La noche del 3 de febrero el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Lankien, Sudán del Sur, fue alcanzado por un ataque aéreo de las fuerzas gubernamentales. El almacén principal quedó destruido y perdimos la mayor parte de los suministros esenciales. El hospital, del que habíamos compartido las coordenadas GPS con el Gobierno y las partes en conflicto, había sido evacuado y los pacientes dados de alta horas antes, después de que recibiéramos información sobre un posible ataque contra la ciudad. Éramos el único proveedor de servicios sanitarios que atendía a unas 250.000 personas en Lankien y Pieri donde uno de nuestros centros de salud fue saqueado casi al mismo tiempo. Estos ataques suponen que las comunidades locales se quedarán sin asistencia sanitaria.

El caso del hospital de Lankien está lejos de ser esporádico. Dirijamos la mirada al vecino del norte, a Sudán, asolado por un conflicto caracterizado por una flagrante falta de respeto por la ayuda humanitaria y la asistencia médica. En 2025, fue el país con más víctimas mortales entre personal sanitario y pacientes: 1.620. Cuando cayó Al Fasher (Darfur) tras más de 500 días de asedio de las Fuerzas de Apoyo Rápido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó del asesinato de al menos 460 pacientes y acompañantes en el Hospital Materno Saudí de la ciudad. 

Los ataques contra el personal sanitario y humanitario se han convertido en la nueva normalidad. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la OMS informó de 1.348 ataques contra instalaciones médicas que causaron la muerte de 1.981 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes. Esto supuso un aumento dramático de las muertes, que duplicaron las 944 de 2024. 

Tendencias alarmantes

Palestina y Sudán ilustran tres tendencias alarmantes recogidas en el informe de MSF La atención médica, en el punto de mira: un desprecio creciente del derecho internacional humanitario por parte de las partes beligerantes, entre ellas, los Estados, el impacto desproporcionado en el personal local, y los ataques contra el transporte médico y humanitario (incluidas ambulancias y vehículos de suministro).  

Una vuelta de tuerca de la narrativa que justifica estos ataques es el salto del ‘error’ a la ‘pérdida de protección’ que les otorga el derecho internacional humanitario, bajo acusaciones de colaboración con el enemigo. Créanme cuando les digo que no hay nadie más interesado en preservar la estricta neutralidad de nuestras instalaciones y actividades que nosotros. Nos jugamos la vida en ello. Y la de nuestros pacientes. Pese a ello, en Gaza, Ucrania, Sudán y otros contextos, las acusaciones son recurrentes contra las agencias de Naciones Unidas y las ONG humanitarias. 

En Palestina, el número de trabajadores humanitarios asesinados supera al de cualquier otro país desde 1997, año en que la AWSD comenzó a recopilar datos

Como hemos visto en el caso de Lankien, los ataques contra las instalaciones y servicios médicos y el personal de salud ya sean deliberados o resultado de acciones militares indiscriminadas o de errores, privan a la población civil de un servicio esencial cuando sus necesidades son extraordinarias. 

Los Estados, detrás de la mayoría de los ataques

En 2023 y 2024, Israel fue responsable de los niveles más altos de violencia contra las misiones médicas y humanitarias. Según la OMS, al menos el 53% de los ataques y el 67% de las muertes de personal médico en esos años se produjeron en Palestina y Líbano, donde se atribuye a las fuerzas israelíes la inmensa mayoría de los ataques.

El personal local soporta la peor parte. Entre 2021 y 2025, los trabajadores contratados localmente representaron el 98% de los asesinados, según la Base de Datos sobre la Seguridad del Personal Humanitario (AWSD). 

En Palestina, el número de trabajadores humanitarios asesinados supera al de cualquier otro país desde 1997, año en que la AWSD comenzó a recopilar datos. Esto confirma a Palestina como uno de los epicentros de la violencia contra el personal humanitario (el otro es Sudán) con niveles de agresión sin precedentes, especialmente contra los trabajadores palestinos, que representan el 98% de las víctimas mortales. 

El derecho internacional humanitario establece que los heridos y los enfermos deben ser protegidos y atendidos, y proporciona protección subsidiaria a los transportes sanitarios. Sin embargo, los desplazamientos son cada vez más peligrosos. Según la AWSD, entre 2014 y 2020, 967 trabajadores humanitarios fueron atacados (muertos, heridos o secuestrados) en “la carretera”. En el periodo posterior, más corto, 2021-2025, aumentaron los ataques hasta los 1.057 trabajadores humanitarios. 

La impunidad es el elefante en la habitación. Los Estados, los principales responsables del 81% de los ataques en 2024 según la Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los Conflictos armados, no los investigan adecuadamente ni exigen responsabilidades. Su reacción es pura hipocresía y una muestra de doble moral de buena parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Todo ello, casi diez años después de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condenaba y pedía el fin de los ataques. 

El derecho internacional humanitario prohíbe atacar instalaciones médicas y exige salvaguardar su capacidad y la del personal médico para prestar servicios vitales. La erosión de estas normas tiene consecuencias peligrosas también para los civiles. En Gaza resulta más que evidente. Israel ha exhibido una impunidad total posibilitada por aliados que juraron “respetar y hacer respetar” el mismo derecho internacional humanitario que agoniza con cada ataque a lugares que hasta hace poco se reclamaban como protegidos. 

Más de 100 Estados han rubricado su apoyo a Declaración sobre la protección del personal humanitario y reconocen la necesidad de revertir estas “tendencias mortíferas”. Si no se toman medidas decisivas, las normas fundamentales de la acción humanitaria, la atención médica y la protección de los civiles seguirán desmoronándose.

Un equipo integrado por varias ONG en defensa de los derechos humanos ha presentado una querella en los juzgados de instrucción de Madrid contra la multinacional de viajes eDreams, con sede en España, por “promover y facilitar reservas turísticas en los asentamientos israelíes ilegales situados en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) y en el Golán sirio ocupado, y lucrarse con esta actividad”. La empresa se beneficia así de crímenes de guerra, denuncian. eDreams anunció en septiembre que había cesado toda actividad comercial en los territorios, pero los querellantes detectaron anuncios de alojamientos tras el anuncio. eDreams lo achaca a una “integración técnica externa específica” y “discrepancias técnicas aisladas”.

La querella, presentada por las asociaciones SUDS, Novact y Comité de Solidaridad con la Causa Árabe —con el apoyo del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO), con sede en Países Bajos, y Al-Haq, con sede en Cisjordania— entiende que la actuación de las plataformas de viaje en línea pueden encuadrarse en el artículo 301 del Código Penal, que tipifica como delito la integración en el sistema financiero de beneficios derivados de delitos, incluidos los crímenes de guerra. La querella sostiene que, al promover, facilitar y monetizar el turismo en los asentamientos, las plataformas de viajes en línea se habrían beneficiado presuntamente de esos crímenes de guerra.

eDreams, que gestiona marcas como Opodo, GoVoyages, Travellink, y Liligo, opera en este contexto como una especie de intermediario hotelero que depende del inventario de otras plataformas, entre las que las ONG señalan a Booking.com y Expedia, también cuestionadas por sus negocios en los territorios ocupados en el informe de 2025 de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese. Los querellantes sospechan que aún obtiene beneficios por “comisiones, comisiones por recomendación, publicidad y servicios de posicionamiento”.

La querella se basa en pruebas recogidas por SOMO y el Centro Guernica G37 entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, antes y después de que eDreams anunciase públicamente, el pasado 3 de septiembre, que había dejado de operar en los territorios ocupados por Israel. Una página web de reservas hoteleras asociada a la plataforma quedó entonces fuera de servicio, pero un segundo sitio web se mantuvo operativo, según denuncian las ONG.

Esta segunda web “tiene toda la apariencia de ser un sitio de eDreams, ya que está presentada bajo la marca eDreams y muestra el logotipo de la empresa”, señalan las asociaciones en un comunicado donde advierten que, no obstante, “está operada por una compañía distinta, Travelscape LLC (filial de Expedia), utilizando la marca eDreams”.

El recuento de las ONG apunta que, en septiembre de 2025, 35 anuncios en asentamientos permanecían activos. También indican que en octubre pudieron completar cuatro reservas, a modo de prueba. “La querella sostiene que eDreams, aunque no tiene la titularidad de esta web, recibía comisiones por las reservas realizadas a través de la misma”, añade la nota.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sacó a eDreams del listado de empresas que desarrollan actividades económicas en los Territorios Ocupados —de forma prematura, según las ONG denunciantes— el 26 de septiembre de 2025.

El escrito apunta que los ingresos generados por el turismo en los asentamientos, incluidas las comisiones de las plataformas, las tasas de reserva y los ingresos por referidos, deben tratarse como un producto de crímenes de guerra. “El derecho penal español, en el artículo 611.5 del Código Penal, también considera crímenes de guerra los actos relacionados con los asentamientos, incluida la explotación de las tierras ocupadas. Además, el artículo 614 del Código Penal español castiga a toda persona que haya contribuido a infringir el Derecho Internacional Humanitario, incluido el artículo 49 del IV Convención de Ginebra, que prohíbe la creación de asentamientos en territorio ocupado por la potencia ocupante”, sostienen las ONG.

El razonamiento va en contra de la decisión de la Fiscalía de Madrid de archivar una denuncia de julio de 2025 contra la empresa por entender, según las organizaciones, “que no existía en España ni en la UE una prohibición explícita de hacer negocios en asentamientos ilegales”.

La empresa alega “discrepancias técnicas”

eDreams respondió a SOMO en enero que tiene la “posición corporativa firme” de no “generar negocio o ingresos de alojamientos situados en los territorios palestinos ocupados o en el Golán sirio ocupado” y que los anuncios que aparecían en la segunda web señalada por los investigadores a finales de 2025 “podrían estar vinculados a una integración técnica externa específica” y eran “discrepancias técnicas aisladas”. También aseguró que la empresa estaba llevando a cabo una investigación interna para determinar cómo aparecieron tales anuncios en su inventario.

Booking.com, que afronta una querella en Países Bajos —donde tiene su sede— por sus actividades en los asentamientos, aseguró a SOMO que ya no tiene “ningún tipo de relación comercial o técnica con eDreams” y viene alegando que actúa conforme a la legalidad.

Los querellantes señalan que, aunque eDreams haya renunciado a esta práctica, todavía debe responder por el lucro previo. En ese sentido, señalan que entre septiembre de 2024 y julio de 2025 documentaron 43 anuncios de alojamientos en zonas vedadas. “Sin transparencia, supervisión independiente y rendición de cuentas, la retirada corre el riesgo de funcionar como una medida de relaciones públicas”, plantean los querellantes.

Diez años de oficio no se borran ni con el impacto de las bombas, ni con el humo que dejan sobre pilas de ladrillos desmenuzados. Diez años de trabajo en prensa no se olvidan ni en Gaza ni en España. Lo cuenta Shehabeddin Zohair Abed periodista y escritor palestino con un máster en Relaciones Públicas y Comunicación. Que ahora, en la treintena, se ha visto obligado a hacer maletas y vivir en España.

Comenta que su mente “sigue dividida entre Gaza y mi familia” para indicar que piensa en sus orígenes gazatíes, lugar donde ha perdido parte de su familia. Sus padres están en Egipto, a la espera de que la situación mejore en Gaza y dos de sus hermanas han fallecido, dejando a una sobrina de cinco años llamada Karaz en acogida con unos familiares lejanos. Además, el joven periodista espera desde hace un año la evacuación de otro familiar a España para recibir tratamiento.

Él llegó a España, hace aproximadamente un año, acompañando a una persona enferma, sin su sobrina porque al ser hija de su hermana no coinciden sus apellidos, y dejando atrás un camino de reporterismo que comenzó en 2015. “La mayoría de mis trabajos se han detenido. Actualmente trabajo de forma independiente y con recursos limitados”, explica, pero llegó con su equipo y en sus tarjetas de memoria portaba un legado de imágenes que hablan por sí solas.

“La preocupación constante por mi familia y el intento de salvar lo que queda de ellos hacen que alcanzar la estabilidad personal y profesional sea un proceso complejo y difícil, pero sigo comprometido con mi labor: contar la verdad y defender la voz de quienes no son escuchados”, explica en un castellano que va mejorando día a día, pero aún necesita el apoyo de un traductor, o del inglés.

Imágenes para documentar la realidad en la Franja de Gaza

Gaza y otros territorios palestinos venían sufriendo un bloqueo de Israel desde hacía más de 17 años. Gobierna desde las últimas elecciones democráticas en 2006 una agrupación islamista de varios partidos. El grupo terrorista Hamás llevó a cabo una masacre el 7 de octubre de 2023 contra población civil asesinando a 1.200 civiles, lanzando miles de misiles y tomando a 251 rehenes como prisioneros (algunas fuentes hablan de 254). Hecho que Israel tomó como una declaración de guerra. Desde entonces y según el Ministerio de Salud de Gaza unas 71.000 personas han perdido la vida en la guerra el 80 por ciento de ellos, palestinos civiles.

Un escenario que Shehabeddin Zohair apunta como desolador: “Los políticos pueden decidir una guerra en cuestión de minutos, pero son los pueblos quienes pagan el precio durante años, e incluso generaciones”. Toda la población civil está afectada, casi todas las infraestructuras han sido destruidas, la mayoría de las personas que han perdido la vida son civiles, por no decir que prácticamente son todos si incluimos los más de 14.000 desaparecidos en los dos últimos años.

 Y es ahí, al servicio de la población civil, donde Shehabeddin Zohair pone su trabajo: “La fotografía, para mí —afirma el fotoperiodista—, es un testimonio real de la realidad, especialmente en Gaza, donde la verdad puede desaparecer en cualquier momento si no se documenta”. Para afirmar que, en lugares como la Franja, la fotografía se convierte “en una herramienta para proteger la verdad y en un medio para defender a quienes el mundo no escucha y que viven bajo diversas formas de injusticia y violencia”.  Es la infancia quien está sufriendo el ataque más duro, según la organización no gubernamental de ayuda humanitaria Save the Children unos 4.000 niños habrían muerto entre Gaza, Cisjordania e Israel y unos 6.500 habrían resultado heridos.

Es por ello que el periodista destaca el valor narrativo de la fotografía como herramienta para reconstruir la crónica de los hechos, “la imagen es una memoria viva de un acontecimiento que ya terminó, pero que permanece mientras haya alguien que arriesgue su vida para captarla y otro que continúe llevando su mensaje”. Para el “no es solo arte, sino un acto de resistencia, un medio para preservar la memoria y una forma de evitar que las historias de las personas desaparezcan”.

