En una sociedad tan anglizada era la frase más recurrente, la que más sonaba, el modo de la mañana, para los temerosos y para los que celebraban que, por fin, la partida terminaba, que eso significa la expresión. El día de autos, o de los autos rotos, se confirmaba lo esperado: el PSOE se financia ilegalmente.

Para los aventureros de la primera mañana eso es lo que iba a destapar un registro de la UCO en la sede del partido del Gobierno y con ello caería. En realidad, era grave la presencia de la policía judicial, pero no era por eso. Aunque la noticia trataba y quería tratar de eso.

Una filtración temprana cuando aún la mañana huele a pan nuevo llenó de esperanza a un cierto periodismo, a otro lo provocó en una carrera vergonzante por el periodismo de impacto y pobló la sesión de control del Congreso de los Diputados de conjeturas y un jolgorio inusual.

Luego vinieron los frenazos y explicaciones y también, cómo no, la triste sensación de que algo muy grave, sin embargo, pasaba en la calle Ferraz de Madrid y en todas las calles Ferraz del Estado. La agitación festiva llegó también a la oposición y a sus líderes que, facundos, lanzaron sus proclamas habituales y se prestaron para la inminente caída.

En realidad, había motivos, si ciertos, el PSOE llegaba a la línea que sus propios socios temían: la financiación ilegal. De ahí que los más madrugadores se abatieran sobre Gabriel Rufián, como encarnación de los posibles apoyos fallidos. En las redacciones, en la preparación de las escaletas de radio y televisión, el teléfono más buscado fue el del político catalán, esperanza de la izquierda pero también de una derecha que lo espera como mesías de la insurrección contra los corruptos. El equipo habitual crítico del interior socialista, igualmente, acudió presto al aquelarre insistentemente solicitado.

Desde luego, la noche —la mañana— de los autos rotos no pasará a los anales del buen periodismo pero sí del terror. Sin embargo, se ha producido, se está produciendo, una reacción que los más creídos planificadores no esperaban. La militancia, el electorado socialista, está reaccionando. Las desgracias compactan y hacen fuerte ante la adversidad. No es que no estén preocupados por la corrupción, demostrada o no, condenada o no, que lo están, eso dicen. Es que han tocado el techo de la resignación.

A ver lo que ocurre en los próximos días pero, tal vez, la rosca ya se ha pasado y muchos ven por encima de todo un programa de aniquilación del adversario político, según palabras de las notas que están circulando por una red encendida y correos privados de manera masiva.

El game over de algunos ha desaparecido de manera acelerada de ciertos historiales sociales, incluso algunos de esos mismos se secan apresuradamente tras impulsivamente tirarse al agua, dando la razón, en este caso, al presidente canario Clavijo. En esta sociedad que tanto sabe inglés conviene recordar que game significa partida pero también caza. Las palabras, incluso en inglés, las carga el diablo, ya nos lo recordaba George Orwell, y no creo que sea democrático participar en ninguna cacería. La política en democracia es otra cosa.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró esquivo el pasado 2 de febrero ante el juez Arturo Zamarriego. Acudía como testigo —el instructor rechazó citarle como investigado— en la causa abierta contra una trama conspiranoica vinculada y financiada por el PSOE. Esa trama, integrada por la militante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, buscó irregularidades y corruptelas en la actuación de los jefes de la Guardia Civil y de la Fiscalía que investigaban la corrupción socialista.

Cerdán intentó en el juzgado desvincularse de Díez. Contó al juez que la conoció en la primera reunión que tuvo con ella en abril de 2024, en los mismos días que Sánchez se tomó para reflexionar sobre si abandonaba la política tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Llegó Díez a la sede socialista de la calle Ferraz acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, imputado desde hace nueve años en una de las piezas separadas del caso Tándem, un sumario interminable donde se investigan las operaciones ilegales del comisario José Manuel Villarejo y parte de la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP.

Ambos miembros de la trama le contaron a Cerdán que tenían audios grabados por Villarejo donde se acreditaba la existencia de una campaña ilegal desde el Ministerio del Interior para desprestigiar a Pedro Sánchez por los negocios de saunas de su suegro. Pero Cerdán, según su testimonio en el juzgado, despreció aquella información por ya conocida: se había publicado antes en algún medio de comunicación. De aquel encuentro, según el exsecretario de Organización, no dio cuenta al presidente del Gobierno. Tampoco le contó ni a Sánchez ni al juez Zamarriego que desde aquel 26 de abril de 2024 hasta el 21 de mayo de 2025 se reunió en hasta 22 ocasiones con Leire Díez, según ha descubierto ahora el juzgado que dirige Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

En su declaración del pasado febrero, apenas dos meses después de abandonar la cárcel, Cerdán sostuvo que no había pagado nada a Leire Díez ni le había encargado ningún trabajo. Sin embargo, la investigación de Pedraz considera acreditado que Cerdán ordenó financiar los trabajos conspiranoicos de Díez a través de un sistema opaco. El PSOE firmó contratos de asesoramiento con tres despachos: el del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías; el de Ismael Oliver, defensor entonces de José Luis Ábalos; y el de Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán. El juez Pedraz sospecha que el dinero que el PSOE pagaba a estos tres despachos se empleaba en financiar el trabajo de Leire Díez en aquel tiempo. Junto a Pérez Dolset buscó información sobre irregularidades cometidas por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, o el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ambos dirigen los departamentos que han investigado las tramas de corrupción que llevaron a la cárcel a Cerdán y a Ábalos, los principales colaboradores de Sánchez en el partido desde 2018.

El juez Pedraz ha imputado también a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, por firmar los contratos de asesoría que ocultaban la financiación de las prácticas irregulares de Leire Díez. Portavoces del partido sostienen que la gerente firmó esos contratos sin conocer que el dinero destinado a los despachos de abogados acabaría financiando la trama conspiranoica. El presidente Sánchez, según fuentes del Gobierno, siente vergüenza por los hechos conocidos y por los engaños de Cerdán, que nunca le contó la puesta en marcha de este operativo. La investigación judicial no tiene aún indicios de que todas estas operaciones irregulares se hicieran por orden o con el conocimiento del secretario general del PSOE.

El juez Pedraz ordenó el pasado miércoles la intervención de la Guardia Civil durante más de diez horas en la sede del PSOE para requerir abundante documentación y los tres contratos sospechosos de asesoría jurídica que ocultaban supuestamente los pagos a Leire. Además, los agentes se llevaron algunas pertenencias de Santos Cerdán, entre ellas un ordenador que la Guardia Civil despreció durante el registro ordenado un año antes por el juez del Supremo, Leopoldo Puente, cuando investigaba un caso de supuesto amaño de contratos por el que acabó en prisión provisional el entonces secretario de Organización del PSOE.

La derecha política (Vox y PP) y la mediática atribuyen los hechos conocidos a unas “cloacas del PSOE” que apenas tienen parecido con las cloacas del PP que funcionaron en España entre 2012 y 2017. Aquellas cloacas perpetraron la Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas para robarle documentación sobre la financiación ilegal del partido de Mariano Rajoy. Aquellas cloacas fabricaron pruebas falsas contra los adversarios del Gobierno: independentistas catalanes o dirigentes de Podemos. Esas pruebas falsas —cuentas corrientes en paraísos fiscales, patrimonios ocultos en Suiza, fuentes de financiación ilegal de un partido concreto— se convertían luego en informaciones escandalosas sin contrastar que difundían determinados medios y a veces terminaban en denuncias ante los tribunales, todas archivadas. Aquellas cloacas del PP tenían un poder real, dinero del presupuesto público para sus fechorías, el amparo de quien mandaba en el ministerio del Interior y el impulso del partido en el Gobierno.

La trama conspiranoica vinculada al PSOE que integraban Leire Díez y Javier Pérez Dolset carecía de poder real. La investigación no ha encontrado hasta ahora ningún indicio que permita aventurar que esta trama tuviera contactos o influencia en el ministerio del Interior; ni control sobre el funcionamiento de las unidades policiales anticorrupción, ni relación alguna con la Fiscalía General del Estado. Y pese a eso, en la búsqueda de trapos sucios para arremeter contra quienes investigaban la corrupción socialista, ofrecían a sus interlocutores todo tipo de mejoras debido a sus supuestos contactos con el poder político y judicial a cambio de información comprometedora para los que destapaban las corruptelas de dirigentes socialistas. Leire Díez y Javier Pérez Dolset nunca cumplieron sus promesas ni obtuvieron la información que perseguían y sobre la que elucubraban. El juez investiga si la trama intentó sobornar al fiscal José Grinda con 300.000 euros, algo que ha desmentido el propio afectado; o pagar 50.000 euros a Carmen Pano, una empresaria imputada que denunció que había llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE en la calle Ferraz, algo también desmentido por la abogada presuntamente encargada del soborno a cambio de una rectificación.

Antes de su reunión con Cerdán en abril de 2024, la trama había denunciado muchas corruptelas de la policía patriótica que seguían impunes. Dolset registró en la policía, la Fiscalía y los juzgados de la Audiencia Nacional numerosos escritos reclamando la investigación sobre aquellos hechos, incorporando decenas de grabaciones de Villarejo que acreditaban las irregularidades policiales cometidas en la Operación Cataluña o en el espionaje a Pedro Sánchez. Sin ningún éxito.

Tras la reunión con Cerdán en la sede socialista de Ferraz, Leire Díez cambió algunos de los objetivos de sus denuncias. Se entrevistó con un empresario imputado por fraude fiscal en el negocio de hidrocarburos; con un comandante de la guardia civil imputado por su colaboración con la trama corrupta de Koldo García y José Luis Ábalos; con un fiscal anticorrupción que dejó el puesto en 2020 tras investigar decenas de casos vinculados a la corrupción policial en el ministerio del Interior, y hasta con el secretario de Estado de Seguridad del PP, Francisco Martínez, al que le pidió detalles sobre algunas operaciones ilegales de la Policía durante su mandato. Todos esos encuentros donde Leire prometía cosas que no podía cumplir fueron grabados. Ahora son la principal prueba de cargo contra esta trama conspiraonica vinculada y financiada por el PSOE gracias al impulso de Santos Cerdán.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este jueves que no “resta relevancia” a las investigaciones judiciales al PSOE que han provocado la imputación de la gerente, Ana María Fuentes, y del exsecretario de Organización Santos Cerdán por, presuntamente, crear una trama para entorpecer investigaciones judiciales contra el partido, pero al mismo tiempo ha denunciado el “show” creado que busca generar un escándalo contra el Gobierno.

Torres ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo de Europa Press, al día siguiente de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizase un operativo de 12 de horas en la sede central del PSOE en la calle Ferraz en busca de información relativa a la presunta trama.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama liderada por Cerdán, en la que participó la exmilitante socialista Leire Díez para “desestabilizar” las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. El juez sospecha que para financiar estas actividades se realizaron pagos desde el partido y por eso ordena imputar a la actual gerente.

Aunque el ministro ha repetido en varias ocasiones que no resta importancia a estas pesquisas, ha subrayado que debe prevalecer la presunción de inocencia y critica que la operación en Ferraz apareciese publicada en los medios antes de llevarse a cabo.

“Estamos asistiendo en directo a un show”, sostiene Torres, que considera que se está primando “entrar en las casas con el mayor de los escándalos o escandalera”, -en referencia al impacto o “shock” que generan estas actuaciones en la sociedad- por encima de la preservación del proceso judicial.

“No es normal que en la víspera de una intervención supuestamente sigilosa, que se tiene que preservar para el mejor resultado de la investigación, aparezca lo que se va a hacer en los medios de comunicación”, ha recriminado el ministro que considera que “eso va en contra de la propia investigación”.

En la misma línea insiste en que en una investigación “seria” debe haber “discreción” y por tanto reprocha que, a pesar de que hay secreto de sumario, “todo el mundo sepa lo que lo que supuestamente es secreto”.

En este sentido, el ministro de Política Territorial ha hecho un llamamiento a “volver a separar los poderes” del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, “que tiene que ejercer su trabajo con independencia y con igualdad”, advierte.

“Cuando una sociedad empieza a tener dudas sobre la separación de los poderes, cuando tú puedes tener información privilegiada, cuando ya conoces lo que va a hacer una autoridad judicial”, señala, “la igualdad se destroza”.

El PP no adelantó elecciones tras ser condenado por la AN

Pese a los indicios que expone el juez contra cargos del PSOE, Torres rechaza un adelanto electoral y considera que el PP no está legitimado para exigirlo porque en 2018, después de la condena de la Audiencia Nacional por ser partícipe a título lucrativo de actividades de corrupción, los de Mariano Rajoy no adelantaron las generales y salieron de La Moncloa solo tras una moción de censura liderada por Pedro Sánchez.

Ahora, si la oposición quiere un cambio de Gobierno “ante investigaciones policiales que no una condena”, apostilla, deberían presentar una moción de censura, porque es la herramienta recogida en la Constitución para este fin, indica el ministro.

El adelanto electoral o la presentación de una cuestión de confianza, recuerda, son decisiones en manos del propio presidente del Gobierno, según ha recalcado un día después de que Sánchez dijese que agotará la legislatura y descartase generales anticipadas.

No van a encontrar nada ilegal

El ministro Torres también ha denunciado una “campaña” de acusaciones contra él, que, según ha dicho, pretende aburrirle, cansarle, que se haga un lado e ir contra su honorabilidad. “No lo van a conseguir”, ha sostenido.

A renglón seguido, ha defendido que si se aparta, “vencerán los malos”, censurando que las acusaciones que pesan contra él las están haciendo personas como el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, “que está a punto de recibir sentencia”.

Y al ser preguntado por si está seguro de que no habrá un informe de la Guardia Civil sobre él, Torres ha defendido que “no van a encontrar ninguna acción ilegal” de él: “Todo lo que se ha dicho de mí, me dará más fuerza, terminará con una victoria de la verdad frente a la difamación”.

El exministro Jorge Fernández Díaz ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional, acusado de ser la X de la guerra sucia del PP. En su declaración, el expolítico del PP ha declarado que supo de la Operación Kitchen por la prensa dos años después, contradiciendo a su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Este ha comparecido antes que el exministro negando la existencia la Kitchen y reduciéndola a una “operación de inteligencia”.

Mientras tanto, continúan las citas judiciales que afectan al Partido Socialista: La Audiencia Provincial de Badajoz se convierte en el escenario del juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación en la Diputación. Su abogado ha pedido la nulidad de la causa, defendiendo que la demanda está basada en “recortes de prensa y mentiras”

Además, las presuntas maniobras de Leire Díez para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE vuelven a marcar la agenda en los tribunales después de que el pasado jueves se conociera el auto del juez Santiago Pedraz. En él, se atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo del grupo encargado de influir en estas causas y apunta al propio partido como financiador de esas maniobras.

El empresario Javier Pérez Dolset tuvo un éxito colosal a finales del siglo XX cuando creó el videojuego Commandos, basado en estrategia militar. Estuvo durante 20 años en la lista de los más distribuidos en todo el mundo. Vendió casi cinco millones de unidades y facturó más de 450 millones de euros. El Grupo Planeta pagó 100 millones por el 25% de la empresa Zed de Pérez Dolset en 2006, justo antes del estallido de la crisis económica que abrió un agujero en las cuentas de la sociedad.

En 2017, Javier Pérez Dolset fue detenido acusado de vaciar la sociedad y desviar el dinero de las millonarias subvenciones concedidas por el Gobierno. Dolset atribuye desde entonces su situación judicial –está imputado en una de las 30 piezas separadas del caso Tándem– a las maniobras del Grupo Planeta, al espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo y a los manejos del fiscal José Grinda.

Dolset ha recabado en los últimos nueve años abundante información sobre las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. Esas prácticas consistían en fabricar pruebas falsas contra los adversarios políticos (dirigentes de Podemos e independentistas catalanes) o destruir pruebas que pudieran incriminar al PP en el caso de financiación ilegal que investigaba la Audiencia Nacional y por el que la formación conservadora fue condenada en firme.

El empresario entregó todo el material del que dispuso a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional con escaso éxito. Buscó aliados para su defensa y encontró a Leire Díez, militante socialista, exdirectiva de Correos y un vínculo directo con la ejecutiva de un partido que acababa de llegar al Gobierno.

Dolset y Leire Díez se citaron en la sede socialista de la calle Ferraz con el secretario de Organización, Santos Cerdán, justo el primer día de reflexión –24 abril– que se tomó Pedro Sánchez para decidir si continuaba en el Gobierno o abandonaba la política tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Ese día, Dolset y Díez entregaron un pendrive cargado con información sobre las prácticas corruptas de la policía política del PP. La documentación incluía una grabación de Villarejo planificando con el 'número dos' de Interior, Francisco Martínez, futuras maniobras contra Pedro Sánchez con información sobre los negocios de su suegro.

Desde entonces y hasta hace unos meses, Dolset y Leire Díez siguieron trabajando aunque con objetivos distintos: demostrar las prácticas corruptas de jueces, fiscales o guardias civiles que investigaban supuestos delitos cometidos por familiares del presidente Sánchez y por los dos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Lo que sigue es un breve catálogo de las actividades de la trama que ahora investiga la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal, varios delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. El juez cree que el PSOE contribuyó supuestamente a financiar estas maniobras. A continuación se recogen algunas de las actividades de la trama y la información que manejaron desde abril de 2024 hasta hoy.

Operación Cataluña, pagada con fondos reservados

En el pendrive que pusieron a disposición del PSOE, y que el partido remitió a la Fiscalía General del Estado “a los efectos oportunos”, se almacenaron numerosos archivos de audios correspondientes a grabaciones efectuadas por el comisario Villarejo con sus jefes políticos del Ministerio del Interior y con otras personas que acreditaban las maniobras ilegales, algunas pagadas con fondos del Estado, contra dirigentes independentistas de Catalunya. Esas operaciones ilegales todavía siguen impunes y no hay ninguna causa abierta en la Audiencia Nacional por aquellos hechos.

“Al fiscal Grinda hay que matarlo”

Entre la documentación que Díez y Pérez Dolset facilitaron al PSOE se incluyen grabaciones entre Villarejo y la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, donde hablan del fiscal anticorrupción José Grinda. Villarejo le cuenta que los socialistas le habían hecho llegar el mensaje de que si denunciaba al PP por la Operación Cataluña resolverían sus problemas con la Fiscalía. Esta es parte de la conversación:

Cospedal: ¿Margarita Robles te llamó?

Villarejo: No. El enlace que yo tengo con ella, que es un antiguo colega, de su cuerda (…). A mí lo que me han dicho es si tú estás dispuesto a contar que lo de la Operación Cataluña es una operación del PP y no sé cuántos, lo de la Fiscalía, eso que tiene Grinda contra ti lo va a quitar y tal.

Cospedal: A Grinda hay que matarlo.

Villarejo: Y pedimos que comparezcas en el Congreso y luego después convocamos la moción de censura. Y les digo no sé de qué me estáis hablando. Has visto cómo he mantenido yo el tema y lo voy a mantener hasta el final.

Dolset consideraba a Grinda uno de los culpables de su imputación en la Audiencia Nacional y recabó de Villarejo un material con el que se intentaba involucrar al fiscal anticorrupción en un caso de pedofilia.

El fiscal Grinda denunció hace solo unos meses que la trama de Leire Díez intentó sobornarle, ofreciéndole un puesto de trabajo en el extranjero y 300.000 euros a cambio de que ayudara a cerrar algunas de las causas que tramitaba en Anticorrupción así como información contra su jefe, Alejandro Luzón.

Los negocios del suegro de Sánchez con las saunas: “Eso es mortal”

En el pendrive entregado a Cerdán también se encontraba una larga conversación grabada con Villarejo en agosto de 2014 con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, donde le informa sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez.

Villarejo: No lo sabe nadie… hay que manejarlo con muchísimo... El tema de las saunas esas lo sabe la Comisaría General de Información porque ahí iban políticos. Son saunas de pilinguis. Son tres hermanos. Un día estuvo Pedro Sánchez allí comiendo con su suegro. Y me dicen que El Gordo [Enrique García Castaño, comisario] se lo ha contado a Pino [Eugenio Pino, director adjunto operativo, número tres de Interior en aquel momento]. Si Pino no ha contado nada…

Martínez: Porque siguen con el negocio, ¿no?

Villarejo: Un negocio de puta madre… ahí sacan pasta de la hostia. Está todo a nombre del hermano mayor, pero luego los otros dos que hay por debajo (el suegro y otro más que hay) son los que llevaban la gestión. Esta es la historia.

Martínez: Y él [Pedro Sánchez], ¿lo sabe seguro?

Villarejo: Hombre, ya me contarás... Es una parte débil del diseño, eso es mortal. Cuando haga falta, para que sólo lo trates con el presidente y con el número uno. Ahí es donde tienes que valorar, en un momento determinado…

Martínez: Eso es mortal.

Desprestigiar al teniente coronel que investiga a Ábalos y a Cerdán

Dolset y Díez se reúnen en un despacho de abogados con imputados en el caso hidrocarburos. Uno de ellos, el empresario Alejandro Hamlyn, sugiere que tiene información sobre conductas irregulares del jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, que investiga casos de corrupción del Gobierno socialista. Leire Díez responde: “Si Balas está muerto, mejor”.

Durante la reunión, la militante socialista presume de tener contactos en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado para favorecer a Hamlyn en su proceso penal, siempre y cuando aporte información relevante contra el teniente coronel.

Buscar información contra Luzón, jefe Anticorrupción, en reuniones con Stampa

Díez y Dolset se reunieron con el fiscal Ignacio Stampa muchos meses después de que este dejará el puesto de la Fiscalía Anticorrupción. Díez se presentó así: “Esto es estrictamente confidencial y es una cosa que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué hay detrás de todo esto”.

En el encuentro, grabado y denunciado después por Stampa, Díez intentaba sonsacar información al fiscal sobre actuaciones irregulares del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, a cambio de solucionarle los problemas que pudiera tener con la fiscalía general del Estado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado su “inquietud y casi nudo en el estómago” tras el registro de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de Ferraz, abogando por que el PSOE hable “internamente” en el marco del Comité Federal del partido previsto para el 27 de junio, aunque no se ha decantado por adelantarlo.

“¿Qué quiere que le diga?. Las sensaciones son de mucha preocupación, de desasosiego. La inquietud y el no saber hasta dónde llega todo esto nos produce enorme preocupación además de decepción si todo esto se confirma”, ha manifestado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, a preguntas de los medios en rueda de prensa.

Ha lamentado que se produzca “un caso tras otro”, y ha reafirmado que es “inevitable el nudo en el estómago”, cada vez que oyen, leen o ven “cualquier noticia desagradable como la de esta mañana”.

En todo caso, ha pedido dejar “trabajar a la justicia, tribunales y a los investigadores”, confiando “en que todas las personas o entidades que tengan que defenderse o mostrar su inocencia, lo puedan hacer con la mayor solvencia” para que todo “se resuelva con la mayor rapidez”.

Preguntada por su opinión sobre si se debe adelantar el Comité Federal del PSOE que está previsto para finales del mes junio, ha señalado que esta decisión está en manos de Ferraz. “Está en sus manos si deciden mantener la fecha o deciden retrasarlo, pero creo sinceramente que va a aportar poco”.

En su opinión, el hecho de mover la fecha puede “generar más conflictos, más disputas”, aunque ha señalado “que hay que hablar cuanto antes”, añadiendo que lo que menos le preocupa es la fecha de este comité.

“Ellos sabrán por qué y ellos decidirán si lo quieren cambiar, pero sinceramente ahora mismo lo que menos me preocupa es la fecha de ese Comité Federal. Pero hay que tenerlo, hay que tenerlo, porque el partido internamente también tiene que hablar”.

Así, ha mencionado que “a veces, cuando hay gente que dice que hay que hablar dentro, es importante tener reuniones” para fraguar este diálogo interno dentro del partido.

En todo caso, ha aludido a las palabras del presidente regional, Emiliano García-Page, que en julio del pasado año pidió convocar elecciones o una cuestión de confianza ante informaciones del exsecretario de Organización Santos Cerdán. “Y si lo pensábamos hace un año con menos asuntos encima de la mesa, pues imagínense ahora”, ha aseverado.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado a Emiliano García-Page a decidir “si está con Sánchez o está con España”, tras la entrada este miércoles de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, dentro de las investigaciones judiciales relacionadas con presuntas tramas de corrupción y presuntas irregularidades vinculadas al entorno socialista.

Núñez ha acusado a Page de representar “el mayor ejercicio de falsedad y teatro de la política española”, después de pedir esta semana elecciones anticipadas al Gobierno de España. “Lleva años intentando vender una falsa rebeldía frente a Sánchez mientras después vota todo con él, le mantiene en el poder y le protege políticamente. Dice una cosa por la mañana y hace la contraria por la tarde”, ha señalado.

Por ello, Núñez ha lanzado una pregunta directa al presidente autonómico: “Después de pedir elecciones y después de la entrada hoy de la UCO en Ferraz, ¿van a votar esta tarde los senadores autonómicos nombrados por Page a favor de reprobar a Sánchez y pedir elecciones o van a volver a sostenerle una vez más?”.

“Ahí está la verdad de Page. No en sus titulares ni en sus declaraciones calculadas, sino en las votaciones. Si hoy sus senadores no rompen con Sánchez, quedará demostrado una vez más que todo es puro teatro”, ha afirmado Paco Núñez.

“Hoy tiene una oportunidad perfecta para demostrar si sus palabras tienen algún valor o si todo responde únicamente a una estrategia de imagen. Si de verdad cree lo que dice, esta tarde sus senadores deben votar contra Sánchez, reprobarle y exigir elecciones. Todo lo demás será seguir participando de esta gran mentira política”, ha concluido el presidente de los populares de Castilla-La Mancha.

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha reclamado hoy a Ferraz y a Moncloa “empatía” con los territorios tras el revés electoral en Andalucía y lo vincula al desgaste provocado por los acuerdos del Gobierno de España con el independentismo catalán.

El barón castellanomanchego reclama a la dirección federal del PSOE mayor sensibilidad con alcaldes y dirigentes territoriales que en 2027 tendrán que enfrentarse a elecciones autonómicas y municipales, tras el varapalo socialista de ayer. Ha dicho estar “preocupado” por la factura que, en su opinión, se está pasando a los socialistas en sucesivos comicios electorales.

“Creo que hay que estar con la cantidad de compañeros y compañeras que además tienen elecciones dentro de un año, si es que terminan queriendo ser candidatos y no quieren ser nuevos emisarios de un mensaje que no va dirigido para ellos”, comentaba durante un acto en Letur (Albacete) y se ha preguntado si en Ferraz o en Moncloa hay preocupación por lo que pueda pasar el año que viene.

García-Page lleva reclamando un adelanto electoral a Pedro Sánchez desde hace meses y hoy ha vuelto a deslizarlo, cuestionando que desde Madrid se esté asumiendo la gravedad de los resultados en Andalucía.

También rechaza cualquier lectura conformista de los comicios y advierte de que confiar en una futura recuperación gracias a la fragmentación de la derecha o a nuevos acuerdos parlamentarios sería “mirar para otro lado en espera de que vuelva a sonar la flauta”.

“Estoy preocupado y mucho por el país y también por las ideas que represento desde el pacto con el independentismo”, ha insistido.

Advierte del peligro de “no querer entender o mirar para otro lado”

En su opinión, “los ciudadanos están hablando elección tras elección y mandando un mensaje muy claro” y advierte a Pedro Sánchez, sin citarle: “Cuando el destinatario no quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez”.

Page defendió que el principio de igualdad entre españoles constituye “el auténtico muro de sustentación de la izquierda” y aseguró que una parte del electorado progresista se está alejando del PSOE por considerar que se han asumido “beneficios y privilegios fiscales” para Catalunya incompatibles con ese modelo.

Cree que España no tiene por qué perder la esperanza en un espacio socialdemócrata ni de izquierdas pero incide en que se está creciendo electoralmente hablando, “a la izquierda y por supuesto mucho más a la derecha del PSOE”, con un determinado planteamiento “pegado al terreno” y que “ataca de raíz el pacto con la extrema derecha independentista catalana, defiende la igualdad, está en contra por supuesto no sólo de la independencia sino de los beneficios y privilegios fiscales”.

Pese al resultado andaluz, el dirigente socialista quiso enviar un mensaje de respaldo a la federación andaluza del partido y reivindicó su peso histórico dentro del socialismo español. “Andalucía y el partido de Andalucía es nuestra principal seña de identidad como socialistas en España y lo volverá a ser”, señaló.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado por escrito ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que investiga un presunto delito de amenazas contra él por el linchamiento en la Nochevieja de 2023 frente a la sede socialista de la calle Ferraz de un muñeco que le representaba. Sánchez sostiene en su declaración que aquel acto fue “una apelación directa” a su muerte y que se trató “de una ceremonia de escarnio público y de violencia explícita” que excedió el derecho a la crítica.

