Pocas demostraciones de poder en Catalunya como gobernar a ambas orillas de la plaza Sant Jaume. Jordi Pujol, recordado por extender la influencia de CiU hasta los confines de la comunidad, nunca lo logró. Se lo impidió desde la alcaldía de Barcelona Pasqual Maragall, el mismo que lograría ese hito para el PSC, gobernar en el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona al mismo tiempo, algo que mantuvo José Montilla y que durante tres años pudo igualar también el convergente Artur Mas. 

La imagen del control de las dos administraciones más poderosas de Catalunya se repitió el pasado 23 de agosto, en este nuevo ciclo político posterior al procés en el que los socialistas Salvador Illa y Jaume Collboni se saludaron como president del Govern y alcalde de Barcelona, respectivamente. Pero los dominios del PSC, que alcanza cuotas de poder casi inéditas en su historia, van más allá: gobierna en la mayoría de las ciudades más pobladas y está en el gobierno de tres de las cuatro diputaciones. 

Aunque en cifras totales tiene menos diputados y menos alcaldías que en su época dorada, previa al estallido de la crisis económica (2007-2010), ahora la diferencia es que no tiene que compartir la Generalitat con otras fuerzas políticas, como ocurrió con los tripartitos con ERC e ICV. Además, Illa aspira a una mayor influencia sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez al gobernar la comunidad autónoma en la que el actual PSOE deposita sus esperanzas de futuro. 

La cuota visible del PSC en la Moncloa es de un ministro, Jordi Hereu (de Industria y Turismo), pero al mismo tiempo destacan los nombres de la formación en grandes empresas del Estado o con participación pública: Maurici Lucena en Aena, Raül Blanco en Renfe, Toni Llardén en Enagás y Marc Murtra en Indra. 

Un Govern en solitario por primera vez

Al frente del Govern, una maquinaria que gestiona 40.000 millones de euros anuales desde sus –ahora– 17 conselleries, ni siquiera este todopoderoso PSC de Illa lo ha tenido fácil para reclutar a los altos cargos que ocupa la Administración catalana. Se estima que son unos 500 entre secretarios y directores generales, asesores y dirigentes de empresas públicas. Entre ellas, Puertos de la Generalitat, Infraestructuras, el ente de gestión de agua Ter-Llobregat o el de la vivienda, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). 

Illa ha escogido para el sottogoverno algunos de los diputados de su confianza, como Jordi Terrades, Pol Gibert o Raül Moreno, secretarios generales de Territorio y Empresa y Empleo, respectivamente. También ha echado mano de cargos municipales: tres son los alcaldes que se han mudado a la Generalitat: Juli Fernández (Palafrugell), Xavier Amor (Pineda de Mar) y Eduard Rivas (Esparraguera), sin contar a Nuria Parlon, exalcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y ahora consellera de Interior. 

El 60% de los catalanes, en municipios del PSC

En cuanto al poder municipal, un simple vistazo a las alcaldías podría llevar a la conclusión de que el PSC está a años luz de sus mejores cosechas electorales. Actualmente cuenta 127 alcaldes, la mitad de los 270 que consiguió en los comicios locales de 2007. Sin embargo, las principales ciudades vuelven a ser suyas. 16 de los 25 municipios más poblados tienen un regidor socialista, mientras que en sus mejores tiempos fueron 20.

Sobre población gobernada se ve aún más claro: el 60% de los catalanes viven en municipios con gobierno del PSC. El siguiente partido en poder local, Junts, que alardea de ostentar más alcaldías que nadie (332), manda en ayuntamientos que suponen en realidad el 22% de la población. 

Más alejadas del foco mediático, en las diputaciones, piezas indispensables para la financiación local, también se extienden los dominios del PSC. Ostenta la presidencia de la de Barcelona, y a la vez integra los ejecutivos liderados por ERC en Tarragona y Lleida. 

Control sobre los grandes presupuestos

De las distintas fórmulas de calibrar el poder político, quizás ninguno como el presupuestario para entender el alcance de lo que ha logrado el PSC. A los 40.000 millones de euros que gestiona la Generalitat, se le suman por este orden los 3.800 del Ayuntamiento de Barcelona; los 1.200 de la Diputación de Barcelona; los 1.200 del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el ente supramunicipal que también preside Jaume Collboni. Las primeras cuentas por volumen que no están gestionadas por un socialista son las del Ayuntamiento de Terrassa, del independiente Jordi Ballart, que ascienden a unos 300 millones.

Un capítulo donde el PSC no recupera la fuerza de sus mejores momentos, aunque tampoco anda lejos, es en el legislativo. En el Parlament, Illa se impuso con 42 diputados, una cifra inferior al récord de Pasqual Maragall en 1999, con 52. Pero no deja de ser la actual la segunda mejor marca del PSC en la Cámara catalana, empatada con los 42 escaños que logró también Maragall en 2003. 

Y algo parecido se observa en el Congreso, aunque con un repunte más moderado. Los 19 escaños conseguidos en el verano de 2023 por la candidata Meritxell Batet, retirada hoy de la primera línea política, suponen dejar atrás el bache que les llevó a obtener tan solo 7 diputados en 2016, curiosamente Batet también como número 1. Con todo, las elecciones generales más exitosas del PSC siguen siendo las de Carmen Chacón en 2008: 25 escaños.

Sorpresa en la Diputación de Barcelona. ERC se incorpora al gobierno del ente provincial presidido por la socialista Lluïsa Moret y compartirá ejecutivo con el PSC, lo comuns y los dos diputados independientes y díscolos de Junts. El partido de Carles Puigdemont pierde definitivamente una de las pocas áreas de poder institucional que conservaba después de gobernar la entidad supramunicipal la pasada legislatura junto al PSC.

Los republicanos han anunciado su incorporación al gobierno de la Diputación dos días después de las elecciones generales. La noticia impacta en la intención de los dos partidos independentistas de rehacer los consensos rotos e intentar negociar una posición común de sus 14 diputados en Madrid de cara a la eventual investidura de Pedro Sánchez.

Si la pasada legislatura el pacto de PSC y Junts en la Diputación fue objeto de crítica por parte de ERC por romper la unidad independentista, ahora son los republicanos los que han cerrado un acuerdo con los socialistas y los que se exponen a los dardos de los neoconvergentes.

A principios de julio, cuando se constituyó el pleno de la Diputación, el representante de ERC en el ente Dionís Guiteras ofreció a las fuerzas de izquierda “mano tendida, colaboración y diálogo” e iniciar “una nueva etapa” después de que no fructificara la negociación con Junts para intentar investir a un presidente alternativo a los socialistas. Moret fue escogida con lo votos de PSC, comuns, el partido Tot x Terrassa y dos diputados díscolos de Junts.

Los acuerdos entre republicanos y socialistas en las diputaciones catalanas se han producido en Lleida y Tarragona, donde Junts también ha quedado fuera de los gobiernos supramunicipales. En cambio en Girona los dos partidos independentistas sí llegaron a un pacto.

En un comunicado, ERC ha definido el acuerdo como “un fiel reflejo de la pluralidad política presente en los municipios” de Barcelona y ha destacado que el nuevo ejecutivo provincial “será de clara mentalidad progresista”. Los republicanos gestionarán las áreas de buen gobierno, transparencia y participación; feminismos e igualdad; educación y comercio y consumo. Además tendrán responsabilidades en el área de entornos naturales e infraestructura verdes.

ERC también ha indicado que Junts tendrá “una vicepresidencia de cariz institucional”, si bien cabe recordar que no es fruto de ningún acuerdo sino el cargo que le toca al partido neoconvergente por ser la segunda fuerza en el plenario de la Diputación.

Enfado en Junts

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha denunciado que el acuerdo de ERC con socialistas y comuns, anunciado dos días después de las elecciones generales, “pone en duda la sinceridad” de los republicanos a la hora de hacer un frente común en Madrid. “Es una decisión que seguramente ya estaba tomada antes y que han querido esconder a sus electores”, ha criticado el dirigente de Junts.

Rius reclama a ERC que sean sinceros y “trabajen por el conjunto del independentismo”. El partido de Puigdemont reprocha al de Oriol Junqueras que haya pactado tres diputaciones con el PSC: Barcelona, Tarragona y Lleida: “Se han pasado cuatro años criticando a Junts por pactar en Barcelona y, existiendo una alternativa independentista en Lleida y Tarragona, ERC no ha querido”.

Los 120.472 votos de Vox en la provincia de Barcelona en las elecciones municipales abrieron por primera vez la puerta de la Diputación a la ultraderecha. De entre todos los concejales que podían sentarse en el único escaño de Vox en el ente provincial, la formación ha elegido al más ultra entre los ultras: Jordi de la Fuente, un conocido neonazi que irá a juicio el próximo mes de diciembre acusado por el asalto xenófobo a un centro de menores migrantes en julio de 2019.

Según ha podido saber elDiario.es, la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona ha fijado que el juicio a De la Fuente y los otros seis acusados por el ataque con motivaciones racistas al centro de menores migrantes de El Masnou (Barcelona) se celebre entre los próximos 18 y 22 de diciembre.

