El coste de derechizar el PP

Como sabrás, la actualidad en Aragón se sigue leyendo en clave electoral. Y lo que queda.

Esta semana hemos vivido uno de los momentos clave, aunque visto con perspectiva puede haber tenido menos importancia de la prevista. Me refiero a la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón, con la que arranca la XII Legislatura, y en especial a la elección de la Presidencia de las Cortes y a la Mesa.

Pese a que desde el entorno del PP y Vox trasladaban que habría acuerdo para investir a un representante de la extrema derecha como segunda autoridad de la comunidad, al igual de lo que sucedió en 2023, finalmente no hubo pacto y la popular María Navarro fue designada presidenta de la Cámara.

Es cierto que ha habido un cambio fundamental: ya el tono de Navarro en su primer discurso anticipó una etapa en la que se va a recuperar la institucionalidad que se perdió con la ultra Marta Fernández al frente de un órgano tan simbólico y formal como el de la Presidencia de las Cortes. Es de prever que ni habrá espantadas en minutos de silencio, ni feos en los saludos a ministras, ni indiscretos micrófonos abiertos: algo es algo.

Quizás Jorge Azcón haya entendido por fin que, como se suele decir, entre la copia y el original los votantes optan por el original. 

Eso es justo lo que ha trasladado la encuesta post-electoral del CIS, dada a conocer esta semana. Hay muchas cuestiones llamativas al analizar los datos, pero una de las más interesantes es comprobar cómo influyó la campaña en las transferencias –los votantes de un partido que llevaban idea de cambiar a otro–. Es decir, qué efectos tuvieron las dos semanas previas al 8-F en las urnas. Y hay dos claves destacadas, como te hemos contado este jueves.

Una, que la derechización del PP que vivimos con cierta sorpresa justo antes de las elecciones tuvo un coste en forma de votantes moderados –quizás antiguos apoyos de Javier Lambán– que huyeron despavoridos y, más relevante todavía, votantes más radicalizados que optaron por trasladar su apoyo a la extrema derecha de Vox. Y dos, que Jorge Pueyo y CHA hicieron una muy buena campaña que se tradujo en un gran flujo de votos a la formación aragonesista desde todos los partidos de izquierda, en especial el PSOE de Pilar Alegría.

Más de uno (o una) debería analizar estas dinámicas y tomar en serio a los votantes, que tienen ojos y oídos. 

Lo mismo, por cierto, que debería hacer Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde se ha vivido una semana esperpéntica que no quiero dejar pasar: empezó con la nueva concejal en sustitución de Julio Calvo aceptando el acta pese a sus críticas pasadas a Santiago Abascal y continuó con el edil saliente, todo un veterano, atacando también al líder nacional de Vox y a su ya antiguo partido. La pregunta es: ¿cuánto tiempo representó Calvo a Vox en el Consistorio pese a su opinión sobre lo que sucedía en sus filas? En fin, la formación ultra vive desde luego días agitados.

Un escándalo que escala

Mientras, Forestalia comienza a copar un día sí y otro también titulares de los medios nacionales, lo cual es un síntoma de que los escándalos de esta empresa aragonesa están escalando. Lo último ha sido a cuenta de la macrooperación policial entre Zaragoza y Madrid que ha propiciado incluso la detención –y posterior puesta en libertad a la espera de declaración ante el juez– de su fundador y propietario, el empresario zaragozano Fernando Samper.

Son ya un sinfín de denuncias y de causas judiciales las que arrastra Forestalia, ligadas siempre a la sospechosa tramitación de parques eólicos y fotovoltaicos y de las líneas de evacuación necesarias. Ya hay actores que piden incluso la paralización de todos los proyectos vinculados con la firma y bajo investigación.

Hay por cierto una figura destacada en la última operación de la Guardia Civil y es la de un exsubdirector general –no es un alto cargo, tal y como refleja la ley– ya jubilado del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez. Y probablemente lo hayas visto ligado a la exministra socialista Teresa Ribera. Pero lo cierto es que esta persona fue promocionada para el cargo, de libre designación, por su antecesora, la popular Isabel García Tejerina. Este es solo uno de los lazos del Gobierno de Mariano Rajoy con Forestalia.

Hay más: el fichaje por parte de la compañía aragonesa del ministro José Manuel Soria tras tener que dimitir por los Papeles de Panamá y el despido de un empleado público en la subdelegación del Gobierno en Zaragoza por no acelerar –según el mismo denunció– expedientes de proyectos de Forestalia. El entonces subdelegado, por cierto, sí que es un alto cargo en el Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón.