El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado por escrito ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que investiga un presunto delito de amenazas contra él por el linchamiento en la Nochevieja de 2023 frente a la sede socialista de la calle Ferraz de un muñeco que le representaba. Sánchez sostiene en su declaración que aquel acto fue “una apelación directa” a su muerte y que se trató “de una ceremonia de escarnio público y de violencia explícita” que excedió el derecho a la crítica.

Así consta en la declaración presentada por el jefe del Ejecutivo, que ejerce la acusación particular en esa causa, en la que indica que, si bien esa manifestación en apariencia había sido convocada como un acto lúdico y de protesta política —tomar las doce uvas ante la sede del PSOE—, ocultaba una acción perfectamente organizada de “violencia política e intimidación”. Para Sánchez, el encuentro convocado por Revuelta, la marca juvenil de Vox, desembocó “en una violenta manifestación de odio, con exhibición de símbolos preconstitucionales, coacciones y amenazas” dirigidos directamente contra él.

Lamenta que también “se vertieron graves ofensas e insinuaciones homicidas” que alcanzaban incluso a miembros de su familia, y que el momento culmen de esa teatralización incluía que la figura representativa de su persona fuera “colgada de un semáforo, golpeada, apaleada y despedazada” mientras todo era retransmitido en directo a través de las redes sociales.

“Los actos eran una manifestación brutal de odio, encaminada a crear un clima de amenaza física real hacia mi persona y familia. El grado de violencia y amenaza directa excedía claramente los límites razonables del derecho a la crítica y a la protesta pública amparados por la libertad de expresión y manifestación. En ningún caso la amenaza, el odio organizado, el insulto, la insidia y la descalificación personal encuentran amparo en nuestra Constitución”, subraya Sánchez.

Ataque a los trabajadores del PSOE

El presidente del Gobierno indica que lo ocurrido en esa noche “no era una simple crítica” a su gestión política, sino “una proclamación expresa de odio” hacia su persona y hacia su familia. “Acompañada de ”una ceremonia de escarnio público y violencia explícita, que incluía una apelación directa a mi muerte“, señala. Y entiende que esa ”deshumanización“ no solo atentaba contra su propia dignidad, sino que podía ”legitimar la comisión de actos violentos contra personas y espacios“ vinculados al PSOE. ”Tuve la íntima convicción de que esos hechos suponían un salto cualitativo. Y que suponían una invitación real para que alguien se atreviera a pasar de la mera puesta en escena al ataque real“, añade.

En este sentido, en la declaración firmada de su puño y letra, y fechada el pasado 27 de febrero, el jefe del Ejecutivo indica que “el perjuicio sufrido es (…) irreparable” y que ese apaleamiento público de una piñata con su figura supone “un salto sin precedentes desde el terreno de lo virtual al de lo real” que no se ha vivido con anterioridad. Y advierte de que la violencia verbal y la violencia representada “siempre anteceden a la violencia física” y afecta tanto al conjunto de la organización política de la que es secretario general como al simpatizante y al militante anónimo.

Cree, de este modo, que no es a Pedro Sánchez “a quien se estaba colgando, apaleando y quemando en público” sino a quienes exhiben sintonía o militancia con el proyecto político que representa y, especialmente, a los trabajadores que desempeñan su labor en la sede del partido y que no cuentan con medio alguno de protección a su integridad. “Desde entonces, temo por la seguridad de todos ellos”, apuntala.

Sánchez concluye su testifical escrita advirtiendo de que esa amenaza personal es también una amenaza colectiva, y avisa de que “la simbología del terror nunca ha sido una expresión inocente”. “Por desgracia, para los españoles es una lección duramente aprendida”, remarca.

La causa en la que ahora ha testificado Sánchez se reabrió por expreso mandato de la Audiencia Provincial de Madrid en julio de 2025 después de que la instructora acordara el archivo al entender que “la falta de educación no es delito”. El tribunal, que enmendó esa decisión, acotó el delito investigado al de amenazas, descartando delitos de odio y de injurias. Además, rechazó la petición de la representación legal de Sánchez y del PSOE de que el asunto acabara siendo ventilado en la Audiencia Nacional.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, será el encargado de presidir la comisión gestora que coordinará la actividad del PSOE en la región tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo por los malos resultados en las elecciones del domingo pasado. Así lo ha anunciado la Secretaría de Organización en un comunicado difundido esta Nochebuena.

Junto a Quintana, en la gestora, figuran como vocales María José Pulido, Gonzalo Romero, Carmen Yáñez, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García. “A partir de este momento, la Comisión Gestora se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional”, señala la nota.

Muy próximo a Pedro Sánchez, José Luis Quintana Álvarez es natural de Don Benito, ciudad de la que fue alcalde desde 2015 hasta 2023. Nacido en 1950, cursó Formación Profesional de Segundo Grado en Administración de Empresas y realizó un Máster en Dirección Económico y Financiera. Fue director general de Financiación y Medios Agrarios de la Junta de Extremadura, director general de Política Agraria Comunitaria y posteriormente consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura entre los año 2003-2007 y consejero de Formento entre los años 2007-2011. Además ha sido diputado del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz entre los años 2011-2015. Está casado y tiene dos hijos.

Un partido descabezado

El PSOE extremeño quedó descabezado el pasado lunes, al día siguiente de que el partido, liderado por Miguel Ángel Gallardo, cosechara el peor resultado de su historia en unas elecciones autonómicas. Gallardo presentó su dimisión pero anunció que recogería su acta de diputado. La noche electoral se saldó con la pérdida de 108.000 votos y el retroceso a un suelo histórico de 18 escaños, una sentencia política a un líder que llegaba a la campaña lastrado por su procesamiento por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Gallardo había admitido el domingo que el resultado fue “malo sin paliativos”, pero retrasó su dimisión, que todos daban por hecha, a la reunión de la Ejecutiva del partido el lunes pasado.

La indignación interna por el escándalo sobre el exasesor de Moncloa Francisco Salazar se extiende como un reguero de pólvora por las federaciones socialistas y amenaza ya con provocar un incendio político en Ferraz. Pese a los intentos de la dirección federal por rebajar el asunto, cada paso dado por el partido desde que elDiario.es revelase que dos denuncias por acoso sexual con el exasesor de Moncloa habían sido ignoradas por el partido no ha hecho más que empeorar las cosas. Por eso, muchos son los dirigentes que demandan explicaciones a los responsables del partido que debían haber investigado esas denuncias.

“Esto no se puede zanjar como si no hubiera pasado nada. Queremos que nos expliquen qué ha pasado, qué se hizo y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en este asunto que mancilla las siglas de un partido que lleva a gala la bandera del feminismo”, se queja un alto cargo del PSOE de Andalucía. En pleno escándalo, y ante cada vez un mayor número de voces críticas, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, convocó de urgencia a las responsables de esta cartera orgánica en las federaciones socialistas a una cita telemática este miércoles por la noche.

Lo cierto es que ella recogió el guante a demanda de las responsables de Igualdad de las diferentes federaciones, que en un chat interno que comparten en WhatsApp le exigieron todo tipo de explicaciones sobre el escándalo que el partido había tratado de ocultar y sobre el motivo por el que las denuncias se volatilizaron del canal antiacoso. Hubo durante 48 horas una avalancha de peticiones de información e indignación compartida. “No es entendible que digan primero que una vez dado de baja como militante, la investigación sobre Salazar no podía seguir adelante y, más tarde sostener aunque ya no sea afiliado, el expediente seguirá su curso”, le reprocharon. 

Bernabé respondió en ese chat que jurídicamente no se puede hacer nada, retomando así la primera explicación que desde Ferraz dieron a elDiario.es el pasado viernes cuando se preguntó por la desaparición de las denuncias. Y la pregunta que le plantearon acto seguido fue cuál será el proceso cuando vuelva a haber una denuncia y el compañero afectado renuncie a la afiliación. “Para eso no se necesita protocolo alguno”, terció otra de las responsables territoriales.

La secretaria federal de Igualdad, que en estos cinco meses tampoco se interesó por el desarrollo de la investigación interna que como se ha demostrado nunca se llevó a cabo, pidió perdón públicamente el miércoles y ahora parece decidida a ponerse al frente de las pesquisas, después del desinterés que durante tantos meses ha existido en el ámbito de la comisión contra el acoso, en el de la secretaría de Organización y en su propia área organizativa. Ya durante la reunión con sus homólogas de las federaciones les pidió que tuvieran fe, que estuvieran calladas y que les irían contando la evolución de las pesquisas en una próxima cita presencial a la que asistirían los jurídicos del partido, según aseguran algunas de las conectadas a la videollamada. Durante la conexión Bernabé volvió a insistir en la dificultad de actuar ya contra Salazar al no ser militante, a lo que algunas participantes pidieron que si se habían detectado indicios de delito, se elevara el caso a la Fiscalía. Así lo aseguran algunas de las intervinientes, que también lamentan que la dirección federal se negara, como solicitaron varias socialistas, a emitir un comunicado al término del encuentro.

Ferraz pide confianza y silencio a sus portavoces

Las presentes volvieron a escuchar que el PSOE “siempre está al lado de las víctimas, y no de los agresores”; que el protocolo antiacoso falló “porque era nuevo”, pero que ya se ha resuelto la incidencia y que los socialistas tienen mecanismos antiacoso de los que no disponen otros partidos, si bien se les negó la identidad de los integrantes de la comisión que resolverá ahora el asunto. Después se les emplazó, coinciden varias socialistas, a una nueva cita, ya presencial, donde los servicios jurídicos les detallarían el procedimiento a seguir, a guardar silencio en público y a mantener la confianza. Esto fue antes de que la secretaria de Igualdad cortara las intervenciones de la portavoz de Igualdad en el Congreso, Andrea Fernández, así como a las representantes de Extremadura y Baleares y negara turno de palabra a la portavoz de la materia en el Senado, Carmela Silva y a la de Madrid, Lorena Morales.

La dirigencia que no habita entre los muros de la calle Ferraz y la Moncloa, además de interpelar a la responsable de Organización, Rebeca Torró, apunta también a la vicepresidenta primera, vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, en tanto en cuanto el exasesor del presidente militaba en su agrupación y trabajó durante años codo con codo con la también ministra de Hacienda. “Salazar ha estado protegido todos estos meses por la dirección andaluza, con cuyos integrantes mantiene una relación constante y fluida”, lamenta otro dirigente.

