no salir del marco del Estatut, que ya prevé la creación de un consorcio tributario Generalitat-Estado para recaudar todos los impuestos, y resaltó que lo que más le preocupa es “a qué se dedican los recursos”, y no quién controla la recaudación.

Junts ha arremetido con contundencia contra el inicio de la negociación entre socialistas y republicanos. En línea con Puigdemont, que este lunes calificó de “chantaje” la propuesta de Sánchez a ERC sobre financiación, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado este martes al PSOE de que las negociaciones para una nueva financiación de Catalunya están vinculados a los apoyos de su formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El presidente del Parlament, Josep Rull, prevé convocar para el 25 de junio –el último día dentro del plazo legal para hacerlo– el pleno de investidura del president de la Generalitat, una vez realizada la ronda de contactos con los grupos parlamentarios que celebrará el próximo martes y miércoles. Así lo ha expuesto Rull en la primera reunión de la Mesa del Parlament este miércoles.

Rull se reunirá el próximo martes con los grupos que tienen menos diputados en el Parlament (Aliança Catalana, CUP, Comuns–Sumar, Vox y PP) y dejará para el miércoles los tres que cuentan con más escaños (PSC, Junts y ERC), tras lo que formalizará la convocatoria del pleno para el martes 25 de junio.

Como presidente del Parlament, Rull tiene la competencia para decidir si el primer candidato a la investidura es Salvador Illa o Carles Puigdemont, aunque el eventual candidato podría tener la opción de no aceptar el encargo si se constata que no tiene los apoyos suficientes. Fuentes de ERC se han declarado “aturdidas” ante la posibilidad de que Rull proponga a Illa después de que Junts insistiera durante toda la campaña en la investidura de Puigdemont.

Junts ya ha abogado por que el candidato al primer debate de investidura sea Illa. El secretario general neconvergente, Jordi Turull, invitó este martes al líder socialista a presentarse y enfrió un intento inminente de Puigdemont. “Preferimos ir a la investidura cuando veamos que tenemos posibilidades de poder conseguirlo”, aseguró.

El expresident no tiene los números para ser investido por la pérdida de la mayoría independentista. Por su lado, Illa afronta una dura negociación con ERC que difícilmente pueda solventarse antes del día 25 dada la crisis interna de los republicanos pese a las llamadas del PSC a conformar una mayoría progresista, la única que alcanza los 68 escaños necesarios.

Existiría además una tercera opción. Si como resultado de la ronda de contactos Rull deduce que no hay ningún candidato con posibilidades de ser investido el 25 de junio, el presidente del Parlament podría comunicar al pleno un “acto equivalente” a una investidura fallida, que sirva para poner en marcha la cuenta atrás de dos meses para lograr la investidura de un aspirante. De no conseguirlo, se convocarían elecciones de forma automática en octubre, en una repetición electoral por la que Junts maniobra tras la pérdida de mayoría independentista.

Esta es una fórmula que el Parlament empleó después de la inhabilitación de Quim Torra en 2020, cuando por primera vez en la historia un president de la Generalitat fue cesado en ejercicio del cargo, por lo que no guarda un parecido idéntico a la situación actual de un inicio de legislatura tras las elecciones.

Con respecto al debate de investidura, Rull ha expresado la voluntad de que la intervención inicial del candidato tenga lugar el día 25 por la mañana, mientras que los portavoces de los grupos intervendrán durante la tarde y la mañana del día 26. En consecuencia, la primera votación tendría lugar el mismo día 26, y la segunda dos días más tarde, el viernes 28.

La primera reunión formal de la nueva Mesa del Parlament se ha producido en un ambiente de cordialidad, y en el transcurso de la misma Rull ha pedido a todos los integrantes que mantengan una actitud de “servicio” al país. Las peticiones de reconsideración presentadas por Vox sobre la admisión de los votos de los diputados que residen en el extranjero Carles Puigdemont y Lluís Puig ha sido desestimada por dos motivos: porque los grupos aún no han sido constituidos y porque no hay lugar a peticiones de reconsideración sobre decisiones que tomó la mesa de edad en la sesión constitutiva.

ERC lo tenía muy fácil para presidir el Parlament. Podía serlo gracias a una alianza de izquierdas con PSC y Comuns o bien con el apoyo de Junts y la CUP. Los socialistas, que no querían empezar la legislatura con una foto con el PP, ofrecieron a los republicanos su apoyo para que ERC presidiese la Mesa. Incluso circuló el nombre de la vicepresidenta en funciones del Govern, Laura Vilagrà, como la aspirante con más posibilidades.

