El exalcalde de Gandia Arturo Torró, asesinado el miércoles pasado de un disparo, denunció hace meses en la Policía Nacional el haber sufrido un apuñalamiento durante un viaje a África. Fuentes de la investigación indagan si esa agresión contra el exidirigente local del PP y conocido empresario está relacionada con su muerte violenta la semana pasada. El cadáver de Torró fue hallado por su mujer en el arcén de la carretera A-38 a la altura del municipio de Xeresa, en sentido Gandia.

El exregidor había denunciado en tres ocasiones en comisaría diferentes amenazas. Ahora, según avanza El País, ha trascendido el apuñalamiento sufrido “hace meses”.

El fallecido, empresario de 62 años, fue alcalde del PP de Gandia entre 2011 y 2015. Fundador del Grupo MasVisión y de Hidrosalud, Torró fue condenado en abril de 2023 por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia a tres años y seis meses de prisión y seis años y seis meses de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación por la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento de Gandia de 2012 a 2015.

Torró murió a causa de un disparo letal en el pecho. La Guardia Civil sostiene, además, que los autores del crimen emplearon una cuerda para inmovilizar al exalcalde, lo que le habría causado lesiones compatibles con un estrangulamiento.

El juez ha impuesto el secreto sobre las investigaciones, por lo que lo detalles de las mismas son escasos. 

La muerte violenta de Arturo Torró por un disparo en el pecho este jueves ha desatado todo tipo de especulaciones sobre la motivación de los hechos que han acabado con la vida del empresario valenciano y exalcalde de la ciudad de Gandia.

Mientras continúan las pesquisas policiales, el juez ha impuesto el secreto sobre las investigaciones, por lo que lo detalles de las mismas son escasos. Esto es lo que sabemos sobre el asesinato de Torró:

¿Quién era Arturo Torró?

El fallecido, empresario de 62 años, fue alcalde del PP de Gandia entre 2011 y 2015. Fundador del Grupo MasVisión y de Hidrosalud, Torró fue condenado en abril de 2023 por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia a tres años y seis meses de prisión y seis años y seis meses de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación por la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento de Gandia de 2012 a 2015.

¿Estaba amenazado?

En la tarde de este jueves ha trascendido que Torró había denunciado amenazas en comisaría en tres ocasiones. Esas denuncias se habrían producido hace tiempo, según ha adelantado El País, citando fuentes próximas a la investigación.

¿Con quién habló por última vez?

El exalcalde de Gandia, según ha adelantado el diario Levante-EMV, mantuvo una conversación telefónica con un amigo, minutos antes de las 20.00 de este miércoles mientras volvía de una visita de trabajo, en la que le advirtió de que había pinchado una rueda de su vehÍculo.

¿Cuándo se encontró el cuerpo?

Preocupada por la falta de respuesta a las llamadas, la esposa de Torró recorrió por la noche el camino inverso al que había tomado su marido (por la carretera A-38 en dirección norte). Un conductor avisó a la Policía Local de que en el kilómetro 38 de la autovía A-38 a la altura del municipio de Xeresa, en sentido Gandia, había un vehículo en marcha con las luces encendidas junto a un cuerpo, según fuentes cercanas a la investigación citadas por la agencia Efe.

¿Cómo falleció ?

Con un disparo letal en el pecho, según ha adelantado Las Provincias. La Guardia Civil sostiene que los autores del crimen emplearon una cuerda para inmovilizar al exalcalde, lo que le habría causado lesiones compatibles con un estrangulamiento.

¿Quién se encarga de la investigación?

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

¿Quién ha asumido la instrucción?

El Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia, de guardia en el momento de los hechos, ha abierto diligencias secretas por el crimen.

¿Dónde se ha trasladado el cuerpo del exalcalde?

Un forense y efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil han procedido al levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

¿Cuáles han sido las reacciones la crimen?

El Ayuntamiento de Gandia ha decretado tres días de luto. El PP de Gandia ha lamentado el “mazazo” de la muerte de Torró y ha recordado “todo lo bueno que aportó” a la ciudad.

El exalcalde de Gandia y empresario Arturo Torró ha sido asesinado con un disparo en el pecho junto a su coche. El expolítico también tenía lesiones compatibles con un posible estrangulamiento, según fuentes próximas a la investigación.

Minutos antes había llamado sobre las 20 horas a un amigo para avisarle de que le habían pinchado las ruedas del coche. Posteriormente fue su mujer quien localizó el cadáver tras hacer el recorrido inverso de que tenía que hacer quien fue el primer edil de la capital de la Safor entre 2011 y 2015 por el PP. El cuerpo estaba al lado del coche, que permanecía con el motor encendido, y fue hallado a las 22.30 horas

Hasta el lugar de los hechos se trasladó una unidad del SAMU y otra de SVB que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de Torró. Lo investiga el grupo de Homicidios de la Guardia Civil.

Presidente del PP de Gandía entre 2010 y 2016

Arturo Torró, de 62 años, nació en l'Alcúdia en 1963, fue fundador y propietario del grupo de ópticas Más Visión, y en su carrera política formó parte del pleno municipal de Gandia entre 2007 y 2016, también fue presidente del PP de Gandía entre 2010 y 2016. Tras su único mandato como alcalde de Gandia su sucesora fue Diana Morant (PSPV), actual Ministra de Ciencia.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y se ha trasladado hasta la zona en la que se ha encontrado el cuerpo para recopilar datos. También allí ha acudido una patrulla de la Policía Local de Xeresa, quien fue alertada de lo ocurrido por el '112'.

Arturo Torró fue condenado en 2023 a tres años y medio de prisión y seis años y medio de inhabilitación absoluta por la Audiencia Provincial de València como autor de un delito de malversación, por la adjudicación irregular de una empresa municipal que causó al consistorio un perjuicio económico de medio millón de euros.

Duelo oficial

El Ayuntamiento de Gandia, tras una reunión urgente y extraordinaria de la junta de portavoces ha aprobado la declaración de tres días de luto oficial hasta el 22 de febrero. Además para este viernes 21 de febrero se ha convocado un minuto de silencio a las 12 horas en la plaza mayor en apoyo a familiares y amigos del exalcalde.

Estos días de luto incluyen la suspensión de todos los actos institucionales, oficiales y lúdicos organizados por el Ayuntamiento.

Entre las muestras de duelo destacan las de su partido, el PP, que ha mostrado su “consternación”, las del actual alcalde de Gandia, José Manuel Prieto (PSPV) quien ha trasladado sus condolencias a los familiares.