Este miércoles, en público, María Jesús Montero afirmó que las víctimas contarán con todo su apoyo y el del PSOE, pero el pasado julio se dirigió a algunas mujeres de su propio partido para acusarlas de “querer destrozar la vida a los compañeros” y de “respaldar a quienes quieren acabar con el PSOE”, según han relatado algunas de las interpeladas. Tampoco es casualidad que en la dirección andaluza Montero tenga como secretario de Organización a Francisco Rodríguez, a quien se considera hijo político de Salazar e íntimo amigo del hombre denunciado. O que el propio Rodríguez, que es además alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), fuera el pasado mes de julio el primero en salir en defensa de Salazar. “Por mi amigo pongo la mano en el fuego”, afirmó rotundo antes de dudar de los testimonios de las víctimas.

Desde la Moncloa ahora sí lamentan que el partido no haya estado a la altura y sospechan que desde Ferraz “se ha ocultado información al presidente del Gobierno”. Así lo cree una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, quien asegura que cuando el secretario general del PSOE leyó en elDiario.es los escritos de las denunciantes “no tuvo ninguna duda de la trascendencia del asunto” y demandó a Torró las explicaciones por las que durante cinco meses no se había interesado.

Directo al corazón del electorado progresista

La sensación en otros ámbitos del PSOE es que, conocido el alcance del escándalo, Moncloa y PSOE tratan de responsabilizarse mutuamente de lo ocurrido, pero lo cierto es que pocas dudas hay de que quienes habitan en el complejo presidencial y quienes lo hacen en Ferraz son los mismos y que tienen complicado desdoblarse de sus funciones para sacudirse la responsabilidad de su más que evidente inacción. “Este asunto nos daña al mismo nivel que la entrada en prisión de Santos Cerdán porque el escándalo va directo al corazón de las mujeres del electorado progresista, que en buena medida nos dio la victoria de 2023”, reconoce un dirigente del partido.

Tras haber dicho el pasado lunes que el partido actuó con diligencia ante el caso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tachó este miércoles de “asquerosos y deleznables” los comentarios del exmilitante socialista y exasesor Francisco Salazar vertidos contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de Ferraz. También pidió que su organización sea “mucho más rigurosa” en la selección de cargos orgánicos. Entre las mujeres feministas advierten a la organización que el PSOE no está midiendo el profundo malestar que recorre al partido con este asunto.

Lo que al PSOE no le resultó posible en cinco meses, ha sido capaz de llevarlo a cabo en apenas 48 horas. Justo ese es el tiempo transcurrido entre la información publicada por este periódico y la decisión del partido, ahora sí, de ponerse a disposición de las víctimas. Tras la publicación de la desaparición de dos denuncias por acoso sexual contra Francisco Salazar en el canal interno del partido y del carpetazo a la investigación, las dos mujeres denunciantes fueron contactadas por Ferraz este martes por ese canal interno para poner en marcha la tramitación que estipula el protocolo antiacoso de los socialistas.

Las dos denunciantes confirman a este periódico que recibieron sendas notificaciones que certifican ahora que sus escritos han sido admitidos a trámite. Y que, por tanto, la investigación echa a andar después de casi medio año de no haber obtenido respuesta alguna. Tal y como adelantó en exclusiva este periódico, las denuncias datan del 8 y del 28 de julio, respectivamente, y llegaron a desaparecer del sistema informático del PSOE durante varias semanas.

Aunque Ferraz había intentado justificar con todo tipo de argumentos que la investigación interna haya sido cortocircuitada desde que se interpusieron las denuncias, ahora la propia actuación del partido desde que elDiario.es diera cuenta de este caso desautoriza ese enrevesado argumentario. Primero fue que no existían denuncias, luego que el anonimato dificultaba mucho la investigación, después que el sistema informático se había “ofuscado” y, finalmente, que la baja de militancia de Salazar hacía inútil indagar más. Pero todo eso ha cambiado en tan solo dos días.

“Estamos a tu disposición para todo aquello que necesites, quieras emprender o quieras consultar”, reza la comunicación recibida este martes por una de las denunciantes después de que durante cinco meses nadie del Partido haya contactado con ella para instruir el caso. “La tramitación de tu comunicación continúa, y cuando se concluya emitiendo el correspondiente informe final, te será comunicado”, dice la notificación recibida.

También a lo largo del martes fue contactada la denunciante que registró de manera formal su escrito en el canal interno del PSOE el 28 de julio. A ella, que denunciaba entre otras cosas que Salazar “se subía la bragueta en tu cara y escenificaba felaciones”, ni siquiera llegaron jamás a darle acuse de recibo de su comunicación. Y su denuncia también desapareció del sistema. Tan solo después de hacer pública su situación a través de este periódico, ha conseguido respuesta de su partido, al que en su escrito llegó a pedir ayuda por estar sometida a un ambiente laboral “irrespirable”.

A esta segunda denunciante el partido le ha comunicado que su escrito, registrado el 28 de julio, ahora sí fue recepcionado, una confirmación para la que ha tenido que esperar cinco meses. Y al igual que en el caso de su compañera, el PSOE se pone a su disposición para lo que necesite y le traslada que la mantendrá informada del procedimiento.

El PSOE, al fin, mueve ficha. 48 horas después de que elDiario.es informase de la desaparición de dos denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar en el canal interno del partido y del carpetazo a la investigación, las dos mujeres denunciantes han sido contactadas por Ferraz por ese canal interno para poner en marcha la tramitación que estipula el protocolo antiacoso de los socialistas.

Las dos denunciantes recibieron a lo largo del martes sendas notificaciones que certifican, ahora sí, que sus escritos han sido admitidos a trámite. Y que, por tanto, la investigación echa a andar después de casi medio año de no haber obtenido respuesta alguna. Tal y como adelantó en exclusiva este periódico, las denuncias datan del 8 y del 28 de julio, respectivamente, y llegaron a desaparecer del sistema informático del Partido Socialista durante varias semanas.

Aunque Ferraz había intentado justificar con todo tipo de argumentos que la investigación interna haya sido cortocircuitada desde que se interpusieron las denuncias, ahora la propia actuación del partido desde que elDiario.es diera cuenta de este caso desautoriza ese enrevesado argumentario. Primero fue que no existían denuncias, luego que el anonimato dificultaba mucho la investigación, después que el sistema informático se había “ofuscado” y, finalmente, que la baja de militancia de Salazar hacía inútil indagar más. Pero todo eso ha cambiado en tan solo dos días.

“Estamos a tu disposición para todo aquello que necesites, quieras emprender o quieras consultar”, reza la comunicación recibida este martes por una de las denunciantes después de que durante cinco meses nadie del Partido haya contactado con ella para instruir el caso. “La tramitación de tu comunicación continúa, y cuando se concluya emitiendo el correspondiente informe final, te será comunicado”, dice la notificación recibida.

También a lo largo del martes fue contactada la denunciante que registró de manera formal su escrito en el canal interno del PSOE el 28 de julio. A ella, que denunciaba entre otras cosas que Salazar “se subía la bragueta en tu cara y escenificaba felaciones”, ni siquiera llegaron jamás a darle acuse de recibo de su comunicación. Y su denuncia también desapareció del sistema. Tan solo después de hacer pública su situación a través de este periódico, ha conseguido respuesta de su partido, al que en su escrito llegó a pedir ayuda por estar sometida a un ambiente laboral “irrespirable”.

A esta segunda denunciante el partido le comunica que su escrito, registrado el 28 de julio, ahora sí fue recepcionado, una confirmación para la que ha tenido que esperar cinco meses. Y al igual que en el caso de su compañera, el PSOE se pone a su disposición para lo que necesite y le traslada que la mantendrá informada del procedimiento.

La indignación interna

La indignación por el escándalo Salazar, pese a los intentos de la dirección federal por rebajar el asunto, recorre todas las federaciones socialistas. Muchos son los dirigentes que demandan explicaciones a los responsables del partido que debían haber investigado las denuncias. “Esto no se puede zanjar como si no hubiera pasado nada. Queremos que nos expliquen qué ha pasado, qué se hizo y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en este asunto que mancilla las siglas de un partido que lleva a gala la bandera del feminismo”, se queja un alto cargo del PSOE de Andalucía.

En pleno escándalo, y ante cada vez un mayor número de voces críticas, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha convocado de urgencia a las responsables de esta cartera orgánica de las federaciones socialistas. La reunión se celebrará de manera telemática a las 21.30 horas de este miércoles. 

La dirigencia que no habita entre los muros de la calle Ferraz y La Moncloa, además de interpelar a la responsable de Organización, Rebeca Torró, apunta también a la vicepresidenta primera, vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero en tanto en cuanto el ex asesor del presidente militaba en su agrupación y trabajó durante años codo con codo con la también ministra de Hacienda. “Salazar ha estado protegido todos estos meses por la dirección andaluza, con cuyos integrantes mantiene una relación constante y fluida”, lamenta otro dirigente.

Precisamente Montero fue una de las personas que participaron en la caza de brujas desatada en el partido y en el Gobierno para localizar a las personas que contactaron con elDiario.es para relatar los comportamientos de Salazar. Este miércoles afirmó que las víctimas contarán con todo su apoyo y el del PSOE, pero el pasado julio se dirigió a algunas mujeres de su propio partido para acusarlas de “querer destrozar la vida a los compañeros” y de “respaldar a quienes quieren acabar con el PSOE”, según han relatado algunas de las interpeladas. Tampoco es casualidad que en la dirección andaluza Montero tenga como secretario de Organización a Francisco Rodríguez, a quien se considera hijo político de Salazar e íntimo amigo del presunto acosador sexual.

Desde La Moncloa, ahora sí lamentan que el partido no haya estado a la altura y sospechan que desde Ferraz “se ha ocultado información al presidente del Gobierno”. Así lo cree una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, quien asegura que cuando el secretario general del PSOE leyó en elDiario.es los escritos de las denunciantes “no tuvo ninguna duda de la trascendencia del asunto” y demandó a Torró las explicaciones por las que durante cinco meses no se había interesado.