Así consta en la declaración presentada por el jefe del Ejecutivo, que ejerce la acusación particular en esa causa, en la que indica que, si bien esa manifestación en apariencia había sido convocada como un acto lúdico y de protesta política —tomar las doce uvas ante la sede del PSOE—, ocultaba una acción perfectamente organizada de “violencia política e intimidación”. Para Sánchez, el encuentro convocado por Revuelta, la marca juvenil de Vox, desembocó “en una violenta manifestación de odio, con exhibición de símbolos preconstitucionales, coacciones y amenazas” dirigidos directamente contra él.

Lamenta que también “se vertieron graves ofensas e insinuaciones homicidas” que alcanzaban incluso a miembros de su familia, y que el momento culmen de esa teatralización incluía que la figura representativa de su persona fuera “colgada de un semáforo, golpeada, apaleada y despedazada” mientras todo era retransmitido en directo a través de las redes sociales.

“Los actos eran una manifestación brutal de odio, encaminada a crear un clima de amenaza física real hacia mi persona y familia. El grado de violencia y amenaza directa excedía claramente los límites razonables del derecho a la crítica y a la protesta pública amparados por la libertad de expresión y manifestación. En ningún caso la amenaza, el odio organizado, el insulto, la insidia y la descalificación personal encuentran amparo en nuestra Constitución”, subraya Sánchez.

Ataque a los trabajadores del PSOE

El presidente del Gobierno indica que lo ocurrido en esa noche “no era una simple crítica” a su gestión política, sino “una proclamación expresa de odio” hacia su persona y hacia su familia. “Acompañada de ”una ceremonia de escarnio público y violencia explícita, que incluía una apelación directa a mi muerte“, señala. Y entiende que esa ”deshumanización“ no solo atentaba contra su propia dignidad, sino que podía ”legitimar la comisión de actos violentos contra personas y espacios“ vinculados al PSOE. ”Tuve la íntima convicción de que esos hechos suponían un salto cualitativo. Y que suponían una invitación real para que alguien se atreviera a pasar de la mera puesta en escena al ataque real“, añade.

En este sentido, en la declaración firmada de su puño y letra, y fechada el pasado 27 de febrero, el jefe del Ejecutivo indica que “el perjuicio sufrido es (…) irreparable” y que ese apaleamiento público de una piñata con su figura supone “un salto sin precedentes desde el terreno de lo virtual al de lo real” que no se ha vivido con anterioridad. Y advierte de que la violencia verbal y la violencia representada “siempre anteceden a la violencia física” y afecta tanto al conjunto de la organización política de la que es secretario general como al simpatizante y al militante anónimo.

Cree, de este modo, que no es a Pedro Sánchez “a quien se estaba colgando, apaleando y quemando en público” sino a quienes exhiben sintonía o militancia con el proyecto político que representa y, especialmente, a los trabajadores que desempeñan su labor en la sede del partido y que no cuentan con medio alguno de protección a su integridad. “Desde entonces, temo por la seguridad de todos ellos”, apuntala.

Sánchez concluye su testifical escrita advirtiendo de que esa amenaza personal es también una amenaza colectiva, y avisa de que “la simbología del terror nunca ha sido una expresión inocente”. “Por desgracia, para los españoles es una lección duramente aprendida”, remarca.

La causa en la que ahora ha testificado Sánchez se reabrió por expreso mandato de la Audiencia Provincial de Madrid en julio de 2025 después de que la instructora acordara el archivo al entender que “la falta de educación no es delito”. El tribunal, que enmendó esa decisión, acotó el delito investigado al de amenazas, descartando delitos de odio y de injurias. Además, rechazó la petición de la representación legal de Sánchez y del PSOE de que el asunto acabara siendo ventilado en la Audiencia Nacional.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, será el encargado de presidir la comisión gestora que coordinará la actividad del PSOE en la región tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo por los malos resultados en las elecciones del domingo pasado. Así lo ha anunciado la Secretaría de Organización en un comunicado difundido esta Nochebuena.

Junto a Quintana, en la gestora, figuran como vocales María José Pulido, Gonzalo Romero, Carmen Yáñez, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García. “A partir de este momento, la Comisión Gestora se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional”, señala la nota.

Muy próximo a Pedro Sánchez, José Luis Quintana Álvarez es natural de Don Benito, ciudad de la que fue alcalde desde 2015 hasta 2023. Nacido en 1950, cursó Formación Profesional de Segundo Grado en Administración de Empresas y realizó un Máster en Dirección Económico y Financiera. Fue director general de Financiación y Medios Agrarios de la Junta de Extremadura, director general de Política Agraria Comunitaria y posteriormente consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura entre los año 2003-2007 y consejero de Formento entre los años 2007-2011. Además ha sido diputado del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz entre los años 2011-2015. Está casado y tiene dos hijos.

Un partido descabezado

El PSOE extremeño quedó descabezado el pasado lunes, al día siguiente de que el partido, liderado por Miguel Ángel Gallardo, cosechara el peor resultado de su historia en unas elecciones autonómicas. Gallardo presentó su dimisión pero anunció que recogería su acta de diputado. La noche electoral se saldó con la pérdida de 108.000 votos y el retroceso a un suelo histórico de 18 escaños, una sentencia política a un líder que llegaba a la campaña lastrado por su procesamiento por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Gallardo había admitido el domingo que el resultado fue “malo sin paliativos”, pero retrasó su dimisión, que todos daban por hecha, a la reunión de la Ejecutiva del partido el lunes pasado.

La indignación interna por el escándalo sobre el exasesor de Moncloa Francisco Salazar se extiende como un reguero de pólvora por las federaciones socialistas y amenaza ya con provocar un incendio político en Ferraz. Pese a los intentos de la dirección federal por rebajar el asunto, cada paso dado por el partido desde que elDiario.es revelase que dos denuncias por acoso sexual con el exasesor de Moncloa habían sido ignoradas por el partido no ha hecho más que empeorar las cosas. Por eso, muchos son los dirigentes que demandan explicaciones a los responsables del partido que debían haber investigado esas denuncias.

“Esto no se puede zanjar como si no hubiera pasado nada. Queremos que nos expliquen qué ha pasado, qué se hizo y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en este asunto que mancilla las siglas de un partido que lleva a gala la bandera del feminismo”, se queja un alto cargo del PSOE de Andalucía. En pleno escándalo, y ante cada vez un mayor número de voces críticas, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, convocó de urgencia a las responsables de esta cartera orgánica en las federaciones socialistas a una cita telemática este miércoles por la noche.

Lo cierto es que ella recogió el guante a demanda de las responsables de Igualdad de las diferentes federaciones, que en un chat interno que comparten en WhatsApp le exigieron todo tipo de explicaciones sobre el escándalo que el partido había tratado de ocultar y sobre el motivo por el que las denuncias se volatilizaron del canal antiacoso. Hubo durante 48 horas una avalancha de peticiones de información e indignación compartida. “No es entendible que digan primero que una vez dado de baja como militante, la investigación sobre Salazar no podía seguir adelante y, más tarde sostener aunque ya no sea afiliado, el expediente seguirá su curso”, le reprocharon. 

Bernabé respondió en ese chat que jurídicamente no se puede hacer nada, retomando así la primera explicación que desde Ferraz dieron a elDiario.es el pasado viernes cuando se preguntó por la desaparición de las denuncias. Y la pregunta que le plantearon acto seguido fue cuál será el proceso cuando vuelva a haber una denuncia y el compañero afectado renuncie a la afiliación. “Para eso no se necesita protocolo alguno”, terció otra de las responsables territoriales.

La secretaria federal de Igualdad, que en estos cinco meses tampoco se interesó por el desarrollo de la investigación interna que como se ha demostrado nunca se llevó a cabo, pidió perdón públicamente el miércoles y ahora parece decidida a ponerse al frente de las pesquisas, después del desinterés que durante tantos meses ha existido en el ámbito de la comisión contra el acoso, en el de la secretaría de Organización y en su propia área organizativa. Ya durante la reunión con sus homólogas de las federaciones les pidió que tuvieran fe, que estuvieran calladas y que les irían contando la evolución de las pesquisas en una próxima cita presencial a la que asistirían los jurídicos del partido, según aseguran algunas de las conectadas a la videollamada. Durante la conexión Bernabé volvió a insistir en la dificultad de actuar ya contra Salazar al no ser militante, a lo que algunas participantes pidieron que si se habían detectado indicios de delito, se elevara el caso a la Fiscalía. Así lo aseguran algunas de las intervinientes, que también lamentan que la dirección federal se negara, como solicitaron varias socialistas, a emitir un comunicado al término del encuentro.

Ferraz pide confianza y silencio a sus portavoces

Las presentes volvieron a escuchar que el PSOE “siempre está al lado de las víctimas, y no de los agresores”; que el protocolo antiacoso falló “porque era nuevo”, pero que ya se ha resuelto la incidencia y que los socialistas tienen mecanismos antiacoso de los que no disponen otros partidos, si bien se les negó la identidad de los integrantes de la comisión que resolverá ahora el asunto. Después se les emplazó, coinciden varias socialistas, a una nueva cita, ya presencial, donde los servicios jurídicos les detallarían el procedimiento a seguir, a guardar silencio en público y a mantener la confianza. Esto fue antes de que la secretaria de Igualdad cortara las intervenciones de la portavoz de Igualdad en el Congreso, Andrea Fernández, así como a las representantes de Extremadura y Baleares y negara turno de palabra a la portavoz de la materia en el Senado, Carmela Silva y a la de Madrid, Lorena Morales.

