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REPORTAJE

Las sospechas que atenazan la gestión de Rita Barberá

El denominado ‘Ritaleaks’, que ha vuelto esta semana a la palestra por prorrogarse la investigación seis meses más, es solo uno de los múltiples casos de corrupción y sombras que persiguen la gestión de la exalcaldesa popular de Valencia

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La exalcaldesa Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia

La exalcaldesa Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia

Con 24 años de gobierno a sus espaldas, a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, siempre le persiguió la sospecha en su gestión. Mientras los escándalos se sucedían en los primeros años de Eduardo Zaplana o Francisco Camps al frente de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, pese a las sombras, parecía infranqueable a comportamientos sospechosos.

Sin embargo, la explosión de escándalos a partir de 2009, también salpicó a Barberá. Y desde entonces el reguero de casos y sospechas se ha hecho numeroso. Estos últimos días ha vuelto a la palestra el denominado ‘ Ritaleaks’ después de que la Fiscalía Anticorrupción haya prorrogado seis meses más la investigación. Aunque también por las nuevas revelaciones. Pese a que la exalcaldesa nunca se ha visto afectada de forma directa gracias a sus regates a la justicia, las investigaciones sobre los claroscuros de su etapa se han sucedido. Esta es una radiografía de los más importantes:

Gürtel. Aunque fuera de forma tangencial, los tentáculos de la trama capitaneada supuestamente por Francisco Correa, también llegaron al Ayuntamiento de Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rastreó varios contratos por valor de 36 millones de euros de las constructoras Lubasa, Sedesa –vinculada a la familia Cotino-, Hormigones Martínez, Renos y Cyes con el consistorio por si estaban relacionados con la presunta financiación irregular del PPCV. Y para averiguar así si se había utilizado el mismo modus operandi que a escala autonómica.

“Estoy en Louis Vuitton porque hay una cosa que no hemos pensado, porque llevamos regalándole una cosa a la exalcaldesa y este año no voy a dejar de regalarle algo ¿sabes?”, le dijo unos de los supuestos cabecillas de la red, Álvaro Pérez, al gerente de Orange Market, mercantil clave en la trama. La UDEF atribuyó el nombre de “alcaldesa” a Barberá, pese a que ella lo negó. Los bolsos que presuntamente recibió de la trama fueron denunciados por Compromís. La denuncia se archivó. Como también quedó en el olvido los 1,3 millones de euros que otorgó a empresas de la trama de Correa cuando era presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Nóos. Por su relevancia nacional al afectar a la corona, el caso Nóos ha sido una de los episodios que ha golpeado con mayor dureza al Ayuntamiento de Valencia. Los tribunales investigaban el destino del dinero público -1,3 millones de euros- que el consistorio y el Consell habían dado al yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarín y a su socio, Diego Torres, para la celebración del Valencia Summit. Pese a la ardua tarea que realizó el PSPV-PSOE en la justicia, Barberá junto a Camps se libraron de la imputación al perder el TSJCV la competencia del caso. El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, será finalmente quien se siente en el banquillo como imputado.

Trasgos. Tras su archivo por la Fiscalía y resucitada la investigación por la UDEF, se rastrean los contratos por valor de dos millones de euros que la constructora Trasgos ha recibido del Ayuntamiento de Valencia. Ajudicaciones que se hubieran podido trocear en casos como el de la Japan Week o Expo Jove. Según publicó El Mundo, la mercantil facturó del consistorio mientras hacía las campañas del PP local y fueron los ‘socios’ de los cabecillas de Gürtel en la vista del Papa. De hecho, y según la misma información, uno de los comisionados de la Fundación V Encuentro Mundial de Familias estuvo en el consejo de administración de la mercantil. Los responsables de la empresa han negado siempre los hechos.

Emarsa. El saqueo de la empresa pública metropolitana encargada de depurar las aguas de la zona de influencia de Valencia, afectó de lleno al PP de la ciudad. Uno de sus grandes protagonistas, el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, fue dirigente de la formación en la capital y alcalde pedáneo de Benimàmet. Cuesta, de hecho, desveló que entregó 100.000 euros al exedil de Hacienda y expresidente del PP local y de Emarsa, Silvestre Senet, para actos del partido. El exgerente, además, apuntó que la práctica ya era habitual antes de llegar él.