Pero Junts cogió ventaja, puso el nombre de Josep Rull encima de la mesa, apeló a la unidad “antirrepresiva” y los republicanos acabaron aceptando que el escogido fuese él. “No queríamos condicionar la decisión a ninguna línea roja”, defendió ERC tras el pleno e insistió en que el apoyo al candidato de Junts no presupone las futuras decisiones de los republicanos.

El papel de Rull a partir de ahora es de los importantes porque como presidente de la Cámara decidirá quién se somete a la investidura y en qué orden. 

Los distintos escenarios

Carles Puigdemont ya ha explicado que quiere hacerse un Feijóo y presentarse aunque los números no le dan. Con Rull en la presidencia del Parlament, Junts elegirá si primero propone a Illa o a Puigdemont. Si abriese turno con el candidato socialista le complicaría aún más la vida a ERC puesto que los republicanos tendrían que retratarse apoyando a un aspirante no independentista a la primera de cambio. Si no lo hace, si ERC no permite que Illa sea presidente de la Generalitat, el siguiente paso sería ir a otra investidura fallida, esta vez, la de Puigdemont. Y de ahí a una repetición electoral que solo Junts anhela.

No sería el único plan que los posconvergentes podrían activar para evitar que Illa sea presidente, al menos no ahora. Si Rull propusiese primero a Puigdemont también existiría la posibilidad de intentar jugar con los tiempos (pese a que el reglamento es claro) y presentarle aunque no esté físicamente en el hemiciclo o esperar a que su pleno se celebrase cuando él ya pudiese estar en la Cámara. Incluso podrían dejar correr los dos meses hasta que se agotase el plazo. Parece algo excepcional pero en el Parlament ya se ha visto casi de todo.

La esperanza para los socialistas es que si Rull optase por proponer primero a Puigdemont y después a llla, sin forzar calendarios ni contravenir el reglamento, el tiempo jugaría a favor del PSC puesto que la votación definitiva será a finales de agosto. Permitir dos meses después que se invista al candidato socialista tal vez no sería un sapo tan grande a ojos de los sectores menos pragmáticos de ERC. El PSC está dispuesto a hablar de la “financiación singular” que reclaman los republicanos para negociar su investidura. Lo que no cabe como moneda de cambio es el referéndum o al menos es lo que los socialistas han trasladado tanto en público como en privado. 

Así que para ERC la disyuntiva es la del primer día: Illa o elecciones. Pero el camino hasta que deba adoptar la decisión final puede ser más o menos debilitante y eso ahora depende de Junts.

Los equilibrios en las filas republicanas  

La votación de la Mesa del Parlament le ha llegado muy pronto a ERC, un partido que sigue aún noqueado y que empezó el lunes aceptando la anunciada dimisión de Oriol Junqueras, que ahora cogerá el coche para pulsar el apoyo de la militancia e intentar recuperar el cargo en el congreso extraordinario que la formación celebrará en noviembre. Decida lo que decida ERC a partir de esta semana ya no será responsabilidad de Junqueras. La última palabra la tiene Marta Rovira y la que sea se someterá a escrutinio de la militancia del partido.

En las filas republicanas son conscientes de que una vez se publique la ley de amnistía en el BOE serán ya los jueces los que marcarán los tiempos. El regreso de Puigdemont quedaría condicionado por el Supremo puesto que está por ver si el magistrado Pablo Llarena levanta la orden de detención del expresident tan rápido como se pretendía con la ley. Los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del procés informaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ellos consideran que esa orden de detención debería seguir vigente porque interpretan que no corresponde aplicar la amnistía al delito de malversación. 

Puigdemont ha prometido que vendrá a la primera sesión de investidura prevista para la última semana de junio. ERC teme que la ascendencia del líder de Junts en el ámbito independentista se engrandecerá si acaba siendo detenido o si se ordenase su ingreso en la cárcel. ¿ERC podría votar a Salvador Illa para que se convierta en presidente de la Generalitat mientras Puigdemont se enfrenta a la justicia española? No es una pregunta retórica. Es una duda que existe entre algunos dirigentes republicanos. 

Los planes de Puigdemont y el abrazo del oso

Si Puigdemont cumple su promesa de regresar a Catalunya, a riesgo de ser detenido, y aunque no logre ser investido (porque los números ni le daban ni le dan) intentará que el papel de ERC en unas nuevas elecciones quede aún más desdibujado. Sea porque han permitido que Illa sea presidente o porque en nombre de la unidad independentista se recupera la propuesta de una lista unitaria, algo de lo que ERC huye cada vez que escucha esa música. Es probablemente de las pocas cosas que los republicanos tienen claro desde hace tiempo.  

¿Repetición electoral?