Imágenes para pensar, para pensar en imágenes

“Mi objetivo —afirma Shehabeddin Zohair— es cumplir con la responsabilidad que asumí en mi formación y en mi profesión: transmitir la verdad tal como es”. Aspira a que sus imágenes hagan pensar y convertir en testigos a todos los que las vean. Reconoce sentir una gran responsabilidad al poder narrar con imágenes la crónica de lo que ha vivido en la Franja de Gaza, donde espera volver en el futuro.

“La cámara es una herramienta, pero el testimonio es una responsabilidad”, reflexiona a modo de conclusión cuando es preguntado sobre si somos una sociedad cada vez menos sensible al poder de las imágenes. “Lo que distingue a una fotografía que impacta no es solo su calidad o su momento, sino su sinceridad, su profundidad y la historia que contiene”.

Defiende que, al final, el poder de la fotografía no depende de la tecnología, sino de la persona que sostiene la cámara y de cómo decide usarla. Y él cuenta con sus imágenes que “la situación en Palestina, especialmente en Gaza, no es solo un conflicto político; es una vida diaria bajo un peligro constante”.

Muchos países, afirma el fotoperiodista, “han calificado lo que ocurre como genocidio, porque la realidad que vive la población va mucho más allá de una guerra convencional”. Y es ahí donde explica que sus fotografías “no buscan mostrar solo la violencia, sino mostrar a un ser humano que intenta vivir en medio de la destrucción”. “Quiero que el mundo entienda que lo que ocurre no es simplemente una noticia de última hora, sino una realidad que millones de inocentes viven cada día”, concluye el gazatí.

Con esa misión, Shehabeddin aprieta el botón de su cámara para recordarle al mundo que “lo que ocurre en Palestina, y especialmente en Gaza, demuestra que la carga más dura siempre recae sobre la persona común (utiliza este término para referirse a la población civil): es ella quien pierde su hogar, su familia, su futuro… mientras los políticos permanecen lejos de ese dolor, protegidos en sus decisiones y en sus torres de cristal”. Y es consciente de las limitaciones de una cámara, pero también de su poder: “Creo que una fotografía tal vez no detenga una guerra, pero puede despertar conciencias, impedir que la injusticia ocurra en la oscuridad y dar a las víctimas el derecho de ser escuchadas y de ser vistas”.

Agradece que la posición de España haya sido clara, pero valora más el afecto del pueblo español en las calles. Recuerda que Gaza enfrenta un invierno entre escombros y bajo el barro de una ciudad en ruinas, de hecho, en el momento en el que se escribía este reportaje una fuerte tormenta inundaba los campos de refugiados en la Franja. Por eso, más desde la vida que desde su posición de fotógrafo, Shehabeddin tiene un “mensaje para los ciudadanos, en cualquier parte del mundo: no permitáis que los políticos hagan la guerra en vuestro nombre. Si la gente calla, la tragedia se repite; si la gente habla, una vida puede salvarse”.

Aún busca Shehabeddin Abed un lugar donde instalarse, y lo hará en España, un país por el que ya siente respeto porque “ha dicho lo que muchos políticos en el mundo no se han atrevido a decir: que la vida humana vale más que cualquier cálculo político, y que callar ante la injusticia es una forma de complicidad”.

El joven periodista reconoce que, “desde mi llegada a España, sentí que me encontraba ante un pueblo con una profunda sensibilidad humana”, y explica que la acogida “no fue solo administrativa, sino verdaderamente humana”. Afirma que en España vio “la solidaridad en las calles, en las manifestaciones y en las posiciones públicas con las que muchos españoles expresaron su apoyo al pueblo palestino”. Lanza, eso sí, el reto a los gobiernos “que deberían mirar la situación del refugiado palestino con más profundidad y mayor responsabilidad.”

Describe su llegada a España como un abrazo humano que le “hizo creer que aún existen pueblos que defienden la justicia y la dignidad humana.” 

Tiene un deseo: quiere volver a trabajar. “El periodismo no es solo un empleo para mí, sino parte de mi identidad y de la misión que llevo conmigo”, afirma. Aunque está esperando el momento adecuado: “Estoy intentando recuperar mi estabilidad emocional y familiar, y después volveré con más fuerza a mi labor como periodista y fotoperiodista, para seguir contando la verdad y dando voz a quienes no son escuchados”.

Shehabeddin Abed ha asistido como invitado especial de la entrega de reconocimientos fotográficos del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Estas distinciones que buscan visibilizar y llevar a la esfera pública y al debate ciudadano algunas de las realidades con las que cada día se encuentran los y las trabajadoras sociales de la región. Unos premios en los que colabora ElDiario.es Castilla-La Mancha y que este año han destacado las imágenes de Olvido Belda y Lucía García-Casarrubios.

Un periodista de investigación croata ha presentado una denuncia ante la fiscalía de Milán contra el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, por su supuesta implicación en el asunto de los “safaris de Sarajevo” emprendidos supuestamente por francotiradores italianos y de otros países en la capital bosnia para matar civiles durante el sitio de la ciudad entre 1992 y 1996. “Nunca he matado ni herido a nadie ni he hecho algo parecido. Han mentido sobre mí como francotirador en Sarajevo durante 10-20 años y siguen mintiendo”, respondió Vučić a los medios en Belgrado.

Los fiscales de Milán emprendieron la semana pasada una investigación para identificar a los italianos que pudieran estar implicados en casos de asesinato, con las agravantes de crueldad y motivos abyectos.

Grupos de “francotiradores turistas” participaron presuntamente en asesinatos masivos tras pagar grandes sumas a soldados del ejército de Radovan Karadžić —el antiguo líder serbobosnio que en 2016 fue declarado culpable de genocidio y otros crímenes contra la humanidad— para ser transportados a las colinas que rodean Sarajevo y disparar a la población a placer, según los investigadores.

Más de 10.000 personas murieron bajo la artillería y los disparos de francotiradores durante los cuatro años de asedio, que supuso el sitio más largo de la historia moderna, después de que Bosnia y Herzegovina declarase la independencia de Yugoslavia.

Los francotiradores fueron posiblemente el elemento más temido por los vecinos durante el sitio de Sarajevo porque disparaban a la gente en las calles sin distinción, incluso a los niños.

La investigación partió de una denuncia presentada por Ezio Gavazzeni, un escritor milanés que recogió pruebas de las acusaciones, así como de un informe enviado a los fiscales por la exalcaldesa de Sarajevo Benjamina Karić.

Gavazenni declaró que había leído informaciones sobre los supuestos francotiradores turistas en la prensa italiana en los 90, pero que solo empezó a investigar tras ver el documental de 2022 Sarajevo Safari, dirigido por el esloveno Miran Zupanič.

El joven Vučić, en el lugar del crimen

El periodista de investigación Domagoj Margetić presentó el miércoles la denuncia contra Vučić ante los fiscales encargados del caso.

La prensa de Sarajevo informó estos días de las pruebas publicadas por Margetić en redes sociales de que Vučić, entonces un joven voluntario, estaba presente en uno de los destacamentos militares de la ciudad desde los cuales, según los testigos, unidades serbias acompañadas de extranjeros disparaban a matar a los civiles, en lo que se ha dado en llamar un macabro “safari turístico”.

En varias publicaciones en Instagram, el periodista afirmó que Vučić declaró en una entrevista con medios de Belgrado en 1994 que, durante los 'safaris humanos' en Sarajevo, había estado en uno de los puestos más exclusivos a los que llegaban esos “monstruosos turistas” para “cazar” personas.

Luego publicó un video grabado en un puesto del Cementerio Judío de Sarajevo, considerada una de las ubicaciones “más atractivas” para disparar, en el que aparecen el criminal de guerra Vojislav Seselj y Vucic. Según Margetic, el actual presidente de Serbia evitaba las cámaras porque llevaba un rifle en la mano.

Nicola Brigida, un abogado que ayudó a Gavazzeni a preparar el expediente, indicó: “Las pruebas acumuladas tras la larga investigación [de Gavazzeni] están muy sustanciadas y podrían dar pie a una investigación seria para identificar a los culpables. También está el informe de la exalcaldesa de Sarajevo”.

Italianos, franceses e ingleses

Gavazenni afirmó que “muchos, muchos, muchos italianos” están supuestamente implicados, aunque no dio una cifra. “Había alemanes, franceses, ingleses... Gente de todos los países occidentales que pagó grandes sumas para que los llevasen a disparar a civiles”, acusó.

El abogado añadió: “No tenían motivación política ni religiosa. Eran ricos que fueron para divertirse y por satisfacción personal. Hablamos de amantes de las armas que quizás fuesen a campos de tiro o a safaris en África”.

Gavazzeni alegó que los italianos supuestamente implicados se reunían en la ciudad de Trieste para viajar a Belgrado, desde donde soldados serbobosnios los llevaban a las colinas de Sarajevo.

“Había un tráfico de turistas de guerra que iban allí a disparar a gente”, indicó. “Yo lo llamo indiferencia ante el mal”, describió.

“Nunca he tenido un rifle de francotirador en las manos, ni siquiera aquel rifle del que hablan, porque eso era un trípode de cámara. ¡Qué vergüenza!”, declaró el mandatario serbio tras hacerse pública las acusaciones, según recoge EFE. “No hay palabra que no hayan dicho para presentarme como un monstruo, un asesino frío”, dijo Vučić, que años atrás sostuvo que llevaba un paraguas. Los rumores respecto de la actuación del presidente serbio por Sarajevo llevaban años circulando.

Con información de Agencias.

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que Israel cometió “crímenes de guerra” durante una serie de operaciones militares en Cisjordania este año que provocaron el desplazamiento forzado de al menos 32.000 palestinos. La ONG ha instado al Gobierno israelí a “permitir de inmediato el regreso” a los campamentos de refugiados de los que fueron expulsados.

En su informe 'Todos mis sueños han sido borrados. Desplazamientos de palestinos en la Cisjordania ocupada por el ejército israel', HRW documenta el desplazamiento forzado de la totalidad de los residentes de los campamentos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams, en el norte del territorio palestino.

“A principios de 2025, las autoridades israelíes expulsaron por la fuerza a 32.000 palestinos de sus hogares en campos de refugiados de Cisjordania sin respetar las protecciones legales internacionales y no les han permitido regresar”, afirmó la investigadora sénior de HRW, Nadia Hardman.

Con la atención global puesta en Gaza, añadió, las fuerzas israelíes “han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica en Cisjordania que deben ser investigados y enjuiciados”.

La organización recopiló información mediante 31 entrevistas realizadas entre marzo y agosto de 2025 a palestinos desplazados, además de análisis de imágenes satelitales, verificación de vídeos y fotografías, y revisión de documentos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y órdenes de demolición difundidas en redes sociales.

HRW afirma que las incursiones de Israel en Yenín, Tulkarem y Nur Shams entre enero y febrero de 2025 incluyeron tropas terrestres, tanques, helicópteros, drones y excavadoras que avanzaron zona por zona, allanaron viviendas, destruyeron infraestructura y forzaron la evacuación completa de la población.

Testimonios recogidos por HRW y vídeos verificados por la organización muestran ataques a civiles, incluido el asesinato de un hombre en Yenín y de dos mujeres en Nur Shams.

Una evaluación del Centro de Satélites de la ONU en octubre de 2025 determinó que 1.460 edificios resultaron dañados, incluidos 652 con daños moderados, lo que sugiere destrucción extensa e injustificada en zonas residenciales.

HRW subraya que el derecho internacional humanitario prohíbe el desplazamiento forzoso de civiles en territorios ocupados y obliga a permitir su retorno una vez concluyan las hostilidades.

La organización sostiene que Israel no ha presentado evidencia de objetivos militares que justificaran la evacuación total de los campamentos ni ha proporcionado rutas seguras, refugios, alimentos o atención médica durante el desplazamiento.

Además del retorno inmediato de los desplazados, HRW pidió a los gobiernos que impongan sanciones específicas, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos, contra altos funcionarios israelíes —entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz— a los que considera “creíblemente implicados” en graves abusos.

Las operaciones israelíes en Cisjordania han causado alrededor de 1.000 palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, según datos de la ONU.

A partir de los juicios con mujeres encausadas y de archivos militares repartidos por toda España, Javier Rodrigo, historiador especializado en el estudio de las guerras civiles, políticas de violencia y catedrático en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha rescatado la historia de las mujeres víctimas de violencia política, violencia sexual y torturas durante la posguerra, concretamente desde el final de la Guerra Civil hasta mediados de los años 50. Se trata de 150 mujeres guerrilleras armadas y otros cientos de ellas que participaron en la resistencia desarmada como enlaces de los guerrilleros. Todo ello lo ha recogido en el ensayo 'La guerra degenerada. Violencia y resistencias en la España de posguerra'.

“La Guerra Degenerada es un libro que originalmente quería y quiere trabajar sobre la historia de las mujeres que fueron víctimas de violencia vinculada a la represión y a la persecución política en la posguerra española. En España hay una guerra después de la Guerra Civil. La guerra de la resistencia, la guerra contra la guerrilla en la que participan muchas mujeres. Muchas participan como guerrilleras, unas 150, pero sobre todo participan muchas mujeres como enlaces o como resistentes del llano. Una forma de resistencia desarmada que no es políticamente vinculante, sino que tiene mucha relación más bien con los afectos y con las relaciones familiares, pero que es fundamental para la supervivencia de la guerrilla. Estas mujeres, sobre todo los enlaces, acaban convirtiéndose en víctimas propiciatorias de la persecución de la guerrilla. Víctimas vicarias en muchos casos también porque se las tortura o encarcela para intentar que delaten a guerrilleros que están en el monte. Son sometidas muchas veces a formas de violencia sexual o genitalizada, incluidas violaciones o reconocimientos vaginales forzosos”, detalla Rodrigo a este periódico tras su paso por Bilbao para presentar la obra.

El historiador era consciente de que existían este tipo de prácticas en la posguerra, pero hasta la fecha nadie las había sacado a la luz. “Planteé la posibilidad de investigarlas a partir de los expedientes militares, los expedientes de los juicios militares en los que existen mujeres encausadas, en los archivos militares que hay esparcidos por toda España. Así me di cuenta de en qué consiste la guerra irregular, la guerra degenerada, la guerra entre la resistencia y el Estado fundamentalmente, y con ello pude volver a replantear la posguerra misma. La posguerra no es un tiempo de paz, sino de pacificación, y es un tiempo de una extrema violencia en la que existen tanto una guerra irregular contra la resistencia como formas de violencia sexuada, de violencia específicamente pensada y dirigida hacia la mujer como la de la violación, los tocamientos y las torturas. Y de esto va el libro, básicamente de repensar la posguerra a través del estudio de la presencia de la violencia contra las mujeres en el marco de la guerra contra la guerrilla”, apunta el autor.