El empresario Arturo Torró, alcalde de Gandia por el PP entre 2011 y 2015, cometió de delito de malversación, por el que ha sido condenado a tres años y medio de prisión, al indemnizar a una firma audiovisual privada con fondos municipales para “comprar” o “premiar su silencio” e incluso para imponer en sus emisiones una “línea política afín a lo que se desde el ayuntamiento se marcara”, según concluye la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. El fallo, que no es firme, impone a Torró una inhabilitación absoluta durante seis años y medio y el pago de una indemnización conjunta y solidaria de 135.812 euros junto con el otro condenado, el empresario Ricardo Manuel Faura.

Tras obtener la vara de mando del consistorio, en mayo del 2011, Torró cerró la televisión municipal y, apenas cuatro meses después, acordó una encomienda de gestión a la empresa pública Iniciatives Municipals de Gandia para la prestación de servicios audiovisuales. La empresa, de capital íntegramente municipal, adjudicó dos lotes a los que en el proceso de licitación fueron invitadas las dos únicas firmas que eran titulares de licencias de emisión en TDT en la comarca: Comarques Centrals Televisió SL (CCTV) e Inversiones Especiales del Mediterráneo SL (IEM).

El contrato con la primera empresa, cuyo administrador era el condenado Ricardo Manuel Faura, se fijó en 1,7 millones de euros para un periodo inicial de tres años. Sin embargo, según el apartado de hechos probados de la sentencia, la empresa de Faura carecía de los medios técnicos necesarios para producir los contenidos, de los que se encargó la otra firma audiovisual.

La irregularidad que ha supuesto la condena por malversación a Arturo Torró se produjo el 10 de febrero del 2013, cuando el entonces alcalde popular y el empresario acordaron finiquitar el contrato firmado dos años antes y fijaron que la firma municipal indemnizara a CCTV con medio millón de euros. “En dicho contrato se pactó que CCTV se comprometía en no emitir hasta 2016 programación de carácter político en la ciudad de Gandia y que para poder hacerlo debería consensuarlo con el ayuntamiento”, recuerda la sentencia.

El documento aducía que la resolución del contrato, debido a las dificultades para su ejecución, era la “solución más conveniente para el interés público” y para la empresa adjudicataria. Por el contrario, las “verdaderas razones eran otras”: el interés de Torró en acabar con el contrato y en que la empresa, una vez saldada la deuda por parte del consistorio, “no incluyera” en su actividad televisiva del canal de TDT que ostentaba “programas de contenido político” que escaparan a la supervisión del Ayuntamiento de Gandia.

Por su parte, el empresario Ricardo Manuel Faura pretendía cobrar las facturas adeudadas y “obtener un rendimiento económico por acceder a lo pretendido” por Torró, indica la sentencia. Los condenados pactaron una cantidad —hasta medio millón de euros— “sin someterse a las previsiones que en materia de resolución contractual” contemplaba el contrato inicial y sin que “hubiera otra causa que atender” a sus respectivos intereses.

Así, el exalcalde del PP y el empresario “firmaron el documento sin que existiera cobertura legal para el pago del total del importe”, que además superaba la cantidad que “legalmente hubiera podido reclamar” la firma audiovisual. Faura cobró finalmente 480.000 euros, al renunciar finalmente al cobro de los 20.000 euros que faltaban para alcanzar el monto global pactado.

El propio secretario general del Ayuntamiento de Gandia remitió un informe durante la fase de instrucción de la causa en el que reprochaba que en el expediente de contratación no constaban ni las facturas ni informe técnico alguno de supervisión y seguimiento del contrato.

La modificación de los contratos iniciales de los dos lotes “llama la atención” por su “ambigüedad” y “ofrece particulares llamativos”, señala el fallo. Y es que CCTV “estaba asumiendo la ejecución de obligaciones contractuales que no estaba en disposición de cumplir” al haber cedido a la empresa adjudicataria del otro lote la realización y edición de los programas que exigieran su emisión en directo.

El empresario únicamente ofrecía su licencia de TDT

Cuando la empresa pública adjudicó el lote a Ricardo Manuel Faura, su mercantil ya tenía contratada con otra firma la actividad televisiva, las instalaciones, los equipos materiales y hasta el personal.

La causa de la rescisión del contrato, con la indemnización de medio millón de euros, es de tal “ambigüedad” que “impide controlar” si ni siquiera existía: ni justifica que sea la opción más conveniente para el interés público ni “consta cómo se calculó o determinó el importe”. Además, apostilla el fallo, “genera extrañeza que el documento incluyera, tanto el compromiso de no emitir programación política o, en caso de pretenderlo, tener que consensuar previamente su temática con el ayuntamiento”.

En definitiva, CCTV únicamente ofrecía “su condición de licenciataria de TDT en la comarca de la Safor”. La empresa “se revelaba innecesaria” para la prestación de la adjudicación, concluye la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

Además, “lo máximo que resultaba razonable” haber abonado en concepto de indemnización era el 10% de los trabajos contratados pendientes de ejecución y el cobro de los ya realizados. No se aportó ninguna acreditación que cuantificara el perjuicio que le ocasionaba a la empresa de Ricardo Manuel Faura la rescisión del contrato cuando, por otro lado, las infraestructuras y el personal necesario los ponía la mercantil adjudicataria del otro lote.

La indemnización fijada resulta “muy superior a la que correspondía abonar”. Y la causa no es otra, según la sentencia, que el compromiso de la firma audiovisual de no emitir programas de contenido político hasta 2016 (un año después de las elecciones que perdió el PP) y que, en el caso que lo hiciera, lo consensuar con el consistorio. Es decir, “premiar su silencio o una línea política afín a lo que desde el ayuntamiento se marcara”.

Tres años y medio de prisión y seis años y medio de inhabilitación absoluta. Es la pena que ha impuesto la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia al exalcalde popular de Gandia Arturo Torró, como autor de un delito de malversación, por la adjudicación irregular de una empresa municipal que causó al consistorio un perjuicio económico de medio millón de euros.

El empresario Ricardo Manuel Faura, adjudicatario de los contratos audiovisuales, ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión. El fallo impone a ambos, así como a la empresa Comarques Centrals Televisió SL, el pago de una indemnización con unta y solidaria de 135.812 euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, absuelve a los exediles del PP Antonio Abad y Francisco Javier Reig y a los empresarios José Vicente Codina y Josep Lluís Giménez. También absuelve a la exjefa de servicio Cristina Serrano Mateo (antigua mano derecha de los consellers del PP Rafael Blasco y Juan Cotino).

El apartado de hechos probados considera que Arturo Torró y el empresario Ricardo Manuel Faura causaron un perjuicio a la firma pública Iniciatives de Comunicació de Gandia de 135.812 euros. Tras el cierre de la televisión municipal Gandia TV, acaecida el 4 de julio del 2011, después de la victoria electoral de Torró, la junta de Gobierno local hizo una encomienda de gestión a la empresa pública para la prestación de los servicios audiovisuales.