El servicio contra los delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona mantiene que De la Fuente fue uno de los coordinadores del ataque. Según el Ministerio Público, el ahora concejal en Sant Adrià del Besòs y diputado provincial acudió al asalto con un megáfono y coreó junto a más manifestantes gritos de “vamos a por ellos”, “moros de mierda”, “vamos a quemar el albergue” y “os vamos a matar”.

El Ministerio Público pide a De la Fuente dos años y dos meses de cárcel por un delito de odio, 2.700 euros de multa, cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier oficio educativo así como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del centro de menores de El Masnou durante dos años.

Histórico neonazi

De la Fuente es un histórico del movimiento neonazi en Catalunya. Fue dirigente del Movimiento Social Republicano (MSR), formación negacionista del Holocausto y que mantenía vínculos con otros partidos ultras europeos y grupos nacionales, como Hogar Social Madrid. En su hemeroteca figura haber compartido mesa y conferencia con Pedro Varela, el librero de extrema derecha de Barcelona que fue discípulo de León Degrelle, oficial belga de las SS al que Franco dio asilo en España.

En Vox, De la Fuente encontró su sitio después que el partido diera entrada a parte de la militancia más ultra de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), de la que fue secretario de organización. El ahora diputado provincial originó diferencias internas en Vox en 2019, cuando un sector crítico denunció que personas como De la Fuente y otros exmiembros de PxC se estaban haciendo con el control de la formación en Barcelona.

Desde su entrada en el partido de Santiago Abascal, De la Fuente se convirtió en una de las personas de más confianza de su líder autonómico y secretario general a nivel nacional, Ignacio Garriga; así como del portavoz de la formación, el barcelonés Jorge Buxadé. Pero siempre había estado entre bambalinas debido a su pasado neonazi hasta estas pasadas elecciones municipales, cuando fue de número dos en las listas de Sant Adrià del Besòs, municipio del cinturón metropolitano de Barcelona.

El pasado 28 de mayo, el PSC revalidó su mayoría absoluta en Sant Adrià, pero Vox entró en el consistorio con dos concejales tras obtener el 10,17% de los votos, porcentaje que dobló el conseguido a nivel provincial (5,4%) y que también fue superior al cosechado por la extrema derecha a nivel nacional (7,1%). 

El partido logró un escaño en el pleno de la Diputación por el partido judicial de Barcelona, del que forma parte Sant Adrià del Besòs. Al contrario de lo que suele ser habitual en otros partidos, Vox no ha elegido para el cargo a ninguno de sus dos concejales en Barcelona, sino a De la Fuente. En su discurso en el pleno de constitución del ente provincial del pasado jueves, De la Fuente celebró que el independentismo no gobernará la institución, pero a la vez lamentó el “pacto del 'sanchismo' que aupó al PSC a la presidencia del ente.

En suma, De la Fuente será juzgado ocupando dos cargos públicos. Según la Fiscalía, el ahora concejal y diputado provincial de Vox “daba instrucciones” al grupo que se concentró contra la acogida de menores migrantes en El Masnou en 2019, y guio a los manifestantes hasta el albergue con consignas como “hoy los echamos, vamos al centro, a por ellos”.

Junto a otros ultras, continúa la fiscal, De la Fuente instó a los concentrados a dirigirse hasta el centro de menores, donde otro de los acusados intentó romper el cordón al grito de “con dos cojones, pa dentro, pa dentro”, y tuvo que ser frenado por un subinspector de los Mossos. El ataque se saldó con cuatro heridos, dos de ellos menores.

El dirigente de Vox se jactó de haber participado en el ataque al centro. En un vídeo colgado en su perfil de Twitter, De la Fuente abogó por “parar” a los menores migrantes, en un mensaje que para la Fiscalía pretendía “criminalizar al colectivo de menores migrantes no acompañados”.

Por otro lado, De la Fuente también estuvo imputado por presuntamente agredir a una vecina de Barcelona en un mitin de Vox en la campaña electoral de las elecciones al Parlament de 2021, pero la causa fue archivada.

Cisma en el grupo de Junts en la Diputación de Barcelona. Los diputados independientes que iban en coalición con el partido, el alcalde de Igualada, Marc Castells, y el alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, votarán a favor de la investidura de la candidata socialista Lluïsa Moret a cambio de formar parte del gobierno del ente provincial.

Los dos políticos han llegado a un acuerdo con los socialistas a cambio de “destacadas inversiones estratégicas” para las comarcas del Alt Penedès, Anoia y Garraf, informa la Agència Catala de Notícies.

Moret ya tenía asegurada la presidencia con los votos de los comuns y del partido del alcalde de Terrassa, por lo que aritméticamente no necesitaba a Castells y Vallès. Con todo, su apoyo supone una victoria política para los socialistas al suponer el fracaso del intento de Junts de lograr un gobierno alternativo en la Diputación.

En suma, Moret contará con los votos de los diputados del PSC, de los comuns, de la diputada de Tot per Terrassa y de los dos independientes de Impulsem Penedès que están integrados en el grupo de Junts. Sumará un total de 25 votos y superará los 21 que suman los diputados restantes de Junts y los de ERC.

A pesar de desmarcarse de Junts en la Diputación, desde Impulsem Penedès aseguran tener la voluntad de seguir trabajando con ellos “para construir un espacio político central”. Y elogian a Junts por “haber sido capaces de crear la coalición Compromís Municipal, que ha dado grandes resultados”. 

El cisma en el grupo de Junts viene avalado por un grupo de alcaldes que han firmado un acuerdo con el que respaldan la decisión de los dos diputados. Lo han llamado Acuerdo de Sant Quintí de Mediona y lo suscriben regidores de 18 municipios. Además de los de Igualada y Torrelles, están Canyelles, Puigdàlber, Montmaneu, Cubelles o Olèrdola. 

El pacto supone, según explican, un programa “de inversiones estratégicas” para las tres comarcas para este mandato 2023-2027, en los ayuntamientos, en las mancomunidades y en los consejos comarcales de la zona del Penedès. Para desarrollar proyectos de equilibrio territorial, de desarrollo económico y turístico, de ámbito social, de retos vinculados al cambio climático e infraestructuras para el ahorro de agua, según enumeran entre otros ejemplos. 

Su decisión de apoyar al PSC, argumentan desde Impulsem el Penedès, “prioriza claramente el territorio, que quiere ser tratado de acuerdo con su singularidad y sus potencialidades dentro de la demarcación de Barcelona”.

El PSC y En Comú Podem han anunciado este miércoles un acuerdo político para gobernar la Diputación de Barcelona que la aritmética del plenario municipal todavía no permite confirmar, pues Junts sigue en busca de un pacto alternativo. Socialistas y comuns tienen 22 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta, y Junts y ERC, que están en negociaciones para conformar una mayoría alternativa, suman 23 diputados, uno más que el pacto de izquierdas.

El acuerdo entre PSC y comuns contempla que la socialista Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, sea la nueva presidenta de la Diputación y que la coordinadora nacional de Catalunya En Comú, Candela López, ostente una vicepresidencia.

Que Moret sea la nueva presidenta del ente provincial depende ahora mismo de tres variables: el voto de los 4 diputados del PP; la posición final de dos diputados independientes de Junts, partidarios a priori de repetir el pacto con los socialistas, en contra de las directrices del partido; y del diputado de la formación local TotxTerrassa, que podría sumarse al pacto de Junts y ERC.

Las pasadas elecciones municipales dejaron unos resultados en el plenario de la Diputación que, a priori, facilitaban la repetición del pacto entre socialistas y neoconvergentes de la anterior legislatura. Una sociovergencia que ha permitido a Junts gobernar y dar cobijo en el ente supramunicipal a varios de sus cuadros, en un momento de debilidad institucional máxima tras su salida del Govern.

Sin embargo, la parte de Junts más partidaria de la confrontación y contraria al diálogo censura la alianza con el PSC. De ahí que el partido abogara la semana pasada por explorar una mayoría alternativa sin los socialistas. La intención inicial de los neoconvergentes era que los comuns se votaran a sí mismos, opción descartada tras su pacto de este miércoles con el PSC. Junts deberá mirar ahora al PP para que los populares, como hicieron en Barcelona, no voten a la candidata socialista.

En un comunicado, el PSC ha explicado que su pacto con los comuns es una apuesta “por un gobierno fuerte que aporte estabilidad” a la Diputación “y que sitúe las necesidades y los retos de los pueblos y ciudades de la provincia de Barcelona en el centro de sus políticas”. Ambas formaciones han agregado que en los próximos días “continuarán trabajando para configurar un gobierno de progreso”.

El documento del acuerdo entre socialistas y comuns incluye las líneas maestras de su eventual mandato, que pasan por varios compromisos con “la sostenibilidad y la Nueva Agenda Urbana”; la autonomía de los gobiernos locales; la innovación y la transparencia; la igualdad y la cohesión social y territorial; la lucha contra el cambio climático; así como el reconocimiento de la diversidad y el feminismo “como vectores de avance democrático”.