¿Cómo consiguió dar con estas mujeres violentadas y torturadas si se trata de una violencia ocultada? Rodrigo confiesa que lo que se sabe de ellas es “relativamente poco”. “La posibilidad de cruzar datos con otras fuentes documentales es muy limitada, no se trata de mujeres que, a diferencia de en otros casos europeos, hayan escrito sus memorias o hayan sido visibilizadas por la historia, por la historiografía o por las políticas de memoria. Se trata de mujeres, de colectivos abiertamente invisibilizados por las políticas de memoria, pero también por la propia historiografía, es decir, por la rama de conocimiento que reconstruye el pasado. Por tanto, me es muy difícil tener más información sobre estas mujeres. Resistentes armadas, es decir, guerrilleras, se pueden identificar aproximadamente solamente 150 más o menos. Se conocen las identidades e incluso algunas han escrito su biografía, pero las enlaces son miles y es imposible reconstruir la historia de miles de mujeres, que no es que sean anónimas, es que han sido anonimizadas, porque nadie es anónimo. Por eso yo me limité a identificarlas a través de la forma en la que las identifica el propio Estado franquista, que es utilizándolas como o como enjuiciadas o como testigos en procesos judiciales militares”, sostiene.

Rodrigo llega a la historia de estas mujeres gracias a los archivos militares. “Sabía que había decenas de miles de juicios, de expedientes judiciales que nadie había tratado en el estudio de la represión franquista, de la violencia franquista y específicamente de la violencia contra las mujeres en la guerrilla. Entonces, en estos juicios, en estos expedientes, fui a buscar nombres femeninos. Encontré unos mil expedientes judiciales en tres o cuatro archivos en Ferrol, Sevilla, Zaragoza y Madrid. Expedientes judiciales en los que aparecían mujeres como encausadas”, detalla, a partir de ahí comenzó su investigación. “Tire del hilo para conocer los procedimientos judiciales y las investigaciones judiciales que se realizan sobre estas mujeres, encontrándome con grandes sorpresas. Por ejemplo, el hecho de que hay mujeres que en sede judicial, es decir, delante del juez, se retractan de las declaraciones hechas en sede policial, porque dicen que las confesiones hechas en el cuartelillo de la Guardia Civil, las hacen bajo tortura o bajo amenaza de tortura, o porque las han violado o pegado. Esto abre una ventana, una ventana muy pequeña a través de la cual asomarse a una historia que está por reconstruir en España, que es la historia de la violencia sexual y de la tortura como forma de violencia sexual. Un tema que no se ha investigado y que se puede seguir investigando. Se puede seguir continuando con el trabajo de vaciamiento de las fuentes militares”, reconoce.

Según reconoce, ese es su objetivo: seguir investigando sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres en la posguerra. “Mi objetivo es, por un lado, visibilizar la violencia contra las mujeres en la posguerra, visibilizar a las víctimas supervivientes de violencia sexual en la posguerra y luego plantear también una forma de repensar la posguerra, en la que entendamos que la praxis generalizada de las violaciones y las torturas es una realidad cotidiana en los pueblos y las ciudades, que es una historia de violencia. La historia de la España de posguerra es también una historia de resistencia, porque también lo que quería era reivindicar que estas mujeres, por activa o por pasiva, de manera consciente o inconsciente, son agentes de la resistencia. Siempre que se estudia la resistencia, son resistencias nacionales, armadas y masculinas. Y, en cambio, yo lo que quería reivindicar es el estudio de una resistencia desarmada, no siempre nacional, sino más bien relacional y sobre todo una resistencia en femenino, porque cuando la resistencia es desarmada es siempre resistencia de mujeres. Sobre eso no cabe ninguna duda”, concluye el historiador.

Hace casi 600 días que 260.000 personas sufren el sitio de su ciudad por una fuerza paramilitar en el país que vive la peor hambruna del mundo. En su ciudad, mueren de hambre o bajo las bombas. Si intentan huir, se exponen a violaciones y asesinatos. Más de 150.000 personas han muerto en los últimos dos años, y ni siquiera la ONU puede dar una estimación exacta de cuánto es ese “más”. El antiguo enviado de EEUU para la zona cree que los muertos se acercan a 400.000. Hay más de 12 millones de desplazados.

El sitio sucede en El Fasher, la capital de Darfur del Norte, en Sudán, donde el conflicto volvió a estallar en abril de 2023 y varios países y organismos internacionales consideran que se está cometiendo un genocidio. La Corte Internacional de Justicia de la ONU abrió en abril un proceso contra Emiratos Árabes por “complicidad con el genocidio” entre acusaciones de que ese régimen está apoyando a la fuerza paramilitar responsable de asesinatos en masa, pero dictaminó que no podía seguir con el caso porque Emiratos no ha reconocido un artículo clave de la Convención contra el Genocidio. Emiratos niega las acusaciones, basadas también en investigaciones periodísticas e informes de Naciones Unidas.

No vemos ni en España ni en otros vecinos europeos manifestaciones masivas contra el genocidio en Sudán. Tampoco presión en los parlamentos o en los escenarios para pedirle cuentas a Emiratos Árabes, con quien el Gobierno español sigue haciendo negocios. Este mismo junio, el ministro de Economía viajó a Emiratos para “reforzar las relaciones bilaterales” y promocionar las inversiones españolas. En julio, la UE lanzó sus negociaciones con Emiratos para un acuerdo comercial.

Estados Unidos está entre los que definen lo que pasa en Sudán como un genocidio -lo hizo la Administración Biden y la Administración Trump ha seguido llamándolo así-, pero apenas ha prestado atención a este conflicto que no suele salir en las portadas de los periódicos ni provoca marchas, boicots y campañas de activistas famosos. La cancelación de la ayuda humanitaria internacional de Estados Unidos ha recrudecido la emergencia. Los gobiernos de la región miran hacia otro lado, o todavía peor. La esperanza llega de organizaciones como la red sudanesa de voluntarios locales Emergency Response Rooms.

“El fracaso es global. Los países árabes y africanos han hecho más para agravar el sufrimiento en Sudán que para aliviarlo”, escribe Nicholas Kristof, el periodista del New York Times cronista de los horrores en todo el mundo, también en Darfur. “En 2005, la ONU declaró una ‘responsabilidad de proteger’ a civiles que sufren atrocidades, pero esa retórica grandilocuente parece más un sustituto de la acción que un estímulo para ella”.

El de Sudán es un conflicto enquistado de difícil arreglo, pero la experiencia de hace dos décadas muestra que, en particular, cuando Estados Unidos se empeña puede haber un camino -entre otras cosas porque sigue siendo la potencia con la capacidad para presionar a los países en la región que no tienen los gobiernos europeos.

Aunque con limitaciones y de manera precaria, su intervención en Darfur hizo que volviera la paz y que la justicia internacional avanzara en procesos contra los criminales de guerra, incluido el expresidente Omar al-Bashir, que se cree que está ahora en una cárcel en el norte del país. Esta semana el primer líder militar fue condenado en La Haya por crímenes de guerra en Darfur en 2003 y 2004.

El argumento del “doble rasero”, que la Unión Soviética promocionó con éxito durante la Guerra Fría, es uno de los más perezosos e inconsistentes que se pueda encontrar. No seré yo quién lo repita. Es hasta absurdo decir que hay sólo dos raseros. 

La preocupación de las opiniones públicas va a menudo relacionada con la cercanía, el consumo de información y la conexión humana. La de los políticos, por los intereses que se juega su país y por cómo les favorece o perjudica la presión pública del momento. La supuesta preocupación por el sufrimiento humano en general se concreta inevitablemente más por el de algunos, refleja a menudo sesgos históricos y oculta intereses partidistas que poco tienen que ver con las personas y los lugares afectados.

El rasero universal de proteger a los civiles, detener masacres y hambrunas y juzgar a los criminales de guerra debería corresponder a organismos internacionales como Naciones Unidas, que, sin embargo, lleva años fracasando en su misión más importante. Se le puede echar la culpa a los países que bloquean el Consejo de Seguridad, especialmente a Estados Unidos, Rusia y China, pero los problemas son mucho más profundos.

En este mundo desequilibrado, la llave la sigue teniendo a menudo Estados Unidos, una fuerza cada vez más imprevisible e inestable. La alternativa tampoco resulta halagüeña, vistos los países en ascenso, autoritarios, brutales hasta con su población, como India y China.  

Es un día de cierta esperanza en Oriente Próximo y la presión internacional, en especial -pero no sólo- la de Estados Unidos, merece ser reconocida. Entretanto, la paz y la justicia siguen estando muy lejos en demasiados rincones del mundo por los que apenas hay movilización entre la impotencia y el desinterés.

“No había reglas de enfrentamiento claras con los civiles, cada soldado decidía si disparaba o no”. Así lo afirma un exsargento israelí de 23 años que sirvió en la guerra de Gaza en una unidad de infantería. Se reúne con elDiario.es en Tel Aviv, pero pide no publicar su nombre ni datos personales que puedan revelar su identidad.

“Durante mi segunda misión en Yabalia (en el norte de la Franja) fue la primera vez que vi a civiles. Los primeros días hubo algunos accidentes en los que los civiles fueron asesinados”, relata sin especificar las circunstancias de esos asesinatos. Fue unos meses más tarde, en la primavera de 2024, cuando tuvo un encuentro con civiles palestinos que cambió su visión de la guerra y le llevó, en última instancia, a rechazar seguir en su unidad en Gaza.

“Estábamos estacionados en un corredor humanitario; había muchos civiles en la carretera que huían del Hospital Al Shifa [en Ciudad de Gaza] y se dirigían hacia el sur”, tal y como el Ejército israelí les había ordenado que hicieran.

'Protocolo mosquito'

“La primera noche, el comandante nos dijo que cogiéramos a dos hombres de la calle para usarlos como escudos humanos en nuestras redadas. Usó el término 'protocolo mosquito'. Lo escuché en la radio y no entendí qué era ese protocolo, era la primera vez que lo escuchaba”, dice el sargento, refiriéndose a una práctica que está prohibida por las normas que rigen la guerra.

El comandante nos dijo que cogiéramos a dos hombres de la calle para usarlos como escudos humanos en nuestras redadas

Exsargento del Ejército israelí

El pasado mes de mayo, el Ejército israelí dijo en un comunicado que estaba investigando “varios casos” en los que sus soldados habían obligado a palestinos a actuar como escudos humanos, esto es, que entren antes de las tropas en edificios o lugares donde podría haber explosivos o milicianos de Hamás. El Ejército afirmó que “el uso de palestinos como escudos humanos o coaccionarlos para que participen en operaciones militares está estrictamente prohibido por las órdenes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)”.

El exsargento entrevistado por este periódico y testimonios recogidos por otros medios indican que la práctica es común y que las fuerzas israelíes la han empleado durante los dos años de ofensiva en Gaza (durante la que han matado a más de 67.000 palestinos, la mayoría de ellos, menores de edad y mujeres).

“Trajeron a dos jóvenes, uno de 16 años y otro de unos 20. Temblaban, estaban esposados y con los ojos vendados. El oficial que me los entregó era el oficial de inteligencia y me dijo que debía usarlos con base en el 'protocolo mosquito'. También me dijo que estaban relacionados con Hamás, pero yo veía que eran sólo unos adolescentes”, relata el exmilitar con cierta amargura y vergüenza en su mirada.

Era la primera vez que estaba tan cerca de civiles: pude olerlos y ver lo asustados que estaban, fue impactante

Exsargento del Ejército israelí

Explica que los soldados no podían entender lo que los dos chicos les decían en árabe. “Pedían ir al baño, pero no podían hacerlo solos porque estaban esposados. Tuve que llevarlos al baño y abrirles la cremallera. Estaba muy cerca de ellos y pude ver lo asustados que estaban. Era la primera vez que estaba tan cerca de civiles. Cuando los vi tan de cerca, pude olerlos y ver lo asustados que estaban. Fue impactante”, admite.

“Los usamos en nuestras incursiones, cuando atacamos un par de edificios. Entraron antes que nosotros a los edificios, abrieron todas las puertas y ventanas y buscaron explosivos y miembros de Hamás que pudieran tendernos una emboscada; [en ese caso], morirían en nuestro lugar”, dice el exsargento, explicando básicamente en qué consiste el 'protocolo mosquito'.

Él y los demás integrantes del pelotón se negaron a seguir usando a los dos palestinos como escudos humanos, cuenta, aunque señala que no sabe si ese rechazo se dio en otros pelotones o batallones del Ejército. “Uno de mis soldados le dijo al comandante del batallón que estábamos cometiendo crímenes de guerra y violando el derecho internacional. Él respondió que un soldado no tiene por qué pensar en el derecho internacional y que sólo debe tener en cuenta el código ético de las FDI”. El joven recuerda que esa respuesta le afectó: “En ese momento me di cuenta de que estaba participando en una guerra inmoral”.

Uno de los soldados le dijo al comandante que estábamos cometiendo crímenes de guerra y violando el derecho internacional

Exsargento del Ejército israelí

El exmiembro de las FDI dice que lograron imponerse y el comandante le ordenó “soltar” a los dos chavales en el mismo lugar donde los habían secuestrado. Entonces, dice que se dio cuenta de que no tenían nada que ver con Hamás, porque de haber sido así los hubieran retenido durante más tiempo.

“Hay muchas cosas inmorales y erróneas en esta guerra, pero el encuentro con aquellos dos chicos fue impactante para mí y, seguramente, para ellos también”, dice el exsargento que, en aquel momento tenía casi la misma edad que el mayor de los palestinos.

Una guerra de venganza

Antes de la ofensiva contra la Franja de Gaza, el militar había servido en la Cisjordania ocupada, donde estaban desplegadas la mayor parte de las tropas en los meses previos a octubre de 2023. “Al principio, la gente pensaba que servir en la Franja de Gaza era más moral [que en Cisjordania] porque allí se enfrentarían a terroristas”, recuerda, agregando que después de los ataques de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de hace dos años, muchos uniformados fueron a Gaza “con ganas de venganza”.

“Muchos soldados estaban en estado de shock tras el 7 de octubre y querían vengarse. Yo no fui con ese sentimiento de venganza; lo único en lo que pensaba era en la seguridad y el bienestar de mis soldados”, asegura.

