La confirmación por parte del Tribunal Supremo de que suspende el derecho al voto para las próximas generales a más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos plantea la incógnita de cómo aplicar en tiempo récord una medida inédita. El auto conocido este lunes ratifica las medidas cautelares dictadas en septiembre, antes del adelanto electoral. Y determina que de este colectivo sólo podrán votar el próximo 29N quienes cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad. 

Quedan fuera, por tanto, quienes recurrieron a la instrucción que presume la condición de exiliado para todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955 y sobre la que ha puesto el foco el Supremo. La resolución abre un choque institucional de consecuencias imprevisibles porque su ejecución exige realizar un complejo trabajo burocrático sin apenas margen de tiempo. El Gobierno lleva semanas advirtiendo de las “dificultades” existentes e incluso de la “imposibilidad material” de ejecutar una orden que supone revisar miles de concesiones de nacionalidad. Pero la única respuesta que ha encontrado por parte del Alto Tribunal es la exigencia de que cumpla su mandato para blindar la “pureza del proceso electoral”.  

En el centro de la controversia se sitúan 163.020 electores que ya figuran inscritos en el CERA [el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior] y que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos, la norma que abrió la puerta de la nacionalidad a un mayor número de descendientes de quienes huyeron de la Guerra Civil o se exiliaron durante la dictadura franquista.

Los jueces establecen que estos ciudadanos solo podrán votar si los cónsules expiden una “certificación acreditativa” que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. Quienes no dispongan de ese documento emitido “bajo responsabilidad” del funcionario consular, no podrán hacerlo. Pero la cuestión es que la mera inclusión en el CERA no permite, por sí sola, establecer si un elector se encuentra afectado por la suspensión decretada por los jueces del Supremo.

Durante el procedimiento, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares ha emitido informes en los que detalla la complejidad de hacer esa distinción. Así, sostiene que el Registro de Matrícula Consular no contiene ningún campo informático que identifique por qué vía concreta se adquirió la nacionalidad. Por tanto, para ejecutar la orden del Supremo es imprescindible revisar manualmente uno por uno los 163.020 expedientes. 

Es una tarea que exige comprobar tanto los libros físicos del Registro Civil como las aplicaciones informáticas que empezaron a utilizarse entre mediados de 2024 y de 2025. “La ejecución del auto del TS requiere una adaptación informática que se está desarrollando”, han mantenido la Abogacía del Estado en uno de sus escritos que constan en el expediente. 

Además, en muchos casos el consulado del lugar de nacimiento del elector (donde custodiaron el expediente de nacionalidad) no coincide con el consulado de su residencia actual (donde está dado de alta en el CERA). Esto obliga, por tanto, a un intercambio de solicitudes y un cotejo entre embajadas y consulados de distintos países. Hay, asimismo, algunos casos de alta concentración de expedientes. Por ejemplo, Rosario y Buenos Aires superan los 20.000 expedientes cada una y La Habana se aproxima a 30.000, según uno de los informes aportados por la Dirección General de Asuntos Consulares. 

Una vez realizada esa comprobación, el resultado ha de ponerse en conocimiento de la Oficina del Censo Electoral y de los órganos encargados de la recepción y escrutinio de los votos, a fin de que todos dispongan de una información coincidente y actualizada. Y todo ello debe hacerse, además, en un plazo brevísimo. En apenas dos semanas, entre el 24 y el 30 de octubre, la Oficina del Censo Electoral tiene que remitir a los electores la documentación electoral, entre la que figuran los certificados de inscripción censal. Después, los electores pueden emitir su voto por correo en el consulado hasta el 24 de noviembre o votar personalmente entre el 21 y el 26 de noviembre. 

La resolución cuenta con el voto particular discrepante de la magistrada María Alicia Millán, que expone en su escrito la existencia de estas “dificultades”. Y que, a su juicio, “introducen incertidumbre acerca de la determinación de los electores que pueden ejercer el derecho de voto y de los sufragios que deben ser admitidos y computados”. 

“Cuando la ejecución de una medida cautelar suscita dudas sobre aspectos tan esenciales como la delimitación del cuerpo electoral o la regularidad del escrutinio resulta difícil sostener que contribuya a reforzar la seguridad jurídica del proceso electoral; antes bien, corre el riesgo de comprometerla”, añade esta magistrada.  

Pese a estas advertencias, la mayoría de los magistrados defiende que “el interés general de preservar la pureza del proceso electoral” debe “prevalecer” sobre el derecho al voto de quienes figuran en el censo pero la Administración “no ha aclarado las condiciones en que se realizó” su inscripción ni la trazabilidad de su acceso al Registro Consular correspondiente. 

En su auto, el Supremo reprocha al Gobierno que alegue una “imposibilidad material” cuando en el mes transcurrido desde su primera resolución no ha aportado datos de un solo expediente desglosado ni ha puesto de manifiesto qué gestiones ha puesto en marcha para dar cumplimiento al fallo. El ponente de esa decisión es el magistrado Antonio Narváez, uno de los juristas que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informó El País.

La Fiscalía también reclama que se levanten las medidas cautelares y el Tribunal Supremo permita votar a todos los nacionalizados por la ley de nietos. Fuentes del Ministerio Público afirman que en las alegaciones presentadas, la Fiscalía ha reclamado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que “sopese la posibilidad” de no revisar las concesiones de nacionalidad otorgadas mediante la ley de nietos, tal y como había pedido realizar en el auto en el que frenó el derecho al voto de miles de descendientes de represaliados. 

“Se ha sugerido a la Sala que esta nueva situación puede haber cambiado el escenario de ponderación de intereses en conflicto que ha de valorarse para adoptar medidas cautelares, para que se sopese la posibilidad de no llevar a cabo esas acciones de revisión del censo al menos durante este proceso electoral”, aseguran estas fuentes. 

Según la postura fijada por el Supremo, los consulados debían expedir certificados a quienes acreditaron con documentos el exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad y diferenciarlos así de quienes recurrieron a la instrucción que presumía dicha condición para todos los españoles que salieron de España entre 1936 y 1955 sobre la que han puesto el foco los magistrados. 

De esta forma, solo los primeros podrían votar de acuerdo a estas medidas cautelares. Este jueves, los servicios jurídicos del Estado insistieron en que la convocatoria de elecciones hacía “materialmente imposible” revisar esos expedientes a tiempo y solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares. 

La Fiscalía se une también a esta petición al constatar las “serias dificultades que puede crear y posibles incompatibilidades” entre las medidas cautelares del Supremo y el adelanto electoral. Así, el Ministerio Público sostiene que “la ejecución del auto puede generar una continua y progresiva suspensión de altas en el censo desde este momento hasta el de las elecciones y con posterioridad”.

El partido minoritario Iustitia Europa reclama al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En un escrito de urgencia presentado esta misma mañana, la formación se apoya en las alegaciones remitidas este jueves por la Abogacía del Estado, en las que los servicios jurídicos del Estado argumentaron que el adelanto electoral hace “materialmente imposible” revisar los expedientes de nacionalizados por la ley de nietos puestos en duda por el Alto Tribunal. 

“La votación debe celebrarse bajo condiciones que garantías en la plena efectividad de la resolución judicial vigente. La suspensión temporal de la votación preserva el resultado útil de la tutela cautelar y protege simultáneamente la integridad y legitimidad del proceso electoral”, dice el escrito. 

El partido exige que, en caso de que el tribunal vea “desproporcionada” para paralización, se tomen medidas para garantizar la “trazabilidad” de los votos de los 163.020 electores descendientes de exiliados que accedieron a la nacionalidad —y al derecho al voto— a través de la instrucción que presume esa condición para “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955” sobre la que ha puesto el foco el Supremo.

Así, propone que el “marcado informático de dichos electores” en el censo cerrado a 1 de agosto de 2026, que es el que se utilizará para el 29N. A su juicio, esta medida subsidiaria no priva preventivamente del derecho de voto a ningún ciudadano ni altera el calendario electoral, pero garantiza de forma absoluta la trazabilidad de los sufragios emitidos por este colectivo. Así, sostienen que en caso de una sentencia estimatoria en el proceso principal, el impacto de dichos votos podrá ser “fiscalizado y depurado de forma quirúrgica en el escrutinio general”. 

En un escrito registrado este jueves, la Abogacía del Estado volvió a pedir al Supremo que levante las medidas cautelares que podrían dejar sin derecho a voto en las próximas elecciones generales a más de 160.000 descendientes de represaliados. “O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA [el censo de quienes viven en el extranjero] –pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna– o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone”, recogía el escrito.

La Abogacía del Estado recordaba que la ley electoral establece que el censo del 29N es el que se cerró a 1 de agosto —antes de la decisión judicial— y debe exponerse para consulta el próximo lunes 12 de octubre. Los servicios jurídicos del Estado ya alegaron en otro escrito previo al adelanto electoral que no era “factible” que los 16 consulados que aglutinan el 85% de las inscripciones las pudieran analizar antes del 1 de enero de 2027, cuando estaba previsto el cierre del censo para el ciclo electoral del próximo año. 

Ahora, reducir ese plazo a escasos días “confirma” esa imposibilidad material, dice el escrito. E insiste en que “en la ponderación de intereses, ante el riesgo del sacrificio inmediato de un derecho fundamental, lo que debe primar es el ejercicio del derecho a participar”. 

La Abogacía del Estado vuelve a pedir al Tribunal Supremo que levante las medidas cautelares que podrían dejar sin derecho a voto en las próximas elecciones generales a más de 160.000 descendientes de represaliados. En un escrito de alegaciones al que ha tenido acceso elDiario.es, los servicios jurídicos del Estado argumentan que el adelanto electoral hace “materialmente imposible” revisar los expedientes de nacionalizados por la ley de nietos puestos en duda por el Alto Tribunal. 

“O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA [el censo de quienes viven en el extranjero] –pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna– o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone”, recoge el escrito.

La Abogacía del Estado recuerda que la ley electoral establece que el censo del 29N es el que se cerró a 1 de agosto —antes de la decisión judicial— y debe exponerse para consulta el próximo lunes 12 de octubre. Los servicios jurídicos del Estado ya alegaron en otro escrito previo al adelanto electoral que no era “factible” que los 16 consulados que aglutinan el 85% de las inscripciones las pudieran analizar antes del 1 de enero de 2027, cuando estaba previsto el cierre del censo para el ciclo electoral del próximo año. 

Ahora, reducir ese plazo a escasos días “confirma” esa imposibilidad material, dice el escrito. E insiste en que “en la ponderación de intereses, ante el riesgo del sacrificio inmediato de un derecho fundamental, lo que debe primar es el ejercicio del derecho a participar”. 

El escrito carga contra las nuevas pretensiones de Vox, que pidió la suspensión del derecho al voto de todos los nacionalizados por la ley de nietos, puedan o no acreditar su condición de descendientes de exiliados. Y que, en todo caso, que se les ofrezca ejercer individualmente su derecho de rectificación del censo. 

La Abogacía del Estado remarca que esa petición revela que “el verdadero propósito [de Vox] es que el Tribunal Supremo le autorice para que se elimine el derecho de voto de los españoles que proceden del exilio exterior en contra de la constante voluntad” del Congreso de los Diputados desde 2007, cuando se aprobó la primera ley de memoria histórica. 

La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, los servicios jurídicos del Estado cuestionan los “excesos” de los magistrados, que se basaron en la existencia de un supuesto “peligro fundado, real y serio” de que el “notable” incremento del censo por la ley de nietos afectara a las elecciones para impedir votar a estos descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados.

La Abogacía del Estado denuncia que la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo “excede los límites propios del incidente cautelar” y se pronuncia sobre la “legalidad” de una instrucción “que no ha sido impugnada en este proceso” y sobre cuya validez no se pueden pronunciar.