Xavier Trias, concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, ha reiterado su “indignación” con lo sucedido el pasado sábado en la sesión de investidura, cuando un acuerdo 'in extremis' entre el PSC, comuns y el PP le arrebató la alcaldía. Aun así, asegura que sigue viendo con buenos ojos el posible pacto entre el PSC y Junts en la Diputación de Barcelona ya que tiene “un gran respeto” por Núria Marín, a quien ha definido como “una persona de palabra”.

Trias, en una entrevista en TV3, ha asegurad que aunque esté “enfadado e indignado, no significa que nosotros [Junts] en la vida no seamos inteligentes. No podemos estar fuera del mundo y debemos estar con la capacidad de poder gobernar y echar a andar las cosas”.

En lo relativo a su futuro, ha asegurado que su decisión de irse es “firme”. Pero antes quiere “poner orden” en el grupo municipal, porque se constituyó, según dice, un equipo “para gobernar”. Trias considera que se ha ganado la jubilación y espera gozar de un verano “fantástico”. Todo ello, en contra de lo que le ha pedido Ernest Maragall (ERC), con quien llegó a un acuerdo para gobernar Barcelona. El republicano le ha pedido que se lo repiense porque “tiene mucho a representar” ante el movimiento que les arrebató la alcaldía.

Pero Trias parece dedicido: de hecho, ha apuntado que en pocos días se irá de viaje, descartando así que tenga previsto tener ningún papel en la Diputación ni en las listas de Junts para el 23-J, aunque sí que ha asegurado estar dispuesto a hacer campaña.

Sobre lo sucedido el sábado, Trias ha apuntado que este es un sistema electoral “democrático”, aunque en casos como este “se demuestra que permite un tipo de negociaciones extrañas que no son buenas para la democracia”. El de Junts habría apostado por “una segunda vuelta”.

La Diputación de Barcelona ha dado luz verde este jueves a los últimos presupuestos del actual mandato, que finalizará con las elecciones municipales de mayo. Sus cuentas para 2023 ascienden a 1.087 millones de euros, ligeramente por encima de los 1.060 de 2022, pero a los que se añadirán un remanente de tesorería que permitirá alcanzar los 1.241 millones en total.

El aumento, del 4,2%, se debe principalmente a esos 154,4 millones de remanente que se destinarán al plan de Resiliencia 3.0 y al de Renovables 2030. Si se contempla solo el presupuesto ordinario, más del 80% irá para reforzar las políticas de los municipios que pertenecen a la provincia barcelonesa. 

La presidenta de la Diputación, Núria Marin, ha calificado el presupuesto de “ambicioso y realista”. La también alcaldesa de l’Hospitalet ha asegurado que, siendo este el último curso de mandato, las cuentas de 2023 servirán como “carta de navegación” para el futuro Ejecutivo de la corporación, que actualmente conforman el PSC y Junts. 

Marín ha descrito la legislatura como “complicada”, en una suerte de balance en el que ha citado las consecuencias del temporal Gloria, de la pandemia y de la guerra de Ucrania. Y ha querido celebrar la buena sintonía entre socialistas y neoconvergentes al frente del Gobierno de la Diputación, una entente que no era la “esperable”, ha afirmado, pero que asegura que ha sabido priorizar el “diálogo”.

El diputado de Recursos Humanos de la corporación, Hacienda y Servicios Internos, Carles Ruiz, ha apuntado que el trabajo durante este mandato ha sido “más fácil” gracias a la suspensión de las reglas fiscales por parte del gobierno español y la llegada de los fondos Next Generation. 

De las cuentas aprobadas, 274,4 millones se destinarán al Plan Red de Gobiernos Locales, con partidas como el Catálogo de Servicios (132,1 millones), Programa General de Inversiones (61,1 millones) y programas sectoriales o específicos (81,2 millones). En el actual contexto de crisis energética, el presupuesto, que se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha previsto un crecimiento de más de un 55% de la partida destinada a los suministros, con 4,10 millones de euros más.

La pandemia hizo perder 257.054 millones de euros en facturación a las 101.000 empresas que hay en la provincia de Barcelona, que en 2020 facturaron un 11% menos. Aun así, estas compañías siguieron suponiendo en 2020 el 81,8% de la facturación catalana y ocuparon el 80% de la ocupación. Así lo muestra el informe 'Estructura empresarial de la provincia de Barcelona', elaborado por la Diputación de Barcelona, que compara las cifras de 2019 y 2020 a partir de las cuentas que las empresas presentan al Registro Mercantil.

Así como la caída fue rápida, la recuperación también se estima que lo sea. Según Eva Menor, diputada de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio de la Diputación de Barcelona, las cifras de 2021 estarán sólo un 1% por debajo de las de 2019.

“La variación de la facturación entre 2019 y 2020 muestra el impacto que la pandemia ha tenido en diversas actividades económicas. Así, sólo seis de los 38 sectores analizados aumentan facturación en 2020”, ha explicado Eva Menor, durante la rueda de prensa de presentación del informe.

Destaca el incremento del sector del comercio al detalle de alimentación y bebidas (supermercados), que creció un 15,7%, seguido de la ganadería, agricultura, silvicultura y pesca (7,4%), comercio de productos de uso doméstico (6,4%) aseguradoras (2,5%), comercio al detalle de TIC (1,9%) y comercio al detalle no especializado (0,3%).

De hecho, dentro del TOP25 de empresas barcelonesas, el 80% de las que aumentan su facturación se dedican a la alimentación o al sector de los supermercados. Por ejemplo, Condis, Bon Preu, Nestlé, Lidl, o Danone.

En cambio, el sector que más facturación pierde es el de la hostelería, con un 53,2%. Le siguen las actividades artísticas y recreativas (42,5%), el comercio a detalle de combustibles para automoción (24,9%) y vehículos de motor y medios de transporte (25,6%). De hecho, SEAT, Nissan y Volkswagen son las tres empresas que más facturación perdieron durante la pandemia, pero aun así, SEAT sigue siendo la empresa con más facturación en Barcelona y Volkswagen la tercera. El cierre de la planta de Nissan, por su lado, la ha hecho caer trece posiciones en la lista (de la octava a la vigesimoprimera).

Eva Menor ha destacado cómo, a pesar de la pandemia, 22 de las 25 empresas con más facturación en 2019 se mantienen en 2020.De hecho, el TOP10 se queda intacto, a pesar de que la pérdida de facturación para estas 10 empresas fue de 2.984 millones de euros. Estas grandes compañías que son responsables del 81,8% de la facturación de la provincia de Barcelona sólo representan un 3% del total. El 80% facturan menos de un millón al año. “Seguimos siendo un país de pequeña y mediana empresa”, tal como ha recordado Eva Menor.

Selena hace dos años que, cuando se pone su casco por las mañanas, lo hace sabiendo que le está ganando horas al sueño. Es una de las tantas personas que ha sucumbido a la fiebre del patinete eléctrico. Fueron varios los motivos que la empujaron a comprarse uno, explica, pero los principales eran el ahorro económico y de tiempo respecto al transporte público. Su patinete le costó 300 euros, que en poco más de seis meses estaban amortizados, y pasó de tardar más de una hora a unos 35 minutos en llegar al trabajo.

Esta mujer, precaria y migrante, no responde al imaginario con el que desembarcaron los patinetes en las grandes urbes. Pero es que en Barcelona la Administración ha empezado a detectar que este medio de transporte es cada vez más terreno de las clases populares y no de los jóvenes ejecutivos. 

“Era insostenible, casi me pasaba más tiempo en el metro o caminando hacia una estación que trabajando”, cuenta esta colombiana de 40 años. Vive en el barrio de La Salut en Badalona y trabaja limpiando diversas casas de la zona alta de Barcelona. Entre uno y tres domicilios distintos cada día. “Para ir de uno a otro tenía que coger transporte público, a veces perdiendo tanto tiempo que tenía que comer en el bus, de prisa y corriendo”, dice.

Selena se compró el patinete a finales de 2020, año en que se registró el mayor crecimiento del uso de este medio de transporte. De hecho, a pesar del confinamiento, los desplazamientos en patinete se duplicaron respecto a 2019, pasando de 46.700 a 85.100, según datos del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB), uno de los primeros que pone rostro al usuario del patinete.

Desde 2020, este medio de transporte no ha dejado de ir en aumento y la pandemia tiene bastante que ver con ello. “Trabajo en casas de gente muy mayor y no les hacía gracia que fuera a sus hogares en transporte público. Una casi me despide por eso”, recuerda Selena, quien prefirió hacer la inversión antes que perder su trabajo. Nunca antes había pensado comprarse un patinete porque lo veía como algo de “pijos y hipsters”. Y parecía que tenía que serlo, al menos hasta entonces.

Con el boom de ventas posteriores al confinamiento, un vehículo de la gama media oscila entre los 250 y 300 euros. En cambio, en 2017 superaba los 400. “Era un producto pensado para las clases medias blancas, sólo hace falta mirar los anuncios”, asegura José Mansilla, doctor en antropología e investigador del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU). “Se enfocan a un perfil de gente creativa, con trabajos urbanos, amantes de las nuevas tecnologías y de la libertad. Un transporte individual con el que, a diferencia de la bicicleta, no hay que sudar”, añade Mansilla.