Las firmas Iniciativas Empresariales del Mediterráneo SL y Comarques Centrals Televisió SL obtuvieron la adjudicación para un periodo de tres años, con un precio de medio millón de euros cada ejercicio. La empresa municipal acabó abonando 480.000 euros a la mercantil de Ricardo Manuel Faura tras haber firmado con el alcalde popular un documento “sin que existiera cobertura legal para el pago”, según indica la sentencia.

Un “teatro”. Así definió Ricardo Manuel Faura, administrador de una empresa audiovisual, la licitación del Ayuntamiento de Gandia, durante el mandato del 'popular' Arturo Torró, de los contratos para cubrir la programación del canal de TDT que ocupaba una televisión pública, cerrada al acceder el PP al consistorio en 2011. El “teatro”, con un perjuicio para la arcas municipales de casi medio millón de euros, ha llevado a Arturo Torró al banquillo, acusado de los presuntos delitos de malversación y fraude. La Fiscalía pide para el exprimer edil una pena de ocho años de prisión, además de una inhabilitación absoluta durante dos décadas. 

Apenas dos meses después de hacerse con la vara de mando del consistorio, Torró cerró la televisión municipal y la empresa pública de la que dependía encomendó a Iniciatives Públiques de Gandia SL un procedimiento negociado —de contratación por invitación— para adjudicar dos contratos audiovisuales para el canal de TDT. Un informe del secretario municipal del ayuntamiento detectó presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación, cuyos pliegos elaboró un concejal del PP.

La adjudicación de los dos contratos fue a parar a las empresas Iniciativas Empresariales del Mediterráneo SL y Comarques Centrals Televisió SL. Cada contrato, por un periodo de tres años, tenía un precio de medio millón de euros cada ejercicio.

Si bien las adjudicaciones se firmaron el 6 de febrero del 2012, un mes antes Comarques Centrals de Televisió SL había acordado una cesión de las obligaciones del contrato en favor de Inversiones Especiales del Mediterráneo SL, la empresa que ejecutó los trabajos. Un año después, el 6 de febrero del 2013, la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia SL y la adjudicataria Comarques Centrals Televisió SL acordaron la resolución del contrato inicial por unas “supuestas dificultades no concretadas”, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

Así, la sociedad pública abonó 480.000 euros a la firma audiovisual, “a sabiendas de que no había causa que lo justificase”, agrega la Fiscalía. El Ministerio Público sostiene que Torró “concibió, promovió y asumió” la obligación del pago con dinero público con un “claro perjuicio para las arcas”. Ricardo Manuel Faura, administrador de Comarques Centrals Televisió SL, recibió la primera transferencia del pago (por 100.000 euros mediante pagarés) antes incluso de que se acordara la indemnización a su empresa.

La acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Gandia (en manos desde 2015 del PSPV-PSOE, la formación que presentó la querella inicial), considera que la jugada consistió en “subvencionar” a las dos empresas privadas titulares de las licencias, en dos lotes muy similares y sin ningún criterio para determinar el precio del contrato. Todo ello con “fines meramente políticos” de Arturo Torró como alcalde de Gandia entre 2011 y 2015.

La representación jurídica del consistorio asegura que hubo una “concertación de voluntades totalmente ajenas al interés público”, al haber cedido una empresa a la otra el contrato un mes antes de su adjudicación. El secretario general del Ayuntamiento de Gandía declaró como testigo que jamás hubiera permitido llevar a cabo la contratación al no cumplir con los requisitos legales mínimos.

La acusación particular también destaca la declaración como investigado, en la fase de instrucción, de Ricardo Manuel Faura en la que reconoció que toda la licitación fue un “teatro”. El letrado del empresario, durante la primera sesión del juicio, ha pedido la nulidad y la separación de la causa de la declaración de su cliente.

En el banquillo de los acusados, además de Arturo Torró, se sientan los exconcejales del PP Francisco Javier Reig y Antonio Abad, y la exjefa de servicio Cristina Serrano Mateo (antigua mano derecha de los consellers del PP Rafael Blasco y Juan Cotino). También los responsables de Inversiones Especiales del Mediterráneo SL José Vicente Codina y Josep Lluís Giménez, y Ricardo Manuel Maura, administrador de Comarques Centrals de Televisió SL. El auto de apertura del juicio oral, dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, solicitaba una responsabilidad civil, a abonar conjunta y solidariamente por los acusados, de cuatro millones de euros.

Petición “insólita” en la primera sesión del juicio

La primera sesión del juicio, celebrada este lunes ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, ha arrancado con una petición de suspensión de la vista “insólita”, tal como ha reconocido el letrado de Arturto Torró. El abogado de la defensa ha pedido que se pospusiera la celebración del juicio hasta que se apruebe la reforma del delito de malversación del Código Penal, que impulsa el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados. Se trata de uno de los delitos por los que se acusa a Torró en esta causa, aunque el presidente del tribunal ha denegado la petición al no ver una “expectativa razonable de afectación al derecho de defensa”.

El tribunal, eso sí, ha permitido que las declaraciones de los acusados se retrasen hasta la semana que viene, un cambio que no perturba el calendario fijado para el juicio. La mayoría de los acusados tienen la intención de contestar exclusivamente a las preguntas de sus defensas, según han anunciado los letrados.

La Fiscalía pide ocho años de prisión para el exalcalde popular de Gandia entre 2011 y 2015, Arturo Torró por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. Torró se sienta en el banquillo de los acusados el próximo lunes ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia junto con el empresario Ricardo Manuel Faura, ex administrador de la empresa Comarques Centrals Televisió, por las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual durante su mandato.

El exalcalde del PP, a través de una empresa municipal, concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a la mercantil que gestionaba el otro procesado diversas cantidades de dinero público, pese a que sabía que no había causa que lo justificase y causando un claro perjuicio para las arcas públicas, según el escrito de acusación del Ministerio Público.

El juicio, según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) se prolongará a lo largo de siete jornadas. La Fiscalía, además de los ocho años de prisión, también solicita la inhabilitación absoluta durante veinte años para ambos acusados y que abonen al Ayuntamiento de Gandia 480.000 euros por “el perjuicio causado a las arcas públicas del consistorio”.

Tras el cierre de la televisión pública, Torró adjudicó el servicio audiovisual a dos televisiones a través de un procedimiento de invitación por siete millones de euros, incluyendo una prórroga de tres millones. 

El Tribunal de Cuentas ha decretado el embargo de bienes al exalcalde de Gandia, Arturo Torró (PP); al exconcejal popular, Javier Reig; y al exgerente de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia, Gonzalo Morant; por valor de 550.000 euros como causantes “de generar una presunta responsabilidad contable por alcance”.

La instructora les exige el pago de más de medio millón de euros, de los 480.000 euros (más 70.045,56 euros en intereses legales) por su “responsabilidad contable” en los pagos irregulares que se realizaron tras el cierre de la televisión pública de Gandia.

