El senador Fernando Clavijo (Coalición Canaria), expresidente del Gobierno de Canarias, ha endosado al Ayuntamiento de La Laguna la factura del abogado estrella que fichó para defenderse en el caso Grúas, un procedimiento judicial que fue archivado en junio de 2020 al no apreciar el Tribunal Supremo delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en su gestión, primero como concejal y después como alcalde de ese municipio tinerfeño, del servicio de retirada, inmovilización y desplazamiento de vehículos de la vía pública.

Clavijo presentó al Ayuntamiento el 13 de julio de 2020, un mes después del sobreseimiento de la causa, la minuta del abogado José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, para que la corporación local asumiera los gastos de su defensa. Los honorarios profesionales del letrado ascendieron a 55.599,5 euros. De ellos, 12.250 euros corresponden al examen de documentos, antecedentes de la causa y situaciones jurídicas complejas (a 350 euros la hora de estudio), según recoge la minuta, a la que ha tenido acceso este periódico. Por la asistencia a las diligencias acordadas durante la instrucción de la causa cobró 7.700 euros, también a 350 euros la hora. En el desglose figuran otros 14.000 euros por la redacción de escritos (alegaciones, recursos, solicitud de archivo...) y finalmente 12.000 por el “éxito” del sobreseimiento de las diligencias previas instruida contra el dirigente nacionalista. En total, 45.950 euros, 55.599,5 con el IVA.

Choclán es uno de los abogados penalistas más célebres de España. En su nómina de clientes aparecen, entre otros, Francisco Correa, Rita Barberá, Cristiano Ronaldo, José Mourinho, David Marjaliza o, más recientemente, Cristina Cifuentes. En Canarias ha representado a poderosos empresarios como Miguel Ángel Ramírez, Santiago Santana Cazorla o Juan Francisco Rosa. También la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), ha recurrido a los servicios de su despacho para que la defienda en la causa en la que está imputada por una presunta compra de votos en las elecciones locales de 2015 y 2019.

La solicitud de Clavijo fue tramitada en el área de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de La Laguna, un departamento que dirige Ceferino Marrero, funcionario próximo al dirigente nacionalista desde su etapa como alcalde y, posteriormente, en el Gobierno de Canarias, adonde se lo llevó en 2015 para que ocupara el cargo de secretario general de la Presidencia. Un informe firmado por dos trabajadores de este servicio municipal en noviembre de 2020 ha resultado determinante para que el Ayuntamiento terminara aceptando las pretensiones de Clavijo, reconociera su derecho al reintegro de los gastos de su defensa jurídica y autorizara el pago, que se produjo en marzo.

Primer informe: Asesoría Jurídica

Un mes antes, en octubre, la directora de la Asesoría Jurídica, Antonia Barrios, había firmado un primer informe en el que mostraba su oposición al pago de los honorarios profesionales del abogado del actual senador. Ese dictamen comenzaba afirmando que, en principio y según la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, se cumplían los requisitos para poder indemnizar a Clavijo: su inculpación en el caso Grúas tenía su origen en actuaciones ejecutadas en cumplimiento de sus funciones como concejal o alcalde y había sido absuelto de los cargos que le imputaban. Sin embargo, en su segunda parte exponía una serie de consideraciones por las que entendía que no se debía proceder al abono de la minuta de Choclán sin acreditar ciertos extremos.

Sostenía la letrada municipal que, a efectos del resarcimiento de pagos y aplicación de la normativa, la figura de concejal o alcalde se equipara a la de funcionario público. Y que, por ello, Clavijo debió ser defendido por los abogados del Ayuntamiento, “salvo que se efectuara una encomienda” a un letrado externo, motivando las razones y con una autorización previa de la administración e informe favorable de los servicios jurídicos del Consistorio, Trámites que, según Barrios, no constaba que se hubieran producido.

Ese primer informe también ponía el foco en los elevados emolumentos de Choclán y remarcaba la cuantía reclamada por los gastos de defensa en un procedimiento penal “no puede quedar al arbitrio de los pactos libremente asumidos por el reclamante a la hora de contratar determinados servicios”. Según la Asesoría Jurídica, se debe ponderar si el importe de esa minuta se ajusta a las valoraciones predominantes en el mercado. En el caso del letrado de Clavijo, “supera con creces la cantidad que hubiera correspondido abonar en una hipotética tasación de costas procesales conforme a los criterios orientadores de honorarios profesionales aprobados por el Colegio de Abogados”, precisa su directora.

Alegaciones de Fernando Clavijo

Clavijo presentó alegaciones contra el primer informe. En ese escrito, relata que solicitó asistencia jurídica al Ayuntamiento a principios de 2019, nada más conocer su imputación en el caso Grúas tras la denuncia presentada por los concejales Santiago Pérez y Rubens Ascanio, y que desde la corporación local, entonces presidida por su compañero de partido José Alberto Díaz, se le informó de que debía designar su propia defensa. Los motivos que le dieron, siempre según su relato, es que los servicios jurídicos municipales no podían asumir estas funciones por carencias de personal, al figurar otros ediles en la causa como investigados (el propio Díaz y Antonio Pérez-Godiño, también de CC) y por la existencia de un “conflicto de intereses”. Y es que el pleno de la corporación había reprobado a estos tres investigados en el caso Grúas en una sesión celebrada en 2019, con el voto en bloque de la oposición y en contra del criterio del gobierno en minoría de los nacionalistas, por tratar de “favorecer a un grupo de empresarios afines en contra de la legalidad y los intereses generales” en el servicio de grúas, al concederles un préstamo con dinero público y ampliarles la concesión administrativa pese a que la prestataria estaba en causa de disolución, incumplía las prescripciones administrativas y tenía deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

A juicio de Clavijo, ese pronunciamiento político evidenciaba que la posición del Ayuntamiento, que no estuvo personado en el caso Grúas, era contraria a la de los investigados en el procedimiento tramitado primero en el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna y posteriormente, tras el aforamiento del expresidente del Gobierno de Canarias por su nombramiento como senador por la comunidad autónoma, en una causa especial en la Sala II del Tribunal Supremo.

También discrepaba del contenido del informe de la Asesoría Jurídica en relación con la equiparación de la condición de autoridad o miembro corporativo con la de funcionario público. Para Clavijo, esta correlación es aceptable en el ámbito penal, pero no en el administrativo, que es en el que debía resolverse su solicitud de resarcimiento de pagos. El exalcalde lagunero llega a hablar en su escrito de “maliciosa confusión” y expone una serie de antecedentes en la corporación de pago de honorarios profesionales a abogados externos de cargos electos, entre ellos uno de la ahora diputada Ana Oramas, de su mismo partido, para reclamar que se le indemnizara “sin más excusas inventadas”.

La necesidad de solicitar autorización previa para contratar un abogado externo “en nada es aplicable al Ayuntamiento de La Laguna y menos a indemnizaciones de miembros corporativos”, manifiesta en sus alegaciones Clavijo, que añade que la sentencia a la que alude el informe de la directora de la Asesoría Jurídica para defender ese requisito, de enero de 2020, hace referencia a un funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife afectado por un reglamento propio de esa entidad local y no extrapolable a la del municipio colindante. Con respecto al importe de la minuta, se limita a afirmar que ha sido “sometido” a los criterios del Colegio Profesional de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

Las alegaciones presentadas por Clavijo hacen referencia además a una sentencia, dictada en la jurisdicción contencioso administrativa en 2018, en la que se afirma que la acusación penal “ha sido frecuentemente utilizada de forma espuria, como instrumento de desacreditación del adversario político, instrumentalizándose la justicia como elemento de coacción a los cargos públicos”. Esa resolución añadía que si los cargos electos, “especialmente los de los pueblos pequeños”, tuvieran que hacer frente con su sueldo y con su patrimonio a esas querellas, “bastarían unas pocas para obligarles a abandonar los puestos que ostentan”.

Segundo informe: Presidencia y Planificación

El expediente se completa y decide con un segundo informe, elaborado por el área de Presidencia y Planificación. En síntesis, comparte las tesis recogidas en las alegaciones de Clavijo. Los técnicos firmantes relatan que el exalcalde José Alberto Díaz constató en una comparecencia realizada en el marco de la tramitación de este expediente la versión de su antecesor en el cargo, al afirmar que le había pedido a principios de 2019 asistencia jurídica de los abogados del Ayuntamiento y que su respuesta había sido que la corporación no disponía de personal suficiente y que por ello le había instado a que, siguiendo “la costumbre” en la corporación, eligiera su letrado para la defensa jurídica.

Este informe final del órgano tramitador discrepa de los argumentos de la Asesoría Jurídica en relación con la extensión al alcalde de la condición de funcionario fuera del ámbito penal o la necesidad de autorización previa. Con respecto al importe de la factura, señala que hay que considerar la “liberalización” de las tarifas profesionales y remarca que el abogado minutante asegura en su desglose la correspondencia de las cuantías con los criterios fijados por el Consejo Canario de Colegio de Abogados, sin que “ninguna prueba o argumento” en contra de esta aseveración haya sido aportada por la directora de la Asesoría Jurídica.