Era libre de hacer lo que quisiera, no disparé a ningún civil porque no quería

Exsargento del Ejército israelí

Esos soldados con sed de venganza, que muchas veces tienen unos 20 años, son los que deciden sobre la vida de los palestinos en Gaza. “No hay reglas claras, nosotros decidimos. Pero si disparaba a un niño o una niña, creo que nadie me habría castigado. Era libre de hacer lo que quisiera, no disparé a ningún civil porque no quería”, afirma.

“Durante los siete meses que serví en Gaza, solo vi a hombres armados en cuatro ocasiones. Los demás eran gente desarmada y no creo que ningún soldado debería dispararle a alguien desarmado”, dice el exsargento, destacando que él tenía claro lo que era “correcto” y lo que no, pero que algunos militares competían por matar a más palestinos. “Hay un juego entre los soldados: cuantas más personas mates, más X [puntos] obtienes”.

Desde la organización israelí Breaking the Silence -fundada en 2004 por soldados “arrepentidos” que empezaron a denunciar lo que hacía el ejército en los territorios palestinos ocupados-, su director Nadav Weiman afirma que deberían ser los comandantes y los oficiales de alto rango los que garanticen que los soldados aplican las órdenes “sin hacer daño a los civiles, sin prender fuego o saquear las casas” de los palestinos.

“Por supuesto un soldado de 19 años, cuyos amigos o familia fueron masacrados el 7 de octubre, está enfadado y quiere vengarse. Lo entiendo. Pero los oficiales deben pararlo”, afirma en una entrevista con elDiario.es. Sin embargo, Weiman dice que en esta guerra son los militares de alto rango los que incitan a sus subordinados a luchar “una guerra sagrada contra los infieles” en Gaza.

En los pasados dos años, desde el comienzo de la brutal ofensiva contra la Franja, Breaking the Silence ha recopilado casi 200 testimonios de militares. Weiman explica que antes solían rondar los 50 testimonios al año, pero desde octubre de 2023 han aumentado considerablemente. Solo en los pasados dos meses, la ONG ha hecho 33 entrevistas con soldados que cuentan lo que han hecho en la Franja y cuyos relatos se parecen a los del exsargento entrevistado por este periódico.

Muchos soldados, incluidos comandantes, quieren hablar con nosotros para que en Israel y en todo el mundo la gente sepa lo que las fuerzas israelíes hacen en Gaza

Nadav Weiman — director de Breaking the Silence

“Esto demuestra que la conducta del ejército en Gaza es muy problemática y muchos soldados, incluidos comandantes, quieren hablar con nosotros para que en Israel y en todo el mundo la gente sepa lo que las fuerzas israelíes hacen en Gaza”, asegura el director.

Weiman dice que si se compara la actual guerra en Gaza con la ofensiva israelí de 2014 contra la Franja, las FDI siguen teniendo prácticamente los mismos comandantes, “pero están dopados por los ataques del 7 de octubre”. Weiman considera que buscan demostrar que siguen siendo la fuerza predominante, después de haber fracasado a la hora de evitar los ataques de Hamás que aquel día acabaron con la vida de unas 1.200 personas en el sur de Israel. Y lo hacen “masacrando a los civiles”.

Los comandantes del Ejército están dopados por los ataques del 7 de octubre

Nadav Weiman — director de Breaking the Silence

El director, que en su día sirvió en las FDI, relata que “los soldados cuentan que pueden hacer lo que quieran” en Gaza, desde tomar escudos humanos a ordenar un bombardeo si ven una silueta a través de una ventana en algún edificio sin saber quién se encuentra en su interior. Agrega que las normas de enfrentamiento para los uniformados israelíes llevan siendo vagas muchos años. Y son así a propósito.

“Por supuesto, esto está afectando a los soldados”, dice Weiman, y lo corrobora el exsargento, quien fue a terapia durante algunos meses después de su experiencia en la Franja. “Ahora quiero que la gente sepa lo que está pasando en Gaza”, afirma el joven.

“Israel está bombardeando a periodistas en Gaza y prohíbe la entrada de la prensa internacional. El portavoz de las FDI no es de fiar y [la gente] no puede saber la verdad” de lo que ocurre en la Franja, lamenta, aunque admite con cierta frustración que “la mayoría de los israelíes no quieren saber ni pensar en ello”.

La Diputación de Albacete ha anunciado su apoyo, a través de su Servicio de Comunicación, a la iniciativa promovida por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Avaaz Acción Internacional, que busca incrementar la presión internacional para poner fin a los ataques selectivos contra periodistas en Gaza perpetrados por el ejército israelí, así como para exigir el libre acceso de la prensa internacional a la Franja.

La propuesta contempla una acción coordinada por medios de comunicación de todo el mundo, a la que se ha sumado elDiario.es, entre las que se incluyen portadas en negro, ‘apagones’ informativos en medios audiovisuales y acciones de visibilización en medios digitales.

Dicha movilización este lunes, 1 de septiembre, cuenta con el respaldo de la Asociación de Periodistas de Albacete (APAB), de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de numerosas asociaciones de prensa del país.

La Diputación de Albacete se sumará de manera activa a esta iniciativa y, desde las 12:00 hasta las 23:59 horas de este lunes, el Gabinete de Comunicación no enviará notas de prensa, no actualizará la sección de noticias de la página web institucional y “apagará” cualquier comunicación en los perfiles sociales oficiales. Se establece como única excepción la información de servicio público en caso de producirse alguna emergencia durante dicho periodo.

La institución anima a medios e instituciones de la provincia a secundar el ‘apagón’ e instar al fin de la violencia contra la población civil en Gaza.

Desde la Diputación de Albacete se condenan “de forma rotunda” los asesinatos de periodistas y la masacre que está sufriendo la población palestina, y reiteran “el compromiso con la libertad de prensa, la defensa de los derechos humanos y el cese del genocidio”.

La Asociación de la Prensa albaceteña también se ha sumado a la iniciativa e insta a los medios de la provincia de Albacete a hacer lo mismo este lunes. El colectivo también condena los asesinatos de periodistas en la Franja de Gaza y la masacre que está cometiendo Israel contra la población palestina en un comunicado. “Stop al genocidio en Gaza”, concluye.

El doble ataque de Israel contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, en el que murieron cinco periodistas, entre ellos trabajadores de las agencias Associated Press y Reuters y de la cadena Al Jazeera, constituye una posible violación flagrante del derecho internacional.

El ataque se dirigió contra un edificio civil, concretamente un hospital, en un imprudente ataque doble que causó la muerte de civiles, entre ellos rescatistas y periodistas que habían acudido al lugar después del primer impacto. Todas son personas que deben estar protegidas por el derecho internacional.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ya han matado a más de 200 periodistas en la guerra de Gaza, inmediatamente sugirieron que la muerte de civiles había sido un error, pero el resultado de la investigación preliminar del Ejército indica que no lo fue.

Las FDI señalaron en un comunicado que las tropas identificaron “una cámara colocada por Hamás en la zona del Hospital Nasser que estaba siendo utilizada para observar la actividad de las FDI, con el fin de dirigir actividades terroristas contra ellas”. “Las tropas operaron para eliminar la amenaza golpeando y desmantelando la cámara; la investigación demostró que las tropas operaron para eliminar la amenaza”, agregó el texto justificando el ataque, en el que el Ejército afirma que mató a seis terroristas.

Posibles crímenes de guerra

Lo que llama la atención de este último incidente es que cada uno de sus elementos individuales—el ataque contra un hospital en funcionamiento, a periodistas y rescatistas, a civiles heridos que estaban recibiendo tratamiento— podría ser objeto de acusaciones de crímenes de guerra por sí mismo.

En conjunto, todo apunta a algo mucho más oscuro, un incidente “horrible”, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, uno de los representantes de gobiernos occidentales que condenó el ataque.

Además de los 20 muertos en el Hospital Nasser, otras 50 personas resultaron heridas, según el director general de la Organización Mundial de la Salud, el dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, entre ellos pacientes que ya se encontraban en estado crítico.

“Mientras la población de Gaza se muere de hambre, su ya limitado acceso a la atención sanitaria se ve aún más mermado por los repetidos ataques”, declaró en su cuenta de X. “No podemos decirlo suficientemente alto: BASTA ya de ataques contra el sistema sanitario. ¡Alto el fuego ya!”.

Vinculando explícitamente ambas cuestiones, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, señaló: “El asesinato de periodistas en Gaza debería conmocionar al mundo, no para que se quede en un silencio atónito, sino para que actúe, exigiendo responsabilidades y justicia. Los periodistas no son un objetivo. Los hospitales no son un objetivo”.

Está bien documentado cómo Israel ha atacado hospitales y trabajadores sanitarios, que han sido asesinados, heridos y secuestrados en múltiples ocasiones. Pero el irresponsable “doble ataque”, en el que las FDI atacan un lugar por segunda vez cuando llegan los equipos de rescate y otros civiles parece una táctica cada vez más común.

Una investigación conjunta realizada en julio por las publicaciones israelíes +972 Magazine y Local Call reveló que las FDI ahora llevan a cabo de forma rutinaria ataques adicionales en la zona del bombardeo inicial, a veces matando intencionadamente a paramédicos y otras personas que participan en las labores de rescate.

“Si se produce un ataque contra un alto mando, se lleva a cabo otro después para garantizar que no se realicen labores de rescate”, afirmó una de las fuentes a +972 que, según la revista, estuvo presente en una célula de planificación de ataques israelí. “Los primeros en responder, los equipos de rescate, son asesinados. Después, vuelven a atacar contra de ellos”.

Aunque las FDI llevaron a cabo una investigación preliminar y aseguraron que sus fuerzas “en ningún caso dirigen ataques contra periodistas”, las propias declaraciones públicas de los funcionarios israelíes revelan que esa afirmación es falsa.

Ataques dirigidos contra periodistas

Por ejemplo, se contradice directamente con la declaración de Israel tras el asesinato de Anas al Sharif, un conocido periodista de Al Jazeera, junto a cuatro compañeros suyos —de nuevo en las cercanías de un hospital— a principios de este mes, cuando el Ejército dijo, sin aportar pruebas creíbles, que Al Sharif fue objetivo del ataque por ser miembro de una célula del grupo palestino Hamás.

Como dijo el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) en un comunicado tras el asesinato de Al Sharif: “Las Fuerzas de Defensa de Israel han afirmado sin fundamento que muchos de los periodistas que mataron deliberadamente en Gaza eran terroristas, entre ellos cuatro empleados de Al Jazeera: Hamza al Dahdouh, Ismail al Ghoul, Rami al Refee y Hossam Shabat. El CPJ clasifica estos casos como asesinatos”.

De hecho, antes de la muerte de Al Sharif, el CPJ advirtió públicamente de que su vida corría peligro tras las amenazas creíbles lanzadas por un portavoz militar israelí. “Estamos profundamente alarmados por las repetidas amenazas del portavoz del ejército israelí Avichay Adraee contra el corresponsal de Al Jazeera en Gaza, Anas al Sharif, y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que lo proteja”, declaró la directora regional del CPJ, Sara Qudah.

“No es la primera vez que Al Sharif ha sido blanco del ejército israelí, pero ahora su vida está en peligro grave. Israel ha matado a al menos seis periodistas de Al Jazeera en Gaza durante esta guerra. Estas últimas acusaciones infundadas representan un esfuerzo por crear una justificación para matar a Al Sharif”, afirmó Qudah.

Y es significativo que Israel haya matado a periodistas en las inmediaciones de hospitales. Desde el comienzo de la guerra, los periodistas se han quedado a menudo cerca de los hospitales con la esperanza de que les proporcionen un mínimo de protección y porque suelen tener al menos algo de electricidad para que los medios de comunicación puedan cargar sus teléfonos y equipos.

Para algunos representantes destacados de la ONU, la única conclusión que se puede extraer de estos ataques es que Israel está matando a los únicos testigos del hambre que ha provocado en Gaza con sus políticas.

El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, condenó el lunes la “impactante” inacción mundial respecto a Gaza y acusó a Israel de “silenciar las últimas voces que informan sobre los niños que mueren en silencio en medio de la hambruna”.

Esa idea fue reiterada con gran rotundidad por el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Jerome Grimaud, al lamentar la muerte de la periodista Mariam Abu Dagga, que había trabajado con la organización humanitaria, además de ser fotógrafa de la agencia AP.

“Durante los últimos 22 meses, hemos visto cómo las fuerzas israelíes han arrasado centros sanitarios, silenciado a periodistas y sepultado a trabajadores sanitarios bajo los escombros. Mientras Israel sigue ignorando el derecho internacional, los únicos testigos de su campaña genocida están siendo deliberadamente atacados. Esto debe acabar ya”.

Texto traducido por Alvaro Valladares y actualizado por elDiario.es

La escuela infantil Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en Pamplona y dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, pasará a denominarse María Camino Oscoz, en homenaje a la maestra comunista asesinada en 1936 por un grupo de falangistas.

El Departamento de Educación atiende con este cambio de nombre una petición que ha provenido de distintos colectivos. Entre quienes han solicitado el cambio de nombre se encuentra la comunidad educativa y un grupo de familias.

La maestra María Camino Oscoz residía en la calle Santo Domingo de Pamplona, ubicada en el Casco Antiguo de la capital navarra. Su residencia se ubicaba precisamente a unos 200 metros de la que actualmente es la escuela infantil del Gobierno foral.

Oscoz fue miembro del Partido Comunista, secretaria del Socorro Rojo e integrante de la FETE-UGT. A inicios de la guerra civil española sufrió un atentado a manos del franquismo. Un grupo de falangistas se la llevó detenida de su domicilio el 31 de julio de 1936 y el 10 de agosto fue arrojada por el Balcón de Pilatos en Urbasa, desde una altura de 200 metros.

Casi nueve de cada diez investigaciones militares israelíes sobre denuncias de crímenes de guerra o abusos cometidos por sus soldados desde el inicio de la guerra en Gaza hace unos 22 meses han sido archivadas sin que se hayan encontrado culpables o han quedado irresueltas, según una organización que investiga la violencia contra los civiles en conflictos armados.

Una investigación de Action on Armed Violence (AOAV) señala que entre los casos sin resolver se encuentran el asesinato de al menos 112 palestinos que hacían cola para conseguir harina en Ciudad de Gaza, en febrero de 2024, y un ataque aéreo que causó la muerte de 45 personas en un campamento de tiendas para desplazados en Rafah (sur de Gaza) en mayo de 2024.

También sigue sin resolverse la investigación en torno a la muerte de 31 palestinos que iban a recoger alimentos en un punto de distribución en Rafah el pasado 1 de junio. Según testigos, murieron después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego contra la muchedumbre. Poco después, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que esas informaciones eran “falsas” pero las FDI declararon a The Guardian que el incidente “seguía bajo investigación”.