La sensación en otros ámbitos del PSOE es que, conocido el alcance del escándalo, Moncloa y PSOE tratan de responsabilizarse mutuamente de lo ocurrido, pero lo cierto es que pocas dudas hay de que quienes habitan en el complejo presidencial y quienes lo hacen en Ferraz son los mismos y que tienen complicado desdoblarse de sus funciones para sacudirse la responsabilidad de su más que evidente inacción.

Tras haber dicho el pasado lunes que el partido actuó con diligencia ante el caso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tachó este miércoles de “asquerosos y deleznables” los comentarios del exmilitante socialista y exasesor Francisco Salazar vertidos contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de Ferraz. También pidió que su organización sea “mucho más rigurosa” en la selección de cargos orgánicos.

Entre las mujeres feministas advierten a la organización que el PSOE no está midiendo el profundo malestar que recorre al partido con este asunto.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la manifestación prevista en conmemoración del 20N que La Falange tenía intención de celebrar este viernes en el centro de Madrid con final en la calle Ferraz.

En el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido difundido por la Delegación del Gobierno tras un escrito emitido por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se indica que la fase final de la manifestación en la Calle Ferraz representa el punto de “mayor vulnerabilidad”.

“La carga política del enclave, su exposición mediática y la reiteración de concentraciones ideológicas” en el mismo espacio lo convierten en un escenario donde confluyen factores simbólicos y emocionales susceptibles de atraer “a terceros con agendas distintas”, ha desgranado.

Además, ha añadido que existe “un riesgo cierto, real y objetivamente acreditado de alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes”.

La Delegación ha subrayado la imposibilidad de adoptar medidas menos restrictivas, tales como el cambio de ubicación o modificación del recorrido, al no resultar suficientes para neutralizar el riesgo existente.

La celebración de la manifestación coincide, además, con un contexto de especial sensibilidad social derivado del 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco y del proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros, circunstancias que han intensificado la actividad de grupos de extrema derecha.

Este marco incrementa de manera significativa “el riesgo real y objetivamente acreditable de alteraciones del orden público”, al constituir factores de movilización emocional para colectivos de carácter violento, ha remarcado la Delegación en el escrito.

Además, ha recordado la manifestación convocada por el grupo de ultraderecha Núcleo Nacional del 8 de noviembre que tuvo que ser disuelta con cargas policiales en el centro de Madrid, registrándose quema de contenedores, daños en el mobiliario urbano y lanzamiento de objetos conforme a información de fuentes policiales.

Del mismo modo, ha alegado que existen razones objetivas y fundadas para prever que durante la manifestación puedan producirse discursos de odio y humillación expresa de las víctimas del franquismo, incitación a la violencia o exaltación de la dictadura franquista, a la vista del historial del convocante, del contexto de tensión social descrito y de los antecedentes inmediatos.

En consecuencia, la Delegación ha decidido prohibir la protesta al amparo de lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, por no existir “medidas menos restrictivas capaces de garantizar la seguridad de las personas y bienes”.

La manifestación había sido convocada por La Falange Española bajo el lema, 'No parar hasta reconquistar'. El recorrido estaba previsto que comenzara en la calle Génova, 26 con fin en la calle Ferraz.

La instrucción del caso Abalos en el Tribunal Supremo sigue avanzando a base de palos de ciego. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ingresó en prisión el 30 de junio para impedir que destruyera pruebas. Pero cuatro meses después, la Guardia Civil sigue sin encontrar esas pruebas. La instrucción sostiene que durante años se amañaron obras públicas en el ministerio de Transportes a cambio de mordidas que cobraron Cerdán, el exministro José Luis Abalos y su asesor, Koldo García. Pero en los últimos meses la investigación apenas ha hallado una prueba sólida de ese pillaje. Un informe de la UCO sobre algunos descuadres detectados entre los pagos en metálico comunicados por el PSOE y los mensajes de la mujer de Koldo García sobre esos pagos ha descargado una pesada sospecha sobre los manejos financieros del partido que ahora gobierna España.

Por esa razón, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quieren que se investigue si la dirección del PSOE incurrió en algún delito por su gestión de los pagos en metálico para abonar gastos de todo su personal durante siete años (2017-2024). Tras tomar declaración al anterior gerente del partido, Mariano Moreno, el juez Puente decidió enviar sus sospechas al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el escándalo de la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos.

El juez Puente no se dio por satisfecho con las explicaciones dadas el pasado miércoles por el exgerente Moreno, quien confirmó un supuesto descontrol a la hora de autorizar los pagos en metálico contra facturas. Tampoco consideró que la documentación que le remitió el PSOE aclarase sus dudas. Esta formación intentó acreditar con documentación bancaria oficial su gestión financiera para descartar la existencia de una 'caja B', de financiación ilegal, o de descuadres sospechosos en los pagos en metálico que recogía periódicamente Koldo García, el asesor principal del exministro José Luis Ábalos.

El PSOE documentó el origen del dinero en metálico que durante siete años (casi un millón de euros) utilizó para pagar gastos de todo el partido. Cogían ese dinero —12.000 euros de media al mes— de la cuenta corriente que tiene abierta el PSOE en el BBVA donde se ingresan exclusivamente las subvenciones públicas que recibe y las cuotas de sus afiliados. Por tanto, los pagos en metálico no procedían de ninguna 'caja B' sino de su cuenta bancaria oficial, según la gerencia del PSOE. Además de eso, remitieron al juez todos los abonos en billetes —nunca de valor superior a 50 euros porque era lo que el BBVA les enviaba— que hicieron durante siete años a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, además de, sin especificar nombres, el área de Organización. En total, 189.000 euros repartidos entre Ábalos (19.859), Koldo García (11.291), Santos Cerdán (30.797) y los trabajadores de la Secretaría de Organización (127.738).

El juez Puente y el fiscal Luzón revisaron esa documentación y escucharon las explicaciones del exgerente del PSOE. Y de la reflexión de ambos salió el auto donde se intenta sugerir una supuesta mala práctica con tintes delictivos por parte de los gestores de las finanzas del PSOE. “No se comprobaba tampoco si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por aquel en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por estos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita —o, incluso delictiva—, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros”.

La otra teoría del juez

La teoría del auto en el que Leopoldo Puente envía el caso a la Audiencia Nacional suena rocambolesca. Sugiere el instructor la posibilidad de que Ábalos logrará comisiones ilegales y, para blanquearlas, pasará al partido facturas no respaldadas por un resguardo de la tarjeta de crédito por gastos inexistente. El partido le pagaría de su cuenta corriente oficial esas cantidades para que el exministro las pudiera introducir en el circuito legal.

Esa posibilidad casa mal con la otra teoría del juez Puente, según la cual la trama corrupta formada por Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán habría cobrado mordidas de al menos cinco millones de euros (el 1% del presupuesto de las obras sospechosas bajo investigación). Ábalos blanqueó, según la teoría del instructor, una parte insignificante de las mordidas que cobraba la trama (apenas un 4% de los al menos cinco millones de euros que supuestamente lograron por amañar obras). Eso suponiendo que todos los pagos en metálico del partido a Ábalos, García, Cerdán y el equipo de Organización se puedan atribuir en exclusiva al exministro de Transportes.

Si se tratase de sus gastos pagados por el PSOE y dividimos entre tres las supuestas mordidas cobradas, el cálculo de esta operación de blanqueo sería más ridículo. Ábalos habría cobrado en comisiones ilegales al menos 1,6 millones de euros y habría blanqueado 19.859 euros, menos del 1,5%

El perdedor de toda esta operación sería el PSOE, que habría pagado al exministro de Transportes un dinero procedente de las subvenciones públicas que nunca recuperó.

Los engaños de Ábalos, caso de confirmarse la teoría de Puente, han puesto ahora al PSOE bajo sospecha de financiación ilegal. El juez deberá decidir en solo unas semanas si pone en libertad a Santos Cerdán sin que, por lo conocido hasta ahora, el exsecretario de Organización del PSOE haya destruido pruebas de su corrupción, como temía el auto que le envió a prisión.

La jueza de Madrid Concepción Jerez ha acordado investigar a seis personas por los hechos ocurrido el 31 de diciembre de 2023, cuando se linchó y apaleó a un muñeco que representaba a Pedro Sánchez frente a la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, según una resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada investiga un delito de amenazas y les cita el próximo 9 de octubre para darles traslado del procedimiento y que puedan designar un abogado.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado julio al Juzgado de Instrucción 26 de la capital reabrir la causa por un presunto delito de amenazas contra el presidente del Gobierno. En un auto, los magistrados estimaron el recurso de la Fiscalía y parcialmente los recursos presentados por el propio Sánchez y por el PSOE anulando la decisión de la jueza instructora de archivar el caso.

El juzgado había archivado la causa al entender que no había delito sino una “falta de educación” por parte de los manifestantes que apalearon la representación de Sánchez con un palo en la calle donde el partido tiene su sede central. El PSOE había denunciado los hechos al considerar que “exceden de la crítica política” y colocan al PSOE y a Sánchez “en el objeto de la diana de una exaltación de conductas con tintes violentos, de odio, de hostilidad y discriminación”.

El plan que Pedro Sánchez tenía previsto para salir de la crisis provocada por la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo tenía una serie de pasos muy definidos: pedir perdón, diferenciarse de la corrupción del PP, un Comité Federal y comparecer en el Congreso de los diputados. Este plan ha quedado tocado porque antes de empezar el Comité Federal elDiario.es publicó una información exclusiva: varias mujeres del PSOE acusan a Paco Salazar de “comportamientos inadecuados” cuando era su jefe. Además, Paco Salazar iba a ser nombrado adjunto a la nueva secretaria de organización. Ha sido apartado pero la imagen de alguien cercano al presidente del Gobierno ha quedado, de nuevo, dañada.

¿Le servirá todo esto a Pedro Sánchez para aguantar hasta 2027? ¿Qué va a anunciar hoy en el Congreso de los diputados? Lo analizamos con la adjunta al director de elDiario.es Esther Palomera.