Esta irrgularidades se remontan a 2012 cuando el gobierno del PP de Torró, unos meses después de formar gobierno, decretó el cierra de la televisión pública Gandia TV, un servicio que se sustituyó con una cobertura a través de televisiones privadas mediante una subvención pública de 3,5 millones. Las televisiones beneficiadas fueron Comarques Centrals Televisió e Inversiones Especiales del Mediterráneo (Tele 7). Cada una de estas televisiones recibió el 50% de la subvención, es decir, 1.750.000 euros a cambio de realizar “producciones audiovisuales y retransmisiones de interés general para la ciudad”. El contrato que se prorrogó tres años más (el resto de la legislatura y parte de la siguiente) y que elevaba la cuantía de la concesión a cuatro millones de euros más, lo que elevó el montante total a 7 millones. Además, al rescindir el contrato con Comarques Centrals, el Ayuntamiento de Gandia, acabó pagando casi 500.000 euros por la resolución del contrato.

El Tribunal de Cuentas entiende que Torró, Reig y Morant han causado daños a las arcas del ayuntamiento de Gandia y han puesto en tela de juicio la gestión del dinero público durante la única legislatura en la que gobernó el popular, Arturo Torró.

Se ha acordado el embargo de bienes a Torró para cubrir el pago de 223.400 euros, a Reig de 233.200 euros y a Morant de 93.400 euros.

El jutjat d'instrucció número 3 de Gandia ha citat a declarar com a imputat l'exalcalde Arturo Torró (PP) el pròxim 28 de febrer, a les 10 hores, per préstecs formalitzats durant els seus quatre últims anys de mandat a l'empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) per valor de 10 milions d'euros. També està citat a declarar com a investigat l'exgerent de la societat pública Gonzalo Morant.

La causa està oberta per presumptes delictes de prevaricació administrativa i es remunta a gener del 2015 després d'una denúncia del PSPV la passada legislatura. El jutge acorda ara aquestes noves diligències sol·licitades pel ministeri fiscal.

En concret, els socialistes van denunciar en 2015 operacions de crèdit efectuades pel llavors govern local del PP, liderat per Torró, mitjançant contínues transferències des de l'Ajuntament de Gandia a l'empresa pública IPG que sumaven, com a mínim, 10,4 milions d'euros.

En aqueix moment, el PSPV va explicar que Torró i Gonzalo Morant van formalitzar al setembre de 2014 un contracte de crèdit a curt termini per valor de 3,5 milions d'euros amb informes negatius i amb objeccions de legalitat de l'interventor municipal i el tresorer, amb l'advertiment previ, exprés i reiterat d'aquestes objeccions per part del secretari general de l'Ajuntament.

Pràctica reiterada i continuada

Així mateix, van informar que es tractava d'una pràctica reiterada i continuada en anteriors ocasions, en tenir coneixement que s'havia signat un mínim de quatre operacions de tresoreria més amb l'empresa pública IPG per import de dos milions, un milió, 1,3 milions i 2,6 milions d'euros.

Per tot això, van manifestar que les actuacions dutes a terme pel govern local del PP podien resultar constitutives d'un delicte de prevaricació, per les “irregularitats” en la signatura de diversos contractes de crèdit amb objeccions de legalitat, i un delicte de malversació pel perjudici econòmic que es va produir a l'Ajuntament de Gandia.

Ara, el jutge ha citat a declarar com investigats tant a Torró com a Morant per aquesta denúncia socialista.

El juzgado de instrucción número 3 de Gandia ha citado a declarar como imputado al exalcalde Arturo Torró (PP) el próximo 28 de febrero, a las 10 horas, por préstamos formalizados durante sus cuatro últimos años de mandato a la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) por valor de 10 millones de euros. También está citado a declarar como investigado el exgerente de la sociedad pública Gonzalo Morant.

La causa está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y se remonta a enero de 2015 tras una denuncia del PSPV la pasada legislatura. El juez acuerda ahora estas nuevas diligencias solicitadas por el ministerio fiscal.

En concreto, los socialistas denunciaron en 2015 operaciones de crédito efectuadas por el entonces gobierno local del PP, liderado por Torró, mediante continuas transferencias desde el Ayuntamiento de Gandia a la empresa pública IPG y que sumaban, como mínimo, 10,4 millones de euros.

En ese momento, el PSPV explicó que Torró y Gonzalo Morant formalizaron en septiembre de 2014 un contrato de crédito a corto plazo por valor de 3,5 millones de euros con informes negativos y con reparos de legalidad del interventor municipal y el tesorero, con la advertencia previa, expresa y reiterada de dichos reparos por parte del entonces secretario general del Ayuntamiento.

Práctica reiterada y continuada

Asimismo, informaron de que se trataba de una práctica reiterada y continuada en anteriores ocasiones, al tener conocimiento de que se había firmado un mínimo de cuatro operaciones de tesorería más con la empresa pública IPG por importe dos millones, un millón, 1,3 millones y 2,6 millones de euros.

Por todo ello, manifestaron que las actuaciones llevadas a cabo por el entonces Gobierno local del PP podían resultar constitutivas de un delito de prevaricación, por las “irregularidades” en la firma de varios contratos de crédito con reparos de legalidad, y un delito de malversación por el perjuicio económico que se produjo al Ayuntamiento de Gandia.

Ahora, el juez ha citado a declarar como investigados tanto a Torró como a Morant por esta denuncia socialista.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera al concejal del PP de Gandia (Valencia) y diputado provincial Víctor Soler supuesto autor de los delitos de fraude, cohecho y malversación en el marco del caso Púnica.

Esta acusación consta en un informe remitido al juzgado central de instrucción número 6 de Madrid, que dirige Eloy Velasco, sobre el supuesto pago irregular de servicios de 'reputación online' para el exalcalde de Gandia Arturo Torró prestados por empresas de Alejandro de Pedro, considerado el “conseguidor” de la trama corrupta Púnica.

Los investigadores subrayan las “evidencias” que sitúan a Soler como “interlocutor directo” de De Pedro para determinar dichos trabajos, que fueron cargados al Ayuntamiento, y la forma de pagarlos.

Según las pesquisas policiales, Soler, con el visto bueno de Torró, se puso en contacto con el vicesecretario de organización del PP local, Dionisio Ollero, para que éste buscase una forma de pagar la deuda que el Consistorio mantenía con De Pedro por sus trabajos, aunque éstos no fueron para el Ayuntamiento, sino para el PP.

Al parecer, Ollero acordó con un empresario de la construcción de Gandia (Construcciones Gomuñoz), adjudicatario y acreedor en aquellos momentos (2013) del Ayuntamiento, para que asumiese el pago de dichos trabajos.