La dirigencia que no habita entre los muros de la calle Ferraz y la Moncloa, además de interpelar a la responsable de Organización, Rebeca Torró, apunta también a la vicepresidenta primera, vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, en tanto en cuanto el exasesor del presidente militaba en su agrupación y trabajó durante años codo con codo con la también ministra de Hacienda. “Salazar ha estado protegido todos estos meses por la dirección andaluza, con cuyos integrantes mantiene una relación constante y fluida”, lamenta otro dirigente.

Este miércoles, en público, María Jesús Montero afirmó que las víctimas contarán con todo su apoyo y el del PSOE, pero el pasado julio se dirigió a algunas mujeres de su propio partido para acusarlas de “querer destrozar la vida a los compañeros” y de “respaldar a quienes quieren acabar con el PSOE”, según han relatado algunas de las interpeladas. Tampoco es casualidad que en la dirección andaluza Montero tenga como secretario de Organización a Francisco Rodríguez, a quien se considera hijo político de Salazar e íntimo amigo del hombre denunciado. O que el propio Rodríguez, que es además alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), fuera el pasado mes de julio el primero en salir en defensa de Salazar. “Por mi amigo pongo la mano en el fuego”, afirmó rotundo antes de dudar de los testimonios de las víctimas.

Desde la Moncloa ahora sí lamentan que el partido no haya estado a la altura y sospechan que desde Ferraz “se ha ocultado información al presidente del Gobierno”. Así lo cree una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, quien asegura que cuando el secretario general del PSOE leyó en elDiario.es los escritos de las denunciantes “no tuvo ninguna duda de la trascendencia del asunto” y demandó a Torró las explicaciones por las que durante cinco meses no se había interesado.

Directo al corazón del electorado progresista

La sensación en otros ámbitos del PSOE es que, conocido el alcance del escándalo, Moncloa y PSOE tratan de responsabilizarse mutuamente de lo ocurrido, pero lo cierto es que pocas dudas hay de que quienes habitan en el complejo presidencial y quienes lo hacen en Ferraz son los mismos y que tienen complicado desdoblarse de sus funciones para sacudirse la responsabilidad de su más que evidente inacción. “Este asunto nos daña al mismo nivel que la entrada en prisión de Santos Cerdán porque el escándalo va directo al corazón de las mujeres del electorado progresista, que en buena medida nos dio la victoria de 2023”, reconoce un dirigente del partido.

Tras haber dicho el pasado lunes que el partido actuó con diligencia ante el caso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tachó este miércoles de “asquerosos y deleznables” los comentarios del exmilitante socialista y exasesor Francisco Salazar vertidos contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de Ferraz. También pidió que su organización sea “mucho más rigurosa” en la selección de cargos orgánicos. Entre las mujeres feministas advierten a la organización que el PSOE no está midiendo el profundo malestar que recorre al partido con este asunto.

Lo que al PSOE no le resultó posible en cinco meses, ha sido capaz de llevarlo a cabo en apenas 48 horas. Justo ese es el tiempo transcurrido entre la información publicada por este periódico y la decisión del partido, ahora sí, de ponerse a disposición de las víctimas. Tras la publicación de la desaparición de dos denuncias por acoso sexual contra Francisco Salazar en el canal interno del partido y del carpetazo a la investigación, las dos mujeres denunciantes fueron contactadas por Ferraz este martes por ese canal interno para poner en marcha la tramitación que estipula el protocolo antiacoso de los socialistas.

Las dos denunciantes confirman a este periódico que recibieron sendas notificaciones que certifican ahora que sus escritos han sido admitidos a trámite. Y que, por tanto, la investigación echa a andar después de casi medio año de no haber obtenido respuesta alguna. Tal y como adelantó en exclusiva este periódico, las denuncias datan del 8 y del 28 de julio, respectivamente, y llegaron a desaparecer del sistema informático del PSOE durante varias semanas.

Aunque Ferraz había intentado justificar con todo tipo de argumentos que la investigación interna haya sido cortocircuitada desde que se interpusieron las denuncias, ahora la propia actuación del partido desde que elDiario.es diera cuenta de este caso desautoriza ese enrevesado argumentario. Primero fue que no existían denuncias, luego que el anonimato dificultaba mucho la investigación, después que el sistema informático se había “ofuscado” y, finalmente, que la baja de militancia de Salazar hacía inútil indagar más. Pero todo eso ha cambiado en tan solo dos días.

“Estamos a tu disposición para todo aquello que necesites, quieras emprender o quieras consultar”, reza la comunicación recibida este martes por una de las denunciantes después de que durante cinco meses nadie del Partido haya contactado con ella para instruir el caso. “La tramitación de tu comunicación continúa, y cuando se concluya emitiendo el correspondiente informe final, te será comunicado”, dice la notificación recibida.

También a lo largo del martes fue contactada la denunciante que registró de manera formal su escrito en el canal interno del PSOE el 28 de julio. A ella, que denunciaba entre otras cosas que Salazar “se subía la bragueta en tu cara y escenificaba felaciones”, ni siquiera llegaron jamás a darle acuse de recibo de su comunicación. Y su denuncia también desapareció del sistema. Tan solo después de hacer pública su situación a través de este periódico, ha conseguido respuesta de su partido, al que en su escrito llegó a pedir ayuda por estar sometida a un ambiente laboral “irrespirable”.

A esta segunda denunciante el partido le ha comunicado que su escrito, registrado el 28 de julio, ahora sí fue recepcionado, una confirmación para la que ha tenido que esperar cinco meses. Y al igual que en el caso de su compañera, el PSOE se pone a su disposición para lo que necesite y le traslada que la mantendrá informada del procedimiento.

El PSOE, al fin, mueve ficha. 48 horas después de que elDiario.es informase de la desaparición de dos denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar en el canal interno del partido y del carpetazo a la investigación, las dos mujeres denunciantes han sido contactadas por Ferraz por ese canal interno para poner en marcha la tramitación que estipula el protocolo antiacoso de los socialistas.

Las dos denunciantes recibieron a lo largo del martes sendas notificaciones que certifican, ahora sí, que sus escritos han sido admitidos a trámite. Y que, por tanto, la investigación echa a andar después de casi medio año de no haber obtenido respuesta alguna. Tal y como adelantó en exclusiva este periódico, las denuncias datan del 8 y del 28 de julio, respectivamente, y llegaron a desaparecer del sistema informático del Partido Socialista durante varias semanas.

Aunque Ferraz había intentado justificar con todo tipo de argumentos que la investigación interna haya sido cortocircuitada desde que se interpusieron las denuncias, ahora la propia actuación del partido desde que elDiario.es diera cuenta de este caso desautoriza ese enrevesado argumentario. Primero fue que no existían denuncias, luego que el anonimato dificultaba mucho la investigación, después que el sistema informático se había “ofuscado” y, finalmente, que la baja de militancia de Salazar hacía inútil indagar más. Pero todo eso ha cambiado en tan solo dos días.

“Estamos a tu disposición para todo aquello que necesites, quieras emprender o quieras consultar”, reza la comunicación recibida este martes por una de las denunciantes después de que durante cinco meses nadie del Partido haya contactado con ella para instruir el caso. “La tramitación de tu comunicación continúa, y cuando se concluya emitiendo el correspondiente informe final, te será comunicado”, dice la notificación recibida.

También a lo largo del martes fue contactada la denunciante que registró de manera formal su escrito en el canal interno del PSOE el 28 de julio. A ella, que denunciaba entre otras cosas que Salazar “se subía la bragueta en tu cara y escenificaba felaciones”, ni siquiera llegaron jamás a darle acuse de recibo de su comunicación. Y su denuncia también desapareció del sistema. Tan solo después de hacer pública su situación a través de este periódico, ha conseguido respuesta de su partido, al que en su escrito llegó a pedir ayuda por estar sometida a un ambiente laboral “irrespirable”.

A esta segunda denunciante el partido le comunica que su escrito, registrado el 28 de julio, ahora sí fue recepcionado, una confirmación para la que ha tenido que esperar cinco meses. Y al igual que en el caso de su compañera, el PSOE se pone a su disposición para lo que necesite y le traslada que la mantendrá informada del procedimiento.

La indignación interna

La indignación por el escándalo Salazar, pese a los intentos de la dirección federal por rebajar el asunto, recorre todas las federaciones socialistas. Muchos son los dirigentes que demandan explicaciones a los responsables del partido que debían haber investigado las denuncias. “Esto no se puede zanjar como si no hubiera pasado nada. Queremos que nos expliquen qué ha pasado, qué se hizo y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en este asunto que mancilla las siglas de un partido que lleva a gala la bandera del feminismo”, se queja un alto cargo del PSOE de Andalucía.

En pleno escándalo, y ante cada vez un mayor número de voces críticas, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha convocado de urgencia a las responsables de esta cartera orgánica de las federaciones socialistas. La reunión se celebrará de manera telemática a las 21.30 horas de este miércoles. 

La dirigencia que no habita entre los muros de la calle Ferraz y La Moncloa, además de interpelar a la responsable de Organización, Rebeca Torró, apunta también a la vicepresidenta primera, vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero en tanto en cuanto el ex asesor del presidente militaba en su agrupación y trabajó durante años codo con codo con la también ministra de Hacienda. “Salazar ha estado protegido todos estos meses por la dirección andaluza, con cuyos integrantes mantiene una relación constante y fluida”, lamenta otro dirigente.

Precisamente Montero fue una de las personas que participaron en la caza de brujas desatada en el partido y en el Gobierno para localizar a las personas que contactaron con elDiario.es para relatar los comportamientos de Salazar. Este miércoles afirmó que las víctimas contarán con todo su apoyo y el del PSOE, pero el pasado julio se dirigió a algunas mujeres de su propio partido para acusarlas de “querer destrozar la vida a los compañeros” y de “respaldar a quienes quieren acabar con el PSOE”, según han relatado algunas de las interpeladas. Tampoco es casualidad que en la dirección andaluza Montero tenga como secretario de Organización a Francisco Rodríguez, a quien se considera hijo político de Salazar e íntimo amigo del presunto acosador sexual.