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“Lo que quiero, sobre todo, es escucharos. Que me digáis cómo lo veis y que seáis sinceros”. Con esa invitación al debate abrió Pedro Sánchez la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que se celebró este lunes en unos de los momentos políticos más delicados para el partido que se recuerdan en años. Tras el escándalo de Santos Cerdán, que la semana pasada puso patas arriba a las filas socialistas e hizo crujir incluso los cimientos del Gobierno, el presidente pasó el fin de semana con su círculo de colaboradores más cercanos, junto a los que estudió todas las opciones de salida de una crisis mayúscula. Y al cónclave de Ferraz llegó para compartir unas conclusiones ya prefijadas y también con la intención de testar los ánimos.

Su primera intervención a puerta cerrada fue escueta, según los asistentes consultados. Sánchez trasladó su idea de una secretaría de organización “coral” que asuma las competencias del exnúmero 3 hasta el comité federal del 5 de julio, en el que será oficialmente nombrada la persona que lo sustituya. También compartió iniciativas como una comparecencia a petición propia en el Congreso para dar explicaciones, así como una comisión de investigación sobre el escándalo. Y llegó a hablar de la “traición” de personas como Cerdán al que, según varios de los presentes, no dedicó mucho tiempo.

“Ha sido breve. Asume que este caso en concreto tiene un impacto enorme, aunque no ha usado términos gruesos contra él. Sí ha hablado de decepción y de traición. Pero ha sido muy escueto, ha pedido esperar a lo que dictamine la justicia y ha puesto en valor que se hayan tomado decisiones drásticas teniendo sobre la mesa solo un informe, sin que haya todavía una sentencia”, cuenta a elDiario.es uno de los dirigentes que participó en la Ejecutiva sobre la mención del presidente al hombre que, entre otras cosas, negoció la ley de amnistía con Carles Puigdemont para su última investidura. Otro de los testigos de la intervención de Sánchez destaca el malestar que expresó sobre las actitudes machistas del trío Ábalos-Koldo-Cerdán, que llegó a calificar de “comentarios repulsivos”.

Durante los turnos de palabra, muy numerosos entre los 24 asistentes, se produjeron dos rotundos consensos. El primero, un respaldo expreso a la intención del presidente de sostener la legislatura, si es posible, hasta 2027. Y el segundo, un apoyo explícito también a su liderazgo tras el desgaste personal que supone la implicación en graves casos de corrupción de dos hombres de su máxima confianza, y a quienes él mismo aupó hasta las mayores cuotas de poder en el Gobierno y en el partido.

“Sabemos que hay unos pocos que, de manera interesada, han intentado forzar un debate sobre el liderazgo del presidente. Pero es que eso no está en cuestión. Ni el partido cuestiona a Pedro Sánchez ni la militancia tampoco. Eso lo tenemos bastante claro. Y también ha sido unánime la conclusión de que no se nos pasa por la cabeza ni un segundo regalarle el Gobierno al PP y a Vox”, narra una dirigente.

Otro miembro de la Ejecutiva pone el énfasis en la necesidad de proteger el legado del Gobierno progresista que se abordó en la reunión. “Si el PP y Vox quieren gobernar, que presenten una moción de censura, que se curren los votos en el Congreso y que vayan y den la cara ante los españoles para explicarles cuál es su plan. De lo que se pueden ir olvidando es de que nosotros les regalemos el Gobierno, porque eso sería además una tremenda irresponsabilidad hacia la gente que nos eligió por las implicaciones que tendría la entrada de la ultraderecha”, explica ese dirigente sobre la reflexión que se expuso durante la reunión.

Sí hubo discrepancias, sin embargo, sobre la profundidad de las medidas a adoptar. A varios dirigentes que pertenecen a la Ejecutiva del PSOE consultados por este periódico les parecen abiertamente “escasas” las decisiones impulsadas. Y hubo incluso varios turnos de palabra en los que se pidió la celebración de un congreso federal extraordinario, una propuesta que contó, entre otros, con el apoyo expreso del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara.

Quienes defendieron esa iniciativa señalaron, según otro de los asistentes, la necesidad de “enganchar a la militancia” y hacerla partícipe de cambios de mayor calado a la altura de la crisis política que se afronta. Una “gran reestructuración” avalada por las bases para involucrarlas en toda la toma de decisiones. Pero la inmensa mayoría de los asistentes no validó la propuesta.

“Un congreso extraordinario ahora solo serviría para hablar de nuestros líos internos, que es justo lo que nos alejaría aún más de la gente”, opina uno de los dirigentes que rechazó de plano la propuesta. Una crítica que secunda otro miembro de la Ejecutiva. “¿Un congreso para qué? ¿Para discutir sobre nombres? ¿Para hablar de personas? No estamos en ese debate y además avivaría otra vez las refriegas de los territorios. Un congreso se monta para otras cosas, no para elegir a un Secretario de Organización. Para eso está el comité federal, que es un órgano legítimo y de la mayor transcendencia”, opina.

Otras voces propusieron otros foros que sirvan de impulso político, principalmente de cara al otoño, para un inicio de curso que la mayoría de dirigentes consultados ven tan lejano y con tantas incertidumbres de por medio que ya considerarían un éxito volver del verano con capacidad de dar la batalla al PP. “Hay compañeros que han propuesto una conferencia política y otros que han planteado asambleas sectoriales con la militancia. Para acercarnos, para buscar un impulso después del golpe”, explica uno de los asistentes.

En su intervención de cierre, Pedro Sánchez no rechazó expresamente ninguna de las opciones puestas sobre la mesa, aunque pidió tiempo para actuar. “El presidente ha defendido las medidas adoptadas, pero no se ha cerrado a nada. Sí ha dicho que en estos momentos la gente no entendería que nos metiéramos en líos nuestros, en referencia al congreso. Y que la prioridad ahora es volcarse en la consolidación del Gobierno de progreso. Pero también ha dejado la puerta abierta a tomar más decisiones en el futuro, según transcurran los acontecimientos, y ha dicho que no había que dar ahora todos los pasos”, explica otro miembro de la dirección.

La intención ahora es que las medidas anunciadas, junto a la interlocución con los socios de la coalición y del Congreso, sirvan al menos como torniquete para una herida que muchos en el partido pensaban a finales de la semana pasada que resultaría mortal. La sensación tras la Ejecutiva es que las decisiones del presidente han servido, de momento, para sobrevivir a las horas más críticas. Pero que habrá que hacer mucho más para plantearse, siquiera, un futuro a medio plazo que, en todo caso, queda a expensas de las próximas noticias que puedan llegar desde los tribunales.

Lo peor de pregonar a diario el apcalipsis es que cuando escuchamos algunas de sus trompetas terminamos creyendo que es un regetón. El Partido Popular lleva dos legislaturas señalando a Pedro Sánchez como el jinete pálido y hemos terminado por cogerle cariño al presidente, incluso a quienes no somos necesariamente de su club de fans.

No sólo le han llamado “tirano”, “caudillista”, “chavista”, “psicópata”, “caradura” –en plan suave--, “estafador”, “felón”, “llorona”, “hijo de puta/me gusta la fruta”, “meme de república bananera” –debo confesar que es mi favorito--, “matón”, “estalinista” y otros muchos, aunque aún no han llegado a sospechar que es transexual, como cuando le llamaban “begoño” a su esposa, en la misma línea en que Donald Trump se empeñaba en sostener que Barack Obama o Kamala Harris no tenían ocho apellidos estadounidenses.

Con semejante munición dialéctica, que ahora digan que el partido de la Gurtel, el compañero de veraneo de un narco y el ministro de la Kitchen digan que el PSOE y su secretario general constituyen una mafia, nada tiene de extraño. Ya le llamaron con anterioridad capo del crimen organizado. Con ese nivel metafórico, casi echo de menos a aquel Alfonso Guerra que se mofó de Soledad Becerril, llamándola “Carlos II vestido de Mariquita Pérez”. Ya estamos, visto lo visto, para escasas florituras literarias y a lo más que llegamos es a los tradicionales pareados de verbenas populares: “Que te vote, Txapote”, la versión lírica de “socio de ETA” con que también han tildado al actual inquilino de La Moncloa, que para la derechona es un “okupa” que ha burlado las alarmas de Securitas Direct del partido más votado.

Acostumbrados a esta dinámica cortesana, escuchamos tanto lo de que viene el lobo que miramos hacia otro lado cuando sentimos el aliento de sus fauces en la nuca. Y lo hemos escuchado con frecuencia. Por ejemplo: más allá de la célebre Oficina del Español de Toni Cantó, suena chungo el lío de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente, con el nicho de empleo que le buscó la Diputación de Badajoz. Sin embargo, en un impagable giro de guión, la cosa adquiere dimensiones de ópera bufa cuando terminan por adjudicarle una relación sentimental con el ex presidente de dicha Corporación, Miguel Ángel Gallardo. Luis Berlanga y Rafael Azcona pueden seguir descansando en paz, porque aquí nos apañamos perfectamente sin ellos para escribir el guión de una constante astracanada.

Aunque a primera vista, parezca una versión empoderada del Pequeño Nicolás, al secretario de Organización le convendría llamar a capítulo a su militante, porque su electorado no le brinda tanta manga ancha como el de los conservadores prestan a sus partidos estrella –PP y Vox--, trufados históricamente de esta suerte de logreros

Lo de Begoña Gómez puede ser un caso de law fare, o por lo menos tiene pinta, hasta que no se demuestre lo contrario. Del Tío Bernie al caso Koldo-Ábalos, el PSOE ha aplicado el protocolo anti-suicidio, frente a los escándalos que fueron minando en su día al felipismo. Así que cabe preguntarse por qué Ferraz no ha aplicado la misma doctrina con Leire Díez, esa “fontanera” sin título como tal de FP ni nómina en el partido aunque haya pasado por varias instituciones controladas por los socialistas.

Quizá, podrían pensar los buenistas, porque tal vez hubiera que dedicarle un monumento: ha sido la única representante pública capaz de poner de acuerdo al PSOE y al PP, en los últimos años, para arrebatarle la alcaldía de Vega de Pas en Cantabria, a Víctor Manuel Gómez, en 2011, el año en que M. Rajoy ascendió a los cielos de la presidencia española.