No hay que descartarla. El PSC ha encadenado cinco victorias electorales consecutivas. La última fue este domingo. Por contra, el independentismo sigue en caída como se ha comprobado en las europeas. El 9J han perdido casi un millón de votos.

Unas nuevas elecciones son un riesgo para la mayoría. Es probable que la xenófoba Aliança per Catalunya, que se quedó a las puertas de obtener dos diputados más, obtuviese un mejor resultado. La abstención, que castigó especialmente a los partidos independentistas, ahora podría afectar también al PSC. Los Comuns, imprescindibles para afianzar una mayoría de Illa, siguen también perdiendo apoyos. Y ERC es evidente que lo único que no necesita son unas nuevas elecciones.

Solo Junts no tiene nada que perder porque sería una nueva oportunidad para Puigdemont . Y es a eso a lo que jugará a partir de ahora.

La mayoría absoluta independentista pasó a la historia, pero el bloque de Junts, ERC y la CUP sigue valiendo para algo. Al menos, para conservar cuotas de poder institucional en Catalunya. Los independentistas han juntado sus votos para aupar al neoconvergente Josep Rull a la presidencia del Parlament. Junts retiene la segunda autoridad de Catalunya, lo que le da un papel protagonista en los primeros compases de la legislatura, pendientes de si el Tribunal Supremo aplica la amnistía a Carles Puigdemont.

A la espera de los jueces, Junts controlará el cuándo y el quién del debate de investidura, es decir, la fecha y el nombre del candidato a buscar la mayoría de la Cámara. Un asunto relevante de entrada pero que cobra más importancia ante el escenario incierto de Puigdemont. Las dudas sobre si el expresident será amnistiado dificultan su vuelta a tiempo de someterse a la investidura en junio.

Pasan los años, pero los jueces siguen allí. En 2018, el Supremo encarceló, en medio de su debate de investidura, a Jordi Turull, después de que la investidura a distancia de Puigdemont se constatara como ilegal. Más de un lustro después, el Alto Tribunal también está llamado a jugar un papel en la investidura catalana en función de cómo decida aplicar la ley de amnistía sobre Carles Puigdemont.

El independentismo espera que, ya pasadas las europeas, este martes la ley de amnistía se publique por fin en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que trasladará su aplicación a los jueces. Un calendario judicial que correrá en paralelo al político: Catalunya debe celebrar el primer debate de investidura, como tarde, el 25 de junio, una vez Rull lleve a cabo las rondas de consultas con los grupos y proponga a un candidato.

En función de la rapidez del Supremo en aplicar la amnistía y el artículo que obliga a los jueces a retirar las medidas cautelares contra los amnistiables (como la orden de prisión que Puigdemont tiene si pisa España), el expresident tendrá más números para poder estar en el Parlament el día 25. El Alto Tribunal, sin embargo, debe consultar a la Fiscalía y las acusaciones y defensas tanto de la causa del procés como del caso Tsunami (las dos causas en las que está investigado Puigdemont) antes de tomar una decisión.

Además, el Supremo dispone de dos meses de plazo para aplicar la ley, como todos los jueces. Las dos semanas que quedan para el debate de investidura y los trámites previos a la decisión del Supremo dibujan que Puigdemont puede necesitar más días para volver en libertad que las dos semanas que dispone el reglamento del Parlament para celebrar el primer debate de investidura.

En suma, el calendario de aplicación de la amnistía no garantiza que Puigdemont pueda regresar al Parlament. Ello conduce, en primer lugar, a una decisión personal del expresident sobre si cumplirá su promesa de volver para el pleno de investidura aunque ello suponga ser detenido, un riesgo que ha logrado esquivar con éxito durante seis años. 

Antes del movimiento de Puigdemont, la palabra la tendrá Rull para proponer a un candidato a la investidura. Constatado que el expresident no tiene mayoría, Rull tendrá que decidir si propone antes a Illa como candidato a la investidura, aunque solo sea de forma instrumental como candidato que sí puede estar físicamente en el Parlament el 25 de junio para que eche a andar la cuenta atrás de dos meses para la repetición electoral.

Pero algunas cábalas neoconvergentes también pasan por fórmulas algo más imaginativas (o que retuercen el reglamento, a juicio de la oposición), y que pasarían por proponer a Puigdemont como candidato a la investidura pero no celebrar un debate. Una interpretación muy ventajosa para los intereses de Junts de la fórmula hallada para activar la cuenta atrás electoral después de que el Supremo inhabilitara por primera vez en la historia a un president en activo (Quim Torra) y no se hallara ningún candidato para sucederle.

Nueva negociación

Superada la votación de la Mesa del Parlament, que volverá a tener mayoría independentista que ya no refleja el pleno, empieza ahora la negociación para la investidura. La llave la vuelve a tener ERC, que este lunes ha optado por apoyar a Junts y ha descartado un pacto de izquierdas con el PSC y los Comuns, pero que ya ha advertido que en nada le vincula para la investidura.