Iain Overton y Lucas Tsantzouris, del equipo de AOAV, afirman que las estadísticas sugieren que Israel está tratando de crear un “patrón de impunidad” al no concluir o al no inculpar a nadie en la gran mayoría de los casos relacionados con “las acusaciones más graves o públicas de irregularidades cometidas por sus fuerzas”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que “llevan a cabo procesos de examen e investigación sobre incidentes excepcionales ocurridos durante actividades operativas, en los que existe la sospecha de una violación de la ley”, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho israelí e internacional. El Ejército cuenta con sistemas internos para revisar y estudiar las denuncias de crímenes de guerra, incluidas investigaciones penales por parte del Departamento del fiscal general militar y evaluaciones de investigación de hechos (FFA) por parte de un equipo independiente.

El período de tiempo transcurrido, relativamente corto en términos de investigación y de procesos legales, significa que otros casos sin resolver pueden dar lugar a enjuiciamientos, aunque los dos investigadores señalan que las investigaciones de las FDI se han vuelto “más vagas y lentas” a medida que ha aumentado el número de víctimas civiles en Gaza (más de 60.000 desde octubre de 2023).

Consecuencias limitadas

AOAV asegura haber encontrado información de 52 casos en medios de comunicación en inglés en los que el Ejército israelí afirmaba haber llevado a cabo o que llevaría a cabo una investigación tras las denuncias de daños a civiles o irregularidades cometidas por sus fuerzas en Gaza o en la Cisjordania ocupada entre octubre de 2023 y finales de junio de 2025. Estos casos implican la muerte de 1.303 palestinos y heridas a 1.880.

Uno de los casos dio lugar a una pena de prisión para un soldado israelí. Un reservista de las FDI fue condenado en febrero pasado a siete meses de cárcel tras ser declarado culpable por un tribunal militar de abuso agravado contra detenidos palestinos por motivos de seguridad. Había atacado repetidamente a prisioneros maniatados y con los ojos vendados con sus puños, una porra y su rifle de asalto en el centro de detención de Sde Teiman.

Otros cinco casos concluyeron con la constatación de infracciones. En uno de ellos, un coronel y un comandante de las FDI fueron destituidos en abril de 2024 y otros tres comandantes fueron reprendidos pocos días después de que siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen fueran asesinados en un ataque aéreo. Las FDI afirmaron que se trataba de un “grave error derivado de un fallo grave debido a una identificación errónea”, aunque la organización benéfica afirmó que la rápida investigación carecía de credibilidad.

De los 46 casos restantes, que representan el 88 % del total, siete se cerraron sin que se constatara ningún fallo por parte de los uniformados, según AOAV. Otros 39 siguen bajo revisión o sin resultado, incluidos cuatro incidentes letales ocurridos el mes pasado en los que murieron palestinos cerca o en varios puntos de distribución de alimentos en la Franja de Gaza.

Evaluaciones internas bajo escrutinio

El Ejército asegura que “cualquier informe, denuncia o acusación que sugiera una conducta indebida por parte de las fuerzas de las FDI se somete a un proceso de examen inicial, independientemente de su fuente”. En algunos casos, las pruebas son tales que se ordena una investigación criminal por parte de la Policía militar, mientras que en otros se lleva a cabo una investigación preliminar.

Estos casos se remiten al mecanismo FFA de las FDI para determinar “si existe una sospecha razonable de conducta indebida penal”. Los críticos del sistema, como el grupo de derechos humanos Yesh Din, afirman que las investigaciones de la FFA pueden durar años y que solo han dado lugar a un proceso judicial, tras 664 investigaciones relacionadas con operaciones militares anteriores de las FDI en Gaza (en 2014, 2018-19 y 2021).

En agosto de 2024, las FDI afirmaron que la FFA había recopilado información sobre “cientos de incidentes” relacionados únicamente con la guerra en Gaza, mientras que la oficina del fiscal general militar había iniciado 74 investigaciones penales.

De ellas, 52 estaban relacionadas con la muerte y el maltrato de detenidos y 13 con el robo de munición enemiga, mientras que una minoría estaba relacionada con acusaciones de crímenes de guerra en situaciones de combate. Tres estaban relacionadas con la “destrucción de propiedad civil sin necesidad militar” y seis con el “presunto uso ilegal de la fuerza”.

Las estadísticas de las FDI difieren de las investigaciones realizadas por AOAV porque este grupo utilizó una metodología diferente. AOAV revisó los casos en los que se informó de que se estaba llevando a cabo o se había llevado a cabo una investigación y también tuvo en cuenta los incidentes ocurridos en Cisjordania y en Gaza.

Las FDI afirmaron que la Policía militar “ha abierto docenas de investigaciones” y que “la mayoría de estas investigaciones aún están en curso”. Por su parte, el mecanismo FFA “ha completado su revisión en docenas de casos” que se han transferido al fiscal general militar para una posible investigación penal.

Traducción de Uma Santos

Han pasado casi 22 meses desde que Israel lanzó su brutal ofensiva contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques que el grupo palestino Hamás perpetró el 7 de octubre de 2023 –en los que murieron 1.200 personas–. Desde entonces, Israel ha matado a más de 60.000 gazatíes, de los cuales cerca del 50% eran menores de edad y mujeres, según el Ministerio de Sanidad palestino. Además, ha destruido buena parte de los edificios del enclave y las posibilidades de vida de la población, ahora arrinconada en una pequeña porción de la Franja, donde malvive en campos de desplazados y se muere de hambre.

Las acciones de Israel en Gaza han sido denunciadas a nivel internacional y calificadas como crímenes de guerra por Naciones Unidas y otros organismos, como la Corte Penal Internacional de La Haya, que ha emitido una orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estas son algunas de las atrocidades que el Gobierno israelí ha ordenado o autorizado y que su Ejército ha planificado y ejecutado sin tener que rendir cuentas, de momento, a nivel nacional ni internacional.

Desplazamiento forzoso

Con todo a cuestas, obligados a trasladarse una y otra vez a una porción de territorio cada vez más pequeña. Desde el comienzo de su ofensiva, el Ejército israelí ha ordenado a los residentes de numerosas zonas de Gaza que se marchen por su “seguridad”, vaciando, destruyendo y ocupando localidades enteras, como la ciudad de Rafah, al sur, en la frontera con Egipto.

A día de hoy, casi el 90% del territorio de la Franja está vetado a los civiles porque Israel lo controla militarmente o lo considera zona de combate, por lo que sus más de dos millones de habitantes se encuentran hacinados en unos 45 kilómetros cuadrados, según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La mayor parte de las familias de Gaza se han visto desplazadas en más de una ocasión desde octubre de 2023 debido a las órdenes de evacuación militares, los bombardeos y las operaciones terrestres israelíes. El norte de la Franja ha sido el más golpeado a lo largo de la ofensiva y su población ha sido expulsada casi por completo.

Bombardeos indiscriminados

Decenas de miles de muertos y heridos y una destrucción apocalíptica: es el resultado de los incesantes ataques israelíes por aire y por tierra contra las localidades palestinas. Según el Ministerio de Sanidad palestino, casi el 50% de los fallecidos en los pasados 22 meses son mujeres y menores de edad, lo cual indica que no eran combatientes, sino civiles. Entre los más de 18.000 menores asesinados, más de un tercio tenía entre seis y 12 años.

“Alrededor de un tercio de nuestros pacientes han sido niños y niñas, otro tercio mujeres y otro hombres, de todas las edades”, explica Graeme Groom, un cirujano británico que ha salido recientemente de Gaza, en una entrevista con elDiario.es. “Cuerpos mutilados, amputaciones. Nos despertábamos por la mañana, entre las cuatro y las seis, con el coro de bombas, misiles y drones y, a veces, armas de fuego automáticas”.

Los bombardeos contra zonas residenciales han dejado destruidas o inhabitables más de 350.000 viviendas y otras más de 200.000 han sufrido destrozos, según los datos del Gobierno de Gaza, controlado Hamás. En algunos de esos ataques, familias enteras han sido aniquiladas. Más de 7.000 familias han perdido al menos a uno de sus miembros.

También la infraestructura de la Franja está ampliamente dañada, desde las carreteras hasta las plantas desalinizadoras. Según una evaluación del Banco Mundial, la ONU y la Unión Europea de principios de 2025, los daños materiales causados por la guerra ascienden a casi 30.000 millones de dólares y serán necesarios más de 53.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

Bloqueo de la ayuda humanitaria

Tras el 7 de octubre, el Gobierno israelí prometió que no habría luz ni agua ni combustible en Gaza, y ha cumplido sus promesas.

Desde el comienzo de su ofensiva contra Gaza, ha cortado el suministro de agua y electricidad, y ha estado limitando la entrada de ayuda humanitaria y otros productos. El pasado marzo, impuso un bloqueo total hasta finales del mes de mayo, cuando empezó a permitir la distribución de comida por parte de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, una opaca entidad gestionada por una empresa estadounidense que se coordina sobre el terreno con las tropas israelíes.

De esta forma, Israel no solo está incumpliendo su deber como país ocupante del territorio palestino, sino que incumple las órdenes dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que, ya en enero de 2024, exigió a Tel Aviv “proveer urgentemente de servicios básicos y asistencia humanitaria” a los gazatíes. En mayo de ese año, el máximo tribunal de la ONU instó a Israel a “mantener abiertos los pasos fronterizos terrestres” de la Franja, que a día de hoy permanecen en su mayoría cerrados y los suministros básicos entran con cuentagotas.

Desde el pasado domingo, ante una creciente indignación mundial por las imágenes de las consecuencias de este bloqueo, Israel ha autorizado la entrada a Gaza de algunos camiones de ayuda humanitaria y el lanzamiento de paquetes desde aviones sobre el enclave, pero la ONU ha considerado que la cantidad que llega a la Franja es “una gota en el océano” de las ingentes necesidades.

Hambre como arma de guerra

Niños emaciados, padres y madres demasiado hambrientos para cuidar de sus hijos, médicos que sufren desmayos y están demasiado débiles para tratar a los pacientes. El principal sistema internacional que supervisa las crisis alimentarias ha confirmado esta semana que “el peor escenario posible de hambruna se está produciendo actualmente” en Gaza, donde los indicadores de consumo de alimentos y nutrición han alcanzado sus peores niveles desde el comienzo de la ofensiva israelí y el endurecimiento del bloqueo sobre la Franja. Dos de los tres umbrales de la hambruna que vigila el sistema ya se cumplen en algunas partes del territorio.

En los pasados meses, el hambre ha aumentado considerablemente y más de 500.000 personas (casi una cuarta parte de la población gazatí) padecen condiciones similares a la hambruna. Además, más de 20.000 niños han sido ingresados para recibir tratamiento por desnutrición aguda entre abril y mediados de julio. El Ministerio de Sanidad palestino cifra en 180 los muertos por desnutrición, de los cuales más de la mitad eran niños.

Uno de los crímenes que la Corte Penal Internacional imputó a Netanyahu fue precisamente “el crimen de guerra de inanición como método de guerra”. Numerosas voces han alertado de que Israel está usando el hambre de los civiles como arma contra los palestinos e imponiendo deliberadamente condiciones de vida calculadas.

Disparos contra los que buscan comida

Francotiradores, caos, desesperación, masacres. Aparte de restringir la entrada de ayuda humanitaria, Israel está disparando a las personas que tratan de conseguir la escasa asistencia que es distribuida en la Franja, principalmente por la Fundación Humanitaria de Gaza desde finales de mayo. El reparto de paquetes de comida en los centros militarizados de esta entidad (dentro de los que hay contratistas armados de Estados Unidos) ha sido muy criticado y se ha convertido en “una trampa mortal”, según la ONU y organizaciones humanitarias independientes.

Las tropas israelíes están desplegadas en los alrededores de los puntos de distribución y son las encargadas de gestionar a los miles de palestinos que acuden a recoger la ayuda. Medios de comunicación y testigos de Gaza han denunciado que los soldados disparan contra la muchedumbre, incluido con los tanques, y han causado cientos de víctimas en incidentes muy similares. Las autoridades sanitarias gazatíes cifran en 1.330 los fallecidos y en casi 9.000 los heridos.

Human Rights Watch ha afirmado que la actuación de las fuerzas israelíes, que “han abierto fuego de forma rutinaria contra los civiles palestinos hambrientos”, constituye una grave violación de la ley internacional y crímenes de guerra.

Silenciar a la prensa

Los periodistas palestinos han sido los ojos del mundo en los pasados casi dos años, pero han pagado un precio muy elevado por su labor indispensable. Israel no ha permitido la entrada de la prensa internacional a la Franja de Gaza desde el comienzo de su ofensiva y ha impuesto restricciones sobre la información que se publica de sus operaciones militares y sus devastadoras consecuencias –recientemente, ha prohibido a los periodistas tomar imágenes desde los aviones que lanzan ayuda humanitaria sobre el enclave palestino–. Además, en lo que se considera de manera generalizada como un intento de evitar que se conozca lo que sucede en el enclave palestino, ha tenido como objetivo a los periodistas locales.

Según el Gobierno gazatí, más de 230 profesionales de la información han sido asesinados. La ONG Reporteros Sin Fronteras considera que al menos 46 de los periodistas muertos fueron blanco de ataques por su actividad informativa. Algunos han sido víctimas de ataques selectivos israelíes contra sus vehículos o sus viviendas y han muerto junto a sus parientes u otros colegas. También se les ha criminalizado, acusándolos de ser “terroristas”. Recientemente, los medios AFP, Associated Press, BBC y Reuters dieron la voz de alarma por la situación de sus colaboradores en la Franja ante la falta de alimento.

Reporteros Sin Fronteras ha denunciado ante la Corte Penal Internacional los crímenes de guerra perpetrados por el Ejército israelí contra los periodistas palestinos.

Ataques contra escuelas y refugios

Las clases en Gaza se interrumpieron bruscamente el 7 de octubre de 2023 y no han vuelto a empezar para cientos de miles de niños y jóvenes. El sistema educativo ha sido destruido por la guerra, que ha dejado sin educación y sin perspectivas de futuro a las nuevas generaciones. Según un informe de Education Cluster (una iniciativa de UNICEF y Save the Children), más del 95% de las escuelas han sido dañadas en mayor o menor medida, con 406 edificios golpeados directamente (un 72% de todas las escuelas de Gaza).

