Se llaman José Luis del Valle, Enrique Arnaldo, Elisa de la Nuez, José Ramón García Notario o Joaquín José Abajo Quintana. Muchos de sus nombres son conocidos, otros no tanto, pero a todos les une una cosa: son abogados del Estado, letrados en Cortes o altos funcionarios, todos en el mayor rango de la administración, y tienen o han tenido a la vez un pie en la actividad pública y otro, en la privada. Conocen las leyes, saben cómo interpretarlas y adaptan sus lecturas en función de los intereses del momento o de sus clientes, lo que los hace profundamente atractivos para las grandes empresas que los contratan. Y para ello se aprovechan de un suave régimen de incompatibilidades que les permite combinar ambas facetas, la pública y la privada, con pocos límites.

Sobre ellos trata el último libro del periodista y colaborador de elDiario.es Rafael Méndez (Murcia, 1975) Los dueños del Estado (Península, 2026). “Tienen lo mejor de los dos mundos. Conocen a los políticos porque han trabajado con ellos, han sido el engranaje entre la política y la administración, y luego tienen el conocimiento teórico y la capacidad de trabajo y probablemente, en muchos casos, los antecedentes y los conocimientos familiares, en el caso de las buenas familias de Madrid, que les permite acceder a la privada. Es una red fantástica”, explica el autor en conversación con este medio.

“Ellos son el necesario contrapoder al Gobierno, los que dicen qué ley se puede aplicar y cómo. Pero a la vez han creado un Estado dentro del Estado. Una estructura endogámica y resistente al cambio”, señala en el libro. “Los abogados del Estado son los que desde el corazón mismo de la maquinaria del Estado informan sobre las leyes y los reglamentos, los que conocen quién sabe qué y a quién llamar, qué tecla hay que tocar para afinar un proyecto o para hacerlo descarrilar, cuáles son los agujeros negros que siempre quedan en las leyes y cómo sortearlas. Por eso son el Poder”, añade Méndez.

Durante el libro pone numerosos ejemplos. Uno de los más llamativos es el de Enrique Arnaldo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional. Antes de acceder a ese puesto, en 2021, hubo años en los que Arnaldo compaginó su plaza como letrado en las Cortes con la de catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, mientras su despacho asesoraba también al gobierno balear. Cuando hace cinco años el magistrado tuvo que comparecer en el Congreso para que la Cámara Baja estudiara su idoneidad, Arnaldo se defendió: “He mantenido el régimen de compatibilidades, efectivamente, previsto en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que se refiere a los contratos de servicios y estos eran contratos con administraciones públicas de consultoría y no contratos de servicios”, llegó a asegurar.

Ellos son el necesario contrapoder al Gobierno, los que dicen qué ley se puede aplicar y cómo. Pero a la vez han creado un Estado dentro del Estado. Una estructura endogámica y resistente al cambio

Otro caso llamativo es el de José Luis del Valle, abogado del Estado y secretario del consejo de ACS, el gigante de la construcción que dirige el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Como explica Méndez en el libro, Del Valle, “mano derecha” de Florentino, consiguió colarse en la sala de los juzgados de Pozuelo (Madrid) mientras el futbolista Cristiano Ronaldo declaraba sobre sus problemas por el fisco. El temor de la dirección del Real Madrid era que en su declaración el futbolista pudiera implicar al club. “¿Cómo había logrado Del Valle entrar y pegar la oreja para saber qué declaraba Cristiano ante el juez? Pues simplemente se presentó allí y pregunto a su compañero de la Abogacía del Estado y a la Fiscalía si les importaba que pasara. Ninguno tuvo inconveniente. A su señoría también le pareció bien”, relata el libro.

Un ejemplo más es el de José Manuel Serrano Alberca, que era letrado en Cortes y abogado y que se hizo “especialista en expropiaciones”, lo que le llevó a embolsarse cantidades millonarias al conseguir indemnizaciones para personalidades de la Iglesia o del funcionariado a quienes tuvieron que expropiar fincas o terrenos para la construcción de autopistas o carreteras.

No les gustan “las aventuras”

Méndez destaca que la mayoría de los altos funcionarios son “apolíticos”, y luego apostilla: “de derechas” o “conservadores”. “La gente que se prepara a una oposición nunca es un aventurero. Eso decía Mariano Rajoy: alguien que se ha preparado a una oposición no le gustan las aventuras. Hay un punto seguro familiar, histórico, de preparación y de familias, y de entrar ahí, y de esto. Claramente, son cuerpos con un sesgo conservador. Nuestras élites son conservadoras, y aunque nos gustaría pensar que son ejemplares, y viviríamos más cómodos, dormiríamos más cómodos pensando eso, la verdad es que muchos no lo son”, apunta Méndez en conversación telefónica con elDiario.es.

Él defiende una mayor transparencia y control del régimen de incompatibilidades. “Si el político está ahí solo para inaugurar y cortar cintas y nos van a gobernar los altos funcionarios tenemos que saber quiénes son, en qué empresas trabajan, si tienen compatibilidad o no. Está el caso del letrado del Consejo de Estado, que era consejero de un banco andorrano y a la vez estaba la Sección Quinta, que es la que ve las normas del Ministerio de Economía. Nadie puso en cuestión su incompatibilidad”, relata.

En el libro ya explica que “los letrados del Consejo de Estado trabajan desde donde quieren y muchos solo pisan el Consejo cuando es estrictamente necesario” e ironiza con la edad de los consejeros vitalicios: “El motor del Consejo de Estado se ha llegado a gripar por tener demasiados ancianos al mando”. “Con esas edades se explica que, para mucha gente, los que gobiernan la institución sean los letrados”, apunta. “Estos funcionarios son los que realmente mandan sobre esos ancianos que se mueven en coche oficial. Como me comentó un ex alto cargo que conoce bien las tripas del poder: 'Bismarck decía que Prusia no tenía un Ejército, sino que un Ejército tenía Prusia. En el Consejo de Estado es igual: el Consejo de Estado no tiene un cuerpo de letrados, son los letrados los que tienen un Consejo de Estado”, remarca Méndez.

¿Por qué no se ponen en marcha reformas para limitar las compatibilidades de los altos funcionarios? Méndez señala que por desconocimiento ciudadano y porque no interesa a ninguna de las partes involucradas, la administración pública y la privada. El exministro Jordi Sevilla, que durante su etapa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí intentó una reforma que pusiera coto a estas prácticas, le responde así al autor cuando le plantea posibles cambios: “Ten en cuenta que esto nos interesa a ti y a mí, y no sé si a alguien más”.

El Tribunal Supremo rechaza anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En un auto, la Sala de lo Penal desestima los incidentes de nulidad promovidos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, esta última en representación de Álvaro García Ortiz y, por tanto, confirma la condena. El auto incluye el voto particular suscrito por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que discrepan con la decisión mayoritaria.

En su recurso, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que dará ahora García Ortiz.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostenía en su escrito que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

La mayoría del tribunal responde que sí valoró esa prueba de descargo, pero consideró que los testimonios debían ser “tamizados” por el derecho al secreto profesional de los periodistas y que existía un conjunto de “indicios” suficientemente sólidos como para sustentar la condena.

La Fiscalía también acusó a la Sala de lo Penal de introducir un “hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso” al considerar delictivo el citado comunicado de la Fiscalía sobre el caso, algo que no se debatió ni imputó durante la instrucción y que se introdujo en la sentencia “de un modo deliberadamente ambiguo”. Frente a esa queja, la Sala subraya que tanto la filtración del correo como la publicación de la nota informativa formaron parte del objeto del proceso penal desde el principio, por lo que el acusado pudo defenderse plenamente de ambos hechos.

En sus escritos, ambos recurrentes sostenían también que no se puede “revelar” un secreto que ya era público en los medios de comunicación. Su tesis era que como los datos habían sido difundidos previamente por radio, televisión y en prensa escrita habían dejado de ser secretos, por lo que no pueden integrar el delito de revelación de secretos conforme al tenor literal de la norma.

El Supremo rebate, sin embargo, que el deber de “confidencialidad” del fiscal general exigía no divulgar esos datos reservados obtenidos por razón de su cargo, y que hacerlo produjo una “lesión” a la presunción de inocencia del empresario, independientemente de las filtraciones previas.

El voto particular da credibilidad a los periodistas

El voto particular firmado por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer expresa su discrepancia con la decisión de la mayoría y afirma que los incidentes de nulidad presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberían haber sido estimados. En esencia, las magistradas se reafirman en los argumentos que ya expusieron en la sentencia condenatoria, en la que consideraron que no había quedado probado que García Ortiz “o su entorno” filtraran el correo en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía el fraude fiscal. Tampoco veían delito en la difusión de una nota de prensa para desmentir informaciones sobre el caso “no ajustadas a la verdad”.

Ambas magistradas denuncian que la mayoría no ha tenido en cuenta las pruebas de descargo. En concreto los testimonios bajo juramento de los periodistas. Subrayan que estos testigos afirmaron tener el correo antes de que se publicara la nota de la Fiscalía y que varios de ellos negaron de forma expresa que García Ortiz fuera su fuente. A juicio de las magistradas, los testimonios de estos informadores fueron “creíbles” por su contundencia, por no incurrir en contradicciones con sus declaraciones anteriores y, en especial, porque contaban con corroboraciones periféricas. 

El empresario y comisionista Alberto González Amador esgrime la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado para solicitar ser absuelto de los dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos a los que se enfrentará en el juicio. Según el escrito de defensa presentado por su abogado, al que ha tenido acceso elDiario.es, Álvaro García Ortiz actuó con “intensidad delincuencial” contra González Amador desde incluso antes de que se abriera el procedimiento que le ha llevado al banquillo, vulnerando su presunción de inocencia y su derecho a la defensa, por lo que debe ser absuelto.

La defensa de González Amador incorpora la condena del Supremo a García Ortiz a los argumentos esgrimidos hasta ahora, consistentes en la legalidad de las facturas, para defender la legalidad de sus actuaciones y que no le habían servido para evitar el avance del procedimiento hasta ser enviado al banquillo. Según la pareja de Ayuso, el fiscal general participó “directamente en la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal desde antes de que existiera ningún procedimiento penal” y eso debería anular las acusaciones contra él. Sin embargo, la sentencia del Supremo cerraba la puerta a esta estrategia. En ella, el tribunal concluía que los jueces serán “plenamente conscientes” de que no se puede usar como prueba que hubiera mensajes “indebidamente difundidos”.

Alberto González Amador dejó de pagar a la Hacienda pública un total de 350.951 euros en el concepto de Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Para ello elaboró una trama de facturas falsas con las que aminorar la carga impositivo y engañar a Hacienda, según acredita un prolijo informe de la Agencia Tributaria cuyas conclusiones han avalado tres jueces de instrucción, los fiscales y la Audiencia Provincial. La defraudación se produjo después de que González Amador obtuviera casi 2 millones de euros por una comisión de material sanitario en el principio de la pandemia con la ayuda del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Entre los argumentos presentados en su escrito por el abogado Gabrierl Rodríguez Ramos figura que el segundo fiscal del caso, Diego Lucas, fue designado por Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid. Rodríguez estuvo imputada en el mismo procedimiento que García Ortiz –primer la nota de prensa que desmentía un bulo de El Mundo y después la publicación de un correo que acreditaba esa mentira– pero la causa contra ella resultó archivada. Según la defensa del comisionista, Rodríguez nombró a Lucas después de haberse abstenido fruto de su imputación.

Otro de sus argumentos es que a Pilar Rodríguez la represesntó la Abogacía del Estado, al igual que a García Ortiz, y que ese organismo representa a la acusación particular en la causa por el fraude fiscal, que es la Agencia Tributaria.

El abogado de González Amador incluye en su escrito declaraciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y de Óscar López, ministro de Transformación Digital, para defender que el Poder Ejecutivo también ha interferido en el procedimiento contra su cliente.

La causa, dice el escrito de defensa, es “la antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional, democrático y de derecho y, en concreto, la perversión de cuantos mecanismos garantes de legalidad (como expresión inversa de la arbitrariedad) existen, hasta ser sustituidos por el delito, lo que hamás ha sido conocido ni en España ni en ningún Estado democrático de derecho que se considere como tal, siendo la víctima de los anteriores don Alberto González, y en relación a este procedimiento sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia”.

De otro lado, la defensa de González Amador reitera los argumentos esgrimidos hasta ahora acerca de la “realidad de la operación” de una de las facturas más abultadas, firmada en México, y de la que la investigación ha acreditado indiciariamente su falsedad, así como de la venta de vacunas en Costa de Marfil, igualmente cuestionada por la Agencia Tributaria.

“Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”, recoge el escrito.

Para el juicio, la defensa de González Amador solo propone la declaración de su defendido y de los otros cuatro investigados por las facturas falsas, así como de dos peritos de parte que defenderán su tesis de la legalidad de las declaraciones tributarias.

González Amador se enfrenta a una petición de 3 años y 9 meses de cárcel por parte de la Fiscalía y otra idéntica que presenta la Abogacía del Estado.

El juez que investiga al empresario y comisionista Alberto González Amador ha concedido un plazo de diez días para que su defensa rebata los escritos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular presentados hace seis meses y que piden para la pareja de Isabel Díaz Ayuso diferentes penas de prisión por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos, entre otros. Con esta medida, el magistrado Antonio Viejo avanza en la tramitación de la causa que sentará en el banquillo a González Amador en una vista aún sin fecha de celebración.

La diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 19, a la que ha tenido acceso elDiario.es, tiene fecha de 26 de enero y en ella se advierte de que si González Amador y los otros cuatro acusados en el procedimiento no presentan sus escritos de defensa en el plazo indicado “se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuidico de la responsabilidad en la que puedan incurrir de acuerdo con lo previsto” en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden cada una de ellas 3 años de cárcel y 9 meses de cárcel, además de multa, para Alberto González Amador por haber defraudado 350.951 euros a la Agencia Tributaria en los impuestos de socidedades correspondientes a 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas. La acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, elevan la petición a los cinco años de cárcel sin poder pronunciarse sobre los delitos fiscales, en los que no pueden ejercer acusación porque están cometidos contra la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado.

Contra González Amador y el resto de acusados dictó el juzgado auto de apertura de juicio oral, que no se puede recurrir, lo que les aboca irremediablemente al banquillo. La fecha del juicio no está fijada y apunta a que se retrasará varios meses, pudiendo alcanzar incluso a 2027. La cuota defraudada señala que debe ser un Juzgado de lo Penal y no la Audiencia Provincial quien juzgue a la pareja de Ayuso y a sus presuntos colaboradores y estos tribunales destacan por su acumulación de vistas y retrasos.

Una investigación pendiente

Mientras, el mismo juzgado mantiene abierta una pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, por el presunto pago encubierto de una comisión por parte de González Amador a un directivo de Quirón, Fernando Camino. El presidente de Quirón Prevención habría facilitado, desde otra empresa a cuyo consejo de administración pertenecía, la compra de un material sanitario al principio de la pandemia a una sociedad que había acordado previamente con González Amador que se llevaría una abultada comisión. Para repartirse las ganancias en secreto, González Amador habría comprado por un precio desorbitado –medio millón de euros– una sociedad sin apenas valor a la mujer del directivo de Quirón.

González Amador ganó casi 2 millones de euros con la operación, consistente en poner en contacto a dos empresas españolas. La comisión supuso un salto exponencial en su carrera empresarial, pero la pareja de Ayuso no quiso pagar los impuestos que le correspondían y una inspección fiscal dio origen al caso.

Se da la circunstancia de que un día después de que Antonio Viejo concediera el plazo a la defensa de González Amador para presentar escrito de defensa en la primera de las causas, la de fraude fiscal, la acusación popular había presentado dos peticiones para agilizar los dos procedimientos frente al retraso que sufrían. Cuando PSOE y Más Madrid presentaron sus escritos aún no se les había notificado la decisión del juez Viejo.

La anterior magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, implicó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación más compleja, la del pago encubierto de la comisión al directivo de Quirón, pero los agentes no se pusieron a trabajar hasta noviembre porque la documentación del juzgado no llegó hasta entonces. Aún hoy siguen elaborando su atestado. La jueza Iglesias se jubiló en verano y eso provocó un retraso en la instrucción.

El Abogado del Estado José Ignacio Ocio ha solicitado al Tribunal Supremo la absolución del fiscal general al no haber pruebas de su participación en la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, ha dicho al principio de un informe en el que ha cargado contra el juez Ángel Hurtado, el comisionista y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “No hay absolutamente ninguna prueba”, ha añadido posteriormente. “No hay ningún indicio, ninguna prueba, de que ese correo llegase porque así lo ordenase el fiscal general”.

Ha sido al final de su alegato cuando ha pedido con más contundencia la absolución de García Ortiz. “Es inocente de todo lo que se está diciendo aquí, se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas y de emisión de un comunicado oficial de una institución para salir al paso de información que ponía en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado”. García Ortiz ha rechazado hacer uso de su derecho a la última palabra.

El representante de la defensa de García Ortiz ha criticado que Alberto González Amador fue el primero en desvelar detalles confidenciales de su caso, algo que ocultó a los jueces hasta que fue llamado a declarar en fase de instrucción. “En la querella no se hace referencia a que Neira mandó ese correo a la Abogacía del Estado. También ocultó una interacción interesante, la que mantuvo con un periodista de El Mundo”, ha apuntado Ocio.

“Se nos ocultó”, ha añadido, que Miguel Ángel Rodríguez tuvo un correo del fiscal Julián Salto y lo hizo circular entre decenas de periodistas. “¿Cuántas cosas más ignoramos por la mala fe del querellante que ha omitido datos relevantes en la querella?”, ha preguntado. “Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, pierde su carácter reservado”.

Ha destacado también que para cuando el email llega a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo varios periodistas ya habían tenido acceso a su contenido: “Para cuando lo recibe este no tenía carácter reservado”. El Abogado del Estado, a diferencia de Hurtado y las acusaciones, sí ha dado credibilidad a estos informadores.

El registro de la UCO “no fue legal”

La primera parte del informe ha ido dirigido a solicitar la “nulidad” de la prueba clave del caso: los registros de la UCO en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid en octubre del año pasado. “Hubo una orden del juez que no fue cumplida, no fue legal. No se hizo un cribado por palabras”.

Ha empezado entonces a relatar cómo Alberto González Amador fue investigado y denunciado por fraude fiscal y cómo su abogado Carlos Neira, tras explicarle las consecuencias, envió un correo al fiscal Julián Salto el 2 de febrero de 2024 ofreciendo un pacto. “Hay una laguna”, ha dicho, sobre si Neira envió el correo a “otros interesados” como los otros denunciados o si algún trabajador de su despacho pudo tener acceso a él. “Hay una laguna en la investigación con todo lo que tiene que ver con el emisor”.

El Abogado del Estado ha explicado a la Sala de lo Penal que “no hay constancia” de cuántas personas tuvieron acceso al correo y la documentación del caso en todas sus fases: antes y después de que el comisionista fuera denunciado en los juzgados de Madrid el 5 de marzo de 2024. Si ha trascendido que más de 400 personas tuvieron acceso a la causa, ha dicho Ocio, es gracias a “la labor de la Abogacía y la Fiscalía, hubo una voluntad de no investigar el espectro de personas que hubieran podido tener acceso”.

El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha cuestionado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pusieron en marcha una “dinámica de cuestionamiento” de la Fiscalía y Hacienda después de que elDiario.es revelara el fraude fiscal de la pareja de la jefa del Ejecutivo madrileño. Ocio ha explicado que se apuntó a la existencia de “una trama de poderes del Estado”, en la que todo era “turbio y feo”.

El abogado del Estado ha afirmado incluso que hubo “un señalamiento concreto con nombre y apellidos a una fiscal concreta”, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Y que en la tarde del 13 de marzo el citado Miguel Ángel Rodríguez empezó a distribuir “una versión lesiva contra la Fiscalía” en la que se apuntaba que era la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a Alberto González Amador y que luego se había retirado “por órdenes de arriba”.

La defensa del fiscal general también ha tenido críticas para la Fiscalía de Madrid que dirige Almudena Lastra. “Lo que sorprende es la falta de tratamiento habitual normal por parte del gabinete de prensa, el cerrojazo informativo. Con carácter habitual se emite una nota de prensa y los medios quedan enterados con transparencia”. Los testigos vinculados a esta Fiscalía de Madrid negaron ante el Supremo haber evitado informar sobre el caso en esos días, explicando que suelen esperar a que una denuncia sea repartida a un juzgado para informar públicamente de un caso mediático.

Consuelo Castro, Abogada del Estado que se ha incorporado al proceso ya en fase de juicio, ya avanzó estos argumentos en la primera sesión, cuando calificó de “inquisitiva” la investigación y aseguró que García Ortiz había sido sometido a un “proceso injusto”. El Abogado del Estado Ocio, que ya defendió a García Ortiz en fase de instrucción, también ha aludido a la “contaminación externa” que ha rodeado al proceso hasta el punto, ha dicho, de generarse un “juicio paralelo basado en conjeturas”.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado la absolución del fiscal general del Estado en un alegato en el que ha cargado con dureza contra Ángel Hurtado, el juez instructor del caso, y ha defendido que Alberto González Amador no ha recibido un trato diferente o peor por ser pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ha recordado también que varios periodistas tuvieron ese correo “con anterioridad a que el fiscal general lo hubiera recibido”.

Sánchez Conde ha explicado que “aún en la hipótesis” de que García Ortiz hubiera enviado a la prensa el correo no sería delito porque su contenido ya era público: “Es de todo punto conocido que para cuando lo hubiera hecho llegar era impune porque la noticia ya era conocida y está acreditado en la causa”.

La teniente fiscal también se ha referido al borrado del teléfono de García, un fleco que la acusación ha convertido en parte fundamental del caso. Ese borrado “legítimo”, a su juicio, “no ha tenido trascendencia en la causa. Y ha mostrado su ”preocupación“ porque la UCO guarde copia de la información que obtuvo hace un año en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. ”Pido al tribunal que ordene el reintegro de esa información o su destrucción“. 

La fiscal también ha cargado contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y su informe clave del caso donde los agentes apuntaron al “papel preeminente” del fiscal general, algo que amplió este miércoles el teniente coronel Antonio Balas. Su informe, ha dicho este jueves Sánchez Conde, “tiene unas connotaciones jurídicas que no se corresponden con la jurisprudencia de la sala” y no puede ser “tenido en cuenta” como prueba. Ha añadido, además, que “de ese informe no se desprende ninguna prueba contra el fiscal general del Estado”.

La primera intervención de Sánchez Conde ha ido dirigida a aclarar que la Fiscalía en ningún caso ha perjudicado a González Amador: “Ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano, el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia o improcedente con este ciudadano”. El abogado de González Amador, ha recordado, incluso conoció la denuncia para que pudiera defenderse mejor antes de que el juzgado abriera una causa formalmente.

También ha tenido palabras contra Ángel Hurtado, instructor del caso cuya labor fue duramente criticada por la Fiscalía en casi todos sus recursos y escritos a lo largo del proceso. “Extendió el objeto del proceso en contra del acotamiento de la Sala de Admisiones”, ha dicho para recordar que Hurtado de forma “poco comprensible” decidió investigar también la nota de prensa a pesar de que la Sala había rechazado que fuera delictiva y había centrado el caso en la filtración previa.

Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y representante de la Fiscalía en este caso, ha comparecido a última hora de la mañana después de que todas las acusaciones hayan pedido que el fiscal general sea condenado. También ha apuntado a las “divergencias” entre las distintas declaraciones de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, en las distintas fases de instrucción.

“Hay una actuación conjunta del señor González Amador con Miguel Ángel Rodríguez”, ha dicho para destacar el papel del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid y la “línea de contestación común” entre ambos para hacer frente a las acusaciones de fraude fiscal y las informaciones periodísticas.

El intercambio entre la abogada del fiscal general del Estado y los agentes de la UCO que han investigado la presunta revelación de secretos hizo emerger varias actuaciones polémicas de los guardias civiles. Una de ellas es la exclusión de varios mensajes dentro de un intercambio que sí utilizaron para apuntalar su tesis. Los agentes dedujeron en uno de sus atestados que el máximo colaborador del fiscal general, Diego Villafañe, aludió a una supuesta promoción profesional de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien estuvo imputada en la causa, la noche de los hechos que se investiga.

En la versión de los agentes, el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Vilafañe, escribía a Rodríguez: “Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope”. Según plasmaron los guardias, la fiscal respondió: “Ayyy... en qué estarás pensando”. Su interlocutor añadió: “Todo bueno”.

La UCO deslizaba que la colaboración de Pilar Rodríguez en el presunto delito podía tener la consecuencia de un ascenso por decisión de sus superiores. Sin embargo, la conversación no fue tal y como imprimió la UCO. Durante el juicio, la abogada Consuelo Torres mostró los que la UCO había eliminado.