Isabel Bonig “ha de dar explicaciones”

El portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, recuerda que Soler fue imputado por este caso a finales de 2015 junto a Torró, por lo que el informe de la UCO “sólo profundiza en el detalle de cómo Soler, presuntamente, delinquió para favorecer a la trama Púnica y al PP de Gandia con dinero público de los vecinos de la capital de la Safor”.

A juicio de Ferri, resulta preocupante que un año después, la líder del PPCV, Isabel Bonig, “sigue mirando hacia otro lado y no actúa de forma contundente pidiéndole el acta a Soler”. Por eso le piden explicaciones, “está demostrando que es incapaz de realizar una efectiva labor de lucha contra la corrupción dentro de su partido, no actuando con el mismo criterio en todos los casos”.

A pesar de l’intent d’importar de la trama Púnica de Madrid el mecanisme per a ‘pescar’ contractes en la construcció de col·legis privats, la majoria dels contractes obtinguts per la xarxa a la Comunitat Valenciana va ser pel posicionament en Internet. L’Ajuntament de Gandia, sota l’Alcaldia del ‘popular’ Arturo Torró, i el mateix PP de la capital de la Safor van ser clients del presumpte aconseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro.

En la declaració de Torró davant del jutge Eloy Velasco, instructor de la causa, l’exalcalde de Gandia assenyala l’actual diputat autonòmic i regidor en la corporació local, Víctor Soler, com a negociador dels pagaments que devia al presumpte ‘aconseguidor’ per faenes durant les municipals del 2011. “Li quedaven 6.000 o 7.000 euros [en referència a De Pedro] de la campanya anterior i ara havia de preparar la següent. I em va dir Víctor [Soler]: ”Escolta, aquest reclama...“. I jo li vaig dir: ”Doncs, soluciona-ho i paga-li“, expressa l’exalcalde imputat en la causa en l’àudio a què ha tingut accés eldiario.es.

“Alejandro de Pedro, una de les vegades que em va telefonar, encara que això va ser molt abans, em va dir: ‘Escolta, ací...’. I jo li vaig dir: ‘Estigues tranquil home, que tornarem a treballar”, afirma Torró, que després precisa: “A partir d’ací, jo me’n vaig desentendre”. Posteriorment, i a pesar que indica que parla “per suposicions”, l’exprimer edil afirma que, per a pagar aqueix deute amb De Pedro “Víctor [Soler] es busca la vida, siga via quotes, via tal o via el que siga”. Davant de la insistència del jutge, Torró explica que “Soler va dir a Dionisio [Ollero, vicesecretari d’Organització del PP de Gandia] que buscara per a pagar-li. Nosaltres vam ingressar via quotes, o algun donatiu. Estàvem pelats”.

Segons un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, Gomuñoz, una empresa que va facturar 1,2 milions d’euros de l’Ajuntament, de l’empresa pública IPG i que, segons Interviu, es va emportar la contracta més de la ciutat a través d’una subcontractació, va abonar el deute que tenia amb la mercantil de la trama. I que segons les telefonades interceptades per l’institut armat, Soler i Ollero van ser els encarregats de fer d’intermediaris perquè el pagament del deute es duguera a terme. Davant de la pregunta del jutge a Torró sobre si Ollero va recórrer a l’empresa Gomuñoz, aquest respon: “Potser Dionisio, per bona voluntat, va anar a buscar algú per pagar el deute i poder fer la web del partit”.

Torró tampoc aclareix –a pesar de reconéixer que “no es va fer contracte”– per què l’Agència Tributària té proves de la facturació d’Eico i Madiva –empresa de De Pedro– i no hi ha cap expedient d’aquestes contractacions en el consistori. L’exalcalde, davant de la pregunta del magistrat per què contracta amb Gomuñoz per gairebé 500.000 euros, i reconeix un deute de 785.000, dels quals 200.000 no tenen concepte i document contractual que ho justifique, respon lacònicament: “Ho desconec”.

Ollero també apunta Soler

Segons la declaració del ‘número quatre’ del PP de Gandia, a què també ha tingut accés eldiario.es, Ollero apunta Soler com l’impulsor perquè el deute amb l’‘aconseguidor’ valencià de la Púnica l’abonara una empresa. “Un dia em va dir el secretari general [en referència a Soler]: ‘Escolta, ha telefonat aquest senyor [De Pedro], busca una empresa, i posa’l en contacte, que ens ajude per a la campanya”, declara, i detalla: “Calia muntar una web, i com que no sóc molt entés en el tema, van buscar aquests senyors, i em van dir: ‘Busca una empresa per a poder subvencionar, que ens puga ajudar, i això i allò. Com, sembla, que normalment es fa en política”.

Ollero reconeix que va ser “iniciativa seua” recórrer a Gomuñoz “per l’amistat amb ells”, i que ho va dir així al gerent de l’empresa: “Tinc un tema del partit, arribaran les eleccions, a veure si ens pots llançar un cable”. El també expresident del Gandia CF i constructor afirma que “a vegades s’han demanat pretensions a altres empreses i ens han donat diners”. I que el PP de Gandia “es finança amb la loteria, les quotes dels afiliats i alguna aportació de persones i empreses”.

Sobre si Ollero va actuar com a intermediari davant de les empreses perquè es presentaren als concursos en l’Ajuntament, aquest respon que “quan algun tècnic municipal necessitava especialistes puntuals, i es demanaven tres o quatre empreses per a convidar-les-hi, em deien: ‘Dionisio, tu coneixes…?’. I jo deia que sí, i telefonava, i deia. ‘Escolta, vine i presenta’t”. Això sí, matisa davant de la fiscal: “Qui valorava les obres eren els tècnics. Jo no proposava cap empresa. Només feia això. No sóc cap intermediari”.

Pese al intento de importar de la trama 'Púnica' de Madrid el mecanismo para 'pescar' contratos en la construcción de colegios privados, la mayoría de los contratos obtenidos por la red en la Comunidad Valenciana fue por el posicionamiento en internet. El Ayuntamiento de Gandía bajo la alcaldía del 'popular' Arturo Torró y el propio PP de la capital de La Safor fueron clientes del presunto conseguidor de la 'Púnica', Alejandro de Pedro.

En la declaración de Torró ante el juez Eloy Velasco, instructor de la causa, el exalcalde de Gandia señala al actual diputado autonómico y concejal en la corporación local, Víctor Soler, como negociador de los pagos que adeudaba al presunto 'conseguidor' por trabajos durante las municipales de 2011. “Le quedaban 6.000 o 7.000 euros [en referencia a De Pedro] de la campaña anterior y ahora tenía que preparar la siguiente. Y me dijo Víctor [Soler]: ”Oye este reclama...“. Y yo le dije: ”Pues soluciónalo y págale“, expresa el exalcalde imputado en la causa en el audio al que ha tenido acceso eldiario.es.