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) gestionaba una amplia red de casi 300 centros –en los que recibían educación más de 600.000 estudiantes de primaria– que desde los primeros meses del conflicto empezaron a acoger a familias desplazadas. Las escuelas de la UNRWA han sido las más afectadas por los ataques israelíes, lo cual no solo ha privado a niños y niñas de la educación, sino a los desplazados de un lugar seguro.

Israel ha acusado reiteradamente a los milicianos de Hamás de esconderse y operar en centros de la UNRWA, y ha atacado las escuelas y otros lugares reconvertidos en refugios. Con la misma justificación ha atacado otras infraestructuras civiles, como hospitales y templos religiosos.

La Comisión Internacional e Independiente de Investigación para Palestina, que acusa al Gobierno de Netanyahu del crimen de exterminio, entre otros, ha constatado que en muchas acciones militares de Israel no se han identificado objetivos militares que sirvieran de argumento para el lanzamiento de un ataque.

Destrucción del sistema sanitario

Hospitales asediados, bombardeados y destruidos: ni siquiera estos edificios protegidos por la ley internacional se han librado de la barbarie. El sistema sanitario ha colapsado debido a los ataques contra las instalaciones y el personal médicos, y la falta de suministros, por un lado, y la gran cantidad de heridos de guerra y enfermos que saturan los servicios, por otra. De los 150 hospitales y centros sanitarios de Gaza, 31 están destruidos y 83 no están operativos después de los casi 22 meses de ofensiva, según el Ministerio de Sanidad local. Más de 1.500 trabajadores del sector han sido asesinados.

El bloqueo israelí ha afectado muchísimo a este sistema vital, ya que los hospitales y otros centros dependen de generadores eléctricos para los que es necesario combustible, que entra con cuentagotas en Gaza. Asimismo, los medicamentos y otros suministros fundamentales escasean; eso ha causado la muerte de muchos heridos que podrían haber sobrevivido si hubieran recibido un tratamiento adecuado o no habrían tenido que sufrir una amputación.

La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 14.000 personas necesitan salir de la Franja para recibir tratamiento médico urgente, pero las evacuaciones son extremadamente complicadas debido a que Israel mantiene los pasos fronterizos cerrados y no autoriza la salida de los palestinos.

El Gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu ha pasado de incitar a sus soldados a cometer crímenes de guerra a diseñarlos e incluso anunciarlo públicamente. Y todo ello mientras negocia un hipotético alto el fuego.

En estos 21 meses de guerra el primer ministro, su equipo y su gran protector internacional (Donald Trump) se han referido abiertamente a la “limpieza” de Gaza, pero esta semana se ha demostrado que lo que muchos de ellos consideraban deseos irrealizables e ilegales se estaban reflejando en planes detallados por escrito. El propio ministro de Defensa, Israel Katz, ha revelado estos días que ha ordenado al Ejército preparar un plan para levantar una “ciudad” sobre las ruinas de Rafah y encerrar allí a toda la población de Gaza. Katz, además, lo enmarcó en un “plan de emigración” más amplio, según medios locales.

El Gobierno israelí abandona así la escasa contención dialéctica que aún pudiese albergar. La castigada población entraría de forma “voluntaria” en este recinto, pero sin posibilidad de salida, según Katz, que incluso ha anunciado que podría empezar a construirse cuando entre en vigor el esperado alto el fuego. Entre los expertos en derecho internacional existe práctica unanimidad en calificar estos planes de ilegales y constitutivos de crimen de guerra.

Los planes del ministro van acompañados de la revelación por parte del Financial Times de que el Boston Consulting Group, una gran consultora estadounidense, ha participado activamente en diseñar los planes para esa “emigración”. Una de las proyecciones elaboradas por la consultora planteaba un éxodo de medio millón de personas de Gaza, un 25% de sus residentes actuales, mediante un plan de abandono incentivado que ascendería a 9.000 dólares por persona, hasta un total de 5.000 millones de dólares.

La consultora también fue una pieza clave en la creación del denostado sistema de reparto de ayuda humanitaria en la Franja diseñado para esquivar a la ONU y las ONG internacionales —en la práctica es una ratonera en la que, de momento, han sido asesinados casi 800 palestinos desarmados que esperaban comida—. Este sistema se ha convertido en sí mismo en una herramienta de desplazamiento forzoso para obligar a una población hambrienta a acudir a cuatro puntos para sobrevivir, lo que viola todos los principios humanitarios.

Un territorio “destruido, matado de hambre e invivible”

“Parte del problema es el mayor nivel de transparencia sobre las intenciones de Israel —sus declaraciones y acciones— al respecto del desplazamiento de los palestinos y el objetivo manifestado abiertamente de enclaustrar a la población en una pequeña área cercana a la frontera con Egipto, previo a su traslado y limpieza étnica hacia fuera de Gaza”, explica a elDiario.es el exnegociador israelí y analista político Daniel Levy.

“Aunque Israel cesase en su asalto sobre Gaza, el desplazamiento y el anuncio de una 'ciudad humanitaria' como paso previo a la expulsión de Gaza da idea de que su objetivo a largo plazo es expulsar a los palestinos”, añade Levy, que indica que la expresión que emplean los cargos israelíes de “emigración voluntaria” es absolutamente equívoca. “No tiene nada de voluntario el animar a un pueblo a marcharse de un territorio que has destruido, matado de hambre y vuelto invivible”, apunta.

“El Ministerio de Defensa israelí ha creado una Dirección para impulsar esta emigración y está buscando activamente el apoyo de gobiernos donantes y terceros para implementarla. Los planes se han revelado en documentos filtrados de la Gaza Humanitarian Foundation y el Boston Consulting Group. Esta postura también ha sido respaldada por el líder de la oposición, Yair Lapid”, explica Levy.

Todo ello supone un salto respecto a un discurso que ya entrañaba ánimo homicida en sus primeras manifestaciones, cuando Tel Aviv anunciaba “venganza” y aseguraba que respondería a sangre y fuego contra el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023. Coincide, además, con una nueva visita a Washington de su primer ministro, Benjamin Netanyahu, casi seis meses después de que su anfitrión, Donald Trump, dijese que lo que quizá correspondería hacer en Gaza era “limpiar todo esto”.

Durante su visita a la Casa Blanca, Netanyahu insistió que su plan era un programa “voluntario” para expulsar a los gazatíes. “Si quieren quedarse, pueden hacerlo, pero si quieren irse, deberían poder irse”.

Netanyahu aseguró que está trabajando muy de cerca con EEUU “para encontrar países para que realicen lo que siempre han dicho que quieren, es decir, dar a los palestinos un futuro mejor”. Esa “libertad de elección” se reduce a una disyuntiva: quedarse en el territorio sitiado y actualmente sometido a lo que muchos expertos consideran como un genocidio o marcharse a un tercer país por determinar. “No debería ser una prisión”, planteó el primer ministro israelí, responsable último de las condiciones carcelarias.

Si ahora radian sus intenciones, las declaraciones previas de los dirigentes israelíes ya incitaban a las tropas a cometer crímenes de guerra. Una de las primeras alocuciones de Netanyahu en octubre de 2023 incluía una mención a los amalecitas, una figura bíblica que encarna el mal en la tradición judía, y a la que cabe erradicar por todos los medios.

La ONG de derechos humanos palestina Al Haq recoge esta y decenas más de expresiones de cargos políticos y militares israelíes en los más de 21 meses de campaña militar en una base de datos pública.

Cuando el enemigo es considerado la encarnación del mal, peor que una bestia, todo vale. “Es el momento de continuar con toda nuestra fuerza, de ocupar y limpiar la totalidad de la Franja de Gaza [...] y abrir las puertas del infierno sobre Gaza hasta que Hamás se rinda completamente y se devuelva a los rehenes”, se despachaba el pasado enero el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ultraderechista. “No los llamo animales humanos porque eso sería insultante para los animales”, cavilaba en 2023 la esposa del primer ministro, Sarah Netanyahu.

La sinceridad israelí plantea dudas sobre la posibilidad de que finalmente se acuerde un alto el fuego temporal, objetivo declarado de la visita de Netanyahu a Washington.

Con permiso de Donald Trump

La planificación descarnada de la limpieza étnica no es posible sin el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desde enero viene cacareando su intención de convertir la Franja en una “Riviera de Oriente Medio”, llena de hoteles y desarrollos urbanísticos, sobre las cenizas de la actual Gaza. En febrero dijo que a los palestinos no les quedaba “otra alternativa que marcharse” ante un complacido Netanyahu, cuyo gobierno pone ahora sus cartas encima de la mesa, sin mayor consideración por las leyes de la guerra.

Además de las propuestas del Boston Consulting Group para incentivar esa falsa “emigración voluntaria”, Reuters citó esta semana parte de un documento con membrete de la Fundación Humanitaria de Gaza que utilizaba otro eufemismo, el de “áreas humanitarias de tránsito”, para la residencia temporal de palestinos que quisieran “desradicalizarse, reintegrarse y prepararse para trasladarse”.

El BCG no es una empresa cualquiera, sino una de las principales consultoras de gestión de EEUU. Para ella han trabajado el propio Netanyahu o el exsenador republicano y antiguo candidato a presidente Mitt Romney. Pero sus intereses cubren ambos lados del espectro parlamentario estadounidense; el BCG también fue un “socio estratégico” de la consultora que fundaron varios notables del Gobierno de Barack Obama, muchos de los cuales integraron posteriormente el equipo de Joe Biden, incluido su secretario de Estado, Antony Blinken.

El puente que separa la ciudad ucraniana de Irpin con Kiev se convirtió en un símbolo de guerra cuando en 2022 las autoridades de Ucrania decidieron volarlo para evitar así que los tanques del ejército ruso traspasasen la zona. Se trató de una acción realizada con el objetivo de frenar el avance de las tropas rusas en una localidad que fue escenario de bombardeos y que, aun a día de hoy, sigue siendo testigo de intensos combates entre fuerzas ucranianas y rusas. Para mostrar el dolor por la destrucción y las masacres que están viviendo, además de su deseo de que la paz llegue lo antes posible, los alumnos de la Facultad de Economía de Irpin han pintado un mural inspirado en el 'Guernica' de Picasso y titulado 'All children's dreams in one word “Peace”' ('Todos los sueños de los niños en una sola palabra “Paz”').

A 12.000 kilómetros de allí, pero con la misma inspiración y el mismo objetivo, los alumnos de la Escuela Secundaria Himi de Nagasaki, Japón, también han querido realizar un mural inspirado en el bombardeo de Gernika tomando como referencia el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, y, concretamente, la historia de Kayoko Hayashi, estudiante víctima de aquella bomba. La obra se titula 'Kayoko Sakura III Project' y muestra a través de los pétalos de flor, huellas de manos y banderas cómo Gernika y Nagasaki han sabido crear, con sabiduría y valentía, ciudades pacíficas y felices desde sus ruinas. 

Estos dos murales han recorrido el mundo para llegar hasta Bilbao a través del proyecto 'Kids’ Guernica', un proyecto artístico cultural que fomenta la cultura de la paz entre la población infantil de todo el mundo. Con motivo del 88 aniversario del bombardeo de Gernika, las obras se mostrarán hasta el 27 de abril en el Atrio de las Culturas de Azkuna Zentroa.

Durante la presentación de los murales, que ha tenido lugar este miércoles en el centro cultural bilbaíno, ha estado presente el japonés Minoru Watanabe, promotor de la iniciativa que visita Gernika todos los años. Watanabe comenzó a trabajar desde París con Kenzo Takada para animar las zonas afectadas por el desastre tras el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011. Desde entonces, ha participado en la producción de este 'Guernica' infantil en Francia, España, Italia, Ucrania, Taiwán, Nepal y Fujinomi, trabajando para garantizar el futuro de los niños en una sociedad sin guerra.

“La Tierra está sufriendo terriblemente. En una situación en la que toda la humanidad necesita cooperar y trabajar unida para resolver problemas como los ambientales, como el calentamiento global, los movimientos de la corteza terrestre que causan terremotos y erupciones volcánicas, los residuos plásticos y el agotamiento de los recursos para su propia supervivencia, la peor opción es la guerra”, ha alertado mientras sonaba la melodía de un violín que sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima  y que Watanabe ha traído para la ocasión, interpretado por el músico vizcaíno Gontzal Rodríguez Agudo.

“Desde el genocidio de Gernika, la humanidad ha cometido muchos errores sin aprender de la historia, como los de Hiroshima y Nagasaki. Las matanzas masivas continúan en todo el mundo. Crearemos juntos un mundo para nuestros hijos en el futuro, libre de guerras, en paz y felicidad, donde las personas se amen y se ayuden mutuamente”, ha pedido en un acto que ha contado con la presencia del lehendakari Iñigo Urkullu y la concejala de Igualdad y Fiestas y adjunta a Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, quien ha recordado que la paz es un “Derecho Humano incuestionable que solo puede llegar a través del diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación”.

'Kids’ Guernica' es una ONG creada en 1995 por los japoneses Toshifumi Abe, Tadashi Yasuda y Kaoru Mizuguchi y el estadounidense Tom Anderson con motivo del 50.º aniversario de la bomba sobre Hiroshima. Con el objetivo de fomentar la cultura de la paz entre la población infantil, el proyecto recorre el mundo visitando países que han sufrido el impacto de la violencia. Hasta la fecha, niñas y niños de 50 países han creado alrededor de mil murales. Cada año, en diferentes países, se organizan exposiciones para mostrar estos murales y promover un mensaje de paz y solidaridad global. La iniciativa une comunidades afectadas por conflictos, fomentando el arte como herramienta de expresión y reconciliación. 

Este año no acudirá el equipo ciclista israelí Israel Premier Tech a la carrera GP Miguel Indurain de Lizarraldea. Esta es una buena noticia para todas aquellas personas que apoyamos la liberación de Palestina y la ruptura de cualquier relación con el engendro sionista, tanto las relaciones económicas como diplomáticas o propagandísticas (como es el caso). Pero hechos así no ocurren por arte de magia: son necesarios procesos de lucha y compromiso para conseguirlos.

Tras varias ediciones participando con total normalidad, el año pasado, en el contexto de brutal genocidio contra el pueblo palestino, el colectivo Estella-Lizarra Harrera Hiria Ciudad de Acogida problematizó el hecho de que un equipo que sirve para normalizar a Israel participara en la popular carrera local. 

En noviembre de 2024, desde la plataforma Palestinarekin Elkartasuna y el colectivo Ciudad de Acogida tratamos de reunirnos con el club ciclista CC Estella, que organiza el evento deportivo, para tratar el tema. No hubo voluntad de reunión por su parte y, en enero, la plataforma comenzó una campaña contra la presencia sionista en el ciclismo de Lizarra. Entre distintas acciones, recabamos numerosos apoyos del mundo ciclista de nuestra zona que mostraban su rechazo a que Israel Premier Tech pueda acudir a Lizarra.

