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El testigo clave del caso Grúas señala a Clavijo como “el jefe” que ordenó que la empresa pasara a manos de sus amigos

José Padilla reitera ante la jueza que fue el expresidente del Gobierno canario quien le obligó a contratar a la plantilla de la empresa y que cuando se convirtió en alcalde de La Laguna comenzaron a fallarle los pagos del Ayuntamiento

La jueza mantiene activa la instrucción a la espera de que el Tribunal Supremo acepte el aforamiento de Fernando Clavijo como senador por la Comunidad Autónoma

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El empresario José Padilla, a su salida de la comisión municipal que indagó sobre el caso Grúas. Sergio Méndez / Diario de Avisos.

El empresario José Padilla, a su salida de la comisión municipal que indagó sobre el caso Grúas. Sergio Méndez / Diario de Avisos.

El testigo clave del caso Grúas se ratifica. José Padilla, primer dueño de la concesionaria del servicio de retirada e inmovilización de vehículos de la vía pública de La Laguna, ha asegurado este jueves, durante su declaración ante la jueza instructora, que recibió presiones por parte de Fernando Clavijo, entonces alcalde de la ciudad, para que contratara a un grupo de amigos del actual senador de CC y expresidente del Gobierno de Canarias, y para que les vendiera la sociedad posteriormente bajo la amenaza de dejar de pagarle o de retirarle la concesión. Padilla ya denunció estos hechos ante la Guardia Civil en 2013. 

Clavijo está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias durante su etapa como concejal de Seguridad y alcalde de La Laguna. Se le acusa de rescatar con dinero público una empresa en quiebra que estaba administrada por trabajadores a quien el propio Clavijo “impuso” por sus vínculos personales con ellos, según ha declarado Padilla.

El testigo ha explicado que cuando le otorgaron la concesión, con la actual diputada Ana Oramas como alcaldesa, la empresa no contaba con ningún trabajador y que fue el propio Ayuntamiento quien eligió a los empleados, “que eran amigos de Clavijo”. Fue el entonces concejal de Seguridad y después alcalde quien le obligó a constituir una sociedad limitada “para separar la concesión de su empresa particular”. Padilla ha relatado que el dirigente de CC le telefoneaba y le daba indicaciones de las personas a las que debía contratar, hasta el punto de que cuando se enteró que había incorporado a un trabajador que no era de su cuerda le llamó visiblemente enfadado. “Casi no me come”, manifestó el antiguo dueño. 

Clavijo era “el jefe del tema” y estaba apoyado por Estanislao González, responsable en aquella época del área de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento, ha dicho.  De este modo, Padilla se ha ratificado en lo que denunció ante la comisión de investigación que se cerró en falso en el Ayuntamiento de La Laguna y en sus declaraciones ante la Guardia Civil en el marco de la investigación por el desguace de coches en el depósito municipal para su venta por piezas. 

A preguntas de la fiscal Anticorrupción de Tenerife, María Farnés, el primer dueño de Autogrúas Poli ha señalado que ninguno de estos trabajadores tenía experiencia previa en el sector. Entre ellos se encontraba Begoña, cuya contratación atribuye a su relación de amistad con la mujer de Clavijo; otro empleado que era compañero de kárate del dirigente de CC, y Santiago Casanova, a cuya empresa había contratado el investigado para trabajos de mantenimiento. 

Padilla ha relatado que, en sus comienzos, con Oramas con alcaldesa, no había ningún problema de cobro. Las dificultades comenzaron cuando Clavijo asumió el bastón de mando municipal, con retrasos de unos “tres o cuatro meses”. El primer dueño de la concesionaria ha asegurado que, aparte de esas presiones de tipo económico, el regidor le llegó a pedir verbalmente que dejara la concesión para que se hicieran cargo de ella los trabajadores con los que estaba vinculado. También se lo solicitó, según ha manifestado, el entonces concejal Antonio Miguel Pérez-Godiño, otro de los investigados en el caso Grúas. 

Ante las dificultades económicas por las que atravesaba la empresa como consecuencia de esos retrasos en los pagos, Padilla se vio obligado a venderla por poco más de 70.000 euros. El Ayuntamiento le debía entonces, según sus cálculos, unos 270.000 euros. En la operación de  compraventa, los nuevos propietarios se comprometieron a asumir las deudas acumuladas por la sociedad. Dos de estos compradores le llegaron a decir, siempre según la versión de Padilla, que “no hacía falta hacer nada”, ningún trámite, porque la operación “estaba autorizada” por Clavijo. El testigo ha afirmado que, antes de este traspaso, los trabajadores ligados al alcalde cargaban recibos a cuenta de la empresa, incluso de sus propias viviendas. Padilla se ha comprometido a buscar la documentación sobre estas transacciones con la finalidad de incorporarlas al procedimiento. 

El antiguo propietario ha dicho también que, después de esa venta, los nuevos dueños cobraron “de inmediato” el dinero que el Ayuntamiento debía a la empresa. “Al mes la mitad y luego, la otra mitad”, ha aseverado Padilla, quien ha insistido en que durante todo el tiempo en el que prestó el servicio se sintió “amenazado” por Clavijo y otros representantes de la corporación. “Me tiraban los papeles al suelo y me decían que me iban a quitar la concesión”, ha apuntado. 

Según Padilla, Clavijo se negó a recibirle en su despacho cuando comenzaron los retrasos en los pagos y también le vetó cuando los trabajadores que se hicieron cargo de la empresa le propusieron incorporarse como socio. “Les dije que no compraran porque era una ruina, pero ellos estaban dominados por Clavijo”, concluyó. 

La defensa de los investigados trató de evitar la declaración de Padilla como testigo. Alegaba que la prueba no debía practicarse hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciara sobre la exposición razonada remitida después de que Clavijo recuperara su condición de aforado tras ser designado senador por la comunidad autónoma. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía y de las acusaciones, la jueza acordó tomarle declaración al entender que no puede suspenderse la tramitación de la causa hasta que el Supremo resuelva.  

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