Se trata de la instrucción que el Ministerio de Justicia aprobó en 2022 y que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. La clave es que partido extraparlamentario Iustitia Europa y Vox no recurrieron ante el Supremo el contenido de esa instrucción, sino el acuerdo de la Junta Electoral Central que declaraba su falta de competencia para examinar su contenido.

Los jueces, sin embargo, fallaron que el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener en el censo solo a quienes puedan acreditar documentalmente que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. 

En su recurso, la Abogacía del Estado defiende que el Supremo se ha excedido en sus competencias al abordar la validez de una instrucción que no ha sido recurrida y que es firme desde hace años. E insiste en que la sentencia que se dicte “podrá anular” el citado acuerdo de la Junta Electoral, pero “nunca podrá anular o limitar los efectos” de cada concesión de nacionalidad concedida y que no ha sido impugnada en este procedimiento.

En este sentido, recuerda que enjuiciar la validez de los títulos de concesión de la nacionalidad no es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino de la jurisdicción civil.

Además, considera que el auto impugnado excede los límites propios del incidente cautelar, pues hace un “juicio anticipado” sobre el fondo del asunto dado que impone a la Junta Electoral un comportamiento que coincide, en lo esencial, con el contenido de la pretensión de fondo de Iustitia Europa y Vox, que consistía en impedir votar a estas personas.

168.896 nacionalizados con la instrucción

Por otro lado, el recurso de la Abogacía del Estado también trata de desmontar el cálculo del tribunal, que basó la existencia de un supuesto riesgo electoral en el hecho de que desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026 el número de electores que figura en el censo de quienes votan fuera de España se había incrementado en 408.262 personas. 

Así, los servicios jurídicos del Estado rebajan a 168.896 las personas que accedieron a la nacionalidad a través de esa presunción de exilio que recoge la instrucción para los descendientes de quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. 

El recurso aplica esa cifra a la participación histórica del voto exterior en las elecciones generales, que ronda el 8% y estima en 14.120 los votantes potenciales. Se trata, según estos cálculos, del 0,06 % de los votos emitidos. Es, a su juicio, una influencia “ínfima” y que, a su juicio, no permite concluir la existencia del riesgo de alteración del proceso electoral en el que el Supremo basó su decisión. 

“No existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo (...). Y aun en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia. Nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo, y en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática”, recoge el escrito.

El Tribunal Supremo paraliza de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ley de nietos, lo que les privará de su derecho al voto salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son descendientes de exiliados. 306.000 descendientes de españoles han culminado el proceso para acceder a la nacional en virtud de esta norma, según los últimos datos disponibles.

La mayoría de magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han tomado esta decisión tras la vista celebrada este lunes, en la que Vox y el partido Iustitia Europa solicitaron la suspensión de la inscripción en el censo de este colectivo hasta que haya una sentencia sobre el fondo del asunto. Uno de los seis magistrados ha anunciado que formulará un voto particular al discrepar de la decisión de la mayoría.

El acuerdo establece que aquellas personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen mediante esa norma continuarán la tramitación de su expediente de inscripción en el llamado Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Sin embargo, una vez finalizado el expediente, su inscripción quedará suspendida hasta que se dicte sentencia firme. Además, hasta la emisión de la sentencia, también se suspende el derecho al voto para las personas que ya están inscritas bajo este mismo supuesto para los sucesivos procesos electorales que se convoquen.

La única vía para burlar esta suspensión es lograr que los Registros Consulares expidan una “certificación acreditativa” de su condición de nacidos fuera de España de progenitores o abuelos originariamente españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación/identidad sexual. Eso supone iniciar un nuevo procedimiento para acreditar de nuevo los requisitos que implica un largo proceso burocrático, lo que augura que será muy difícil que los nacionalizados en virtud de esta norma puedan participar en las próximas elecciones generales.

Una ley de 2022

La llamada ley de nietos amplió el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo. Fue aprobada el 5 octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación en el Congreso y en el Senado.

Se opusieron a la ley de memoria democrática, pero sin censurar la disposición adicional octava que incluía esa norma y que afirma lo siguiente: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”.

Una instrucción dictada por el Ministerio de Justicia veinte días después de la entrada en vigor de la ley clarificó que bastaba con acreditar con documentación que el antepasado —progenitor o abuelo— había salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 para que se presumiera la condición de exiliado.

Esa presunción de exilio tampoco es algo nuevo. Figuraba en términos similares en otra instrucción aprobada en 2008 después de que la primera ley de memoria reconociera el derecho a obtener la nacionalidad española a los hijos de exiliados y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Cuatro años después, al calor de un acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado julio sobre la inscripción de estas personas en el censo, el PP y Vox dieron aire a una teoría conspirativa sobre un supuesto plan del Gobierno para alterar los resultados de las urnas al engordar el censo por la ley de nietos. El partido de Santiago Abascal y Iustitia Europa impugnaron ese acuerdo de la Junta Electoral y el Supremo ha acabado suspendiendo el derecho al voto de quienes no prueben documentalmente la condición de exiliados de sus ascendentes.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado se habían opuesto a suspender las altas incorporadas al CERA como consecuencia de la denominada ley de nietos porque eso implica revisar la concesión de la nacionalidad, que no es lo que se ha recurrido.

El fiscal apuntó en la vista que cuando se pide que se frene el proceso de inscripción de personas en virtud de su derecho de sufragio al disponer del requisito previo la nacionalidad, “lo que se pretende es convertir a la Oficina del Censo Electoral en un registrador que califica actos jurídicos, en este caso la nacionalidad, y diga que no puede acceder al censo”, que es una consecuencia automática y legal concedida tras la nacionalidad. Por eso, continuó, este no es el proceso de impugnación de la ley de nietos ni de instrucciones posteriores, no puede ser “un recurso contra todo, de suspensión absoluta de todo el sistema”.

La Abogacía del Estado pidió la inadmisión del recurso y el rechazo de las cautelares. La representación de los servicios jurídicos del Estado defendió que solo se puede privar del derecho de sufragio por sentencia penal firme, que la adquisición de la nacionalidad deriva de actos firmes y que el sufragio es una consecuencia legal.

Los argumentos de Vox e Iustitia Europa

Desde Vox, el letrado y eurodiputado Jorge Buxadé aseguró que, si la medida cautelar se deniega, “el censo va a seguir aumentado de forma anómala cuando no ilegal, y la reparación del daño será irreversible”, de manera que “se habrá contribuido a un gigantesco y masivo fraude” y a “una quiebra del estado democrático, ya que la Junta Electoral Central está para garantizar la transparencia y la igualdad de voto”.

Luis María Pardo, de Iustitia Europa, defendió la necesidad de adoptar medidas cautelares para evitar que una eventual sentencia llegue cuando sus efectos electorales ya sean irreversibles, porque aun siendo estimatoria “podrá ordenar la revisión del censo para procesos futuros pero lo que no podrá hacer es reconstruir con certeza una elección ya celebrada”.

El Consejo General de la Abogacía Española ha advertido de que Cantabria podría perder casi un 16% de los abogados del turno de oficio para 2030, que pasarían de los 490 adscritos de 2025 a 413, lo que supondría una pérdida de 77 en cinco años, con lo que la comunidad quedaría en “alerta moderada”.

Con esta pérdida de abogados del turno de oficio, se pasaría de una ratio del 41,7% a una del 36%.

Con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se celebra el próximo 12 de julio, Abogacía Española ha elaborado un estudio sobre la evolución del censo de abogados y la viabilidad futura del servicio.

En este sentido, ha alertado de que “si la tendencia actual no se revierte, ocho comunidades autónomas podrían encontrarse en una situación crítica para garantizar la cobertura del turno de oficio antes de que termine la década, mientras que cinco presentarían un nivel de riesgo elevado”.

Según ha explicado, no se trata de un problema que aparezca de un día para otro, sino que es más bien una tendencia que lleva años consolidándose.

Así, expone que desde 2020, el turno de oficio ha perdido más de 6.400 abogados, un descenso del 14,1% que ha reducido el número de profesionales adscritos a 38.871 actuales. A este respecto, advierte de que “si nada cambia, en 2030 quedarían menos de 33.000 abogados prestando este servicio en toda España”.

El Consejo General de la Abogacía ha señalado que “el turno de oficio es uno de los mayores exponentes del compromiso social de la Abogacía y uno de los pilares que hacen efectivo el derecho de defensa en el país”, pero ha advertido de que “ningún servicio público puede sostenerse indefinidamente sobre el esfuerzo y la vocación de quienes lo prestan”.

El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha afirmado que “treinta años después, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita necesita una reforma que garantice su futuro, con unos baremos actualizados y una financiación acorde con la realidad actual”. “No hablamos solo de mejorar las condiciones de los profesionales, hablamos de proteger un servicio esencial para todos los ciudadanos”, ha apostillado.

Aumentan las peticiones de justicia gratuita

Por otra parte, el estudio pone de manifiesto la dificultad para garantizar el relevo generacional en un servicio que “exige una elevada dedicación y que resulta imprescindible para asegurar el acceso a la justicia de miles de ciudadanos”.

Además, destaca que la necesidad de justicia gratuita no deja de crecer. Cada año aumentan las designaciones y, con menos abogados disponibles para asumirlas, la presión sobre quienes permanecen en el turno será cada vez mayor. Las proyecciones del informe estiman que la carga media pasará de 28 asuntos por abogado en 2025 a casi 45 en 2030, lo que supone un incremento cercano al 60%.

Solo durante 2025, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita aumentaron un 1,7% hasta superar los 1,15 millones. Cada una de ellas, cuya tramitación corresponde a los 83 Colegios de la Abogacía, ya sea por solicitud directa del ciudadano o por remisión de los órganos judiciales, supone la designación de, al menos, un abogado o abogada del turno de oficio. Es decir, mientras la demanda del servicio sigue creciendo, el número de profesionales disponibles para prestarlo continúa disminuyendo.

El estudio señala que ese aumento no será igual en todo el país e indica que en algunos territorios la situación puede llegar a ser especialmente exigente. En Ceuta, por ejemplo, cada abogado podría asumir más del doble de asuntos que en la actualidad, mientras que, en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña o La Rioja la carga de trabajo crecería de forma muy significativa.

Abogacía Española destaca que “detrás de estas cifras hay una realidad que trasciende a la propia profesión”. Así, sostiene que “el turno de oficio constituye la puerta de acceso a la Justicia para quienes no disponen de recursos económicos suficientes”. “Su fortaleza no se mide únicamente por el número de abogados que lo integran, sino por su capacidad para garantizar que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda ejercer su derecho de defensa en condiciones de igualdad”, indica.

“Los abogados del turno de oficio están presentes cuando la vida de una persona cambia para siempre. Son quienes garantizan que cualquier ciudadano, con independencia de sus recursos, pueda ejercer su derecho de defensa. Cuidar este servicio y a los profesionales que lo sostienen no es solo una responsabilidad con la Abogacía; es un compromiso con la igualdad, con el acceso a la Justicia y con uno de los pilares de nuestro Estado de derecho”. ha afirmado el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita de Abogacía Española y decano de Cartagena, Ángel Méndez.