La abogada del Estado Consuelo Castro esgrimió el textual para preguntar a la UCO si seguían defendiendo que hablaban de temas profesionales, a lo que el coronel Antonio Balas ha insistido una y otra vez en que sí y que si no lo había puesto fue “por motivos de privacidad”.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han apuntado directamente al fiscal general del Estado como máximo sospechoso de la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla. Durante todo el proceso se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general”, ha dicho el teniente coronel Antonio Balas, autor del informe clave del caso. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han lanzado reproches a estos agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil por omitir hechos relevantes en sus informes.

Balas ha apuntado directamente al fiscal general como el filtrador del correo a la Cadena SER en la noche del 13 de marzo de 2024. Y, aunque no forma parte del procedimiento, ha apuntado incluso a que la denuncia contra el empresario Alberto González Amador y el expediente tributario fueron filtrados a la prensa desde la Fiscalía General del Estado.

“Toda la información que aparece el día 12 [cuando elDiario.es publica la exclusiva sobre el caso] se compadece con lo que tiene la Fiscalía General, no con lo que tiene la Fiscalía Superior ni nada”. Según el teniente coronel, la publicación de esa información es un “precedente” que “muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla y durante todo el proceso se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general”.

“Las premisas de las que parten sus conclusiones no me parecen correctas”, le ha dicho el fiscal durante el interrogatorio. El representante del Ministerio Público ha buscado evidenciar que en ese informe se omitieron noticias y se omitió también que muchas más personas, además de Álvaro García Ortiz, pudieron tener acceso al correo antes de su publicación en la prensa.

También la abogada del Estado, Consuelo Castro, ha reprochado las “interpretaciones creativas” y las “inferencias” de los agentes. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, ha justificado el teniente coronel de la UCO para tratar de argumentar por qué en ese informe no figura alusión alguna a, por ejemplo, las más de 400 personas que pudieron tener acceso al expediente fiscal del caso.

“Lo que usted marca sí que es una investigación prospectiva e imposible de abarcar. Pero en esto y en cualquier otra investigación que uno pueda acometer”, ha respondido Balas, quien ha recordado a la defensa de García Ortiz que su trayectoria profesional se remonta al año 1999. “Todo lo que se ha filtrado de manera textual estaba previamente en poder de la Fiscalía General del Estado”, ha reiterado el agente. “Y de 600 personas más”, ha apostillado la abogada del Estado.

En un momento posterior, Balas ha reconocido que, en sus informes clave del caso, nunca se tuvo en cuenta que el abogado de González Amador envió su confesión a un correo genérico al que tenían acceso 16 personas. “¿Sabía usted que ese correo fue enviado a una cuenta genérica a la que tenían acceso 16 personas?”, le ha preguntado Castro. “No me consta”, ha respondido.

Del “papel preeminente” al “dominio de la acción”

El teniente coronel ha justificado no incluir en su primer informe varias noticias clave del caso: la de La Sexta a las 22.10 horas de esa noche y la intervención en la Cadena SER a las 23.20 horas, antes de publicar su información en la web. “No hay ningún entrecomillado, ninguna cuestión que se compadezca con el correo”, ha dicho sobre la primera noticia. Lo mismo sobre la segunda: “Cuando el conductor del programa le pregunta por la fecha marca una fecha errónea, ahí todavía no se ha producido la filtración del correo que después reproduce la web de la SER”.

Este mismo agente ha apostillado y apuntado al periodista de la SER: “Nos parece curioso que llame al fiscal general a esa hora cuando es una cuestión de la Fiscalía de Madrid”. La llamada, como ha explicado el propio periodista Miguel Ángel Campos, no fue contestada por el fiscal general y los cuatro segundos registrados se corresponden con el buzón de voz de García Ortiz.

Uno de los agentes ha ratificado que el correo con la confesión de la pareja de Ayuso llegó al email del fiscal general a las 21.59 horas de la noche del 13 de marzo de 2024, pero han apuntado a que podía conocer antes de su existencia: “Se debe conocer que los correos existen para solicitarlos”. Su informe apuntaba al “papel preeminente” del fiscal general en toda la búsqueda de información y este miércoles uno de los agentes ha ratificado: “El dominio de toda la acción corresponde al fiscal general, como es normal, la Fiscalía es una institución jerarquizada”.

Uno de los agentes ha expuesto más deducciones sobre por qué se filtra el correo y se ha deslizado que el contenido de la confesión se filtró a la prensa para que la Fiscalía pudiera hacer el comunicado del 14 de marzo sin miedo a las consecuencias. “Lo que posibilita que pueda ser llevado a cabo es que a las 23:51 horas hay una noticia”, ha dicho el agente sobre la pieza de la Cadena SER que expuso el contenido del email. Cuando, a la mañana siguiente, lo publica El Plural en su integridad poco después de las nueve de la mañana, “ya lo tiene blanqueado”, ha añadido.

Los registros en la Fiscalía: “Es inviable una selección previa”

Además de estos agentes, que se han ratificado en sus informes, una decena de guardias civiles que intervinieron en los registros en la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Madrid de octubre de 2024 han justificado haber clonado toda la información del teléfono y el ordenador del fiscal general, y no haberlo hecho de forma selectiva. “Es inviable durante la entrada y registro hacer selección previa, eso se hace en la fase de análisis. Yo literalmente no sabía lo que se estaba buscando”, ha afirmado uno de los agentes.

“Al teléfono del fiscal general no pudimos acceder, puesto que estaba borrado”, ha explicado otro de los agentes. Si saben que usó la aplicación WhatsApp, han añadido, es “a través del teléfono de la fiscal Pilar Rodríguez”. El 23 de octubre de 2024, una semana después de la apertura de la causa, el fiscal general cambió “de terminal”, y solo identificaron un formateo desde el verano del año anterior. “Se puede determinar que ha existido un borrado”, ha dicho otro agente, que ha añadido que el borrado se extendió a la cuenta: “Cuando se intenta hacer una recuperación de la copia de seguridad se comprueba que esa cuenta ha sido eliminada recientemente”.

El primer agente de la UCO que ha declarado en el juicio ha explicado que estuvo presente en los registros de octubre del año pasado en la Fiscalía y que en ese momento García Ortiz ya avisó de que había cambiado recientemente de teléfono: “Se nos dijo que había cambiado de teléfono, no recuerdo la fecha exacta, pero llevaba poco tiempo con el teléfono”. Tanto el fiscal general como el personal de la Fiscalía, ha añadido este agente, estuvieron “colaboradores” durante la diligencia.

Las acusaciones consideran que este borrado masivo de datos por parte de García Ortiz –una semana después de que fuera público que el Supremo había abierto una causa contra él y una semana antes del registro de su despacho– es un indicio de ocultación de pruebas y también de culpabilidad.

“Se nos dijo que había cambiado de teléfono”

Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía intentan demostrar que los registros ordenados por Ángel Hurtado –avalados por la Sala de Apelaciones– fueron excesivos y recopilaron información de su ordenador, teléfono y correo de forma desproporcionada. Copiaron contenido del teléfono, de sus correos y de un disco duro, donde en días anteriores se había hecho una copia del ordenador de sobremesa. “Existía una copia de ese ordenador, se acababa de cambiar recientemente. Se hizo una copia total del disco duro”.

Esa copia, ha añadido este primer agente, “se devolvió a la Fiscalía”. Uno de sus compañeros ha especificado que es “imposible” hacer volcados de datos de forma selectiva: “El volumen de información es tanta que revisar uno por uno archivos es inviable. Técnicamente, es imposible filtrar por fechas”. “Cuando se realiza el volcado de un móvil no se puede seleccionar un tramo de fechas concreto”, ha apuntado otro.

En ese mismo sentido se han pronunciado los agentes que registraron ese mismo día el despacho de Pilar Rodríguez, la fiscal de Madrid entonces investigada y hoy exonerada de cuyo teléfono salieron los mensajes clave para impulsar la acusación del caso. “En el acta se hizo constar que determinadas descargas tenían que hacerse de todo el periodo que existiese”, ha añadido uno de ellos.

Este miércoles estaba prevista la declaración de hasta 12 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: la unidad policial a la que el Supremo encomendó investigar este caso a las órdenes del juez Ángel Hurtado. Su firma está en los informes clave del caso y muchos estuvieron en los registros en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, la primera diligencia que el juez puso en marcha y bajo secreto de sumario.

Uno de estos agentes es el citado Balas, instructor del informe sobre los mensajes que encontraron en el teléfono de Pilar Rodríguez y que también al frente de la investigación policial de otros casos como Koldo, Montoro o el supuesto “soborno” del propio González Amador a un directivo de Quirón y cuyo nombre ha aflorado como una de las personas contra las que Leire Díez cargaba en sus grabaciones.

Balas ya compareció en fase de instrucción ante Hurtado. Entonces ratificó sus informes y protagonizó un tenso interrogatorio a preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Reconoció que su primer informe –clave en la instrucción que impulsó Hurtado y que la Abogacía considera nulo– omitió datos relevantes de la tarde del 13 de marzo, por ejemplo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez.

El inédito juicio al fiscal general que acoge el Tribunal Supremo alcanza su ecuador. Y lo hace sin que hayan aflorado evidencias de que la sexta autoridad del Estado filtrara a escondidas un correo con información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En casi 20 horas de interrogatorios distribuidos en tres jornadas, los abogados que sustentan la acusación no han logrado obtener ni una prueba sólida de que el documento en el que el letrado del comisionista reconocía un doble fraude a Hacienda saliera de manos de Álvaro García Ortiz con destino hacia los medios de comunicación.

La primera jornada del juicio se inició con una contundente denuncia de la Abogacía del Estado, que acusó al instructor Ángel Hurtado, compañero de los siete magistrados que conforman el tribunal, de haber promovido un proceso “inquisitorial” y de haber actuado con la “idea preconcebida” de que su defendido era culpable. La última de las tres sesiones de la semana se cerró con los testimonios de tres periodistas que declararon que conocieron el secreto cuya revelación es objeto del juicio antes de que pudiera tenerlo el fiscal general. El acusado, sentado en estrados —no en el banquillo— y vestido de toga, ha seguido todas las sesiones con gesto serio y contenido. 

Por la solemne sala de vistas del alto tribunal han desfilado un total de 20 testigos entre fiscales, políticos y periodistas. Los testimonios de algunos de ellos han permitido establecer un relato de las horas frenéticas en las que el fiscal general se movilizó para reclamar esa documentación reservada. Uno de los indicios contra él es precisamente la urgencia con la que se movilizó aquella noche. Lo hizo después de que algunos medios dieran una versión falsa de los hechos: que había sido la Fiscalía quien había ofrecido al comisionista un pacto que le permitiera una rebaja de pena a cambio de admitir el fraude y pagar una multa. Es más, algunos medios —VozPópuli o Libertad Digital, entre otros— publicaron incluso que el Ministerio Público había frustrado ese acuerdo por “órdenes de arriba”, tal y como había difundido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional. 

La mano derecha de Ayuso pretendía instalar así la idea de que la querella contra la pareja de su jefa era una operación de Estado. El asesor, que declaró en la segunda jornada del juicio, aseguró que el fraude fiscal de 350.000 por el que el empresario se sentará en el banquillo “no hubiera tenido importancia” de no haber sido pareja de la presidenta regional. “No hay nadie en España que lo dude (...). Todo el aparato del Estado desde hace cinco años está urdiendo de todo para atacar a una rival política”, afirmó Rodríguez, quien también dijo falsamente que Hacienda no había “permitido” llegar a un acuerdo a González Amador. 

El comisionista, que declaró después que el jefe de gabinete de su pareja, también trató de victimizarse. “Entre la nota [de prensa] de la Fiscalía y la publicación de email [en el que su abogado reconocía el delito] pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. Estaba muerto. García Ortiz me había matado públicamente. Nadie es consciente del daño que se me ha producido”, afirmó en los primeros pasajes del interrogatorio. 

Una parte fundamental del delito de revelación de secretos es que acredite el “daño” a la causa pública o a un “tercero”, tal y como tiene dicho el Supremo desde hace años. Y a ello dedicó González Amador buena parte de su intervención. “El banco me cortó la financiación, una trabajadora mía no ha podido alquilar una casa porque han visto dónde trabaja. Ha sido un destrozo de proveedores, contratos que no he llegado a firmar”, lamentó. 

El empresario no quiso apearse de la teoría de la conspiración, pero tampoco formar parte de los bulos de Miguel Ángel Rodríguez. Sobre las supuestas “órdenes de arriba” se limitó a decir que sus abogados “nunca” le dijeron eso. “Nunca les he pedido que digan que es un asunto turbio. Recuerdo que me parece que Miguel Ángel Rodríguez hizo ese comentario, pero es una valoración política, ni entro ni salgo”, afirmó. Todo ello, sin dejar de afirmar que considera que todo el proceso, desde la inspección tributaria hasta la causa penal por la que irá a juicio, viene de una cacería política contra su pareja: “Esa paranoia que yo tenía no era tal paranoia”.