Aunque ahora la negociación vuelve a empezar, las conversaciones para la Mesa del Parlament dejan algunos roces entre los partidos. El PSC ha lamentado que ERC haya apoyado a Junts en vez de aceptar la presidencia del Parlament que les ofrecían los socialistas, a lo que los republicanos han replicado que se trataba de un “pacto oculto” que llevaba como consecuencia investir a Illa, algo que el partido independentista se resiste a considerar por ahora.

La portavoz del PSC, Alícia Romero, ha tendido la mano a ERC para conformar una “mayoría progresista” que lleve a Illa a la Generalitat, toda vez que es la única suma que alcanza los 68 diputados que conforman la mayoría de la Cámara. En la misma línea se ha situado David Cid, de los Comuns: “ERC debe decidir entre un Govern progresista o repetir elecciones, que es lo que quiere Junts”. Los socialistas han rechazado buscar en la Mesa del Parlament una operación con los votos de los Comus y PP, conscientes de que supondría un mal punto de partida para las negociaciones con ERC de cara a la Generalitat.

Fuentes de ERC han restado relevancia a la elección de Rull. “Ya votamos a Laura Borràs y no fue una represaliada”, sentenciaban desde la formación tras el pleno. El partido insistía en que no le supone ningún drama haber priorizado mantener la mayoría independentista en la Mesa frente a la presidencia de la Cámara que le habían ofrecido los socialistas.

Pero lo cierto es que Junts ha puesto a última hora el nombre de Rull sobre la mesa y que no se ha abierto a votar a un candidato republicano, lo que ha sentado mal en filas de ERC. En este partido incluso reprochaban a Junts haber filtrado “demasiado pronto” (faltaban cuatro horas para el pleno) el nombre de Rull, y temían una operación con los votos de Vox para quitar al independentismo la presidencia del Parlament. Con reproches y sin sonrisas, pero ERC y a CUP han vuelto a ceder al órdago neoconvergente.

Josep Rull, uno de los integrantes del Govern de la Generalitat que fue a la cárcel por el procés, es el nuevo presidente de un Parlament de Catalunya que, por primera vez en décadas, no tiene una mayoría nacionalista. Con los votos de ERC y CUP, el número 3 de la lista de Junts accede al máximo cargo de la Cámara, desde donde deberá decidir, de entrada, si es Salvador Illa el que se postula a la investidura o si es el líder de su partido, Carles Puigdemont. 

Nacido en Terrassa, en 1968, pocos políticos en activo representan como Rull el viraje de la vieja Convergència hacia posiciones independentistas. Fue un adolescente con el póster de Jordi Pujol en la habitación, según le gusta recordar, y desde su entrada en las juventudes del partido, con 16 años, empezó a progresar de la mano de la generación más soberanista que capitaneaba su amigo Oriol Pujol. 

De la mano del hijo de Pujol le llegó, de hecho, el salto a la primera línea del partido. Antes había liderado CiU en el Ayuntamiento de Terrassa y había sido diputado en el Parlament desde 1997. Pero en 2014, con la salida de Oriol Pujol por el caso ITV, Artur Mas le designó como coordinador de CDC. 

Valorado por su experiencia en políticas de infraestructuras, en las que se especializó como diputado, Rull fue reclutado por Puigdemont para integrar el Govern como conseller de Territorio y Sostenibilidad, cargo que ocupó durante el octubre de 2017 y por el que cumplió condena de cárcel hasta su indulto en 2021. El Tribunal Supremo le condenó a 10 años y medio por sedición por –entre otras razones– haber impedido que atracase en Palamós un barco donde iban a alojarse agentes de policía. 

Rull, de los pocos consellers que acudió a su puesto de trabajo el día que se aplicaba el artículo 155, entró en prisión distanciado de otro de los hombres fuertes del partido, Jordi Turull, hoy secretario general de Junts. Pero ambas figuras recondujeron su relación y han sido piezas clave en la construcción del actual partido que lidera Carles Puigdemont. 

Alejado de las cuitas internas de Junts, Rull conserva un notable ascendiente sobre los distintos sectores del partido. De la confianza de Puigdemont, aunque no sea de su círculo más íntimo, su trayectoria y sus tablas como parlamentario le valieron para que no solo le auparan al número 3 de Junts el pasado 12M, sino para asumir el liderazgo en los debates electorales en ausencia del expresident. 