La Abogacía del Estado sostiene en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo que la regularización no contraviene la legislación europea y que otorgar autorizaciones de residencia es una “medida de política legislativa migratoria exclusivamente nacional”. El documento, presentado este viernes y al que ha tenido aceso elDiario.es, se opone a que se eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los servicios jurídicos del Gobierno llevan trabajando en su escrito de alegaciones desde que el pasado martes tres magistrados conservadores de la sección quinta de lo contencioso abrieran la vía europea en respuesta a los recursos planteados por Aragón y la Comunitat Valenciana —ambas comunidades del PP— para cuestionar el proceso de regularización. En suma, lo que plantean los tres jueces es que la normativa española podría chocar con el reglamento europeo de 2024 que establece el procedimiento común en materia de protección internacional, con la legislación comunitaria en materia de asilo e incumplir el principio de “cooperación leal” con la Unión Europea por no haberse informado al resto de países. Por ello, daba cinco días a las partes para posicionarse sobre si debería elevarse una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

El escrito de la Abogacía del Estado alega que la providencia de los magistrados del Supremo tiene “omisiones relevantes”, su motivación es “insuficiente” y plantea que, en cualquier caso, no es momento de elevar la cuestión a la Justicia europea porque todavía no se ha “iniciado ningún tipo de debate sobre el fondo de las pretensiones”. “La remisión prejudicial que se pretende se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas de una serie de escenarios futuros, sin concretar una necesidad actual de interpretar una normativa de derecho de la Unión Europea que estuviera vigente”, lamentan.

Los servicios jurídicos apuntan que la regularización, que empezó el 16 de abril y acabó el 30 de junio, no puede ser contraria al citado reglamento europeo porque entraba en vigor el 12 de junio de este año y el real decreto se aplica a quienes están en España de forma previa al 1 de enero de 2026. “No es posible que pueda comprometer, no ya gravemente, sino en modo alguno la efectividad de este reglamento”, sostienen. También argumentan que, en todo caso, la mencionada legislación europea no impide al Estado ejercer su legítima competencia para otorgar autorizaciones de residencia por motivos humanitarios o de cualquier otro tipo, conforme a su Derecho nacional. Esas atribuciones que tiene el Estado no se han visto alteradas por los nuevos instrumentos de Derecho de la Unión, en opinión de la Abogacía del Estado.

Sobre la falta de “notificación previa” y coordinación con los demás Estados miembros de la UE que reprochaban los jueces del Supremo, los servicios jurídicos del Gobierno consideran que no se aplicaría el mecanismo de información mutua porque —insisten— es una “medida de política legislativa migratoria exclusivamente nacional” que no tiene impacto en el ámbito de la UE. Pese a ello, “y aun no existiendo una obligación formal al respecto”, alegan que la medida sí ha sido comunicada a la Red Europea de Migraciones. Además, ven “improcedente” el planteamiento de que la norma podría chocar con la directiva europea de retorno dado que el Tribunal de Justicia de la UE “tiene una clara y reiterada jurisprudencia” que ha resuelto ya sobre ese asunto.

Este órgano refuta la definición que hacen los tres magistrados conservadores cuando afirman que se trata de un proceso “general” y no un “reconocimiento individualizado”, además de una “regularización masiva” fruto de una “mera decisión política” sin “condicionamiento alguno”. Ante ello, recuerdan que la regularización es una medida temporal y con requisitos adicionales a los solicitantes para justificar su estancia en España. “Las expresiones 'sin condicionamiento alguno' o 'regularización masiva' se apartan de la obligación que el Derecho de la Unión impone a los órganos jurisdiccionales nacionales que plantean una cuestión prejudicial de proporcionar una descripción precisa del marco fáctico y normativo”, protestan.

A los magistrados también les despertaba dudas la libre circulación de más de un millón de personas en el espacio Schengen sin “coordinación previa” con el resto de socios europeos. La Abogacía del Estado resalta que esa hipótesis sería aplicable a cualquier regularización adoptada en el pasado —esta es la novena que se hace en España— y el acuerdo sobre Schengen no regula estas cuestiones, que son una competencia nacional. En todo caso, incide, este real decreto “no pone en riesgo los objetivos del control de fronteras” o de prevención de amenazas a la seguridad interior o al orden público porque para lograr la autorización de residencia se exigen como requisitos la acreditación de no tener antecedentes policiales (valorando los diferentes casos), entre otras cuestiones.

También reprocha la Abogacía del Estado que el Supremo no hace “ningún tipo de precisión sobre la distinción entre solicitantes, personas que hayan sido admitidas a trámite su solicitud y las que hayan obtenido finalmente una resolución favorable a la solicitud de autorización”. Y, añade, parecen “desconocer la grave situación de ese colectivo de personas”.

La Comunidad Valenciana ya presentó sus alegaciones

Las partes tenían, desde el martes, cinco días para dar réplica al Supremo. Aragón lo ha hecho este mismo viernes y ha confirmado su interés en llevar la cuestión a la vía europea. A ello añade su petición para que se frene la regularización hasta que se pronuncie el tribunal europeo porque “la reversibilidad de la situación es absoluta, dado que las solicitudes permanecerían pendientes de resolución”. En cambio, creen que si continúa la tramitación de los permisos de residencia “el interés público podría verse comprometido” por las cargas “económicas y administrativas” pero también “por el conflicto jurídico en el que puede verse involucrada España”.

La Generalitat Valenciana no estiró los tiempos y presentó sus alegaciones el primer día. El ejecutivo valenciano también ha ratificado que quiere elevar la cuestión a la justicia europea y aseguran que la medida se tomó “sin coordinación suficiente” con los organismos europeos: “Es una decisión que podría anticiparse al marco europeo común y, en la práctica, debilitar sus objetivos de control, retorno efectivo, cooperación y reparto equilibrado de responsabilidades”, mantienen. La Generalitat valenciana quiere que la regularización se paralice de forma inmediata, sin esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie, en caso de que finalmente se eleve al cauce europeo.

Ante la alerta provocada a los cientos de miles de personas pendientes de que se resuelvan sus peticiones, el Gobierno ha intentado transmitir un mensaje de tranquilidad y busca agilizar lo máximo posible el estudio de las solicitudes. En total, casi 610.000 expedientes de las 1.175.000 peticiones ya se han admitido a trámite, lo que supone la recepción de un permiso de residencia provisional.

El Ministerio de Trabajo ha pedido a la Abogacía del Estado que recurra la sentencia del Supremo del pasado mes de abril que limitó la libre entrada en las empresas que hasta ahora ejercía la Inspección de Trabajo, según adelantan a elDiario.es fuentes ministeriales. El alto tribunal dictó que se exige una autorización judicial para que los inspectores puedan entrar en los centros cuando estos coincidan con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente por ejemplo en las pymes, la gran mayoría de empresas del país.

La petición se concreta en el planteamiento de un recurso por la vía de “incidente de nulidad”, ante el propio Tribunal Supremo, indican estas fuentes, un mecanismo excepcional –y de aplicación bastante restrictiva– que prevé la legislación judicial para pedir la nulidad de una sentencia firme ante vulneración de derechos fundamentales.

La decisión del Ministerio de Trabajo respalda así la postura de los sindicatos profesionales de la Inspección, UPIT y SITSS, que rechazaron frontalmente la valoración del Supremo, que criticaron por su “calidad jurídica” y por extralimitarse en sus funciones, actuando como si fuera el “legislador”. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en las últimas semanas que respetaba la sentencia, pero que no compartía la interpretación del tribunal.

Aunque se trata solo de una primera sentencia del Supremo, sin que se haya sentado jurisprudencia con un segundo fallo, los sindicatos de inspectores alertaron del riesgo de que se consolidara este criterio a futuro.

El sindicato CCOO también denunció la “inconsistencia jurídica de la sentencia” y advirtió de que el establecimiento de requisitos adicionales “imposibilita que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúe con la inmediatez y celeridad que requieren, en la mayoría de ocasiones, la protección de los derechos de las personas trabajadoras en el ámbito empresarial, incluidos sus derechos fundamentales”.

La exigencia de una orden judicial

La sentencia en cuestión analizó el recurso interpuesto por una empresa de comercio al por mayor de frutas y hortalizas en la Comunidad Valenciana, que fue objeto de una visita de la Inspección de Trabajo junto a la Policía Nacional, dentro de una investigación. La actuación se ciñó a la “zona de trabajo fabril” aunque el mismo centro de trabajo era también el domicilio social de la compañía (una SL).

El empresario denunció la entrada de la Inspección por considerar que había vulnerado si derecho a la “inviolabilidad del domicilio”, reconocido constitucionalmente en el artículo 18 de la Carta Magna. Por este derecho, los inspectores no pueden entrar libremente en las empresas cuando estas son también el domicilio de los empresarios (personas físicas), salvo consentimiento y orden judicial, pero no se extiende esta garantía al domicilio social de las empresas (personas jurídicas).

En este sentido, la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo establece que los Inspectores de Trabajo tienen el carácter de autoridad y están autorizados para: “Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”.

Sin embargo, contra el criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal, la Sala cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo consideró que esa protección sobre el domicilio de las personas debe extenderse también al domicilio social de las empresas.

Con el respaldo de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1999, la Abogacía del Estado ya sostuvo que lo constitucionalmente protegido en el caso de los domicilios de las empresas es el acceso a la documentación –y al centro de dirección de las compañías, indican en los sindicatos de inspectores–, pero no el centro de trabajo en general, lo que limitaría la entrada libre e inmediata de los inspectores en miles de empresas del país.

Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan que, “a la espera del recurso, el organismo autónomo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ejerce sus funciones con total normalidad en el ámbito de la actividad laboral salvaguardando el respeto a los derechos de las personas trabajadoras”.

La Comunidad de Madrid ha llevado al Tribunal Supremo su ofensiva contra la regularización extraordinaria que concederá los papeles a cerca de medio millón de personas. Y lo ha hecho a través de un recurso que dibuja un escenario de inminente colapso y “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas” en la región si no se paraliza de urgencia su aplicación.

Los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal analizarán este escrito el próximo 22 de mayo junto a los presentados por entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, contraria a la ley de memoria. Los magistrados se limitarán a analizar si el decreto debe suspenderse, no entrarán al fondo del asunto. 

No obstante, en su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Comunidad de Madrid sí da muestras de su oposición clara a una regularización a la que pueden acogerse todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

“No existe una necesidad imperiosa de regularizar de forma inmediata a cientos de miles de personas”, dice el recurso sobre un decreto que surge de una iniciativa que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas. 

En su escrito, el Ejecutivo autonómico advierte de que conceder permisos de residencia y trabajo de forma simultánea provocará un “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas”, dado que supone un “despliegue de derechos y servicios que no están dimensionados ni programados para atender a una cifra tan relevante de nuevos solicitantes potenciales”.

La Comunidad de Madrid sostiene que ese impacto será especialmente relevante en materia de vivienda pública. Un ámbito que, según el recurso, tiene una gestión “compleja” debido a la escasez y “problemas adyacentes, como la ocupación”. “La existencia de miles de posibles solicitantes [de viviendas públicas] de forma inmediata produce una indudable distorsión en los cupos, baremos y listas, al no existir tiempo para acompasar la planificación de la oferta”, dice el recurso. 

El precio de la vivienda se ha disparado en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Pese a ello, el Ejecutivo de Ayuso se ha negado a aplicar la ley estatal y a declarar como “zonas tensionadas” áreas urbanas en las que los ciudadanos tienen dificultades para acceder al alquiler o la compra de las viviendas.

Además, casi 10.000 viviendas han perdido la calificación de protección y han pasado al mercado libre desde 2019, según publicó la Cadena Ser. De forma reciente, el Ejecutivo regional ha anunciado que prevé sumar 3.200 viviendas nuevas al Plan Vive de alquiler asequible y rebajar impuestos para el acceso a la vivienda, si bien no hay ninguna medida prevista para contener los precios. 

El Gobierno de Ayuso también apunta a los efectos de la regularización masiva sobre el sistema de salud. El recurso subraya que el acceso a la sanidad difiere en el caso de los residentes, ya que la condición de asegurado implica la asignación de la Tarjeta Sanitaria Individual. “Esto supone un cambio cualitativo, ya que en ese momento se debe asignar un centro de salud y un facultativo”, recoge el escrito. 

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. El único cambio, por tanto, es que se les asignará la citada tarjeta. Lo que alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de asegurados asignados a cada médico —conocida técnicamente como “cápita”— es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria. 