“Alejandro de Pedro, una de las veces que me llamó, aunque esto fue mucho antes, me dijo: 'Oye aquí...'. Y yo le dije: 'Estate tranquilo hombre, que vamos a volver a trabajar”, afirma Torró, que después precisa: “A partir de ahí, yo me desentendí”. Posteriormente, y pese a que indica que habla “por suposiciones”, el exprimer edil afirma que para pagar esa deuda con De Pedro “Víctor [Soler] se busca la vida, ya sea vía cuotas, vía tal o vía lo que sea”. Frente a la insistencia del juez, Torró explica que “Soler le dijo a Dionisio [Ollero, vicesecretario de organización del PP de Gandia] que buscara para pagar a este. Nosotros ingresamos vía cuotas, o algún donativo. Estábamos pelaos”.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Gomuñoz, una empresa que facturó 1,2 millones de euros del Ayuntamiento, de la empresa pública IPG y que, según Interviú, se llevó la mayor contrata de la ciudad a través de una subcontratación, abonó la deuda que tenía con la mercantil de la trama. Y que a tenor de las llamadas interceptadas por el instituto armado, Soler y Ollero fueron los encargados de hacer de intermediarios para que el pago de la deuda se llevara a cabo. Frente a la pregunta del juez a Torró sobre si Ollero recurrió a la empresa Gomuñoz, éste responde: “Igual Dionosio por buena voluntad fue a buscar a alguien para pagar la deuda y poder hacer la web del partido”.

Torró tampoco aclara -pese a reconocer que “no se hizo contrato”- por qué la Agencia Tributaria tiene pruebas de la facturación de Eico y Madiva -empresa de De Pedro- y no hay expediente alguno de esas contrataciones en el consistorio. El exalcalde, frente a la pregunta del magistrado de por qué contrata con Gomuñoz por cerca de 500.000 euros, y reconoce una deuda de 785.000, de los que 200.000 carecen de concepto y documento contractual que lo justifique, responde lacónicamente: “Lo desconozco”.

Ollero también apunta a Soler

Según la declaración del 'número cuatro' del PP de Gandia a la que también ha tenido acceso eldiario.es, Ollero apunta a Soler como el impulsor para que la deuda con el 'conseguidor' valenciano de la 'Púnica' la abonara una empresa. “Un día me dijo el secretario general [en referencia a Soler]: 'Oye, ha llamado este señor [De Pedro], busca una empresa, y ponle en contacto, que nos ayude para la campaña”, declara, para detallar: “Había que montar una web, y como no soy muy entendido en el tema buscaron a estos señores, y me dijeron: 'Busca una empresa para poder subvencionar, que nos pueda ayudar, y tal y cuál. Como, parece ser, que normalmente se hace en política”.

Ollero reconoce que fue “iniciativa suya” recurrir a Gomuñoz “por la amistad con ellos”, y que se lo dijo así al gerente de la empresa: “Tengo un tema del partido, van a llegar las elecciones, a ver si nos puedes echar un cable”. El también expresidente del Gandia CF y constructor afirma que “a veces se han pedido pretensiones a otras empresas y nos han dado dinero”. Y que el PP de Gandia “se financia con la lotería, las cuotas de los afiliados, y alguna aportación de personas y empresas”.

Sobre si Ollero actuó como intermediario ante las empresas para que se presentaran a los concursos en el Ayuntamiento, éste responde que “cuando algún técnico municipal necesitaba especialistas puntuales, y se pedían tres o cuatro empresas para invitarlas, me decían: 'Dionisio, ¿tú conoces?'. Y yo decía que sí, y llamaba, y decía. 'Oye, ves y preséntate”. Eso sí, matiza ante la fiscal: “Quien valoraba las obras eran los técnicos. Yo no proponía a ninguna empresa. Solo hacía eso. No soy ningún intermediario”.

Las sospechas que el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, acumuló durante su mandato se están traduciendo en imputaciones desde que la izquierda con el apoyo de Ciudadanos arrebatara al exdirigente local del PP el poder. El juzgado número 1 de Gandia ha imputado a Torró y al exconcejal de Hacienda, Guillermo Barber, por los supuestos delitos de prevaricación por la renovación y contratación de préstamos y polizas sin el beneplácito del interventor municipal ni de la conselleria de Hacienda.

En un caso similar al que afectó al anterior alcalde socialista José Manuel Orengo y la exconcejal Ana García, se investigan la renovación y ampliación de ocho operaciones crediticias con varias entidades bancarias entre los meses de septiembre de 2011 y septiembre de 2014. Torró que denunció a Orengo por estos hechos, recibió un informe negativo de la Generalitat Valenciana en el que no aceptaba esta petición de mayor endeudamiento. Pese a ello, hizo caso omiso y sacó la operación adelante. Orengo, en cambio, aprobó en su día una maniobra similar, pero al no obtener contestación de la conselleria de Hacienda.

Con esta citación como investigado, el exalcalde de Gandia acumula cuatro imputaciones. Torró está imputado por el denominado 'caso Tele 7', donde se investiga la adjudicación que hizo a una televisión 'afín', ya que la beneficiaria final del proceso -se adjudicó a dos empresas distintas, pero una cedió la concesión a otra al poco tiempo- fue una empresa propiedad entonces de José Codina, antiguo gerente de la cooperativa del Centro Histórico cuando Torró era presidente de esta, que compartió domicilio fiscal con el alcalde. Dicha mercantil fue adquirida por un grupo de comunicación que recibió en dos años cerca de 5 millones de euros en publicidad institucional por parte del gobierno del exalcalde.

También se encuentra investigado en la 'operación Púnica'. Según reconoció el propio Torró, desde el Ayuntamiento se abonaron pagos valorados en 20.000 euros a mercantiles vinculadas al presunto cabecilla de la red, Alejandro de Pedro. La cantidad, sin embargo, era mayor. Una vez llegaron al gobierno los socialistas, hallaron facturas por valor de 885.000 euros a una constructora ligada supuestamente a la ‘Púnica’. Según la Guardia Civil dicha mercantil abonó 2.600 euros al mes a la trama para que el PP de Gandía eludiara, presuntamente, hacer frente a los costes de los trabajos de las empresas de la red. Según desveló Interviú, esa constructora se acabó llevando parte de la mayor contrata otorgada en la ciudad, valorada en 58 millones de euros.

El tercer caso que afecta al ex alcalde es la conocida como 'operación Aplauso'. Se le atribuye un delito de prevaricación al aprobar, según la Fiscalía, sin atenderse a la legalidad la compra de un complejo de ocio por 6,7 millones de euros. Realizada a través de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandía (IPG), la operación se ejecuta para evitar el impago de Vipei SA de una deuda de 1,3 millones de euros correspondiente al IBI con el Ayuntamiento. La jugada que implicaba alquilar las instalaciones terminó en los tribunales. La justicia acorrala a Torró.