El prototipo de usuario de patinete debía ser ese joven moderno. Y así empezó, pero pronto ese hombre con americana, deportivas y bandolera dio paso a las mujeres, los migrantes y los trabajadores precarios. Personas como Selena, que son la imagen exactamente opuesta a la que tenían las compañías en un inicio, pero que han acabado siendo mayoría.

El transporte con menos sesgo de género

El IERMB refleja que, si bien el usuario de patinete sí es joven (36 años de media), no es ni blanco ni de clase media. Por contra, el 40% de quienes lo usan ha nacido en el extranjero, una cifra bastante alta si se compara con el 17% de personas migradas que usan el resto de vehículos de movilidad personal (MVP, que hacen referencia a bicicletas, patinetes, motos o cualquier transporte unipersonal).

Además, aunque los hombres siguen siendo mayoría, lo son por un ajustado 58%, una cifra que ha descendido mucho en los últimos años, desde el 70% que se registró en 2019. Esto sitúa el patinete como el vehículo con menos sesgo de género, comparado con el 75% de ciclistas hombres o el 79% de motoristas.

A medida que iba aumentando el número de mujeres, disminuía la capacidad económica del conjunto de usuarios. Y es que, a pesar de que, tal como reconoce el IERMB, no hay datos que permitan afirmarlo rotundamente, la combinación de diversos indicadores muestra que el patinete es un transporte propio de personas precarias.

Uno de estos indicios ellos se encuentra en la red Bicivia, el mapa de carriles bici de la Diputación de Barcelona, que no incluyen los de la capital, y que evidencia que donde hay más patinetes es en dos tramos de l'Hospitalet de Llobregat y Badalona. En este último, concretamente en su barrio más pobre, La Salut (con un 57%). Estas ciudades cuentan con una PIB aproximadamente un tercio menor que el de Barcelona.

En ambos casos, el patinete ya supera a la bici en cuanto a usuarios de ese carril: el 53% y el 57%, respectivamente.

“Hablamos de gente, seguramente, con trabajos precarios que no pueden pagarse el piso en la capital y recurren a la periferia, aunque sus trabajos sean en Barcelona”, dice Mansilla. Este es el caso de Selena y, según los datos del IERMB, de casi un tercio de usuarios de patinete, que combinan este vehículo con el transporte público para ir y venir de Barcelona desde fuera de la ciudad.

¿Qué ha pasado con los 'yuppies'?

Si ahora el usuario de patinete es gente como Selena, ¿qué ha sido de quienes lo compraron hace años? Jaume es uno de ellos. Tiene 37 años, es consultor y se hizo con uno en 2016. Se lo compró porque le parecía una manera muy “innovadora y práctica” de desplazarse, además de “eco-friendly”. Pero el idilio duró poco, a penas dos años. “No es tan práctico como parece: en invierno hace frío, no puedes escuchar música y, cuando llueve, es un follón”, dice este barcelonés, quien pagó poco más de 500 euros por su patinete.

Dejó de usarlo en 2018, justó cuando se registró el primer boom de este medio de transporte, llegando a cuadruplicarse los desplazamientos respecto al año anterior. “Había demasiada gente, nos estorbábamos los unos a los otros y, si le sumas las bicicletas, era demasiado estresante”, explica. Hay muchas personas que han seguido los pasos de Jaume, pero según José Mansilla, dejar el patinete tuvo más que ver con el aumento de usuarios que con las incomodidades.

“Era algo que tenía mucho capital simbólico y estatus por ser exclusivo, relativamente caro y, por tanto, perteneciente a un cierto segmento de población. El patinete no respondía tanto a necesidades prácticas, sino a necesidades simbólicas”, dice el antropólogo, que sostiene que al popularizarse, perdió prestigio y, por tanto, algunas personas dejaron de usarlo. Pero no necesariamente para volver al transporte público.

“Muchos han pasado al siguiente nivel de innovación. Primero los segway, luego los patinetes y ahora, probablemente, las motos de sharing, que siguen siendo exclusivas y caras”, apunta Mansilla. Exactamente ese es el caso de Jaume, que se ha hecho usuario de este tipo de servicios. “Es más caro que el transporte público, pero te da más libertad y te ahorras a todos los kamikazes que van en bici o patinete hoy en día, que no tienen ni idea de conducir”, dice Jaume, tocando otro de los puntos polémicos de este medio de transporte.

¿Víctimas o peligro público?

Algunas de las críticas más generalizadas al patinete versan sobre la conducción poco cuidadosa de los usuarios y sus desconocimientos sobre las normas de circulación. Esta situación vino dada, entre otras cosas, porque la innovación tecnológica corrió más rápido que las normativas y los patinetes carecieron de reglas hasta 2019. Entonces, la DGT puso sobre la mesa cuestiones que hasta ese momento no estaban claras, como cuál era el límite de velocidad o si debían circular por la calzada o por los carriles bici.

Jaume desconoce la normativa hoy y la desconocía cuando era usuario de patinete, pero asegura que “el hecho de tener el carnet de conducir ya me hacía más consciente”, dice, a pesar de reconocer que superaba el límite de velocidad y que “algún que otro susto” había tenido. También lo dice así Selena, quien no tiene carnet. De hecho, estuvo a punto de sacarse el de moto, pero la posibilidad de tener un patinete hizo que lo descartara. “Es cierto que no tengo ni idea de las normas viales y tampoco creo que me las vaya a leer”, dice, Selena. “¿Qué puede pasar?”.

El rápido ascenso del patinete se ha traducido en un incremento del número de accidentes y de conflictos de convivencia con otros modelos de transporte. Los datos del IERMB muestran que en Barcelona la tasa de accidentalidad es relativamente alta, sólo superada por las motos. En cambio, es el modelo de transporte en que menos personas resultan heridas al día. Es decir: a pesar de haber muchos incidentes, estos son leves y, según datos del estudio, normalmente las personas heridas son los mismos conductores de patinete. “El principal riesgo de seguridad viaria de este transporte es para sus mismos conductores”, resume el IERMB.

“No es que necesariamente sean más peligrosos, es que hay más”, apunta Mansilla, quien opina que se puede estar sobredimensionando la situación. “¿Por qué nos gustan menos los patinetes que las bicis o motos? Quizás tiene algo que ver con quién los conduce”, insinúa el antropólogo, que explica que la crítica que recibirá un hombre blanco de clase media si comete una infracción no será la misma que la que recibirá una mujer o adolescente migrante.

Selena está de acuerdo con esta afirmación y reconoce que ella va con cuidado, pero muchos viandantes o conductores la increpan desmedidamente cuando comete alguna “pequeña infracción” o se despista. Es consciente de que unos conocimientos básicos de la normativa le ayudarían, también a ganar legitimidad, pero si le exigen un examen o carnet, asegura que dejará el patinete. “Si, hombre, ¡qué pereza!”, exclama.  

La Audiencia de Barcelona ha ordenado al juez del caso Voloh que justifique las diligencias que ha acordado en la nueva línea de investigación abierta a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, por los viajes que hizo al extranjero entre los años 2015 y 2018, cuando trabajaba como comisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación de de Barcelona.

En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona estima parcialmente el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra la nueva batería de diligencias ordenada por el titular del juzgado de instrucción 1, Joaquin Aguirre sobre Alay, a quien la Guardia Civil relaciona con contactos en Rusia en el marco del procés. Es la primera vez que la Audiencia de Barcelona da la razón –parcialmente– a Anticorrupción, que mantiene un enfrentamiento abierto con el juez Aguirre por el devenir del caso Voloh.

El juez pidió a la Diputación de Barcelona que detallara los viajes de Alay al extranjero entre los años 2015 y 2018, cuando ocupó un cargo en la corporación provincial, y ordenó a la Guardia Civil una investigación patrimonial del jefe de la oficina de Puigdemont. El objetivo era investigar si Alay “se enriqueció ilícitamente” durante su etapa en el ente provincial.

La Sala rechaza que la investigación sea prospectiva, como alegaba la Fiscalía para pedir su archivo, pero admite que en la resolución del juez no se han puesto de manifiesto “las sospechas sólidas que justifiquen la pertinencia y necesidad” de la averiguación del patrimonio de Alay. En consecuencia, anula las diligencias acordadas y ordena al juez dictar una nueva resolución en la que las justifique, pero no en base a los “resultados sobrevenidos que pudieran haberse obtenido” mientras se tramitaba el recurso de la Fiscalía.

El movimiento sobre Alay llegó después de que el juez descubriera que otro alto cargo nombrado por Convergència en la Diputación –el exjefe de relaciones internacionales Jordi Castells, ahora subdirector general de cooperación local de la Generalitat– incrementó en 300.000 euros su patrimonio mientras estuvo en el ente provincial.

Castells compró dos pisos sin suscribir una hipoteca y constan en su cuenta “ingresos en efectivo por importes incompatibles” con su sueldo público. El juez quiso saber si ese patrón se siguió también en Alay, por lo que encargó a la Guardia Civil “una investigación patrimonial” al actual hombre de confianza de Puigdemont “a fin de determinar si se enriqueció ilícitamente” con la aprobación de expedientes de programas de cooperación presuntamente usados para desviar fondos a entidades afines a CDC.