Su condición –a ojos del independentismo– de represaliado político por el procés le ha convertido en el candidato ideal de Junts, hoy fuerza mayoritaria en este espacio, para una Mesa del Parlament “antirrepresiva”. Buen conocedor del funcionamiento de este organismo de la Cámara, puesto que en el pasado la integró como secretario, ahora desde la presidencia deberá conducir una legislatura en la que el soberanismo no tendrá mayoría, y cuya principal incógnita sigue siendo quién será el president. 

Si lo acaba siendo el socialista Salvador Illa, el que tiene más opciones –Puigdemont no renuncia a ello, pero no tiene mayoría posible–, sería la primera vez en mucho tiempo que el presidente del Parlament no pertenece al partido o a la coalición que gobierna en el Palau de la Generalitat. La última vez fue con el socialista Joan Raventós, que logró los votos del PP y de ERC para evitar que el cargo lo ostentara CiU, que acababa de perder la mayoría absoluta.

El exconseller y diputado de Junts per Catalunya Josep Rull ha sido escogido este lunes presidente del Parlament gracias a los votos de su grupo, de ERC y la CUP. Rull se convierte así en la segunda autoridad de Catalunya pese a que el independentismo ha perdido la mayoría absoluta.

Rull, uno de los históricos de Convergència, ha salido escogido en segunda votación con 59 apoyos (los 35 diputados de Junts, los 20 de ERC y los 4 de la CUP) después de que en la primera ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta. El independentismo, además, ha logrado mantener la mayoría absoluta de la Mesa, que queda conformada por dos miembros de Junts, dos de ERC y tres del PSC.

La republicana Raquel Sans será la nueva vicepresidenta primera de la Cámara, mientras que la segunda recaerá en el socialista David Pérez. Las cuatro secretarías las ocuparán Glòria Freixa (Junts), Juli Fernàndez (ERC), Rosa Maria Ibarra (PSC) i Judith Alcalá (PSC).

El pacto entre independentistas es de mínimos y únicamente para impedir que la Cámara sea presidida por el PSC, ya que en la primera votación ERC y la CUP han votado en blanco y solo en la segunda han apoyado a Rull. De haberse repetido el voto en blanco de los dos grupos independentistas de izquierda en la segunda votación, la presidenta del Parlament hubiera sido la socialista Sílvia Paneque.

Junts, ERC y la CUP logran así capitalizar sus parlamentarios en la Cámara pese a que, por primera vez desde la recuperación de la democracia, el nacionalismo no dispone de la mayoría absoluta del Parlament. La negativa de ERC a abordar un pacto de izquierdas con PSC y Comuns y el rechazo del bloque contrario al procés a explorar un candidato alternativo han permitido al independentismo mantener la segunda autoridad de Catalunya.

Fuentes de los Comuns han explicado que su objetivo era lograr un pacto de izquierdas que no se ha conformado. Y han rechazado avalar una operación similar a la que permitió a Jaume Collboni ser alcalde de Barcelona (con los votos de Comuns, PSC y PP) porque, a su juicio, cortocircuitaría las opciones de un pacto de izquierdas para investir a Salvador Illa.

La votación para escoger la nueva presidencia del Parlament, las dos vicepresidencias y las cuatro secretarías de la Mesa de la Cámara catalana marca la apertura de la legislatura. La segunda autoridad de Cataunya tiene un relevante papel institucional, pues es la encargada de proponer al candidato a la presidencia de la Generalitat para someterse a un debate de investidura que debe celebrarse, como máximo, el 25 de junio.

Antes de esta fecha, el nuevo presidente del Parlament celebrará una ronda de consultas con los líderes de los grupos parlamentarios para proponer a un candidato a la investidura. El primer intento se lo disputan el jefe de filas del PSC y ganador de las elecciones, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, que no tira la toalla pese a la pérdida de la mayoría absoluta independentista.

Tanto en la votación para la Mesa como la investidura resultará clave el papel de ERC, que afronta ahora otro dilema para la investidura. Los republicanos, inmersos en una crisis interna tras perder 13 diputados el 12M, deben decidir si facilitan una investidura de Illa o provocan un bloqueo que precipite la repetición electoral en Catalunya. Aunque optaran por apoyar primero a Puigdemont, su investidura resultaría fallida ante la falta de mayoría independentista.

En caso de que el candidato no logre la mayoría absoluta en primera votación, ni la mayoría simple en un segundo intento 48 horas después, se abrirá un periodo de dos meses en el que podrán celebrarse todos los debates de investidura necesarios para aupar a un nuevo inquilino de la Generalitat. Si tampoco prosperasen, Catalunya se vería abocada a una repetición electoral en octubre.