Nadie sabía que era la pareja de Ayuso

La teoría de Ayuso de que su pareja fue sometida a una “inspección salvaje” de Hacienda convertida en una cacería de los poderes del Estado ha sido refutada por todas y cada una de las personas que han intervenido en el proceso, desde el fiscal general hasta los testigos más favorables a la tesis de la acusación. Lo dijeron en el juzgado las inspectoras de Hacienda a las que González Amador señala con nombres y apellidos en sus declaraciones y lo han repetido en este juicio todos los fiscales que han declarado. Nadie supo que era la pareja de Ayuso hasta días después de ser denunciado. 

Lo explicó, como ya había hecho en fase de instrucción, el fiscal Julián Salto, que a principios de 2024 cogió el testigo de la Agencia Tributaria para investigar y denunciar a González Amador y sus empresas. “El 8 de marzo [tres días después de presentar la denuncia] pregunto por el repentino interés del asunto y nos dicen que González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid”, detalló ante el tribunal. 

Según ha desvelado el juicio, en la Fiscalía nadie supo quién se escondía detrás de la empresa Maxwell Cremona hasta que el seis de marzo, con la denuncia ya en los juzgados de Madrid, un periodista de elDiario.es contactó con la directora de comunicación de la Fiscalía para ver si sabían algo de la documentación que ya tenía el periódico. Empezaron entonces las consultas internas a través de una dación de cuentas. 

La información, a través de esa llamada, llegó a la Fiscalía General y de ahí a la Fiscalía de Madrid, donde tampoco sabían que habían denunciado a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental. Lo explicó Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, que recibió el dato del fiscal Diego Villafañe. “Recuerdo que había visado unos días antes unas diligencias que podían ser de la empresa”, aseguró. Pero relató que tuvo que consultar con la responsable de delitos económicos de la Fiscalía madrileña, quien a su vez se lo acabó explicando al propio Salto. 

Tampoco lo sabía Almudena Lasta, fiscal jefe de Madrid y considerada el testigo más valioso para las acusaciones por haber sospechado que la filtración procedía de sus compañeros de la Fiscalía General. La dación de cuentas, días después de la denuncia, “es el detonante por el que tenemos conocimiento de que esta persona es pareja de la presidenta”, afirmó Lastra. El desconocimiento previo del asunto en el Ministerio Público llega al punto de que los testigos vinculados a la Fiscalía General han acusado a los de la Fiscalía de Lastra de no haber informado públicamente del tema como sí habían hecho, por ejemplo, con fraudes como el de Carlo Ancelotti o José María Aristrain. 

El de Lastra era uno de los testimonios más esperados de la primera jornada de juicio, sobre todo por las acusaciones. Fiscal jefe de Madrid y en un enfrentamiento abierto y mutuo con la Fiscalía General y la fiscal Pilar Rodríguez, Lastra volvió a relatar cómo en esas horas frenéticas sospechó claramente que la filtración procedía del organismo que dirige García Ortiz: “Le dije: ¿has filtrado los correos?”. Después, reprochó a sus colaboradores que enviaran los correos al fiscal general: “¡Los van a filtrar!”. Explicó que era su sospecha, pero también reconoció que hablaba por intuición y sin pruebas. Ante el tribunal admitió que lo dijo “sin saber si lo habían filtrado o no lo habían filtrado”. 

El relato de González Amador también pasa por dar a entender que su propuesta inicial de aceptar ocho meses de cárcel ya estaba aceptada y camino de la ratificación judicial, a pesar de que el propio fiscal Salto ha explicado que ese ofrecimiento ni siquiera incluía el delito de falsedad documental que también se le atribuye. Una de sus quejas más recurrentes es que esta filtración ha eliminado cualquier posibilidad de defenderse. “Estoy siendo enviado a un juicio oral donde voy a ser condenado, no tengo opción ninguna”, llegó a decir. 

Este mismo viernes, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que se sentará en el banquillo por este asunto. Está pendiente también de una segunda pieza separada por un supuesto “soborno” a un directivo del grupo Quirón, según la Fiscalía. En el juicio del Supremo también ha comparecido el segundo fiscal que se hizo cargo de su caso: Diego Lucas. Y además de explicar que las negociaciones siguieron, reveló que su defensa había incurrido en maniobras dilatorias para frenar el avance del proceso. 

Explicó, por ejemplo, que siguió recibiendo propuestas de su abogado, Carlos Neira, y negoció con él, pero que fueron precisamente los abogados del empresario los que obstaculizaron las negociaciones cuando se enfrentó a una segunda causa. “No es que no quisieran conformarse, es que no querían que él llegara a declarar. Pretendían que no declarara hasta que la Audiencia Provincial revocara o confirmara la incoación de esa pieza separada. Querían retrasar la declaración”, aseveró.

El “haz lo que veas” de González Amador

La vista también ha permitido acreditar que antes de que el fiscal general reclamara esa documentación reservada, González Amador había facilitado otro correo electrónico del procedimiento a Miguel Ángel Rodríguez. Y que, a su vez, este último lo filtró a los medios con una versión falseada. “Haz lo que veas”, dijo el empresario a la mano derecha de su pareja. Ese fue el pistoletazo de salida para que el asesor usara sus listas de distribución entre decenas de periodistas para mover el bulo. 

El objetivo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado es demostrar que el primero en levantar el secreto y romper la confidencialidad de sus comunicaciones fue el propio González Amador. Y el objetivo de González Amador es dejar claro que él ni siquiera conocía su propia filtración y que, además, él sí tenía derecho a enviar a quien quisiera un correo del fiscal Salto. “Me siento imbécil por tener que explicar esto, equiparar un correo que es mío…”, dijo antes de que le cortara el juez Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal. 

Sus querellas y escritos, que han desembocado en este juicio, ocultaron que en la mañana del 12 de marzo de 2024, poco después de que elDiario.es desvelara el caso, González Amador mandó a Miguel Ángel Rodríguez un correo del fiscal Salto. También que día y medio después, cuando el objetivo del asesor era desmentir a La Sexta por contradecir sus bulos, dio permiso al jefe de gabinete de Ayuso para repartir ese correo entre decenas de periodistas. “Si le digo que hiciera lo que quisiese lo doy por autorizado, lógicamente”, añadió en el juicio. Su abogado Carlos Neira especificó que nunca se había encontrado con un cliente que pasara sus correos a la prensa y que no autorizó ese envío masivo. 

Todo este cruce de mensajes y envíos no fue conocido por los jueces hasta que Miguel Ángel Rodríguez testificó ante el juez Hurtado en enero, cuando reveló esas comunicaciones. En el juicio, el jefe de gabinete reconoció que ya a las siete y media de la tarde contactó con medios para difundir el bulo que incluía datos del correo, pero sin difundirlo: “No di a conocer el email que me había llegado”. Sí lo hizo, de forma íntegra, más tarde. “Yo mando el email y todo el mundo se vuelve loco en Fiscalía”, se jactó. 

El jefe de gabinete de la presidenta se jactó de su maniobra ante los jueces y defendió el bulo que puso en circulación y que muchos medios publicaron: que el fiscal había ofrecido un pacto silencioso, pero que sus superiores habían frustrado el acuerdo. Lo que vendió como información a la prensa era una deducción “lógica” y no tenía “ninguna fuente”, explicó al tribunal. 

Los periodistas que lo supieron antes

Uno de los gremios más representados en la lista de testigos del juicio es el de los periodistas y, por el momento, hasta seis informadores han declarado en el Supremo que sí conocieron el correo y cuánto lo pudieron examinar. Tres de ellos han reconocido que el email circulaba por las redacciones antes de que llegara al email del fiscal general a las 21.59 horas de la noche del 13 de marzo de 2024. Es una de las tesis más relevantes de la Fiscalía y de la defensa de García Ortiz, que incluso el propio juez Hurtado llegó a esgrimir en algunos autos: que para entonces el correo con la confesión de González Amador ya no era secreto. 

José Precedo, uno de los autores de la primera exclusiva que reveló el fraude fiscal de González Amador, reiteró como ya hizo en fase de instrucción que él recibió una “triple documentación” del caso el 6 de marzo de 2024: el expediente tributario, la denuncia que la Fiscalía había presentado un día antes y el correo. Un email que, explicó, reforzaba la información ante los ataques del entorno de Ayuso pero que su fuente no le había permitido publicar. 

“A ningún medio de comunicación le gusta citar a la competencia, pero lo que hace elDiario.es normalmente, más allá de lo que se haya podido decir en esta sala, es comprobar todas las informaciones. Por eso tardamos un poquito más, pero vamos más seguros”, explicó. Esa noche, en plena confusión y con los bulos de Miguel Ángel Rodríguez circulando a toda máquina mediática, elDiario.es publicó una primera información citando a la cadena de Atresmedia, tal y como corroboró Marcos Pinheiro. Esta redacción publicó el correo cuando tuvo autorización de la fuente. 

Alfonso Pérez Medina, responsable de tribunales de La Sexta, también explicó que tuvo acceso a la información correcta sobre los pactos y negociaciones a las 21.54 horas de esa noche, tal y como demuestran los mensajes internos de su equipo aportados al proceso. El primer pantallazo del documento, y no solo su contenido, no se publica en su integridad hasta las nueve de la mañana del día siguiente por el digital El Plural. 

La primera mitad del juicio, por tanto, ha servido para analizar las dos patas fundamentales del procedimiento: si hay pruebas de que el fiscal general filtró u ordenó filtrar el correo a los medios en la noche del 13 de marzo y si la confesión de González Amador todavía era secreta o confidencial para cuando llegó a manos del fiscal general. 

Ninguno de los fiscales que han declarado en el caso, tanto los que estuvieron imputados como los que siempre han sido testigos, han arrojado luz sobre la posible filtración más allá de constatar que el fiscal general “no podía esperar” para tenerlos y desmentir los bulos e informaciones falsas y manipuladas que acusaban a la Fiscalía de acosar a la pareja de Ayuso. Pero sin dedos que apunten a García Ortiz como el autor de la primera filtración a la Cadena Ser. 

Sí han surgido testimonios que abren otras posibilidades dado que más personas, dentro y fuera de la Fiscalía, tuvieron acceso a ese correo antes que él y algunos ni siquiera han sido llamados a declarar en año y medio de investigaciones. Desde los fiscales y funcionarios de la Fiscalía de Madrid que tuvieron acceso al email durante más de un mes hasta su filtración hasta los periodistas que han reconocido haberlo tenido en su poder. El juicio también ha añadido la novedad de que el fiscal Salto ya relató a sus superiores el 12 de marzo al mediodía que estaba negociando a través del abogado Carlos Neira. 

El arranque del juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha servido para ubicar varias fichas en el tablero: las duras críticas de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra la investigación del juez Ángel Hurtado, el enfrentamiento directo entre la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, y el papel protagonista que tuvo esos días el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Su declaración está prevista para este martes después de que varios testigos hayan deslizado una realidad que tendrá que explicar: si en la tarde del 13 de marzo de 2024 empezó a difundir mentiras sobre el caso mucho antes de lo que ha reconocido y basándose en un correo de la Fiscalía. 

Almudena Lastra es fiscal jefe de Madrid y es considerada uno de los testigos más valiosos para las acusaciones. Primero, porque se enfrentó al fiscal general mientras se confeccionaba una nota informativa del caso y, según su versión, llegó a preguntar abiertamente a Álvaro García Ortiz si él había filtrado la confesión del empresario a la prensa. Pero también ha reiterado, como ya hizo en instrucción, que los primeros ecos de los bulos del entorno de Ayuso llegaron a la Fiscalía mucho antes de lo que ha reconocido Rodríguez. 

“A las 20.26 me llama Iñigo Corral. Me dijo que le había llamado un periodista, [José Manuel] Romero, diciendo que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid se estaba poniendo en contacto con periodistas diciendo que la Fiscalía había ofrecido un pacto al señor González Amador y había recibido órdenes de arriba de rechazar ese pacto”.

En este fragmento de la larga declaración de Lastra este lunes en el juicio se esconden varias claves que se desarrollarán en los próximos días de juicio. “Iñigo Corral” es el jefe de prensa de su Fiscalía y las “20.26” es la hora de la tarde del 13 de marzo a la que fue advertida por él de que Miguel Ángel Rodríguez estaba llamando a periodistas para difundir el gran bulo del caso: las “órdenes de arriba”. Que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para cerrar su caso de fraude fiscal de forma discreta, pero que la cúpula del Ministerio Público lo había impedido. 