Hubiera sido la pareja artística perfecta del comisario Villarejo: él graba y ella se deja grabar, un win-win en toda regla, en plan Maria Dolores de Cospedal. Visto lo visto, en sus redes y en sus videos, la articulista y militante socialista, cuando conspira contra la UCO, recuerda a un remix de la trilogía de “El Padrino”, con “Uno de los nuestros” y “Erase una vez en América”, aquel maravilloso espaghetti-gangster de Sergio Leone. Y, aunque a primera vista, parezca una versión empoderada del Pequeño Nicolás, al secretario de Organización le convendría llamar a capítulo a su militante, porque su electorado no le brinda tanta manga ancha como el de los conservadores prestan a sus partidos estrella –PP y Vox--, trufados históricamente de esta suerte de logreros. Y, vistas las encuestas, no están los tiempos como para jugarse un buen puñado de votos jugando al Anacleto, agente secreto. Y, más allá de los votos, si la izquierda representa todo lo contrario que los predicadores del Armagedón, el PSOE corre el riesgo de que su silencio sea más estridente que el de las trompetas del Apocalipsis y el aullido de los lobos.

Leire Díez, la militante socialista grabada en un audio en el que ofreció ayuda a un empresario imputado a cambio de información comprometedora sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha asegurado en un chat con militantes del PSOE que “la verdad saldrá” sobre su supuesta participación como emisaria del partido. Además, otro de los implicados en el audio, el empresario Javier Pérez Dolset, se ha desvinculado del PSOE y ha anunciado que la próxima semana presentará una denuncia contra el fiscal anticorrupción José Grinda.

En sus mensajes, desvelados por El País, Díez explica a otros militantes del PSOE que “las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que parecen”. De hecho, atribuye a esas supuestas “cloacas” la publicación del mencionado audio difundido esta semana por distintos medios de comunicación. “Pero la verdad es solo una y saldrá. De hecho, ya está saliendo”, zanja, en ese grupo de WhatsApp.

Los audios publicados hasta ahora por medios como El Confidencial muestran que Díez se reunió con empresarios imputados en diversas causas, como Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. Estos, a su vez, sostienen que tras las causas contra ellos hay operaciones de guerra sucia en las que habrían participado altos cargos de la UCO, y afirman tener informaciones comprometidas sobre ellos. Díaz reclama esas informaciones y ofrece la posibilidad de hablar con la Fiscalía para llegar a acuerdos en los casos abiertos. Pero esos acuerdos no se han producido, los empresarios siguen investigados y la grabación se conoció un día antes de que comience al juicio contra Hamlyn, al que no se ha presentado.

Ante la actitud de Díez, el PSOE le abrió el miércoles un expediente informativo. “Voy a decir lo mismo aquí que he dicho a los compañeros periodistas respecto del expediente informativo. Me llamó Juanfran Serrano [el 'número dos' de Santos Cerdán en el área de Organización del PSOE] para decirme lo del expediente informativo. Me han dicho que me llamarán”, señala Díez en los mensajes. “He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación”, concluye.

“Pondré la información a disposición para su análisis. Y de verdad que estoy aliviada de poder compartirla”, añade Díez en el mencionado grupo de WhatsApp. “Lo único con lo que duermo todos los días es con mi conciencia y procuro que esté tranquila. Hasta ahora lo he conseguido y voy a seguir así. En cuanto a comentarios como algunos de este grupo y otros, de verdad, me la traen al pairo. La verdad, repito, es una. Y prevalecerá”, concluye.

Pérez Dolset, por su parte, ha sido entrevistado en Cuatro, donde ha insistido que no es “fontanero de ningún partido” y que no actúa en nombre de ninguna formación política, tras haber sido señalado por distintos medios como “fontanero de Ferraz”, al igual que se ha acusado a Díez.

También ha anunciado que el próximo martes va a presentar una denuncia contra el fiscal Grinda a la que acompañará de un audio del representante del ministerio público que, según ha dicho, está en manos de “una periodista”. Siempre según Pérez Dolset en la grabación Grinda “confirma que un comisario de policía, junto al consejero delegado de Planeta de ese momento, José Lara, hacen una tenaza o una operación que no se puede hacer para interferir en su investigación y manipularla”.

Una jueza de Madrid ha decidido absolver a un manifestante acusado de lanzar botellas contra la Policía durante los disturbios en la calle Ferraz en noviembre de 2023. La magistrada rechaza la acusación de la Fiscalía, que pedía hasta cuatro años de cárcel para el joven, y asegura que las declaraciones de los agentes antidisturbios no han conseguido demostrar que arrojara objetos contundentes a la línea policial en una de las noches con más enfrentamientos registrados en las inmediaciones de la sede central del PSOE en Madrid. El acusado llegó a pedir sin éxito que se le aplicara la ley de amnistía.

Miles de personas se concentraron en diversas manifestaciones en las inmediaciones de la calle Ferraz en noviembre de 2023 para protestar contra la ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Concentraciones convocadas por partidos políticos como Vox o grupos de su órbita como Revuelta pero también por otros grupos de extrema derecha e influencers de corte ultra como Alvise Pérez o el líder de Desokupa.

Muchas de esas concentraciones acabaron en disturbios liderados por integrantes de grupos neonazis y la Policía Nacional, en total, detuvo a 84 personas y denunció a otras 367. Los hechos que analiza esta sentencia ocurrieron a última hora del 10 de noviembre, la octava noche de protestas en las inmediaciones de la sede central del PSOE. El acusado, que entonces tenía 24 años de edad, fue detenido poco antes de las once de la noche y acusado por los policías de haber lanzado “una botella de vidrio” a los antidisturbios durante los enfrentamientos.

El juzgado de lo penal número 24 de Julián Camarillo ha optado por absolver al acusado: “Nos encontramos ante un vacío probatorio y sólo se puede llegar a una sentencia de signo absolutorio”, explica la magistrada. Varios policías afirmaron que arrojó una botella a un compañero, pero la magistrada destaca que los vídeos del momento no muestran que fuera él quien lanzara el vidrio con el acusado, además, negando los hechos.

Uno de los policías explicó que esa tarde estaba actuando como “infiltrado entre los manifestantes” y que los hechos ocurrieron cuando la concentración ya se había disuelto, aunque otro manifestante también involucrado consiguió escapar. El acusado, por su parte, aseguró que mantuvo una actitud “pasiva de protesta e indignación”, que en ese momento trabajaba “para un despacho de abogados” y que la gente se “indignó” por “la brutalidad” de su detención por parte de agentes de paisano.

La magistrada llega incluso a expresar su “estupor” sobre el parte de lesiones de un agente que supuestamente chocó con una valla y se lesionó ambas rodillas. Según la acusación de la Fiscalía, eso sucedió por la resistencia que el acusado presentó contra su detención, pero el agente ofreció varias versiones distintas a lo largo del juicio y otro dijo que el afectado se “resbaló”. “Causa estupor que con esta información la acusación pública indique que debido a la oposición del acusado, el agente se precipitó contra una valla”, afirma la jueza.

El acusado ha sido defendido por el letrado de Guadalajara Ignacio Menéndez, habitual en los círculos de extrema derecha y que en noviembre de 2023 se ofreció a defender gratis a todos los detenidos en las protestas contra la amnistía. Menéndez, hijo del capitán golpista Camilo Menéndez, protagonizó un intento fallido de varias personas entrar al Valle de los Caídos en octubre de 2019 con un megáfono al grito de “El honor ni se divisa” y “voy a defender al comandante Franco” mientras una mujer forcejeaba con la Guardia Civil afirmando: “Queremos ir a misa”.

Las decenas de detenciones policiales durante los disturbios en Ferraz en noviembre de 2023 se tradujeron en diversas causas judiciales que, poco a poco, van llegando a juicio en distintos tribunales de la ciudad de Madrid. Otro de los procesos, en el que la Fiscalía pide más de dos años de cárcel, gira en torno a Pablo Lucini, uno de los dirigentes del grupo ultraderechista Democracia Nacional, con mucha presencia en las protestas de esos días en torno a la sede del PSOE.

En este caso, la defensa del acusado planteó que fuera exonerado a través de la aplicación de la ley de amnistía. La jueza contesta que esa interpretación es “carente de cualquier respaldo legal” y que la aplicación de esta ley es “exclusiva a los delitos cometidos en el marco de las consultas celebradas en Cataluña en 2014 y 2017”.

No llevamos ni una semana y ya se ha liado por una estampita de una vaquilla, símbolo del programa más familiar y más blanco que uno pueda imaginar desde la Santa Misa, evocando al sagrado corazón de Jesús al cual tan devotamente oran los feligreses congregados ante Ferraz, con sus corazones más rebosantes de odio que de amor al prójimo si este es socialista. Serán malos tiempos para la lírica, pero son los mejores tiempos para el integrismo.

No llevamos ni una semana y ya se les ha agotado el stock de espíritu navideño en el seno del gobierno de coalición. Yolanda Díaz ha acusado al ministro Carlos Cuerpo de ser “casi una mala persona” -faltada, pero con sentidiño- por andar enredando con los empresarios en la reducción de jornada laboral en plan poli bueno; despacharse así debe ser esa política “con altura de miras” que tanto se reclama, evitando los ataques personales e inspirando confianza en los ciudadanos. Quién necesita oposición teniendo compañeros de gabinete. Puede que el ministro acabe el año echando de menos los felices días en que la oposición no le hacía una sola pregunta y la vicepresidenta regresando a Roma para presentar los papeles para la canonización.

No es todavía presidente y Donald Trump ya les ha dicho a los británicos qué tienen que hacer con el petróleo del Mar del Norte, a los daneses a cuánto venderle Groenlandia, a los panameños que le devuelvan el canal, a los canadienses que los va a nacionalizar y al juez Juan Merchán -latinos, ya se sabe-, que le ha citado el día 10 de enero para emitir sentencia por su condena en el caso Stormy Daniels, que la legalidad la dan los votos, no las leyes; que son un atraso y todo lo complican. Ya está todo listo para que comience el show de su segunda presidencia. Si les gustó la primera, la secuela les encantará a nada que consiga que los republicanos dejen de pelearse entre ellos y votarse los unos contra los otros.

No se ha cumplido aún la primera semana y ni los mismísimos Reyes Magos de Oriente se han librado de la mala onda que trae este año nuevo; han llegado llenos de regalos, pero empapados hasta la mirra y en horas y en días tan diferentes que casi parecían usuarios de Renfe en una jornada laborable cualquiera. Hay que reconocerle al 2025 que viene de frente desde el primer minuto. “BBQ sauce”, que diría Ted Lasso.