Defiende la “inviolabilidad” de los diputados

En su primer discurso tras ser nombrado president, Rull ha reivindicado la libertad de los diputados para poder “expresar opiniones” y “ejercer libremente su voto”, en clara referencia a los parlamentarios independentistas encausados durante los últimos años. “Se tiene que poder hablar de todo y debatir de todo sin la presión de ningún otro poder público ni la amenaza de ser privado de libertad”, ha señalado.

Rull ha avisado de que su presidencia sera “especialmente sensible” con dar voz a los diputados que todavía tienen procesos judiciales abiertos, destacando el caso de Carles Puigdemont, Lluís Puig y Rubén Wagensberg, todavía en el extranjero pendientes de la aplicación de la ley de amnistía.

“Con toda solemnidad, les quiero trasladar que la mesa de este Parlament garantizará el principio de inviolabilidad parlamentaria”, ha asegurado. “Ningún diputado puede ser perseguido por expresar opiniones o ejercer libremente su voto. Desde esta presidencia insistiremos en esto de manera intensa”, ha remachado.

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha hecho este martes en el debate de TV3 uno de los principales anuncios de su campaña. Cuando los aspirantes debatían sobre la seguridad, Illa ha anunciado que la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, será su consellera de Interior y que el major Josep Lluís Trapero será director general de los Mossos d'Esquadra (un cargo de designación política) si llega a la presidencia. El candidato socialista había hecho de la seguridad una de sus prioridades en campaña aunque no ha sido hasta ahora que ha desvelado el equipo que que la dirigiría.

El electorado catalán lleva casi dos semanas inmerso en una campaña electoral, pero en todo este tiempo ha tenido difícil hacer una idea de los acuerdos que pueden forjarse tras el 12 de mayo. El debate que han celebrado este martes los ocho principales candidatos en TV3 y Catalunya Ràdio tampoco ha aclarado qué política de alianzas priorizarán los aspirantes que están en cabeza, que según los sondeos son Salvador Illa y Carles Puigdemont, seguidos por Pere Aragonès. Los reproches y vetos cruzados amenazan con hacer imposible sumar la mayoría suficiente para que alguno de los presidenciables logren la investidura.

El debate de de TV3 ha sido el último de los tres televisados que se han celebrado y que deja la carrera hacia el 12M en su recta final, con solo tres días más de campaña y la jornada de reflexión del sábado. La ley electoral impide desde este martes publicar nuevas encuestas en España, aunque algunos sondeos sortean la prohibición publicándose desde otros países. En los últimos días todos los estudios demoscópicos publicados sitúan al PSC en cabeza, seguido de Junts, que se sitúa en segundo lugar y con ERC en el tercero.

El resto de partidos, representados por Ignacio Garriga (Vox), Laia Estrada (CUP), Jéssica Albiach (Comuns), Carlos Carrizosa (Ciudadanos) y Alejandro Fernández (PP), tampoco han mostrado adhesiones incondicionales, aunque algunos de ellos han mostrado sus preferencias. Albiach ha tendido la mano a todas las formaciones de izquierdas, mientras Estrada ha puesto condiciones para sumar en un bloque soberanista. Desde Junts, por su parte, han prometido que de ninguna forma pactarán con la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. “Ni por activa ni por pasiva”, ha dicho Rull

Rull y Aragonès, aliados en el pasado, han chocado en diversas ocasiones. En una de ellas, el candidato de Junts ha invitado a ERC a “rehacer la unidad”, porque a su entender solo con el independentismo unido podrá retomarse el hilo del 1-O. Aragonès le ha respondido recordando que fue Junts quien abandonó el Govern y celebrando que la formación de Carles Puigdemont haya pasado “a practicar la negociación [con el PSOE] tras equipararla a una traición”.

Illa también se ha encarado con Fernández, a quien ha reclamado que deje de referirse a él como “mentiroso”. Pero que el candidato del PP se ha reafirmado, asegurando que Illa “juró y perjuró que no daría apoyo a los independentistas y a la amnistía”. “El PP ha instrumentalizado Catalunya para ganar votos en España y ha practicado la guerra sucia”, ha reprochado Illa, que ha contrastado la gestión del procés de Mariano Rajoy con la actual. “Gobernando el PP en Madrid, aquí se vulneró la ley; gobernando los socialistas no se ha vulnerado”, ha apostillado.

En el lado de la derecha, en un contexto en el que las encuestas dibujan un empate entre PP y Vox, Fernández ha cargado contra la “mentira” de Garriga sobre la regularización de migrantes que se está debatiendo en el Congreso, pero que el candidato de la extrema derecha ha dado falsamente por hecha por el apoyo del PP. “La demagogia y el populismo no se pueden aceptar, ya está bien de tanta mentira”, ha zanjado Fernández.