Miguel Ángel Rodríguez es uno de los testigos más esperados de este juicio y comparecerá, si no hay nuevos retrasos, en la tarde de este martes. El tribunal comprobará si su declaración de instrucción cuadra con la del juicio y con la de otros testigos. En enero, ante el juez Hurtado, el jefe de gabinete de Ayuso reconoció que González Amador le mandó un correo del fiscal Julián Salto en la mañana del 12 de marzo, cuando elDiario.es destapó el caso, pero añadió que no hizo “nada” con el correo hasta que, pasadas las 22.20 horas de la noche del día siguiente, el empresario le dio permiso para moverlo. Lo envió a decenas de periodistas de forma manipulada y ofreciendo una versión distorsionada de los hechos. 

El testimonio de Lastra, que ubica las alarmas internas de la Fiscalía por sus bulos dos horas antes de lo que él reconoce, tendrá una primera prueba de fuego en la mañana de este martes cuando comparezcan los jefes de prensa de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, que en fase de instrucción explicaron lo mismo: que a partir de las siete de la tarde ya empezaron a recibir llamadas de periodistas alertando de los movimientos del jefe de gabinete de Ayuso. 

Los mensajes que enviaba Rodríguez a esas horas no eran el mismo que envió después junto con el correo, pero iban por el mismo camino: “Primero el fiscal le ofreció negociar; después al fiscal le prohibieron negociar con él. Es todo turbio y feo”. Si los responsables de comunicación de ambas fiscalías ratifican este martes lo que dijeron ya en fase de instrucción, la pelota estará en el tejado del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y tendrá que explicar por qué omitió ese detalle en su declaración de instrucción. Entonces afirmó ante Hurtado que él se limitó a reaccionar a informaciones que habían publicado otros medios de comunicación, y siempre con el permiso de González Amador. 

Son algunas de las incógnitas que tendrá que despejar el jefe de gabinete de Ayuso: cómo y a quién difundió información manipulada del caso y si lo hizo con permiso de González Amador en todo momento. La defensa de García Ortiz considera que es una prueba más de que el empresario fue el primero en romper la confidencialidad de esa cadena de correos. 

Ninguno de los testigos ha afirmado que esa versión de los hechos que primero difundió Rodríguez y después algunos medios era verdadera. “Bulos”, “falsedades”, “se estaba tergiversando un correo de forma absolutamente falsa”. Son algunas de las expresiones usadas este lunes por Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid que ha comparecido como testigo después de haber estado imputada durante meses. “Una difamación”, ha añadido Diego Villafañe.

La acumulación de testigos que tendrían que haber declarado este lunes y que se han pasado al martes tras los largos y duros alegatos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra Hurtado pone en duda si Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y denunciante del caso, comparecerá este martes o si tendrá que retrasarse al miércoles. 

Choque entre fiscalías y una reunión el día 12

La primera jornada de este juicio también evidenció la enorme tensión entre las subalternas de García Ortiz en la Fiscalía de Madrid. Almudena Lastra, enfrentada desde hace meses al fiscal general, reiteró en varias ocasiones que ella no era partidaria de ofrecer ninguna información sobre la existencia de una denuncia por fraude fiscal contra González Amador tras la exclusiva publicada por este periódico. “¿Vio la noticia de elDiario.es?”, le preguntó el abogado de González Amador. “Me la reenvió el jefe de prensa diciendo 'Socorro, ¿esto es nuestro?' Le dije que era nuestro pero que sobre este asunto no íbamos a dar ninguna información”. 

Insistió, además, en que la mañana del 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía se movilizó para desmentir las tergiversaciones que había difundido el equipo de Ayuso, tuvo una conversación telefónica con García Ortiz en la que hablaron del comunicado que la Fiscalía publicó sobre estos hechos. La fiscal superior afirmó que tras leer las informaciones en prensa no le dio “ni los buenos días” y le espetó: “Has filtrado los correos”. Según su relato, García Ortiz dijo que eso no importaba, algo que se le “grabó en el alma”. 

Previamente, Lastra había hecho alusión a otra conversación mantenida en la noche del 13 de marzo, en plena crisis informativa provocada por el bulo, con Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid. “Ella me dijo que se los había mandado [los correos del fiscal del caso con la defensa de González Amador] al fiscal general. Y me quedé pasmada. Le dije: los van a filtrar”. Rodríguez, por su parte, defendió que “no hubo clandestinidad” al rendir cuentas a sus superiores sobre esos correos que centran la acusación contra el fiscal general. Y calificó de “exabrupto” la acusación de Lastra de una supuesta filtración. “Jamás me representó que nadie del Ministerio Fiscal vaya a proceder a hacer una filtración”, añadió. 

Además, la fiscal jefe provincial preguntó en tono de reproche: “¿Álvaro, esto lo has filtrado tú?”. “Eso ahora no importa”, afirmó Lastra que le había dicho García Ortiz. La fiscal no ofreció más pruebas que su testimonio. Sí ha sido precisa al hablar de un encuentro que tuvo con varios fiscales, la propia Pilar Rodríguez y Julián Salto el mismo 12 de marzo al mediodía. Después de hablar del caso, ya preparados para coger el ascensor y según ha deslizado el propio Salto y negado Rodríguez, hablaron de que esas negociaciones existían. Dos horas después, una fuente de esa Fiscalía contaba esa información sobre los pactos a un periodista de El País. Día y medio antes de que lo supiera el fiscal general.

La Abogacía del Estado, que defiende en el juicio al fiscal general, ha aprovechado el trámite de cuestiones previas para cargar con dureza contra el juez Ángel Hurtado y la gestión de la investigación contra Álvaro García Ortiz. Su actuación, ha dicho Consuelo Castro, fue “inquisitiva y prospectiva” y, entre otras cosas, dio “vía libre” a la Guardia Civil para copiar todo el teléfono del fiscal general sin justificación. El correo con la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha añadido en esta fase previa, “había circulado ampliamente por los medios” antes de llegar a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

“Todo el material” extraído de esos registros, ha dicho la Abogacía del Estado, debe ser expulsado del proceso. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha apoyado a la Abogacía también en el caso del registro del despacho de la fiscal provincial de Madrid, de donde salieron los mensajes fundamentales del caso: “La incautación de material de Pilar Rodríguez ha servido de soporte al informe más importante de la causa”, ha defendido sobre una diligencia avalada por la Sala de Apelaciones.

La fiscal también ha cargado contra la composición de la sala: cinco de los siete magistrados son los mismos que hace un año abrieron la causa contra él. “Es lógico sostener que esa sala de admisión no puede juzgar al fiscal general del Estado”. El Supremo ha explicado que todas estas alegaciones serán contestadas en la sentencia por su “especial complejidad” y su “relación” con las pruebas del juicio.

El juicio ha empezado pasados unos minutos de las diez de la mañana con el magistrado Andrés Martínez Arrieta presidiendo el tribunal de siete magistrados. García Ortiz ha llegado al Tribunal Supremo unos 20 minutos antes del comienzo de la vista sin hacer declaraciones y mientras un grupo de menos de una decena de personas le lanzaba gritos de ánimo desde el parque Villa de París. La primera media hora ha consistido en la lectura de las acusaciones por parte de una funcionaria del tribunal, que han sido rechazadas por el fiscal general con un “no” antes de dar comienzo a las cuestiones previas.

La Abogada del Estado Consuelo Castro ha sido contundente, en la fase de cuestiones previas, al cargar contra el juez Ángel Hurtado y su gestión de la causa, desde los primeros registros, al entender que ha derivado en la nulidad de la causa. “El fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, sus derechos no han sido garantizados y no ha podido defenderse”, ha dicho. La investigación “fue prospectiva” y se inició “de manera preconcebida” con la idea de que el fiscal general “era culpable”.

Ha apuntado a “la desidia o resistencia” de Hurtado a investigar si el correo pudo filtrarse por otra vía: “Una investigación unidireccional y una investigación parcial de los hechos con omisiones llamativas”, ha añadido Castro a lo largo de su primera intervención. Ha sido especialmente dura al criticar los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ordenó Hurtado nada más asumir el caso: “Resultó ser una incautación excesiva e injustificada”.

“Dio vía libre para copiar absolutamente todo”

“El instructor dio vía libre para copiar absolutamente toda la información del fiscal general en sus dispositivos personales y profesionales”, ha lamentado antes de defender que todo ese material debe “excluirse del caso” y ser declarado nulo.

Según Castro, Hurtado solo avanzó en la causa buscando la culpabilidad de fiscal general sin explorar otras posibilidades. Su “prejuicio”, ha dicho, y su “injustificada convicción” de que existió una “operación política”. También ha cargado contra su “ambigüedad” a la hora de determinar los hechos por los que ha sido investigado: “Nunca hemos sabido de qué imputaciones había de defenderse. La defensa nunca ha sabido con certeza qué hechos son objeto de investigación”.

La Abogada del Estado se ha quejado también de que Hurtado invirtió más tiempo en averiguar si el fiscal general había borrado su teléfono que en si el correo de la pareja de Ayuso pudo filtrarse por otras vías. “Se practicaron muchas más diligencias de cargo que de descargo, y la mayoría de las solicitadas por la defensa fueron rechazadas”. Solo consiguieron, por ejemplo, que varios periodistas fueran llamados a declarar cuando acudieron a una notaría. Hurtado, por ejemplo, denegó pedir su teléfono a Miguel Ángel Rodríguez cuando lo pidió la defensa pero “se acordó con el móvil de Juan Lobato cuando lo pidió la acusación”.

La teniente fiscal del Supremo también ha sido dura con Hurtado, quien “ha reconocido que su magnífica instrucción ha sido poco fructífera, no ha arrojado ninguna prueba”. Salvo el informe de la UCO tras los registros, ha añadido, “todas las pruebas son las que existían” ya cuando la causa, hace más de un año y medio, arrancó en el Tribunal Superior de Madrid.

La Fiscalía de Madrid ha archivado una denuncia contra Eugenio Ribón, decano de la Abogacía Madrileña, por la indemnización pagada al director del servicio jurídico del Colegio en concepto de “despido improcedente” cuando, según los denunciantes, se trató de una salida acordada. Antes de decretar el archivo de la denuncia, el fiscal encargado ha recabado información según la cual el ex director del servicio jurídico del ICAM Pedro Lescure ganó más de 200.000 euros por ejercicio durante 18 años y que su indemnización, a pocos meses de jubilarse, superó los 100.000.

El despido de Pedro Lescure fue trasladado a la junta del ICAM el 20 de marzo de 2024. Pese a que otros asuntos tratados en la reunión resultaron polémicos, el despido del director del servicio jurídico no fue objeto de debate aquel día. Se limitó al anuncio realizado por Eugenio Ribón de que Lescure había sido sometido a un “despido indemnizado”, al igual que otra trabajadora. La indemnización a ambos ascendería a 163.742 euros. 

La Asociación Libre de Abogados exponía en su denuncia varios acontecimientos que hacían desconfiar de los motivos aducidos por el ICAM para despedir a su director jurídico. En la documentación recabada por el fiscal, y que desconocían los colegiados, el ICAM alegaba “desfase o desajuste” del director del servicio jurídico respecto de la informática, la digitalización o las nuevas tecnologías. 

La supuesta falta de destreza del director jurídico con los avances tecnológicos no había resultado un obstáculo para que unos meses antes, en septiembre de 2023, el ICAM le concediera la medalla de colegiado de honor por un “cúmulo de méritos subjetivos, valores y servicios prestados”, así como “en reconocimiento a su trayectoria, dedicación y desvelos en pro de esta institución”.

Un mes antes de que Ribón pusiera en conocimiento de la junta el despido, Pedro Lescure abrió el acto del 50 aniversario de la Ley de Colegios Profesionales, en el que ya fue presentado como Abogado del Estado en ejercicio y ex secretario general del ICAM. Pese a su reciente despido, el Colegio de Abogados le invitaba a inaugurar unas conferencias. 

El motivo aducido para su despido tampoco casa con que el 19 de junio de 2023 conste un acta en el que se informa a la junta de un plan estratégico de sucesión en la Secretaría General y Dirección de Gabinete del Decano, lo que apunta a que “la sustitución ya estaba programada tiempo atrás”, según la denuncia de ALA. El 8 de mayo de 2024, Pedro Lescure ya estaba reincorporado a la Abogacía del Estado, concretamente en la Dirección General de lo Contencioso ante la Audiencia Nacional. Tenía 64 años y en unos meses se jubilaría desde la situación de servicio activo. 