Desde La Moncloa, ahora sí lamentan que el partido no haya estado a la altura y sospechan que desde Ferraz “se ha ocultado información al presidente del Gobierno”. Así lo cree una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, quien asegura que cuando el secretario general del PSOE leyó en elDiario.es los escritos de las denunciantes “no tuvo ninguna duda de la trascendencia del asunto” y demandó a Torró las explicaciones por las que durante cinco meses no se había interesado.

La sensación en otros ámbitos del PSOE es que, conocido el alcance del escándalo, Moncloa y PSOE tratan de responsabilizarse mutuamente de lo ocurrido, pero lo cierto es que pocas dudas hay de que quienes habitan en el complejo presidencial y quienes lo hacen en Ferraz son los mismos y que tienen complicado desdoblarse de sus funciones para sacudirse la responsabilidad de su más que evidente inacción.

Tras haber dicho el pasado lunes que el partido actuó con diligencia ante el caso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tachó este miércoles de “asquerosos y deleznables” los comentarios del exmilitante socialista y exasesor Francisco Salazar vertidos contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de Ferraz. También pidió que su organización sea “mucho más rigurosa” en la selección de cargos orgánicos.

Entre las mujeres feministas advierten a la organización que el PSOE no está midiendo el profundo malestar que recorre al partido con este asunto.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la manifestación prevista en conmemoración del 20N que La Falange tenía intención de celebrar este viernes en el centro de Madrid con final en la calle Ferraz.

En el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido difundido por la Delegación del Gobierno tras un escrito emitido por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se indica que la fase final de la manifestación en la Calle Ferraz representa el punto de “mayor vulnerabilidad”.

“La carga política del enclave, su exposición mediática y la reiteración de concentraciones ideológicas” en el mismo espacio lo convierten en un escenario donde confluyen factores simbólicos y emocionales susceptibles de atraer “a terceros con agendas distintas”, ha desgranado.

Además, ha añadido que existe “un riesgo cierto, real y objetivamente acreditado de alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes”.

La Delegación ha subrayado la imposibilidad de adoptar medidas menos restrictivas, tales como el cambio de ubicación o modificación del recorrido, al no resultar suficientes para neutralizar el riesgo existente.

La celebración de la manifestación coincide, además, con un contexto de especial sensibilidad social derivado del 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco y del proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros, circunstancias que han intensificado la actividad de grupos de extrema derecha.

Este marco incrementa de manera significativa “el riesgo real y objetivamente acreditable de alteraciones del orden público”, al constituir factores de movilización emocional para colectivos de carácter violento, ha remarcado la Delegación en el escrito.

Además, ha recordado la manifestación convocada por el grupo de ultraderecha Núcleo Nacional del 8 de noviembre que tuvo que ser disuelta con cargas policiales en el centro de Madrid, registrándose quema de contenedores, daños en el mobiliario urbano y lanzamiento de objetos conforme a información de fuentes policiales.

Del mismo modo, ha alegado que existen razones objetivas y fundadas para prever que durante la manifestación puedan producirse discursos de odio y humillación expresa de las víctimas del franquismo, incitación a la violencia o exaltación de la dictadura franquista, a la vista del historial del convocante, del contexto de tensión social descrito y de los antecedentes inmediatos.

En consecuencia, la Delegación ha decidido prohibir la protesta al amparo de lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, por no existir “medidas menos restrictivas capaces de garantizar la seguridad de las personas y bienes”.

La manifestación había sido convocada por La Falange Española bajo el lema, 'No parar hasta reconquistar'. El recorrido estaba previsto que comenzara en la calle Génova, 26 con fin en la calle Ferraz.

La instrucción del caso Abalos en el Tribunal Supremo sigue avanzando a base de palos de ciego. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ingresó en prisión el 30 de junio para impedir que destruyera pruebas. Pero cuatro meses después, la Guardia Civil sigue sin encontrar esas pruebas. La instrucción sostiene que durante años se amañaron obras públicas en el ministerio de Transportes a cambio de mordidas que cobraron Cerdán, el exministro José Luis Abalos y su asesor, Koldo García. Pero en los últimos meses la investigación apenas ha hallado una prueba sólida de ese pillaje. Un informe de la UCO sobre algunos descuadres detectados entre los pagos en metálico comunicados por el PSOE y los mensajes de la mujer de Koldo García sobre esos pagos ha descargado una pesada sospecha sobre los manejos financieros del partido que ahora gobierna España.

Por esa razón, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quieren que se investigue si la dirección del PSOE incurrió en algún delito por su gestión de los pagos en metálico para abonar gastos de todo su personal durante siete años (2017-2024). Tras tomar declaración al anterior gerente del partido, Mariano Moreno, el juez Puente decidió enviar sus sospechas al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el escándalo de la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos.

El juez Puente no se dio por satisfecho con las explicaciones dadas el pasado miércoles por el exgerente Moreno, quien confirmó un supuesto descontrol a la hora de autorizar los pagos en metálico contra facturas. Tampoco consideró que la documentación que le remitió el PSOE aclarase sus dudas. Esta formación intentó acreditar con documentación bancaria oficial su gestión financiera para descartar la existencia de una 'caja B', de financiación ilegal, o de descuadres sospechosos en los pagos en metálico que recogía periódicamente Koldo García, el asesor principal del exministro José Luis Ábalos.

El PSOE documentó el origen del dinero en metálico que durante siete años (casi un millón de euros) utilizó para pagar gastos de todo el partido. Cogían ese dinero —12.000 euros de media al mes— de la cuenta corriente que tiene abierta el PSOE en el BBVA donde se ingresan exclusivamente las subvenciones públicas que recibe y las cuotas de sus afiliados. Por tanto, los pagos en metálico no procedían de ninguna 'caja B' sino de su cuenta bancaria oficial, según la gerencia del PSOE. Además de eso, remitieron al juez todos los abonos en billetes —nunca de valor superior a 50 euros porque era lo que el BBVA les enviaba— que hicieron durante siete años a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, además de, sin especificar nombres, el área de Organización. En total, 189.000 euros repartidos entre Ábalos (19.859), Koldo García (11.291), Santos Cerdán (30.797) y los trabajadores de la Secretaría de Organización (127.738).

El juez Puente y el fiscal Luzón revisaron esa documentación y escucharon las explicaciones del exgerente del PSOE. Y de la reflexión de ambos salió el auto donde se intenta sugerir una supuesta mala práctica con tintes delictivos por parte de los gestores de las finanzas del PSOE. “No se comprobaba tampoco si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por aquel en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por estos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita —o, incluso delictiva—, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros”.

La otra teoría del juez

La teoría del auto en el que Leopoldo Puente envía el caso a la Audiencia Nacional suena rocambolesca. Sugiere el instructor la posibilidad de que Ábalos logrará comisiones ilegales y, para blanquearlas, pasará al partido facturas no respaldadas por un resguardo de la tarjeta de crédito por gastos inexistente. El partido le pagaría de su cuenta corriente oficial esas cantidades para que el exministro las pudiera introducir en el circuito legal.

Esa posibilidad casa mal con la otra teoría del juez Puente, según la cual la trama corrupta formada por Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán habría cobrado mordidas de al menos cinco millones de euros (el 1% del presupuesto de las obras sospechosas bajo investigación). Ábalos blanqueó, según la teoría del instructor, una parte insignificante de las mordidas que cobraba la trama (apenas un 4% de los al menos cinco millones de euros que supuestamente lograron por amañar obras). Eso suponiendo que todos los pagos en metálico del partido a Ábalos, García, Cerdán y el equipo de Organización se puedan atribuir en exclusiva al exministro de Transportes.

Si se tratase de sus gastos pagados por el PSOE y dividimos entre tres las supuestas mordidas cobradas, el cálculo de esta operación de blanqueo sería más ridículo. Ábalos habría cobrado en comisiones ilegales al menos 1,6 millones de euros y habría blanqueado 19.859 euros, menos del 1,5%

El perdedor de toda esta operación sería el PSOE, que habría pagado al exministro de Transportes un dinero procedente de las subvenciones públicas que nunca recuperó.

Los engaños de Ábalos, caso de confirmarse la teoría de Puente, han puesto ahora al PSOE bajo sospecha de financiación ilegal. El juez deberá decidir en solo unas semanas si pone en libertad a Santos Cerdán sin que, por lo conocido hasta ahora, el exsecretario de Organización del PSOE haya destruido pruebas de su corrupción, como temía el auto que le envió a prisión.

La jueza de Madrid Concepción Jerez ha acordado investigar a seis personas por los hechos ocurrido el 31 de diciembre de 2023, cuando se linchó y apaleó a un muñeco que representaba a Pedro Sánchez frente a la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, según una resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada investiga un delito de amenazas y les cita el próximo 9 de octubre para darles traslado del procedimiento y que puedan designar un abogado.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado julio al Juzgado de Instrucción 26 de la capital reabrir la causa por un presunto delito de amenazas contra el presidente del Gobierno. En un auto, los magistrados estimaron el recurso de la Fiscalía y parcialmente los recursos presentados por el propio Sánchez y por el PSOE anulando la decisión de la jueza instructora de archivar el caso.

El juzgado había archivado la causa al entender que no había delito sino una “falta de educación” por parte de los manifestantes que apalearon la representación de Sánchez con un palo en la calle donde el partido tiene su sede central. El PSOE había denunciado los hechos al considerar que “exceden de la crítica política” y colocan al PSOE y a Sánchez “en el objeto de la diana de una exaltación de conductas con tintes violentos, de odio, de hostilidad y discriminación”.