Un tribunal ha decidido reabrir la causa sobre el apaleamiento a un muñeco con la forma de Pedro Sánchez hace un año en la calle Ferraz para que la Justicia analice si debe ser investigado por la Audiencia Nacional y como un delito contra las instituciones del Estado. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón tanto al PSOE como al Presidente del Gobierno y ha revocado el archivo que dictó un juzgado al entender que no había delito sino una “falta de educación” por parte de los manifestantes que apalearon la representación de Sánchez con un palo en la calle donde el partido tiene su sede central.

Los hechos ocurrieron en la Nochevieja del año pasado después de dos meses de constantes manifestaciones en la calle Ferraz de Madrid. Concentraciones que, en sus días de mayor convocatoria, juntaron a miles de personas frente a la sede central del PSOE en protesta, sobre todo, contra la aprobación de la ley de amnistía. La presencia de grupos ultras y neonazis arropados por la multitud llevó a que muchas de esas protestas acabaran en disturbios.

Las concentraciones se fueron diluyendo hasta quedar reducidas a convocatorias para rezar el rosario en las inmediaciones de la calle Ferraz. Hasta que en la última noche del año unas 300 personas acudieron con una piñata gigante que representaba a Pedro Sánchez, muñeco al que apalearon al grito de “hay que acabar así con él”.

El caso fue denunciado y acabó en manos del juzgado de instrucción 26 de Madrid que optó por el archivo al no ver delito. En contra del criterio de los denunciantes y de la propia Fiscalía, la jueza entendió que no había un delito de odio sino, en todo caso, un despliegue de “mala educación” que no podía ser considerado un delito. Tanto el PSOE como el propio Sánchez recurrieron a la Audiencia de Madrid denunciando que la magistrada había obviado una de sus peticiones: que el caso fuera trasladado a la Audiencia Nacional por ser un delito contra las instituciones del Estado.

El tribunal madrileño ha estimado esa parte de los recursos y ha obligado a la jueza a revocar el sobreseimiento y analizar si remitir el caso a la Audiencia Nacional es una posibilidad. Los recursos explicaban que podría tratarse de un delito de injurias y amenazas graves contra el Gobierno que el Código Penal castiga con multas de hasta año y medio de cuota económica. Entre otras pruebas, esgrimían eslóganes como “colgadlo de los pies”, “psicópata” o “hay que quemar Ferraz” mientras se “ahorcaba” al muñeco.

La Fiscalía también denunciaba “la profusión de amenazas explícitas al ejecutivo a través de un megáfono” con el que se gritaba: “Sánchez a prisión, juicio sumarísimo al gobierno, todo el gobierno a prisión”. El Ministerio Público de la Audiencia Nacional llegó a abrir diligencias al respecto pero optó por su archivo después de que el juzgado de Madrid asumiera la causa.

En su discurso de clausura del congreso federal del PSOE Pedro Sánchez hizo siete referencias directas a la importancia de ganar las elecciones autonómicas de 2027 y ocho a los “gobiernos negacionistas” que salieron de las urnas en 2023 y a los que se propone arrebatar el poder. El mensaje es claro. Ferraz quiere remover un buen puñado de liderazgos territoriales que no considera competitivos para conseguir que el partido llegue esta vez con opciones de recuperar, al menos, parte del poder perdido hace año y medio en favor de la derecha. 

En el equipo del presidente no olvidan que el batacazo en las municipales y autonómicas de mayo del 23 estuvo a punto de llevarse por delante incluso al Gobierno de Sánchez tras una campaña de polarización total en la que el mensaje nacional opacó el más mínimo debate en los territorios. La pérdida casi absoluta de cuantos gobiernos autonómicos ostentaban los socialistas, a excepción de Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, así como la inmensa mayor parte de grandes capitales de provincias, sacudió ya entonces los cimientos de la Moncloa. Hasta tal punto fue así que ese desastre electoral propició al día siguiente el adelanto de las generales, un matchball que el líder del PSOE volvió a ganar, como acostumbra, in extremis. 

De aquella derrota se sacaron en el seno del partido varias conclusiones. La primera fue que una ola conservadora de rechazo al gobierno de coalición con Unidas Podemos se llevó por delante a varios ejecutivos autonómicos solventes, como el de Ximo Puig en València, el de Francina Armengol en Baleares, el de Ángel Víctor Torres en Canarias o el de Guillermo Fernández Vara en Extremadura. Pero también que otros territorios no contaron con candidaturas sólidas para ser alternativas reales de gobierno. Y eso, trufado con algún ajuste de cuentas pendientes en el siempre agitado mundo orgánico de los socialistas, está detrás de los movimientos de la dirección del partido. 

“Nuestra principal prioridad será ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2027 y volver a gobernar en toda España. Esa será nuestra absoluta prioridad. Y todos y todas vamos a tener que dejarnos la piel para conseguirla. Los militantes de base, los compañeros con cargos institucionales y, en el partido, los miembros de la nueva Ejecutiva Federal que hoy echa a andar. Y, por supuesto, yo mismo”, advirtió Pedro Sánchez en un mensaje que sonó a aviso a navegantes. 

Sostienen en Ferraz que, o bien el PSOE consigue construir ofertas electorales atractivas que permitan recuperar terreno, o los socialistas estarán condenados a la irrelevancia en algunos sitios claves desde el punto de vista político. Y uno de los principales ejemplos es el de Madrid, auténtico agujero negro de los socialistas en los últimos 30 años. Hoy, el PSOE ni siquiera es la principal fuerza de oposición ni en el ayuntamiento ni en la Comunidad. 

La convicción de que Juan Lobato no podía volver a ser la propuesta del PSOE para una plaza tan complicada como es la de enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso es lo que está detrás de la implosión una vez más de la federación madrileña. El extraño movimiento de acudir a una notaría para registrar una conversación privada con una compañera de filas es interpretado en el partido como el intento de blindarse ante el pulso que tenía decidido echarle Ferraz al secretario general de Madrid para promocionar otra candidatura. Pero su dimisión por el lío de las filtraciones de documentos del novio de Ayuso ha dejado el camino expedito para Óscar López.

El hombre que fue hasta septiembre jefe de gabinete del presidente del Gobierno y hoy ministro para la Transformación Digital y Función Pública oficializó este jueves su candidatura a liderar la federación madrileña como paso previo a enfrentarse a Ayuso en las elecciones a la Comunidad. Una apuesta estratégica de la Moncloa por dar el combate político e ideológico a la que consideran principal referente de las derechas en todo el país, muy por encima de Alberto Núñez Feijóo. 

Algo parecido ocurre con Luis Tudanca. Después de tres intentos frustrados de protagonizar el vuelco en la Junta, la relación del secretario general de Castilla y León con la dirección federal de su partido ha saltado por los aires. Tudanca siempre ha sido considerado uno de los líderes territoriales más afines al denominado ‘sanchismo’, pero el intento de relevo y el proceso congresual que debe afrontar ahora su federación ha provocado un enfrentamiento abierto. Ahora sabe de primera mano que la apuesta de Ferraz no pasa por refrendarle sino por por promocionar a opciones que la dirección federal considera “más sólidas”. 

La situación es diferente con Juan Espadas. O era diferente hasta el congreso de Sevilla del pasado fin de semana que él presidió. En la cúpula del partido admiten abiertamente desde hace mucho tiempo que el secretario general socialista de Andalucía no es una opción mínimamente competitiva frente a Juanma Moreno, y que su permanencia solo tenía que ver con dos cosas: con el reconocimiento a su lealtad y a su predisposición para cumplir en su día con el encargo de descabalgar a Susana Díaz, y con la falta de una alternativa plausible. Pero el pasado sábado todo se precipitó. 

Numerosos delegados y cuadros de distintas provincias andaluzas bajaron definitivamente el dedo a Espadas y así se encargaron de trasladarlo tanto a los medios de comunicación en privado como a la propia dirección federal del partido. Algunos, como en el caso de Málaga, Jaén o Cádiz, lo han hecho incluso en público. Ahora Ferraz intenta buscar una salida a ese nuevo escenario con un ojo puesto en que Susana Díaz no consiga pescar en aguas revueltas y recuperar posiciones de poder entre bambalinas y que el partido no vuelva a partirse en dos.

Junto a Cataluña, donde Illa aspira a convertirse en el barón de barones al frente del PSC, en Ferraz son conscientes de que Andalucía y Valencia son los feudos claves que decantan unas elecciones generales. 

El objetivo de Sánchez no es otro, explican en su equipo, que el de rearmar al PSOE políticamente para el nuevo ciclo que vendrá. Y, de paso, dar la batalla a algunos de los focos críticos que aún permanecen activos en el partido. Con Page blindado en Castilla-La Mancha gracias a su mayoría absoluta, la siguiente gran batalla será en Aragón, donde Ferraz promocionará a Pilar Alegría para intentar dar carpetazo definitivo al liderazgo de Javier Lambán.

Acaban de cumplirse 49 años de la muerte del dictador Francisco Franco y en dos semanas se va a conmemorar la promulgación de la Constitución de 1978. La España de hoy es mucho mejor que la de aquellos años en desarrollo económico y social, así como en el sistema político, aunque tiene desafíos y problemas importantes. Pero quizás lo que más sorprendería a los antifranquistas de entonces es la absoluta impunidad con que en 2024 se hace apología del fascismo.

Fue vergonzoso y lamentable contemplar el espectáculo de fascistas recorriendo las calles de Madrid el pasado 22 de noviembre, en una manifestación que finalizó delante de la sede del PSOE con energúmenos cantando el Cara al sol con bengalas. Y no es la primera vez que ocurre: desde hace un año son habituales los símbolos y cánticos fascistas en sus inmediaciones. Cruces gamadas, escudos de Franco y cruces de San Andrés trufados de rezos, insultos a Pedro Sánchez y cánticos como el Cara al Sol y el himno de José María Pemán. 