El decreto de archivo de la denuncia incluye el siguiente razonamiento del fiscal: “Sin entrar a valorar si es dejadez, desidia, déficit de asimilación a nuevas tendencias, desapego o ineptitud sobrevenida (conceptos empleados en la carta de despido) lo cierto es que se expresa y manifiesta desde la representación del ICAM una serie de circunstancias en relación a un trabajador y tachas en ciertas esferas de su actividad”. 

Por tanto, el ICAM esgrimió razones para el despido que “no parecen extrañas ni infrecuentes cuando se trata de nuevas tecnologías y personas en el ocaso de su vida laboral”, según recoge el fiscal al argumentar su rechazo a denunciar los hechos ante un juzgado. 

El fiscal San Baldomero deja en su decreto de archivo una puerta abierta a la petición de explicaciones por parte de los denunciantes en el seno del ICAM, fuera de la vía penal. “Las circunstancias internas sobre la toma de decisión, pertinencia de la decisión, idoneidad del relevado, o de quien le haya podido sustituir, o de los cambios que puedan haberse introducido en el organigrama del ICAM entendemos que no nos corresponde abordar en este foro, sin perjuicio de las actuaciones que puedan de información o control que puedan corresponder o instar los miembros del mismo en otros ámbitos”, escribe el representante del Ministerio Público.

Ni malversación ni apropiación indebida

El fiscal de Delitos Económicos de Madrid rechaza que se produjera malversación de fondos públicos porque la indemnización estuvo sufragada “con fondos privados del Colegio, nunca públicos”. La denuncia planteaba un delito alternativo de apropiación indebida, que igualmente rechaza el fiscal porque “la idea de perjuicio [al ICAM] no aparece constatada con nitidez”.

Argumenta la Fiscalía que el despido se resolvió con una indemnización de 107.642 euros cuando podría haber alcanzado los 397.791,68 euros. “No puede presumirse ni afirmarse categóricamente como lesivo para la entidad, teniendo en consideración la eventual indemnización que pudiera haberle correspondido en caso de resolución desfavorable y también el importante presupuesto que gestiona el ICAM”, alega el fiscal. 

El Colegio de Abogados de Madrid ha vivido en el pasado otras polémicas relacionadas con la gestión de sus fondos y contratos desorbitados. Ocurrió con motivo del despido del periodista Alfonso Merlos, cuando trascendió que quien facturaba, a través de una sociedad, un total de 181.500 euros anuales al ICAM por encargarse de la comunicación del Colegio. En aquel momento, el ICAM estaba presidido por José María Alonso. 

Cuando elDiario.es consultó al ICAM por la denuncia de ALA respecto al despido del director jurídico, un portavoz del Colegio de Abogados describió a los denunciantes como “una asociación minoritaria de abogados, de marcado signo político”. “Pretender transformar un acto de conciliación por despido, enmarcado en la absoluta normalidad en las relaciones laborales, en indicios penales, supone tergiversar la realidad jurídica de lo acontecido con claros fines espurios”, añadió. 

El Tribunal Supremo ha confirmado la fianza de 75.000 euros impuesta por el juez Ángel Hurtado al fiscal general del Estado de cara al juicio por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que empieza la semana que viene. Los jueces de la Sala de lo Penal rechazan el recurso de la Abogacía del Estado, una decisión que llega después de que Álvaro García Ortiz consignara los 150.000 euros que el juez impuso en un primer momento.

El juicio contra Álvaro García Ortiz comenzará el próximo lunes 3 de noviembre ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con la pareja de Ayuso pidiendo cuatro años de cárcel para él. Un juicio de seis sesiones en el que testificarán 40 personas entre periodistas, fiscales, políticos, guardias civiles, abogados y el propio Alberto González Amador con Miguel Ángel Rodríguez, además del fiscal general que comparecerá el último antes de los informes finales y el visto para sentencia.

La pareja de Ayuso pide cuatro años de cárcel para García Ortiz por revelación de secretos pero también una indemnización de 300.000 euros por el “destrozo” que, afirma, supuso para él la filtración de su confesión de fraude fiscal. El juez Hurtado, en un primer momento, abrió juicio oral contra el fiscal general y le impuso una fianza de 150.000 euros, un dinero destinado a afrontar una posible condena económica. García Ortiz consignó ese dinero a través de una de sus propiedades pero reclamó que la indemnización fuera eliminada o, al menos, reducida.

Hurtado dejó ese dinero en la mitad antes de poder recibir un correctivo de la Sala de lo Penal. Admitió el instructor que se había saltado la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este tipo de fianzas y que, por ejemplo, había incluido de forma irregular las posibles multas a las que se enfrenta García Ortiz en este juicio. La nueva cantidad de 75.000 euros, una vez consignado el doble por el fiscal general, fue recurrida por la Abogacía del Estado.

La respuesta de la Sala, a pocos días de empezar el juicio, ha sido rechazar estas alegaciones. La Fiscalía, explican los jueces, es un “órgano del Estado” pero no puede alegarse, como pretendía García Ortiz, que eso exima al fiscal general de pagar una fianza. “Tienen una responsabilidad civil directa y deben responder con su propio patrimonio por lo que es de todo punto coherente que la responsabilidad que pueda declararse en la sentencia sea objeto de medidas cautelares como la prestación de fianza”, explica el auto.

El caso por el presunto fraude a Hacienda de Alberto González Amador avanza en su recta final, ajeno a la reciente jubilación de la jueza de la causa que lo instruyó desde el principio. Una magistrada sustituta ha decidido que el periodo de tiempo hasta que llegue el nuevo titular del Juzgado, ya elegido, no suponga una dilación y este lunes dictó el auto de apertura de juicio oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Si la Audiencia Provincial no lo evita en el último momento, Alberto González Amador se sentará en el banquillo acusado de cinco delitos, incluido el de grupo criminal, incorporado recientemente en su escrito por la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid. 

El argumento más poderoso de las acusaciones es el mismo que dio origen al caso: un informe de 187 páginas en el que la Agencia Tributaria expone las conclusiones de 19 meses de investigación. Las pesquisas arrancaron cuando los técnicos de Hacienda se percataron de que el empresario había disparado sus ingresos sin incrementar la parte que debía pagar a la Administración pública. 

Las dos peritos que investigaron a González Amador comparecieron el 21 de marzo pasado en el juzgado para ratificar el contenido y las conclusiones de su informe, como ocurre en estos casos. Durante dos horas y media, una de ellas fue didáctica y rotunda: “El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos no nos resulta lógico que baje la tributación. En 2019 tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. Si paso a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública… y nos damos cuenta de que no”.

Alberto González Amador hizo el negocio de su vida en 2020, en los inicios de la pandemia de la COVID-19, cuando ingresó una cifra muy cercana a los dos millones de euros por una sola operación: poner en contacto a dos empresas españolas para que una vendiera y otra comprara material sanitario de protección por valor de 42 millones de euros. No conforme con incrementar tan exponencialmente sus ingresos, Alberto González Amador habría decidido que Hacienda no se llevaría lo que correspondía. Y para ello puso en marcha una trama de facturas falsas con las que aparentar que había tenido tantos gastos que apenas le había compensado la comisión de las mascarillas. 

La pareja de Ayuso se habría ahorrado de forma irregular 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades en 2020 con unas facturas falsas que no tardaron en descubrir las inspectoras de la Agencia Tributaria. Las técnicas siguieron tirando del hilo y este les llevó al siguiente ejercicio, el de 2021, en el que Alberto González Amador habría dejado de ingresar a Hacienda un total de 195.951,41 euros, una cantidad todavía mayor que en el ejercicio anterior. 

La Agencia Tributaria establece como plazo para la presentación del Impuesto de Sociedades los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Eso significa que la declaración del año 2020 se debe presentar en los 25 primeros días de julio de 2021. La primera noticia de la relación sentimental entre Ayuso y el empresario se remonta a mayo de 2021, cuando una revista del corazón documentó un reciente viaje a Ibiza de la pareja. Esto implica que ya cuando presentó la primera declaración falseada, Alberto González Amador mantenía una relación estable con la presidenta madrileña.

Las tripas del informe de Hacienda revelan otro dato en este sentido. Las inspectoras tiraron del hilo y se adentraron en 2021. De junio de ese año data la factura de más de 900.000 euros por un trabajo en Costa de Marfil que nunca se realizó. La presunta factura falsa es de después del viaje de la pareja que confirmó su relación. Es el 10 de octubre de ese año cuando la sociedad de González Amador, de nombre Maxwell Cremona, “registran contablemente y deducen fiscalmente” una factura por una intermediación en la venta de vacunas que nunca se llegó a producir , recoge el informe de Hacienda.

Los pisos de lujo tras el fraude

Alberto González Amador compró en julio de 2022 la vivienda en una acaudalada zona de la capital donde vive con la presidenta madrileña. Fue en fechas próximas a la segunda declaración fraudulenta. De entrada ingresó a los propietarios 350.000 euros, una cantidad casi idéntica a la que había defraudado por los dos ejercicios fiscales anteriores. Tres años después la pareja continúa viviendo en esa casa, con una hipoteca suscrita por González Amador de 500.000 euros. Al menos hasta el 31 de agosto pasado, la pareja ha disfrutado también de un ático situado en el piso de arriba por el que el empresario y comisionista desembolsaba 5.000 euros al mes con un derecho a compra que se debería haber ejecutado antes del último día del mes pasado. 

Cuando estalló el escándalo, elDiario.es preguntó a la Comunidad de Madrid por el desembolso de la presidenta para vivir en dos viviendas de lujo, situadas una encima de la otra. La única respuesta fue que Isabel Díaz Ayuso no pagaba ningún alquiler. 

La jueza Inmaculada Iglesias dictó el auto de fin de la instrucción, en el que proponía juzgar a Alberto González Amador, el pasado mayo, después de escuchar a las peritos de Hacienda. La defensa del empresario ha recurrido su procesamiento ante la Audiencia Provincial y solo un pronunciamiento de los jueces de la segunda instancia favorable a su petición podría salvarle del banquillo. Mientras tanto, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular han presentado sus peticiones de condena.

González Amador asegura que no se ha llamado a los testigos que demostrarían que los trabajos supuestamente inexistentes en realidad se hicieron y que, incluso con independencia de esta consideración de la Agencia Tributaria, la supuesta defraudación no llega a delito. En el caso de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado la petición de condena es de tres años y nueve meses por dos delitos de fraude fiscal en concurso con falsificación de documentos. 

El escrito del PSOE y Más Madrid no incluye la acusación por dos fraudes fiscales porque el Tribunal Constitucional resolvió un recurso de González Amador y estableció que la acusación popular no puede acusar por un delito del que es perjudicada la Hacienda Pública, que ya está representada por la Abogacía del Estado. Los partidos aportan dos delitos que no aparecen en los otros escritos de las acusaciones, el delito contable y el de grupo criminal. 

PSOE y Más Madrid creen que González Amador conformaba un grupo criminal junto al resto de los acusados, un socio del empresario, Maximiliano Niederer, y tres individuos de un pueblo de Sevilla que prestaron sus nombres y sociedades pantalla para las facturas falsas. 

Un caso poco frecuente

El caso de González Amador pertenece al 1% de los fraudes fiscales que encuentra la Agencia Tributaria y acaban en un juzgado, ya sea porque la cuota defraudada supera los 120.000 euros por ejercicio o porque se ha producido en concurso con otros delitos. Con todo, la prioridad de la Fiscalía y la Abogacía del Estado es siempre recuperar el dinero hurtado a Hacienda y recabar la correspondiente multa. Así fue durante la investigación judicial a Alberto González Amador después de que su abogado ofreciera un pacto a la Fiscalía para asumir el fraude, ser condenado a ocho meses de cárcel –lo que implicaría que nunca entraría en prisión–, devolver lo defraudado y pagar la multa correspondiente.

La iniciativa de la acusación popular encontró posibles nuevos delitos excavando en los documentos recabados por Hacienda y evitó que se alcanzara ese acuerdo. PSOE y Más Madrid lograron la apertura de una pieza separada que se instruye a día de hoy por corrupción en los negocios y administración desleal y que supondría, de prosperar, un segundo juicio a González Amador. Por orden de la anterior jueza, y a propuesta de la Fiscalía, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya investiga los hechos.

La Abogacía del Estado pide una pena de tres años y nueve meses de cárcel para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por defraudar más de 350.000 euros usando facturas falsas. En su escrito de acusación al que ha tenido acceso elDiario.es, el representante de la Agencia Tributaria en la causa atribuye dos delitos de fraude fiscal al empresario en concurso con otro más de falsedad documental.