Según la Audiencia de Barcelona, la resolución del juez “no especifica de qué expedientes estamos hablando ni concreta los elementos indiciarios que justifiquen abrir la nueva línea de investigación” contra Alay, mientras que la motivación “resulta concisa y escueta”.

Recuerdan los jueces que estas diligencias se sitúan “en el marco de un proceso penal que se abrió hace seis años por presuntas subvenciones ilícitas de la Diputación de Barcelona a determinadas fundaciones y asociaciones independentistas”, por lo que el paso del tiempo requiere de “un plus de motivación para garantizar el derecho de defensa” de Alay para “evitar cualquier atisbo de nulidad”.

Cada día llega, al menos, una mujer a la sede de AADAS. Y cuando una mujer cruza el umbral de la puerta de esta entidad, es que ha sido víctima de una agresión sexual. Acceden a ella derivadas de recursos como Servicios Sociales, hospitales o Mossos d'Esquadra. Se trata de una entidad que es un servicio de referencia en Catalunya: desde hace más de 30 años ofrece atención especializada en este tipo de violencia machista, ofreciendo asesoramiento jurídico y psicólogico de manera gratuita.

Durante tres décadas han pasado miles de mujeres por sus instalaciones, pero hace semanas que no atienden casos nuevos. El motivo es que esta semana se verá obligada a realizar un ERTO a toda su plantilla por haberse quedado sin fondos. Como muchas otras asociaciones del tercer sector, AADAS depende de subvenciones. Cada año reciben unos 70.000 euros, dinero que va destinado a pagar nóminas y alquilar un local.

Pero este año se les han denegado los fondos correspondientes a la subvención del IRPF, dependiente de la Generalitat, que recibían desde 1991 y suponía un 77% de su presupuesto. Sin esa ayuda, apenas suman 15.000 euros de otras subvenciones provenientes del Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación. “Ese dinero no nos da ni para pagar un mes de gastos”, se lamenta Maria Sellés, co-coordinadora de AADAS. Ahora, les quedan unos 4.000 euros en el banco.

Sabiendo que se enfrentaban al cierre, hace semanas que decidieron dejar de abrir expedientes nuevos, aunque sí siguen atendiendo a las usuarias a las que ya acompañan. “Y no dejaremos de hacerlo. Continuaremos como voluntarias, pero no debería ser así. El nuestro debería ser un servicio garantizado y profesionalizado”, se lamenta Sellés. Reivindican que en tanto que los casos que atienden vienen derivados de recursos públicos deberían ser parte de la red pública de atención a las violencias sexuales y no “un servicio externo y precario”, apuntan desde la asociación.

El motivo por el cual la Generalitat ha denegado esta subvención, que se eleva a más de 53.000 euros, es que se presentó tres horas fuera de plazo, según el departamento de Derechos Sociales. AADAS reconoce el error, pero presentó una alegación porque “sin ese dinero no podemos funcionar”, admite Sellés. A pesar de eso, la alegación no fue admitida a trámite. Según el departamento, esto se debe a que no hay margen para admitir a AADAS porque “se han presentado más proyectos y entidades que el año anterior, mientras que los fondos siguen siendo los mismos”. Según datos facilitados por la Generalitat, el aumento de entidades es del 5%.

Los fallos del sistema de subvenciones

Esta inestabilidad, según denuncian desde la entidad, no es nueva, sino que se lleva dando desde hace tiempo. “El año pasado nos denegaron esta misma subvención y no hubo ningún problema técnico. Jamás nos dieron ninguna explicación”, recuerda Sellés. La situación se arregló in extremis: gracias a una campaña de presión pública, consiguieron una rectificación y recibieron el dinero. “Estábamos haciendo mucho ruido y quedaban pocas semanas para las elecciones”, apuntan desde la entidad.

Sellés considera que las sucesivas negativas por parte de la administración se deben a un “ataque hacia AADAS”, pero desde la administración lo niegan. “Valoramos la experiencia y el aporte social de esta entidad, al igual que todas las que atienden la violencia de género”, defienden desde el departamento de Feminismos e Igualdad de la Generalitat. Aún así, Sellés considera que la gestión que se hace de las subvenciones es “un insulto a nuestro trabajo”.

Esta crítica se debe, también, a la repartición que la Generalitat hace de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, creado por el Ministerio de Igualdad en 2019 y que cuenta con un presupuesto de 100.000 millones de euros anuales hasta 2024. De estos, 13 millones van a parar a Catalunya. Según recuerdan en AADAS, en 2019 hubo mucho dinero destinado a subvenciones, pero en 2020 solo hubo una única convocatoria, por valor de 500.000 euros. “¿Dónde están los 12 millones y medio restantes?”, se pregunta Sellés.

La primera aportación de dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en 2019, fue a parar al departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, que fue reestructurado después de las elecciones de 2021, repartiendo competencias -y los fondos provenientes del pacto- entre tres departamentos de nueva creación: Trabajo, Derechos Sociales y Feminismos e Igualdad, siendo este último el que gestiona ahora los fondos.

Un retraso de 33 millones de euros

El diseño de sistema de subvenciones condena a la inestabilidad a muchas entidades que, como AADAS, aseguran que las previsiones de liquidez llegan “como mucho” a cuatro meses vista. “Se aprovechan de nuestra militancia, pasando por alto que somos trabajadoras y que realizamos un servicio público atendiendo casos que nos derivan desde las administraciones. Aun así, no nos pagan y, si nos pagan, es con retraso”, dice Sellés.

Este año, las principales convocatorias se están publicando en Catalunya con un atraso de más de medio año respecto al inicio de los proyectos subvencionados, llegando el ingreso de fondos casi al final de su ejecución. Es decir, que las entidades tienen que empezar sus proyectos sin saber sin serán financiados o no. El resultado de este calendario es que el tercer sector ya está avanzando más de 33 millones de euros, en muchos casos a golpe de crédito.

“Estamos asumiendo los intereses de estos créditos, que quedan fuera de la subvención y, como consecuencia, tenemos que reducir los equipos profesionales en un momento de máxima presión asistencial después de la pandemia”, asegura Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector. “Nunca habíamos estado tan mal”, añade.

Conscientes de esta precariedad, desde el departamento de Feminismos e Igualdad aseguran que la Generalitat está trabajando en un nuevo modelo de relaciones con las entidades del tercer sector que “asegure la continuidad de los servicios necesarios y garantice una gestión de los fondos que permita trabajar con una mirada larga”. Apuntan que es “injusto” para estas mujeres víctimas de violencia sexual ir un servicio que, en cualquier momento, podría dejar de existir, como ha pasado con AADAS.

Así, aunque continuará acompañando desde el voluntariado a las mujeres a las que ya atiende, esta entidad dejará de asistir a las más de 350 mujeres que llegan a su sede cada año, dejándolas huérfanas de asistencia psicológica. “Nosotras atendemos a mujeres y hombres independientemente de donde estén empadronadas o de si están en situación administrativa irregular, cosa que en muchos servicios públicos no se hace. ¿Dónde irán estas personas ahora?”, se pregunta Sellés.

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que indaga sobre el desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), investiga si el actual jefe de la oficina de Carles Puigdemont y excomisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación entre 2015 y 2018, Josep Lluís Alay, “se enriqueció ilícitamente” durante su etapa en el ente provincial.

Ha sido el propio Alay quien ha desvelado a través de Twitter la nueva batería de diligencias acordada por el juez Aguirre. En su mensaje, Alay ha cargado con dureza contra el instructor: “La cloaca vuelve. El juez Aguirre se despierta después de meses y desata de nuevo la persecución contra mí. Nunca he sido jefe de cooperación de nada. Estado podrido”. Fuentes de la defensa de Alay han criticado por “prospectiva” la decisión del juez.

El movimiento del juez sobre Alay llega después de que el juez haya descubierto que otro alto cargo nombrado por Convergència en la Diputación –el exjefe de relaciones internacionales Jordi Castells, ahora subdirector general de cooperación local de la Generalitat– incrementó en 300.000 euros su patrimonio mientras estuvo en el ente provincial.

Castells, además, compró dos pisos sin suscribir una hipoteca y constan en su cuenta “ingresos en efectivo por importes incompatibles” con su sueldo público, indica el instructor. El juez quiere saber ahora si ese patrón se siguió también en Alay, por lo que encarga a la Guardia Civil “una investigación patrimonial” al actual hombre de confianza de Puigdemont “a fin de determinar si se enriqueció ilícitamente” con la aprobación de expedientes de programas de cooperación presuntamente usados para desviar fondos a entidades afines a CDC.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez pide, además de la investigación patrimonial de Alay, que la Diputación de Barcelona certifique los viajes que realizó mientra estaba en el cargo, si fueron pagados por el ente público y quien lo autorizó.

Sobre Castells, el juez pide que la Diputación detalle el procedimiento de aprobación de subvenciones y contratos menores concedidos por el alto cargo en su etapa en el ente provincial así como los “cargos y nombres de quienes debían visar y aprobar los pagos”. Y cita a la secretaria general de la Diputación para entregarle en mano en el juzgado las peticiones y hacerle “un requerimiento personal” sobre las mismas.