La trama que protagonizaron cargos del PP de Valencia hinchando facturas y que tiene a su cerebro aún fugado, también salpicó a Barberá. Juan Carlos Gimeno, exedil del PP y exdirector de calidad de la empresa pública, aseguró que la exalcaldesa había recibido tres o cuatro bolsos pagados por Emarsa. El regalo fue bien valorado por ella, que en un correo enviado a Cuesta le reiteraba “su gratitud por el obsequio tan bonito que ha tenido la amabilidad de enviarme”.

Rus. La trama que gira entorno al expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus (PP), también tuvo presencia en el Ayuntamiento de Valencia. Según la investigación y desvelan las cintas grabadas por su gran protagonista, Marcos Benavent, saltó al consistorio a través de la exconcejala de cultura, María José Alcón, mujer del citado Grau. 

Proyectos como el de las Torres de Quart; remodelaciones como la de los puentes de Trinidad y Serrano, la del Pont de Fusta o la de la Iglesia de los Santos Juanes; y las adjudicaciones a Cleop o las realizadas en La Rambleta están en la mirilla de la Guardia Civil, quien registró el Ayuntamiento en busca de más información sobre esos expedientes. De esas pesquisas, se investigan posibles sobornos. Una trama que como otras también apunta a una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.

Pero, hay más. De las conversaciones entre Alcón y Benavent se extrae un presunto favoritismo a la hora de otorgar contratos al sobrino de Barberá, Quique Sospedra Barberá. “Puedes decirle a la ‘Jefa’: mira, se lo hemos dado todo a tu sobrino”, se escucha en uno de los audios más comprometedores para Barberá. Según El Mundo, los contratos a los que se refiere en las grabaciones corresponderían a eventos como la Mostra de Valencia o la Japan Week, puesta bajo tela de juicio por estar relacionada con los contratos a Trasgos.

Púnica. “Estoy ojiplática”, declaró nerviosa la exalcaldesa cuando se enteró de los registros de la ‘Operación Púnica’. Una trama que presuntamente también se extendió por el Ayuntamiento, ya que se pagaron cinco facturas a sociedades ligadas a la red por campañas institucionales realizadas a través del portal Ahora Valencia. Tras conocerse los hechos, Barberá congeló los pagos a dichas empresas. Meses más tarde, fueron liberados.

Ritaleaks. Bautizado así por el partido que lo desveló, Compromís, se denuncia los gastos lujosos que realizó la exalcaldesa por un valor de 278.000 a cuenta del erario público. Autorizadas una parte por su antigua jefa de gabinete, se investigan 124 de las 466 facturas que aportó la coalición. Dentro del caso, también se rastrea un posible fraccionamiento de contratos –que certificó en un pre-informe la Sindicatura de Comptes hace unos meses- y la presunta financiación irregular del PP al usar dinero del Ayuntamiento para actos del partido. Durante esta semana, ha vuelto a ser noticia.

Feria Valencia. Aunque no afecta directamente al Ayuntamiento, la investigación que realiza Anticorrupción sobre los sobrecostes y las contrataciones irregulares en Feria Valencia salpica a Barberá. ¿La causa? La policía rastrea los regalos por valor de 7.600 euros que la institución le dio mientras presidía el patronato y apostaba por la gestión que ha desembocado en unos sobrecostes de 1.000 millones de euros.

Secopsa. Pese a que la adjudicación no ha trascendido nunca la consideración de polémica y fue absolutamente legal, el proceso despertó una gran controversia. La contrata de mantenimiento de edificios públicos –que anteriormente estaba dividida en cuatro- fue para la mercantil citada, dirigida entonces por el zaplanista y entonces imputado en Nóos, José Miguel Aguilar.

Los técnicos criticaron el proceso, y las empresas perdedoras denunciaron sin resultado satisfactorio que el pliego valoraba “excesivamente” aquellos criterios donde Secopsa era fuerte. Los antecedentes de la firma –pagos extra por valor de 8 millones entre 2006 y 2012 e incumplimientos en las obras del aparcamiento de Tabacalera sin castigo- alimentaron la sospecha.

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