Al margen de esas razones, para los funcionarios firmantes de este segundo informe se debe estimar la pretensión de Clavijo por “silencio positivo”, puesto que la solicitud fue formulada en julio y resuelta en diciembre, habiendo transcurrido más de los tres meses estipulados

Antecedentes

En Canarias ha habido antecedentes de pagos con cargo a las arcas públicas de los honorarios profesionales de los abogados de políticos imputados por actuaciones en el ejercicio de sus funciones. En 2018, el Ayuntamiento de Arrecife, en la isla de Lanzarote, reconoció a su exalcaldesa Isabel Déniz el derecho a percibir una indemnización para satisfacer los gastos legales ocasionados como consecuencia de su inculpación en una de las piezas del denominado caso Unión. Tras el archivo del procedimiento contra Déniz, reclamó 8.560 euros y los servicios jurídicos de la corporación local avalaron su derecho a cobrar por ese concepto al cumplir los requisitos.

Dos años antes fue la dirigente del Partido Popular (PP) Águeda Montelongo quien formuló idéntica solicitud al Cabildo de Fuerteventura después de ser absuelta en el caso Patronato. En aquella ocasión, la corporación insular rechazó las pretensiones de la política, que tuvo que acudir a los tribunales para reclamar el abono de los honorarios profesionales de su abogado, el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández. A pesar de que esa causa, a diferencia de lo que ocurrió con las diligencias abiertas contra el expresidente del Gobierno de Canarias, llegó a juicio, la minuta del letrado de Montelongo ascendió a 15.600 euros, una cantidad muy inferior a la que ha tenido que pagar ahora el Ayuntamiento de La Laguna para el abogado de Fernando Clavijo.

La euforia era indisimulable este martes en Coalición Canaria tras conocerse la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de archivar el caso Grúas, o por ser más precisos, la parte del caso Grúas que atañe al expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo. Hay motivos de sobra para esa euforia: por un lado, porque el partido que gobernó Canarias durante tres décadas veía coronada con éxito su estrategia político-judicial de sacar al investigado del ámbito de la justicia ordinaria, la del común de los mortales, para colocarlo en la exclusiva de lo aforados. Y por el otro, porque gracias a este auto de archivo, recurrible pero de difícil rectificación por el mismo tribunal, Clavijo ve expedito su camino hacia su elección como jefe máximo de Coalición Canaria en el inminente -aunque sin fecha- congreso “nacional”. Y quién sabe, incluso para repetir como candidato a la presidencia del Gobierno cuando sea menester, como muy tarde, en 2023.

Para llegar a este auto de archivo, el equipo médico habitual de Fernando Clavijo, formado por su núcleo duro en Coalición Canaria, algunos empresarios y unos pocos magistrados escogidos, recomendó desde el principio el aforamiento del investigado. Para eso había que torcer los planes, dejar fuera a José Manuel Bermúdez, el inicialmente designado para ocupar la plaza de senador por la Comunidad Autónoma que, por costumbre parlamentaria, correspondía a Coalición Canaria. El cabreo de Bermúdez se ha ido aliviando con el tiempo tras comprobar que el mismo equipo médico habitual está haciendo todo lo posible -y más- para que prospere una moción de censura que lo vuelva a colocar en la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Previa dimisión, eso sí, de un concejal de Ciudadanos, la aparición estelar de una inquieta concejala de Ciudadanos, y las correspondientes instrucciones de Ciudadanos para que se respete la estabilidad institucional, instrucciones que serán convenientemente quebradas. Pero ésa es otra historia que se está escribiendo en los mismos despachos en estos mismos momentos.

El ascenso al Senado de Fernando Clavijo se forzó cuando había fracasado un intento previo de aforarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde sus acólitos daban por hecho que tendría acogida y archivo. Pero la Sala de lo Penal, con el voto en contra de su presidente, acabó pronunciándose a favor de que el caso Grúas se quedara residenciado en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, donde entró por reparto, pese a que en el momento de ser denunciado no había entrado en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía, que casualmente a propuesta de Ciudadanos, convirtió a Canarias en la primera autonomía que acababa con los aforamientos de sus altos cargos. El presidente del TSJC, Antonio Doreste, que fuera al inicio de su carrera política consejero del Gobierno de Canarias en las filas de Coalición Canaria, hizo lo posible por dejar a Clavijo bajo su cobijo, y puso dos votos particulares que ya quisiera para sí cualquier otro justiciable.

De haber permanecido como aforado en Canarias, Clavijo seguramente se podría haber enfrentado a una instrucción y, de prosperar los indicios de delito, a un juicio y a una sentencia. Y habría acabado directamente como segunda instancia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que ahora acaba de archivar de plano la cuestión. Es decir, se habría saltado la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que era otro bicho que su equipo médico habitual quería evitarse.

El caso era estar aforado a toda costa, especialmente después de las dos censuras que sufrió la jueza instructora de La Laguna al intentar archivar por las bravas la causa. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le afeó la instrucción y la obligó a continuar investigando, lo que encendió todas las alarmas en los cuarteles generales CC y forzó ese cambio de estrategia.

Cuando Clavijo fue finalmente llamado a declarar ante la jueza de La Laguna se activaron las defensas del expresidente. Y no solo las jurídicas. Enseguida cambió de abogado por indicación, consejo y apoyo de determinados empresarios conocedores de la casuística a acometer. Y si al principio se entregó a los conocimientos y las habilidades de Esteban Sola, que en realidad era el defensor del concejal nacionalista José Pérez-Godiño, para dar el salto a la arena nacional se hizo con los servicios (y los honorarios) de José Antonio Choclán, magistrado en excedencia y, como él mismo presume, amigo de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, la sala donde se dirime la suerte de todos los aforados de España que tienen la mala suerte de resultar encausados.

En lo mediático ya hacía tiempo que al investigado le protegía su propia división acorazada, la que le aupó a la candidatura a la presidencia del Gobierno y la que le acompañó y le sigue acompañando hoy, tanto en los días de gloria como en los de zozobra y desesperanza. Para los anales del periodismo quedará un titular de los diarios de Editorial Prensa Ibérica en la Islas, que se hacían eco de la declaración de Clavijo como imputado resaltando que se había celebrado tal acto judicial ¡sin atribuírsele ningún delito al imputado! Y en lo empresarial, a Clavijo no le ha faltado nunca de nada porque hay un núcleo importante de hombres de negocios que quieren el regreso de Coalición Canaria al poder institucional en el Archipiélago porque con ese partido siempre les ha ido bien. Son casi los mismos que revolotean ahora mismo alrededor de la futura concejala de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife Evelin Alonso (Ciudadanos), cuyo voto puede dar un vuelco a la gobernabilidad de esa ciudad devolviéndosela a CC. Pero, como habíamos acordado más arriba, ésa es otra historia. O no.

Una vez en el Senado, sólo había que esperar a que el Supremo reclamara para sí la causa al juzgado de La Laguna, lo que ocurrió hace escasamente tres meses. Manuel Marchena, el ponente del auto dado a conocer este martes, fue meteórico. Sin pedir informe al Ministerio Fiscal y sin más referencia que la exposición razonada que, por obligación, elevó la jueza instructora, el presidente de la Sala Segunda archivó de plano las dos imputaciones que pesaban sobre Clavijo. Le bastó la opinión de una jueza cuya instrucción sólo ha sido elogiada hasta la fecha por el ponente del auto de archivo y en la que no se incluyeron diligencias y alegaciones posteriores a esa remisión.

La acusación particular ha anunciado recurso de súplica ante el mismo tribunal, lo que pondrá fin a las acciones judiciales. Falta por precisar si este archivo se extenderá a la parte de la causa que quedó en La Laguna, si los demás imputados (José Alberto Díaz, Pérez-Godiño…) se beneficiarán o no de esta posición del Supremo. Hay un antecedente cercano y elocuente: el de la jueza López Medel (la misma que ahora tramita la causa contra el Gobierno por la manifestación del 8-M), que mandó a Pablo Casado al Supremo por su falso máster y, al recibir el archivo sobre el presidente del PP, sepultó el resto de la causa.

Luego vendrá el caso reparos, en el que también está involucrado Clavijo, pero tras este auto de Marchena, ya sabrá la jueza instructora de La Laguna por dónde van los tiros.

De las acciones políticas cabe esperar de casi todo, incluso que Coalición Canaria consiga ahora convencer al PSOE de un acuerdo que le devuelva a las instituciones en nombre de la estabilidad y de la responsabilidad que en este último tramo ha demostrado como oposición. En eso también trabaja el equipo médico habitual de Clavijo. Próxima estación: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este martes que el archivo del caso Grúas por parte del Tribunal Supremo es un “alivio” para el expresidente y senador, Fernando Clavijo, y todo su entorno “más cercano, sus amigos y familiares”.

Torres ha comentado que “siempre” ha defendido la separación de poderes: “Una cuestión es lo que atañe al poder judicial, otra al poder legislativo, otra al ejecutivo, y no deben mezclarse”.

“Una cosa es la política y otra la justicia, ha afirmado el líder del Ejecutivo regional tras su salida del Parlamento de Canarias, donde este martes ha contestado en el pleno a preguntas de los diputados.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto desestimando el recurso interpuesto por los ex trabajadores no propietarios de las grúas de La Laguna contra otro auto de 10 de abril de 2019 que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia por el robo de piezas en el depósito de los coches que eran retirados de la vía pública. 