Existe mucha tolerancia hacia la extrema derecha en España. El Estado se cruza de brazos ante estas actuaciones. Vemos jueces que autorizan concentraciones ilegales en la sede de un partido político y permiten manifestaciones de fuerzas como Falange, vulnerando la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.  Policías que no identifican a nadie por portar esa simbología y realizar el saludo fascista, incluso con gritos de “Heil Hitler!”. Un ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y un delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, que no dan órdenes para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Recientemente he dirigido un escrito al señor Martín Aguirre en nombre de un grupo de vecinos para que haga más por el respeto y descanso de los ciudadanos de este barrio y por el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. De hecho, he leído que no se ha condenado todavía a nadie por la vulneración de esta Ley, por insólito que parezca. Pues no será porque no hay individuos que la incumplen a diario, sólo en la calle Ferraz. Me puedo imaginar en el resto del país.

Como historiadora, estos movimientos políticos no me son ajenos; todo lo contrario, me resultan muy familiares. Lamentablemente, los fascismos tuvieron un papel protagonista en la trágica historia del siglo XX y fueron los responsables de violencia y millones de muertos. Permitir estas bochornosas exhibiciones, que nos recuerdan el pasado de la dictadura franquista, por miedo, o para evitar que se nos tilde de autoritarios, supone aceptar una ilegalidad y facilitar la victoria de los fascistas.

Atemorizan a los ciudadanos de a pie, incluso a los policías, y salen en los medios de comunicación montando bronca y exhibiendo fuerza. Hace dos semanas volvieron a vandalizar el barrio de Argüelles con pancartas y banderas de la formación Noviembre Negro. Aunque lanzaron objetos a las UIP de la policía, que tuvieron que cargar en dos ocasiones, y quemaron contenedores sólo se detuvo a dos individuos. Y todo esto sucede con un Gobierno progresista en la Moncloa.

Hemos llegado hasta aquí no solo por la ola reaccionaria internacional que se extiende ahora por el mundo, sino porque durante la transición de la dictadura a la democracia se hicieron demasiadas concesiones. Quizás porque no se pudo o no se supo hacer de otra manera. Los herederos del franquismo, empezado por el jefe del Estado, el monarca Juan Carlos de Borbón, pilotaron ese proceso. Por eso no se les juzgó ni condenó. Mantuvieron su poder económico, ejemplificado en la familia de Franco, multimillonaria todavía hoy con la apropiación de bienes del Estado. Los franquistas fueron desapareciendo, por edad, del aparato del Estado, pero quedaron familias del viejo régimen y un franquismo sociológico aún presente en organismos como la judicatura. Las elites del régimen se creyeron impunes e intocables y seguimos viendo los símbolos franquistas en todos los espacios de la vida pública.

Hasta hace tres días no se han quitado muchos de los escudos, placas, esculturas y demás simbología que exaltaba el franquismo y a sus jerifaltes. El dictador tuvo una tumba faraónica hasta que el primer gobierno de Pedro Sánchez, en octubre de 2019, exhumó su cuerpo de Cuelgamuros. Y hace tan sólo unos meses se han iniciado los trámites para extinguir la aún existente Fundación Francisco Franco. Y ahí sigue la Falange, difundiendo como si nada su discurso antidemocrático. Por todo ello, el español de a pie está familiarizado con toda la simbología franquista.

España tiene un problema serio con su pasado reciente, con la memoria democrática. No se puede ser tan tibio y laxo con los fascistas porque ellos no lo van a ser con nosotros ni con nuestra democracia. A quienes protestan desde hace más de un año portando parafernalia fascista y profiriendo gritos fascistas, la policía debería, cuanto menos, identificarlos. Y a partir de ahí aplicarles la Ley de Memoria Democrática. ¿De qué sirve que en las aulas se condenen esos movimientos si los chicos luego ven esos símbolos habitualmente como si fueran elementos festivos de una romería? Antes añorábamos una legislación como la alemana, donde la apología del fascismo es delito. Ahora que la tenemos, no se aplica. Sólo se están reconociendo a las víctimas de la dictadura franquista. El Gobierno de coalición debería tomarse mucho más en serio este asunto, que es intolerable y dice muy poco sobre nuestra calidad democrática.

Alrededor de 2.000 personas, según Delegación del Gobierno, se han reunido este sábado en el centro de Madrid y han marchado hasta la calle Ferraz cuando se cumple un año de las manifestaciones que tuvieron lugar en 2023 en la sede del PSOE en Madrid por la ley de amnistía. La policía ha acabado cargando contra un grupo de manifestantes que ha tratado de romper el cordón policial y ha lanzado objetos a los agentes. Al menos dos personas han sido detenidas.

La protesta, convocada por la organización neonazi Núcleo Nacional, ha partido a las 20:30 desde la plaza de España y ha discurrido por las calles Princesa, Marqués de Urquijo y las inmediaciones de Ferraz, y en ella se han escuchado cánticos como “aquí están los nacionalistas”, “en Madrid, ni un puto mena” o “España cristiana y no musulmana”.

Algunos de los congregados han portado banderas con el escudo recortado, el símbolo de las protestas del otoño de 2023, y otros con la cruz de borgoña y el aguilucho, también con el escudo de la Comunidad Valenciana, además de pancartas con el lema “Viva la unidad de España”.

Sobre las 22:30 de la noche, agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) han cargado contra un grupo de manifestantes que previamente habían intentado derribar las vallas que cortaban el acceso a la sede socialista. Algunos de los asistentes han quemado contenedores y tirado botellas contra los agentes mientras la Policía lanzaba pelotas de goma y dispersaba a los manifestantes hacia las calles de Marqués de Urquijo y Pintor Rosales. Algunos periodistas, entre ellos un cámara de RTVE, señalan haber sido agredidos por los participantes en la marcha.

El Partido Socialista ha condenado y “despreciado” que las calles de Madrid “sean de nuevo un lugar en el que se escuchan gritos fascistas y se ven saludos nazis”. Así se ha pronunciado el PSOE en su cuenta de X en referencia a la manifestación desde Plaza España hasta su sede. Acompañado del texto, el PSOE ha difundido un vídeo de manifestantes en el que se escucha “puto rojo el que no bote”, “España cristiana y no musulmana” o “en Madrid ni un puto MENA”, entre otros cánticos.

En el mismo mensaje de X, el PSOE ha descrito a la multitud de personas que se ve en el vídeo adjunto como una “una marcha negra que tiene como objetivo la sede del PSOE de Ferraz, donde se darán cita estos neofranquistas encapuchados”. “Nadie encontrará en el PSOE tibieza en la condena de estos movimientos”, y han pedido al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que se posicionen “de la misma forma”.

“No atacan al PSOE, atacan a nuestra democracia”, ha afirmado el partido socialista, que ha indicado “que el silencio, la condescendencia, o mirar para otro lado, solo alimenta al monstruo de la ultraderecha”. “Extender un perímetro democrático alrededor de los ultras es un deber de todos los partidos democráticos de nuestro país. Nadie puede presentarse ante los ciudadanos como demócrata, mientras no condene estos hechos que nos llevan a un pasado negro de España”, han concluido en otro mensaje en la red social X.

Un juzgado de Madrid ha remitido al Tribunal Supremo una causa por desórdenes públicos contra el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez. La investigación, según ha adelantado esta mañana el periódico ABC, gira en torno a su papel en las manifestaciones masivas del año pasado en la calle Ferraz, sede central del PSOE, en las que llegó a ejercer de cabecilla.

Alvise no era eurodiputado ni había anunciado su intención de presentarse a esas elecciones cuando en noviembre de 2023 convirtió su canal de Telegram en uno de los principales centros de difusión de las convocatorias para manifestarse en la calle Ferraz. Durante uno de esos días incluso acudió personalmente junto a Daniel Esteve, líder de Desokupa, y llevó a miles de personas a cruzar Madrid desde esa zona hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde instó a la gente a sentarse de espaldas a la cámara baja antes de anunciar que se iba a su casa a cenar, poco antes de que empezaran las cargas en Ferraz.

El Supremo ha recibido en las últimas semanas varias causas abiertas contra Alvise que debe tramitar por su aforamiento. Por ejemplo, las acusaciones de calumnias de un diputado leonés del PSOE por relacionarle con el caso Mediador, o la petición de una jueza de Sevilla de que sea investigado por amenazas. La Sala también está pendiente de hacerse cargo de la investigación abierta contra él por acosar a una de las hijas de Pedro Sánchez y de otra más por difundir una falsa prueba PCR del entonces ministro Salvador Illa.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga si financió de forma ilegal su candidatura a las elecciones europeas con los 100.000 euros que, tal y como reveló elDiario.es, cobró en efectivo de un empresario de criptomonedas. El eurodiputado estableció una relación con Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain' y líder del fallido Madeira Invest Club, hasta tal punto de participar en un acto multitudinario de su empresa. Pocos días antes de empezar su campaña para las europeas, según ha reconocido él mismo, acudió a la sede de la empresa de Romillo a recoger el dinero en metálico.

El Supremo, por el momento, está estudiando estas causas y no ha abierto formalmente diligencias penales por ninguna de ellas. El eurodiputado también ha sido condenado varias veces por la vía civil por difamar a políticos y periodistas, como por ejemplo Ana Pastor o Manuela Carmena.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha lamentado este martes llevar “un año” leyendo “filtraciones” de la dirección federal del PSOE sobre posibles relevos para intentar “desestabilizar”: “Lo he intentado mil veces arreglar en privado, por las buenas, y no he encontrado más que esta respuesta”, en referencia a las filtraciones.

En una entrevista con Onda Cero, Tudanca ha reconocido que hace “tres o cuatro meses” que no habla ni con el secretario de Organización, Santos Cerdán, ni con el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quienes ha echado en falta una llamada tras lo ocurrido el pasado viernes, cuando el Comité Federal de Ética y Garantías suspendió el calendario de primarias y Congreso Autonómico aprobado por el PSOE-CyL.

Ha criticado que pese a que ha intentado hablarlo en privado con la dirección federal del PSOE, lo que ha recibido ha sido la “suspensión unilateral” de las primarias, que ha recordado no fueron decididas por la dirección autonómicas del PSOE de Castilla y León, sino que fueron ratificadas por el órgano competente, como es el Comité Autonómico con un respaldo del 80% de los votos.

El líder del PSOE-CyL ha acusado a Cerdán de “debilitar” y “desestabilizar” en territorios como Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón, en una “situación inédita” que ha pedido corregir porque ve al PSOE en una posición “de suficiente dificultad” como para “remar en la misma dirección”.