El recurso también recoge que la residencia legal otorga el derecho a prestaciones tanto generales como específicas. Como ejemplo, cita la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, que exige acreditar residencia legal para ser percibida. El recurso argumenta que estos sistemas de ayudas se encuentran dimensionados para una demanda planificada. La aparición de nuevos solicitantes podría “distorsionar el presupuesto, desplazando a otros beneficiarios y ralentizando la gestión”. 

Becas y ayudas

Por último, en relación con el ámbito educativo, el texto señala que los nuevos residentes legales mayores de 18 años adquirirán el derecho a acceder a etapas educativas postobligatorias, como la educación para adultos o la formación profesional “a fin de integrarse en el mercado laboral”. La Comunidad de Madrid argumenta que eso lleva aparejado el acceso a las distintas becas y ayudas.

Así, el recurso pone de manifiesto que la regularización dará derecho a prestaciones que actualmente “no se encuentran dimensionadas para atender a nuevos cientos de miles” y que generan “efectos inmediatos cuya reversión resulta inviable”. En consecuencia, reclaman al Supremo que suspendan su aplicación: “Una medida de estas características, con un impacto transversal tan intenso; debería prever, al menos, un escalonamiento”. 

En paralelo, el escrito sostiene que el decreto choca frontalmente con la Directiva del Retorno europea, que exige que las decisiones sobre extranjeros en situación irregular se tomen de forma individualizada y priorizando el retorno. Además, denuncia que el decreto vulnera la reserva de ley orgánica al asumir el Gobierno competencias que corresponden al Parlamento. También carece de una memoria económico-presupuestaria rigurosa que analice el impacto en las comunidades autónomas. 

En caso de que el Supremo no acepte sus pretensiones y suspenda íntegramente los apartados impugnados, el recurso solicita que se adopte al menos la suspensión de los efectos inmediatos que permiten a los solicitantes residir y trabajar de forma provisional con la mera comunicación de inicio del trámite. 

“No existen efectos inmediatos e irreversibles”

En el escrito en el que se opone a la suspensión cautelar del decreto, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, contradice algunos de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo de Ayuso. Respecto a la influencia que pudiera tener la regularización en el ámbito sanitario, los servicios jurídicos del Estado indican que la normativa actual ya garantiza el acceso a la prestación sanitaria “sin atender al estatus de la persona extranjera”. Por tanto, esta nueva regularización no tiene efectos en ese campo. “En definitiva, no existen efectos inmediatos e irreversibles, no existiendo riesgo de una pérdida de la finalidad del recurso. Por ello debe ser rechazado”, concluyen. 

Además, la Abogacía del Estado sostiene que esperar a la futura sentencia del Alto Tribunal y rechazar una suspensión cautelar no generará situaciones “irreversibles”. Recuerda que la naturaleza de la resolución que se impugna “es de una autorización de carácter administrativo, no generando derechos adquiridos irreversibles tal como alega la actora”.

Así, la Abogacía del Estado insiste en que las personas extranjeras que van a poder solicitar las autorizaciones de residencia “ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026” y, por tanto, “durante este periodo ya han sido usuarias de los diferentes servicios públicos”. Por eso, explica que la concesión de una autorización de residencia “no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios”.

Se llaman José Luis del Valle, Enrique Arnaldo, Elisa de la Nuez, José Ramón García Notario o Joaquín José Abajo Quintana. Muchos de sus nombres son conocidos, otros no tanto, pero a todos les une una cosa: son abogados del Estado, letrados en Cortes o altos funcionarios, todos en el mayor rango de la administración, y tienen o han tenido a la vez un pie en la actividad pública y otro, en la privada. Conocen las leyes, saben cómo interpretarlas y adaptan sus lecturas en función de los intereses del momento o de sus clientes, lo que los hace profundamente atractivos para las grandes empresas que los contratan. Y para ello se aprovechan de un suave régimen de incompatibilidades que les permite combinar ambas facetas, la pública y la privada, con pocos límites.

Sobre ellos trata el último libro del periodista y colaborador de elDiario.es Rafael Méndez (Murcia, 1975) Los dueños del Estado (Península, 2026). “Tienen lo mejor de los dos mundos. Conocen a los políticos porque han trabajado con ellos, han sido el engranaje entre la política y la administración, y luego tienen el conocimiento teórico y la capacidad de trabajo y probablemente, en muchos casos, los antecedentes y los conocimientos familiares, en el caso de las buenas familias de Madrid, que les permite acceder a la privada. Es una red fantástica”, explica el autor en conversación con este medio.

“Ellos son el necesario contrapoder al Gobierno, los que dicen qué ley se puede aplicar y cómo. Pero a la vez han creado un Estado dentro del Estado. Una estructura endogámica y resistente al cambio”, señala en el libro. “Los abogados del Estado son los que desde el corazón mismo de la maquinaria del Estado informan sobre las leyes y los reglamentos, los que conocen quién sabe qué y a quién llamar, qué tecla hay que tocar para afinar un proyecto o para hacerlo descarrilar, cuáles son los agujeros negros que siempre quedan en las leyes y cómo sortearlas. Por eso son el Poder”, añade Méndez.

Durante el libro pone numerosos ejemplos. Uno de los más llamativos es el de Enrique Arnaldo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional. Antes de acceder a ese puesto, en 2021, hubo años en los que Arnaldo compaginó su plaza como letrado en las Cortes con la de catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, mientras su despacho asesoraba también al gobierno balear. Cuando hace cinco años el magistrado tuvo que comparecer en el Congreso para que la Cámara Baja estudiara su idoneidad, Arnaldo se defendió: “He mantenido el régimen de compatibilidades, efectivamente, previsto en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que se refiere a los contratos de servicios y estos eran contratos con administraciones públicas de consultoría y no contratos de servicios”, llegó a asegurar.

Ellos son el necesario contrapoder al Gobierno, los que dicen qué ley se puede aplicar y cómo. Pero a la vez han creado un Estado dentro del Estado. Una estructura endogámica y resistente al cambio

Otro caso llamativo es el de José Luis del Valle, abogado del Estado y secretario del consejo de ACS, el gigante de la construcción que dirige el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Como explica Méndez en el libro, Del Valle, “mano derecha” de Florentino, consiguió colarse en la sala de los juzgados de Pozuelo (Madrid) mientras el futbolista Cristiano Ronaldo declaraba sobre sus problemas por el fisco. El temor de la dirección del Real Madrid era que en su declaración el futbolista pudiera implicar al club. “¿Cómo había logrado Del Valle entrar y pegar la oreja para saber qué declaraba Cristiano ante el juez? Pues simplemente se presentó allí y pregunto a su compañero de la Abogacía del Estado y a la Fiscalía si les importaba que pasara. Ninguno tuvo inconveniente. A su señoría también le pareció bien”, relata el libro.

Un ejemplo más es el de José Manuel Serrano Alberca, que era letrado en Cortes y abogado y que se hizo “especialista en expropiaciones”, lo que le llevó a embolsarse cantidades millonarias al conseguir indemnizaciones para personalidades de la Iglesia o del funcionariado a quienes tuvieron que expropiar fincas o terrenos para la construcción de autopistas o carreteras.

No les gustan “las aventuras”

Méndez destaca que la mayoría de los altos funcionarios son “apolíticos”, y luego apostilla: “de derechas” o “conservadores”. “La gente que se prepara a una oposición nunca es un aventurero. Eso decía Mariano Rajoy: alguien que se ha preparado a una oposición no le gustan las aventuras. Hay un punto seguro familiar, histórico, de preparación y de familias, y de entrar ahí, y de esto. Claramente, son cuerpos con un sesgo conservador. Nuestras élites son conservadoras, y aunque nos gustaría pensar que son ejemplares, y viviríamos más cómodos, dormiríamos más cómodos pensando eso, la verdad es que muchos no lo son”, apunta Méndez en conversación telefónica con elDiario.es.

Él defiende una mayor transparencia y control del régimen de incompatibilidades. “Si el político está ahí solo para inaugurar y cortar cintas y nos van a gobernar los altos funcionarios tenemos que saber quiénes son, en qué empresas trabajan, si tienen compatibilidad o no. Está el caso del letrado del Consejo de Estado, que era consejero de un banco andorrano y a la vez estaba la Sección Quinta, que es la que ve las normas del Ministerio de Economía. Nadie puso en cuestión su incompatibilidad”, relata.

En el libro ya explica que “los letrados del Consejo de Estado trabajan desde donde quieren y muchos solo pisan el Consejo cuando es estrictamente necesario” e ironiza con la edad de los consejeros vitalicios: “El motor del Consejo de Estado se ha llegado a gripar por tener demasiados ancianos al mando”. “Con esas edades se explica que, para mucha gente, los que gobiernan la institución sean los letrados”, apunta. “Estos funcionarios son los que realmente mandan sobre esos ancianos que se mueven en coche oficial. Como me comentó un ex alto cargo que conoce bien las tripas del poder: 'Bismarck decía que Prusia no tenía un Ejército, sino que un Ejército tenía Prusia. En el Consejo de Estado es igual: el Consejo de Estado no tiene un cuerpo de letrados, son los letrados los que tienen un Consejo de Estado”, remarca Méndez.

¿Por qué no se ponen en marcha reformas para limitar las compatibilidades de los altos funcionarios? Méndez señala que por desconocimiento ciudadano y porque no interesa a ninguna de las partes involucradas, la administración pública y la privada. El exministro Jordi Sevilla, que durante su etapa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí intentó una reforma que pusiera coto a estas prácticas, le responde así al autor cuando le plantea posibles cambios: “Ten en cuenta que esto nos interesa a ti y a mí, y no sé si a alguien más”.

El Tribunal Supremo rechaza anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En un auto, la Sala de lo Penal desestima los incidentes de nulidad promovidos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, esta última en representación de Álvaro García Ortiz y, por tanto, confirma la condena. El auto incluye el voto particular suscrito por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que discrepan con la decisión mayoritaria.

En su recurso, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que dará ahora García Ortiz.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostenía en su escrito que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

La mayoría del tribunal responde que sí valoró esa prueba de descargo, pero consideró que los testimonios debían ser “tamizados” por el derecho al secreto profesional de los periodistas y que existía un conjunto de “indicios” suficientemente sólidos como para sustentar la condena.

La Fiscalía también acusó a la Sala de lo Penal de introducir un “hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso” al considerar delictivo el citado comunicado de la Fiscalía sobre el caso, algo que no se debatió ni imputó durante la instrucción y que se introdujo en la sentencia “de un modo deliberadamente ambiguo”. Frente a esa queja, la Sala subraya que tanto la filtración del correo como la publicación de la nota informativa formaron parte del objeto del proceso penal desde el principio, por lo que el acusado pudo defenderse plenamente de ambos hechos.

En sus escritos, ambos recurrentes sostenían también que no se puede “revelar” un secreto que ya era público en los medios de comunicación. Su tesis era que como los datos habían sido difundidos previamente por radio, televisión y en prensa escrita habían dejado de ser secretos, por lo que no pueden integrar el delito de revelación de secretos conforme al tenor literal de la norma.

El Supremo rebate, sin embargo, que el deber de “confidencialidad” del fiscal general exigía no divulgar esos datos reservados obtenidos por razón de su cargo, y que hacerlo produjo una “lesión” a la presunción de inocencia del empresario, independientemente de las filtraciones previas.

El voto particular da credibilidad a los periodistas

El voto particular firmado por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer expresa su discrepancia con la decisión de la mayoría y afirma que los incidentes de nulidad presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberían haber sido estimados. En esencia, las magistradas se reafirman en los argumentos que ya expusieron en la sentencia condenatoria, en la que consideraron que no había quedado probado que García Ortiz “o su entorno” filtraran el correo en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía el fraude fiscal. Tampoco veían delito en la difusión de una nota de prensa para desmentir informaciones sobre el caso “no ajustadas a la verdad”.