Ocho años después de haber recibido la denuncia (2011), el Juzgado de Instrucción Nº 4 de La Laguna acordaba el sobreseimiento provisional y archivo al considerar que “si bien efectivamente podían haber desaparecido vehículos y piezas” no había elementos para fijar una posible autoría “por cuanto en el depósito había un total descontrol sobre lo depositado”.

A esta argumentación añadió que los pocos titulares de los vehículos que se habían podido localizar no podían aseverar cuál era el estado de su vehículo en el momento previo a la denuncia.

La Audiencia Provincial coincide con estos argumentos y señala que “no es posible la continuación al no haber ni datos claros de lo ocurrido ni tampoco de los implicados directos en las posibles sustracciones o apropiaciones”. Así las cosas, la denuncia termina aquí su recorrido, salvo que aparezcan nuevas pruebas o testigos que permitan reabrir la causa.

Los ex trabajadores de las grúas señalaron en su recurso que había quedado constatado, tras la presentación de una segunda denuncia, “que desde la empresa Grúas Poli se estaba procediendo a la venta de piezas por Internet y que ello era una base suficiente para la imputación a los socios de la empresa”.

Pero la Audiencia considera sin embargo que “aunque ello fuera así, sería preciso algo más y es que hubiera quedado determinado que esas piezas estaban relacionadas con vehículos concretos, respecto de los que los titulares no hubieran hecho dejación de sus derechos dominicales así como quién o quiénes concretamente estaban realizando la venta de piezas que sabían ajenas”.

Y añade que conforme prevé el art. 779.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “si la instrucción no permite determinar un pronóstico razonable de participación subjetiva en el hecho justiciable puede acordarse el sobreseimiento. En este caso no hay datos suficientes para entrar en la fase de procedimiento abreviado. Hay una deficitaria carga indiciaria lo que impide la imputación de los investigados”.

Todo ello más allá de que ha quedado constatado en atestados levantados por investigadores de la Guardia Civil que llamaron a un número de teléfono (el del servicio de grúas) que aparecía en Internet para la venta de piezas; y que a la cita se presentó uno de los trabajadores propietarios con las piezas requeridas.

El gobierno local de la ciudad de La Laguna se personará como acusación particular, según informa Diario de Avisos, en los dos casos de presunta corrupción contra los exalcaldes de Coalición Canaria del municipio tinerfeño Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, que investigan el Tribunal Supremo y el Juzgado número 2 de La Laguna.

El Consistorio local, gobernado desde mayo de 2019 por el PSOE, Unidos Se Puede y Avante Tenerife, tendrá derecho a exigir resarcimiento por los daños económicos sufridos en caso de ser probados los delitos investigados. Tanto el caso Grúas como el caso Reparos investigan las contrataciones realizadas desde el gobierno en contra del criterio de la Intervención Municipal.

Fernando Clavijo, senador, expresidente autonómico y exalcalde de La Laguna por Coalición Canaria, está siendo investigado por el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades y tratos de favor en la concesión administrativa del servicio municipal de recogida de vehículos cuando era concejal de Seguridad y, después, como alcalde de la ciudad.

El caso Reparos consiste en la ampliación en la prestación de servicios públicos al Ayuntamiento de La Laguna una vez vencidos los contratos y las sucesivas prórrogas legales con las empresas concesionarias que los prestan. Llegados esos vencimientos, el Ayuntamiento permitía que continuaran prestándose esos servicio sin título jurídico alguno, lo que el interventor consideró siempre contrario a la ley y el denunciante, una prevaricación continuada. Además, tal práctica incluía el pago de unas cuantías y de unos precios que no estarían justificados ni amparados bajo ningún tipo de dictamen técnico ni jurídico, lo que podría ser constitutivo de un delito de malversación.

El caso Grúas, abierto en un juzgado de Tenerife contra el expresidente de Canarias Fernando Clavijo, pasa a manos del Tribunal Supremo. El alto tribunal español ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna la remisión de la causa a Madrid dada la condición de aforado del ahora senador por la Comunidad Autónoma, desde su designación por el Parlamento de Canarias en 2019. Su partido, Coalición Canaria, decidió enviarlo a la Cámara Alta después de que los nacionalistas perdieran las elecciones y el poder en la Comunidad Autónoma tras 26 años.

Una providencia de la jueza instructora, Celia Blanco, fechada el pasado jueves, accede a la petición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo interesándose por el testimonio íntegro de la causa que investiga presuntas irregularidades y tratos de favor de Clavijo en la concesión administrativa de la servicio municipal de recogida de vehículos, cuando era concejal de Seguridad y después alcalde de La Laguna.

La magistrada ha decidido remitir la causa sin haber respondido a las peticiones de las acusaciones y el Ministerio Fiscal de que desglosara lo concerniente a Fernando Clavijo y se remitiera solo su parte al Supremo, dejando en manos de la instructora los hechos delictivos que se investigan en cuanto a otros políticos y técnicos que no son aforados, como el también exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz.

La causa, que ha pasado de manos del juzgado instructor al Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuando Fernando Clavijo se convirtió en presidente regional en 2015, y de nuevo al juzgado de La Laguna al entrar en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía canario que eliminó a finales de 2018 el aforamiento a diputados y autoridades autonómicas, se remite ahora al alto tribunal estatal tras el salto político del expresidente hasta el Senado, entendido también como una nueva estrategia de aforamiento.

Así, la Sala Segunda del Tribunal Supremo conocerá a partir de ahora un caso que cuenta con unos penúltimos informes de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, en noviembre pasado, pidiendo ampliar los cargos a Fernando Clavijo por presunta prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.

La fiscal Anticorrupción de la provincia occidental canaria, María Farnés Martínez, emitió en ese momento un demoledor informe contra el actual senador de CC, a raíz de los testimonios de en el juzgado instructor de La Laguna del primer dueño de la empresa adjudicataria del servicio, que lo señaló como “el jefe” que ordenó que su empresa pasara a manos de amigos y protegidos del entonces alcalde de La Laguna, para poder continuar de forma rentable y regular con el servicio de grúas.

Al mismo tiempo que se ha venido tomado declaración en el juzgado instructor al antiguo propietario y empleados de Autogrúas Poli, la mercantil objeto de investigación en este presunto caso de corrupción que ha acompañado a Fernando Clavijo desde su salto a la política regional en 2015, el ahora senador ha intentado en vano que no se diera validez a esas testificales, reclamando la remisión de su caso al Supremo, o anteriormente, que volviera a instruirse en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La propia jueza del caso Grúas ha avalado la validez de esos testimonios, dado que en ese momento el Supremo no se había pronunciado, como lo hace ahora, sobre su condición de aforado.

Los testigos que desfilaron ante la instructora del caso Grúas los días 14 y 15 de noviembre apuntalaron la acusación contra Clavijo, al acreditar los vínculos personales entre el entonces alcalde y el grupo de trabajadores que acabó adquiriendo la empresa concesionaria y al que concedió un préstamo y prorrogó el contrato a pesar de que la sociedad se encontraba en situación de insolvencia, acumulaba cuantiosas deudas e incumplía numerosas cláusulas del pliego, entre ellas la de disponer de la tarjeta de transporte, indispensable para poder operar.

Especialmente duro para los intereses del expresidente canario fue el testimonio del primer dueño de Autogrúas Poli, José Padilla, que relató las presiones a las que fue sometido, primero para que contratara a los trabajadores que finalmente se hicieron con el control de la empresa, y después para que vendiera las participaciones, una acción que terminó ejecutando, según sus propias palabras, después de que el Ayuntamiento le ahogara económicamente al retrasar los pagos por la prestación del servicio.

La magistrada del caso Grúas, Celia Blanco, ha refrendado la validez de las declaraciones prestadas por los testigos que comparecieron los pasados 14 y 15 de noviembre en el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, unos testimonios contundentes que han acorralado aún más al principal investigado en esta causa, el expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo (CC). Al actual senador -por designación de la comunidad autónoma- se le atribuyen de forma indiciaria los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por su gestión del servicio externalizado de retirada e inmovilización de vehículos de la vía pública durante su etapa como concejal de Seguridad y alcalde de la Ciudad de los Adelantados.

En un auto dictado el pasado lunes, la magistrada desestima el recurso que había presentado a finales de octubre el abogado de Clavijo, el prestigioso José Antonio Choclán, contra la citación como testigos de José Padilla, primer propietario de Autogrúas Poli, la empresa concesionaria del servicio, y de varios extrabajadores de la empresa. Según la defensa, la jueza debió haberse abstenido de practicar cualquier diligencia en cuanto el expresidente canario adquirió la condición de aforado al ser designado senador, el 31 de julio pasado.

Ese recurso fue presentado el mismo día en el que la instructora del caso Grúas elevó la exposición razonada al Supremo resumiendo los indicios de prevaricación y malversación que hasta esa fecha había apreciado en la actuación de Clavijo. Celia Blanco sostiene en su última resolución que hasta que el alto tribunal no se manifieste sobre ese escrito y hasta que no asuma la investigación, sigue siendo la competente para instruir la causa, puesto que no solo está imputado Clavijo, sino también otras personas que no gozan de aforamiento, entre ellas los exconcejales de Seguridad José Alberto Díaz (también exalcalde) y Antonio Pérez Godiño.