Tudanca ha remarcado que el PSOE le ofreció dejar su responsabilidad en Castilla y León para ir en las listas electorales europeas, en una opción “más cómoda”, aunque ha opinado que quizás era “para dejar la vía expedita”: “Pero es que mi compromiso estaba aquí y está aquí”, ha resumido sobre sus intenciones, aún sin confirmar que se presentará para optar a la reelección.

Sobre estas dinámicas internas, ha lamentado que en el PSOE de Castilla y León hayan estado “acostumbrados” a que “hubiera mucha resignación y algunos dirigentes les nombraran desde Madrid para luego utilizar esto como trampolín para marcharse a encargos más lustrosos”: “Yo no, quiero estar aquí, he querido estar aquí y sé que hay cosas por las que hay que pasar, pero bueno, yo las denuncio y me rebelo y las explico con toda tranquilidad”, ha añadido.

Ha insistido en que le “duele especialmente” que la dirección del PSOE utilice la “fachosfera” o “pseudomedios para hacer ataques personales y familiares” contra él: “Yo luché mucho desde el principio, desde 2014 al lado de Pedro Sánchez para que en este partido las cosas no las decidieran doce en un despacho, no las decidiera ese ente abstracto que es Ferraz, sino los militantes del partido”.

“Lo único que pido es respeto para la militancia de Castilla y León, que dejen votar y que la gente elija y que quien quiera ofrecer a los militantes un proyecto alternativo para Castilla y León, lo haga con toda tranquilidad, no pasa absolutamente nada”, ha argumentado sobre la posibilidad de que finalmente concurran dos candidaturas.

“No quiero pensar que Pedro Sánchez pretende que los liderazgos se decidan de arriba a abajo con todo lo que luchamos por ello”, ha resumido sobre la necesidad de que sean los militantes los que determinen los liderazgos.

“Yo quiero que Pedro Sánchez siga siendo presidente y que lo sea durante muchos años, porque eso será bueno para España y para Castilla y León, no para el PSOE, pero para eso creo que hay que decirnos la verdad y ser verdaderamente leales”, ha rematado Tudanca, quien echa en falta que Sánchez tenga alrededor gente que le diga “las cosas de verdad”.

Mateos defiende anular las primarias

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, ha defendido este martes la decisión de anular el proceso de primarias en Castilla y León del 9 de noviembre por considerarla “coherente y correcta”. Y ha añadido: “Y unas primarias justas y democráticas no solo implican votar, sino hacerlo con unos plazos razonables que permitan participar a todos los militantes. Por tanto, la decisión de Ferraz es coherente y correcta”.

“Garantizar los derechos de los militantes a decidir pasa por respetar las normas. En el PSOE todos tenemos que cumplir nuestros Estatutos, que lo que marcan es que los congresos se celebran en cascada, primero el Federal y después todos los demás. Siempre ha sido así”, ha dicho Mateos.

Sus declaraciones llegan después de que este lunes el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, afirmara que era importante resolver el liderazgo del partido en Castilla y León antes de que terminara este año, ante un posible adelanto electoral en la Comunidad. “Desde Madrid se ha revocado una decisión tomada de forma mayoritaria por el partido en Castilla y León. Lo respetamos, pero en un momento político como en el que estamos en la Comunidad, con un PP allanando el camino para un adelanto electoral, era importante resolver el liderazgo del Partido antes de finalizar el año”, dijo Serrada.

Y añadió: “En Madrid no lo han considerado así y se ha tomado una decisión en sentido contrario. En cualquier caso, ahora toca aportar propuestas de cara al Congreso Federal y cuando toque hablar del partido en Castilla y León será la militancia quien decida con su voto qué modelo de partido y de liderazgo prefiere para ganar el Gobierno de la Junta”.

Once miembros de la Ejecutiva autonómica pidieron a Ferraz suspender las primarias

En una carta del 4 de octubre a la que ha tenido acceso EFE, estos once miembros -en su mayoría pertenecientes a la provincia de Valladolid, pero también con algún firmante de León y Ávila- denuncian que la aprobación del calendario de actos y procesos, en el que estaban las primarias fijadas para el 9 de noviembre, “no se sometió a debate ni a votación” en una reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica previa a su aprobación en el Comité Autonómico Extraordinario.

Los once miembros de la ejecutiva del partido en Castilla y León se dirigen a la Comisión de Ética y Garantías para presentar una reclamación sobre “la actuación de la Comisión Ejecutiva Autonómica” el pasado 27 de septiembre y los “acuerdos del Comité Autonómico Extraordinario del 3 de octubre”.

Cambios simultáneos a final de año en la cúpula del PSOE y también en el Gobierno. Ese es el plan con el que trabaja Pedro Sánchez junto a sus equipos de confianza en el partido y en el Ejecutivo como impulso a una legislatura que aspira a mantener en pie hasta 2027 y también de cara al próximo ciclo electoral. El Congreso Federal de los socialistas, que se celebrará entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, coincidirá justo con la salida de Teresa Ribera rumbo a Bruselas. Y en ese escenario prevé el presidente acometer las renovaciones de equipos tanto en Ferraz como en el Consejo de Ministros. 

Algunos de esos cambios previstos, de hecho, ya se han precipitado con motivo de la reciente salida de José Luis Escrivá, otro de los ministros que más tiempo ha permanecido en el equipo del presidente. Tras casi cuatro años como titular de Seguridad Social y uno al frente de Transformación Digital, Escrivá fue nombrado en septiembre gobernador del Banco de España. Un movimiento que dio paso a una cascada de sustituciones internas en el equipo más cercano a Pedro Sánchez. 

Porque el sucesor de Escrivá en el Consejo de Ministros fue Óscar López, el hasta ahora jefe de gabinete y mano derecha del presidente. Y López además fichó para su nuevo cargo al que era su ‘número dos’ en Presidencia, Antonio Hernando, como secretario de Estado. Un hueco que dio paso a un profundo relevo del gabinete de Sánchez en la Moncloa, el verdadero centro de toma de decisiones del Ejecutivo, con el académico Diego Rubio a la cabeza. 

Cambios en el Gobierno

Respecto al Consejo de Ministros, los cambios se limitaron en esa ocasión a la sustitución del saliente Escrivá. Pero lo que espera todo el mundo en el PSOE es que sea diferente con la salida obligada de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. La titular de Transición Energética, cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas, será confirmada como vicepresidenta de Competencia y Transición Verde en Bruselas. Pero el proceso de su elección está previsto que pueda prolongarse hasta principios del mes de diciembre. 

Los exámenes a los nuevos comisarios en el Parlamento Europeo serán concretamente entre el 4 y el 12 de noviembre, y como pronto las tomas de posesión de sus responsabilidades se producirán el 1 de diciembre. Lo esperado es que Pedro Sánchez apure los plazos para sustituir a su vicepresidenta y que esa salida sea aprovechada, además, para afrontar otros cambios importantes en el Gobierno. 

Aunque por ahora todo el mundo en la Moncloa y en el partido prefiere rehuir las quinielas, existe el convencimiento de que algunos departamentos del Ejecutivo necesitan un impulso que sirva para recuperar la iniciativa política en una legislatura marcada por la inestabilidad parlamentaria. Y bajo ese parámetro caben casi todos los cambios imaginables y que nadie, salvo el presidente y su equipo más cercano, es capaz todavía de vislumbrar. 

Cambios en el partido

Más por segura se da aún la renovación en la cúpula del partido que se acometerá en el Congreso Federal que se celebrará en Sevilla. En el partido hay quien asume incluso que será muy profunda. Se da por hecha la continuidad del Secretario de Organización, Santos Cerdán, persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez e interlocutor principal de algunos de los socios imprescindibles en la legislatura, como Junts o EH Bildu. También sería una sorpresa que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no siguiera de ‘número dos’ del partido como vicesecretaria general. Pero, a partir de ahí, cualquier escenario parece abierto. 

Lo esperado es que en la Ejecutiva Federal de los socialistas se produzcan numerosos cambios y que sean de calado, afectando incluso a algunas de las principales portavocías. Una renovación con la mirada puesta también en el siguiente ciclo electoral que debe empezar en abril de 2026 en Andalucía y para el que el partido afrontará algunos cambios importantes en los congresos territoriales que se sucederán a partir de 2025. 

El objetivo que persigue Pedro Sánchez es que el Congreso Federal de los socialistas suponga, tanto para su partido como para el Gobierno que preside, un mensaje político nítido y contundente sobre la estabilidad y el vigor de la legislatura más allá de las dificultades que implica gobernar en minoría en el Congreso. Y por eso ambos impulsos, en Ferraz y en la Moncloa, prevé hacerlos coincidir a principios de diciembre. 

La expectativa por entonces, además, es que el paso de los cónclaves internos de ERC y Junts haya conseguido despejar el panorama parlamentario del Ejecutivo. No pierden de vista en el equipo del presidente la posibilidad de que también en diciembre se pueda afrontar una negociación política con los partidos independentistas catalanes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Algo que terminaría por consolidar las bases de una legislatura lo suficientemente estable como para espantar definitivamente cualquier escenario de adelanto electoral. 

Hasta que se produzca ese relevo en los equipos del partido y también en el Consejo de Ministros, el presidente ya ha dado órdenes expresas de que sus dos maquinarias políticas, tanto la del Gobierno y la del Partido Socialista, estrechen lazos y se engrasen bien para trabajar en tándem. Las posibles reticencias generadas en las filas socialistas por el aterrizaje de un nuevo aparato en Moncloa sin vinculación alguna con el PSOE han sido atajadas con celeridad por Pedro Sánchez, que no quiere que se reproduzcan las dinámicas de fractura explícita que se vivieron en los tiempos de Iván Redondo entre su equipo de Presidencia y la calle Ferraz. 

Lo cierto es que de aquí a dos meses todo puede ser muy diferente en torno a Pedro Sánchez. Y que la experiencia de sus seis años al frente del Gobierno demuestra que nada ni nadie se puede dar por descartado. Del Congreso de Sevilla saldrá aún más fuerte, más reforzado y más hegemónico en su propio partido. Y eso le hará tener, si cabe, las manos aún más libres para hacer y deshacer en el PSOE y en el Gobierno.