Ambas magistradas denuncian que la mayoría no ha tenido en cuenta las pruebas de descargo. En concreto los testimonios bajo juramento de los periodistas. Subrayan que estos testigos afirmaron tener el correo antes de que se publicara la nota de la Fiscalía y que varios de ellos negaron de forma expresa que García Ortiz fuera su fuente. A juicio de las magistradas, los testimonios de estos informadores fueron “creíbles” por su contundencia, por no incurrir en contradicciones con sus declaraciones anteriores y, en especial, porque contaban con corroboraciones periféricas. 

El empresario y comisionista Alberto González Amador esgrime la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado para solicitar ser absuelto de los dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos a los que se enfrentará en el juicio. Según el escrito de defensa presentado por su abogado, al que ha tenido acceso elDiario.es, Álvaro García Ortiz actuó con “intensidad delincuencial” contra González Amador desde incluso antes de que se abriera el procedimiento que le ha llevado al banquillo, vulnerando su presunción de inocencia y su derecho a la defensa, por lo que debe ser absuelto.

La defensa de González Amador incorpora la condena del Supremo a García Ortiz a los argumentos esgrimidos hasta ahora, consistentes en la legalidad de las facturas, para defender la legalidad de sus actuaciones y que no le habían servido para evitar el avance del procedimiento hasta ser enviado al banquillo. Según la pareja de Ayuso, el fiscal general participó “directamente en la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal desde antes de que existiera ningún procedimiento penal” y eso debería anular las acusaciones contra él. Sin embargo, la sentencia del Supremo cerraba la puerta a esta estrategia. En ella, el tribunal concluía que los jueces serán “plenamente conscientes” de que no se puede usar como prueba que hubiera mensajes “indebidamente difundidos”.

Alberto González Amador dejó de pagar a la Hacienda pública un total de 350.951 euros en el concepto de Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Para ello elaboró una trama de facturas falsas con las que aminorar la carga impositivo y engañar a Hacienda, según acredita un prolijo informe de la Agencia Tributaria cuyas conclusiones han avalado tres jueces de instrucción, los fiscales y la Audiencia Provincial. La defraudación se produjo después de que González Amador obtuviera casi 2 millones de euros por una comisión de material sanitario en el principio de la pandemia con la ayuda del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Entre los argumentos presentados en su escrito por el abogado Gabrierl Rodríguez Ramos figura que el segundo fiscal del caso, Diego Lucas, fue designado por Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid. Rodríguez estuvo imputada en el mismo procedimiento que García Ortiz –primer la nota de prensa que desmentía un bulo de El Mundo y después la publicación de un correo que acreditaba esa mentira– pero la causa contra ella resultó archivada. Según la defensa del comisionista, Rodríguez nombró a Lucas después de haberse abstenido fruto de su imputación.

Otro de sus argumentos es que a Pilar Rodríguez la represesntó la Abogacía del Estado, al igual que a García Ortiz, y que ese organismo representa a la acusación particular en la causa por el fraude fiscal, que es la Agencia Tributaria.

El abogado de González Amador incluye en su escrito declaraciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y de Óscar López, ministro de Transformación Digital, para defender que el Poder Ejecutivo también ha interferido en el procedimiento contra su cliente.

La causa, dice el escrito de defensa, es “la antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional, democrático y de derecho y, en concreto, la perversión de cuantos mecanismos garantes de legalidad (como expresión inversa de la arbitrariedad) existen, hasta ser sustituidos por el delito, lo que hamás ha sido conocido ni en España ni en ningún Estado democrático de derecho que se considere como tal, siendo la víctima de los anteriores don Alberto González, y en relación a este procedimiento sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia”.

De otro lado, la defensa de González Amador reitera los argumentos esgrimidos hasta ahora acerca de la “realidad de la operación” de una de las facturas más abultadas, firmada en México, y de la que la investigación ha acreditado indiciariamente su falsedad, así como de la venta de vacunas en Costa de Marfil, igualmente cuestionada por la Agencia Tributaria.

“Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”, recoge el escrito.

Para el juicio, la defensa de González Amador solo propone la declaración de su defendido y de los otros cuatro investigados por las facturas falsas, así como de dos peritos de parte que defenderán su tesis de la legalidad de las declaraciones tributarias.

González Amador se enfrenta a una petición de 3 años y 9 meses de cárcel por parte de la Fiscalía y otra idéntica que presenta la Abogacía del Estado.

El juez que investiga al empresario y comisionista Alberto González Amador ha concedido un plazo de diez días para que su defensa rebata los escritos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular presentados hace seis meses y que piden para la pareja de Isabel Díaz Ayuso diferentes penas de prisión por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos, entre otros. Con esta medida, el magistrado Antonio Viejo avanza en la tramitación de la causa que sentará en el banquillo a González Amador en una vista aún sin fecha de celebración.

La diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 19, a la que ha tenido acceso elDiario.es, tiene fecha de 26 de enero y en ella se advierte de que si González Amador y los otros cuatro acusados en el procedimiento no presentan sus escritos de defensa en el plazo indicado “se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuidico de la responsabilidad en la que puedan incurrir de acuerdo con lo previsto” en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden cada una de ellas 3 años de cárcel y 9 meses de cárcel, además de multa, para Alberto González Amador por haber defraudado 350.951 euros a la Agencia Tributaria en los impuestos de socidedades correspondientes a 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas. La acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, elevan la petición a los cinco años de cárcel sin poder pronunciarse sobre los delitos fiscales, en los que no pueden ejercer acusación porque están cometidos contra la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado.

Contra González Amador y el resto de acusados dictó el juzgado auto de apertura de juicio oral, que no se puede recurrir, lo que les aboca irremediablemente al banquillo. La fecha del juicio no está fijada y apunta a que se retrasará varios meses, pudiendo alcanzar incluso a 2027. La cuota defraudada señala que debe ser un Juzgado de lo Penal y no la Audiencia Provincial quien juzgue a la pareja de Ayuso y a sus presuntos colaboradores y estos tribunales destacan por su acumulación de vistas y retrasos.

Una investigación pendiente

Mientras, el mismo juzgado mantiene abierta una pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, por el presunto pago encubierto de una comisión por parte de González Amador a un directivo de Quirón, Fernando Camino. El presidente de Quirón Prevención habría facilitado, desde otra empresa a cuyo consejo de administración pertenecía, la compra de un material sanitario al principio de la pandemia a una sociedad que había acordado previamente con González Amador que se llevaría una abultada comisión. Para repartirse las ganancias en secreto, González Amador habría comprado por un precio desorbitado –medio millón de euros– una sociedad sin apenas valor a la mujer del directivo de Quirón.

González Amador ganó casi 2 millones de euros con la operación, consistente en poner en contacto a dos empresas españolas. La comisión supuso un salto exponencial en su carrera empresarial, pero la pareja de Ayuso no quiso pagar los impuestos que le correspondían y una inspección fiscal dio origen al caso.

Se da la circunstancia de que un día después de que Antonio Viejo concediera el plazo a la defensa de González Amador para presentar escrito de defensa en la primera de las causas, la de fraude fiscal, la acusación popular había presentado dos peticiones para agilizar los dos procedimientos frente al retraso que sufrían. Cuando PSOE y Más Madrid presentaron sus escritos aún no se les había notificado la decisión del juez Viejo.

La anterior magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, implicó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación más compleja, la del pago encubierto de la comisión al directivo de Quirón, pero los agentes no se pusieron a trabajar hasta noviembre porque la documentación del juzgado no llegó hasta entonces. Aún hoy siguen elaborando su atestado. La jueza Iglesias se jubiló en verano y eso provocó un retraso en la instrucción.

El Abogado del Estado José Ignacio Ocio ha solicitado al Tribunal Supremo la absolución del fiscal general al no haber pruebas de su participación en la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, ha dicho al principio de un informe en el que ha cargado contra el juez Ángel Hurtado, el comisionista y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “No hay absolutamente ninguna prueba”, ha añadido posteriormente. “No hay ningún indicio, ninguna prueba, de que ese correo llegase porque así lo ordenase el fiscal general”.

Ha sido al final de su alegato cuando ha pedido con más contundencia la absolución de García Ortiz. “Es inocente de todo lo que se está diciendo aquí, se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas y de emisión de un comunicado oficial de una institución para salir al paso de información que ponía en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado”. García Ortiz ha rechazado hacer uso de su derecho a la última palabra.

El representante de la defensa de García Ortiz ha criticado que Alberto González Amador fue el primero en desvelar detalles confidenciales de su caso, algo que ocultó a los jueces hasta que fue llamado a declarar en fase de instrucción. “En la querella no se hace referencia a que Neira mandó ese correo a la Abogacía del Estado. También ocultó una interacción interesante, la que mantuvo con un periodista de El Mundo”, ha apuntado Ocio.

“Se nos ocultó”, ha añadido, que Miguel Ángel Rodríguez tuvo un correo del fiscal Julián Salto y lo hizo circular entre decenas de periodistas. “¿Cuántas cosas más ignoramos por la mala fe del querellante que ha omitido datos relevantes en la querella?”, ha preguntado. “Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, pierde su carácter reservado”.

Ha destacado también que para cuando el email llega a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo varios periodistas ya habían tenido acceso a su contenido: “Para cuando lo recibe este no tenía carácter reservado”. El Abogado del Estado, a diferencia de Hurtado y las acusaciones, sí ha dado credibilidad a estos informadores.

El registro de la UCO “no fue legal”

La primera parte del informe ha ido dirigido a solicitar la “nulidad” de la prueba clave del caso: los registros de la UCO en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid en octubre del año pasado. “Hubo una orden del juez que no fue cumplida, no fue legal. No se hizo un cribado por palabras”.

Ha empezado entonces a relatar cómo Alberto González Amador fue investigado y denunciado por fraude fiscal y cómo su abogado Carlos Neira, tras explicarle las consecuencias, envió un correo al fiscal Julián Salto el 2 de febrero de 2024 ofreciendo un pacto. “Hay una laguna”, ha dicho, sobre si Neira envió el correo a “otros interesados” como los otros denunciados o si algún trabajador de su despacho pudo tener acceso a él. “Hay una laguna en la investigación con todo lo que tiene que ver con el emisor”.

El Abogado del Estado ha explicado a la Sala de lo Penal que “no hay constancia” de cuántas personas tuvieron acceso al correo y la documentación del caso en todas sus fases: antes y después de que el comisionista fuera denunciado en los juzgados de Madrid el 5 de marzo de 2024. Si ha trascendido que más de 400 personas tuvieron acceso a la causa, ha dicho Ocio, es gracias a “la labor de la Abogacía y la Fiscalía, hubo una voluntad de no investigar el espectro de personas que hubieran podido tener acceso”.

El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha cuestionado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pusieron en marcha una “dinámica de cuestionamiento” de la Fiscalía y Hacienda después de que elDiario.es revelara el fraude fiscal de la pareja de la jefa del Ejecutivo madrileño. Ocio ha explicado que se apuntó a la existencia de “una trama de poderes del Estado”, en la que todo era “turbio y feo”.

El abogado del Estado ha afirmado incluso que hubo “un señalamiento concreto con nombre y apellidos a una fiscal concreta”, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Y que en la tarde del 13 de marzo el citado Miguel Ángel Rodríguez empezó a distribuir “una versión lesiva contra la Fiscalía” en la que se apuntaba que era la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a Alberto González Amador y que luego se había retirado “por órdenes de arriba”.

La defensa del fiscal general también ha tenido críticas para la Fiscalía de Madrid que dirige Almudena Lastra. “Lo que sorprende es la falta de tratamiento habitual normal por parte del gabinete de prensa, el cerrojazo informativo. Con carácter habitual se emite una nota de prensa y los medios quedan enterados con transparencia”. Los testigos vinculados a esta Fiscalía de Madrid negaron ante el Supremo haber evitado informar sobre el caso en esos días, explicando que suelen esperar a que una denuncia sea repartida a un juzgado para informar públicamente de un caso mediático.