En el debate celebrado un día antes en La Sexta los candidatos ya habían dejado ver que la política de pactos sería uno de los temas más importantes tras el 12 de mayo, debido a los vetos cruzados. Además, como ha ocurrido en TV3, los partidos de izquierdas se intercambiaron en debates anteriores reproches, al tiempo que mostraban las distancias entre sus programas, lo que avanza que tampoco una alianza entre PSC, ERC y Comuns tampoco sería sencilla.

Aragonès, criticado por la sequía

La crisis climática y la sequía han centrado otro de los bloques, uno en el que los candidatos se han enzarzado com más vehemencia. CUP y Comuns han coincidido en acusar a Aragonès de favorecer al sector turístico durante los tres meses en los que ha estado decretado el estado de emergencia. “Ha habido restricciones para el campo, pero no para el turismo”, ha protestado Albiach.

Por su parte, Estrada ha definido la gestión del Govern como “cortoplacista” y ha considerado que se han “precipitado” al levantar este martes las restricciones de consumo de agua, sin haber impuesto freno al consumo de agua del turismo.

“No tienen ni idea de gestionar el agua. Yo tampoco, pero al menos lo reconozco”, ha apuntado con socarronería el candidato del PP, que ha cargado también contra Illa al considerar que los gobiernos del PSC, que acabaron en 2010, tampoco fueron eficaces para prevenir la falta de agua.

Illa ha considerado “arrogante” el comentario de Fernández, y ha lamentado los “bandazos” que, a su juicio, ha dado el Govern de Aragonès por apostar primero por el traslado de agua en barcos desde València para después decidirse por las desaladoras.

Por su parte, Rull se ha posicionado con claridad a favor del proyecto del Hard Rock, en la localidad de Vila-Seca (Tarragona) y ha defendido que el complejo Hard Rock es “un proyecto que pretende reforzar el sector turístico” y que será “un gran centro de convenciones y de turismo familiar” en el sur de Europa. 

El primer debate electoral de cara a las elecciones catalanas del 12M ha mostrado diferencias, vetos cruzados y reproches que abrirán un escenario complicado a la hora de elaborar pactos postelectorales. La conversación, emitida en RTVE este jueves, ha demostrado las divergencias entre partidos independentistas, que no se han quedado cortos en los ataques al candidato socialista, Salvador Illa, favorito en la mayoría de encuestas.

De hecho, Illa sorprendió a sus contrincantes asegurando que se presentará a la investidura. “¿La bloquearán? ¿Qué van a hacer?”, preguntó. A lo que el president actual y candidato de ERC, Pere Aragonès, reprochó que diera por hecha su victoria en los comicios: “Primero vienen las elecciones. Bajemos un poco”, apuntó Aragonès, que reclamó “más respeto por las urnas”.

El debate contó con la presencia de los cabeza de lista de todas las candidaturas con representación actual en el Parlament, a excepción de Junts, que envió -como ya es habitual- a su número 3 Josep Rull. La formación cuenta con su lider, Carles Puigdemont, afincado en Argelers (Francia).

Así, Rull protagonizó momentos de tensión con los otros dos candidatos independentistas; el president Pere Aragonès (ERC) y, sobre todo, con Laia Estrada (CUP).

La líder anticapitalista afeó a Rull que Junts “coquetee” con el mismo PSC que en 2017 se opuso al referéndum del 1-O, a lo que Rull contestó que la CUP es un partido que “había desaparecido” y que en las últimas semanas “ha vuelto de manera abrupta”.

Esta afirmación provocó el enfado de Estrada, que replicó que la izquierda independentista “no ha abandonado las calles nunca”. Esto sirvió para que Rull le recriminara a la de la CUP que no tuviera en cuenta su paso por la cárcel.

Con todo, Estrada intentó acabar con el rifirrafe asegurando que el “Estado busca precisamente que los independentistas se tiren los trastos a la cabeza”, pero Rull no cejó y contestó: “Es lo que está haciendo usted”.

Por su parte, el president Pere Aragonès también puso en duda la credibilidad de Junts, recordando que Puigdemont aseguró en su día que nunca haría presidente a Pedro Sánchez. Igualmente, también afeó a sus rivales que no firmaran el pacto antifascista contra Vox y Aliança Catalana, pacto que sí cuenta con la rúbrica de ERC, Comuns Sumar y la CUP.

Sobre el escenario complejo y lleno de vetos de cara a los pactos postelectorales, Jéssica Albiach (comuns) recriminó a Illa que haga “piruetas” para no aclarar si le parece una posibilidad llegar a un acuerdo de gobierno con Junts.