El juez indica que Alay “sucedió en el cargo” a Castells, si bien el segundo, formalmente, era jefe de relaciones internacionales de la Diputación –dimitió tras desvelar elDiario.es el desvío de fondos– y para Alay se creó, tres meses después, un cargo nuevo, el de comisionado de relaciones internacionales.

Las nuevas diligencias se producen tras la vuelta de Aguirre al juzgado después de unos meses en que su sustituta ha cerrado casi todas las piezas del caso de subvenciones fraudulentas de la Diputación. La Fiscalía y la Diputación de Barcelona –pese a haber efectuado los informes periciales del caso que constataban el desvío de fondos– han aprovechado la vacante temporal de Aguirre en el juzgado para solicitar a la jueza sustituta el cierre de todas las piezas salvo la que afecta a las entidades CATMON e Igman, vinculadas al actual diputado de Junts Francesc de Dalmases.

La Justicia tiene bajo el foco a Alay desde hace años. Fue exculpado de la causa que le mantuvo investigado durante meses en la Audiencia Nacional por acompañar a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, pero en los juzgados de Barcelona las investigaciones contra el jefe de la oficina del expresident siguen vivas. Además del caso de la Diputación, Alay está investigado por la trama rusa del procés, desmentida por el jefe de la oficina de Puigdemont en una entrevista en elDiario.es.

Alay también está investigado en el caso Voloh, de presunto desvío de fondos para costear la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo, en otra causa sobre la plataforma Tsunami Democràtic y espera juicio por presunta malversación en relación con un viaje que efectuó a Nueva Caledonia para asistir al referéndum de autodeterminación de la excolonia francesa.

Antoni Dalmau, presidente de la Diputación de Barcelona entre 1982 y 1987, ha muerto este miércoles a los 70 años en la ciudad donde nació, Igualada, tras sufrir un accidente en su domicilio. El político fue un histórico militante del PSC, partido por el que también fue diputado durante los años 90 y en el que se identificó con la corriente más catalanista de la formación. Entre 1988 y 1995 fue además vicepresidente segundo de la Cámara.

Las diferencias con la dirección al inicio de la pasada década llevaron a Dalmau a abandonar el PSC en el año 2013, momento en el que además abandonó la política. Pese a eso, en los últimos años se había mostrado cercano a ERC, llegando a cerrar la lista del partido a las municipales de su ciudad.

Dalmau compaginó su actividad política con una incansable labor cultura, sobre todo en su vertiente como escritor. Entre su obra quedan varias novelas, ensayos y estudios históricos. En el año 1997 fue galardonado con el premio Nèstor Luján de novela histórica por su obra Terra d'oblit. Dalmau fue también presidente de la Fundació Teatre Lliure durante casi tres décadas y profesor de la facultad de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull.

La Escola Industrial, un imponente edificio en el centro de Barcelona, fue el 1 de octubre de 2017 el mayor centro de votación de Catalunya. Ahí tenía previsto el Govern celebrar el principal acto de conmemoración de la fecha, tal y como anunció la portavoz Patricia Plaja el pasado martes. Pero no será así porque la Diputación de Barcelona, propietaria del edificio, ha denegado el permiso para realizar esta ceremonia, aludiendo a razones técnicas y operativas. La decisión, tomada por un Gobierno de coalición entre el PSC y Junts, ha generado incomodidad en la Generalitat, que ve razones políticas detrás del rechazo.

El evento que el Govern preparaba era un acto institucional con presencia del president de la Generalitat y del conjunto de los consellers, que debía celebrarse a las 9h. El lugar elegido era el Edificio del Reloj, situado dentro del conjunto monumental que tiene usos diversos, entre ellos una parte de oficinas de la propia Diputación. La semana pasada la Presidència del Govern se puso en contacto con el área de Protocolo de la Diputación para solicitar reservar el espacio. Las gestiones continuaron e incluso personal del Govern realizó una visita técnica para preparar la adecuación y materiales necesarios para el acto.

Pero este martes por la tarde la Diputación acabó comunicando a la Generalitat que el acto no podría realizarse, tal como avanzó El Mon. Fuentes de la institución supramunicipal explican que las razones son dos, ambas de tipo técnico. Por un lado, indican que el lugar elegido por el Ejecutivo es una zona de oficinas donde puestos de trabajo de empleados, por lo que realizar un acto a las 9 de la mañana resulta imposible. Por otro lado, aluden a razones de COVID y aseguran que desde prevención de riesgos de la Diputación han descartado la posibilidad de realizar una ceremonia de este tipo. Este miércoles por la noche el Govern acabó anunciando que trasladaba el acto a un edificio del Departamento de Salut.

Fuentes de la Diputación explican además que la petición realizada por el Govern no fue oficial ni, mucho menos, se canalizó a través de los equipos de la presidencia, como consideran que hubiera sido adecuado. Aseguran además que el Govern no comunicó en ningún momento que el evento tuviera la participación de todo el Ejecutivo ni que fuera para conmemorar la cita del 1-O. Con todo, aluden a razones puramente técnicas para rechazarlo porque, aseguran, la petición se ha descartado tan rápido que “no ha dado tiempo” de tomar una posición política.

Desde Junts, miembros de la coalición que gobierna la institución, no dudan en achacar el enredo a una maniobra de la Presidència del Govern y de ERC. “Claramente buscaban poder decir que el gobierno de la Diputación, compartido por PSC y Junts, no permiten hacer un acto para el aniversario del 1 de octubre”, explican fuentes del partido, que aseguran que se enteraron del problema este martes por la tarde, cuando la decisión ya estaba tomada. “En seguida hablamos con los socialistas para ablandarlos y encontrar una alternativa, pero ellos estaban muy ofendidos y cerrados en banda”, explican desde Junts.

Esas mismas fuentes de Junts explican que cabía la posibilidad de realizar el acto en el edificio de la Escola del Treball, que se encuentra en el mismo recinto y que hubiera mantenido el simbolismo de recordar el punto de votación más grande de la jornada del 1-O. Pero finalmente la decisión ha sido trasladar el acto a La Maternitat, otro gran recinto industrial donde tiene la sede el organismo de la Generalitat CatSalut. Allí el Govern leerá una declaración y realizará el acto institucional de la jornada.

El juez de Barcelona que investiga las subvenciones irregulares que concedió la Diputación de Barcelona entre 2011 y 2015 a entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha avisado que pretende imputar al actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases por los fondos que recibieron CATMón e IGMAN. Así lo expone el magistrado Joaquín Aguirre en su último auto, por el que acuerda citar como investigadas a 49 personas, entre ellas exresponsables políticos de CDC en la Diputación, técnicos del ente y directivos y empleados de las entidades que recibieron las subvenciones.

De Dalmases, sin embargo, es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por su condición de diputado, lo que impide al juez Aguirre tomarle declaración como al resto de investigados por los mismos hechos. “Respecto a Francesc Dalmases, no procede citarle como investigado ante este juzgado dado que tiene la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su condición de parlamentario catalán”, reza el auto del juez, adelantado este miércoles por El Punt Avui y al que ha tenido acceso eldiario.es.

Añade el magistrado que remitirá una exposición razonada ante el TSJC una vez la Guardia Civil haya finalizado el estudio de toda la documentación del caso –los expedientes de las subvenciones investigadas así como todo lo incautado en los registros ordenados por el juez– “y hayan prestado declaración todas las personas” investigadas.

El juez implica a De Dalmases en cuatro subvenciones que la Diputación otorgó a las fundaciones CATMÓN e IGMAN y de las que dos de ellas el propio ente provincial ya ha concluido que fueron irregulares, tal y como avanzó este diario. Por los mismos expedientes el juez ha imputado al exsecretario de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas –responsable y fundador, junto a De Dalmases, de ambas fundaciones–, a otros cinco técnicos de ambas entidades.

La principal línea de investigación del caso apunta a que las subvenciones, sobre el papel dedicadas a proyectos de cooperación, sirvieron en realidad para garantizar unos ingresos de Terradellas y De Dalmases. Sin embargo, la Guardia Civil ha lanzado en varios de sus informes una nueva hipótesis, consistente en que el dinero también se dedicó al procés debido a la actividad internacional en favor de la independencia de Víctor Terradellas.

Del lado de la Diputación, el magistrado ha acordado citar como investigados a varios exaltos cargos convergentes en el ente provincial que a día de hoy siguen ocupando cargos públicos en la Generalitat. La mayoría de ellos abandonaron la Diputación después que los propios técnicos del servicio de relaciones internacionales del ente y la CUP denunciaran presiones para aprobar los expedientes a las entidades afines a Convergència y a determinadas empresas y patronales, abriendo así el caso judicial.

Entre los excargos convergntes investigados que comparecerán en las próximas semanas ante el juez figuran el exdirector de relaciones internacionales de la Diputación y actual subdirector general de cooperación local de la Generalitat, Jordi Castells; el exjefe de la oficina de cooperación de la Diputación, Jonatan Jorba; o el actual diputado en la Diputación y alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia.