Consuelo Castro, Abogada del Estado que se ha incorporado al proceso ya en fase de juicio, ya avanzó estos argumentos en la primera sesión, cuando calificó de “inquisitiva” la investigación y aseguró que García Ortiz había sido sometido a un “proceso injusto”. El Abogado del Estado Ocio, que ya defendió a García Ortiz en fase de instrucción, también ha aludido a la “contaminación externa” que ha rodeado al proceso hasta el punto, ha dicho, de generarse un “juicio paralelo basado en conjeturas”.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado la absolución del fiscal general del Estado en un alegato en el que ha cargado con dureza contra Ángel Hurtado, el juez instructor del caso, y ha defendido que Alberto González Amador no ha recibido un trato diferente o peor por ser pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ha recordado también que varios periodistas tuvieron ese correo “con anterioridad a que el fiscal general lo hubiera recibido”.

Sánchez Conde ha explicado que “aún en la hipótesis” de que García Ortiz hubiera enviado a la prensa el correo no sería delito porque su contenido ya era público: “Es de todo punto conocido que para cuando lo hubiera hecho llegar era impune porque la noticia ya era conocida y está acreditado en la causa”.

La teniente fiscal también se ha referido al borrado del teléfono de García, un fleco que la acusación ha convertido en parte fundamental del caso. Ese borrado “legítimo”, a su juicio, “no ha tenido trascendencia en la causa. Y ha mostrado su ”preocupación“ porque la UCO guarde copia de la información que obtuvo hace un año en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. ”Pido al tribunal que ordene el reintegro de esa información o su destrucción“. 

La fiscal también ha cargado contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y su informe clave del caso donde los agentes apuntaron al “papel preeminente” del fiscal general, algo que amplió este miércoles el teniente coronel Antonio Balas. Su informe, ha dicho este jueves Sánchez Conde, “tiene unas connotaciones jurídicas que no se corresponden con la jurisprudencia de la sala” y no puede ser “tenido en cuenta” como prueba. Ha añadido, además, que “de ese informe no se desprende ninguna prueba contra el fiscal general del Estado”.

La primera intervención de Sánchez Conde ha ido dirigida a aclarar que la Fiscalía en ningún caso ha perjudicado a González Amador: “Ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano, el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia o improcedente con este ciudadano”. El abogado de González Amador, ha recordado, incluso conoció la denuncia para que pudiera defenderse mejor antes de que el juzgado abriera una causa formalmente.

También ha tenido palabras contra Ángel Hurtado, instructor del caso cuya labor fue duramente criticada por la Fiscalía en casi todos sus recursos y escritos a lo largo del proceso. “Extendió el objeto del proceso en contra del acotamiento de la Sala de Admisiones”, ha dicho para recordar que Hurtado de forma “poco comprensible” decidió investigar también la nota de prensa a pesar de que la Sala había rechazado que fuera delictiva y había centrado el caso en la filtración previa.

Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y representante de la Fiscalía en este caso, ha comparecido a última hora de la mañana después de que todas las acusaciones hayan pedido que el fiscal general sea condenado. También ha apuntado a las “divergencias” entre las distintas declaraciones de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, en las distintas fases de instrucción.

“Hay una actuación conjunta del señor González Amador con Miguel Ángel Rodríguez”, ha dicho para destacar el papel del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid y la “línea de contestación común” entre ambos para hacer frente a las acusaciones de fraude fiscal y las informaciones periodísticas.

El intercambio entre la abogada del fiscal general del Estado y los agentes de la UCO que han investigado la presunta revelación de secretos hizo emerger varias actuaciones polémicas de los guardias civiles. Una de ellas es la exclusión de varios mensajes dentro de un intercambio que sí utilizaron para apuntalar su tesis. Los agentes dedujeron en uno de sus atestados que el máximo colaborador del fiscal general, Diego Villafañe, aludió a una supuesta promoción profesional de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien estuvo imputada en la causa, la noche de los hechos que se investiga.

En la versión de los agentes, el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Vilafañe, escribía a Rodríguez: “Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope”. Según plasmaron los guardias, la fiscal respondió: “Ayyy... en qué estarás pensando”. Su interlocutor añadió: “Todo bueno”.

La UCO deslizaba que la colaboración de Pilar Rodríguez en el presunto delito podía tener la consecuencia de un ascenso por decisión de sus superiores. Sin embargo, la conversación no fue tal y como imprimió la UCO. Durante el juicio, la abogada Consuelo Torres mostró los que la UCO había eliminado.

La abogada del Estado Consuelo Castro esgrimió el textual para preguntar a la UCO si seguían defendiendo que hablaban de temas profesionales, a lo que el coronel Antonio Balas ha insistido una y otra vez en que sí y que si no lo había puesto fue “por motivos de privacidad”.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han apuntado directamente al fiscal general del Estado como máximo sospechoso de la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla. Durante todo el proceso se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general”, ha dicho el teniente coronel Antonio Balas, autor del informe clave del caso. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han lanzado reproches a estos agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil por omitir hechos relevantes en sus informes.

Balas ha apuntado directamente al fiscal general como el filtrador del correo a la Cadena SER en la noche del 13 de marzo de 2024. Y, aunque no forma parte del procedimiento, ha apuntado incluso a que la denuncia contra el empresario Alberto González Amador y el expediente tributario fueron filtrados a la prensa desde la Fiscalía General del Estado.

“Toda la información que aparece el día 12 [cuando elDiario.es publica la exclusiva sobre el caso] se compadece con lo que tiene la Fiscalía General, no con lo que tiene la Fiscalía Superior ni nada”. Según el teniente coronel, la publicación de esa información es un “precedente” que “muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla y durante todo el proceso se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general”.

“Las premisas de las que parten sus conclusiones no me parecen correctas”, le ha dicho el fiscal durante el interrogatorio. El representante del Ministerio Público ha buscado evidenciar que en ese informe se omitieron noticias y se omitió también que muchas más personas, además de Álvaro García Ortiz, pudieron tener acceso al correo antes de su publicación en la prensa.

También la abogada del Estado, Consuelo Castro, ha reprochado las “interpretaciones creativas” y las “inferencias” de los agentes. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, ha justificado el teniente coronel de la UCO para tratar de argumentar por qué en ese informe no figura alusión alguna a, por ejemplo, las más de 400 personas que pudieron tener acceso al expediente fiscal del caso.

“Lo que usted marca sí que es una investigación prospectiva e imposible de abarcar. Pero en esto y en cualquier otra investigación que uno pueda acometer”, ha respondido Balas, quien ha recordado a la defensa de García Ortiz que su trayectoria profesional se remonta al año 1999. “Todo lo que se ha filtrado de manera textual estaba previamente en poder de la Fiscalía General del Estado”, ha reiterado el agente. “Y de 600 personas más”, ha apostillado la abogada del Estado.

En un momento posterior, Balas ha reconocido que, en sus informes clave del caso, nunca se tuvo en cuenta que el abogado de González Amador envió su confesión a un correo genérico al que tenían acceso 16 personas. “¿Sabía usted que ese correo fue enviado a una cuenta genérica a la que tenían acceso 16 personas?”, le ha preguntado Castro. “No me consta”, ha respondido.

Del “papel preeminente” al “dominio de la acción”

El teniente coronel ha justificado no incluir en su primer informe varias noticias clave del caso: la de La Sexta a las 22.10 horas de esa noche y la intervención en la Cadena SER a las 23.20 horas, antes de publicar su información en la web. “No hay ningún entrecomillado, ninguna cuestión que se compadezca con el correo”, ha dicho sobre la primera noticia. Lo mismo sobre la segunda: “Cuando el conductor del programa le pregunta por la fecha marca una fecha errónea, ahí todavía no se ha producido la filtración del correo que después reproduce la web de la SER”.

Este mismo agente ha apostillado y apuntado al periodista de la SER: “Nos parece curioso que llame al fiscal general a esa hora cuando es una cuestión de la Fiscalía de Madrid”. La llamada, como ha explicado el propio periodista Miguel Ángel Campos, no fue contestada por el fiscal general y los cuatro segundos registrados se corresponden con el buzón de voz de García Ortiz.

Uno de los agentes ha ratificado que el correo con la confesión de la pareja de Ayuso llegó al email del fiscal general a las 21.59 horas de la noche del 13 de marzo de 2024, pero han apuntado a que podía conocer antes de su existencia: “Se debe conocer que los correos existen para solicitarlos”. Su informe apuntaba al “papel preeminente” del fiscal general en toda la búsqueda de información y este miércoles uno de los agentes ha ratificado: “El dominio de toda la acción corresponde al fiscal general, como es normal, la Fiscalía es una institución jerarquizada”.

Uno de los agentes ha expuesto más deducciones sobre por qué se filtra el correo y se ha deslizado que el contenido de la confesión se filtró a la prensa para que la Fiscalía pudiera hacer el comunicado del 14 de marzo sin miedo a las consecuencias. “Lo que posibilita que pueda ser llevado a cabo es que a las 23:51 horas hay una noticia”, ha dicho el agente sobre la pieza de la Cadena SER que expuso el contenido del email. Cuando, a la mañana siguiente, lo publica El Plural en su integridad poco después de las nueve de la mañana, “ya lo tiene blanqueado”, ha añadido.

Los registros en la Fiscalía: “Es inviable una selección previa”

Además de estos agentes, que se han ratificado en sus informes, una decena de guardias civiles que intervinieron en los registros en la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Madrid de octubre de 2024 han justificado haber clonado toda la información del teléfono y el ordenador del fiscal general, y no haberlo hecho de forma selectiva. “Es inviable durante la entrada y registro hacer selección previa, eso se hace en la fase de análisis. Yo literalmente no sabía lo que se estaba buscando”, ha afirmado uno de los agentes.

“Al teléfono del fiscal general no pudimos acceder, puesto que estaba borrado”, ha explicado otro de los agentes. Si saben que usó la aplicación WhatsApp, han añadido, es “a través del teléfono de la fiscal Pilar Rodríguez”. El 23 de octubre de 2024, una semana después de la apertura de la causa, el fiscal general cambió “de terminal”, y solo identificaron un formateo desde el verano del año anterior. “Se puede determinar que ha existido un borrado”, ha dicho otro agente, que ha añadido que el borrado se extendió a la cuenta: “Cuando se intenta hacer una recuperación de la copia de seguridad se comprueba que esa cuenta ha sido eliminada recientemente”.

El primer agente de la UCO que ha declarado en el juicio ha explicado que estuvo presente en los registros de octubre del año pasado en la Fiscalía y que en ese momento García Ortiz ya avisó de que había cambiado recientemente de teléfono: “Se nos dijo que había cambiado de teléfono, no recuerdo la fecha exacta, pero llevaba poco tiempo con el teléfono”. Tanto el fiscal general como el personal de la Fiscalía, ha añadido este agente, estuvieron “colaboradores” durante la diligencia.

Las acusaciones consideran que este borrado masivo de datos por parte de García Ortiz –una semana después de que fuera público que el Supremo había abierto una causa contra él y una semana antes del registro de su despacho– es un indicio de ocultación de pruebas y también de culpabilidad.

“Se nos dijo que había cambiado de teléfono”

Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía intentan demostrar que los registros ordenados por Ángel Hurtado –avalados por la Sala de Apelaciones– fueron excesivos y recopilaron información de su ordenador, teléfono y correo de forma desproporcionada. Copiaron contenido del teléfono, de sus correos y de un disco duro, donde en días anteriores se había hecho una copia del ordenador de sobremesa. “Existía una copia de ese ordenador, se acababa de cambiar recientemente. Se hizo una copia total del disco duro”.