“Era plenamente consciente de la falta de realidad de las facturas”, dice la Abogacía sobre González Amador, que actuó así “con el ánimo de escapar la tributación correspondiente”. La Abogacía del Estado entiende que hay que aplicar la “atenuante simple de reparación del daño” al haber pagado, en mayo del año pasado, su deuda y los intereses.

La forma que tuvo el empresario a la hora de tributar el dinero que ganó durante la pandemia haciendo de intermediario en compraventa de mascarillas, añade la Abogacía del Estado, “responde a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación”. Usó, además, una sociedad “interpuesta” para “seleccionar de manera arbitraria” la empresa con la que pagaba impuestos.

Tal y como reveló en exclusiva este periódico, la Fiscalía denunció a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid hace más de un año bajo una acusación: defraudar más de 350.000 euros en su Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 usando facturas falsas para endosar gastos ficticios a su empresa. Una manera de reducir drásticamente la factura fiscal de los dos años de pandemia en los que ganó varios millones de euros como comisionista en operaciones de compraventa de material sanitario.

La Abogacía del Estado entiende que debe ser condenado a un año y nueve meses de cárcel por los 155.000 euros que supuestamente defraudó en 2020, y dos años más por los 293.927,11 euros que dejó de pagar a Hacienda en 2021. La petición es idéntica a la que realizó hace unos días la Fiscalía por los mismos delitos. González Amador ya ha sido procesado en este caso de fraude fiscal y está investigado en otra pieza por corrupción en los negocios y administración desleal por la compra de una sociedad a la esposa de un directivo del grupo Quirón, algo que la Fiscalía considera un posible “soborno”.

La representación de Hacienda acusa en su escrito a Alberto González Amador de actuar “mendazmente” con el “ánimo de procurarse un ahorro fiscal ilícito ante la perspectiva de tener que ingresar importantes cantidades al Erario Público”. Su empresa Maxwell Cremona era una pantalla ya que “carecía de toda estructura societaria que permitiera diferenciarla de su socio único” y las investigaciones de la Agencia Tributaria han podido acreditar, añade, “que los datos declarados no eran acordes a la realidad”.

Facturas falsas de México, Costa de Marfil y Sevilla

La Abogacía del Estado, que en este procedimiento representa a la Hacienda Pública cuya investigación derivó en la denuncia de la Fiscalía, explica que la estrategia de González Amador, después de ingresar dos millones de euros durante la pandemia, fue inventarse gastos de sus empresas para rebajar al máximo la factua del Impuesto de Sociedades. Para eso presentó, en total, 15 facturas por un valor cercano a los 1,7 millones de euros por unos servicios inexistentes.

Sus empresas pasaron de tener una cifra de negocio de 357.000 euros en 2019 a uno de 2,3 millones en 2020. El dinero que pagó por el Impuesto de Sociedades a través de su empresa Maxwell Cremona, sin embargo, no solo no subió sino que disminuyó: de una cuota tributaria de 6.800 euros en 2019 a una de 2.800 euros en 2020, a pesar de que su cifra de negocio se había multiplicado por seis.

La fórmula que usó fue presentar facturas falsas y hacer creer a Hacienda que sus empresas habían tenido muchos más gastos que permitían rebajar el Impuesto de Sociedades. La factura más voluminosa, de 922.000 euros, fue emitida por una sociedad de Costa de Marfil llamada Gayani en junio de 2021. País en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había intentado vender vacunas contra el coronavirus sin que el acuerdo con el Ministerio de ese país fructificase. La segunda factura, de 630.000 euros, fue emitida por MKE Manufacturing.

Detrás de ambas operaciones aparece Maximiliano Eduardo Niederer, para quien la Abogacía del Estado también pide un año de cárcel. La misma condena que solicita para otros tres acusados, dueños de empresas radicadas en Sevilla que emitieron una decena de facturas de importes menores y consideradas igualmente falsas por la jueza, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado contra varios encargos del Gobierno a la institución, como el último adicional sobre la regla de gasto en pensiones, que consideran que “atentan” contra su independencia y autonomía de gestión regulada por ley, ha afirmado este miércoles su presidenta, Cristina Herrero.

La presidenta de la AIReF ha criticado el último encargo adicional para evaluar la regla de gasto en pensiones para 2026. “No lo entendemos”, ha afirmado Cristina Herrero, que ha sostenido que su valoración sobre la última reforma de pensiones “no ha variado en los últimos tres años”. “El diagnóstico es más o menos el mismo. No entendemos muy bien qué se pretende con esto”, ha sostenido la economista, que ha vuelto a ser muy crítica con la regla de gasto pactada en la última reforma de pensiones con Bruselas y que considera que no mide realmente la sostenibilidad del sistema público.

Cristina Herrero ha rechazado que el Gobierno cargue al organismo público con este otro trabajo adicional, al que ha añadido otros encargos adicionales que el Ejecutivo está exigiendo a la AIReF a través de varias leyes y decretos leyes, por ejemplo en la Ley de startups, entre otras. La presidenta de la AIReF considera que estos mandatos están incumpliendo la ley orgánica que regula la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por lo que ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado al respecto.

Atentando contra su independencia y autonomía

En este sentido, Cristina Herrero ha mencionado que estos múltiples encargos adicionales que el Gobierno está incorporando al trabajo ordinario de la AIReF “atentan contra nuestra independencia y la autonomía de gestión”. La economista ha apuntado que estos nuevos encargos, con varias formulaciones (como evaluación, informe, opinión...), en algunos casos definen qué debe evaluar la AIReF y mucha concreción en los tiempos y objeto de análisis, algo que en su opinión va en contra de la autonomía e independencia de la institución.

“Vengo denunciando mucho tiempo que hay que parar esta deriva”, ha afirmado Herrero, que tiene además como consencuencia que “se trastoque lo que es el funcionamiento, la autonomía de gestión y la independencia de la AIReF”.

En el Ministerio de la Seguridad Social han reaccionado a la noticia y han destacado que “el Gobierno respeta, como ha hecho siempre, las opiniones de la AIReF y confía plenamente en su independencia”. Como prueba de ello, el departamento de la ministra Elma Saiz destaca que la reforma de pensiones incluyera “un mecanismo de revisión -cláusula de cierre- basado en un informe de evaluación a cargo de esta institución”.

La presidenta de la institución ha recordado que “las opiniones son voluntarias y no nos las puede imponer nadie” y los informes están establecidos en la Ley orgánica del organismo, por lo que ha pedido “claridad en la terminología” porque “no es baladí” de cara a la metodología, el calendario, el presupuesto y la independencia de la AIReF al realizar sus estudios.

La presidenta de la AIReF ha pedido “que se limite muy mucho” que la AIReF “entre a valorar otras cosas al margen de lo que está previsto” en su regulación “y, desde luego, con una previa consulta a la AIReF”, algo que no siempre ha sucedido por parte del Gobierno.

El fiscal general del Estado ha movido ficha en el tramo final de la investigación por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ha pedido más testificales al juez Ángel Hurtado. La Abogacía del Estado, según ha podido comprobar elDiario.es, explica que cuatro periodistas de El País han consignado pruebas ante un notario para demostrar que las negociaciones entre Alberto González Amador y la Fiscalía ya eran conocidas por ellos a través de la Fiscalía de Madrid mucho antes de que esa información llegara a manos de Álvaro García Ortiz en la noche del 13 de marzo. En dos escritos, la Abogacía pide que declaren como testigos esos cuatro periodistas además de Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador.

Si las negociaciones del empresario y su defensa con la Fiscalía ya eran conocidas por la Abogacía del Estado, trabajadores de la Fiscalía de Madrid y varios periodistas, razona la Abogacía del Estado, no puede existir la revelación de un secreto: “Difícilmente podrían tener carácter reservado”, argumenta.

La causa contra García Ortiz está pendiente de sus últimas diligencias: la declaración del propio González Amador este viernes. La Abogacía del Estado, que defiende en esta causa al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid, busca poner pruebas encima de la mesa que demuestren que para cuando la información del posible pacto entre el empresario y la Fiscalía llegó a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo, esos datos ya estaban en poder de más gente de la que reconoce Alberto González Amador. En poder de un Abogado del Estado conocido de su propia defensa, pero también en poder de varios periodistas de El País, que se enteraron el día 12 de marzo a primera hora de la mañana.

Así lo han consignado estos cuatro informadores ante un notario, un acta que la Abogacía del Estado aporta al procedimiento para solicitar su testifical. La mañana del 12 de marzo de 2024, después de que elDiario.es revelara en exclusiva que la Fiscalía había denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un doble fraude fiscal de 350.000 euros, uno de estos periodistas habló con “trabajadores de la Fiscalía de Madrid”, que le dieron dos datos: que el abogado del empresario se llamaba Carlos Neira y que llevaba más de un mes negociando un pacto para pagar sus deudas y evitar la cárcel.

Según han afirmado estos cuatro periodistas de El País ante un notario, empezaron a intentar hacer comprobaciones sobre este posible pacto de cara a publicar una información, mientras la versión pública de Isabel Díaz Ayuso era que su pareja estaba siendo perseguida por el Estado. Uno de ellos, incluso, contactó con Carlos Neira para intentar contrastar esa información. Por email y por WhatsApp.

Mensajes en la mañana del 12 de marzo

En esas actas, uno de los periodistas de El País asegura que a las 13:30 hora del 12 de marzo de 2024 habló con “trabajadores de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid” y que estos le revelaron la existencia de las negociaciones, así como del nombre del abogado que había sellado ese pacto. Poco después ordenó a otros tres trabajadores del periódico que intentaran confirmar esos datos con el letrado Carlos Neira. Las gestiones internas del periódico empezaron a las 14:53 horas de ese mismo día. La primera llamada al despacho de Alberto González Amador fue poco antes de las tres de la tarde. Se dirigieron por email al letrado a las 15:02 horas y por WhatsApp a las 16:19 horas, en ambos casos preguntando explícitamente por el posible pacto.

“Hemos sabido que esta mañana Alberto González Amador ha pagado la cantidad que supuestamente defraudó a Hacienda. ¿Podríamos tener confirmación?”, preguntaba explícitamente el periodista en uno de estos mensajes consignados ante un notario. No recibieron respuesta y la información no fue publicada.

Esos mensajes ahora aportados al Supremo muestran que la información sobre un posible pacto circulaba mucho antes de que el fiscal general supiera que existían esas conversaciones, mucho antes también de se publicara. La Fiscalía General no pidió esta información al fiscal Julián Salto hasta última hora de la tarde del 13 de marzo, un día y varias horas después, y solo cuando varios medios publicaron una versión falsa de esas negociaciones. El fiscal general, según consta en la causa, no tuvo constancia total de esas conversaciones y pactos hasta las doce menos cuarto de la noche. Un día y medio después de que un periodista lo supiera por boca de trabajadores de la Fiscalía de Madrid.

La Abogacía del Estado entiende que esta acta notarial con la revelación de los cuatro periodistas de El País es “especialmente relevante” porque sirve para demostrar lo que defienden desde el principio: que el fiscal general no filtró esos datos a la prensa y que, además, para cuando llegaron a su poder en la noche del 13 de marzo ya eran conocidos por más personas. “Era ya conocida por diversos profesionales de la información con anterioridad a cualquier intervención o conocimiento por parte de mi representado”, explica en uno de los escritos presentados ante el juez Hurtado.

La defensa de Álvaro García Ortiz pide de nuevo al juez que, antes de cerrar la instrucción y decidir si le sienta en el banquillo, llame a declarar a estos cuatro periodistas como testigo. Algo que ya intentó sin éxito hace meses, cuando El País publicó una información explicando estos hechos. La Sala de lo Penal aseguró el pasado mes de abril que esas testificales no eran necesarias: “Son periodistas, han cumplido con su misión informativa, están protegidos por el derecho constitucional a no revelar sus fuentes, nada pueden aportar por el momento”, dijo el tribunal, instando a aportar sus informaciones como documental.

Pide que declare el abogado Carlos Neira

La Abogacía del Estado explica ahora que reiteran su petición por “la aparición de nuevos elementos de convicción” que no tenían entonces: la comparecencia ante un notario dando detalles de cómo conocieron esas negociaciones más de 24 horas antes de que el fiscal general supiera, siquiera, que Alberto González Amador había confesado por escrito su fraude fiscal un mes antes de estallar el caso.

También pide que testifique el propio Carlos Neira, entonces abogado del empresario y que supuestamente habría recibido esas comunicaciones de periodistas mucho antes de que trascendiera el pacto. También el mismo que en febrero de 2024 envió esa propuesta de pacto no solo a la Fiscalía sino también a la Abogacía del Estado, omitiendo ese dato en todas sus querellas y escritos por revelación de secretos.

