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La Diputación de Barcelona contrató a una fundación privada para avalar subvenciones a entidades afines a Convergència

Un agente de la Policía en los registros en la Diputación de 2018

Sorpresa en la recta final de la investigación del caso de desvío de fondos de la Diputación de Barcelona bajo el mandato de Convergència. El juez Joaquín Aguirre ha descubierto que el ente provincial acudió a una fundación privada para avalar las subvenciones irregulares del área de cooperación internacional a entidades afines al partido nacionalista. La externalización del control de las subvenciones se hizo a través de la fundación privada Solidaritat UB, vinculada a la Universidad de Barcelona, que recibió 21.700 euros de la Diputación en el año 2016 tras ganar un concurso.

Según explican fuentes jurídicas, los funcionarios de la Diputación que han declarado hasta ahora como investigados han desvelado que no solo ellos se encargaban de revisar que las entidades beneficiarias de las subvenciones las justificaban de forma adecuada, sino que en esta labor les acompañaron dos técnicas de la fundación. La razón aducida para externalizar el control en la justificación de subvenciones fue, según las mismas fuentes, el volumen excesivo de expedientes a analizar. En vez de tirar de interinos, la Diputación, en aquel entonces bajo el control de CiU, decidió externalizar el trabajo a la fundación Solidaritat UB.

Tanto funcionarios como una de las técnicas de la fundación investigadas han coincidido en señalar al juez que su actividad no era una auditoría sobre si finalmente las entidades llevaron a cabo los proyectos por los que se les concedió la subvención, sino que se limitaba a una mera revisión formal de los expedientes. Su labor consistía por ejemplo en comprobar si las entidades adjuntaban las facturas de los viajes subvencionados para llevar a cabo proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo, y no cerciorarse de si las facturas eran verdaderas o falsas.

De esta forma los investigados se han desvinculado de las irregularidades en las subvenciones que han sido constatadas por la propia Diputación a requerimiento del juez. En el análisis de los expedientes encargado por el juzgado han aflorado viajes y contratos sin justificar, facturas presentadas después de su cobro, "laxitud" en la aportación de comprobantes e "indeterminaciones". Los informes de la Diputación afianzan las tesis del juez y de los investigadores, consistentes en que tras alcanzar CiU en 2011 el gobierno de la Diputación destinó dinero de la cooperación al desarrollo para que fundaciones y entidades afines al partido ejecutaran proyectos empresariales sin relación con el desarrollo del tercer mundo.

Desde la fundación han indicado que ni la entidad ni las técnicas que hicieron el trabajo tenían relación directa con las organizaciones de las que se revisaban los expedientes. De los 41 expedientes investigados en la causa, cinco fueron revisados por la fundación privada. Uno de ellos afecta a los antiguos jefes del servicio de relaciones internacionales de la Diputación bajo el mandato de CiU, así como a los responsables de las entidades CATMÓN e IGMAN, el exsecretario de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas y el actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases. El juez ya ha pedido al Parlament que certifique que De Dalmases es diputado en la actual legislatura, lo que supone el paso previo a redactar una exposición razonada para que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), instancia competente para los aforados, le tome declaración como imputado.

La contratación de la fundación Solidaritat UB se produjo medio año después de que fuera nombrado comisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona Josep Lluís Alay, profesor de la misma universidad antes de entrar en el ente provincial. Alay no está entre los investigados del caso, al contrario que la anterior cúpula del servicio de cooperación de la Diputación, formada por el alcalde de Tordera y diputado provincial Joan Carles Garcia (PDeCAT); el actual subdirector general de cooperación local de la Generalitat, Jordi Castells; y los exjefes de la oficina de cooperación, Jonatan J. y Albert T.

A la espera del envío de la exposición razonada al TSJC, el juez Aguirre tomará declaración a lo largo de este mes de mayo a las decenas de investigados en la causa. Castells y Garcia están citados para declarar esta semana en la primera de las piezas de la causa –hay un total de nueve, una por cada una de las entidades que recibieron subvenciones– en las que están investigados. Para finales de mes está citado el que fuera presidente de la Diputación de Barcelona por CiU, Salvador Esteve. En conjunto las subvenciones para la cooperación bajo sospecha suman alrededor de un millón de euros.

Fue en uno de los registros por la causa de la Diputación del año 2018 que los agentes intervinieron el móvil de Terradellas. En el dispositivo los agentes encontraron una grabación de audio –que Terradellas niega haber realizado– entre el exdirigente de Convergència y los expolíticos y empresarios David Madí y Xavier Vendrell, que fue la génesis de la macrocausa Voloh de corrupción y el procés que instruye el mismo juez. Pero a diferencia de la Diputación a la causa Voloh le quedan todavía varios meses de instrucción.

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Publicado el
2 de mayo de 2021 - 23:31 h

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