Esa copia, ha añadido este primer agente, “se devolvió a la Fiscalía”. Uno de sus compañeros ha especificado que es “imposible” hacer volcados de datos de forma selectiva: “El volumen de información es tanta que revisar uno por uno archivos es inviable. Técnicamente, es imposible filtrar por fechas”. “Cuando se realiza el volcado de un móvil no se puede seleccionar un tramo de fechas concreto”, ha apuntado otro.

En ese mismo sentido se han pronunciado los agentes que registraron ese mismo día el despacho de Pilar Rodríguez, la fiscal de Madrid entonces investigada y hoy exonerada de cuyo teléfono salieron los mensajes clave para impulsar la acusación del caso. “En el acta se hizo constar que determinadas descargas tenían que hacerse de todo el periodo que existiese”, ha añadido uno de ellos.

Este miércoles estaba prevista la declaración de hasta 12 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: la unidad policial a la que el Supremo encomendó investigar este caso a las órdenes del juez Ángel Hurtado. Su firma está en los informes clave del caso y muchos estuvieron en los registros en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, la primera diligencia que el juez puso en marcha y bajo secreto de sumario.

Uno de estos agentes es el citado Balas, instructor del informe sobre los mensajes que encontraron en el teléfono de Pilar Rodríguez y que también al frente de la investigación policial de otros casos como Koldo, Montoro o el supuesto “soborno” del propio González Amador a un directivo de Quirón y cuyo nombre ha aflorado como una de las personas contra las que Leire Díez cargaba en sus grabaciones.

Balas ya compareció en fase de instrucción ante Hurtado. Entonces ratificó sus informes y protagonizó un tenso interrogatorio a preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Reconoció que su primer informe –clave en la instrucción que impulsó Hurtado y que la Abogacía considera nulo– omitió datos relevantes de la tarde del 13 de marzo, por ejemplo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez.

El inédito juicio al fiscal general que acoge el Tribunal Supremo alcanza su ecuador. Y lo hace sin que hayan aflorado evidencias de que la sexta autoridad del Estado filtrara a escondidas un correo con información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En casi 20 horas de interrogatorios distribuidos en tres jornadas, los abogados que sustentan la acusación no han logrado obtener ni una prueba sólida de que el documento en el que el letrado del comisionista reconocía un doble fraude a Hacienda saliera de manos de Álvaro García Ortiz con destino hacia los medios de comunicación.

La primera jornada del juicio se inició con una contundente denuncia de la Abogacía del Estado, que acusó al instructor Ángel Hurtado, compañero de los siete magistrados que conforman el tribunal, de haber promovido un proceso “inquisitorial” y de haber actuado con la “idea preconcebida” de que su defendido era culpable. La última de las tres sesiones de la semana se cerró con los testimonios de tres periodistas que declararon que conocieron el secreto cuya revelación es objeto del juicio antes de que pudiera tenerlo el fiscal general. El acusado, sentado en estrados —no en el banquillo— y vestido de toga, ha seguido todas las sesiones con gesto serio y contenido. 

Por la solemne sala de vistas del alto tribunal han desfilado un total de 20 testigos entre fiscales, políticos y periodistas. Los testimonios de algunos de ellos han permitido establecer un relato de las horas frenéticas en las que el fiscal general se movilizó para reclamar esa documentación reservada. Uno de los indicios contra él es precisamente la urgencia con la que se movilizó aquella noche. Lo hizo después de que algunos medios dieran una versión falsa de los hechos: que había sido la Fiscalía quien había ofrecido al comisionista un pacto que le permitiera una rebaja de pena a cambio de admitir el fraude y pagar una multa. Es más, algunos medios —VozPópuli o Libertad Digital, entre otros— publicaron incluso que el Ministerio Público había frustrado ese acuerdo por “órdenes de arriba”, tal y como había difundido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional. 

La mano derecha de Ayuso pretendía instalar así la idea de que la querella contra la pareja de su jefa era una operación de Estado. El asesor, que declaró en la segunda jornada del juicio, aseguró que el fraude fiscal de 350.000 por el que el empresario se sentará en el banquillo “no hubiera tenido importancia” de no haber sido pareja de la presidenta regional. “No hay nadie en España que lo dude (...). Todo el aparato del Estado desde hace cinco años está urdiendo de todo para atacar a una rival política”, afirmó Rodríguez, quien también dijo falsamente que Hacienda no había “permitido” llegar a un acuerdo a González Amador. 

El comisionista, que declaró después que el jefe de gabinete de su pareja, también trató de victimizarse. “Entre la nota [de prensa] de la Fiscalía y la publicación de email [en el que su abogado reconocía el delito] pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. Estaba muerto. García Ortiz me había matado públicamente. Nadie es consciente del daño que se me ha producido”, afirmó en los primeros pasajes del interrogatorio. 

Una parte fundamental del delito de revelación de secretos es que acredite el “daño” a la causa pública o a un “tercero”, tal y como tiene dicho el Supremo desde hace años. Y a ello dedicó González Amador buena parte de su intervención. “El banco me cortó la financiación, una trabajadora mía no ha podido alquilar una casa porque han visto dónde trabaja. Ha sido un destrozo de proveedores, contratos que no he llegado a firmar”, lamentó. 

El empresario no quiso apearse de la teoría de la conspiración, pero tampoco formar parte de los bulos de Miguel Ángel Rodríguez. Sobre las supuestas “órdenes de arriba” se limitó a decir que sus abogados “nunca” le dijeron eso. “Nunca les he pedido que digan que es un asunto turbio. Recuerdo que me parece que Miguel Ángel Rodríguez hizo ese comentario, pero es una valoración política, ni entro ni salgo”, afirmó. Todo ello, sin dejar de afirmar que considera que todo el proceso, desde la inspección tributaria hasta la causa penal por la que irá a juicio, viene de una cacería política contra su pareja: “Esa paranoia que yo tenía no era tal paranoia”.

Nadie sabía que era la pareja de Ayuso

La teoría de Ayuso de que su pareja fue sometida a una “inspección salvaje” de Hacienda convertida en una cacería de los poderes del Estado ha sido refutada por todas y cada una de las personas que han intervenido en el proceso, desde el fiscal general hasta los testigos más favorables a la tesis de la acusación. Lo dijeron en el juzgado las inspectoras de Hacienda a las que González Amador señala con nombres y apellidos en sus declaraciones y lo han repetido en este juicio todos los fiscales que han declarado. Nadie supo que era la pareja de Ayuso hasta días después de ser denunciado. 

Lo explicó, como ya había hecho en fase de instrucción, el fiscal Julián Salto, que a principios de 2024 cogió el testigo de la Agencia Tributaria para investigar y denunciar a González Amador y sus empresas. “El 8 de marzo [tres días después de presentar la denuncia] pregunto por el repentino interés del asunto y nos dicen que González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid”, detalló ante el tribunal. 

Según ha desvelado el juicio, en la Fiscalía nadie supo quién se escondía detrás de la empresa Maxwell Cremona hasta que el seis de marzo, con la denuncia ya en los juzgados de Madrid, un periodista de elDiario.es contactó con la directora de comunicación de la Fiscalía para ver si sabían algo de la documentación que ya tenía el periódico. Empezaron entonces las consultas internas a través de una dación de cuentas. 

La información, a través de esa llamada, llegó a la Fiscalía General y de ahí a la Fiscalía de Madrid, donde tampoco sabían que habían denunciado a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental. Lo explicó Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, que recibió el dato del fiscal Diego Villafañe. “Recuerdo que había visado unos días antes unas diligencias que podían ser de la empresa”, aseguró. Pero relató que tuvo que consultar con la responsable de delitos económicos de la Fiscalía madrileña, quien a su vez se lo acabó explicando al propio Salto. 

Tampoco lo sabía Almudena Lasta, fiscal jefe de Madrid y considerada el testigo más valioso para las acusaciones por haber sospechado que la filtración procedía de sus compañeros de la Fiscalía General. La dación de cuentas, días después de la denuncia, “es el detonante por el que tenemos conocimiento de que esta persona es pareja de la presidenta”, afirmó Lastra. El desconocimiento previo del asunto en el Ministerio Público llega al punto de que los testigos vinculados a la Fiscalía General han acusado a los de la Fiscalía de Lastra de no haber informado públicamente del tema como sí habían hecho, por ejemplo, con fraudes como el de Carlo Ancelotti o José María Aristrain. 

El de Lastra era uno de los testimonios más esperados de la primera jornada de juicio, sobre todo por las acusaciones. Fiscal jefe de Madrid y en un enfrentamiento abierto y mutuo con la Fiscalía General y la fiscal Pilar Rodríguez, Lastra volvió a relatar cómo en esas horas frenéticas sospechó claramente que la filtración procedía del organismo que dirige García Ortiz: “Le dije: ¿has filtrado los correos?”. Después, reprochó a sus colaboradores que enviaran los correos al fiscal general: “¡Los van a filtrar!”. Explicó que era su sospecha, pero también reconoció que hablaba por intuición y sin pruebas. Ante el tribunal admitió que lo dijo “sin saber si lo habían filtrado o no lo habían filtrado”. 

El relato de González Amador también pasa por dar a entender que su propuesta inicial de aceptar ocho meses de cárcel ya estaba aceptada y camino de la ratificación judicial, a pesar de que el propio fiscal Salto ha explicado que ese ofrecimiento ni siquiera incluía el delito de falsedad documental que también se le atribuye. Una de sus quejas más recurrentes es que esta filtración ha eliminado cualquier posibilidad de defenderse. “Estoy siendo enviado a un juicio oral donde voy a ser condenado, no tengo opción ninguna”, llegó a decir. 

Este mismo viernes, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que se sentará en el banquillo por este asunto. Está pendiente también de una segunda pieza separada por un supuesto “soborno” a un directivo del grupo Quirón, según la Fiscalía. En el juicio del Supremo también ha comparecido el segundo fiscal que se hizo cargo de su caso: Diego Lucas. Y además de explicar que las negociaciones siguieron, reveló que su defensa había incurrido en maniobras dilatorias para frenar el avance del proceso. 

Explicó, por ejemplo, que siguió recibiendo propuestas de su abogado, Carlos Neira, y negoció con él, pero que fueron precisamente los abogados del empresario los que obstaculizaron las negociaciones cuando se enfrentó a una segunda causa. “No es que no quisieran conformarse, es que no querían que él llegara a declarar. Pretendían que no declarara hasta que la Audiencia Provincial revocara o confirmara la incoación de esa pieza separada. Querían retrasar la declaración”, aseveró.

El “haz lo que veas” de González Amador

La vista también ha permitido acreditar que antes de que el fiscal general reclamara esa documentación reservada, González Amador había facilitado otro correo electrónico del procedimiento a Miguel Ángel Rodríguez. Y que, a su vez, este último lo filtró a los medios con una versión falseada. “Haz lo que veas”, dijo el empresario a la mano derecha de su pareja. Ese fue el pistoletazo de salida para que el asesor usara sus listas de distribución entre decenas de periodistas para mover el bulo. 

El objetivo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado es demostrar que el primero en levantar el secreto y romper la confidencialidad de sus comunicaciones fue el propio González Amador. Y el objetivo de González Amador es dejar claro que él ni siquiera conocía su propia filtración y que, además, él sí tenía derecho a enviar a quien quisiera un correo del fiscal Salto. “Me siento imbécil por tener que explicar esto, equiparar un correo que es mío…”, dijo antes de que le cortara el juez Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal. 

Sus querellas y escritos, que han desembocado en este juicio, ocultaron que en la mañana del 12 de marzo de 2024, poco después de que elDiario.es desvelara el caso, González Amador mandó a Miguel Ángel Rodríguez un correo del fiscal Salto. También que día y medio después, cuando el objetivo del asesor era desmentir a La Sexta por contradecir sus bulos, dio permiso al jefe de gabinete de Ayuso para repartir ese correo entre decenas de periodistas. “Si le digo que hiciera lo que quisiese lo doy por autorizado, lógicamente”, añadió en el juicio. Su abogado Carlos Neira especificó que nunca se había encontrado con un cliente que pasara sus correos a la prensa y que no autorizó ese envío masivo. 