La jueza recalca en ese auto que las diligencias acordadas, incluidas las testificales de los extrabajadores, fueron ordenadas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (que obligó a reabrir el procedimiento tras un primer archivo) y recuerda que ya hay un precedente, puesto que cuando ostentaba la condición de aforado como presidente del Gobierno regional (antes de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, que elimina este privilegio) y se elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), no se interrumpió la instrucción de la causa. El auto de Blanco se puede recurrir ante la Audiencia.

Los testigos que desfilaron ante la instructora del caso Grúas los días 14 y 15 de noviembre apuntalaron la acusación contra Clavijo, al acreditar los vínculos personales entre el entonces alcalde y el grupo de trabajadores que acabó adquiriendo la empresa concesionaria y al que concedió un préstamo y prorrogó el contrato a pesar de que la sociedad se encontraba en situación de insolvencia, acumulaba cuantiosas deudas e incumplía numerosas cláusulas del pliego, entre ellas la de disponer de la tarjeta de transporte, indispensable para poder operar.

Especialmente duro para los intereses del expresidente canario fue el testimonio del primer dueño de Autogrúas Poli, José Padilla, que relató las presiones a las que fue sometido, primero para que contratara a los trabajadores que finalmente se hicieron con el control de la empresa, y después para que vendiera las participaciones, una acción que terminó ejecutando, según sus propias palabras, después de que el Ayuntamiento le ahogara económicamente al retrasar los pagos por la prestación del servicio.

Escrito de la Fiscalía Anticorrupción

Esos testimonios han servido de base a la delegada de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife para solicitar la ampliación de la exposición razonada remitida al Supremo, con el objetivo de imputar nuevos cargos a Clavijo y atribuirle un delito de prevaricación continuada, además del de malversación de caudales públicos. María Farnés exponía en ese escrito que la comunicación de la instructora al alto tribunal había sido prematura y había obviado hechos que, a su juicio, revestían caracteres de delito, al menos a nivel indiciario.

La defensa del actual senador de CC, por su parte, se intenta refugiar en su condición de aforado para tratar de bloquear esas declaraciones testificales incómodas. En su pretensión de alejar cuanto antes la causa de los juzgados ordinarios y de residenciarla en el Tribunal Supremo, el abogado de Clavijo ha presentado varios escritos. En el último, registrado este mismo martes, presenta alegaciones contra el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que considera extemporáneo porque la exposición razonada “ya ha sido registrada”.

Para Choclán, la pretensión del Ministerio Público es “contraria a derecho”. Sostiene que vulnera el artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que la jueza instructora debió abstenerse de practicar cualquier diligencia que estuviese vinculada al aforado desde el mismo momento en el que adquirió esa condición, máxime cuando ya había sido citado como investigado.

La defensa de Clavijo entiende que es al Supremo a quien corresponde valorar si la exposición razonada remitida por la instructora es completa y requerir, si fuera necesario, información ampliada, así como ordenar la práctica de diligencias. Para el investigado, aquellas actuaciones acordadas por la jueza desde que tuvo constancia de su aforamiento son nulas de pleno derecho y las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción están “fuera de lugar”.

La fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, ha remitido a la jueza instructora del caso Grúas un demoledor informe contra Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno de Canarias, tras las declaraciones testificales prestadas hace dos semanas por el primer propietario de la concesionaria del servicio en el Ayuntamiento de La Laguna, Autogrúas Poli, y algunos extrabajadores de la empresa. La representante del Ministerio Público solicita ampliar la exposición razonada que la magistrada elevó al Supremo, el tribunal que debe juzgar ahora al actual senador de Coalición Canaria (CC) por su condición de aforado, para imputarle más cargos en relación con el delito de prevaricación, al considerar que existen indicios suficientes como para concluir que lo cometió de manera continuada durante su etapa de concejal de Seguridad y alcalde de la Ciudad de los Adelantados.

Farnés considera incompleto y prematuro el escrito que la jueza Celia Blanco envió al Supremo, ya que aún no ha finalizado la instrucción de la causa, no incorpora los relevantes testimonios de los últimos testigos y solo atribuye a Clavijo un delito de prevaricación vinculado con el levantamiento de los reparos planteados por el interventor municipal contra la concesión con cargo a las arcas públicas de un préstamo de 120.000 euros a una empresa en quiebra y administrada por un grupo de amigos del entonces alcalde de la corporación lagunera, cargo que ostentó entre 2008 y 2014.

La fiscal Anticorrupción aprecia indicios de prevaricación continuada en la conducta del ahora aforado, al sumar al otorgamiento de ese préstamo otros hechos con “aparente significación delictiva”: la dejación de funciones frente a los reiterados incumplimientos del pliego de condiciones, la prórroga de la concesión a una empresa que acumulaba una cuantiosa deuda con Hacienda y la Seguridad Social y la compra de las participaciones de la sociedad por parte de un grupo de trabajadores con los que Clavijo mantenía vínculos personales.

Prevaricación por omisión

El informe pone de relieve que Clavijo no dictó ninguna resolución para caducar la concesión o resolver el contrato del servicio de Grúas pese a ser consciente de que la empresa había incurrido en cuatro faltas muy graves, el doble de las necesarias para darlo por finalizado de forma fulminante. La fiscal explica que la concesionaria no presentó ninguno de los documentos a los que estaba obligada y que acumulaba deudas en el momento del rescate por un importe que superaba 300.000 euros, de los cuales 112.000 correspondían a impagos a Hacienda y la Seguridad Social, 170.000 a salarios y el resto, a abonos pendientes a distintos proveedores. Alude para ello a hasta tres informes del servicio de Intervención que alertaban, entre otras cuestiones, de la imposibilidad de atender los pagos corrientes por un periodo superior de tres meses y el riesgo de insolvencia, además de recomendar al grupo de gobierno que estudiara la conveniencia de continuar prestando el servicio de retirada e inmovilización de vehículos.

Además de estas irregularidades que, a juicio de la representante del Ministerio Público, debieron conducir al Ayuntamiento lagunero a dar por caducado el contrato o a resolverlo, la empresa administrada por los amigos de Clavijo incurrió en otros incumplimientos: nunca contó con los 22 trabajadores que exigían los pliegos como servicios mínimos, no disponía de seguro de responsabilidad civil ni de las obligatorias tarjetas de transporte y las grúas estaban deterioradas y no habían pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Los trabajadores que compraron Autogrúas Poli a José Padilla, el dueño original, no tenían la capacitación profesional ni la autorización administrativa para ejercer, al menos de 2013 a 2015, expone un informe que subraya además de que los gestores del Ayuntamiento lagunero, al frente del cual se colocaba Clavijo, actuaron siempre en contra de los informes del interventor.

Concesión del préstamo

Farnés destaca que, a pesar de la concesión del préstamo de 120.000 euros la deuda acumulada por la empresa con los nuevos propietarios, lejos de disminuir, aumentó a 715.215 euros, de los que cerca de 220.000 correspondían a impagos a las administraciones públicas. Y ello a pesar de que se habían reducido las exigencias, de 11 a 5 grúas y de 22 a 9 trabajadores.

La fiscal relata que el interventor planteó en dos ocasiones reparos a esa operación por carecer de cobertura legal y por no establecer su duración ni garantizar que la facturación de la empresa concesionaria fuera suficiente para restituir su importe. El Consistorio regido por Clavijo esquivó esos impedimentos al dar más valor a un informe externo encargado a catedráticos de la Universidad de La Laguna, un estudio que, como ellos mismos reconocieron, realizaron sin disponer de la documentación del expediente y en un plano “teórico”.

“Sin estar previsto legalmente, el Ayuntamiento actuó como una entidad bancaria concediendo un préstamo a una empresa que se encontraba intervenida, en contra de dos reparos y basándose en un informe externo y que no era más, según sus propios autores, que un estudio teórico”, resume Farnés después de incidir en que sin ese crédito no se hubiera podido prorrogar el servicio de grúas en la segunda ciudad en importancia de la isla de Tenerife.

Prórroga del contrato

En relación con esa extensión del contrato, de agosto de 2014 al mismo mes de 2019, la representante del Ministerio Público destaca que la decisión se adoptó en un momento en el que la empresa podría estar inmersa en una causa de caducidad, había tenido que ser intervenida por sus dificultades económicas y mantenía importantes deudas con Hacienda y la Seguridad Social, una circunstancia que le impedía contratar con la Administración pública y debía conllevar la inmediata pérdida de la tarjeta de transporte y la consecuente imposibilidad de operar. También en esta operación fue necesario levantar el reparo del interventor, que advirtió de que la prórroga del servicio carecía de propuesta y de fundamentación jurídica, a través de un informe externo elaborado por los mismos catedráticos, “los expertos”, quienes posteriormente sostendrían que informaron de la prórroga del rescate, no del contrato.