Novedades en el caso de las subvenciones irregulares otorgadas la pasada legislatura por la Diputación de Barcelona a las entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) CATMÓN e IGMAN. El ente provincial ha aportado a la causa, a requerimiento del juez, informes en los que, tras analizar los expedientes de los pagos bajo sospecha, concluye que subvencionó a ambas entidades para “proyectos no justificados”.

La primera media docena de informes aportados al juzgado, a los que ha tenido acceso eldiario.es, bien podrían definirse como la anatomía de unas subvenciones chapuceras y mal otorgadas. Los dictámenes señalan directamente a los antiguos jefes del servicio de relaciones internacionales de la Diputación bajo el mandato de CiU, así como a los responsables de CATMÓN e IGMAN, el exsecretario de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas y el actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases.

En la causa hay 41 expedientes investigados. Siete de ellos afectan a CATMÓN e IGMAN y tres ya han sido auditados por la Diputación, que ha comunicado al juez Joaquín Aguirre que le irá entregando los informes de cada subvención a medida que analice cada expediente. La subvención de mayor importe –49.918,40, de los que se pagaron 20.000– fue destinada en 2015 a una revista editada por CATMÓN llamada 'Catalan International View' que, según la petición formulada por la entidad, tenía como objetivo “fomentar el debate sobre el mundo local”. El dictamen de la Diputación concluye que en la solicitud de subvención “no quedaban bien definidas las actividades a realizar ni sobre todo los resultados concretos que se pretendían conseguir”.

De hecho, salvo tres artículos, la revista no trataba los problemas o situaciones de los municipios, sino que abordaba temáticas como el sistema educativo, el genocidio armenio o el kurdo. Y por supuesto, el procés, en un artículo firmado por el propio Terradellas. Además, uno de los artículos con los que la revista justificó que sí trataba sobre el mundo local –el teórico objeto de la subvención– estaba escrito por el entonces responsable político de relaciones internacionales de la Diputación, Joan Carles García (CiU), uno de los imputados en el caso, por lo que “no podía servir como justificación al ser diputado en la Diputación”, resalta el informe del ente provincial.

Asimismo, el informe destaca que se pagaron facturas a De Dalmases antes de la fecha de emisión de las mismas, y que cuando se preguntó el por qué se recibieron documentos de justificación “sin firma”. Otra de las irregularidades detectadas es que CATMÓN presentó para justificar la subvención una factura de 4.115 euros a una empresa de los propios Terradellas y De Dalmases en concepto de maquetación de la revista. Todo ello hace que el dictamen de la Diputación concluya que se otorgó la subvención a CATMÓN “con total laxitud formal y material” respecto a las peticiones para enmendar la petición de fondos y se obvió el procedimiento legal a seguir.

La principal línea de investigación del caso apunta a que las subvenciones, sobre el papel dedicadas a proyectos de cooperación, sirvieron en realidad para garantizar unos ingresos de Terradellas y De Dalmases. Los informes han sido confeccionados por los equipos jurídicos y técnicos la Diputación, ahora gobernada por el PSC y JxCat y que hace solo unas semanas se ha personado como acusación particular en el caso que instruye el juzgado de instrucción 1 de Barcelona. Sin embargo, la Guardia Civil ha lanzado en varios de sus informes una nueva hipótesis, consistente en que el dinero también se dedicó al procés debido a la actividad internacional en favor de la independencia de Víctor Terradellas.

Otro de los expedientes analizados es el de la subvención otorgada a IGMAN en 2012 por valor de 31.031 euros para un proyecto de “reconstrucción política, económica y social” de varias regiones de Bosnia Herzegovina. La primera de las irregularidades detectadas es que la ficha para otorgar la subvención a cargo de la dirección de relaciones internacionales de la Diputación se realizó “a mano”, sin que conste la firma de ningún responsable ni que se notificara a la ONG.

Además, en enero de 2013 la ONG presentó una “reformulación presupuestaria” del proyecto sin que la normativa sobre subvenciones lo contemple, según indica el dictamen. Además, “no consta” que la entidad cumpliera con los requerimientos de los técnicos de la Diputación que le instaron a enmendar el proyecto. Un año más tarde, una técnica de la Diputación comunica a IGMAN que ha presentado su reformulación “fuera de plazo y a mano”, por lo que no se puede tramitar el segundo pago de la subvención.

Dicho importe se terminaría abonando en abril de 2015 pese a otras dos irregularidades detectadas en el informe. La primera, que IGMAN presentó tres meses después de vencer el plazo legal para hacerlo el informe de justificación final del proyecto. Lo hizo además mal porque no justificó dos facturas. La segunda, que la dirección de relaciones internacionales de la Diputación permitió a IGMAN presentar directamente la justificación final del proyecto, cuando la ley obliga a hacer también una justificación parcial.

IGMAN también recibió 28.650 euros mediante un convenio –sin concurso público mediante– para “consolidar la presencia de los gobiernos locales” en la revista ONGC, editada por las entidades catalanas de cooperación al desarrollo. Esta fórmula para entregar los fondos, remarca el informe de la Diputación aportado al juez, “no encaja en ninguno de los supuestos legalmente previstos” y fue “contraria a derecho”.

Del resto de expedientes analizados que no están relacionados con las dos entidades afines a CDC, destacan las irregularidades en varias facturas aportadas por la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana PIMEC en una subvención destinada a proyectos estratégicos en Marruecos en 2014 y 2015, en el marco de la internalización de las empresas catalanas en este país, así como la carencia de sello, que éste sea posterior al pago de las mismas o duplicidades en conceptos para justificar los fondos. Los informes también han detectado “laxitud formal y material” en la justificación de una subvención a la fundación ECOSEDE para un proyecto humanitario en Honduras.

La Guardia Civil señala a De Dalmases

Al margen del análisis que la propia Diputación realiza de las subvenciones otorgadas bajo el último mandato de CiU, la Guardia Civil ha aportado al juez un macroinforme, de más de 1.000 páginas, en el que además de incluir los mensajes de whattsapp que se cruzaron los actuales consellers del Govern Meritxell Budó y Miquel Buch en 2017 también analiza los expedientes investigados.

El Instituto Armado pone atención en el diputado de JxCat Francesc de Dalmases, al que sitúa jurídicamente como “investigado aforado”. Bajo el periodo investigado, De Dalmases, además de dirigir ambas revistas receptoras de fondos, era fundador y presidente de IGMAN y patrono y fundador de CATMÓN. En uno de los expedientes bajo sospecha, la Guardia Civil señala que De Dalmases presentó “justificaciones incongruentes ante las deficiencias e incumplimientos de plazo continúos” y que en otro justificó la subvención a IGMAN “faltando a la verdad”. Y tal y como ya había puesto de manifiesta la instrucción del caso, la Guardia Civil recuerda que De Dalmases cobró de la Diputación por trabajos de su fundación pese a que los estatutos prohibían retribuciones a los patronos.

Que las relaciones entre los socios independentistas no son precisamente un remanso de paz es a día de hoy de sobras conocido. Para llegar al nivel de desencuentro actual, Junts per Catalunya y ERC han ido acumulando numerosos enfrentamientos a lo largo de los últimos años, tanto en el Govern como en otras instituciones donde gobernaban juntos como la Diputación de Barcelona. Así lo ponen de manifiesto los whatsapp que los dirigentes del PDeCAT en el ente provincial se cruzaron en 2017, y que la Guardia Civil ha incluido en un nuevo informe aportado al sumario de la investigación sobre presuntas subvenciones fraudulentas concedidas a fundaciones afines a la extinta Convergència.

En uno de los whatsapps, la actual portavoz de la Generalitat y consellera de Presidencia, Meritxell Budó (JxCat), que en 2017 era vicepresidenta de la Diputación, criticó duramente a ERC, con quien los postconvergentes compartían Ejecutivo tanto en el Govern como en el ente provincial, y sostuvo que gobernar con los republicanos era “gobernar con el enemigo”.

La actual titular de Presidencia lanzó esta crítica contra ERC después de que el entonces concejal de CiU en Barcelona Jaume Ciurana razonara que el “problema principal” de JxCat en la Diputación era haber cedido a los republicanos el área de Territorio, la que, en sus palabras “da más juego”. Un comentario al que la entonces presidenta de la Diputación y alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, respondió: “Yo quería pactar con PSC y no con ERC”.

“Lo que está claro es que hoy por hoy gobernamos con el enemigo. Por tanto, no podemos dejar nada sin controlar, sea o no área nuestra. Es importante. La ventaja: tenemos la presidencia de la DIBA [la Diputación] para capitalizar sus temas. ¡¡¡Ellos eso no lo tienen!!!”, respondió Budó. Días después del cruce de whatsapps Conesa anunció que rompía con ERC en Sant Cugat y que incorporaba al PSC al gobierno municipal.

En el grupo de whatsapp participan otros representantes postconvergentes en la Diputación, además de Budó, Ciurana y Conesa, como el alcalde de Igualada, Marc Castells, y el alcalde de Tordera, Joan Carles García, detenido en mayo de 2018 por su supuesta vinculación con una trama corrupta de desvío de fondos públicos y de cuyo teléfono la Guardia Civil ha extraído los whatsapps.