Todo este cruce de mensajes y envíos no fue conocido por los jueces hasta que Miguel Ángel Rodríguez testificó ante el juez Hurtado en enero, cuando reveló esas comunicaciones. En el juicio, el jefe de gabinete reconoció que ya a las siete y media de la tarde contactó con medios para difundir el bulo que incluía datos del correo, pero sin difundirlo: “No di a conocer el email que me había llegado”. Sí lo hizo, de forma íntegra, más tarde. “Yo mando el email y todo el mundo se vuelve loco en Fiscalía”, se jactó. 

El jefe de gabinete de la presidenta se jactó de su maniobra ante los jueces y defendió el bulo que puso en circulación y que muchos medios publicaron: que el fiscal había ofrecido un pacto silencioso, pero que sus superiores habían frustrado el acuerdo. Lo que vendió como información a la prensa era una deducción “lógica” y no tenía “ninguna fuente”, explicó al tribunal. 

Los periodistas que lo supieron antes

Uno de los gremios más representados en la lista de testigos del juicio es el de los periodistas y, por el momento, hasta seis informadores han declarado en el Supremo que sí conocieron el correo y cuánto lo pudieron examinar. Tres de ellos han reconocido que el email circulaba por las redacciones antes de que llegara al email del fiscal general a las 21.59 horas de la noche del 13 de marzo de 2024. Es una de las tesis más relevantes de la Fiscalía y de la defensa de García Ortiz, que incluso el propio juez Hurtado llegó a esgrimir en algunos autos: que para entonces el correo con la confesión de González Amador ya no era secreto. 

José Precedo, uno de los autores de la primera exclusiva que reveló el fraude fiscal de González Amador, reiteró como ya hizo en fase de instrucción que él recibió una “triple documentación” del caso el 6 de marzo de 2024: el expediente tributario, la denuncia que la Fiscalía había presentado un día antes y el correo. Un email que, explicó, reforzaba la información ante los ataques del entorno de Ayuso pero que su fuente no le había permitido publicar. 

“A ningún medio de comunicación le gusta citar a la competencia, pero lo que hace elDiario.es normalmente, más allá de lo que se haya podido decir en esta sala, es comprobar todas las informaciones. Por eso tardamos un poquito más, pero vamos más seguros”, explicó. Esa noche, en plena confusión y con los bulos de Miguel Ángel Rodríguez circulando a toda máquina mediática, elDiario.es publicó una primera información citando a la cadena de Atresmedia, tal y como corroboró Marcos Pinheiro. Esta redacción publicó el correo cuando tuvo autorización de la fuente. 

Alfonso Pérez Medina, responsable de tribunales de La Sexta, también explicó que tuvo acceso a la información correcta sobre los pactos y negociaciones a las 21.54 horas de esa noche, tal y como demuestran los mensajes internos de su equipo aportados al proceso. El primer pantallazo del documento, y no solo su contenido, no se publica en su integridad hasta las nueve de la mañana del día siguiente por el digital El Plural. 

La primera mitad del juicio, por tanto, ha servido para analizar las dos patas fundamentales del procedimiento: si hay pruebas de que el fiscal general filtró u ordenó filtrar el correo a los medios en la noche del 13 de marzo y si la confesión de González Amador todavía era secreta o confidencial para cuando llegó a manos del fiscal general. 

Ninguno de los fiscales que han declarado en el caso, tanto los que estuvieron imputados como los que siempre han sido testigos, han arrojado luz sobre la posible filtración más allá de constatar que el fiscal general “no podía esperar” para tenerlos y desmentir los bulos e informaciones falsas y manipuladas que acusaban a la Fiscalía de acosar a la pareja de Ayuso. Pero sin dedos que apunten a García Ortiz como el autor de la primera filtración a la Cadena Ser. 

Sí han surgido testimonios que abren otras posibilidades dado que más personas, dentro y fuera de la Fiscalía, tuvieron acceso a ese correo antes que él y algunos ni siquiera han sido llamados a declarar en año y medio de investigaciones. Desde los fiscales y funcionarios de la Fiscalía de Madrid que tuvieron acceso al email durante más de un mes hasta su filtración hasta los periodistas que han reconocido haberlo tenido en su poder. El juicio también ha añadido la novedad de que el fiscal Salto ya relató a sus superiores el 12 de marzo al mediodía que estaba negociando a través del abogado Carlos Neira. 

El arranque del juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha servido para ubicar varias fichas en el tablero: las duras críticas de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra la investigación del juez Ángel Hurtado, el enfrentamiento directo entre la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, y el papel protagonista que tuvo esos días el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Su declaración está prevista para este martes después de que varios testigos hayan deslizado una realidad que tendrá que explicar: si en la tarde del 13 de marzo de 2024 empezó a difundir mentiras sobre el caso mucho antes de lo que ha reconocido y basándose en un correo de la Fiscalía. 

Almudena Lastra es fiscal jefe de Madrid y es considerada uno de los testigos más valiosos para las acusaciones. Primero, porque se enfrentó al fiscal general mientras se confeccionaba una nota informativa del caso y, según su versión, llegó a preguntar abiertamente a Álvaro García Ortiz si él había filtrado la confesión del empresario a la prensa. Pero también ha reiterado, como ya hizo en instrucción, que los primeros ecos de los bulos del entorno de Ayuso llegaron a la Fiscalía mucho antes de lo que ha reconocido Rodríguez. 

“A las 20.26 me llama Iñigo Corral. Me dijo que le había llamado un periodista, [José Manuel] Romero, diciendo que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid se estaba poniendo en contacto con periodistas diciendo que la Fiscalía había ofrecido un pacto al señor González Amador y había recibido órdenes de arriba de rechazar ese pacto”.

En este fragmento de la larga declaración de Lastra este lunes en el juicio se esconden varias claves que se desarrollarán en los próximos días de juicio. “Iñigo Corral” es el jefe de prensa de su Fiscalía y las “20.26” es la hora de la tarde del 13 de marzo a la que fue advertida por él de que Miguel Ángel Rodríguez estaba llamando a periodistas para difundir el gran bulo del caso: las “órdenes de arriba”. Que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para cerrar su caso de fraude fiscal de forma discreta, pero que la cúpula del Ministerio Público lo había impedido. 

Miguel Ángel Rodríguez es uno de los testigos más esperados de este juicio y comparecerá, si no hay nuevos retrasos, en la tarde de este martes. El tribunal comprobará si su declaración de instrucción cuadra con la del juicio y con la de otros testigos. En enero, ante el juez Hurtado, el jefe de gabinete de Ayuso reconoció que González Amador le mandó un correo del fiscal Julián Salto en la mañana del 12 de marzo, cuando elDiario.es destapó el caso, pero añadió que no hizo “nada” con el correo hasta que, pasadas las 22.20 horas de la noche del día siguiente, el empresario le dio permiso para moverlo. Lo envió a decenas de periodistas de forma manipulada y ofreciendo una versión distorsionada de los hechos. 

El testimonio de Lastra, que ubica las alarmas internas de la Fiscalía por sus bulos dos horas antes de lo que él reconoce, tendrá una primera prueba de fuego en la mañana de este martes cuando comparezcan los jefes de prensa de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, que en fase de instrucción explicaron lo mismo: que a partir de las siete de la tarde ya empezaron a recibir llamadas de periodistas alertando de los movimientos del jefe de gabinete de Ayuso. 

Los mensajes que enviaba Rodríguez a esas horas no eran el mismo que envió después junto con el correo, pero iban por el mismo camino: “Primero el fiscal le ofreció negociar; después al fiscal le prohibieron negociar con él. Es todo turbio y feo”. Si los responsables de comunicación de ambas fiscalías ratifican este martes lo que dijeron ya en fase de instrucción, la pelota estará en el tejado del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y tendrá que explicar por qué omitió ese detalle en su declaración de instrucción. Entonces afirmó ante Hurtado que él se limitó a reaccionar a informaciones que habían publicado otros medios de comunicación, y siempre con el permiso de González Amador. 

Son algunas de las incógnitas que tendrá que despejar el jefe de gabinete de Ayuso: cómo y a quién difundió información manipulada del caso y si lo hizo con permiso de González Amador en todo momento. La defensa de García Ortiz considera que es una prueba más de que el empresario fue el primero en romper la confidencialidad de esa cadena de correos. 

Ninguno de los testigos ha afirmado que esa versión de los hechos que primero difundió Rodríguez y después algunos medios era verdadera. “Bulos”, “falsedades”, “se estaba tergiversando un correo de forma absolutamente falsa”. Son algunas de las expresiones usadas este lunes por Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid que ha comparecido como testigo después de haber estado imputada durante meses. “Una difamación”, ha añadido Diego Villafañe.

La acumulación de testigos que tendrían que haber declarado este lunes y que se han pasado al martes tras los largos y duros alegatos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra Hurtado pone en duda si Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y denunciante del caso, comparecerá este martes o si tendrá que retrasarse al miércoles. 

Choque entre fiscalías y una reunión el día 12

La primera jornada de este juicio también evidenció la enorme tensión entre las subalternas de García Ortiz en la Fiscalía de Madrid. Almudena Lastra, enfrentada desde hace meses al fiscal general, reiteró en varias ocasiones que ella no era partidaria de ofrecer ninguna información sobre la existencia de una denuncia por fraude fiscal contra González Amador tras la exclusiva publicada por este periódico. “¿Vio la noticia de elDiario.es?”, le preguntó el abogado de González Amador. “Me la reenvió el jefe de prensa diciendo 'Socorro, ¿esto es nuestro?' Le dije que era nuestro pero que sobre este asunto no íbamos a dar ninguna información”. 

Insistió, además, en que la mañana del 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía se movilizó para desmentir las tergiversaciones que había difundido el equipo de Ayuso, tuvo una conversación telefónica con García Ortiz en la que hablaron del comunicado que la Fiscalía publicó sobre estos hechos. La fiscal superior afirmó que tras leer las informaciones en prensa no le dio “ni los buenos días” y le espetó: “Has filtrado los correos”. Según su relato, García Ortiz dijo que eso no importaba, algo que se le “grabó en el alma”. 

Previamente, Lastra había hecho alusión a otra conversación mantenida en la noche del 13 de marzo, en plena crisis informativa provocada por el bulo, con Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid. “Ella me dijo que se los había mandado [los correos del fiscal del caso con la defensa de González Amador] al fiscal general. Y me quedé pasmada. Le dije: los van a filtrar”. Rodríguez, por su parte, defendió que “no hubo clandestinidad” al rendir cuentas a sus superiores sobre esos correos que centran la acusación contra el fiscal general. Y calificó de “exabrupto” la acusación de Lastra de una supuesta filtración. “Jamás me representó que nadie del Ministerio Fiscal vaya a proceder a hacer una filtración”, añadió. 

Además, la fiscal jefe provincial preguntó en tono de reproche: “¿Álvaro, esto lo has filtrado tú?”. “Eso ahora no importa”, afirmó Lastra que le había dicho García Ortiz. La fiscal no ofreció más pruebas que su testimonio. Sí ha sido precisa al hablar de un encuentro que tuvo con varios fiscales, la propia Pilar Rodríguez y Julián Salto el mismo 12 de marzo al mediodía. Después de hablar del caso, ya preparados para coger el ascensor y según ha deslizado el propio Salto y negado Rodríguez, hablaron de que esas negociaciones existían. Dos horas después, una fuente de esa Fiscalía contaba esa información sobre los pactos a un periodista de El País. Día y medio antes de que lo supiera el fiscal general.