Compra de las participaciones

El cuarto apartado en el que se detiene la fiscal para justificar su petición de ampliar los cargos de Clavijo e imputarle un delito de prevaricación continuada tiene que ver con la compra por parte de un grupo de trabajadores de la totalidad de las participaciones del propietario original, una operación que se materializó el 13 de abril de 2011. La fiscal remite a las declaraciones de los últimos testigos para concluir que este hecho era totalmente conocido por Clavijo, a pesar de que nunca fue comunicado por los cauces oficiales al Ayuntamiento, en contraposición a lo que ocurrió cuatro años después, en 2015, con la venta a su actual dueño, Grúas y Servicios Adeje. “No tiene nada que ver la persona a la que se le adjudicó inicialmente la concesión con las personas que lo ostentan en la actualidad”, un peligro que ya fue advertido por el actual presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, entonces concejal en la oposición en La Laguna, en el pleno en el que se autorizó la transmisión de esa concesión.

La fiscal asevera que, al no haber realizado comprobación alguna sobre esa operación de compraventa, el Ayuntamiento permitió que circularan grúas sin la tarjeta de transporte necesaria, sin los seguros obligatorios y sin la ITV pasada.

Farnés sostiene que Clavijo era plenamente consciente de todos los hechos delictivos que le imputan y recuerda que fue el actual senador de CC quien impulsó, siendo concejal de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna, la externalización del servicio de grúas, por lo que “no desconocía” los pliegos ni las consecuencias del incumplimiento de contrato.

Malversación y tráfico de influencias

Anticorrupción también atribuye al expresidente del Gobierno de Canarias un delito de malversación, a pesar de que el préstamo concedido a Autogrúas Poli fue devuelto íntegramente. Farnés aclara que la restitución de los fondos a las arcas públicas no hace desaparecer el delito ni el perjuicio patrimonial en el momento de los hechos. “Sería muy difícil de entender que siga intacta la confianza del público en el manejo honesto de los caudales públicos después de las irregularidades puestas de manifiesto, adoptadas con el fin primordial de seguir contratando con Autogrúas Poli cuando toda la normativa administrativa obligaba a resolver el contrato, además en contra de los reparos formulados por el interventor”.

La fiscal entiende que la devolución de las cantidades exime a los investigados de la responsabilidad civil, aunque añade que el informe externo encargado a los catedráticos de la ULL también supuso un quebranto económico para las arcas municipales y, además, impidió que el servicio de grúas saliera a concurso. Farnés pide el archivo del delito de tráfico de influencias que también se le imputaba, ya que su actuación no tenía el ánimo de influir en un funcionario o autoridad, como exige el tipo penal, sino sobre un particular para que empleara a determinadas personas o para que les vendiera las participaciones sociales.

En relación a la posibilidad de que también sea el Supremo quien investigue a José Alberto Díaz y a Antonio Pérez Godiño, exconcejales de Seguridad del Ayuntamiento lagunero (el primero también exalcalde), Farnés sostiene que existe una “íntima conexión en la comisión de los delitos”, ya que si el aforado Clavijo no hubiera emitido los decretos para levantar los reparos del interventor, los otros dos imputados no hubieran podido dictar los relativos a la concesión del préstamo y a la prórroga del contrato, respectivamente.

El testigo clave del caso Grúas se ratifica. José Padilla, primer dueño de la concesionaria del servicio de retirada e inmovilización de vehículos de la vía pública de La Laguna, ha asegurado este jueves, durante su declaración ante la jueza instructora, que recibió presiones por parte de Fernando Clavijo, entonces alcalde de la ciudad, para que contratara a un grupo de amigos del actual senador de CC y expresidente del Gobierno de Canarias, y para que les vendiera la sociedad posteriormente bajo la amenaza de dejar de pagarle o de retirarle la concesión. Padilla ya denunció estos hechos ante la Guardia Civil en 2013.

Clavijo está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias durante su etapa como concejal de Seguridad y alcalde de La Laguna. Se le acusa de rescatar con dinero público una empresa en quiebra que estaba administrada por trabajadores a quien el propio Clavijo “impuso” por sus vínculos personales con ellos, según ha declarado Padilla.

El testigo ha explicado que cuando le otorgaron la concesión, con la actual diputada Ana Oramas como alcaldesa, la empresa no contaba con ningún trabajador y que fue el propio Ayuntamiento quien eligió a los empleados, “que eran amigos de Clavijo”. Fue el entonces concejal de Seguridad y después alcalde quien le obligó a constituir una sociedad limitada “para separar la concesión de su empresa particular”. Padilla ha relatado que el dirigente de CC le telefoneaba y le daba indicaciones de las personas a las que debía contratar, hasta el punto de que cuando se enteró que había incorporado a un trabajador que no era de su cuerda le llamó visiblemente enfadado. “Casi no me come”, manifestó el antiguo dueño.

Clavijo era “el jefe del tema” y estaba apoyado por Estanislao González, responsable en aquella época del área de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento, ha dicho. De este modo, Padilla se ha ratificado en lo que denunció ante la comisión de investigación que se cerró en falso en el Ayuntamiento de La Laguna y en sus declaraciones ante la Guardia Civil en el marco de la investigación por el desguace de coches en el depósito municipal para su venta por piezas.

A preguntas de la fiscal Anticorrupción de Tenerife, María Farnés, el primer dueño de Autogrúas Poli ha señalado que ninguno de estos trabajadores tenía experiencia previa en el sector. Entre ellos se encontraba Begoña, cuya contratación atribuye a su relación de amistad con la mujer de Clavijo; otro empleado que era compañero de kárate del dirigente de CC, y Santiago Casanova, a cuya empresa había contratado el investigado para trabajos de mantenimiento.

Padilla ha relatado que, en sus comienzos, con Oramas con alcaldesa, no había ningún problema de cobro. Las dificultades comenzaron cuando Clavijo asumió el bastón de mando municipal, con retrasos de unos “tres o cuatro meses”. El primer dueño de la concesionaria ha asegurado que, aparte de esas presiones de tipo económico, el regidor le llegó a pedir verbalmente que dejara la concesión para que se hicieran cargo de ella los trabajadores con los que estaba vinculado. También se lo solicitó, según ha manifestado, el entonces concejal Antonio Miguel Pérez-Godiño, otro de los investigados en el caso Grúas.

Ante las dificultades económicas por las que atravesaba la empresa como consecuencia de esos retrasos en los pagos, Padilla se vio obligado a venderla por poco más de 70.000 euros. El Ayuntamiento le debía entonces, según sus cálculos, unos 270.000 euros. En la operación de compraventa, los nuevos propietarios se comprometieron a asumir las deudas acumuladas por la sociedad. Dos de estos compradores le llegaron a decir, siempre según la versión de Padilla, que “no hacía falta hacer nada”, ningún trámite, porque la operación “estaba autorizada” por Clavijo. El testigo ha afirmado que, antes de este traspaso, los trabajadores ligados al alcalde cargaban recibos a cuenta de la empresa, incluso de sus propias viviendas. Padilla se ha comprometido a buscar la documentación sobre estas transacciones con la finalidad de incorporarlas al procedimiento.

El antiguo propietario ha dicho también que, después de esa venta, los nuevos dueños cobraron “de inmediato” el dinero que el Ayuntamiento debía a la empresa. “Al mes la mitad y luego, la otra mitad”, ha aseverado Padilla, quien ha insistido en que durante todo el tiempo en el que prestó el servicio se sintió “amenazado” por Clavijo y otros representantes de la corporación. “Me tiraban los papeles al suelo y me decían que me iban a quitar la concesión”, ha apuntado.

Según Padilla, Clavijo se negó a recibirle en su despacho cuando comenzaron los retrasos en los pagos y también le vetó cuando los trabajadores que se hicieron cargo de la empresa le propusieron incorporarse como socio. “Les dije que no compraran porque era una ruina, pero ellos estaban dominados por Clavijo”, concluyó.

La defensa de los investigados trató de evitar la declaración de Padilla como testigo. Alegaba que la prueba no debía practicarse hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciara sobre la exposición razonada remitida después de que Clavijo recuperara su condición de aforado tras ser designado senador por la comunidad autónoma. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía y de las acusaciones, la jueza acordó tomarle declaración al entender que no puede suspenderse la tramitación de la causa hasta que el Supremo resuelva.

El Tribunal Supremo ha frustrado el último intento del expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo (CC) de devolver el caso Grúas, en el que está siendo investigado, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).  En un auto notificado este viernes, la Sala de lo Penal desestima el recurso de queja que había presentado el actual senador en su pretensión de alejar la causa de un juzgado de instrucción de La Laguna. Clavijo perdió su condición de aforado regional (y, por lo tanto, el privilegio de ser investigado por el TSJC) tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias en octubre de 2018. 

El alto tribunal ha confirmado ahora que el TSJC actuó “con toda corrección” al denegar a la defensa del expresidente regional la posibilidad de alegar ante el Supremo en casación, ya que contra ese fallo no cabía recurso.  La resolución condena además a Clavijo al pago de las costas procesales. 

A lo largo de la instrucción del caso Grúas, el senador de CC ha pretendido derivar la investigación hacia el TSJC, al entender que este tribunal de aforados es más favorable a sus intereses de defensa que el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna.