La líder de Comuns Sumar reiteró que los de Puigdemont son una “refundación” de Convergència y que, por tanto, simbolizan sus recortes, el “rechazo a reconocer que Palestina sufre un genocidio”, así como que están a favor de rebajar impuestos a las grandes fortunas, “igual que hace Ayuso”, en referencia a la presidenta de Madrid.

Diferencias sobre el referéndum pactado

El debate tuvo cuatro bloques, dedicando el tercero a la amnistía y a la cuestión territorial. Salvador Illa fue el encargado de abrir la conversación y apostó por “abrir una nueva etapa” para “normalizar políticamente y socialmente a Catalunya”. Así mismo, reconoció que no ha sido “cómodo” defender la amnistía en el resto de España.

A esto, Aragonès recordó al líder socialista que él mismo decía no a la amnistía hace unos meses y la ha acabado defendiendo. Por eso, el actual president se mostró seguro de que Illa acabará aceptando el referéndum pactado, siempre que las fuerzas independentistas tengan “fuerza política”, en un claro guiño a Junts. Así, celebró que los de Puigdemont se “sumen” a las negociaciones en Madrid. “Rectificar es de sabios”, dijo.

Rull aseguró que, aunque la amnistía parecía imposible, “cuando hay capacidad de negociar e influir, se pueden conseguir cosas imposibles”. Pero insistió en que “no hay que dialogar” con España, sino “negociar”.

Aquí, Estrada protagonizó otro momento de discrepancia entre fuerzas independentistas, al desmarcarse de las estrategias de Junts y ERC. Aseguró que el 1-O “desbordó” a España y reprochó a los que quieran ir a Madrid a negociar. “El referéndum no saldrá adelante si lo dejamos en manos del PSOE”, dijo, destacando la necesidad de “recuperar el foco desde aquí”. Así mismo, reclamó a sus rivales nacionalistas que dejaran de “vender humo”. “¿Por qué hacen propuestas que nos hacen retroceder?”.

La derecha carga contra Illa

El arco del PPC, Cs y Vox también cargó contra el PSC por haber aprobado la amnistía, una ley que, según el candidato popular, Alejandro Fernández Díaz, “ha dividido a la sociedad catalana”. “¿Usted ha visto reconciliación?”, preguntó. También acusó al socialista de “supeditar los intereses de Catalunya a los de Pedro Sánchez.

La opinión fue compartida por el número uno de Cs, Carlos Carrizosa, que afirmó que “la amnistía no ha servido ni para pacificarlos ni para pararlos”. Igualmente, dio por hecho que Illa, así como “fue el primero en dar el sí a la amnistía, será el primero en decir sí al referéndum”.

Finalmente, el partido de extrema derecha reprochó a los socialistas que “normalicen” a aquellos que “dieron un golpe de estado”.

El presidente del Consell Nacional de Junts y exconseller de Territorio de la Generalitat, Josep Rull, será el número 3 de la lista de 'Junts+ Puigdemont per Catalunya' para las elecciones al Parlament del próximo 12 de mayo, convirtiéndose así en el primer exconseller condenado por sedición por el Tribunal Supremo que vuelve a unas listas electorales.

La Ejecutiva de Junts ha aprobado por unanimidad la propuesta de listas, cuya número 2 será la empresaria catalana Anna Navarro, y que someterá a ratificación en el Consejo Nacional que se celebrará este sábado en Elna (Francia), ha informado este viernes la candidatura en un comunicado. Las candidaturas relegan a los afines a la presidenta del partido, Laura Borràs, y ascienden a los cercanos a Puigdemont y al secretario general, Jordi Turull.

La número 4 será la que ha sido la presidenta del Parlament en la última parte de la legislatura, Anna Erra, cercana a Turull. Puigdemont también ha situado en las posiciones de salida de la lista por Barcelona al presidente del Junts en el Parlament, Albert Batet; a la escritora etíope Ennatu Domingo, y al vicepresidente y portavoz de la formación, Josep Rius, como números 5, 6 y 7, respectivamente.

Les siguen la exsecretaria general de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Judith Toronjo (8); el historiador Agustí Colomines (9); el exconseller de Economía y Hacienda Jaume Giró (11) y el exconseller de Cultura Lluís Puig (13).

Más abajo en las listas están partidarios de la vía unilateral y de Borràs, como el empresario Joan Canadell (que en 2021 fue número 3 y ahora va de 17) o el actual diputado Francesc de Dalmases (el 15 hace tres años y ahora el 18). Junts sacó 16 escaños en 2021 por Barcelona. No repite la ahora diputada Aurora Madaula, otra afín a Borràs que denunció al grupo de Junts en el Parlament por presunto acoso machista. La lista la cierra el exalcalde de Barcelona y líder de Junts en el Ayuntamiento, Xavier Trias.