Tras meses de campaña e información ambigua por parte del club organizador, pudimos confirmar, primero en el pleno del ayuntamiento de Lizarra (en el momento en que aprobaron la subvención a la carrera), y, posteriormente, en la presentación del evento deportivo, que Israel Premier Tech no acudirá a Lizarra este año. 

Lo que tenemos claro es que este “pequeño” éxito ha sido gracias al trabajo realizado desde las calles. Ante la nula voluntad real de los distintos agentes (institucionales, empresariales, etc.) de romper relaciones con el sionismo, son estos hechos los que nos muestran el camino a seguir. Finalmente, confiamos en que Israel no vuelva a acudir a ningún evento deportivo de Lizarra. Pero la confianza no debe ser ciega y estaremos alerta. Israel, ni este año, ni nunca más.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una nueva orden ejecutiva con el objetivo de sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por “sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados”, en referencia a Israel. El mandatario dice en ese documento que la Corte Penal Internacional ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, definido como un “aliado estrecho”, y ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.

En concreto, la orden busca imponer restricciones financieras o dificultar la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal que afecten a ciudadanos estadounidenses o a aliados de Washington. El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.

La orden ejecutiva habla de una “conducta maligna” de la Corte Penal Internacional que, en su opinión, “amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense” y de sus aliados.

La CPI condena la orden de Trump

En respuesta, el tribunal internacional ha condenado la orden ejecutiva que pretende “imponer sanciones a sus trabajadores y perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”. “La Corte apoya firmemente a su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dice en un comunicado. “Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que permanezcan unidos en favor de la justicia y los derechos humanos fundamentales”.

“Trump está descontento porque la CPI está investigando crímenes cometidos por Netanyahu, amigo de EEUU. ¿Debe la Corte Penal Internacional investigar solo al enemigo de EEUU, Vladímir Putin, o puede tambien investigar imparcialmente a gente como Netanyahu? Esa es la cuestión”, ha dicho Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe del tribunal.

Para Amnistía Internacional, las sanciones contra la CPI “traicionan” el sistema de justicia internacional. “Esta acción temeraria envía el mensaje de que Israel está por encima de la ley y de los principios universales de la justicia internacional. Sugiere que el presidente Trump respalda los crímenes del Gobierno israelí y está abrazando la impunidad”, dice Agnès Callamard, secretaria general de la organización de derechos humanos. “La orden ejecutiva de hoy es vengativa. Es agresiva. Es un paso brutal que busca socavar y destruir lo que la comunidad internacional ha construido laboriosamente durante décadas, si no siglos: reglas globales que son aplicables a todos y tienen como objetivo impartir justicia para todos. Las sanciones constituyen otra traición a nuestra humanidad común”.

Casi 80 estados defienden la CPI

Casi 80 estados miembros de la Corte Penal Internacional, entre ellos España, han declarado este viernes su respaldo a la labor de la corte tras la amenaza de sanciones efectuada por el presidente de EEUU. La iniciativa ha sido impulsada por Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leona y Vanuatu.

A estos cinco países se han sumado otros 74 firmantes del Estatuto de Roma, base legal sobre la que se funda la Corte Penal Internacional, en un texto en el que reafirman el “continuo e inquebrantable apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad de la CPI”, a la que consideran “un pilar vital del sistema de justicia internacional al garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves y la justicia para las víctimas”.

La orden ejecutiva estadounidense representa un “desafío sin precedentes” para el funcionamiento del tribunal, de acuerdo con los firmantes, que recuerdan que incrementará “el riesgo de impunidad” entre los criminales que atentan contra el Derecho Internacional, un instrumento “crucial para promover el orden y la seguridad mundiales”.

Asimismo, los casi 80 países advierten de que “las sanciones podrían poner en peligro la confidencialidad de información sensible y la seguridad de los involucrados, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios de la CPI”. Alertan también contra cualquier cierre de las oficinas del tribunal, que “socavarían gravemente la investigación de los procesos en curso”.

Este comunicado, que ha sido refrendado por países como Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Jordania, Nigeria, Portugal, Palestina, Reino Unido o España, compromete a los firmantes a “garantizar la continuidad de las actividades de la CPI para que pueda seguir desempeñando sus funciones de manera eficaz e independiente”.

Visita de Netanyahu

La firma de esta orden ejecutiva llega después de la reunión de Trump el martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien en noviembre señaló la Corte Penal con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Ejército israelí en la Franja de Gaza. Su ministro de Defensa, Yoav Galant, también está incluido en esa orden vigente de detención. Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Este mismo jueves, el primer ministro israelí mantuvo encuentros con los senadores Lindsey Graham, del Partido Republicano, y Richard Blumenthal, del Partido Demócrata. También mantuvo una reunión con el senador Tom Cotton, que lidera el comité de Inteligencia de la Cámara Alta. Además, la oficina de Netanyahu ha confirmado que regaló un busca de oro como los que hizo estallar en Líbano dejando 37 muertos y miles de heridos.

En 2020, durante su primer mandato, Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

La medida de Trump llega después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa,Yoav Gallant, por la ofensiva israelí en Gaza.

La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. 

Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.

Las autoridades israelíes han privado a la mayoría de los más de dos millones de gazatíes de la cantidad mínima de agua desde que comenzó la guerra en octubre de 2023 hasta septiembre de 2024, lo cual ha contribuido a la muerte y a la propagación de enfermedades entre la población de la Franja. Esta es la conclusión a la que ha llegado la organización Human Rights Watch (HRW) después de entrevistar a decenas de palestinos, trabajadores sanitarios y municipales, además de analizar imágenes por satélite de la destrucción causada por el Ejército israelí.

En su nuevo informe, “Exterminio y actos de genocidio: Israel priva del agua a los palestinos en Gaza”, HRW asegura que, debido a la destrucción del sistema sanitario en Gaza desde octubre de 2023, es imposible conocer el verdadero alcance de “las acciones de las autoridades israelíes que han privado a los palestinos del agua”. Sin embargo, la ONG asegura que “estas políticas han contribuido probablemente a miles de muertes”.

HRW recuerda que, al principio de la guerra de castigo que Israel lanzó contra Gaza tras los ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre, varios ministros del Gobierno expresaron claramente su intención de privar a los civiles de Gaza del agua. Desde entonces, Israel ha cortado el suministro de agua y de otros bienes básicos para la supervivencia de la población. El agua que suministra Israel a Gaza a través de tres grandes tuberías es insuficiente y la producción local ha disminuido drásticamente debido a que Israel ha cortado también el suministro eléctrico y de combustible (necesarios para que funcionen las depuradoras, desalinizadoras, etc.) y ha dañado la infraestructura de agua.

Infraestructura fundamental del agua en Gaza

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

Erez Oeste

NORTE

DE GAZA

Erez

Ciudad

de Gaza

Wadi Gaza

Franja

de Gaza

DEIR AL

BALAH

ISRAEL

Zona humanitaria

de Al Mawasi

Paso de

Kissufim

JAN YOUNIS

Planta de tratamiento de aguas residuales

Planta desalinizadora

EGIPTO

Suministro de

agua israelí

RAFAH

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HRW

Infraestructura fundamental

del agua en Gaza

Jerusalén

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Área

ampliada

2 km

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Ciudad

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Zona

humanitaria

de Al Mawasi

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Kissufim

JAN YOUNIS

Planta de tratamiento de aguas residuales

Planta desalinizadora

RAFAH

EGIPTO

Suministro de

agua israelí

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HRW

Según recoge HRW en su informe, la cantidad de agua potabilizada en Gaza en agosto de 2024 representaba alrededor del 25% de la cantidad potabilizada antes del conflicto, muy por debajo de lo que la población de la Franja necesita para sobrevivir. Además, casi la totalidad de los habitantes de Gaza se han visto desplazados y muchos de ellos se encuentran en zonas donde no hay infraestructura de agua adecuada –por ejemplo, en la llamada “zona humanitaria” de Al Mawasi, donde los gazatíes viven en tiendas de campaña, sin agua corriente ni saneamiento–.

La ONG también apunta que las autoridades israelíes han “restringido de forma significativa la entrada de ayuda humanitaria en Gaza” y “han bloqueado de forma específica los suministros relacionados con el tratamiento y la producción de agua”, incluidos sistemas de filtración de agua, depósitos de agua y material necesario para reparar dicha infraestructura. 

Restricciones y destrucción deliberada

HRW habló con varios trabajadores de organizaciones humanitarias que explicaron que las autoridades israelíes prohíben la entrada en Gaza de los productos llamados de “doble uso”, esto es, que pueden ser empleados para fines militares; pero no han aportado una lista de los productos vetados ni una explicación escrita de por qué se consideran tales, y no han aceptado las apelaciones de las organizaciones tras el veto de algunos bienes vitales.

Un trabajador de un consorcio de organizaciones humanitarias y agencias de la ONU que se encarga de agua, saneamiento e higiene dijo a HRW que han hecho frente a varios impedimentos de las autoridades israelíes, que han evitado que se reparen las infraestructuras, que entren en Gaza los materiales relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene, y que no han garantizado la seguridad de los que ofrecen ayuda de este tipo. “Nunca he estado en una respuesta [humanitaria] en la que, dos meses después de mi llegada, la situación es peor que cuando llegué”, lamentó el trabajador de forma anónima.

Según la investigación de HRW, desde el comienzo de la guerra en Gaza las fuerzas israelíes han atacado de forma deliberada y dañado o destruido instalaciones de agua, saneamiento e higiene, entre ellas, cuatro de las seis plantas de tratamiento de aguas residuales de la Franja y un importante depósito de agua en el sur.

La ONG ha hablado con médicos y personal sanitario sobre las enfermedades derivadas del consumo de agua no potable y también de la falta de higiene, y de las condiciones insalubres en las que viven muchos habitantes de Gaza. “La deshidratación y la desnutrición también socavan la capacidad de las personas para curarse de heridas y enfermedades, lo que provoca infecciones, enfermedades y muertes”, afirma HRW en su informe. Varios trabajadores sanitarios dijeron a la organización que atendieron a muchas personas cuyas heridas no sanaban o pacientes que sucumbieron a enfermedades porque su sistema inmunológico estaba debilitado.

Varios médicos y enfermeras relataron a HRW haber visto un gran número de bebés sufriendo desnutrición, deshidratación e infecciones durante sus primeros meses de vida, lo que en algunos casos les causó la muerte. Asma Taha, una enfermera de pediatría que trabajó como voluntaria en Gaza en mayo de 2024, afirmó que entre uno y tres bebés perecían “cada día” por una combinación de estas causas.

Un posible crimen de guerra

HRW recuerda que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe atacar, destruir, retirar o inutilizar objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, incluida la infraestructura de agua y saneamiento; y cuando esos ataques son deliberados, la destrucción puede constituir un crimen de guerra. Las fuerzas israelíes han atacado deliberadamente la infraestructura de agua y saneamiento en Gaz, y han inutilizando casi toda esa infraestructura, agrega la ONG.

“La destrucción intencional de objetos indispensables para la supervivencia por parte de las autoridades israelíes y su inutilización equivale a un crimen de guerra”, concluye.

Además, también es un crimen de guerra el empleo del hambre como arma y “el hambre incluye la privación de agua”, especifica HRW. “Las acciones de las autoridades y fuerzas israelíes de destruir e inutilizar intencionalmente la infraestructura hídrica esencial para la supervivencia de la población civil en Gaza constituyen el uso del hambre como método de guerra”.

En la mañana del 8 de junio, Ahmed Damoo recibió una llamada. Le informaron de que su casa, una pequeña construcción de hormigón en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, había sido alcanzada por un misil del Ejército israelí. Cuando regresó a lo que quedaba de su hogar, descubrió que su familia había quedado sepultada bajo los escombros.

Sus vecinos habían sacado uno a uno los cadáveres: entre los muertos estaban los dos hijos de Damoo, Hala (de 13 años) y Mohannad (de 10 años), que estaban jugando en el salón cuando el mísil impactó en la casa, así como sus suegros. Su esposa, Areej, y su hija pequeña, Tala, estaban heridas de gravedad, pero seguían con vida.

No conseguían encontrar a su cuarta hija, Mazyouna, de 12 años. Cuando finalmente Damoo dio con ella, estuvo a punto de desmayarse: “Tenía la cara desfigurada y la mandíbula le colgaba, literalmente, del rostro”, recuerda. “Mi preciosa niña estaba completamente irreconocible”.

En el Hospital Al Aqsa, los médicos utilizaron los pocos recursos de que disponían para suturar la cara de Mazyouna y mantener en su sitio lo que quedaba de ella. Mohammed Tahir, un médico británico que trabaja como voluntario en Gaza, la atendió durante sus rondas por la sala. “Es uno de los casos más impactantes que he visto”, afirma: “Le faltaba la mitad de la mejilla y tenía los huesos al descubierto”.

“Los médicos han hecho todo lo que han podido, pero en Gaza no es posible llevar a cabo el trabajo de reconstrucción facial que la niña necesita”, concluye Tahir. Por ello, desde junio, la familia y FAJR Scientific (una organización estadounidense sin ánimo de lucro que proporciona atención médica gratuita a los palestinos de Gaza y Cisjordania) han intentado evacuar a Mazyouna para que reciba tratamiento en Estados Unidos, donde un equipo de cirujanos está esperándola.

Sin embargo, el organismo militar de Israel encargado de los pasos fronterizos del país con la Franja de Gaza –Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT)– ha denegado cinco veces sus peticiones sin ofrecer ninguna explicación.

Cinco meses después, la situación de la niña es desesperada. Todavía tiene metralla en el cuello y sufre cada vez que se mueve. No puede comer ni hablar. El platino utilizado por los cirujanos para reconstruirle la cara se está deshaciendo y su mandíbula apenas se sostiene con un vendaje. Los médicos afirman que sus heridas están infectadas y que poco pueden hacer para evitar que la infección se extienda.

Si no la operan inmediatamente, podría morir. “Todos los días contemplo a mi preciosa hija, que ya ni siquiera soporta mirarse en el espejo”, lamenta Damoo.  “No hay nada más duro para un padre que ver sufrir a su hijo y no poder hacer nada para aliviar su dolor. Ya he perdido a dos de mis hijos; perder a otro nos destruiría por completo”.

Evacuaciones vitales

Según el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), cerca de 2.500 niños de Gaza necesitan atención médica urgente y requieren ser evacuados de inmediato. Mazyouna es una de esos niños y niñas.