Clavijo permanece imputado por su gestión, primero como concejal de Seguridad y Movilidad y después como alcalde de la Ciudad de los Adelantados, en relación con el servicio de inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública. Al expresidente regional se le atribuyen los delitos de malversación y prevaricación por rescatar con dinero público a una empresa concesionaria en quiebra y administrada por trabajadores con los que mantenía vínculos personales. 

A pesar de que el propio auto del TSJC que enviaba la causa a los juzgados de La Laguna precisaba que la resolución era firme, la defensa de Clavijo decidió acudir al Supremo a través de un recurso de súplica al entender que aún quedaba un resquicio para que el procedimiento judicial se residenciara definitivamente en el alto tribunal canario. Alegaba que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé expresamente esa posibilidad contra resoluciones definitivas en materia de competencia. 

Sin embargo, la Sala Segunda del Supremo, con el magistrado Juan Ramón Berdugo como ponente y con el canario Manuel Marchena como presidente, ha precisado que en este caso concreto la pérdida de competencia del TSJC no se produce como consecuencia de una inhibición del tribunal, sino de una pérdida sobrevenida al haber dejado de ostentar el investigado la condición de aforado autonómico. 

El alto tribunal remarca que contra los autos dictados en apelación por las Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia solo procede interponer un recurso de casación “y únicamente por infracción de ley”, supuesto que no se da en este caso. 

Clavijo fue designado el pasado 30 de julio senador por la Comunidad Autónoma de Canarias con el respaldo del Parlamento regional. Aunque el expresidente siempre negó que esa fuera su intención, el nombramiento le permite acogerse al aforamiento ante las dos causas judiciales que mantiene abiertas en las Islas, el caso Grúas y el caso Reparos, para poder ser juzgado por el Tribunal Supremo. 

La jueza titular de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, ha decidido continuar investigando el llamado caso Grúas, en el que se encuentran involucrados, entre otros, el expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el exalcalde de la ciudad, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

La magistrada ha citado a declarar para el día 14 de noviembre en calidad de testigos a José Padilla, primer propietario de Grúas Poli, la empresa que en 2004 ganó el concurso para la prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública. Ese mismo día deberá declarar también como testigo el actual propietario, José Tacoronte, que se hizo cargo de la empresa después de que esta pasara por las manos de un grupo de trabajadores.

Estas testificales, a las que se unen las de otras cuatro personas el día 15 de noviembre, muestran que la jueza instructora ha decidido continuar adelante con las investigaciones a pesar de tener pendiente de resolver la petición de Fernando Clavijo de que la causa sea remitida al Tribunal Supremo dada la condición de senador por la Comunidad Autónoma a la que accedió una vez se constituyó el Parlamento tras las últimas elecciones autonómicas y después de haber perdido el aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía cuando aún era presidente de la Comunidad Autónoma.

Los testimonios del primer propietario y del actual dueño de Grúas Poli pueden ser trascendentales. En el primer caso, para comprobar si José Padilla se ratifica en todas las afirmaciones que ha hecho primero ante la Guardia Civil y luego ante diferentes medios de comunicación de que fue presionado por Fernando Clavijo para que contratara a una serie de trabajadores, algunos de los cuales luego se convirtieron en propietarios al verse obligado a venderles la empresa y la concesión por presiones que él mismo situó en el entorno del Ayuntamiento, que le retrasaba los pagos por el servicio para hacerle pasar penurias económicas.

Tacoronte, por su parte, habrá de explicar cuáles fueron los trámites para que adquiriera una empresa con 700.000 euros de pérdidas después de la mala gestión que aquellos trabajadores hicieron en el corto intervalo entre ambos propietarios.

El expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo ha vuelto a pedir a la jueza instructora del caso Grúas que envíe la causa al Tribunal Supremo por su condición sobrevenida de senador por la Comunidad Autónoma. En un escrito presentado por su abogado, José Antonio Choclán, el investigado se queja de que la Fiscalía aún no se haya pronunciado sobre su primera petición en el mismo sentido, y ha recordado a la magistrada que no ha perdido su condición de senador a pesar de haber sido disueltas las Cámaras ante la convocatoria de unas nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre próximo.

Clavijo forma parte de la Diputación Permanente del Senado y no ha de revalidar su escaño ante las urnas por ser un senador designado por una comunidad autónoma, por lo que su mandato expirará cuando lo haga la legislatura autonómica, no la nacional.

Fernando Clavijo aprieta a la jueza para esquivar que sea el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna el que instruya el caso Grúas, en el que se le investiga a él y al último alcalde de su partido, Coalición Canaria, por la gestión del servicio de retirada de vehículos de la vía pública en esa ciudad patrimonio de la humanidad. El investigado ha intentado desde el principio mantener su privilegio de aforamiento, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por su condición de presidente del Gobierno autonómico, y ahora ante el Senado, después de conseguir que el Parlamento regional le designara como senador después de haber declarado públicamente que su intención era ejercer la oposición como presidente del grupo parlamentario de Coalición Canaria.

La aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias en noviembre de 2018 impidió que se le mantuviera su aforamiento ante el TSJC, a pesar de varios recursos en sentido contrario. Y ahora las acusaciones se han opuesto a que se le afore ante el Supremo por lo avanzada que está la instrucción y por tratarse de hechos que sucedieron cuando el investigado ni siquiera era aforado en la Comunidad Autónoma porque ejercía como alcalde de La Laguna.

El expresidente de Canarias, Fernando Clavijo, se hizo elegir senador en representación de la Comunidad Autónoma “para eludir la jurisdicción ante la que hasta ese momento respondía, perjudicar la continuidad de la causa tal como venía conociéndose” y “escapar del alcance tanto del juez ordinario territorial predeterminado por la Ley, como de la Audiencia competente para resolver los recursos”. Eso es al menos lo que sostiene la representación letrada de uno de los denunciantes del caso Grúas, Santiago Pérez, que se ha opuesto de este modo a la pretensión del investigado de que el caso Grúas sea trasladado al Tribunal Supremo por su nueva condición de senador.

La letrada de la acusación, Sandra Rodríguez, recuerda en su escrito ante el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna el dictamen del Consejo de Estado de 2018 que, a petición del Gobierno de la nación cuando entró a estudiar los aforamientos, aconsejó “restringir el alcance de esta prerrogativa a sus confines más estrictos”, es decir, “a los hechos cometidos en el ejercicio del cargo o mandato representativo”, a los presuntos delitos cometidos cuando se es diputado o senador. 

Fernando Clavijo está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna por la presunta comisión de varios delitos cometidos durante su desempeño como concejal y alcalde de la ciudad de La Laguna, antes de 2015, año en el que pasó a ser presidente regional.

La acusación, dirigida por la letrada tinerfeña Sandra Rodríguez, considera que “el aforamiento sobrevenido” de Fernando Clavijo “es directa consecuencia de una decisión personal cuyo único propósito reside, palmariamente en asegurarse ese aforamiento por el que desde su imputación viene pugnando una y otra vez, sin éxito”. Clavijo, efectivamente, trató por todos los medios que el caso Grúas se residenciara en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía en noviembre pasado desembocó en que el alto tribunal canario, con el voto en contra de su presidente, ordenara que se le investigara en el juzgado que le corresponde por el lugar donde se cometieron los hechos, el de La Laguna.

A juicio de la representación legal del denunciante del caso Grúas, “la consolidada jurisprudencia constitucional impide una aplicación extensiva de los aforamientos”, por lo que “el criterio de excepcionalidad debe presidir la aplicación de las normas”, solo aplicables para garantizar a los cargos electos “su desempeño público y el funcionamiento de la institución”.

En el escrito se acusa a Fernando Clavijo, representado por el abogado madrileño José Antonio Choclán, de emplear una táctica dilatoria y obstruccionista “sin punto de conexión con el interés general ni con la correcta administración de justicia, ni con el interés público tutelado por la Ley”.

Tanto Fernando Clavijo como su sucesor, José Alberto Díaz y el concejal Antonio Pérez-Godiño, todos ellos de Coalición Canaria, están siendo investigados por las gestiones que hicieron en relación con el servicio de grúas de la ciudad de La Laguna, particularmente cuando gestionaron y aprobaron la concesión de un préstamo de 120.000 euros para pagar las deudas de la empresa privada concesionaria, como cuando desoyeron los informes que aconsejaban el rescate de la concesión por incumplir las exigencias del contrato. Todo ello en contra de los dictámenes del interventor municipal, cuyos reparos fueron levantados atendiendo a las prerrogativas de la alcaldía. 

El secretario en funciones del juzgado de paz de Adeje, Manuel Martín de la Sierra, ha sido condenado este lunes a dos años de alejamiento, cuatro meses de prisión y ocho meses de prohibición de tenencia de armas por un delito de lesiones y otro de vejaciones cometidos contra su expareja, la jueza del caso Grúas. La condena fue impuesta por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Granadilla de Abona durante un juicio rápido.

Pese a esta condena, Martín de la Sierra podrá seguir ejerciendo como secretario del juzgado de paz de Adeje, confirmaron fuentes judiciales a este periódico.