La actividad del grupo, según se desprende del informe de la Guardia Civil, no se vinculó al día a día de la Diputación sino que también se comentaba la actualidad política. En junio de 2016, Budó criticó una campaña de la CUP (que no identifica) por poner “cara y nombre a un ciudadano de Barcelona”, lo que le sirvió para tildar a los anticapitalistas de “fascistas de izquierda” y los comparó con “los nazis marcando con una estrella a los judíos”.

El informe de más de 1.000 páginas de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este diario, también incluye otros grupos de whatsapp de García en los que participan actuales miembros del Govern. Es el caso del actual conseller de Interior, Miquel Buch, que en 2017, cuando era alcalde de Premià de Mar (Barcelona), que desconfiaba profundamente de ERC a cuenta de la preparación del 1-O. Las suspicacias entre postconvergentes y republicanos en los meses previos al referéndum también se pusieron de manifiesto en las anotaciones que la mano derecha de Junqueras en Economía, Josep María Jové, escribió en su libreta Moleskine.

Buch, en enero de 2017, recelaba del papel de Oriol Junqueras los meses previos al 1-O y consideraba que los postconvergentes eran los únicos que asumían las consecuencias judiciales del referéndum. “Que imputen a Junqueras, que se esconde por todas partes porque lo que quiere ser es candidato”, se quejó Buch en un chat con alcaldes del PDeCAT. “Los imputados por hacer alguna cosa por la independencia son los nuestros”, abundó Buch en el chat.

A medida que llegaba el 1 de octubre las discrepancias entre republicanos y postconvergentes crecían, ante lo que Buch recomendó a los otros alcaldes del PDeCAT del grupo de whatsapp “pactar las diferencias” con ERC, y señaló a Colau por “hacer 'la puta i la ramoneta'”, expresión catalana para explicar el comportamiento de alguien que realiza un doble juego o tiene dos caras y que se popularizó durante el pujolismo para definir el discurso nacionalista de CiU mientras a la vez pactaba con los Gobiernos centrales de PP y PSOE.

El área de Educación, Deportes y Juventud en la Diputación de Barcelona cuenta desde el mes pasado con un nuevo asesor técnico. Se trata de Juanjo Cáceres, miembro del Consejo Ciudadano de Podem Catalunya y pareja de la segunda teniente de alcaldía en Sabadell, Marta Morell, la concejal de Podemos que decantó el gobierno municipal para los socialistas en mayo pasado.

Cáceres, doctor en historia, diplomado en empresariales y autor de libros de nutrición, ha sido fichado por la Diputación con un sueldo de más de 50.000 euros al año para realizar tareas de asesoría al diputado de Juventud. “Son funciones técnicas, no políticas”, aclaran desde Podem Catalunya, formación en la que, además de ser miembro de la dirección, Cáceres estuvo contratado hasta unos días antes de pasar a estar en nómina de la Diputación.

“Esto no tiene nada que ver con Podem”, insisten desde la formación, que aseguran que no hay ninguna incompatibilidad para que Cáceres mantenga sus funciones políticas como miembro de la dirección de Podem Catalunya, donde es responsable de coordinación interna, finanzas y RRHH, mientras trabaja como cargo de confianza en un gobierno del PSC.

Este diario ha intentado recabar la opinión del propio Cáceres o de miembros de la dirección del partido, pero han declinado. Según explican fuentes de la formación, Podem considera que la decisión de Cáceres es de “carácter profesional”, por lo que entienden que no deben comentarla desde el partido.

En la Diputación de Barcelona desligan la contratación del nuevo asesor de su relación personal con la teniente de alcaldía de Sabadell y explican que se le ha fichado exclusivamente por su currículum, del que destacan la trayectoria de Cáceres en formación e investigación universitaria. En este caso, el dirigente de Podem asesorará al diputado de Juventud, Javier Silva Pérez, alcalde de Polinyà del PSC.

Fuentes de la administración provincial, que gobiernan en coalición PSC y JxCat, añaden además que, como ocurre con todo el personal eventual, Cáceres fue propuesto por el grupo político del que depende el área de Gobierno, en este caso de los socialistas y, posteriormente, pasó el proceso de selección habitual para los cargos de confianza, que consiste en una valoración de su currículum y una entrevista personal.

La contratación de Cáceres, que, como es habitual en el personal eventual, se ha efectuado “a dedo”, es el último capítulo de una larga polémica que arrancó en julio pasado, cuando Morell inició los trámites para fichar a su pareja, en aquel caso como asesor del ayuntamiento de Sabadell. En ese momento la oposición en pleno protestó por lo que consideró una actuación “contraria a la ética” y un “conflicto de intereses”, denunciando que la contratación no respondía al currículum de Cáceres.

En Podem Sabadell justificaban en un hilo de Twitter la contratación como asesor del ayuntamiento de la pareja de la concejal de su misma formación, pues, a su entender, era la persona más preparada para el puesto:

La polémica fue a más y la oposición optó por llevar el caso la comisión de Ética Pública del consistorio, que redactó un informe que no concretaba ninguna instrucción, porque dictaminaba que la contratación no podía producirse si Morell había intervenido, algo de lo que no había pruebas. Ante la polémica suscitada, la alcaldesa Marta Farrés (PSC) optó por abortar la contratación del novio de su segunda teniente de alcaldía, lo que obligaba a Podem a decantarse por otro nombre para ocupar el cargo de confianza.

Finalmente en septiembre pasado el gobierno municipal anunció que había descartado a Cáceres para el puesto. Según indicó entonces el portavoz municipal, Pol Gibert, en declaraciones recogidas por el Diari de Sabadell, la decisión se había tomado por las “sospechas” que se habían vertido sobre el nombramiento y para “no generar ningún tipo de dudas con el compromiso ético [del nuevo Gobierno] en este inicio de mandato”. La polémica pareció quedar cerrada definitivamente tras eso pero, cuatro meses después, el nombre de Cáceres ha aparecido publicado en la lista de personal de la Diputación.

El presidente del PDECat, David Bonvehí, ha avanzado este miércoles que JxCat ha presentado una moción para que vuelva a colgarse el lazo amarillo en el edificio de la Diputación de Barcelona. El anuncio de Bonvehí llega después de que la presidenta de la institución, Núria Marín (PSC) quitara el lazo tras el pacto con JxCat, que fue duramente criticado por ERC.

En una entrevista en TV3, Bonvehí ha anunciado que JxCat presentará una moción en la Diputación para revertir la retirada del lazo. “Me consta que JxCat ha entrado una moción en la Diputación de Barcelona, donde esperamos tener mayoría, para que este lazo, como es nuestra voluntad, vuelva a aparecer en la Diputación”, ha afirmado.

Bonvehí fue quien firmó el pacto con el PSC para el gobierno de la Diputación, un escrito en el que ambas partes pactaban dejar a un lado las cuestiones relativas al 'procés'. Pese a la polémica por el lazo, el presidente del PDeCAT ha defendido la necesidad de pactar con el PSC en la Diputación pera evitar que sucediera “una coalición como en el gobierno de Barcelona”, consistorio que dirigen comunes y socialista.

En cuanto al debate de investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha admitido que ve “muy difícil” que JxCat cambie de posición: “Sánchez no está haciendo ningún gesto hacia los independentistas, en ningún momento ha hecho ningún gesto para resolver el problema político”, ha zanjado. Y ha devuelto los dardos que ayer lanzó a JxCat el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al afirmar que el discurso de Laura Borràs en el debate de investidura “representa mejor el independentismo” que el de Rufián.

La presidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín, tiene previsto retirar el lazo amarillo que cuelga de la fachada de la sede de la institución provincial, ahora tapado por un tapiz con el escudo del ente bordado. “No tardaré demasiado en tomar esta decisión”, ha subrayado Marín, que ha concretado, en declaraciones a Efe, que esa decisión “será la retirada” del lazo del balcón de la Diputación.

Desde el pleno de constitución celebrado el 11 de julio, en el que Marín fue elegida presidenta gracias a un pacto entre el PSC y JxCat, del balcón de la histórica sede de la Diputación cuelga el tapiz con el escudo, que tapa un lazo amarillo heredado de la etapa del anterior presidente del ente, el postconvergente Marc Castells.

Marín ha destacado que la “decisión” de colgar el lazo amarillo en solidaridad con los presos independentistas la tomó la anterior presidencia de la Diputación, en manos del PDeCAT. Ahora, “si me corresponde a mí esta decisión, la tomaré”, ha remarcado la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), antes de añadir: “En mi ayuntamiento no hay este símbolo y, en la Diputación de Barcelona, si depende de la presidencia, lógicamente tampoco estará”.

Aunque “en primera instancia” será ella quien retire el lazo, ha reconocido que a la vuelta de las vacaciones de verano será “inevitable que alguien pueda presentar una moción” en el pleno de la Diputación para intentar que este símbolo vuelva a ser desplegado en la fachada de la institución.

Según Marín, “los símbolos deben servir para que todos se sientan reflejados, no para dividir, sino todo lo contrario”. Tras pactar con JxCat en este ente supramunicipal, Marín ha recalcado que “la Diputación debe hacer el trabajo que le toca”, sin que se vea afectada por la sentencia que dictará el Tribunal Supremo tras el juicio del 'procés'.