El plan que Pedro Sánchez tenía previsto para salir de la crisis provocada por la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo tenía una serie de pasos muy definidos: pedir perdón, diferenciarse de la corrupción del PP, un Comité Federal y comparecer en el Congreso de los diputados. Este plan ha quedado tocado porque antes de empezar el Comité Federal elDiario.es publicó una información exclusiva: varias mujeres del PSOE acusan a Paco Salazar de “comportamientos inadecuados” cuando era su jefe. Además, Paco Salazar iba a ser nombrado adjunto a la nueva secretaria de organización. Ha sido apartado pero la imagen de alguien cercano al presidente del Gobierno ha quedado, de nuevo, dañada.

¿Le servirá todo esto a Pedro Sánchez para aguantar hasta 2027? ¿Qué va a anunciar hoy en el Congreso de los diputados? Lo analizamos con la adjunta al director de elDiario.es Esther Palomera.

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“Lo que quiero, sobre todo, es escucharos. Que me digáis cómo lo veis y que seáis sinceros”. Con esa invitación al debate abrió Pedro Sánchez la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que se celebró este lunes en unos de los momentos políticos más delicados para el partido que se recuerdan en años. Tras el escándalo de Santos Cerdán, que la semana pasada puso patas arriba a las filas socialistas e hizo crujir incluso los cimientos del Gobierno, el presidente pasó el fin de semana con su círculo de colaboradores más cercanos, junto a los que estudió todas las opciones de salida de una crisis mayúscula. Y al cónclave de Ferraz llegó para compartir unas conclusiones ya prefijadas y también con la intención de testar los ánimos.

Su primera intervención a puerta cerrada fue escueta, según los asistentes consultados. Sánchez trasladó su idea de una secretaría de organización “coral” que asuma las competencias del exnúmero 3 hasta el comité federal del 5 de julio, en el que será oficialmente nombrada la persona que lo sustituya. También compartió iniciativas como una comparecencia a petición propia en el Congreso para dar explicaciones, así como una comisión de investigación sobre el escándalo. Y llegó a hablar de la “traición” de personas como Cerdán al que, según varios de los presentes, no dedicó mucho tiempo.

“Ha sido breve. Asume que este caso en concreto tiene un impacto enorme, aunque no ha usado términos gruesos contra él. Sí ha hablado de decepción y de traición. Pero ha sido muy escueto, ha pedido esperar a lo que dictamine la justicia y ha puesto en valor que se hayan tomado decisiones drásticas teniendo sobre la mesa solo un informe, sin que haya todavía una sentencia”, cuenta a elDiario.es uno de los dirigentes que participó en la Ejecutiva sobre la mención del presidente al hombre que, entre otras cosas, negoció la ley de amnistía con Carles Puigdemont para su última investidura. Otro de los testigos de la intervención de Sánchez destaca el malestar que expresó sobre las actitudes machistas del trío Ábalos-Koldo-Cerdán, que llegó a calificar de “comentarios repulsivos”.

Durante los turnos de palabra, muy numerosos entre los 24 asistentes, se produjeron dos rotundos consensos. El primero, un respaldo expreso a la intención del presidente de sostener la legislatura, si es posible, hasta 2027. Y el segundo, un apoyo explícito también a su liderazgo tras el desgaste personal que supone la implicación en graves casos de corrupción de dos hombres de su máxima confianza, y a quienes él mismo aupó hasta las mayores cuotas de poder en el Gobierno y en el partido.

“Sabemos que hay unos pocos que, de manera interesada, han intentado forzar un debate sobre el liderazgo del presidente. Pero es que eso no está en cuestión. Ni el partido cuestiona a Pedro Sánchez ni la militancia tampoco. Eso lo tenemos bastante claro. Y también ha sido unánime la conclusión de que no se nos pasa por la cabeza ni un segundo regalarle el Gobierno al PP y a Vox”, narra una dirigente.

Otro miembro de la Ejecutiva pone el énfasis en la necesidad de proteger el legado del Gobierno progresista que se abordó en la reunión. “Si el PP y Vox quieren gobernar, que presenten una moción de censura, que se curren los votos en el Congreso y que vayan y den la cara ante los españoles para explicarles cuál es su plan. De lo que se pueden ir olvidando es de que nosotros les regalemos el Gobierno, porque eso sería además una tremenda irresponsabilidad hacia la gente que nos eligió por las implicaciones que tendría la entrada de la ultraderecha”, explica ese dirigente sobre la reflexión que se expuso durante la reunión.

Sí hubo discrepancias, sin embargo, sobre la profundidad de las medidas a adoptar. A varios dirigentes que pertenecen a la Ejecutiva del PSOE consultados por este periódico les parecen abiertamente “escasas” las decisiones impulsadas. Y hubo incluso varios turnos de palabra en los que se pidió la celebración de un congreso federal extraordinario, una propuesta que contó, entre otros, con el apoyo expreso del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara.

Quienes defendieron esa iniciativa señalaron, según otro de los asistentes, la necesidad de “enganchar a la militancia” y hacerla partícipe de cambios de mayor calado a la altura de la crisis política que se afronta. Una “gran reestructuración” avalada por las bases para involucrarlas en toda la toma de decisiones. Pero la inmensa mayoría de los asistentes no validó la propuesta.

“Un congreso extraordinario ahora solo serviría para hablar de nuestros líos internos, que es justo lo que nos alejaría aún más de la gente”, opina uno de los dirigentes que rechazó de plano la propuesta. Una crítica que secunda otro miembro de la Ejecutiva. “¿Un congreso para qué? ¿Para discutir sobre nombres? ¿Para hablar de personas? No estamos en ese debate y además avivaría otra vez las refriegas de los territorios. Un congreso se monta para otras cosas, no para elegir a un Secretario de Organización. Para eso está el comité federal, que es un órgano legítimo y de la mayor transcendencia”, opina.

Otras voces propusieron otros foros que sirvan de impulso político, principalmente de cara al otoño, para un inicio de curso que la mayoría de dirigentes consultados ven tan lejano y con tantas incertidumbres de por medio que ya considerarían un éxito volver del verano con capacidad de dar la batalla al PP. “Hay compañeros que han propuesto una conferencia política y otros que han planteado asambleas sectoriales con la militancia. Para acercarnos, para buscar un impulso después del golpe”, explica uno de los asistentes.

En su intervención de cierre, Pedro Sánchez no rechazó expresamente ninguna de las opciones puestas sobre la mesa, aunque pidió tiempo para actuar. “El presidente ha defendido las medidas adoptadas, pero no se ha cerrado a nada. Sí ha dicho que en estos momentos la gente no entendería que nos metiéramos en líos nuestros, en referencia al congreso. Y que la prioridad ahora es volcarse en la consolidación del Gobierno de progreso. Pero también ha dejado la puerta abierta a tomar más decisiones en el futuro, según transcurran los acontecimientos, y ha dicho que no había que dar ahora todos los pasos”, explica otro miembro de la dirección.

La intención ahora es que las medidas anunciadas, junto a la interlocución con los socios de la coalición y del Congreso, sirvan al menos como torniquete para una herida que muchos en el partido pensaban a finales de la semana pasada que resultaría mortal. La sensación tras la Ejecutiva es que las decisiones del presidente han servido, de momento, para sobrevivir a las horas más críticas. Pero que habrá que hacer mucho más para plantearse, siquiera, un futuro a medio plazo que, en todo caso, queda a expensas de las próximas noticias que puedan llegar desde los tribunales.

Lo peor de pregonar a diario el apcalipsis es que cuando escuchamos algunas de sus trompetas terminamos creyendo que es un regetón. El Partido Popular lleva dos legislaturas señalando a Pedro Sánchez como el jinete pálido y hemos terminado por cogerle cariño al presidente, incluso a quienes no somos necesariamente de su club de fans.

No sólo le han llamado “tirano”, “caudillista”, “chavista”, “psicópata”, “caradura” –en plan suave--, “estafador”, “felón”, “llorona”, “hijo de puta/me gusta la fruta”, “meme de república bananera” –debo confesar que es mi favorito--, “matón”, “estalinista” y otros muchos, aunque aún no han llegado a sospechar que es transexual, como cuando le llamaban “begoño” a su esposa, en la misma línea en que Donald Trump se empeñaba en sostener que Barack Obama o Kamala Harris no tenían ocho apellidos estadounidenses.

Con semejante munición dialéctica, que ahora digan que el partido de la Gurtel, el compañero de veraneo de un narco y el ministro de la Kitchen digan que el PSOE y su secretario general constituyen una mafia, nada tiene de extraño. Ya le llamaron con anterioridad capo del crimen organizado. Con ese nivel metafórico, casi echo de menos a aquel Alfonso Guerra que se mofó de Soledad Becerril, llamándola “Carlos II vestido de Mariquita Pérez”. Ya estamos, visto lo visto, para escasas florituras literarias y a lo más que llegamos es a los tradicionales pareados de verbenas populares: “Que te vote, Txapote”, la versión lírica de “socio de ETA” con que también han tildado al actual inquilino de La Moncloa, que para la derechona es un “okupa” que ha burlado las alarmas de Securitas Direct del partido más votado.

Acostumbrados a esta dinámica cortesana, escuchamos tanto lo de que viene el lobo que miramos hacia otro lado cuando sentimos el aliento de sus fauces en la nuca. Y lo hemos escuchado con frecuencia. Por ejemplo: más allá de la célebre Oficina del Español de Toni Cantó, suena chungo el lío de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente, con el nicho de empleo que le buscó la Diputación de Badajoz. Sin embargo, en un impagable giro de guión, la cosa adquiere dimensiones de ópera bufa cuando terminan por adjudicarle una relación sentimental con el ex presidente de dicha Corporación, Miguel Ángel Gallardo. Luis Berlanga y Rafael Azcona pueden seguir descansando en paz, porque aquí nos apañamos perfectamente sin ellos para escribir el guión de una constante astracanada.