Manuel Martín de la Sierra fue detenido el pasado viernes por la noche tras una denuncia por violencia de género promovida por su expareja, la jueza titular de Instrucción 2 de La Laguna. Tras tomarle declaración, la Guardia Civil lo puso a disposición judicial el sábado por la mañana ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Granadilla de Abona, que le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento respecto a la víctima. Las diligencias pasaron después al mixto número cuatro, que el lunes dictó sentencia.

La jueza suspendió este lunes “por motivos familiares” todos los juicios por delitos leves que tenía señalados en los juzgados de La Laguna.

La denuncia fue promovida por la magistrada, titular del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, en el que se investiga desde hace meses el llamado caso Grúas, en el que aparecen como encartados del expresidente del Gobierno Fernando Clavijo así como su sucesor al frente ese la alcaldía de esa ciudad, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria.

Hasta ahora no se conocía ninguna denuncia de la magistrada contra su expareja por violencia o acoso, recalcaron las fuentes oficiales consultadas por este periódico.

Manuel Martín de la Sierra ha ejercido como funcionario en los juzgados de Granadilla de Abona, luego en los de Arona, antes de pasar a ser secretario del juzgado de paz de Adeje.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha hecho pública este miércoles una providencia por la que inadmite a trámite un incidente de nulidad presentado por el senador Fernando Clavijo en el marco del caso Grúas, por el que el expresidente de Canarias y entonces alcalde de La Laguna está imputado por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias

La defensa de Clavijo había presentado el incidente contra un auto de la propia Audiencia, del pasado mes de julio, que obligaba a la juez instructora del caso a tomar declaración al primer propietario de la empresa Autogrúas Poli --concesionaria del servicio municipal de grúas en La Laguna-- y a trabajadores que fueron despedidos, en virtud a un recurso de apelación presentado por los denunciantes.

La providencia aclara que la solicitud de Clavijo “no pretende solventar la vulneración del derecho constitucional de la defensa”, sino más bien, constituirse en una “especie de recurso” contra la resolución firme del pasado mes de julio.

Clavijo, que ha obtenido el aforamiento tras ser nombrado senador por la Comunidad Autónoma, ya pidió hace algunos días que el caso Grúas pase al Tribunal Supremo.

El caso Grúas pretende dilucidar si fueron conformes a la ley las decisiones que el entonces alcalde de La Laguna tomó para permitir que el Consistorio concediera un préstamo a la empresa que gestionaba el servicio de grúas municipales, Autogrúas Poli, y le prorrogara este servicio. También se investiga si hubo un posible tráfico de influencias al colocar al frente de la compañía a amigos o conocidos de Clavijo.

Mientras Fernando Clavijo ve cumplido su deseo de aforarse frente al caso Grúas (y colateralmente frente al caso Reparos), el denunciante de ambos asuntos, el concejal lagunero Santiago Pérez, sigue ganando pequeñas batallas. Este lunes se ha sabido que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le ha dado la razón en un pleito colateral que planteó contra Radio Club Tenerife (Cadena Ser) por haber publicado en su web que él y su grupo político habían votado favorablemente en 2014 al préstamo que en su día concedió Fernando Clavijo como alcalde lagunero a la empresa Autogrúas Poli para que saliera de su situación ruinosa.

Habría sido una flagrante contradicción dado que ese préstamo se encuentra en la génesis de la denuncia que Pérez interpuso en los juzgados de La Laguna, lo que contribuiría a su descalificación como denunciante. Era eso lo que en aquellos momentos -agosto de 2018- había lanzado Coalición Canaria a través de todos sus altavoces mediáticos en los momentos en los que el caso Grúas salpicaba abiertamente al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, que rápidamente trasladó a su página de Facebook la noticia de la Ser para que todos sus seguidores pudieran regodearse en la filtración que había partido de su propia factoría.

Pérez reaccionó ejerciendo su derecho de rectificación, que no fue atendido por Radio Club Tenerife por considerar que el concejal se excedía al introducir juicios de valor en su escrito. Así opinó también la jueza de instancia frente a la que recurrió Pérez, jueza que no solo rechazó que la Ser tuviera que rectificar, sino que también condenó al demandante a pagar las costas.

Ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en una sentencia de la que ha sido ponente su presidenta, Macarena González Delgado, ha resuelto que Pérez tiene derecho a que se publique su rectificación, aunque suprimiendo aquellos pasajes en los que se incluyen valoraciones o juicios de valor, como por ejemplo, llamar “ilegal” al famoso préstamo.

La Audiencia Provincial rechaza, eso sí, condenar al exalcalde de La Laguna a publicar la rectificación en su muro de Facebook, entre otras cosas porque al producirse la demanda de Pérez, borró aquella entrada.

Cada parte pagará sus propias costas, por lo que queda revocada la sentencia inicial. La sentencia es recurrible en casación ante el Supremo.

La defensa de Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno de Canarias y actual senador, ha pedido al juzgado de La Laguna  que instruye el caso Grúas que esas diligencias pasen al Tribunal Supremo, dado que el expresidente de Canarias tiene en estos momentos la condición de senador, según ha informado la cadena SER. 

El caso Grúas es una de las dos causas penales que Clavijo tiene abiertas en el Archipiélago. En ella, la Fiscalía Anticorrupción aprecia la existencia de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias que presuntamente cometió el expresidente durante su etapa como alcalde de La Laguna. 

La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que incluía la supresión del aforamiento de los diputados y los cargos públicos autonómicos, permitió que, durante su etapa como presidente de Canarias el caso fuera devuelto al juzgado de La Laguna después de que la jueza se inhibiera en favor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sin embargo, hace unas semanas, Fernando Clavijo renunció a su acta como diputado del Parlamento de Canarias y fue elegido senador en representación de la comunidad autónoma. De esta manera, puede acogerse al aforamiento.

Este mismo lunes, en unas declaraciones ofrecidas a Radio Club Tenerife, Fernando Clavijo insistía en que su designación como senador no responde a las dos causas judiciales que tiene abiertas en Canarias. La segunda de ellas es el caso Reparos, reactivado después de que la jueza reclamara al Ayuntamiento lagunero los expedientes vinculados a la prolongación de servicios públicos tras el vencimiento de los contratos y las prórrogas de empresas concesionarias sin nuevos concursos. Por el contrario, mantuvo la misma justificación que dio Coalición Canaria en su nombramiento: una estrategia para defender el REF y el nuevo Estatuto de Autonomía en Madrid. “Yo creo que no”, respondió el expresidente ante la pregunta sobre si existe relación entre su nuevo cargo de senador y el consiguiente aforamiento. 

Esta petición la ha realizado la defensa del expresidente después de que, según publicó Diario de Avisos, Clavijo solicitara que no se tomara declaración a un testigo clave para la investigación. Se trata de José Padilla, dueño de la concesionaria municipal de las grúas de La Laguna antes de que esta cayera en manos de trabajadores que, en su mayoría, eran afines a Fernando Clavijo. 

Coalición Canaria le iba a meter un gol por toda la escuadra al nuevo tripartito del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE, Unidas Se Puede y Avante la Laguna) y el balón le ha rebotado hacia su propia meta. El nuevo gobierno de izquierdas ha decidido prorrogar de urgencia el servicio de grúas del municipio, concedido a la empresa que está inmersa junto al anterior alcalde José Alberto Díaz (CC) y su antecesor y expresidente canario, Fernando Clavijo (CC), en la investigación judicial del caso Grúas. Y la decisión cuenta con el visto bueno de la Intervención del Ayuntamiento.

La medida en sí contradice las denuncias que dos de los partidos del gobierno, en este caso Unidas Se Puede y Avante La Laguna, han presentado contra los alcaldes de Coalición Canaria. Estos han recurrido constantemente a levantar reparos del interventor a permitir “autorizaciones ilegales” para que una serie de empresas adjudicatarias de servicios continuaran sine die, vencidos ya sus plazos legales. Es el conocido como caso Reparos, por el que también se investiga la gestión de los gobiernos de Fernando Clavijo y de José Alberto Díaz en La Laguna.

Sin embargo, el tripartito ha evitado caer en la trampa de CC, que incluso en plenos municipales de este verano ha avisado al gobierno que se verían forzados a “hacer lo mismo que Coalición Canaria” con las prórrogas de contratos. La decisión de la junta de gobierno se ha adoptado con el visto bueno del interventor, y tras pactar con el concesionario continuar un año más prestando el servicio, en el expediente se recoge las circunstancias sobrevenidas para llegar a esa decisión, condicionada también a la tramitación de un nuevo concurso que nunca puso en marcha CC.

Ha sido este, por el momento, el caso más grave de vencimientos de contratos e inexistencia de nuevos concursos con que se ha encontrado el tripartito lagunero. La fecha límite iba a ser este martes, 27 de agosto. En julio, con la llegada del nuevo gobierno, el actual concesionario del servicio anunció al ayuntamiento su intención de no solicitar una nueva prórroga. Y eso a pesar de que en 2015 adquirió por un euro simbólico la empresa que entonces gestionaban trabajadores presuntamente relacionados con Fernando Clavijo. Estos percibieron un préstamo municipal de 120.000 euros para reflotar una mercantil endeudada y que en el momento del traspaso al actual propietario, José Luis Tacoronte, debía unos 700.000 euros.