En el mismo escrito, además, piden que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aclare algunos aspectos de su informe clave del caso. Sobre todo por qué omitieron que la Cadena SER ofreció detalles en antena y en directo del pacto antes de lo que aseguran ellos en el informe, y antes, por tanto, de que el fiscal general tuviera esa información: “Resulta particularmente relevante para el objeto del presente procedimiento, al afectar de manera directa al momento en que se habría producido la filtración”.

El Tribunal Supremo ha rechazado las querellas que grupos de extrema derecha como Vox o HazteOir presentaron contra Pedro Sánchez por usar la Abogacía del Estado para intentar llevar al banquillo al juez Juan Carlos Peinado. La Sala de lo Penal rechaza las querellas que las acusaciones populares de casos como el de Begoña Gómez o el hermano del Presidente presentaron contra él, explicando que usar la Abogacía del Estado para acusar a Peinado de prevaricar pudo ser algo “discutible jurídicamente” pero, en ningún caso, un delito.

La Abogacía del Estado presentó una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año a la esposa del Presidente del Gobierno, en nombre de Pedro Sánchez. Tanto esta querella como otra presentada por la propia Begoña Gómez, que acusaban al juez de prevaricar en su investigación, fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fue entonces cuando varias de las acusaciones populares del caso de Gómez y otros, como el del hermano de Pedro Sánchez o el caso Koldo, pasaron al ataque y se querellaron contra Sánchez por usar la Abogacía del Estado por lo que entendían que era un interés particular. Tanto Vox como HazteOir como Iustitia Europa acusaban al Presidente del Gobierno y a otros, como al ministro Félix Bolaños, de un delito de prevaricación y otro de malversación.

El Tribunal Supremo ha analizado y rechazado estas tres querellas. Los jueces inadmiten de plano las pretensiones de la extrema derecha pero aprovechan para lanzar algunos dardos tanto a Sánchez como a la Abogacía. La “iniciativa procesal, no sin cierta razón”, explica el Supremo, pareció “extravagante” al Tribunal Superior de Madrid, que rechazó la querella contra Peinado. Pero aunque esa decisión “puede ser discutible jurídicamente” no es, en ningún caso, un delito. “No resulta groseramente ilegal y adoptada con desdén o indiferencia frente al ordenamiento”.

La Abogacía del Estado acusó a Juan Carlos Peinado de prevaricar en la citación de Pedro Sánchez como testigo en la causa en la que investiga a su esposa, analizando a instancias de Vox, Manos Limpias y otras organizaciones de extrema derecha toda la vida profesional de Begoña Gómez desde que vive en la Moncloa. Acusaba al magistrado, sobre todo, de haber prevaricado no solo al citarle sino al haber impedido que lo hiciera por escrito y, en la práctica, forzar su presencia en el Palacio de la Moncloa para el interrogatorio.

Tanto esta querella como la acción penal más amplia que presentó Begoña Gómez contra el magistrado fueron rechazadas, en autos sucesivos, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los jueces inadmitieron las acusaciones de prevaricación contra el juez de la Plaza de Castilla y uno de ellos, incluso, propuso que Sánchez fuera multado.

“La grave decisión” de querellarse contra Peinado

El Tribunal Supremo explica que el contenido de la querella que presentó la Abogacía en nombre de Sánchez contra Peinado no es objeto del pleito, sino que se hiciera cargo ese organismo, aunque sí define el movimiento como “la grave decisión de formular una querella contra un Juez de Instrucción basada en un procedimiento aún en trámite”.

“Podríamos diferir profundamente”, añaden los jueces del Supremo, de la valoración que hizo la querella de la Abogacía a la hora de decir que esa citación presencial como testigo afectaba al prestigio de la Presidencia del Gobierno, pero en cualquier caso no es un enfoque “arbitrario”. Lo que hacía la Abogacía era “defender a la cúspide del Poder Ejecutivo frente a lo que se consideraba –infundadamente, según resulta del Auto de inadmisión– una indebida merma de las condiciones y garantías que rodean su estatus por un miembro de otro Poder”. 

La querella, añade, no fue presentada en nombre de Pedro Sánchez a título particular sino de la Presidencia del Gobierno “entendida como órgano distinguible de su titular”. “El Abogado del Estado podría actuar en representación del Gobierno, colectivamente considerado, pero no en representación del Presidente de ese Gobierno”.

El juez Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general en el Tribunal Supremo, ha llamado a declarar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso el próximo 23 de mayo como testigo en las diligencias sobre la filtración de su correo electrónico con su confesión. El magistrado también llama a declarar a los agentes de la Guardia Civil que han elaborado los informes clave del caso y encarga a la Unidad Central Operativa un informe sobre la información enviada por Google y WhatsApp sobre el móvil del fiscal general.

El juez explica que ha recibido respuesta en las últimas horas a su petición de información a Google y WhatsApp, en su intento por recuperar los mensajes y datos que Álvaro García Ortiz borró de su teléfono cuando ya sabía que la investigación estaba abierta. “En principio, apunta a haber obtenido la información que se interesaba”, dice el juez sin desvelar si estas empresas han podido, efectivamente, recuperar los mensajes borrados.

La Abogacía del Estado, que en esta causa representa a los imputados Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, ha intentado en varias ocasiones que Alberto González Amador comparezca como testigo ante el juez Ángel Hurtado. El objetivo, según ha explicado en varias intervenciones y escritos apoyados por la Fiscalía, es pedir explicaciones sobre si él mismo difundió algunos de sus correos e, incluso, su propia confesión escrita, en términos que ha ocultado hasta ahora a los tribunales.

Por un lado, las defensas tienen intención de aclarar si el empresario autorizó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de su pareja en la Comunidad de Madrid, a difundir un email que el fiscal Julián Salto envió a su abogado, Carlos Neira. Un correo que formaba parte de la cadena de emails intercambiada entre ambos a cuenta de la confesión que, un mes antes, el abogado de González Amador había remitido al fiscal. Hasta la fecha, el juez instructor no ha otorgado ninguna relevancia a esta filtración autorizada por el empresario de un correo de un fiscal.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía también buscan preguntar a Alberto González Amador si lleva un año ocultando a los tribunales que no solo envió su confesión al fiscal Julián Salto, sino también a un Abogado del Estado con el que tenía trato. Hasta la fecha el juez instructor se había negado pero la Sala de Apelaciones del Supremo obligó al magistrado a llamar a declarar al empresario como testigo.

La causa abierta en el Tribunal Supremo por la filtración de un correo con la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso tiene todavía una testifical por delante: la del propio denunciante, Alberto González Amador. La decisión de la Sala de Apelaciones de obligar al juez Ángel Hurtado a tomar declaración al comisionista abre un camino que la Abogacía del Estado llevaba tiempo intentando transitar: pedir explicaciones al empresario sobre si él fue el primero en difundir ese email y cuánta información ha ocultado a los tribunales desde que empezó a buscar la imputación del fiscal general.

La citación, que ahora depende del calendario del juez Hurtado, será la segunda vez en que González Amador comparezca ante un tribunal por este caso. La primera vez fue en mayo del año pasado, cuando acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a ratificar la querella que había puesto unas semanas antes denunciando que la Fiscalía había revelado secretos confidenciales de su caso al emitir un comunicado. Un comunicado en el que el Ministerio Público daba algunos detalles de las negociaciones entre su abogado y el fiscal del caso de fraude a Hacienda, pero con el objetivo de desmentir varias falsedades que el propio entorno del empresario había puesto en circulación.

Esa primera querella, que con el tiempo se ha convertido en una causa penal abierta contra el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid por la filtración del correo con su confesión, omitía datos que la Abogacía del Estado considera de extrema relevancia. Sobre todo que el 2 de febrero de 2024 el abogado Carlos Neira, uno de los que defiende a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no solo envió el correo con la propuesta de pacto al fiscal Julián Salto sino también a un Abogado del Estado.

“Acabo de enviar a Fiscalía otra propuesta de conformidad penal en relación con una nueva denuncia por delito fiscal”, dijo el abogado Neira en ese correo enviado a la Abogacía del Estado, que defiende a Hacienda en ese tipo de pleitos. Lo hizo un mes y varios días antes de que fuera denunciado, de que elDiario.es destapara el caso y de que ya finalmente su confesión, real o manipulada, llegara a la Fiscalía General y a los medios de comunicación.

La intención de los Abogados del Estado que defienden a Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, así como de la teniente fiscal del Supremo, es que González Amador explique, obligado a decir la verdad como testigo, si él o su entorno fueron efectivamente los primeros en difundir su propia confesión, mucho antes de que se produjera la filtración que él y Ángel Hurtado atribuyen al fiscal general y su equipo más cercano. Y que explique por qué ese dato, relevante en una causa sobre revelación de secretos, ha sido ocultado a los tribunales que han estudiado sus denuncias.

La Abogacía del Estado ha dejado bien claro que este descubrimiento no implica que esa institución sea sospechosa de haber filtrado el correo. Entienden que es una prueba más que demuestra que González Amador y su abogado nunca consideraron que esa confesión fuera algo secreto, destacando “el nulo valor confidencial o naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo incluso por el propio abogado del señor González Amador”.

La Fiscalía también se ha pronunciado en esa dirección: “En la querella, y sucesivos escritos procesales del señor González Amador no se ha hecho ninguna referencia a que un correo similar, o idéntico, al enviado a la Fiscalía había sido remitido el mismo día 2 de febrero de 2024 a la Abogacía del Estado, lo que debería ser objeto de explicación”. El juez, hasta la fecha, se había limitado a aportar todo esto a las actuaciones sin tomar ninguna decisión al respecto. Ahora tendrá que fijar un interrogatorio al respecto.

Las filtraciones de Miguel Ángel Rodríguez

Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía también han expresado, en sus recursos y en los interrogatorios, la necesidad de que el propio denunciante y su entorno explique una segunda cosa: si él autorizó a Miguel Ángel Rodríguez a difundir un correo del fiscal que le investigaba. El propio jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso lo reconoció en su testifical, explicando sus contactos con el empresario y asumiendo en parte que en la tarde del 13 de marzo difundió, desde su teléfono, una versión manipulada de las negociaciones que González Amador mantenía con la Fiscalía pero repartiendo entre periodistas un correo real. Del fiscal Julián Salto.

Esa difusión fue la que propició una primera información falsa que daba a entender que fue la fiscalía quien propuso un pacto al comisionista -y no al revés- y que dicho acuerdo habría sido parado por órdenes de arriba, que fue la tesis que defendió desde el principio el jefe de gabinete de Ayuso.

Para la defensa y la Fiscalía, a día de hoy, no existen pruebas que permitan atribuir a Álvaro García Ortiz o Pilar Rodríguez la filtración de ese correo en la noche del 13 de marzo del año pasado. Los mensajes y correos intervenidos constatan el nerviosismo que reinó ese día en la Fiscalía para conseguir toda la información del caso y desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez, pero ninguna orden expresa o velada de filtrar a la prensa el contenido del correo.

Las revelaciones sobre el auténtico recorrido de esa confesión, entienden las defensas, apunta en la dirección del sobreseimiento o, en caso de llegar a juicio, la de una sentencia absolutoria para el fiscal general. Ante el juez, González Amador deberá explicar qué documentos hizo llegar a Miguel Ángel Rodríguez, cómo autorizó su difusión y por qué unos correos sí le parecían confidenciales y otros no. Además de ratificar si, tal y como dijo Rodríguez, le pasó la cadena de correos incompleta o también el email previo donde confesaba sus delitos y que evidenciaba que la propuesta de acuerdo partió de sus abogados.

Hasta el momento, el juez Hurtado ha restado importancia a cualquier indicio que apunte en esa dirección. No consideró necesario profundizar en el papel del jefe de gabinete de Ayuso en el caso después de su testifical, y tampoco entendió que las difusiones de documentos autorizadas por el propio empresario roben protagonismo penal a los hechos que atribuye, auto tras auto, al fiscal general del Estado.

“No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo”, dijo Hurtado sobre el hecho reconocido de que Miguel Ángel Rodríguez filtrara uno de los emails del caso. Sobre todo porque, según el juez, “se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto”, es decir, Alberto González Amador.

La citación también será una oportunidad para que la pareja de Isabel Díaz Ayuso explique cómo le perjudicó esa filtración. Un argumento que el propio juez Hurtado ya ha comprado en algunos de sus autos: la publicidad de su confesión, aunque fuera solo en términos generales, facilitó que decenas de responsables políticos se empezaran a referir a él como “defraudador confeso”. Su otra gran batalla legal: tratar de condenar por la vía civil (y reclamar cientos de miles de euros en indemnizaciones) a quien se haya referido a él con ese término.