Con el tronco de la trama 'Púnica' en Madrid, la rama valenciana de la red sigue sin conocerse del todo. Aunque van floreciendo nuevas sospechas. Y las últimas provienen de un informe pericial encargado por Podemos en el que se desgrana un bosque extenso de webs, portales y blogs destinados a mejorar la reputación online de varios dirigentes del PP valenciano.

A los dominios ya difundidos durante la operación, el documento elaborado a instancias del partido de los círculos añade que varias webs relacionadas con políticos populares estaban controladas por empresas vinculadas a la 'Púnica'. Entre los que destacan portales relacionados con la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el expresidente de las Corts Valencianes e imputado en 'Gürtel', Juan Cotino; el exconseller de Solidaridad y reo por desviar fondos de cooperación, Rafael Blasco, y el presidente del PP de Alicante, José Ciscar. A ellos se suman el exalcalde de Gandia y tres veces imputado, Arturo Torró, y el alcalde de Benissa, Juan Bautista Roselló.

Pero no solo hay políticos. También hay una web 'hablaconenriqueortiz.com', que hace referencia al empresario triplemente imputado por 'Gürtel', 'Brugal' y la reforma del 'Teatro Calderón' de Alcoi, Enrique Ortiz. Todos estos dominios, además, pertenecen teóricamente a Ana Kringe, exalcaldesa de Dénia. Los políticos citados, ya sea a través de sus Ayuntamientos o consejerías, facturaron a la trama 'Púnica'. La página web de Nuevas Generaciones del PP de Valencia también aparece en la documentación.

Según informó El Confidencial, varios de estos dominios fueron comprados directamente por las mercantiles Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, vinculadas con la red de Alejandro de De Pedro. Otros fueron ejecutados por otras consultoras de reputación online contratadas por el PP, aunque después acabaron esos dominios en los mismos servidores de las empresas de la red. La finalidad de esos encargos del PP a 'Púnica' eran claramente electorales.

Al començament del 2011, l’exalcalde de Gandia, Arturo Torró (PP), va prendre la decisió més polèmica del seu mandat. Va tancar la televisió pública local i va adjudicar aqueix servei a dues televisions distintes. Una de les beneficiàries va ser una mercantil pretesament de l’entorn empresarial de Torró, Inversiones Especiales del Mediterráneo. Al cap d’uns quants mesos, el servei el va assumir en solitari aquesta societat.

Segons la documentació a què ha accedit eldiario.es, aquesta mercantil es va vendre per 2,8 milions d’euros enmig de la crisi del sector audiovisual local al grup de comunicació que gestiona la família Peralta al maig del 2012, pocs mesos després de fer-se l’adjudicació des del govern local del PP.

A partir d’aqueixa compra, Torró va regar amb publicitat la televisió. Des del 2013 al maig del 2015 l’Ajuntament de Gandia va atorgar per la inserció d’espais publicitaris a la cadena 2,7 milions d’euros. Si s’hi suma la quantitat donada a les altres empreses propietat del grup de comunicació més important de la ciutat –hi ha integrada Radio Gandía– la xifra ascendeix a 4,8 milions d’euros. La majoria dels acords per a la inserció de publicitat institucional es van firmar a través de la societat pública Iniciatives Publiques de Gandia (IPG), considerada la Imelsa de la capital de la Safor.

L’administrador de Propulsa, que és l’empresa que detenia la propietat de la televisió abans de la compra pel grup de comunicació, és Jorge Masià. Considerat pels socialistes en la seua denúncia a la Fiscalia com un dels testaferros de Torró, que va compartir negocis amb l’exalcalde a través de la mercantil Green Medical. A pesar de l’adquisició, Masià va continuar com a administrador únic fins al gener del 2015 en l’empresa NewPosition, integrada en l’entramat d’Inversiones Especiales del Mediterráneo.

L’adjudicació està sota la lupa judicial. La jutgessa va imputar Torró per la licitació de la televisió perquè va observar pretesos delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i tràfic d’influències. L'exalcalde declararà davant la jutgessa que investiga el cas a març. L’adjudicatària va ser propietat en el seu primer moment de José Codina, antic gerent de la cooperativa de Centre Històric, quan Torró n’era president. Codina també hauria compartit domicili fiscal amb l’exalcalde. No obstant això, després de la difusió dels informes fets per Bankia a compte de les operacions entre l’entitat i Torró, els socialistes de Gandia van concloure que Codina actuava com a simple testaferro de l’exalcalde, ja que aquest seria el verdader amo de l’empresa.

A principios de 2011, el exalcalde de Gandia, Arturo Torró (PP), tomó la decisión más polémica de su mandato. Cerró la televisión pública local y adjudicó ese servicio a dos televisiones distintas. Una de las beneficiarias fue una mercantil supuestamente del entorno empresarial de Torró, Inversiones Especiales del Mediterráneo. Al cabo de unos meses, el servicio lo asumió en solitario esta sociedad.  

Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, esta mercantil fue vendida por 2,8 millones de euros en medio de la crisis del sector audiovisual local al grupo de comunicación que gestiona la familia Peralta en mayo de 2012, pocos meses después de realizarse la adjudicación desde el gobierno local del PP.

A partir de esa compra, Torró regó con publicidad la televisión. Desde 2013 a mayo de 2015 el Ayuntamiento de Gandia otorgó por la inserción de espacios publicitarios a la cadena 2,7 millones de euros. Si se suma la cantidad dada a las otras empresas propiedad del grupo de comunicación más importante de la ciudad -en él se integra Radio Gandía- la cifra asciende a 4,8 millones de euros. La mayoría de los acuerdos para la inserción de publicidad institucional se firmaron a través de la sociedad pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), considerada la Imelsa de la capital de La Safor. 

El administrador de Propulsa, que es la empresa que ostentaba la propiedad de la televisión antes de la compra por el grupo de comunicación, es Jorge Masià. Considerado por los socialistas en su denuncia a la Fiscalía como uno de los testaferros de Torró, compartió negocios con el exalcalde a través de la mercantil Green Medical. Pese a la adquisición, Masià siguió como administrador único hasta enero de 2015 en la empresa NewPosition, integrada en el entramado de Inversiones Especiales del Mediterráneo. 

La adjudicación está bajo la lupa judicial. La juez imputó a Torró por la licitación de la televisión al observar supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El exalcalde declarará ante la juez que instruye el caso en marzo. La adjudicataria fue propiedad en su primer momento de José Codina, antiguo gerente de la cooperativa del Centro Histórico, cuando Torró era presidente de esta. Codina también habría compartido domicilio fiscal con el exalcalde. Tras la difusión de los informes realizados por Bankia a cuenta de las operaciones entre la entidad y Torró, los socialistas de Gandia concluyeron que Codina actuaba como simple testaferro del exalcalde, ya que éste sería el verdadero dueño de la empresa.