Las fuentes consultadas por este diario no se explican la decisión del empresario, ya que haber adquirido por un euro simbólico Grúas Poli en 2015 solo se entendía por la posibilidad de prorrogar el servicio hasta 2029, como recogía el contrato suscrito por el primer concesionario en 2004, José Padilla. Si no, no había negocio.

La decisión de renunciar a esta tercera prórroga llevó al gobierno municipal a plantearse varios escenarios: de un lado, si el empresario persistía en no seguir prestando el servicio (anunció su intención en tiempo y forma, dos meses antes de vencer el plazo este 27 de agosto) se decretaría la continuidad del mismo con otra empresa por razones de urgencia. Y urgencia lógica: el gobierno se encuentra con que la prórroga termina, una de las partes desiste de renovarla y no hay concurso tramitado para que se preste el servicio en condiciones legales. “Una vez se puede hacer por razones de urgencia, lo que no se puede caer es en la ilógica del caso Reparos”, apuntan las fuentes municipales consultadas.

La otra opción era la que finalmente ha salido adelante. Sentarse a negociar con el actual concesionario, pactar otra prórroga, sujeta al marco del actual contrato que no obliga a que sea de cinco años si las dos partes están de acuerdo en que sea por un tiempo menor, e invocar las circunstancias que obligan a tomar esta decisión: la inexistencia de un concurso nuevo. El acuerdo es por un año, tiempo en el que el gobierno municipal se compromete a sacar adelante el concurso. “No es un concurso para poner en órbita un satélite, se puede sacar en un año”, indican.

Centros ciudadanos y otros servicios

La prórroga in extremis del servicio de grúas para evitar paralizar el servicio en lo que se pone en marcha otro concurso no es el único caso con el que ha tenido que lidiar este verano el tripartito lagunero. También el 31 de julio pasado vencía otra de esas “autorizaciones ilegales” para que se gestionara por parte de una empresa los centros ciudadanos. Donde personas de la tercera edad hacen vida social.

“Era un claro caso del caso Reparos”, explican las fuentes consultadas. “Terminado el contrato, se les concedió una autorización ilegal hasta finales de julio de este año. No habían sacado concurso para meter en un brete al gobierno y hacer lo mismo que Coalición. ¿Qué podrían hacer? ¿Delito o cierre de los centros? Con todas esas personas mayores sin tener un lugar a donde ir”, comentan a este diario.

La decisión fue avalada por los servicios jurídicos y el interventor: por cuestiones de urgencia, el ayuntamiento no concedió esa autorización ilegal a esa empresa, como venía haciendo CC. Asumió la plantilla de trabajadores de los centros ciudadanos de manera provisional, hasta tramitar un nuevo concurso con un cláusula subrogatoria de esos trabajadores a la empresa que gane el servicio.

En uno de esos plenos municipales, el concejal de Avante La Laguna y uno de los denunciantes de los casos de corrupción en el municipio, Santiago Pérez, lo dejaba claro a los concejales de Coalición Canaria: “Nos han querido meter un gol, pues ya vamos 1-0” con esta medida para salvar los centros ciudadanos. El 2-0 acaba de caer con la fórmula encontrada para seguir prestando el servicio público de grúas sin cometer las mismas ilegalidades que parte del gobierno actual denunciaba desde la oposición. Aunque quedan también en el tintero más contratos a punto de vencer, sin que en todo el anterior mandato Coalición Canaria se preocupara de comenzar los trámites para un nuevo concurso de esos servicios.

Entre no poner en marcha concursos nuevos y la postura de los gobiernos de CC, empezando por Fernando Clavijo, de que no estaba permitido subrogar al personal de esas empresas a las que se les vencía el plazo de sus contratos, La Laguna entró en la dinámica de autorizar ampliaciones de servicios que ahora serán analizadas por los tribunales de justicia. Y al estar Fernando Clavijo de por medio, ahora en el Senado por designación de la Comunidad Autónoma, el Tribunal Supremo.

Tres veces en tan solo 43 segundos. El nuevo senador en representación por la Comunidad Autónoma de Canarias Fernando Clavijo negó en tres ocasiones seguidas su intención de acceder a ese puesto hace exactamente 21 días. Lo hizo ante los micrófonos de Onda Cero en Canarias y en respuesta a otras tantas preguntas de los periodistas Óscar Martín y Sergio Miró, que no parecían estarse creyendo las respuestas que les estaba ofreciendo el entrevistado.

“No, eso nunca estuvo en la mesa”, respondió Clavijo en la primera ocasión en la que se le planteó la posibilidad de acceder al Senado por la vía ejecutada este martes. “No, ya he dicho por activa y por pasiva que me quedo liderando el grupo parlamentario”, como había decidido el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria. “Si me hubiera ido, me habría ido al Parlamento o a mi casa”, recalcó en el contexto de la misma cuestión. El mismo órgano de CC que decidió que Fernando Clavijo presidiera el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario cambió de criterio este pasado fin de semana, al día siguiente exactamente de que se conociera la decisión de la jueza de Instrucción de La Laguna Ana Serrano, de reactivar la causa conocida como caso Reparos, en la que figura Fernando Clavijo como investigado. En otro juzgado del mismo partido judicial, Instrucción 2, otra jueza, Celia Blanco, investiga al expresidente de Canarias por el caso Grúas, la causa por la que Ciudadanos lo vetó para que formara parte del Gobierno en un posible pacto de centro-derecha finalmente frustrado.

La reactivación del caso Reparos ha sido el detonante para el cambio de criterio, tanto de Clavijo como de Coalición Canaria, que sin embargo lo presenta como una estrategia para “defender en Madrid el Régimen Económico y Fiscal canario y el nuevo Estatuto de Autonomía”, encomienda que, según dicen los voceros del partido, le ha sido encomendada al expresidente regional.

El secretario general de CC, José Miguel Barragán, fue aún más lejos este martes en Cope Canarias presentando la designación de Clavijo casi como un sacrificio personal: “No es un beneficio”, dijo, “porque en realidad pierde dos capacidades (instancias) de recurso”, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el Supremo, tribunal este último que será el que, previo suplicatorio al Senado, lo investigue y, en su caso, lo juzgue.

Eso si la legislatura fragüa y se solventan las dos instrucciones antes de cuatro años. Porque Clavijo ha elegido una modalidad que no le fue nada bien a su compañero de partido, Miguel Zerolo, que utilizó la misma vía (la designación por el Parlamento canario como senador por la Comunidad Autónoma) pero terminó siendo juzgado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que lo condenó a siete años de prisión por los delitos cometidos en la operación urbanística de Las Teresitas. Zerolo, que también lo fue todo en CC y era uno de los valores de futuro de la organización, cumple condena en estos momentos en la prisión Tenerife II.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado interrogar al antiguo propietario de Autogrúas Poli, José Padilla González, así como al actual propietario de la empresa José Luis Tacoronte Moreno, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. En un auto conocido este lunes, estima que estas declaraciones son útiles para determinar si las resoluciones administrativas en las que han participado los investigados en el caso Grúas son contrarias a derecho o se ajustan a la ley.

Además, en otro auto, la Audiencia desestima un recurso del exalcalde de La Laguna, José Aberto Díaz (Coalición Canaria), que planteaba una supuesta instrucción de la Fiscalía General del Estado al fiscal jefe de Canarias para que se demoraran informes de la causa y que así se aprobara el nuevo Estatuto de Autonomía, que suprimía los aforamientos.

“Debemos recordar que el recurrente era alcalde a la fecha de la instrucción y, por consiguiente, no disfrutaba de aforamiento alguno”, recoge el auto. Así mismo, señala que el hipotético informe que se pretende añadir a la causa estaría obsoleto al no responder a la nueva línea de investigación marcada por la Fiscalía Anticorrupción.

En este caso se encuentra investigado el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y también José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria. Los denunciantes observan indicios de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias. Concretamente, se examina si fueron conformes a la ley las decisiones que el entonces alcalde de La Laguna tomó para permitir que el Consistorio concediera un préstamo a la empresa que gestionaba el servicio de grúas municipales, Autogrúas Poli y le prorrogara este servicio. También se investiga si hubo un posible tráfico de influencias al colocar al frente de la compañía a amigos o conocidos del presidente en funciones.

El Ministerio Fiscal había presentado un recurso al considerar que no se habían practicado las diligencias necesarias durante la instrucción para dilucidar los hechos denunciados. Por su parte, la defensa de Fernando Clavijo había solicitado la inadmisión de este recurso, alegando que las diligencias interesadas son “irrelevantes, innecesarias e inútiles” y que lo único que parecían querer era “mantener viva” una imputación “injusta”.

La Audiencia respalda los argumentos de la Fiscalía y estima que debe tomarse declaración a estos testigos para determinar si las acciones denunciadas constituyen una sustracción de los caudales públicos o permitió que otros se beneficiaran. También son importantes estos testimonios para determinar si el investigado ha influido en otro prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.

“Ante la parquedad e insuficiencia de la motivación desestimatoria”, el auto ordena que se puedan realizar estas pruebas testificales.