Aunque a primera vista, parezca una versión empoderada del Pequeño Nicolás, al secretario de Organización le convendría llamar a capítulo a su militante, porque su electorado no le brinda tanta manga ancha como el de los conservadores prestan a sus partidos estrella –PP y Vox--, trufados históricamente de esta suerte de logreros

Lo de Begoña Gómez puede ser un caso de law fare, o por lo menos tiene pinta, hasta que no se demuestre lo contrario. Del Tío Bernie al caso Koldo-Ábalos, el PSOE ha aplicado el protocolo anti-suicidio, frente a los escándalos que fueron minando en su día al felipismo. Así que cabe preguntarse por qué Ferraz no ha aplicado la misma doctrina con Leire Díez, esa “fontanera” sin título como tal de FP ni nómina en el partido aunque haya pasado por varias instituciones controladas por los socialistas.

Quizá, podrían pensar los buenistas, porque tal vez hubiera que dedicarle un monumento: ha sido la única representante pública capaz de poner de acuerdo al PSOE y al PP, en los últimos años, para arrebatarle la alcaldía de Vega de Pas en Cantabria, a Víctor Manuel Gómez, en 2011, el año en que M. Rajoy ascendió a los cielos de la presidencia española.

Hubiera sido la pareja artística perfecta del comisario Villarejo: él graba y ella se deja grabar, un win-win en toda regla, en plan Maria Dolores de Cospedal. Visto lo visto, en sus redes y en sus videos, la articulista y militante socialista, cuando conspira contra la UCO, recuerda a un remix de la trilogía de “El Padrino”, con “Uno de los nuestros” y “Erase una vez en América”, aquel maravilloso espaghetti-gangster de Sergio Leone. Y, aunque a primera vista, parezca una versión empoderada del Pequeño Nicolás, al secretario de Organización le convendría llamar a capítulo a su militante, porque su electorado no le brinda tanta manga ancha como el de los conservadores prestan a sus partidos estrella –PP y Vox--, trufados históricamente de esta suerte de logreros. Y, vistas las encuestas, no están los tiempos como para jugarse un buen puñado de votos jugando al Anacleto, agente secreto. Y, más allá de los votos, si la izquierda representa todo lo contrario que los predicadores del Armagedón, el PSOE corre el riesgo de que su silencio sea más estridente que el de las trompetas del Apocalipsis y el aullido de los lobos.

Leire Díez, la militante socialista grabada en un audio en el que ofreció ayuda a un empresario imputado a cambio de información comprometedora sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha asegurado en un chat con militantes del PSOE que “la verdad saldrá” sobre su supuesta participación como emisaria del partido. Además, otro de los implicados en el audio, el empresario Javier Pérez Dolset, se ha desvinculado del PSOE y ha anunciado que la próxima semana presentará una denuncia contra el fiscal anticorrupción José Grinda.

En sus mensajes, desvelados por El País, Díez explica a otros militantes del PSOE que “las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que parecen”. De hecho, atribuye a esas supuestas “cloacas” la publicación del mencionado audio difundido esta semana por distintos medios de comunicación. “Pero la verdad es solo una y saldrá. De hecho, ya está saliendo”, zanja, en ese grupo de WhatsApp.

Los audios publicados hasta ahora por medios como El Confidencial muestran que Díez se reunió con empresarios imputados en diversas causas, como Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. Estos, a su vez, sostienen que tras las causas contra ellos hay operaciones de guerra sucia en las que habrían participado altos cargos de la UCO, y afirman tener informaciones comprometidas sobre ellos. Díaz reclama esas informaciones y ofrece la posibilidad de hablar con la Fiscalía para llegar a acuerdos en los casos abiertos. Pero esos acuerdos no se han producido, los empresarios siguen investigados y la grabación se conoció un día antes de que comience al juicio contra Hamlyn, al que no se ha presentado.

Ante la actitud de Díez, el PSOE le abrió el miércoles un expediente informativo. “Voy a decir lo mismo aquí que he dicho a los compañeros periodistas respecto del expediente informativo. Me llamó Juanfran Serrano [el 'número dos' de Santos Cerdán en el área de Organización del PSOE] para decirme lo del expediente informativo. Me han dicho que me llamarán”, señala Díez en los mensajes. “He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación”, concluye.

“Pondré la información a disposición para su análisis. Y de verdad que estoy aliviada de poder compartirla”, añade Díez en el mencionado grupo de WhatsApp. “Lo único con lo que duermo todos los días es con mi conciencia y procuro que esté tranquila. Hasta ahora lo he conseguido y voy a seguir así. En cuanto a comentarios como algunos de este grupo y otros, de verdad, me la traen al pairo. La verdad, repito, es una. Y prevalecerá”, concluye.

Pérez Dolset, por su parte, ha sido entrevistado en Cuatro, donde ha insistido que no es “fontanero de ningún partido” y que no actúa en nombre de ninguna formación política, tras haber sido señalado por distintos medios como “fontanero de Ferraz”, al igual que se ha acusado a Díez.

También ha anunciado que el próximo martes va a presentar una denuncia contra el fiscal Grinda a la que acompañará de un audio del representante del ministerio público que, según ha dicho, está en manos de “una periodista”. Siempre según Pérez Dolset en la grabación Grinda “confirma que un comisario de policía, junto al consejero delegado de Planeta de ese momento, José Lara, hacen una tenaza o una operación que no se puede hacer para interferir en su investigación y manipularla”.

Una jueza de Madrid ha decidido absolver a un manifestante acusado de lanzar botellas contra la Policía durante los disturbios en la calle Ferraz en noviembre de 2023. La magistrada rechaza la acusación de la Fiscalía, que pedía hasta cuatro años de cárcel para el joven, y asegura que las declaraciones de los agentes antidisturbios no han conseguido demostrar que arrojara objetos contundentes a la línea policial en una de las noches con más enfrentamientos registrados en las inmediaciones de la sede central del PSOE en Madrid. El acusado llegó a pedir sin éxito que se le aplicara la ley de amnistía.

Miles de personas se concentraron en diversas manifestaciones en las inmediaciones de la calle Ferraz en noviembre de 2023 para protestar contra la ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Concentraciones convocadas por partidos políticos como Vox o grupos de su órbita como Revuelta pero también por otros grupos de extrema derecha e influencers de corte ultra como Alvise Pérez o el líder de Desokupa.

Muchas de esas concentraciones acabaron en disturbios liderados por integrantes de grupos neonazis y la Policía Nacional, en total, detuvo a 84 personas y denunció a otras 367. Los hechos que analiza esta sentencia ocurrieron a última hora del 10 de noviembre, la octava noche de protestas en las inmediaciones de la sede central del PSOE. El acusado, que entonces tenía 24 años de edad, fue detenido poco antes de las once de la noche y acusado por los policías de haber lanzado “una botella de vidrio” a los antidisturbios durante los enfrentamientos.

El juzgado de lo penal número 24 de Julián Camarillo ha optado por absolver al acusado: “Nos encontramos ante un vacío probatorio y sólo se puede llegar a una sentencia de signo absolutorio”, explica la magistrada. Varios policías afirmaron que arrojó una botella a un compañero, pero la magistrada destaca que los vídeos del momento no muestran que fuera él quien lanzara el vidrio con el acusado, además, negando los hechos.

Uno de los policías explicó que esa tarde estaba actuando como “infiltrado entre los manifestantes” y que los hechos ocurrieron cuando la concentración ya se había disuelto, aunque otro manifestante también involucrado consiguió escapar. El acusado, por su parte, aseguró que mantuvo una actitud “pasiva de protesta e indignación”, que en ese momento trabajaba “para un despacho de abogados” y que la gente se “indignó” por “la brutalidad” de su detención por parte de agentes de paisano.

La magistrada llega incluso a expresar su “estupor” sobre el parte de lesiones de un agente que supuestamente chocó con una valla y se lesionó ambas rodillas. Según la acusación de la Fiscalía, eso sucedió por la resistencia que el acusado presentó contra su detención, pero el agente ofreció varias versiones distintas a lo largo del juicio y otro dijo que el afectado se “resbaló”. “Causa estupor que con esta información la acusación pública indique que debido a la oposición del acusado, el agente se precipitó contra una valla”, afirma la jueza.

El acusado ha sido defendido por el letrado de Guadalajara Ignacio Menéndez, habitual en los círculos de extrema derecha y que en noviembre de 2023 se ofreció a defender gratis a todos los detenidos en las protestas contra la amnistía. Menéndez, hijo del capitán golpista Camilo Menéndez, protagonizó un intento fallido de varias personas entrar al Valle de los Caídos en octubre de 2019 con un megáfono al grito de “El honor ni se divisa” y “voy a defender al comandante Franco” mientras una mujer forcejeaba con la Guardia Civil afirmando: “Queremos ir a misa”.

Las decenas de detenciones policiales durante los disturbios en Ferraz en noviembre de 2023 se tradujeron en diversas causas judiciales que, poco a poco, van llegando a juicio en distintos tribunales de la ciudad de Madrid. Otro de los procesos, en el que la Fiscalía pide más de dos años de cárcel, gira en torno a Pablo Lucini, uno de los dirigentes del grupo ultraderechista Democracia Nacional, con mucha presencia en las protestas de esos días en torno a la sede del PSOE.

En este caso, la defensa del acusado planteó que fuera exonerado a través de la aplicación de la ley de amnistía. La jueza contesta que esa interpretación es “carente de cualquier respaldo legal” y que la aplicación de esta ley es “exclusiva a los delitos cometidos en el marco de las consultas celebradas en Cataluña en 2014 y 2017”.