Con la 'operación Taula' acechando el PP, la tres imputaciones que acarrea el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, podrían suponer un lastre añadido para un partido diezmado en su tarea de oposición por la eclosión de numerosos casos de corrupción. Así, y frente al temor de que Torró se vea afectado por más procesos judiciales, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha presionado para evitarse un nuevo problema. Y ha provocado que este miércoles el exalcalde renuncie a la presidencia del PP en la ciudad.

De hecho, Torró ya había presentado el lunes su renuncia como presidente de la formación conservadora ante el Comité de Dirección y Ejecutivo del PP de Gandia. Una dimisión que se producía días después que el exalcalde abandonara el Ayuntamiento y sumara una nueva imputación por una adjudicación a una TV afín a su entorno, según denunció el PSPV-PSOE. Sin embargo, la ejecutiva local rechazó la dimisión de Torró. Con ello, mantenía al exalcalde al frente del partido hasta la celebración del congreso local del PP, que, según marca los tiempos de los populares, se deberá celebrar después del nacional, el autonómico y el provincial. Aunque según indica el periódico local Gente de la Safor, “si desde el partido se hubiera sabido que la renuncia era una exigencia de la dirección territorial, la habríamos aceptado”.

El rechazo de la ejecutiva a su renuncia hizo actuar al PP valenciano. Bonig expresó que la presidencia de Torró al frente del partido en Gandia era “absolutamente provisional” y que en realidad quien ejercía el mando era el secretario general del PP local, Víctor Soler, citado como imputado por la Audiencia Nacional como Torró en el marco de la 'operación Púnica'. “Si sale algo más deberá abandonar la formación”, sentenció. Al margen de sus declaraciones, y según ha desvelado Torró en su comparecencia de prensa para anunciar su dimisión, Bonig se puso en contacto con él y le recordó como ya habían hablado en otras ocasiones que “hay una línea roja que no se pueda pasar”.

Pese a que este renuncia es una cesión de Torró frente a las “indicaciones de Valencia”, el exalcalde lo ha negado. “Nadie me tira. Me voy porque quiero y para evitar polémicas”, ha afirmado. “Entiendo el mensaje de renovación de Bonig, y por eso me marcho”, ha añadido, para recalcar: “No estoy imputado en nada”. Torró se encuentra imputado por la compra ruinosa de un complejo de ocio -conocida como 'operación Aplauso'-, por las adjudicaciones a empresas vinculadas a la trama 'Púnica' y por el 'caso Tele 7'.

Pese abandonar este jueves el Ayuntamiento, el exalcalde de Gandía Arturo Torró (PP) no hará lo mismo con los juzgados. A la imputación en la 'operación Púnica' y en la compra ruinosa de un complejo de ocio, el juzgado número 3 de Gandia le ha añadido una más. El juez le ha citado en calidad de investigado -imputado antes de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal- por un presunto delito de malversación en la adjudicación del servicio audiovisual de Gandía.

La operación que ahora investigan los tribunales arrancó nada más llegar Torró a la alcaldía de la ciudad en 2011. Con la excusa de la crisis económica, cierra la televisión pública existente. Y, a continuación, adjudica ese servicio a dos televisiones a través de un procedimiento de invitación por una cantidad de 7 millones de euros, si se cuenta la prórroga vigente de 3 millones. Una de las agraciadas es Comarques Centrals Televisió SL, propiedad de un empresario cercano al expresidente de la Diputación de Valencia y detenido en la operación 'Taula', Alfonso Rus, según publicó El País.

La otra empresa beneficiaria levanta más sospechas. Se trata de Inversiones Especiales Mediterráneo SL, que emite con la marca de Tele 7. La mercantil, tal como relevó el grupo municipal socialista, es propiedad de José Codina, antiguo gerente de la cooperativa del Centro Histórico, cuando Torró era presidente de esta. Codina también habría compartido domicilio fiscal con el exalcalde. Sin embargo, tras la difusión de los informes realizados por Bankia a cuenta de las operaciones entre la entidad y Torró, los socialistas de Gandía concluyeron que Codina actuaba como simple testaferro del exalcalde, ya que éste sería el verdadero dueño de la empresa. Con esa conclusión, llevaron al juzgado el caso por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y abuso de poder por “adjudicarse a él mismo una contrata sin publicidad ni concurrencia”.

El juez, además, también ha citado como testigos a los ediles y exmiembros del equipo municipal Vicente Gregori y Víctor Soler -diputado autonómico cercado por 'Púnica'- y a los extrabajadores de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) Daniel Furió Moncho -hijo de una exedil del PP y socia empresarial de Torró- y Cristina Serrano, exasesora de los exconsellers Rafael Blasco, Juan Cotino y Esteban González Pons. Furió Moncho y Serrano fueron los que firmaron la licitación del servicio de televisión.

La pérdida de la alcaldía de Gandia gracias a un pacto de izquierdas con el apoyo puntual de Ciudadanos y los diversos varapalos judiciales que había recibido estos últimos meses anticipaban más pronto que tarde que Arturo Torró lo dejaría. De hecho, ya lo prometió a su familia que si recuperaba el dinero perdido en una inversión en preferentes en Bankia. Y este jueves lo ha anunciado.

El exalcalde se ha esperado a la finalización del pleno para anunciar a los diferentes grupos municipales su decisión. Rodeado de su familia y de varios de sus colaboradores, ha expresado que tras “recuperar los 12 millones de euros perdidos en acciones en la entidad financiera” cumple con el compromiso que hizo a su familia y que abandona la política. Fuentes municipales afirman que “nadie se esperaba este anuncio y que ha cogido a todos por sorpresa”.

Con ello, deja el acta de concejal, pero no abandona la presidencia del PP de Gandia. Estará al frente de la formación hasta la celebración de un congreso que designe a su sustituto. Un cónclave interno que, según marca el proceder del PP, tendría que esperar a que se realizara el nacional y el autonómico. Al abandonar el Ayuntamiento, la lista de los populares correría y entraría en el consistorio Pepe Just, exedil cercano a Torró y con sombras también en su gestión.

Cercado por los tribunales y por la auditoría realizada en la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), Torró está imputado por aprobar la compra ruinosa de un complejo de ocio –investigación bautizada como operación ‘Aplauso’ y por sus relaciones con la trama ‘Púnica’.

De profesión empresario, entró en política en 2003. Tras varios desencuentros con la dirección local del partido, fue aupado como candidato a la alcaldía en 2007. En especial, por estar apadrinado por el expresidente de la Diputación de Valencia detenido en la operación 'Taula', Alfonso Rus, del que era muy cercano. Pese a no conseguir su objetivo, repitió en 2011 consiguiendo una histórica victoria en un feudo socialista. La polémica y las sospechas en varios asuntos que investigan los tribunales rodearon su mandato.