La semana pasada, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que el Gobierno israelí bloqueó la evacuación médica de ocho niños gazatíes que necesitan atención médica, sin ofrecer explicaciones, entre ellos un niño menor de dos años con amputaciones en ambas piernas. Los niños y sus acompañantes no pudieron viajar a Jordania, donde podían ser atendidos en la clínica de la ONG.

MSF afirma que, de los 32 niños cuya evacuación médica de Gaza a Jordania ha solicitado en los últimos meses, solo se ha permitido la salida de seis. “Los largos procedimientos y las denegaciones inexplicables bloquean la prestación de tratamiento médico a niños gravemente heridos en Gaza”, denunció Moeen Mahmood, director de MSF en Jordania. “Es completamente escandaloso e indignante que Israel impida salir de Gaza a niños que necesitan tratamiento esencial. La negativa de Israel a realizar evacuaciones médicas urgentes desafía la razón y la humanidad”, agregó en un comunicado.

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha lamentado que desde mayo las evacuaciones médicas “prácticamente se han paralizado”.

Por su parte, UNICEF dice que la media de niños evacuados de Gaza es de menos de un niño al día. James Elder, portavoz de esta agencia, lamenta que “los niños gazatíes se están muriendo, no solo por las bombas, las balas y los proyectiles que los alcanzan, sino porque, incluso cuando se producen milagros y los niños sobreviven, Israel les impide salir de Gaza para recibir la atención urgente que les salvaría la vida”.

“No se trata de un problema logístico: tenemos la capacidad de transportar a estos niños fuera de Gaza de forma segura. No es un problema de capacidad; de hecho, hace unos meses estábamos evacuando a un mayor número de niños. El problema es, simplemente, que Israel está haciendo caso omiso de esta situación”, según Elder.

A los padres de Mazyouna las autoridades israelíes no les han dado un motivo por el que no se ha permitido la evacuación de su hija para recibir la ayuda que necesita. Otros padres con niños que necesitan ser evacuados y a los que se les ha denegado el permiso para salir de Gaza han explicado a The Guardian que las autoridades hebreas alegaron “motivos de seguridad”, sin proporcionar más explicaciones. El periódico británico se han puesto en contacto con COGAT y las Fuerzas de Defensa de Israel, pero no han respondido a sus preguntas.

Las organizaciones humanitarias afirman que en muchos casos COGAT aprueba la evacuación de niños, pero rechaza que sean acompañados por sus progenitores o familiares. “Nadie les puede garantizar que luego se podrán volver a encontrar con sus hijos”, explica Somaya Ouazzani, cofundadora de la organización británica de ayuda médica Children Not Numbers, que hasta ahora ha ayudado a evacuar a más de cien niños heridos de Gaza: “Esta situación es completamente inaceptable”.

Una generación de niños con amputaciones

En una habitación de un gran hospital militar a una media hora del centro de El Cairo, Sadeel Hamdan, una bebé de 11 meses, yace acurrucada en una cama reservada normalmente para soldados heridos. Su pequeño cuerpo está lleno de tubos y, cada pocos minutos, su lenta respiración se ve interrumpida por los pitidos de un monitor. “Solo necesita a su madre”, dice Tamer Hamdan, el padre del bebé, sentado en un sillón, exhausto: “Ningún niño en esta situación debería estar sin su madre”.

Sadeel nació dos meses antes de que estallara la guerra en Gaza y le diagnosticaron una enfermedad hepática crónica. A medida que la guerra arreciaba y su estado empeoraba, una acumulación de líquido en el abdomen ha dejado a la pequeña agonizando y con dificultades para moverse o respirar.

Los médicos advirtieron que, sin un trasplante de hígado urgente, solo le quedaban unos días de vida. La solicitud de su madre, Huda, fue rechazada; había estado amamantando a su bebé hasta el día de su partida. Las autoridades permitieron que el padre de la bebé viajara con ella porque ha sido su donante de órganos.

La guerra de Gaza también ha dado lugar a una generación de niños con amputaciones. UNICEF afirma que entre octubre y enero pasados, al menos 1.000 niños de Gaza perdieron una o ambas piernas, lo que equivale a diez niños que sufrieron amputaciones al día. Sin duda, esa cifra ha aumentado a medida que el conflicto ha superado un año de duración. La ofensiva israelí dio comienzo en octubre de 2023, después de que milicianos palestinos de Hamás y la Yihad Islámica asaltaran el sur de Israel el día 7 de ese mes y mataran a unas 1.200 personas, y tomaran a otras 250 como rehenes.

Desde entonces, han muerto casi 44.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según las autoridades sanitarias de Gaza. Cerca del 90% de los 2,3 millones de habitantes de la Franja ha tenido que desplazarse. Los hospitales están llenos de niños conocidos con el acrónimo de WCNSF (niño herido, sin familia superviviente, por las siglas en inglés).  En el caso de los niños a los que las autoridades israelíes han permitido salir de Gaza para recibir tratamiento en otro país, no se sabe con certeza si algún día podrán regresar junto a sus familias.

En la zona de El Shorouk, cerca de la capital egipcia, Layan al Atta se sienta en una silla de ruedas y mira por la ventana de un balcón. Layan resultó herida durante un ataque aéreo israelí contra una escuela de la ONU en Deir al Balah (centro de Gaza), donde se había refugiado con su familia. Sufrió graves lesiones en la médula espinal y en la pierna derecha, que más tarde tuvieron que amputarle.

Cuando fue evacuada a Egipto, su madre obtuvo permiso para acompañarla, pero su padre y sus hermanos se quedaron atrás. “No solo he perdido la pierna, he perdido a mi familia y mi hogar”, lamenta la niña. “Siento como si me lo hubieran arrebatado todo, y también a todas las personas que más quiero”.

Traducción de Emma Reverter

Eran las cinco de la madrugada del 13 de octubre de 2023 cuando Omar, un padre de familia que residía en la calle Yarmouk, en el norte de Gaza, se despertó por los bombardeos israelíes. “Salté de mi apartamento e intenté salir”, contó Omar a la organización Human Rights Watch (HRW), recordando cómo intentó escapar tras el impacto de dos bombas que sacudieron su edificio. Sin haber recibido ninguna orden de evacuación previa, Omar perdió a cuatro familiares, incluido su hijo de seis años.

Omar es uno de los muchos testimonios recogidos en el informe 'Desesperados, hambrientos y asediados: desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza por Israel' que HRW ha publicado este jueves. La ONG acusa al Gobierno israelí de cometer crímenes de guerra por el desplazamiento masivo del 90% de la población gazatí: 1,9 millones de personas se encontraban desplazadas en octubre de 2024, según la ONU. “No existe ninguna razón militar imperativa plausible que justifique el desplazamiento masivo por parte de Israel de casi toda la población de Gaza, a menudo varias veces”, afirma HRW.

Órdenes de evacuación confusas

Desde el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamás contra Israel, el Ejército israelí ha emitido al menos 184 órdenes de evacuación en Gaza, según HRW. Una de las órdenes más amplias se publicó el 13 de octubre, obligando a más de un millón de personas a abandonar sus hogares. A pesar de los bombardeos en la madrugada de ese día, HRW verificó que la orden de evacuación general no fue enviada hasta las 07:15 de la mañana, cuando el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, la compartió en su cuenta de Facebook.

“La evacuación de civiles debe ser una medida de último recurso y debe ofrecer garantías de seguridad”, indica el informe de HRW, que cuestiona la efectividad de los protocolos de evacuación, describiéndolos como “confusos y contradictorios”. Los testimonios destacan que las comunicaciones eran inaccesibles para la mayoría de los civiles, quienes enfrentaron apagones deliberados de electricidad y cortes de internet. “No teníamos forma de saber qué hacer ni adónde ir”, recuerda Ghassan, residente de Yabalia, cuyo barrio fue bombardeado pocas horas después de que Israel lanzara panfletos de evacuación desde el aire.

“El sistema de evacuación de Israel ha perjudicado gravemente a la población y, a menudo, sólo ha servido para sembrar el miedo y la ansiedad”, afirma HRW en su nuevo informe. La ONG dice que ese sistema ha sido ineficaz, pese a que Israel ha defendido que las órdenes de evacuación buscan proteger a los civiles palestinos.

En primer lugar, el sistema presuponía que todos los gazatíes contaban con cobertura, señal y teléfonos con batería suficiente para recibir las alertas. Tan solo un día antes, el 12 de cotubre, el entonces ministro de Exteriores y actual ministro de Defensa, Israel Katz, decía: “No se activará ni un solo interruptor eléctrico, ni se abrirá un solo grifo y no entrará ni un solo camión de combustible hasta que los rehenes israelíes sean devueltos a casa”. 

La realidad es que, desde el 7 de octubre de 2023, los servicios telefónicos y de internet en Gaza sufrieron importantes interrupciones debido a los daños en la infraestructura de comunicaciones, cortes de electricidad, bloqueos de combustible y, aparentemente, apagones deliberados por parte de las autoridades israelíes. Además, HRW detalla que las órdenes de evacuación difundidas en internet eran a veces inexactas y cambiaban durante el día, lo que requería que las personas estuvieran constantemente conectadas y revisaran la información.

El Ejército de Israel también empleó la difusión de mapas que presentaban inexactitudes e incongruencias. La orden de evacuación general, emitida el 13 de octubre de 2023, contenía una instrucción principal para los residentes del norte de Gaza: dirigirse al sur. Los folletos lanzados desde el aire incluían un mapa rudimentario de Gaza en el que se indicaba adónde debían desplazarse los civiles. Pero, posteriormente, las órdenes de evacuación se volvieron más específicas. En ese momento, las autoridades israelíes “indicaban la evacuación de determinados barrios, a menudo con mapas y flechas que señalaban la dirección en la que debían huir. Sin embargo, debido al tamaño y la escala de los mapas compartidos, no siempre era posible para el lector saber si se encontraba en una zona prevista para la evacuación”, subraya HRW.

El 1 de diciembre de 2023, el Ejército israelí publicó un mapa en su sitio web, al que se podía acceder mediante un código QR desde un teléfono móvil, que dividía Gaza en una cuadrícula de 620 bloques numerados. A partir de ese momento, siguió publicando folletos y mensajes en las redes sociales en los que se indicaban los bloques que debían ser evacuados. Sin embargo, HRW denuncia que cerca de 31.000 personas en Jan Yunis “no recibieron una orden de evacuación completa debido a errores en los mapas”. Estos presentaban imprecisiones, como “resaltar parcialmente o incorrectamente las zonas de evacuación, lo que dificultaba saber quién debía evacuar”. En algunos casos, “las órdenes de evacuación contenían instrucciones contradictorias, por ejemplo, pedir a la gente que saliera de ciertas zonas mientras simultáneamente marcaban esas mismas zonas como destinos” seguros a los que podían dirigirse.

Por último, la organización denuncia que las órdenes de evacuación a menudo carecían de indicaciones de tiempo precisas. Sin saber cuándo empezarían los bombardeos, los civiles se veían obligados a huir bajo una presión extrema sin tiempo para actuar. “Las órdenes de evacuación han sido inconsistentes, inexactas y con frecuencia no se han comunicado a los civiles con tiempo suficiente para permitir las evacuaciones, o no se han comunicado en absoluto”, destaca HRW.

“No teníamos ni idea de adónde nos dirigíamos”, dice Ghazal, una niña de 14 años con parálisis cerebral. “Ese periodo fue el más duro por el que he pasado. Son recuerdos negros a los que no quiero aferrarme porque no quiero seguir pensando en ellos”, explica Ghazal, que había perdido sus dispositivos de asistencia en un ataque contra su casa el 11 de octubre de 2023 y que intentó seguir las órdenes de evacuación del 13 de octubre para huir hacia el sur. 

“Yo era una carga para [mi familia], una carga extra junto a sus pertenencias. No encontraba ningún medio de transporte. Incluso a las personas sin discapacidad les costaba caminar, así que puedes imaginar lo que era para alguien con discapacidad”. Ghazal relata que intentó esforzarse por hacer el camino a pie el mayor tiempo posible. “En ese momento sentí que la muerte estaba cerca. Me rendí y me senté en el suelo en medio de la carretera, llorando. Les dije que siguieran sin mí”. 

Limpieza étnica

El desplazamiento de la población de Gaza también ha llevado a algunos expertos a señalar posibles actos de limpieza étnica, que una comisión de la ONU define como “una política destinada a expulsar a un grupo étnico de un área determinada mediante la violencia o amenazas”. HRW argumenta que los desplazamientos en Gaza, motivados por ataques intensificados y el bloqueo, responden a una estrategia de desalojo de palestinos de ciertos territorios.

Sin ir más lejos, en una entrevista con elDiario.es, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Palestina, aseguró que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es una “limpieza étnica a través de medios genocidas”.

HRW sostiene que las declaraciones de funcionarios de alto nivel israelíes evidencian una intención de despojar a la población de sus tierras mediante desplazamientos masivos y forzosos. “Israel no puede justificar estos desplazamientos citando la presencia de grupos armados, si no garantiza zonas seguras para los civiles desplazados”, añade el informe. Esas zonas han sido designadas por el Ejército en el sur y centro de Gaza, en Al Mawasi, pero la seguridad en ellas no esrá garantizada ya que han sido objetivo de ataques reiteradamente.

El derecho al retorno y la obligación de reparación

Frente a esta situación, el derecho al retorno de los palestinos desplazados se convierte en una demanda de justicia en medio de la crisis. HRW subraya este derecho –consagrado en el derecho internacional y en la Resolución 194 de Naciones Unidas–, que garantiza a los desplazados la posibilidad de regresar a sus hogares y recuperar sus propiedades, o recibir compensación si la restitución no es posible. “El derecho al retorno no solo representa una reivindicación histórica de los palestinos, sino también una demanda de reconocimiento del daño sufrido y de reparación adecuada”, reza el informe.

“Israel ha violado descaradamente su obligación de garantizar que los palestinos puedan regresar a sus hogares, arrasando prácticamente todo en grandes zonas”, denuncia HRW, que en su informe recoge también la destrucción de amplias áreas de la Franja.

Sin embargo, la organización destaca que las autoridades israelíes no han ofrecido condiciones ni garantías para el retorno de los desplazados, mientras que las condiciones en los refugios temporales, donde se hacinan decenas de miles de personas, son insostenibles. “Estamos en una tienda de plástico; no hay agua ni comida. Y esto es lo que Israel llama zona segura”, explica Omar, quien ahora sobrevive en Jan Yunis.